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pr/11081415.json

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+"{\"id\": \"11081415\", \"name\": \"EMILIO MARRERO CRESPO Recurrente v. JUAN BAUTISTA H/N/C LEGNO CORP. Recurrido; EMILIO MARRERO CRESPO Recurrente v. ADMINISTRACION DE REGLAMENTOS Y PERMISOS Y DIEGO HERNANDEZ Recurridos\", \"name_abbreviation\": \"Marrero Crespo v. Bautista\", \"decision_date\": \"1999-08-24\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. KLRA-98-00588; N\\u00fam. KLRA-98-00774\", \"first_page\": \"588\", \"last_page\": \"593\", \"citations\": \"5 T.C.A. 588\", \"volume\": \"5\", \"reporter\": \"Decisiones del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico\", \"court\": \"Puerto Rico Circuit Court of Appeals\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:10:56.604523+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Panel integrado por su Presidenta, Jueza Ramos Buonomo y los Jueces Gonz\\u00e1lez Rom\\u00e1n y C\\u00f3rdova Arone\", \"parties\": \"EMILIO MARRERO CRESPO Recurrente v. JUAN BAUTISTA H/N/C LEGNO CORP. Recurrido EMILIO MARRERO CRESPO Recurrente v. ADMINISTRACION DE REGLAMENTOS Y PERMISOS Y DIEGO HERNANDEZ Recurridos\", \"head_matter\": \"2000 DTA 3\\nTRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES CIRCUITO REGIONAL I DE SAN JUAN PANEL III\\nEMILIO MARRERO CRESPO Recurrente v. JUAN BAUTISTA H/N/C LEGNO CORP. Recurrido EMILIO MARRERO CRESPO Recurrente v. ADMINISTRACION DE REGLAMENTOS Y PERMISOS Y DIEGO HERNANDEZ Recurridos\\nN\\u00fam. KLRA-98-00588\\nN\\u00fam. KLRA-98-00774\\nSan Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 1999\\nPanel integrado por su Presidenta, Jueza Ramos Buonomo y los Jueces Gonz\\u00e1lez Rom\\u00e1n y C\\u00f3rdova Arone\", \"word_count\": \"2408\", \"char_count\": \"15322\", \"text\": \"Gonz\\u00e1lez Rom\\u00e1n, Juez Ponente\\nTEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA\\nEl Sr. Emilio Marrero Crespo (Sr. Marrero) solicita la revisi\\u00f3n de una resoluci\\u00f3n emitida por la Administraci\\u00f3n de Reglamentos y Permisos (A.R.P.E.) el 2 de marzo de 1998, notificada en esa misma fecha al recurrido, la cual autoriz\\u00f3 la expedici\\u00f3n de un permiso de uso solicitado por el Sr. Juan Bautista H/N/C Legno Corp. (Sr. Bautista) para operar el Ristorante Casa di Legno, ubicado en la Calle Mar\\u00eda Mocz\\u00f3 en el sector Ocean Park de Santurce. A.R.P.E. no le notific\\u00f3 dicha resoluci\\u00f3n al Sr. Marrero. No obstante, por \\u00f3rdenes del Tribunal de Primera Instancia, tal notificaci\\u00f3n se efectu\\u00f3 el 25 de agosto de 1998, siendo \\u00e9sta la fecha en que comenz\\u00f3 a decursar el t\\u00e9rmino para solicitar la revisi\\u00f3n judicial. Aunque dicho t\\u00e9rmino hubiera expirado el 24 de septiembre de 1998, en virtud de la extensi\\u00f3n de t\\u00e9rminos decretada por raz\\u00f3n del paso del Hurac\\u00e1n Georges, el recurso est\\u00e1 en t\\u00e9rmino. Por los fundamentos expresados a continuaci\\u00f3n, revocamos.\\nEl Sr. Bautista solicit\\u00f3 de A.R.P.E. un permiso de uso para operar un restaurante de comida italiana en la Calle Mar\\u00eda Mocz\\u00f3 n\\u00famero 57 del barrio de Santurce, sector Ocean Park, del Municipio de San Juan (caso n\\u00fam. 97-18-E-292-SPU). Al enterarse de lo anterior, el Sr. Marrero present\\u00f3, el 31 de octubre de 1997, una oposici\\u00f3n a la concesi\\u00f3n de dicha solicitud (caso n\\u00fam. 97-18-E-988-SPQ). En su oposici\\u00f3n, el Sr. Marrero sostuvo que el restaurante propuesto carec\\u00eda del n\\u00famero de espacios de estacionamientos requeridos para ese tipo de negocio, que se hab\\u00eda realizado una ampliaci\\u00f3n en la estructura donde ser\\u00eda ubicado el negocio la cual se elimin\\u00f3 tras orden judicial por carecer del permiso pertinente, y que al evaluar la concesi\\u00f3n del permiso, A.R.P.E. tendr\\u00eda que aplicar ciertas restricciones de horario, pues dicha agencia ya hab\\u00eda decidido, en relaci\\u00f3n al establecimiento que anteriormente ocupaba el local en cuesti\\u00f3n (Mona's), que \\u00e9ste s\\u00f3lo pod\\u00eda operar hasta las 12:00 de la medianoche. El 4 de noviembre de 1997, el Sr. Marrero le envi\\u00f3 una comunicaci\\u00f3n a A.R.P.E. a los fines de que tomara conocimiento de las determinaciones de hechos que dicha agencia hab\\u00eda formulado en el caso del restaurante/bar Mona's (Caso N\\u00fam. 85-18-F-779-SPP). All\\u00ed, A.R.P.E. determin\\u00f3 que los problemas que ocasionaba aquel establecimiento se reduc\\u00edan a: a) congesti\\u00f3n vehicular; b) obstaculizaci\\u00f3n de las entradas y salidas de residencias y de aceras en la calle Mar\\u00eda Mocz\\u00f3; y c) malos olores y ruidos originados en el local.\\nEl 25 de noviembre de 1997, el Ledo. Juan M. Masini Soler (Sr. Soler), Presidente y Asesor Legal de la Asociaci\\u00f3n Ocean Park, Inc., tambi\\u00e9n objet\\u00f3 ante A.R.P.E. la concesi\\u00f3n del permiso solicitado alegando problemas de estacionamientos y congesti\\u00f3n vehicular. Por su parte, el 23 de febrero de 1998, los vecinos hicieron lo propio aduciendo similares argumentos, incluyendo problemas de estacionamiento, ruido, contaminaci\\u00f3n, congesti\\u00f3n vehicular y delincuencia.\\nEl 18 de febrero de 1998, la Compa\\u00f1\\u00eda de Turismo endos\\u00f3 la emisi\\u00f3n del permiso de uso para el restaurante con la condici\\u00f3n que se cumplieran con los requisitos de estacionamientos exigidos por A.R.P.E.\\nEl 2 de marzo de 1998, A.R.P.E. emiti\\u00f3 la resoluci\\u00f3n recurrida autorizando la emisi\\u00f3n del permiso de uso, sujeto a una serie de condiciones. Inter alia, A.R.P.E. sujet\\u00f3 la vigencia de la autorizaci\\u00f3n a que Casa di Legno no contar\\u00eda con un \\u00e1rea de barra y que el local se tendr\\u00eda que mantener limpio, seguro y libre de tertulias. Tras varios incidentes procesales, incluyendo la consolidaci\\u00f3n de los casos N\\u00fam. KLRA-98-00588 y N\\u00fam. KLRA-98-00774, A.R.P.E. expidi\\u00f3 oficialmente el permiso de uso N\\u00fam. 97-18-E-292-SPU, para operar el Ristorante Casa di Legno a nombre del Sr. Pierre Paul St. Hubert.\\nEn su recurso, el Sr. Marrero plantea que A.R.P.E. err\\u00f3 al conceder el permiso para operar el Ristorante Casa di Legno pues no celebr\\u00f3 vista evidenciar\\u00eda; que err\\u00f3 al conceder dicho permiso pues al as\\u00ed hacerlo le requiri\\u00f3 menos estacionamientos, diecis\\u00e9is (16) en total, que los diecinueve (19) que anteriormente le hab\\u00eda requerido al restaurante/bar Mona's; y que gran parte de los estacionamientos aprobados no eran \\\"funcionales\\\" violando la reglamentaci\\u00f3n vigente. En el recurso originalmente identificado como N\\u00fam. KLRA-98-00774, el Sr. Marrero aleg\\u00f3, adem\\u00e1s, que A.R.P.E. err\\u00f3 al \\\"conceder una variaci\\u00f3n de uso sin vista p\\u00fablica\\\" al emitir dicho permiso y que dicho permiso no cumple con la reglamentaci\\u00f3n vigente al no limitar su horario de operaci\\u00f3n.\\nComo cuesti\\u00f3n de umbral, conviene aqu\\u00ed repasar el \\u00e1mbito de la revisi\\u00f3n judicial de las decisiones de los organismos administrativos, seg\\u00fan delimitado por la ley y la jurisprudencia.\\nLa secci\\u00f3n 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A., sec. 2175, establece, en relaci\\u00f3n al alcance de la revisi\\u00f3n judicial:\\n\\\"[...] Las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias ser\\u00e1n sostenidas por el Tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo.\\nLas conclusiones de derecho ser\\u00e1n revisables en todos sus aspectos por el Tribunal. \\\"\\nSeg\\u00fan el citado estatuto, las determinaciones de hechos en las que la agencia basa su decisi\\u00f3n, no se revisar\\u00e1n judicialmente si est\\u00e1n sostenidas por evidencia sustancial que obre en el expediente administrativo. Evidenci\\u00e1 sustancial es aquella prueba que una mente razonable podr\\u00eda aceptar como adecuada para sostener una conclusi\\u00f3n. Demetrio Fern\\u00e1ndez, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Editorial Forum, Bogot\\u00e1, 1993, p\\u00e1gs. 527-544.\\nAs\\u00ed, el ordenamiento administrativo presume la correcci\\u00f3n de los procedimientos y decisiones administrativas aunque exista prueba conflictiva de la cual se pueda inferir una conclusi\\u00f3n distinta a la que arrib\\u00f3 la agencia. Junta de Relaciones del Trabajo v. L\\u00ednea Suprema, 89 D.P.R. 840 (1964). Por ello, corresponde a la parte que impugna los hechos determinados por la agencia demostrar que la prueba en el expediente administrativo es suficiente para derrotar la presunci\\u00f3n que la agencia tiene a su favor. Henr\\u00edquez v. Consejo de Educaci\\u00f3n Superior, 120 D.P.R. 194 (1987).\\nPor su parte, las conclusiones de derecho de la agencia, a diferencia de las determinaciones de hechos, pueden ser revisadas en todos sus aspectos por el tribunal sin sujeci\\u00f3n a norma o criterio alguno, pues el Poder Judicial es el verdadero experto en materia de construcci\\u00f3n estatutaria y hermen\\u00e9utica jur\\u00eddica, similar a una corte de casaci\\u00f3n. V\\u00e9ase, e.g., Miranda v. C.E.E, 141 D.P.R. _ (1996), 96 J.T.S. 137. Lo mismo aplica a las cuestiones mixtas de hecho y derecho, pues se consideran como cuestiones de derecho si no involucran interpretaciones efectuadas dentro de la pericia particular de la agencia. V\\u00e9ase, Rivera v. A & C Dev. Corp., 144 D.P.R. _ (1997), 97 J.T.S. 143.\\nEsto no significa, sin embargo, que al ejercer su funci\\u00f3n revisora, el tribunal pueda descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia, sustituyendo el criterio de \\u00e9sta por el propio. Al contrario, el Tribunal Supremo ha reiterado consistentemente que, de ordinario, los tribunales deben deferir a las interpretaciones y conclusiones de derecho de los organismos administrativos. V\\u00e9anse, e.g., Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. _ (1995), 95 J.T.S. 39; Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. _ (1993), 93 J.T.S. 165; Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. _ (1993), 93 J.T.S. 88; Viajes Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R. _ (1992), 92 J.T.S. 90; V\\u00e1zquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991).\\nEsta deferencia se debe al reconocimiento de que \\\"las agencias administrativas son instrumentos necesarios para la interpretaci\\u00f3n de la ley\\\", especialmente las reglas y reglamentos bajo su especial pericia y aquellas disposiciones legales que el legislador le encomend\\u00f3 aplicar. V\\u00e9ase, e.g., Miranda v. C.E.E., supra, 236. Claro est\\u00e1, una vez una agencia emite un reglamento limitando su discreci\\u00f3n, \\u00e9sta viene obligada a respetarlo y aplicarlo estrictamente hasta tanto lo revoque. V\\u00e9anse, Garc\\u00eda Cab\\u00e1n v. U.P.R., 120 D.P.R. 167 (1987); Garc\\u00eda v. Adm. del Derecho al Trabajo, 108 D.P.R. 53 (1978).\\nA.R.P.E. no estaba obligado a celebrar vista evidenciar\\u00eda al autorizar condicionalmente la emisi\\u00f3n del permiso para operar el restaurante. La secci\\u00f3n 22.01 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de A.R.P. E., Reglamento N\\u00fam. 3915, dispone que:\\n\\\"En el desempe\\u00f1o de aquellas junciones adjudicativas asignadas por las leyes o reglamentos aplicables se podr\\u00e1n celebrar vistas por iniciativa propia, o a petici\\u00f3n de partes. Cuando estatuido, por tales leyes o reglamentos aplicables, la celebraci\\u00f3n de tales vistas ser\\u00e1 de car\\u00e1cter obligatorio. \\\"\\nEn ning\\u00fan lugar del citado reglamento se dispone que para adjudicar una solicitud de permiso o para resolver una solicitud de investigaci\\u00f3n de querella se requiera la celebraci\\u00f3n de una vista. Por ello, s\\u00f3lo podemos concluir que A.R.P.E. actu\\u00f3 dentro de los par\\u00e1metros de su discreci\\u00f3n al no celebrar vista, pues, aunque ciertamente pod\\u00eda, nada en el ordenamiento la obligaba a as\\u00ed hacerlo.\\nA.R.P.E. tampoco err\\u00f3 al no aplicarle a la situaci\\u00f3n f\\u00e1ctica de autos lo anteriormente decidido en otro caso, el de la barra-restaurante Mona's; es decir, A.R.P.E. no estaba obligada a exigirle a Casa di Legno \\\"no menos de 19 estacionamientos\\\". Mona's era un negocio con caracter\\u00edsticas particulares las cuales propiciaban el desorden, el uso intenso de bebidas alcoh\\u00f3licas y la delincuencia, factores que ejerc\\u00edan influencia sobre el grado de civilismo de los patrocinadores del establecimiento al conducir y estacionar sus veh\\u00edculos de motor. Casa di Legno se describe como un restaurante italiano con expendio de bebidas alcoh\\u00f3licas como actividad secundaria. Irrespectivamente de que la ubicaci\\u00f3n f\\u00edsica de los establecimientos sea la misma, estamos ante dos negocios distintos, con due\\u00f1os y gerencia distintos. A.R.P.E., en el sano uso de su discreci\\u00f3n, le impuso a Casa di Legno una serie de restricciones para que ese restaurante italiano no se degradara y se convirtiera en un \\\"pub\\\" de jovencitos. Por las circunstancias particulares de cada caso y por el hecho de la discreci\\u00f3n que le asiste a la agencia, es que el ordenamiento no tiende a favorecer la aplicaci\\u00f3n de la doctrina de impedimento colateral por sentencia o resoluci\\u00f3n en situaciones como la de autos. E.C. Yokley, Zoning Law and Practice, The Michie Company, Charlottesville, 1979-1998, Vol. 4, p\\u00e1g. 318. V\\u00e9ase, adem\\u00e1s, Id., Vol. 3, p\\u00e1g. 204.\\nNo obstante todo lo anterior, entendemos que A.R.P.E. s\\u00ed err\\u00f3 al s\\u00f3lo requerirle diecis\\u00e9is (16) estacionamientos al Ristorante Casa di Legno. El Reglamento de Zonificaci\\u00f3n de Puerto Rico, Reglamento de Planificaci\\u00f3n N\\u00fam. 4, establece, en su secci\\u00f3n 84.03-14, la ecuaci\\u00f3n matem\\u00e1tica para determinar los espacios m\\u00ednimos de estacionamiento de veh\\u00edculos que un establecimiento como el de autos debe de proveer:\\n\\\"Restaurantes, cafeter\\u00edas, barras, fuentes de soda-No menos de un (1) espacio por cada cinco (5) metros cuadrados, o parte de \\u00e9stos, de \\u00e1rea neta de piso dedicada al servicio p\\u00fablico y un (1) espacio por cada tres (3) empleados o parte de \\u00e9stos. [...]\\\"\\nSeg\\u00fan el estimado del Municipio de San Juan, el cual no ha sido objetado por las partes, Casa di Legno cuenta con 75 metros cuadrados de \\u00e1rea de servicio. Adem\\u00e1s, seg\\u00fan admisi\\u00f3n de la propia parte recurrida, el establecimiento cuenta con nueve (9) empleados. Tomando como ciertos estos hechos y aplicando correctamente la citada secci\\u00f3n 84.03-14, el Reglamento de Zonificaci\\u00f3n requiere quince (15) estacionamientos por raz\\u00f3n de los metros cuadrados de piso dedicado al servicio p\\u00fablico, m\\u00e1s tres (3) estacionamientos por raz\\u00f3n de los nueve (9) empleados del establecimiento, para un total de dieciocho (18) espacios. Ante estos hechos, autorizar la concesi\\u00f3n de un permiso de uso con s\\u00f3lo diecis\\u00e9is (16) estacionamientos no se ajusta a derecho. Somos de la opini\\u00f3n que el lenguaje de la citada secci\\u00f3n, formulado en t\\u00e9rminos estrictamente matem\\u00e1ticos, le niega discreci\\u00f3n decisional a la agencia recurrida, por lo que no proced\\u00eda expedir el permiso sin requerir al menos dieciocho (18) espacios de estacionamientos. Al interpretar una reglamentaci\\u00f3n como la citada, las palabras comunes deben interpretarse y entenderse en su m\\u00e1s corriente y usual significaci\\u00f3n, sin atender demasiado al rigor de las reglas gramaticales, sino al uso general y popular de las voces. Art. 15 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 15. N\\u00f3tese que no estamos entrando en la cuesti\\u00f3n m\\u00e1s t\\u00e9cnica de si los estacionamientos eran o ten\\u00edan que ser \\\"funcionales\\\", lo cual es un t\\u00e9rmino de arte posiblemente abierto a la interpretaci\\u00f3n agencial. Lo \\u00fanico que hoy resolvemos es que el Reglamento de Zonificaci\\u00f3n requiere, m\\u00ednimamente, la disponibilidad de dieciocho (18) estacionamientos para que Casa di Legno pueda operar legalmente.\\nA tenor con el razonamiento expuesto, se revoca la resoluci\\u00f3n recurrida y el permiso de uso otorgado en su virtud. Se devuelve el caso a A.R.P.E. para que aplique correctamente las disposiciones sobre estacionamientos del Reglamento de Zonificaci\\u00f3n.\\nLo acord\\u00f3 y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria General.\\nAida Ileana Oquendo Graulau\\nSecretaria General\\nESCOLIOS 2000 DTA 3\\n1. Surge del expediente administrativo que el Sr. Bautista le vendi\\u00f3 el Ristorante Casa di Legno al Sr. Pierre Paul St. Hubert, mayor de edad y vecino de Carolina. En el contrato de compraventa, el cual obra en autos, se establece que \\\"[l]a corporaci\\u00f3n [Legno Corp.] tiene pendiente una demanda (apelaci\\u00f3n), de la cual se har\\u00e1 cargo LA PARTE COMPRADORA\\\", es decir el Sr. St. Hubert.\\n2. Para un an\\u00e1lisis completo del \\u00e1mbito de la revisi\\u00f3n judicial de las decisiones administrativas, v\\u00e9ase, Misi\\u00f3n Ind. v. J.P., 146 D.P.R. _ (1998), 98 J.T.S. 79.\\n3. \\\"[...] [T]he doctrine of res judicata or estoppel by judgment should be applied with great caution in zoning cases. \\\"\\n4. El Reglamento de Zonificaci\\u00f3n establece normas espec\\u00edficas y estrictas sobre el uso de terrenos de forma que se viabilice un desarrollo balanceado e integral que, a su vez, garantice la salud, seguridad p\\u00fablica y la mejor convivencia humana Asociaci\\u00f3n de Residentes de Park Side, Inc. v. Junta de Planificaci\\u00f3n de Puerto Rico, 98 J.T.S. 156.\\n5. As\\u00ed, seg\\u00fan Yokley, \\\"in enforcing the provisions for off-street parking in a zoning ordinance, a city is said to be bound by its stated standards [...]. \\\" Ob. cit., Vol. 5, p\\u00e1g. 330.\\n6. An\\u00e1logamente, Yokley asevera que \\\"[i]n the interpretation of a zoning ordinance, words in common use must be given their plain and natural meaning in the absence of any showing that in the enactment of such ordinance words and expressions contained therein were used iri other than their usual and ordinary sense. \\\" Ob. cit., Vol. 4, p\\u00e1g. 307.\"}"

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+"{\"id\": \"11081571\", \"name\": \"JAVIER LOPEZ MARQUEZ Apelado v. RADIO COMMUNICATION SERVICE AND DMC HEAVY EQUIPMENT CORP. Apelantes\", \"name_abbreviation\": \"Lopez Marquez v. Radio Communication Service & DMC Heavy Equipment, Corp.\", \"decision_date\": \"1999-03-17\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. KLAN-97-00832\", \"first_page\": \"27\", \"last_page\": \"36\", \"citations\": \"5 T.C.A. 27\", \"volume\": \"5\", \"reporter\": \"Decisiones del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico\", \"court\": \"Puerto Rico Circuit Court of Appeals\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T22:01:07.192883+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Panel integrado por su Presidente, el Juez Brau Ram\\u00edrez, el Juez Col\\u00f3n Birriel y la Juez Pesante Mart\\u00ednez\", \"parties\": \"JAVIER LOPEZ MARQUEZ Apelado v. RADIO COMMUNICATION SERVICE AND DMC HEAVY EQUIPMENT CORP. Apelantes\", \"head_matter\": \"99 DTA 109\\nTRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES CIRCUITO REGIONAL VI DE CAGUAS/HUMACAO/GUAYAMA PANEL I\\nJAVIER LOPEZ MARQUEZ Apelado v. RADIO COMMUNICATION SERVICE AND DMC HEAVY EQUIPMENT CORP. Apelantes\\nN\\u00fam. KLAN-97-00832\\nSan Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 1999\\nPanel integrado por su Presidente, el Juez Brau Ram\\u00edrez, el Juez Col\\u00f3n Birriel y la Juez Pesante Mart\\u00ednez\", \"word_count\": \"4993\", \"char_count\": \"30339\", \"text\": \"Brau Ram\\u00edrez, Juez Ponente\\nTEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCION\\nI\\nLa parte apelante Radio Communication Service and DMC Heavy Equipment, Corp. (\\\"Radio Communication\\\") recurre de una sentencia emitida el 19 de junio de 1997 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao. Mediante el dictamen en cuesti\\u00f3n, el Tribunal declar\\u00f3 con lugar una demanda de retracto de colindantes presentada contra la apelante por el apelado Javier L\\u00f3pez M\\u00e1rquez, relacionada a una parcela localizada en el Barrio Collores del Municipio de Las Piedras que hab\\u00eda sido adquirida por la apelante.\\nEl Tribunal resolvi\\u00f3 que el apelado ten\\u00eda derecho a adquirir dicha propiedad y emiti\\u00f3 un interdicto orden\\u00e1ndole a la apelante abstenerse de edificar, enajenar o de otra forma ejercer actos de dominio sobre la propiedad. El Tribunal orden\\u00f3 la remoci\\u00f3n de las edificaciones construidas en dicho predio por la apelante. La sentencia tambi\\u00e9n decret\\u00f3 la nulidad de una agrupaci\\u00f3n de terreno llevada a cabo por la apelante y le impuso honorarios de abogado de $10,000.00 a la apelante, por temeridad.\\nConfirmamos.\\nII\\nLa apelante Radio Communication es una corporaci\\u00f3n con fines de lucro organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y dedicada, entre otras cosas, al negocio de las comunicaciones. Para la fecha relevante a la presente controversia la due\\u00f1a y principal accionista de la apelante lo era la Sra. Aida L. Mart\\u00ednez Garc\\u00eda.\\nEl litigio de autos gira en tomo al retracto de la siguiente propiedad, sita en el Barrio Collores del Municipio de Las Piedras, adquirida por Radio Communication.\\n' \\u2014 RUSTICA: Lote de terreno localizado en el Barrio Collores del t\\u00e9rmino municipal de Las Piedras, Puerto Rico, rotulado con el N\\u00famero Siete A (7A) en plano de inscripci\\u00f3n; con una cabida superficial de Mil Quinientos Setenta y Siete (1,577) Metros Cuadrados, equivalente a Cero Punto Cuatro Mil Doce (0.4012) Cuerdas, en lindes por el Norte, con la parcela dedicada a uso p\\u00fablico marcada con la letra \\\"B\\\" en el plano de inscripci\\u00f3n, distancia de cuarenta y ocho punto trescientos veinticinco (48.325) metros; por el Sur y Oeste, con el remanente de la finca principal de la cual se segrega, distancias de treinta punto cero veintiuno (30.021) metros y cuarenta y dos punto quinientos (42.500) metros; y por el Este, con terrenos propiedad de don Ram\\u00f3n Alicea Delgado, antes, hoy Javier L\\u00f3pez M\\u00e1rquez, distancias de cuarenta y dos punto ochocientos cincuenta y seis (42.856) metros y cuatro punto cuatrocientos noventa y cinco (4.495) metros. \\\"\\nPara la fecha relevante a la presente controversia dicha propiedad pertenec\\u00eda al Sr. Cosme Alicea Mercado y a su esposa, Carmen Viera.\\nSeg\\u00fan el testimonio del Sr. Cosme Alicea durante el juicio, la finca era parte de una finca mayor que hab\\u00eda pertenecido a su padre, quien hab\\u00eda dedicado la misma a fines agr\\u00edcolas, mayormente para la cr\\u00eda de ganado. La finca ten\\u00eda una zonificaci\\u00f3n de Agr\\u00edcola A-3 y estaba comprendida en el \\u00e1rea de zonificaci\\u00f3n especial para municipios circundantes al Yunque.\\nEl 29 de julio de 1994, los esposos Alicea Viera otorgaron un contrato privado de compraventa a favor de Jos\\u00e9 M. D\\u00edaz Rodr\\u00edguez y Aida L. Mart\\u00ednez Garc\\u00eda para la venta de un solar de 1,611.46 metros que supuestamente correspond\\u00eda al predio antes mencionado. Seg\\u00fan surge del expediente, el prop\\u00f3sito de la transacci\\u00f3n era el arrendamiento de dicho terreno a la Puerto Rico Telephone Company por la parte apelante para la construcci\\u00f3n de una torre y facilidades de telecomunicaciones para tel\\u00e9fonos celulares. No obstante, aunque para esta fecha la corporaci\\u00f3n Radio Communication exist\\u00eda, la misma no compareci\\u00f3 en el negocio, sino que el mismo fue otorgado por los esposos D\\u00edaz Mart\\u00ednez en su car\\u00e1cter personal.\\nEl contrato establec\\u00eda que \\\"la parte Vendedora le vende a la parte Compradora el solar antes indicado bajo las siguientes condiciones:\\n\\\"a. Que la compraventa de dicho solar se realiza por el acordado y justo precio de Catorce mil d\\u00f3lares de los cuales se ha hecho entrega con anterioridad a este contrato de la cantidad de Cinco mil d\\u00f3lares,...\\nb. Que Cinco mil d\\u00f3lares adicionales se entregar\\u00e1n una vez el Agrimensor Sr. Daniel Rosario D\\u00edaz marque los puntos debidamente en el terreno del solar de compraventa.\\nc. Una vez que la Junta de Administraci\\u00f3n y Reglamento de Permisos apruebe el plano de segregaci\\u00f3n se le proceder\\u00e1n a pagar los cuatro mil d\\u00f3lares\\\".\\nSeg\\u00fan su testimonio, el Sr. Cosme Alicea entend\\u00eda que \\u00e9l continuaba siendo el due\\u00f1o de la propiedad hasta que se aprobara la segregaci\\u00f3n del mismo y le pagaran la totalidad del precio.\\nLos esposos D\\u00edaz Mart\\u00ednez contrataron al agrimensor Daniel Rosario D\\u00edaz para llevar a cabo las gestiones para obtener el permiso de segregaci\\u00f3n de la propiedad, cosa que \\u00e9ste realiz\\u00f3 posteriormente.\\nEl 10 de julio de 1995, por v\\u00eda de la Escritura P\\u00fablica N\\u00famero Ochenta y Nueve (89) otorgada en Las Piedras ante el notario Margaro Rivera Guzm\\u00e1n, el apelado Javier L\\u00f3pez M\\u00e1rquez adquiri\\u00f3 la siguiente propiedad r\\u00fastica sita en el Barrio Collores:\\n\\\" \\u2014 RUSTICA: -Predio de terreno radicado en el Barrio Collores del t\\u00e9rmino municipal de Las Piedras, Puerto Rico, identificado como LOTE NUMERO SEIS (6) en el Plano de inscripci\\u00f3n, con una cabida de SIETE MIL CUARENTA Y DOS METROS CON CUARENTA CENTIMETROS CUADRADOS (7,042.40 M.C.), equivalentes a UNA CUERDA CON SETENTA Y NUEVE CENTESIMAS DE OTRA (1.79 CDAS.), en lindes por el NORTE, con camino de uso p\\u00fablico, en dos alineaciones distintas que suman sesenta y un metros (61.00); por el SUR, con el lote n\\u00famero cinco (5) en cuatro alineaciones distintas que suman noventa y tres metros con cuatrocientos veintiocho mil\\u00edmetros (93.428); por el ESTE, con parcela de uso p\\u00fablico en cincuenta y un metros (51.00) y por el OESTE, con el lote n\\u00famero siete (7) en dos alineaciones distintas que suman ciento catorce metros con cuatrocientos setenta y dos mil\\u00edmetros (114.472). \\\"\\nLa propiedad adquirida por el apelado colindaba por el este con la finca del Sr. Cosme Alicea y su esposa.\\nEl 11 de octubre de 1995, mediante la Escritura P\\u00fablica N\\u00famero 231 sobre Segregaci\\u00f3n y Compraventa otorgada en dicha fecha en Humacao ante el notario Alfredo Torres Hern\\u00e1ndez, la apelante adquiri\\u00f3 el solar objeto del presente litigio del Sr. Cosme Alicea Delgado y su esposa. La propiedad fue vendida por el precio de $14,000.00, que era el mismo precio convenido por el Sr. Alicea y los esposos D\\u00edaz Mart\\u00ednez. Al Sr. Alicea se le pag\\u00f3 el balance de $9,000.00 que hab\\u00eda quedado pendiente.\\nLa transacci\\u00f3n fue inscrita en el Registro de la Propiedad el 9 de noviembre de 1995, bajo la finca n\\u00famero doce mil seiscientos ochenta y dos (12,682) al folio ciento treinta y tres (133) del tomo doscientos treinta y nueve (239) de la Secci\\u00f3n de Humacao.\\nPosteriormente, la apelante hizo gestiones para obtener una variaci\\u00f3n de la zonificaci\\u00f3n de la propiedad.\\nSeg\\u00fan se desprende del r\\u00e9cord, el 23 de octubre de 1995 el apelado se enter\\u00f3 extrajudicialmente de la compraventa de la propiedad cuando se lo mencion\\u00f3 un tercero. Cuatro d\\u00edas m\\u00e1s tarde, el 27 de octubre de 1995, el apelado inst\\u00f3 la presente demanda de retracto al amparo del Art. 1413 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3923, y consign\\u00f3 en el Tribunal de Instancia la suma de $14,000.00, correspondiente al precio de venta de la finca.\\nPoco despu\\u00e9s, el 22 de noviembre de 1995, y antes de que la apelante hubiera contestado la demanda de retracto, dicha parte y el Sr. Cosme Alicea Delgado otorgaron la Escritura P\\u00fablica N\\u00fam. 60 ante el Notario F\\u00e9lix Ramos, mediante la cual el Sr. Alicea Delgado segreg\\u00f3 de su finca un solar adicional de mil novecientos (1,900) metros cuadrados y se lo vendi\\u00f3 a la apelante para que \\u00e9sta lo agrupara con el solar adquirido previamente y as\\u00ed formar una finca de tres mil cuatrocientos setenta y siete (3,477) metros cuadrados. Esta transacci\\u00f3n fue posteriormente sometida al Registro, inscribi\\u00e9ndose la finca resultante bajo el n\\u00famero 12,684 al folio 133 del tomo 239 de Humacao.\\nPosteriormente, la parte apelante contest\\u00f3 la demanda, negando las alegaciones. Entre otras defensas, plante\\u00f3 que hab\\u00eda adquirido la finca antes que el apelado adquiriera la suya, el 29 de julio de 1994, mediante un contrato privado de compraventa, y no mediante la Escritura N\\u00fam. 231 la cual hab\\u00eda sido otorgada solamente para \\\"ratificar\\\" la transacci\\u00f3n anterior.\\nLa apelante solicit\\u00f3, adem\\u00e1s, la desestimaci\\u00f3n del caso alegando que la acci\\u00f3n de retracto de colindantes era inconstitucional por infringir las garant\\u00edas del debido proceso de ley y la igual protecci\\u00f3n de las leyes.\\nLuego de varios tr\\u00e1mites procesales, incluyendo un recurso previo ante este Tribunal, caso N\\u00fam. KLCE-96-00188, el apelado present\\u00f3 una solicitud de interdicto ante el Tribunal de Primera Instancia en la que alegaba que la apelante estaba llevando a cabo obras que alteraban la propiedad y suplicaba que se le ordenara detenerlas y reponer la finca a su estado original previo a la demanda. El Tribunal de Primera Instancia celebr\\u00f3 una vista evidenciar\\u00eda en tomo a esta solicitud. Terminada la vista, ambas partes acordaron someter su caso a base de la prueba desfilada durante la misma. '\\nA base de esta evidencia, el 19 de junio de 1997, el Tribunal emiti\\u00f3 la sentencia apelada, declarando con lugar la demanda de retracto.\\nEn su sentencia, la Sala recurrida concluy\\u00f3 que el apelado hab\\u00eda dado cumplimiento a los requisitos establecidos por los art\\u00edculos 1413 y 1414 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3923 y 3924, para llevar a cabo el retracto de colindantes.\\nEl Tribunal observ\\u00f3 que la propiedad hab\\u00eda sido descrita como una \\\"r\\u00fastica\\\" en la Escritura N\\u00fam. 231, y que la misma estaba zonificada A-3, zonificaci\\u00f3n que no hab\\u00eda sido variada a la fecha de la presentaci\\u00f3n de la demanda. El foro recurrido tambi\\u00e9n determin\\u00f3, a base del testimonio del Sr. Cosme Alicea, que \\\"[l]a finca nunca tuvo otro uso que no fuera agr\\u00edcola\\\".\\nEl Tribunal descart\\u00f3 la contenci\\u00f3n de la apelante de que la propiedad hab\\u00eda sido realmente vendida a la apelante mediante el contrato celebrado en julio de 1994, antes de que el apelado adquiriera su propiedad. Expres\\u00f3:\\n\\\"Seg\\u00fan la prueba admitida por el Tribunal no es correcto que la demandada Radio Communication Service and DMC Heavy Equipment Corp. adquiriera la finca objeto del presente retracto mediante contrato celebrado el 29 de julio de 1994. De una lectura de ese contrato surge que la demandante no figur\\u00f3 como parte compradora en el mismo. En el contrato celebrado el 29 de julio de 1994, ante el notario Angel L. Cintr\\u00f3n Carrasquillo figuraron como \\\"vendedores\\\" el se\\u00f1or Cosme Alicea Delgado y su esposa Carmen Viera y como \\\"compradores\\\" Jos\\u00e9 A. D\\u00edaz Rodr\\u00edguez y Aida L. Mart\\u00ednez Garc\\u00eda, siendo esta \\u00faltima presidenta de la corporaci\\u00f3n y \\u00fanica accionista de la corporaci\\u00f3n demandada, aunque en dicha contrato no compareci\\u00f3 en tal calidad. \\\" ,\\nSeg\\u00fan dicho contrato, lo que la parte vendedora se propon\\u00eda a vender era un predio de 1,611.46 metros cuadrados equivalente a .41 cuerdas a ser segregadas de una finca de su propiedad.\\nDicho predio de 1,611.40 metros no exist\\u00eda como finca. Para proceder a segregarlo se contrat\\u00f3 al agrimensor Daniel Rosario.\\nLa venta de dicho predio fue condicionada a que se llevara a cabo tal segregaci\\u00f3n, previa aprobaci\\u00f3n de ARPE y a que se pagara la totalidad del precio acordado de $14,000.00, ya que s\\u00f3lo se hab\\u00eda pagado $5,000.00 al momento de la celebraci\\u00f3n del contrato quedando a deber los compradores $9,000.00 que deb\\u00edan ser pagados de la siguiente forma: $5,000.00 cuando el agrimensor Daniel Rosario marcara los puntos del solar y $4,000.00 cuando ARPE aprobara el plano de segregaci\\u00f3n.\\nConforme al testimonio del se\\u00f1or Cosme Alicea, due\\u00f1o del terreno, a su juicio lo que se otorg\\u00f3 el 29 de julio de 1994 fue un contrato de opci\\u00f3n de compra sobre dicho solar. Seg\\u00fan Cosme Alicea que fue llevado a declarar por la corporaci\\u00f3n demandada, \\u00e9l continuaba siendo el due\\u00f1o del terreno hasta que se aprobara la segregaci\\u00f3n del mismo y se le pagara el balance adeudado. Cuando se cumplieron tales condiciones, estuvo dispuesto a otorgar las escrituras de compraventa y ceder la titularidad del terreno, lo que se hizo mediante la escritura n\\u00famero 231 otorgada el 11 de octubre de 1995.\\nEl Tribunal declar\\u00f3 con lugar la demanda y orden\\u00f3 la subrogaci\\u00f3n del apelado en las mismas condiciones estipuladas en la Escritura N\\u00fam. 231. El Tribunal orden\\u00f3 a la apelante abstenerse de edificar, enajenar o ejercer actos de dominio sobre la propiedad, as\\u00ed como remover cualquier edificaci\\u00f3n construida luego de la presentaci\\u00f3n de la demanda. Tambi\\u00e9n se decret\\u00f3 la nulidad de la agrupaci\\u00f3n realizada. El Tribunal impuso a la parte apelante la suma de $10,000.00 por concepto de honorarios de abogado, por temeridad.\\nLa apelante solicit\\u00f3 determinaciones adicionales de hecho, as\\u00ed como la reconsideraci\\u00f3n de la sentencia, solicitudes que fueron denegadas por el Tribunal. Insatisfecha, la apelante acudi\\u00f3 entonces ante este foro.\\nIII\\nEn su recurso, la apelante plantea la comisi\\u00f3n de varios errores por el Tribunal de Primera Instancia, dirigidos a cuestionar la procedencia de la acci\\u00f3n de retracto, su constitucionalidad, la expedici\\u00f3n de un injunction y la imposici\\u00f3n de honorarios de abogado.\\nLa apelante plantea que err\\u00f3 el Tribunal al declarar con lugar la demanda de retracto a pesar de que la apelante adquiri\\u00f3 su predio el 29 de julio de 1994, casi un a\\u00f1o antes que el apelado adquiriera el suyo y que el predio en cuesti\\u00f3n no era \\\"r\\u00fastico\\\" en el contexto que este t\\u00e9rmino se emplea en el Art. 1413 del C\\u00f3digo Civil.\\nLa figura del retracto de colindantes est\\u00e1 regulada por el mencionado Art. 1413 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico. 31 L.P.R.A. see. 3923. Se trata de un derecho real de adquisici\\u00f3n preferente. Quien lo ejerce se subroga en la posici\\u00f3n del comprador con las mismas condiciones estipuladas en el contrato de venta. 31 L.P.R.A. sec. 3921; Santos v. L\\u00f3pez, 26 D.P.R. 417 (1918); Gonz\\u00e1lez v. Godreau, 21 D.P.R. 158 (1914).\\nEl prop\\u00f3sito de este derecho, proveniente del Art. 1523 del C\\u00f3digo Civil Espa\\u00f1ol, es evitar que ocurra el minifundio o la divisi\\u00f3n excesiva de las propiedades r\\u00fasticas, en detrimento del valor y desarrollo de este tipo de recurso. Manresa y Navarro, infra, a la p\\u00e1g. 519.\\nPara que proceda el retracto de colindantes se requiere: a) que se trate de una finca de naturaleza r\\u00fastica; b) que no exceda de una hect\\u00e1rea de cabida; c) que las fincas sean colindantes, no est\\u00e9n separadas por arroyos, acequias, barrancos, caminos y otras servidumbres aparentes en provecho de otras fincas; d) que exista una venta o daci\\u00f3n en pago a favor de un extra\\u00f1o; y e) que no medie un retracto de comuneros, pues \\u00e9ste excluye al de colindantes. V\\u00e9ase, 31 L.P.R.A. sec. 3924; v\\u00e9anse, adem\\u00e1s, V\\u00e9lez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, P.R., Centro Gr\\u00e1fico del Caribe, Inc., 1992, t. II, p\\u00e1gs. 469-470; Revista de Derecho Privado (M. Albaladejo y S. D\\u00edaz Alabart, directores), Comentarios al C\\u00f3digo Civil y Compilaciones Forales, 2da Ed., Editorial Revista de Derecho Privado, 1991, Tomo XIX, p\\u00e1gs. 663-675; Manresa y Navarro, Comentarios al C\\u00f3digo Civil Espa\\u00f1ol, Reus, Madrid, 1969, Tomo X, p\\u00e1gs. 519-525; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo III, Vol. 3, 3ra edici\\u00f3n, Bosch, Barcelona, 1983, a las p\\u00e1gs. 419-428.\\nEl Art. 1414 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3924, establece que el derecho debe ejercitarse dentro de nueve (9) d\\u00edas contados desde la inscripci\\u00f3n en el registro, y \\\"en su defecto, desde que el retrayente hubiera tenido conocimiento de la venta. \\\"\\nEste plazo es de caducidad. J. Puig Brutau, supra, a la p\\u00e1g. 414; J. Cast\\u00e1n Tobe\\u00f1as, Derecho Civil Espa\\u00f1ol Com\\u00fan y Foral, Tomo IV, Reus, Madrid, 1993, p\\u00e1g. 182; Qui\\u00f1ones Qui\\u00f1ones v. Qui\\u00f1ones Irizarry, 91 D.P.R. 251-265 (1964).\\nPara poder interponer una demanda de retracto se requiere, adem\\u00e1s, que el retrayente consigne el precio de la propiedad. V\\u00e9ase, Art. 1407 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3912; Qui\\u00f1ones v. Alcaide, 72 D.P.R. 718, 724 (1951)\\nEn la situaci\\u00f3n de autos, no existe controversia que al momento del otorgamiento de la Escritura N\\u00fam. 231 el 11 de octubre de 1995, el apelado era due\\u00f1o de una propiedad colindante a la de la apelante y que ejercit\\u00f3 su derecho de retracto dentro de los nueve d\\u00edas de enterarse de dicha transacci\\u00f3n, consignando el precio de venta en el Tribunal.\\nLa apelante plantea, sin embargo, que la transacci\\u00f3n del 11 de octubre de 1995 s\\u00f3lo constituy\\u00f3 una \\\"ratificaci\\u00f3n\\\" del negocio anterior de compraventa celebrado entre las partes el 29 de julio de 1994, cuando el apelado todav\\u00eda no era el titular de la propiedad. Alega que, en estas circunstancias, no procede el ejercicio del retracto.\\nEl Tribunal de Primera Instancia, seg\\u00fan hemos visto, entendi\\u00f3 que el negocio del 29 de julio de 1994 no pod\\u00eda considerarse una compraventa, porque estaba sujeto a que se aprobara la segregaci\\u00f3n de la propiedad, cuya descripci\\u00f3n y cabida fue modificada luego de la mensura. Tambi\\u00e9n observ\\u00f3 que la apelante no hab\\u00eda comparecido en dicho negocio, sino que \\u00e9ste se hab\\u00eda llevado a cabo a nombre de los esposos D\\u00edaz Mart\\u00ednez en su car\\u00e1cter personal y que el propio vendedor hab\\u00eda entendido que \\u00e9l hab\\u00eda continuado siendo el due\\u00f1o hasta la transacci\\u00f3n de octubre de 1995.\\nLa doctrina espa\\u00f1ola, formulada en tomo a los retractos de comuneros es que \\\"el retracto s\\u00f3lo puede aprovecharse cuando la venta est\\u00e1 consumada, esto es, cuando el vendedor ha transmitido al comprador el dominio con la posesi\\u00f3n de la cosa mediante la tradici\\u00f3n real o simb\\u00f3lica siendo necesario no s\\u00f3lo una operaci\\u00f3n de compraventa, sino una verdadera y consumada adquisici\\u00f3n del dominio por parte del tercero..., pues la simple promesa de venta, a\\u00fan aceptada, que no produce efectos transmisivos, sino obligatorios, s\\u00f3lo da lugar a un derecho expectante.\\\" Supra, a la p\\u00e1g. 410. Entendemos que estas normas son aplicables a los retractos de colindantes. Id., a la p\\u00e1g. 429.\\nEn la situaci\\u00f3n de autos, no consideramos que el Tribunal de Pri\\u00edhera Instancia hubiera abusado de su discreci\\u00f3n al rechazar la contenci\\u00f3n de la apelante de que hab\\u00eda adquirido la propiedad el 29 de julio de 1994. Creemos que, a base del r\\u00e9cord, dicho Tribunal pod\\u00eda razonablemente concluir que dicha transacci\\u00f3n no hab\\u00eda tenido un efecto traslativo de dominio, sino que constitu\\u00eda un precontrato o promesa de venta con efecto personal. V\\u00e9ase, 31 L.P.R.A. sec. 37471; Soto V\\u00e1zquez v. Rivera Alvarado,_D.P.R._(1997), 97 J.T.S. 145, a la p\\u00e1g. 365; Jord\\u00e1n-Rojas v. Padr\\u00f3 Gonz\\u00e1lez, 103 D.P.R. 813, 817 (1975); v\\u00e9anse, adem\\u00e1s, Jos\\u00e9 Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Vol. 2, 2da edici\\u00f3n, Bosch, Barcelona, 1982, a las p\\u00e1gs. 1-5; Manuel Albaladejo, Derecho Civil, Tomo II, Vol. I, 2da edici\\u00f3n, Bosch, Barcelona, 1975, a las p\\u00e1gs. 362-367; Bernardo Moreno Quesada, La Oferta de Contrato, Barcelona, 1963, p\\u00e1gs. 24-26.\\nObs\\u00e9rvese que el negocio de 1994 fue celebrado mediante escritura privada, contrario a lo requerido por el Art. 1232 del C\\u00f3digo Civil para negocios que \\\"tengan por objeto la creaci\\u00f3n, transmisi\\u00f3n, modificaci\\u00f3n o extinci\\u00f3n de derechos reales sobre bienes inmuebles.\\\" 31 L.P.R.A. sec. 3453. Su fecha, por lo tanto, no resultaba oponible al apelado, seg\\u00fan el Art. 1181 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3282.\\nM\\u00e1s a\\u00fan, seg\\u00fan se\\u00f1alara el Tribunal de Primera Instancia, la segregaci\\u00f3n d\\u00e9 la propiedad no hab\\u00eda sido aprobada, dependiendo la legalidad de la transacci\\u00f3n de dicho tr\\u00e1mite. Preciosas Vistas del Lago v. Registrador, 110 D.P.R. 802, 811-812 (1981); Mel\\u00e9ndez v. Jim\\u00e9nez Realty, Inc., 98 D.P.R. 892, 897 (1970). Tampoco el mismo fue otorgado a nombre de la apelada, sino que los esposos D\\u00edaz Mart\\u00ednez comparecieron en su car\\u00e1cter personal.\\nLa norma en nuestra jurisdicci\\u00f3n es que un tribunal apelativo no intervendr\\u00e1 con la apreciaci\\u00f3n que de la prueba desfilada haya hecho el Tribunal de Instancia en ausencia error manifiesto, pasi\\u00f3n, prejuicio o parcialidad. Regla 43.2 de las de Procedimiento Civil. V\\u00e9anse, M\\u00e9ndez de Rodr\\u00edguez v. Morales Molina,_D.P.R._(1996), 96 J.T.S. 149, a la p\\u00e1g. 347; C\\u00e1ndido Oliveras, Inc. v. Universal Insurance Company,_D.P.R._(1996), 96 J.T.S. 145, a la p\\u00e1g. 298; Rivera P\\u00e9rez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8, 14 (1987); v\\u00e9ase, adem\\u00e1s, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 43.2.\\nEn la situaci\\u00f3n de autos, carecemos de elementos de juicio para sustituir el criterio del foro de Primera Instancia.\\nEn cualquier caso, aun si pudiera admitirse la contenci\\u00f3n de la apelante, lo cierto es que el negocio llevado a cabo mediante escritura privada no fue elevado a escritura p\\u00fablica ni conocido por el apelado sino hasta octubre de 1995. Para esa fecha el apelado ya era due\\u00f1o del predio colindante, por lo que indudablemente ten\\u00eda derecho a ejercitar el retracto.\\nLa parte apelante plantea que la acci\\u00f3n de retracto resultaba improcedente porque la finca no era r\\u00fastica.\\nLa cualidad de r\\u00fastica de la finca se fija al momento de la perfecci\\u00f3n del contrato. Revista de Derecho Privado, supra, a la p\\u00e1g. 666; Manresa y Navarro, supra, a la p\\u00e1g. 527.\\nSe trata m\\u00e1s bien de una cuesti\\u00f3n de hecho. Qui\\u00f1ones v. Alcaide, 72 D.P.R. a la p\\u00e1g. 726; Revista de Derecho Privado, supra, a la p\\u00e1g. 665.\\nEn Qui\\u00f1ones v. Alcaide, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableci\\u00f3 que es m\\u00e1s bien la naturaleza predominante a que se dedica la finca lo que determina su condici\\u00f3n. 72 D.P.R. a la p\\u00e1g. 726. [3] En t\\u00e9rminos generales, se\\u00f1ala Puig Brutau, son fincas r\\u00fasticas las que no est\\u00e1n edificadas y son urbanas las que lo est\\u00e1n. J. Puig Brutau, Compendio de Derecho Civil, Bosch, Barcelona, 1989, Vol. III, p\\u00e1g. 369; v\\u00e9ase, adem\\u00e1s, Qui\\u00f1ones v. Alcaide, 72 D.P.R. a la p\\u00e1g. 726.\\nOtros comentaristas a\\u00f1aden que se tendr\\u00e1 en cuenta para decidir sobre la calificaci\\u00f3n, la situaci\\u00f3n o emplazamiento del predio en el campo o en la poblaci\\u00f3n y el aprovechamiento o destino (explotaci\\u00f3n agr\\u00edcola, pecuaria o forestal, frente a vivienda, industria o comercio), si ambos elementos coexisten, se atender\\u00e1 a la preponderancia de uno de \\u00e9stos o la relaci\\u00f3n de dependencia que entre ellos exista. Revista de Derecho Privado, supra, p\\u00e1g. 665; Manresa y Navarro, supra, a la p\\u00e1g. 520.\\nEn la situaci\\u00f3n de autos, el Tribunal de Primera Instancia encontr\\u00f3 que el predio en cuesti\\u00f3n estaba categorizado como \\\"A-3\\\" por la Junta de Planificaci\\u00f3n al momento de su retracto, que el historial de la finca revelaba que hab\\u00eda sido dedicada predominantemente a usos agr\\u00edcolas, y que la finca hab\\u00eda sido caracterizada como r\\u00fastica en la propia Escritura P\\u00fablica N\\u00fam. 231.\\nEn estas circunstancias, declinamos intervenir con la determinaci\\u00f3n del Tribunal.\\nLa parte apelante cuestiona la constitucionalidad de la acci\\u00f3n de retracto establecida por el Art. 1413 del C\\u00f3digo Civil, alegando que esta disposici\\u00f3n est\\u00e1 re\\u00f1ida con las garant\\u00edas constitucionales del debido procedimiento de ley y la igual protecci\\u00f3n de la leyes establecidas por el Art. \\u00a1H, Secci\\u00f3n 7 de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.\\nLa Asamblea Legislativa, seg\\u00fan se conoce, goza de amplia facultad para, en el ejercicio de su poder de raz\\u00f3n de estado (\\\"police power\\\"), aprobar reglamentaci\\u00f3n econ\\u00f3mica dirigida a promover el bienestar de la comunidad. Defendini Collazo v. Estado Libre Asociado,_D.P.R._, (1993), 93 J.T.S. 119, a lap\\u00e1g. 11011; Marina Ind. Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64, 80 (1983).\\nPara examinar la validez de una reglamentaci\\u00f3n econ\\u00f3mica frente a un reclamo amparado en la garant\\u00eda del debido proceso de ley en su modalidad sustantiva, [4] la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha adoptado un \\\"escrutinio de razonabilidad\\\". Marina Ind. Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. a la p\\u00e1g. 80.\\nBajo el mismo, la reglamentaci\\u00f3n impugnada se presume constitucional y el peso de la prueba recae sobre la parte que impugna su validez constitucional para establecer que la misma no guarda conexi\\u00f3n con objetivo leg\\u00edtimo alguno del estado.\\nEste escrutinio, por lo tanto, requiere: a) identificar el objetivo que persigue la reglamentaci\\u00f3n; b) determinar si tal objetivo es uno leg\\u00edtimo del Estado; y c) evaluar la relaci\\u00f3n entre los objetivos que persigue la reglamentaci\\u00f3n y los medios que el Estado emplea para lograr dichos objetivos. Defendini Collazo v. Estado Libre Asociado,_D.P.R._(1993), 93 J.T.S. 119, a la p\\u00e1g. 11011; V\\u00e9lez Reboyras v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533, 538 (1984); Marina Ind. Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. a la p\\u00e1g. 80 (1983).\\nEn la situaci\\u00f3n de autos, seg\\u00fan mencionado, el derecho de retracto persigue evitar la dispersi\\u00f3n de terrenos y la creaci\\u00f3n de minifundios, en detrimento del valor de dicho recurso. Toda vez que \\u00e9ste es sin duda un fin leg\\u00edtimo para el estado y que el comprador es reembolsado en el precio de la cosa pagado por \\u00e9l, no percibimos vicio alguno constitucional. En cuanto a la cl\\u00e1usula de la igual protecci\\u00f3n de las leyes, se ha reconocido que la misma no exige un trato igual para todos los ciudadanos, pero proh\\u00edbe un trato desigual injustificado. M.& B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319, 332 (1987).\\nCuando se trata de una clasificaci\\u00f3n establecida por una reglamentaci\\u00f3n de car\\u00e1cter econ\\u00f3mico, se utiliza un escrutinio m\\u00ednimo, similar al empleado bajo la cl\\u00e1usula de debido proceso. Una clasificaci\\u00f3n de esta naturaleza no debe ser invalidada, a menos que sea claramente arbitraria y no pueda establecerse nexo racional alguno entre la misma y un inter\\u00e9s leg\\u00edtimo del Estado. Disidente Universal de P.R. Inc. v. Depto. de Estado,_ D.P.R._, (1998), 98 J.T.S. 68, a las p\\u00e1gs. 1010-1011; M.& B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319, 333 (1987); V\\u00e9lez Reboyras v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533, 538 (1984); Marina Ind. Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. a la p\\u00e1g. 80.\\nProcede, igualmente, denegar el planteamiento de la apelante.\\nLa apelante alega que el foro de Primera Instancia descans\\u00f3 en un proyecto de sentencia preparado ex-parte por la representaci\\u00f3n legal del apelado.\\nNo hay base en el r\\u00e9cord, sin embargo, para esta aseveraci\\u00f3n, la que corresponde m\\u00e1s bien a una impresi\\u00f3n de la representaci\\u00f3n legal de la apelante. En cualquier caso, la utilizaci\\u00f3n de un proyecto de sentencia, de por s\\u00ed, no ser\\u00eda inv\\u00e1lida. Rom\\u00e1n Cruz v. D\\u00edaz Rifas, 113 D.P.R. 500, 508 (1982); Malav\\u00e9 v. Hosp. de la Concepci\\u00f3n, 100 D.P.R. 55, 56 (1971). Toda vez que hemos determinado que la decisi\\u00f3n del Tribunal fue correcta a la luz del r\\u00e9cord, resolvemos que este error tampoco fue cometido. V\\u00e9anse, B\\u00e1ez Garc\\u00eda v. Cooper Labs Inc., 120 D.P.R. 145, 157 (1987); Arroyo v. Rattan Specialties, 117 D.P.R. 35, 42 (1987); Malav\\u00e9 v. Hosp. de la Concepci\\u00f3n, 100 D.P.R. a las p\\u00e1gs. 56-57.\\nLa apelante se queja de que el Tribunal emiti\\u00f3 un injunction orden\\u00e1ndole reponer la propiedad a su condici\\u00f3n original a la fecha de la demanda de retracto y que dicho foro orden\\u00f3 la cancelaci\\u00f3n de la inscripci\\u00f3n de agrapaci\\u00f3n de los predios realizada por la apelante. Dichos remedios, a nuestro juicio, resultan apropiados y son una consecuencia del dictamen del Tribunal adjudicando el t\\u00edtulo de la propiedad al apelado.\\nFinalmente, la apelante plantea que err\\u00f3 el Tribunal de Primera Instancia al imponerle honorarios de abogados por temeridad.\\nEl prop\\u00f3sito de la imposici\\u00f3n de honorarios de abogado es el de sancionar al litigante perdidoso que por su temeridad, obstinaci\\u00f3n, contumacia e insistencia en una actitud fr\\u00edvola o desprovista de fundamento, obliga a la otra parte a asumir innecesariamente las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito. V\\u00e9anse, Fern\\u00e1ndez v. S.J. Cement Co. Inc., 118 D.P.R. 713, 718 (1987); Soto v. Lugo, 76 D.P.R. 444, 448 (1954).\\nEl Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la acci\\u00f3n que amerita la imposici\\u00f3n de honorarios de abogados es cualquiera que haga necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolongue innecesariamente o que produzca la necesidad de que otra parte incurra en gestiones evitables. V\\u00e9ase, Fern\\u00e1ndez v. S.J. Cement Co. Inc., 118 D.P.R. a las p\\u00e1gs. 718-719.\\nEl Tribunal de Primera Instancia goza de amplia discreci\\u00f3n en este tipo de determinaciones. V\\u00e9anse, Miranda v. Estado Libre Asociado,_D.P.R._(1994), 94 J.T.S. 152, a la p\\u00e1g. 527; Ram\\u00edrez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 349 (1949); Fern\\u00e1ndez v. S.J. Cement Co. Inc., 118 D.P.R. a la p\\u00e1g. 717; Ralu\\u00e1n Corp. v. Feliciano, 111 D.P.R. 598, 601-602 (1981).\\nEn el caso de autos, consideramos que el Tribunal de Primera Instancia no abus\\u00f3 de su discreci\\u00f3n al determinar que la parte apelante hab\\u00eda actuado con temeridad al litigar el derecho de retracto del apelado, a base de argumentos carentes de substancia.\\nPor los fundamentos antes expresados se confirma la sentencia apelada.\\nLo acord\\u00f3 el Tribunal y lo certifica la Secretaria General.\\nAida Ileana Oquendo Graulau\\nSecretaria General\\nESCOLIOS 99 DTA 109\\n1. Aparentemente, dicha zonificaci\\u00f3n se vari\\u00f3 despu\\u00e9s, conforme hab\\u00eda sido solicitado por la apelante.\\n2. Una hect\\u00e1rea resulta ser un poco m\\u00e1s de 2 1/2 cuerdas.\\n3. Previamente, el Tribunal Supremo hab\\u00eda resuelto que una parcela de terreno, usada principalmente para fines agr\\u00edcolas, no perd\\u00eda su naturaleza r\\u00fastica por haberse establecido en ella una v\\u00eda de ferrocarril para fines comerciales. Gonz\\u00e1lez v. Ortiz, 28 D.P.R. 797, 799 (1920).\\n4. Como se sabe, la garant\\u00eda del debido proceso de ley opera en dos dimensiones distintas: la procesal y la sustantiva. La vertiente sustantiva del debido proceso de ley persigue proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de la persona. La vertiente procesal le impone al Estado la obligaci\\u00f3n de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y propiedad del individuo se haga a trav\\u00e9s de un procedimiento que sea justo y equitativo. Uni\\u00f3n Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios P\\u00fablicos v. Autoridad de Edificios P\\u00fablicos, _D.P.R._, (1998), 98 J.T.S. 111, a la p\\u00e1g 51; Rivera Rodr\\u00edguez v. Stowell Taylor,_D.P.R._, (1993), 93 J.T.S. 111, a la p\\u00e1g. 10931; Rodr\\u00edguez Rodr\\u00edguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562, 574-576 (1992).\"}"

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Alega la parte recurrente que err\\u00f3 el Departamento de Estado porque no existe probabilidad de confusi\\u00f3n entre las marcas \\u00e9n cuesti\\u00f3n.\\nExaminado el expediente, las alegaciones de las partes y el derecho aplicable, concluimos qu\\u00e9 procede denegar la expedici\\u00f3n del recurso.\\nGecko present\\u00f3 ante el Departamento de Estado una solicitud de registro para la marca \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\", bajo la clasificaci\\u00f3n 42, correspondiente a miscel\\u00e1neos. La solicitud se refer\\u00eda al registro de la marca d\\u00e9 un negocio para el expendio de comidas, bebidas, cocina creativa, banquetes y exhibici\\u00f3n de obras de arte. Dicho negocio est\\u00e1 localizado en la calle Fortaleza en San Juan. Anejo del recurso, p\\u00e1gs. 1 y 2.\\nEl Departamento de Estado deneg\\u00f3 en la resoluci\\u00f3n recurrida el registro de la marca \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\" por ser muy similar a la marca previamente inscrita \\\"Restaurant Caf\\u00e9 Galer\\u00eda\\\" en cuanto a su contenido gr\\u00e1fico y fon\\u00e9tico, en los m\\u00e9todos de mercadeo y canales de distribuci\\u00f3n. Anejo 7 del recurso, p\\u00e1gs. 14-17.\\nEn la consideraci\\u00f3n del recurso cuestionando esa determinaci\\u00f3n debemos, en primer lugar, exponer brevemente las normas que rigen nuestra funci\\u00f3n revisora en casos de esta naturaleza y, en segundo lugar, las correspondientes al derecho de marcas en nuestra jurisdicci\\u00f3n. La norma general de revisi\\u00f3n judicial de determinaciones administrativas promulga deferencia judicial a \\u00e9stas a base de la especializaci\\u00f3n. Bajo ese criterio de deferencia, nos corresponde determinar si la agencia actu\\u00f3 de manera arbitraria, ilegal, o tan irrazonablemente que su actuaci\\u00f3n constituy\\u00f3 un abuso de discreci\\u00f3n. Misi\\u00f3n Industrial de Puerto Rico v. Junta de Planificaci\\u00f3n, _ D.P.R. _ (1997), 97 J.T.S. 79, p\\u00e1g. 1161; Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R _ (1993), 93 J.T.S. 165, p\\u00e1g. 11383; Murphy Bernab\\u00e9 v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692 (1975). Tambi\\u00e9n nos corresponde determinar si la decisi\\u00f3n del organismo administrativo se basa en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo o est\\u00e1 hu\\u00e9rfana de prueba sustancial en la totalidad del r\\u00e9cord. Las conclusiones de derecho de la agencia ser\\u00e1n revisables en todos sus aspectos. Misi\\u00f3n Industrial de P.R. v. Junta de Planificaci\\u00f3n, et als, _ D.P.R. _ (1997), 97 J.T.S. 34, p\\u00e1g. 719; secci\\u00f3n 4.5 de la Ley N\\u00fam. 170 de 12 de agosto de 1988, seg\\u00fan enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A. U.), 3 L.P.R.A. sec. 2175.\\nLas determinaciones de hechos ser\\u00e1n sostenidas por el tribunal si no son arbitrarias, err\\u00f3neas en derecho o contrarias a la prueba que obra en el expediente. Corresponde a la parte recurrente derrotar la presunci\\u00f3n de correcci\\u00f3n de las determinaciones de la agencia y demostrar que \\u00e9sta incurri\\u00f3 en errores en las determinaciones de hechos o en el derecho que ameriten su revisi\\u00f3n. No basta con hacer alegaciones basadas en especulaciones o inferencias, puesto que la revisi\\u00f3n judicial de la decisi\\u00f3n administrativa se limita al r\\u00e9cord o expediente.\\nEn cuanto al derecho aplicable a la controversia bajo consideraci\\u00f3n, la Ley de Marcas de F\\u00e1brica, N\\u00fam. 63 de 14 de agosto de 1991, 10 L.P.R.A. secs. 171 ss., establece el r\\u00e9gimen jur\\u00eddico para la protecci\\u00f3n de marcas en Puerto Rico. El t\\u00e9rmino marca se define por ley como todo signo o medio que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios de otra persona e incluye cualquier marca de f\\u00e1brica, servicio y colectiva. Las marcas de servicio se definen como todo signo o medio que sirva para distinguir los servicios de una persona de los de otra. Art\\u00edculo 2, 10 L.P.R.A. sec. 171, incisos (a) y (c).\\nLa Ley de Marcas de F\\u00e1brica consagra el derecho de propiedad sobre las marcas al disponer que \\u00e9ste se adquiere por su registro v\\u00e1lido, conforme los requisitos establecidos en dicha ley. Art\\u00edculos 3 y 4, 10 L.P.R.A. secs. 171 (a) y 171 (b). El Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado complementa los requisitos legales para la presentaci\\u00f3n de una solicitud de registro. Reglamento de 18 de febrero de 1992, Expediente N\\u00fam. 4638.\\nEl Secretario de Estado queda limitado por la referida ley en su facultad de efectuar el registro de marcas cuando se den las circunstancias especificadas en el Art\\u00edculo 5 (a), que dispone cu\\u00e1les marcas no son registrables. En lo que nos concierne, el aludido art\\u00edculo dispone que no se registrar\\u00e1 una marca que sea id\\u00e9ntica a otra marca ya inscrita o conocida, que pertenezca a otro y que se use en productos o servicios de las mismas propiedades descriptivas o que tanto se asemeje a la marca perteneciente a otro, que sea muy probable que ocasione confusi\\u00f3n o equivocaci\\u00f3n en la mente del p\\u00fablico o de lugar a enga\\u00f1o de los compradores. Tampoco ser\\u00e1 registrable una marca que sea id\\u00e9ntica o similar a un nombre comercial inscrito o que se haya solicitado su registro en el Departamento de Estado, que sea muy probable que ocasione confusi\\u00f3n o equivocaci\\u00f3n en la mente del p\\u00fablico. Art\\u00edculo 5 (a) (7) y (8), 10 L.P.R.A. 171 c (a) (7) y (8).\\nLa ley dispone que cuando se presente una solicitud para el registro de una marca que es sustancialmente id\\u00e9ntica o que se parezca a una marca registrada en el Departamento de Estado a nombre de otro o a otra ya conocida que pertenezca y se use por otro que, en la opini\\u00f3n del Secretario de Estado pueda inducir a confusi\\u00f3n, el Secretario decidir\\u00e1 qui\\u00e9n tiene el derecho al registro de la marca. Art\\u00edculo 9, 10 L.P.R.A. sec. 171g.\\nLa falta de autoridad del Secretario para inscribir marcas de f\\u00e1brica que tanto se asemejen a la marca de f\\u00e1brica perteneciente a otro, que sea muy probable que ocasione confusi\\u00f3n en la mente del p\\u00fablico, estaba tambi\\u00e9n contemplada en la legislaci\\u00f3n anterior. Ley N\\u00fam. 66 de 28 de julio de 1923, derogada por la Ley N\\u00fam. 63, supra. En un caso bajo la legislaci\\u00f3n anterior, nuestro Tribunal Supremo resolvi\\u00f3 que establecida la probabilidad de confusi\\u00f3n, correspond\\u00eda al que solicita la inscripci\\u00f3n de la marca rebatir dicha probabilidad y que en ausencia de base en el r\\u00e9cord, no pod\\u00eda el tribunal intervenir con la decisi\\u00f3n del Secretario de Estado denegando la inscripci\\u00f3n. Garriga Trad. Co. v. Century Pack Corp., 107 D.P.R. 519; 525 (1978).\\nEn el caso de Posadas de Puerto Rico Associates, Inc. v. Sands Hotel & Casino, 131 D.P.R. 21 (1992), el Tribunal Supremo se expres\\u00f3 sobre el concepto de \\\"probabilidad de confusi\\u00f3n\\\" bajo el derecho marcario. En dicho caso se\\u00f1al\\u00f3 el Tribunal que el derecho propietario de una marca pertenece al primero que la utilice en relaci\\u00f3n con su producto o servicio en la jurisdicci\\u00f3n que ofrece la protecci\\u00f3n jur\\u00eddica, por lo que \\u00fanicamente existe una violaci\\u00f3n a ese derecho si la marca utilizada posteriormente crea una probabilidad de confusi\\u00f3n al consumidor con respecto a la marca protegida. Dispuso, adem\\u00e1s, que existe probabilidad de confusi\\u00f3n cuando un comprador prudente y razonable puede comprar un producto bajo la creencia que est\\u00e1 comprando otro producto. La confusi\\u00f3n tiene que ser probable; no es suficiente una mera posibilidad de confusi\\u00f3n. El Tribunal Supremo reconoci\\u00f3 que no existe una norma precisa para determinar la existencia de probabilidad de confusi\\u00f3n entre dos productos o servicios. Es menester examinar las circunstancias particulares de cada caso, a base del balance entre los factores o criterios desarrollados jurispmdencialmente para analizar la probabilidad de confusi\\u00f3n. Algunos de estos criterios son: la similaridad entre las marcas, la similaridad de los productos o servicios, la fuerza de la marca o su distintivo, la intenci\\u00f3n del segundo usuario al adoptar la marca de servicio y evidencia de confusi\\u00f3n actual o real. En el aludido caso se explican individualmente estos criterios. Vale se\\u00f1alar que en cuanto al factor de confusi\\u00f3n actual, se determin\\u00f3 que no es necesaria evidencia a esos efectos para demostrar imitaci\\u00f3n de marcas, aunque constituir\\u00eda la mejor evidencia para demostrar que existe probabilidad de confusi\\u00f3n. Posadas, supra, p\\u00e1gs. 42-50.\\nEn la resoluci\\u00f3n recurrida, el Secretario de Estado reconoci\\u00f3 criterios similares a los establecidos por nuestra jurisprudencia seg\\u00fan se\\u00f1alados previamente, incluyendo y especificando otros, tales como similaridad en los m\\u00e9todos de mercadeo y canales de distribuci\\u00f3n, distintividad de la marca del usuario con mayor antig\\u00fcedad, posibilidad de que \\u00e9ste expanda servicios, extensi\\u00f3n de venta de servicios en territorios diferentes, y la intenci\\u00f3n del usuario reciente.\\nLa Ley de Marcas no contiene un procedimiento administrativo ulterior, luego de que el Secretario deniega la solicitud, como lo establece para cuando se propone inscribir el registro de una marca. Esta dispone que si del examen de la solicitud resulta rechazable el registro de la marca, el Secretario lo notificar\\u00e1 al solicitante, d\\u00e1ndole las razones para su rechazo. Si del examen resulta que tiene derecho al registro solicitado, se seguir\\u00e1 el procedimiento de ley de publicaci\\u00f3n y oportunidad de oposici\\u00f3n. Art\\u00edculo 7, 10 L.P.R.A. sec. 171e.\\nUna persona perjudicada por una decisi\\u00f3n del Secretario de Estado neg\\u00e1ndose a registrar una marca de f\\u00e1brica puede cuestionar dicha decisi\\u00f3n por dos v\\u00edas: (a) solicitando la cancelaci\\u00f3n del registro de la marca inscrita por otro, o (b) solicitando revisi\\u00f3n judicial. J. Bel\\u00e9ndez Sol\\u00e1, Inc. v. Rivera, 102 D.P.R. 276 (1974). Respecto a lo primero, la solicitud de cancelaci\\u00f3n debe ser sometida dentro de los cinco (5) a\\u00f1os de la inscripci\\u00f3n y estar basada en los fundamentos de ley entre \\u00e9stos, que la marca se ha convertido en nombre gen\\u00e9rico. Art\\u00edculo 19, 10L.P.R.A. sec. 171q.\\nGecko ten\\u00eda tambi\\u00e9n disponible la solicitud de reconsideraci\\u00f3n ante la agencia, mas opt\\u00f3 por presentar este recurso de revisi\\u00f3n judicial ampar\\u00e1ndose en argumentaciones para rebatir la decisi\\u00f3n recurrida. Reconoce en el recurso que el \\\"Restaurant Caf\\u00e9 Galer\\u00eda\\\" obtuvo la inscripci\\u00f3n de su nombre comercial con anterioridad a su solicitud. No obstante, argumenta que no existe probabilidad de confusi\\u00f3n con su solicitud para inscribir \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\", debido a que ambos locales comerciales est\\u00e1n dirigidos a clientela diferente, operan en distintos horarios y el concepto de los negocios es diferente. En s\\u00edntesis, arguye que los criterios relevantes demuestran que no hay similitud, porque a los nombres los distingue la palabra \\\"Restaurant\\\" y ambos negocios se orientan a clientela diferente en mercado y territorio; las palabras \\\"restaurant\\\", \\\"caf\\u00e9, y \\\"galer\\u00eda\\\" son com\\u00fanmente usadas en el ramo de servicios; existe proximidad de fechas, a\\u00f1o 1998, en el uso de ambos nombres; la experiencia ha sido que no existe confusi\\u00f3n, y que el \\\"Restaurant Caf\\u00e9 Galer\\u00eda\\\" ha tolerado el uso del nombre \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\".\\nLos argumentos del recurrente no derrotan la presunci\\u00f3n de correcci\\u00f3n de la resoluci\\u00f3n recurrida, ni encuentran apoyo en el expediente. Veamos.\\nEn las solicitudes de registro de marca de ambos negocios se describen los servicios como que incluyen el expendio de comida y bebida. Aunque los recurrentes caracterizan ante nos su negocio como una barra, donde incidentalmente se sirve comida, surge del Permiso de Uso expedido a su favor por la Administraci\\u00f3n de Reglamentos y Permisos (A.R.P.E.) que el establecimiento de los recurrentes est\\u00e1 autorizado a usarse como \\\"restaurante con expendio de bebidas alcoh\\u00f3licas con \\u00e1rea de banquetes\\\" y que como condici\\u00f3n al permiso se estableci\\u00f3 que el mismo no se convertir\\u00eda en barra o club nocturno. Ap\\u00e9ndice de la oposici\\u00f3n, p\\u00e1g. 5. Por tanto, hay base en el expediente para sustentar que los tipos de servicios representados por ambas marcas son similares y no se ha demostrado lo contrario. El uso se\\u00f1alado como el de exhibici\\u00f3n de obras de arte en la solicitud de \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\" no desvirt\\u00faa el car\\u00e1cter principal del negocio como de servicios de comida y bebida.\\nSe sostiene, pues, la determinaci\\u00f3n de similitud de ambos por la clasificaci\\u00f3n de miscel\\u00e1neos y por los servicios que ofrecen. Ambos ubican en el Viejo San Juan y su mercado es com\\u00fan. La diferencia que pretende establecer el recurrente a base de la clientela a que est\\u00e1n dirigidos, \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\", a j\\u00f3venes y j\\u00f3venes adultos con m\\u00fasica, amenidades para j\\u00f3venes y operaci\\u00f3n b\\u00e1sicamente nocturna y el \\\"Restaurant Caf\\u00e9 Galer\\u00eda\\\", a un p\\u00fablico maduro y operaci\\u00f3n temprana en la noche, no quedan evidenciados en el r\\u00e9cord, ni ante este Tribunal. Tampoco en la solicitud de registro de marca presentada por el recurrente, ni en el permiso concedido por A.R.P.E. se hace menci\\u00f3n de las especificaciones o diferencias que \\u00e9ste reclama. En cuanto al contenido gr\\u00e1fico y fon\\u00e9tico de los nombres, ello surge del uso en \\u00e9stos de las palabras \\\"caf\\u00e9\\\" y de \\\"gallery\\\" y \\\"galer\\u00eda\\\". Aunque las dos \\u00faltimas palabras son una en ingl\\u00e9s y otra en espa\\u00f1ol, suenan similares en su pronunciaci\\u00f3n.\\nPor otra parte, no hay la proximidad de fechas en usos que alega el recurrente. Seg\\u00fan la solicitud de \\\"Restaurant Caf\\u00e9 Galer\\u00eda\\\", este nombre se usa en el comercio desde 1995 y el del recurrente desde 1998, teniendo el primero, adem\\u00e1s de la protecci\\u00f3n registral, mayor antig\\u00fcedad.\\nRespecto a la contenci\\u00f3n de Gecko de que las palabras \\\"restaurant\\\", \\\"caf\\u00e9\\\" y \\\"galer\\u00eda\\\" son com\\u00fan y extensamente utilizadas por los comerciantes en el ramo de servicios, al grado de que la probabilidad de confusi\\u00f3n es menor por ese motivo, existe como hemos indicado, el procedimiento administrativo en ley ante el Departamento de Estado para solicitar la cancelaci\\u00f3n de un registro por el fundamento de que la marca se ha convertido en el nombre gen\\u00e9rico del producto o de los servicios para los cuales se usa, y no compete su dilucidaci\\u00f3n a este Tribunal.\\nEn cuanto a la alegaci\\u00f3n de que \\\"Restaurant Caf\\u00e9 Galer\\u00eda\\\" ha tolerado el uso de \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\", est\\u00e1 establecido que ni aun por convenio privado una parte puede permitir el uso de una marca para obligar al Secretario de Estado su inscripci\\u00f3n. El registro de una marca es no s\\u00f3lo en protecci\\u00f3n de una parte, sino especialmente en protecci\\u00f3n del p\\u00fablico consumidor. Garriga Trad. Co. Inc., supra, p\\u00e1g. 524.\\nPor \\u00faltimo, la falta de confusi\\u00f3n actual o real, \\u00fanico error levantado en el recurso, y de la intenci\\u00f3n del segundo usuario, no est\\u00e1 contenida en el expediente, ni se sustenta en el recurso. La probabilidad de confusi\\u00f3n surge de los criterios considerados por el Secretario de Estado, lo que no ha sido refutado por Gecko con otra pmeba que no sea la obrante en el expediente.\\nEn conclusi\\u00f3n, al considerar en conjunto los criterios aplicados en la resoluci\\u00f3n recurrida encontramos que no resulta arbitraria o irrazonable la determinaci\\u00f3n del Departamento de Estado de denegar la inscripci\\u00f3n de la marca \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\", ya que est\\u00e1 sustentada en el expediente que las marcas en cuesti\\u00f3n son similares en sus servicios, en su fon\\u00e9tica, y en el mercado a las que van dirigidas.\\nEn virtud de todo lo anterior, se deniega la expedici\\u00f3n del recurso.\\nLo acord\\u00f3 el Tribunal y lo certifica la Secretaria General.\\nAida Ileana Oquendo Graulau\\nSecretaria General\"}"

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+"{\"id\": \"11084425\", \"name\": \"EL PUEBLO DE PUERTO RICO Apelado v. JOSE M. ECHEVARRIA COLON Apelante\", \"name_abbreviation\": \"Pueblo v. Echevarria Colon\", \"decision_date\": \"2000-06-22\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. KLAN-99-00147\", \"first_page\": \"452\", \"last_page\": \"457\", \"citations\": \"6 T.C.A. 452\", \"volume\": \"6\", \"reporter\": \"Decisiones del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico\", \"court\": \"Puerto Rico Circuit Court of Appeals\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T19:24:36.105256+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Panel integrado por su Presidente, el Juez Miranda De Hostos y los Jueces Rivera P\\u00e9rez y Rodr\\u00edguez Garc\\u00eda\", \"parties\": \"EL PUEBLO DE PUERTO RICO Apelado v. JOSE M. ECHEVARRIA COLON Apelante\", \"head_matter\": \"2000 DTA 164\\nTRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES CIRCUITO REGIONAL VII DE CAROLINA Y FAJARDO\\nEL PUEBLO DE PUERTO RICO Apelado v. JOSE M. 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Padilla Bruno, J., sentenci\\u00f3 a Echevarr\\u00eda un a\\u00f1o de reclusi\\u00f3n, a ser cumplido bajo el r\\u00e9gimen de una sentencia suspendida y, adem\\u00e1s, le suspendi\\u00f3 la licencia de conducir por igual t\\u00e9rmino.\\nExaminado en sus m\\u00e9ritos el recurso que nos ha sido presentado, confirmamos la sentencia apelada.\\nI. Trasfondo F\\u00e1ctico y Procesal\\nEl d\\u00eda 20 de febrero de 1998, contra el apelante Jos\\u00e9 M. Echevarr\\u00eda Col\\u00f3n se present\\u00f3 una denuncia por la alegada comisi\\u00f3n del delito de Homicidio Involuntario mediando negligencia crasa o temeraria en la conducci\\u00f3n de un veh\\u00edculo de motor, Art. 87 del C\\u00f3digo Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4006. (Autos Originales, p\\u00e1g. 4). Por medio de la referida denuncia, a Echevarr\\u00eda se le imput\\u00f3 que, el d\\u00eda 5 de marzo de 1997, mientras conduc\\u00eda un veh\\u00edculo de motor propiedad de la Autoridad de Energ\\u00eda El\\u00e9ctrica y mediando imprudencia crasa o temeraria, entr\\u00f3 de manera s\\u00fabita y negligente a una v\\u00eda principal. Seg\\u00fan la denuncia, tales actos de Echevarr\\u00eda dieron lugar a que el peijudicado H\\u00e9ctor Rodr\\u00edguez Acevedo perdiera el control de la motocicleta en que viajaba y luego fuera a estrellarse contra el veh\\u00edculo conducido por el apelante, perdiendo la vida en el acto. Ibid. Adem\\u00e1s, surge del documento de Denuncia que el d\\u00eda 26 de febrero de 1998 se llev\\u00f3 a cabo una vista en la que se determin\\u00f3 causa probable para el arresto de Echevarr\\u00eda por el delito imputado y se le impuso una fianza de $100.00. Ibid.\\nPosteriormente, el d\\u00eda 20 de marzo de 1998, se celebr\\u00f3 la correspondiente vista preliminar. (Autos Originales, p\\u00e1g. 2). En la referida audiencia, se encontr\\u00f3 causa probable para acusar a Echevarr\\u00eda por el delito de Homicidio Involuntario, mediando mera negligencia en la conducci\\u00f3n de un veh\\u00edculo de motor. Art. 86 del C\\u00f3digo Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4005.\\nEl d\\u00eda 13 de abril de 1998, se llev\\u00f3 a cabo el acto de lectura de la acusaci\\u00f3n instada por el Ministerio P\\u00fablico contra Echevarr\\u00eda. (Autos Originales, p\\u00e1g. 14). En el transcurso de dicha audiencia, la defensa solicit\\u00f3 diez (10) d\\u00edas para que Echevarr\\u00eda sometiera su alegaci\\u00f3n, t\\u00e9rmino que le fue concedido. Adem\\u00e1s, en dicho acto, la defensa anunci\\u00f3 que el caso se ver\\u00eda por jurado y el tribunal anot\\u00f3 a Echevarr\\u00eda una alegaci\\u00f3n preliminar de no culpable. Ibid.\\nLuego de varios incidentes procesales, el d\\u00eda 13 de mayo de 1998, dio comienzo el proceso de desinsaculaci\\u00f3n del jurado ante el Tribunal de Primera Instancia. (Autos Originales, p\\u00e1g. 90). Dicho procedimiento de selecci\\u00f3n culmin\\u00f3 con la juramentaci\\u00f3n de los miembros del jurado en una vista efectuada el d\\u00eda 14 de mayo de 1998. (Autos Originales, p\\u00e1gs. 93-94). Durante la referida audiencia, Echevarr\\u00eda hizo alegaci\\u00f3n de no culpable y el Ministerio P\\u00fablico dio comienzo al desfile de su prueba. Ibid.\\nTerminado el acto del juicio y sometido el caso a la consideraci\\u00f3n del jurado, el d\\u00eda 9 de junio de 1998, el referido cuerpo deliberativo encontr\\u00f3 a Echevarr\\u00eda culpable del delito de Homicidio Involuntario, con una votaci\\u00f3n de nueve (9) jurados a favor de dicho fallo y tres (3) en contra, por lo que el caso fue asignado al Oficial Probatorio para el correspondiente Informe Presentencia. (Autos Originales, p\\u00e1g. 117). Posteriormente, el d\\u00eda 21 de enero de 1999, el Tribunal de Primera Instancia dict\\u00f3 sentencia contra Echevarr\\u00eda y lo conden\\u00f3 a un a\\u00f1o de reclusi\\u00f3n con el beneficio de una sentencia suspendida. (Autos Originales, p\\u00e1g. 250). Adem\\u00e1s, en su dictamen, el foro sentenciador suspendi\\u00f3 la licencia de conducir a Echevarr\\u00eda por el t\\u00e9rmino de un (1) a\\u00f1o.\\nInconforme con la referida sentencia, oportunamente Echevarr\\u00eda present\\u00f3 ante este Tribunal de Circuito de Apelaciones, el recurso apelativo que hoy nos ocupa y en el que nos solicita la revocaci\\u00f3n del dictamen apelado. En suma, Echevarr\\u00eda alega que ante el tribunal sentenciador no se demostraron los elementos del delito imputado ni la culpabilidad del acusado m\\u00e1s all\\u00e1 de duda razonable y que no se estableci\\u00f3 en el acto del juicio que existiera identidad entre la persona perjudicada y el cad\\u00e1ver al que se practic\\u00f3 la autopsia. Adem\\u00e1s, el apelante arguye que el foro judicial de primera instancia err\\u00f3 en la apreciaci\\u00f3n de la prueba y al declarar no ha lugar las mociones de absoluci\\u00f3n presentadas por la defensa.\\nLuego de un an\\u00e1lisis de los errores se\\u00f1alados, a la luz de la exposici\\u00f3n narrativa de la prueba que nos ha sido sometida y del derecho aplicable, confirmamos la sentencia apelada.\\nU. Derecho Aplicable\\nEs norma establecida en nuestra jurisdicci\\u00f3n que un tribunal apelativo no intervendr\\u00e1 con la apreciaci\\u00f3n que de la prueba haya hecho un tribunal de primera instancia, en ausencia de pasi\\u00f3n, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Mercado Rivera, et. al. v. Universidad Cat\\u00f3lica de Puerto Rico, _ D.P.R. _ (1997), 97 J.T.S. 106; Pueblo v. Meli\\u00e1 Le\\u00f3n, _ D.P.R. _ (1997), 97 J.T.S. 110; Rivera P\\u00e9rez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987); Quintana Tirado v. Longoria, 112 D.P.R. 276 (1982). Debe recordarse, sin embargo, que aunque el arbitrio del juzgador de hechos es respetable, no es absoluto, y que una apreciaci\\u00f3n err\\u00f3nea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la funci\\u00f3n revisora de un tribunal apelativo. M\\u00e9ndez de Rodr\\u00edguez v. Gonz\\u00e1lez Molina, _ D.P.R. _ (1996), 96 J.T.S. 149; C\\u00e1rdenas Max\\u00e1n v. Rodr\\u00edguez Rodr\\u00edguez, 125 D.P.R. 702 (1990); V\\u00e9lez v. Secretario de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); Rivera P\\u00e9rez v. Cruz Corchado, supra; Vda. de Morales v. De Jes\\u00fas Toro, 107 D.P.R. 826 (1978). Aunque haya evidencia que sostenga las conclusiones de hecho de un tribunal, si de un an\\u00e1lisis de la totalidad de la evidencia el foro apelativo queda convencido de que se cometi\\u00f3 un error, como cuando las conclusiones est\\u00e1n en conflicto con el balance m\\u00e1s racional, justiciero y jur\\u00eddico de la totalidad de la evidencia recibida, las consideramos claramente err\\u00f3neas. M\\u00e9ndez de Rodr\\u00edguez v. Gonz\\u00e1lez Molina, supra. V\\u00e9ase adem\\u00e1s: C\\u00e1rdenas Max\\u00e1n v. Rodr\\u00edguez Rodr\\u00edguez, supra; Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 D.P.R. 728 (1977); Sanabria v. Sucn. Gonz\\u00e1lez, 82 D.P.R. 885 (1961).\\nEl Art. II, sec. 11 de la Constituci\\u00f3n de Puerto Rico, establece una presunci\\u00f3n de inocencia a favor de todo acusado, exigi\\u00e9ndose, para derrotar la misma, que toda convicci\\u00f3n siempre est\\u00e9 sostenida por prueba que establezca la culpabilidad del acusado m\\u00e1s all\\u00e1 de duda razonable. Pueblo v. Gonz\\u00e1lez Rom\\u00e1n, _ D.P.R. _ (1995), 95 J.T.S. 86; Pueblo v. Pag\\u00e1n Santiago, 130 D.P.R. 470 (1992), 92 J.T.S. 56; Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729 (1991). Sin embargo, no se exige que se destruya toda duda posible, especulativa o imaginaria a los fines de establecer la culpabilidad del acusado. Es suficiente que el fallo del tribunal est\\u00e9 sostenido por prueba suficiente y satisfactoria que establezca certeza y convicci\\u00f3n moral en una conciencia exenta de preocupaci\\u00f3n o en un \\u00e1nimo no prevenido. Pueblo v. Cab\\u00e1n Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748 (1985). La duda razonable es aquella insatisfacci\\u00f3n o intranquilidad en la conciencia del juzgador de los hechos sobre la culpabilidad del acusado, una vez desfilada la totalidad de la prueba presentada por el Ministerio Fiscal. Pueblo v. Toro Rosas, 89 D.P.R. 169 (1963). Sobre el criterio de duda razonable para determinar culpabilidad, en el caso de Pueblo v. De Le\\u00f3n Mart\\u00ednez, 132 D.P.R. 746 (1993), se expres\\u00f3:\\n\\\"Es principio fundamental de nuestro sistema de derecho que la culpabilidad de un imputado de delito debe ser probada m\\u00e1s all\\u00e1 de duda razonable. Pueblo v. Ortiz Morales, 86 D.P.R. 456 (1962); Pueblo v. Carrasquillo, 102 D.P.R. 545 (1974); Pueblo v. Cab\\u00e1n Torres, 117 D.P.R. 645 (1986). Esta m\\u00e1xima es consustancial con el principio de presunci\\u00f3n de inocencia y es un elemento del debido proceso de ley. Pueblo v. Cruz Granados, 116 D.P.R. 3 (1984). Para cumplir con este requisito, se requiere que la prueba presentada sea \\\"suficiente en derecho\\\", lo que significa que la evidencia presentada tiene que producir certeza o convicci\\u00f3n moral en una conciencia exenta de preocupaci\\u00f3n o en un \\u00e1nimo no prevenido. Pueblo v. Carrasquillo, supra; Pueblo v. Rodr\\u00edguez Rom\\u00e1n, 128 D.P.R. _; 91 J.T.S. 26. La insatisfacci\\u00f3n con la prueba es lo que se conoce como duda razonable y fundada. Pueblo v. Toro Rosas, 89 D.P.R. 169 (1963); Pueblo v. Cab\\u00e1n Torres, supra. La determinaci\\u00f3n de que se ha probado la culpabilidad m\\u00e1s all\\u00e1 de duda razonable, es revisable en apelaci\\u00f3n como cuesti\\u00f3n de derecho. Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56 (1966); Pueblo v. Pag\\u00e1n D\\u00edaz, 111 D.P.R. 608 (1981). Cuando un an\\u00e1lisis ponderado de la prueba desfilada ante el foro de instancia nos produce duda razonable y fundada sobre si la culpabilidad del apelante ha quedado establecida m\\u00e1s all\\u00e1 de duda razonable, este Tribunal no ha vacilado en dejar sin efecto un fallo condenatorio. Pueblo v. Cab\\u00e1n Torres, supra, p\\u00e1g. 657; Pueblo v. Rivero Lugo y Almod\\u00f3var, 121 D.P.R. [454] (1988). \\\"\\nAunque la determinaci\\u00f3n de culpabilidad de un acusado es una cuesti\\u00f3n mixta de hecho y (je derecho, Pueblo v. Echevarria I, 128 D.P.R. 299 (1991); Pueblo v. Cab\\u00e1n, supra, el foro apelativo concede gran deferencia a la determinaci\\u00f3n que hace el juzgador de hechos a nivel de primera instancia y, de ordinario, no interviene con la misma en ausencia de pasi\\u00f3n, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Pueblo v. Somarriba, 131 D.P.R. 462 (1992); Pueblo v. Maisonave, 129 D.P.R. 49 (1991); Pueblo v. Echevarr\\u00eda I, supra. La raz\\u00f3n de ser de esta norma es obvia, pues es el juzgador de los hechos quien tiene la oportunidad de observar el comportamiento de los testigos en la silla testifical, lo cual constituye un aspecto de vital importancia al momento de adjudicar credibilidad. Pueblo v. D\\u00e1vila Delgado, _ D.P.R. _ (1997), 97 J.T.S. 68; V\\u00e9lez Reboyras v. Secretario de Justicia, 115 D.P.R 529 (1984); Ortiz v. Cruz Pab\\u00f3n, 103 D.P.R. 939 (1975); Rodr\\u00edguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 D.P.R. 579 (1970). Por otro lado, es norma trillada en nuestra jurisdicci\\u00f3n que la evidencia directa de un testigo que merezca entero cr\\u00e9dito al juzgador es pmeba suficiente para establecer la realidad de cualquier hecho. Regla 10 de las de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 10; El Pueblo de Puerto Rico v. Ch\\u00e9vere Heredia, _ D.P. R. _ (1995), 95 J.T.S. 115; P\\u00e9rez v. Acevedo Qui\\u00f1ones, 100 D.P.R. 894 (1972).\\nLuego de un an\\u00e1lisis detenido del presente recurso apelativo, somos del criterio de que no se cometieron los errores se\\u00f1alados y que procede confirmar la sentencia apelada. Del examen de la exposici\\u00f3n narrativa de la prueba estipulada por las partes, se desprende que ante el Tribunal de Primera Instancia y el Jurado asignado al caso se desfil\\u00f3 prueba que de ser cre\\u00edda, como en efecto lo fue, es suficiente en derecho para sustentar la culpabilidad de Echevarr\\u00eda m\\u00e1s all\\u00e1 de duda razonable.\\nDel testimonio vertido durante el acto del juicio por el testigo presencial de los hechos, Gabino Alicea S\\u00e1nchez, se desprende que, mientras \\u00e9ste viajaba por la Avenida 65 de Infanter\\u00eda en direcci\\u00f3n de R\\u00edo Grande hacia Can\\u00f3vanas, carril derecho, \\u00e9ste observ\\u00f3 c\\u00f3mo la camioneta de la Autoridad de Energ\\u00eda El\\u00e9ctrica (\\\"AEE\\\") conducida por Echevarr\\u00eda cruz\\u00f3 su carril de derecha a izquierda desde una calle marginal y que tuvo que detemerse para no impactarla. El testigo declar\\u00f3, adem\\u00e1s, que luego vio al motociclista perjudicado que viajaba por el carril izquierdo, tambi\\u00e9n de R\\u00edo Grande hacia Can\\u00f3vanas, tratando de esquivar la camioneta conducida por Echevarr\\u00eda para no impactarla; que, al ver la motocicleta, Echevarr\\u00eda detuvo su marcha y volvi\\u00f3 a reanudarla; que el motociclista perjudicado perdi\\u00f3 el control de la motocicleta en que viajaba y cay\\u00f3 de la misma, impactando con su cuerpo a la camioneta de la AEE en su parte posterior izquierda. El testigo Alicea S\\u00e1nchez a\\u00f1adi\\u00f3, tambi\\u00e9n, que al momento del accidente, la parte delantera de la camioneta conducida por Echevarr\\u00eda estaba entre las dos isletas que dividen la avenida y que la parte trasera del veh\\u00edculo ocupaba la mitad del carril izquierdo por donde transcurr\\u00eda el motociclista; que luego del accidente, baj\\u00f3 de su veh\\u00edculo, se aproxim\\u00f3 al occiso y observ\\u00f3 como \\u00e9ste \\\"solt\\u00f3 un buche de sangre y muri\\u00f3\\\" y que, posteriormente, \\\"movieron la guagua\\\".\\nPor su parte, del testimonio del polic\\u00eda que investig\\u00f3 el accidente, agente Nieves P\\u00e9rez Ortiz, surge que al llegar a la escena de los hechos pudo observar un cuerpo tendido en el carril izquierdo. M\\u00e1s adelante, a preguntas del Fiscal sobre cu\\u00e1l era la condici\\u00f3n del motociclista accidentado H\\u00e9ctor Rodr\\u00edguez, el testigo P\\u00e9rez Ortiz indic\\u00f3 que para su entender dicha persona estaba sin vida.\\nEl polic\\u00eda declar\\u00f3, en parte, que como \\u00fanico testigo de los hechos pudo entrevistar en el lugar del accidente a Gabino Alicea S\\u00e1nchez, quien identific\\u00f3 a Echevarr\\u00eda como la persona que conduc\\u00eda la camioneta de la AEE. El agente a\\u00f1adi\\u00f3 que el testigo Gabino Alicea S\\u00e1nchez le manifest\\u00f3 que la camioneta de la AEE se le cruz\\u00f3 de frente y que tuvo que parar para no chocarla; que el motociclista accidentado perdi\\u00f3 el balance, se cay\\u00f3 de la motocicleta, dio varias volteretas e impact\\u00f3 al cami\\u00f3n de la AEE que en esos momentos estaba cruzando la v\\u00eda de rodaje; y que el impacto no hab\\u00eda ocurrido donde estaba parado el veh\\u00edculo de la AEE en ese momento (en medio de las isletas de la avenida, fuera de la v\\u00eda de rodaje), sino m\\u00e1s atr\\u00e1s.\\nPor su parte, la Dra. Lyvia A. Alvarez, pat\\u00f3loga forense y Directora del Instituto de Ciencias Forenses, declar\\u00f3, en parte, haber realizado la autopsia al cuerpo del occiso H\\u00e9ctor Herminio Rodr\\u00edguez Acevedo el d\\u00eda 6 de marzo de 1997, un d\\u00eda despu\\u00e9s del accidente. Como resultado de dicho procedimiento, la Dra. Alvarez concluy\\u00f3 que el perjudicado Rodr\\u00edguez Acevedo muri\\u00f3 a ra\\u00edz de haber recibido un \\\"severo trauma corporal\\\".\\nEn cuanto a prueba documental se refiere, el Informe de Accidente preparado por el agente investigador Nieves P\\u00e9rez Ortiz el d\\u00eda de los hechos, identifica a H\\u00e9ctor Rodr\\u00edguez Acevedo como la persona que viajaba en la motocicleta accidentada. All\\u00ed se detalla que Echevarr\\u00eda cruz\\u00f3 la avenida sin tomar las debidas precauciones y que el motociclista H\\u00e9ctor Rodr\\u00edguez trat\\u00f3 de esquivarlo, por lo que perdi\\u00f3 el control de la motocicleta e impact\\u00f3 el veh\\u00edculo conducido por Echevarr\\u00eda, perdiendo la vida en el acto. Por su parte, las fotos tomadas en la escena de los hechos e identificadas como los Exhibits 3(c) por estipulaci\\u00f3n y 3(s) por estipulaci\\u00f3n, presentan la cartera y la licencia de conducir del occiso, identific\\u00e1ndolo como H\\u00e9ctor H. Rodr\\u00edguez Acevedo, n\\u00famero de seguro social [ XXX-XX-XXXX ] y n\\u00famero de licencia de conducir 1806143.\\nPor su parte, tanto el informe de autopsia como el informe toxicol\\u00f3gico admitidos en evidencia como Exhibit IV, nuevamente, por estipulaci\\u00f3n de las partes, indican que los mismos corresponden al occiso H\\u00e9ctor H. Rodr\\u00edguez Acevedo.\\nFinalmente, las fotos identificadas como Exhibits 3(o) por estipulaci\\u00f3n y 3(i), tambi\\u00e9n por estipulaci\\u00f3n, tienden a confirmar lo declarado por el testigo Gabino Alicea S\\u00e1nchez en el sentido de que el accidente ocurri\\u00f3 dentro de la v\\u00eda de rodaje por donde transcurr\\u00eda el motociclista H\\u00e9ctor H. Rodr\\u00edguez Acevedo, y que luego del accidente, la camioneta de la AEE fue removida del lugar de impacto.\\nEntendemos que a la luz de la evidencia rese\\u00f1ada, ante los miembros del jurado y el tribunal sentenciador, se desfil\\u00f3 prueba suficiente en derecho para sutentar un veredicto de culpabilidad contra Echevarr\\u00eda. El testimonio de Gabino Alicea S\\u00e1nchez, unido al del agente Nieves P\\u00e9rez Ortiz y al de la pat\\u00f3loga Dra. Lyvia A. Alvarez, tuvieron el efecto de establecer los elementos del delito de homicidio, consistentes en que los elementos del delito de homicidio, consistentes en que la actitud negligente de Echevarr\\u00eda al cruzar una v\\u00eda p\\u00fablica sin tomar las debidas precauciones e invadir la v\\u00eda de rodaje, provoc\\u00f3 que el motociclista H\\u00e9ctor H. Rodr\\u00edguez Acevedo perdiera el control de su motocicleta y fuera a estrellarse contra la camioneta conducida por Echevarr\\u00eda, perdiendo la vida.\\nPor otro lado, entendemos que la defensa no puede argumentar con \\u00e9xito que el Ministerio P\\u00fablico no haya establecido la identidad entre el cad\\u00e1ver del motociclista H\\u00e9ctor H. Rodr\\u00edguez Acevedo y aqu\\u00e9l al cual la Pat\\u00f3loga Lyvia Alvarez realiz\\u00f3 la autopsia. Una vez la defensa estipul\\u00f3 el Informe de Autopsia y el Informe Toxicol\\u00f3gico rendido por personal del Instituto de Ciencias Forenses con respecto al cuerpo de una persona identificada en dichos documentos como H\\u00e9ctor H. Rodr\\u00edguez Acevedo, tambi\\u00e9n estipul\\u00f3 que el cad\\u00e1ver con respecto al cual se rindieron tales informes correspond\\u00eda al motociclista accidentado el d\\u00eda de los hechos. Si la defensa ten\\u00eda alguna duda en cuanto a dicho extremo, no debi\\u00f3 dar su anuencia a la estipulaci\\u00f3n de los referidos informes.\\nFinalmente, la defensa de Echevarr\\u00eda llev\\u00f3 a cabo amplios contrainterrogatorios contra los testigos de la fiscal\\u00eda y tuvo amplia oportunidad de confrontar a los mismos con alegadas contradicciones e inconsistencias en sus respectivos testimonios y, a su vez, de crear dudas en la mente del juzgador con respecto a la credibilidad y confiabilidad de aque\\u00e9los. El jurado, en este caso, tuvo ocasi\\u00f3n de evaluar toda la prueba que le fue presentada, de observar el comportamiento credibilidad que le mereci\\u00f3 cada uno de ellos, tomando en cuenta las fortalezas y debilidades de cada testimonio, luego de lo cual emiti\\u00f3 un veredicto de culpabilidad contra Echevarr\\u00eda.\\nPor otro lado, no existe indicaci\\u00f3n alguna de que el panel de jurados ante el cual se ventil\\u00f3 el caso que nos ocupa, actuara movido por pasi\\u00f3n, prejuicio, parcialidad ni que haya cometido manifiesto error al aquilatar la prueba que le fue presentada. Ante tales circunstancias, sus conclusiones merecen deferencia ante este foro apelativo, por lo que no intervendremos con las mismas.\\nPor los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia apelada.\\nLo acord\\u00f3 y ordena el Tribunal y lo certifica la Secretaria General.\\nAida Ileana Oquendo Graulau\\nSecretaria General\"}"

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+"{\"id\": \"11084541\", \"name\": \"LUIS A. RIVERA SIACA, ET AL Demandantes-Apelados v. SECRETARIO DE HACIENDA Demandado-Apelante\", \"name_abbreviation\": \"Rivera Siaca v. Secretario de Hacienda\", \"decision_date\": \"2000-06-22\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. KLAN-2000-00399\", \"first_page\": \"466\", \"last_page\": \"472\", \"citations\": \"6 T.C.A. 466\", \"volume\": \"6\", \"reporter\": \"Decisiones del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico\", \"court\": \"Puerto Rico Circuit Court of Appeals\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T19:24:36.105256+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Panel integrado por su Presidenta, la Juez Alfonso de Cumpiano, el Juez Aponte Jim\\u00e9nez y la Juez Feliciano Acevedo\", \"parties\": \"LUIS A. RIVERA SIACA, ET AL Demandantes-Apelados v. 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Rivera Siaca, su esposa y la sociedad de gananciales, incluyendo los intereses y penalidades.\\nLa controversia central consiste en determinar si err\\u00f3 el tribunal al concluir que los c\\u00e1nones de arrendamiento recibidos por el alquiler del edificio de las oficinas centrales del Departamento de Educaci\\u00f3n estaban exentos del pago de contribuciones sobre ingresos, de conformidad con lo dispuesto por ley.\\nExaminados los alegatos de las partes, el dictamen apelado, el expediente y el derecho aplicable, determinamos que no err\\u00f3 el tribunal y que procede confirmar la sentencia.\\nI\\nEl 30 de diciembre de 1996, el Departamento notific\\u00f3 a los apelados una serie de deficiencias contributivas en las planillas de contribuci\\u00f3n sobre ingresos correspondientes a los a\\u00f1os 1990, 1991, 1992 y 1993. Dichas deficiencias se basaron en que \\u00e9stos no incluyeron en el ingreso bruto de cada uno de los referidos a\\u00f1os la suma de $3,918,861.96 por c\\u00e1nones de arrendamiento recibidos por el alquiler del edificio en que ubican las oficinas centrales del Departamento de Educaci\\u00f3n. Las deficiencias, intereses y penalidades, seg\\u00fan fueron notificados, ascend\\u00edan a un total de $8,121,829.56.\\nInconformes con la notificaci\\u00f3n del Departamento, los apelados presentaron, el 30 de enero de 1997, demanda contra \\u00e9ste, en la que impugnaron las deficiencias contributivas. Solicitaron la cancelaci\\u00f3n en su totalidad de las deficiencias, los intereses y penalidades a base de que las aludidas rentas estaban excluidas, de conformidad con las disposiciones de la secci\\u00f3n 22(b)(8) de la entonces vigente Ley de Contribuciones Sobre Ingresos de Puerto Rico de 1954. 13 L.P.R.A. sec. 3022(b)(8). En la alternativa, los apelados solicitaron que se les permitiera reclamar deducciones contra dicho ingreso que no fueron consideradas por el Departamento, las cuajes reducir\\u00edan el monto de lo adeudado.\\nUna vez prestada el monto de la fianza por los apelados, el Departamento present\\u00f3 su contestaci\\u00f3n. Acept\\u00f3 algunas de las alegaciones de la demanda y neg\\u00f3 total o parcialmente otras. Los apelados solicitaron que se dictara sentencia sumaria por no haber controversia real sustancial en cuanto a ning\\u00fan hecho material y por tratar el asunto de una controversia estrictamente de derecho. Entre sus planteamientos, argumentaron que la pr\\u00e1ctica del Departamento en la interpretaci\\u00f3n de la disposici\\u00f3n concernida, considerando las rentas objeto del presente litigio exentas de tributaci\\u00f3n para a\\u00f1os anteriores, imped\\u00eda al Secretario de Hacienda variar su posici\\u00f3n. Junto a la moci\\u00f3n de sentencia sumaria, incluyeron, entre otros documentos relativos a la previa interpretaci\\u00f3n administrativa de la disposici\\u00f3n, una declaraci\\u00f3n jurada del Sr. Luis A. Rivera Siaca. En \\u00e9sta se describe detalladamente el uso de las oficinas y la naturaleza de los programas ubicados en el edificio en cuesti\\u00f3n.\\nEl Departamento, en su oposici\\u00f3n, replic\\u00f3 a los argumentos de los apelados sobre la interpretaci\\u00f3n de la ley y las previas pr\\u00e1cticas administrativas y solicit\\u00f3 se determinaran correctas en derecho las deficiencias.\\nEl tribunal celebr\\u00f3 vista argumentativa sobre los planteamientos presentados en las aludidas mociones. Solicit\\u00f3 a las partes efectuaran una inspecci\\u00f3n con el prop\\u00f3sito de corroborar las funciones que lleva a cabo el Departamento de Educaci\\u00f3n en el edificio y que sometieran un escrito de estipulaci\\u00f3n sobre dichas funciones. Tambi\\u00e9n les solicit\\u00f3 que presentaran en forma conjunta el historial de ambas C\\u00e1maras Legislativas de la Ley N\\u00fam. 84 de 30 de mayo de 1970, que enmend\\u00f3 la secci\\u00f3n 22 de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos de 1954, para incluir la exenci\\u00f3n a que se refiere este caso.\\nUna vez las partes cumplieron con lo ordenado, el tribunal determin\\u00f3 que no exist\\u00eda controversia real sustancial en cuanto a ning\\u00fan hecho material y que proced\\u00eda la sentencia sumaria como cuesti\\u00f3n de derecho a favor de los apelados. Conforme los documentos sometidos y los hechos estipulados, formul\\u00f3 determinaciones de los hechos materiales. Incluy\\u00f3 conclusiones de derecho a la luz de \\u00e9stos, analiz\\u00f3 las disposiciones legales pertinentes y su historial legislativo e interpret\\u00f3, bajo las normas de hermen\\u00e9utica legal aplicables a los casos contributivos, que las rentas recibidas por los apelados estaban exentas de tributaci\\u00f3n bajo la ley y que no proced\\u00edan las deficiencias contributivas. En virtud de ello, el tribunal orden\\u00f3 la cancelaci\\u00f3n en su totalidad de las deficiencias notificadas, los intereses y penalidades. Oportunamente, el Departamento solicit\\u00f3 reconsideraci\\u00f3n, los apelados presentaron su oposici\\u00f3n y el tribunal la declar\\u00f3 sin lugar. El Departamento present\\u00f3 una segunda moci\\u00f3n de reconsideraci\\u00f3n, la cual tambi\\u00e9n fue denegada.\\nEl Departamento solicita, en el recurso, que revoquemos la sentencia apelada, alegando que en la interpretaci\\u00f3n de la ley el tribunal se desvi\\u00f3 de la norma de interpretaci\\u00f3n restrictiva de las leyes contributivas. Plantea, tambi\\u00e9n, que err\\u00f3 al incluir en sus determinaciones de hechos actuaciones previas del Departamento reconociendo la exenci\\u00f3n en situaciones como la invocada por los apelados para sostener su conclusi\\u00f3n.\\nLos apelados en su alegato arguyen, en esencia, que la interpretaci\\u00f3n judicial es c\\u00f3nsona con lo dispuesto en ley, con su intenci\\u00f3n y con las normas jurisprudenciales sobre interpretaci\\u00f3n de leyes contributivas. Se\\u00f1alan que las referencias en la sentencia a las previas actuaciones del Departamento, no sirvieron de base para el dictamen.\\nII\\nDe entrada, debemos dejar establecido que no se cuestiona el mecanismo de sentencia sumaria utilizado para resolver este caso. Las partes circunscriben la controversia a la interpretaci\\u00f3n y aplicaci\\u00f3n de una disposici\\u00f3n legal, bajo los hechos sustanciales estipulados. Debemos tambi\\u00e9n se\\u00f1alar que la sentencia apelada est\\u00e1 debidamente fundamentada, cubre y analiza los aspectos medulares de la controversia y, a nuestro juicio, es correcta en derecho. Por tanto, es suficiente que demos \\u00e9nfasis s\\u00f3lo a lo m\\u00e1s relevante, tomando en cuenta los planteamientos de las partes.\\n-A-\\nEn su primer se\\u00f1alamiento de error, el Departamento alega que el tribunal de instancia err\\u00f3 al interpretar de manera amplia la ley y concluir que la exenci\\u00f3n dispuesta en la anterior secci\\u00f3n 22 (b) (8), incluia el edificio en el cual ubican las oficinas centrales del Departamento de Educaci\\u00f3n.\\nExaminemos el lenguaje de la referida secci\\u00f3n y su interpretaci\\u00f3n por el tribunal.\\nLa secci\\u00f3n 22(b)(8), supra, establece que:\\n\\\"Secci\\u00f3n 22. Ingreso bruto\\n(a)...\\n(b) Exclusiones del ingreso bruto. Las siguientes partidas no estar\\u00e1n incluidas en el ingreso bruto y estar\\u00e1n exentas de tributaci\\u00f3n bajo este subt\\u00edtulo:\\n(D...\\n(8) Ingresos provenientes de edificios arrendados o rentados al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para hospitales p\\u00fablicos, casas de salud o de convalecencia y facilidades complementarias a dichos hospitales y casas de salud o de convalecencia, tales como viviendas para enfermeras, cafeter\\u00eda, servicios de lavander\\u00eda, centros de rehabilitaci\\u00f3n f\\u00edsica y vocacional; para escuelas p\\u00fablicas, y facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n, tales como bibliotecas, librer\\u00edas, residencias de estudiantes y profesores y centros de servicios m\\u00faltiples como los de cafeter\\u00eda, reuni\\u00f3n y esparcimiento; o en la construcci\\u00f3n de edificios para ser arrendados a entidades defines no pecuniarios que los utilicen como hospitales, casas de salud o de convalecencia y facilidades f\\u00edsicas complementarias. \\\"\\nEsta secci\\u00f3n, en la parte que nos concierne, excluye del ingreso bruto sujeto a tributaci\\u00f3n los c\\u00e1nones de arrendamiento recibidos del alquiler de edificios al Gobierno de Puerto Rico para uso de escuelas p\\u00fablicas, facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n, y centros de servicios m\\u00faltiples. No limita la exenci\\u00f3n al alquiler de edificaciones para escuelas p\\u00fablicas, sino que comprende otras estructuras complementarias a la educaci\\u00f3n. A manera de ejemplo, enumera estructuras que se consideran facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n (tales como bibliotecas, librer\\u00edas, residencias de estudiantes y profesores) y centros de servicios m\\u00faltiples (como las de cafeter\\u00eda, reuni\\u00f3n y esparcimiento), sujetos a la exenci\\u00f3n.\\nEl tribunal resolvi\\u00f3 a base de lo informado conjuntamente por las partes sobre las funciones, programas y prop\\u00f3sitos de las diferentes oficinas del Departamento de Educaci\\u00f3n durante los a\\u00f1os de las deficiencias notificadas que el edifico donde \\u00e9ste ubica constituye una facilidad complementaria a la educaci\\u00f3n dentro del significado de la secci\\u00f3n 22(b)(8) previamente transcrita. En su detallada explicaci\\u00f3n, consider\\u00f3 que todos los servicios que se brindan en el edificio se relacionan exclusivamente con la administraci\\u00f3n, direcci\\u00f3n y supervisi\\u00f3n del sistema educativo de Puerto Rico y comprenden la prestaci\\u00f3n de servicios a los profesores y estudiantes participantes de ese sistema.\\nSeg\\u00fan surge del Informe sobre Inspecci\\u00f3n al Edificio del Departamento de Educaci\\u00f3n, estipulado por las partes, en el edificio se encuentran ubicadas facilidades, tales como la Secretar\\u00eda Auxiliar de Planificaci\\u00f3n y Desarrollo Educativo que est\\u00e1 encargada de la planificaci\\u00f3n escolar en sus diferentes aspectos, el Centro de Informaci\\u00f3n, Diseminaci\\u00f3n y Lectura que incluye una biblioteca para uso de los empleados, personal docente y p\\u00fablico en general, el Centro de Recursos para la Alfabetizaci\\u00f3n y Educaci\\u00f3n de Adultos (CRAEDA) qu\\u00e9 provee el apoyo necesario para erradicar el analfabetismo para el a\\u00f1o 2000, la Divisi\\u00f3n de Planificaci\\u00f3n, Investigaci\\u00f3n y Evaluaci\\u00f3n que est\\u00e1 a cargo de un sinn\\u00famero de programas, tales como la Oficina de Derechos Civiles, el Instituto de Preparaci\\u00f3n Tecnol\\u00f3gica y Articulaci\\u00f3n Universitaria, Educaci\\u00f3n/Agr\\u00edcola, Econom\\u00eda Dom\\u00e9stica, Educaci\\u00f3n Vocacional Industrial y la Biblioteca de la Secretar\\u00eda Auxiliar de Educaci\\u00f3n Tecnol\\u00f3gica, todos ellos a cargo de coordinar y dirigir actividades directamente relacionadas con la educaci\\u00f3n desde el mismo edificio o en las diferentes regiones educativas, y finalmente, el Centro de Desarrollo Preescolar que incluye una escuela maternal y otra preescolar. (Ap\\u00e9ndice del recurso, p\\u00e1g. 341).\\nSe puede apreciar de lo anterior que las facilidades ubicadas en el edificio del Departamento de Educaci\\u00f3i\\u00ed est\\u00e1n relacionadas con la educaci\\u00f3n, no s\\u00f3lo en lo administrativo, sino en cuanto a actividades de servicitis a \\u00e9sta, y en programas de formulaci\\u00f3n de la pol\\u00edtica p\\u00fablica educativa. Respecto a los ejemplos espec\\u00edficos de la secci\\u00f3n que examinamos, en el edificio se encuentran varias bibliotecas, algunas de ellas para uso p\\u00fablico, se brinda orientaci\\u00f3n al personal docente y se coordinan servicios m\\u00faltiples necesarios para el sostenimiento del sistema educativo de Puerto Rico.\\nAl efectuar su interpretaci\\u00f3n, el tribunal analiz\\u00f3, en primer lugar, la letra de la disposici\\u00f3n de ley. De \\u00e9sta surge claramente, como se\\u00f1alamos, que la exenci\\u00f3n no se limita a las escuelas p\\u00fablicas, sino que incluye las facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n. La frase \\\"tales como \\\", previa al listado incluido en la disposici\\u00f3n de referencia, hace del listado uno ejemplificativo y no taxativo. Como lo reconoce el Departamehto, est\\u00e1 resuelto que en la redacci\\u00f3n de un estatuto sobre exenci\\u00f3n contributiva en el que se utiliza la frase \\\"tales como\\\" y luego se describen situaciones, las palabras espec\\u00edficas enumeradas son s\\u00f3lo ilustrativas y no limitativas de las situaciones en que aplicar\\u00eda la exenci\\u00f3n. Tugwell, Gobernador v. Corte, 64 D.P.R. 220 (1944).\\nPor tanto, la frase \\\"tales como\\\", seguida del t\\u00e9rmino facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n de la secci\\u00f3n 22(b)(8), puede incluir otras estructuras an\\u00e1logas o facilidades c\\u00f3nsonas con los ejemplos enumerados en la disposici\\u00f3n.\\nLa letra de la disposici\\u00f3n no permite inferir que \\u00e9sta se limita a facilidades en que se brinde servicio \\u00fanicamente a los estudiantes. Tampoco surge de \\u00e9sta que las estructuras tengan que estar ubicadas dentro o anejadas a las escuelas. Los ejemplos de ley incluyen facilidades en las cuales se prestan servicios de variada naturaleza, tanto a profesores como a estudiantes del sistema escolar, que pueden estar localizados en sitios fuera del plantel escolar.\\nEn segundo lugar, el tribunal consider\\u00f3 el historial legislativo de la disposici\\u00f3n legal bajo an\\u00e1lisis. La secci\\u00f3n 22(b)(8) fue incorporada a la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos de 1954 mediante la Ley N\\u00fam. 84 de 30 de mayo de 1970. El proyecto de ley que dio base a \\u00e9sta, s\\u00f3lo confer\\u00eda exenci\\u00f3n contributiva a los intereses sobre obligaciones cuyo importe era invertido en la construcci\\u00f3n de edificios para ser arrendados al Gobierno para escuelas, facilidades p\\u00fablicas complementarias a la educaci\\u00f3n y centros de servicios m\\u00faltiples. P. de la C. 820 (1970). En el Senado, el referido proyecto fue enmendado para extender la exenci\\u00f3n contributiva provista a las rentas recibidas por el propietario de los edificios.\\nEl r\\u00e9cord legislativo demuestra que el prop\\u00f3sito de la medida es crear incentivos adicionales a los inversionistas para promover mejoras y nuevas construcciones de propiedades inmuebles para liberar al Estado de tener que dedicar fondos del fisco para la construcci\\u00f3n de edificios a ser destinados para fines p\\u00fablicos en las \\u00e1reas de la educaci\\u00f3n y la salud. Aparte de la intenci\\u00f3n legislativa de expandir los beneficios contributivos como inicialmente contemplados, el r\\u00e9cord legislativo no ofrece gu\\u00eda alguna para la interpretaci\\u00f3n del lenguaje \\\"facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n\\\", incorporado en la disposici\\u00f3n legal que tratamos. S\\u00ed podemos indicar que no hay referencia alguna en el r\\u00e9cord legislativo, como no lo hay en la ley, a que las facilidades complementarias se circinscriban a las escuelas p\\u00fablicas o que se deban encontrar dentro o anejadas a los planteles escolares. (Ap\\u00e9ndice del recurso, p\\u00e1gs. 291-340).\\nNo hay controversia en cuanto a que los apelados financiaron la totalidad del costo de adquisici\\u00f3n y mejoras del edificio arrendado, sin que el Departamento de Educaci\\u00f3n o el Estado aportaran cantidad de dinero alguna. (Determinaciones de Hechos 6 y 7, Ap\\u00e9ndice del recurso, p\\u00e1g. 6). Ese hecho es definitivamente c\\u00f3nsono con el prop\\u00f3sito de la ley de liberar al Estado de la utilizaci\\u00f3n de fondos p\\u00fablicos para la construcci\\u00f3n de edificaciones dedicadas a fines p\\u00fablicos en el \\u00e1rea de la educaci\\u00f3n. La inversi\\u00f3n del edificio efectuada por los apelados provey\\u00f3 al Estado de facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n sin tener que utilizar fondos p\\u00fablicos en su construcci\\u00f3n y mejoras.\\nFinalmente, el tribunal consider\\u00f3 y reconoci\\u00f3 las normas de hermen\\u00e9utica legal respecto a que las exenciones contributivas deben ser interpretadas restrictivamente en contra de aqu\\u00e9l que alega tener derecho a ellas. Estas se caracterizan como un privilegio, sujeta su concesi\\u00f3n a los l\\u00edmites y restricciones que el legislador tenga a bien imponer. Al respecto, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que las exenciones contributivas constituyen actos de liberalidad del legislador cuyo efecto neto es asignar fondos p\\u00fablicos a favor de la persona o entidad beneficiada con la exenci\\u00f3n, por lo cual no debe reconocerse m\\u00e1s de lo que el estatuto otorga. Industria Lechera de P.R. v. Secretario, 95 D.P.R. 839, 842 (1968).\\nEl Tribunal Supremo ha efectuado interpretaciones estrictas y restrictivas en contra del contribuyente respecto a asuntos espec\\u00edficos, tales como en Pardavco, Inc. v. Secretario, 104 D.P.R. 115 (1975), tributaci\\u00f3n de intereses recibidos por una corporaci\\u00f3n extranjera provenientes de dep\\u00f3sitos existentes en bancos extranjeros en Puerto Rico; Central Igualdad, Inc., v. Secretario, 83 D.P.R. 45 (1961), bonificaci\\u00f3n concedida a colonos relacionados con la empresa y no a todos los colonos; Descartes v. Tribunal de Contribuciones, 71 D.P.R. 248 (1950), ingreso recibido por una sociedad no pagado a los socios; Buscaglia v. Tribunal de Contribuciones, 61 D.P.R. 585 (1947), deducciones sobre intereses pagados a otro miembro de una familia. Pero ha reconocido, igualmente, nuestro m\\u00e1s alto foro judicial, que la interpretaci\\u00f3n restrictiva de un estatuto que establece exenci\\u00f3n contributiva no puede llegar a destruir el verdadero prop\\u00f3sito del legislador, no puede tomarse conao cosa separada de la voluntad del legislador, no puede ser tan estrecha que derrote su prop\\u00f3sito, y que lo que se requiere es que la interpretaci\\u00f3n sea razonable. Industria Lechera de P.R. v. Sec. de Hacienda, supra; Esso Standard Oil Co. v. Autoridad de los Puertos, 95 D.P.R. 772 (1968); Licorer\\u00eda Trigo Inc. v. Serio, de Hacienda, 94 D.P.R. 270, 279 (1967); Francis Adams v. Tribunal de Contribuciones, 74 D.P.R. 19, 24 (1952); Figueroa & Gautier v. Domenech, Tes., 53 D.P.R. 875, 879 (1938).\\nEn otras palabras, la regla de la interpretaci\\u00f3n estricta de las exenciones cede ante las razones de pol\\u00edtica p\\u00fablica que enmarcan la ley. La interpretaci\\u00f3n restrictiva y estrecha que derrote el prop\\u00f3sito por el cual se estableci\\u00f3 la exenci\\u00f3n no puede prevalecer. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobaci\\u00f3n e Interpretaci\\u00f3n de las Leyes en Puerto Rico, Vol. II, Publicaciones J.T.S., 1987, p\\u00e1g. 461.\\nSe ha expresado que la base para aplicar la regla interpretativa estricta es minimizar el trato diferente y propiciar imparcialidad e igualdad en los contribuyentes y que las razones de dicha regla no aplican en casos de exenciones en beneficio del Gobierno o sus agencias. Por otro lado, tribunales de otras jurisdicciones han examinado m\\u00e1s all\\u00e1 del car\\u00e1cter gubernamental o privado del contribuyente y enfocado el car\\u00e1cter de la actividad particular que est\\u00e1 sujeta a la contribuci\\u00f3n. Ciertamente, el fin p\\u00fablico o beneficio gubernamental es un criterio a tomar en cuenta al efectuar una interpretaci\\u00f3n de la exenci\\u00f3n. V\\u00e9ase Sutherland Stat. Const, sec. 66.09 (5th Ed.).\\nEn el presente caso, el fin que tuvo el legislador era promover incentivos para que inversionistas proveyeran al Estado con mejoras y nuevas construcciones para la salud y la educaci\\u00f3n, \\u00e1reas de gran importancia social para nuestro pueblo. Los apelados invirtieron en el edificio arrendado al Estado, liber\\u00e1ndolo de su construcci\\u00f3n. La aplicaci\\u00f3n de la exenci\\u00f3n a las rentas provenientes del edificio no se aparta indebidamente de la norma de interpretaci\\u00f3n restrictiva, guarda armon\\u00eda con la regla que precept\\u00faa que las leyes en materia contributiva, si bien deben considerarse de manera estricta, deben recibir una interpretaci\\u00f3n razonable, tendente a llevar a efecto y no derrotar el prop\\u00f3sito y la intenci\\u00f3n del legislador. En fin, a tenor de los fundamentos de la sentencia apelada, el tribunal no hizo caso omiso de las normas interpretativas en cuanto a las exenciones contributivas. Las razones de pol\\u00edtica p\\u00fablica que movieron al legislador a conceder la exenci\\u00f3n dan fundamento a su interpretaci\\u00f3n. Su actuaci\\u00f3n enmarca en lo expuesto por el legislador en el estatuto, se ajusta a la intenci\\u00f3n legislativa, no ampl\\u00eda de manera irrazonable la ley y encaja en los par\\u00e1metros de los ejemplos dispuestos en la misma.\\nPor otro lado, la interpretaci\\u00f3n propuesta por el Departamento no encuentra apoyo en la letra de la ley, ni en su historial legislativo. Su contenci\\u00f3n estriba en que la interpretaci\\u00f3n judicial del estatuto en cuesti\\u00f3n es m\\u00e1s amplia que la voluntad expresa del legislador. Se ampara en las normas de hermen\\u00e9utica tradicionalmente adoptadas para las exenciones contributivas, pero desatiende el llamado jurisprudencial y doctrinario que \\u00e9stas no pueden aplicarse para derrotar el prop\\u00f3sito de la ley, ni el lenguaje del estatuto, ni para obtener un resultado irrazonable. El historial legislativo, de manera alguna sustenta la interpretaci\\u00f3n del Departamento.\\nNo tenemos base alguna en derecho para sustituir la razonada interpretaci\\u00f3n incluida en la sentencia, por la del Departamento. Procede, por tanto, confirmar la sentencia en cuanto dispuso que el edificio del Departamento de Educaci\\u00f3n constituye una facilidad f\\u00edsica complementaria a la educaci\\u00f3n, que las rentas devengadas por los apelados por el alquiler del mismo est\\u00e1n exentas de tributaci\\u00f3n para prop\\u00f3sitos de la anterior secci\\u00f3n 22(b) (8) y que orden\\u00f3 la cancelaci\\u00f3n en su totalidad de las deficiencias contributivas notificadas, de los intereses y penalidades.\\n-B-\\nEn su segundo se\\u00f1alamiento de error, el Departamento plantea que err\\u00f3 el tribunal al incluir como parte de sus determinaciones de hechos, actuaciones previas de funcionarios del Departamento para concluir que los ingresos de rentas en este caso son excluibles del ingreso bruto. No se cometi\\u00f3 error en la inclusi\\u00f3n de dichas determinaciones, cuya existencia encuentra apoyo en el expediente. La variaci\\u00f3n posterior en la interpretaci\\u00f3n por la agencia no significa que no existieron. Por otra parte, surge de la sentencia apelada que el tribunal no entr\\u00f3 a determinar si las interpretaciones administrativas a las que se refiri\\u00f3 y que formaron parte del expediente, constitu\\u00edan una pr\\u00e1ctica administrativa del Departamento que le impidiera variar su posici\\u00f3n. Por el contrario, espec\\u00edficamente se\\u00f1al\\u00f3 que no era necesario entrar en la consideraci\\u00f3n de ese planteamiento. Se limit\\u00f3 a se\\u00f1alar que dichas determinaciones eran consistentes con lo resuelto por el tribunal. Est\\u00e1 claro en la sentencia que la decisi\\u00f3n se bas\\u00f3 exclusivamente en la interpretaci\\u00f3n judicial de la disposici\\u00f3n legal de referencia.\\nIII\\nPor los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia de 4 de octubre de 1999 dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.\\nLo acord\\u00f3 y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria General.\\nAida Ileana Oquendo Graulau\\nSecretaria General\"}"

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+"{\"id\": \"11257874\", \"name\": \"Salomons v. Leon\", \"name_abbreviation\": \"Salomons v. Leon\", \"decision_date\": \"1904-04-06\", \"docket_number\": \"No. 62\", \"first_page\": \"180\", \"last_page\": \"198\", \"citations\": \"6 P.R. 180\", \"volume\": \"6\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T17:07:42.587454+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Jueces concurrentes: Sres. Presidente Qui\\u00f1ones y Aso-ciados Figueras, Sulzbacher y MacLeary.\", \"parties\": \"Salomons v. Leon.\", \"head_matter\": \"Salomons v. Leon.\\nApelaci\\u00f3n procedente de la Corte de Distrito de Ponce.\\nNo. 62.\\nResuelto en Abril 6, 1904.\\nOblisaciones \\u2014 Contratos\\u2014Interpretaci\\u00f3n de los Mismos. \\u2014 Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contra-tantes y deben cumplirse \\u00e1 su tenor, y estos no deben ser objeto de inter-pretaci\\u00f3n cuando su sentido sea claro y terminante ,no siendo l\\u00edcito desna-turalizar el sentido de sus cl\\u00e1usulas con interpretaciones violentas.\\nId. \\u2014 Cumplimiento de los Mismos \\u2014 Indemnizaci\\u00f3n.\\u2014En los casos en que una parte dejare de cumplir las estipulaciones convenidas en un contrato, pro-cede obligarla al cumplimiento de las mismas y \\u00e1 la correspondiente in-demnizaci\\u00f3n de los da\\u00f1os y perjuicios \\u00e1 que su incumplimiento hubiere dado' lugar.\\nId. \\u2014 -El incumplimiento por una parte, de las cl\\u00e1usulas establecidas en un con-trato, en su propio beneficio y utilidad, \\u00e1 nadie m\\u00e1s que \\u00e1 la misma parte pudiera perjudicar, y por consiguiente, no es procedente exigirle el cum-plimiento de las expresadas cl\\u00e1usulas.\\nCostas \\u2014 Ealta de Temeridad. \\u2014 No Habiendo notoria y manifiesta temeridad en las partes litigantes y no desestim\\u00e1ndose totalmente las pretensiones de una y otra, el pronunciamiento de costas debe Hacerse sin especial condenaci\\u00f3n.\\nEXPOSICION DEL CASO.\\nEn el juicio seguido ante el Tribunal de Distrito de Ponce, entre partes, de la una Do\\u00f1a Ana Salomons y Lind, deman-dante, y de la otra Don Esteban de Le\\u00f3n y Mart\\u00ednez, de-mandado, sobre cumplimiento de un contrato, cuyo juicio pende ante nos \\u00e1 virtud de recurso de casaci\\u00f3n, boy de ape-laci\\u00f3n, interpuesto por Le\\u00f3n y Mart\\u00ednez, contra la sentencia que dict\\u00f3 el referido Tribunal, habiendo llevado la represen-taci\\u00f3n y defensa de la parte recurrente, ante esta Corte Su-prema, el Letrado Don Antonio Alv\\u00e1rez Nava, y las de la recurrida, el Letrado Don Jos\\u00e9 de Gruzm\\u00e1n Benitez.\\nResultando: que la expresada sentencia, dictada en 22 de Julio de 1902, copiada \\u00e1 la letra dice as\\u00ed:\\n\\u201cSentencia. \\u2014 En la ciudad de Ponce \\u00e1 los veinte y dos d\\u00edas del mes de Julio de mil novecientos dos. Visto en juicio oral y p\\u00fablico este pleito seguido en autos declarativos y entre partes, de la una, como demandante, Do\\u00f1a Ana Salomons Lind, mayor de edad, viuda, y vecina de esta ciudad; representada por el Letrado Don Manuel Le\\u00f3n Parra; y de la otra como demandado Don Esteban de Leon y Mart\\u00ednez, mayor de edad, vecino de esta ciudad, propietario; representado por el Letrado Don Luciano Ortiz Ant\\u00f3n; sobre cumplimiento de varias cl\\u00e1usulas de un contrato. Siendo Ponente para la redacci\\u00f3n de esta sentencia el Sr. Juez Presidente Don Isidoro Soto Nusa.\\nResultando: que con fecha diez y siete de Abril del corriente a\\u00f1o Do\\u00f1a Ana Salomons y Lind, por medio del Letrado Sr. Le\\u00f3n Parra, estableci\\u00f3 la presente demanda en juicio declarativo contra Don Esteban de Le\\u00f3n y Mart\\u00ednez, solicitando se condenase \\u00e1 \\u00e9ste \\u00e1 que en el t\\u00e9rmino que el Tribunal fije, levante en los terrenos arrendados pastos de malojillo completamente libres de plantas da\\u00f1osas, que puedan perjudicar \\u00e1 aquellos, y adem\\u00e1s \\u00e1 que arregle los canales de riego para aprovechar una concesi\\u00f3n de agua que tiene dicha finca; apercibido que de no hacerlo, se efectuar\\u00e1 \\u00e1 su costa, y que se le condene adem\\u00e1s al abono de los da\\u00f1os y perjuicios originados y que se originen \\u00e1 contar desde el d\\u00eda quince de Febrero del corriente a\\u00f1o; y adem\\u00e1s al pago de las costas; fundando su demanda en los siguientes hechos: que en cuatro de Diciembre de mil ochocientos noventa y tres, ante el notario de esta ciudad, Don Joaqu\\u00edn'Mayoral, la demandante celebr\\u00f3 con el demandado un contrato de arrendamiento de la mitad proindivisa de su propiedad que tiene en la siguiente finca: \\u201cHacienda que fu\\u00e9 de ca\\u00f1as dulces denominada \\u2018Santa Cruz\\u2019, radicada en el barrio de Bucan\\u00e1 de este t\\u00e9rmino municipal, y tiene de cabida doscientos cin-cuenta cuerdas de terreno, equivalentes \\u00e1 noventa y ocho hect\\u00e1reas, veinte y cinco \\u00e1reas, noventa y ocho eenti\\u00e1reas, de las cuales hay ciento ochenta cuerdas propias para ca\\u00f1as y setenta cuerdas \\u00e1 pastos, malezas y salitrales; colindando por el norte con terrenos de la hacienda \\u2018Isabel\\u2019 de la sucesi\\u00f3n Oppenheimer y con un camino vecinal, por el este con la misma hacienda \\u2018Isabel\\u2019 por el sur con el mar; y por el oeste con el r\\u00edo Bucan\\u00e1; siendo la parte de esta finca arrendada al Sr. Le\\u00f3n la misma que anteriormente la tuviera en arriendo Don Victor Qui\\u00f1ones; que entre las varias condiciones estipuladas en dicho con-trato figura la de que el arrendatario Don Esteban de Le\\u00f3n quedaba obligado \\u00e1 levantar pasto de malojillo sobre el terreno arrendado, cuyos pastos, \\u00e1 la terminaci\\u00f3n del contrato quedar\\u00edan \\u00e1 beneficio de la arren-dadora \\u00e1 la que deb\\u00eda entregarlos completamente limpios de toda planta que pueda serles perjudicial; que conteniendo la finca arren-dada una concesi\\u00f3n de aguas que no pod\\u00eda aprovecharse entonces por estar cegadas todas las zanjas, el arrendatario Le\\u00f3n se compromet\\u00eda \\u00e1 abrir desde luego, de su exclusiva cuenta, con el fin de utilizar dichas aguas; en la inteligencia que si despu\\u00e9s de arregladas las zanjas qui-siera la arrendadora hacer uso de las aguas, pod\\u00eda hacerlo, pero sin causar perjuicio alguno \\u00e1 los derechos adquiridos por el arrendatario; que el contrato se celebr\\u00f3 por el t\\u00e9rmino de seis a\\u00f1os, prorrogable \\u00e1 un a\\u00f1o m\\u00e1s si lo quisiere el Sr. Le\\u00f3n, cont\\u00e1ndose ese t\\u00e9rmino desde el d\\u00eda once de Septiembre de 1893; pero no fu\\u00e9 devuelta la posesi\\u00f3n de la finca hasta el quince de Febrero del corriente a\\u00f1o porque al cum-plirse el contrato \\u00e9 irse \\u00e1 hacer cargo de ella un hijo de la arrendadora, se encontr\\u00f3 con que el Sr. Le\\u00f3n no hab\\u00eda cumplido ninguno de los compromisos contraidos en el contrato p\\u00fablico celebrado, pues los terrenos arrendados se hallaron completamente cubiertos ,de malezas, no se sembr\\u00f3 en ellos yerba, malojillo y en cuanto \\u00e1 los canales de riego, no ya s\\u00f3lo no realiz\\u00f3 en ellos las recomposiciones \\u00e1 que se com-prometi\\u00f3, sino que faltando \\u00e1 los cuidados indispensables de conser-vaci\\u00f3n hab\\u00edan desemerecido grandemente en poder del arrendatario-ios que le entregaron al celebrar el contrato de arriendo; y que no obs-tante los ofrecimientos particulares que le hiciera el Sr. Le\\u00f3n, de cumplir el compromiso, no lo ha verificado.\\nResultando: que con el escrito de demanda se acompa\\u00f1a testimonio-de la escritura del contrato de arrendamiento de que se hace m\\u00e9rito,, y certificaci\\u00f3n de haber intentado el acto de conciliaci\\u00f3n.\\nResultando: que admitida la demanda, se di\\u00f3 traslado de ella al demandado Don Esteban de Le\\u00f3n y Mart\\u00ednez por t\\u00e9rmino de veinte-d\\u00edas, durante el cual se person\\u00f3 en los autos y contest\\u00f3 la demanda, con-fesando el primero y segundo de los hechos de ella, y alegando que una. vez que empez\\u00f3 la vigencia del contrato, tanto en su propio beneficio,, como para intentar el cumplimiento de una cl\\u00e1usula notoriamente im-posible, por no haber medios de sembrar la mitad proindivisa de una. finca sembr\\u00f3 en la totalidad de ella' yerba malojillo,' y para cumplir en el propio beneficio como arrendatario la cl\\u00e1usula sexta que s\\u00f3lo en su favor se hab\\u00eda puesto, procedi\\u00f3 \\u00e1 limpiar las zanjas cegadas para utilizarse de las aguas dotaci\\u00f3n'de la finca; que \\u00e1 consecuencia del cicl\\u00f3n que devast\\u00f3 esta Isla en mil ochocientos noventa y nueve la finca arrendada sufri\\u00f3, como todas, los efectos de la inundaci\\u00f3n ceg\\u00e1n-dose las zanjas abiertas por \\u00e9l, destruy\\u00e9ndose y ensuci\\u00e1ndose no poco-del pasto que en ella hab\\u00eda sembrado; que terminado el plazo del arren-damiento celebr\\u00f3 con la demandante un nuevo contrato en el cual no-exist\\u00eda esa cl\\u00e1usula referente \\u00e1 la siembra de yerba ni ninguna de las-dem\\u00e1s cuyo cumplimiento se exige; y solicita, se declare sin lugar la demanda con imposici\\u00f3n de las costas \\u00e1 la demandante.\\nResultando: que recibido el pleito \\u00e1 prueba, cada una de las partes propuso las suyas, y se\\u00f1alado el d\\u00eda diez del actual para la celebra-ci\\u00f3n del juicio oral y la pr\\u00e1ctica de las pruebas, as\\u00ed se verific\\u00f3 in-formando en aquel acto los letrados de ambas partes lo que estimaron oportuno en defensa de sus respectivos derechos.\\nResultando: que de la prueba documental traida \\u00e1 los autos,, aparece la celebraci\\u00f3n del contrato de arrendamiento verificado en la forma y bajo las condiciones se\\u00f1aladas por la demandante; que prac-ticada una inspecci\\u00f3n ocular en los terrenos arrendados, en primero del actual, aparecen aquellos cubiertos de diferentes yerbas, entre ellas grama amarga, pata de gallina, y aromas, destac\\u00e1ndose de vez en cuando algunos tallos de malojillo as\\u00ed como algunas manchas en otros sitios de esta \\u00faltima yqrba; que en un extremo de la finca cerca del rio, se encontraron restos de un canal en la entrada de las aguas en el cual se encuentra un trozo de \\u00e9l, donde estaba el m\\u00f3dulo, no existiendo \\u00e9ste ni represa no pudiendo entrar las aguas y encontr\\u00e1n-dose dicho canal en parte destruido y en parte sano-; que Don Oscar Oppenheimer di\\u00f3 recibos \\u00e1 Don Esteban de Le\\u00f3n por veinte y cinco pesos uno, sin fecha, como resto del arrendamiento del mes de Agosto, y otro por setenta y cinco pesos, fecha cinco de Agosto de 1901, \\u00e1 cuenta del arrendamiento de estancia \\u201cSanta Cruz\\u201d.\\nResultando: que de la prueba de confesi\\u00f3n por el demandado Don Esteban de Le\\u00f3n, que \\u00e9ste declara hab\\u00e9rsele se\\u00f1alado por Don Oscar Oppenheimer, hijo de la demandante, el terreno que constitu\\u00eda la mitad de la finca que se le arrendaba; que el declarante arregl\\u00f3 el canal, lo limpi\\u00f3 \\u00e9 hizo una represa que no estaba en el contrato, cuya represa no existe hoy por que se la robaron; que dichos terrenos lo hizo arar y los sembr\\u00f3 de malojillo, construyendo un m\\u00f3dulo que se lo llev\\u00f3 el r\\u00edo \\u00e1 los pocos d\\u00edas, que el canal lo tap\\u00f3 el r\\u00edo; que en el primer a\\u00f1o del arrendamiento pag\\u00f3 treinta pesos mensuales como precio del mismo, en sucesivos a\\u00f1os, hasta siete, pag\\u00f3 \\u00e1 raz\\u00f3n de setenta pesos mensuales, y despu\\u00e9s, hizo un nuevo arrendamiento con Don Oscar Oppenheimer hijo de la Se\\u00f1ora Salomons sin estipular otras condiciones que las de pagar cien dollars mensuales, cuyo precio vino satisfaciendo por espacio de a\\u00f1o y medio \\u00f3 sea hasta el diez y seis de Febrero del corriente a\\u00f1o en que dej\\u00f3 el arrendamiento, despu\\u00e9s de lo que, se metieron en los terrenos ganados de los Se\\u00f1ores Saur\\u00ed y Subir\\u00e1; que los cien pesos mensuales los dejaba algunas \\u25a0veces en poder de Don Julio Verne, y otras en el del cu\\u00f1ado de Don Oscar, para que los entregara \\u00e1 \\u00e9ste; que durante el arrendamiento s\\u00f3lo ha percibido dos recibos, uno de Don Oscar y otro de su hermana.\\nResultando; de la prueba testifical, Don Oscar Oppenheimer mani-fiesta, que el Se\\u00f1or de Le\\u00f3n s\\u00f3lo pagaba sesenta pesos provinciales por el arrendamiento, y despu\\u00e9s del cange pagaba su equivalencia \\u00f3 sea treinta y seis dollars, que no celebr\\u00f3 ning\\u00fan contrato con Le\\u00f3n; que \\u00e9ste nunca pag\\u00f3 veinte y cinco pesos semanales ni cien mensuales. Re- conoci\\u00f3 los dos recibos existentes en antos, y explica que ellos son de mensualidades atrazadas; que de las cantidades que le pagaba Le\\u00f3n siempre le otorgaba recibo por conducto de la misma persona con quien \\u00e9l le enviaba el dinero; no puede afirmar que el recibo de veinte y cinco pesos sea anterior al de setenta y cinco, no recuerda la fecha en que autoriz\\u00f3 el primero. Don Vicente Valdivieso y Torruella mani-fiesta que, oy\\u00f3 \\u00e1 Don Oscar Oppenbeimer y Don Esteban de Le\\u00f3n tratar del arrendamiento de la finca \\u201cSanta Cruz\\u201d quedando Le\\u00f3n en arreglar aquella bajo las mismas condiciones; no d\\u00e1 m\\u00e1s detalles. Don Emilio Fer\\u00ed, mayordomo de la hacienda \\u201cEstrella\\u201d, manifiesta que esta hacienda tiene arrendados los terrenos de la finca \\u201cSanta Cruz\\u201d, los cuales est\\u00e1n sembrados de yerba de hicotea que arranca el decla-rante porque no la come el ganado ni deja crecer el malojillo; no vi\\u00f3 que Le\\u00f3n sembrara de esta yerba en esos terrenos ni sabe arreglara el canal; que cuando entr\\u00f3 de mayordomo en dicha hacienda, encontr\\u00f3 en esos terrenos sembrados de malojillo en una parte. Don Ulises Clavel manifiesta que, desde hace seis \\u00fa ocho a\\u00f1os pasa con frecuencia por el camino de la finca \\u201cSanta Cruz\\u201d, desde donde se distinguen cuarenta \\u00f3 cincuenta cuerdas de esos terrenos y nunca vi\\u00f3 que Le\\u00f3n tuviera sembrado en ellos malojillo, que no vi\\u00f3 tampoco que por el canal pasara agua nunca, ignorando el porque de \\u00e9so. Don Carlos Torres manifiesta que la hacienda \\u201cRestaurada\\u201d viene aprovechando las aguas del r\\u00edo que antes aprovechaba la finca \\u201cSanta Cruz,\\u201d la que desde hace mucho tiempo no las utiliza por no tener canales y los que ten\\u00eda est\\u00e1n destruidos; que no vi\\u00f3 los arreglase Le\\u00f3n y que si los hubiera arreglado lo hubiera visto el declarante, aunque en la \\u00e9poca en que tuvo esos terrenos Le\\u00f3n no vi\\u00f3 los canales. Alejo Marcos mani-fiesta que, hasta un a\\u00f1o antes del cicl\\u00f3n ni despu\\u00e9s de \\u00e9ste vi\\u00f3 sembrar yerba malojillo en los terrenos de la finca \\u201cSanta Cruz\\u201d ni arreglar sus canales. Don Julio Verne manifiesta que es cierta la entrega de dinero que le hac\\u00eda L.e\\u00f3n, la que efectuaba \\u00e9l \\u00e1 Don Oscar Oppenheimer sin percibir recibo; que sab\\u00eda proced\\u00eda ese dinero del arrenda-miento de la finca \\u201cSanta Cruz\\u201d, y que Le\\u00f3n le indicaba siempre \\u00e1 qu\\u00e9 semana se refer\\u00eda aquel pago lo que trasmit\\u00eda el declarante \\u00e1 Oppenheimer, y que tales entregas ocurrieron por los a\\u00f1os 1900 y 1901. Juan Angel Rivera manifiesta que el Sr. Le\\u00f3n hizo cercas, limpieza ,y sembr\\u00f3 yerba en los terrenos arrendados, que hizo en el r\\u00edo una represa y un m\\u00f3dulo, y que hizo arreglar los canales. Don Juan Jorne y Juan Centeno, declaran en la misma forma que el anterior testigo.\\nResultando: que se\\u00f1alado el d\\u00eda de boy para la votaci\\u00f3n de la presente sentencia, lo fu\\u00e9 por unanimidad.\\nResultando: que en este juicio, en su tramitaci\\u00f3n, se ban cumplido las prescripciones de la ley.\\nConsiderando: que con arreglo al Art\\u00edculo 1091 del C\\u00f3digo Civil las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos: no siendo l\\u00edcito desnaturalizar el contenido de la obligaci\\u00f3n \\u00f3 de las cl\\u00e1usulas contractuales con interpretaciones rebuscadas \\u00f3 violentas cuando el sentido de ellas es claro y terminante.\\nConsiderando: que entre las cl\\u00e1usulas estipuladas en el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes litigantes, seg\\u00fan consta de la escritura presentada, existe la de que el arrendatario Don Esteban de Le\\u00f3n quedaba obligado \\u00e1 levantar pasto de malojillo en el terreno arrendado, cuyos pastos \\u00e1 la terminaci\\u00f3n del contrato quedar\\u00edan \\u00e1 beneficio de la arrendadora, \\u00e1 la que deb\\u00eda entregarlos completamente limpios de toda planta que pudiera serles perjudicial, y la de que con-teniendo la finca arrendada una concesi\\u00f3n de aguas que no pod\\u00eda aprovecharse entonces por estar cegadas todas las zanjas, el mismo arrendatario Le\\u00f3n se compromet\\u00eda \\u00e1 abrirlas desde luego de su exclu-siva cuenta con el fin de utilizar dichas aguas; pudiendo la arrenda-dora hacer uso de ellas, pero sin causar perjuicio \\u00e1 los derechos ad-quiridos por el arrendatario.\\nConsiderando: en cuanto \\u00e1 la cl\\u00e1usula primera de las transcritas en el anterior considerando, que siendo claro y explicito el sentido literal de la misma no cabe arguirse de contrario que se trata de una cl\\u00e1usula de imposible ejecuci\\u00f3n bajo el pretexto banal de que el terreno arrendado se hallaba proindiviso, toda vez que este extremo qued\\u00f3 completamente desvirtuado durante el per\\u00edodo probatorio seg\\u00fan confesi\\u00f3n del mismo arrendatario demandado hecha ante el Tribunal bajo la santidad del juramento, al firmar que Don Oscar Oppenheimer, hijo de la demandante, le hab\\u00eda se\\u00f1alado el terreno que constitu\\u00eda la mitad de la finca que se le arrendaba; siendo por tanto evidente que sobre esa porci\\u00f3n deslindada, y no en otra, era que el arrendatario deb\\u00eda levantar los pastos de malojillo \\u00e1 que dicha cl\\u00e1usula se refiere.\\nConsiderando: que la subsistencia de la referida cl\\u00e1usula no se halla tampoco desvirtuada en sus efectos, por cuanto no aparece com- probada por ninguno de los medios de prueba que el derecho reconoce, la alegaci\\u00f3n opuesta por la parte demandada, de que terminado el plazo del arrendamiento hab\\u00eda celebrado con el demandante un nuevo contrato en el cual no exist\\u00eda esa cl\\u00e1usula ni la otra, \\u00e1 que se refiere el escrito de demanda: debiendo en su consecuencia tenerse por firme, subsistente y valedera para todos los efectos legales dicha cl\\u00e1usula primera.\\nConsiderando: que siendo esto as\\u00ed de la prueba de inspecci\\u00f3n ocular, la de confesi\\u00f3n, la instrumental y la de testigos propuesta y practicada \\u00e1 instancia de la parte aetora en el acto del juicio oral, aparece como un hecho probado, seg\\u00fan la apreciaci\\u00f3n que ha hecho el Tribunal sentenciador con arreglo \\u00e1 los dictados soberanos de su conciencia, que el arrendatario Don Esteban de Le\\u00f3n durante el t\\u00e9r-mino del contrato, ni al vencimiento, ni en ninguna otra ocasi\\u00f3n en que se encontraba poseyendo el terreno arrendado, ha levantado ni sembrado la porci\\u00f3n de terreno design\\u00e1dale, de pastos de malojillo seg\\u00fan lo convenido de tal modo, que al vencerse el contrato de refe-rencia hubo de encontrarse la finca cubierta de diferentes yerbas tales como grama amarga, pata de gallina y aromas, destac\\u00e1ndose sobre el terreno solamente y de vez en cuando algunos tallos de malojillo y algunas manchas de esta yerba en otras partes del mismo; todo lo cual convence plenamente de que el referido arrendatario dej\\u00f3 incum-plida la cl\\u00e1usula estipulada y cuyo cumplimiento se exije en este juicio.\\nConsiderando: que siendo un precepto terminante de la Ley Civil sustantiva que la prueba de las obligaciones incumbe al que reclama su cumplimiento, y la de su extinci\\u00f3n al que la opone, es de todo punto concluyente que habiendo justificado en este punto su derecho la parte aetora, sin que la contraria haya constatado las alegaciones opuestas, procede desde luego declarar con lugar la demanda en la parte que se refiere \\u00e1 exigir el cumplimiento de la cl\\u00e1usula primera que se analiza, con los dem\\u00e1s pronunciamientos subsidiarios de indem-nizaci\\u00f3n de da\\u00f1os y perjuicio^ irrogados por el incumplimiento de la misma.\\nConsiderando: que si es evidente y paladino cuanto se ha con-siderado respecto al incumplimiento de la cl\\u00e1usula primera ya refe-rida y \\u00e1 la obligaci\\u00f3n en que est\\u00e1 el arrendatario demandado de cum-plimentar en todas sus partes, no ocurre lo mismo en cuanto \\u00e1 la clausula segunda de las transcritas y que constituye otra de las con-diciones \\u00f3 t\\u00e9rminos del contrato celebrado, si s\\u00e9 tiene en cuenta la raz\\u00f3n legal de que dicba cl\\u00e1usula \\u00f3 condici\\u00f3n paecionada se estableci\\u00f3 en contemplaci\\u00f3n del arrendatario y en beneficio y utilidad de su propia persona como tal arrendatario, \\u00fanico \\u00e1 quien despu\\u00e9s de todo importaba como mero explotador y usufructuador del terreno arrenda-do servirse de dichas aguas y poner las zanjas \\u00f3 canales en buenas condiciones para el discurso de las mismas, obteniendo con esta mejora el mayor rendimiento posible del terreno; siendo de todo punto evi-dente que el incumplimiento de dicha cl\\u00e1usula \\u00e1 nadie ha podido per-judicar m\\u00e1s que al mismo arrendatario, en cuyo favor se hab\\u00eda esta-blecido.\\nConsiderando: que en ese sentido carece de fundamento legal la parte de la demanda que se refiere \\u00e1 exigir el cumplimiento de la. expresada cl\\u00e1usula segunda, no siendo por tanto procedente la recla-maci\\u00f3n que en este punto se deduce.\\nConsiderando: en cuanto \\u00e1 las costas que no ha existido temeridad' notoria y manifiesta en las partes litigantes, y que las pretensiones-de \\u00e9stas,.no han sido totalmente desestimadas; por esta consideraci\\u00f3n debe hacerse el pronunciamiento y declaraci\\u00f3n legal sin especial con-denaci\\u00f3n.\\nVistos los Art\\u00edculos 1091, 1098, 1100, 1101, 1107, 1113, 1203, 1214,. 1218, 1231, 1235, 1241, 1244, 1248, 1281, 1555 del C\\u00f3digo Civil, no reformado, en relaci\\u00f3n con los pertinentes de la Ley de Enjuiciamiento-Civil, y la Orden General No. 118, y jurisprudencia del Supremo-aplicable al caso.\\nFallamos: que declarando con lugar la demanda interpuesta \\u00e1 nombre de Do\\u00f1a Ana Salomons y Lind en la parte que se refiere al primer extremo de la misma, con sus pronunciamientos subsidiarios,, debemos condenar y condenamos al demandado Don Esteban de Le\\u00f3n y Mart\\u00ednez en su car\\u00e1cter legal de arrendatario \\u00e1 que en el t\\u00e9rmino-de cinco meses naturales \\u00e1 contar desde la fecha en que sea firme esta sentencia, levante en el terreno arrendado los pastos de malojillo com-pletamente libres de plantas da\\u00f1osas, con la prevenci\\u00f3n que de no-verificarlo se efectuar\\u00e1 \\u00e1 su costa, y \\u00e1 la indemnizaci\\u00f3n de los da\\u00f1os y perjuicios irrogados \\u00e1 la demandante con el incumplimiento de la obligaci\\u00f3n primera pactada, los que deber\\u00e1n hacerse efectivo en la v\\u00eda. y forma que determina la Ley de Enjuiciamiento Civil.\\nAs\\u00ed mismo debemos declarar y declaramos sin lugar dicha de-manda en cuanto al otro extremo de su reclamaci\\u00f3n, absolviendo de- ella al demandado Don Esteban de Le\\u00f3n, sin bacer especial condena-ci\\u00f3n de costas en ambos pronunciamientos. As\\u00ed lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Isidoro Soto Nussa, R. S\\u00e1nchez Montalvo, Libertad Torres G-rau\\u201d.\\nResultando: que contra esta sentencia interpueso la re-presentaci\\u00f3n de Don Esteban de Le\\u00f3n Mart\\u00ednez recurso de casaci\\u00f3n, que le fue admitido; y elevados los autos \\u00e1 esta Corte Suprema, previa citaci\\u00f3n y emplazamiento de las partes, se tramit\\u00f3 dicho recurso como de apelaci\\u00f3n, se\\u00f1al\\u00e1n-dose d\\u00eda para la vista, la que tuvo lugar con asistencia del Letrado de la parte apelante.\\nAbogado del apelante: Sr. Alv\\u00e1rez Nava-\\nAbogado del apelado: Sr. Guzm\\u00e1n Benitez (Jos\\u00e9).\", \"word_count\": \"3645\", \"char_count\": \"22015\", \"text\": \"El Juez Asociado Se. Hebnandez,\\ndespu\\u00e9s de exponer los hechos anteriores, emiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del Tribunal.\\nAceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia apelada.\\nVistas las disposiciones legales que en ella se citan.\\nFallamos: que debemos confirmar y confirmamos en todas sus partes la sentencia que en 22 de Julio de 1902 dict\\u00f3 el Tribunal de Distrito de Ponce, con las costas del recurso \\u00e1 cargo de la parte apelante; y devu\\u00e9lvanse los autos \\u00e1 dicho Tribunal con la certificaci\\u00f3n correspondiente.\\nJueces concurrentes: Sres. Presidente Qui\\u00f1ones y Aso-ciados Figueras, Sulzbacher y MacLeary.\"}"

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+"{\"id\": \"11257910\", \"name\": \"Paris v. The People\", \"name_abbreviation\": \"Paris v. People\", \"decision_date\": \"1903-12-14\", \"docket_number\": \"No. 43\", \"first_page\": \"29\", \"last_page\": \"39\", \"citations\": \"5 P.R. 29\", \"volume\": \"5\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T17:51:28.331551+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Chief Justice Qui\\u00f1ones and Justices Hern\\u00e1ndez, Sulzbacher and MacLeary concurred.\", \"parties\": \"Paris v. The People.\", \"head_matter\": \"Paris v. The People.\\nAppeal from the District Court of San Juan.\\nNo. 43.\\nDecided December 14, 1903.\\nOwnership. \\u2014 The brief and summary nature of the proceedings to establish ownership preeludes therein all kinds of incidental issues and therefore the decisions rendered in said proceedings must be confined to a declaration as to whether or not the ownership of the estate which is the object thereof has been established.\\n'STATEMENT OF THE CASE.\\nThese proceedings were brought to secure a declaration of ownership, in the District Court of San Juan by Juan Paris, and contested by The People of Porto Pico, and the case is now pending before ns on appeal taken by the petitioner, represented in this Supreme Court by Wenceslao Bosch, Esq.; the respondent, namely The People of Porto Rico, being represented, first, by the Acting Attorney General, and afterwards by the Fiscal of this court.\\nSaid District Court, upon the termination of the proceedings rendered its decision which literally reads as follows:\\n\\u201cSan Juan, Porto Rico, April eighteenth, one thousand nine hundred and three.\\n\\u201cOn August 29, 1902\\u2019, Attorney Wenceslao Bosch, on behalf of Juan Paris, instituted these judicial proceedings to secure admission to record a title of ownership in his favor, of a parcel of land containing seventy-two cuerdas, situated in barrio \\u2018Cangrejos-Arriba,\\u2019 within the Municipal District of Carolina, being bounded on tlie east and south by lands belonging to Ferm\\u00edn Mart\\u00ednez Villamil; on the north by the sea and on the west by the lands of Pedro Bulerni; he stated that his client acquired the said property by inheritance from his father, Pedro Paris, and had been paying the taxes assessed thereon, since 1895; that said real estate is free from encumbrances and is \\u25a0valued at two hundred and fifty dollars; and as he had no recorded title, he prayed that the testimony which he proposed to .introduce be admitted and that the ownership (dominion title) of said property be declared in his favor, in order that he might have the same recorded in the Registry of Property.\\n\\u201cThis petition was accompanied by a number of tax-receipts for the years 1900 to 1903 and two for June of 1895, of municipal tax in Carolina.\\n\\u201cThe application for a hearing was granted and the Fiscal was heard, an order being issued for his citation. An edict appeared in the Gazette of September 4, 1902, it not appearing that the same was ordered by the court, summoning all parties who had any property rights in the tract of land hereinbefore described, persons unknown and in general all those who might desire to oppose the declaration of ownership solicited, in order that they might do so within sixty judicial days.\\n\\u201cIn response to said publication the Treasurer of Porto Rico, on the 9th of the same month, contested the petition of Juan Paris, alleging that the lands referred to belonged to The People of Porto Rico, the same having been acquired from the abolished religious communities and that said Paris had no right thereto, but on the contrary, the property was in default with the Treasury of Porto Rico for many years\\u2019 lease-rent, which had not been satisfied.\\n\\u201cNotice of the Treasurer\\u2019s opposition was given to the Attorney General on October 1, 1902, and the Acting Attorney General, on behalf of The People of Porto Rico, perfected said opposition, and filed therewith a map drawn June 25, 1859, of the lands belonging to the Beal Hacienda (the Treasury), in barrio \\u2018Cangrejos-Arriba\\u2019 of Carolina, together with a record of proceedings had by the \\u2018Adminis-traci\\u00f3n General Econ\\u00f3mica\\u2019 (Treasury Department) of this Island, during the Spanish domination, for the sale of said lands, alleging that as shown from said record, the sale of these lands having been decided upon in 1872, they were divided into parcels for greater convenience and profit to the Treasury, parcel No. 11 being held by Gabriel Paris, as lessee thereof; that said parcel was offered at public sale on various occasions without success; that for failure to pay the lease-rent in July 1874, Gabriel Paris was ordered to be ejected from the lands occupied by him, which order was not carried out; that in \\u00a1September of 1879, said Paris requested that he be granted free use of said parcel of land, which request was denied; that in July of 1888 the Public Treasury was ordered, among other things, to take possession of aforesaid parcel No. 11, from which some cuerdas had already been segregated and the usufruct whereof continued to be enjoyed by G-abriel Paris or his heirs, Juan Paris being appointed the-trustee thereof; that the said decision was complied with on July 24, 1888, Juan Paris taking charge of the trust, under the penalty prescribed by the laws, according to a document signed at his request by Manuel M\\u00e9ndez. After urging many legal considerations the-Acting Attorney General finally prayed that the claim set up by Paris be dismissed, with costs, and that the ownership of said parcel of land be declared in favor of The People of Porto Eico, and that: it be ordered that aforesaid Paris be criminally prosecuted for the-offense committed in representing as his own, property which h& held in trust, with such other action as the case might warrant\\n\\u2018 \\u2018 The period fixed for the introduction of evidence having expired and the value of the property in question being less than one thousand dollars, an order was issued on March 6, 1903, directing that the Department of Justice and the other parties interested be summoned to appear at an oral hearing which was set for eight o \\u2019clock a. m., on the 23rd of the same month; but said day being a holiday, and Associate Judge Eichmond being unable to take cognizance of the case, by orders dated March 25 and April 4, 1903, said hearing was postponed to the 16th of April, qf which orders due notice was served upon the parties and they acquiesced therein.\\n\\u2018 \\u2018 On April 15, Wenceslao Bosch, Esq., counsel for Paris, raised an incidental issue asking for the annulment of all proceedings had subsequently to the issuance of the order of March 6, and that in lieu thereof the term of one hundred and eighty days fixed by article 395 of the Mortgage Law for the proposal of evidence be allowed, and at the same time asking that the oral hearing set for the following day, be postponed, which requests were denied on the same day, the oral hearing taking place as ordered, on the 16th, at which only the Fiscal appeared and made such allegations as he deemed proper on behalf of The People of.Porto Eico.\\n\\u2018 \\u2018 Juan Paris proposed no evidence during the period allowed therefor, nor subsequently, nor did he even attend to the summoning of tbe adjoining land-owners, nor show that the proclamation ordered to be inserted in the \\u2018Gazette\\u2019 had been published.\\n\\u201cThe Acting Attorney General has fully proven by the survey and record filed during the aforesaid period, and which were not in any manner attacked, all the facts upon which his opposition was based.\\n\\u201cJuan Paris not having even attempted to prove the ownership claimed by him, it is imposible to grant his application.\\n\\u201cThe Acting Attorney General has fully proven that said ownership resides in The People of Porto Rico; that the predecessors of' the aforesaid Par\\u00eds, and Paris himself, were only the lessees of the lands in question, which latterly were held in trust by the said Paris who accepted the trusteeship and was bound to discharge the duties, of same under the penalties imposed by the laws upon unfaithful trustees.\\n\\u201cIf, as such trustee, Juan Paris has possessed the parcel of land referred to in the proceedings and paid taxes thereon, this circumstance does not give him any title to aforesaid lands, nor could his predecessors have transmitted said title to him, since they never had it, they having held the tract of land in question only as lessees thereof. r\\n\\u201cArticle 395 of the Mortgage Law, which fixed one hundred and eighty days for the admission of evidence in these proceedings, was-modified by paragraph 6 of the Judicial Order of April 4, 1899, which limited said period to sixty days, and accordingly, the orders of .March 4 and 24, 1903, which were of mere procedure, having been acquiesced in and executed and the brief and summary nature of the special procedure, as \\u00e9stablished by the Mortgage Law, precluding incidental issues of every character, the one referring to the annulment of proceedings, raised on the 15th instant by Wenceslao Bosch, Esq., was properly dismissed.\\n\\u201cFor these reasons the decision rendered in this case should have reference only to the declaration of ownership requested by the plaintiff, without prejudice to such rights as The Peopie of Porto Rico may have in other respects, to be prosecuted in the proper action.\\n\\u201cThe claim set up in these proceedings by Juan Paris is dismissed, he having failed to prove his right of ownership to the property hereinbefore described, which belongs to The People of Porto Rico, the latter being left at liberty to exercise all such rights as in the opinion of its. representatives it may have against Juan Paris or other persons, by prosecuting the same in the proper action. As soon as this decision becomes final, the map and record of administrative proceedings remitted by him to the Treasurer, are ordered to be forwarded to the Attorney General, with the proper communication. Thus it is decided and signed by the judges of this court, to which I certify. Juan Morera Mart\\u00ednez, Angel Garc\\u00eda, Jos\\u00e9 Tous Soto. Lu\\u00eds M\\u00e9ndez Yaz.\\u201d\\nFrom this order the party instituting the proceedings to secure a declaration of ownership (dominion title) took an appeal which was allowed en ambos efectos, that is to say, with the effect both of staying the proceedings in the trial court and of transmitting the case for review in the appellate court. The record having been forwarded to this Supreme Court, and the parties duly summoned to appear, the appeal was proceeded with under the provisions of the act of the Legislative .Assembly of the 12th of March last, counsel for the parties being present at. the hearing.\\nMr. Bosch, for appellant.\\nMr. del Toro, Fiscal, for respondent.\", \"word_count\": \"1894\", \"char_count\": \"11193\", \"text\": \"Mr. Justice Figueras,\\nafter making the above statement of facts, delivered the following opinion of the court.\\nThe findings of fact and the conclusions of law contained in the decision appealed from are accepted, after correcting an error contained in the fourth conclusion of law, the Judicial Order cited being dated April 7, 1899, and not April 4, as erroneously stated.\\nNotice of the orders of. March 6 and 25, and of April 4, 1903, were served upon and acquiesced in by the counsel for the party who sought to obtain the annulment thereof, and the order which decides only the question of ownership cannot now be reversed.\\nIn view of the provisions cited in the order appealed from, we adjudge that we should affirm and do affirm the decision rendered by the District Court of San Juan on April 18, 1903, with costs against the party appellant. This decision is ordered to be communicated to said court, and the record returned for the proper purposes.\\nChief Justice Qui\\u00f1ones and Justices Hern\\u00e1ndez, Sulzbacher and MacLeary concurred.\"}"

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+"{\"id\": \"11258458\", \"name\": \"The People v. Mu\\u00f1iz\", \"name_abbreviation\": \"People v. Mu\\u00f1iz\", \"decision_date\": \"1905-12-09\", \"docket_number\": \"No. 79\", \"first_page\": \"471\", \"last_page\": \"472\", \"citations\": \"9 P.R. 471\", \"volume\": \"9\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T00:11:48.987421+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Chief Justice Qui\\u00f1ones, and Justices Hern\\u00e1ndez, Mac-Leary, and Wolf concurred.\", \"parties\": \"The People v. Mu\\u00f1iz.\", \"head_matter\": \"The People v. Mu\\u00f1iz.\\nAppeal from the District Court of' Arecibo.\\nNo. 79.\\nDecided December 9, 1905.\\nAppeal \\u2014 Bill oe Exceptions \\u2014 Statement oe Facts \\u2014 Manifest Errors. \\u2014 Where there is no bili of exceptions or statement of factjs and it does not appear from the record that any error has been committed which would justify a reversal of the judgment appealed from, the same should be affirmed.\\nThe facts are stated in the opinion.\\nMr. Bossy, fiscal, for respondent.\\nThe appellant did not appear.\", \"word_count\": \"338\", \"char_count\": \"2001\", \"text\": \"Me. Justice Figueras\\ndelivered the opinion of the court.\\nSpecial- Fiscal E. B. Wilcox filed an information, duly sworn to, against Bamon Muniz Martinez, charging that while acting as the judge of election of a precinct, assisted by one of the other judges, he maliciously and fraudulently struck off the list of electors thereof the name of Tomas Ortiz, who was an elector qualified in said precinct; thus depriving him of his right to vote.\\nOn April 27th of the current year the District Court of Arecibo found him guilty. On the following 6th of May the defendant appeared, and not showing cause sufficient why judgment should not be pronounced against him, he was the same day sentenced for a crime against the elective franchise to imprisonment in the departmental penitentiary of the Island, for one year, at hard labor, and to pay the costs.\\nFrom this judgment an appeal was taken to this Supreme Court, without any allegation being made of the commission of any error.\\nThe fiscal of this court asks that the judgment be affirmed.\\nNo bill of exceptions or statement of facts, or even a simple brief, has been presented.\\nUnder the circumstances nothing can be done, and as, 'on the other hand, it does not appear from the record that any fundamental error has been committed, we recommend that the judgment appealed from be affirmed, with the costs of the appeal against the appellant.\\nAffirmed.\\nChief Justice Qui\\u00f1ones, and Justices Hern\\u00e1ndez, Mac-Leary, and Wolf concurred.\\nSee Title XT, Penal Code.\"}"

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+"{\"id\": \"11258690\", \"name\": \"Pomales, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido\", \"name_abbreviation\": \"Pomales v. Registrador\", \"decision_date\": \"1913-06-28\", \"docket_number\": \"No. 149\", \"first_page\": \"947\", \"last_page\": \"949\", \"citations\": \"19 P.R. Dec. 947\", \"volume\": \"19\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T18:34:28.317042+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hern\\u00e1ndez y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.\", \"parties\": \"Pomales, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.\", \"head_matter\": \"Pomales, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.\\nEeoueso gubernativo contra resoluci\\u00f3n del Eegistrador de la Propiedad de Guayama.\\nNo. 149.\\nResuelto en junio 28, 1913.\\nRecurso Gubernativo \\u2014 Documentos no Presentados al Registro. \\u2014 En la reso-luci\\u00f3n de un neeurso gubernativo este tribunal no puede tomar en considera- ci\\u00f3n documentos, que no consten que lian sido presentados en el registro y que fueron considerados por el registrador al poner la nota recurrida..\\nId. \\u2014 Segundo Recurso. \\u2014 Resuelto por esta corte un recurso gubernativo no puede luego volverse a plantear la misma cuesti\\u00f3n por medio de un segundo recurso fundado en los mismo documentos que sirvieron de base al primer recurso.\\nLos Lechos est\\u00e1n expresados en la opini\\u00f3n.\\nAdogaclo del recurrente: Sr. G. Dom\\u00ednguez Rubio.\\nEl Registrador, Don Felipe Cuch\\u00ed, compareci\\u00f3 por escrito en nombre propio.\", \"word_count\": \"617\", \"char_count\": \"3853\", \"text\": \"El Juez Asociado Sr. Audrey,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nEn dos de abril de este a\\u00f1o el Registrador de la Propiedad de Guayama deneg\\u00f3 la inscripci\\u00f3n de. una escritura de venta otorgada-a favor de Maximino Pomales por Ram\\u00f3n V\\u00e1zquez como m\\u00e1rshal y en nombre de la Sucesi\\u00f3n de Pedro (Jar-cia, fund\\u00e1ndose para ello en dos defectos de los'cuales uno fue, que la finca vendida no aparec\\u00eda inscrita en el registro a nombre de la Sucesi\\u00f3n de Pedro Garc\\u00eda. Establecido re-curso gubernativo por Pomales contra esta negativa de ins-cripci\\u00f3n, esta Corte Suprema en resoluci\\u00f3n del d\\u00eda 2 del presente mes de junio, los resolvi\\u00f3 confirmando la negativa del registrador por el defecto expresado. Pomales v. El Registrador, (p\\u00e1g. 637).\\nAlgunos d\\u00edas despu\\u00e9s dicho t\\u00edtulo de compraventa fu\\u00e9 pre-sentado nuevamente al mismo registro para su inscripci\\u00f3n y el registrador volvi\\u00f3 a negarla por el mismo defecto de falta de inscripci\\u00f3n a que hemos hecho referencia. Establecido nuevamente recurso contra esa nota, en \\u00e9l se nos han presen-tado por el recurrente adem\\u00e1s del t\\u00edtulo denegado, dos certi-ficaciones libra-das, una por el secretario de la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Salinas, y la otra por el secretario de la Corte de Distrito de Guayama y tambi\\u00e9n una declaraci\\u00f3n jurada (affidavit). En estas certificaciones y declaraci\\u00f3n se apoya \\u00fanicamente el recurrente para solici-tar que revoquemos la expresada nota denegatoria, contra la cual ha recurrido ahora.\\nDe la nota de presentaci\\u00f3n pnesta por el registrador en el t\\u00edtulo no aparece qne con \\u00e9l se le presentaran las certifica-ciones y declaraci\\u00f3n jurada qne aliora nos presenta el recu-rrente, ni de ellas aparece constancia alguna por la cual poda-mos venir a la conclusi\\u00f3n de que en verdad fueron presenta-das al registrador con el t\\u00edtulo, de modo que no sabemos si el registrador las tuvo bajo su consideraci\\u00f3n cuando estamp\\u00f3 la segunda nota denegatoria. Para que nosotros podamos deci-dir que el registrador cometi\\u00f3 error en la nota recurrida es necesario que tengamos en cuenta los mismos datos que tuvo \\u00e9l para resolverla y no podemos, por tanto, tomar en conside-raci\\u00f3n documentos que no nos consta se le presentaran a \\u00e9l y, por consiguiente, fiemos de prescindir de las certificaciones y declaraci\\u00f3n jurada que nos fia presentado el recurrente, en vista de la raz\\u00f3n indicada. Calenti v. El Registrador, 12 D. P. R., 8, y Cadilla v. El Registrador, (p\\u00e1g. 80).\\nPrescindiendo, pues, de tales documentos y ateni\\u00e9ndonos solamente al t\\u00edtulo de venta, qne parece fu\\u00e9 el \\u00fanico que tuvo presente el registrador, tenemos que, de acuerdo con lo re-suelto por nosotros en el caso de Roig v. El Registrador, 18 D. P. R., 11, no podemos volver \\\"a tratar la misma cuesti\\u00f3n qne ya fu\\u00e9 resuelta por esta corte, porque la primera es ya ejecutoria y fia causado estado contra el recurrente Pomales.\\nLa nota recurrida debe ser confirmada.\\nConfirmada.\\nJueces concurrentes: Sres. Presidente Hern\\u00e1ndez y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.\"}"

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+"{\"id\": \"11258824\", \"name\": \"Ex Parte Rivera\", \"name_abbreviation\": \"Ex parte Rivera\", \"decision_date\": \"1903-10-21\", \"docket_number\": \"No. 24\", \"first_page\": \"189\", \"last_page\": \"191\", \"citations\": \"4 P.R. 189\", \"volume\": \"4\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T20:34:28.126910+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Chief Justice Qui\\u00f1ones and Justices Hern\\u00e1ndez, Sulzba-cher and MacLeary, concurred.\", \"parties\": \"Ex Parte Rivera.\", \"head_matter\": \"Ex Parte Rivera.\\nApplication for a writ of habeas corpus.\\nNo. 24.\\nDecided October 21, 1903.\\nPine. \\u2014 Subsidiary Imprisonment. \\u2014 A judgment sentencing the accused to ninety days of imprisonment and payment of a fine of one hundred dollars, or in default of said payment, to undergo one day of imprisonment for each dollar, or one hundred days of additional imprisonment, is legal as to the principal sentence and corresponding cumulative sentence prescribed by law.\\nSTATEMENT OF THE CASE.\\nThe petitioner, Luis Rivera Iglesias states the facts as follows: Luis Rivera Iglesias was sentenced by the District Court of San Juan, in a criminal action prosecuted against him for disturbing the public peace, to ninety days of imprisonment and to pay a fine of one hundred dollars, or, in case of failure to pay the fine, to undergo one day of imprisonment for each dollar he failed to pay and the costs. This judgment was rendered on the 29th of July last, on which date he commenced to serve said sentence, wherefore 1 on the 16th instant he had served eighty days, which, with ten days allowed him by the warden for good conduct, completed the ninety days of the principal penalty. Now, after having served the principal penalty, the warden of the jail, Jos\\u00e9 Valent\\u00edn Berrios, illegally detains him, in order that he may serve one hundred days more, in satisfaction of the fine of one hundred dollars. According to section 322 of the Code of Criminal Procedure, imprisonment for failure to pay the fine' must not extend beyond the term for which the defendant might be sentenced; and if petitioner, according to section 368 of the Penal Code, could not have-been sentenced to imprisonment in jail for more than ninety days, it is evident that the imposition of one hundred days of imprisonment for non-payment of the fine, is illegal. For this reason, and in view of the provisions of section 483 of the Code of Criminal Procedure, petitioner prays that a. writ of habeas corpios be issued ordering Luis Rivera Igle- sias to be brought before the court, and that a day and hour be set for the hearing; that the Fiscal be cited, and as a result of the hearing, that petitioner be discharged.\\nMr. JFalc\\u00f3n, for the petitioner.\\nMr. del Toro, Fiscal, for the People.\", \"word_count\": \"493\", \"char_count\": \"2887\", \"text\": \"Opinion of tlie Court.\\nThe petitioner, Luis Rivera Iglesias, is not, at the present time, illegally deprived of his liberty, inasmuch as he has not yet served the corresponding additional term of imprisonment prescribed by law. We therefore hold that the writ prayed for by the prisoner, Luis Rivera Iglesias, must be denied and he is remanded to the jail where he has been serving his sentence, under the custody of the warden thereof, and the costs are taxed against the petitioner.\\nChief Justice Qui\\u00f1ones and Justices Hern\\u00e1ndez, Sulzba-cher and MacLeary, concurred.\\nMr. Justice Figueras did not sit at the hearing of this case.\"}"

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+"{\"id\": \"11258940\", \"name\": \"Colorado v. Capella\", \"name_abbreviation\": \"Colorado v. Capella\", \"decision_date\": \"1912-12-16\", \"docket_number\": \"No. 884\", \"first_page\": \"953\", \"last_page\": \"954\", \"citations\": \"18 P.R. 953\", \"volume\": \"18\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T17:12:53.315850+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Chief Justice Hernandez and Justices MacLeary, del Toro and Aldrey concurred.\", \"parties\": \"Colorado v. Capella.\", \"head_matter\": \"Colorado v. Capella.\\nAppeal from the District Court of San Juan, Section 2.\\nNo. 884.\\nDecided December 16, 1912.\\nPatria Potestas \\u2014 Welfare of Children. \\u2014 The primary consideration in the exercise of patria potetsas is the welfare of the children.\\nId. \\u2014 Appeal\\u2014Discretion of Court \\u2014 Family Relations \\u2014 Divorced Spouse.\\u2014 The determination of the extent of the family relations between a spouse against whom a divorce has been decreed and her children who have remained under the patria potestas of the other spouse lies within the sound discretion of the trial court and will not be modified by this court unless abuse in the exercise of such discretion is shown.\\nDivorced Spouse \\u2014 Adultery-\\u2014Family Relations. \\u2014 In the case at bar it was deeided that considering the circumstances of the ease and that the divorce was decreed against the mother for adultery, the trial court did not abuse its discretion when it deeided that the mother might see her children for four hours once a month.\\nThe facts are stated in the opinion.\\nMr. Adri\\u00e1n Agosto for appellant.\\nThe respondent did not appear.\", \"word_count\": \"569\", \"char_count\": \"3304\", \"text\": \"Mr. Justice Wolf\\ndelivered the opinion of the court.\\nEafael Colorado obtained a decree of divorce from his wife, Lorenza Capella Martinez, on the ground of adultery, and the court awarded him the patria potestas of his minor children. A short time after the judgment, the wife filed a petition setting up that Eafael Colorado, her husband, prevented her from seeing her children, in violation of section 175 of the Civil Code, and asking for an order permitting her to see her children and to continue family relations with them.\\nSection 175 is as follows:\\n\\\"In all cases of divorce the minor children shall be placed under the patria potestas of the party who has obtained the decree; but the other spouse shall have the right to continue family relations with his or her children.\\\"\\nUnder the dominion of Spain in this country, and in all the States of the Union, the primary consideration has always been the interests of the children. It is true that section 175 says that \\\"the other sponse shall have the right to continue family relations with the children. ' ' The full exercise of the patria potestas, however, would seem to give the father in this case the right to prescribe the hours, conduct, and disposition of the children. The statute .is a bit vague, and it was necessary for a court to decide the rights of the parties, and we think the court below decided them accurately and in favor of the wife when it allowed her to see the children for four hours once a month. The family relations of which the statute speaks do not mean that the divorced wife miist see her children frequently, because that might be against their welfare; but she is continuing a family relation with them when she sees them, as she is permitted to do, once a month. The question of the extent of these family relations was a matter within the sound discretion of the court, and we see no abuse of that discretion, especially considering that the ground of the divorce was adultery and there was no showing made to .the court that the wife had reformed or abandoned the mode of life that occasioned the divorce.\\nThe order must be affirmed.\\nAffirmed.\\nChief Justice Hernandez and Justices MacLeary, del Toro and Aldrey concurred.\"}"

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+"{\"id\": \"11260168\", \"name\": \"G\\u00f3mez v. Rossy, District Judge\", \"name_abbreviation\": \"G\\u00f3mez v. Rossy\", \"decision_date\": \"1912-03-06\", \"docket_number\": \"No. 88\", \"first_page\": \"1053\", \"last_page\": \"1053\", \"citations\": \"18 P.R. 1053\", \"volume\": \"18\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T17:12:53.315850+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"G\\u00f3mez v. Rossy, District Judge.\", \"head_matter\": \"No. 88.\\nG\\u00f3mez v. Rossy, District Judge.\\nPetition for writ of certiorari.\\nDecided March 6, 1912.\\nMessrs. Luis Llorens Torres and Eugenio Benitez Casta\\u00f1o for petitioner.\", \"word_count\": \"28\", \"char_count\": \"185\", \"text\": \"Petition denied.\"}"

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+"{\"id\": \"11261256\", \"name\": \"Hern\\u00e1ndez v. Sobrinos de Pedro de Diego y Co., S. en C.\", \"name_abbreviation\": \"Hern\\u00e1ndez v. Sobrinos de Pedro de Diego y Co., S. en C.\", \"decision_date\": \"1913-02-04\", \"docket_number\": \"No. 946\", \"first_page\": \"1220\", \"last_page\": \"1220\", \"citations\": \"19 P.R. Dec. 1220\", \"volume\": \"19\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T18:34:28.317042+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Hern\\u00e1ndez v. Sobrinos de Pedro de Diego y Co., S. en C.\", \"head_matter\": \"No. 946.\\nHern\\u00e1ndez v. Sobrinos de Pedro de Diego y Co., S. en C.\\nResuelto en febrero 4, 1913.\\nAbogado de los apelados: Sr. Tom\\u00e1s Bernardini de la Huerta. Abogado del apelante: Sr. Manuel A. Mart\\u00ednez.\", \"word_count\": \"78\", \"char_count\": \"461\", \"text\": \"Apelaci\\u00f3n procedente de la Corte de Distrito de G-nayama. Moci\\u00f3n de los apelados para que se desestime la apelaci\\u00f3n.\\nDesestimada la ape-laci\\u00f3n por incumplimiento del art\\u00edculo 249 del C\\u00f3digo de En-juiciamiento Civil enmendado por la Ley No. 70 de marzo 9, 1911.\"}"

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+"{\"id\": \"12170216\", \"name\": \"In re Anabely Baretty Torres\", \"name_abbreviation\": \"In re Baretty Torres\", \"decision_date\": \"2016-05-19\", \"docket_number\": \"N\\u00famero: TS-12920\", \"first_page\": \"600\", \"last_page\": \"606\", \"citations\": \"195 P.R. Dec. 600\", \"volume\": \"195\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T17:54:44.315955+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Rivera Garc\\u00eda no intervino.\", \"parties\": \"In re Anabely Baretty Torres.\", \"head_matter\": \"In re Anabely Baretty Torres.\\nN\\u00famero: TS-12920\\nResuelto: 19 de mayo de 2016\\nManuel E. Avila de Jes\\u00fas, director de la Oficina de Inspecci\\u00f3n de Notar\\u00edas, en informe; Anabely Baretty Torres, pro se.\", \"word_count\": \"1488\", \"char_count\": \"9138\", \"text\": \"per curiam:\\nUna vez m\\u00e1s nos vemos precisados a ejercer nuestra facultad disciplinaria contra un integrante de la clase togada por incumplir con los requisitos y requeri-mientos de la Oficina de Inspecci\\u00f3n de Notar\\u00edas (ODIN) y por desatender las \\u00d3rdenes de este Tribunal. Por los fun-damentos que enunciamos a continuaci\\u00f3n, se ordena la suspensi\\u00f3n inmediata e indefinida de la Leda. Anabely Ba-retty Torres (licenciada Baretty Torres) del ejercicio de la abogac\\u00eda. Veamos los antecedentes f\\u00e1cticos que sostienen nuestro dictamen.\\nHH\\nLa licenciada Baretty Torres fue admitida al ejercicio de la abogac\\u00eda el 25 de enero de 2000. Asimismo, el 2 de marzo de 2000 prest\\u00f3 juramento para ejercer el notariado en nuestra jurisdicci\\u00f3n.\\nEl 12 de mayo de 2015, el Director de la ODIN, Ledo. Manuel E. \\u00c1vila de Jes\\u00fas, nos remiti\\u00f3 un Informe Especial. En este nos inform\\u00f3 que el 10 de diciembre de 2014, y reenviada el 9 de enero de 2015, le remiti\\u00f3 una comunicaci\\u00f3n a la licenciada Baretty Torres expres\\u00e1ndole que adeudaba a la ODIN un total de (16) diecis\\u00e9is Indices de Actividad Notarial correspondientes a los meses si-guientes: diciembre de 2012; enero a marzo, junio a agosto, noviembre y diciembre de 2013; abril a octubre de 2014. A su vez, se le indic\\u00f3 que no hab\\u00eda presentado los Informes Estad\\u00edsticos de Actividad Notarial Anual para 2012 y 2013.\\nDe la misiva se desprende los esfuerzos realizados por la ODIN para que la licenciada Baretty Torres cumpliera con sus responsabilidades. As\\u00ed el 24 de marzo de 2015, la Unidad de Informes Notariales de la ODIN le curs\\u00f3 una comunicaci\\u00f3n v\\u00eda correo electr\\u00f3nico a la licenciada Baretty Torres. En esta se le se\\u00f1al\\u00f3 a la licenciada Baretty Torres que se hab\\u00eda tratado de conseguir mediante llamada tele- f\\u00f3nica sin resultados positivos. Se le se\\u00f1al\\u00f3 su incumpli-miento con la presentaci\\u00f3n de \\u00edndices de Actividad Notarial Mensual y se le notific\\u00f3 que adeudaba, adem\\u00e1s, aquellos que debieron haberse presentado en noviembre y diciembre de 2014, as\\u00ed como en enero y febrero de 2015. Se le inform\\u00f3, adem\\u00e1s, que deb\\u00eda el Informe de Actividad Notarial Anual para 2014. La licenciada Baretty Torres no contest\\u00f3 este requerimiento.\\nPor su parte, la Unidad de Asuntos No Contenciosos de la ODIN le inform\\u00f3 al Director de la ODIN que no surg\\u00eda de los archivos que la licenciada Baretty Torres tuviera vigente la Fianza Notarial requerida por ley. La \\u00faltima confirmaci\\u00f3n de pago de la letrada con esa obligaci\\u00f3n se relaciona a la Fianza Notarial prestada para el periodo de 7 de febrero de 2013 a 7 de febrero de 2014, la cual hab\\u00eda sido cancelada por la compa\\u00f1\\u00eda Universal Insurance, Co., conforme surg\\u00eda de una comunicaci\\u00f3n de 7 de febrero de 2014.\\nEn la misiva cursada a la licenciada Baretty Torres se desprende que la ODIN la orient\\u00f3 sobre la gravedad de la conducta desplegada as\\u00ed como las consecuencias disciplina-rias que acarreaba tal incumplimiento. La ODIN le conce-di\\u00f3 un \\u00faltimo t\\u00e9rmino a la licenciada Baretty Torres para rendir los documentos adeudados. La carta finalizaba con la advertencia de que la ODIN podr\\u00eda acudir a este Tribunal en caso de incumplimiento. La correspondencia fue re-cibida por la licenciada Baretty Torres el 13 de enero de 2015 en Tampa, Florida.\\nAs\\u00ed las cosas, y referido el asunto a nuestra atenci\\u00f3n, el 29 de mayo de 2015 emitimos una Resoluci\\u00f3n en la cual le concedimos un t\\u00e9rmino de veinte (20) d\\u00edas a la licenciada Baretty Torres para que se expresara sobre el Informe Especial. En esta le apercibimos a la licenciada Baretty Torres de que su incumplimiento con los t\\u00e9rminos de la Resoluci\\u00f3n conllevar\\u00eda sanciones severas, incluyendo su suspensi\\u00f3n inmediata del ejercicio de la abogac\\u00eda. Ese t\\u00e9r-mino venci\\u00f3 sin que la letrada compareciera. As\\u00ed las cosas, el 28 de julio de 2015 compareci\\u00f3 nuevamente el Director de la ODIN, esta vez para notificar el incumplimiento de la notar\\u00eda con nuestra Resoluci\\u00f3n de 29 de mayo de 2015. Por ello, le concedimos a la licenciada Baretty Torres un t\\u00e9rmino de veinte (20) d\\u00edas para que mostrara causa por la cual no deb\\u00eda ser suspendida del ejercicio de la abogac\\u00eda. No obs-tante, la licenciada Baretty Torres no ha comparecido.\\nPasemos a exponer la normativa aplicable a esta rela-ci\\u00f3n de hechos.\\nII\\nEl Canon 9 del C\\u00f3digo de \\u00c9tica Profesional, 4 LPRAAp. IX, dispone que todo abogado deber\\u00e1 observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. La naturaleza de la funci\\u00f3n de abogado requiere de una escrupulosa atenci\\u00f3n y obediencia a las \\u00f3rdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional. In re Bello Rivera, 192 DPR 812 (2015); In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553 (2015).\\nAdem\\u00e1s, reiteradamente hemos se\\u00f1alado que desatender las \\u00f3rdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9, supra. In re Bello Rivera, supra; In re De Jes\\u00fas Rom\\u00e1n, 192 DPR 799 (2015). Asimismo, hemos advertido que procede la sus-pensi\\u00f3n del ejercicio de la profesi\\u00f3n cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de imponerle sanciones disciplinarias. \\\"Id\\u00e9ntica consecuencia supone el incumplir con los requerimientos de entidades a las cuales le hemos delegado alguna funci\\u00f3n en las tareas de regular el ejercicio de la profesi\\u00f3n, como lo son la Oficina de la Procuradora General, la Oficina de Inspecci\\u00f3n de Notar\\u00edas y la Junta del [Programa de Educaci\\u00f3n Jur\\u00eddica Continua]\\\". In re Ezratty Samo et al., 2016 TSPR 19, pags. 8\\u20149, 194 DPR 960. (2016). Por ello, ignorar los reque-rimientos de estas entidades constituye por s\\u00ed mismo una falta \\u00e9tica que conlleva la imposici\\u00f3n de sanciones discipli-narias severas. \\u00edd.\\nAsimismo, la pr\\u00e1ctica de la notar\\u00eda requiere el mayor celo en el cumplimiento de los deberes que le im-pone la ley y el ordenamiento \\u00e9tico. Por lo tanto, un notario no puede cruzarse de brazos ante los se\\u00f1alamientos y re-querimientos de la ODIN.\\nPor otra parte, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, dispone que todos los abogados tienen \\\"la obligaci\\u00f3n de mantener actualizados sus datos y realizar cualquier cambio en la informaci\\u00f3n que consta en el Registro \\u00danico [de Abogados y Abogadas (RUA)]\\\". Entre otras cosas, el incumplimiento con este deber obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicci\\u00f3n disciplinaria. Por lo tanto, el mero incumplimiento de lo anterior tambi\\u00e9n podr\\u00e1 conllevar la imposici\\u00f3n de sanciones disciplinarias. In re Ezratty Samo et als., supra; In re Sitiriche Torres, 192 DPR 777 (2015).\\nIII\\nSeg\\u00fan relat\\u00e1ramos, la licenciada Baretty Torres no ha cumplido con los requisitos del ejercicio de la notar\\u00eda ni con nuestros requerimientos. Aun cuando se le apercibi\\u00f3 a la licenciada Baretty Torres de que podr\\u00edan impon\\u00e9rsele san-ciones disciplinarias severas, de no responder oportunamente a nuestros requerimientos, esta ha hecho caso omiso. Tampoco ha actualizado su direcci\\u00f3n postal y f\\u00edsica en la base de datos del RUA, conforme lo exige la Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal, supra.\\nLa actitud de indiferencia y despreocupaci\\u00f3n de la licenciada Baretty Torres ante sus obligaciones y m\\u00e1s a\\u00fan ante los requerimientos de la ODIN y de este Tribunal es totalmente inaceptable. Su proceder es de dejadez y menospre ci\\u00f3 hada la autoridad de esta Curia y esa conducta es incompatible con el ejercicio de la profesi\\u00f3n.\\nAs\\u00ed, en vista del craso incumplimiento de la letrada con los requisitos que impone la Ley Notarial de Puerto Rico y las \\u00d3rdenes de este Tribunal, decretamos su suspensi\\u00f3n in-mediata e indefinida del ejercicio de la abogac\\u00eda. En conse-cuencia, se le impone el deber de notificar a todos sus clien-tes sobre su inhabilidad para continuar represent\\u00e1ndolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar inmediatamente de su suspensi\\u00f3n a los foros judiciales y administrativos en los que tenga alg\\u00fan caso pendiente. Asimismo, deber\\u00e1 acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del t\\u00e9r-mino de treinta (30) d\\u00edas a partir de la notificaci\\u00f3n de esta Opini\\u00f3n 'per curiam\\\" y Sentencia.\\nPor \\u00faltimo, el Alguacil de este Tribunal deber\\u00e1 gestionar la incautaci\\u00f3n de la obra y el sello notarial de la licenciada Baretty Torres y entregarla a la Oficina del Director de Ins-pecci\\u00f3n de Notar\\u00edas para la correspondiente investigaci\\u00f3n e informe.\\nSe dictar\\u00e1 Sentencia de conformidad.\\nEl Juez Asociado Se\\u00f1or Rivera Garc\\u00eda no intervino.\\nNos indica el Ledo. Manuel E. \\u00c1vila de Jes\\u00fas que la carta fue notificada originalmente a una direcci\\u00f3n que obraba en el Registro \\u00danico de Abogados y Abo-gadas (RUA). No obstante, la Oficina de Inspecci\\u00f3n de Notar\\u00edas (ODIN) confirm\\u00f3 que la direcci\\u00f3n oficial de la notar\\u00eda es en Tampa, Florida, por lo que renvi\\u00f3 la comuni-caci\\u00f3n nuevamente. La primera comunicaci\\u00f3n enviada fue devuelta por el Sistema Federal de Correo Postal como \\\"No Reclamada\\\" (\\\"Unclaimed\\\").\"}"

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+"{\"id\": \"12254107\", \"name\": \"El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Bartolo Aspur\\u00faa Pacheco, acusado y apelante\", \"name_abbreviation\": \"Pueblo v. Aspur\\u00faa Pacheco\", \"decision_date\": \"1943-01-15\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. 9548\", \"first_page\": \"252\", \"last_page\": \"258\", \"citations\": \"61 P.R. Dec. 252\", \"volume\": \"61\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T01:00:39.189533+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Bartolo Aspur\\u00faa Pacheco, acusado y apelante.\", \"head_matter\": \"El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Bartolo Aspur\\u00faa Pacheco, acusado y apelante.\\nN\\u00fam. 9548.\\nSometido: Noviembre 24, 1942.\\nResuelto: Enero 15, 1943.\\nB. Rivera Zayas, abogado del apelante; R. A. G\\u00f3mez, Fiscal del Tribunal Supremo j Luis Negr\\u00f3n Fern\\u00e1ndez, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.\", \"word_count\": \"1884\", \"char_count\": \"11148\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Snyder\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nEl acusado ha apelado de una sentencia que le conden\\u00f3 a seis a\\u00f1os de presidio luego de rendido por un jurado un veredicto de homicidio voluntario.\\nEl acusado alega que el veredicto no est\\u00e1 sostenido por la evidencia. Creemos innecesario hacer una relaci\\u00f3n detallada de la prueba aducida en el juicio. Est\\u00e1 admitido que el acusado dispar\\u00f3 y mat\\u00f3 al interfecto. La prueba de cargo tendi\\u00f3 a demostrar que el acusado, escondiendo su mano derecha y agach\\u00e1ndose, se acerc\\u00f3 a un inodoro y que se oyeron varios disparos mientras el acusado se hallaba \\\"la mitad afuera y la mitad adentro\\\" del inodoro. Admiti\\u00f3 el acusado haber disparado al interfecto en o en los alrededores del inodoro, pero aleg\\u00f3 que lo hab\\u00eda hecho en defensa propia, cuando el \\u00faltimo, luego de enfrascarse en una discusi\\u00f3n con \\u00e9l, le golpe\\u00f3 varias veces en el brazo con un tubo que estaba en el suelo. El jurado resolvi\\u00f3 el conflicto en la evidencia en favor del gobierno, y no vemos raz\\u00f3n para alterar el veredicto rendido (Pueblo v. Cruz, 59 D.P.R. 569; Pueblo v. Olivencia, 54 D.P.R. 908).\\nDespu\\u00e9s de haber declarado el acusado con respecto a los alegados golpes que le fueran propinados por el occiso, el fiscal ocup\\u00f3 la silla testifical en refutaci\\u00f3n. Declar\\u00f3 que cuando vi\\u00f3 al acusado en el cuartel de la polic\\u00eda poco despu\\u00e9s del suceso de sangre, el \\u00faltimo se abstuvo de declarar y se neg\\u00f3 a someterse a la prueba de parafina, pero que \\\"a presencia del Jefe de Caguas, de mi taqu\\u00edgrafo Sr. Luis P\\u00e9rez Jr., de m\\u00ed mismo, le invit\\u00e9 a que se despojara su ropa, quit\\u00e1ndose el gab\\u00e1n, la camisa, la corbata y la camiseta y le bice un examen para ver si descubr\\u00eda en \\u00e9l huellas de alguna clase y no encontr\\u00e9 ninguna huella de nada en absoluto sobre su cuerpo.\\\"\\nArguye el acusado que esta declaraci\\u00f3n del fiscal equivale a infringir el art\\u00edculo 2 de la Ley Org\\u00e1nica (48 U.S.C.A. See. 737) que dispone que \\\"ninguna persona ser\\u00e1 . . . obligada en ninguna causa criminal a ser testigo contra s\\u00ed misma\\\". (A ese mismo efecto, v\\u00e9ase el art\\u00edculo 7 de nuestro C\\u00f3digo de Enjuiciamiento Criminal).\\nAl hacer la anterior alegaci\\u00f3n, el acusado descansa prin-cipalmente en los casos de Reyes v. Corte Municipal, 41 D.P.R. 902, y State v. Height, 117 Iowa 650, 91 N.W. 935 (1902). En el caso de Reyes esta corte resolvi\\u00f3 que obligar a un acusado, con fines de una pretendida identificaci\\u00f3n en el transcurso del juicio, \\\"que se despeinara, se echara el pelo a la cara, y se pusiera la gorra echada hacia la frente\\\", constitu\\u00eda una violaci\\u00f3n del privilegio contra la autoineri-minaci\\u00f3n. En el caso de Height se resolvi\\u00f3 que el testimonio de m\\u00e9dicos que hab\\u00edan practicado bajo compulsi\\u00f3n un examen f\\u00edsico del acusado, no era admisible por razones similares.\\nLa contenci\\u00f3n del acusado es al efecto de que el privi-legio contra la autoincriminaci\\u00f3n no se limita a estar exento de declarar bajo compulsi\\u00f3n. Arguye que tambi\\u00e9n le da derecho a rehusar someterse a una inspecci\\u00f3n f\\u00edsica de determinada porci\\u00f3n de su cuerpo, con el resultado de que la evidencia obtenida por medio de tal inspecci\\u00f3n involun-taria queda excluida por el privilegio en cuesti\\u00f3n.\\nPodr\\u00edamos disponer de esta cuesti\\u00f3n sin una ulterior consideraci\\u00f3n de la misma, en vista de que la defensa no se opuso a este testimonio durante el juicio. Bastar\\u00eda asi-mismo indicar sencillamente que el privilegio, aun si exis-tiera bajo las presentes circunstancias, fu\\u00e9 renunciado en este caso cuando el acusado, a invitaci\\u00f3n del fiscal, se des-poj\\u00f3 voluntariamente de su ropa (V\\u00e9ase Reyes v. Corte Municipal, supra, a las p\\u00e1ginas 906, 907), y cuando ocup\\u00f3 la silla testifical en su propia defensa. Adem\\u00e1s, la premisa en que el acusado funda su contenci\\u00f3n, en el sentido de que la situaci\\u00f3n en el presente caso es similar a la del de Beyes\\u2014 que el acusado estaba en efecto declarando contra s\\u00ed mismo cuando el fiscal ocup\\u00f3 la silla testifical como su portavoz\\u2014 lia sido rechazada en otros casos (O'B\\u0213ien v. State, 25 N.E. 137 (Ind. 1890); Ross v. State, 182 N.E. 865, 69 (Ind. 1932); State v. Gatton, 20 N.E. (2d) 265 (Ohio, 1938). Mas pre-ferimos basar nuestra decisi\\u00f3n en el motivo fundamental de que el requerir de un acusado que se someta contra su volun-tad a un examen f\\u00edsico de esta naturaleza no equivale a una violaci\\u00f3n del privilegio contra la autoincriminaci\\u00f3n.\\nNos damos cuenta de que hay casos que, como el de Beyes, han resuelto lo contrario. Sin embargo, \\\"El peso 'num\\u00e9rico de las autoridades parece favorecer el punto de vista sostenido por el Profesor Wigmore de que el privi-legio deber\\u00eda limitarse a manifestaciones en calidad de testimonio hechas por el acusado, ya por escrito u oral-mente, y no deber\\u00eda hacerse extensivo a exposiciones f\\u00edsicas que se obligue al acusado hacer o a experimentos (tests) a que se le someta contra su voluntad.\\\" 40 Mich. L. Rev. 907 (1942). Cf. Barr, Privileges Against Self-Incrimination in California, 30 Calif. L. Rev. 547, 50 (1942); Morgan and Maguire, Cases on Evidence, anotaci\\u00f3n a las p\\u00e1ginas 227,-28.\\nEl an\\u00e1lisis que hace Wigmore de este problema demues-tra la falacia de la reclamaci\\u00f3n del privilegio en este caso. Indica \\u00e9l que . . no es meramente cualquiera o toda compulsi\\u00f3n lo que constituye la m\\u00e9dula del privilegio, hist\\u00f3-ricamente y de acuerdo con las definiciones constituciona-les, sino prestar declaraci\\u00f3n bajo compulsi\\u00f3n. . El pri-vilegio protege al individuo de hacer revelaciones que se pretenda arrancarle como testigo en un proceso legal en su contra. El l\\u00edmite del privilegio es claro. . . . una inspecci\\u00f3n de las caracter\\u00edsticas f\\u00edsicas por el Tribunal o por los testigos no puede constituir una violaci\\u00f3n del privi-legio, porque no exige nada del acusado como testigo, esto es, con la responsabilidad de su testimonio. Que se le exija alguna vez en tales casos ejercitar acci\\u00f3n muscular\\u2014 como cuando se le ordena que se quite los zapatos o se arrolle las mangas \\u2014 es inmaterial . . . toda vez . . . que no es la compulsi\\u00f3n por s\\u00ed sola lo que constituye la idea del privilegio, sino compulsi\\u00f3n para obtener testimonio. Lo que se obtiene del acusado por medio de ese acto no es una declaraci\\u00f3n acerca de su cuerpo, sino su cuerpo en s\\u00ed (ante, see. 1150). A menos que'se haga cualquier tentativa para obtener una declaraci\\u00f3n, escrita u oral, en la cual pueda confiarse en cuanto a su conocimiento pleno de los hechos y las reacciones de su mente al expresarla, el requerimiento que se le haga no constituye uno de naturaleza testimonial.\\\" (8 Wigmore on Evidence, secs, 2263, 5). \\u00ab\\nNadie en nuestra historia judicial ha sido m\\u00e1s celoso en la protecci\\u00f3n de los derechos civiles del individuo que el Juez Asociado Sr. Holmes. Sin embargo, en el caso de Holt v. United States, 218 U.S. 245, la Corte Suprema, por voz de \\u00e9l, dijo, a las p\\u00e1ginas 252, 3:\\nOtra objeci\\u00f3n se funda en el alcance extravagante de la Quinta Enmienda. Surgi\\u00f3 la cuesti\\u00f3n de si una camisa pertenec\\u00eda al con-finado. Un testigo declar\\u00f3 que el confinado se la hab\\u00eda puesto y le hab\\u00eda quedado bien. Se objeta que \\u00e9l hizo esto bajo la misma coacci\\u00f3n que hizo inadmisible su declaraci\\u00f3n, y que deb\\u00eda eliminarse por las mismas razones. Pero la prohibici\\u00f3n de obligar a un indi-viduo en un proceso criminal a ser testigo en su contra es una que envuelve el uso de compulsi\\u00f3n f\\u00edsica o moral para obtener de \\u00e9l mani-festaciones, y no el que se excluya su cuerpo como evidencia cuando sea necesario. En principio, la objeci\\u00f3n impedir\\u00eda a un jurado mirar el prisionero y comparar sus facciones con una fotograf\\u00eda presentada en evidencia. .\\\"\\nEn el caso de Ohio de State v. Gatton, supra, la corte dijo, a la p\\u00e1gina 266:\\n\\\"Bajo el t\\u00edtulo de 'Autoineriminaei\\u00f3n, 1 Gfreenleaf on Evidence, d\\u00e9cimosexta edici\\u00f3n, secci\\u00f3n 469 e se encuentra lo siguiente:\\n\\\" 'El alcance del privilegio, hist\\u00f3ricamente y en principio, s\\u00f3lo incluye el procedimiento de testificar, oralmente o por escrito, esto es, el procedimiento de obtener revelaciones mediante manifestacio-nes. No se aplica a tales circunstancias f\\u00edsicas de car\\u00e1cter eviden-ciarlo que puedan existir en el cuerpo del testigo o acerca de si\\u00ed persona. El privilegio no descansa en la idea extrema de que una persona culpable tiene derecho a encubrir todo lo que est\\u00e9 .a su alcance sobre la evidencia de su crimen; sino en la idea de que no se le podr\\u00e1 obligar a que la confiese de sus propios labios. No obs-tante, en la \\u00faltima generaci\\u00f3n una benevolencia falsa y sentimental hacia el acusado culpable ha dado lugar a una tendencia en algu-nas jurisdicciones a extender el privilegio de una manera que nunca se imaginaron aqu\\u00e9llos que trazaron sus cimientos; y a menudo se levanta ahora la cuesti\\u00f3n de si el privilegio no protege a una persona acusada, de la inspecci\\u00f3n o examen o exhibici\\u00f3n de su persona. En la gran mayor\\u00eda de las jurisdicciones \\u2022 esta extensi\\u00f3n no ha sido sancionada; por ejemplo, el acusado puede ser obligado a ponerse de pie en la corte con el fin de identificarlo; puede enviarse un m\\u00e9dico para que lo examine, mientras est\\u00e1 en la c\\u00e1rcel, en cuanto a su 'condici\\u00f3n mental; pueden tomarse las medidas de los pies del .acusado con el prop\\u00f3sito de identificar las huellas; puede obligarse al acusado a poner su pie sobre huellas con el prop\\u00f3sito de investigar su parecido.' \\\"\\nEn resumen, el objeto de este privilegio es impedir \\\"el empleo de procedimientos legales para extraer de los propios labios de la persona una admisi\\u00f3n de'su culpabilidad. .\\\" (Wigmore, supra, sec. 2263). Y el privilegio que garantiza la libertad de no testificar bajo compulsi\\u00f3n, contenido en la frase \\\"ser un testigo contra s\\u00ed mismo\\\" \\\"no debe extenderse irracionalmente para cubrir situaciones claramente fuera del significado corriente del privilegio y de la pol\\u00edtica que lo respalda.\\\" (Ross v. State, supra, a la p\\u00e1gina 868).\\nBeconoeemos que el razonamiento aqu\\u00ed expuesto destruye los cimientos sobre los cuales descansa el caso de Reyes v. Corte, supra. Ese caso es, por lo tanto, revocado expre-samente. -\\nPor \\u00faltimo, se queja el acusado de que el fiscal de distrito, en su informe al jurado, arg\\u00fcy\\u00f3 que \\\"los golpes' que alega el acusado le fueron inferidos por el interfecto con este tubo no existen nada m\\u00e1s' que en la mente de la defensa, pues ni este Fiscal, ni el Jefe de la Polic\\u00eda Insular de Caguas, ni mi secretario el se\\u00f1or Luis P\\u00e9rez observamos rastro alguno de golpe en el cuerpo del acusado\\\".\\nLos autos ante nos no contienen una transcripci\\u00f3n del informe del fiscal de distrito. Estamos por tanto imposi-bilitados de determinar si ese comentario se hizo o si el mismo fu\\u00e9 objetado. Pero asumiendo esos hechos, resolve-mos que \\u00e9ste fu\\u00e9 un comentario leg\\u00edtimo hecho por el fiscal sobre su propio testimonio. El caso de Pueblo v. Yera, 60 D.P.R. 818, es aplicable a esta situaci\\u00f3n en vez del de Pueblo v. Marchand, 53 D.P.R. 671.\\nLa sentencia de la corte de distrito ser\\u00e1 confirmada.\"}"

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+"{\"id\": \"1605164\", \"name\": \"Juan Masini et al., Plaintiffs and Appellants, v. People of Puerto Rico, Defendant and Appellee\", \"name_abbreviation\": \"Masini v. People\", \"decision_date\": \"1938-03-11\", \"docket_number\": \"No. 7388\", \"first_page\": \"766\", \"last_page\": \"770\", \"citations\": \"52 P.R. 766\", \"volume\": \"52\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T02:24:08.488625+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Mr. Justice Hutchison and Mr. Justice C\\u00f3rdova D\\u00e1vila took no part in the decision of this case.\", \"parties\": \"Juan Masini et al., Plaintiffs and Appellants, v. People of Puerto Rico, Defendant and Appellee.\", \"head_matter\": \"Juan Masini et al., Plaintiffs and Appellants, v. People of Puerto Rico, Defendant and Appellee.\\nNo. 7388.\\nArgued December 21, 1937.\\nDecided March 11, 1938\\nB. Soltero Peralta for appellants. B. Fern\\u00e1ndez Garc\\u00eda, Attorney General, and M. Bodriguez Bamos, Assistant Attorney General, for appellee.\", \"word_count\": \"1167\", \"char_count\": \"6845\", \"text\": \"Mr. Chief Justice Del Toro\\ndelivered the opinion of the Court.\\nThe record reveals that on January 11, 1936, eleven plaintiffs filed an amended complaint containing eleven causes of action; that the defendant demurred; that the court sustained the demurrer; that four of the eleven plaintiffs then filed a second amended complaint to which defendant demurred; that the court sustained the demurrer and, believing that the complaint was not susceptible of amendment, entered judgment dismissing it, without an award of costs. This appeal has been taken from that judgment.\\nThe averments common to the eleven causes of action first set out and to the four later pleaded are as follows:\\nThree employees of the defendant, in November, 1933, and in Jayuya, acting within the course of their employment as such in the establishment of transmission lines for electricity included within the project for the development of the water resources of the Government of Puerto Rico, did the acts causing the injuries complained of, as follows: One, Ram\\u00f3n Ortiz, placed underneath the kitchen in the house of Mar\\u00eda Mattei, without her consent, four gasoline drums belonging to defendant; the second, Francisco Rodriguez, tried in the early morning to take out a can of gasoline from one of the drums, while the third, Juan Ram\\u00f3n Ybio, was holding a gas lamp in such a negligent manner that he set fire to the gasoline, the fire spreading in all directions.\\nThe averments then differ, there being described in each cause of action the property or properties destroyed by the fire, with a specification of the damages sustained, which in total aggregate in the last four causes of action the sum of $29,219, for which judgment is prayed against the defendant.\\nIt is then alleged in each of the four causes of action finally set out:\\n\\\"That on November 23, 1932, the plaintiff in this cause of action filed a complaint in the District Court of Arecibo, Puerto Rico, against The People of Puerto Rico and the Puerto Rico Irrigation Service, under number 13,551, claiming damages for the reason's here set forth; but since plaintiff was unable to furnish a bond in favor of The People of Puerto Rico as required by Act No. 76 approved April 13, 1916 (p. 154), as amended by Act No. 11 approved April 18, 1928 (p. 130), that action could not be prosecuted and was dismissed on June 25, 1935.\\\"\\nThe grounds for demurrers which were sustained were: lack of jurisdiction for the reason that The People of Puerto Rico has not consented to be sued, improper joinder of parties plaintiffs, and failure to state a cause of action for the reason that the actions which might have been brought by plaintiffs prescribed in accordance with the provisions of Section 9 of Act No. 76 of April 13, 1916 (Laws, p. 154).\\nAppellants maintain in their brief that the district court erred in sustaining the demurrers.\\nIn support of their contention that the court can take jurisdiction of the litigation without the express consent of the defendant, appellants cite Section 9 of Joint Resolution No. 36, approved April 29, 1927 (Laws, p. 344), known as \\\"Act for the development of the Water Resources,\\\" which reads in part as follows:\\n\\\"That the engineer-director appointed by the Commissioner of the Interior to direct the survey and construction of these works, and his officials, agents, or employees, shall have the right to enter, upon notification to the owner or representative, any land for the purpose of making surveys, and to locate and establish any work proposed or included in the projects for the development of water power, including the lines of any canal, road, tunnel, or site for reservoir, aqueduct, electric-power plant, transmission lines, transformer substation, or any other work that may be required, the owner of the property to be indemnified for such damages as may be occasioned in consequence of the said works; Provided, That the amount of said indemnity shall be fixed with the approval of the Executive Council. .\\\"\\nNeither the portion of the statute above transcribed nor much less the whole of it has the scope which appellants contend. The legislature limited itself to fixing a duty to indemnify the landowner for the damages which might be occasioned him by the works therein specified, and what the employees of the defendant are said to have done in this ease is not clearly included within any of them.\\nWe are inclined to believe that there was no error, but even if this were not so, in view of the broad terms in which Section 1 of Act No. 76 of 1916 (Laws, p. 151) was amended by Act No, 11 of 1928 (Laws, p. 130), we would in any event have, to hold that the judgment be sustained since from the face of the complaint it appears that the causes of action sought to be brought are prescribed in accordance with Section 9 of Act No. 76 of 1916 above referred to, which expressly provides that all actions against The People of Puerto Rico shall prescribe, if suit is not begun within one year after the cause of action arises, as construed in connection with Section 4 thereof, as amended in 1928, as follows:\\n\\\".....Provided, however, That every plaintiff, as condition precedent to commencing such suit, must furnish a bond satisfactory to the court in the sum of two thousand (2,000) dollars in answer for costs; Provided, That the court shall have power to exempt from giving bond such persons as, on account of their poverty, may not be able to do so.\\\"\\nThe acts giving rise to the cause of action occurred on November 29, 1931, the original complaint having been filed without the requisite bond on November 23, 1932.\\nThe action thus sought to be commenced was dismissed on Jnne 25, 1935, the new complaint having been filed in November, 1935.\\nThe averment that the plaintiffs were not able to furnish the bond is without merit since the act itself provides how the difficulty in such cases can and should he solved.\\nAlthough in view of the conclusion we have reached, we could pass over the improper joinder of parties plaintiffs, we wish nevertheless to state that the order of the court sustaining the demurrer on this point is in accordance with the law and with the decisions of this Court interpretative thereof. Section 104 of the Code of Civil Procedure (1933 ed.); Ortiz et al. v. Insular Police Commission, 40 P.R.R. 157; Rodr\\u00edguez v. Rodr\\u00edguez et al., 17 P.R.R. 703.\\nThe appeal must be dismissed and the judgment appealed from affirmed.\\nMr. Justice Hutchison and Mr. Justice C\\u00f3rdova D\\u00e1vila took no part in the decision of this case.\"}"

pr/3827435.json

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+"{\"id\": \"3827435\", \"name\": \"Jemir Aguayo Pomales, peticionaria, v. R & G Mortgage Corporation, recurrida\", \"name_abbreviation\": \"Aguayo Pomales v. R & G Mortgage Corp.\", \"decision_date\": \"2006-09-20\", \"docket_number\": \"N\\u00famero: CC-2006-52\", \"first_page\": \"36\", \"last_page\": \"53\", \"citations\": \"169 P.R. 36\", \"volume\": \"169\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T22:57:57.451244+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Fuster Berlingeri no intervino.\", \"parties\": \"Jemir Aguayo Pomales, peticionaria, v. R & G Mortgage Corporation, recurrida.\", \"head_matter\": \"Jemir Aguayo Pomales, peticionaria, v. R & G Mortgage Corporation, recurrida.\\nN\\u00famero: CC-2006-52\\nResuelto: 20 de septiembre de 2006\\nJos\\u00e9 M. Acevedo \\u00c1lvarez, abogado de la parte peticionaria; Luis E. Tab\\u00f3n-Roca, Marta D. Masferrer y Ram\\u00f3n Luis Nieves, abogados de la parte recurrida.\", \"word_count\": \"4204\", \"char_count\": \"26635\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Rebollo L\\u00f3pez\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del Tribunal.\\nEl 30 de septiembre de 2005, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, dict\\u00f3 sentencia en un procedimiento sumario, por despido injustificado, instado por la aqu\\u00ed peticionaria Jemir Aguayo Pomales. al amparo de la Ley N\\u00fam. 2 de 17 de octubre de 1961, seg\\u00fan enmendada, 32 L.P.R.A. see. 3118 et seq. En la sentencia dictada a esos efectos, el foro primario declar\\u00f3 \\\"con lugar\\\" la querella presentada por Aguayo Pomales contra su antiguo patrono, R&G Mortgage Corporation (R&G), determinando que el despido de \\u00e9sta no estuvo justificado; en consecuencia, el foro primario conden\\u00f3 a R&G a pagar a la querellante la mesada correspondiente y los honorarios de abogado. Oportunamente, R&G present\\u00f3 ante el referido foro una moci\\u00f3n para solicitar determinaciones de hechos y de derecho adicionales. \\u00c9sta fue declarada \\\"no ha lugar\\\" el 20 de octubre de 2005 y notificada el 26 de octubre de 2005.\\nEl 23 de noviembre de 2005, R&G present\\u00f3 un recurso de apelaci\\u00f3n ante el Tribunal de Apelaciones. En la referida apelaci\\u00f3n cuestion\\u00f3, en s\\u00edntesis, la determinaci\\u00f3n del tribunal de instancia en cuanto a que el despido fue injustificado. En particular, aleg\\u00f3 que la sentencia no se sosten\\u00eda por la prueba presentada durante el juicio. Por su parte, Aguayo Pomales present\\u00f3 una solicitud de desestimaci\\u00f3n del recurso de apelaci\\u00f3n. Argument\\u00f3 que el tribunal apelativo no ten\\u00eda jurisdicci\\u00f3n para atender el recurso, ya que \\u00e9ste se hab\\u00eda presentado cincuenta d\\u00edas luego de notificada la sentencia del foro primario. En espec\\u00edfico, aleg\\u00f3 que dentro de un procedimiento sumario, al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, ante, no resultaba procedente la presentaci\\u00f3n de una moci\\u00f3n de determinaciones de hechos y derecho adicionales; raz\\u00f3n por la cual su presentaci\\u00f3n por R&G no tuvo el efecto de interrumpir el t\\u00e9rmino para acudir en apelaci\\u00f3n. En fin, Aguayo Pomales solicit\\u00f3 del foro apelativo intermedio que desestimara la apelaci\\u00f3n presentada por R&G por falta de jurisdicci\\u00f3n.\\nExaminada la solicitud de desestimaci\\u00f3n presentada, el Tribunal de Apelaciones la declar\\u00f3 no ha lugar. En la resoluci\\u00f3n que dict\\u00f3 a esos efectos, dicho foro, no indic\\u00f3 las razones para esta determinaci\\u00f3n. Inconforme, Aguayo Pomales acudi\\u00f3 ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari. En s\\u00edntesis, se\\u00f1ala que el referido foro apelativo incidi\\u00f3 al no desestimar el recurso por falta de jurisdicci\\u00f3n. Posteriormente, la querellante present\\u00f3 una moci\\u00f3n en auxilio de jurisdicci\\u00f3n para la paralizaci\\u00f3n de los procedimientos a nivel del Tribunal de Apelaciones.\\nExpedimos el recurso y ordenamos la paralizaci\\u00f3n de los procedimientos hasta que otra cosa dispusi\\u00e9ramos. Contando con la comparecencia de las partes, resolvemos.\\nI\\nEl procedimiento sumario para los casos de reclamaciones laborales tiene como finalidad proveer al empleado un mecanismo procesal mediante el cual se aligere el tr\\u00e1mite de las reclamaciones laborales presentadas contra su patrono, adem\\u00e1s de implantar la pol\\u00edtica p\\u00fablica del Estado de proteger el empleo, desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero despedido de medios econ\\u00f3micos para su subsistencia mientras consigue un nuevo empleo. Pi\\u00f1ero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890 (1998); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 D.P.R. 912 (1996); Mercado Cintr\\u00f3n v. Zeta Com., Inc., 137 D.P.R. 737 (1994).\\nEn numerosas ocasiones este Tribunal ha reiterado la importancia de la celeridad de los procedimientos en los casos de reclamaciones laborales de empleados instadas al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, ante. Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494 (2003); R\\u00edos v. Industrial Optic, 155 D.P.R. 1 (2001). Hemos reconocido, adem\\u00e1s, que precisamente la rapidez en la soluci\\u00f3n de dichos casos fue el prop\\u00f3sito fundamental del legislador al aprobar la medida. V\\u00e9anse: D\\u00e1vila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483 (1999); 14 (N\\u00fam. 1) Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Extraordinaria) (1961). En atenci\\u00f3n a ello, \\\"hemos sido insistentes en se\\u00f1alar la importancia de respetar la naturaleza sumaria de este procedimiento de reclamaci\\u00f3n de salarios y no permitir que las partes desvirt\\u00faen dicho car\\u00e1cter especial y sumario\\\". D\\u00e1vila, Rivera v. Antilles Shipping, ante, p\\u00e1g. 493.\\nEllo no obstante, y aun reconociendo que el prop\\u00f3sito de la legislaci\\u00f3n antes citada es acelerar los procedimientos de reclamaciones laborales del empleado que los insta, este Tribunal ha expresado que el mencionado prop\\u00f3sito no es una norma inflexible que impida un tratamiento distinto en situaciones donde los fines de la justicia as\\u00ed lo ameriten. V\\u00e9ase Valent\\u00edn v. Housing Promoters, Inc., 146 D.P.R. 712 (1998). Aunque es norma reiterada que el car\\u00e1cter reparador de este procedimiento requiere que la ley sea interpretada liberalmente a favor del empleado, he-mos reconocido que no fue la intenci\\u00f3n del legislador imponer un tr\\u00e1mite procesal inflexible e injusto para el patrono querellado. Pi\\u00f1ero v. A.A.A., ante, p\\u00e1g. 903; Rivera v. Insular Wire Products Corp., ante, p\\u00e1g. 925.\\nComo consecuencia de lo antes expresado, en varias ocasiones nos hemos enfrentado a situaciones en que se ha planteado la aplicabilidad, o no, de varias de las Reglas de Procedimiento Civil al referido procedimiento sumario. Lo anterior, en vista de lo dispuesto por la See. 3 de la Ley N\\u00fam. 2 (32 L.P.R.A. see. 3120), a los efectos que en los casos tramitados con arreglo a dicho procedimiento de reclamaciones laborales aplicar\\u00e1n las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no est\\u00e9 en conflicto con el procedimiento establecido en la ley o con el car\\u00e1cter sumario del procedimiento. De hecho, de la propia Ley N\\u00fam. 2, ante, surge de forma clara que las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil que no sean contrarias a alguna disposici\\u00f3n espec\\u00edfica del procedimiento, ni que atenten contra su naturaleza sumaria, le aplican.\\nEn D\\u00edaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 321 (1975), al analizar la mencionada See. 3, expresamos que para resolver si determinado tr\\u00e1mite ordinario dispuesto por las Reglas de Procedimiento Civil puede o no aplicar al procedimiento sumario, hay que examinar si la regla procesal civil implicada resulta conflictiva o contraria a alguna disposici\\u00f3n espec\\u00edfica de la ley especial, y con el car\\u00e1cter sumario del procedimiento.\\nPosteriormente, en D\\u00e1vila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., ante, nos enfrentamos a la controversia en cuanto a si la presentaci\\u00f3n de un recurso de certiorari para revisar una resoluci\\u00f3n interlocutoria, dictada dentro del procedimiento sumario, era contraria o desvirtuaba el car\\u00e1cter sumario que deb\\u00eda imperar en el procedimiento. Resolvimos en la afirmativa. Al as\\u00ed hacerlo indicamos que la sobrecarga de casos pendientes ante los tribunales apelativos imped\\u00edan la r\\u00e1pida soluci\\u00f3n de estos recursos y que, por lo tanto, quedaba afectada la naturaleza sumaria del proceso. En consecuencia, concluimos que la parte que pretendiera impugnar tales resoluciones deb\\u00eda esperar hasta la sentencia final e instar el recurso pertinente a base del alegado error cometido.\\nDicha norma general de autolimitaci\\u00f3n, naturalmente, tiene sus excepciones. En casos en los que la resoluci\\u00f3n haya sido dictada sin jurisdicci\\u00f3n por el foro primario y en aquellos casos en los cuales los fines de la justicia requieran la intervenci\\u00f3n del foro apelativo \\u2014casos extremos en que la revisi\\u00f3n inmediata disponga del caso o su pronta disposici\\u00f3n, o cuando dicha revisi\\u00f3n tenga el efecto de evitar una grave injusticia\\u2014 los tribunales apelativos tendr\\u00e1n facultad de revisar una resoluci\\u00f3n interlocutoria dictada por el foro primario dentro de un procedimiento al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, ante.\\nII\\nEn lo referente al procedimiento de apelaci\\u00f3n de las sentencias dictadas por el tribunal de instancia en casos instados por la mencionada Ley N\\u00fam. 2, su Sec. 12 (32 L.P.R.A. sec. 3129), dispone que \\u00e9stas ser\\u00e1n revisadas conforme al procedimiento ordinario. Ello significa que, conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, las sentencias dictadas por el foro primario en un procedimiento instado al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, supra, podr\\u00e1n ser revisadas presentando un recurso de apelaci\\u00f3n dentro del t\\u00e9rmino jurisdiccional de treinta d\\u00edas del archivo en autos de la copia de la notificaci\\u00f3n de la sentencia dictada. Regla 53.1(c), 32 L.P.R.A. Ap. III.\\nEn conformidad con el procedimiento civil ordinario, entre los remedios postsentencia disponibles a la parte adversamente afectada por una sentencia dictada por el tribunal de instancia, adem\\u00e1s del recurso de apelaci\\u00f3n propiamente, se encuentra la presentaci\\u00f3n de una moci\\u00f3n para determinaciones iniciales o adicionales de hechos o de derecho, o para enmiendas a las determinaciones ya hechas. Regla 43.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Por su parte, la Regia 43.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, dispone que cuando la parte afectada por la sentencia presente la mencionada moci\\u00f3n, el t\\u00e9rmino para solicitar la revisi\\u00f3n de la sentencia quedar\\u00e1 interrumpido.\\nIII\\n\\u00bfProcede que se apliquen las disposiciones de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante \\u2014sobre mociones de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho iniciales o adicionales\\u2014 luego de dictada una sentencia dentro de un procedimiento de reclamaciones laborales al amparo de la antes citada Ley N\\u00fam. 2?\\nAun cuando la referida interrogante no ha sido resuelta por este Tribunal de forma directa y espec\\u00edfica, existen decisiones nuestras que, cuando menos, intimaron el resultado, en la afirmativa, al que hoy llegamos. En Andino v. Topeka, Inc., 142 D.P.R. 933 (1997), la querellante, luego de dictada una sentencia a favor del patrono dentro de un caso instado por el tr\\u00e1mite sumario de la Ley N\\u00fam. 2, ante, present\\u00f3 una moci\\u00f3n que titul\\u00f3 Moci\\u00f3n Solicitando Determinaciones de Hechos y de Derecho Adicionales bajo la Regla 43.3 y de Reconsideraci\\u00f3n. Aun cuando en la moci\\u00f3n llevaba este t\\u00edtulo, no se especificaron las determinaciones de derecho que la querellante deseaba que se realizaran. El foro de instancia la deneg\\u00f3 mediante resoluci\\u00f3n a esos efectos. Diecinueve d\\u00edas luego del archivo en autos de la copia de la notificaci\\u00f3n de la resoluci\\u00f3n que deneg\\u00f3 la moci\\u00f3n, la querellante present\\u00f3 una apelaci\\u00f3n ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. El referido foro determin\\u00f3 que, para que una moci\\u00f3n al amparo de la citada Regla 43.3 tuviera efecto interruptor del t\\u00e9rmino para recurrir en alzada, \\u00e9sta ten\\u00eda que ser una moci\\u00f3n suficiente de su faz. En vista de que la moci\\u00f3n presentada por la querellante no particularizaba las determinaciones de derecho deseadas, el referido foro desestim\\u00f3 el recurso por falta de jurisdicci\\u00f3n.\\nEn revisi\\u00f3n, confirmamos la determinaci\\u00f3n del foro apelativo. En dicho caso establecimos, por vez primera, los requisitos para que una moci\\u00f3n sobre determinaciones de hecho y de derecho interrumpiera el t\\u00e9rmino para apelar. A esos efectos, expresamos que \\u00e9sta deb\\u00eda constituir una \\\"propuesta que exponga con suficiente particularidad y especificidad los hechos que el promovente estima probados y, fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con cuestiones de hecho pertinentes o conclusiones de derecho materiales\\\". (\\u00c9nfasis suprimido.) Andino v. Topeka, Inc., ante, p\\u00e1g. 939.\\nEs de particular relevancia a este caso lo que expresamos en Andino v. Topeka, Inc., ante, en t\\u00e9rminos de que la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, no ten\\u00eda el prop\\u00f3sito de aumentar el t\\u00e9rmino jurisdiccional para apelar o presentar un certiorari, sino que su raz\\u00f3n de ser era brindarle al tribunal sentenciador la oportunidad de enmendar o corregir cualquier error cometido.\\nVemos que en el caso antes citado \\u2014el cual, repetimos, se inst\\u00f3 al amparo del procedimiento sumario de reclamaciones laborales\\u2014 en ning\\u00fan momento se cuestion\\u00f3 la facultad del tribunal de instancia para acoger una moci\\u00f3n de determinaciones de hechos y de derecho ni su efecto interruptor para acudir en revisi\\u00f3n de la sentencia dictada dentro de dicho procedimiento. En otras palabras, en Andino v. Topeka, Inc., ante, no se plante\\u00f3 que la moci\\u00f3n seg\\u00fan la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, fuese contraria a las disposiciones de la Ley N\\u00fam. 2, ante, ni a la naturaleza sumaria del procedimiento.\\nEn Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003), nos enfrentamos a un procedimiento, presentado al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, ante, en el que los empleados querellantes presentaron una moci\\u00f3n de determinaciones adicionales de hecho y de derecho. El foro primario la acogi\\u00f3, emiti\\u00f3 una resoluci\\u00f3n con ciertas determinaciones de hecho y conclusiones de derecho adicionales y dispuso que \\u00e9sta enmendaba la sentencia originalmente dictada. Posterior a ello, el patrono querellado present\\u00f3 una moci\\u00f3n de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho contra la \\\"sentencia enmendada\\\". Esta fue denegada de plano por el foro de instancia. El patrono present\\u00f3 un recurso de apelaci\\u00f3n ante el Tribunal de Apelaciones. El mencionado foro, ante una moci\\u00f3n de desestimaci\\u00f3n presentada por los querellantes, desestim\\u00f3 el recurso por, alegadamente, haberse presentado fuera del t\\u00e9rmino jurisdiccional para acudir en apelaci\\u00f3n.\\nEl patrono acudi\\u00f3 entonces ante este Tribunal alegando, en s\\u00edntesis, que su moci\\u00f3n de determinaciones adicionales de hechos y conclusiones de derecho tuvo el efecto de interrumpir el t\\u00e9rmino para acudir en revisi\\u00f3n de la sentencia enmendada. Este Tribunal, luego de reafirmar los requisitos expuestos en Andino v. Topeka, Inc., ante, para que una moci\\u00f3n a esos efectos interrumpiera el t\\u00e9rmino para apelar, esboz\\u00f3 la controversia en los t\\u00e9rminos siguientes: si luego de presentada y acogida una primera moci\\u00f3n de determinaciones de hecho adicionales, proced\\u00eda la presentaci\\u00f3n de una segunda moci\\u00f3n a esos efectos, y si \\u00e9sta interrump\\u00eda el t\\u00e9rmino para apelar.\\nResolvimos que esta segunda moci\\u00f3n proced\\u00eda en dos instancias: la primera, cuando las determinaciones a las que llegara el tribunal, luego de considerar la primera moci\\u00f3n de determinaciones adicionales, tuviera el efecto de enmendar o modificar la sentencia original a los fines de alterar sustancialmente el resultado del caso o bien producir un cambio sustancial en \\u00e9sta; la segunda instancia, cuando la primera solicitud de determinaciones de hecho adicionales, aun cuando no tuviera el efecto de modificar la sentencia original, incorporara nuevas determinaciones de hecho o conclusiones de derecho no incluidas en la sentencia original.\\nVemos, pues, que en este caso avalamos la facultad del foro de instancia para atender no una, sino dos mociones de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho adicionales dentro del procedimiento al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, supra.\\nIV\\nR&G argumenta que la moci\\u00f3n presentada, al amparo de las disposiciones de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, ten\\u00eda el prop\\u00f3sito de ofrecerle al foro de instancia la oportunidad de enmendar su sentencia, de modo que reflejara la realidad de la prueba que desfil\\u00f3 ante s\\u00ed, y las conclusiones de derecho que deb\\u00edan haberse emitido a tenor con la prueba desfilada en el juicio.\\nPor su parte, la peticionaria argumenta que, dentro del procedimiento establecido por la Ley N\\u00fam. 2, ante, la \\u00fanica alternativa que tiene la parte inconforme con la sentencia es el recurso apelativo, ya que la presentaci\\u00f3n de una moci\\u00f3n de determinaciones adicionales tendr\\u00eda el efecto de aumentar de forma impermisible el t\\u00e9rmino jurisdiccional de treinta d\\u00edas para recurrir en alzada y de atentar contra la naturaleza sumaria del procedimiento. Sostiene, adem\\u00e1s, que este Tribunal estableci\\u00f3 en el caso D\\u00edaz v. Hotel Miramar Corp., ante, cu\\u00e1les eran las \\u00fanicas Reglas de Procedimiento Civil aplicables a los proced\\u00ed mientos seg\\u00fan la Ley N\\u00fam. 2, ante. No le asiste la raz\\u00f3n a la peticionaria.\\nSeg\\u00fan se\\u00f1alamos anteriormente, en el caso D\\u00edaz v. Hotel Miramar Corp., ante, establecimos el est\\u00e1ndar que deb\\u00edan aplicar los tribunales para establecer si determinada disposici\\u00f3n de las Reglas de Procedimiento Civil pod\\u00eda, o no, ser aplicada al procedimiento sumario. Para establecer dicho est\\u00e1ndar, primero partimos de la base que la See. 3 de la Ley N\\u00fam. 2, ante, establec\\u00eda una norma general a los efectos de que las Reglas de Procedimiento Civil pueden ser aplicadas al procedimiento sumario. Con ello en mente, lo que expresamos en cuanto a ese aspecto fue que para efectivamente aplicar una disposici\\u00f3n en particular, hab\\u00eda que examinar si resultaba contradictoria, o no, con alguna disposici\\u00f3n espec\\u00edfica de la referida Ley N\\u00fam. 2 \\u00f3 el car\\u00e1cter sumario del procedimiento. Aun cuando enumeramos una serie de Reglas de Procedimiento Civil que ya hab\\u00edan sido avaladas por este Tribunal, de ninguna forma lo hicimos con la intenci\\u00f3n de que fuera un listado taxativo. Ello significa que hay que examinar cada regla, seg\\u00fan se vayan presentado los casos, y hacer el an\\u00e1lisis establecido en D\\u00edaz v. Hotel Miramar Corp., ante, tomando en cuenta que la norma de celeridad y el car\\u00e1cter del procedimiento no es restrictiva e inflexible y que el norte que se ha de seguir para determinar la apli caci\\u00f3n de una regla de Procedimiento Civil es que los casos sean resueltos de forma correcta y justa.\\nDebe mantenerse presente que la sentencia es el resultado de un proceso de reflexi\\u00f3n y que las determinaciones que haga el juez, tanto de hecho como de derecho, reflejan igualmente el resultado de ese proceso. Como ex-pres\\u00e1ramos en Andino v. Topeka, Inc., ante, p\\u00e1g. 938:\\nLa experiencia nos ense\\u00f1a que, dentro de ciertos l\\u00edmites, puede discreparse de una apreciaci\\u00f3n t\\u00e1ctica o que hay espacio para una interpretaci\\u00f3n jur\\u00eddica distinta; lo importante es evitar que prevalezcan dict\\u00e1menes judiciales caprichosos faltos de fundamento o hijos de la irreflexi\\u00f3n. M\\u00e1s all\\u00e1 de esa instancia, una sentencia explicada y fundamentada facilita la funci\\u00f3n revisora del foro apelativo al presentarle el cuadro t\\u00e1ctico claro que nutri\\u00f3 la conciencia judicial del juzgador.\\nUna moci\\u00f3n bajo la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, se presenta para que el tribunal que dict\\u00f3 la sentencia pueda tener la oportunidad de corregirla, formulando determinaciones adicionales de hecho, a base de la prueba presentada en el juicio, o conclusiones de derecho pertinentes al fallo. R. Hern\\u00e1ndez Col\\u00f3n, Pr\\u00e1ctica jur\\u00eddica de Puerto Rico: derecho procesal civil, San Juan, Ed. Michie, 1997, See. 5001, p\\u00e1g. 314. Por esta raz\\u00f3n, la moci\\u00f3n puede ser solicitada como remedio post sentencia por cualquiera de las partes en un pleito, pues su prop\\u00f3sito va dirigido a la consecuci\\u00f3n de un ideal de justicia exento de errores. V\\u00e9ase Rold\\u00e1n v. Lutr\\u00f3n, S.M., Inc., 151 D.P.R. 883 (2000).\\nResolvemos, en consecuencia, que luego de dictada la sentencia dentro de un procedimiento instado al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, ante, a \\u00e9sta le aplican las disposiciones de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante.\\nV\\nHemos examinado la moci\\u00f3n presentada por R&G en el presente caso. \\u00c9sta no s\\u00f3lo fue presentada en tiempo, sino que cumple con los requisitos de especificidad establecidos en Andino v. Topeka, Inc. ante. Por consiguiente, dicha moci\\u00f3n efectivamente interrumpi\\u00f3 el t\\u00e9rmino para apelar, raz\\u00f3n por la cual el foro apelativo intermedio ten\\u00eda jurisdicci\\u00f3n para atender la apelaci\\u00f3n presentada por R&G. El referido foro, en consecuencia, actu\\u00f3 correctamente al denegar la moci\\u00f3n de desestimaci\\u00f3n presentada por la peticionaria Aguayo Pomales.\\nConforme lo expuesto, procede dictar sentencia confirmatoria de la resoluci\\u00f3n emitida en este caso por el Tribunal de Apelaciones y devolver el caso al mencionado foro para la continuaci\\u00f3n de los procedimientos.\\nSe dictar\\u00e1 sentencia de conformidad.\\nEl Juez Asociado Se\\u00f1or Fuster Berlingeri no intervino.\\nCopia de la notificaci\\u00f3n de la sentencia fue archivada en autos el 4 de octubre de 2005.\\nR&G Mortage Corporation (R&G) hab\\u00eda despedido a la querellante por, alegadamente, haber entregado informaci\\u00f3n personal, no p\\u00fablica, de sus clientes a un tercero, el agente de seguros Jorge Steidel, quien no trabajaba para R&G. Seg\\u00fan determin\\u00f3 el foro primario, R&G no rindi\\u00f3 un reporte escrito en tomo a los hechos y da\\u00f1os encontrados, al amparo de su pol\\u00edtica sobre informaci\\u00f3n confidencial y privilegiada, ni estableci\\u00f3 c\\u00f3mo se hab\\u00edan afectado sus intereses o la estabilidad de la instituci\\u00f3n. Por consiguiente, determin\\u00f3 que no hab\\u00edan mediado ninguna de las causas que permit\\u00edan el despido.\\nEn s\\u00edntesis, R&G solicit\\u00f3 al foro primario que hiciera determinaciones de hecho adicionales relacionadas con la persona a quien Aguayo Pomales hizo entrega de la informaci\\u00f3n confidencial; en cuanto a que durante la vista Aguayo Pomales hab\\u00eda testificado que conoc\\u00eda bien la pol\\u00edtica de confidencialidad de la instituci\\u00f3n; que \\u00e9ste admiti\\u00f3 que la informaci\\u00f3n no deb\\u00eda compartirse con terceros, y que hacerlo era contrario a la pol\\u00edtica de la instituci\\u00f3n. Tambi\\u00e9n se solicitaron determinaciones sobre la 'Pol\\u00edtica sobre Informaci\\u00f3n Confidencial\\\" de la instituci\\u00f3n. En cuanto a determinaciones de derecho, se solicitaron, en s\\u00edntesis, determinaciones sobre el Financial Services Modernization Act, 15 U.S.C.A. sec. 6801 et seq., su protecci\\u00f3n a la intimidad de la informaci\\u00f3n financiera de los clientes y el deber de las instituciones financieras de salvaguardar dicha confidencialidad.\\nEn dicho caso se resolvi\\u00f3 que la Regla 45.2(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap. III, entonces vigente, sobre la notificaci\\u00f3n previa a la parte en rebeld\\u00eda que hubiera comparecido al pleito y contra la cual se solicitaba se dictara sentencia, no aplicaba al procedimiento sumario. Indicamos como raz\\u00f3n para ello que concluir lo contrario atentar\\u00eda contra el car\\u00e1cter r\\u00e1pido y sumario del procedimiento.\\nEn ese caso se\\u00f1alamos, adem\\u00e1s, que este Tribunal hab\\u00eda avalado la aplicaci\\u00f3n de la Regla 13.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, referente a la enmienda de las alegaciones, para conformarlas a la prueba, de las Reglas 6.3 y 10.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, sobre consolidaci\\u00f3n de defensas con relaci\\u00f3n a la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, relativa al permiso para enmendar las alegaciones, y de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, sobre el relevo de sentencia. D\\u00edaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 321-322 (1975).\\nSeg\\u00fan la vigente Regla 53.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, la facultad para revisar las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera de Instancia radica en el Tribunal de Apelaciones. No obstante, la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aplicable al momento en que se present\\u00f3 el recurso de certiorari en dicho caso, Ley N\\u00fam. 11 de 24 de julio de 1952 (4 L.P.R.A. sec. 1 et seq), le otorgaba dicha facultad a este Tribunal.\\nSin embargo, la norma antes expuesta no se aplic\\u00f3 retroactivamente ante los hechos particulares del caso que consider\\u00f3 este Tribunal, ya que en \\u00e9ste, el procedimiento hab\\u00eda perdido su esencia \\\"sumaria\\\" debido al tiempo que hab\\u00eda tomado la resoluci\\u00f3n final del asunto. Por consiguiente, expresamos que, en dicho caso en particular, la revisi\\u00f3n de la resoluci\\u00f3n interlocutoria dictada por el foro primario no afectaba el prop\\u00f3sito perseguido por la norma de autolimitaci\\u00f3n establecida.\\nLa Regla 43.3 de Procedimiento Civil dispone lo siguiente:\\n\\\"No ser\\u00e1 necesario solicitar que se consignen determinaciones de hechos a los efectos de una apelaci\\u00f3n, pero a moci\\u00f3n de parte, presentada a m\\u00e1s tardar diez (10) d\\u00edas despu\\u00e9s de haberse archivado en autos copia de la notificaci\\u00f3n de la sentencia, el tribunal podr\\u00e1 hacer las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho iniciales correspondientes, si es que \\u00e9stas no se hubieren hecho por ser innecesarias, de acuerdo a la Regla 43.2, o podr\\u00e1 enmendar o hacer determinaciones adicionales, y podr\\u00e1 enmendar la sentencia de conformidad. La moci\\u00f3n se podr\\u00e1 acumular con una moci\\u00f3n de reconsideraci\\u00f3n o de nuevo juicio de acuerdo con las Reglas 47 y 48 respectivamente. En todo caso, la suficiencia de la prueba para sostener las determinaciones podr\\u00e1 ser suscitada posteriormente aunque la parte que formule la cuesti\\u00f3n no las haya objetado en el tribunal inferior, o no haya presentado moci\\u00f3n para enmendarlas, o no haya solicitado sentencia.\\\" 32 L.P.R.A. Ap. III.\\nA esos efectos, la referida Regla 43.4 de Procedimiento Civil establece que:\\n\\\"Radicada una moci\\u00f3n por cualquier parte en el pleito para que el tribunal enmiende sus determinaciones o haga determinaciones iniciales o adicionales, quedar\\u00e1n interrumpidos los t\\u00e9rminos que establecen las Reglas 47, 48 y 53, para todas las partes. Estos t\\u00e9rminos comenzar\\u00e1n a correr nuevamente tan pronto se archive en autos copia de la notificaci\\u00f3n de las determinaciones y conclusiones solicitadas.\\\" 32 L.P.R.A. Ap. III.\\nEsto es, que s\\u00f3lo una oportuna y bien formulada solicitud de determinaciones de hecho adicionales es la que interrumpe los t\\u00e9rminos para interponer una apelaci\\u00f3n.\\nA modo de ejemplo, no podr\\u00eda aplicarse al procedimiento sumario reglas que intervengan con las disposiciones de la Ley N\\u00fam. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. see. 3118 et seq.), que establecen t\\u00e9rminos cortos para contestar la querella; criterios estrictos para conceder una pr\\u00f3rroga para contestar la querella; el mecanismo especial para el emplazamiento del patrono; la obligaci\\u00f3n de hacer una sola alegaci\\u00f3n responsiva; las limitaciones en el uso de mecanismos de descubrimiento de prueba; la prohibici\\u00f3n de demandas o reconvenciones contra el obrero querellante; la facultad del tribunal para dictar sentencia en rebeld\\u00eda cuando el patrono querellado no cumple con los t\\u00e9rminos para contestar la querella; los mecanismos de revisi\\u00f3n y ejecuci\\u00f3n de las sentencias, y el embargo preventivo. Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494, 504 esc. 3 (2003); Ruiz v. Col. San Agust\\u00edn, 152 D.P.R. 226 (2000); Rodr\\u00edguez v. Syntex P.R., Inc., 148 D.P.R. 604 (1999); Santiago v. Palmas del Mar Properties, Inc., 143 D.P.R. 886, 892 (1997); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 D.P.R. 912, 923-924 (1996).\\nClaro est\\u00e1, dicha moci\\u00f3n tiene que cumplir con los requisitos de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, esto es, ser presentada dentro del t\\u00e9rmino de diez d\\u00edas de la notificaci\\u00f3n de la sentencia y con los requisitos de suficiente especificidad establecidos en Andino v. Topeka, Inc., 142 D.P.R. 933 (1997).\"}"

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Delgado Rivera, de Salda\\u00f1a & Salda\\u00f1a-Egozcue, abogados de la parte recurente; Marisol Marchand Castro, registra-dora, Registro de la Propiedad de San Juan, Secci\\u00f3n I, parte recurrida.\", \"word_count\": \"8331\", \"char_count\": \"52043\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Estrella Mart\\u00ednez\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del Tribunal.\\nEl recurso presentado nos permite determinar si el do-cumento administratiyo otorgado por el Centro de Recau-daci\\u00f3n de Ingresos Municipales para transferirle a una fia-dora la hipoteca legal t\\u00e1cita que se constituye a su favor, en concepto de las contribuciones de ingresos municipales sobre la propiedad inmueble, es inscribible ante el Registro de la Propiedad.\\nProcedemos a delimitar el escenario f\\u00e1ctico y procesal que origin\\u00f3 el recurso que tenemos ante nuestra consideraci\\u00f3n.\\nI\\nLa controversia de autos gira en torno a una finca del municipio de San Juan (Municipio), cuyo derecho de super-ficie y el derecho de construir en la referida finca fueron cedidos a Paseo Portuario and Company S.E. (Paseo Portuario).( ) A su vez, Paseo Portuario transfiri\\u00f3 el arren-damiento del derecho de superficie a Rexam Limited Partnership. Luego, ese derecho y el de la titularidad de la propiedad edificada (Edificio Portuario) se cedieron a favor de Colonial Parking Corporation (Colonial).\\nSeg\\u00fan el tracto descrito, Colonial se convirti\\u00f3 en due\\u00f1a del derecho de superficie de la finca del Municipio, as\\u00ed como del Edificio Portuario. Ante esto y seg\\u00fan se desprende del recurso presentado, Colonial aleg\\u00f3 ante el Centro de Re-caudaci\\u00f3n de Ingresos Municipales (CRIM) que por el edi-ficio estar construido sobre una propiedad del Municipio estaba exento de pagar contribuciones. El CRIM rechaz\\u00f3 este argumento y solicit\\u00f3 que se presentara una fianza de garant\\u00eda financiera para garantizar la deuda sobre la pro-piedad inmueble impuesta al Edificio Portuario.\\nEn consecuencia, a solicitud de Colonial, el 31 de marzo de 2008 United Surety & Indemnity Company (USIC) emi-ti\\u00f3 la fianza de garant\\u00eda financiera N\\u00fam. 08123361 (fianza), por la suma inicial de $1,575,000. En esta, USIC se oblig\\u00f3 solidariamente con Colonial por el pago de las contribuciones sobre la propiedad inmueble correspon-diente al Edificio Portuario. Posteriormente, la fianza de garant\\u00eda se increment\\u00f3 a $1,975,000.\\nLuego de otorgada esta garant\\u00eda, Colonial se convirti\\u00f3 en un contribuyente moroso. Por lo tanto, el 14 de marzo de 2011 el CRIM emiti\\u00f3 una misiva en la cual solicit\\u00f3 hacer efectiva la fianza que garantizaba la deuda. El 26 de abril de 2011 el CRIM envi\\u00f3 una segunda reclamaci\\u00f3n reite-rando que no pudo llegar a un acuerdo con Colonial, por lo que para cobrar la deuda contributiva no le quedaba otra alternativa que ejecutar la fianza. Esta reclamaci\\u00f3n fue reiterada en una tercera misiva emitida el 18 de mayo de 2011. En todos estos requerimientos, el CRIM solicit\\u00f3 el pago de $1,975,000.\\nAnte estas reclamaciones, el 11 de octubre de 2011, USIC pag\\u00f3 al CRIM la cantidad de $1,812,442.03. Este pago fue realizado mediante dos cheques: el N\\u00fam. 3909 por la cantidad de $367,170.33, con el cual se acredit\\u00f3 el pago de la deuda corriente, y el N\\u00fam. 3910 por $1,445,271.70, mediante el cual se pag\\u00f3 la deuda contributiva sobre la propiedad inmueble impuesta al Edificio Portuario para los a\\u00f1os fiscales 2003-2010.\\nEn consideraci\\u00f3n a estos pagos, el 5 de diciembre de 2011 el Sr. Gustavo A. Freyre Conde, subdirector ejecutivo del CRIM, emiti\\u00f3 ante la notar\\u00eda Tania Xiomara Laporte Reve-r\\u00f3n un documento administrativo de cesi\\u00f3n a favor de USIC. En este, se estableci\\u00f3 que al 11 de octubre de 2011 Colonial le adeudaba al CRIM la cantidad de $2,506,298.34 por con-tribuciones de ingresos municipales sobre la propiedad in-mueble con n\\u00famero de catastro 040-003-089-04-000, a la cual nos hemos referido como Edificio Portuario. Se estable-ci\\u00f3, adem\\u00e1s, que en virtud de esta deuda y la garant\\u00eda emi-tida por USIC, este \\u00faltimo se acogi\\u00f3 a los beneficios de am-nist\\u00eda contributiva contenidos en la Ley N\\u00fam. 94-2011, 21 LPRA see. 5001, y satisfizo la deuda. De acuerdo con estos sucesos, se consign\\u00f3 la cl\\u00e1usula siguiente:\\nCUARTO: En consideraci\\u00f3n al referido pago, por la presente CRIM cede y traspasa a USIC todos sus derechos y acciones contra Colonial; resultantes y a consecuencia de la deuda por concepto de contribuciones de ingresos municipales sobre la propiedad inmueble con n\\u00famero de catastro 040-003-089-04-000 vencida al 01/07/2011, y que se encuentran comprendidas en el pago realizado por USIC. As\\u00ed pues USIC queda subrogada en todos los derechos y acciones del CRIM en contra de Colonial/ )\\nAdem\\u00e1s de cederle los derechos y las acciones que el CRIM ostentaba en contra de Colonial, en el referido docu-mento se relev\\u00f3 a USIC de todas las obligaciones con res-pecto a la fianza que \\u00e9sta hab\\u00eda emitido.\\nAs\\u00ed las cosas, el 8 de febrero de 2012 USIC present\\u00f3 una Instancia para Inscribir Gravamen sobre la Propiedad (Instancia) en la Secci\\u00f3n Primera del Registro de la Propie-dad de San Juan. En esta, expuso el cuadro f\\u00e1ctico que hemos descrito y arg\\u00fcy\\u00f3 que, por virtud del C\\u00f3digo Civil, se subrog\\u00f3 en todos los derechos que el CRIM pose\\u00eda contra Colonial y terceros. Aleg\\u00f3, adem\\u00e1s, que entre los derechos en los que se subrog\\u00f3 se encuentra el gravamen preferente a favor del CRIM. Por consiguiente, solicit\\u00f3 que se inscri-biera a su favor el asiento definitivo del gravamen prefe-rente sobre la finca. La Instancia fue presentada con varios documentos adicionales. Entre ellos, se encuentra la Ce-si\\u00f3n otorgada por el CRIM, el Contrato de Fianza, los che-ques emitidos a favor del CRIM y los recibos de pago otor-gados por este \\u00faltimo.\\nLuego de presentados estos documentos en el Registro de la Propiedad y mientras estaba pendiente su calificaci\\u00f3n, USIC recurri\\u00f3 al Tribunal de Primera Instancia con una demanda sobre cobro de dinero, incumplimiento de contrato y ejecuci\\u00f3n de embargo contra Colonial y American Parking System, Inc., entre otros. En esta, solicit\\u00f3 que el Tribunal le ordenara a Colonial el pago de $1,812,442.03, adem\\u00e1s de los gastos y honorarios por el pleito instado. Asimismo, dado que el gravamen estaba pendiente de inscripci\\u00f3n ante el Re-gistro de la Propiedad, solicit\\u00f3 que una vez este fuera califi-cado se ordenara la ejecuci\\u00f3n de embargo para proceder a vender en p\\u00fablica subasta el derecho de superficie y la titu-laridad del Edificio Portuario ad terminum annorum que Colonial ostentaba en torno a la finca.\\nEl 4 de enero de 2013, la Hon. Marisol Marchand Castro, Registradora de la Propiedad de la Secci\\u00f3n Primera de San Juan (Registradora), emiti\\u00f3 una notificaci\\u00f3n infor-mando que no proced\\u00eda la inscripci\\u00f3n del asiento solicitado por USIC. En particular, hizo constar lo siguiente: \\\"[s]e solicita la anotaci\\u00f3n de Embargo mediante Instancia. Por naturaleza del embargo solicitado, que es en base [sic] a cobro de dinero, la Ley Hipotecaria requiere que se practi-que en virtud de Orden del Tribunal\\\". ( )\\nAnte esta notificaci\\u00f3n, el 24 de enero de 2013 USIC pre-sent\\u00f3 un Escrito de Recalificaci\\u00f3n. En esencia, argument\\u00f3 que lo que solicit\\u00f3 fue la inscripci\\u00f3n de un gravamen pre-ferente adquirido por subrogaci\\u00f3n y cesi\\u00f3n, no un embargo a base de una acci\\u00f3n en cobro de dinero. A pesar de esto, el 27 de marzo de 2014, la Registradora se sostuvo en su ca-lificaci\\u00f3n inicial y deneg\\u00f3 la inscripci\\u00f3n solicitada.\\nPor consiguiente, el 16 de abril de 2014, USIC recurri\\u00f3 ante nos y objet\\u00f3 la calificaci\\u00f3n otorgada por la Registradora. Argument\\u00f3 que esta err\\u00f3 al requerir una or-den judicial para inscribir el gravamen preferente. Ello, de-bido a que los Arts. 1738 y 1166 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sees. 4912 y 3250, le conceden a USIC el derecho a subrogarse en todas las acciones que el CRIM habr\\u00eda podido ejercitar contra Colonial. Arg\\u00fcy\\u00f3 que al USIC pagar la deuda contributiva, el derecho de cobro y sus ga-rant\\u00edas accesorias pasaron a su patrimonio por disposici\\u00f3n de ley, es decir, autom\\u00e1ticamente.\\nAsimismo, USIC aleg\\u00f3 que la Registradora err\\u00f3 al no reconocer que la hipoteca legal t\\u00e1cita puede ser transferida. Adujo que la propia Ley Hipotecaria y de Re-gistro de la Propiedad de 1979 (Ley Hipotecaria) permite su transmisi\\u00f3n y que el documento otorgado por el CRIM es suficiente para ser inscrito en el Registro de la Propiedad. Ello debido a que, por analog\\u00eda, a USIC le aplica el mismo procedimiento que por virtud de ley se ins-tituy\\u00f3 a favor del CRIM.( ) En consecuencia, aleg\\u00f3 que tanto la Instancia como los documentos complementarios presentados eran suficientes para que se reconociera e ins-cribiera el gravamen a favor de USIC.\\nPor su parte, la Registradora expuso que la Instancia presentada no constituye un documento suficiente para inscripci\\u00f3n. Empero, explic\\u00f3 que como de esta se desprende que hab\\u00eda una acci\\u00f3n de cobro de dinero pendiente, le aplic\\u00f3 las disposiciones que regulan las anotaciones pre-ventivas de demanda y embargo, y requiri\\u00f3 una orden judicial para la anotaci\\u00f3n del gravamen.( )\\nPor otro lado, por primera vez, la Registradora expres\\u00f3 que la extensi\\u00f3n de la subrogaci\\u00f3n de derechos y acciones de USIC como fiadora y la determinaci\\u00f3n de si proced\\u00eda inscri-bir como gravamen o un embargo en cobro de dinero, es un asunto de exclusiva competencia judicial. No obstante, ar-g\\u00fcy\\u00f3 que en la medida que se aprob\\u00f3 la legislaci\\u00f3n sobre la venta de deudas contributivas,( ) se puso en duda la trans-feribilidad autom\\u00e1tica de la hipoteca legal t\\u00e1cita que opera a favor del CRIM. Ello, debido a que el legislador consider\\u00f3 necesario consignar la transferencia expresamente. Ade-m\\u00e1s, destac\\u00f3 que la mencionada ley solamente contempla la transferibilidad de las deudas contributivas morosas, es de-cir, aquellas contribuciones que no han sido pagadas. Por lo tanto, concluye que ser\\u00eda inaplicable a la situaci\\u00f3n de autos en la medida que USIC ya pag\\u00f3 las contribuciones que Colonial le adeudaba al CRIM.\\nPor \\u00faltimo, la Registradora sostuvo que el documento de Cesi\\u00f3n otorgado por el Subdirector Ejecutivo del CRIM tampoco ser\\u00eda inscribible, debido a que no se describe la finca seg\\u00fan requiere el Art. 4.06 de la Ley N\\u00fam. 83-1991, conocida como la Ley de Contribuci\\u00f3n Municipal sobre la Propiedad de 1991 (Ley N\\u00fam. 83-1991), 21 LPRA see. 5106. Adem\\u00e1s, porque el Subdirector Ejecutivo del CRIM que lo suscribi\\u00f3 no est\\u00e1 facultado por ley para llevar a cabo ese tipo de transacciones.\\nAnte estas alegaciones, y en respuesta a las nuevas con-tenciones de la Registradora, el 30 de mayo de 2014 USIC present\\u00f3 una R\\u00e9plica al Alegato de la Honorable Registra-dora de la Propiedad. En esencia, argument\\u00f3 que el docu-mento reconocido ante notario debe ser considerado como aut\\u00e9ntico susceptible de inscripci\\u00f3n mediante la Ley Hipotecaria. Adem\\u00e1s, reiter\\u00f3 que en el caso de autos oper\\u00f3 una subrogaci\\u00f3n autom\\u00e1tica, en la medida que el pago he-cho por USIC no extingui\\u00f3 la obligaci\\u00f3n principal. Final-mente, adujo que la Registradora estaba obligada a notifi-car todas las faltas que imped\\u00edan la calificaci\\u00f3n de los documentos presentados; por lo que todas las deficiencias que fueron se\\u00f1aladas por primera vez ante esta Curia son tard\\u00edas y no deben ser consideradas.\\nExpuesto el trasfondo f\\u00e1ctico y procesal del recurso ante nos, corresponde esbozar el derecho aplicable para poder disponer del caso en los m\\u00e9ritos.! )\\nH-1\\nComo cuesti\\u00f3n de umbral, debemos delimitar cu\\u00e1les son los par\\u00e1metros que en nuestro ordenamiento jur\\u00eddico rigen la calificaci\\u00f3n registral, particularmente, de aquellos docu-mentos que son otorgados por agencias administrativas.\\nA. En primer lugar, el Art. 38 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2201, establece a cu\\u00e1les t\\u00edtulos, actas y contratos tiene acceso el Registro de la Propiedad. En este, se contempla la inscripci\\u00f3n de la constituci\\u00f3n, traslaci\\u00f3n, declaraci\\u00f3n o extinci\\u00f3n del dominio de los bienes inmuebles o de los derechos reales que son impuestos sobre ellos, entre otras disposiciones.( )\\nAhora bien, es el Art. 42 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2205, el cual prescribe c\\u00f3mo los documentos podr\\u00e1n ser inscritos.\\nPara que puedan ser inscritos los t\\u00edtulos a los que se refiere la see. 2201 de este t\\u00edtulo, deber\\u00e1n constar en escritura p\\u00fa-blica, ejecutoria o documento aut\\u00e9ntico expedido por autori-dad judicial o funcionario competente, en la forma que pres-criban las leyes y reglamentos, salvo en los casos en que expresamente la ley establezca una forma distinta.\\nLo anterior es complementado por el Art. 43 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2206, el cual establece que\\n[s]e entender\\u00e1 por t\\u00edtulo, conforme a la secci\\u00f3n anterior y para los efectos de la inscripci\\u00f3n, el contenido del documento o documentos p\\u00fablicos en que funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse aqu\\u00e9lla y que hagan fe, por s\\u00ed solos o con el de otros documentos complementarios, o mediante formalidades cuyo cumplimiento se acredite.\\nEste \\u00faltimo procede del Art. 33 del Reglamento Hipote-cario Espa\\u00f1ol. Al interpretarlo, los tratadistas espa\\u00f1oles concluyen que al referirse a \\\"documento o documentos p\\u00fa-blicos\\\" se incorpora la normativa del Art. 1.216 del C\\u00f3digo Civil Espa\\u00f1ol, el cual equivale al Art. 1170 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 3271. Es decir, para que un documento sea p\\u00fablico es necesario que est\\u00e9 autorizado por un notario o empleado p\\u00fablico competente. R.M. Roca Sas-tre, L. Roca-Sastre Muncunill y J. Bern\\u00e1 i Xirgo, Derecho Hipotecario, 9na ed., Barcelona, Ed. Bosch, 2008, T. I, p\\u00e1g. 512. Asimismo, reconocen que seg\\u00fan este art\\u00edculo, el dere-cho de un posible titular registral debe surgir directamente del documento presentado. \\u00edd., p\\u00e1g. 513. Los tratadistas tambi\\u00e9n entienden que la referencia a que este d\\u00e9 fe por s\\u00ed mismo o en conjunto con otros documentos es redundante en la medida en que esta es la funci\\u00f3n t\\u00edpica de todo docu-mento p\\u00fablico. No obstante, expresan que esto implica la necesidad de que se acredite el acto o negocio jur\\u00eddico que se pretende inscribir. \\u00edd., p\\u00e1g. 514.( )\\nPertinente a la controversia de autos, nos concentraremos en la inscripci\\u00f3n de documentos administrativos. Seg\\u00fan establece el mencionado Art. 42 de la Ley Hipotecaria, para que estos puedan ser inscritos deben estar en un documento aut\\u00e9ntico suscrito por un funcionario con competencia. En torno a este particular, el Art. 57.1 del Reglamento para la Ejecuci\\u00f3n de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Reglamento Hipotecario), establece que\\n[s]e considerar\\u00e1n documentos administrativos aut\\u00e9nticos para los efectos de la ley los que est\\u00e1n expedidos por el Estado o por autoridad o funcionario competente.\\nLos documentos administrativos deber\\u00e1n estar certificados y expedidos en la forma y con las solemnidades que prescriben las leyes sobre la materia y har\\u00e1n constar las circunstancias que para los asientos del Registro requieran la \\\"Ley Hipoteca-ria y del Registro de la Propiedad\\\" y este cap\\u00edtulo. 30 LPRA see. 870.207 (ed. especial 2010).( )\\nA pesar de que la ley no define lo que implica ser una autoridad o funcionario competente, la doctrina s\\u00ed lo ha hecho. Roca Sastre, Roca-Sastre Muncunill y Bern\\u00e1 nos ex-plican que \\\"[p]ara que la Autoridad o Funcionario sea com-petente precisa que su nombramiento sea legal, que se halle en el ejercicio de sus funciones y que obre dentro de su pro-pia esfera de actuaci\\u00f3n, tanto por raz\\u00f3n del lugar como del objeto y, en su caso, cuant\\u00eda del asunto\\\". Roca Sastre y otros, op. cit, T. I, p\\u00e1g. 485. Es decir, que tenga competencia en torno a la materia respecto a la cual est\\u00e1 disponiendo. Para el tratadista Rivera Rivera, esta \\\"norma responde al princi-pio de legalidad en su modalidad de titulaci\\u00f3n aut\\u00e9ntica, de manera que los documentos ofrecen una garant\\u00eda por haber sido autorizados o expedidos por un funcionario\\\". L.R. Rivera Rivera, Derecho registral inmobiliario puertorrique\\u00f1o, San Juan, Jur\\u00eddica Eds., 2012, p\\u00e1gs. 85-86.\\nSin embargo, esto no implica que esos documentos est\\u00e9n exentos de cumplir con el principio de especialidad que rige en nuestro sistema de inscripci\\u00f3n registral. Por consi-guiente, \\u00e9stos \\\"expresar\\u00e1n, por lo menos, todas las circuns-tancias que necesariamente debe contener la primera ins-cripci\\u00f3n y sean relativas a las personas de los otorgantes, a las fincas y a los derechos objeto de la inscripci\\u00f3n (Art. 61 de la Ley)\\\". \\u00edd., p\\u00e1g. 86.\\nB. Ahora bien, una vez presentado el documento, procede que el Registrador ejerza su gesti\\u00f3n calificadora y eval\\u00fae o compruebe su legalidad. Es decir, le corresponde determinar si el documento es inscribible, como corolario del principio de legalidad contenido en el Art. 64 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2267. De acuerdo con este principio, el Registrador debe asegurarse que el documento presentado sea v\\u00e1lido y perfecto. SLG P\\u00e9rez-Rivera v. Registradora, 189 DPR 705 (2013). Ello, debido a que solamente tendr\\u00e1n acceso aquellos que cumplan con las exigencias legales aplicables. Rigores v. Registrador, 165 DPR 710, 720 (2005). V\\u00e9ase, adem\\u00e1s, R & G Premier Bank P.R. v. Registradora, 158 DPR 241, 246 (2002).\\nEn general, seg\\u00fan dispuesto por la Ley Hipotecaria, esta calificaci\\u00f3n debe ce\\u00f1irse a: (1) las formas extr\\u00ednsecas de los documentos que se presentan, (2) la capacidad de los otorgantes y (3) la validez de los actos y contratos que contienen estos documentos. Art. 64 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2267. Empero, en cuanto a la calificaci\\u00f3n de los documentos administrativos espec\\u00edficamente, el referido Art. 64 establece que estos deber\\u00e1n ser evaluados en la misma extensi\\u00f3n que los judiciales. Por lo tanto, el Registrador se limitar\\u00e1 a calificar: (1) la competencia y jurisdicci\\u00f3n del \\u00f3rgano administrativo; (2) la naturaleza y los efectos de la resoluci\\u00f3n dictada, si se produjo en el procedimiento correspondiente y se observaron los tr\\u00e1mites y preceptos esenciales para su validez; (3) las formalidades extr\\u00ednsecas de los documentos presentados, y (4) los antecedentes en el Registro de la Propiedad. V\\u00e9ase Roca Sastre y otros, op. cit., T. I, p\\u00e1g. 662.\\nAl igual que ocurre con los documentos judiciales, \\\"debe excluirse de la funci\\u00f3n calificadora del Registrador lo rela-tivo a la legitimaci\\u00f3n de los interesados que insten alg\\u00fan acto administrativo, al orden riguroso del procedimiento y al fundamento de las decisiones administrativas\\\". Roca Sastre y otros, op. cit., T. I, p\\u00e1g. 662. En fin, al igual que con los documentos judiciales, al calificar documentos ad-ministrativos, el Registrador tiene una facultad m\\u00e1s limitada.( )\\nPara poder desempe\\u00f1ar su funci\\u00f3n en los confines que hemos descrito, el Registrador deber\\u00e1 circunscribirse a los documentos que le son presentados, los asientos reg\\u00edstra-les vigentes y las leyes. Art. 64 de la Ley Hipotecaria, supra. En otras palabras, este no puede recurrir a informa-ci\\u00f3n que no conste en los t\\u00edtulos presentados o el contenido del Registro. SLG P\\u00e9rez Rivera v. Registradora, supra.\\nNo obstante, es importante puntualizar que la calificaci\\u00f3n que a estos efectos realice el Registrador \\\"no impedir\\u00e1 ni prejuzgar\\u00e1 el juicio que pueda seguirse en los tribunales sobre la validez de los documentos calificados, debiendo atenerse el registrador a lo que en aqu\\u00e9l se resuelva\\\". Art. 67 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2270. V\\u00e9anse, adem\\u00e1s: Cabrer v. Registrador, 113 DPR 424 (1982); Nido & C\\u00eda., S. en C. v. Registrador, 74 DPR 789, 799 (1953).\\nIII\\nA la luz de las disposiciones anteriores, nos corresponde analizar el negocio jur\\u00eddico que se suscit\\u00f3 entre las partes para poder determinar si los documentos presentados ante la Registradora eran inscribibles o si, en efecto, se requer\\u00eda una orden judicial. Procedemos.\\nA. Seg\\u00fan hemos expuesto, USIC comenz\\u00f3 su relaci\\u00f3n con el CRIM mediante un contrato de fianza en el cual se garantizaba la deuda por contribuciones municipales sobre la propiedad inmueble de Colonial. Como consecuencia, nos es preciso delimitar brevemente las disposiciones apli-cables a este tipo de negocio jur\\u00eddico.\\nComo es sabido, la fianza es una garant\\u00eda personal en la que se le \\\"proporciona al acreedor mayor probabilidad de ver satisfecho su inter\\u00e9s, ya que se ampl\\u00eda su poder de agresi\\u00f3n a un patrimonio distinto del originariamente responsable\\\". J.L. Lacruz Berdejo, F.A. Sancho Rebullida y otros, Elementos de Derecho Civil: Derecho de obligaciones, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1995, T. II, V. 2, p\\u00e1g. 339. Ello, debido a que mediante \\\"la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo \\u00e9ste\\\". Art. 1721 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 4871. Por lo tanto, mediante contrato expreso el fiador se puede obligar a menos, pero nunca a m\\u00e1s de lo que se oblig\\u00f3 el principal. Arts. 1725-1726 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sees. 4875-4876. V\\u00e9ase, adem\\u00e1s, Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 511 (2010).\\nSeg\\u00fan esta normativa, en nuestro ordenamiento \\\"[e]l fiador se subroga por el pago en los derechos que el acreedor ten\\u00eda contra el deudor\\\". Art. 1738 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 4912. V\\u00e9ase, adem\\u00e1s, Gil v. C.R.U.V., 109 DPR 551, 553 (1980). Es decir, por operaci\\u00f3n de ley, el fiador se coloca en la misma posici\\u00f3n que el acreedor. J. Cast\\u00e1n Tobe\\u00f1as, Derecho Civil espa\\u00f1ol, com\\u00fan y floral, 15ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1993, T. 4, p\\u00e1g. 794.( ) As\\u00ed lo reconocimos en Caguas Plumbing v. Continental Const. Corp., 155 DPR 744, 760 (2001), cuando expresamos que el Art. 1738 de nuestro C\\u00f3digo Civil \\\"tipifica un caso de subrogaci\\u00f3n legal, cuyo ejercicio debe ser tutelado, sancionando la conducta del acreedor que lo impida\\\". (Citas omitidas).( ) En consecuencia, no procede argumentar que cuando un fiador paga, la obligaci\\u00f3n original se extingue. Por el contrario, y en ausencia de pacto al respecto, por vir-tud de ley \\u00e9ste se subroga en la misma posici\\u00f3n que el acre-edor original.\\nB. Expuesta la normativa aplicable a la fianza como negocio jur\\u00eddico, procedemos a auscultar cu\\u00e1les eran los derechos ostentados por el CRIM y si \\u00e9stos pueden ser transferidos.\\nEn nuestro ordenamiento jur\\u00eddico es una norma ampliamente conocida que la autoridad del Estado para imponer y cobrar contribuciones le fue delegada a la Asamblea Legislativa. Espec\\u00edficamente, la Constituci\\u00f3n de Puerto Rico establece que \\\" [e] 1 poder del Estado Libre Asociado para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposici\\u00f3n y cobro por los municipios se ejercer\\u00e1 seg\\u00fan se disponga por la Asamblea Legislativa, y nunca ser\\u00e1 rendido o suspendido\\\". Art. VI, Sec. 2, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, p\\u00e1g. 420. No obstante, seg\\u00fan se desprende de esta secci\\u00f3n y es reconocido por nuestra jurisprudencia, la Asamblea Legislativa puede delegarle este poder a los municipios. Interior Developers v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693, 703 (2009); Caf\\u00e9 Rico, Inc. v. Mun. de Mayag\\u00fcez, 155 DPR 548, 553 (2001).\\nAl crear la Ley N\\u00fam. 83-1991, conocida como la Ley de Contribuci\\u00f3n Municipal sobre la Propiedad de 1991, la Asamblea Legislativa le otorg\\u00f3 a los municipios \\\"todos los poderes, facultades y funciones relacionados con las contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble en Puerto Rico, incluyendo los derechos y rango de cr\\u00e9ditos y grav\\u00e1menes preferentes, que hasta la fecha de aprobaci\\u00f3n de esta Ley [agosto 30 de 1991] ha tenido y ejercido el Secretario de Hacienda\\\". 21 LPRA see. 5001 n.\\nA tenor con estos poderes, el Art. 3.30 de la referida ley, 21 LPRA sec. 5080,( ) configura lo que conocemos como la hipoteca legal t\\u00e1cita a favor del Estado. Es decir, el primer gravamen fiscal sobre toda propiedad mueble e inmueble, cuyo efecto es el mismo que un fallo judicial contra la propiedad. Este gravamen tambi\\u00e9n est\\u00e1 contemplado en el Art. 200 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2651, el cual establece que:\\n[s]e constituye hipoteca legal a favor del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, del Centro de Recaudaci\\u00f3n de Ingresos Municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las correspondientes municipalidades, sobre los bienes inmuebles de los contribuyentes por el importe de las contribuciones te-rritoriales de las cinco (5) \\u00faltimas anualidades y las corrientes no pagadas de los impuestos que graviten sobre ellos. Esta hipoteca legal tiene car\\u00e1cter de t\\u00e1cita y determina una prefe-rencia a beneficio de sus titulares sobre todo otro acreedor, y sobre el tercer adquirente, aunque haya inscrito sus derechos.\\nAl igual que en el Derecho espa\\u00f1ol, esta \\\"hipoteca legal t\\u00e1cita es un residuo del antiguo r\\u00e9gimen de clandestinidad hipotecaria que en Puerto Rico garantiza el pago de las contribuciones territoriales\\\". Rivera Rivera, op. cit., p\\u00e1g. 511. V\\u00e9ase, adem\\u00e1s, F. Puig Pe\\u00f1a, Tratado de Derecho Civil espa\\u00f1ol, 2da ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1974, T. Ill, V. II, p\\u00e1g. 277. Es decir, \\\"[e]s la \\u00fanica hipoteca que existe por disposici\\u00f3n de ley en la cual no mediar\\u00e1 escritura e inscripci\\u00f3n registrar. Rivera Rivera, op. cit., p\\u00e1g. 511.\\nEl hecho de que su constituci\\u00f3n sea autom\\u00e1tica o de lege, se justifica en la medida que se considera suficiente la publicidad que la ley lleva en s\\u00ed misma. Bux\\u00f3 v. Alvarez & Zavala, Inc., 104 DPR 678, 681-682 (1976). Los tratadistas espa\\u00f1oles citan con aprobaci\\u00f3n que \\\"[p]or tratarse de una hipoteca que grava todos los inmuebles de la Naci\\u00f3n, no es posible pr\\u00e1cticamente someterla a inscripci\\u00f3n para cada uno de ellos; todos los propietarios, y cuantos quieran serlo, saben que debe pagarse la contribuci\\u00f3n impuesta so-bre las fincas y no cabe exigir mayor publicidad\\\". (Citas omitidas). Roca Sastre y otros, op. cit., p\\u00e1g. 228.\\nPor consiguiente, a pesar de su car\\u00e1cter t\\u00e1cito, \\u00e9sta es reconocida como \\\"un gravamen, lo que en el lenguaje jur\\u00ed-dico significa una verdadera carga real, que pesa sobre los bienes cualquiera que sea su poseedor\\\". (Enfasis y citas omitidos). Bux\\u00f3 v. Alvarez & Zavala, Inc., supra, p\\u00e1g. 681. V\\u00e9ase, adem\\u00e1s, Sucesi\\u00f3n Romero v. Willoughby, 10 DPR 71, 77 (1906).\\nAsimismo, las leyes citadas son di\\u00e1fanas en establecer que este gravamen ostenta un derecho preferente, absoluto, mediante el cual se van a cobrar los cr\\u00e9ditos tributarios de las \\u00faltimas cinco anualidades y la corriente que el contribuyente adeude.( ) Esta preferencia impera por encima de todas las acreencias que pueda haber sobre la propiedad, incluyendo aquellas que hayan sido inscritas con anterioridad. Rivera, op. cit., p\\u00e1g. 511. Es decir, \\\"[t]odo acreedor hipotecario al inscribir su hipoteca y todo deman-dante al anotar su aviso de lis pendens, sabe que sus dere-chos est\\u00e1n sujetos al gravamen legal preferente a favor del Tesoro Insular\\\", por lo que sus \\u00fanicas alternativas son el pagar lo adeudado o utilizar el mecanismo de redenci\\u00f3n establecido en la ley. Riera v. Registrador, 57 DPR 673, 677-678 (1940).( )\\nC. C\\u00f3nsono con lo anterior, nos es forzoso concluir que nuestro ordenamiento jur\\u00eddico contempla la existencia de una hipoteca legal t\\u00e1cita a favor del Estado, particular-mente de las municipalidades. Sin embargo, y pertinente a la controversia de autos, pasamos a evaluar si existe al-guna prohibici\\u00f3n para que esta sea cedida.\\nEl cr\\u00e9dito hipotecario, al igual que cualquier otra obli-gaci\\u00f3n, \\\"puede ser enajenado o cedido a un tercero en todo o en parte, con las formalidades exigidas por ley\\\". Art. 1777 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 5045.( ) En consecuencia, una vez queda constituida la hipoteca, el su-jeto activo puede variar en la medida que el acreedor cede o enajena su cr\\u00e9dito.\\nEn el caso particular de las obligaciones aseguradas con hipotecas legales, \\u00e9stas \\\"no podr\\u00e1n cederse sino cuando haya llegado el caso de exigir su importe\\\". Art. 170.1 del Reglamento Hipotecario, 30 LPRA see. 870.611 (ed. especial 2010). Ello no implica que el cr\\u00e9dito garantizado con hipoteca legal sea inalienable en lo absoluto, sino que tiene esta restricci\\u00f3n temporalmente. Roca Sastre y otros, op. cit., T. X, p\\u00e1g. 97. Es decir, hasta tanto no llega el momento de restituir los bienes asegurados con la hipoteca legal, hay una indeterminaci\\u00f3n en la existencia y la cuan-t\\u00eda del cr\\u00e9dito asegurado, lo cual impide que este pueda cederse. F.J. Jim\\u00e9nez Mu\\u00f1oz, Sobre la cesi\\u00f3n de los cr\\u00e9ditos hipotecarios, 82 Rev. Cr\\u00edt. Der. Inmob. 443, 504 (2006).\\nPor lo tanto, no es hasta que este se convierte en un cr\\u00e9dito determinado y exigible que puede ser cedido seg\\u00fan los par\\u00e1metros establecidos en la Ley Hipotecaria. Roca Sastre y otros, op. cit., T. X, p\\u00e1gs. 100-101. Al respecto, la ley establece que esta tendr\\u00e1 efectos contra terceros desde que se inscribe en el Registro de la Propiedad y el deudor no quedar\\u00e1 obligado por m\\u00e1s de lo que estaba originalmente. Asimismo, dispone que el \\\"cesionario se su-brogar\\u00e1 en todos los derechos del cedente\\\". 30 LPRA see. 2612.( ) Adem\\u00e1s de esto, la ley exige que en la inscripci\\u00f3n se haga constar que el deudor ha sido notificado de la cesi\\u00f3n. Art. 194 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2613. Sin embargo, la omisi\\u00f3n de tal requisito no es \\u00f3bice para impedir la inscripci\\u00f3n, sino que el cedente ser\\u00e1 responsable por los perjuicios que el cesionario pueda sufrir. Id.\\nD. C\\u00f3nsono con estas disposiciones en donde nuestro ordenamiento jur\\u00eddico permite la cesi\\u00f3n del cr\\u00e9dito hipotecario, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprob\\u00f3 la Ley N\\u00fam. 21-1997, conocida como la Ley de Venta de Deudas Contributivas, 21 LPRA see. 5921 et seq. (Ley N\\u00fam. 21-1997). Seg\\u00fan se desprende de su Exposici\\u00f3n de Motivos, con el prop\\u00f3sito de proveer mayor liquidez a los gobiernos municipales, a estos \\u00faltimos se les ha concedido \\\"la autoridad para vender cualquier deuda por contribucio-nes morosas\\\". Es decir, se estableci\\u00f3 un procedimiento ad-ministrativo mediante el cual el CRIM puede vender las deudas contributivas.\\nEn el Art. 5(b) de la mencionada ley, 21 LPRA sec. 5923(b), se estableci\\u00f3 que esta venta constituir\\u00e1 una cesi\\u00f3n del gravamen a favor del comprador, el cual \\\"continuar\\u00e1 teniendo car\\u00e1cter de t\\u00e1cito y mantendr\\u00e1 su preferencia a beneficio del comprador y sus cesionarios sobre todo acreedor, incluyendo al Centro, y sobre terceros adquirentes, aunque hayan inscrito sus derechos en el Registro de la Propiedad\\\".( ) Tan es as\\u00ed, que el comprador tendr\\u00e1 derecho a comenzar el procedimiento de apremio que dis-pone la misma ley para exigir el cr\\u00e9dito de la deuda contributiva transferida. Art. 5(b) de la Ley N\\u00fam. 21-1997 (21 LPRA sec. 5933(b)).\\nSeg\\u00fan los tratadistas espa\\u00f1oles, mediante los procedi-mientos de apremio se establecen los mecanismos para que \\\"los bienes inmuebles y los derechos reales inmobiliarios pued[a]n ser objeto de realizaci\\u00f3n dineraria\\\". (\\u00c9nfasis suplido). Roca Sastre y otros, op. cit., T. V, p\\u00e1g. 441. Es decir, de esta manera se permite una transmisi\\u00f3n jur\\u00eddico-real que conlleva la transferencia de la finca o del derecho real inmobiliario, produci\\u00e9ndose as\\u00ed un \\\"acto susceptible de tener acceso al Registro de la Propiedad\\\". \\u00edd. Asimismo, la Ley Hipotecaria es di\\u00e1fana en establecer que \\\"[l]os embar-gos dispuestos en procedimientos administrativos de apre-mio se regir\\u00e1n por las disposiciones a ellos aplicables\\\". Art. 118 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2407.\\nEn el caso de la Ley N\\u00fam. 21-1997, el comprador de la deuda contributiva al que se le ha otorgado el certificado de venta podr\\u00e1 presentar una certificaci\\u00f3n de embargo en el Registro de la Propiedad, la cual se considerar\\u00e1 notifica-ci\\u00f3n suficiente para comenzar el procedimiento de apremio. Posterior a esto, el comprador podr\\u00e1 solicitar la venta en p\\u00fablica subasta de la propiedad inmueble ante un Tribunal de Primera Instancia. Luego de la adjudicaci\\u00f3n de la su-basta, el due\\u00f1o del certificado de venta le entregar\\u00e1 al com-prador un certificado de compra autenticado ante un nota-rio, el cual tambi\\u00e9n constituir\\u00e1 documento suficiente para ser inscrito ante el Registro de la Propiedad. Art. 25 de la Ley N\\u00fam. 21-1997 (21 LPRA see. 5943).\\nEn consecuencia, el legislador no requiri\\u00f3 que se otor-gara una orden judicial para la inscripci\\u00f3n del gravamen preferente transferido. Todo lo contrario, estableci\\u00f3 que, con la certificaci\\u00f3n emitida por el CRIM, ser\\u00eda suficiente para proceder con tal inscripci\\u00f3n.\\nAl igual que en la referida legislaci\\u00f3n, la Ley N\\u00fam. 83-1991 establece un procedimiento de apremio administra-tivo mediante el cual el CRIM puede llevar a cabo su ges-ti\\u00f3n recaudatoria. Particularmente, establece que una vez transcurra el t\\u00e9rmino para el pago de las contribuciones sobre una propiedad inmueble, el CRIM podr\\u00e1 presentar una certificaci\\u00f3n de embargo para su inscripci\\u00f3n en el re-gistro de la propiedad que corresponda. Art. 4.06 de la Ley N\\u00fam. 83-1991 (21 LPRA see. 5106).( ) As\\u00ed, una vez reci- bida esta certificaci\\u00f3n de embargo administrativo, el Regis-trador tiene el deber de inscribirla y devolverla al CRIM dentro del plazo de diez d\\u00edas. V\\u00e9ase el Art. 4.07 de la Ley N\\u00fam. 83-1991 (21 LPRA sec. 5107).( )\\nDespu\\u00e9s de que esta certificaci\\u00f3n se presenta ante el Registro de la Propiedad, el CRIM puede proceder a vender la propiedad en p\\u00fablica subasta seg\\u00fan la normativa dis-puesta en la propia ley. V\\u00e9ase el Art. 4.08 de la Ley N\\u00fam. 83-1991 (21 LPRA see. 5108). Luego de que se adjudique la subasta, el certificado de compra emitido por el CRIM constituir\\u00e1 t\\u00edtulo suficiente para que el comprador pueda proceder a inscribir su derecho en el Registro de la Propiedad. V\\u00e9ase Art. 4.13 de la Ley N\\u00fam. 83-1991 (21 LPRA see. 5113).\\nDe esta manera, tanto la Ley N\\u00fam. 83-1991 como la Ley N\\u00fam. 21-1997 contemplan la transferencia del cr\\u00e9dito hipotecario preferente que ha sido concedido a favor del CRIM. Asimismo, no requieren una orden judicial para la inscripci\\u00f3n de este derecho en el Registro de la Propiedad. Por el contrario, mediante el procedimiento administrativo de apremio que hemos descrito, tanto el CRIM como a quien este le haya vendido los cr\\u00e9ditos contributivos morosos pueden recurrir al Registro de la Propiedad mediante una certificaci\\u00f3n de embargo y solicitar la inscripci\\u00f3n de su gravamen.\\nIV\\nA la luz de estas disposiciones, procedemos a adjudicar la controversia que tenemos ante nuestra consideraci\\u00f3n.\\nComo se\\u00f1alamos en la relaci\\u00f3n de hechos, tanto en la primera notificaci\\u00f3n de falta como en la denegatoria del Escrito de Recalificaci\\u00f3n presentado por USIC, la Registra-dora solamente se\\u00f1al\\u00f3 como falta que por solicitarse una anotaci\\u00f3n preventiva de embargo, se requer\\u00eda una orden judicial. En ninguna de estas notificaciones se contempl\\u00f3 alguna falta adicional. No es hasta que la Registradora se presenta ante esta Curia que, en contravenci\\u00f3n del Art. 69 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2272, se\\u00f1ala varias faltas adicionales.\\nAnte esto, USIC nos solicita que dejemos de considerar las faltas que fueron presentadas tard\\u00edamente. A pesar de que se ha resuelto que es en la nota denegatoria donde se deben incluir todos los motivos legales que seg\\u00fan la Regis-tradora imped\\u00edan la inscripci\\u00f3n solicitada, este Tribunal se ha inclinado a promover un uso efectivo de su jurisdicci\\u00f3n gubernativa. Es decir, no hemos declinado atender \\u00e1mbitos de la calificaci\\u00f3n registral que no estuvieron contemplados en la nota denegatoria original cuando al as\\u00ed hacerlo se aporta a una \\\"soluci\\u00f3n justa, r\\u00e1pida y econ\\u00f3mica del pro-blema registral en toda la dimensi\\u00f3n que alcanzan los principios de derecho hipotecario aplicables\\\". Housing Inv. Corp. v. Registrador, 110 DPR 490, 504 (1980). V\\u00e9ase, adem\\u00e1s, Grillo v. Registrador, 62 DPR 679, 684 (1943). En consecuencia, procedemos a evaluar las deficiencias se\\u00f1a-ladas por la Registradora.\\nEn su alegato, la Registradora interpreta que al apro-barse la Ley N\\u00fam. 21-1997, el legislador entendi\\u00f3 que era necesario consignar expresamente la transferibilidad de la hipoteca legal t\\u00e1cita a favor del CRIM, lo que puso en duda su transferibilidad autom\\u00e1tica. Esta conclusi\\u00f3n no se sus-tenta en derecho. Como hemos expuesto, al USIC, como fiadora, satisfacer la deuda contributiva de ingresos muni-cipales sobre la propiedad inmueble en controversia, por virtud de ley se subrog\\u00f3 en los derechos que el CRIM os-tentaba contra la referida finca. Resolvemos que la legisla-ci\\u00f3n relacionada a la venta de deudas contributivas trans-feribles no incide en torno al derecho de USIC al haber satisfecho el pago de la contribuci\\u00f3n municipal adeudada.\\nEn armon\\u00eda con el estado de derecho expuesto, el CRIM emiti\\u00f3 un documento administrativo titulado Cesi\\u00f3n me-diante el cual consign\\u00f3 expresamente que, como resultado de las acciones de USIC como fiadora, le ced\\u00eda y traspasaba todos los derechos y las acciones que ten\\u00eda contra Colonial por las contribuciones territoriales adeudadas. Es decir, evidenci\\u00f3 que le transfiri\\u00f3 el cr\\u00e9dito preferente que osten-taba por virtud de la legislaci\\u00f3n vigente en nuestro ordenamiento.\\nAnte esto, no existe prohibici\\u00f3n para que una hipoteca legal sea cedida. Por el contrario, el \\u00fanico requisito que impone nuestro ordenamiento para la cesi\\u00f3n es que el cr\\u00e9-dito est\\u00e9 vencido y sea exigible. Ciertamente, esto no est\\u00e1 en controversia en el caso de autos.\\nPor ello, no proced\\u00eda requerir una orden judicial seg\\u00fan los art\\u00edculos de la ley hipotecaria que rigen las anotaciones preventivas de embargo en nuestro ordenamiento. Por el contrario, correspond\\u00eda que la Registradora calificara el documento administrativo que ten\\u00eda ante su consideraci\\u00f3n.\\nSeg\\u00fan hemos expuesto, el Art. 42 de la Ley Hipotecaria permite la inscripci\\u00f3n mediante documento aut\\u00e9ntico expe-dido por un funcionario competente. En el caso ante nos, al comparecer ante esta Curia, la Registradora se\\u00f1al\\u00f3 que el documento administrativo presentado no cumpl\\u00eda con el principio de especialidad que rige en nuestro ordenamiento y tampoco fue otorgado por un funcionario competente de acuerdo con los confines de la Ley N\\u00fam. 83-1991.\\nLa Registradora actu\\u00f3 correctamente al determinar que la Instancia presentada, por s\\u00ed sola, no constituye un docu- ment\\u00f3 apropiado para producir un asiento en el Registro de la Propiedad. Pino Development Corp. v. Registrador, supra, p\\u00e1g. 379. Sin embargo, incidi\\u00f3 al no considerar que esta po-d\\u00eda complementar el documento administrativo presentado, el cual a todas luces, constituye el t\\u00edtulo inscribible. Es de-cir, del cual inmediatamente se desprende el derecho que se pretende inscribir.\\nCiertamente, el documento otorgado por el CRIM incluy\\u00f3 expresamente el n\\u00famero de catastro de la finca sobre la cual se pretende inscribir el gravamen y en la Instancia presen-tada por USIC se incluy\\u00f3 una descripci\\u00f3n adecuada del inmueble. Como es sabido, la instancia puede ser utilizada como documento complementario para aclarar derechos. Pino Development Corp. v. Registrador, supra, p\\u00e1g. 381. Por tanto, dado que de la Instancia presentada ante la Registra-dora surg\\u00eda la descripci\\u00f3n de la finca conforme al principio de especialidad, no proced\\u00eda denegar la inscripci\\u00f3n bajo este supuesto.\\nDe la misma forma, tampoco proced\\u00eda denegar el asiento por el fundamento de que el documento adminis-trativo, porque se alega que no fue otorgado por un gestor con competencia para ello. Ciertamente, este tipo de docu-mento debe ser autorizado pot un funcionario competente en la materia y que act\\u00fae en el ejercicio de sus funciones. Precisamente, esto fue lo que ocurri\\u00f3 en el caso de autos.\\nEl Subdirector Ejecutivo del CRIM otorg\\u00f3 un documento administrativo de cesi\\u00f3n mediante el cual certific\\u00f3 el pago y el traspaso de los derechos y las acciones que la agencia ostentaba en contra de la propiedad inmueble sujeta al gravamen contributivo. De la disposici\\u00f3n citada por la Registra-dora no surge que el Director Ejecutivo es el \\u00fanico que puede otorgar este tipo de documentos administrativos. Por el contrario, se desprende que el Director Ejecutivo puede delegar cualquiera de sus funciones, deberes y responsabili-dades, a funcionarios y empleados del CRIM, con la \\u00fanica excepci\\u00f3n de los nombramientos, la autorizaci\\u00f3n de contra- tos y los anticipos de fondos a los municipios. V\\u00e9ase Art. 9(d) de la Ley N\\u00fam. 83-1991 (21 LPRA sec. 5808(d)). Sin duda, en esta disposici\\u00f3n no se contempla la situaci\\u00f3n que tene-mos ante nuestra consideraci\\u00f3n. El documento autorizado por el Subdirector Ejecutivo del CRIM solo certific\\u00f3 el pago de la deuda contributiva adeudada por Colonial y, por con-siguiente, el traspaso a USIC de los derechos y las acciones que ostentaba por disposici\\u00f3n de ley.\\nEn consecuencia, la Registradora incidi\\u00f3 al requerir una orden judicial para inscribir el gravamen preferente que el CRIM le cedi\\u00f3 a USIC por el pago que este hizo en car\\u00e1cter de fiadora. A tales efectos, el documento administrativo otorgado por el CRIM, acompa\\u00f1ado de los documentos complementarios mencionados, cumple con los requeri-mientos de la Ley Hipotecaria para que la Registradora proceda con la inscripci\\u00f3n solicitada.\\nV\\nPor los fundamentos que anteceden, corresponde dictar una Sentencia para revocar la denegatoria de inscripci\\u00f3n emitida por la Registradora de la Propiedad. Por lo tanto, se ordena que se proceda con la inscripci\\u00f3n solicitada.\\nSe dictar\\u00e1 Sentencia de conformidad.\\nLa Juez Asociada Se\\u00f1ora Rodr\\u00edguez Rodr\\u00edguez concu-rri\\u00f3 con el resultado sin opini\\u00f3n escrita.\\n(1) Esta finca consta inscrita en el Folio 187 del Tbmo 175, Registro de la Pro-piedad, Secci\\u00f3n Primera de San Juan.\\n(2) V\\u00e9ase Cesi\\u00f3n otorgada por el CRIM el 5 de diciembre de 2011, Ap\\u00e9ndice del Recurso Gubernativo, p\\u00e1gs. 36-37.\\n(3) V\\u00e9ase Notificaci\\u00f3n de la Registradora de la Propiedad, Ap\\u00e9ndice del Recurso gubernativo, p\\u00e1g. 100.\\n(4) V\\u00e9ase Art. 4.06 de la Ley N\\u00fam. 83-1991, conocida como la Ley de Contribu-ci\\u00f3n Municipal sobre la Propiedad de 1991 (Ley N\\u00fam. 83-1991), 21 LPRA see. 5106.\\n(5) V\\u00e9anse: Arts. 112, 113, 114 y 118 de la Ley Hipotecaria de Registro de la Propiedad de 1979 (30 LPRA sees. 2401-2403 y 2407).\\n(6) V\\u00e9ase Ley N\\u00fam. 21-1997, conocida como la Ley de Venta de Deudas Contri-butivas, 21 LPRA see. 5921 et seq. (Ley N\\u00fam. 21-1997).\\n(7) Luego de que el recurso quedara sometido en los m\\u00e9ritos, el 31 de julio de 2014 compareci\\u00f3 ante nos First Bank Puerto Rico (First Bank), mediante una Soli-citud de Intervenci\\u00f3n y Oposici\\u00f3n a Recurso Gubernativo. En esta, nos solicita que le concedamos intervenir debido a que como acreedor hipotecario de primer rango de la finca N\\u00fam. 4678, su derecho puede quedar afectado si se inscribe el gravamen pre-ferente reclamado por USIC. Expone que la validez de la cesi\\u00f3n y subrogaci\\u00f3n de USIC en los derechos preferentes que ostentaba el CRIM est\\u00e1 dilucid\\u00e1ndose en el Caso Civil N\\u00fam. K CD2012-2110 (906) presentado por USIC contra Colonial y en el cual First Bank participa como interventor. Asimismo, nos indica que inst\\u00f3 mi pro-cedimiento civil (K CD2013-1603 (908)) contra Colonial por cobro de dinero. Ante esta solicitud, USIC present\\u00f3 una Oposici\\u00f3n a Solicitud de Intervenci\\u00f3n a la cual le sigui\\u00f3 una Breve R\\u00e9plica a Oposici\\u00f3n a Solicitud de Intervenci\\u00f3n y una D\\u00faplica a Breve R\\u00e9plica a Solicitud de Intervenci\\u00f3n. En sus oposiciones, USIC alega que el pleito iniciado por First Bank desemboc\\u00f3 en una ejecuci\\u00f3n en p\\u00fablica subasta donde a este \\u00faltimo le fue adjudicada la propiedad que ostentaba Colonial, lo cual hace improcedente el reclamo que este trae sobre c\\u00f3mo la resoluci\\u00f3n de esta controversia puede afectar su rango.\\nComo es sabido, la calificaci\\u00f3n Registral se limita a determinar si procede o no la inscripci\\u00f3n solicitada, sin prejuzgar los derechos de las partes. Es decir, el Regis-trador no convalida actos o contratos nulos ni adjudica derechos, pues procede que estos sean dilucidados en los tribunales mediante juicios plenarios en los que se reciba prueba por las partes en contienda. V\\u00e9anse: Cabrer v. Registrador, 113 DPR 424 (1982); L.R. Rivera Rivera, Derecho registral inmobiliario puertorrique\\u00f1o, Puerto Rico, Jur\\u00eddica Eds., 2012, p\\u00e1gs. 275-276. Dicho esto, no procede permitir esta intervenci\\u00f3n, sino que tanto los reclamos planteados por First Bank como USIC contin\\u00faen dilucid\\u00e1ndose, seg\\u00fan dispone nuestro ordenamiento procesal civil.\\n(8) Esta disposici\\u00f3n es complementada por el Art. 37.2 del Reglamento para la Ejecuci\\u00f3n de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 LPRA see. 870.177 (ed. especial 2010), el cual expresamente establece que,\\n\\\"[c]onforme a lo dispuesto en el Art\\u00edculo 38, inciso 1ro [....] ser\\u00e1 inscribible cualquier acto o contrato de trascendencia real que modifique en alguna forma las facultades del dominio sobre bienes inmuebles o inherentes a derechos reales\\\".\\n(9) En armon\\u00eda con la doctrina espa\\u00f1ola, este Tribunal ha entendido que, como corolario de este art\\u00edculo, procede distinguir entre el documento principal inscribible y los documentos complementarios, los cuales aunque carecen de autonom\\u00eda para ser inscritos, complementan los aspectos necesarios para que el principal sea inscribible. V\\u00e9anse: Pino Development Corp. v. Registrador, 133 DPR 373, 381-382 (1993); Figueroa Pesante v. Registrador, 126 DPR 209, 212-214 (1990).\\n(10) En referencia a ello, el tratadista Rivera Rivera contempla las certificaciones de embargo, las concesiones administrativas y las certificaciones del Estado como ejemplos de los documentos administrativos que pueden ser inscritos en el Registro de la Propiedad. Rivera Rivera, op. cit., p\\u00e1g. 90. Por su parte, los espa\\u00f1oles Roca Sastre, Roca-Sastre Muncunill y Bern\\u00e1, entienden que seg\\u00fan este supuesto hay un sinn\\u00famero de documentos que pueden provocar asientos en el Registro de la Propiedad. Claro est\\u00e1, siempre que cumplan con las formalidades que prescriben los reglamentos y las leyes aplicables. R.M. Roca Sastre, L. Roca-Sastre Muncunill y J. Bern\\u00e1 i Xirgo, Derecho hipotecario, 9na ed., Barcelona, Ed. Bosch, 2008, T. I, p\\u00e1g. 483.\\n(11) Para una discusi\\u00f3n en tomo a la funci\\u00f3n limitada que tiene el Registrador en cuanto a la calificaci\\u00f3n de documentos judiciales, a manera de ejemplo, v\\u00e9anse: Popular Mortgage v. Registrador, 181 DPR 625 (2011); P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, 123 DPR 231 (1989).\\n(12) Para interpretar el Art. 1738 de nuestro C\\u00f3digo Civil recurrimos a los co-mentarios de tratadistas espa\\u00f1oles, debido a que \\u00e9ste procede del Art. 1.839 del C\\u00f3digo Civil espa\\u00f1ol.\\n(13) V\\u00e9ase, adem\\u00e1s, Roig v. Rodr\\u00edguez, 16 DPR 207, 211 (1910), donde este Tribunal expres\\u00f3 que el \\\"fiador se subroga por el pago de todos los derechos que el acreedor ten\\u00eda contra el deudor, seg\\u00fan el art\\u00edculo 1740 [actual Art\\u00edculo 1738] del C\\u00f3digo Civil\\\".\\n(14) El art\\u00edculo dispone:\\n\\\"[...] Cuando la propiedad inmueble comprende tierras y mejoras, juntamente, los valores en que hubieren sido tasadas las tierras y las mejoras se pondr\\u00e1n por separado. La contribuci\\u00f3n que se impusiere por el corriente a\\u00f1o econ\\u00f3mico y por los cinco (5) a\\u00f1os econ\\u00f3micos anteriores sobre cada finca o parcela de propiedad inmue-ble, e, inclusive, sobre cualesquiera mejoras que en ella existan o que posteriormente se hicieren en la misma, constituir\\u00e1 el primer gravamen sobre dicha propiedad, el cual tendr\\u00e1 prelaci\\u00f3n sobre cualesquiera otros grav\\u00e1menes sobre dicha finca o par-cela de cualquier naturaleza que fuesen, ya pesen \\u00e9stos sobre ella antes o despu\\u00e9s que el gravamen determinado por dicha contribuci\\u00f3n [...] Cada notificaci\\u00f3n de embargo por contribuciones atrasadas, sea sobre bienes inmuebles o sobre bienes mue-bles, producir\\u00e1 el mismo efecto que un fallo judicial contra toda la propiedad embar-gada del contribuyente moroso, y todo gravamen que por la presente se crea tendr\\u00e1 la fuerza y efecto de un gravamen debidamente trabado\\\". 21 LPRA. see. 5080.\\n(15) Esta preferencia tambi\\u00e9n est\\u00e1 reconocida en el Art. 1823 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 LPRAsec. 5193, el cual establece que:\\n\\\"Con relaci\\u00f3n a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor, gozan de preferencia:\\n\\\"(1) Los cr\\u00e9ditos a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o de la correspondiente municipalidad, sobre los bienes de los contribuyentes, por el importe de las cinco (5) \\u00faltimas anualidades, y la corriente no pagada, de las contribuciones que graviten sobre ellos\\\".\\nEl Art. 1824 del C\\u00f3digo Civil, 31 LPRAsec. 5194, tambi\\u00e9n reconoce esta prela-ci\\u00f3n pero con relaci\\u00f3n a los dem\\u00e1s bienes muebles e inmuebles de un deudor.\\n(16) N\\u00f3tese que esta prelaci\\u00f3n solamente opera en cuanto a las anualidades comprendidas en la hipoteca, no as\\u00ed en tomo a las anteriores a estas. Rivera Rivera, op. cit., p\\u00e1g. 164. V\\u00e9ase, adem\\u00e1s, F. Puig Pe\\u00f1a, Tratado de Derecho Civil espa\\u00f1ol, 2da ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1974, T. III, V. II, p\\u00e1gs. 316-317.\\n(17) El cr\\u00e9dito hipotecario est\\u00e1 compuesto por dos elementos, es decir, el cr\\u00e9dito y la hipoteca. Esta \\u00faltima es accesoria en tanto garantiza la efectividad del primero. Roca Sastre y otros, op. cit., T. X, p\\u00e1g. 69. Por consiguiente, al transferir el cr\\u00e9dito tambi\\u00e9n se transfiere la hipoteca. Ello es c\\u00f3nsono con el Art. 1418 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 3943, el cual establece que \\\"[l]a venta o cesi\\u00f3n de un cr\\u00e9dito comprende la de todos los derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio\\\". En otras palabras, no cabe hablar de cesi\\u00f3n de cr\\u00e9dito hipote-cario sin ceder el derecho real de hipoteca.\\n(18) De acuerdo con esta disposici\\u00f3n, es menester referimos a la interpretaci\\u00f3n del Tribunal Supremo de Espa\\u00f1a que este Tribunal adopt\\u00f3 en el contexto de la cesi\\u00f3n de cr\\u00e9ditos:\\n\\\"[...] tras la cesi\\u00f3n del cr\\u00e9dito, el nuevo acreedor 'se ha colocado en la misma situaci\\u00f3n que se hallaba el cedente cuando le transfiri\\u00f3 dicho cr\\u00e9dito'. En su Senten-cia de 13 de febrero de 1988, el Tribunal Supremo espa\\u00f1ol resolvi\\u00f3 que, m\\u00e1s all\\u00e1 del cambio en la persona del acreedor, 'en lo dem\\u00e1s la obligaci\\u00f3n queda inalterable o invariable en su total contenido y caracter\\u00edsticas [y] el deudor no responde hacia el cesionario de una obligaci\\u00f3n distinta, sino de la misma obligaci\\u00f3n en su total inte-gridad e identidad, en cuyo sentido ya cuida nuestro C\\u00f3digo de hablar de novaci\\u00f3n modificativa' \\\", (Escolio omitido). CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 421 (2011).\\nAsimismo, desde Montilla v. Van Syckel, 8 DPR 160, 186-188 (1905), hemos reconocido que la cesi\\u00f3n de un cr\\u00e9dito hipotecario no puede ser considerada como un simple pago, sino que debe entenderse como una subrogaci\\u00f3n.\\n(19) Es pertinente mencionar que cuando se present\\u00f3 el Segundo Informe sobre el P. del S. 547, el cual eventualmente se convirti\\u00f3 en la Ley N\\u00fam. 21-1997, la Asamblea Legislativa consider\\u00f3 la experiencia positiva de varios estados y munici-pios de Estados Unidos que establecieron un mecanismo de venta de deudas contributivas. Adem\\u00e1s, es una norma firmemente establecida que el hecho de que la contribuci\\u00f3n sea a favor del estado no impide que la persona que paga la cantidad adeudada se subrogue en el gravamen del Estado. Es decir, se permite la transmi-si\\u00f3n y que el comprador se subrogue en la misma posici\\u00f3n que el Estado ostentaba. Right of one who pays taxes for which another is bound, to subrogation to the right of the taxing power, 61 A.L.R. 587 (Supl. 2012).\\n(20) El Art. 4.06 (21 LPRA see. 5106), espec\\u00edficamente contempla que\\n\\\"[l]a mencionada certificaci\\u00f3n contendr\\u00e1 los siguientes detalles: el nombre del contribuyente moroso, si se conoce; el n\\u00famero de catastro que el Centro de Recauda- ci\\u00f3n le haya asignado al inmueble embargado para fines fiscales; el montante de las contribuciones, penalidades y costas adeudadas por la misma; la descripci\\u00f3n de la propiedad o bienes inmuebles embargados; y que el embargo ser\\u00e1 v\\u00e1lido a favor del Centro de Recaudaci\\u00f3n. La certificaci\\u00f3n de embargo una vez presentada en el regis-tro ser\\u00e1 suficiente para notificar al contribuyente e iniciar el procedimiento de apremio\\\".\\nEsto es c\\u00f3nsono con el mencionado Art. 118 de la Ley Hipotecaria, en el cual se permite la inscripci\\u00f3n de los embargos dispuestos en procedimientos administrativos mediante una certificaci\\u00f3n que comprenda las circunstancias necesarias para la anotaci\\u00f3n. V\\u00e9ase Art. 118 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2407.\\n(21) Atales efectos, desde Riera v. Registrador, 57 DPR 673, 680-681 (1940), esta Curia reconoci\\u00f3 que esta certificaci\\u00f3n constituye un documento aut\\u00e9ntico e inscribi-ble de acuerdo con los par\\u00e1metros establecidos en la Ley Hipotecaria.\"}"

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Mediante dicha orden, el T.P.I. declar\\u00f3 sin lugar una moci\\u00f3n de relevo de sentencia presentada por los peticionarios.\\nPor los fundamentos que expresamos a continuaci\\u00f3n, se deniega la expedici\\u00f3n del auto.\\nI\\nDel expediente sometido ante nuestra consideraci\\u00f3n se desprenden los siguientes hechos e incidentes pertinentes.\\nEl Departamento de la Familia present\\u00f3 una solicitud para la remoci\\u00f3n de emergencia de seis menores de edad hijos de los peticionarios, al amparo de la Ley N\\u00fam. 177 de 1ro de agosto de 2003, 8 L.P.R.A. sees. 444 et seq, conocida como la Ley para el Bienestar y la Protecci\\u00f3n Integral de la Ni\\u00f1ez. Dicha solicitud se gestion\\u00f3 el 16 de marzo de 2007.\\nLuego de celebrada la vista para determinar si exist\\u00edan circunstancias que motivaran la remoci\\u00f3n de la custodia de emergencia realizada por el Departamento de la Familia, el T.P.I., en Sentencia emitida el 31 de enero de 2008 y notificada el 5 de febrero de 2008, concluy\\u00f3 que el proceso se realiz\\u00f3 conforme a derecho. De esta manera permiti\\u00f3 que el Departamento retuviera la custodia provisional de los menores y se continuara con las vistas de seguimiento correspondientes a la discusi\\u00f3n del plan de servicios entre los peticionarios y los menores.\\nInconformes con esta determinaci\\u00f3n, los peticionarios presentaron una serie de mociones, a saber: una Solicitud de Remedio el 19 de febrero de 2008, una Moci\\u00f3n de Reconsideraci\\u00f3n el 20 de febrero de 2008 y una Moci\\u00f3n Solicitando Nuevo Juicio el 27 de febrero de 2008. Todas estas mociones fueron declaradas sin lugar por el T.P.I.\\nAs\\u00ed el tr\\u00e1mite, el 9 de abril de 2008, los peticionarios presentaron un recurso de apelaci\\u00f3n ante este Tribunal de Apelaciones solicitando la revisi\\u00f3n de la Sentencia del 31 de enero de 2008. Cuestionaron dicho dictamen argumentando que las trabajadoras sociales encargadas del caso se valieron de alegaciones falsas para lograr y mantener vigente la remoci\\u00f3n de custodia.\\nEn Sentencia emitida por este Foro el 9 de mayo de 2008, se desestim\\u00f3 el recurso por falta de jurisdicci\\u00f3n. Concluimos en esa ocasi\\u00f3n, que al tratarse de una resoluci\\u00f3n cuya notificaci\\u00f3n fue archivada en autos el 5 de febrero de 2008, el recurso debi\\u00f3 presentarse dentro de los treinta (30) d\\u00edas siguientes y aunque se present\\u00f3 una oportuna Moci\\u00f3n de Reconsideraci\\u00f3n, \\u00e9sta se rechaz\\u00f3 de plano por lo que no tuvo el efecto de interrumpir dicho t\\u00e9rmino.\\nEl 5 de julio de 2008, los peticionarios presentaron ante el T.P.I. una Moci\\u00f3n Urgente bajo la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 49.2. De una lectura de dicha moci\\u00f3n no surge claramente el fundamento bajo el cual los peticionarios alegan que proced\\u00eda el relevo de la sentencia. En s\\u00edntesis, arg\\u00fcyeron que las trabajadoras sociales que manejaron el caso fueron negligentes en el cumplimiento de su deber al no llevar a cabo su responsabilidad de investigar y corroborar minuciosamente las alegaciones de maltrato en el caso ante su consideraci\\u00f3n. Plantearon que \\u00e9stas cometieron el delito de perjurio y, adem\\u00e1s, que suscribieron alegaciones falsas y ocultaron al tribunal declaraciones de los menores afirmando que fueron obligados a mentir en contra de sus padres, todo lo cual desemboc\\u00f3 en una privaci\\u00f3n ilegal y fraudulenta de la custodia de sus hijos.\\nEl T.P.I., en orden emitida el 10 de julio de 2008 y notificada el 14 de julio de 2008, declar\\u00f3 sin lugar la moci\\u00f3n solicitando el relevo de la sentencia. En desacuerdo con esta denegatoria del T.P.I. es que los peticionarios recurren a este Foro mediante petici\\u00f3n de certiorari.\\nII\\nLos peticionarios le imputan los siguientes errores al T.P.I.:\\n\\\"Err\\u00f3 el Tribunal de Primera Instancia, al no considerar las magnas violaciones al derecho Constitucional, crasos abusos, ilegalidades y atropellos ejercidos en contra de los peticionarios, sus hijos y su n\\u00facleo familiar.\\nErr\\u00f3 el Tribunal de Primera Instancia, al dejar de considerar las acciones fraudulentas y contrarias al derecho, que provocaron una remoci\\u00f3n ilegal de menores y la separaci\\u00f3n de un entorno familiar, iniciadas y fundamentadas en procesos antijur\\u00eddicos, perjurio agravado, magnas violaciones e infracciones a nuestro C\\u00f3digo Penal y violaciones a magnos Derechos Civiles y Constitucionales.\\nErr\\u00f3 el Tribunal de Primera Instancia, al asumir una postura permisiva habiendo desfilado ante s\\u00ed, actos antijur\\u00eddicos que resultan contrarios a derecho, a las Leyes, a la moral y el orden p\\u00fablico.\\nErr\\u00f3 el Tribunal de Primera Instancia, en dejar de considerar la protecci\\u00f3n, el bienestar y el mejor inter\\u00e9s de los menores envueltos, ante las magnas violaciones a la propia Ley 177 del 1 de agosto de 2003, por parte del Departamento de Familia.\\nEl Tribunal de Primera Instancia abus\\u00f3 de su discreci\\u00f3n, al endosar acciones antijur\\u00eddicas, contrarias a las Leyes, a la moral y al orden p\\u00fablico, en contra de magnos Derechos Civiles, Constitucionales y contrarios a la intenci\\u00f3n de la pol\\u00edtica p\\u00fablica de la Ley 177, claramente plasmadas por el legislador.\\\"\\nDe la solicitud para que expidamos el auto y de los errores se\\u00f1alados, se desprende que nos corresponde resolver si los se\\u00f1alamientos de los peticionarios sobre actos delictivos y fraudulentos cometidos por las trabajadoras sociales del Departamento de la Familia que manejaron el caso y que, seg\\u00fan ellos alegan, provocaron la remoci\\u00f3n ilegal de custodia de los menores, son fundamento suficiente para decretar el relevo de la sentencia dictada.\\nIII\\nLa Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente:\\n\\\"Mediante moci\\u00f3n y bajo aquellas condiciones que sean justas, el tribunal podr\\u00e1 relevar a una parte o a su representante legal de una sentencia, orden o procedimiento por las siguientes razones:\\n(1) Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia excusable;\\n(2) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48;\\n(3) fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha denominado intr\\u00ednseco y tambi\\u00e9n el llamado extr\\u00ednseco), falsa representaci\\u00f3n u otra conducta impropia de una parte adversa;\\n(4) nulidad de la sentencia;\\n(5) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no ser\\u00eda equitativo que la sentencia continuara en vigor; o\\n(6) cualquier otra raz\\u00f3n que justifique la concesi\\u00f3n de un remedio contra los efectos de una sentencia. \\\"\\nEsta regla le brinda la facultad a los tribunales para dejar sin efecto alguna sentencia, orden o procedimiento suyo por causa justificada, basado en la propia raz\\u00f3n de ser de los foros judiciales que es hacer justicia. Piazza v. Isla del R\\u00edo, Inc., 158 D.P.R. 440, 448 (2003); Ortiz Serrano v. Ortiz D\\u00edaz, 106 D.P.R. 445, 449 (1977). Este remedio permite al tribunal hacer un balance entre dos intereses en conflicto. De una parte, que toda litigaci\\u00f3n sea concluida y tenga finalidad, y de otra parte, que en todo caso se haga justicia. N\\u00e1ter v. Ramos, 162 D.P.R. 616, 624 (2004); Piazza v. Isla del R\\u00edo, Inc., supra.\\nUna parte podr\\u00e1 librarse de los efectos de una sentencia si logra demostrar la existencia de una de las seis causales estipuladas en la Regla. De Jes\\u00fas Vi\\u00f1as v. Gonz\\u00e1lez Lugo, 170 D.P.R. _ (2007), 2007 J.T.S. 48. Ahora bien, aun cuando se demuestre la existencia de uno de los fundamentos expuestos en la Regla 49.2, es una decisi\\u00f3n discrecional del tribunal el relevar a una parte de los efectos de una sentencia, salvo que se trate de nulidad o una sentencia que ya ha sido satisfecha. N\\u00e1ter v. Ramos, supra; Southern Construction Co. v. Tribunal Superior, 87 D.P.R. 903 (1963). Por tanto, no basta con establecer uno de los fundamentos que ofrece la Regla 49.2, supra. Hay que persuadir al tribunal de que bajo las circunstancias del caso debe ejercitar su discreci\\u00f3n a favor del relevo. N\\u00e1ter v. Ramos, supra.\\nNuestro Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de examinar el contenido de esta regla en varias ocasiones. As\\u00ed, en Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283 (1988), se\\u00f1al\\u00f3 una serie de fundamentos para el ejercicio de la discreci\\u00f3n judicial en torno a las mociones de relevo de sentencia, a saber: (1) la existencia de una defensa v\\u00e1lida que oponer a la reclamaci\\u00f3n del peticionario; (2) si la parte adversa a aquella que solicita el relevo sufrir\\u00e1 perjuicio de conceder el tribunal el relevo solicitado; y (3) la diligencia del promovente de la solicitud en la tramitaci\\u00f3n del caso.\\nPor otra parte, el Tribunal Supremo ha expresado que aunque una moci\\u00f3n de relevo de sentencia debe interpretarse liberalmente a favor del relevo, no puede utilizarse en sustituci\\u00f3n de los recursos de apelaci\\u00f3n o reconsideraci\\u00f3n. V\\u00e9anse Pag\\u00e1n Navedo v. Rivera Sierra, 143 D.P.R. 314, 327-328. (1997); Olmeda Nazario v. Sueiro Jim\\u00e9nez, 123 D.P.R. 294, 299 (1989), Espec\\u00edficamente, nuestro m\\u00e1s Alto Foro ha aclarado que la Regla 49.2, supra, no es llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado y echar a un lado una sentencia correctamente dictada. R\\u00edos v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 793, 794 (1974).\\nAdem\\u00e1s, el relevo de sentencia no est\\u00e1 disponible para corregir errores del Tribunal de Primera Instancia, sino errores cometidos por las partes. Pag\\u00e1n Navedo v. Rivera Sierra, supra; Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680, 688 (1979). La moci\\u00f3n de relevo de sentencia no puede estar fundamentada en errores de derecho del tribunal de instancia, pues para corregir tales errores est\\u00e1n los recursos apelativos. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Publicaciones JTS, San Juan, T.IV, p\\u00e1g. 265 (2005).\\nEn cuanto al fundamento d\\u00e9 fraude, la Regla 49.2, supra, contempla dos tipos: el fraude entre partes, para el cual la moci\\u00f3n debe ser presentada dentro del t\\u00e9rmino de seis meses, y el fraude al tribunal, para el cual no existe l\\u00edmite de tiempo alguno. Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 932, 939 (1971).\\nEn Municipio de Coamo, Id., el Tribunal encontr\\u00f3 que no constitu\\u00eda fraude al tribunal el hecho de que una parte minti\\u00f3 bajo juramento. Resolver de otra manera en cuanto a testimonio perjuro representar\\u00eda abrir las puertas impermisiblemente con una avalancha de mociones de relevo, pues siempre en un proceso adversativo existe la posibilidad de un testimonio perjuro o inexacto. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Publicaciones JTS, San Juan, T.II, p\\u00e1g. 793 (2000). Por tanto, se ha resuelto que el fraude al tribunal s\\u00f3lo cubre aquellas situaciones en que la intenci\\u00f3n es mancillar al tribunal o aquel perpetrado por oficiales del tribunal, de tal forma que la maquinaria judicial no pueda ejercer como de costumbre su imparcial labor de juzgar los casos ante s\\u00ed. Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, supra.\\nDe igual manera, se ha encontrado que constituye fraude al tribunal la presentaci\\u00f3n de prueba falsa obtenida por la parte adversa por medio del soborno y la instigaci\\u00f3n al perjurio. Mart\\u00ednez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 358 (1961).\\nIV\\nEstudiados los planteamientos presentados por los peticionarios en su escrito, es nuestra opini\\u00f3n que los hechos de este caso no demuestran las circunstancias extraordinarias y el grave perjuicio requerido para proveer el relevo de la sentencia, al amparo de las disposiciones de la Regla 49.2, supra.\\nUna moci\\u00f3n de relevo de sentencia no s\\u00f3lo exige que el peticionario especifique con claridad bajo qu\\u00e9 fundamento solicita al tribunal que la declare con lugar, sino tambi\\u00e9n requiere que persuada al tribunal de tal manera que lo ponga en posici\\u00f3n de ejercitar su discreci\\u00f3n a favor del relevo. De Jes\\u00fas Vi\\u00f1as v. Gonz\\u00e1lez Lugo, supra; N\\u00e1ter v. Ramos, supra.\\nEn el presente caso no surge de la solicitud de relevo de sentencia presentada por los peticionarios ante el T. P.I. el fundamento espec\\u00edfico por el que la solicitan. En s\\u00edntesis, \\u00e9stos alegan que la sentencia del T.P.I., resolviendo que la remoci\\u00f3n de custodia de emergencia se realiz\\u00f3 conforme a derecho, fue el resultado de omisiones y alegaciones falsas y fraudulentas de parte de las trabajadoras sociales que manejaron el caso.\\nLos planteamientos de los peticionarios est\\u00e1n basados en la credibilidad del testimonio de las trabajadoras sociales, en la manera en \\u00e9stas manejaron su caso y en la apreciaci\\u00f3n de prueba del foro recurrido. Sin embargo, el T.P.I. tuvo la oportunidad de examinar a los testigos que presentaron las partes y dirimi\\u00f3 la credibilidad que le mereci\\u00f3 a cada uno. La determinaci\\u00f3n de relevar o no a una parte de los efectos de una sentencia u orden est\\u00e1 sostenida en la sana discreci\\u00f3n del juez que es quien debe aquilatar la justificaci\\u00f3n dada para ello. N\\u00e1ter v. Ramos, supra. El T.P.I., en el ejercicio de su discreci\\u00f3n, concluy\\u00f3 que no proced\\u00eda relevar a los peticionarios de la sentencia emitida.\\nLos peticionarios tuvieron su d\\u00eda en corte e hicieron el uso m\\u00e1ximo de los recursos de revisi\\u00f3n a su disposici\\u00f3n. No podemos pasar por alto que, adem\\u00e1s de presentar mociones de reconsideraci\\u00f3n y nuevo juicio, los peticionarios acudieron a este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de apelaci\\u00f3n impugnando la referida sentencia. Era esa la oportunidad que ten\\u00edan para realizar todos los planteamientos sobre la apreciaci\\u00f3n de la prueba y errores de derecho del T.P.I. que entend\\u00edan pertinentes. Sin embargo, este Foro desestim\\u00f3 el recurso por falta de jurisdicci\\u00f3n al presentarse fuera del t\\u00e9rmino conferido por ley para ello. Los peticionarios no pueden pretender utilizar el mecanismo de relevo de sentencia para impugnar asuntos que debieron ser parte del recurso apelativo y de esta manera reabrir un asunto ya adjudicado. Pag\\u00e1n Navedo v. Rivera Sierra, supra; R\\u00edos v. Tribunal Superior, supra.\\nLos peticionarios implican que se cometi\\u00f3 fraude al tribunal mediante alegaciones y testimonios falsos constitutivos del delito de perjurio. Alegan que debido a estas actuaciones indebidas de las trabajadoras sociales del Departamento de la Familia se les removi\\u00f3 ilegalmente la custodia de los menores y posteriormente se indujo al T.P.I. a validar la remoci\\u00f3n de emergencia como una conforme a derecho, por lo que procede el relevo de la referida Sentencia. No podemos darle la raz\\u00f3n. El perjurio cometido por un testigo de por s\\u00ed no es constitutivo de fraude al tribunal bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. El fundamento de fraude al tribunal requiere una intenci\\u00f3n espec\\u00edfica de mancillar al tribunal de manera que no pueda juzgar los casos de manera imparcial. Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, supra; Mart\\u00ednez v. Tribunal Superior, supra.\\nEl T.P.I. determin\\u00f3, luego de desfilada la prueba, que la remoci\\u00f3n se realiz\\u00f3 conforme a derecho. En vista de que los peticionarios acudieron tard\\u00edamente a revisar la sentencia emitida el 31 de enero de 2008, procede que contin\\u00faen con los procedimientos establecidos por el Departamento de la Familia para lograr la reunificaci\\u00f3n familiar. No es el relevo de sentencia el mecanismo adecuado para plantear errores alegadamente cometidos por el T.P.I en la apreciaci\\u00f3n de la prueba, sobre todo cuando se trata de una sentencia final y firme.\\nPor tanto, es nuestro criterio que no err\\u00f3 el foro de instancia al declarar sin lugar la solicitud de relevo de sentencia.\\nV\\nPor los fundamentos expresados, se deniega la expedici\\u00f3n del auto de certiorari solicitado.\\nLo acord\\u00f3 y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.\\nMar\\u00eda Elena P\\u00e9rez Ortiz Secretaria del Tribunal de Apelaciones\"}"

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+"{\"id\": \"8343908\", \"name\": \"N\\u00c9STOR RAMOS ZAVALA Y GLADYS M\\u00c9NDEZ MOJICA, AMBOS POR SI Y COMO PARTE DE LA SOCIEDAD LEGAL DE BIENES GANANCIALES QUE TIENEN CONSTITUIDA; FELICITA MUJICA ROSA Demandantes-Apelantes v. DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, JOS\\u00c9 FUENTES AGOSTINI; SECRETARIO DE JUSTICIA, CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO; CUERPO DE EMERGENCIAS MEDICAS; H\\u00c9CTOR SAURI, POR S\\u00cd Y COMO DIRECTOR DEL CUERPO DE EMERGENCIAS MEDICAS, SUS COMPA\\u00d1\\u00cdAS ASEGURADORAS DENOMINADAS ALPHA Y/O BETA Y/O SIGMA Y/O OMICRON, PERSONAS NATURALES Y/O JUR\\u00cdDICAS QUE PUEDAN SER RESPONSABLES Demandados-Apelados\", \"name_abbreviation\": \"Ramos Zavala v. Departamento de Justicia\", \"decision_date\": \"2005-09-14\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. 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En dicha sentencia, el TPI desestim\\u00f3 la acci\\u00f3n sobre da\\u00f1os y peijuicios instada por los apelantes contra la parte apelada al concluir que las actuaciones del Estado Libre Asociado estuvieron enmarcadas dentro de los par\\u00e1metros legales y reglamentarios aplicables.\\nExaminado el expediente ante nuestra consideraci\\u00f3n, as\\u00ed como el derecho aplicable, confirmamos la sentencia apelada.\\nI\\nLos eventos pertinentes para atender estos planteamientos surgen de los hechos hilvanados y expuestos por el foro apelado, seg\\u00fan contenidos en la sentencia que nos ocupa, los cuales reproducimos a continuaci\\u00f3n.\\nEl se\\u00f1or N\\u00e9stor Ramos Zavala comenz\\u00f3 en el servicio p\\u00fablico el 22 de abril de 1987, en el puesto transitorio de Asistente de T\\u00e9cnico de Emergencias M\\u00e9dicas, adscrito a la Secretar\\u00eda Auxiliar de Emergencias M\\u00e9dicas del Departamento de Salud, espec\\u00edficamente a la Administraci\\u00f3n de Facilidades de Servicios de Salud, conocido tambi\\u00e9n como A.F.A.S.S.\\nEl 16 de junio de 1988, despu\\u00e9s de varias extensiones otorgadas a Ramos Zavala en el puesto transitorio que ocupaba, fue nombrado de manera tambi\\u00e9n transitoria al puesto de T\\u00e9cnico de Emergencias M\\u00e9dicas.\\nEn el 1989, Ramos Zavala adquiri\\u00f3 el status de empleado regular, clasificado de carrera, por disposici\\u00f3n de la propia Ley N\\u00fam. 56 del 16 de agosto de 1989, seg\\u00fan enmendada, disposici\\u00f3n reguladora del otorgamiento de permanencia a empleados con nombramiento transitorio que cumplieran con ciertos requisitos a determinada fecha.\\nEfectivo el 1ro de julio de 1994, de conformidad con el Plan de Reorganizaci\\u00f3n N\\u00fam. 1, al amparo de la Ley N\\u00fam. 5 de 6 de abril de 1993, 3 L.P.R.A. see. 1551, el Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas pas\\u00f3 a formar parte del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. De esa manera, quedaron trasladados a dicho Cuerpo los funcionarios que laboraban en la Secretaria Auxiliar de Emergencias M\\u00e9dicas del Departamento de Salud.\\nMediante la Ley N\\u00fam. 114 de 6 de septiembre de 1997, se cre\\u00f3, como Administrador Individual, el Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas, la cual entr\\u00f3 en vigor el 1ro de julio de 1997.\\nEntre el 1989 y 1995, el se\\u00f1or Ramos llev\\u00f3 a cabo sus funciones sin tener desavenencias o \\\"problemas\\\" con sus supervisores. En el 1995, Ramos Zavala decidi\\u00f3 cursar estudios de Bachillerato en la Universidad del Turabo.\\nCon fecha anterior al 8 de mayo de 1996, el apelante fue diagnosticado con \\\"Depresi\\u00f3n Mayor Severa\\\", recomend\\u00e1ndosele reposo laboral. Sin embargo, el 8 de mayo de 1996, Ramos Zavala fue reevaluado por la Dra. Margarita Vargas del Interamerican Psychiatric Group, cuyo resultado fue una determinaci\\u00f3n favorable para poder regresar a su trabajo.\\nEl 11 de septiembre de 2001, el Dr. Jos\\u00e9 Rodr\\u00edguez Cay evalu\\u00f3 y diagnostic\\u00f3 al apelante como paciente con \\\"Desorden Bipolar Mixto\\\" (depresi\\u00f3n y man\\u00eda), catalogando su condici\\u00f3n como \\\"cr\\u00f3nica\\\" y sufrida desde la d\\u00e9cada de los '90. El Dr. Rodr\\u00edguez Cay manifest\\u00f3 que Ramos Zavala padec\\u00eda de conducta err\\u00e1tica y autodestructiva en distintas facetas de su vida. El galeno manifest\\u00f3, adem\\u00e1s, que la condici\\u00f3n del apelante no le permit\\u00eda \\\"funcionar\\\" en el \\u00e1rea laboral, ni social. Por tal raz\\u00f3n, seg\\u00fan el Dr. Rodr\\u00edguez Cay, Ramos Zavala no pod\\u00eda desempe\\u00f1arse como param\\u00e9dico, al menos desde el 11 de septiembre de 2001.\\nLa trayectoria laboral de la parte apelante en el servicio p\\u00fablico pareci\\u00f3 reflejar que \\u00e9ste hab\\u00eda tenido varias situaciones cr\\u00edticas de \\u00edndole laboral. Las mismas tuvieron el efecto de ocasionar investigaciones administrativas, algunas de ellas concluyendo en la imposici\\u00f3n de sanciones disciplinarias al apelante por alegadamente haber infringido las normas de ley y reglamentarias que rigen el Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas.\\nEntre las situaciones laborales que acarrearon la imposici\\u00f3n de sanci\\u00f3n disciplinaria al apelante se encuentran varias amonestaciones escritas, por situaciones referentes a un problema de tardanzas y de incorrecciones en e] Registro de Horas de Entrada y Salidas y de suspensiones de empleo y sueldo parciales, por haber infringido la reglamentaci\\u00f3n del Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas.\\nLas acciones de investigaci\\u00f3n y de sanciones disciplinarias relacionadas a Ramos Zavala fueron efectuadas al tenor de la Ley 5 del 14 de octubre de 1975, conocida \\u00e9sta como la \\\"Ley de Personal del Servicio P\\u00fablico\\\", 3 L.P.R.A. see. 1301 y ss, con su Reglamento, el Reglamento de Normas y Procedimientos sobre Medidas Correctivas del Servicio de Carrera y de Rango del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y el Reglamento de Normas y Procedimientos sobre Medidas Correctivas del Servicio de Carrera y de Confianza del Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas.\\nEl 16 de noviembre 1999, le fue otorgado un ascenso a la parte apelante de T\\u00e9cnico de Emergencias M\\u00e9dicas I a T\\u00e9cnico de Emergencias M\\u00e9dicas II, mediante el proceso de reclasificaci\\u00f3n por evoluci\\u00f3n del puesto, seg\\u00fan lo dispone la Ley de Personal del Servicio P\\u00fablico, supra, y el Reglamento de Personal del Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas, Adem\\u00e1s, se le concedi\\u00f3 una bonificaci\\u00f3n salarial, adicional a su salario, de $100 y un diferencial de $167.00.\\nLa parte apelante, en toda su trayectoria laboral, hasta el 15 de noviembre de 1999, nunca solicit\\u00f3 se le otorgara un ascenso, as\\u00ed como tampoco recibi\\u00f3 ninguna recomendaci\\u00f3n de ascenso de los supervisores inmediatos de dicha parte, seg\\u00fan lo disponen las normas establecidas por el Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas para los ascensos sin oposici\\u00f3n.\\nDe las investigaciones efectuadas por la agencia, relacionadas a la parte apelante, s\\u00f3lo tres produjeron sanciones disciplinarias.\\nLa suspensi\\u00f3n de empleo mediante carta de 9 de diciembre de 1997, suscrita por el Director Ejecutivo del Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas, y enviada al apelante, respondi\\u00f3 al incumplimiento por parte del se\\u00f1or Ramos Zavala de distintas normas administrativas dispuestas en el Reglamento de la agencia: tardanzas habituales, registro de entrada y salida cumplimentado incorrectamente, conducta desordenada, negligencia o descuido de la ejecuci\\u00f3n de tareas, deberes y obligaciones y conducta impropia. Ramos Zavala fue notificado por escrito de la raz\\u00f3n para la suspensi\\u00f3n y de su derecho a solicitar la correspondiente vista administrativa. Esta investigaci\\u00f3n fue llevada a cabo como resultado de un incidente ocurrido el 13 de agosto de 1996.\\nA saber, mediante la investigaci\\u00f3n se aleg\\u00f3 que el apelante no acudi\\u00f3 al auxilio de un paciente con dificultad respiratoria, quien falleciera m\\u00e1s adelante, en violaci\\u00f3n al reglamento de la agencia concernida. La agencia apelada suspendi\\u00f3 de empleo y sueldo por treinta d\\u00edas al apelante debido a dicho incidente.\\nComo consecuencia de lo anterior, el 29 de abril de 1999, la parte apelante inst\\u00f3 ante el TPI la acci\\u00f3n que nos ocupa. En la misma, se aleg\\u00f3 que mientras Ramos Zavala trabajaba en el Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas Estatal, sufri\\u00f3 da\\u00f1os debido a la suspensi\\u00f3n de referencia, un supuesto ambiente hostil y hostigamiento laboral. A su vez, el apelante advirti\\u00f3 violaci\\u00f3n a sus derechos constitucionales al responsabilizar al patrono apelado por haber afectado su vida al punto de requerir tratamiento psiqui\\u00e1trico y sufrir p\\u00e9rdida de ingresos.\\nEntre la prueba documental estipulada, en gran parte relacionada con las acciones disciplinarias de la autoridad nominadora, se resaltan a continuaci\\u00f3n las siguientes, seg\\u00fan surgen de la sentencia apelada:\\n\\\"1. Hoja de tr\\u00e1mite, suspensi\\u00f3n de empleo y sueldo.\\n2. Suspensi\\u00f3n de empleo y sueldo.\\n3. Notificaci\\u00f3n de vista administrativa informal.\\n4. Comunicaci\\u00f3n sobre posible destituci\\u00f3n.\\n5. Suspensi\\u00f3n de empleo y sueldo.\\n6. Reprimenda.\\n7. Solicitud de horario para estudios.\\n8. Violaci\\u00f3n al derecho a la educaci\\u00f3n 5/10/98.\\n9. Violaci\\u00f3n al derecho a la investigaci\\u00f3n.\\n10. Reprimenda escrita.\\n11. Solicitud de vista administrativa.\\n12. Citaci\\u00f3n a vista administrativa.\\n13. Amonestaci\\u00f3n escrita.\\n14. Reubicaci\\u00f3n.. -\\n15. Comunicaci\\u00f3n sobre suspensi\\u00f3n de empleo y sueldo.\\n16. Reglamento empleados de carrera.\\n17. Reglamento de normas y procedimientos.\\n18. Reglamento de normas y procedimientos (Bomberos).\\n19. Carta de renuncia. '\\nLa prueba de la paite apelante constituy\\u00f3 de los testimonios bajo juramento de Ramos Zavala, la se\\u00f1ora M\\u00e9ndez Mojica y del doctor Rodr\\u00edguez Cay. La apelante, se\\u00f1ora Mojica, no compareci\\u00f3 al juicio. Por la parte apelada testific\\u00f3 el se\\u00f1or H\\u00e9ctor Hiraldo Mat\\u00edas, t\\u00e9cnico de emergencias y oficial de investigaci\\u00f3n, y la se\\u00f1ora Ivette Rivera Fern\\u00e1ndez, t\\u00e9cnico de personal en el Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas.\\nDe los testimonios se pudo constatar que la parte apelante trabaj\\u00f3 catorce a\\u00f1os para la agencia apelada y nunca fue despedido de su empleo, contrario a lo alegado en la acci\\u00f3n civil instada. Ramos Zavala no s\\u00f3lo concluy\\u00f3, mientras trabajaba, sus estudios de Bachillerato, sino que adem\\u00e1s estudi\\u00f3 una Maestr\\u00eda en Administraci\\u00f3n P\\u00fablica la que termin\\u00f3 en el a\\u00f1o 1999.\\nA base de la prueba auscultada, el TPI advirti\\u00f3 como parte de sus determinaciones de hechos que los empleados del Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas afectados por una determinaci\\u00f3n de la agencia, que entienden les infringen sus derechos cobijados por la Ley del Servicio P\\u00fablico, se les reconoce el derecho de una vista administrativa informal. De ser desfavorable para dicha parte la determinaci\\u00f3n emitida por la parte aqu\\u00ed apelada, tiene ante su consideraci\\u00f3n el derecho de recurrir ante el foro administrativo adjudicativo especializado, la entonces Junta de Apelaciones del Sistema de Administraci\\u00f3n de Personal, para vindicar su alegada infracci\\u00f3n de sus derechos. En este caso, Ramos Zavala opt\\u00f3 por no seguir ese tr\\u00e1mite administrativo.\\nAs\\u00ed las cosas, el 8 de mayo de 2003, el Sr. N\\u00e9stor Ramos Zavala renunci\\u00f3 a su trabajo y acudi\\u00f3 al Fondo del Seguro del Estado reclamando tratamiento por \\\"accidente ocupacional\\\" descrito como \\\"dolor de cabeza y ansiedad, nerviosismo e hipertensi\\u00f3n El 11 de diciembre de 2002, el Fondo del Seguro del Estado emiti\\u00f3 la Decisi\\u00f3n del Administrador que lee como sigue:\\n\\\"Se trata, en este caso, de N\\u00e9stor Ramos Zavala, quien trabaja para el patrono Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas Estatal, en calidad de T\\u00e9cnico II Emergencias M\\u00e9dicas, en Caguas, Puerto Rico.\\nEn el presente caso, fue radicado un informe patronal, el 20 de julio de 2001, donde describe como accidente ocupacional lo siguiente: Paciente alega dolor de cabeza y ansiedad, nervios e hipertensi\\u00f3n (170/110)\\\".\\nFue evaluado y tratado por los m\\u00e9dicos del Asegurador. El Psiquiatra diagnostic\\u00f3 una condici\\u00f3n emocional identificada en las Gu\\u00edas M\\u00e9dicas adoptadas por la Corporaci\\u00f3n del Fondo del Seguro del Estado, bajo el C\\u00f3digo 75.027, no relacionada. Concluy\\u00f3 el mencionado especialista, en su informe m\\u00e9dico especial de fecha 10/8/2001, que la condici\\u00f3n emocional no est\\u00e1 relacionada, por entender que no ocurri\\u00f3 situaci\\u00f3n laboral alguna capaz de producir este cuadro.\\n[\\u2022..]\\\"\\u2022\\nA base de las anteriores determinaciones de hechos, el TPI concluy\\u00f3 que las actuaciones del Estado estuvieron enmarcadas dentro de la ley y la reglamentaci\\u00f3n de personal aplicable y que no medi\\u00f3 negligencia de parte de los funcionarios que aplicaron las sanciones disciplinarias. En su consecuencia desestim\\u00f3 la demandada.\\nInconformes con este curso decisorio, la parte apelante acudi\\u00f3 ante nos reclamando como \\u00fanico error cometido por el foro apelado el siguiente:\\n\\\"Err\\u00f3 el Honorable Tribunal de Instancia y cometi\\u00f3 un error manifiesto en la apreciaci\\u00f3n de la prueba que tuvo ante s\\u00ed al declarar sin lugar la demanda. \\\"\\nAl evaluar el expediente ante nuestra consideraci\\u00f3n, con particular \\u00e9nfasis en la exposici\\u00f3n narrativa de la prueba que se presentara, es de rigor concluir que actu\\u00f3 correctamente el TPI al tomar la decisi\\u00f3n en controversia. Exponemos el por qu\\u00e9 a continuaci\\u00f3n.\\nII\\nA. La apreciaci\\u00f3n de la prueba y la adjudicaci\\u00f3n de credibilidad testifical\\nEs norma claramente establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que en ausencia de error manifiesto, pasi\\u00f3n, prejuicio o parcialidad no se intervendr\\u00e1 a nivel apelativo con las determinaciones de hechos y adjudicaci\\u00f3n de credibilidad hecha en instancia por el juzgador de los hechos. Trinidad Garc\\u00eda v. Chade, 2001 J.T.S. 10; Col\\u00f3n y otros v. K-Mart y otros, 2001 J.T.S. 98; Municipio de Ponce v. Autoridad de Carreteras, 2001 J.T.S. 3; Monllor Arzola v. Soc. Legal de Gananciales, 138 D.P.R. 600 (1995)\\nM\\u00e1s a\\u00fan, dispone la Regla 43.2 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A., Ap. III, en lo pertinente, que \\\"[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejar\\u00e1n sin efecto a menos que sean claramente err\\u00f3neas, y se dar\\u00e1 la debida consideraci\\u00f3n a la oportunidad que tuvo el Tribunal Sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos\\\".\\nUn foro apelativo no puede descartar y sustituir por su propia apreciaci\\u00f3n, basadas en un examen del expediente del caso, las determinaciones tajantes y ponderadas del foro de instancia. Arg\\u00fcello v. Arg\\u00fcello, supra. La determinaci\\u00f3n de credibilidad del tribunal sentenciador es merecedora de gran deferencia por parte del tribunal apelativo por cuanto es ese juzgador quien, de ordinario, est\\u00e1 en mejor posici\\u00f3n para aquilatar la prueba testifical desfilada, ya que \\u00e9l fue quien oy\\u00f3 y vio declarar a los testigos. \\u00edd.; Pueblo v. Bonilla Romero, 120 D.P.R. 92 (1987).\\nEn esa misma l\\u00ednea de pensamiento, es el juez ante quien deponen los testigos quien tiene la oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, de poder apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, en fin, el comportamiento general mientras declaran, factores que van formando gradualmente en su conciencia la convicci\\u00f3n en cuanto a si dicen la verdad. Arg\\u00fcello v. Arg\\u00fcello, supra. \\\"[L]a declaraci\\u00f3n de un testigo no contradicho sobre un hecho determinado, debe merecer cr\\u00e9dito, a no ser que su versi\\u00f3n sea f\\u00edsicamente imposible, inveros\\u00edmil o que por su conducta en la silla testifical se haga indigno de cr\\u00e9dito\\\". Miranda Soto v. Mena Er\\u00f3, 109 D.P.R. 473 (1980) (Citas omitidas).\\nAunque de ordinario el foro apelativo no interviene con la apreciaci\\u00f3n de la prueba que hacen los foros judiciales de instancia, s\\u00ed lo hace cuando un balance racional, justiciero y jur\\u00eddico de la totalidad de la prueba y de los documentos que obran en autos lleva a conclusiones distintas a las del tribunal de instancia. Negr\\u00f3n Rivera y Bonilla, Ex Parte, 120 D.P.R. 61 (1987).\\nUn tribunal apelativo no puede dejar sin efecto una sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo en la prueba desfilada. S\\u00e1nchez Rodr\\u00edguez v. L\\u00f3pez Jim\\u00e9nez, 116 D.P.R. 172, 181 (1985); P\\u00e9rez v. Hosp. La Concepci\\u00f3n, 115 D.P.R. 721, 728 (1984). No obstante, est\\u00e1 claro que el arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no absoluto. Por eso, una apreciaci\\u00f3n err\\u00f3nea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la funci\\u00f3n revisora de un tribunal apelativo. V\\u00e9ase, Rivera P\\u00e9rez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987).\\nCon relaci\\u00f3n a la contenci\\u00f3n esbozada por la parte apelante, a saber, que el TPI no debi\\u00f3 resolver que las actuaciones del Estado estaban enmarcadas dentro de la Ley y la reglamentaci\\u00f3n de personal aplicable, al haber mediado, pues, negligencia por parte de los funcionarios que aplicaron las sanciones disciplinarias y haciendo caso omiso a la prueba que, seg\\u00fan dicha parte, tiende a demostrar el da\\u00f1o alegado, entendemos categ\\u00f3ricamente que no le asiste la raz\\u00f3n. Veamos.\\nB. Acci\\u00f3n de Da\\u00f1os y Perjuicios y Ley de Pleitos Contra el Estado\\nEn el caso que nos ocupa, se trata de una reclamaci\\u00f3n por las alegadas actuaciones negligentes de funcionarios del Estado al crear y no corregir un supuesto ambiente hostil permeante en su lugar de trabajo, raz\\u00f3n por la cual reclam\\u00f3 da\\u00f1os y perjuicios, de conformidad a lo establecido en el Art. 1803 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P. R.A. 5142. Dicho precepto, al igual que su contraparte, el Art. 1802 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. 5141, incorpora la responsabilidad basada en culpa. Se trata, seg\\u00fan ha observado el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de un concepto amplio que incluye actuaciones negligentes e intencionales; tan abarcador como pueda serlo la propia conducta humana que pretende reglamentar. P\\u00e9rez Vda. Mu\\u00f1iz v. Criado, 151 D.P.R. 335 (2000); Toro Aponte v. Estado Libre Asociado, 142 D.P.R. 464 (1997); Reyes v. Sucn. S\\u00e1nchez Soto, 98 D.P.R. 305, 310 (1970).\\nLa Ley N\\u00fam. 104 de 29 de junio de 1955, seg\\u00fan enmendada, conocida como Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado, 32 L.P.R.A. 3077 et seq., constituye una renuncia amplia, pero condicionada por parte del Estado a la protecci\\u00f3n que le brinda la inmunidad del soberano. El Art. 2 de la Ley 104, 32 L.P.R.A. 3077, autoriza, entre otras, la presentaci\\u00f3n contra el Estado de acciones de da\\u00f1os y perjuicios a la persona o a la propiedad \\\"causados por acci\\u00f3n u omisi\\u00f3n de cualquier funcionario, agente o empleado del Estado, o cualquier otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su funci\\u00f3n, cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia\\\". Garc\\u00eda v. Estado Libre Asociado, 146 D.P.R. 725 (1998).\\nEl Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que para que un demandante pueda prevalecer en un pleito por da\\u00f1os y perjuicios contra el Estado por actuaciones de un funcionario, debe establecer: (1) que la persona que le caus\\u00f3 el da\\u00f1o era agente, funcionario o empleado del Estado y que estaba actuando en su capacidad oficial al momento de causar el da\\u00f1o; (2) que el funcionario, agente o empleado, actu\\u00f3 dentro del marco de su funci\\u00f3n; (3) que la actuaci\\u00f3n del empleado del Estado fue negligente y no intencional, y (4) que existe una relaci\\u00f3n causal entre la conducta culposa y el da\\u00f1o producido. Leyva et al. v. Aristud et al., 132 D.P.R. 489, 510 (1993). V\\u00e9ase adem\\u00e1s, Art. 6(d) de la Ley N\\u00fam. 104, supra, 32 L.P.R.A. 3801(d).\\nEl demandante tiene la opci\\u00f3n de demandar directamente al empleado, al Estado o, en forma alternativa, a las dos partes, Garc\\u00eda v. Estado Libre Asociado, supra; V\\u00e1zquez Negr\\u00f3n v. E.L.A., 113 D.P.R. 148 (1982). La inmunidad que pueda asistir al empleado particular respecto a la actuaci\\u00f3n que da lugar a la demanda no beneficia al Estado. Romero Arroyo v. E.L.A., 127 D.P.R. 724, 746 (1991).\\nNo obstante lo anterior, el Art. 6 de la Ley N\\u00fam. 104, supra, aclara que no est\\u00e1n autorizadas las acciones de da\\u00f1os y perjuicios contra el Estado por acciones u omisiones de un funcionario cuando, inter alia, dichas actuaciones son \\\"constitutivfas] de acometimiento, agresi\\u00f3n u otro delito contra la persona, .\\\". 32 L.P.R.A. 3081. V\\u00e9ase, Ba\\u00e9z Vega v. Estado Libre Asociado, 87 D.P.R. 67 (1963).\\nC. El derecho a la intimidad y el hostigamiento laboral\\nEn Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35 (1986), el Tribunal Supremo analiz\\u00f3, dentro del contexto de la relaci\\u00f3n obrero-patronal, el \\u00e1mbito y el contorno de los derechos a la intimidad y a la dignidad del ser humano, y a estar protegido contra riesgos a la integridad personal en el trabajo, consagrados en el Art. II, Secs. 1, 8 y 16 de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Asociado, 1 L.P.R.A. Art. II, Secs. 1, 8 y 16. En ese caso, se resolvi\\u00f3 que el derecho a la intimidad opera exproprio vigore y puede hacerse valer aun entre personas privadas. Id., p\\u00e1g. 64.\\nEn Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 178 (1998), el Tribunal Supremo discuti\\u00f3 ampliamente el derecho a la intimidad y reiter\\u00f3 los intereses protegidos por ese derecho, incluyendo aqu\\u00e9llos en el contexto de la relaci\\u00f3n obrero-patronal. Qued\\u00f3 all\\u00ed expreso lo siguiente:\\n\\\"Los derechos a la intimidad y ala protecci\\u00f3n contra ataques abusivos a la honra y ala reputaci\\u00f3n personal consagrados en las Secs. 1 y 8 de nuestra Carta de Derechos, supra, tienen especial preeminencia seg\\u00fan nuestro esquema constitucional.\\nAl describir estos derechos en el esquema constitucional estadounidense, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha expresado que los intereses protegidos por el derecho a la intimidad son esencialmente dos (2): \\\"[u] no es el inter\\u00e9s individual de evitar la divulgaci\\u00f3n de asuntos personales y el otro es el inter\\u00e9s de poder tomar ciertas decisiones importantes con independencia\\\". (Escolios omitidos y traducci\\u00f3n nuestra.) Whalen v. Roe, 429 U.S. 589, 599-600 (1977).\\nEn nuestra jurisdicci\\u00f3n hemos afirmado que el derecho a la vida privada y familiar \\\"impone a toda persona el deber de no inmiscuirse en la vida privada o familiar de los dem\\u00e1s seres humanos\\\". (\\u00c9nfasis suplido.) Col\\u00f3n v. Romero Barcel\\u00f3, 112 D.P.R. 573, 576 (1982). Por su importancia, hemos reconocido que opera ex proprio vigore, sin necesidad de que concurra el requisito de acci\\u00f3n estatal para invocarlo frente a personas particulares. .\\nUn examen de nuestros previos pronunciamientos, as\\u00ed como de la jurisprudencia federal, revela que este derecho se lesiona, entre otras instancias, cuando se limita la facultad de un individuo de tomar decisiones personales, familiares o \\u00edntimas, Pueblo v. Duarte Mendoza, 109 D.P.R. 596 (1980); Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973); cuando se requiere exponer p\\u00fablicamente la vida \\u00edntima de una pareja para poder divorciarse, Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978), o cuando se limita la facultad de la decisi\\u00f3n de utilizar anticonceptivos, Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965); Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 (1972).\\nAsimismo, se lesionan los derechos a la intimidad y ala protecci\\u00f3n contra ataques abusivos a la honra y ala reputaci\\u00f3n personal cuando se viola la tranquilidad del hogar, Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P. R. 20 (1974), y E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975); cuando se hostiga a una persona mediante el uso del sistema telef\\u00f3nico, P.R. Tel. Co. v. Mart\\u00ednez, 114 D.P.R. 328 (1983), o cuando la constante presencia de una foto en los medios de comunicaci\\u00f3n representa una indebida intromisi\\u00f3n en la vida familiar, Col\\u00f3n v. Romero Rarcel\\u00f3, supra.\\nPor tratarse de un derecho invocable frente a personas privadas, el patrono est\\u00e1 obligado a no infringir la zona de autonom\\u00eda individual de sus empleados, que protege el derecho a la intimidad. \\\" Supra, p\\u00e1gs. 201-203.\\nEn cuanto al derecho a la intimidad en el contexto de la relaci\\u00f3n obrero-patronal, el Tribunal Supremo se\\u00f1al\\u00f3 lo siguiente:\\n\\\"Un mero sentimiento de incomodidad en el empleo por alguna situaci\\u00f3n laboral no configura una violaci\\u00f3n del derecho a la intimidad imputable al patrono. .\\nMeros traslados de posiciones o el env\\u00edo de memorandos, en los cuales se eval\\u00fae la labor realizada, no configuran por s\\u00ed solos una violaci\\u00f3n a la protecci\\u00f3n constitucional a la intimidad. Es preciso que tales traslados o comunicaciones internas sean arbitrarias, irrazonables y caprichosas; que generen una atm\\u00f3sfera hostil para el obrero que impida del todo su sana estad\\u00eda en el trabajo; que sean originadas por un motivo ajeno al leg\\u00edtimo inter\\u00e9s de salvaguardar el efectivo desempe\\u00f1o en el empleo, o que contengan expresiones claramente difamatorias o lesivas. En esta determinaci\\u00f3n, los tribunales de instancia deben examinar la prueba que al respecto presente un empleado para determinar si queda configurada la violaci\\u00f3n constitucional alegada o si las actuaciones se\\u00f1aladas como tales por el obrero constituyen meramente gestiones administrativas leg\\u00edtimas. \\\"\\nSupra, p\\u00e1gs. 207 y 209.\\nEsbozada la doctrina aplicable, pasemos a conformar la misma con los hechos presentados.\\nIII\\nEn el caso de autos, no estamos ante alguna de las situaciones mencionadas anteriormente que son consideradas como nocivas al derecho a la intimidad, aptas para causar aquel da\\u00f1o que amerita un deber de responder por \\u00e9l. Al examinar las aseveraciones aducidas en la demanda para sustentar su causa de acci\\u00f3n por violaci\\u00f3n al derecho a la intimidad, el apelante hizo referencia a que sufri\\u00f3 los vej\\u00e1menes, la humillaci\\u00f3n y persecuci\\u00f3n por parte del patrono consistente en querellas, sanciones e investigaciones en su contra.\\nAsimismo, la parte apelante adujo que se le viol\\u00f3 su derecho a la intimidad por el hecho que las investigaciones llevadas a cabo por el patrono, en conjunci\\u00f3n con las consecuentes suspensiones lo mantuvieron en un estado de ansiedad y desasosiego emocional que desestabiliz\\u00f3 hasta su vida personal y entorno familiar. A su vez, acot\\u00f3 que dicho ambiente hostil lo forz\\u00f3 a renunciar a su trabajo al no poder soportar la supuesta persecuci\\u00f3n ocasionada por el patrono apelado.\\nEl TPI descans\\u00f3 acertadamente su criterio juzgador sobre la prueba testifical y documental apreciada y sentenci\\u00f3 que las actuaciones imputadas se ajustaron al ordenamiento jur\\u00eddico antes discutido y de conformidad con el debido proceso de ley. Compartimos el parecer de la ilustre sala de instancia en cuanto a que no s\\u00f3lo al se\\u00f1or Ramos Zavala se le notific\\u00f3 oportunamente sobre los derechos que le amparaban, sino que se le ofreci\\u00f3 la oportunidad de ser escuchado y de recurrir de la determinaci\\u00f3n de la agencia al foro adecuado.\\nTomando en consideraci\\u00f3n las circunstancias particulares de Ramos Zavala y los fundamentos esgrimidos por el TPI, no detectamos que el foro apelado cometiera error al apreciar la prueba o se equivocara en la aplicaci\\u00f3n del derecho.\\nIV\\nEn m\\u00e9rito a lo expuesto, confirmamos la sentencia dictada por el TPI.\\nLo acord\\u00f3 el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.\\nLeda. Laura M. V\\u00e9l'ez V\\u00e9l\\u00e9z\\nSecretaria del Tribunal de Apelaciones\"}"

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+"{\"id\": \"8751520\", \"name\": \"El Pueblo v. Vilches et al.\", \"name_abbreviation\": \"El Pueblo v. Vilches\", \"decision_date\": \"1907-03-14\", \"docket_number\": \"No. 56\", \"first_page\": \"195\", \"last_page\": \"197\", \"citations\": \"12 P.R. Dec. 195\", \"volume\": \"12\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T19:49:36.087529+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Jueces concurrentes: Sres. Presidente Qui\\u00f1ones, y Aso-ciados, Plern\\u00e1ndez, Figueras y MacLeary.\", \"parties\": \"El Pueblo v. Vilches et al.\", \"head_matter\": \"El Pueblo v. Vilches et al.\\nApelaci\\u00d3N procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.\\nNo. 56.\\nResuelto en marzo 14, 1907.\\nSexteucia. \\u2014 Formulada una denuncia por acometimiento y agresi\\u00f3n con circuns-tancias agravantes, y demostrada la existencia de tal delito por la prueba practicada en el juicio, si la sentencia declara al acusado culpable de ac\\u00f3 metimiento y agresi\\u00f3n y le impone la pena correspondiente al delito de aco-metimiento y agresi\\u00f3n con circunstancias agravantes, como ha ocurrido en el caso de autos, habr\\u00e1 de presumirse que la sentencia fu\\u00e9 dictada de acuerdo con la denuncia y prueba practicada por virtud de la misma, no siendo nece-sario que en ella se especifique que el acometimiento y agresi\\u00f3n era de car\\u00e1cter grave.\\nLos laeclios est\\u00e1n expresados en la opini\\u00f3n.\\nAbogado del apelante: Sr. Hern\\u00e1ndez lisera.\\nAbogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.\", \"word_count\": \"677\", \"char_count\": \"4245\", \"text\": \"El Jusz Asociado Se. Wole\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nEstablecida apelaci\\u00f3n ante la Corte de Distrito de Arecibo por Manuel Vilches, contra la sentencia dictada por el tribunal municipal, dicha corte de distrito le conden\\u00f3 \\u00e1 seis meses de c\\u00e1rcel, \\u00e1 pagar una multa de $200, y al pago de una tercera parte de costas. Cada uno de los otros acusados fueron con-denados \\u00e1 pagar una multa de cincuenta dollars y \\u00e1 nna ter-cera parte de costas.\\nContra la anterior sentencia se estableci\\u00f3 recurso de ape-laci\\u00f3n para ante la Corte Suprema, sugiri\\u00e9ndose que la sen-tencia apelada es excesiva, y debe revocarse \\u00f3 modificarse con respecto \\u00e1 Yilohes, porque el delito por el cual fu\\u00e9 declarado culpable, era el de acometimiento y agresi\\u00f3n, y el castigo para ese delito est\\u00e1 prescrito en el art\\u00edculo 5 de la Ley de marzo 10, 1904, titulada \\\"Una Ley para determinar y castigar acome-timiento, acometimiento y agresi\\u00f3n, acometimiento con cir-cunstancias agravantes, y acometimiento y agresi\\u00f3n con cir-cunstancias agravantes, y para derogar la secci\\u00f3n 237 del C\\u00f3digo Penal.\\\"\\nLa acusaci\\u00f3n en el presente caso demuestra que Vilches y otros se abalanzaron sobre Jos\\u00e9 Estrada con instrumentos cortantes y contundentes, cans\\u00e1ndole golpes y heridas que han sido reconocidas por el m\\u00e9dico.\\nEn el juicio hubo prueba tendente \\u00e1 mostrar que en un velorio Vilches peg\\u00f3 \\u00e1 Estrada con un foete, empleando tam-bi\\u00e9n contra \\u00e9l un cortaplumas \\u00f3 pu\\u00f1al, resultando herido Estrada en diferentes sitios; siendo una \\u00f3 m\\u00e1s de dichas heridas producidas con instrumento cortante, debido \\u00e1 lo cual estuvo enfermo tres semanas. La acusaci\\u00f3n imputa un delito que podr\\u00eda considerarse como un caso de acometimiento y agre-si\\u00f3n con circunstancias agravantes, existiendo prueba al objeto de mostrar que dicho acometimiento y agresi\\u00f3n fue cometido, bajo las circunstancias prevenidas por las subdi-visiones 7, 8 y 9 de la secci\\u00f3n 6 de dicha ley, que determinan el acometimiento y agresi\\u00f3n con circunstancias agravantes en la forma siguiente:\\n\\\"7. Cuando se infiere una herida grave \\u00e1 la persona agredida.\\n\\\"8. Cuando se cometiere con armas mort\\u00edferas en circunstancias que no revistiesen la intenci\\u00f3n de matar \\u00f3 mutilar.\\n\\\"9. Cuando se cometiere con intenci\\u00f3n premeditada para el fin calculado de inferir graves heridas corporales.\\\"\\nLa sentencia se limita simplemente \\u00e1 declarar culpables \\u00e1 los acusados por un delito menos grave (misdemeanor) \\u00f3 por el delito de acometimiento y agresi\\u00f3n, sentenciando \\u00e1 Vilches con arreglo \\u00e1 la secci\\u00f3n 8 de la ley que determina el castigo para el caso de acometimiento y agresi\\u00f3n, con circunstancias agravantes, \\u00f3 sea multa que no bajar\\u00e1 de cincuenta dollars ni exceder\\u00e1 de mil, \\u00f3 c\\u00e1rcel por un per\\u00edodo no menor de dos a\\u00f1os, \\u00f3 con ambas penas, multa y c\\u00e1rcel. Puesto que la acusaci\\u00f3n y la prueba demuestran que \\u00e9ste es un caso de acometimiento y agresi\\u00f3n, con circunstancias agravantes, no era necesario que la sentencia expresara el hecho de que el acometimiento y agresi\\u00f3n fu\\u00e9 con circunstancias agravantes, debiendo con-siderarse la sent\\u00e9ncia ajustada \\u00e1 la acusaci\\u00f3n original y \\u00e1 la prueba aducida. Hemos examinado los autos en todos los dem\\u00e1s particulares y no encontramos error fundamental alguno, por lo que entendemos que debe confirmarse la sen-tencia apelada con las costas.\\nConfirmada.\\nJueces concurrentes: Sres. Presidente Qui\\u00f1ones, y Aso-ciados, Plern\\u00e1ndez, Figueras y MacLeary.\"}"

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+"{\"id\": \"8755582\", \"name\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Andr\\u00e9s Avelino Correa Laugart, Defendant and Appellant\", \"name_abbreviation\": \"People v. Correa Laugart\", \"decision_date\": \"1939-05-16\", \"docket_number\": \"No. 7603\", \"first_page\": \"755\", \"last_page\": \"757\", \"citations\": \"54 P.R. 755\", \"volume\": \"54\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:53:56.266609+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Andr\\u00e9s Avelino Correa Laugart, Defendant and Appellant.\", \"head_matter\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Andr\\u00e9s Avelino Correa Laugart, Defendant and Appellant.\\nNo. 7603.\\nArgued April 27, 1939.\\nDecided May 16, 1939.\\nCarlos D. V\\u00e1zquez for appellant. B. A. G\\u00f3mez, Prosecuting Attorney, and Luis Janer, Assistant Prosecuting Attorney for ap-pellee.\", \"word_count\": \"598\", \"char_count\": \"3561\", \"text\": \"Mr. Justice Wole\\ndelivered the opinion of the Court.\\nIn the District Court of San Juan Andr\\u00e9s Avelino Correa Laugart was charged with blackmail. On the 13th of December 1938, his case was called and he confessed himself guilty and the court sentenced him to a year in the penitentiary at hard labor. The defendant did not have an attorney at the hearing and we do not find that he waived his right.\\nOn appeal two errors are alleged, as follows:\\n\\\"1. \\u2014 The court committed error in rendering judgment convicting the defendant of blackmail inasmuch as the information filed by the district Attorney did not impute such a crime to the defendant.\\n\\\"2. \\u2014 The district eonrt committed manifest error and proceeded without jurisdiction in convicting the defendant in this case inasmuch as said defendant was not advised of his right to consult, and be represented by, an attorney.\\\"\\nThe Fiscal agrees fully , with the .second assignment of error and agrees with one of the reasons alleged by the de-defendant setting up the insufficiency of the information.\\nIn a number of cases following the opinion in Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458, we have held that where a case is tried without an attorney the defendant is entitled at least to a new trial. For the principles governing the position of the defendant, the following cases are applicable: People v. Rodr\\u00edguez (a) Garufa, No. 7618; Andino v. District Court, Certiorari 1172; People v. Rosario Matta, No. 7550; Hern\\u00e1ndez Laureano v. Lugo, No. 114, Habeas Corpus; People v. Rivera, decided April 14, 1939.\\nThe information in this case is essentially as follows:\\n\\\"The said Andr\\u00e9s Avelino Correa y Langert, on the 12th of December 1938, in San Juan which forms part of the judicial district of that same name, illegally, voluntarily, and maliciously threatened to publish in the newspapers of San Juan calumniating facts against Matilde Berrios affecting her reputation and so worked upon the said Matilde Berrios that she delivered to him, by reason of said threat, the sum of twenty dollars. ' '\\nThe alleged deficiencies were as follows:\\n\\\"A. \\u2014 That the person owning the property the object of the crime of blackmail gave up the same with her own consent, such consent having been the consequence of force or of fear.\\n\\\"B. \\u2014 That the slanderous facts which the defendant threatened to publish in the newspapers were secret.\\n\\\"C. \\u2014 In failing to state what the slanderous facts were.\\\"\\nThe Fiscal agrees that the information is insufficient because of ground \\\"A\\\", but we do not quite see that the words \\\"and so worked upon the said Matilde Berrios that she delivered to him, by reason of said threat, the sum of twenty dollars,\\\" do not charge that the property was obtained with the consent of the victim by the wrongful use of force or \\u2022fear or under color of official right. We refer to briefs of both parties for authorities. It might be that we could be convinced to the contrary, but we do not deem it advisable definitely to decide the question, as the demurrer to the information should be argued in the first instance before the district court with a lawyer present.\\nTherefore, following the precedents, the judgment should he reversed and the case sent hack for further proceedings not inconsistent with this opinion.\"}"

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+"{\"id\": \"8756425\", \"name\": \"Ram\\u00f3n G. Almod\\u00f3var, demandante y recurrido, v. Mar\\u00eda M\\u00e9ndez Rom\\u00e1n, etc., demandados y peticionarios\", \"name_abbreviation\": \"Almod\\u00f3var v. M\\u00e9ndez Rom\\u00e1n\", \"decision_date\": \"1990-01-23\", \"docket_number\": \"N\\u00famero: 0-84-544\", \"first_page\": \"218\", \"last_page\": \"264\", \"citations\": \"125 P.R. Dec. 218\", \"volume\": \"125\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T22:55:21.238946+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Ram\\u00f3n G. Almod\\u00f3var, demandante y recurrido, v. Mar\\u00eda M\\u00e9ndez Rom\\u00e1n, etc., demandados y peticionarios.\", \"head_matter\": \"Ram\\u00f3n G. Almod\\u00f3var, demandante y recurrido, v. Mar\\u00eda M\\u00e9ndez Rom\\u00e1n, etc., demandados y peticionarios.\\nN\\u00famero: 0-84-544\\nResuelto: 23 de enero de 1990\\nGilberto Figueroa Merced y Wilfredo Mercado Ramos, abogados de los peticionarios; Nelson Bassatt \\u00c1lvarez, abogado del recu-rrido.\", \"word_count\": \"11648\", \"char_count\": \"72434\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Rebollo L\\u00f3pez\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del Tribunal.\\nHace m\\u00e1s de dos d\\u00e9cadas \\u2014mediante la decisi\\u00f3n que emiti\\u00e9ramos en Ocasio v. D\\u00edaz, 88 D.P.R. 676 (1968)\\u2014 sostuvimos el d\\u00e9recho de todos los hijos a la absoluta igualdad de trato jur\\u00eddico a base de los postulados de igualdad y dignidad del ser humano dimanantes de nuestra Constituci\\u00f3n y de las disposiciones de la Ley N\\u00fam. 17 de 20 de agosto de 1952 (31 L.P.R.A. see. 441). Al as\\u00ed hacerlo, expresamos que carece \\\"de validez toda disposici\\u00f3n estatutaria y toda sentencia, decreto o fallo judicial que, en contravenci\\u00f3n con la letra de la Ley N\\u00fam. 17, \\u00fanicamente le conceda, reconozca o atribuya al estado de hijo de un ser humano, nada m\\u00e1s que parte de los derechos unitarios de que disfruta el hijo llamado leg\\u00edtimo\\\".( )\\nMediante la decisi\\u00f3n que hoy emitimos en el presente recurso erradicamos el \\u00faltimo vestigio de discrimen, inexplicablemente existente al d\\u00eda de hoy, en nuestro ordenamiento jur\\u00eddico referente a los hijos no matrimoniales. Al revocar expresamente la norma jurisprudencial a los efectos de que un \\\"padre\\\" tiene el t\\u00e9rmino de quince a\\u00f1os para impugnar el reconocimiento que hubiere hecho de un \\\"hijo\\\" resolvemos que dicho t\\u00e9rmino, por mandato expreso de nuestra Constituci\\u00f3n y de otros preceptos legales aplicables, no puede ser diferente o distinto al t\\u00e9rmino que le concede el Art. 117 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico( ) \\\"al marido\\\" para \\\"impugnar la legitimidad del hijo . . .\\\".\\nNo debe haber duda alguna sobre el hecho de que en nuestro ordenamiento jur\\u00eddico \\\"las uniones il\\u00edcitas pueden y deben estar prohibidas\\\" y que es nuestro deber \\\"el desalentarlas. Pero el fruto inocente de ellas debe advenir al mundo libre de descalificaciones o de inferioridades jur\\u00eddicas .\\\". (\\u00c9nfasis suplido.( )\\nHH\\nEl menor H.A.M. vino al mundo el d\\u00eda 23 de septiembre de 1979, fruto su concepci\\u00f3n y nacimiento de unas alegadas relaciones amorosas ocurridas entre el demandante recu-rrido Ram\\u00f3n G. Almod\\u00f3var y la codemandada peticionaria Mar\\u00eda M\\u00e9ndez Rom\\u00e1n, quienes al momento del nacimiento del referido menor no eran casados entre s\\u00ed.( ) El menor H.A.M. fue expresamente reconocido como hijo por el recu-rrido Almod\\u00f3var, inscribi\\u00e9ndose dicho reconocimiento el d\\u00eda 1ro de octubre de 1979 en el Registro Demogr\\u00e1fico, Oficina de Mayag\\u00fcez, Puerto Rico.\\nEl d\\u00eda 21 de octubre de 1983 el recurrido Ram\\u00f3n G. Almo-d\\u00f3var radic\\u00f3 ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayag\\u00fcez, una demanda que intitul\\u00f3 \\\"Impugnaci\\u00f3n de Reconocimiento de Hijo (Nulidad de Reconocimiento)\\\" en la cual aleg\\u00f3, en s\\u00edntesis y en lo pertinente, que con posterio-ridad al mencionado reconocimiento \\\"y luego de m\\u00faltiples averiguaciones al entrar en dudas recientemente por raz\\u00f3n de unas manifestaciones de la madre del menor, se ha com-probado que la parte demandante no es el padre de dicho menor\\\", raz\\u00f3n por la cual \\\"la parte demandante interesa se anule el reconocimiento que de dicho ni\\u00f1o hiciera elimin\\u00e1n-dosele as\\u00ed como padre natural de dicho ni\\u00f1o\\\". Ap\\u00e9ndice C, p\\u00e1g. 7.\\nLa parte demandada, compuesta por la Sra. Mar\\u00eda M\\u00e9n-dez Rom\\u00e1n, por s\\u00ed y en representaci\\u00f3n de su hijo H.A.M., prontamente radic\\u00f3 una moci\\u00f3n de desestimaci\\u00f3n ante el tribunal de instancia en la cual aleg\\u00f3 que, en vista de las dispo-siciones del antes citado Art. 117 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico y de lo resuelto por este Tribunal en Santiago Ojeda v. Cruz Maldonado, 109 D.P.R. 143 (1979),( ) la acci\\u00f3n ejerci-tada por el demandante hab\\u00eda caducado. \\u00c9ste se opuso a la desestimaci\\u00f3n solicitada; aleg\\u00f3 que su acci\\u00f3n estaba predi-cada en lo resuelto por este Tribunal en Alcaide v. Morales, 28 D.P.R. 278 (1920) \\u2014y otras decisiones, inclusive poste-riores al 1952, en que ratificamos lo resuelto en Alcaide v. Morales, ante\\u2014 donde se estableci\\u00f3 la norma de que la ac-ci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de reconocimiento de un hijo natural prescribe a los quince a\\u00f1os por tratarse de una acci\\u00f3n personal sin t\\u00e9rmino fijo.\\nEl foro de instancia, acogiendo como correcta la posici\\u00f3n esgrimida por \\u00e9l demandante, declar\\u00f3 sin lugar la solicitud de desestimaci\\u00f3n radicada por la parte demandada. Incon-forme, dicha parte acudi\\u00f3 v\\u00eda certiorari ante este Tribunal.\\nLa parte demandada peticionaria alega, en s\\u00edntesis, que la norma establecida en Alcaide v. Morales, ante, no puede sostenerse a la luz de lo dispuesto por la Sec. 1, Art. II, de nuestra Constituci\\u00f3n, L.P.R.A., Tomo 1, la cual proh\\u00edbe todo discrimen por raz\\u00f3n de nacimiento. El demandante recu-rrido, por. su parte, argumenta que, siendo la acci\\u00f3n para impugnar el reconocimiento de un hijo habido fuera de ma-trimonio distinta a la acci\\u00f3n para impugnar la legitimidad del hijo habido mientras subsiste el matrimonio, esto es, con-templando ambas acciones situaciones diferentes, puede v\\u00e1-lidamente establecerse t\\u00e9rminos distintos para \\u00e9l ejercicio de ambas acciones sin que ello constituya una violaci\\u00f3n al citado precepto constitucional.\\nHabiendo expedido el auto de certiorari solicitado y es-tando en condiciones de resolver el mismo, procedemos a as\\u00ed hacerlo.\\nh \\u2014 H HH\\nLa filiaci\\u00f3n, bien sea natural o por adopci\\u00f3n, origina una serie de derechos y obligaciones entre los miembros de la familia. Esta da seguridad y publicidad al estado civil de la persona y como tal caracteriza su capacidad de obrar y el \\u00e1mbito propio de su poder y responsabilidad. E. Serna Mero\\u00f1o, La reforma de la filiaci\\u00f3n, Madrid, Ed. Montecorvo, 1985, p\\u00e1g. 25; F. De Castro y Bravo, Derecho Civil de Espa\\u00f1a, Madrid, Instituto de Estudios Pol\\u00edticos, 1952, T. II, p\\u00e1g. 70. En efecto, cabe se\\u00f1alar que de la filiaci\\u00f3n dependen varios estados civiles, que como tales, concretan la capacidad e independencia de la persona. Manuel Pe\\u00f1a y Bernaldo De Quir\\u00f3s nos explican lo anterior cuando exponen lo siguiente:\\n. de ser hijo de tal o cual persona deriva que se tenga una u otra nacionalidad, o una u otra vecindad . cualidades \\u00e9stas que deciden el r\\u00e9gimen de los dem\\u00e1s estados de la persona, ya que la capacidad y las relaciones familiares se rige[n] por la ley personal... aparte de la transcendencia que la determina-ci\\u00f3n de la ley personal tiene en el r\\u00e9gimen de otras materias (sucesiones, donaciones, obligaciones . . .). De la filiaci\\u00f3n de-pende directamente adem\\u00e1s la determinaci\\u00f3n de las personas que est\\u00e1n legitimadas para provocar un cambio de estado civil (emancipaci\\u00f3n, adopci\\u00f3n), o para promover judicialmente el cambio (por incapacitaci\\u00f3n). La filiaci\\u00f3n determina, tambi\\u00e9n, las personas a quienes se est\\u00e1 sujeto durante la minor\\u00eda de edad (o en situaci\\u00f3n de patria potestad prorrogada). Influye la filiaci\\u00f3n en el poder de la persona: por la filiaci\\u00f3n se conoce si una persona tiene herederos forzosos, con la consiguiente trascendencia en relaci\\u00f3n con la potestad de donar . o de disponer \\\"mortis causa\\\" . o, en general, con la potestad de gesti\\u00f3n del propio patrimonio (por la posible declaraci\\u00f3n de prodigalidad...). M. Pe\\u00f1a y B. De Quir\\u00f3s, De la paternidad y filiaci\\u00f3n, en M. Amor\\u00f3s Guardiola, Comentarios a las re-formas del derecho de familia, Madrid, Ed. Tecnos, 1984, Vol. I, p\\u00e1g. 795.\\nCon certeza, a rengl\\u00f3n seguido, los citados autores concluyen que:\\nLa filiaci\\u00f3n es un estado ciw\\u00f1 familiar, un \\\"status familiae\\\": la filiaci\\u00f3n, sea matrimonial o no matrimonial, concreta la si-tuaci\\u00f3n de cada persona dentro de la organizaci\\u00f3n de la res-pectiva familia, con los consiguientes poderes y deberes (ape-llidos, alimentos, derechos sucesorios, funciones tuitivas, de-rechos y deberes de los herederos forzosos), incompatibili-dades (para actuar como juez, \\u00e1rbitro, perito, testigo, \\\"inter-vivos\\\" o en testamentos, notario, registrador), prohibiciones (impedimento de parentesco para el matrimonio) y trascen-dencia penal en la tipificaci\\u00f3n de los delitos o en la medida de las penas. Como estado familiar tiene efectos correlativos \\u2014no siempre del mismo alcance\\u2014 con los dem\\u00e1s miembros de la familia y, en primer lugar, con los padres: la condici\\u00f3n de hijo se corresponde con la de padre o madre que tambi\\u00e9n son estados civiles. Pe\\u00f1a y De Quir\\u00f3s, op. cit., p\\u00e1gs. 795-796.\\nCiertamente la Constituci\\u00f3n de Puerto Rico proh\\u00edbe el discrimen por raz\\u00f3n de nacimiento y proclama el principio de igualdad de ios hombres ante la ley. Nuestras leyes, c\\u00f3nsonas con este mandato constitucional, han establecido la igualdad de trato para todos los hijos con respecto a sus padres. Ley N\\u00fam. 17 de 20 de agosto de 1952, ante. Debe mantenerse presente, sin embargo, que la prohibici\\u00f3n de todo discrimen por cualquier circunstancia personal o social, no implica la exclusi\\u00f3n de cualquier diferenciaci\\u00f3n entre las personas por su condici\\u00f3n sino aquellas que carecen de justificaci\\u00f3n objetiva. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 277 (1975).\\nEn la filiaci\\u00f3n la equiparaci\\u00f3n se produce en cuanto a los efectos del estado de hijo. Es decir, sea hijo matrimonial o no matrimonial, nuestro ordenamiento atribuye los mismos derechos, facultades, obligaciones, deberes, incompatibilidades y prohibiciones dentro de la organizaci\\u00f3n de la familia y la sociedad. Constituye una realidad, sin embargo, que nuestro vigente C\\u00f3digo Civil regula de modo distinto la determinaci\\u00f3n oficial de la filiaci\\u00f3n, as\\u00ed como las acciones de reclamaci\\u00f3n e impugnaci\\u00f3n de la misma, al clasificar a los hijos en leg\\u00edtimos, 31 L.P.R.A. See. 461; legitimados, 31 L.P.R.A. see. 481, y naturales, 31 L.P.R.A. see. 501.( )\\nComo sabemos el principio b\\u00e1sico o conditio inris de la filiaci\\u00f3n natural es la procreaci\\u00f3n o generaci\\u00f3n f\\u00edsica. A. P\\u00e9rez Fern\\u00e1ndez, Ideas generales en torno al nuevo r\\u00e9gimen de la filiaci\\u00f3n en Anales de la Academia Matritense del Notariado, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, T. XXV\\u00a1 p\\u00e1g. 435. La procreaci\\u00f3n es de f\\u00e1cil determinaci\\u00f3n respecto de la madre, probado el hecho del parto y la identidad del hijo, 31 L.P.R.A. see. 504. La identidad del padre, sin embargo, no es de tan sencilla soluci\\u00f3n. Coexisten dos situaciones: la del hijo cobijado por una presunci\\u00f3n de legitimidad, por haber nacido \\u00e9ste \\\"vigente\\\" el matrimonio, y la del hijo no matrimonial.\\nLa filiaci\\u00f3n es leg\\u00edtima (matrimonial) cuando el padre y la madre del ni\\u00f1o est\\u00e1n casados entre s\\u00ed. El Art. 113 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 461, establece una presunci\\u00f3n de \\\"legitimidad\\\" para aquellos hijos nacidos despu\\u00e9s de los ciento ochenta d\\u00edas siguientes a la celebraci\\u00f3n del matrimonio y dentro de los trescientos d\\u00edas siguientes a la disoluci\\u00f3n del mismo. Son diversas las teor\\u00edas que se han esbozado en torno al fundamento de esta presunci\\u00f3n. V\\u00e9anse: Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357 (1985); Moreno \\u00c1lamo v. Moreno Jim\\u00e9nez, 112 D.P.R. 376 (1982).\\nLa doctrina espa\\u00f1ola ha reiterado que la presunci\\u00f3n pater is est quern iustae nuptiae demonstrant \\\"'representa la primac\\u00eda de lo social sobre lo biol\\u00f3gico en Derecho'\\\", prima-c\\u00eda justificada hoy por la constelaci\\u00f3n de fines que la familia leg\\u00edtima satisface: \\\"'la idea patrimonial, la idea del respeto a las decisiones privadas, aspectos econ\\u00f3micos y de higiene social, efecto estabilizador de reservas \\u00edntimas de responsabili-dad; todo esto basta para fundamentar semejante principio de un modo independiente'\\\". J. Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1970, T. IY Vbl. II, p\\u00e1gs. 10-11; D. Esp\\u00edn C\\u00e1novas, Manual de derecho civil es-pa\\u00f1ol, 3ra \\u00e9d., T. IY p\\u00e1g. 264; J.L. Lacruz Berdejo y F.A. Sancho Rebullida, Derecho de familia, Barcelona, Ed. Bosch, 1978, p\\u00e1g. 367; R.F. Bonet, Compendio de derecho civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1960, T. IY p\\u00e1g. 518; C. Grossman, Acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de paternidad del ma-rido, Buenos Aires, Ed. Abaco, 1982.\\nEs indudable que se sigue valorando la familia matrimonial como r\\u00e9gimen socialmente m\\u00e1s deseable. Pe\\u00f1a y Quir\\u00f3s, op. cit., p\\u00e1g. 786. En este sentido, la presunci\\u00f3n pater is est quern iustae nuptiae demonstrant tiene raz\\u00f3n de ser solamente dentro de un marco que propulsa el concepto de \\\"legitimidad\\\" como una protecci\\u00f3n a la instituci\\u00f3n del matrimonio. \\u00c1. Calder\\u00f3n, La filiaci\\u00f3n en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1978, p\\u00e1g. 174. A estos efectos Serna Mero\\u00f1o se\\u00f1ala que \\\"el matrimonio tiene 'significado de fundamento de la familia, instituci\\u00f3n \\u00e9sta a la que los poderes p\\u00fablicos deben protecci\\u00f3n jur\\u00eddica', y no puede ignorarse que, en principio, el matrimonio confiere certeza en la paternidad, lo cual va a incidir de manera directa sobre el r\\u00e9gimen de las acciones, 'haciendo m\\u00e1s f\\u00e1cil la reclamaci\\u00f3n de una filiaci\\u00f3n matrimonial y m\\u00e1s dif\\u00edcil su impugnaci\\u00f3n'\\\". Calder\\u00f3n, op. cit., p\\u00e1g. 184.\\nHH HH hH\\nPor otro lado, se ha se\\u00f1alado que \\\"[l]as personas que carecen de filiaci\\u00f3n conocida paterna o materna o de ambas, pasan a ostentar una u otra o las dos cuando los reconoce un var\\u00f3n, una mujer o una pareja\\\". M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1984, T. TV, p\\u00e1g. 226. As\\u00ed, el reconocimiento es el medio m\\u00e1s impor-tante para determinar la filiaci\\u00f3n no matrimonial. En cuanto a los caracteres del reconocimiento hay, en t\\u00e9rminos gene-rales, consenso al respecto. Los mismos han sido usualmente enumerados y explicados de la manera siguiente:\\n1.\\u00b0 Ser un acto individual, puesto que s\\u00f3lo pod\\u00eda conocerse la identidad de la persona que lo efectuaba y no la del otro progenitor (art. 132).\\n2.\\u00b0 Por ser un acto personal\\u00edsimo, que deb\\u00eda ser realizado por el padre o la madre. No obstante, CAST\\u00c1N estimaba que no hab\\u00eda inconveniente legal en admitir un reconocimiento por medio de mandatario, con poder especial formalizado en docu-mento p\\u00fablico. Otros, por el contrario, negaban esta posibili-dad.\\n3.\\u00b0 Ser un acto unilateral, y as\\u00ed era admitido de manera generalizada, aunque, debido a que en el art. 133 del C\\u00f3digo se preve\\u00eda que para el caso en que el reconocimiento rec\\u00e1yera sobre un mayor de edad se requer\\u00eda su consentimiento, hac[\\u00ed]a pensar que el reconocimiento ten\\u00eda car\\u00e1cter bilateral; sin embargo, en opini\\u00f3n de ALBALADEJO, el consentimiento del mayor era un presupuesto de eficacia, una conditio iuris, pero que no ten\\u00eda por ello el reconocimiento car\\u00e1cter bilateral.\\n4.\\u00b0 Ser un acto formal. El art. 131 establec\\u00eda los medios por los que se pod\\u00eda hacer el reconocimiento. De lo cual se des-prend\\u00eda que el reconocimiento deb\\u00eda ser expreso, aunque, se-g\\u00fan ROYO MART\\u00cdNEZ, tambi\\u00e9n pod\\u00eda exteriorizarse por medio de una conducta expresiva y perseverante. Adem\\u00e1s de ser expreso, el reconocimiento era un acto solemne, siendo admitido como tal por la doctrina.\\n5.\\u00b0 Ser un acto puro, en el sentido de no admitir estar so-metido a condici\\u00f3n, t\\u00e9rmino o modo.\\n6.\\u00b0 Ser tambi\\u00e9n un acto irrevocable, aunque se hiciera en actos que pudieran ser revocados, como era \\u00e9n el supuesto de hacerse en testamento, pues de manera expresa declaraba el art\\u00edculo 741 que el reconocimiento segu\\u00eda siendo v\\u00e1lido aun-que se revocara el testamento. Sin embargo, la irrevocabili-dad del reconocimiento no imped\\u00eda la posibilidad de poder im-pugnar. (\\u00c9nfasis en el original y escolios omitidos.) Serna Me- ro\\u00f1o, op. cit., p\\u00e1gs. 56-57. V\\u00e9anse, en adici\\u00f3n: R. Herrera Campos, La filiaci\\u00f3n no matrimonial tras la reforma del C\\u00f3-digo Civil de 18 de mayo de 1981, Rev. Der. Privado 1-13 (enero \\u2014 junio 1983); C.E. Mascare\\u00f1as, La filiaci\\u00f3n en el De-recho puertorrique\\u00f1o, 4 Rev. Der. Pur. 7, 14 (1962).\\nPero si bien el reconocimiento goza de cierta uniformidad en la discusi\\u00f3n doctrinaria de sus rasgos particulares, no ha sido as\\u00ed en cuanto a su contenido y naturaleza jur\\u00eddica. En cuanto a su contenido la doctrina sostuvo dos posiciones. Esto es, \\\"[p]ara la primera, el reconocimiento llevaba con-sigo una confesi\\u00f3n de paternidad; as\\u00ed la filiaci\\u00f3n quedaba es-tablecida por la convicci\\u00f3n o creencia de paternidad que ha-b\\u00eda sido exteriorizada por el padre de alguna forma. Para la segunda, era preciso que hubiera por parte del padre volun-tad de reconocer y s\\u00f3lo quedaba establecida la filiaci\\u00f3n cuando constaba la decisi\\u00f3n o voluntad de tener al recono-cido por hijo y cumplir respecto al mismo los deberes corres-pondientes a la posici\\u00f3n jur\\u00eddica de padre natural\\\". Serna Mero\\u00f1o, op. cit., p\\u00e1g. 54.\\nEsta pol\\u00e9mica sobre el contenido del reconocimiento se extend\\u00eda al plantearse la naturaleza jur\\u00eddica del mismo. Va-rias teor\\u00edas trataban de explicar la cuesti\\u00f3n. As\\u00ed, hab\\u00eda una corriente doctrinaria que configuraba el reconocimiento como un negocio jur\\u00eddico. D. De Buen, Notas sobre el Dere-cho espa\\u00f1ol, en A. Colin y H. Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1952, T. I, p\\u00e1g. 649; B. P\\u00e9rez Gonz\\u00e1lez y J. Cast\\u00e1n Tobe\\u00f1as, Notas sobre el Derecho espa\\u00f1ol, en L. Enneccerus, Tratado de Derecho Civil, 6ta rev. de la 20ma ed. alemana, Barcelona, Ed. Bosch, 1946, T. IY Vol. 2, p\\u00e1g. 210; L. Diez-Picazo y Ponce de Le\\u00f3n, El negocio jur\\u00eddico del derecho de familia, 212 (N\\u00fam. 3) Rev. Gen. Leg. Jur. 771, 774 (1962). Otro sector lo conside-raba como un acto jur\\u00eddico en sentido estricto, pues sus efec-tos se producen ex lege y no ex vol\\u00fantate. Albaladejo, op. cit., p\\u00e1g. 227; M. De la C\\u00e1mara \\u00c1lvarez, Reflexiones sobre lafi- Ilaci\\u00f3n ileg\\u00edtima en derecho espa\\u00f1ol, Madrid, Ed. Tecnos, 1975, p\\u00e1g. 49. En Espa\\u00f1a, luego de la promulgaci\\u00f3n de la Constituci\\u00f3n de 1978 y de la reforma de la filiaci\\u00f3n lograda en 1981, esta es la postura adoptada. X. O'Callaghan Mu\\u00f1oz, Compendio de Derecho Civil: derecho de familia, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, T. IV, p\\u00e1g. 253; L. Diez-Picazo y A. Gull\\u00f3n, Sistema de Derecho Civil, Madrid, Ed. Tecnos, 1982, Vol. IV, p\\u00e1gs. 331-332.\\nC\\u00f3nsono con esta tendencia doctrinaria, Albaladejo sos-tiene que el reconocimiento \\\"es un acto por el que el que lo realiza se declara padre (o madre, lo que, en adelante, se sobreentiende) del hijo de que se trata. Esencialmente con-siste, pues, s\\u00f3lo, en una pura y simple afirmaci\\u00f3n de paterni-dad o maternidad biol\\u00f3gica. Ese es su contenido necesario, pero tambi\\u00e9n suficiente(\\u00c9nfasis en el original.) Albala-dejo, op. cit, p\\u00e1g. 227. Esta tesis es compartida por varios autores, aunque con ciertos matices. As\\u00ed, hay quien afirma que el reconocimiento puede definirse como el acto jur\\u00eddico de Derecho de Familia, en cuya virtud se declara o admite el hecho de la paternidad o maternidad y se asumen o admiten las consecuencias legales inherentes a la misma. J.L. Lacruz Berdejo y F.A. Sancho Rebullida, Elementos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. iy p\\u00e1gs. 647-648. Otros sostienen que es un acto individual, no negocial, por el que se determina legalmente una filiaci\\u00f3n no matrimonial, a base de la convicci\\u00f3n de la maternidad o a la creencia de la paterni-dad biol\\u00f3gica, con la producci\\u00f3n ex lege de los efectos deri-vados del estado civil as\\u00ed determinado. Y.M. Garrido de Palma, El reconocimiento de hijos, en Anales de la Academia Matritense del Notariado, Madrid, Ed. Rev. Der. Pri-vado, 1982, T. XXV, p\\u00e1g. 20; De la C\\u00e1mara \\u00c1lvarez, op. cit., p\\u00e1gs. 56-58 esc. 72.\\nDiez-Picazo, con anterioridad a la reforma espa\\u00f1ola, sosten\\u00eda que el reconocimiento de los hijos naturales era una declaraci\\u00f3n de voluntad constitutiva de un negocio jur\\u00eddico de Derecho de Familia, porque la ley otorgaba a la voluntad individual fuerza suficiente para configurar los efectos jur\\u00eddicos y para crear una nueva situaci\\u00f3n jur\\u00eddica, transformando la anterior. Despu\\u00e9s de la reforma este autor, siguiendo el pensamiento mayoritario, considera que ya no es la voluntad del reconocedor la que produce unos u otros efectos jur\\u00eddicos, ni tampoco la creaci\\u00f3n de una nueva situa-ci\\u00f3n jur\\u00eddica. Afirma, por el contrario, que esta circunstancia se produce en virtud de un hecho natural, la procreaci\\u00f3n, existiendo una relaci\\u00f3n jur\\u00eddica suficiente entre el progenitor y el hijo. Diez-Picazo y Gull\\u00f3n, op. cit, p\\u00e1g. 317. En s\\u00edn-tesis, podr\\u00edamos afirmar que \\\"[e]l reconocimiento en la ac-tualidad no cumple, pues, otra funci\\u00f3n que la de determinar la filiaci\\u00f3n, y para esta finalidad no es necesario un negocio jur\\u00eddico ni una voluntad negocial. La creaci\\u00f3n de la relaci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n es ahora obra de la ley, no de los particulares, que no pueden disponer de los efectos jur\\u00eddicos\\\". Serna Mero\\u00f1o, op. cit, p\\u00e1g. 240.\\nComo hemos visto hasta el momento, nuestro ordenamiento no equipara la filiaci\\u00f3n matrimonial y la no matrimonial. La primera se basa en la presunci\\u00f3n pater is est quem iustae nuptiae demonstrant protegiendo indudablemente la relaci\\u00f3n matrimonial existente. La segunda requiere del acto jur\\u00eddico mediante el cual una persona se declara madre o padre del hijo de que se trate. Para que ocurra una equiparaci\\u00f3n en cuanto a este particular se requerir\\u00eda \\\"sustituir la presunci\\u00f3n de paternidad matrimonial del marido de la madre por el reconocimiento, por parte del mismo, de cada uno de los hijos que alumbrase su mujer\\\". J.L. Lacruz Berdejo y F.A. Sancho Rebullida, Derecho de Familia, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, p\\u00e1g. 604 n. 1. Bossert enfatiza que \\\"[sjemejante equiparaci\\u00f3n resultar\\u00eda aberrante al principio que sostiene la presunci\\u00f3n de la paternidad del marido, am\\u00e9n de que importar\\u00eda un disloque a la estabilidad de las relaciones familiares\\\". (Escolio omitido.) G.A. Bossert, R\\u00e9gi-men legal de filiaci\\u00f3n y patria potestad: Ley 23.26U, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Astrea, 1987, p\\u00e1g. 22.\\nIV\\nEn adici\\u00f3n a la diferencia en el tratamiento que nuestro ordenamiento establece entre la filiaci\\u00f3n matririionial y la no matrimonial, debemos, adem\\u00e1s, considerar lo que se ha denominado \\\"acciones de estado\\\", las cuales son consecuencia directa de esa diferencia en el tratamiento. Estas son aquellas que \\\"tienden a declarar la existencia de los presupuestos de un determinado emplazamiento o el estado de familia, o a constituir, modificar o extinguir un emplazamiento\\\". Bossert, op. cit., p\\u00e1g. 87; E.A.-Zannoni, Derecho de Familia, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1978, p\\u00e1g. 57. Entonces, se reconoce la posibilidad que tienen los interesados en una filiaci\\u00f3n en particular, de promover la averiguaci\\u00f3n de la verdadera, para que conste legalmente, y de promover el ataque a la que conste legalmente cuando no sea la verdadera. Albaladejo, op. cit., p\\u00e1g. 247. Estas acciones son divididas en \\\"reclamaci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n\\\" e \\\"impugnaci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n\\\". \\u00edd. Es innecesario que nos ocupemos de la reclamaci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n. Nuestras decisiones sobre el particular son claras. Pol Sella v. Lugo Christian, 107 D.P.R. 540 (1978); Diez Rodr\\u00edguez v. Guzm\\u00e1n Ruiz, 108 D.P.R. 371 (1979). No ocurre as\\u00ed cuando nos enfrentamos a la impugnaci\\u00f3n de la filiaci\\u00f3n.\\nDebemos se\\u00f1alar que la doctrina suele hablar de impugnaci\\u00f3n de paternidad refiri\\u00e9ndose a la filiaci\\u00f3n matrimonial, \\u00fanica filiaci\\u00f3n presumida. Como s\\u00e9\\u00f1ala Bossert, op. cit., p\\u00e1gs. 22-23, \\\"la impugnaci\\u00f3n de la paternidad s\\u00f3lo es posible cuando, presumiendo la ley esa paternidad, el marido ataca la presunci\\u00f3n. No hay acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de la pa-ternidad extramatrimonial, aunque pueda existir la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento\\\". A su vez esta impugna-ci\\u00f3n de la paternidad del marido ha sido clasificada y distin-guida por la doctrina en impugnaci\\u00f3n o desconocimiento ri-guroso de la paternidad y la denominada impugnaci\\u00f3n, o des-conocimiento simple de ella. Bossert, op. cit., p\\u00e1g. 156; M. De la C\\u00e1mara \\u00c1lvarez, El nuevo derecho de la filiaci\\u00f3n, en D. Esp\\u00edn C\\u00e1novas, El nuevo derecho de familia espa\\u00f1ol, Madrid, Ed. Reus, 1982, p\\u00e1g. 49. B\\u00e1stenos con decir que en la primera corresponde al marido atacar la presunci\\u00f3n legal produciendo prueba que descarte el nexo biol\\u00f3gico. En la segunda, ha de negar la filiaci\\u00f3n probando que el hijo de su mujer naci\\u00f3 en los primeros ciento ochenta d\\u00edas del matrimo-nio, o despu\\u00e9s de los trescientos d\\u00edas de la disoluci\\u00f3n del ma-trimonio. Bossert, op. cit., p\\u00e1g. 157.\\nPor otra parte, mucho m\\u00e1s compleja resulta ser la disciplina de la impugnaci\\u00f3n del reconocimiento. Seg\\u00fan Bossert, hist\\u00f3ricamente la doctrina ha distinguido entre la acci\\u00f3n de nulidad del reconocimiento y la de impugnaci\\u00f3n del mismo. Bossert, op. cit, p\\u00e1g. 245; M. Albaladejo, El reconocimiento de la filiaci\\u00f3n natural, Barcelona, Ed. Bosch, 1954, p\\u00e1g. 208 y ss. La primera hace inexistente el acto del reconocimiento al faltar alg\\u00fan requisito que impide la eficacia del acto jur\\u00eddico. Bossert, op. cit., p\\u00e1g. 247. As\\u00ed, faltar\\u00e1 un requisito de eficacia si falta, por ejemplo, \\\"el consentimiento del reconocido, o la aprobaci\\u00f3n judicial o el consentimiento del representante legal, o el consentimiento de los descendientes del reconocido ya fallecido. Tampoco es eficaz el reconocimiento si est\\u00e1 en oposici\\u00f3n con un t\\u00edtulo de legitimaci\\u00f3n anterior que acredite una filiaci\\u00f3n contradictoria\\\". Pe\\u00f1a y De quir\\u00f3s, op. cit., p\\u00e1g. 936. En cambio, la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de reconocimiento, stricto sensu, \\\"ataca o controvierte su contenido, o, lo que es lo mismo, controvierte el presupuesto biol\\u00f3gico que lo implica: el nexo biol\\u00f3gico de- terminado por la procreaci\\u00f3n entre reconociente y recono-cido\\\". (\\u00c9nfasis en el original.) Bossert, op. cit., p\\u00e1g. 245.\\nLa doctrina espa\\u00f1ola, luego de la reforma de 1981, sos-tiene que se trata de una sola acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del re-conocimiento que tiene como base el vicio en el consenti-miento prestado y la cual procede cuando el impugnador de-muestra a satisfacci\\u00f3n del tribunal que actu\\u00f3 movido por error o debido a violencia o intimidaci\\u00f3n, siendo inmaterial el hecho de si el reconocido es o no hijo del impugnador. En palabras de Albaladejo:\\nHuelga insistir en que queda por completo al margen la cuesti\\u00f3n de si el reconocido es o no hijo del reconocedor. No se trata de demostrar que con violencia o intimidaci\\u00f3n se oblig\\u00f3 a reconocer a un no hijo. Se trata simplemente de que, demos-trando que se reconoci\\u00f3 intimidado o violentado, prosperar\\u00e1 la impugnaci\\u00f3n del reconocimiento, sin tener que referirse para nada al asunto de la filiaci\\u00f3n del reconocido. Y lo mismo cabe decir del error. Por supuesto que quien demuestra que reconoci\\u00f3 al hijo por creerlo suyo, y no lo es, prueba su error, pero prueba tambi\\u00e9n la no paternidad, prueba \\u00e9sta que basta-r\\u00eda por s\\u00ed sola. Mas, no es esta prueba la que se exige en el caso de error en el reconocimiento. El error aqu\\u00ed no exige probar que no se es padre, sino que, se lo sea o no (cosa en la que no se entra), se reconoci\\u00f3 por haber padecido un error que, seg\\u00fan las reglas generales, habr\\u00e1 de haber sido esencial, es decir, de tal \\u00edndole que sin \\u00e9l no se habr\\u00eda reconocido . .( )\\nEn nuestra jurisdicci\\u00f3n, la controversia de si el reconociente puede impugnar el reconocimiento fue resuelta desde principios de siglo. En aquel momento admitimos que un reconocimiento era irrevocable, pues no es dado dejar al arbitrio de las personas el estado civil de un hijo, pero sostuvimos que pod\\u00eda impugnarse y anularse el reconocimiento mediante sentencia judicial. As\\u00ed, en Alcaide v. Morales, ante, p\\u00e1g. 291, aceptamos que existe la acci\\u00f3n para pedir la anula-ci\\u00f3n del reconocimiento voluntario hecho por el padre, siem-pre que \\u00e9ste tenga pruebas evidentes para as\\u00ed. demostrarlo. En este caso expresamos que:\\nPuede concebirse que concurran circunstancias tales que reclamen la intervenci\\u00f3n y la acci\\u00f3n de las cortes para anular el reconocimiento no obstante haber procedido voluntaria-mente el padre en el momento en que lo hizo. Adem\\u00e1s, si bien no existe precepto de ley alguno que directamente regule la cuesti\\u00f3n, las disposiciones del legislador en relaci\\u00f3n con los hijos leg\\u00edtimos, indican su criterio en el sentido de la existen-cia de la acci\\u00f3n. Nos referimos a los art\\u00edculos 181, 182, 183, 184 y 185 del C\\u00f3digo Civil Revisado. Claro es que la prueba que se aporte tiene que ser de tal manera robusta y convin-cente que al anular el reconocimiento voluntario hecho la corte quede plenamente convencida de que esa y no otra es la resoluci\\u00f3n que impone la justicia.( )\\nEl hecho de la existencia en nuestro ordenamiento de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento voluntario \\u2014y la procedencia jur\\u00eddica de la misma\\u2014 es una cuesti\\u00f3n que no amerita mayores comentarios. Dados los planteamientos de las partes, lo que debemos resolver en el presente recurso es si la norma que establecimos hace casi siete d\\u00e9cadas en Al-caide v. Morales, ante \\u2014respecto al plazo para radicar la referida acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento\\u2014 debe o no permanecer inalterada.\\nV\\nEn el citado caso de Alcaide v. Morales, luego de reconocer la existencia y procedencia en nuestro ordena- miento de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento, ra-zonamos que para radicar la misma el \\\"impugnador\\\" ten\\u00eda el t\\u00e9rmino de quince a\\u00f1os por cuanto, trat\\u00e1ndose de una acci\\u00f3n personal que no tiene t\\u00e9rmino de prescripci\\u00f3n se\\u00f1alado, le eran aplicables a la misma las disposiciones del Art. 1864 del vigente C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5294.( )\\nIndependientemente del planteamiento, u objeci\\u00f3n, constitucional que respecto a la referida norma jurisprudencial esboza la parte demandada peticionaria en el presente recurso, somos del criterio que la misma no debe subsistir. En primer lugar, y como reconoci\\u00e9ramos en el propio caso de Alcaide v. Morales, ante,( ) el, mencionado t\\u00e9rmino de quince a\\u00f1os es uno irrazonablemente largo. En el mundo moderno de adelantos en los campos de la ciencia, y la comunicaci\\u00f3n en que hoy d\\u00eda vivimos, realmente no existe justificaci\\u00f3n alguna para mantener en una incertidumbre, o limbo jur\\u00eddico, el \\\"estado de hijo\\\" de una persona que fue expresamente reconocida por el \\\"padre\\\" por tan largo per\\u00edodo de tiempo. Por otro lado, el t\\u00e9rmino de quince a\\u00f1os que establece el citado Art. 1864 del C\\u00f3digo Civil es uno de prescripci\\u00f3n y, como sabemos, resulta ser jur\\u00eddicamente improcedente la aplicaci\\u00f3n de un t\\u00e9rmino de prescripci\\u00f3n a una situaci\\u00f3n que reclama y exige la aplicaci\\u00f3n de uno de caducidad. V\\u00e9ase, en general, W. Cort\\u00e9s Burgos, El problema de la caducidad en la filiaci\\u00f3n, 86 Rev. Der. Pur. 185 (1982-1983); E. V\\u00e1zquez Bote, En torno a los problemas filiatorios en el Derecho puertorrique\\u00f1o, 45 Rev. Der. Pur. 127 (1972); G. Ve-l\\u00e1zquez, La extinci\\u00f3n de la acci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n en el derecho puertorrique\\u00f1o, XVII (N\\u00fam. 4) Rev. C. Abo. P.R. 237, 245 (1957); J. Cast\\u00e1n Tobe\\u00f1as, Derecho Civil espa\\u00f1ol, com\\u00fan y foral, Madrid, Ed. Reus, 1952, T. I, Vol. 2, p\\u00e1gs. 675-676.\\nComo certeramente expres\\u00e1ramos \\u2014citando con aprobaci\\u00f3n al Profesor Guaroa Vel\\u00e1zquez \\u2014 ( ) en Ortiz Rivera v. Sucn. Gonz\\u00e1lez Martinez, 93 D.P.R. 562, 589 (1966):\\n\\\"La prescripci\\u00f3n no es una instituci\\u00f3n aplicable al derecho de familia, ya que la ley la configura para aplicarla solamente a la esfera del derecho privado (patrimonial) estableci\\u00e9ndola para proteger intereses individuales de que el particular pueda dis-poner; por tanto, no pueden estar sujetos a prescripci\\u00f3n los derechos que est\\u00e1n fuera del comercio y no son susceptibles de disponibilidad por los particulares, entre los cuales dere-chos figuran los de filiaci\\u00f3n. Como dicen A. Colin y H. Capi-tant: 'La prescripci\\u00f3n es una forma de renuncia. Los dere-chos que no se pueden enajenar, no pueden tampoco prescri-bir.'\\\"\\nSin entrar, repetimos, en la discusi\\u00f3n del planteamiento constitucional que se nos hace, no hay duda de que en lugar del t\\u00e9rmino antes mencionado de quince a\\u00f1os que establece el citado Art. 1864 del C\\u00f3digo Civil, parecer\\u00eda ser mucho m\\u00e1s apropiado y aplicable a la situaci\\u00f3n ante nuestra considera-ci\\u00f3n el plazo de cuatro a\\u00f1os que establece el Art. 1253 del referido C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A, see. 3512,( ) el cual regula la acci\\u00f3n de nulidad de los contratos debido a error, violencia, intimidaci\\u00f3n, etc. \\u2014M. Royo Mart\\u00ednez y J.L. Lacruz Ber-dejo, Derecho de Familia, Barcelona, Ed. Bosch, 1966, p\\u00e1g. 396; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. I, p\\u00e1gs. 321-323; Al-baladejo, El reconocimiento de la filiaci\\u00f3n natural, op. cit., p\\u00e1g. 217\\u2014 o el \\\"plazo\\\" dispuesto por el citado Art. 117 del C\\u00f3digo Civil, el cual regula una situaci\\u00f3n similar.\\nEllo, sin embargo, no resuelve la problem\\u00e1tica ante nuestra consideraci\\u00f3n. En vista de lo planteado por la parte demandada peticionaria, realmente no podemos limitarnos meramente a determinar cu\\u00e1l de los dos antes mencionados plazos es el m\\u00e1s apropiado. Resulta obligatorio que nos enfrentemos a, y resolvamos, el planteamiento de si las disposiciones de las Secs. 1 y 7 del Art. II de nuestra Constituci\\u00f3n, L.P.R.A., Tomo 1, y la de otros preceptos legales aplicables, hacen mandatorio el fijar o se\\u00f1alar un \\u00fanico plazo tanto para la radicaci\\u00f3n de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento como para la radicaci\\u00f3n de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de legitimidad.\\nLa contestaci\\u00f3n a dicho planteamiento conlleva, naturalmente, la evaluaci\\u00f3n y discusi\\u00f3n de si nos enfrentamos a una de tres posibles situaciones: (1) dos grupos de personas completamente distintos, lo cual permite que se regulen los mismos de manera diferente; (2) aun cuando estemos ante personas comprendidas dentro de un mismo grupo \\\"protegido\\\", nos encontramos ante una situaci\\u00f3n de un trato desigual justificado por raz\\u00f3n de la existencia de un \\\"inter\\u00e9s apremiante\\\"; (3) o, por \\u00faltimo, no existiendo tal \\\"in-ter\\u00e9s\\\", la \\\"clasificaci\\u00f3n\\\" que se pretende hacer dentro de dicho grupo resulta ser constitucionalmente impermisible.( ) Pueblo v. Mat\\u00edas Castro, 90 D.P.R. 528 (1964); Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975); Hermina Gonz\\u00e1lez v. Srio. del Trabajo, 107 D.P.R. 667 (1978); P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barcel\\u00f3, 110 D.P.R. 248 (1980).\\nVI\\nComo expres\\u00e1ramos al comienzo de la ponencia, el de-mandante recurrido sostiene que siendo las acciones para impugnar el reconocimiento y para impugnar la legitimidad acciones distintas, y contemplando las mismas situaciones diferentes, resulta constitucionalmente permisible estable-cer t\\u00e9minos distintos para el ejercicio de ambas acciones. No le asiste la raz\\u00f3n; veamos por qu\\u00e9.\\nNo hay duda de que el ser humano que nace de madre casada adquiere desde el momento mismo de su nacimiento, respecto al marido de su madre, la \\\"condici\\u00f3n o estado de hijo\\\" de aqu\\u00e9l por mandato expreso de las disposiciones-del Art. 113 del C\\u00f3digo Civil, ante.( ) Esa presunci\\u00f3n \\\"de legitimidad\\\" \\u2014o, conforme al estado de derecho vigente en nuestra jurisdicci\\u00f3n, la presunci\\u00f3n de que se es hijo de esa persona en particular\\u2014 que establece el mencionado precepto legal tiene su base, o raz\\u00f3n de ser, precisamente en la relaci\\u00f3n jur\\u00eddica existente entre el marido y su esposa.\\nEl hijo de mujer no casada, por el contrario, nace sin filiaci\\u00f3n respecto a padre alguno por raz\\u00f3n, naturalmente, de la inexistencia de una persona que pueda ser presuntivamente se\\u00f1alada como padre por la ley. Este adquiere el \\\"estado o condici\\u00f3n de hijo\\\", entre otras y en lo 'pertinente, cuando el padre en forma afirmativa lo reconoce como tal.( )\\nCon motivo de lo antes se\\u00f1alado, la evidencia a ser presentada en la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de legitimidad por necesidad no puede ser exactamente igual a la de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento. La presunci\\u00f3n de \\\"legitimidad\\\" \\u2014o, lo que es lo mismo, de que se es hijo de determinada persona\\u2014 que por ley cobija al hijo matrimonial necesariamente obliga al padre (marido) que interesa y decide impugnar esa \\\"condici\\u00f3n de hijo\\\" a presentar, en la referida acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n, evidencia que demuestre que \\u00e9l no es el \\\"padre\\\" de ese \\\"hijo\\\". Esto es, en esta acci\\u00f3n se ataca directamente la relaci\\u00f3n biol\\u00f3gica de hijo.( )\\nAun cuando el efecto o consecuencia final es el mismo, esto es, la aniquilaci\\u00f3n del estado filiatorio,( ) en el caso de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento por el, contrario, no resulta necesario impugnar la condici\\u00f3n de hijo en forma directa. La acci\\u00f3n afirmativa del reconocimiento presupone un acto voluntario e informado. Es debido a ello que, como hemos visto anteriormente, se ha aceptado por la doctrina y los tribunales de justicia que ese reconocimiento puede ser impugnado a base de que hubo vicio en el consen-timiento prestado por raz\\u00f3n de error, violencia o intimida-ci\\u00f3n; esto es, que el mismo se prest\\u00f3 de manera involuntaria o, si voluntariamente, \\\"mal informado\\\". Esa es la raz\\u00f3n por la cual, como correctamente nos se\\u00f1ala Albaladejo, en una acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de reconocimiento \\\"queda por com-pleto al margen la cuesti\\u00f3n si el reconocido es o no hijo del reconoce\\u00e1or\\\".( ) Dicho de otra forma, en una acci\\u00f3n de im-pugnaci\\u00f3n del reconocimiento lo que se impugna, o se pre-tende anular, es el acto en s\\u00ed del reconocimiento. Para ello no es necesario traer prueba que destruya la relaci\\u00f3n biol\\u00f3gica de padre e hijo. Todo lo que se requiere es demostrar que el consentimiento prestado fue uno viciado por raz\\u00f3n de la exis-tencia de violencia, intimidaci\\u00f3n o error.( )\\nDebe quedar meridianamente claro, sin embargo, que nada de lo anteriormente se\\u00f1alado significa que se trata de dos grupos distintos de personas. Lo que sucede es que dependiendo del hecho de si se nace de madre casada o soltera \\u2014circunstancia sobre la cual el hijo no tiene control alguno\\u2014 existe una diferencia inevitable en la forma y ma-nera en que se adquiere la \\\"condici\\u00f3n o estado de hijo\\\", Como hemos visto, unos la adquieren desde el momento mismo del nacimiento y otros la adquieren desde el mo-mento del reconocimiento. Ahora bien, una vez dicha condi-ci\\u00f3n se adquiere, se trata de un mismo y \\u00fanico grupo de personas: hijos. Como expresara el Tribunal Supremo de Espa\\u00f1a, en su Sentencia de 25 de junio de 1909, p\\u00e1g. 498, \\\"el reconocimiento que de su hijo hace un padre natural produce an\\u00e1logos efectos a la presunci\\u00f3n de legitimidad de los hijos habidos de matrimonio legalmente celebrado . . (\\u00c9nfasis suplido.) En otras palabras, as\\u00ed como la presunci\\u00f3n que es-tablece el citado Art. 113 del C\\u00f3digo Civil, consiste en supo-nerlos hijos del marido, la presunci\\u00f3n que del reconoci-miento se deriva es la de suponerlos hijos del reconocedor.\\nVII\\nUna vez se ha adquirido el estado o condici\\u00f3n de hijo, esto es, se es hijo \\u2014ya desde el momento del nacimiento en el caso del hijo de mujer casada, ya desde el momento del reconocimiento en el caso del hijo de mujer soltera\\u2014 por mandato expreso de nuestra Constituci\\u00f3n ning\\u00fan hijo puede injustificadamente ser v\\u00edctima de discrimen por motivo de las circunstancias de su nacimiento( ) y todos los hijos est\\u00e1n en igualdad de derechos respecto de sus padres y del orden jur\\u00eddico, resultando constitucionalmente impermisible que se sufra, por raz\\u00f3n de esas circunstancias, de inferioridades jur\\u00eddicas.( ) Permitir lo contrario podr\\u00eda constituir la nega-ci\\u00f3n del derecho a la igual protecci\\u00f3n de las ley es. ( )\\nEs debido a lo anteriormente se\\u00f1alado que somos del criterio que la diferencia existente en la actualidad en nuestro ordenamiento, referente la misma a los t\\u00e9rminos para radicar las acciones de impugnaci\\u00f3n de legitimidad y del reconocimiento, no puede subsistir. Como sabemos, por virtud de las disposiciones del citado Art. 117 del C\\u00f3digo Civil, el marido tiene el t\\u00e9rmino de tres meses desde la inscripci\\u00f3n del nacimiento, si se hallaba en Puerto Rico, y el t\\u00e9rmino de seis meses desde que tuvo conocimiento del nacimiento, si se hallaba fuera de Puerto Rico, para radicar la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de legitimidad. Ello tiene la consecuencia de que el ni\\u00f1o que nace de mujer casada consolida su estado filiatorio respecto de su padre al transcurrir dichos per\\u00edodos de tres o seis meses, pues pasado \\\"el mismo\\\" su status familiae resulta ser inatacable por el padre por raz\\u00f3n de haber caducado la acci\\u00f3n que a esos efectos la ley le concede a \\u00e9ste.\\nConforme la doctrina jurisprudencial vigente, sin embargo, la situaci\\u00f3n de los hijos no matrimoniales no es tan afortunada. Seg\\u00fan lo resuelto por este Tribunal en Alcaide v. Morales, ante, el t\\u00e9rmino que tiene el padre que reconoci\\u00f3 al hijo para impugnar dicho reconocimiento lo es el de quince a\\u00f1os. Ello significa que el hijo nacido de mujer soltera que es reconocido \\u2014que como hemos visto es tan hijo como el hijo de mujer casada\\u2014 no consolida su estado filiatorio hasta que transcurra dicho largo per\\u00edodo de tiempo.\\nLa mencionada norma jurisprudencial coloca a los hijos nacidos de mujer soltera que son reconocidos en un estado de desigualdad en relaci\\u00f3n a los hijos nacidos de mujer casada. Es como si el estado filiatorio que crea el reconocimiento fuera de menor categor\\u00eda que el que surge por operaci\\u00f3n de la presunci\\u00f3n que establece el citado Art. 113 del C\\u00f3digo Civil. Procede que determinemos, en consecuencia, si esta cla-sificaci\\u00f3n que perpetu\\u00f3 la norma jurisprudencial vigente, la cual resulta ser inherentemente sospechosa a la luz de las disposiciones de la Sec. 1 del Art. XI de nuestra Constituci\\u00f3n, ante, infringe o no la cl\\u00e1usula constitucional sobre igual pro-tecci\\u00f3n de las leyes. Venimos obligados a as\\u00ed hacerlo no obs-tante el hecho de que esta clasificaci\\u00f3n es de \\\"origen\\\" juris-prudencial. Como expres\\u00e1ramos anteriormente,( ) si bien es cierto que el an\\u00e1lisis constitucional sobre la igual protecci\\u00f3n de las leyes tradicionalmente se ha aplicado en el contexto de clasificaciones legislativas, el mismo es igualmente aplicable a clasificaciones establecidas o legitimidas jurisprudencial-mente. El examen referente a estas \\\"clasificaciones judi-ciales\\\" resulta procedente por raz\\u00f3n de que los derechos constitucionales se reclaman contra el Estado, y la Rama Judicial es uno de los componentes de \\u00e9ste. V\\u00e9ase L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1988, p\\u00e1gs. 1482-1483.\\nVIII\\nComo es de todos conocido, en el an\\u00e1lisis constitucional bajo la referida cl\\u00e1usula de la igual protecci\\u00f3n de las leyes se utilizan tres criterios (tests), a saber: (1) el de escrutinio estricto o del examen minucioso; (2) el intermedio, y (3) el tradicional m\\u00ednimo o de nexo racional. V\\u00e9lez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533, 537 (1984); Zachry International v. Tribunal Superior, ante. ( )\\nEn Le\\u00f3n Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804, 813 (1980) \\u2014citando con aprobaci\\u00f3n lo expresado en Wackenhut Corp. v. Rodr\\u00edguez Aponte, 100 D.P.R. 518, 531 (1972)\\u2014 se\\u00f1alamos, en lo pertinente, que:\\n. est\\u00e1n sujetas aun minucioso examen judicial, por consi-derarse inherentemente sospechosas, todas las clasificaciones tangentes con la dignidad del ser humano y con el principio de la igualdad ante la ley. Caen bajo esta categor\\u00eda las clasifica-ciones o discr\\u00edmenes por motivo de raza, color, sexo, naci-miento, origen o condici\\u00f3n social, ideas pol\\u00edticas o religiosas y nacionalidad. (\\u00c9nfasis suplido y escolio omitido.)\\nEn casos como el de autos \\u2014donde nos enfrentamos a una clasificaci\\u00f3n inherentemente sospechosa\\u2014 para que la constitucionalidad de la misma pueda ser sostenida, el Estado viene en la obligaci\\u00f3n de demostrar la existencia de un inter\\u00e9s p\\u00fablico apremiante o de superior jerarqu\\u00eda (compelling state interest) que justifique la referida clasificaci\\u00f3n y que la misma promueve necesariamente la consecuci\\u00f3n de ese inter\\u00e9s. Zachry International v. Tribunal Superior, ante, p\\u00e1g. 278.\\nCuando este Tribunal resolvi\\u00f3 en 1920 el caso de Alcaide v. Morales, ante, no est\\u00e1bamos obligados por precepto cons-titucional alguno que reclamara trato igual para todos los hijos independientemente de sus circunstancias al nacer. En aquel entonces concluimos \\u2014en correcta t\\u00e9cnica jur\\u00eddica \\u2014 - que en ausencia de precepto legislativo alguno que regulara el plazo para la impugnaci\\u00f3n de un reconocimiento deb\\u00edamos aplicar uno por analog\\u00eda. Determinamos, entonces, que tra-t\\u00e1ndose de una acci\\u00f3n personal sin t\\u00e9rmino se\\u00f1alado deb\\u00eda aplicarse el t\\u00e9rmino de quince a\\u00f1os que dispone el Art. 1864 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, ante. Posteriormente, y luego de promulgada nuestra Constituci\\u00f3n en el a\\u00f1o 1952, en Rivera v. Rivera, 78 D.P.R. 908 (1956), incorrectamente ra-tificamos \\u2014en una nota al calce y por medio de dictum\\u2014 la norma establecida en Alcaide v. Morales, ante, a los efectos de que un hombre que ha reconocido a un hijo tiene el t\\u00e9r-mino de quince a\\u00f1os para impugnar dicho reconocimiento.\\nEn vista del planteamiento que hace la parte demandada peticionaria en el presente caso, procede que nos pregun-temos: \\u00bfqu\\u00e9 \\\"inter\\u00e9s apremiante\\\" puede perseguir \\\"el Es-tado\\\" al establecer t\\u00e9rminos distintos para la consolidaci\\u00f3n del estado filiatorio? Debemos confesar que, \\u00fanicamente, se nos ocurre como base o fundamento para dicha clasificaci\\u00f3n el inter\\u00e9s del Estado de fomentar la instituci\\u00f3n del matrimo-nio.\\nDebe quedar meridianamente claro que entendemos que la protecci\\u00f3n de la instituci\\u00f3n del matrimonio en efecto constituye un inter\\u00e9s apremiante del Estado.( ) Ahora bien, ante esta realidad, \\u00bfconstituye la desigualdad creada por la clasificaci\\u00f3n en controversia el medio necesario de alcanzar esa protecci\\u00f3n justific\\u00e1ndose que se discrimine en contra de los hijos no matrimoniales? Entendemos que no. Somos del criterio que el Estado puede promover y forta-lecer la instituci\\u00f3n del matrimonio por otros medios.( ) No hay necesidad de castigar al inocente. Como correcta y cer-teramente expresara en Weber v. Aetna Casualty & Surety Co., 406 U.S. 164, 175 (1972), el Tribunal Supremo de los Es-tados Unidos:\\nThe status of illegitimacy has expressed through the ages society's condemnation of irresponsible liaisons beyond the bonds of marriage. But visiting this condemnation on the head of an infant is illogical and unjust. Moreover, imposing disabilities on the illegitimate child is contrary to the basic concept of our system that legal burdens should bear some relationship to individual responsibility of wrongdoing. Obviously, no child is responsible for his birth and penalizing the illegitimate child is an ineffectual \\u2014 as well as an unjust \\u2014 way of deterring the parent. Courts are powerless to prevent the social opprobrium suffered by these hapless children, but the Equal Protection Clause does enable us to strike down discriminatory laws relating to status of birth where\\u2014 as in this case \\u2014 the classification is justified by no legitimate state interest, compelling or otherwise. (\\u00c9nfasis suplido y citas omitidas.)\\nResolvemos, en consecuencia, que en virtud de lo dispuesto en el citado Art. II, Secs. 1 y 7 de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico s\\u00f3lo puede existir en nuestro ordenamiento un \\u00fanico plazo para la radicaci\\u00f3n de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del \\\"estado o condici\\u00f3n de hijo\\\", se le llame a la misma acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconoci-miento o acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de \\\"legitimidad\\\". Al as\\u00ed resolver, como expres\\u00e1ramos en Garc\\u00eda v. Acevedo, 123 D.P.R. 624, 635 (1989), lo \\\"\\u00fanico que estamos haciendo es darle plena virtualidad al axioma constitucional que proh\\u00edbe el dis-crimen por raz\\u00f3n de nacimiento y proclama la igualdad del ser humano\\\".\\nf \\u2014 H\\nHabiendo resuelto que nuestra Constituci\\u00f3n exige un \\u00fanico plazo de caducidad para la radicaci\\u00f3n tanto de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento como para la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de la \\\"legitimidad\\\", procede que determinemos cu\\u00e1l debe ser ese plazo. Ello realmente es una labor o funci\\u00f3n que corresponde, en primera instancia, al legislador. Constituye una realidad inescapable, sin embargo, el hecho de que nuestra Asamblea Legislativa ha rehusado actuar al respecto a pesar de los llamados que a esos efectos se le han hecho.( ) No vislumbr\\u00e1ndose que lo haga en un futuro cercano e ignorando las razones que tenga la Asamblea Legislativa para su inacci\\u00f3n, no podemos eludir la obligaci\\u00f3n de esbozar una norma que corrija la injusticia.\\nYa anteriormente hab\\u00edamos descartado, por inaplicable e irrazonablemente largo, el plazo de quince a\\u00f1os que esta- blece el Art. 1864 del C\\u00f3digo Civil, ante, para las acciones \\\"personales que no tengan se\\u00f1alado t\\u00e9rmino especial de prescripci\\u00f3n .Las alternativas, en consecuencia, se limi-tan a los t\\u00e9rminos de caducidad que establecen los antes ci-tados Arts. 117 y 1253 del vigente C\\u00f3digo Civil; esto es, los plazos de 3 y 6 meses que establece el primero para la radica-ci\\u00f3n de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de la \\\"legitimidad\\\" o el plazo de cuatro a\\u00f1os que dispone el segundo para la acci\\u00f3n de nulidad de contratos.\\nSeg\\u00fan ya hemos explicado, la doctrina espa\\u00f1ola mayori-taria antes de la reforma de 1981 se inclinaba hacia la utiliza-ci\\u00f3n del plazo de caducidad de cuatro a\\u00f1os. Ello as\\u00ed por tres razones principales, a saber: se utilizan las mismas \\\"cau-sales\\\" \\u2014error, violencia e intimidaci\\u00f3n\\u2014 en apoyo de la soli-citud de nulidad o impugnaci\\u00f3n; se trata de un t\\u00e9rmino m\\u00e1s razonable; y, sobre todo, el mismo es un plazo de caducidad. Puig Brutau, op. cit, ed. 1978, p\\u00e1g. 323. A esos efectos Puig Brutau sostuvo que, \\\"como opina Albaladejo, es preferible mantener el criterio del plazo de caducidad de cuatro a\\u00f1os, que 'aplicar por analog\\u00eda el art. 113 [el Art. 117 nuestro, ante] (en lo que sea aplicable) que, aunque se piense que es propiamente el indicado, por tratarse de un caso de impug-naci\\u00f3n de un estado de filiaci\\u00f3n, regula en realidad las cosas sobre la base de unas circunstancias radicalmente distintas de las del caso del reconocimiento impugnable por vicio de la voluntad'\\\". Puig Brutau, op. cit, ed. 1970, p\\u00e1g. 95; Albala-dejo, El reconocimiento de la filiaci\\u00f3n natural, op. cit, p\\u00e1g. 217; De la C\\u00e1mara \\u00c1lvarez, Reflexiones sobre la filiaci\\u00f3n ile-g\\u00edtima en Derecho espa\\u00f1ol, op. cit, p\\u00e1g. 98 n. 118.\\nAhora bien, respecto a lo antes se\\u00f1alado, debe mante-nerse presente que, con anterioridad a la reforma de la filia-ci\\u00f3n, en Espa\\u00f1a se sosten\\u00eda que la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento era una declaraci\\u00f3n de voluntad constitutiva de un negocio jur\\u00eddico de derecho de familia. Esto es, consti-tuyendo esta acci\\u00f3n un negocio jur\\u00eddico y existiendo una pa- tente desigualdad entre los hijos por raz\\u00f3n de su nacimiento era l\\u00f3gico pues la aplicaci\\u00f3n del Art. 1253, ante (el Art. 1301 del C\\u00f3digo Civil espa\\u00f1ol) que certeramente regula los nego-cios jur\\u00eddicos. Sin embargo, ya hab\\u00edamos afirmado con ante-rioridad que \\\"el reconocimiento en la actualidad no cumple, pues otra funci\\u00f3n que la de determinar la filiaci\\u00f3n, y para esta finalidad no es necesario un negocio jur\\u00eddico ni una voluntad negocial. La creaci\\u00f3n de la relaci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n es ahora obra de la ley, no de los particulares, que no pueden disponer de los efectos jur\\u00eddicos\\\". (\\u00c9nfasis suplido.) Serna Mero\\u00f1o, op. cit, p\\u00e1g. 240.\\nPor otro lado, hubo quien postulara, mucho antes de la reforma espa\\u00f1ola, que el plazo que se deb\\u00eda utilizar para regular la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento lo era el establecido por el Art. 117, ante (Art. 113 espa\\u00f1ol) por regular la misma materia. Con mucha certeza Pifiar L\\u00f3pez sos-tuvo que:\\nEn todo caso y a nuestro modo de ver, la impugnaci\\u00f3n de que habla el art. 128 no est\\u00e1 sujeta a la prescripci\\u00f3n de los quince a\\u00f1os que se\\u00f1ala el art. 1.964 del C\\u00f3digo civil. Este plazo, excesivamente largo, como dicen los autores que en \\u00fal-tima instancia lo estiman aplicable, hay que reputarlo vigente para el solo caso de que en la ley no se fijen plazos especiales. Ahora bien, si mediante la legitimaci\\u00f3n el hijo adquiere el status propio del hijo leg\\u00edtimo, ni que decir tiene que habr\\u00e1 de aplicarse, por lo que respecta a la contestaci\\u00f3n de este estado, el breve plazo, no de prescripci\\u00f3n, sino de caducidad del art. 113 del C\\u00f3digo.... (Enfasis suplido.) Pifiar L\\u00f3pez, Legitima-ci\\u00f3n por concesi\\u00f3n real, 6 An. Der. Civ. 353 (1953).\\nComo sabemos, para establecer un plazo de caducidad o prescripci\\u00f3n el an\\u00e1lisis a utilizarse es el de balance de intereses. Este tipo de an\\u00e1lisis es utilizado cuando entran en conflicto derechos de dos partes privadas. E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975); Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20 (1974); Col\\u00f3n v. Romero Barcel\\u00f3, 112 D.P.R. 573 (1982). El punto preciso donde se establece el balance depende de la intensidad del derecho de cada una de las partes envueltas.\\nAl establecer los plazos de caducidad del Art. 117 del C\\u00f3digo Civil, ante, el legislador hizo un balance entre el derecho de un individuo a deshacer una realidad jur\\u00eddica inexacta y el derecho de una persona a la seguridad de su estado civil, as\\u00ed como el inter\\u00e9s del Estado en la estabilidad de las relaciones filiatorias. Estos mismos derechos son los que deben ser armonizados al disponerse un t\\u00e9rmino para las acciones de impugnaci\\u00f3n de reconocimiento. Habiendo el legislador hecho este balance de intereses al disponer los plazos contenidos en el Art. 117, ante, entendemos que no debemos nosotros disponer un t\\u00e9rmino distinto para las acciones de impugnaci\\u00f3n de reconocimiento. Repetidamente hemos sostenido que cuando la ley no fija el t\\u00e9rmino dentro del cual deber\\u00e1 llevarse determinada acci\\u00f3n, deber\\u00e1 aplicarse a la misma el m\\u00e1s an\\u00e1logo. Cf. Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740, 745 (1981); Lozada Torres v. Collazo, 111 D.P.R. 702, 704 (1981). Este, en nuestro criterio, lo es el t\\u00e9rmino de tres meses que establece el citado Art. 117 del vigente C\\u00f3digo Civil. Resolvemos, en consecuencia, que la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento deber\\u00e1 ser radicada dentro del plazo de caducidad de tres meses, contado \\u00e9l mismo a partir de la fecha en que se inscribe dicho reconocimiento en el Registro Demogr\\u00e1fico o desde la fecha del documento p\\u00fablico correspondiente en que se lleva a cabo el mismo.( ) El caso de Alcaide v. Mo rales, ante, queda revocado, en forma espec\\u00edfica y exclusiva, en cuanto a la norma en el mismo establecida de que la ac-ci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento prescribe a los quince a\\u00f1os.\\nLo anteriormente expresado no significa, sin embargo, que en aquellos casos en que el reconocimiento realizado es producto de la violencia o la intimidaci\\u00f3n, el reconocedor queda hu\\u00e9rfano de remedio por el mero transcurrir del t\\u00e9rmino de tres meses desde la, fecha del \\\"reconocimiento\\\" realizado. Debe recordarse que la caducidad no corre contra lo inexistente. Cf. S\\u00e1nchez Rodr\\u00edguez v. L\\u00f3pez Jim\\u00e9nez, 116 D.P.R. 172, 189 (1985). En otras palabras, en aquellas situaciones en que la violencia o la intimidaci\\u00f3n es de tal grado que causa la ausencia total de consentimiento, el reconocedor tendr\\u00e1 un plazo de caducidad de tres meses para impugnar el \\\"reconocimiento\\\" realizado, contado el mismo a partir de la fecha en que ces\\u00f3 el vicio mencionado.\\nEn cuanto a la impugnaci\\u00f3n del reconocimiento debido a \\\"error\\\", el t\\u00e9rmino de caducidad de tres meses necesariamente debe contarse desde la fecha en que se llev\\u00f3 a cabo el reconocimiento.( ) En cuanto a este punto espec\\u00edfico, conviene recordar lo expresado a esos efectos en el citado caso de Alcaide v. Morales, ante, y, en adici\\u00f3n, unas palabras del Tribunal Supremo de Espa\\u00f1a a los efectos de que es pre-ciso que el error alegado \\\"se compruebe y derive de hechos transcendentales que afecten directa y notoriamente [a] la creencia equivocada en que pudo estar el padre de que la madre s\\u00f3lo de \\u00e9l pudo concebir, sin que sea l\\u00edcito de otro modo la suposici\\u00f3n del error, pues equivaldr\\u00eda [a] autorizar un arrepentimiento y cambio de voluntad, que es en absoluto incompatible con las condiciones de permanencia de todo es-tado civil, permanencia que afecta al inter\\u00e9s social y consi-guientemente al orden p\\u00fablico . . . S. de 25 de junio de 1909, N\\u00fam. 93, 115 Jurisprudencia Civil 499.\\nX\\nLa nueva norma jurisprudencial establecida \\u2014la cual, naturalmente, revoca la norma establecida en el citado caso de Alcaide v. Morales, ante, y su progenie\\u2014 \\u00bfdebe tener car\\u00e1cter, o efecto, retroactivo o prospectivo?\\nNo hay duda que cuando se revoca una norma jurisprudencial, a los fines de proporcionarle estabilidad al derecho, resulta, cuando menos, altamente deseable que este Tribunal dictamine que la nueva norma sea de vigencia prospectiva; en especial, cuando de derechos contractuales o de propiedad se trata. Art. 3 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3;( ) Art. II, See. 7 de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Asociado, ante. \\u00bfDebe ello ser as\\u00ed en casos como el presente?\\nEn lo pertinente, en Ocasio v. D\\u00edaz, ante, p\\u00e1g. 728, expresamos que \\\"[s]abemos que la absoluta retroactivi- dad del derecho positivo ser\\u00eda la muerte de la seguridad y de la confianza jur\\u00eddica; pero tambi\\u00e9n sabemos que la absoluta irretroactividad ser\\u00eda la muerte del desenvolvimiento del Derecho. El respeto a los derechos adquiridos, a los hechos consumados, a las situaciones ya existentes, no se opone al establecimiento de reformas sociales constitucionales ni a leyes que se dan en vista de situaciones pasadas. La tenden-cia moderna, tanto en la doctrina como en la legislaci\\u00f3n, con-siste en limitar todo lo posible el principio de la irretroactivi-dad, excepto en materia de contratos, que en muchos pa\\u00edses, como en Alemania, se mantiene, no obstante, en toda su pu-reza. Aqu\\u00ed esa tendencia se acoge en el Art. 3 de nuestro C\\u00f3digo Civil, al disponer que las leyes no tendr\\u00e1n efecto re-troactivo, si no dispusieren lo contrario .(\\u00c9nfasis en el original.)\\nScaevola, al comentar el art\\u00edculo del C\\u00f3digo Civil espa\\u00f1ol equivalente a nuestro Art. 3, expresa que ser\\u00eda \\\"contrario a la esencia del Poder legislativo el que \\u00e9ste estuviese como atado por la regla de que la ley no dispone m\\u00e1s que para el porvenir . Hay casos \\\" . . en que la ley debe regir el pasado, sea en inter\\u00e9s social, sea en inter\\u00e9s de los ciudadanos. De aqu\\u00ed que el legislador no debe estar encadenado por un principio absoluto, que coartar\\u00eda su libertad de acci\\u00f3n en per-juicio de la sociedad y los individuos\\\". (\\u00c9nfasis suplido.)( )\\nMediante la decisi\\u00f3n que hoy se emite intentamos corregir, aun cuando tard\\u00edamente, una grave injusticia que inexplicablemente se hab\\u00eda mantenido vigente en nuestro ordenamiento. Como expresara este Tribunal en Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 396 (1973), al discutir la procedencia de la aplicaci\\u00f3n retroactiva de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, mientras \\\"m\\u00e1s grave sea el mal socia\\u00ed que el estatuto intenta remediar m\\u00e1s grande es el inter\\u00e9s p\\u00fablico envuelto, y, por tanto, mayor justifica-ci\\u00f3n para su aplicaci\\u00f3n retroactiva\\\".\\nEl inter\\u00e9s p\\u00fablico envuelto en el present\\u00e9 caso no puede ser m\\u00e1s grande. Est\\u00e1 en juego nada m\\u00e1s y nada menos que el derecho a la igualdad de los hijos nacidos en nuestra tierra, derecho garantizado expresamente por nuestra Constitu-ci\\u00f3n. Ese alto inter\\u00e9s p\\u00fablico nos obliga a la aplicaci\\u00f3n re-troactiva de la norma jurisprudencial que hoy adoptamos. Resolver lo contrario equivaldr\\u00eda a perpetuar por m\\u00e1s tiempo el discrimen impermisible que hoy erradicamos de nuestro ordenamiento.\\nResolvemos, en consecuencia, que procede la desestimaci\\u00f3n de la demanda de impugnaci\\u00f3n de reconocimiento que el demandante recurrido radicara ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayag\\u00fcez, por raz\\u00f3n de haber caducado la misma.( )\\nSe dictar\\u00e1 sentencia de conformidad.( )\\n(1) Ocasio v. D\\u00edaz, 88 D.P.R. 676, 732 (1963).\\n(2) 31 L.P.R.A. see. 466.\\n(3) V\\u00e9ase Informe de la Convenci\\u00f3n Constituyente encargada del estudio de la Carta de Derechos en lo relativo al alcance del t\\u00e9rmino \\\"nacimiento\\\" contenido en el Art. II, Sec. 1 de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Asociado, L.P.R.A. Tomo 1.\\n(4) De los autos no surge con claridad si al momento de la ocurrencia del nacimiento, el demandante recurrido Almod\\u00f3var estaba casado con otra dama. S\\u00ed surge que al momento en que \\u00e9ste radica la demanda de impugnaci\\u00f3n de reconoci-miento estaba casado con otra persona.\\n(5) En dicho caso se resolvi\\u00f3, en lo pertinente, que el t\\u00e9rmino dispuesto por el referido Art. 117 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 465, era uno de caducidad y no de prescripci\\u00f3n.\\n(6) En los \\u00faltimos treinta a\\u00f1os, diversas jurisdicciones han suprimido la tra-dicional distinci\\u00f3n entre filiaci\\u00f3n leg\\u00edtima e ileg\\u00edtima, sustituy\\u00e9ndola por el prin-cipio de la unidad de filiaci\\u00f3n.\\nQuiz\\u00e1s la vanguardia corresponde a los pa\\u00edses escandinavos: Noruega (leyes de 1956 y 1981), Dinamarca (ley de 1960) y Suecia (ley de 1969). Pero no pueden dejar de mencionarse, en Europa occidental, las reformas al derecho de filiaci\\u00f3n que en 1969 se producen en Alemania Federal, Holanda y Gran Breta\\u00f1a; en 1970, en Austria; en 1975, en Italia; en 1976, en Suiza; en 1977 en Portugal, y en 1981 en Espa\\u00f1a. Deben mencionarse las leyes de algunos estados norteamericanos (v.gr., Arizona, 1956; North Dakota y Oregon, 1963); los c\\u00f3digos de la familia de los pa\\u00edses socialistas de Europa (Hungr\\u00eda, leyes de 1946 y 1974; Checoslovaquia, 1963; Polonia, 1964; Rep\\u00fablica Democr\\u00e1tica Alemana, 1965; Bulgaria, 1968), y algunos pa\\u00edses de Sur Am\\u00e9rica, como Bolivia (C\\u00f3digo de la Familia de 1972) y Cuba (C\\u00f3digo de la Familia de 1975), Venezuela (C\\u00f3digo Civil reformado en 1982) y Ecuador (C\\u00f3digo Civil de 1980).\\n(7) M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosh, 1984,1. iy p\\u00e1g. 263.\\n(8) Merece destacarse el hecho de que en el caso de Alcaide v. Morales, 28 D.P.R. 278 (1920), se trataba de una acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento en el cual el vicio del consentimiento alegado lo era el \\\"error\\\", basado el mismo en que, luego de efectuado el reconocimiento, el demandante hab\\u00eda advenido en co-nocimiento de que \\u00e9l no pod\\u00eda procrear hijos por ser est\\u00e9ril.\\n(9) Como expres\\u00e1ramos al comienzo de la ponencia, la norma jurisprudencial antes mencionada fue ratificada por este Tribunal en varias ocasiones poste-riores, inclusive luego del advenimiento de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico en el a\\u00f1o de 1952. V\\u00e9anse: Collazo v. Mouri\\u00f1o, 51 D.P.R. 728, 731 (1937); F. Rodr\\u00edguez Hnos. & Co. v. Aboy, 66 D.P.R. 525, 540 (1946); Rossy v. Mart\\u00ednez, 70 D.P.R. 737, 741 (1949); Rivera v. Rivera, 78 D.P.R. 908, 911 (1956); R\\u00edos v. Banco Popular, 81 D.P.R. 378, 407 (1959), opini\\u00f3n concurrente del Juez Asociado Se\\u00f1or Santana Becerra.\\n(10) Alcaide v. Morales, ante, p\\u00e1g. 294.\\n(11) G. Velazquez, La extensi\\u00f3n de la acci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n en el derecho puer-torrique\\u00f1o, XVII (N\\u00fam. 4) Rev. C. Abo. P.R. 237 (1957).\\n(12) Dispone el Art. 1253 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 3512:\\n\\\"La acci\\u00f3n de nulidad s\\u00f3lo durar\\u00e1 cuatro (4) a\\u00f1os.\\n\\\"Este tiempo empezar\\u00e1 a correr:\\n\\\"En los casos de intimidaci\\u00f3n o violencia, desde el d\\u00eda que \\u00e9stas hubiesen cesado;\\n\\\"en los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumaci\\u00f3n del contrato;\\n\\\"cuando la acci\\u00f3n se dirija a invalidar contratos hechos por mujer casada, sin licencia o autorizaci\\u00f3n competente, desde el d\\u00eda de la disoluci\\u00f3n del matri-monio,\\n\\\"y cuando se refiera a los contratos celebrados por los menores o incapaci-tados, desde que salieren de tutela.\\\"\\n(13) Como explicaremos m\\u00e1s adelante, si bien es cierto que el an\\u00e1lisis consti-tucional bajo la cl\\u00e1usula de la igual protecci\\u00f3n de las leyes se ha aplicado tradicio-nalmente en el contexto de clasificaciones legislativas, es igualmente aplicable en el contexto de clasificaciones jurisprudenciales, ya que los derechos constitu-cionales se reclaman contra el Estado y la Rama Judicial es uno de sus compo-nentes. Adem\\u00e1s, las Opiniones de este Tribunal son \\\"ley\\\" en esta jurisdicci\\u00f3n al igual que las aprobadas por la Asamblea Legislativa.\\n(14) 31 L.P.R.A. see. 461.\\n(15) \\u00abEl reconocimiento puede ser definido como acto jur\\u00eddico consistente en la afirmaci\\u00f3n solemne de la paternidad biol\\u00f3gica hecha por el generante, acto . que lo liga con el reconocedor.\\\" M. Albaladejo, El reconocimiento de la filiaci\\u00f3n natural, Barcelona, Ed. Bosch, 1954, p\\u00e1g. 63.\\n(16) Ello \\u00e9ste lo logra o demuestra, entre otros, probando que \\u00e9l no tuvo acceso carnal a la esposa durante el per\\u00edodo de concepci\\u00f3n del hijo por raz\\u00f3n, a manera de ejemplo, de que se encontraba fuera del pa\\u00eds; que pudiendo tener ese acceso carnal, \\u00e9l padece de una condici\\u00f3n de impotencia o esterilidad qu\\u00e9 impide la procreaci\\u00f3n; que aun habiendo tenido contacto sexual con l\\u00e1 esposa durante ese per\\u00edodo de concepci\\u00f3n, pruebas cient\\u00edficas confiables lo excluyen como padre; etc. En otras palabras, la \\u00fanica manera en que el marido puede destruir esa \\\"condici\\u00f3n de hijo\\\" que le confiere la ley al ser nacido vigente el matrimonio lo es mediante la presentaci\\u00f3n de prueba que destruya la relaci\\u00f3n biol\\u00f3gica entre \\u00e9l y ese \\\"hijo\\\".\\n(17) En palabras del profesor Calder\\u00f3n, Hijo: \\\"El prop\\u00f3sito y la consecuencia de la impugnaci\\u00f3n es, pues, el derrumbamiento del estado filiatorio establecido.\\\" \\u00c1.R. Calder\\u00f3n, Jr., La Filiaci\\u00f3n en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1978, p\\u00e1g. 35.\\n(18) Albaladejo, Curso de Derecho Civil, op. cit., p\\u00e1g. 263.\\n(19) Ello claramente se percibe en los casos en que se impugna el reconoci-miento debido a violencia o intimidaci\\u00f3n: el consentimiento se prest\\u00f3 debido a que el reconociente fue objeto de violencia o \\u00e9ste ten\\u00eda el temor fundado de ser v\\u00edc-tima de ella. En el caso del error es exactamente la misma situaci\\u00f3n; esto es, lo que se pretende impugnar es el reconocimiento y no la relaci\\u00f3n biol\\u00f3gica propia-mente. Resulta un tanto dif\\u00edcil visualizarlo por raz\\u00f3n de que, de ordinario, en esta situaci\\u00f3n se presenta prueba que destruye \\u00a1a relaci\\u00f3n biol\\u00f3gica. Por ejemplo, se trae prueba de que se descubri\\u00f3 que el \\\"padre\\\" era est\\u00e9ril o que los ex\\u00e1menes de sangre lo excluyen como tal. Su prop\\u00f3sito, sin embargo, no es demostrar que el reconociente no es el padre. El mismo es demostrar que \\u00e9ste reconoci\\u00f3 por error; esto es, si \\u00e9ste hubiera sabido que era est\\u00e9ril, no hubiera prestado el consenti-miento para reconocerlo.\\n(20) La Sec. 1 del Art. II de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, p\\u00e1g. 257, dispone:\\n\\\"La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podr\\u00e1 establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condici\\u00f3n social, ni ideas pol\\u00edticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucci\\u00f3n p\\u00fablica encarnar\\u00e1n estos principios de esencial igualdad humana'X\\u00c9nfasis suplido.)\\n(21) La Comisi\\u00f3n de la Convenci\\u00f3n Constituyente encargada del estudio de la Carta de Derechos, en su informe, hizo constar el alcance de la palabra \\\"naci-miento\\\" en el Art. II de la Constituci\\u00f3n:\\n\\\"Nacimiento. Se propone eliminar el estigma jur\\u00eddico en contra de los hijos habidos fuera de matrimonio. Se coloca a todos los hijos respecto de sus padres y respecto del orden jur\\u00eddico en igualdad de derechos. Las uniones il\\u00edcitas pueden y deben estar prohibidas y esta disposici\\u00f3n tendr\\u00e1 como una de sus consecuencias \\u00e9l desalentarlas. Pero el fruto inocente de ellas, debe advenir al mundo libre de descalificaciones o de inferioridades jur\\u00eddicas. As\\u00ed lo exige el principio de la responsabilidad individual, con arreglo a la cual nadie es culpable por los actos que \\u00e9l mismo no realiza. Aunque la legislaci\\u00f3n actual ya cubre en casi su totalidad lo aqu\\u00ed dispuesto, ser\\u00e1 menester nueva legislaci\\u00f3n. A los fines de herencias y propiedades las modificaciones resultantes de esta secci\\u00f3n no deber\\u00e1n ser retroactivas a nacimientos ocurridos antes de su vigencia.\\\" (\\u00c9n-fasis suplido.) 4 Diario de Sesiones de la Convenci\\u00f3n Constituyente 2562 (1951).\\n(22) Dispone la See. 7 del Art. II de nuestra Constituci\\u00f3n, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, p\\u00e1g. 276:\\n\\\"Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existir\\u00e1 la pena de muerte. Nin-guna persona ser\\u00e1 privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negar\\u00e1, a persona alguna en Puerto Rico la igual protecci\\u00f3n de las leyes. No se aprobar\\u00e1n leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinar\\u00e1n un m\\u00ednimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.\\\" (\\u00c9nfasis suplido.)\\n(28) V\\u00e9ase esc. 13.\\n(24) Este Tribunal nunca ha aplicado el escrutinio intermedio. V\\u00e9lez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984).\\n(25) De no ser as\\u00ed, no podr\\u00eda constitucionalmente subsistir la presunci\\u00f3n de hijo matrimonial que nuestro C\\u00f3digo Civil establece. Esto es, para que hubiese una total equiparaci\\u00f3n de los hijos se requerir\\u00eda la eliminaci\\u00f3n de esta presun- ci\\u00f3n. Sin embargo, como ya hemos explicado, tal eliminaci\\u00f3n constituir\\u00eda una abe-rraci\\u00f3n jur\\u00eddica.\\n(26) V\\u00e9ase H.D. Krause, Illegitimacy: Law and Social Policy, New York, The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1971, p\\u00e1g. 76: \\\"if the state really wishes to discourage casual unions, it should do so directly. It could do so by enforcing laws punishing fornication or by providing incentives for marriage.\\\" (Escolios omitidos.)\\n(27) En Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357, 362-363 (1985), citando con apro-baci\\u00f3n a F. Rivero Hern\\u00e1ndez, La presunci\\u00f3n de paternidad leg\\u00edtima, Madrid, Ed. Tecnos, 1971, p\\u00e1g. 487, dijimos que nuestro r\\u00e9gimen de impugnaci\\u00f3n de pa-ternidad: \\\"[E]s el sistema de impugnaci\\u00f3n m\\u00e1s deficiente y arbitrario de cuantos hemos visto, el m\\u00e1s estrecho y riguroso, el m\\u00e1s anacr\\u00f3nico y superado por la evoluci\\u00f3n de las ideas y realidad social y cient\\u00edfica de nuestros d\\u00edas. Las concep-ciones biol\\u00f3gicas y jur\\u00eddicas en que se fundara son hoy pr\\u00e1ctica y absolutamente inservibles, y el marco legal de la instituci\\u00f3n ha quedado tan estrecho que la violenta como una camisa de fuerza, hasta deformarla.\\\"\\nV\\u00e9ase, en adici\\u00f3n, C.E. Mascare\\u00f1as, Algunas consideraciones sobre la filia-ci\\u00f3n de los hijos extramatrimoniales y los derechos de los mismos, 10 Rev. Der. Pur. 173,179 (1963).\\n(28) Debe mantenerse presente que el reconocimiento que se ha hecho cons-tar en forma aut\\u00e9ntica y fehaciente, por ejemplo, en actas de nacimiento, testa-mentos, actuaciones judiciales, declaraciones juradas, etc., tiene el efecto de eximir al reconocido de acudir a la acci\\u00f3n civil filiatoria. Puente et al. v. Puente et al., 16 D.P.R. 582, 586 (1910). V\\u00e9anse, en adici\\u00f3n: Ex parte Hern\\u00e1ndez, 65 D.P.R. 142 (1946); Iturrino v. Iturrino, 24 D.P.R. 467 (1916); Gonz\\u00e1lez et al. v. L\\u00f3pez et al., 19 D.P.R. 1113 (1913); Figueroa v. D\\u00edaz et al., 19 D.P.R. 717 (1913); Bianchi v. Sucn. Bianchi, 67 D.P.R. 694 (1947); Medina v. Sucesi\\u00f3n de Bird et al., 30 D.P.R. 158 (1922); Servera v. Otero, 22 D.P.R. 367 (1915); Rodr\\u00edguez v. Rodr\\u00edguez et al., 18 D.P.R. 440 (1912); Rivera v. Rivera, 78 D.P.R. 908 (1956); Rodr\\u00edguez v. Rodr\\u00edguez, 35 D.P.R. 883 (1926); Pab\\u00f3n v. Alvarado et al., 28 D.P.R. 579 (1920); Ex parte Morales, 30 D.P.R. 907 (1922); Ramos v. Rosario, 67 D.P.R. 683 (1947); D\\u00edaz Font\\u00e1nez v. Sucn. D\\u00edaz, 86 D.P.R. 798 (1962).\\n(29) Si ello es as\\u00ed en obligaciones y contratos, no hay motivo para que en el campo de la filiaci\\u00f3n, donde tan necesaria es la seguridad del estado filiatorio, el punto de partida para computar el plazo sea diferente. Por la trascendencia del acto del reconocimiento, aquel que reconoce a un \\\"hijo\\\" tiene el deber de asegu-rarse en los casos en que tiene alguna duda respecto a su paternidad de que el ni\\u00f1o verdaderamente es suyo antes de reconocerlo. Las pruebas biol\\u00f3gicas exclu-yentes de la paternidad son una forma sencilla y altamente confiable de descubrir si no es el padre biol\\u00f3gico de un ni\\u00f1o. Cf. Ortiz v. Pe\\u00f1a, 108 D.P.R. 458 (1979).\\n(30) Dispone el Art. 3 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 3:\\n\\\"Las leyes no tendr\\u00e1n efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contrario.\\n\\\"En ning\\u00fan caso podr\\u00e1 el efecto retroactivo de una ley perjudicar los dere-chos adquiridos al amparo de una legislaci\\u00f3n anterior.\\\"\\n(31) Q.M. Scaevola, C\\u00f3digo Civil, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1949, T. 1, p\\u00e1g. 237.\\n(32) Pudiendo los tribunales hacer valer la caducidad ex officio judi\\u00e9is, Ortiz Rivera v. Sucn. Gonz\\u00e1lez Mart\\u00ednez, 93 D.P.R. 562, 599 (1966), procede igual-mente que se decrete la desestimaci\\u00f3n, por raz\\u00f3n de caducidad, de toda causa de acci\\u00f3n similar pendiente ante nuestros tribunales si la misma no fue presentada dentro del t\\u00e9rmino de tres meses de haberse realizado el reconocimiento.\\n(33) El Art. 126 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 505, dispone, en lo perti-nente, que el \\\"reconocimiento hecho a favor de un hijo que no re\\u00fana las condi-ciones del p\\u00e1rrafo primero de la see. 504 de este t\\u00edtulo podr\\u00e1 ser impugnado por aqu\\u00e9llos a quienes, perjudique\\\". Luego de la decisi\\u00f3n que hoy emitimos dicho art\\u00edculo tiene que ser interpretado a la luz de lo preceptuado en el Art. 116 del C\\u00f3digo Civil y la jurisprudencia aplicable al mismo. As\\u00ed, la impugnaci\\u00f3n del reco-nocimiento puede hacerse por el padre biol\\u00f3gico, Cf. Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357 (1985); por el propio reconocido \\u2014incidentalmente\\u2014 en las circuns-tancias en que est\\u00e9 reclamando una filiaci\\u00f3n incompatible, Cf. Robles L\\u00f3pez v. Guev\\u00e1rez Santos, 109 D.P.R. 563 (1980), Agosto v. Javierre, 77 D.P.R. 471 (1954), y por los herederos seg\\u00fan lo establecido en el referido Art. 116. Quedan revo-c\\u00e1dos expresamente los casos Fern\\u00e1ndez v. Sucn. Fern\\u00e1ndez, 66 D.P.R. 881 (1947), y Rossy v. Mart\\u00ednez, 70 D.P.R. 737 (1949).\"}"

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+"{\"id\": \"8756541\", \"name\": \"Juan Santiago Andino, conocido por Juan Santiago Prosper, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger D\\u00edaz, Juez, demandada\", \"name_abbreviation\": \"Santiago Andino v. Corte de Distrito de San Juan\", \"decision_date\": \"1939-04-14\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. 1172\", \"first_page\": \"607\", \"last_page\": \"611\", \"citations\": \"54 P.R. Dec. 607\", \"volume\": \"54\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T01:59:02.327573+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Juan Santiago Andino, conocido por Juan Santiago Prosper, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger D\\u00edaz, Juez, demandada.\", \"head_matter\": \"Juan Santiago Andino, conocido por Juan Santiago Prosper, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger D\\u00edaz, Juez, demandada.\\nN\\u00fam. 1172.\\nSometido: Abril 10, 1939.\\nResuelto: Abril 14, 1939.\\nY. Guti\\u00e9rrez Frang\\u00edas, abogado del peticionario; B. A. G\\u00f3mez, Fiscal, j Litis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo.\", \"word_count\": \"1350\", \"char_count\": \"8114\", \"text\": \"El Juez Presidente Se\\u00f1or Del Tobo\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nEl presente es un recurso de certiorari establecido por Juan Santiago Andino en solicitud de que se declare nula la sentencia dictada en su contra por la Corte de Distrito de San Juan el diez de septiembre de 1936 y a virtud de la cual se le conden\\u00f3 a tres a\\u00f1os de presidio con trabajos for-zados.\\nExpedido el auto, se celebr\\u00f3 la vista del mismo el diez de abril en curso con asistencia del peticionario por su abo-gado y del fiscal de esta corte que se allan\\u00f3 al recurso.\\nComo los autos originales fueron elevados, transcribire-mos textualmente lo que de ellos resulta en relaci\\u00f3n con el pronunciamiento de la sentencia cuya nulidad se- pide por haberse dictado sin jurisdicci\\u00f3n, cometi\\u00e9ndose un grave error de procedimiento al aceptar la declaraci\\u00f3n de culpabilidad del acusado sin haberle antes informado de su derecho a estar acompa\\u00f1ado de abogado y sin investigar si la declaraci\\u00f3n constitu\\u00eda una renuncia inteligente de su .dicho derecho cons-titucional y estatutario.\\nLa causa lleva el n\\u00famero 2920 de la Corte de Distrito'de San Juan. Se inici\\u00f3 a virtud de acusaci\\u00f3n formulada por \\u00e9l fiscal del distrito imputando al peticionario la comisi\\u00f3n de un delito de atentado a la vida. Se\\u00f1alado el diez de sep-tiembre de 1936 para la lectura de la acusaci\\u00f3n, comparecie-ron El Pueblo por su fiscal y el acusado en persona y ocurri\\u00f3 lo que sigue: *\\n\\\"Juez. \\u00bfC\\u00f3mo se llama usted?\\n\\\"Acusado. Juan Santiago, para servirle.\\n\\\"\\u00bfNo tiene otro apellido?\\n\\\"No.\\n\\\"\\u00bfNo es Andino?\\n\\\"Juan Santiago Prosper.\\n\\\"Juez. Se enmienda la acusaci\\u00f3n en el sentido que diga as\\u00ed en lugar de Juan Santiago Andino.\\n\\\"\\u00bfQu\\u00e9 edad tiene?\\n\\\"Cincuenta a\\u00f1os.\\n\\\"\\u00bfQu\\u00e9 profesi\\u00f3n?\\n' ' Carpintero.\\n\\\"\\u00bfDe d\\u00f3nde es vecino?\\n\\\"De Santurce.\\n' \\u00bf Soltero o casado ?\\n' ' Casado.\\n\\\"\\u00bfTiene familia?\\n\\\"S\\u00ed, se\\u00f1or.\\n\\\"\\u00bfTiene hijos?\\n\\\"S\\u00ed, se\\u00f1or.\\n' \\u00bf Cu\\u00e1ntos hijos tiene ?\\n\\\"Dos hijos.\\n\\\"\\u00bfEs ciudadano americano?\\n' ' S\\u00ed, se\\u00f1or.\\n\\\"(En este momento fu\\u00e9 le\\u00edda por el se\\u00f1or Juez que preside la Corte, el acta de acusaci\\u00f3n.)\\n\\\"\\u00bfUsted es culpable o inocente?\\n' ' Culpable.\\n\\\"Usted tir\\u00f3 con intenci\\u00f3n .\\n\\\"Yo tir\\u00e9 al bulto; me cayeron encima y yo tir\\u00e9 al bulto; no me dirig\\u00ed a nadie. Me-bago culpable de que yo le tir\\u00e9 el tiro.\\n\\\"\\u00bfAlguien le lia aconsejado a usted que se declare culpable?\\n\\\"No, se\\u00f1or.\\n\\\"\\u00bfEs voluntariamente que usted lo hace?\\n' ' V oluntariamente.\\n\\\"\\u00bfUsted quiere que se dicte sentencia a\\u00f1ora?\\n\\\"Como usted quiera.\\n\\\"Esa es una cuesti\\u00f3n para usted resolverla.\\n\\\"Mire como estoy; lleno de golpes. A m\\u00ed me cayeron encima; dentro de casa estaba yo y me cogieron el rev\\u00f3lver dentro de casa.\\n' ' \\u00bf Qu\\u00e9 usted dice ? \\u00bf Quiere que se le dicte sentencia a\\u00f1ora ?\\n\\\"S\\u00ed, se\\u00f1or.\\n\\\"Antes de dictar sentencia la Corte le pregunta si tiene alg\\u00fan motivo o fundamento' legal para que no se dicte sentencia en contra suya.\\n\\\"Yo tir\\u00e9 el tiro y yo no me dirig\\u00ed a nadie y del balc\\u00f3n de casa, fu\\u00e9 que dispar\\u00e9.\\n\\\"Juez. En atenci\\u00f3n de que se declara culpable la Corte le con-dena a sufrir tres a\\u00f1os de presidio con trabajo forzado.\\n\\\"Hay otra acusaci\\u00f3n de portar armas, \\u00bfqu\\u00e9 alegaci\\u00f3n \\u00f1ace?\\n' ' Culpable.\\n\\\"Juez. Un mes de c\\u00e1rcel.\\\"\\nEl art\\u00edculo 141 del C\\u00f3digo de Enjuiciamiento Criminal,, ed. 1935, concretando el derecho constitucional a estar repre-sentado por ahogado que consagran las Enmiendas Quinta y Sexta de la Constituci\\u00f3n y el art\\u00edculo 2, p\\u00e1rrafo 2 de nuestra Ley Org\\u00e1nica, ordena que:\\n\\\"Si compareciera el acusado a responder a la acusaci\\u00f3n sin abo-gado, deber\\u00e1 el tribunal hacerle presente su derecho a tener abogado defensor antes de leerse.el acta de acusaci\\u00f3n y preguntarle si desea la asistencia de letrado. -Si contestare afirmativamente, y no estu-viere en posici\\u00f3n de emplearlo, el tribunal deber\\u00e1 nombrarle abogado defensor, de oficio.\\\"\\nLa ley de marzo 9, 1905, que se copia despu\\u00e9s de dicho art\\u00edculo en la indicada edici\\u00f3n de 1935 del C\\u00f3digo de Enjui- (\\u00bfamiento Criminal, no altera el deber general del tribunal de informar al acusado sobre su derecho a tener abogado defensor. Para mayor claridad la transcribiremos de igual modo. Dice:\\n\\\"Cuando se traiga al acusado ante el tribunal eon el fin de ins-truirle proceso por un cargo que envuelva pena capital o reclusi\\u00f3n perpetua, si resultare, que no tiene abogado y que la pobreza del acu-sado no le permita emplear defensor, el tribunal designar\\u00e1 uno o m\\u00e1s letrados en ejercicio para que defiendan gratuitamente al reo, concediendo a dichos letrados un per\\u00edodo de tiempo razonable para prepararse para el juicio. En todos los dem\\u00e1s casos, quedar\\u00e1 a la discreci\\u00f3n del tribunal, la designaci\\u00f3n de abogado.\\\"\\nFijando el alcance del derecho constitucional de que se trata y aplic\\u00e1ndolo, dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458 por medio del Juez Black el 23 de mayo de 1938:\\n\\\"Toda vez que la Enmienda Sexta concede a un acusado de delito el derecho constitucional a ser asistido por abogado, el cumplimiento de este mandato constitucional es un requisito jurisdiccional previo y esencial para que una Corte Federal tenga facultad para, privar a un acusado de su vida o de su libertad. Cuando ese derecho ha sido debidamente renunciado, la asistencia de abogado deja de ser un elemento necesario de la jurisdicci\\u00f3n de la corte para proceder hasta la convicci\\u00f3n y sentencia. Sin embargo, si el acusado no est\\u00e1 representado por abogado y no ha competente e inteligentemente re-nunciado su derecho constitucional, la Enmienda Sexta se opone como una barrera constitucional en contra de la validez ele una convicci\\u00f3n y sentencia que le prive ele su vida o de su libertad. La jurisdicci\\u00f3n de la corte al comenzar el juicio puede perderse 'en el curso de los procedimientos' por haber dejado de completar la corte \\u2014 seg\\u00fan lo requiere la Enmienda Sexta \\u2014 proveyendo abogado para el acusado que est\\u00e1 imposibilitado para obtenerlo, que no ha renunciado inteli-gentemente'esta garant\\u00eda constitucional y cuya vida o libertad est\\u00e1n envueltas. Si este requisito de la Enmienda Sexta no es cumplido, la corte deja de tener jurisdicci\\u00f3n para seguir el proceso. La senten-cia de convicci\\u00f3n dictada por una corte sin jurisdicci\\u00f3n es nula, y el que hubiere sido encarcelado en virtud de ella puede obtener su libertad mediante habeas corpus.\\\"\\nT este propio tribunal en los casos de Ex parte Hern\\u00e1ndez Laureano, ante, p\\u00e1g. 416 y El Pueblo v. Rosario Mata y El Pueblo v. Rodr\\u00edguez Cordero, decididos, respectivamente, en marzo 27 y 28 (per curiam), ha interpretado nuestros pre-ceptos de ley sobre la materia a la lnz de la doctrina del Supremo Nacional y ha declarado nulas sentencias dictadas sin haberse cumplido con los mismos.\\nBastar\\u00eda lo expuesto para concluir que el certiorari pro-cede, ya que en momento alguno advirti\\u00f3 la Corte de Distrito de su derecho al acusado, pero hay a\\u00fan m\\u00e1s en este caso concreto. De las contestaciones del acusado se desprende que si bien declar\\u00f3 que hab\\u00eda portado el arma y hecho el disparo, dijo que la portaci\\u00f3n lo fue en su casa y el dis-paro lo hizo porque \\\"le cayeron encima\\\", y bajo esas circuns-tancias no debi\\u00f3 registrarse una declaraci\\u00f3n de culpabilidad. Esas mismas circunstancias ponen de relieve la necesidad del abogado, del experto en ley, que' con conocimiento de los hechos est\\u00e1 en condiciones de aducir en pro de su represen-tado, en debida forma, las defensas que puedan existir en su favor.\\nDebe, en tal virtud, anularse la sentencia diotada en la causa n\\u00fam. 2920 condenando al peticionario como autor de un delito de atentado a la vida, y surgiendo adem\\u00e1s de los autos que se dict\\u00f3 otra sentencia en las mismas condiciones en la causa que contra dicho peticionario se siguiera por por-tar el arma con que hizo el disparo, debe tambi\\u00e9n anularse esa otra sentencia, a fin de que la corte quede expedita para continuar actuando en ambas causas de acuerdo con la ley.\"}"

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+"{\"id\": \"8756859\", \"name\": \"Garc\\u00eda et al., Demandantes y Apelados, v. Cantero Fern\\u00e1ndez & Co., Demandados y Apelantes\", \"name_abbreviation\": \"Garc\\u00eda v. Cantero\", \"decision_date\": \"1920-06-11\", \"docket_number\": \"No. 2161\", \"first_page\": \"597\", \"last_page\": \"599\", \"citations\": \"28 P.R. Dec. 597\", \"volume\": \"28\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T22:50:25.050860+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, AMrey y Hutchison. -\", \"parties\": \"Garc\\u00eda et al., Demandantes y Apelados, v. Cantero Fern\\u00e1ndez & Co., Demandados y Apelantes.\", \"head_matter\": \"Garc\\u00eda et al., Demandantes y Apelados, v. Cantero Fern\\u00e1ndez & Co., Demandados y Apelantes.\\nApelaci\\u00f3n procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Secci\\u00f3n Primera, en pleito sobre da\\u00f1os y perjuicios por libelo.\\nNo. 2161.\\nResuelto en junio 11, 1920.\\nCostas en Reclamaci\\u00f3n por. Libelo. \\u2014 La secci\\u00f3n 7 de la ley de febrero 19, 1902, para reclamar indemnizaci\\u00f3n por libelo y calumnia no ha sido derogada por el art\\u00edculo 327 del C\\u00f3digo de Enjuiciamiento Civil seg\\u00fan fu\\u00e9 enmendado por la ley 38 de 12 de abril de 1917 para regular la concesi\\u00f3n de costas y desem-bolsos.\\nLibelo y Calumnia \\u2014 Desestimaci\\u00f3n de la Demanda. \\u2014 La desestimaci\\u00f3n por si sola de una demanda en reclamaci\\u00f3n de da\\u00f1os y perjuicios por libelo no lleva impl\\u00edcita la apreciaci\\u00f3n de falta de toda raz\\u00f3n derecha para iniciar el litigio.\\nId. \\u2014 Costas.\\u2014Para que el Tribunal Supremo pueda declarar que la corte inferior cometi\\u00f3 error o abuso de discreci\\u00f3n al no conceder costas al demandado en una acci\\u00f3n de da\\u00f1os y perjuicios por libelo en la cual la demanda fu\\u00e9 deses-timada sin que la corte declarara que fu\\u00e9 establecida sin causa justificada, es preciso que sea sometida a su consideraci\\u00f3n la evidencia aportada al jui-cio; la demanda, la contestaci\\u00f3n y la sentencia por s\\u00ed solas no son suficien-tes a tal fin.\\nLos liecbos est\\u00e1n expresados en la opini\\u00f3n.\\nAbogado de los apelantes: Sr. A. Sarmiento.\\nAbogados de los apelados: Sres. Oiler y Rodr\\u00edguez.\", \"word_count\": \"967\", \"char_count\": \"5733\", \"text\": \"El Juez Presidente Sr. Hern\\u00e1ndez,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nDon fecha doce de mayo de 1919 los consortes Ram\\u00f3n Garc\\u00eda y Obdulia O'Kelly presentaron demanda enmendada ante la Corte de Distrito de San Jnan, Secci\\u00f3n Primera, contra Cantero, Fern\\u00e1ndez y C\\u00eda. en reclamaci\\u00f3n de quince mil d\\u00f3lares en concepto de indemnizaci\\u00f3n de perjuicios que se-g\\u00fan alegan les fueron cansados por la publicaci\\u00f3n en El Impartial, peri\\u00f3dico de la propiedad de los demandados, de tres sueltos que se copian en la demanda y qne envolv\\u00edan la falsa imputaci\\u00f3n de tener establecida los demandantes una casa escandalosa o dedicada a citas deshonestas.\\nLa corporaci\\u00f3n demandada admiti\\u00f3 la publicaci\\u00f3n de los tres sueltos en el peri\\u00f3dico aludido, pero neg\\u00f3 que contuvie- ran la imputaci\\u00f3n qne se les atribuye y que por tanto pu-dieran causar perjuicios a los demandantes.\\nCelebrado el juicio, la corte, tomando en consideraci\\u00f3n las alegaciones, pruebas y argumentaciones de las partos de-clar\\u00f3 sin lugar la demanda por sentencia de 27 de octubre de 1919, por las razones consignadas en la opini\\u00f3n que la sirve de fundamento.\\nContra diclia sentencia interpuso la demandada recurso de apelaci\\u00f3n en cuanto no condena a los demandantes al pago de las costas y gastos y honorarios del abogado de la deman-dada, y como \\u00fanico motivo para sostener el recurso alega que la corte cometi\\u00f3 error infringiendo la \\u2022 secci\\u00f3n 7a. de la ley para autorizar pleitos civiles por da\\u00f1os y perjuicios oca-sionados por libelo y calumnia.\\nLa parte apelada niega la existencia de tal error y sos-tiene adem\\u00e1s que el texto legal invocado no est\\u00e1 actualmente en vigor por haber sido derogado por el art\\u00edculo 327 del C\\u00f3digo de .Enjuiciamiento Civil, seg\\u00fan ha sido enmendado por la Ley No. 38 de 12 de abril de 1917.\\nEntendemos que el caso ha de gobernarse por la Ley de 19 de febrero de 1902 para autorizar pleitos civiles por da-\\u00f1os y perjuicios ocasionados por libelo y calumnia, y no por (>1 C\\u00f3digo de Enjuiciamiento Civil, como ya lo decidimos al resolver el caso de Saldamando v. Valdecilla, 20 D. P. R. 96.\\nLa secci\\u00f3n 7a. de dicha ley, seg\\u00fan la versi\\u00f3n castellana del texto-ingl\\u00e9s en la parte atinente, dice as\\u00ed:\\n\\\"Si la sentencia se dictare a favor del demandado y estimare la corte que la acci\\u00f3n fu\\u00e9 iniciada por el demandante sin haber una causa que la justificare, la sentencia incluir\\u00e1 adem\\u00e1s de las costas, los honorarios de abogados, los que ser\\u00e1n fijados por la corte y no exceder\\u00e1n de 150 d\\u00f3lares.\\\"\\nComo se ve por el texto literal del precepto legal trans-crito, para que proceda. condena de costas con inclusi\\u00f3n de honorarios de abogada son indispensables dos condiciones: Primera, que se pronuncie fallo a favor del derhandado; y segunda, que la corte encuentre que la acci\\u00f3n fu\\u00e9 iniciada e interpuesta por el demandante sin causa justificada.\\nLa primera condici\\u00f3n se lia cumplido en el presente caso, pues la corte dict\\u00f3 sentencia a favor del demandado al de-clarar sin lugar la demanda, pero falta la segunda condi-ci\\u00f3n pues no aparece que la corte encontrara que el deman-dante iniciara su acci\\u00f3n sin causa justificada; y antes por el contrario, al dejar de imponer al demandante las costas con los honorarios de abogado, estim\\u00f3 que el demandante no estaba desprovisto de toda causa o raz\\u00f3n para promover su acci\\u00f3n. La desestimaci\\u00f3n de la demanda por s\\u00ed sola no lleva impl\\u00edcita la apreciaci\\u00f3n de falta de toda raz\\u00f3n derecha para iniciar el litigio.\\nDe todos modos las pruebas practicadas en el juicio son elemento necesario para poder apreciar si la corte inferior cometi\\u00f3 error de ley o abuso de discreci\\u00f3n dejando de con-denar al demandante en las costas y honorarios del abogado de la demandada, y estamos impedidos de examinar dichas pruebas por no hab\\u00e9rsenos presentado en forma debida.\\nSi la corte procedi\\u00f3 con error o abuso de discreci\\u00f3n ha de determinarse por la totalidad del juicio y no por la de-manda, la contestaci\\u00f3n y la sentencia. Vivas et al. v. Hernaiz, Targa y C\\u00eda. et al., 24 D. P. R. 836.\\nV\\u00e9ase nuestra decisi\\u00f3n de esta fecha en otro recurso, en el mismo caso y entre las mismas partes.\\nEs de confirmarse la sentencia apelada en la parte que ha sido recurrida.\\nConfirmada la sentencia apelada.\\nJueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, AMrey y Hutchison. -\\nEl Juez Asociado Sr. Wolf no tom\\u00f3 parte en la resolu-ci\\u00f3n de este caso.\"}"

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+"{\"id\": \"8756976\", \"name\": \"Sucesi\\u00f3n Igarav\\u00eddez et al., Demandantes y Apelantes, v. Rubert Hermanos et al., Demandados y Apelados\", \"name_abbreviation\": \"Sucesi\\u00f3n Igarav\\u00eddez v. Rubert Hermanos\", \"decision_date\": \"1915-12-08\", \"docket_number\": \"No. 1024\", \"first_page\": \"293\", \"last_page\": \"316\", \"citations\": \"23 P.R. Dec. 293\", \"volume\": \"23\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:03:26.102711+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hern\\u00e1ndez y Aso-ciados del Toro, Aldrey y HutcMson.\", \"parties\": \"Sucesi\\u00f3n Igarav\\u00eddez et al., Demandantes y Apelantes, v. HUBERT HERMANOS ET AL., DEMANDADOS Y APELADOS.\", \"head_matter\": \"Sucesi\\u00f3n Igarav\\u00eddez et al., Demandantes y Apelantes, v. HUBERT HERMANOS ET AL., DEMANDADOS Y APELADOS.\\nApelaci\\u00f3n procedente de' 1\\u2019a Corte de Distrito de San Juan, Secci\\u00f3n 2a,, en causa sohre devoluci\\u00f3n de propiedad.\\nNo. 1024.\\nResuelto en diciembre 8, 1915.\\nInter\\u00e9s en la Acci\\u00f3n \\u2014 Demandante.'\\u2014Una persona que no tiene inter\\u00e9s en la acci\\u00f3n, no tiene derecho a comparecer ante una corte como demandante a impugnar escrituras o procedimientos referentes a la misma.\\nTutor \\u2014 Administrador\\u2014Procedimiento Ejecutivo. \\u2014 El heeho de ser una persona tutor de los menores cuyos bienes est\\u00e1n en venta \\u00f3 sujetos a procedi-mientos ejecutivos, no le impide' ser nombrada administradora de dichos bienes, pues como tal puede defender mejor los intereses de sus pupilos.\\nEraude \\u2014 Presunci\\u00f3n.\\u2014El fraude no se presume meramente y cuando se alega debe ser claramente probado.\\nId. \\u2014 Terceros\\u2014Presunci\\u00f3n.\\u2014En este caso un hermano de los socios de la firma Hubert Hermanos era apoderado de Jos\\u00e9 G-allart en la \\u00e9poca en que \\u00e9ste vendi\\u00f3 a dicha sociedad los bienes objeto de este litigio. M\\u00e1s tarde dicho apoderado adquiri\\u00f3 para s\\u00ed derechos en la referida sociedad Hubert Hermanos. Se resolvi\\u00f3: Que el hecho de que un hermano de los socios de la demandada era apoderado del vendedor en la \\u00e9poca de la compra y que luego adquiri\\u00f3 un. derecho en la referida sociedad no justifica la suposici\\u00f3n de que el conoci-miento que \\u00e9ste ten\\u00eda de los hechos .anteriores deba imputarse a sus her-manos hasta el punto de anular su derecho a ser considerado como tercero. Si solamente est\\u00e1n envueltas las irregularidades e ilegalidades que se alegan en la venta bajo ejecuci\\u00f3n es dudoso que el conocimiento de \\u00e9stas por los compradores anulara su dereeho.\\nPrescripci\\u00f3n' \\u2014 Interrupci\\u00f3n de la Prescripci\\u00f3n. \\u2014 Para que exista interrupci\\u00f3n en un derecho adquisitivo de prescripci\\u00f3n, especialmente si tiene lugar me-diante una acci\\u00f3n, es' necesario que \\u00e9sta sea de la misma naturaleza que la del presente pleito.\\nImpedimento o Estoppel \\u2014 Abandono o Laches. \\u2014 Guando un demandante ha aceptado arreglos y traspasos en una ejecuci\\u00f3n de hipoteca est\\u00e1 impedido {estopped) de atacar los procedimientos ejecutivos tanto m\\u00e1s cuanto se ha beneficiado de los mismos sin hacer esfuerzo alguno para ataear su validez, lo que le hace asimismo culpable de abandono {laches).\\nConocimiento Judicial \\u2014 Sentencia de una Corte de Apelaci\\u00f3n. \\u2014 No puede tomarse conocimiento judicial de una sentencia de una corte de apelaci\\u00f3n para determinar un heeho, a menos que de los autos conste que dicha sentencia fu\\u00e9 sometida directamente a la corte sentenciadora.\\nEjecuci\\u00f3n de ' Hipoteca \\u2014 Ataque Colateral \\u2014 Defensa.\\u2014Un ataque colateral contra los procedimientos sobre ejecuci\\u00f3n de hipoteca, debe hacerse a las verdaderas defensas de los deudores hipotecarios 7 no a los defectos t\\u00e9cnicos de la venta en ejecuci\\u00f3n.\\nHipoteca \\u2014 Condue\\u00f1o\\u2014Mujer Casada. \\u2014 Una mujer casada, condue\\u00f1a en una pro-piedad, tiene derecho a hipotecar su participaci\\u00f3n en garant\\u00eda de deudas con-tra\\u00eddas para beneficio de la propiedad. La Ley 61 de Toro declara nula cualquier fianza prestada por una mujer casada para garantir las deudas de su marido, pero no anula la obligaci\\u00f3n contra\\u00edda por ella como deudora principal.\\nEscritura Mancomunada \\u2014 Herederos.\\u2014Aun cuando la Ley de Toro deelare nula una escritura otorgada de mancom\\u00fan por marido y mujer, las \\u00fanicas personas que podr\\u00edan beneficiarse de esa nulidad ser\\u00edan los herederos de la esposa.\\nTestigos Instrumentales \\u2014 Pr\\u00e1ctica Contempor\\u00e1nea. \\u2014 En la feeha en que se \\u25a0 constituy\\u00f3 la hipoteca objeto de esta acci\\u00f3n, las cortes ciertamente toleraban la falta de firmas de testigos instrumentales en las escrituras originales y esa interpretaci\\u00f3n contempor\\u00e1nea debe ser respetada.\\nAcci\\u00f3n Eeal \\u2014 Acci\\u00f3n Personal \\u2014 Notificaci\\u00f3n al Demandado. \\u2014 No existiendo nada en los autos que demuestre que la acci\\u00f3n ejercitada, aunque comprende bienes inmuebles y hasta ese punto es real, sea otra cosa que una acci\\u00f3n personal por lo menos en lo que respecta a uno de los demandados, se hace necesaria la notificaci\\u00f3n personal de \\u00e9ste.\\nLos techos est\\u00e1n expresados en la opini\\u00f3n.\\nAhogados de los apelantes: 8res. Rafael L\\u00f3pez Lanclr\\u00f3n, Enrique Rinc\\u00f3n y Jos\\u00e9 R. F. Savage.\\nAbogados de los apelados: Sres. Alvarez Nava <& Dom\\u00edn-guez y Francisco de la Torre.\", \"word_count\": \"7955\", \"char_count\": \"48593\", \"text\": \"El Juez Asociado Se. Wole,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nEste es nn caso en el cnal poco o nada se hizo en la corte inferior por simplificar las cuestiones en controversia. Por una n otra raz\\u00f3n que no aparece enteramente explicada, se permiti\\u00f3 a los apelantes incluir en la demanda un gran n\\u00fa-mero de cuestiones que son innecesarias e impertinentes, algu-\\u00faas de las cuales no tienen al parecer ninguna relaci\\u00f3n con las causas de acci\\u00f3n que se alegan. La teor\\u00eda fundamental de la demanda fue que debido a los actos de varias personas y especialmente de Jos\\u00e9 G-allart y otros que intervinieron en la ejecuci\\u00f3n de cierta hipoteca, qued\\u00f3 privada la Sucesi\\u00f3n de Leonardo Igarav\\u00eddez de ciertos derechos de propiedad. Adem\\u00e1s, en la demanda se sostiene m\\u00e1s o menos consecuente-mente la teor\\u00eda de que para que pueda ser restablecida la Sucesi\\u00f3n de Leonardo Igarav\\u00eddez en sns derechos' tiene qne declararse qne cierta venta por ejecuci\\u00f3n, as\\u00ed como l\\u00e1 hipoteca qne a la misma sirvi\\u00f3 de base, son absolutamente nulas y sin ning\\u00fan valor y si necesario fuere, que son inexistentes. A la Sucesi\\u00f3n de Leonardo Igarav\\u00eddez se han unido las Suce: siones de Carmen Landr\\u00f3n y de Manuel L\\u00f3pez- con el fin aparente de prestarle su ayuda para demoler la ciudadela eri-gida por el enemigo com\\u00fan Jos\\u00e9 G-allart y de cuya destrucci\\u00f3n las dos \\u00faltimas sucesiones esperar\\u00edan obtener alg\\u00fan beneficio. Si la Sucesi\\u00f3n de Manuel L\\u00f3pez y la Sucesi\\u00f3n de Carmen Landr\\u00f3n jam\\u00e1s renunciaron ninguno de sus primitivos dere-chos, dejando a un lado las cuestiones de prescripci\\u00f3n, quiz\\u00e1s pudieron haber seguido una acci\\u00f3n contra Rubert Hermanos sobre partici\\u00f3n de bienes. En esta demanda, sin embargo, no se trata de modo alguno de una acci\\u00f3n de partici\\u00f3n, habiendo sido fuertemente atacados los derechos de los de-mandados a cualquier parte- de los bienes y s\\u00f3lo reconocidos vagamente cuando la Sucesi\\u00f3n de Manuel L\\u00f3pez, los hermanos L\\u00f3pez Landr\\u00f3n, reclaman una hipoteca, legal. Ni siquiera entonces se reclama en una sola de las treinta y seis causas de acci\\u00f3n que han sido alegadas dicha hipoteca legal como base de la acci\\u00f3n. La demanda en su forma, es una narraci\\u00f3n indefinida, a la cual, acompa\\u00f1an lo que ordinariamente se llaman solicitudes o peticiones. Los apelantes las denominan \\\"causas de acci\\u00f3n,\\\" las cuales discuten una por una (seriatim) en su alegato. No puede haber teor\\u00eda alguna compatible con la demanda que no sea la de anular el t\\u00edtulo o t\\u00edtulos que los demandados alegan tener por virtud de la hipoteca y venta de la finca en ejecuci\\u00f3n de la hipoteca. Esta teor\\u00eda est\\u00e1 robustecida por varias cuestiones que obran en los autos y particularmente por el hecho de que en la hipotecavque ha sido impugnada Leonardo Igarav\\u00eddez y Carmen Landr\\u00f3n figuran hipotecando toda la propiedad y no sus participa-ciones por separado y porque el procedimiento hipotecario se sigui\\u00f3 contra toda la propiedad. Desde luego que con \\u00e1rreglo a los art\\u00edculos 406 y 1758 del C\\u00f3digo Civil, la hipoteca en realidad \\u00fanicamente ten\\u00eda aplicaci\\u00f3n a sus participaciones individuales.\\nLos apelantes lian presentado un alegato de unas 392 p\\u00e1ginas en maquinilla, y con la idea de prestar la debida consideraci\\u00f3n a las innumerables reclamaciones que se Lacen, se ha dilatado la resoluci\\u00f3n de este caso. El juez de la corte inferior, Sr. Grill, fallecido, emiti\\u00f3 una opini\\u00f3n muy autori-zada con la que estamos de acuerdo en sus principales aspec-tos. Los apelantes al impugnar el razonamiento de la corte, alegan un gran n\\u00famero de errores, cuando en realidad de verdad s\\u00f3lo uno pod\\u00eda ser alegado, o sea, el haber dejado la corte de dictar sentencia a favor de los apelantes, o al menos, algunos de ellos, al hacer las extensas alegaciones de fraude, ilegalidades y nulidades.\\nEl juez de la corte inferior aunque criticado por los ape-lantes expresa que la materia objeto de la acci\\u00f3n en este pleito era conocida con el' nombre de finca San Vicente, de Vega Baja. Hab\\u00eda otras parcelas comprendidas en el litigio, pero la finca en su totalidad .estaba dedicada al cultivo y molienda de ca\\u00f1as. La propiedad era conocida y todav\\u00eda se conoce por \\\"San Vicente,\\\" si bien su t\\u00edtulo fu\\u00e9 cambiado m\\u00e1s tarde por el de \\\"Central San Vicente.\\\"\\nAdoptando esta forma lac\\u00f3nica de hablar de la cuesti\\u00f3n, diremos que la finca San Vicente, la pose\\u00eda Jacinto L\\u00f3pez quien falleci\\u00f3 en el a\\u00f1o 1863. Al hacerse la divisi\\u00f3n de sus bienes la finca se le adjudic\\u00f3 a su hijo Manuel Antonio L\\u00f3pez Mart\\u00ednez y a tres de sus hermanos. Durante los comienzos del a\\u00f1o 1864, Manuel compr\\u00f3 las participaciones que ten\\u00edan dos de sus hermanas en la finca San Vicente obteniendo un arrendamiento de la tercera. Manuel falleci\\u00f3 en noviembre, 1865, dejando una viuda, Carmen Landr\\u00f3n y tres hijos. Carmen Landr\\u00f3n no aport\\u00f3 nada a la sociedad conyugal; se le adjudicaron 11,000 pesos m\\u00e1s o menos, como parte de sus bienes gananciales y 117,000 pesos para pagar las deudas de Manuel. El resto de la finca, o sean unos 88,000 pesos, fil\\u00e9 adjudicado a los tres hijos, herederos testamentarios de Manuel.\\nEn 1866, la hermana de Manuel, Teresa de Jes\\u00fas L\\u00f3pez Mart\\u00ednez que hab\\u00eda quedado como \\u00fanica oondue\\u00f1a con Manuel vendi\\u00f3 su participaci\\u00f3n al presb\\u00edtero Antonio (Jarcia que despu\\u00e9s la vendi\\u00f3 a Leonardo Igarav\\u00eddez quien le pag\\u00f3 unos 40,000 pesos en efectivo y di\\u00f3 hipoteca por el saldo. De modo que en noviembre de 1866, los condue\\u00f1os de San Vicente eran los tres hijos L\\u00f3pez Landr\\u00f3n, con un inter\\u00e9s entre todos de 88,000 pesos; la viuda Carmen Landr\\u00f3n, con un inter\\u00e9s de 11,000 pesos por sus bienes gananciales y 117,000 pesos para responder de las deudas de su difunto marido, y Leonardo Igarav\\u00eddez con un inter\\u00e9s de 98,000 pesos, m\\u00e1s o menos. Don Leonardo era entonces viudo con un hijo y dos hijas, cons-tando que el hijo muri\\u00f3 en su minoridad. Una de las hijas muri\\u00f3 despu\\u00e9s y la otra constituye la Sucesi\\u00f3n Igarav\\u00eddez Santana.\\nEn noviembre' de 1866, Leonardo Igarav\\u00eddez se cas\\u00f3 con Carmen Landr\\u00f3n de cuyo matrimonio resultaron seis hijos que constituyen la Sucesi\\u00f3n Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n. Las tres Sucesiones, la L\\u00f3pez Landr\\u00f3n, la Igarav\\u00eddez Santana y la Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n, son las demandantes en este pleito. Al tiempo del matrimonio la hacienda de referencia estaba gra-vada con la hipoteca a favor del presb\\u00edtero Antonio (Jarcia y con dos hipotecas m\\u00e1s a favor de las dos hermanas de Manuel para asegurar el precio de la venta de sus respectivos condominios.\\nLa corte inferior llama la atenci\\u00f3n hacia el hecho de que las cargas que exist\\u00edan sobre la finca San Vicente en el a\\u00f1o 1866 se pagaron, por lo menos en parte. Tambi\\u00e9n expresa que ninguno de los demandantes en este pleito se present\\u00f3 ante la corte con- la calidad' de heredero de las hermanas de Manuel, ni como heredero del presb\\u00edtero Garc\\u00eda, ni tam-poco se presentaron los demandantes en representaci\\u00f3n de cualquier otro acreedor que tuviera derecho de reclamaci\\u00f3n contra los' due\\u00f1os de la finca en 1866, o, en alguna otra fecha posterior. '\\u2022 Mucho se dijo en la demanda acerca de los dis-tintos grav\\u00e1menes y de los derechos de los varios acreedores,, pero estas diferentes alegaciones, seg\\u00fan las entendemos;, ten\\u00edan por objeto mostrar qne los actos de G-allart y otros-necesariamente ten\\u00edan qne ser ilegales por raz\\u00f3n d\\u00e9 estos', distintos grav\\u00e1menes y cr\\u00e9ditos alegados. La corte puntua-liz\\u00f3 el hecho de no representar los demandantes a ning\\u00fan acreedor. En verdad qne en toda la demanda se hacen varios ataques contra los t\\u00edtulos inscritos de 1-os demandados basados, en hechos o alegaciones qne otras personas podr\\u00edan haber ale-gado, pero en 1-os cuales ninguno de los demandantes ten\\u00eda inter\\u00e9s alguno. Tambi\\u00e9n opinamos que esta omisi\\u00f3n en com-prender que una persona que impugna una escritura o proce-dimiento por ser nulo debe tener inter\\u00e9s en el asunto, sirve de-explicaci\\u00f3n a un n\\u00famero de ideas err\\u00f3neas de los apelantes. Desde la fecha del matrimonio Leonardo estuvo al frente de la administraci\\u00f3n de la finca en representaci\\u00f3n de sus propios-intereses y de 1-os de su esposa y sus tres hijos habidos en el primer matrimonio de \\u00e9sta, que entonces eran menores.\\nEn octubre 8, 1869, Leonardo Igarav\\u00eddez y Carmen Lan-dr\\u00f3n otorgaron una hipoteca en San Juan por 100,000 pesos, a favor de Sturges y Compa\\u00f1\\u00eda constando de la escritura que el dinero hab\\u00eda sido tomado, prestado y usado en el cul-tivo, mantenimiento y trabajo de la hacienda San Vicente. No vemos nada en los autos que nos haga dudar de que estas narraciones fueran substancialmente correctas, ni tampoco-tuvo dudas el juez de la corte inferior.\\nEn agosto 28, 1875, en la ciudad de San Juan y ante el mismo notario, los dichos Sres. Sturges y Compa\\u00f1\\u00eda ven-dieron a Juan Forgas el referido cr\\u00e9dito hipotecario y dichos Igarav\\u00eddez y Carmen Landr\\u00f3n fueron partes en la misma escritura autorizando la venta y ratificando o confirm\\u00e1ndo-la hipoteca.\\nLeonardo Igarav\\u00eddez quebr\\u00f3 en 1879, durando los proce-dimientos de quiebra hasta el a\\u00f1o 1887, en que nuevamente se hizo a Leonardo Igarav\\u00eddez administrador de la finca.\\nLos diversos acreedores, con excepci\\u00f3n de Juan For-gas, dne\\u00f1o de la hipoteca, hab\\u00edan hecho un convenio con Igarav\\u00eddez por virtnd del cnal se le permiti\\u00f3 segnir con la administraci\\u00f3n.\\nLeonardo Igarav\\u00eddez falleci\\u00f3 en 1888, habiendo mnerto antes sn esposa y no tnvo oportunidad de pagar a sns acree-dores. La quiebra, contra \\u00e9l no finaliz\\u00f3 en vida del mismo.\\nEn abril 9, 1888, Juli\\u00e1n Blanco autorizada por Igarav\\u00eddez mediante poder para testar otorg\\u00f3 tal testamento declarando herederos a sus hijos habidos en ambos matrimonios los cuales aceptaron la herencia a beneficio de inventario. A pesar de estar vencida la hipoteca, el acreedor hipotecario demor\\u00f3 por* ciertas razones la ejecuci\\u00f3n de la misma, hasta que en 22 de junio de 1888, se inici\\u00f3 un procedimiento sobre ejecuci\\u00f3n de hipoteca a nombre de Jos\\u00e9 Grallart y Forgas, como heredero y sucesor de su t\\u00edo'Juan Forgas, por medio de procurador debidamente nombrado y de abogado. El procedimiento ejecutivo, que es un procedimiento especial de acuerdo con la Ley de Espa\\u00f1a, se sigui\\u00f3 ante el Juez de Primera Instancia de San Juan. El procedimiento fu\\u00e9 por la suma de 74,000 pesos m\\u00e1s o menos, que era el saldo pen-diente de la hipoteca, y se dirigi\\u00f3 contra los bienes de la Sucesi\\u00f3n de Leonardo Igarav\\u00eddez y especialmente contra la hacienda San Vicente. El acreedor hipotecario mientras proced\\u00eda contra la finca de Leonardo se reserv\\u00f3 todos los derechos que pudiera tener contra la Sucesi\\u00f3n de Carmen Landr\\u00f3n por virtud de dicho cr\\u00e9dito hipotecario. A la demanda en este procedimiento hipotecario se uni\\u00f3 la hipo-teca y su ratificaci\\u00f3n as\\u00ed como tambi\\u00e9n la cl\\u00e1usula pertinente del testamento de Forgas instituyendo a Grallart como here-dero suyo, y una certificaci\\u00f3n del Registrador de la Propiedad de Ponce creditiva de la muerte de Juan Forgas.\\nEn julio 6, 1888, el Juez de Primera Instancia se neg\\u00f3 a despachar el mandamiento de ejecuci\\u00f3n por el defecto t\\u00e9c-nico de no tener el registrador facultad para certificar sobre la muerte de una persona. Al solicitar reposici\\u00f3n el acreedor hipotecario el juez no solamente insisti\\u00f3 en este supuesto defecto, sino que tambi\\u00e9n neg\\u00f3 la ejecuci\\u00f3n por el fundamento de qne la hipoteca otorgada por Leonardo Igarav\\u00eddez y Carmen era de la clase prohibida por la Ley de Toro, puesto que la esposa comparec\\u00eda como fiadora de, las deudas del marido. Esta orden del Juzgado de Primera Instancia fu\\u00e9 apelada a la Audiencia Territorial que confirm\\u00f3 en parte la orden del Juzgado de Primera Instancia, La. naturaleza, sentido y alcance de la resoluci\\u00f3n de la Audiencia Territorial han sido tal vez el fundamento principal de discusi\\u00f3n en este caso. M\\u00e1s adelante explicaremos con m\\u00e1s detalles este pro-cedimiento.\\nSostienen los apelados que la Audiencia s\\u00f3lo confirm\\u00f3 la orden del Juzgado de Primera Instancia por \\u2022 el defecto t\\u00e9cnico apuntado, y evidentemente basado en esta teor\\u00eda fu\\u00e9 que el acreedor hipotecario sigui\\u00f3 adelante con el procedi-miento de ejecuci\\u00f3n. El Juez de Primera Instancia en vista de la subsanaci\\u00f3n del defecto procedi\\u00f3 a ordenar la.'ejecuci\\u00f3n de la hipoteca rebajando un tanto la suma de la reclamaci\\u00f3n por haber expirado el t\\u00e9rmino para ejecutar uno de los plazos de la deuda.\\nLos apelantes impugnan por ser fraudulenta la acci\\u00f3n as\\u00ed tomada por el Juzgado de Primera Instancia, alegando tam-bi\\u00e9n otros varios fraudes, ilegalidades y nulidades cometidos en la ejecuci\\u00f3n del procedimiento hipotecario, acerca de los cuales despu\\u00e9s haremos referencia.\\nEn esta fecha ' ' San \\\"Vicente, ' ' que entonces se conoc\\u00eda por \\\"Central San \\\"Vicente\\\" estaba administrada por Juli\\u00e1n E. Blanco, nombrado como tal administrador por los acreedores en los procedimientos de quiebra. Blanco era a la vez tutor de algunos de los hijos de Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n. Por esta raz\\u00f3n y con el fin de evitar costas y demoras, el acreedor hipo-tecario nombr\\u00f3 tambi\\u00e9n a dicho Blanco como administrador de la finca mientras duraban los procedimientos hipotecarios, teniendo cada uno confianza en su capacidad y honradez. Alegan los apelantes que su cargo de tutor era incompatible con el de administrador de la finca. No vemos ninguna incom-patibilidad en que el tutor de una sucesi\\u00f3n cuya finca est\\u00e1 para venderse o gravada por virtud de un procedimiento de ejecuci\\u00f3n se baga cargo de la administraci\\u00f3n de dieba finca. El mejor que nadie pod\\u00eda defender los derechos de sus pupi-los. Tambi\\u00e9n sus actos ban sido atacados como fraudulentos, existiendo la acusaci\\u00f3n, que no ha sido comprobada, de que \\u00e9l actuaba en combinaci\\u00f3n con Gallart contra los intereses de sus pupilos.\\nAI otorgar Igarav\\u00eddez y su esposa Carmen Landr\\u00f3n la hipoteca, lo hicieron por toda la finca San Vicente. 'Ellos en realidad no la pose\\u00edan totalmente pues los hermanos L\\u00f3pez Landr\\u00f3n eran condue\\u00f1os con ellos.\\nEn el a\\u00f1o 1885, estando pendientes los procedimientos de quiebra, el Juez de Primera Instancia orden\\u00f3 que la quiebra satisficiera a los hermanos L\\u00f3pez Landr\\u00f3n la suma de 1,000 pesos como parte proporcional de las rentas y productos en la hacienda. Dicho juez se di\\u00f3 cuenta de la imposibilidad que hab\\u00eda para administrar por separado la participaci\\u00f3n perteneciente \\u00e1 Igarav\\u00eddez, probablemente debido al hecho de que la central se encontraba realizando operaciones, y basado C\\u00fc. una teor\\u00eda parecida Gallart sigui\\u00f3 Su procedimiento hipo-tecario contra toda la finca pero durante la pendencia del procedimiento o en fechas posteriores celebr\\u00f3 transacciones o traspasos con los L\\u00f3pez Landr\\u00f3n e Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n, La validez, exactitud o suficiencia de todos estos actos pos-teriores han sido atacadas por los demandantes y apelantes en este caso.\\nSe verificaron varias segregaciones y cambios en la pro-piedad y finalmente en mayo 31 de 1894, se otorg\\u00f3 escritura al acreedor hipotecario Gallart en la que se describ\\u00edan todos los procedimientos habidos en la ejecuci\\u00f3n de la hipoteca, cuya escritura fu\\u00e9 inscrita en el registro de la propiedad en julio 7, 1894. La referida finca fu\\u00e9 vendida por Gallart a Juan y Guillermo Hubert en febrero 24, 1897. Los apelantes alegan tedios tendentes, como sostienen, a acreditar que. Eubert Hermanos no eran terceros de acuerdo con la Ley Hipotecaria por raz\\u00f3n de los actos de Luis Hubert, uno de los hermanos de Juan y Guillermo Eubert. En 12 de diciem-bre, 1902, Guillermo Eubert vendi\\u00f3 una parte de su derecho en la Central San Vicente a su hermano Luis. Sostienen los apelados Eubert Hermanos que han pose\\u00eddo la finca -desde la fecha de sus varias adquisiciones pac\\u00edficamente y sin inte-rrupci\\u00f3n alguna.\\nEsta acci\\u00f3n comenz\\u00f3 originalmente en junio 5, 1906, habi\\u00e9ndose formulado una demanda enmendada en febrero 18, 1909. La sucesi\\u00f3n de Jos\\u00e9 Gallart fu\\u00e9 incluida en la demanda y se obtuvo su emplazamiento por publicaci\\u00f3n de edictos, y una demanda enmendada fu\\u00e9 presentada despu\\u00e9s de dicho servicio. El secretario anot\\u00f3 la rebeld\\u00eda y los, demandantes, trataron de obtener una sentencia en rebeld\\u00eda contra la Sucesi\\u00f3n de Gallart con cuyo objeto fueron, exten-samente o\\u00eddos en la corte. Se dict\\u00f3 por \\u00faltimo sentencia declarando sin lugar la demanda contra la cual interpusieron, recurso de apelaci\\u00f3n los demandantes si bien jam\\u00e1s fu\\u00e9 noti-ficada ,1a Sucesi\\u00f3n de Jos\\u00e9 Gallart de dicha apelaci\\u00f3n. Los, apelados en distintas fechas han solicitado la desestimaci\\u00f3n de la apelaci\\u00f3n fundados en que la Sucesi\\u00f3n de Jos\\u00e9 Gallart era parte necesaria y por consiguiente que debi\\u00f3.haber,, sido, notificada. Ellos han insistido en que la Sucesi\\u00f3n de Jos\\u00e9 Gallart era parte necesaria no s\\u00f3lo por. .haberlo hecho- as\\u00ed los demandantes por, varios actos y documentos obrantes en los autos, sino tambi\\u00e9n porque en el traspaso de la finca hecho por. Jos\\u00e9 Gallart a Eubert Hermanos la escritura conten\\u00eda una' cl\\u00e1usula sobre saneamiento y evicoi\\u00f3n del t\\u00edtulo.\\nHa habido varias acusaciones de fraude en este caso. Las imputaciones .de fraude hechas contra .el, Juez de Pri-mera Instancia que finalmente orden\\u00f3 la venta en ejecuci\\u00f3n, no han sido comprobadas en absoluto.. Eespecto al cargo de fraude contra Juli\\u00e1n Blanco y Sosa, deseamos- citar, como lo Mzo la corte inferior, el poder otorgado por Leonardo Igara* v\\u00eddez, por virtud del .cual autoriz\\u00f3 \\u00e9ste al primero para hacer :su testamento:\\n' ' Teniendo una ilimitada confianza en su amigo y apoderado general que lo es Don Juli\\u00e1n Eusebio Blanco y Sosa el- cual se encuentra \\u2022enterado perfectamente de todos. sus asuntos y negocios ba deter-minado autorizarle con poder bastante para testar, con cuyo objeto, en la v\\u00eda que sea m\\u00e1s procedente otorga; que da y confiere al men-cionado Don Juli\\u00e1n Eusebio Blanco y Sosa de este propio vecindario, \\u2022el m\\u00e1s cumplido, amplio y bastante poder como por derecho se requiera para que dentro o fuera del t\\u00e9rmino legal y con sujeci\\u00f3n a las instrucciones que le tiene dadas y en lo sucesivo le comunicare,-\\u2022organice y ordene su testamento, etc., etc.\\n\\\"Declara por ser as\\u00ed su voluntad expresa que Don Juli\\u00e1n ,Eusebio Blanco y Sosa adem\\u00e1s de ser su apoderado general ha sido el encar-gado de la direcci\\u00f3n de todos los asuntos judiciales que le han ocurrido desde muchos a\\u00f1os sin que hasta el d\\u00eda ni Blanco le haya exigido ni tampoco el otorgante le haya retribuido sus buenos y valiosos ser-vicios a pesar de haberle exigido le manifestara el importe de' sus trabajos o cantidad- con que debiera recompensar en las diversas-veces que as\\u00ed se lo ha indicado, sin que haya podido obtener de Blanco otra manifestaci\\u00f3n que la de aplazar el asunto para mejor ocasi\\u00f3n;, as\\u00ed es que considerando un deber de conciencia dicha retribuci\\u00f3n encarga muy encarecidamente, tanto a sus albaeeas como a sus here-deros, exijan' a'Blanco- les manifieste ql valor de todos' sus servicios y trabajos, los que les sean satisfechos con toda religiosidad y pre-ferencia atendida .la naturaleza- e importancia de dichos, servicios. \\\" \\u2022\\nY luego expresa el Juez Sr.' Grill en su opini\\u00f3n:\\n1 ' Tal era el car\\u00e1cter de .Blanco en la opini\\u00f3n, de Leonardo Igara-v\\u00eddez en 1888. No se ha establecido en este .pleito que la opini\\u00f3n \\u2022de Don Leonardo Igarav\\u00eddez fuera err\\u00f3nea o que se modificara m\\u00e1s tarde el car\\u00e1cter de Blanco en sentido mal\\u00e9volo.\\n\\\"A otras personas tambi\\u00e9n, jueces, abogados y procuradores se acusa de fraude. A esta corte le falta la experiencia subjetiva en' la corrupci\\u00f3n judicial, pero parece extraordinario que si los repre-sentantes de G-allart hab\\u00edan sobornado a las Cortes de Primera Ins-' tancia de San Juan, no se pod\\u00eda conseguir una declaraci\\u00f3n definitiva, en menos de siete a\\u00f1os. En otras palabras, si un juez vende su sentencia ordinariamente falla pronto.\\\"\\nLos \\u00e1pelantes han imputado fraude en forma poco con-creta y no lo han probado. Varias veces hemos tenido opor-tunidad de llamar la atenci\\u00f3n hacia el hecho de que el fraude no se presume y debe ser claramente probado. Calzado et al. v. Carrero et al., 15 D. P. R. 363; Lamas et al. v. Roig, 15 D. P. R. 494; Cruz v. L\\u00f3pez et al., 17 D. P. R. 42. El abogado lo ha presumido esperando que este tribunal lo deduzca de ciertas supuestas nulidades o ilegalidades.\\nLos demandados y apelados ante esta corte son Rubert Hermanos. Sostienen los apelantes que los apelados no pue-den ser'considerados como terceros por haber sido Luis Ru-be\\u00edt apoderado de Gallart quien ten\\u00eda conocimiento de todos lqs hechos anteriores, pero no nos han demostrado los ape-lantes que el conocimiento que ten\\u00eda Luis Rubert pudiera imputarse a Rubert Hermanos en la fecha en que \\u00e9stos com-praron a Gallart. Es verdad que Luis Rubert adquiri\\u00f3 luego su derecho en la sociedad y que su parentesco cercano con sus hermanos Juan y Guillermo Rubert podr\\u00eda considerarse como una. circunstancia sospechosa, pero no podemos suponer sin m\\u00e1s prueba que cualquier conocimiento que \\u00e9l tuviera pod\\u00eda imputarse a sus referidos hermanos. Adem\\u00e1s, como ya hemos dicho, los apelantes no nos han indicado ning\\u00fan fraude. El traspaso hecho por Gallart a Rubert Hermanos se impugna por haber sido Luis Rubert mandatario de Gallart. Sin considerar los dem\\u00e1s m\\u00e9ritos de esta alegaci\\u00f3n, diremos que los apelantes no tienen ning\\u00fan inter\\u00e9s legal por el cual puedan atacar el traspaso. Si solamente est\\u00e1n envueltas las irregularidades e ilegalidades que se alegan en la venta por ejecuci\\u00f3n, dudamos que el conocimiento de las mismas pueda anular el derecho.de una persona a ser considerada como ter-cero. Tambi\\u00e9n dudamos de si a los abogados y procuradores de Gallart pod\\u00eda imput\\u00e1rseles conocimiento de las ilegali-dades en la venta en ejecuci\\u00f3n y si en su caso dicho conoci-miento pod\\u00eda supon\\u00e9rsele a Luis Rubert o a Gallart, ambos sin profesi\\u00f3n, que como es de presumirse obedec\\u00edan y con-fiaban en el consejo del abogado. Si el hecho de ser tercero pudiera redundar en beneficio de cualquier persona en este caso, no vemos nada en los autos que impida a Rubert Her-manos gozar de esa condici\\u00f3n con respecto a la propiedad que adquirieron de Gallart.\\nLos apelados aleg'an xin derecho adquisitivo de prescrip-ci\\u00f3n por haber estado en posesi\\u00f3n de las fincas, como sos-tienen, por m\\u00e1s de diez a\\u00f1os, .quieta y pac\\u00edficamente. Los1 apelantes sostienen que ha habido interrupciones en ese t\\u00edtulo adquisitivo. No estamos convencidos de que en realidad exista tal interrupci\\u00f3n. Sin entrar en una discusi\\u00f3n acabada de una cuesti\\u00f3n que es una de las muchas que han sido pro-movidas en este pleito, podemos decir que la interrupci\\u00f3n especialmente si tiene lugar mediante una acci\\u00f3n, tendr\\u00eda que ser de la misma naturaleza que el presente pleito. En lo que respecta a la Sucesi\\u00f3n de Leonardo Igarav\\u00eddez tenemos algo m\\u00e1s que dudas de si una reclamaci\\u00f3n como la que se hace en este pleito se hizo alguna vez, ya judicial o extrajudicial-mente dentro del per\\u00edodo de diez a\\u00f1os.\\nSin embargo, en cuanto a la alegaci\\u00f3n de los apelados de ser terceros sostienen los apelantes que el registro no puede dar validez a actos que son nulos; y respecto a la alegaci\\u00f3n de prescripci\\u00f3n adquisitiva alegan que los apelados no ten\\u00edan justo t\\u00edtulo. Cada una de estas alegaciones equivale a decir que todos los actos encaminados a la venta en ejecuci\\u00f3n y las escrituras en las cuales se basaba el procedimiento hipo-tecario eran absolutamente nulos. Surge entonces la cuesti\\u00f3n de cu\\u00e1l de las varias sucesiones en este caso est\\u00e1 en condici\\u00f3n de hacer tal alegaci\\u00f3n, pero antes de resolverla debemos examinar la reclamaci\\u00f3n extraordinaria de la Sucesi\\u00f3n L\\u00f3pez por supuesta hipoteca legal.\\nEn el alegato se considera al parecer esta reclamaci\\u00f3n como la n\\u00famero cuarenta y uno de la demanda, enmendada. Los apelantes sostienen en su alegato que existen treinta y seis causas de acci\\u00f3n diferentes y asimismo al discutir la moci\\u00f3n para desestimar la apelaci\\u00f3n dice el abogado que ellos agregaron la trig\\u00e9sima sexta causa de acci\\u00f3n a la demanda original. La demanda enmendada contiene exac-tamente treinta y seis solicitudes si bien en el alegato de los apelantes se discuten cuarenta y seis. Las diez \\u00faltimas soli-citudes comprenden una referencia a la supuesta hipoteca legal, pero los hechos de esta hipoteca legal se determinan en el P\\u00e1rrafo XIII de la demanda enmendada. La teor\\u00eda parece ser (aunque se alega m\\u00e1s en el P\\u00e1rrafo XIII) que aunque se pag\\u00f3 ,a los hermanos L\\u00f3pez Landr\\u00f3n cierta suma .como perteneciente a- su herencia no se les pag\\u00f3 el total de ella, y por tanto que como Leonardo Igarav\\u00eddez hab\\u00eda entrado en posesi\\u00f3n de todos los bienes -de los menores L\\u00f3pez Lan-dr\\u00f3n, Gall-art y su causahabiente Igarav\\u00eddez ser\\u00edan respon-sables por esta reclamaci\\u00f3n de derechos. Sin embargo, los hermanos L\\u00f3pez Landr\\u00f3n eran condue\\u00f1os con Igarav\\u00eddez y Carmen Landr\\u00f3n. Todo lo que reclaman que hab\\u00eda quedado de su herencia paterna era por raz\\u00f3n de dicha comunidad. Xo vemos nada que justifique la suposici\\u00f3n en favor de la Sucesi\\u00f3n de L\\u00f3pez de cualquier hipoteca por parte de, Leonardo Igarav\\u00eddez en cuanto a \\u00e9ste u otro particular. -Si la Sucesi\\u00f3n de L\\u00f3pez Landr\\u00f3n fu\\u00e9 despojada ilegal e indebida-mente de algo que leg\\u00edtimamente la correspond\\u00eda, la teor\\u00eda de la. hipoteca legal nunca dar\\u00eda lugar a una acci\\u00f3n a su favor, de acuerdo con los hechos de este caso.\\n' Existe prueba suficiente en los autos de que la Sucesi\\u00f3n de L\\u00f3pez. Landr\\u00f3n celebr\\u00f3 convenios con Gallart por los cu\\u00e1les tanto la herencia paterna como la. materna se les entre-garon. 'El hecho de tales traspasos no ha sido discutido formalmente pero los apelantes L\\u00f3pez Landr\\u00f3n. pretenden alegar que este traspaso, transacci\\u00f3n o arreglo \\u00fanicamente era un modus vivendi y s\\u00f3lo comprend\\u00eda cierta porci\\u00f3n peque\\u00f1a de la finca. Aun cuando esto fuera cierto, los her-manos L\\u00f3pez Landr\\u00f3n que entonces eran todos mayores de edad permitieron que Gallart continuara la ejecuci\\u00f3n y en-trara en .posesi\\u00f3n de la finca sin discutir formalmente su derecho hasta hacerlo m\\u00e1s o menos vaga e indirectamente en e^ta demanda. Como ya hemos dicho, la teor\\u00eda'de la demanda no era la partici\\u00f3n de la finca sino que en ella se pretend\\u00eda anular nna venta en ejecuci\\u00f3n y obtener as\\u00ed cualquier'beneficio que pudiera resultar a los apelantes. Pero creemos que la verdad de la cosa fu\\u00e9 que cuando estos traspasos se lucieron,, la propiedad debido a la quiebra ya los procedimientos de ejecuci\\u00f3n probablemente val\\u00eda muy poco y que los hermanos L\\u00f3pez Landr\\u00f3n recibieron sus debidas partes proporcionales. Los mismos apelantes en otras partes de su alegato sostienen que se permiti\\u00f3 que se arruinara la finca debido a la mala administraci\\u00f3n de Blanco y por esto fian hecbo una reclama-ci\\u00f3n independiente y precisa contra la Sucesi\\u00f3n de Gallart. No creemos que la Sucesi\\u00f3n de L\\u00f3pez Landr\\u00f3n est\\u00e9 en con-dici\\u00f3n para poder impugnar el procedimiento hipotecario ni siquiera la hipoteca misma;' sus actos, y \\u00e9stos fueron de.-distintas clases como aparece de los autos, se lo impidieron. -\\nSemejantes consideraciones son aplicables a la Sucesi\\u00f3n de Leonardo Igarav\\u00eddez respecto a su herencia materna.' .Gallart celebr\\u00f3 con ellos transacciones y traspasos. Es ver-dad que algunos o todos ellos eran menores en la fecha del traspaso, pero consta que estuvieron representados debida-mente no solamente por un tutor sino por su medio hermano Manuel L\\u00f3pez Landr\\u00f3n como curador ad litem. Este \\u00faltimo comparece no solamente en ciertos traspasos originales cele-: brados entre las partes sino tambi\\u00e9n en algunos traspasos, subsiguientes por virtud de los cuales Gallart adquiri\\u00f3 otras porciones de la hacienda.\\\"San Vicente.\\\" . Adem\\u00e1s, todo \\u00e9n\\u00a1 \\u2022Jos autos indica qu\\u00e9 dicha Sucesi\\u00f3n de Leonardo Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n se benefici\\u00f3 con estos cambios y qued\\u00f3.en posesi\\u00f3n de los mismos despu\\u00e9s de llegar a su mayor edad sin tratar de hacer ninguna impugnaci\\u00f3n respecto a la validez de los refe-ridos cambios. Ellos no ofrecen devolver nada en este pleito.. Creemos que no s\\u00f3lo a ellos sino tambi\\u00e9n a la Sucesi\\u00f3n de: L\\u00f3pez Landr\\u00f3n es de aplicaci\\u00f3n la doctrina relativa a aban-dono (laches). Ya hemos discutido el hecho de que los cargos de fraude imputados a Blanco, tutor, no fueron comprobados.' Puede que tenga o no relaci\\u00f3n con \\u00e9l caso el hecho de que el acreedor Gallart no tratara de proceder contra los intereses de Carmen Landr\\u00f3n si bien sn hipoteca comprend\\u00eda la par-ticipaci\\u00f3n de \\u00e9sta as\\u00ed como tambi\\u00e9n la de Igarav\\u00eddez. I)e todos modos, si la Sucesi\\u00f3n de Leonardo Igarav\\u00eddez hubiera hecho su reclamaci\\u00f3n a tiempo, ya Gallart o la Sucesi\\u00f3n de Rubert podr\\u00eda haber tenido derecho a alegar que ten\\u00edan derecho a una contrareclamaci\\u00f3n por virtud del contrato celebrado por Carmen y por la parte no s'atisfecha del cr\\u00e9-dito hipotecario original.\\nAhora pasamos a la reclamaci\\u00f3n d\\u00e9 la Sucesi\\u00f3n Igarav\\u00eddez, que entre todos los apelantes est\\u00e1 en mejor situaci\\u00f3n en este pleito para atacar el procedimiento hipotecario, y que pro-piamente es la sucesi\\u00f3n demandante. Como ha dicho el juez de la corte inferior, los procedimientos ejecutivos continua-ron hasta el a\\u00f1o 1895. Durante todo ese tiempo Igarav\\u00eddez Santana era mayor de edad habiendo llegado a su mayor edad uno de los Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n poco antes de 1888. El procedimiento hipotecario dej\\u00f3 una. deuda pendiente en favor de Gallart por la suma do 300,000 pesos.- La finca do Igara-v\\u00eddez era insolvente y se encontraba en manos de un adjtninis-trador. Ser\\u00eda muy dudoso en vista de las circunstancias si no eran los acreedores o el administrador de los acreedores el que ten\\u00eda derecho a proceder a anular la hipoteca en este caso. Es evidente que los diferentes cr\\u00e9ditos exced\\u00edan en mucho al valor de la finca, y como hemos visto, los procedi-mientos de quiebra jam\\u00e1s se terminaron.\\nHemos cre\\u00eddo conveniente, sin embargo, discutir los su-puestos procedimientos de ejecuci\\u00f3n que como alegan los apelantes fueron absolutamente nulos y sin ning\\u00fan valor. Insisten en que la Corte de Primera Instancia no acat\\u00f3 la sentencia de la Audiencia Territorial confirmatoria de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, ne-g\\u00e1ndose a despachar la ejecuci\\u00f3n. Insisten adem\\u00e1s en que la acci\\u00f3n de la Audiencia ten\\u00eda por objeto conservar en toda su integridad la sentencia definitiva del Juez de Primera Instancia por la cual se deneg\\u00f3 la ejecuci\\u00f3n y principalmente en .el particular relativo a la insuficiencia de la escritura o escrituras otorgadas por Leonardo Igarav\\u00eddez y Carmen Lan-dr\\u00f3n a favor de los acreedores hipotecarios.\\nLos apelados en su alegato lian tratado de llamarnos la atenci\\u00f3n hacia la sentencia que realmente dict\\u00f3 la Audiencia Territorial y solicitan que tomemos conocimiento judicial de la misma. Esto no podemos hacerlo porque no es parte de los autos y no nos consta que la referida sentencia fuera directamente sometida a la consideraci\\u00f3n de la corte senten-ciadora. Los apelantes presentaron una copia que alegan es de la sentencia, la cual seg\\u00fan sostienen es m\\u00e1s o menos incompleta. Por otra parte existe en los autos una copia del auto disponiendo la ejecuci\\u00f3n de donde aparece que los de-fectos en los cuales insisti\\u00f3 la Audiencia quedaron subsanados por los acreedores hipotecarios y que los \\u00fanicos defectos en que insisti\\u00f3 la Audiencia eran los m\\u00e1s t\\u00e9cnicos a que hemos hecho referencia, de. donde se infiere que la Audiencia no declar\\u00f3 nula la hipoteca. Adem\\u00e1s el abogado Eam\\u00f3n Falc\\u00f3m que conoc\\u00eda todas las. actuaciones fue llamado como testigo por los demandantes y apelantes y se le permiti\\u00f3 declarar - sin objeci\\u00f3n alguna que el defecto de la demanda fu\\u00e9 corregido. Por tanto, considerada la sentencia de la corte inferior la presunci\\u00f3n ser\\u00eda que la corte dirimi\\u00f3 el conflicto en favor de los apelados, existiendo todav\\u00eda otra presunci\\u00f3n m\\u00e1s fuerte de que el Juez de Primera Instancia cuya sentencia jam\\u00e1s ha sido atacada directamente en casaci\\u00f3n u otra forma cum-pli\\u00f3 con lo dispuesto en la sentencia de la Audiencia. Se hace imposible creer que el Juez de Primera. Instancia deli-beradamente hiciera caso omiso del mandato de la corte superior y como hemos indicado, seg\\u00fan tambi\\u00e9n lo ha hecho la corte inferior, no existe prueba alguna de fraude.\\nSe alegaron varios defectos t\\u00e9cnicos respecto a la venta en ejecuci\\u00f3n pero en cuanto a esto convenimos con la corte inferior en que ya es demasiado tarde para atacar ahora la sentencia en una. acci\\u00f3n original independiente. Las reso-luciones de la Corte Suprema de Espa\\u00f1a muestran que un ataque colateral de la clase que aqu\\u00ed se lia alegado lia de dirigirse a las verdaderas defensas de los deudores hipote-carios y no a los defectos t\\u00e9cnicos-de la venta en ejecuci\\u00f3n. Sentencias del Tribunal Supremo de Espa\\u00f1a de 14 de diciem-bre de 1891; 20 de enero' de 1897; 11 de abril de 1902; 31 de diciembre de 1902, y Io. de julio \\u00b0de 1903. Las mismas autori-dades citadas por los apelantes no contradicen la anterior doctrina.\\nUna de las cosas que podr\\u00eda haberse \\u00bftacado en un pleito ordinario, dejando a un lado el lapso de tiempo, es la sufi-ciencia de la escritura de hipoteca. La queja principal del alegato de los apelantes y asimismo de. las solicitudes es la insuficiencia de la hipoteca por ser una escritura mancomu-nada, prohibida seg\\u00fan se alega, por la Ley LXI de Toro.\\nGomo tambi\\u00e9n lo ha demostrado la corte inferior los condue\\u00f1os de San \\\"Vicente eran Leonardo, Carmen y los menores L\\u00f3pez Landr\\u00f3n. Carmen era condue\\u00f1a de- la finca y por tanto ten\\u00eda perfecto derecho a hipotecar \\u00a1Sus partici-paciones para garantir deudas contra\\u00eddas para beneficio de la finca. La hipoteca de 1869 misma expresa que Sturges y Compa\\u00f1\\u00eda hab\\u00edan suministrado y adelantado varias sumas de dinero que hab\\u00edan de ser y ciertamente fueron gastadas en el mantenimiento, mejora y cultivo de la plantaci\\u00f3n de ca\\u00f1as llamada ' ' San Vicente. ' ' Convenimos con la corte inferior en que despu\\u00e9s de cuarenta a\\u00f1os no puede ser negada la verdad de esa manifestaci\\u00f3n. La Ley LXI de Toro declara nula cualquier' fianza otorgada por una mujer para garantizar las deudas de su marido, pero no anula una obligaci\\u00f3n con-tra\\u00edda por una mujer como uno de los deudores principales. Todas las partes han pasado por alto lo que nos parece una cuesti\\u00f3n muy importante respecto al particular y \\u00e9sta es que Juan Forgas compr\\u00f3 la hipoteca a Sturges y Compa\\u00f1\\u00eda y que ten\\u00eda \\u00e9l derecho a creer que las manifestaciones hechas en dicha escritura eran verdaderas. No hemos hallado en los autos prueba alguna de alg\\u00fan estado de' cosas en contrario.\\nEn relaci\\u00f3n co\\u00fc esto surge otra cuesti\\u00f3n de impedimento (estoppel). Esta es una acci\\u00f3n establecida en primer t\\u00e9r-ro in o por la Sucesi\\u00f3n de Leonardo Igaray\\u00eddez. Aun cuand\\u00f3 la Ley de Toro declare nula una escritura mancomunada d\\u00e9l marido y la mujer, las \\u00fanicas personas que debidamente' podr\\u00edan beneficiarse de esa nulidad ser\\u00edan los herederos ele la esposa. Los herederos de Leonardo Igaray\\u00eddez no pueden tomar ninguna medida que \\u00e9l no hubiera podido haber to-mado. La escritura, de acuerdo con las decisiones de est\\u00e1 corte, no era nula en cuanto a Leonardo, y adem\\u00e1s sus here-deros estar\\u00edan impedidos para promover tal cuesti\\u00f3n. . SemeT jantes consideraciones ser\\u00edan aplicables a. la alegaci\\u00f3n relativa a los actos nulos de Leonardo Igarav\\u00eddez respecto a la maqui-naria suministrada por Cail y Compa\\u00f1\\u00eda.\\nOtra de las ilegalidades de la hipoteca que ha sido alegada es que en ella no hubo testigos instrumentales. Poca duda puede haber acerca de cu\\u00e1l era la verdadera ley respecto a esta cuesti\\u00f3n, aunque parece que la pr\\u00e1ctica contempor\\u00e1nea pr\\u00e1cticamente constituy\\u00f3 en letra muerta el precepto del estatuto. Adem\\u00e1s, en la sentencia de la corte inferior se declara que de prevalecer esta cuesti\\u00f3n referente a la falta de firma de testigos instrumentales todo el pleito tiene que fracasar pues algunas de las mismas escrituras originales otorgadas a la Sucesi\\u00f3n de L\\u00f3pez carec\\u00edan de la firma de testigos instrumentales. Las cortes en esa fecha evidenter mente toleraban la falta de firma de testigos instrumentales y esa interpretaci\\u00f3n contempor\\u00e1nea debe ser respetada. '\\nEn el gran c\\u00famulo de reclamaciones insostenibles que hap sido hechas por los apelantes puede que hayamos pasado por alto algunas que los apelantes han alegado con apariencia de raz\\u00f3n, pero estamos satisfechos en vista de las contiendas litigiosas que no existe ninguna reclamaci\\u00f3n qne haya sido hecha por cualquiera de los apelantes que no haya quedado resuelta por el tiempo o por los actos directos u omisiones de las partes o sus causahabientes.\\nCon una de las mociones para desestimar la apelaci\\u00f3n so acompa\\u00f1\\u00f3 una copia parcial de la demanda, original de donde consta que \\u00e9sta conten\\u00eda treinta y cinco solicitudes. Los apelantes afirman que la solicitud treinta y seis fu\\u00e9 agregada a la demanda enmendada y que la adici\\u00f3n por s\\u00ed misma produjo un cambio esencial en la demanda. La soli-citud treinta y seis es como sigue:\\n\\\"Que en el ejecutivo de Jos\\u00e9 Gallart y For gas contra la Sucesi\\u00f3n de Leonardo Igarav\\u00eddez lian sido- defraudados los miembros de la Sucesi\\u00f3n de Carmen Landr\\u00f3n C\\u00f3rdova y de Manuel Antonio L\\u00f3pez Mart\\u00ednez, y que por esta raz\\u00f3n tambi\\u00e9n dicho ejecutivo es ilegal, mandando que quede sin ning\\u00fan valor ni efecto en cuanto a todos los demandantes limitadamente, con las costas.\\\"\\nA\\u00f1ora bien, esta solicitud trig\\u00e9sima sexta muestra que la teor\\u00eda de la demanda todav\\u00eda bac\\u00eda necesario la nulidad del procedimiento hipotecario y de la hipoteca en la cual se bas\\u00f3, y si la Sucesi\\u00f3n de Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n y la Sucesi\\u00f3n de Manuel L\\u00f3pez ten\\u00edan derecho a alg\\u00fan beneficio lo hubieran obtenido de 1a. corte por el mero hecho de las alegaciones de la demanda y el hecho adicional de que eran partes en el pleito. No creemos que con esta solicitud trig\\u00e9sima sexta se introdujera ning\\u00fan cambio esencial en la demanda enmen-dada. Adem\\u00e1s todos, la corte inferior y las partes proce-dieron y actuaron como si la Sucesi\\u00f3n G-allart estuviera debi-damente ante la misma. Esto aparece claramente de los autos.\\nLa introducci\\u00f3n de la demanda es como sigue:\\n\\\"Comparecen ahora, por medio de su abogado Rafael L\\u00f3pez Lan-dr\\u00f3n, los demandantes Laura Igarav\\u00eddez Santana, por su propio derecho y como \\u00fanica y universal heredera de su hermana Hortensia Igarav\\u00eddez Santana, Leonardo R. Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n, M\\u00e9dico Ciru-jano, vecino' de Coamo, P. R., Guillermo Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n, abogado, vecino de M\\u00e1laga, Espa\\u00f1a, Enrique Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n, propietario, vecino de Vega Baja, P. R., Sor Carmen Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n, Hermana de la Caridad, vecina de Guanabacoa, Rep\\u00fablica de Cuba, Sor Milagro Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n, Hermana de la Caridad, vecina de Granada, Espa\\u00f1a, y Mercedes Igarav\\u00eddez Landr\\u00f3n, propietaria y vecina de Pe\\u00f1uelas, P. R., asistida de su leg\\u00edtimo esposo Luis Alvarado Santiago, todos ellos mayores de edad; la Sucesi\\u00f3n de Carmen Landr\\u00f3n C\\u00f3rdova y la Sucesi\\u00f3n de Manuel Antonio Mart\\u00ednez, conocidas y admitidas en autos como asociadas, tambi\\u00e9n demandantes, y estable-ciendo su demanda enmendada contra la Sociedad 'Rubert Hermanos,' compuesta de los Sres. Luis, Guillermo y Juan Rubert y C\\u00e1tala y contra esos mismos se\\u00f1ores, as\\u00ed como tambi\\u00e9n contra la Sucesi\\u00f3n desconocida de Jos\\u00e9 Gallart y Forgas, cada uno por s\\u00ed alegan y exponen: ' '.\\nPor lo transcrito aparece qne la teor\\u00eda de la demanda original era la de nn pleito por la Sucesi\\u00f3n de Igarav\\u00eddez para anular la hip\\u00f3teca y el procedimiento hipotecario, y somos de parecer qne la demanda enmendada no introdujo variaci\\u00f3n sustancial alguna.\\nLos apelantes en la c\\u00f3rte inferior practicaron el servicio de emplazamiento por publicaci\\u00f3n de edictos contra G-allart. Se celebr\\u00f3 el juicio despu\\u00e9s de baber presentado su demanda enmendada y de radicada la contestaci\\u00f3n. En este juicio invirtieron los apelantes varios d\\u00edas en probar su caso contra la Sucesi\\u00f3n Gallart habi\\u00e9ndose presentado mucha prueba documental. En realidad de verdad la misma prueba docu-mental fu\\u00e9 admitida previo consentimiento de las partes en el juicio posterior de Eubert Hermanos que tuvo lugar. En otras palabras, los apelantes insist\\u00edan en la corte inferior en su derecho a que se dictara sentencia contra Gallart con motivo de la rebeld\\u00eda que basta entonces hab\\u00eda sido anotada. Si el paso fuera revocado podr\\u00edan los demandantes continnar contra la Sucesi\\u00f3n de Gallart de igual modo que si no se hubiera presentado ninguna demanda enmendada puesto que la demanda enmendada no introdujo nuevos hechos ni se .ped\\u00eda en ella remedio alguno que no pndiera obtenerse con la demanda original.\\nAl ser presentada la moci\\u00f3n original para que se deses-timara esta apelaci\\u00f3n insistieron los apelantes en el hecho de que ellos intencionalmente no hab\\u00edan notificado a la Suce-si\\u00f3n de Gallart de la apelaci\\u00f3n puesto que ya estaban en rebeld\\u00eda y no ten\\u00eda m\\u00e1s derecho a ser o\\u00edda ante la corte. Los apelantes, sin embargo, sostienen ahora que debido a la pre-sentaci\\u00f3n de la demanda enmendada la cnal en realidad jam\\u00e1s fn\\u00e9 notificada mediante publicaci\\u00f3n n otra forma a la Suce-si\\u00f3n de G-allart, que dicha sucesi\\u00f3n no es parte en la apelaci\\u00f3n, y se citan los casos de McGary v. Pedrorena, 58 Cal. 91; Thompson v. Johnson, 60 Cal. 292 y de Reinhart v. Lugo, 86 Cal. 395, para probar que la presentaci\\u00f3n de una demanda enmendada abre la rebeld\\u00eda. Pero estos casos muestran que la enmienda debe ser sustancial y se insiste en esta diferencia en el caso de Cole v. Roebling Construction Co., 156 Cal. 446, 105 Pac. 257. Adem\\u00e1s, en el caso de Thompson v. Johnson, era un demandado el que impugnaba la sentencia dictada por la corte inferior por no haber sido notificado otro deman: dado. Los apelantes tambi\\u00e9n se fundan en el caso de Clarke v. Mohr, 125 Cal. 540. En ese caso se resuelve que no es necesario que el aviso de apelaci\\u00f3n contra la sentencia sea notificado a los demandados que seg\\u00fan los autos no consta hab\\u00e9rseles notificado la citaci\\u00f3n ni haber comparecido en el caso. La teor\\u00eda que se sostiene en dicho caso es que los demandados jam\\u00e1s comparecieron ante la corte sentencia-dora. El caso de Clarke v. Mohr, muestra por su propio texto que la enmienda tiene que ser esencial y que la corte debe haber dejado de adquirir jurisdicci\\u00f3n. Esta distinci\\u00f3n se establece m\\u00e1s claramente en el caso de Johnson v. Phenix Ins. Co., 146 Cal. 576-577. La corte indic\\u00f3 que lo que hab\\u00eda sido resuelto en el caso de Clarke v. Mohr no pod\\u00eda tener aplicaci\\u00f3n a un caso en que la sentencia se ha dictado a favor de una persona que seg\\u00fan los autos en realidad hab\\u00eda sido hecha parte en la acci\\u00f3n.\\nMuy poca duda pod\\u00eda existir en este caso de haberse hecho parte a la Sucesi\\u00f3n Gallart si la citaci\\u00f3n mediante publicaci\\u00f3n pod\\u00eda utilizarse. Pero \\u00bf adquiri\\u00f3 jurisdicci\\u00f3n la corte inferior sobre la Sucesi\\u00f3n de Gallart por virtud de la publicaci\\u00f3n? Esto es m\\u00e1s que dudoso pues no existe nada en los autos que muestre que la acci\\u00f3n (aunque en ella estaban envueltos bienes, inmuebles y basta ese pnnto era in fem) fuera otra cosa que una acci\\u00f3n personal, por lo menos en lo que respecta a la Sucesi\\u00f3n de Gallart. Si se considera que la acci\\u00f3n seg\\u00fan su naturaleza es solamente reivindicator\\u00eda entonces la Suce-si\\u00f3n de Gallart era completamente innecesaria puesto que Eubert Hermanos estaban en posesi\\u00f3n de la finca. Si por el contrario como m\\u00e1s bien parece, se le considerara como una acci\\u00f3n personal, al menos por lo que toca a la Sucesi\\u00f3n Gallart no vemos que dieba sucesi\\u00f3n se hubiera becbo parte debida-mente en la corte inferior y por tanto esa corte no adquiri\\u00f3 jurisdicci\\u00f3n sobre aqu\\u00e9lla. Oreemos que era necesaria la citaci\\u00f3n personal.\\nPor otra parte, la corte consider\\u00f3 el caso enteramente por sus m\\u00e9ritos y estamos de acuerdo con sus conclusiones. Las partes sometieron de tal modo el caso y se dict\\u00f3 sentencia a favor de los demandados. En vista de estas circunstancias opinamos que Eubert Hermanos tiene derecho a insistir en su sentencia. Cualquier duda que hubiera respecto a si la sucesi\\u00f3n era o n\\u00f3 parte necesaria solamente militar\\u00eda en favor de la confirmaci\\u00f3n de la sentencia despu\\u00e9s de haber sido sometido el caso y de celebrado el juicio por sus m\\u00e9ritos contra ellos. En verdad que los mismos apelantes insisten en que la Sucesi\\u00f3n Gallart no era parte en absoluto en la corte inferior. Ello.s consideran el caso como un juicio y una sentencia contra Eubert Hermanos solamente.\\nDe todos modos, si alguna duda pudiera haber sobre dene-gaci\\u00f3n o concesi\\u00f3n de la moci\\u00f3n para que se desestime el recurso preferimos resolverlo en el sentido de decidir el caso por sus m\\u00e9ritos por cuanto esa resoluci\\u00f3n conduce a la con-firmaci\\u00f3n de la sentencia y no estamos convencidos de que la Sucesi\\u00f3n Gallart era parte necesaria para el remedio principal, que solicitan los demandantes en esta acci\\u00f3n.\\nDebe confirmarse la sentencia apelada.\\nConfirmada la sentencia apelada.\\nJueces concurrentes: Sres. Presidente Hern\\u00e1ndez y Aso-ciados del Toro, Aldrey y HutcMson.\"}"

pr/8759475.json

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+"{\"id\": \"8759475\", \"name\": \"Rosario, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Secci\\u00f3n Primera, Recurrido\", \"name_abbreviation\": \"Rosario v. Registrador de San Juan\", \"decision_date\": \"1916-03-24\", \"docket_number\": \"No. 270\", \"first_page\": \"621\", \"last_page\": \"625\", \"citations\": \"23 P.R. Dec. 621\", \"volume\": \"23\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:03:26.102711+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Jueces concurrentes: Sres. Asociados \\\"Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.\", \"parties\": \"Rosario, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Secci\\u00f3n Primera, Recurrido.\", \"head_matter\": \"Rosario, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Secci\\u00f3n Primera, Recurrido.\\nRecurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Secci\\u00f3n Ia., denegando la subsana-ci\\u00f3n de un defecto.\\nNo. 270.\\nResuelto en marzo 24, 1916.\\nCancelaci\\u00f3n de Hipoteca \\u2014 Poderes\\u2014Pecha Posterior \\u2014 Efecto Retroactivo\\u2014 Defecto Subsanable. \\u2014 En eslj recurso el registrador consign\\u00f3 en su nota el defecto subsanable de no acreditarse el car\\u00e1cter y facultades de un apo-derado para la cancelaci\\u00f3n de cierta hipoteca. Para subsanar este defecto el recurrente present\\u00f3 una escritura de ratificaci\\u00f3n y poder otorgada por la man-dante. El registrador no estim\\u00f3 subsanado el defeeto por ser el poder pre-sentado de fecha posterior a la de la escritura de cancelaci\\u00f3n y no ratificarse \\u00e9sta expresamente. \\u00bbSe resolvi\\u00f3, revocando la nota recurrida, que a\\u00fan cuando el poder fuera de fecha posterior a la de la escritura de cancelaci\\u00f3n, por \\u00e9l ratifica la mandante los actos y contratos anteriores de su apoderado y da efecto retroactivo a las facultades otorgadas al mismo, y que la cancelaci\\u00f3n de que se trata debe surtir efectos legales desde su fecha, sin necesidad de nueva escritura.\\nLos hechos est\\u00e1n expresados en la opini\\u00f3n.\\nEl peticionario compareci\\u00f3 en nombre propio.\\nEl registrador recurrido, Sr. Jos\\u00e9 S. Belaval, tambi\\u00e9n compareci\\u00f3 en nombre propio.\", \"word_count\": \"1173\", \"char_count\": \"7095\", \"text\": \"El Juez PeesideNte Se. HeRN\\u00c1Ndez,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribunal.\\nPor escritura publica de 6 de agosto de 1915, Eobert Kerr vendi\\u00f3 a Jos\\u00e9 Ezequiel Rosario Santiago un solar con super-ficie de 449 metros, 56 cent\\u00edmetros cuadrados, radicado en el sitio del Macl\\u00educbal, barrio de Santurce, t\\u00e9rmino municipal de esta ciudad, que segreg\\u00f3 de otro de su propiedad de mayor cabida, hipotecado a favor de Alice Basanta, para garantir cierto cr\\u00e9dito hipotecario por los esposos Dooley de quienes Kerr hab\\u00eda adquirido el solar con la hipoteca que lo gravaba, habiendo comparecido al otorgamiento de la escritura de que se deja hecho m\\u00e9rito Albert E. Lee como apoderado de Alice Basanta y cancelado la hipoteca en la parte que afectaba al solar segregado.\\nPresentada dicha escritura en el registro para la inscrip-ci\\u00f3n de la venta y cancelaci\\u00f3n de la hipoteca, el registrador accedi\\u00f3 a ello seg\\u00fan nota de 19 de agosto de 1915, pero con-signando en cuanto a la cancelaci\\u00f3n los defectos subsanables de no acreditarse el car\\u00e1cter y facultades de Albert E. Lee y no haberse presentado la escritura de constituci\\u00f3n de hipo-teca.\\nPara subsanar ambos defectos, present\\u00f3 el recurrente la escritura de constituci\\u00f3n de hipoteca otorgada en 22 de julio de 1914 por los esposos Dooley a favor de Alice Basanta, y otra escritura de \\\"ratificaci\\u00f3n y poder\\\" otorgada en la ciu- dad de New York el 22 de diciembre de 1915 por Alice Ba-santa a favor de Albert E. Lee.\\nEl registrador estim\\u00f3 subsanado el defecto consignado en su nota de 19 de agosto, 1915, de no haberse presentado la escritura de constituci\\u00f3n de hipoteca, y no el otro defecto de falta de justificaci\\u00f3n del car\\u00e1cter y facultades del apoderado Albert E. Lee, porque el poder presentado era de fecha posterior a la de la escritura de 6 de agosto de 1915, y no se rati-ficaba expresamente la cancelaci\\u00f3n, como as\\u00ed lo hizo constar en nota de 28 de febrero de 1916, que ha sido recurrida por Jos\\u00e9 Ezequiel Rosario Santiago para ante esta Corte Su-prema.\\nEl recurrente alega que con la simple lectura de la escri-tura de poder de 22 de diciembre de 1915, podr\\u00eda apreciar esta corte que dicho documento contiene con efecto retroactivo facultades expresas bastantes para ejercitar actos de riguroso dominio y que la escritura de cancelaci\\u00f3n otorgada por el apoderado en 6 de agosto de 1915 fu\\u00e9 ratificada por la poder-dante. Examinemos aquella escritura.\\nEn la cl\\u00e1usula primera de ese documento afirma Alice Ba~ santa haber otorgado en el a\\u00f1o anterior poder general a favor de Albert E. Lee, cuyo poder, seg\\u00fan se le inform\\u00f3, hab\\u00eda su-frido extrav\\u00edo. En la cl\\u00e1usula segunda ratifica y confirma cualquier acto y contrato que su apoderado Lee hubiere cele-brado anteriormente en representaci\\u00f3n de ella, especialmente cualquier escritura de hipoteca pendiente de registro por falta de poder o por no haberse podido exhibir el ya conferido, y autoriza al mandatario para obtener la inscripci\\u00f3n de cual-quier escritura que como tal mandatario hubiere firmado y firme, pues para ello consiente expresamente cual si el acto o contrato hubiere sido realizado por ella o con poder bastante en nombre de ella. En la cl\\u00e1usula 4a. antoriza con efecto re-troactivo a Albert E. Lee para dar dinero a pr\\u00e9stamo con ga-rant\\u00eda hipotecaria, cobrando y percibiendo el principal y los intereses en su caso, y dando recibos, cartas de pago y cance-laciones totales y parciales, o ejecutando las hipotecas que tambi\\u00e9n puede sub-hipctecar, ceder, gravar, permutar, liberar en todo o en parte los bienes que las reconocen, y firmar las escrituras y documentos p\\u00fablicos y privados, precisos y con-venientes.\\nComo se ve, Alice Basanta, al otorgar la escritura de 22 de diciembre de 1915, se propuso no solamente dar poder a Albert E. Lee para el futuro con la extensi\\u00f3n que el docu-mento revela, sino que fu\\u00e9 su intenci\\u00f3n, adem\\u00e1s, convalidar los actos y contratos que anteriormente bab\\u00eda ejecutado en su nombre Albert E. Lee, con poder que, seg\\u00fan se le inform\\u00f3, bab\\u00eda sufrido extrav\\u00edo; y a ese fin la Basanta ratifica expre-samente en t\\u00e9rminos generales cualquier acto y contrato que su apoderado Lee hubiera celebrado antes del otorgamiento de la escritura de 22 de diciembre de 1915, otorga su consen-timiento para obtener la inscripci\\u00f3n en el registro de cualquier escritura que Lee hubiere firmado en su nombre como si el acto o contrato hubiere sido realizado por ella o con poder bastante en nombre de la misma,, y da efecto retroactivo a facultades que otorga a Lee en el nuevo poder, entre otras para librar en todo o en parte los bienes que garanticen hi: potecas constituidas a su favor. La frase con efecto retro-activo no puede tener otra significaci\\u00f3n que la de suplir o sub-sanar el defecto de que pudieran adolecer los actos o contra-tos otorgados anteriormente por Lee con ejercicio del poder extraviado.\\nEntendemos que la cancelaci\\u00f3n de que se trata, debe surtir efectos legales, sin necesidad de nueva escritura de ratifica-ci\\u00f3n por la mandante o por el mandatario, desde su fecha, o sea desde el otorgamiento de la escritura de 6 de Agosto de 1915, por exigirlo as\\u00ed la intenci\\u00f3n de la otorgante Alice Ba-santa, manifestada por modo indudable en la escritura de 22 de diciembre de 1915. No importa que el poder presentado sea de fecha posterior a la de la escritura de cancelaci\\u00f3n, pues como hemos dicho, por ese poder ratifica Alice Basanta los actos y contratos anteriores de su apoderado y da efecto re-troactivo a las facultades otorgadas al mismo.\\nEs de revocarse la nota del Registrador de la Propiedad de San Juan, Secci\\u00f3n Ia., de 28 de febrero del corriente a\\u00f1o, en la parte en que ha sido recurrida.\\nRevocada la nota en la parte recurrida.\\nJueces concurrentes: Sres. Asociados \\\"Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.\"}"

pr/8761021.json

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+"{\"id\": \"8761021\", \"name\": \"Bernardino Gonz\\u00e1lez, Plaintiff, Appellee and Appellant, v. Jos\\u00e9 A. Agostini et al., Defendants, Appellants and Appellees\", \"name_abbreviation\": \"Gonz\\u00e1lez v. Agostini\", \"decision_date\": \"1956-06-28\", \"docket_number\": \"No. 11519\", \"first_page\": \"481\", \"last_page\": \"494\", \"citations\": \"79 P.R. 481\", \"volume\": \"79\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T18:48:00.909776+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Bernardino Gonz\\u00e1lez, Plaintiff, Appellee and Appellant, v. Jos\\u00e9 A. Agostini et al., Defendants, Appellants and Appellees.\", \"head_matter\": \"Bernardino Gonz\\u00e1lez, Plaintiff, Appellee and Appellant, v. Jos\\u00e9 A. Agostini et al., Defendants, Appellants and Appellees.\\nNo. 11519.\\nArgued April 2, 1956.\\nDecided June 28, 1956.\\nGerman Rieckehoff and Luis Blanco Lugo for defendants, appellants and appellees. Wilfrido Roberts and Jos\\u00e9 L. Feli\\u00fa Pes-quera for plaintiff, appellee and appellant.\", \"word_count\": \"4266\", \"char_count\": \"25280\", \"text\": \"Mr. Justice P\\u00e9rez Pimentel\\ndelivered the opinion of the Court.\\nBernardino Gonz\\u00e1lez brought an action for damages in the Superior Court against Jos\\u00e9 A. Agostini and United States Casualty Company, for alleged defects in the construction of two buildings and nonperformance of the conditions of the contracts.\\nThe complaint states two causes of action. In the first it is alleged that on September 14, 1950, plaintiff and defendant Agostini entered into a contract whereby the latter agreed to construct for the former a commercial and residential building in Bayam\\u00f3n, Puerto Rico, at a cost of $19,695, within a period of 150 days counted from the date of the contract, and in accordance with the plan and specifications of plaintiff ; that in the middle of May 1951, the defendant received from plaintiff the last instalment of the agreed price for the construction of the building, and delivered the building to plaintiff ; that the defendant failed to comply with the conditions of the contract by not following the plan and the specifications agreed upon, and that the construction had several defects and deficiencies which are set forth in detail; that as a consequence thereof plaintiff has suffered damages estimated at $22,800. It is further alleged that codefendant United States Casualty Co. and the defendant entered into a contract, whereby the former became liable to plaintiff for any damages resulting from any violation of the construction contract in question.\\nIn the second cause of action it is alleged that on June 13, 1951, plaintiff and defendant Agostini entered into a contract whereby the latter agreed to construct for the former, at a cost of $19,000, another commercial and residential building adjoining the building involved in the first contract; that this construction would be done in accordance with the plans and specifications of plaintiff within a period of 150 days counted from the date of the contract. It is further alleged that on December 31,1951, the defendant received the last instalment of the agreed price, and delivered the construction to plaintiff; that the defendant failed to construct the building according to the agreed plan and specifications, and that it has defects and deficiencies which have caused him damages, which are set forth in detail. Lastly, it is alleged that co-defendant United States Casualty Co. executed another warranty contract similar to that mentioned in the first cause of action.\\nAfter several motions and preliminary incidents, the defendants filed an amended answer admitting the execution of both construction contracts as well as of the performance bonds, and denying, in general, the other essential facts of the complaint, setting up, in addition, several defenses, among these the defense of res judicata as to the second cause of action. Defendant United States Casualty Co. on its part presented a cross-claim against codefendant Agostini, alleging that by virtue of an exoneration agreement the latter agreed to pay any sum disbursed by the former by reason of the execution of the bonds. Agostini admitted this fact.\\nAfter a trial on the merits, the lower court rendered judgment ordering the defendants to pay solidarily to plaintiff, for damages, the total sum of $5,668, plus costs and $400 for attorney's fees. It also ordered defendant Agostini to pay to the insurance company, codefendant herein, any sum paid by the latter to plaintiff by virtue of this judgment.\\nBoth parties appealed. We consider first the appeal of the defendants.\\nDefendants-appellants charge that the trial court erred in dismissing the defense of res judicata. The dismissal was based on the fact that the defendants did not seasonably set up that defense, either in the first answer to the complaint or in the preliminary defenses raised by motion.\\nWe do not stop to consider this question since the defense of res judicata would not prevail even if it had been timely raised. Let us see why. This defense was interposed against the second cause of action which, we have seen, arose from the second contract entered into by the parties on June 18, 1951. The former suit on which the defense of res judi-cata was predicated was brought in the Bayam\\u00f3n District of the former District Court by Agostini against Gonz\\u00e1lez, to collect a certain debt owed under the first contract entered into on September 14, 1950. The first cause of action in the present litigation is based on the first contract mentioned, but the defense of res judicata was not pleaded against that first cause of action but against the second one. But since both causes of action arise from different contracts, Gonz\\u00e1lez was not bound by Rule 13 (a) of the Rules of Civil Procedure to claim in the Bayam\\u00f3n suit, by counterclaim, the damages claimed in the second cause of action of this suit, although under subd. (5) of said Rule, it was permissible to do so. Barron and Holtzoff, pp. 795, 796, 305, and 806; Williams v. Robinson, 1 F.R.D. 211; Big Cola Corp. v. World Bottling Co., 134 F.2d 718; cf. Sastre v. Cabrera, 75 P.R.R. 1. The error was not committed.\\nIn the second assignment, defendants-appellants maintain that the lower court erred in not holding that plaintiff's claim under the first contract had prescribed.\\nIn the first contract the parties agreed:\\n\\\"In order to guarantee the faithful performance of this contract, the contractor shall deliver to the owner a 'performance bond' for the full amount of the contract.\\n\\\"This bond shall guarantee on the part of the contractor the following: The contractor guarantees the work to be constructed under the contract against any defect either of the materials or of the labor, and, upon demand by the owner, he shall correct any defect which may arise in the construction due to the materials supplied by the contractor or to the labor, supplied by the contractor, free of cost to the owner, for a period of thirty days after delivery.\\\" (Tr. Ree. 21.)\\nThe building constructed under the contract was delivered to plaintiff on May 15, 1950, and the complaint in this case was filed on November 24, 1950, after the agreed 30-day period had already expired. However, \\u00a7 1483 of our Civil Code (1930 ed.), 31 L.P.R.A. \\u00a7 4124, provides:\\n\\\"The contractor of a building which may have been destroyed by reason of defects in the construction shall be liable for the losses and damages if said building should collapse within ten years, to be counted from the completion of the construction; and during the same time the same liability shall be incurred by the architect who may have directed the work if the collapse is due to defects in the ground or in the direction.\\n\\\"If the cause should be the noncompliance of the contractor with the conditions of the contract, the action for indemnity may be brought within fifteen years.\\\"\\nThe trial court held that the applicable period was the period fixed by the Code rather than that agreed upon by the parties.\\nWe have not doubt that the warranty period fixed by \\u00a7 1483 of our Civil Code affects the public interest and security. Consequently, a waiver of that period is contrary to public order and, hence, is void. In his commentaries on the equivalent section of the Spanish Civil Code, Scaevola says:\\n\\\"Can the waiver of the period of warranty be stipulated?\\n\\\"Let us state the first point more concisely: Can the architect and the contractor agree on a warranty period if, after warning thfe owner of a defect in the ground, of the poor quality of the materials in the event the owner furnishes them, or of the inconvenience and danger of altering the plans for the construction, they yield to the owner's demand? Commentator Manresa very discreetly points out that, in his opinion, The architect is not relieved of liability if the cause of the destruction is the defect in the ground, even if he shows that he gave the owner due notice of such defect, for his duty in this case is not to follow the latter's instructions but to refuse to undertake the work, because it is in the public interest.' This is the same argument adduced by a majority of the exponents of the French Code, in opposition to Duranton and Taulier, to which we subscribe fully.\\n\\\"If the first problem affects the public interest and security, the second affects the private interest. Can the contractor or architect and the owner stipulate the waiver and release of the warranty agreement so that, if within ten years the building should collapse or its demolition were ordered because of visible signs of deterioration, they would not have to indemnify the owner? Section 637 of the German Code states that a stipulation to eliminate or limit the contractor's liability for defects in the work will not be valid whenever the contractor conceals them fraudulently. The precedent is most interesting, but, is it adaptable to our civil law? It is doubtful. For the time being, if the warranty period of a construction for the defects which may be discovered during that period is a precaution similar to the warranty in a sale, it must be noted that the same spirit which prevails in \\u00a7 637 of the German Code prevails in \\u00a7 1485 of the Spanish Code, which authorizes the making of a stipulation to waive the warranty, provided the vendor is not familiar with the hidden defects of the thing sold, for, if he is, such waiver would be deemed nonexistent. The precautions, therefore, may generally be waived since they affect only the private interest. The principle of freedom of stipulation, which is the dogmatic basis of a contract, has the same trend of thought. (Section 1255.)\\n\\\"Which are the reasons adduced to the contrary? In our opinion, one reason is that, although a stipulation waiving the warranty period affects, as already stated, the private interest, it does not come within its sphere, and another, that the freedom of stipulation is limited by the principles of public morals and interest. If the stipulation in question were valid, an unconventional architect would out-do himself to please a covetous owner, and the public security and interest would be left without the protection implied in the personal liability of an administrative technician and of an engineer contractor. For this reason, we believe that a stipulation wherebjr the owner waives the warranty period is immoral, contrary to public interest, and, hence, null and void, and that the parties bound principally or subsi-diarily by a building contract may bring an action for annulment.\\\" Scaevola, Comentarios al C\\u00f3digo Civil Espa\\u00f1ol, Vol. 24, pp. 109-11.\\nManresa maintains that the construction of buildings affects the public interest. Hence, it is his opinion that an architect is not relieved from liability if the cause of the collapse is a defect in the ground, even if he proves that he gave due notice of the defect to the owner, for it is his duty in such ease not to follow the latter's instructions but to refuse to undertake the construction in the public interest. Manresa, Comentarios al C\\u00f3digo Civil Espa\\u00f1ol, Vol. X, Part II, pp. 921-22; Puig Pe\\u00f1a, Derecho Civil, Vol. IV, Part II, p. 307. In this connection, see Guaroa Vel\\u00e1zquez, Responsabilidad por los Defectos en las Edificaciones, 20 Rev. Jur. de la U.P.R. 13. The French writers share the same view in their commentaries on a similar provision of the Civil Code of their country. Laurent points out that the architect's liability arises from a defect which not only interests the owner but also affects the existence of the building and, hence, the security of the people. \\\"In this connection,\\\" he says, \\\"the architect's responsibility is of a general interest. It follows that the contracting parties cannot override the architect's responsibility: first, no one may stipulate that he shall not answer for his negligence, since such a stipulation is contrary to good usage, and the contracting parties cannot, in their private stipulations, ignore laws which are of public interest.... This same rule applies to defects in construction.\\\" Laurent, Derecho Civil Franc\\u00e9s, Vol. XXVI, pp. 64-65. Colin and Capitant believe that there is a reason of public order to require the architects and contractors to exercise peritia artis, and such reason is that, if the construction is poor or defective, their clumsiness is as fatal to the security of their clients as to the public. Colin and Capitant, Derecho Civil, Vol. IV, p. 343. Planiol and Ripert are also of the view that the warranty period which the law imposes on the architect or contractor is a measure of public interest and that the nonguarantee rule is void.\\nIt follows from the foregoing that, in a building contract, the waiver of the ten-year period fixed by \\u00a7 1483 of the Civil Code is void and does not release the contractor from liability. Nor may this period be validly altered by the parties. To allow a warranty period is typically a legal obligation on the part of the contractor, according to Scaevola, and which, we have seen, cannot be waived for reasons of public order. Regarding buildings, the section under consideration contains a special and concrete exception to the general rule that the lessor's responsibility is extinguished upon delivery of the thing. \\\"The reason for the precept is clear. The delivery and inspection of the thing are not sufficient to assume that the lessee has occasion to discover any defect the thing may have. On the contrary, it is most probable that those defects are not noticeable and that only with the passing of time will they become noticeable. Drawing out this consideration from the very nature of the things, the proper and wise thing to do is to fix a period of time during which the lessor might be held responsible, and not to assume that the fact of acceptance implies that the lessee has waived any right of action which at the time he does not know whether or not he might have occasion to assert.\\\" (10 Manresa, op. cit., pp. 919-20.)\\n\\\"The Code\\\", says Scaevola, \\\"establishes a very interesting distinction as to the hidden defects in things executed under a construction contract. In the case of buildings, the construction of which as a whole is complicated and difficult to appreciate, it fixes a warranty period of ten years, which is enough in the opinion of experts for those defects to be exposed and for the extent of the damage to be measured as to the whole or part of the construction. If no construction is involved, that is, where the contract deals with personal property, the civil law does not provide a warranty period.\\\" 24 Scaevola, op. cit., p. 90.\\nThis commentator points out that the warranty period \\\"means the test against lapse of time, because it is presumed, for technical reasons, that all the hidden defects which might affect the subsistence of the construction will have been exposed within ten years.\\\" Scaevola, op. cit., p. 103. See, also, 4 Falc\\u00f3n, C\\u00f3digo Civil, 280; 9 Mart\\u00ednez Ruiz, C\\u00f3digo Civil, 633.\\nThe reasons adduced by the French commentators as underlying the precept are practically the same as those stated by the Spanish commentators.\\nSection 1483 speaks, however, of defects in the construction without distinguishing between hidden defects and those which are readily noticeable at first sight or upon routine inspection. Should a distinction be made for the purpose of determining which are the defects covered by the legal warranty period? We believe so. The very reason of the precept warrants such distinction. The opinions of the Spanish commentators on this point are sparse. A great, number of them are silent or do not discuss the problem at all. Those who discuss it are in favor of the distinction. In his commentaries on the equivalent section of the Spanish Civil Code, says Valverde:\\n\\\"These sections define the contractual liability, and it is well to state that if, as a general rule, the lessor's liability ceases upon delivery of the construction without making claim, we believe, as do the commentators, that if the defects are not noticeable at first sight nor upon routine inspection, it should not be presumed that the lessee should waive his right of action (which it is claimed by some to be personal), and the liability shall subsist as long as the defects subsist.\\\" (Valverde, Tratado de Derecho Civil Espa\\u00f1ol, Vol. III, p. 598.)\\nWe know already Scaevola's opinion from the commentaries cited here. Manresa seemingly shares the same opinion, as inferred from his commentaries on \\u00a7 1589, 1590, and 1591 of the Spanish Civil Code. See, also, Nart, \\\"Contrato de Obra y Empresa\\\", Revista de Derecho Privado (1951), p. 814 et seq.\\nThe French commentators and the decisions of their country maintain that, for an architect or contractor to be liable during the warranty period fixed by law, it is essential that there be hidden defects. In the opinion of some of them, the existence of apparent defects which the owner could not overlook at the time of receiving the construction does not imply any liability on the part of the architect or contractor. \\\"The presumption is that a construction which is accepted without objection had. no apparent defects.\\\" If the defects are apparent so that they were noticeable by the person who examines and receives the construction, the case is not governed by the section which fixes a warranty period but by the common rule, whereby the reception of the construction releases the workman from all liability.\\nThe question under consideration is of importance in the decision of this case for, it will be recalled, when plaintiff received the building he was aware of the defects in the construction which gave rise to the claim for damages. If the reception had been made to complete satisfaction or without reservation, the contractor, according to the doctrine stated above, would have been released from liability as to the evident defects which were known to the owner, for such acceptance implied a waiver of any claim for such defects. Such is not the case as respects the hidden defects. We have seen, however, that plaintiff objected to the ostensible defects of which he was aware and accepted the building with that reservation. In view of this circumstance, which period governs a claim for damages resulting from the defects of the construction which were perceptible and known to him? In' our opinion, the 30-day period agreed on by the parties. A stipulation fixing a 80-day period to make claim for apparent defects is not contrary to law nor to public order. By its nature, that stipulation governs the private rights and interests of the owner and of the contractor. Consequently, the validity of the stipulation with respect to apparent defects should be upheld. As to the hidden defects, the stipulation is void.\\nThe lower court erred in not holding that plaintiff's claim under the first contract for the defects of the construction which were known to him at the time of receiving the building had prescribed.\\nThe third assignment charges that the trial court erred in awarding to plaintiff compensation for the loss of the use of the premises located on the main floor.\\nThis error is based on a wrong premise. The first build-ding was delivered to plaintiff on May 15, 1951, or 93 days in excess of the term fixed in the contract. The lower court awarded to plaintiff the sum of $883.50 as compensation for the rent which he failed to receive for those 93 days. The court allowed no compensation to plaintiff for the time the defendant occupied the business premises on the main floor for storing building materials after May 15, 1951, in the belief that the defendant was occupying the premises with plaintiff's consent. The error was not committed.\\nWe now turn to consider the appeal taken by plaintiff.\\nIt is charged that the trial court erred (1) in not allowing compensation in the sum of $18,000 because the building is out of line; (2) in not allowing the sum of $1,000 in each of the causes of action for correcting and enlarging the eaves to the width specified in the contract; (3) in not allowing the items claimed for defects in the drainage of the roof slab and porch floors. Having decided that the claim for these items had prescribed, the discussion of these errors is academic.\\nThe fourth error is directed to the sufficiency of the award for attorney's fees. These were fixed at $400. We have not been convinced that the lower court abused its discretion in fixing this amount, nor that it is insufficient, and we will not disturb the same on appeal. See Torres v. Biaggi, 72 P.R.R. 813, 820; Collazo v. Conesa, 70 P.R.R. 144, 152; cf. Soto v. Lugo, 76 P.R.R. 416. The error was not therefore committed.\\nThe judgment will be modified so as to eliminate the items of $4,000 allowed for the building being out of line, of $100 for the substitution of the electric wires, and $200 for the defects in the stairway and the drainage, and as thus modified, it will be affirmed.\\nRule 13 provides in subds. (a) and (6):\\n\\\"(a) Compulsory Counterclaims. \\u2014 A pleading shall state as a counterclaim any claim, not the subject of a pending action, which at the time of filing the pleading the pleader has against any opposing party, if it arises out of the transaction or occurrence that is the subject matter of the opposing party's claim and does not require for its adjudication the presence of third parties of whom the court cannot acquire jurisdiction.\\n\\\"(b) Permissive Counterclaims. \\u2014 A pleading may state as a counterclaim any claim against an opposing party not arising out of the transaction or occurrence that is the subject matter of the opposing party's claim.\\\"\\nAccording to the evidence, plaintiff-appellee did not receive the buildings to his entire satisfaction.\\nPlaniol and Ripert, Derecho Civil Franc\\u00e9s, Vol. II, pp. 194 and 207.\\nColin and Capitant, op cit., pp. 340-41; Planiol and Ripert, op cit., pp. 192-93; Laurent, op. cit., pp. 68-69. \\\"The State Council regarded \\u00a7 1792 as an exception restricted to buildings, and this is justified by Berenguer in the following terms: 'It may be readily appreciated whether a piece of furniture has been well constructed, even from mere inspection; thus, the constructor is released from all liability as of its delivery and acceptance. This, however, is not true as respects a building, because it may have all the earmarks of a solid construction and yet have hidden defects which may cause its collapse within a certain period. The architect should therefore be held liable during a certain period reasonably sufficient to warrant the stability of the construction.' \\\" 24 Scaevola, op. cit., p. 95.\\nAmong these are S\\u00e1nchez Rom\\u00e1n, Cast\\u00e1n, De Diego, Puig Pe\\u00f1a, Falcon, Mart\\u00ednez Ruiz, and De Buen.\\nThis commentator states:\\n\\\"Seemingly, the inference to be drawn from an analysis of \\u00a7 1589 and 1590 is that the lessor's responsibility ceases as soon as the work is delivered, with the exception of the special case provided in \\u00a7 1591.\\n\\\"This is, in fact, the general rule since, as stated by Laurent, if the lessee after an inspection accepts the construction without making any claim to the lessor, it would seem that this fact implies a waiver of any future claim.\\n\\\"But it is probable, as pointed out by this writer, that the defects in the thing are not noticeable at first sight nor upon routine inspection in this type of constructions, in which case it is fair and moral that the lessor should be liable for such defects which are later discovered. It should not be deemed that the lessee waives his right of action accruing from a fact of whose existence he was unaware.\\\" 10 Manresa, op. eit, pp. 918-19.\\n11 Planiol-Ripert, op. cit., p. 200.\\nXXVI Laurent, op. cit., p. 69.\\nBy the contractual warranty given, the contractor bound himself to answer for any defects aris-ing from the materials or labor supplied by him, free of cost to the owner, for a period of 30 days after delivery of the building. His warranty therefore expired at the end of 30 days after delivery of the building. Consequently, the warranty period having expired, the owner could not bring action claiming damages for apparent defects. As to the hidden defects, the contractual warranty stipulation is void and plaintiff may claim damages within the legal ten-year period in the event of collapse of the building as a result of hidden defects- in the construction.\\nThe lower court made the following finding of fact:\\n\\\"The evidence shows that the first building was delivered 248 days after signing the contract, or 93 days in excess of the 150-day period specified in the contract. Since according to the evidence the rent from the building has always been $285 a month, by reason of the 93-day delay plaintiff failed to receive the sum of $883.50 rent as well as the sum of $484.50 from the second part of the building, at the rate of $285 a month, by reason of the delay of 51 days in excess of 150 days specified in the contract to complete the construction.\\\" (Tr. Sec. 48, 49.)\"}"

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Fernandez y Hermano, a fin de que la corte de distrito declarara que el \\u00fanico sistema a que deben sujetarse \\u00edas transacciones comerciales en Puerto Rico es el m\\u00e9trico decimal y que el acuerdo adoptado por las sociales demandadas es ilegal y nulo.\\nLos hechos esenciales de la demanda son que los deman-dados adoptaron el 1 de febrero de 1910, un acuerdo que fu\\u00e9 comunicado a los comerciantes detallistas, relativo a que a partir del primero de marzo pr\\u00f3ximo, quedar\\u00eda establecida por los demandados, comerciantes al por mayor, la regla de fijar sus precios para todo art\\u00edculo cuya venta haya de efec-tuarse por peso, para cada 45-3597 \\u00eddlos, equivalentes a cien libras americanas.\\n\\\"Que tal acuerdo causa perjuicios a todos los comerciantes de provisiones al detalle y a este Centro de Detallistas y a todos y a cada uno de sus socios, cambiando, sin autoridad alguna por parte de los demandantes, el sistema de peso legal, e imponiendo, para las transacciones comerciales un sistema arbitrario1, caprichoso y perjudicial para la buena marcha de los negocios del comercio de provisiones al de-talle; y\\n' ' Que el demandante nombr\\u00f3 una comisi\\u00f3n para entenderse con los demandados, habi\\u00e9ndose negado \\u00e9stos a adoptar el sistema m\\u00e9trico decimal y a revocar su acuerdo.\\\"\\nLos demandados, excepto H. Santos, P\\u00e9rez Hermanos, y A. Su\\u00e1rez y C\\u00eda., alegaron la excepci\\u00f3n previa de que la de-manda no aduce hechos suficientes para determinar una cau-sa de acci\\u00f3n.. La corte declar\\u00f3 con lugar dicha excepci\\u00f3n y como el demandante manifestara que no ten\\u00eda m\\u00e1s hechos que exponer, orden\\u00f3 que su resoluci\\u00f3n se registrara como sentencia. As\\u00ed se hizo y contra la sentencia, registrada el 5 de noviembre de 1910, se interpuso el presente recurso de ape-laci\\u00f3n.\\nLa notificaci\\u00f3n de la apelaci\\u00f3n hecha a todos los abogados de los demandados el 14 de noviembre de 1910, se archiv\\u00f3 el mismo d\\u00eda en la oficina del secretario de la corte de distrito, y elevada la transcripci\\u00f3n de los autos a esta Corte Suprema, ambas, partes en su alegatos escritos discutieron amplia-mente el recurso en su fondo.\\nHemos estudiado cuidadosamente la transcripci\\u00f3n de los autos y los alegatos de las partes y opinamos que la senten-cia que desestim\\u00f3 la demanda por no aducir \\u00e9sta hechos sufi-cientes para determinar una causa de acci\\u00f3n, est\\u00e1 bien fun-dada y debe confirmarse.\\nDos razones fundamentales existen para ello.\\nLa primera es, que estudiado el acuerdo de los comercian-tes demandados, no aparece que est\\u00e9 en abierta oposici\\u00f3n con las prescripciones de -los art\\u00edculos 230 y 240 del C\\u00f3digo Pol\\u00edtico.\\nY la segunda es, que aun cuando se concluyera que lo estaba, en la demanda no se alega que se haya realizado un sol\\u00f3 acto concreto y positivo en perjuicio del demandante y siendo esto as\\u00ed, no existe base para una controversia jur\\u00eddica que deba ser resuelta por los tribunales de justicia. No obs-tante haberse presentado la demanda el 10 de mayo de 1910, no se consigna en ella que el acuerdo adoptado por los de-mandados en 1 de febrero de 1910, para empezar a regir el 1 de marzo del mismo a\\u00f1o, se llevara a v\\u00edas de hecho.\\nY\\u00e9ase el caso de la Liga de Propietarios v. El Ayuntamiento de San Juan, decidido por esta Corte Suprema el 12 de febrero de 1908, en donde esta \\u00faltima cuesti\\u00f3n ha sido tratada ampliamente y resuelta de modo claro y preciso.\\nNo creemos necesario entrar- en otro orden de considera-ciones. El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.\\nConfirmada.\\nJuez concurrente: Sr. Wolf.\\nJuez disidente: Sr. Presidente Hern\\u00e1ndez.\\nLos Jueces Asociados Sres. MacLeary, y Aldrey.no toma-ron parte en la resoluci\\u00f3n de este caso.'\"}"

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+"{\"id\": \"8763070\", \"name\": \"Abella v. Fern\\u00e1ndez et al.\", \"name_abbreviation\": \"Abella v. Fern\\u00e1ndez\", \"decision_date\": \"1911-11-03\", \"docket_number\": \"No. 697\", \"first_page\": \"1063\", \"last_page\": \"1065\", \"citations\": \"17 P.R. Dec. 1063\", \"volume\": \"17\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T18:57:01.286752+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, del Toro y Aldrey.\", \"parties\": \"Abella v. Fern\\u00e1ndez et al.\", \"head_matter\": \"Abella v. Fern\\u00e1ndez et al.\\nApelaoi\\u00d3N procedente de la Corte de Distrito de Humacao.\\nNo. 697.\\nResuelto en noviembre 3, 1911.\\nInjunction \\u2014 Facultad Discrecional de los Tribunales. \\u2014 La concesi\\u00f3n o dene-gatoria del recurso de injunction descansa en la sana discreci\\u00f3n del tribunal sentenciador y su resoluci\\u00f3n no ser\\u00e1 revocada por este tribunal a menos que se demuestre que abuso de tal facultad discrecional.\\nId. \\u2014 Acci\\u00f3n Reivindicator\\u00eda \\u2014 Posesi\\u00f3n de la Finca en Litigio. \\u2014 Entablada una acci\\u00f3n reivindicator\\u00eda por el demandante para adquirir el dominio y la posesi\\u00f3n de una finca, no procede que por medio del recurso de injunction se le ponga en posesi\\u00f3n de la misma finca que es objeto de dicho litigio.\\nLos hecfios est\\u00e1n expresados en la opini\\u00f3n.\\nAbogado del apelante: Sr. Severo Abella Rasi\\u00f3n.\\nLa parte apelada no compareci\\u00f3.\", \"word_count\": \"478\", \"char_count\": \"2863\", \"text\": \"El Juez Asociado Se. Wole,\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del tribuna1.\\nEl demandante en este caso, entabl\\u00f3 nna acci\\u00f3n reivindica-tor\\u00eda contra los demandados, y solicit\\u00f3 nn anto de injunction incidental, para qne se le protegiera en la posesi\\u00f3n de cierta parcela de terreno contigua a la parcela qne trata de reivin-dicar ; y tambi\\u00e9n solicit\\u00f3 qne se requiriera a los demandados .que se abstuvieran de realizar cualesquiera actos de posesi\\u00f3n sobre la parcela de terreno a que \\u00e9l se refiere.\\nNo parece haberse formado un concepto bien claro de lo que es el auto de injunction, pues \\u00e9ste es un pleito incidental a la acci\\u00f3n principal, y es evidente que el demandante no tiene ning\\u00fan derecho a pedir, que mediante un auto de injunction, se le ponga en posesi\\u00f3n de una finca que \\u00e9l ha hecho objeto de una acci\\u00f3n reivindicator\\u00eda. Si, por otra parte, est\\u00e1 \\u00e9l en posesi\\u00f3n de cierto terreno contiguo a otro terreno, cuya pose-si\\u00f3n se le niega, entonces el injunction a' que \\u00e9l tendr\\u00eda de-recho, caso de existir, debiera ser objeto de un procedimiento especial ipi ciado con ese fin. El Juez de la Corte de Distrito de Humacao deneg\\u00f3 el injunction especial que se solicit\\u00f3, fun-d\\u00e1ndose en que la posesi\\u00f3n d\\u00e9l demandante no estaba clara; en que el derecho a la posesi\\u00f3n se discut\\u00eda en el pleito principal; y en que el derecho a un injunction debe tambi\\u00e9n ser claro. Aunque de los autos aparece que el apelante tal vez ha sido molestado y aun maltratado, no se demuestra que los da\\u00f1os y perjuicios que el peticionario sufriera, no puedan ser objeto de compensaci\\u00f3n en una acci\\u00f3n legal ordinaria. Ade-m\\u00e1s, el juez que conoci\\u00f3 del asunto, resolvi\\u00f3 que no se hab\\u00eda menoscabado ning\\u00fan derecho del demandante a la posesi\\u00f3n; y la negativa a conceder el auto de injunction, descansa en la sana discreci\\u00f3n de la corte sentenciadora. No existe abuso de esa discreci\\u00f3n y debe confirmarse la resoluci\\u00f3n apelada.\\nConfirmada.\\nJueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, del Toro y Aldrey.\\nEl Juez Presidente Sr. Hern\\u00e1ndez, no tom\\u00f3 parte en la resoluci\\u00f3n de este caso.\"}"

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+"{\"id\": \"8765083\", \"name\": \"El Pueblo, Apelado, v. Borges, Apelante\", \"name_abbreviation\": \"Pueblo v. Borges\", \"decision_date\": \"1915-12-21\", \"docket_number\": \"No. 932\", \"first_page\": \"928\", \"last_page\": \"928\", \"citations\": \"23 P.R. Dec. 928\", \"volume\": \"23\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:03:26.102711+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"El Pueblo, Apelado, v. Borges, Apelante.\", \"head_matter\": \"No. 932.\\nEl Pueblo, Apelado, v. Borges, Apelante.\\nAl-teraci\\u00f3n de la paz.\\nHumacao.\\nDiciembre 21, 1915.\", \"word_count\": \"19\", \"char_count\": \"128\", \"text\": \"Confir-mada la sentencia.\"}"

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+"{\"id\": \"8766040\", \"name\": \"Mart\\u00ednez, Peticionario, v. Crosas, Juez de Distrito, Demandado\", \"name_abbreviation\": \"Mart\\u00ednez v. Crosas\", \"decision_date\": \"1919-07-14\", \"docket_number\": \"No. 455\", \"first_page\": \"996\", \"last_page\": \"996\", \"citations\": \"27 P.R. Dec. 996\", \"volume\": \"27\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T23:53:57.745940+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Mart\\u00ednez, Peticionario, v. Crosas, Juez de Distrito, Demandado.\", \"head_matter\": \"No. 455.\\nMart\\u00ednez, Peticionario, v. Crosas, Juez de Distrito, Demandado.\\nJulio 14, 1919.\", \"word_count\": \"16\", \"char_count\": \"112\", \"text\": \"Certiorari.\\nSin lugar.\"}"

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+"{\"id\": \"8766124\", \"name\": \"Francisco Olaz\\u00e1bal, Plaintiff and Appellant, v. Secretary of the Treasury, Defendant and Appellee\", \"name_abbreviation\": \"Olaz\\u00e1bal v. Secretary of Treasury\", \"decision_date\": \"1964-06-11\", \"docket_number\": \"No. AP-63-19\", \"first_page\": \"585\", \"last_page\": \"589\", \"citations\": \"90 P.R. 585\", \"volume\": \"90\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T22:47:26.603537+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Division composed of Mr. Justice P\\u00e9rez Pimentel, as Chief Judge of Division, Mr. Justice Rigau, and Mr. Justice D\\u00e1vila.\", \"parties\": \"Francisco Olaz\\u00e1bal, Plaintiff and Appellant, v. Secretary of the Treasury, Defendant and Appellee.\", \"head_matter\": \"Francisco Olaz\\u00e1bal, Plaintiff and Appellant, v. Secretary of the Treasury, Defendant and Appellee.\\nNo. AP-63-19.\\nDecided June 11, 1964.\\nF\\u00e9lix Ochoteco, Jr., for appellant. Rodolfo Cruz Contreras, Acting Solicitor General, for appellee.\\nDivision composed of Mr. Justice P\\u00e9rez Pimentel, as Chief Judge of Division, Mr. Justice Rigau, and Mr. Justice D\\u00e1vila.\", \"word_count\": \"1114\", \"char_count\": \"6723\", \"text\": \"Mr. Justice D\\u00e1vila\\ndelivered the opinion of the Court.\\nThe taxpayer was engaged in the business of renting houses. He kept his books on the cash receipt and disbursement method, and his taxable year ended October 31. On June 20, 1947, eminent domain proceedings were instituted against two of taxpayer's real properties. The taxpayer litigated the reasonableness of the compensation. The court, on April 7, 1948, rendered judgment increasing said compensation, which became final on the seventh day of the following month. The additional amount granted was deposited in court on November 8, 1948. Since the taxpayer's taxable year ended on October 31, the question is when did the income represented by the increase in compensation accrue \\u2014during the taxable year of 1948 when the judgment became final, or during the taxable year of 1949? The Secretary of the Treasury sent notice of deficiency to the taxpayer for the year 1948, believing that any amount attributable to an increase in compensation corresponded to that taxable year. The matter was litigated and the trial court sustained the Secretary.\\nThe case law and the doctrine stemming therefrom consider that a taxpayer who uses the cash receipt and disbursement method of accounting is not compelled to include in his return the compensation granted as a result of a condemnation until the amount is deposited in the court at his disposal. The rendering of a judgment is not sufficient. The deposit is required for the taxable obligation to accrue. The Solicitor General argued, invoking the decision, of the trial court, that from the moment the judgment was rendered the \\\"payment, according to the condemnation laws in force, was fully guaranteed by the Constitution, and by the credit and good faith of The People of Puerto Rico\\\" and, therefore, it was an income which had already been realized by the taxpayer. If we adopted this opinion we would be grafting a new concept in order to determine the tax obligation of persons or entities on the cash receipt and disbursement basis. The economic position of a debtor in a judgment cannot be the test. In the cash receipt and disbursement method the obligation to report income arises when it is actually paid or placed at the taxpayer's disposal.\\nKeneipp v. United States, 184 F.2d 263 (D.C. Cir. 1950) presents circumstances similar to these in the case at bar. In 1941 the Government of the United States instituted condemnation proceedings against several tracts of land. The amount of $35,000 was deposited as estimated just compensation. In September 1941, a judgment was rendered fixing $48,500 as proper compensation. At that point a third party filed an intervening petition claiming the amount of $2,000. On December 12, 1941, the court ordered the disbursement to the owner of the $35,000 deposited. On April 11, 1942, the court heard the intervening petition and on August 1, 1942 entered an order of distribution directing payment to the intervenor of $1,800 with the taxpayer receiving the remaining balance. The trial court (Keneipp v. United States, 85 F.Supp. 902 (1949), in deciding the question, stated that \\\". . . The amount determined with condemnation of the plaintiffs' property became available in September, 1941, to plaintiffs upon the entry of judgment in the amount of $48,500 and represented income to the plaintiffs in 1941, properly includible in plaintiffs' 1941 personal income tax return.\\\"\\nIn reversing the judgment entered by the lower court, the Court of Appeals stated:\\n\\\"The substantive point in the case at bar is whether the gain upon the condemnation award was, under the circumstances we have related, returnable in 1941 . These taxpayers were on a cash basis. The treatment of judgments recovered by taxpayers on a cash basis has been established without deviation for many years. A judgment is treated as income to a taxpayer on a cash basis at the time when the money or property is recovered. The rule is recited in the Regulations as follows: Tf a person sues in one year on a pecuniary claim or for property, and money or property is recovered on a judgment therefor in a later year, income is realized in the later year, assuming that the money or property would have been income in the earlier year if then received.' \\\"\\nThe regulation in effect in Puerto Rico at the time of the events of the case at bar was similar to the one copied above. Article 88, Income Tax Regulations No. 1, p. 61. Similar provision appears in the Regulations now in force, Art. 42.1, 13 R.&R.P.R. \\u00a7 3042-1 (a).\\nIn Nitterhouse v. United States, 207 F.2d 618, 620 (3d Cir. 1963), cert. denied, 347 U.S. 943, reh. denied, 347 U.S. 970, an eminent domain case, it was stated that \\\"the simplest and most easily administered rule seems to us to be to make the transaction taxable when the taxpayer gets his money.\\\" The district court in rendering judgment, affirmed by the Court of Appeals, Nitterhouse v. United States, 111 F.Supp. 339 (D.C.E.D. Penn. 1953), stated that \\\"in determining how gains realized from condemnation proceedings are to be taxed, a taxpayer should apply the income tax law in effect at the time the taxpayer, on a cash basis, received payment for his property.\\\"\\nIn 2 Mertens, Law of Federal Income Taxation 182-183, \\u00a7 12.65 (1961 ed.) the rule is stated as follows:\\n\\\"Where, in condemnation proceedings, no agreed amount is paid by the condemning authority until the litigation is finally culminated, no amount need be accrued as income until the litigation is terminated. Where, however, the condemning authority not only admits liability for a stated amount but actually pays that amount into the court and it, in turn is paid to the taxpayer, the transaction as to that payment is closed. To the extent that it represents gain, it is taxable when received.\\\"\\nSee, also: Iriarte v. Secretary of the Treasury, 84 P.R.R. 164 (1961); Patrick McGuirl, Inc. v. Commissioner of Internal Rev., 74 F.2d 729 (2d Cir. 1935); Driscoll Bros. & Company v. United States, 221 F.2d 603 (D.C.N.D.N.Y. 1963); cf. Wendell v. C.I.R., 326 F.2d 600 (2d Cir. 1964).\\nCorresponding the income which is the object of the deficiency to tax year 1949, the judgment rendered by the Superior Court, San Juan Part, on May 2, 1959, is reversed and a new judgment granting the complaint is entered.\\nIt so appears in the 1954 Regulations.\"}"

pr/8768082.json

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+"{\"id\": \"8768082\", \"name\": \"Jos\\u00e9 Cordero, Petitioner, v. Industrial Commission of Puerto Rico, Respondent; Bull Insular Line, Employer\", \"name_abbreviation\": \"Cordero v. Industrial Commission\", \"decision_date\": \"1948-01-30\", \"docket_number\": \"No. 379\", \"first_page\": \"118\", \"last_page\": \"123\", \"citations\": \"68 P.R. 118\", \"volume\": \"68\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T00:10:54.152285+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Jos\\u00e9 Cordero, Petitioner, v. Industrial Commission of Puerto Rico, Respondent; Bull Insular Line, Employer.\", \"head_matter\": \"Jos\\u00e9 Cordero, Petitioner, v. Industrial Commission of Puerto Rico, Respondent; Bull Insular Line, Employer.\\nNo. 379.\\nArgued January 13, 1948.\\nDecided January 30, 1948.\\nV\\u00edctor M. Bosch for petitioner\\u2019s beneficiaries. \\u00c1ngel de Jes\\u00fas Matos, M. Maldonado Pacheco, and A\\u00edda Casa\\u00f1as Marengo for tbe State Insurance Fund.\", \"word_count\": \"1433\", \"char_count\": \"8360\", \"text\": \"Mr. Justice Marrero\\ndelivered the opinion of the Court.\\nOn August 20, 1945, Jos\\u00e9 Cordero P\\u00e9rez worked as gang-wayman amantero\\\") on a steamer which was close to one of the piers of the Bull Insular Line in San Juan. At about 10: 00 p. m. he had to help other workmen to place a heavy plate (galeota) over the ship's hatchway. Suddenly Cordero P\\u00e9rez felt sick and died before he was taken to the hospital. His beneficiaries submitted a claim to the Manager of the State Insurance Fund, who denied it. Subsequently, the Industrial Commission rendered a decision dismissing the claim and affirming the decision of the Manager in all its parts. A reconsideration sought was denied, and the beneficiaries thereupon instituted a proceeding in this Court pursuant to \\u00a7 11 of Act No. 45 of April 18, 1935 (Laws of 1935, pp. 250, 288), as amended by Act No. 121 of May 2, 1940 (Laws of 1940, p. 728).\\nIn their petition they urge that (A) \\\"The Industrial Commission erred in holding that in this case there is no proof of the extraordinary effort which is contemplated by the decisions of our highest tribunal, as well as those of the American courts, in connection with our Workmen's Accident Compensation Act, in order to render this accident compensable;\\\" (B) \\\" . . . in taking into consideration, as a basic and essential element, the idiopathic condition of the workman for determining the degree or character of the effort made by him, that is, in order to determine whether the workman exercised an extraordinary effort which might establish a causal connection with his death\\\"; and (C) \\\" . . . in holding that the death of Jos\\u00e9 Cordero P\\u00e9rez did not occur as a consequence of an industrial accident.\\\" They cite in support of their contentions the decisions in Montaner, Mgr. v. Industrial Com mission, 57 P.R.R. 320; Montaner v. Industrial Commission, 55 P.R.R. 867; Montaner v. Industrial Commission, 54 P.R.R. 133; and Montaner v. Industrial Commission, 54 P.R.R. 757. We shall discuss jointly the errors assigned.\\nAn examination of tbe above-cited cases, as well as those of Montaner v. Industrial Commission, 54 P.R.R. 686; Montaner, Mgr. v. Industrial Commission, 53 P.R.R. 187; and Par\\u00eds v. Industrial Commission, 52 P.R.R. 427, which are somewhat similar to them, does not convince ns that the decision of the Industrial Commission should be reversed. It is true that some of those cases give the impression that the rdeath of a workman, which occurs in the course of his employment, is compensable when, taking into consideration his idiopathic condition, the work performed by him at the moment .of Ms death is tantamount to an effort. However, if those .\\u00abdecisions are carefully examined, it will be seen that in them this Court took into consideration, not only the physical condition of the workman, but also the kind of work performed and the effort exercised by him at the time of his death, and that in view of the attendant circumstances, said effort could be considered as extraordinary.\\nAccording to the evidence introduced in this case, on the evening of the day aforesaid, the decedent worked as gang-wayman on the deck of one of the ships of the Bull Insular Line. His work consisted principally in shouting warnings to the workmen who stood on the wharf, in order that they should be prepared to receive the cargo. He worked from 4: 00 to 6: 00 p. m., when he went out to eat, and at 7: 00 p. m. he resumed his work. At about 10:00 p. m. the overseer told him that he had to help six other workmen to place a covering or plate over the hatchway in which the work was performed. The plate (galeota) weighed over a ton and was hoisted by means of a mechanical apparatus and, when it reached a point 10\\\" or 12\\\" above the hatchway it was pushed directly over the latter and then lowered to its proper place. While said seven workmen and the overseer pushed the covering plate the deceased workman felt sick and shortly thereafter died.\\nOne of the witnesses for the beneficiaries testified before the Commission that Cordero P\\u00e9rez did not have to make any effort; but the overseer, also called by them, testified that Cordero P\\u00e9rez usually performed that kind of work, that he had to execute it in addition to his duties as gangwayman and that, in his judgment, Cordero P\\u00e9rez had to make an effort, indicating also that he had to give a hand \\\"because there are men who really have no strength.\\\"\\nIn order to decide the case we must consider not only the above evidence, but also the testimony of the medical experts who testified therein. Dr.. Jes\\u00fas M. Qui\\u00f1ones stated that the probable cause of the death was \\\"pathology, coronary arteries\\\" and that according to his diagnosis the deceased suffered from advanced stenosis of the coronaries, due to arterio-esclorosis and pulmonary edema\\\"-; that \\\"the pathological cause did not need any extraordinary effort to produce his death, because it could have by itself caused the death of the workman without his having made any extraordinary effort\\\"; that his disease was in such an advanced stage, his arteries were in such a condition, that he was bound to die at any time; he might have died in his sleep or sitting down. ' ' I)r. Jeramfel Cordero stated that the immediate cause of Cordero P\\u00e9rez's death was \\\"acute pulmonary edema, but secondary to the stenosis of the coronary arteries\\\"; that in these cases death occurs in various circumstances ranging from absolute rest during the night to the relaxation produced by the digestion of an abundant meal. He also testified that if the load had to be moved by six workmen over a flat surface to a different place, he considered that it would be an extraordinary effort; but it would be otherwise if the load was moved while hanging in the air, as he considered that the strain could not then be classified as extraordinary.\\nIn view of tlie foregoing testimony of Dr. Cordero, the witness Tom\\u00e1s L\\u00f3pez was again called to testify. With his testimony it was finally cleared that at the time the workman Cordero P\\u00e9rez felt the pain which preceded his death, he was pushing, together with seven other men, the plate which was suspended in the air.\\nThe Industrial Commission weighed the evidence and reached the conclusion that the deceased workman did not make any extraordinary effort at the time of the accident which brought about his death. In so doing it found that the accident was not compensable.\\nIn our opinion, the Commission correctly interpreted our decisions. In cases of this kind, it is not sufficient that the death of the workman be caused by an accident which, given his idiopathic condition, is tantamount to strain. In order that the accident be compensable it is necessary that the effort be an extraordinary or unusual one.\\nAs stated by the textwriter Schneider in his treatise \\\"Workmen's Compensation,\\\" 3d edition, vol. 4, \\u00a7 1240, p. 386, in many States it is held that \\\"compensation will not be awarded where the employee has chronic heart trouble which has reached such a stage that death is liable to ensue at any time, from any exertion, and death comes while he was doing the ordinary work of his employment.\\\" See also :\\u00a7\\u00a7 1302 and 1332, pp. 468, 473, 569 et seq. of the same treatise.\\nIn Balaban v. Severe, 43 Atl. (2d) 543 (Pa. 1945), it was decided, copying from the syllabus, that \\\"To constitute a compensable 'accident' it must be shown that the work in which the employee was engaged at the time of the occurrence was of a different nature and required a materially greater amount of exertion, risk or exposure than that to which he was ordinarily subjected, so as to justify a conclusion that increased severity of work was the cause of, and not merely coincidental with, the previously existing infirmity. ' ' See also Hamer v. Rishel, 24 Atl. (2d) 664 (Pa. 1942), and Rowe v. Goldberg Film Delivery Lines, 72 Pac. (2d) 432 (Arizona 1937). We agree with, the views set forth above.\\nSince the respondent Commission did not commit any of the errors assigned, the decision under review should be affirmed.\"}"

pr/8770569.json

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+"{\"id\": \"8770569\", \"name\": \"Jos\\u00e9 Isern Aponte, etc., Plaintiff and Appellee, v. Luisa Ram\\u00edrez Santana, Defendant; and Clotilde Ben\\u00edtez Rexach, Defendant and Appellant\", \"name_abbreviation\": \"Isern Aponte v. Ram\\u00edrez Santana\", \"decision_date\": \"1940-07-18\", \"docket_number\": \"No. 7912\", \"first_page\": \"331\", \"last_page\": \"343\", \"citations\": \"57 P.R. 331\", \"volume\": \"57\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:29:22.074759+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Mr. Justice De Jes\\u00fas took no part in the decision of this case.\", \"parties\": \"Jos\\u00e9 Isern Aponte, etc., Plaintiff and Appellee, v. Luisa Ram\\u00edrez Santana, Defendant; and Clotilde Ben\\u00edtez Rexach, Defendant and Appellant.\", \"head_matter\": \"Jos\\u00e9 Isern Aponte, etc., Plaintiff and Appellee, v. Luisa Ram\\u00edrez Santana, Defendant; and Clotilde Ben\\u00edtez Rexach, Defendant and Appellant.\\nNo. 7912.\\nArgued April 10, 1940.\\nDecided July 18, 1940.\\nJaime Benitez and G\\u00e9igel <& Silva for appellant. Francisco Gonzalez Fagundo for appellee.\", \"word_count\": \"3863\", \"char_count\": \"22291\", \"text\": \"Mr. Justice Travieso\\ndelivered the opinion of the court.\\nThe plaintiff herein, t while married to the defendant Luisa Ramirez Santana, acquired by purchase a house located in the city of Caguas. The plaintiff alleged that on May 19, 1928, the plaintiff and his wife acting in agreement transferred the title to said house in favor of Bel\\u00e9n Maldonado, for her to hold the same until such time as the plaintiff should direct her to transfer it to some other person or to plaintiff and his wife; that there was no price or consideration involved in the transfer made to Mrs. Maldonado; that on November 10, 1928, Mrs. Maldonado conveyed the' title to Luisa Ramirez Santana, who was still married to the plaintiff; that in the instrument of conveyance it was falsely stated that the amount of the selling price had been received at the time of the execution of the deed and in the presence of the notary and of the witness, when as a matter of fact no price or consideration of any kind was involved; and that in said instrument it was likewise falsely stated that the money invested by Luisa Ramirez Santana in that purchase belonged to her exclusively, having inherited the same from her sister Dolores Ramirez Santana. It was further alleged that on March 1, 1934, Luisa Ramirez Santana, who had already divorced the plaintiff, transferred the house to the other defendant, Clotilde Benitez Rexach, for $500, acknowledged by the former to have been received, which was not true, as the transfer was made without any price or consideration and for the sole purpose of depriving the plaintiff of his share in the immovable. The plaintiff prayed for a judgment declaring that the house is community property and that the contract of sale entered into between the two defendants is void (inexistente).\\nThe defendant Clotilde Benitez Rexach in her answer denied generally the averments of the complaint, and alleged that the property in question had been acquired by Luisa Ramirez Santana, since 1917, by purchase from various persons surnamed Martinez Chapel; that said Mrs. Ramirez obtained from the Municipality of Caguas the usufruct of the lot on which said house was constructed; that it was she who in 1917 prosecuted a. proceeding to establish possession of said house which was recorded in her name in the registry of property; that while the house was the property of Luisa Ramirez Santana, the husband of the latter, plaintiff herein, signed the deed of transfer to Bel\\u00e9n Maldonado only for the purpose of giving his consent thereto; that Luisa Ramirez purchased the property from Bel\\u00e9n Maldonado for $500 which she paid out of funds inherited from her sister, Dolores Ramirez, according to a deed of partition dated May 23, 1928; that in the complaint in the suit for divorce, brought by Luisa Ramirez against the present plaintiff it was stated that there was no community property; that the acquisition of the property by Clotilde Benitez Rexach was a lawful contract; and that the complaint did not state facts sufficient to constitute a cause of action.\\nAfter the case was tried before the District Court of Hu-macao, the latter by a judgment declared the contract entered into between Luisa Ram\\u00edrez and Clotilde Benitez Rexach as void and nonexistent in so far as the same might affect plaintiff's share in the community property, and valid as to the share belonging to Luisa Ramirez.\\nClotilde Benitez Rexach, appellant herein, maintains that the lower court erred in denying the motion for nonsuit presented by the defendants; in sustaining in part the complaint; in weighing the evidence; in rendering judgment in contravention of section 191 of the Code of Civil Procedure; and in deciding this case by applying a different theory from that on which the complaint is based. She further urges that the judgment appealed from is contrary to law because it decides the case on the basis of legal issues not raised by the pleadings; because it is not supported by the allegations of the complaint; and because it deprives the defendant-appellant of her property without due process of law.\\nLet us examine the evidence:\\nAt the trial, the plaintiff introduced in evidence the three public deeds mentioned in the complaint and the following testimony of witnesses: Bel\\u00e9n Maldonado stated that Luisa Ramirez Santana had sold the house to her for $500, which sum she paid in bank notes in the presence of Notary Luis Mend\\u00edn Sabat; that she knew Andr\\u00e9s Mena, Esq., then present; that she had never talked to Mena regarding the deed of sale of the house; that it was not true that she told Mena that she had not paid a penny for the property and had accepted the transfer in her favor in order to please Pepito Isern and his wife; that it was not true, either, that she had told the same thing to Francisco Ramis; that the charge ofl her having told either Carmen Cruz or Ramis or Mena that she had not paid anything for the house, was false. On being asked three times by the judge as to whether she had made those statements, she emphatically answered in the negative.\\nAttorney-Notary Andr\\u00e9s Mena, npon being called to testify, stated that be knew Bel\\u00e9n Maldonado; tbat sbe went to bis law office to tell liim tbat sbe bad been subpoenaed to testify as a witness in tbis case; tbat be asked ber: \\\"What about tbis matter?\\\" and sbe answered: \\\"I am going to tell tbe truth ' '; tbat sbe told liim tbat sbe did not remember tbe date of tbe deed.\\nMrs. Carmen de la Cruz, mother of tbe girl Carmen Isern de la Cruz, who is tbe daughter and heir of Jos\\u00e9 Isern Aponte, testified tbat sbe knew Bel\\u00e9n Maldonado by sight; that tbe latter went to ber bouse to tell ber tbat sbe bad been summoned as a witness and tbat sbe bad no money for tbe trip; tbat sbe stated to ber that sbe would come to the court to tell tbe truth, that sbe bad no interest in tbis case or in anything else, tbat sbe was coming to tell what Pepito bad agreed with ber, tbat Pepito bad been accompanied by Luisa, tbat at tbat time business was very bad and tbat be was going to lose tbe bouse, and in order to avoid leaving bis wife destitute he told ber and begged ber to make tbe deed in ber name, that at tbe time sbe received no money or anything else, and tbat they agreed tbat, when tbe danger bad ceased, a new transfer would be made in favor of Luisa.\\nTbe grounds of tbe motion for nonsuit presented by tbe defendants were tbat not even tbe slightest evidence bad been introduced to overcome tbe proof regarding tbe consideration of tbe contract made by Clotilde Ben\\u00edtez, and tbat even if it were assumed tbat tbe sale to Bel\\u00e9n Maldonado was a transfer contract, tbe plaintiff would now be estopped, as against Clotilde Benitez, to attack bis own contract.\\nLet us examine tbe documentary evidence of both parties in its chronological order:\\n1. Deed of May 21, 1917, whereby Juan Martinez Chapel and five other co-owners sold six one-eigbtb undivided interests in tbe bouse of Luisa Ramirez, of legal age, married to Jos\\u00e9 Isern Aponte, for $360 which the vendors acknowledged to have received. The second paragraph of the deed reads as follows:\\n\\\"Second: The purchaser, without any other requisite than the execution of this deed, shall be vested with the possession of the interests which she acquires by the present title and she ratifies in all its parts deed numbered one hundred and twenty-seven, executed before the attesting notary, whereby the husband of said purchaser accepted in his name the purchase of two undivided interests in the property described, acquired from Do\\u00f1a Mar\\u00eda del Carmen and Don Ram\\u00f3n Mart\\u00ednez Chapel.\\\"\\n,2. Deed of May 19, 1928; the Isern-Ramirez spouses stated that they were the owners of the house, having acquired the same by purchase from Rosario Martinez Chapel and others; and that \\\"Don Jos\\u00e9 Isern Aponte, assisted by and with the consent of his wife, the party herein Luisa Ramirez Santana, sells and conveys to Bel\\u00e9n Maldonado the house described in this deed.... for the agreed price of $500 which the vendor spouses receive in this act from the purchaser, in current hank notes.\\\" The notary did not certify to the delivery of the money in his presence. At the end of the document he certified to the full contents thereof.\\n3.- Deed of November 10, 1928, whereby Bel\\u00e9n Maldonado sells the house to Luisa Ramirez Santana, married to Jos\\u00e9 Isern Aponte, \\\"who does not appear in this act, as the property involved belongs to the separate estate of the wife appearing herein.\\\" The sale was made for the price of $500, \\\"which the vendor receives in this act, in .the presence of myself and of the witnesses.\\\" The notary did not certify to the delivery of the money.\\nAs to the source of the money which Luisa Ramirez Santana claims to have paid to Bel\\u00e9n Maldonado as the price of the house the object of the sale, the deed recites:\\n\\\"Do\\u00f1a Luisa Ramirez Santana states that the money invested in the purchase of the house which is described in this deed, belongs exclusively to her, as she acquired it by inheritance from her sister, Do\\u00f1a Dolores Bamirez Santana, also known as Dolores Bamirez de Arellano y Santana, who died in the town of Cayey, Puerto Bieo, the deed of partition of the estate of said Dolores Bamirez Santana having been incorporated in deed numbered twenty of May 23, 1928, which was approved by the District Court of Gruayama, and therefore the said sum belongs to the separate estate of Luisa Bamirez Santana, this explanatory statement being made for the purpose of the Begistry of Property.\\\"\\nOn December 10,1928, in recording tbe sale made by Bel\\u00e9n Maldonado to Luisa Ram\\u00edrez, there was noted the curable defect of a failure to duly show the source of the money invested in the purchase, notwithstanding the recitals of the instrument, as the deed of partition of the estate of Dolores Ramirez had not been exhibited. The said defect was cured in the registry on March 13, 1934.\\n4. A copy of the complaint for divorce filed by Luisa Ramirez Santana against her husband Jos\\u00e9 Isern Aponte, on the ground of desertion, wherein the plaintiff stated that there was no community property; and a copy of the default judgment entered on April 15, 1932.\\n5. Deed of March 1, 1934, whereby Luisa Ramirez Santana, divorced, sold to Clotilde Benitez Rexach the house in question for $500 \\\"which the vendor receives from the purchaser in this act,\\\" without the notary certifying to the delivery of the money in his presence.\\n6. Deed of May 23, 1928, regarding the partition of the estate of Dolores Ramirez Santana, from which it appears that there were allotted to the heiress Luisa Ramirez Santana two houses valued at $1,500, together with $647.18 in cash, or a total sum of $2,147.18, which was to be applied to her share of $320.38 in the inheritance and the balance to the payment of certain debts of the estate.\\nThe notary Luis Mendin Sabat, before whom all of the above-mentioned deeds had been executed,' testified as a witness for the defendants and stated that property to the value of two thousand and odd dollars and cash to the amount of six hundred and odd dollars had been allotted to Luisa Ra mirez Santana; that she kept the proceeds of the property allotted to her and with that money she purchased the house for her exclusive use and convenience; that in the deed of Bel\\u00e9n Maldonado there was a payment; that there were payments in the other deeds and also in that of Clotilde Benitez Bexach.\\nThe appellant does not discuss separately the nine errors assigned in her brief hut groups them around three essential questions. In the first of these it is maintained that the lower court violated the provisions of section 191 of the Code of Civil Procedure, which reads as follows:\\n' ' Section 191. \\u2014 The relief granted to the plaintiff, if there be no answer, can not exceed that which he shall have demanded in his complaint; but in any other case, the court may grant him any relief consistent with the case made by the complaint and embraced within the issue.\\\"\\nAs in the case at bar the defendant Clotilde Benitez Bexach filed an answer to the complaint, the application of the first part of the above-quoted section is not involved, and we may disregard the same.\\nThe appellant maintains that it is inconsistent with the allegations of the complaint to decree, as the lower court did in its judgment of May 24,1938, \\\"the nullity or inexistence of the contract entered into between Luisa Bam\\u00edrez and Clo-tilde Benitez Bexach, on March 1, 1934-in so far as the same refers to or affects the share in the community property which formerly belonged to Jos\\u00e9 Isern Aponte and is now owned by his heirs, said contract to continue subsisting and in force as regards all the right and interest which Luisa Bam\\u00edrez Santana had in the property the object of the contract at the time the same was executed.\\\" If there was no consideration {precio) for the contract \\u2014 says the appellant- \\u2014 \\u2022 the same is nonexistent, according to section 1213 of the Civil Code (1930 ed.), and therefore the lower court could not uphold it as to the share of Luisa Bam\\u00edrez while annulling it as to that of Jos\\u00e9 Isern Aponte. Up to this point the appellant is correct when she says that there is inconsistency between the relief prayed for and' the one granted, since the plaintiff in his complaint did not attack partially the validity of deed No. 3, executed on March 1, 1934, bnt challenged it in its entirety on grounds which go to the very root of the contract of sale embodied in the instrument. But could the same thing be said if there had been a consideration for the contract? We think not. If contrary to what the plaintiff alleges in his complaint the three deeds attacked had been supported by a consideration, then the house the object of this suit would have belonged to the conjugal partnership constituted by Jos\\u00e9 Isern Aponte and Luisa Ramirez Santana, as the defendant did not succeed in overcoming with her evidence the presumption established by section 1307 of the Civil Code (1930 ed.), that all the property of the spouses shall be deemed partnership property in the absence of proof that it belongs exclusively to the husband or to the wife. That presumption arose in-the present case from the very moment of the execution on November 10, 1928, of deed No. 76, whereby Luisa Ramirez Santana, while married to Jos\\u00e9 Isern Aponte, acquired for a consideration (a t\\u00edtulo oneroso) the house the object of this action.\\u00bb Such presumption is not destroyed by the fact that in the deed of sale the purchaser stated that he had inherited from her sister the money invested in the purchase, for, as aptly said by the lower court in its opinion, \\\" . it does not seem reasonable in law that the mere declaration of one of the spouses, made in her own benefit and against the interest of the other spouse, and without there being any subsequent ratification thereof by the latter, could be deemed sufficient to affect his right or to prejudice his interests.\\\" Nor is if destroyed by the fact that in. the suit for divorce brought by Luisa Ramirez Santana against her husband Jos\\u00e9 Isern Aponte, the latter should have suffered a judgment by default to be entered against him, the complaint reciting that there was no community property subject to liquidation.\\nThe district court decided this case on the basis of the existence, of a consideration to support the three challenged deeds. If the plaintiff had succeeded in proving the allegations of his complaint, that is, that the deed executed on May-19, 1928, November 10, 1928, and March 1, 1934, were void for want of consideration, the trial court would have had to reach the same conclusion that it did, rejecting the contention of the plaintiff. As the three deeds objected to were annulled, and as the evidence introduced by the plaintiff to overcome the presumption that the house was community property from the time that the same was acquired for herself by the defendant through deed No. 128, executed on May 21, 1917, while the defendant was still married to Jos\\u00e9 Isern Aponte, the judgment of the court below could not have been different than what it was. And, since the allegations of the complaint, even if proved, would have merited the same judgment that was actually rendered, we fail to find the inconsistency urged by the appellant in this first question, which must therefore be overruled. Let us now turn to the second question.\\nIt is maintained in it that the trial court decided the action on the basis of a theory which was different from the one set forth in the complaint. The action was decided \\u2014says the appellant \\u2014 on the basis of the validity of the above-mentioned deeds; which is precisely the opposite of what is alleged in the complaint. There is no doubt that the trial court, in deciding the suit in the way it did, had to start from the premise that the said three deeds were supported by a consideration. The question is then reduced to deciding whether, in spite of the failure of the plaintiff to prove the allegations of his complaint, the court a quo could sustain it in part, upon a different theory, as claimed by the appellant. The true purpose of the complaint, according to the allegations thereof, seems to be to have the property in question declared community property. The plaintiff does not ask that title to the whole property be awarded to him exclusively. On the contrary lie is quite explicit when in the prayer of the complaint he asks that \\\". . . judgment be rendered declaring that the house described in this complaint belongs to the conjugal partnership constituted by Jos\\u00e9 Isern Aponte and Luisa Bamires Santana, and declaring as nonexistent the contract embodied in deed No. 3 of March 1, 1934, executed by Luisa Ramirez Santana in favor of Clotilde Benitez Rexach, and imposing costs on the'defendants.\\\" [4] And although it is true that the prayer for relief is not a part of the complaint, it is also true that it may serve to interpret the same. The plaintiff in praying for the nullity of deeds Nos. 19, 76, and 3 already mentioned, undoubtedly did so in order that the property should be regarded as belonging to the conjugal partnership constituted by himself and his wife Luisa Ramirez Santana.\\nIt is true that the trial court gave no credit to the evidence of the plaintiff, to the effect that there was no consideration in said three deeds. But this was no obstacle to its awarding the house in favor of the conjugal partnership. The true essence of the complaint, the only theory set forth, in accordance with the prayer for relief and with the result if the lower court had considered as proved the allegations of the complaint, was that it should be decreed by a judicial tribunal that the house belonged to the conjugal partnership that had existed between Jos\\u00e9 Isern Aponte and Luisa Ramirez Santana. We think that the theory is the same although the grounds are not so. [5] But as in accordance with the repeated decisions of this court, an appeal is not taken from the grounds of a judgment but from the judgment itself, the latter must be sustained if correct even though said grounds may be erroneous.\\nRegarding this same question, it only remains to be decided whether the defendant Clotilde Benitez Rexach is a third person under the Mortgage Law whose right was affected by the judgment appealed from. Deed No. 76, executed on November 10, 1928, was recorded in the Registry of Prop erty \\\". . . with, the curable defect of a failure to duly show the source of the money invested in the purchase, although in the document it is stated that said money belongs exclusively to Luisa Ramirez Santana, she having inherited the same from her sister Dolores Ramirez Santana, as appears from the deed of partition of the estate of said predecessor in interest, which was not exhibited and of which this registry has no knowledge. \\\" This defect was cured on March 13,1934, or twelve days after Clotilde Benitez Rexach had acquired the property from Luisa Ramirez Santana. So that at the time of such acquisition Clotilde Benitez Rexach had notice from the registry that the separate character of the property which she acquired had not been duly established, and hence in acquiring the same she ran the risk of the occurrence which subsequently took place. We do not think, therefore, that Clotilde Benitez Rexach is in a position to claim the rights which the Mortgage Law confers on third persons.\\nLet us turn now to the third question raised by the appellant in her brief, to wit: That the evidence of the plaintiff is insufficient, and that the court erred in weighing such evidence as well as that of the defendants.\\nEven conceding' that the evidence of the plaintiff was insufficient to prove that deeds Nos. 19, 76, and 3, above mentioned, were supported by a consideration, we think that the same was sufficient to establish the fact that the house in question properly belonged to the conjugal partnership. The documentary evidence of the defendants, which consisted of deed No. 76 of November 10, 1928, wherein Luisa Ramirez Santana stated that the money with which she acquired the property came from an inheritance derived from her sister, and of the record of divorce suit No. 16588, brought by Luisa Ramirez Santana against her husband Jos\\u00e9 Isern Aponte, from which appeared the allegation of the complaint therein that there was no community property subject to liquidation, and the judgment by default entered by the court, can not be considered as sufficient to overcome the presumption that the house the object of the present action is community property. And if, as we have already seen, the lower court did not apply to this case a different legal theory from the one set forth in the complaint, we must reach the conclusion that the errors which make up the third question raised have not been commited either.\\nIn virtue thereof the judgment appealed from must be affirmed.\\nMr. Justice De Jes\\u00fas took no part in the decision of this case.\"}"

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+"{\"id\": \"8770871\", \"name\": \"Federico F. Basora, Plaintiff and Appellant, v. Manuel Padilla, Defendant; Berr\\u00edos Hermanos, Intervener and Appellee\", \"name_abbreviation\": \"Basora v. Padilla\", \"decision_date\": \"1943-07-08\", \"docket_number\": \"No. 8661\", \"first_page\": \"315\", \"last_page\": \"318\", \"citations\": \"62 P.R. 315\", \"volume\": \"62\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T22:57:56.834248+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Mr. Chief Justice Del Toro and Mr. Justice Snyder did not participate herein.\", \"parties\": \"Federico F. Basora, Plaintiff and Appellant, v. Manuel Padilla, Defendant; Berr\\u00edos Hermanos, Intervener and Appellee.\", \"head_matter\": \"Federico F. Basora, Plaintiff and Appellant, v. Manuel Padilla, Defendant; Berr\\u00edos Hermanos, Intervener and Appellee.\\nNo. 8661.\\nArgued June 15, 1943.\\nDecided July 8, 1943.\\nUbaldo Aponte for appellant. F. B. Aponte for defendant. Rafael Davila Ortiz for appellee.\", \"word_count\": \"863\", \"char_count\": \"5040\", \"text\": \"Mr. Justice Travieso\\ndelivered the opinion of the court.\\nThe appellant, Basora, sued Manuel Padilla for collection of money in the Municipal Court of Yabucoa. The partnership of Basora Hermanos intervened in the suit, and the municipal court entered judgment in favor of the inter-vener, on August 21, 1942. On August 27, Basora appealed to the District Court of Humacao, and on September 10 he moved in the municipal court for an extension to file the transcript of record in the district court. The term allowed by law, which expired on September 16, 1942, -was extended by the municipal court until September 25. The transcript was filed in the district court on September 23, 1942, that is, seven days after the expiration of the original term and two days before the extension allowed by the municipal court expired.\\nOn September 28, 1942 the intervener moved in the district court for the dismissal of the appeal of Basora, on the ground that the transcript of record was filed in the district court more than twenty days after the date of appeal and that the extension of that term granted by the municipal court was null. The motion to dismiss was granted, and the plaintiff-appellant, Basora, appealed to this court.\\nThe question to consider and decide is if the municipal court had the power to extend the period fixed by law for the filing of the transcript of record in the district court.\\nSection 1 of the Act to Regulate Appeals from Judgments of Municipal Courts in Civil Cases, approved on March 11, 1908 (Code of Civil Procedure, 1933 edition, p. 137), provides that the transcript of the record must lie filed in the office of the secretary of the district court within twenty days after the filing of the notice of appeal; and it continues as follows in Spanish:\\n\\\"Si la transcripci\\u00f3n no fuere radicada en la corte de distrito dentro del t\\u00e9rmino prescrito, o de la pr\\u00f3rroga que dicha corte hu-biera concedido al efecto, se desestimar\\u00e1 la apelaci\\u00f3n.\\\" (Italics ours.)\\nThe English text of the paragraph which we have just transcribed reads as follows:\\n\\\"If the transcript is not filed in the district court within the time prescribed or within such additional time as may have been granted by the court for the purpose, the appeal shall be dismissed.\\\" (Italics ours.)\\nThe intervener-appellee argues that, in accordance with the Spanish text, supra, which in its judgment is the text which should prevail, it is the district court which has the power to extend the time to file the transcript. On the other hand, the appellant alleges that the English text should prevail, on the ground that our statute, according to him, is an adaptation of \\u00a74838 and following Sections of the Revised Code of Civil Procedure of Idaho (Idaho Revised Codes, volume 2, p. 257).\\nA comparative study of our statute and of the said Sections of the Idaho Code, as well as the corresponding Sec tions of the California, Montana, and Oregon Codes, reveals that there is no similarity between those Codes and our Code. We therefore cannot sustain the contention of the appellant that our statute comes from continental United States and that we must therefore give preference to the English text.\\nSection 13 of the Civil Code establishes the rule which must be applied in the event a discrepancy exists between the English and Spanish versions oE a local statute. In accordance with those rules, the text which must prevail is that in which the Act was originally drafted in either of the legislative houses, except in the following cases:\\n\\\" (a) If the statute is a translation or adaptation of a statute of the United States or of any State or Territory thereof, the English text shall be given preference over the Spanish, (h) If the statute is of Spanish origin, the Spanish text shall be preferred to the English, (c) If the matter of preference cannot be decided under the foregoing rules, the Spanish text shall prevail.\\\"\\nSince the question of preference cannot be decided in this case by the rules established by \\u00a713 of the Civil Code, we are forced to decide, in accordance with paragraph (a) of that Section, that the Spanish text of \\u00a71 of the Act of March 11, 1908, must prevail over the English text.\\nThe Spanish text of the statute in question is so clear that we are compelled to hold that the Legislature has conferred on the district court the power to extend the time to file the transcript in cases of appeal from judgments of municipal courts.\\nSince the extension granted in the instant case by the municipal court of Yabucoa was null because that court had no jurisdiction therefor, the district court did not err in granting the motion to dismiss the appeal.\\nThe judgment must be affirmed.\\nMr. Chief Justice Del Toro and Mr. Justice Snyder did not participate herein.\"}"

pr/8770915.json

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+"{\"id\": \"8770915\", \"name\": \"Rafael V\\u00e1zquez Sebas etc., Plaintiffs and Appellants, v. Eulogio Dimas Riera et al., Defendants and Appellees\", \"name_abbreviation\": \"V\\u00e1zquez Sebas v. Dimas Riera\", \"decision_date\": \"1938-04-29\", \"docket_number\": \"No. 7237\", \"first_page\": \"150\", \"last_page\": \"155\", \"citations\": \"53 P.R. 150\", \"volume\": \"53\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T17:21:25.175443+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Rafael V\\u00e1zquez Sebas etc., Plaintiffs and Appellants, v. Eulogio Dimas Riera et al., Defendants and Appellees.\", \"head_matter\": \"Rafael V\\u00e1zquez Sebas etc., Plaintiffs and Appellants, v. Eulogio Dimas Riera et al., Defendants and Appellees.\\nNo. 7237.\\nArgued April 20, 1937.\\n\\u2014 Decided April 29, 1938.\\nAngel A. V\\u00e1zquez for appellants. Daniel Pell\\u00f3n for appellees.\", \"word_count\": \"1889\", \"char_count\": \"10955\", \"text\": \"Mr. Justice Wole\\ndelivered the opinion of the court.\\nOn January 28, 1933, Jos\\u00e9 L. Soto, Marshal of the Municipal Court of San Juan, Second Section, with the aid of some men, took apart and razed to the ground a wooden house located at No. 40 Pelayo Street, now Nolasco Rubio, in the Ward of Puerta de Tierra. This drastic action was taken under authority of an order of execution issued by the clerk of the said court on December 20, 1932, pursuant to a judgment in unlawful detainer of March 23, 1932, rendered in favor \\\"of Eulogio Dimas and Josefina Dolores Riera and Ben-goecliea and their mother Josefina B. Macias, widow of Riera, against Ram\\u00f3n Eehavarry and Francisca Alfonso Marrero, intervener. The judgment above referred to was rendered in case No. 12,180 of the municipal court. We shall hereafter refer to the plaintiffs in that case, as the \\\"Rieras.\\\"\\nAs a result of the demolition of the house mentioned, Rafael V\\u00e1zquez Sebas brought suit against the Rieras for damages, alleging that at the time of the marshal's action he was the holder of the title to the house to the knowledge of the Rieras. In his complaint, V\\u00e1zquez Sebas avers that by a notarial deed of December 13, 1932, he purchased the house in question from Francisca Alfonso Marrero; that by letter of December 20th of the same year, he notified the Rieras through their attorney in fact, Mr. Antonio B. Macias, of this purchase; that despite all this the house, without notice to the plaintiff herein, was thereafter destroyed by the marshal in the unlawful detainer suit against Echavarry and his vendor, Francisca Alfonso; and that the decree of the municipal court did not expressly order said demolition. V\\u00e1zquez Sebas also alleged that the house was worth $1,800, and that the rents of which he had been deprived, to the date of the filing of the complaint amounted to $120. This suit was filed on June 21, 1933.\\nDefendants' answer denied plaintiffs' title to the house and pleaded affirmatively that the sale from Francisca Alfonso Marrero to Rafael V\\u00e1zquez Sebas was simulated and effected for the fraudulent purpose of defeating the execution of the judgment obtained by the defendants in suit No. 12,180, supra. The second paragraph attempts to deny the alleged value of the house and denies the existence of any rental income therefrom. The defendants set up the legality and regularity of the proceeding by which the house was destroyed.\\nOn October 2, 1934, Rafael V\\u00e1zquez Sebas was duly substituted as party plaintiff by his heirs, Rafael Teodoro, Juana Mar\\u00eda and Julia Luc\\u00eda Cristina V\\u00e1zquez Anqueira. They are the present appellants.\\nThe District Court of San Juan rendered judgment in favor of the defendants without costs. It is from that judgment that the appeal has been taken, and five errors are assigned.\\nWe are primarily concerned, with determining whether Rafael V\\u00e1zquez Sebas obtained a bona fide title to the house in question, and if Re did, whether that fact alone, in view of all the other circumstances, should entitle him to the rights which he now seeks to enforce in this action.\\nFor whatever ultimate importance it may have, it is well to review all the litigation which preceded this case. The complaint in the unlawful detainer suit was filed on January li, 1932. On the 25th of that same month, Francisca Alfonso Marrero filed a complaint in intervention in the above suit in which she claimed the title to the house on the plaintiffs' lot. The Municipal Court of San Juan, on March 23, 1932, rendered judgment for the plaintiffs, dismissed the complaint in intervention, and ordered the clerk of court to issue a mandate to the marshal in order that, if the defendants do not proceed to vacate the lot and remove the house therefrom, he (the marshal) should oust the defendant, Ram\\u00f3n Echavarry and the intervener, Francisca Alfonso Marrero, if the latter should be on the lot, and vacate the lot, removing the house which may be on it. The defendants appealed from that judgment, and the appeal was dismissed by the District Court on April- 30, 1932. Certiorari to the municipal court was likewise denied by the district court in the same date. The intervener, Francisca Alfonso Marrero, appealed to this court from the denial of the certiorari and this appeal was dismissed by us on May 16, 1932. In the meantime, the inter-vener had obtained a favorable judgment with regard to her title to the house, in an independent suit filed by her against the .Rieras for that purpose. It does not appear that the title to the house was ever recorded.\\nFrom the above history of events, we may conclude that the Rieras were clearly the owners of the lot on which Francisca Alfonso Marrero's house stood; that they proved their right to the ouster of the occupants of the house and to the removal of the house itself from their lot, and that a judgment to this effect had become unappealable as early as May 16, 1932.\\nLet us review tlie course of events thereafter. On November 28, 1932, Francisca Alfonso Marrero and Ram\\u00f3n Eehavarry joined in a writing which they entitled \\\"Notice of vacation of premises\\\" (\\\"Notificaci\\u00f3n de Desalojo\\\") and which they filed before the municipal court in civil case No. 12,180. The Bieras then moved, on December 16, 1932, to have the house itself severed from the premises in accordance with the judgment which they had obtained on March 23, 1932. Then,- on December 20, 1932, came a notice directed to Antonio B. Macias informing him, as attorney in fact for tile Bieras, that by deed of December 13, 1932, Bafael V\\u00e1zquez Sebas had purchased the house from Francisca Alfonso Marrero. On that same date the municipal court issued an order to the clerk, in the following terms:\\n\\\"... the Court orders the Secretary to issue a writ to the marshal so that he may proceed to the immediate ouster of the 'defendants and of all those persons who in their name, may be occupying said lot or who may be holding it under a right derived from these defendants.\\\"\\nWe have no doubt that the instructions given to the marshal by the clerk pursuant to the above order, were entirely authorized by the judgment. We must not forget that the express terms of the original judgment of March 23, 1932, sanctioned the removal of the house.\\nThe lower court \\u00abbased its opinion almost entirely on the simulated nature of the sale of December 13, supra. To arrive at that conclusion the court relied on our jurisprudence in the cases of Santini Fertilizer v. Burgos, 34 P.R.R. 830; Lebr\\u00f3n v. F. Fresno & Co. et al., 39 P.R.R. 814, and others which have followed. Although the cases refer to transfers in fraud of creditors, their ratio decidendi is applicable to the case before us. After all, the Bieras had acquired a right to the removal of the house from the lot. There are badges of fraud throughout. It is remarkable that the notice of the sale should have been given on the same day that execution of the judgment in unlawful detainer had issued. It is also significant that Rafael V\\u00e1zquez Sebas should have obtained a house, which he now alleges was worth $1,800 for the $300 recited in the deed. Another fact which can not escape our attention is that, contrary to what appellants' attorney states in his' brief, that same attorney represented Ram\\u00f3n Echavarry in the aforesaid unlawful detainer suit, as appears from the motion of November 28, 1932, already discussed. lie also appears as counsel for Francisca Alfonso Marrero on her appeal to this court from the denial of a certiorari to the municipal court in the same unlawful de-tainer suit. We merefy bring out this fact to support for whatever force it may have the statement of the district court, when it says in its opinion that more or less the same lawyers have represented the parties from the beginning of the original litigation in January 1932, but not to question the action of the attorney in accompanying the parties to the sale before Notary Public J. J. Ortiz Alibr\\u00e1n, with a ready made deed. All these considerations in addition to the fact that the deed itself merely recited that part payment had been made beforehand, and that no consideration actually passed before the notary, tend to support the conclusion of the lower court.\\nThe contention of the appellants to the effect that the court could not annul the deed of sale without a special complaint or proceeding, etc., is untenable in the face of the doctrine that the absolute nullity of a transaction can always be raised, if its validity is relied upon for the acquisition of rights, and that it can be done collaterally or directly.\\nWe have another idea with regard to this case which may be applicable. Should a plaintiff who has obtained an unappealable judgment in an unlawful detainer suit and is about to put into effect a writ of execution which permits him to destroy a house built by a third person on the premises, when the title to the house is not recorded, be affected in his proceedings by the fact that some one notifies him that he has bought the house? The purchaser knew that the house was on land which did not belong to his vendor. The vendor knew that an unappealable judgment had been rendered against her and that the'house was subject to removal at any moment. Under the circumstances, and even assuming the good faith of Rafael V\\u00e1zquez Sebas, the purchaser, he should suffer the consequences of whatever happened by virtue of his vendor's silence. If' he knew of the litigation, and we incline to think he did, his position would be considerably weakened. We have the idea that once a judgment in unlawful detainer has been obtained against a person, as here, a purchaser from that defendant or party takes the property subject to the execution of that judgment in the manner provided for by law, and is not entitled to be given any consideration within the proceeding once it has arrived at that stage. His remedy, if any, is against his immediate vendor. A different view might enable a defendant to prolong an unlawful detainer suit almost indefinitely.\\nA judgment debtor, or a defendant against whom final judgment has been rendered which directly affects some specific property, can dispose of that property to a third person but that third person takes the property subject to the obligations under the judgment. A sale after judgment should not make the purchaser a party defendant.\\nFor the above reasons we are of the opinion that Rafael V\\u00e1zquez Sebas never acquired any right against the Rieras and that any damages he may have suffered were the com-' bined result of his own action in acquiring a house situated on a third person's lot and of the undisclosed position of his own vendor.\\nThe judgment appealed from should be affirmed.\"}"

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+"{\"id\": \"8771657\", \"name\": \"Josefa V\\u00e1zquez Col\\u00f3n, Plaintiff and Appellant, v. Carlos D\\u00edaz, Defendant and Appellee\", \"name_abbreviation\": \"V\\u00e1zquez Col\\u00f3n v. D\\u00edaz\", \"decision_date\": \"1937-03-31\", \"docket_number\": \"No. 6990\", \"first_page\": \"171\", \"last_page\": \"174\", \"citations\": \"51 P.R. 171\", \"volume\": \"51\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T02:24:08.036675+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Josefa V\\u00e1zquez Col\\u00f3n, Plaintiff and Appellant, v. Carlos D\\u00edaz, Defendant and Appellee.\", \"head_matter\": \"Josefa V\\u00e1zquez Col\\u00f3n, Plaintiff and Appellant, v. Carlos D\\u00edaz, Defendant and Appellee.\\nNo. 6990.\\nArgued March 17, 1937.\\nDecided March 31, 1937.\\nMiguel A. Guzman Texidor for appellant. Adolfo Porra\\u00eda Doria for appellee.\", \"word_count\": \"1227\", \"char_count\": \"7031\", \"text\": \"MR. Justice C\\u00f3rdova Davila\\ndelivered the opinion of the court.\\nJosefa V\\u00e1zquez Col\\u00f3n brought the present suit to recover the possession of a property which is described in the complaint, and alleged substantially the following facts: That she acquired the said property in June 1931, and that since that time she has been in possession of the same uninterruptedly; that on May 11, 1934, the defendant Carlos Diaz violently entered the said property against the will of its owner, and occupied a portion thereof which is also described in the complaint; that the defendant is performing acts of ownership consisting in the preparation and trituration of the soil and the preparation thereof for a plantation, thereby preventing the plaintiff from continuing in the free posses sion and enjoyment of the said parcel of land, the defendant having refused to vacate the said parcel despite the steps taken by the plaintiff to that effect. The defendant denied the facts set forth by the plaintiff and after the introduction of the evidence, the lower court dismissed the complaint with costs against the losing party.\\nThe plaintiff urges that the District Court of Guayama erred in deciding and considering this case as one involving a question of ownership and not a question of possession, and in weighing the evidence with prejudice and passion, the judgment rendered being contrary to law and to the evidence introduced.\\nWe have carefully examined the testimonial evidence produced by both parties. Six witnesses testified for the plaintiff and eight for the defendant. The evidence is conflicting. In a well-reasoned opinion the judge of the lower court, after summarizing the testimony of the witnesses, says:\\n\\\"The most illuminating testimony produced in this case is that of Marcelo Cruz, the person who sold to Josefa V\\u00e1zquez, the plaintiff, and who tells us that the three acres are not comprised in the land of Do\\u00f1a Josefa, and that they are possessed by the defendant Carlos Diaz. This witness, who knows the property which he sold, as well as the location of its boundaries, is the person best authorized, in our opinion, to give information in the present case. Another testimony which merits our preferential attention is that of Mr. L\\u00f3-pez de Victoria, an engineer who surveyed the property of the defendant D\\u00edaz, and he assures us that the latter was in possession of the three acres, and that the landmarks are now in the same place in which they were marked on the plan when the survey (mensura) was made. Moreover, there is a detail in the evidence relating to the existence of a wire in the boundary line between the lands of the defendant Diaz and those of the plaintiff Josefa V\\u00e1zquez, which has been denied by the plaintiff and explained by the witnesses on her side by stating that the wire had been placed there as a fence for a horse, and it seems to us a very great coincidence that the fence should have been erected in the same place on which both properties are said to abut. This evidence, together with the other statements of the defendant, makes ns doubt a great deal as to the plaintiff having been in the actual possession of the piece of land of three acres, since in spite of the fact that the property has been under her control for three years, we have not been told what acts of possession she has performed in the said land, but merely that she was in possession thereof; however, there is no evidence that she has cultivated, planted, or weeded the said piece of land, which acts would be the ones constituting and showing in a clear and definite manner, the fact of possession on her part. On the other hand, we find the defendant Carlos Diaz in a constant actual possession, that is, cultivating and tilling the land in question, not only at present but for a long time in the past, which is obvious proof of an actual possession on his part. If we examine all the evidence introduced, it seems to us that a question of ownership rather than of possession is 'involved herein. The properties of the plaintiff and of the defendant are adjoining, and the dispute between the litigants is as to whether the piece of land of three acres forms part of one or the other property, a question which in our opinion cannot and should not be determined in a proceeding of the nature of an injunction to recover possession, in which only possession and not dominion or ownership should be considered. See D\\u00edas v. Ann&xy, 46 P.R.R. 354, and the cases therein cited. But even conceding that the question raised by the parties is one of possession, we have -already said that we are not convinced that the plaintiff Josefa V\\u00e1zquez Col\\u00f3n has been in the actual possession of the parcel of land to which the complaint refers, or that the same has been taken away from her by the defendant Carlos Diaz in a violent manner, as alleged; and in these circumstances there is lacking a sound basis on which to sustain the complaint in the instant case.\\\"\\nIn view of the evidence introduced, we do not think that any other judgment than the one entered by the trial court would have been proper. It is a common practice to attribute prejudice or passion to the trial judge in the weighing of the evidence. We wish to state that this charge is in no other case less justified than in the present one. The evidence is abundant and conflicting; the opinion of the court below, fair, dispassionate, and serene. Its conclusions seem correct to us, inasmuch as in view of the evidence it is not possible to reach the conclusion that the plaintiff has proved her allegations. The evidence for the defendant, .on the other hand, seems to show that he has been in possession of the claimed parcel of land for a period greater than one year from the date on which the complaint was filed. Marcelo Cruz, the vendor of the property of thirteen acres to Josefa V\\u00e1zquez, was not the only person to testify that the plaintiff has not been disturbed nor annoyed by the defendant Carlos Diaz in the possession of her land, and that the said defendant had been in possession for a long time of the three acres the object of this litigation. There were other witnesses who testified to the same effect. The evidence for the defendant tends to show that the property of thirteen acres was sold to the plaintiff in 1931, and that prior thereto Carlos Diaz had cultivated the said three acres, where he has raised more than six crops. According to this evidence, the possession of this parcel on the part of Carlos Diaz began some years ago, said land not being comprised within the property of the plaintiff. We think that the lower court did not err in holding, in view of the evidence introduced, that there was lacking a sound basis on which to sustain the complaint.\\nThe judgment appealed from must be affirmed.\"}"

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+"{\"id\": \"8771733\", \"name\": \"Regino Rosario, Appellant, v. Registrar of Property of Arecibo, Respondent\", \"name_abbreviation\": \"Rosario v. Registrar of Property of Arecibo\", \"decision_date\": \"1940-11-08\", \"docket_number\": \"No. 1073\", \"first_page\": \"592\", \"last_page\": \"594\", \"citations\": \"57 P.R. 592\", \"volume\": \"57\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:29:22.074759+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Regino Rosario, Appellant, v. Registrar of Property of Arecibo, Respondent.\", \"head_matter\": \"Regino Rosario, Appellant, v. Registrar of Property of Arecibo, Respondent.\\nNo. 1073.\\nSubmitted October 21, 1940.\\nDecided November 8, 1940.\\nL. Mercader for appellant. The registrar appeared by brief.\", \"word_count\": \"498\", \"char_count\": \"2917\", \"text\": \"Mr. Justice De Jes\\u00fas\\ndelivered the opinion of the conrt.\\nThe appellant herein obtained a judgment against Otilio Sandoval for the sum of $1,000 as principal, together with interest thereon at the rate of 6 per cent per annum from June 3, 1940, the date of said judgment, until fully paid, and costs including $100 as attorney's fees. In order to secure the effectiveness of the judgment, the appellant requested and obtained an attachment on six properties of the defendant, and in presenting the writ for record in the registry of property he tendered only $6 in internal revenue stamps, whereupon the registrar suspended the record sought on the grounds which he set forth in the following decision:\\n\\\"The entries of attachment requested on six properties are suspended for failure to deposit the proper internal revenue stamps, amounting to twenty-five dollars, in accordance with schedule number 5 of section 22 of Act No. 32 of 1917, p. 312, and a cautionary notice is taken for 120 days on the margin of presentation entry No. 5, Day-book 221. Arecibo, August 16, 1940.\\nThe statutory provision cited by the registrar, that is, section 22, number 5, of Act No. 32 of November 30, 1917 (Sess. Laws, Yol. II, p. 308), in its pertinent part reads as follows:\\n\\\"Number Five. For each record or entry and corresponding marginal notes not embraced in the preceding numbers there shall be charged the fixed amounts established by the following scale:\\nRecords or Records or entries in full entries in brief\\nFor each estate or right whose value is less than_\\nFrom $1,001 to $1,500- $5.00 $4.00\\\"\\nIn recording an attachment on several properties it is not indispensable, as in the case of the record of a mortgage, to apportion the liability among the various properties to be affected. The person interested in the recording of the attachment, however, may make such apportionment; but as in the instant ease he has failed to do so, it is the duty of the registrar to record the attachment for the whole amount tb be secured on each of the six properties described ih the writ. Santini Fertilizer Co. v. Registrar, 34 P.R.R. 395. As the value of the right sought to be recorded by the appellant is between $1,001 and $1,500, the proper fees, in accordance with the cited act, are $5 for the entry in full and $4 for each of the five entries in brief, making a total of $25, which is precisely the amount charged by the registrar.\\nThe appellant having failed to deposit the sum of $25 in internal revenue stamps, which is the- amount of the fees for recording the. said attachment, the registrar acted correctly in suspending such record, and therefore the appeal should be overruled and the decision appealed from affirmed.\"}"

pr/8771987.json

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+"{\"id\": \"8771987\", \"name\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Bernab\\u00e9 Ruiz Torres, Defendant and Appellant\", \"name_abbreviation\": \"People v. Ruiz Torres\", \"decision_date\": \"1942-06-23\", \"docket_number\": \"No. 9243\", \"first_page\": \"604\", \"last_page\": \"606\", \"citations\": \"60 P.R. 604\", \"volume\": \"60\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T17:09:02.826753+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Mr. Justice Travieso did not participate herein.\", \"parties\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Bernab\\u00e9 Ruiz Torres, Defendant and Appellant.\", \"head_matter\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Bernab\\u00e9 Ruiz Torres, Defendant and Appellant.\\nNo. 9243.\\nArgued June 11, 1942.\\nDecided June 23, 1942.\\nFmeisto Ramos Antonini and V\\u00edctor Guti\\u00e9rrez Franqui for appellant. George A. Malcolm, Attorney General, R. A. G\\u00f3mez, Prosecuting Attorney, and Luis Negr\\u00f3n Fern\\u00e1ndez, Assistant Prosecuting Attorney, for appellee.\", \"word_count\": \"444\", \"char_count\": \"2709\", \"text\": \"MR. Justice De Jes\\u00fas\\ndelivered the opinion of the court.\\nThe appellant was convicted of voluntary manslaughter and sentenced to six years' imprisonment at hard labor in the penitentiary. He assigns as ground for this appeal that the court erred in denying his motion for a new trial and in sentencing him to the above penalty notwithstanding the recommendation to mercy from the jury.\\nThe motion for a new trial was based on newly discovered testimonial evidence; but neither in the motion nor in the so-called affidavit of merits are there set forth the reasons why such evidence was not obtained prior to the trial. It is only stated by one of the attorneys for the defendant that according to his knowledge the accused took steps to secure the testimony of Jes\\u00fas Rivera Febres, alias Ventorrillo, and of David Soto de Jes\\u00fas, alias Vieques, for submission to the court on the day of the trial and that he knows that the- defendant failed in his steps. Such mere conclusions are not supported by facts from which we might determine the sufficiency of the steps as well as the impossibility of timely securing such testimony. Apart from this defect, which by itself would be sufficient ground for denying the motion for a new trial, we may add that we have examined the testimony which would be given by said witnesses if a new trial were granted, and such testimony only constitutes cumulative evidence.\\nThe second error assigned is as much without merit as the one just discussed by us. Voluntary manslaughter is-punishable by a maximum.penalty of 10 years' imprisonment in the penitentiary, and no attenuating circumstances whatever appear from the evidence. On the other hand, if we-must give credence to the witnesses for the prosecution, the' offense is on the border line between the murder with which he was charged and the voluntary manslaughter of which the appellant was convicted. Therefore, the appellant might-have been sentenced to 10 years' imprisonment in the peni tentiary and lie was only sentenced to a 6-year term, the judge taking into consideration, as expressly stated by him, .although he was not necessarily compelled to do so, the recr commendation to mercy from the jury.\\nFor the foregoing reasons the appeal must be denied and the judgment appealed from affirmed.\\nMr. Justice Travieso did not participate herein.\"}"

pr/8772694.json

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+"{\"id\": \"8772694\", \"name\": \"Hamburger Brothers & Co., Inc., Third Party and Appellant, v. Luis P. D\\u00edaz Llenza, substituted by Enrique Catoni Landr\\u00f3n, Plaintiff and Appellee, and Hamburger Brothers & Co., Defendant\", \"name_abbreviation\": \"Hamburger Bros. & Co. v. D\\u00edaz Llenza\", \"decision_date\": \"1939-07-22\", \"docket_number\": \"No. 7827\", \"first_page\": \"371\", \"last_page\": \"379\", \"citations\": \"55 P.R. 371\", \"volume\": \"55\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:43:21.500489+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Mr. Justice Travieso took no part in the decision of this case..\", \"parties\": \"Hamburger Brothers & Co., Inc., Third Party and Appellant, v. Luis P. D\\u00edaz Llenza, substituted by Enrique Catoni Landr\\u00f3n, Plaintiff and Appellee, and Hamburger Brothers & Co., Defendant.\", \"head_matter\": \"Hamburger Brothers & Co., Inc., Third Party and Appellant, v. Luis P. D\\u00edaz Llenza, substituted by Enrique Catoni Landr\\u00f3n, Plaintiff and Appellee, and Hamburger Brothers & Co., Defendant.\\nNo. 7827.\\nArgued June 2, 1931.\\nDecided July 22, 1939.\\nFrancisco Gonz\\u00e1lez Fagundo for appellant. \\u2022 Luis Perey\\u00f3 for ap-pellee.\", \"word_count\": \"2340\", \"char_count\": \"13728\", \"text\": \"Mr. Chief Justice del Toro\\ndelivered the opinion of the Court.\\nOn October 4, 1934, the Clerk of the District Court of Humacao issued by order of the judge an order of execution addressed to the marshal of said court, to comply with a judgment for $633.97 entered in favor of L. E. D\\u00edaz, sub-rog'ated by E. Catoni, in an action for damages which he prosecuted in the court aforesaid against Hamburger Bros. & Co. In fulfillment of said order the marshal on the following day levied an attachment on an automobile which he entrusted to the custody of Juan Jim\\u00e9nez, said officer certifying besides that three days after, that is, on October 8, 1934, A. Sierra, as agent for Hamburger Bros. Co., Inc., presented to him a written statement under oath wherein he claimed the automobile attached as his own, for whose delivery he demanded a bond for one thousand three hundred dollars, that is, twice the amount in which the car had been appraised, bond which was given by E. G\\u00f3mez and J. M. Bocafort and that he (the marshal) ordered in consequence the delivery of the automobile to Sierra.\\nAfter these documents had been filed, the clerk of the court, on October 15, 1934, certified to have notified the parties about the \\\"writing in good faith, required by an \\\"Act to provide for the trial of the right to real and personal property\\\", which had been filed by Hamburger Brothers Co. Inc., claiming the automobile attached as his own, accompanied by a bond for its delivery.\\nOn October 26, Catoni, the defendant on the third party proceedings, appeared, and on November 17, 1934, Hamburger Brothers Co., Inc., filed its complaint in third party proceedings, alleging to be a corporation organized according to the laws of the United States and registered in the Office of the Executive Secretary of Puerto Bico, that the automobile attached was its exclusive property and that at no time had it belonged to Hamburger Brothers & Co., which was a different entity, and that it did not owe anything to Diaz or Catoni, nor had they any claim against it.\\nThe defendant Catoni answered denying that the third party was the owner of the automobile in question and alleging as a special defense that Hamburger Brothers & Co. had done business in Puerto Rico without being authorized by the Executive Secretary of the Island and that it transferred all its capital to the third party although both were the same person or corporation managed by the same persons, and that the automobile attached was the property of Hamburger Brothers & Co. and that it was so registered in the Department of Interior (automobile division) until the date of the attachment.\\nThe case went to trial and the court decided it by judgment entered on March 2, 1938:\\n\\\"It having been shown in the trial of this case that the businesses of Hamburger Brothers & Co. were transferred to Hamburger Brothers & Co., Inc. the third party in the case at bar, which took full charge of the assets and liabilities of the former, the complaint in third party proceedings filed is dismissed, the costs of the proceedings being imposed upon the third parties, as well as the amount of $100.00 as reasonable attorney's fees for the defendant who appears from the record. ' '\\nFeeling aggrieved the third party appealed, assigning in its brief three errors committed in its opinion by the lower court in deciding that due to the sole fact that Hamburger Bros. & Co., Inc. took charge of the assets and liabilities of Hamburger Bros. & Go. the third party proceedings filed should have been dismissed; in permitting witness Arsenio Sierra to be examined as to his relationship with Hamburger Bros. & Co. while he testified as a witness for the third party, and in acting against the law which regulates third party proceedings.\\nThe first two assignments are jointly considered.\\nThe third party began its evidence by presenting the license of the attached automobile issued in its name. Then it presented witness Arsenio Sierra. That was all the evidence offered in the case, as the party defendant did not present any, solely relying upon the documents relating to the attachment. It is necessary then, to know what the witness testified and how he was questioned in order to decide whether or not the errors assigned were committed:\\nSierra said:\\n\\\"Q. \\u2014 \\\"What is the witness's name?\\n\\\"A.' \\u2014 Arsenio Sierra.\\n\\\"Q. \\u2014 'What is your occupation?\\n\\\"A. \\u2014 I am engaged in the tobacco business.\\n\\\"Q. \\u2014 Do you work for any company?\\n\\\"A. \\u2014 I work for the corporation Hamburger Bros. & Co., Inc.\\n\\\"Q. \\u2014 Do you know if that corporation on or about the month of October was the owner of any automobile?\\n\\\"A. \\u2014 Yes, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 What automo.bile?\\n\\\"A. \\u2014 A Buick, license No. 677.\\n\\\"Q. \\u2014 From whom did it buy said car?\\n\\\"A. \\u2014 From Figueroa & Gautier.\\n\\\"Q. \\u2014 At.the date when said car was attached, in whose possession was it?\\n\\\"A. \\u2014 In the possession of Hamburger Bros. & Co., Inc.\\n\\\"Q. \\u2014 Has that ear been on any occasion the property of Hamburger Bros. & Co.?\\n\\\"A. \\u2014 Never.\\n\\\"Q. \\u2014 Has it ever been in the possession of Hamburger Bros. & Co.?\\n\\\"A. \\u2014 Never.\\n\\\"Q. \\u2014 Has it ever been in the possession of Hamburger Bros. & Co., Inc.?\\n\\\"A.- \\u2014 Yes, sir, Incorporated.\\n\\\"Q. \\u2014 Who paid that?\\n\\\"A. \\u2014 Hamburger Bros. & Co., Inc.\\n\\\"Q. \\u2014 And who bought it?\\n\\\"A. \\u2014 Arsenio Sierra.\\n\\\"Q. \\u2014 Has that car been on any occasion registered in the name of Hamburger Bros. & Co.?\\n\\\"A.- \\u2014 Never.\\n\\\"Q. \\u2014 Who provides for the expenses and upkeep of that automobile since the date when it was bought?\\n\\\"A. \\u2014 The corporation.\\n\\\"Q. \\u2014 What corporation?\\n\\\"A. \\u2014 Hamburger Bros. & Co., Inc.\\n' ' Q. \\u2014 Do you know if that corporation which you represent owed any amount to Luis F. D\\u00edaz Lienza?\\n\\\"A. \\u2014 No, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 And to Enrique Catoni?\\n\\\"A. \\u2014 No, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 Do you know if there is any judgment entered against this corporation?\\n\\\"A. \\u2014 No, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 In favor of any of these persons whom I have named?\\n\\\"A. \\u2014 In Puerto Rico, none.\\n\\\"That is all.\\n\\\"Plaintiff:\\n\\\"Q. \\u2014 When was it that you acquired that ear for the corporation which you represent, on what date?\\n\\\"A. \\u2014 In the month of March.\\n' ' Q. \\u2014 In the month of May ?\\n\\\"A. \\u2014 In March, 1934.\\n\\\"Q. \\u2014 What is your position in the corporation Hamburger Bros. & Co., Inc.?\\n\\\"A. \\u2014 Agent.\\n\\u00cd { %\\u00a3 ^\\u00a1' \\u00a1ffc ^\\n' ' Q. \\u2014 Did you know the company Hamburger Bros. & Co. ?\\n\\\"A. \\u2014 I knew it.\\n. \\\"Q. \\u2014 How did you happen to come to know this company?\\n\\\"A. \\u2014 I was at first employed with Hamburger Bros. & Go.\\n\\\"Q. \\u2014 What was your position in Hamburger Bros. & Co.?\\n, \\\"Third party: I object as I understand that that could be proven later on by my colleague when he employs him as his witness.\\n\\\"Judge: No, because he has testified in regard to both companies. \\\"Plaintiff: He has testified in regard to both companies.\\n\\\"Third party: He has testified so in answer to my questions. \\\"Judge: He may testify.\\n\\\"Third party: We respectfully take exception as we understand that our colleague is trying to prove his case with our witness. \\\"Plaintiff:\\n' ' Q. \\u2014 What was your position in Hamburger Bros. & Co. ?\\n\\\"A. \\u2014 Agent.\\n\\\"Q. \\u2014 Manager?\\n\\\"A. \\u2014 Yes, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 What persons composed Hamburger Bros. & Co.?\\n\\\"A. \\u2014 Of those that composed it I only knew Hamburger.\\n\\\"Judge:\\n\\\"Q. \\u2014 How is that?\\n\\\"A. \\u2014 I only knew Hamburger.\\n\\\"Q. \\u2014 Who is that Hamburger?\\n' ' A. \\u2014 B enj amin Hamburger.\\n\\\"Q. \\u2014 What were you to that Benjamin Hamburger here in Puerto Rico?\\n\\\"A. \\u2014 To him nothing, to the society, yes.\\n\\\"Q. \\u2014 What were you then to the society?\\n\\\"A. \\u2014 Manager of the society.\\nt ( # # #\\n\\\"Q. \\u2014 Were you the attorney in fact to act for Hamburger Bros. & Co.?\\n\\\"A. \\u2014 Yes, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 Who gave you that power of attorney?\\n\\\"A. \\u2014 The firm Hamburger Bros. & Co.\\n\\\"Q. \\u2014 Look at this power which I show you.\\n\\\"Third party: Your Honor, I do not wish to disturb the court with objections, I request that all this questioning be understood as excepted to, as I understand that it is inmaterial and irrelevant at this stage of the proceedings and that my exception be noted.\\n\\\"Judge: Very well, it shall be rmderstood as objected to, a similar ruling to be entered if the same exception is taken.\\n\\\"Plaintiff:\\n\\\"Q. \\u2014 Is that tbe power of attorney granted to yon by Lnis Hamburger so that you could act?\\n\\\"A. \\u2014 Not Luis Hamburger.\\n\\\"Q. \\u2014 Benjamin Hamburger, to act on behalf of Hamburger Bros. & Co.?\\n\\\"A. \\u2014 Yes, sir.\\n\\\" * # # #\\n' ' Q. \\u2014 \\\"Who are the persons who have incorporated the corporation Hamburger Bros. & Co., Inc.?\\n\\\"Third party: The best evidence would be a certificate of the incorporation.\\n\\\"Plaintiff: We have it here but I want to question him because he knows it, as he is the Manager of the corporation.\\n\\\"Judge: The question is allowed.\\n\\\"Third party: We respectfully take exception as to the ruling of the court.\\n\\\"A. \\u2014 I only know one.\\n\\\"Plaintiff:\\n\\\"Q. \\u2014 Who is that one?\\n\\\"A. \\u2014 Benjamin Hamburger.\\n\\\"Q. \\u2014 What position does Benjamin Hamburger occupy in the corporation Hamburger Bros. & Co., Inc.?\\n\\\"A. \\u2014 President.\\n\\\" # \\u00ab\\n\\\"Q. \\u2014 And that same person is the one who was president or owner of Hamburger Bros. & Co.?\\n\\\"A. \\u2014 Yes, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 Is he the same person?\\n\\\"A. \\u2014 Yes, sir, but the entity was changed.\\n\\\"Q. \\u2014 So that that same person who is the president of the corporation is the one who gave you the power of attorney to act on behalf of Hamburger Bros. & Co.?\\n\\\"A. \\u2014 It was granted to me by the corporation in general, not by Benjamin.\\n\\\"Judge:\\n\\\"Q. \\u2014 Tell me, the former entity, the first entity named Hamburger Bros. & Co., does it exist yet?\\n\\\"A. \\u2014 No, sir.\\n'\\\"Q. \\u2014 Why does not it exist, if you know?\\n' \\\"A. \\u2014 The business of Hamburger Bros. & Co. ceased in the year 1933.\\n\\\"Q. \\u2014 Due to what did it cease?\\n\\\"A.\\u2022 \\u2014 They formed a corporation.\\n\\\"Q. \\u2014 Then the partnership was dissolved?\\n\\\"A.- \\u2014 The partnership was dissolved by agreement.\\n\\\"Q. \\u2014 By common agreement of its partners?\\n\\\"A. \\u2014 Yes, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 How was that partnership liquidated?\\n\\\"A. \\u2014 The manner in which it was liquidated, I am not sure as to the manner in which it was liquidated as a corporation was formed.\\n\\\"Q. \\u2014 Who took charge of the business and capital?\\n\\\"A. \\u2014 The corporation.\\n\\\"Q. \\u2014 Did the corporation take charge of the whole capital?\\n\\\"A. \\u2014 Yes, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 Including the liabilities, of course?\\n\\\"A. \\u2014 Yes, sir.\\n<<\\u00ab=.# \\u00bb\\n\\\"Q. \\u2014 Answer this question which I am going to ask you, if you know, being Manager of this corporation: The amount or the debt or whatever may be the case, the claim due to which that automobile was attached, was it an obligation contracted directly by the corporation or did it come from the former entity?\\n\\\"A. \\u2014 It belonged to the former entity.\\n\\\"Third party: Do you know if Hamburger Bros. & Co., Inc., took charge of the payment of that judgment of Hamburger Bros.?\\n\\\"A. \\u2014 No, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 Never?\\n\\\"A. \\u2014 No, sir.\\n\\\"Q. \\u2014 You personally know that?\\n\\\"A. \\u2014 Yes, sir.\\\"\\nWe do not think that there was manifest error in the manner in which the examination was conducted. In our opinion, the party defendant could have cross-examined the ' witness in the manner in which it did it without having to present him as his own witness, as the cross-questions were the logical consequence of the questions.\\nIt is in regard to the result of the evidence that we entertain some doubt. It was not shown at all that the automobile attached was at the date of the attachment the property of Hamburger Bros. & Co., nor that it was registered in its name, as it was alleged by Catoni in his answer. On the contrary, the third party proved that the automobile was registered in its name when it was attached.\\nThe truth of the judgment entered in favor of Catoni and against Hamburger Bros. & Co. arises from the return of the attachment. And in the testimony of Sierra is shown the close relationship existing between that entity and the corporation, the third party. We know that the third party is a corporation. It is not definitely known what Hamburger Bros. & Go. was. A same person, Benjamin Hamburger, was its president and is president of the third party. Upon Hamburger Bros. & Co. being dissolved, the third party took charge of the liquidation of the assets and liabilities the exact terms of the contract not being known. We are not concerned with an action for the collection of a judgment, prosecuted against the third party as liquidator. We are concerned with an automobile directly attached for the collection of a judgment entered against Hamburger Bros. & Co. in liquidation, the attachment having been levied and the automobile having been described as property belonging to th'e debtor, and in regard to this point, the evidence in truth is deficient, there existing to the contrary demonstrative evidence to the effect that said automobile is and was at the time of the attachment, the property of the third party, nothing existing in the evidence to show that the automobile originally belonged to Hamburger Bros. & Co. and that afterwards it became the property of the third party.\\nPershaps we are concerned with a just judgment, but as it is not upheld by the evidence it cannot prevail.\\nHaving arrived to this conclusion, it is not necessary that we examine the third of the errors assigned. By reason of the existence of the first one, the jugment appealed from is reversed and another entered acknowledging the right of the third party to the automobile in question and consequently declaring the attachment void, imposing the costs upon the defendant, but not attorney's fees.\\nMr. Justice Travieso took no part in the decision of this case..\"}"

pr/8772820.json

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+"{\"id\": \"8772820\", \"name\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Mart\\u00edn Acosta, Defendant and Appellant\", \"name_abbreviation\": \"People v. Acosta\", \"decision_date\": \"1940-12-16\", \"docket_number\": \"No. 8430\", \"first_page\": \"741\", \"last_page\": \"744\", \"citations\": \"57 P.R. 741\", \"volume\": \"57\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:29:22.074759+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Mart\\u00edn Acosta, Defendant and Appellant.\", \"head_matter\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Mart\\u00edn Acosta, Defendant and Appellant.\\nNo. 8430.\\nArgued December 13, 1940.\\nDecided December 16, 1940.\\nJos\\u00e9 Veray, Jr., for appellant. George A. Malcolm, Attorney General, and B. A. Gomes, Prosecuting Attorney, for appellee.\", \"word_count\": \"808\", \"char_count\": \"4674\", \"text\": \"Mr. Justice De Jes\\u00fas\\ndelivered the opinion of the court.\\nThe appellant was sentenced for the offense of aggravated assault and battery, in that he, on or about September 7 of last year, in the ward of Caimital Bajo of Aguadilla, did \\\"unlawfully, wilfully, and maliciously, and with the criminal intent to cause grave injury,\\\" assault and batter with a pistol William Rom\\u00e1n Seda, a.hoy eleven years of age, by firing a shot at him which caused a wound in his left arm. The aggravating circumstances, as set forth in the complaint, consisted in the character of the weapon, and in the fact that the defendant was an adult of robust strength and the party injured a child.\\nThe appellant urges the reversal of the judgment on the ground that the court admitted in evidence the confession of the defendant without the corpus delicti having first been established, and on the further ground that the evidence introduced was insufficient.\\nIn order to pass upon both errors assigned, it is necessary that we should make a summary of the evidence which the trial court had before it. From said evidence it appears that on the day of the occurrence the injured boy and his companion, Alfredo Abril, went out of the school and entered a property, which was later shown to belong to the defendant; that while they were trying to gather some guavas in said property, Bom\\u00e1n saw, among the branches, a hand with a revolver or pistol and immediately he heard a shot; that they ran away from the place, but immediately he became aware that he was wounded in an arm. It whs admitted by the defense that, were the boy Alfredo Abril to testify, he would corroborate the testimony of William Bom\\u00e1n, and similarly that Dr. N\\u00e9stor Cardona would testify \\\"that on September 9 of last year he had- examined the young man William Bom\\u00e1n who presented two gunshot wounds, a wound of entrance and another of exit, in the left forearm; that the bullet had apparently penetrated the-arm without producing any fracture of the bones; that this, injury was comparatively slight and would heal, without leaving (sic) any complication whatever.\\\"\\nAfter that evidence was received, Jos\\u00e9 B. Alvarez, a policeman, testified that on September 8, 1939, he went to, investigate this case and on that account he went to look for the defendant at his home, and the latter voluntarily, without the witness making any threat or offer to him, and while they were on their way, told him that he-supposed that be had come after him in connection with a bullet wound which a boy had received in an arm; that for a long time, avocados and fruits were being stolen from his property and: that on the afternoon of the occurrence he went out on an inspection tour and saw some boys who had climbed a tree; that he was carrying a firearm and fired a shot into the air, and subsequently learned that the boy William Bom\\u00e1n had been wounded.\\nThe testimony of the witnesses Bom\\u00e1n, Abril, and Cardona, who preceded the policeman on the witness stand, established the corpus delicti in this case, as from said testimony it appeared that a person fired a weapon at Bom\\u00e1n, causing him the wound already mentioned. This constitutes the corpus delicti in the present case. The corpus delicti having thus been established, it was then perfectly proper to admit the testimony of the Policeman Alvarez, which mainly consisted in the confession that the defendant, in a voluntary way and without the intervention of any inducement or threat, had made to him, such evidence tending to connect the defendant with the commission of the crime. See the case of People v. Matos et al., 26 P.R.R. 520, and Underhill on Criminal Evidence, 4th ed., sec. 35, p. 41, cited by the prosecuting attorney (Fiscal).\\nThe evidence for the prosecution \\u2014 there was none for the defense in this case \\u2014 was sufficient to prove the commission of the crime. The criminal intent can seldom be proved by direct evidence, and it is for that reason that application is made of the fundamental principle of law that every person \\u2022is responsible for the natural consequences of his own acts, if the defendant made use of a weapon which was capable of causing bodily harm and in firing the same he wounded the boy William Rom\\u00e1n, an intention to cause the injury is inferred from the act done by him.\\nIn virtue of the foregoing the appeal must be overruled and the judgment appealed from affirmed.\"}"

pr/8772944.json

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+"{\"id\": \"8772944\", \"name\": \"Natalia Jim\\u00e9nez de Cobi\\u00e1n, Plaintiff and Appellee, v. Angel Ramos, Defendant and Appellant\", \"name_abbreviation\": \"Jim\\u00e9nez de Cobi\\u00e1n v. Ramos\", \"decision_date\": \"1937-04-28\", \"docket_number\": \"No. 7165\", \"first_page\": \"375\", \"last_page\": \"386\", \"citations\": \"51 P.R. 375\", \"volume\": \"51\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T02:24:08.036675+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Natalia Jim\\u00e9nez de Cobi\\u00e1n, Plaintiff and Appellee, v. Angel Ramos, Defendant and Appellant.\", \"head_matter\": \"Natalia Jim\\u00e9nez de Cobi\\u00e1n, Plaintiff and Appellee, v. Angel Ramos, Defendant and Appellant.\\nNo. 7165.\\nArgued March 5, 1937.\\nDecided April 28, 1937.\\nB. Cuevas Zequeira for appellant. C. del Toro Fern\\u00e1ndez for ap-pellee.\", \"word_count\": \"4083\", \"char_count\": \"22906\", \"text\": \"\\u2022Mr. Justice C\\u00f3rdova Davila\\ndelivered the opinion - of the court.\\nNatalia Jim\\u00e9nez de Cobi\\u00e1n brought an action against Angel Ramos to recover a certain sum of money, and alleged that on May 1, 1929, the plaintiff delivered to the defendant, \\u00a1as a loan, the sum of $455; that on the 9th of the same month, she delivered to him also as a loan the sum of $460; axid that in January, 1930, she made another loan to him for the sum of $160.71, without interest. It is further alleged that llie defendant lias paid on account of said debt the sum of $500.71, and that the balance due the plaintiff is the sum of $575 which has not been paid either in whole or in part, notwithstanding the efforts made by the plaintiff to collect the same.\\nThe defendant admitted that he had received the sums specified in the complaint to be kept by him and to be returned by partial payments as required by the plaintiff; but he averred that the said sums have been totally paid. In his answer he included a demurrer for want of facts sufficient to constitute a cause of action.\\nThe lower court rendered judgment directing the defendant to pay to the plaintiff the sum of $575, with costs. Thereupon the defendant appealed, and he urges in the first place that the trial court erred in overruling* the demurrer for insufficiency.\\nThe appellant says that the plaintiff seeks to obtain a judgment condemning the defendant to pay a certain sum .of money which it is alleged was delivered to him as a loan, without having fixed a term for the fulfillment of the obligation. It is argued that the complaint is insufficient, because \\u2022the date of maturity of the obligation should have been alleged and because said date should have been previously fixed by the contracting parties or in default thereof by the courts of justice. As the nonperformance of the obligation does not appear, according to the appellant, the action does not lie, it having been prematurely brought.\\n. The appellant invokes section 1081 of the Civil Code, 1930 ed., according i o which 4 ' should the obligation not fix a peri od, but.it.can.be inferred from its nature and circumstances that there..was an intention-to grant it to the debtor, the courts shall fix .the duration .of the same. The court shall also fix the duration of the period when it majr have been left to libe will'of the debtor.\\\" . :\\nWe greatly doubt whether the obligation herein is one from which, because of its nature and circumstances, it could be inferred that it was intended to grant a term to the debtor. The plaintiff alleges that no term was fixed for the performance of the obligation. The defendant in his answer says that it was agreed that he would make partial payments of the money, upon the request of the plaintiff. The evidence shows that the defendant periodically delivered certain sums \\u2022to the plaintiff at her request, which shows that the defendant felt himself bound to pay whenever the plaintiff so requested. It can not be said that it is the case of a term \\u2022the duration of which must be fixed by the court. The pleadings and the evidence show that money was delivered to the defendant, without interest, and that the claim was payable iipon demand. A pleading defective by reason of the omission of some material allegation, may be aided by the pleading of the adverse party. The rule is that, if the omitted allegation be supplied by the adverse pleading, it is the same as if it were inserted in the party's own pleading. 1 Ban-croft's Code Pleading, p. 1035, par. 737.\\nIn the present case the answer served to clarify the facts rather than supply the omission, because to the allegation of the complaint that no date was fixed for the payment of the debt, it' adds that the defendant was bound to deliver the money in part payments upon the demand of the plaintiff. In our opinion, it is clear that the obligation to pay the remaining portion of the debt was enforceable upon the request of the creditor. The evidence shows that the defendant made several partial payments to the plaintiff and that the latter had some difficulty in obtaining the final settlement of the amount lastly owed to her. In the case of Sons of Tom\\u00e1s Pietri v. Vic\\u00e9ns Bros., 33 P.R.R. 241, 243, we \\u2022said that the very fact that it does not appear from the -complaint' that the debtor was allowed a certain time for payment and that this was not deducible from the nature of the obligation, renders inapplicable section 1095 (sec. 1081, 19-30 ed.) of the Civil Code alleged by the appellants to have 'been violated. 'But even if this were not so, even if from the nature and circumstances of the obligation it could h\\u00f1 inferred that there was the intention to grant a term .to--Ihe debtor, we think that in the furtherance of justice and for the sake of speediness in the proceedings, we should adhere to the rule established by this court in Nicorelli v. Ernesto L\\u00f3pez & Co., 26 P.R.R. 49, where it was held that when in an action to recover a debt which has been acknowledged in a public instrument, the court, after considering the evidence, finds that it was intended to set a time for payment, but that this was not done, it may, under the provisions of section 1095 of the Civil Code (sec. 1081, 1930 ed.), fix what il considers a reasonable time therefor, it not being necessary i,o bring an action solely for the purpose of fixing such time. The court in said case analyzes the provisions of the Civil Code, cites Manresa and Scaevola, and says that from their-reasoning, particularly that of Scaevola, it appears that the-whole question may be disposed of in a single action. And this is as it should be. The defendant in this case owes a certain sum of money to the plaintiff. He is bound to make-payment upon demand. Why should the creditor be compelled to prosecute two actions, one to fix the time for payment and another to collect the debt, when both questions-can be settled in a single action? We are of opinion that the lower court did not commit the error assigned.\\nThe appebant in his brief discusses jointly the second and fifth assignments, wherein it is claimed that the-trial court erred in sustaining the complaint and in denyingthe motion for a new trial. The appellant contends that the-plaintiff lacked a definite basis for the action she brought against the defendant. He points out that the claim in the original complaint was for $950, and that this complaint was.subsequently amended and the claim reduced to $575. This--.discrepancy, according to the appellant, is due to the indubitable fact that Natalia Jim\\u00e9nez de Cobi\\u00e1n undertook this liti.-.gation with no other basis than the belief-that the defendant had no probatory means to show..tire return- .of -the spins-. received from the plaintiff;. He adds that said fact is the only possible explanation for the plaintiff totally changing her essential allegations in relation to the amount of the cheeks, and that she had to reduce her claim as she was shown, during her testimony, checks and receipts of sums that the defendant had paid to the plaintiff or to third persons on her account.\\nThe lower court, in its decision dismissing a motion for new ivial, expressed itself as follows:\\n\\\"The plaintiff in this case is an old lady who openly admitted that she kept' no accounts whatsoever, and that if the defendant showed that he had paid or showed checks cashed by her, she was willing to admit that she had received the amounts shown by those checks. The fact that the plaintiff was sometimes incoherent in her testimony and that she made conflicting statements of little importance, in our opinion caused by her age and lack of experience in business, does not favor the case of the defendant, since as we said in our opinion in the foregoing paragraphs, the burden of proof was on the defendant and not on the plaintiff to prove the extinction of the obligation, and the court after hearing both sides, gave credit to the witnesses of the plaintiff, deciding the case in her favor. In so deciding we did not fail to consider the testimony of defendant's witness, Te\\u00f3filo Maldonado, who, although a relative of the plaintiff, was also an employee and an associate of the defendant in his newspaper business 'El Mundo,' but considering the testimony of Mr. Maldonado on its merits, we could not conclude that the partial payment of $500 was made as claimed by the defendant to apply to the account that he had with the plaintiff, since Mr. Maldonado, according to his testimony, was not in Puerto Rico on the date on which the defendant alleges that he paid to the plaintiff the $500 in question, so that he could not inform the court from his personal knowledge whether the $500 was paid to the plaintiff or to the former wife of the defendant, Natalia Cobi\\u00e1n.\\\"\\nThe defendant lays much emphasis upon the weighing of the evidence by the trial court, which he claims is erroneous,, in sustaining the complaint and in overruling the motion for a new trial. He calls our attention to the fohowing facts, which he regards as forming the gist of the controversy: This action was commenced on December 22, 1933. When the defendant divorced his wife, he bound himself to pay to her a certain sum of money at the end of the year 1935. Angel Ramos testified that upon the demand of Natalia Jim\\u00e9nez he delivered, in a cheek in favor of Natalia Cobi\\u00e1n, the sum of $500 as a final settlement of the debt that he had with his former mother-in-law. The plaintiff stated that said sum was paid on account of the share of conjugal property of Natalia Cobi\\u00e1n, who also testified to the same effect. The defendant Ramos maintains that the logical thing* was that this sum should be paid on account of an enforceable obligation, as the one with Natalia Jim\\u00e9nez, and not on account of the obligation contracted to be paid to his wife in the future. It is urged that it would have been in complete harmony with the logic of the arguments to decide the controversy in accordance with the testimony of the defendant, strengthened by the testimony of witness Te\\u00f3filo Maldonado, who, although it is true that he works for the publishing concern administered by Angel Ramos, is also closely related to the plaintiff by family ties. The' trial court, which weighed the evidence, states its reasons to justify its decision notwithstanding the testimony of Maldonado.\\nAs to the question of whether the sum of $500 was paid on account of the obligation contracted with the plaintiff or with Natalia Cobi\\u00e1n, the defendant stated that one day both these ladies went to his office to request the delivery of said sum; that offhand he considered as excessive the amount asked to go abroad; that then said ladies resorted to Te\\u00f3filo Maldonado, who is related to them, who asked him to deliver to them the $500, as it would be better for them to go, and that he had no objection to deliver personally the $500 on account of his debt with Natalia Jim\\u00e9nez. The defendant was subsequently asked whether he recalled what he had testified in the civil case No. 20100, an action of debt brought by Ana Josefa Jim\\u00e9nez Cardona against Angel Ramos, in the District Court of San Juan, and lie answered, according to the transcript of the evidence, thus:\\n\\\"A. Does the witness recall what he testified in civil case No. 20100, an action of debt, of Ana Josefina Jim\\u00e9nez Carmona v. Angel Ramos, in the District Court of San Jnan, the trial of which was held on September 19?\\n\\\"W. If you tell me what I testified .\\n\\\"A. (Reading) 'She came to my office and said that . . . The attorney interrupts: After being divorced from you? \\u2014 Answer: Yes, one year and five months thereafter. \\u2014 A year and five months after the divorce she went to your office? \\u2014 She came to my office and told me that she wanted to go abroad; she told me that she needed money. \\u2014 How much do you need ? \\u2014 $500. I want it on my account. ' Now, how do you explain that which you testified as a witness when you were not expecting the present action? Why the discrepancy?\\n\\\"W. What does it say there?\\n\\\"A. As you now state .\\n\\\"Defendant \\u2014 Read to him the whole answer.\\n\\\"A. (Reading) 'She came to my office and said that . . . The attorney interrupts: After being divorced from you? \\u2014 Answer: Yes, one year and five months thereafter. \\u2014 A year and five months after the divorce she went to your office? \\u2014 She came to my office and told me that she wanted to go abroad; she told me that she needed money. \\u2014How much do you need? \\u2014 $500.00. I want it on my account. \\u2014 - And as I did not have to give her any money, the $500 was given to her, three days before the complaint filed there, to her on account . Here is a check collected on December 4, according to the cancellation of the Royal Bank of Canada. Could you tell me when was the complaint filed?' WThy do you state now, in answer to questions put by your attorney, that the $500 was asked by her on do\\u00f1a Natalia's account?\\n\\\"W. It was delivered on do\\u00f1a Natalia's account, and it does not say there that I delivered them on account of . . .\\n\\\"A. How do you explain that contradiction?\\n\\\"Defendant: There is no contradiction.\\n\\\"Judge: Let us permit him to explain.\\n\\\"W. I do not see any contradiction! I did not say in my prior testimony that I delivered that, to be charged against her-. It does not say there to whom was it chargeable. Say to whom did I say then. Plaintiff:\\n\\\"A. I ask in relation to that contradiction, where it says 'I want it on my account.'\\n\\\"W. That is what she said.\\n\\\"A. And why do you say now that she asked for her trip . . .\\n\\\"W. I did not have to give her anything on her account.\\\"\\nThe defendant did not explain satisfactorily his prior statements, as compared with the ones he made at the trial of this canse. Previously he had stated that his wife had come to his office and said that she wanted to go abroad and that she needed the sum of $500 on her account, and now he states that the plaintiff and her daughter came to his office to ask for the said sum, to be charged to the account of the former. It is strange that Ramos, who had been required by his wife for an advance of $500 on her account, as he admitted in his previous testimony, should have made the check payable to his wife and charge the amount to the account of Natalia Jim\\u00e9nez. It seems logical that this request of his wife, asking the money for her, would have suggested to him the precaution of protecting himself by issuing the check in favor of the plaintiff, if really he had the intention of settling the balance of the debt contracted with the latter. The fact that he made the check in favor of his former wife shows nothing else than that he wished to please her by advancing the payment of the sum she demanded.\\nIt is also argued by the appellant that the lower court should have taken into account that the defendant was not receiving any material benefit in assigning the $500 to the payment of the account of the plaintiff, because it would not be logical to think that if the debt with Natalia Cobi\\u00e1n was embodied in a public instrument and was not to mature until two years later, the delivery of the $500 was made applicable to his future obligation, while the debt owing to Natalia Jim\\u00e9-nez de Cobi\\u00e1n was presently enforceable. It is true that the defendant was not receiving any material benefit in applying the $500 to the payment of the debt with the plaintiff, but it Is also true tliat Natalia Cobi\\u00e1n was not benefited at all in testifying tliat the $500 was paid to her and not to Natalia Jimenez. If this were not so, the plaintiff would appear to enrich herself at the expense of her daughter, who would then be barred from claiming a sum which according to the \\u2022defendant she had never received, as it had been paid to Natalia Jim\\u00e9nez. On the other hand, Samos would be protected by the testimony of Natalia Cobi\\u00e1n to the effect that -she had received said sum to apply to her account. For those reasons we feel inclined to conclude that the lower court was justified in making its findings of fact. The errors assigned must be overruled.\\nIn the third and fourth assignment of error it is alleged that the lower court rendered judgment for a sum greater than the one that could be justified by the admissions of the plaintiff herself, and that the action should have been brought .before the municipal court, as the claim amounted to $443 only. It is- argued that the prayer in the amended complaint Is confined to the sum of $575; that according to the allegations, the pontiff delivered to the defendant the sum of $1,075.71, of which she admitted having received three items of $100 each, divided in monthly payments of $25, and it is \\u2022contended that if to said $300 is added the sum of $342.71, which the plaintiff admitted having received from the defendant and which the court in its opinion considers as having been paid by him, it results that the total sum paid by -the defendant to the plaintiff amounts to $642.71. On those figures the defendant bases his contention that the debt in favor of the plaintiff never could exceed the sum of $433, the lower court having erred in adjudging the defendant to pay $575.\\nLet us examine the evidence to see if the contentions of the defendant are sound. The lower court found that the defendant had paid to the plaintiff the sum of $342.71, including $100 paid to Te\\u00f3filo Maldonado, with the consent of the plaintiff. The court also found that the defendant presented a check to bearer, against the American Colonial Bank, dated: February 14, 1930, for the sum of $100, which appears Collected by F. Febles & Co., and which, although the defendant alleges that he delivered it to the plaintiff, the latter, however, denies having received, endorsed, or delivered the same to F. Febles & Co.\\nThe plaintiff in. her testimony sometimes confuses the amounts which were delivered to her; but if 'the same is carefully examined it will be seen that it does- not contain the-admissions attributed to her by the defendant. The plaintiff also stated that all the payments made by the defendant were-made in checks, adding that if there was any other check that she did not recaT, she was willing to admit its existence. On pages 10 and 11 of the. transcript of the evidence the-plaintiff admits that the defendant paid, authorized by her,, the sum of $100 to Maldonado.; that afterwards the defendant told her that he was going io pay the debt in partial payments of $25, that she answered that she could not accept such a thing, that the.defendant answered: \\\"Well, all right\\\" ; that afterwards she asked for $100 and Mr. Eamos told hei~ that he could not give her that amount, at the moment but that he would pay it in amounts of $25, and that thus he paid to her $100; that subsequently she needed again $100 and he again told her that he would -give- it to her in -partial-payments of $25, thus paying to her the sum of $100; that in addition he gave her $15 to pay the dentist; that she did. not remember having received any other sums, but that if he paid them there must be a check somewhere because the-defendant always paid her by check. On pages 23 and 24 of the transcript of the evidence the plaintiff repeats that she asked first for $100 which he paid in partial payments-, of $25 a month, and later on he gave her another $100 in the-same manner; that she accepted the partial payment because-the defendant told her that he could not give her the.-whole-amount and that he could not pay the $200 at once.. On page-28 of the transcript of the evidence the plaintiff repeats 'the- same statement that the defendant paid the sum of ,$200 in monthly payments of $25 each. She was asked why she did not demand the total payment of the account since the defendant did not comply with her demands, and she answered: \\\"If when I asked him for $100 he paid it in partial payments of $25, how was he going to pay had I demanded a larger sum of money? I would have, been forced to receive the money in that manner and I could not accept that.\\\" She had already stated, at page 26, that each time she asked money from the defendant he answered that he could not pay, begging for more time to pay, and that that was the reason, why she asked for the money; that when she thought of going, abroad, she said: \\\"I must collect somehow,\\\" and therefore she did this. On page 28 of the transcript of the .evidence, the plaintiff stated that she recalled having received four checks of $100, and said: \\\"I received, as far as I remember, four cheeks of $100 each. I have already stated that one. was for me, another for Maldonado, and another was issued, to be delivered to me in monthly installments of $25.\\\"\\nThe foregoing statements show that the plaintiff was mistaken, since although she referred to four checks, she only enumerated three: the one paid to Maldonado with her permission, another paid to her, and a third one which was paid to her in partial amounts of $25.\\nAs we have said before, the court, in the statement of the case, enumerates the cheeks made to the order of the plaintiff, including that of Maldonado, and says that they give a total amount of $342.71. To this amount the defendant adds three items of $100 each, divided in monthly payments of $25, which the plaintiff admitted having received. These figures are not justified by the evidence. Besides, the defendant could have presented all the checks made to the order of the plaintiff to show that he had paid a larger sum. than the one admitted in the amended complaint, according to the evidence introduced. He failed to do so, and now he claims that the court committed error in weighing, the evidence. The lower court concluded by saying with regard to both the check for $500, which according to the defendant was paid to be applied to the obligation contracted with the plaintiff, and the check for $100, which appears indorsed by F. Febles & Co., that it had not been proved that these amounts were paid to the plaintiff. It added that, therefore, the defendant had not shown the total discharge of the obligation, and that, although according to the evidence he-appeared to owe the plaintiff a larger sum than the one claimed by her, however, as the plaintiff only prayed for the recovery of $575, it could not render judgment for an amount greater than the one claimed by Mrs. Jim\\u00e9nez. We think that the lower court has not committed the errors assigned.\\nFinally, it is contended that the lower court erred in imposing costs on the defendant. After examining the evidence introduced, we do not feel inclined to modify the award made by the court a quo in the exercise of its discretionary powers.\\nThe judgment appealed from must be affirmed.\"}"

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+"{\"id\": \"8773762\", \"name\": \"Mar\\u00eda del Pilar Becerril, Vda. de Cerra, et al., Plaintiffs and Appellees, v. Domingo Cerra, et al., Defendants and Appellants\", \"name_abbreviation\": \"Becerril v. Cerra\", \"decision_date\": \"1936-07-30\", \"docket_number\": \"No. 6766\", \"first_page\": \"484\", \"last_page\": \"491\", \"citations\": \"50 P.R. 484\", \"volume\": \"50\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:31:35.074331+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Mr. Justice Wolf dissented.\", \"parties\": \"Mar\\u00eda del Pilar Becerril, Vda. de Cerra, et al., Plaintiffs and Appellees, v. Domingo Cerra, et al., Defendants and Appellants.\", \"head_matter\": \"Mar\\u00eda del Pilar Becerril, Vda. de Cerra, et al., Plaintiffs and Appellees, v. Domingo Cerra, et al., Defendants and Appellants.\\nNo. 6766.\\nArgued June 2, 1936.\\nDecided July 30, 1936.\\nJorge L. Cordova for appellant. Arturo Aponte for appellees.\", \"word_count\": \"2230\", \"char_count\": \"12713\", \"text\": \"Mb. Justice Tbavleso\\ndelivered the opinion of the Court.\\nBy deed of May 9, 1930, the plaintiffs leased to the defendant Domingo Cerra the \\\"Convento\\\" property in the Municipality of Fajardo, for a period of four and a half years, to expire on June 30, 1934, rental being fixed at $10,000 yearly, and the lessee agreeing to pay the taxes upon the leased property.\\nThe defendant entered into possession of the properties, devoting a part thereof to the cultivation of sugar cane; on June 6. 1930, the defendant entered into a crop loan contract with the other defendant, The United Porto Rican Bank, by which he charged and encumbered all of the plantations of cane existing upon the properties, and the sugars to be produced therefrom, to guarantee to the bank the payment of the crop advances. This lien was created for the same period as the lease.\\nThe lessee Cerra failed to pay taxes levied upon the properties from the time be took them over, amounting to $7,135.86. The government attached the properties to collect-such taxes.\\nSuch lessee having likewise failed to pay rent for the period from July 1, 1931 to December 21, 1932, amounting to $15,000, the plaintiff notified the defendant bank of such default and required it as crop loan creditor to pay such rents for the lessee. The defendant Cerra has no properties of value other than the canes growing upon the properties.\\nUpon the facts which we have just set out the plaintiffs filed a suit in which they asked for judgment as follows:\\n1. Ordering Domingo Cerra to pay the amounts owing for past due taxes and past due rents and the amounts which may become due for either or both reasons until the expiration of the lease, plus legal interest.\\n2. Declai'ing that such sums are preferred over any sum which the defendant bank may have advanced to Domingo Cerra, in accordance with the crop loan contract between them; and that the canes are subject to the plaintiffs' credit, plaintiffs being entitled to collect the same with preference over the defendant bank, which shall not be permitted to collect anything from the canes growing upon the property until the plaintiffs shall have collected in full.\\nThe defendant bank \\u00f1led a demurrer, attacking the sufficiency of the facts set out in the complaint. From the record before us it does not appear that any order whatever was entered upon such demurrer.\\nThe plaintiffs attached the plantations of cane to secure the effectiveness of the judgment; and on June 7, 1933, the court appointed a receiver with power to care for, cultivate, administer and grind the canes.\\nOn July 7, 1933, the plaintiffs asked the court for an order directing the receiver forthwith to pay from funds in his possession derived from the sugar produced by the canes,' the sum of $9,728.51 claimed by the Treasurer of Puerto' Eico for taxes upon the property. On the same date the People of Puerto Eico asked leave to intervene in the suit, for the purpose of claiming the payment of the taxes owed on the real property. The defendant bank objected to both motions, maintaining that its crop loan credit was preferred over the claim of People of Puerto Eico for taxes, for which the government has a preferred lien upon the real property.\\nThe district court allowed the People of Puerto Eico to intervene and on June 14, 1933, granted its claim and entered an order directing the clerk of court to pay the amount of the taxes so claimed and to charge the same to funds on hand derived from the sale of the attached sugar. The order of payment was complied with. The defendant bank took the instant appeal, in which neither the plaintiffs nor the intervener have appeared.\\nThe appellant has assigned in its brief the commission of seven errors, of which the last six may be consolidated into one, since actually they involved but a single question. Such errors are as follows:\\n1. That the court erred and acted without jurisdiction in ordering that the payment of $9,728.51 for taxes be made immediately after the order of the court was entered, in spite of the fact that the attorney for the defendant bank had at that moment announced that he would file a notice of appeal from such order.\\nFrom the transcript of the evidence it appears that immediately after the court entered the order appealed from, the. attorney for the defendant bank said:\\n\\\"We want it to appear that at this moment we ar.e going to file an appeal from Your Honor's order, and that, in view of the fact that such an appeal suspends Your Honor's order, the clerk be ordered not to issue the check.\\\"\\nTo this the court replied:\\n\\\"In spite of the appeal the court orders the\\\" clerk to issue the check. The People of Puerto Rico is solvent.\\\"\\nThe attorney for the defendant took an exception. On the same day on which the order was entered, but after payment had been made, the notice of appeal was filed.\\nWe have no doubt whatever that the order entered by the court below is appealable. See Santiago v. Benvenutti y Torres, 43 P.R.R. 343, and Becerril v. Cerra, 48 P.R.R. 84.\\nThe question raised by the alleged error which we are discussing is: Did the trial court have the power to deprive the party prejudiced by its order of the right to appeal, by ordering immediate compliance with its order, notwithstanding the fact that such party had caused its intention to appeal to appear in the record and that the statutory time to appeal had not elapsed?\\nThe effect of the taking of an appeal is to stay all proceedings in the court beTow with respect to the judgment or order appealed from, except in those cases in which the sale of properties which may be lost or which may deteriorate is ordered, in which cases the sale ordered may be carried out, but the proceeds thereof deposited until the appeal is disposed of. Sections 297 and 298 of the Code of Civil Procedure.\\nThe order of June 14, 1933, directing the payment from moneys deposited in court of the amount of the taxes claimed, was appealable as an order finally determining the only controversy or issue presented by the complaint in intervention of the People of Puerto Eico, which made it a final judgment and as such appealable within 30 days following the date of notification and entry, in accordance with the provisions of. Subdivision 1 of Section 295 of the Code of .Civil Procedure and the decisions of this court defining what it understood by a \\\"final\\\" judgment. See Santiago v. Benvenutti y Torres, supra; Standley v. Hendrie, 55 Pac. 723; Los Angeles v. Los Angeles Water Co., 134 Cal. 121; In re Welch, 106 Cal. 427, and Grant v. Superior Court, 106 Cal. 324.\\nThe order entered by the court below was not final and executory until after the time to appeal had expired. The court erred in refusing to withhold the issuance of the check in payment of the taxes, after the attorney for the appellant bank had announced, immediately after the order was entered, that it was his intention to appeal to this court. \\\"We find no justification whatever for the rapidity with which the payment and the issuance of the check was ordered to be made, without even giving an opportunity to the party injured by the order to draft, notify and file its notice of appeal.\\nWe cannot accept as a valid excuse that alleged by the trial court, in refusing to stop the issuance of the cheek, that is, that the People of Puerto Eico is solvent, since the solvency of an appellee, which is no excuse to justify the execution of an appealable judgment, is even less so in the case of the People of Puerto Eico, in view of the fact that tiie People may not be sued without its consent for the recovery of amounts improperly paid to it.\\n2. That tbe order appealed from is erroneous because the court, upon a simple motion, granted the final prayer and sole object sought by the complaint in intervention of the People of Puerto Rico; and because it granted more than that asked for by the plaintiffs in the principal suit.\\nIn the ease of Becerril v. Cerra y United Porto Rico Bank, 48 P.R.R. 84, by the same parties as those in the instant case, the plaintiffs filed a motion asking the court to order that from the funds in the hands of the clerk, $3,472.21 be delivered to the plaintiffs as reasonable compensation for the use of the lands for the four months of the grinding season, during which the canes were ground, which produced the funds deposited in the clerk's office and subject to the receivership. The creditor bank objected to such motion. The court directed the payment prayed for and the bank appealed. This court reversed the order appealed from, stating:\\n\\\"The allegations of the complaint clearly raise the question of whether the plaintiffs are entitled to recover, out of the cane planted by their lessee, what he owes them under the contract of lease entered into between them, with preference over any other of said lessee's creditors, including The United Porto Rican Bank, a crop loan creditor, to which the law concerning contracts for agricultural advances grants preference from the date of the recording of its contract in the registry of agricultural contracts over other subsequent credits of any kind, except debts for taxes, in regard to the fruits the object of the crop lien, during the years stipulated in the contract and until the creditor is fully reimbursed the amount of his credit. Consequently, until it is decided by a judgment that the lessors may recover out of the proceeds of the cane planted on their property by the lessee, with preference over the bank that made the crop loan and to which tKe law grants, for the collection of its credits, preference over any other subsequent credit to the recording of its crop loan contract in the registry of agricultural contracts, with the exception of taxes, it can not be ordered that the plaintiffs col lect any amount whatever ont of the proceeds of the cane subject to the crop lien, for the use of the lands by the receiver appointed in this suit. ' '\\nWe see no reason whatever to draw any substantial distinction between the instant case and the prior one. Here it is purported, as it was purported in the prior case, to put an end to the controversy between the parties by an order upon a simple motion, by entering an order and proceeding to execute it without giving the party prejudiced an opportunity to perfect its appeal within the term granted to it by law.\\nIn their complaint the plaintiffs claim the sum of $7,135.86 as taxes upon the property not paid by the lessee. The People of Puerto Rico in its complaint asked for the payment of taxes assessed against the property, not only during the period of the lease made to Domingo Cerra, that is from January 1, 1939 to June 30, 1933, but also those imposed for the period from July 1, 1928 to December 31, 1929-, when the lease contract had not even been entered into between the plaintiffs and the defendant Domingo Cerra; and prayed that payment' be ordered from the proceeds of the canes cultivated with money supplied by the creditor bank. The bank opposed this motion, contending, among other defenses, that the property subject to lease is what ought to respond exclusively for the payment of the taxes and that the most which the creditor bank could be supposed to do would be to pay the taxes for the year 1932-1933, during which the canes producing the funds deposited with the clerk of court were harvested.\\nAs may be seen, all of these contradictory averments raise issues on points of controversy between the parties, which ought to be decided by a judgment and not summarily by decision of a motion as has been done in the instant case. Litigants are entitled to have the ordinary course of proceedings followed; and the fact that the People of Puerto Rico was the moving party does not justify the action of the court below, because the government, in appearing before courts as a litigant, has no right to any different treatment from that customarily employed to dispense justice to any citizen.\\nWe consider the two errors assigned substantial and prejudicial to the interests of the appellant; and we feel that the court below did not nse its discretion wisely in entering the order appealed from and refusing to suspend execution thereon until the decision of the instant appeal.\\nThe order appealed from mnst be reversed and a judgment rendered dismissing the motion upon which it was based.\\nMr. Justice Wolf dissented.\\nMr. Justice O\\u00f3rdova D\\u00e1vila took no part in the decision of this case.\"}"

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+"{\"id\": \"8774667\", \"name\": \"Francisco R. Orsini, Plaintiff and Appellant, v. Jos\\u00e9 S\\u00e1nchez Parra, Defendant and Appellee\", \"name_abbreviation\": \"Orsini v. S\\u00e1nchez Parra\", \"decision_date\": \"1947-12-05\", \"docket_number\": \"No. 9570\", \"first_page\": \"809\", \"last_page\": \"815\", \"citations\": \"67 P.R. 809\", \"volume\": \"67\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T22:43:18.244127+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Francisco R. Orsini, Plaintiff and Appellant, v. Jos\\u00e9 S\\u00e1nchez Parra, Defendant and Appellee.\", \"head_matter\": \"Francisco R. Orsini, Plaintiff and Appellant, v. Jos\\u00e9 S\\u00e1nchez Parra, Defendant and Appellee.\\nNo. 9570.\\nArgued November 3, 1947.\\nDecided December 5, 1947.\\nR. Arjona Siaca and A. Figueroa Rivera for appellant. Guillermo S. Pierluisi for appellee.\", \"word_count\": \"1696\", \"char_count\": \"9907\", \"text\": \"Mr. Chief Justice Travieso\\ndelivered the opinion of the Court.\\nOn October 29, 1945, Francisco E. Orsini brought, in the District Court of San Juan, an action of unlawful detainer against Jos\\u00e9 S\\u00e1nchez Parra, praying for eviction of the defendant from a portion of a property in Hato Eey, in which certain buildings used as a station for the sale of gasoline, lubricants, and for motor-vehicle accessories, as well as for the washing and greasing of such vehicles, are located. The \\u2022complaint alleged that said station, together with the equipment existing therein, was leased by Orsini to S\\u00e1nchez Parra, under a contract dated April 18, 1944, in which it was expressly agreed that the lease term would be three years, with an option in favor of the lessee to extend it for four years. The complaint was founded on the nonpayment of the rent pertaining to the month of September 1945. The case went on to trial and on February 15, 1946, the District Court of San Juan rendered judgment decreeing the eviction of the defendant and adjudging him to pay costs and attorney's fees. The defendant appealed to this Court and on April 22, 1947, we affirmed the judgment appealed from. See Orsini v. S\\u00e1nchez, ante, p. 191.\\nAfter the receipt of the mandate in the lower court for the execution of the judgment of this Court, on May 12, 1947, the defendant S\\u00e1nchez Parra filed a motion in which he requested that said judgment he set aside, he having previously paid the rent due, plus costs and attorney's fees. The motion was based on the provisions of \\u00a7 1 of Act No. '268 of May 14, 1945 (Laws of 1945, p. 938), which amended \\u00a7 628 of the Code of Civil Procedure of Puerto Rico so as to read as follows:\\n\\\"Section 628. \\u2014 When the complaint is founded upon the nonpayment of the rental or price stipulated in the contract, the defendant shall not be allowed to submit any proof except the receipt or some other document showing that the payment has been made. The proofs of both parties shall include the fundamental facts in regard to the principal question at issue.\\\"\\n\\\"\\nOn May 20, 1947, the District Court of San Juan made .an order setting aside the judgment of eviction. The present appeal has been taken from that order.\\nThe appellant urges that the court a quo erred in setting aside the judgment ' ' without taking into account that the same had already become final {firme), that the statute on which it rested its order was subsequent to the date of the contract whose nonperformance has given rise to said judgment, and that its action not only deprived the plaintiff of the right which said judgment vested in him, but left him without any remedy for the violation of an essential condition of his contract.\\\"\\nThat the remedy to set aside a judgment of evic tion, granted by \\u00a7 628 of the Code of Civil Procedure, supra, \\u2022could be invoked by the defendant at any time \\\"before the proceedings end with the execution of the judgment\\\" was decided by this Court in Viera v. Municipal Court, 66 P.R.R. 29, in which there was involved an unlawful detainer proceeding to recover possession of a building used for housing accommodations.\\nIn Font v. Echeand\\u00eda, ante, p. 224, we held that a building or place used for the operation of a business for the exhibition of motion-picture films to the public for pay, is included in the provisions of \\u00a7 4 of Act No. 464.(Reasonable Rents Act), approved on April 25, 1946 (Laws of 1946, p. 1326), which provides that the provisions of said Act shall be applicable to buildings and premises for commercial and industrial purposes. Applying the provisions of \\u00a7 12 of that same Act, to the effect that so long as the tenant pays the basic or reasonable rent fixed by the Administrator, \\\"the landlord can not establish an action of unlawful detainer to recover the possession of a dwelling . or of a house or building used for businesses, professional offices, or commercial or industrial purposes, even if the term of the contract has expired\\\"; and that \\\"On and after the effective date of this Act, every unlawful detainer proceeding which does not conform to the motives, conditions, and terms fixed in this Act, shall be stayed until the termination of the emergency herein declared,\\\" we decreed the stay of the appeal pending in this Court, until the termination of the emergency. (Italics ours.)\\nIn Latoni v. Municipal Court, ante, p. 130, which dealt with the recovery of the possession of a house for dwelling-purposes, we decided that \\\"we are satisfied that when it (the Legislature) provided within the context of Act No. 464 that no action of 'unlawful detainer' shall be permitted except under certain circumstances, it meant to prohibit any action whatsoever, ordinary or summary, to recover possession of housing accommodations,\\\" and that \\\"also, \\u00a7 12 restricts eviction of tenants of commercial buildings which are not covered by the Federal Act.\\\" (Italics onrs.)\\nThe law in force at the time of the rendition of the order appealed from was the Reasonable Rents Act, No. 464, of April 25, 1946, as amended by Act No. 415 of May 14, 1947,. mentioned above. Said Act took effect, as to housing accommodations, by an order of the Executive Council, when the Federal Act expired on June 30, 1946. As to commercial premises, the Act took effect on July 17, 1946.\\nThe only question that we have to consider and decide is whether the provisions of the Reasonable Rents Act, \\u00a7 18A, which authorize the dismissal of the proceedings or the setting aside of the judgment rendered when the unlawful detainer is based on the nonpayment of the rent, are applicable to a case like the one at bar.\\nAccording to the recitals of the lease contract, Orsini is the owner of a gasoline station established on a parcel of land owned by him, with an area of 4,528 square meters,, located in Mart\\u00edn Pe\\u00f1a. Said station is equipped with all the apparatus and machinery necessary to wash and grease automobiles and with all the instruments and equipment required for the business which is ordinarily performed in stations of this sort, all said equipment being owned by Orsini. Under the third paragraph of the contract, the property leased is \\\"the gasoline station above described with the furniture which it contains.\\\" There is not involved, therefore, the lease of premises for housing accommodations or for establishing there a business or industry belonging to the lessee. What has been leased is a business already established and belonging to the lessor, to be operated by the lessee for the term and under the conditions stipulated in the contract, including the following: (1) that in case of rescission of the contract, the lessor shall buy all the stock Avhich the lessee might have on hand, paying the just value thereof; (2) that the lessee shall make all the repairs which the equipment might need; and (3) that the lessee shall not be responsible for any claim for salary wages or for any debts contracted by the lessor prior to or subsequent the contract.\\nThe Seasonable Rents Act was approved for the purpose of remedying an emergency situation created by the great demand for, and scarcity of, housing accommodations and premises for businesses, which arose from the state of war. The \\\"rental control,\\\" which consisted in the fixing by the administrator of maximum rentals and in the restriction of evictions, was established with a view to protect the tenants against the unjust practice of the lessors of demanding excessive and unreasonable rents, and to prevent the tenants of dwellings or of commercial premises from being evicted without being able to find other premises in which to establish their dwellings or to resume their commerce, business, or industry. The reasons which justify the intervention of the police power of the State for the restriction of evictions do not exist in the present case. The lessee S\\u00e1nchez Parra was not the owner of the business established in the gasoline station. All the things existing therein and used for the operation of the business \\u2014 with the exception of the stock of goods kept for sale \\u2014 are owned by the lessor Orsini. And we have already seen that, in accordance with the terms of the contract, the lessor is bound to buy said stock for its just value. The subject matter of the lease in this case is, therefore, a gasoline station with the machinery and equipment necessary for its operation and exploitation. What has been leased is a going concern which from the date of the lease was to be operated by the lessee instead of by its owner. The building or \\\"garage\\\" is purely incidental to the business established therein; since possibly the lessee would not have leased said garage unless it included the machinery and equipment installed therein and the station business already established by the lessor.\\nThe execution of the judgment of eviction would not cause any prejudice to the lessee, who would not have before him the problem of finding a new place for his business. We do not think that the Legislature had the intention of extending the remedy of restricted evictions to cases of this kind. The situation of the lessee in this ease is similar, if not identical, to that of a physician who having leased the clientele, office, instruments, and equipment of another physician should attempt, after the termination of the contract, to continue in the possession and enjoyment of the things leased under the protection of the Reasonable Rents Act.\\nThe decision appealed from is erroneous, and therefore it will be reversed.\\nThe proviso of \\u00a7 628 is identical with that of \\u00a7 18A of The Reasonable Rents Act, as amended in 1947, Sess. Laws, p. 820.\"}"

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+"{\"id\": \"8774703\", \"name\": \"People of Porto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Artemio Nieves and Francisco Qui\\u00f1ones, Defendants and Appellants\", \"name_abbreviation\": \"People v. Nieves\", \"decision_date\": \"1927-06-25\", \"docket_number\": \"No. 3215\", \"first_page\": \"36\", \"last_page\": \"36\", \"citations\": \"37 P.R. 36\", \"volume\": \"37\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T17:37:33.350129+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"People of Porto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Artemio Nieves and Francisco Qui\\u00f1ones, Defendants and Appellants.\", \"head_matter\": \"People of Porto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Artemio Nieves and Francisco Qui\\u00f1ones, Defendants and Appellants.\\nNo. 3215.\\nArgued June 15, 1927.\\nDecided June 25, 1927.\\nE. Miranda for the appellants. Jos\\u00e9 E. Figueras for the appellee.\", \"word_count\": \"231\", \"char_count\": \"1356\", \"text\": \"Mr. Justice At .drey\\ndelivered the opinion of the court.\\nArtemio Nieves and Francisco Quinones were charged with an attempt to kill and convicted by a jury of aggravated assault and battery. They appealed from the judgment and the only error assigned for a reversal of the judgment is that the trial court overruled the challenge of the juror Tom\\u00e1s Anca.\\nThis juror declared on his voir dire that he knew the facts and had commented on them, but said in answer to the district attorney that he had not formed an opinion and was disposed to render a verdict in accordance with the evidence. He said also in answer to questions from the judge that notwithstanding the opinion he had formed he was qualified to act with full impartiality and correctness and would acquit the defendants if it were justified by the evidence.\\nAs the answers of this juror showed that notwithstanding' his knowledge of the matter he was qualified to render an impartial verdict in accordance with the evidence to be submitted at the trial, the court did not commit the error assigned and therefore the judgment appealed from must be affirmed.\"}"

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+"{\"id\": \"8775559\", \"name\": \"Antonio Agudo et al., Plaintiffs and Appellants, v. Manuel V. Domenech, Treasurer of Puerto Rico, Defendant and Appellee\", \"name_abbreviation\": \"Agudo v. Domenech\", \"decision_date\": \"1936-05-06\", \"docket_number\": \"No. 7017\", \"first_page\": \"863\", \"last_page\": \"868\", \"citations\": \"49 P.R. 863\", \"volume\": \"49\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T18:27:45.511322+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Mr. Justice Travieso took no part in the decision of this case.\", \"parties\": \"Antonio Agudo et al., Plaintiffs and Appellants, v. Manuel V. Domenech, Treasurer of Puerto Rico, Defendant and Appellee.\", \"head_matter\": \"Antonio Agudo et al., Plaintiffs and Appellants, v. Manuel V. Domenech, Treasurer of Puerto Rico, Defendant and Appellee.\\nNo. 7017.\\nArgued November 8, 1935.\\nDecided May 6, 1936.\\nBebearing denied May 29, 1936.\\nLeopoldo Feli\\u00fa and Edgar 8. Belaval for appellants. B. Fernandez Garcia, Attorney General, and B. Cordov\\u00e9s Arana, Assistant Attorney General, for appellees.\\nNote, \\u2014 On appeal to the U. S. Circuit Court of Appeals for the First Circuit, this decision was affirmed. See 89 F. (2d) 481.\", \"word_count\": \"1835\", \"char_count\": \"10581\", \"text\": \"Mr. Justice Wole\\ndelivered the opinion of the court.\\nAntonio and Ram\\u00f3n Agudo, doing business under the name of Agudo Bros.,' were the owners of a certain number of slot machines on which up to April 25, 1933, they had paid taxes without objection. After that date the Treasurer of Puerto Eieo, by reason of certain legislation, insisted that they should pay an increased tax. Agudo Bros, paid several increases under protest and brought this suit to recover the same. The District Court of San Juan ultimately dismissed the complaint.\\nThe appellants maintain that there is no existing law under which these increases in the tax could be validly collected. What happened was that a bill purporting to raise the tax rate per machine was passed by both Houses of the Legislature. By the act of the enrolling clerk the bill was signed by the President of the Senate and the Speaker of the House with certain words independently added and which were not in the minds of the legislators and not included in the bill as passed by them. The bill agreed upon contained the provision that each machine should pay a tax of $75 a quarter, and it was sent to the Governor with the words \\\"a tax is levied which shall not exceed $75 a quarter.\\\"\\nWhen the Legislature discovered this mistake it passed a resolution wherein a correction or an attempt at correction was made. This resolution was called a concurrent resolution. There was no request for the return of the bill, but the said concurrent resolution was sent to the Governor. The Governor with the enrolled bill and the concurrent resolution before him, struck out the matter to which the concurrent resolution referred, and then, with what may be called an amendment, approved the bill. In other words, the bill as enrolled was verbally changed back to express the original intention of the Legislature, not by action in either house or both of them, but by the Governor himself-. Non constat, if it is important, that the Governor might actually have been at the Legislature at the time that he approved the bill.\\nThe principal contention of the appellants is, it may be said, that there is no authority anywhere to put an act on the statute books in the manner attempted in the present case. More specifically, they insist that -what was done was an exercise of legislative power by the Governor in contravention of the provisions of the Organic Act; also, that once an enrolled bill is sent by the Legislature to the Governor, the former loses all power and control' over it.\\nIn another case that we have pending-, it is urged that the ordinary legislative power in enactment must be exercised by a bill introduced in either house and not by a joint resolution. The appellee maintains that the action of the Legislature was not a joint resolution but a concurrent one. The doubt here suggested as to what the Legislature can or can not do by a resolution becomes unimportant if we are-right about the fundamental conclusions at which we have, arrived.\\nThe appellants cite a certain amount of jurisprudence. It may be true as a general rule that bills as-passed by the Legislature can not be amended or changed, after they have been enrolled and sent to the Governor, but we are not at all clear that the Legislature, under adequate circumstances, may not recall a bill. Baltimore Fidelity Warehouse Co. v. Canton Lumber Co., 86 Atl. 188. We have consciously used the word \\\"passed\\\" in the previous sentence because it is the key to the whole situation. We are not begging the question. It is a conceded fact that the bill, as passed by the Legislature originally, did not contain the words that were put into the enrolled bill. The question is not whether the Legislature may add or subtract from a bill, but whether it may correct an actual mistake in its enrollment.\\nIn the judicial sphere there is no doubt that a court may correct its judgments during the term, truly to express what it intended to say or to avoid mistakes. It would be absurd to suppose that an enrolled bill hastily signed by the two presiding officers of the Legislative Houses could not be corrected at the same legislative session, and so put into force the bill actually passed. In point of fact, we find a court: correcting an enrolled bill to make it conform to the bill as actually passed. Haney v. State, 34 Ark. 263.\\nIf a conrt may do this, a matter on -which we do not careto express an opinion, then snrely there must be some way in which the Houses of the Legislature and the Governor acting together can make the correction. There must be some way, at least during the legislative session, to make a hill, erroneously enrolled, express the truth. We have no \\u2022doubt of this. It reduces itself merely to a question of the form or manner. It may be that the best practice is for the Legislature, by a resolution or otherwise, to request that the bill be returned to it. The cases to the contrary only decide that for a genuine legislative purpose, that is, with the idea of adding or subtracting, fresh legislation is beyond its power. What the Legislature wanted to accomplish was to correct a mistake in the enrollment. Assuming that the Legislature can not technically recall a bill for any purpose, then the conclusion is forced upon us that the Legislature must-be able to do something else. There can be no question that the Legislature may actually sit and physically pass resolutions which are bound to be enrolled. Whether they are to be effective or not is another question. The Legislature passed a concurrent resolution in which it told the Governor officially that a mistake had been made in the enrollment and likewise informed him how the bill had actually been passed. This for the proper action of the Governor.\\nWhen the Governor is considering a bill and it is before him for approval or disapproval the jurisprudence is clear that he is acting in a legislative capacity. Hence, on the theory that the bill could not be returned, the Governor had the residuary power to correct it to make it conform to the true will of the Legislature. In State ex rel. Ball v. Hall, 263 N. W. (Nebraska, 1935) 400, it was the Governor who acted to correct an enrolled bill and the facts are very similar to those of the case at bar, with this difference, that the governor himself discovered the error and made the corree tion. Thus we see no objection for the Legislature to do tliis in the form of a resolution whether joint or concurrent. Even if the bill could be returned we hold that it was within the power of the Legislature to make the correction by resolution.\\nThe lower court held that appellants' failure to present receipts showing the involuntary nature of the payment was fatal to their cause of action. The assignment of error on this ground would have only been important in case the bill had been declared invalid and we are holding to the contrary.\\nThe judgment appealed from should be affirmed.\\nMr. Justice Travieso took no part in the decision of this case.\"}"

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+"{\"id\": \"8776636\", \"name\": \"People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Pablo Alvarez Acevedo, Defendant and Appellant\", \"name_abbreviation\": \"People v. Alvarez Acevedo\", \"decision_date\": \"1934-12-13\", \"docket_number\": \"No. 5553\", \"first_page\": \"716\", \"last_page\": \"717\", \"citations\": \"47 P.R. 716\", \"volume\": \"47\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T18:01:33.603233+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Pablo Alvarez Acevedo, Defendant and Appellant.\", \"head_matter\": \"People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Pablo Alvarez Acevedo, Defendant and Appellant.\\nNo. 5553.\\nArgued December 12, 1934.\\nDecided December 13, 1934.\\nJos\\u00e9 Y&ray, Jr., for appellant. R. A. G\\u00f3mez, Prosecuting Attorney, for appellee.\", \"word_count\": \"212\", \"char_count\": \"1312\", \"text\": \"Mr. Justice Wolf\\ndelivered the opinion of the Court.\\nThis was a prosecution under the National Prohibition Act begun before the enactment of the Twenty-First Amendment, repealing the Eighteenth Amendment to the Constitution of the United States.\\nAmong other alleged errors the appellant maintains that a repealing provision of law pnts an end to all prosecntions begun before the repeal. To this the fiscal agrees and suggests a reversal. The opinion of the Supreme Court of the United States entitled U. S. v. Chambers, 291 U. S. 217, cited as U. S. v. Gibson, wherein a prosecution was begun under the Prohibition Act, determines the question. Therein, as pointed out by the fiscal, the court held that the Prohibition Act had become ineffective, that the congressional act depended upon the existence of the Eighteenth Amendment and its repeal left nothing on which to base a prosecution. Debile fwidamentum fallit opus. This is one of the rare cases where an act, qua, amendment, has a retroactive effect.\\nThe judgment will be reversed and the appellant discharged.\"}"

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+"{\"id\": \"8776719\", \"name\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Horacio Figueroa, Defendant and Appellant\", \"name_abbreviation\": \"People v. Figueroa\", \"decision_date\": \"1935-06-28\", \"docket_number\": \"No. 5467\", \"first_page\": \"731\", \"last_page\": \"745\", \"citations\": \"48 P.R. 731\", \"volume\": \"48\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T19:33:30.989892+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Horacio Figueroa, Defendant and Appellant.\", \"head_matter\": \"The People of Puerto Rico, Plaintiff and Appellee, v. Horacio Figueroa, Defendant and Appellant.\\nNo. 5467.\\nArgued January 30, 1935.\\nDecided June 28, 1935.\\nFelipe Col\\u00f3n D\\u00edas for appellant. R. A. G\\u00f3mez, Prosecuting Attorney, and Luis Jcmer, Assistant Prosecuting Attorney, for appellee.\", \"word_count\": \"5375\", \"char_count\": \"31165\", \"text\": \"Mr. Justice Hutchison\\ndelivered tlie opinion of tlie court.\\nFigueroa was convicted of a violation of subdivision (a) of section 12 of the Act to regulate the operation of motor vehicles (Session Laws of 1916, pp. 140,147). That subdivision provides:\\n\\\"That persons operating motor vehicles on the public highway shall at all times exercise due care and take every reasonable precaution to insure the safety of persons and property.\\\"\\nThe complaint filed in the municipal court charged .that:\\n\\\". . . . the said Horacio Figueroa was operating the heavy motor vehicle plate-number H-469 without exercising' due care or taking every reasonable precaution to insure the safety of persons and property, with one of the back covers {tupas) of the said truck swinging by a rope from one side to the other in such a way that on passing complainant at h. 9 of the said road, the said cover (tapa) struck him in such a manner that it threw him to the ground, seriously injuring him and leaving him unconscious, with his skull fractured, with the result that he had to be confined in the Hospital de Damas de Ponce.1 '\\nThe district court when the case came on to be heard de novo, overruled a demurrer for alleged failure to state an offense, and this is assigned as error. Appellant relies on People v. Borgue, 25 P.R.R. 553, and People v. Rivera, 26 P.R.R. 392. The complaint in the Borque case set forth that \\\". . . the said defendant, while driving his own car No. 519, willfully and maliciously failed to take proper precautions in the operation of said car to insure the safety of lives and property, causing the car to strike the hoy Joaqu\\u00edn Sola, who received bruises for which he was treated in the emergency hospital at Santurce.\\\" The district attorney insisted that the complaint was good because it followed the language of the statute. What was said in the Borque case must be.construed in the light of the facts and of the question before this court. The complaint did not state an offense either under subdivision (u) or under any other subdivision of section 12 of the law. The contention of the district attorney could not have been sustained even if the complaint had followed literally the words of subdivision (a). That subdivision prescribes in broad and general terms a rule of conduct for persons operating motor vehicles on the public highway. It is not enough in such cases that the complaint should follow the language of the statute. It must be more specific so as to apprise the defendant more definitely as to the nature of the accusation against him. This is the general principle underlying the Borque case which was followed by this court in People v. Rivera, supra; People v. Salgado, 27 P.R.R. 804; People v. Matienzo, id. 838, and distinguished in People v. Garcia, 28 P.R.R. 898.\\nThis court has never said, in a case like the one at bar, that it would be impossible to state an offense under subdivision (a), unless that offense be also included in some other subdivision of section 12. Anything contained in previous opinions that might be so construed by inference or implication must be regarded as obiter dicta because we have not heretofore been called upon to consider a case such as the one before us. We are now confronted for the first time with a complaint which plainly sets forth an offense covered by the provisions of subdivision (a) and not covered by any of the other subdivisions of section 12 of the law. Subdivision (a) is not a mere preamble or introductory paragraph. It is complete in itself and wholly independent of the other subdivisions of section 12. Each of the other subdivisions is likewise complete in itself and wholly independent of subdivision (a). A violation of any one of these .other subdivisions might be charged as a separate offense \\u2022without any reference whatsoever to subdivision (a). A violation of some one or more of these other subdivisions might be charged also by way of specification as a violation of subdivision (a). This, however, is not true of all of the other subdivisions. A violation of subdivision (h) for example, could not be charged in the language of that subdivision, without more, as a violation of subdivision (a). A violation of subdivision (b) would not be in any sense a violation of subdivision (a). Subdivision (a), on the other hand, covers quite a number of offenses which could not be charged as a violation of any of the other subdivisions. A \\u2022driver who, for instance, backs his car suddenly and without warning from a side street into a crowded thoroughfare with reckless disregard for the safety of persons and property would be guilty of a flagrant violation of subdivision (a) but could not be successfully charged -with a violation \\u2022of any of the other subdivisions. The case at bar is another shining example. We need not multiply instances of this sort. If none other than violations of the other subdivisions \\u2022can be charged as a violation of subdivision (a) then the Legislature did a vain and idle thing in the enactment of that subdivision and we cannot bring ourselves to believe that this was the legislative intent. Hence, we hold that \\u2022the district court did not err in overruling the demurrer.\\nThe second assignment is that the judgment is contrary to the law and the evidence. The gist of the argument is that the prosecuting witness was guilty of contributory \\u2022negligence in travelling in the same direction as was the truck on the left hand side of the road, instead of on the right. Such contributory negligence, if any, was no defense \\u2022and the contention as developed in the brief for appellant is without merit.\\nWhat we have said disposes of the questions raised 'by appellant. In the course of our own discussion of the .ease, however, the validity of the statute itself has been .challenged. In support of the view that it is void for uncertainty our attention has been invited to the following authorities: Czarra v. Board of Medical Supervisors, 25 App. D. C. 443; United States v. Capital Traction Co., 34 App. D. C. 592; United States v. Cohen Grocery Co., 255 U.S. 81; Connally v. General Construction Company, 269 U.S. 385; State of West Virginia v. Lantz, 26 A.L.R. 894; State v. Diamond, 20 A.L.R. 1527; Cinadr v. State, 300 S.W. 64, and Stevenson v. Houston, T.C.R. Co., 19 S.W. (2d) 207.\\nIn the note to State of West Virginia v. Lantz, (1922) at page 898, the annotator says:\\n\\\"Although the Georgia and Pennsylvania cases, as shown infra, .are in conflict, it is generally held that statutes or ordinances providing that no person shall operate or drive any motor vehicle recklessly or at a rate of speed greater than is reasonable and proper, having regard to the width, traffic, and use of the highways, and the general and usual rules of the road, or so as to endanger the property, life, or limb of any person, are not invalid on the ground that they are too vague, uncertain, and indefinite to sustain a criminal conviction. ' '\\nAfter citing cases from Nebraska, Ohio and Wisconsin, the annotator quotes two interesting extracts from Mulkern v. State, (1922-Wis.) 187 N.W. 190; and State v. Schaeffer, (Ohio) 117 N.E. 220. See also Gallaher v. State, (1923) 29 A.L.R. 1059, and note; Commonwealth v. Pentz, 247 Mass. 500, 143 N.E. 322; and People v. Maki, 223 N.W. 70.\\nIn the Supreme Court of the United States there are two lines of decisions, readily distinguishable one from the other and repeatedly distinguished by the Supreme Court itself. One of these lines includes such cases as United States v. Cohen Grocery Co., and Connally v. General Construction Co., supra. The other includes such cases as Nash v. United States, 229 U.S. 373; Miller v. Strahl, 239 U.S. 426, and Omaechevarria v. Idaho, 246 U.S. 343.\\nIll the Nash case the court was dealing with the criminal provisions of the Sherman Anti Trust Act and, speaking' through Mr. Justice Holmes, said:\\n\\\"The objection to the criminal operation of the statute is thought-to be warranted by The Standard Oil Co. v. United States, 221 U. S. 1, and United States v. American Tobacco Co., 221 U. S. 106. Those cases may be taken to have established that only such contracts and combinations are within the act as, by reason of intent or the inherent nature of the contemplated acts, prejudice the public interests by unduly restricting competition or unduly obstructing the course of trade. 221 U. S. 179. And thereupon it is said that the crime thus defined by the statute contains in its definition an element of degree as to which estimates may differ, with the result that a man might find himself in prison because his honest judgment did not. anticipate that of a jury of less competent men. The kindred proposition that 'the criminality of an act cannot depend upon whether a jury may think it reasonable or unreasonable. There must be some definiteness and certainty,' is cited from the late Mr. Justice Brewer sitting in the Circuit Court. Tozer v. United States, 52 Fed. Rep. 917, 919.\\n\\\"But apart from the common law as to restraint of trade thus, taken up by the statute the law is full of instances where a man's fate depends on his estimating rightly, that is, as the jury subsequently estimates it, some matter of degree. If his judgment is. wrong, not only may he incur a fine or a short imprisonment, as here; he may incur the penalty of death. 'An act causing death may be murder, manslaughter, or misadventure according to the degree of danger attending it' by common experience in the circumstances, known to the actor. 'The very meaning of the fiction of implied malice in such cases at common law was, that a man might have to-answer with his life for consequences which he neither intended nor foresaw.' Commonwealth v. Pierce, 138 Mass. 165, 178; Commonwealth v. Chance, 174 Mass. 245, 252. 'The criterion in such eases is to examine whether common social duty would, under the circumstances, have suggested a more circumspect conduct. ' I East P. C. 262. If a man should kill another by driving an automobile furiously into a crowd he might be convicted of murder however little he expected the result. See Reg. v. Desmond, and other illustrations in Stephen, Dig. Crim. Law, art. 223, 1st ed., p. 146. If he did no more than drive negligently through a street he might get off with man slaughter or less. Reg. v. Swindall, 2 C. & K. 230; Rex v. Burton, 1 Strange, 481. And in the last ease he might be held although he himself thought that he was acting as a prudent man should. See The Germanic, 196 U. S. 589, 596. But without further argument, the case is very nearly disposed of by Waters-Pierce Oil Co. v. Texas (No. 1), 212 U. S. 86, 109, where Mr. Justice Brewer's decision and other similar ones were cited in vain. We are of opinion that there is no constitutional difficulty in the way of enforcing -the criminal part of the act.\\\"\\nIn Miller v. Strahl the court was discussing the constitutionality of a state statute which made it the duty of all proprietors of hotels of a specified class \\\"in case of fire therein to give notice of same to all guests and inmates thereof at once and to do all in their power to save such guests and inmates.\\\" From the opinion of the court by Mr. Justice, McKenna, we take the following extract:\\n\\\"Plaintiff in error contends further that the statute 'is lacking in due process of law' because 'it fails to prescribe any fixed rule of conduct.' The argument is that the requirement 'to do all in one's power' fails to inform a man of ordinary intelligence what he must or must not do under given circumstances.\\n\\\"Rules of conduct must necessarily be expressed in general terms and depend for their application upon circumstances, and circumstances vary. It may be true, as counsel says, that 'men are differently constituted,' some being 'abject cowards, and few only are real heroes;' that the brains of some people work 'rapidly and normally in the face of danger while other people lose all control over their actions.' It is manifest that rules could not be prescribed to meet these varying qualities. Yet all must be brought to judgment. And what better test could be devised than the doing of 'all in one's power' as determined by the circumstances?\\n\\\"The case falls, therefore, under the rule of Nash v. United States, 229 U. S. 373, and not under the rule of International Harvester Co. v. Missouri, 234 U. S. 199.\\\"\\nIn Omaechevarria v. Idaho, the court had under consideration a state statute which prohibited \\\"any person having charge of sheep who allows them to graze on any range previously occupied by cattle,\\\" and further provided that: \\\"priority of possessory right between cattle and sheep owners to any range is to be determined by the priority in the usual and customary use of it, as a cattle or sheep range. ' ' The opinion of the court delivered- by Mr. Justice Brand\\u00e9is reads in part as follows:\\n\\\"Second: It is also urged that the Idaho statute, being a criminal one, is so indefinite in its terms as to violate the guarantee by the Fourteenth Amendment of due process of law, since it fails to provide for the ascertainment of the boundaries of a 'range' or for determining what length of time is necessary to constitute a prior occupation a 'usual' one within the meaning of the act. Men familiar with range conditions and desirous of observing the law will have little difficulty in determining what is prohibited by it. Similar, expressions are common in the criminal statutes of other States. This statute presents no greater uncertainty or difficulty, in application to necessarily varying facts, than has been repeatedly sanctioned by this court. Nash v. United States, 229 U. S. 373, 377; Miller v. Strahl, 239 U. S. 426, 434.\\\"\\nIn Cline v. Frink Dairy Company, 274 U.S. 445, Mr. Chief Justice Taft wrote the opinion of the court. A Colorado Anti Trust statute was held to be unconstitutional. The case followed United States v. Cohen Grocery Company, supra, and other cases of that class which were reviewed at length. The doctrine of the Nash case, however, was reaffirmed and distinguished at page 464, in this wise:\\n\\\". . . It is true that, on an issue like negligence, i. e., a rule of conduct for the average man in the avoidance of injury to his neighbors, every one may be held to observe it either on the civil or criminal side of the court. It is a standard of human conduct which all \\u00e1re reasonably charged with knowing and which must be enforced agamst every one in order that society can safely exist. We said in the Nash case (p. 377), 'But apart from the common law as to restraint of trade thus taken up by the statute the law is full of instances where a. man's fate depends on his estimating rightly, that is, as the jury subsequently estimates it, some matter of degree. If his judgment is wrong, not only may he incur the penalty of imprisonment, as here; he may incur the penalty of death. \\\"An act causing death may be murder, manslaughter, or misadventure according to the degree of danger attending it\\\" by common experience in tbe circumstances known to tbe actor . . . \\\"Tbe criterion in sueb cases is to examine whether common social duty would, under tbe circumstances, have suggested a more circumspect conduct.\\\" 1 East P. C. 262.' Following tbe authority in tbe Nash case, we sustained in Miller v. Oregon, per curiam, 273 U.S. 657, a conviction of manslaughter under a statute of Oregon, which made tbe following rule of conduct a standard of criminality:\\n\\\" 'Every person operating a motor vehicle on tbe public highways of this state shall drive the same in a careful and prudent manner, not to exceed thirty miles per hour, and within the limit of incorporated cities and towns not to exceed twenty miles per hour, and at intersections and schoolhouses not to exceed twelve miles per hour, and in no case at a rate of speed that will endanger the property of another, or the life or limb of any person.' (Ch. 371, General Laws of Oregon, 1921, Section 2, sub-division 16.)\\n\\\"The ind'ctment was framed under the last clause of this statute. Such standard for the driver of an automobile on a highway is one to which it is neither harsh nor arbitrary to hold those criminally who operate such a possibly dangerous instrument of locomotion, and who are or ought to be aware of what degree of care is necessary to avoid injury to others under the conditions that prevail on a highway. See Hess v. Pawloski, ante, p. 352.\\n\\\"But it will not do to hold an average man to the peril of an indictment for the unwise exercise of his economic or business knowledge involving so many factors of varying effect that neither the person to decide in advance nor the jury to try him after the fact can safely and certainly judge the result. When to a decision whether a certain amount of profit in a complicated business is reasonable is added that of determining whether detailed restriction of particular anti-trust legislation will prevent a reasonable profit in the case of a given commodity, we have an utterly impracticable standard for a jury's decision. A legislature must fix the standard more simply and more definitely before a person must conform or a jury can act. ' '\\nComment would seem to be superfluous. Our conclusion is that subdivision (a) is not void for uncertainty.\\nThe judgment appealed from must be affirmed.\"}"

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+"{\"id\": \"8776882\", \"name\": \"People, Plaintiff and Appellee, v. Cabassa, Defendant and Appellant\", \"name_abbreviation\": \"People v. Cabassa\", \"decision_date\": \"1921-11-29\", \"docket_number\": \"No. 1723\", \"first_page\": \"3\", \"last_page\": \"6\", \"citations\": \"30 P.R. 3\", \"volume\": \"30\", \"reporter\": \"Puerto Rico Reports\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:24:37.147862+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Chief Justice Hern\\u00e1ndez and Justices Wolf, Del Toro and Hutchison concurred.\", \"parties\": \"People, Plaintiff and Appellee, v. Cabassa, Defendant and Appellant.\", \"head_matter\": \"People, Plaintiff and Appellee, v. Cabassa, Defendant and Appellant.\\nAppeal from tlie District Court of Ponce in a Prosecution for Violation of Section 37 of the Excise-Tax Law.\\nNo. 1723.\\nDecided November 29, 1921.\\nExcise Tax \\u2014 Pleading.\\u2014In a prosecution for a violation of section 37 of the Excise-Tax Law of 1919, the offense being that the defendant is in possession of articles brought into Porto Bieo without having paid the tax determined by law, it is necessary to allege in the complaint that the articles were brought into Porto Bieo from the United States, and in the absence of such an allegation the complaint does not state sufficient facts.\\nThe facts are stated in the opinion.\\nMr. Jos\\u00e9 Tons Soto for the appellant.\\nMr. Jos\\u00e9 E. Figueras, Fiscal, for the appellee.\", \"word_count\": \"1173\", \"char_count\": \"6859\", \"text\": \"Mr. Justice Aldrey\\ndelivered the opinion of the court.\\nJacobo L. Cabassa was charged in the Municipal Court of Ponce with a violation of section 37 of the Excise-Tax Law of Porto Pico, consisting' in that \\\" he had in his possession six automobile tubes and six rubber tires worth $357.58 which he received by the steamship Ponce, trip No. 255, under bill of lading* No. 156, without having paid on them the internal revenue tax imposed by the Excise-Tax Law of Porto Bieo, notwithstanding the fact that the merchandise was taxable under the provisions of the said law\\nThe District Court of Ponce heard this case de novo on appeal and entered a judgment of conviction from which the defendant has taken the present appeal to this court. The appellant neither appeared to argue the case nor filed a brief.\\nNo evidence was examined in the district court because it appears from the transcript of the record brought up that \\\"The parties submitted the case to the court on a stipulation wherein the defendant admitted the allegations of the complaint and the district attorney admitted that the tax on the six tubes and the six automobile tires referred to in the complaint and amounting to $17.88 was paid to the Treasurer of Porto Rico by defendant Jacobo L. Oabassa on April 3, 1920, the said articles having been received by him on March 29, 1920, submitting to the court the question of law raised by the defendant that the collection of the tax in question is unlawful and contrary to- the Constitution because the tax is actually a tax on an importation of merchandise into Porto Rico from the United States.\\\"\\nSection 37 of the Excise-Tax Law, Act No. 55 of 1919, to which the complaint refers, provides in substance that every person who possesses or has on his business premises or on any premises contiguous thereto or connected therewith, or has on' any premises under his control, any merchandise subject to tax under the provisions of the Act, on which such tax has not been paid, except such as are duly entered in a licensed manufacturer's official stock book, shall be guilty of misdemeanor. It is, therefore, one of the requisites for punishing- a person in accordance with this section of the law that the tax on the merchandise subject thereto has not been paid.\\nAccording to subdivision 18 of section 18 of the said law, automobile tubes and tires produced, manufactured, introduced or brought into Porto Rico, among other articles, are subject to a tax of five per cent ad valorem. Section 27 provides that the tax shall attach to such taxable merchandise as may be manufactured or produced in Porto Rico as soon as the same shall have been manufactured or produced, except as otherwise provided in the law, and that any person who sells, removes or otherwise disposes thereof without having paid the tax thereon shall be guilty of misdemeanor. On the other hand, section 31 provides that the tax prescribed on articles introduced or brought into Porto Rico from the United States shall be paid before such articles leave the custody of the owner or agent of the vessel in which such articles are brought, etc.\\nConsidering the wording of these sections of the law and that of the complaint, we understand that tie .appellant was not prosecuted and convicted because the said tubes and tires were manufactured in this Island and he had them in his possession and had removed them from the factory without first paying the tax thereon prescribed by law, but that the complaint intended to charge him with having introduced or brought them into Porto Rico and with having them in his possession without having paid the tax of five per cent ad valorem fixed by the law.\\nThe complaint being considered in this light, we are of the opinion that it does not allege facts sufficient to constitute the offense charged, because it does not allege that the said tubes and tires had been introduced or brought into Porto Rico, for the statement made in the complaint that the defendant received the tubes and tires by the steamship Ponce is not sufficient to charge that he introduced or brought them into Porto Rico from the United States, inasmuch as he might have received them by that steamship from any port of the Island without bringing the merchandise from the United States. It is true that the complaint states that the said merchandise is taxable under the Excise-Tax Law, but that statement is a conclusion of law unsupported by the allegations of the complaint which fails to allege that the merchandise was introduced or brought into Porto Rico.\\nIt is also true that the defendant has not attacked the sufficiency of the complaint and that, admitting the facts therein alleged, he submitted to the court the question of law of the illegality of the collection of the tax, but notwithstanding this we can not consider this question because, the complaint failing to allege that the merchandise had been imported or brought into Porto Rico from the United States, we have no facts on which to base a discussion of the ques tion and it would be academical now to decide wb.eth.er or not tbe tax imposed upon tbe said merchandise when imported or brought into Porto Pico is lawful. Cabassa only admitted tbe allegations of tbe complaint. Tbe judgment of conviction can not be sustained because tbe facts charged and admitted by Cabassa do not constitute an offense.\\nIn tbe cases of People v. Garc\\u00eda and People v. Andreu, 23 P. R. R. 678 and 698, respectively, we reversed tbe judgr ments of conviction notwithstanding tbe fact that tbe defendants bad pleaded guilty, and in tbe case of People v. Guilarte et al., 11 P. R. R. 334, although tbe defendant did not appear in this court to prosecute bis appeal, yet tbe judgment was reversed and tbe defendant discharged because tbe complaint contained tbe material or fundamental defect of not alleging facts sufficient to constitute an offense.\\nThe judgment appealed from must be reversed and defendant Cabassa discharged.\\nReversed.\\nChief Justice Hern\\u00e1ndez and Justices Wolf, Del Toro and Hutchison concurred.\"}"