"{\"id\": \"8756425\", \"name\": \"Ram\\u00f3n G. Almod\\u00f3var, demandante y recurrido, v. Mar\\u00eda M\\u00e9ndez Rom\\u00e1n, etc., demandados y peticionarios\", \"name_abbreviation\": \"Almod\\u00f3var v. M\\u00e9ndez Rom\\u00e1n\", \"decision_date\": \"1990-01-23\", \"docket_number\": \"N\\u00famero: 0-84-544\", \"first_page\": \"218\", \"last_page\": \"264\", \"citations\": \"125 P.R. Dec. 218\", \"volume\": \"125\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T22:55:21.238946+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"\", \"parties\": \"Ram\\u00f3n G. Almod\\u00f3var, demandante y recurrido, v. Mar\\u00eda M\\u00e9ndez Rom\\u00e1n, etc., demandados y peticionarios.\", \"head_matter\": \"Ram\\u00f3n G. Almod\\u00f3var, demandante y recurrido, v. Mar\\u00eda M\\u00e9ndez Rom\\u00e1n, etc., demandados y peticionarios.\\nN\\u00famero: 0-84-544\\nResuelto: 23 de enero de 1990\\nGilberto Figueroa Merced y Wilfredo Mercado Ramos, abogados de los peticionarios; Nelson Bassatt \\u00c1lvarez, abogado del recu-rrido.\", \"word_count\": \"11648\", \"char_count\": \"72434\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Rebollo L\\u00f3pez\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del Tribunal.\\nHace m\\u00e1s de dos d\\u00e9cadas \\u2014mediante la decisi\\u00f3n que emiti\\u00e9ramos en Ocasio v. D\\u00edaz, 88 D.P.R. 676 (1968)\\u2014 sostuvimos el d\\u00e9recho de todos los hijos a la absoluta igualdad de trato jur\\u00eddico a base de los postulados de igualdad y dignidad del ser humano dimanantes de nuestra Constituci\\u00f3n y de las disposiciones de la Ley N\\u00fam. 17 de 20 de agosto de 1952 (31 L.P.R.A. see. 441). Al as\\u00ed hacerlo, expresamos que carece \\\"de validez toda disposici\\u00f3n estatutaria y toda sentencia, decreto o fallo judicial que, en contravenci\\u00f3n con la letra de la Ley N\\u00fam. 17, \\u00fanicamente le conceda, reconozca o atribuya al estado de hijo de un ser humano, nada m\\u00e1s que parte de los derechos unitarios de que disfruta el hijo llamado leg\\u00edtimo\\\".( )\\nMediante la decisi\\u00f3n que hoy emitimos en el presente recurso erradicamos el \\u00faltimo vestigio de discrimen, inexplicablemente existente al d\\u00eda de hoy, en nuestro ordenamiento jur\\u00eddico referente a los hijos no matrimoniales. Al revocar expresamente la norma jurisprudencial a los efectos de que un \\\"padre\\\" tiene el t\\u00e9rmino de quince a\\u00f1os para impugnar el reconocimiento que hubiere hecho de un \\\"hijo\\\" resolvemos que dicho t\\u00e9rmino, por mandato expreso de nuestra Constituci\\u00f3n y de otros preceptos legales aplicables, no puede ser diferente o distinto al t\\u00e9rmino que le concede el Art. 117 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico( ) \\\"al marido\\\" para \\\"impugnar la legitimidad del hijo . . .\\\".\\nNo debe haber duda alguna sobre el hecho de que en nuestro ordenamiento jur\\u00eddico \\\"las uniones il\\u00edcitas pueden y deben estar prohibidas\\\" y que es nuestro deber \\\"el desalentarlas. Pero el fruto inocente de ellas debe advenir al mundo libre de descalificaciones o de inferioridades jur\\u00eddicas .\\\". (\\u00c9nfasis suplido.( )\\nHH\\nEl menor H.A.M. vino al mundo el d\\u00eda 23 de septiembre de 1979, fruto su concepci\\u00f3n y nacimiento de unas alegadas relaciones amorosas ocurridas entre el demandante recu-rrido Ram\\u00f3n G. Almod\\u00f3var y la codemandada peticionaria Mar\\u00eda M\\u00e9ndez Rom\\u00e1n, quienes al momento del nacimiento del referido menor no eran casados entre s\\u00ed.( ) El menor H.A.M. fue expresamente reconocido como hijo por el recu-rrido Almod\\u00f3var, inscribi\\u00e9ndose dicho reconocimiento el d\\u00eda 1ro de octubre de 1979 en el Registro Demogr\\u00e1fico, Oficina de Mayag\\u00fcez, Puerto Rico.\\nEl d\\u00eda 21 de octubre de 1983 el recurrido Ram\\u00f3n G. Almo-d\\u00f3var radic\\u00f3 ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayag\\u00fcez, una demanda que intitul\\u00f3 \\\"Impugnaci\\u00f3n de Reconocimiento de Hijo (Nulidad de Reconocimiento)\\\" en la cual aleg\\u00f3, en s\\u00edntesis y en lo pertinente, que con posterio-ridad al mencionado reconocimiento \\\"y luego de m\\u00faltiples averiguaciones al entrar en dudas recientemente por raz\\u00f3n de unas manifestaciones de la madre del menor, se ha com-probado que la parte demandante no es el padre de dicho menor\\\", raz\\u00f3n por la cual \\\"la parte demandante interesa se anule el reconocimiento que de dicho ni\\u00f1o hiciera elimin\\u00e1n-dosele as\\u00ed como padre natural de dicho ni\\u00f1o\\\". Ap\\u00e9ndice C, p\\u00e1g. 7.\\nLa parte demandada, compuesta por la Sra. Mar\\u00eda M\\u00e9n-dez Rom\\u00e1n, por s\\u00ed y en representaci\\u00f3n de su hijo H.A.M., prontamente radic\\u00f3 una moci\\u00f3n de desestimaci\\u00f3n ante el tribunal de instancia en la cual aleg\\u00f3 que, en vista de las dispo-siciones del antes citado Art. 117 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico y de lo resuelto por este Tribunal en Santiago Ojeda v. Cruz Maldonado, 109 D.P.R. 143 (1979),( ) la acci\\u00f3n ejerci-tada por el demandante hab\\u00eda caducado. \\u00c9ste se opuso a la desestimaci\\u00f3n solicitada; aleg\\u00f3 que su acci\\u00f3n estaba predi-cada en lo resuelto por este Tribunal en Alcaide v. Morales, 28 D.P.R. 278 (1920) \\u2014y otras decisiones, inclusive poste-riores al 1952, en que ratificamos lo resuelto en Alcaide v. Morales, ante\\u2014 donde se estableci\\u00f3 la norma de que la ac-ci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de reconocimiento de un hijo natural prescribe a los quince a\\u00f1os por tratarse de una acci\\u00f3n personal sin t\\u00e9rmino fijo.\\nEl foro de instancia, acogiendo como correcta la posici\\u00f3n esgrimida por \\u00e9l demandante, declar\\u00f3 sin lugar la solicitud de desestimaci\\u00f3n radicada por la parte demandada. Incon-forme, dicha parte acudi\\u00f3 v\\u00eda certiorari ante este Tribunal.\\nLa parte demandada peticionaria alega, en s\\u00edntesis, que la norma establecida en Alcaide v. Morales, ante, no puede sostenerse a la luz de lo dispuesto por la Sec. 1, Art. II, de nuestra Constituci\\u00f3n, L.P.R.A., Tomo 1, la cual proh\\u00edbe todo discrimen por raz\\u00f3n de nacimiento. El demandante recu-rrido, por. su parte, argumenta que, siendo la acci\\u00f3n para impugnar el reconocimiento de un hijo habido fuera de ma-trimonio distinta a la acci\\u00f3n para impugnar la legitimidad del hijo habido mientras subsiste el matrimonio, esto es, con-templando ambas acciones situaciones diferentes, puede v\\u00e1-lidamente establecerse t\\u00e9rminos distintos para \\u00e9l ejercicio de ambas acciones sin que ello constituya una violaci\\u00f3n al citado precepto constitucional.\\nHabiendo expedido el auto de certiorari solicitado y es-tando en condiciones de resolver el mismo, procedemos a as\\u00ed hacerlo.\\nh \\u2014 H HH\\nLa filiaci\\u00f3n, bien sea natural o por adopci\\u00f3n, origina una serie de derechos y obligaciones entre los miembros de la familia. Esta da seguridad y publicidad al estado civil de la persona y como tal caracteriza su capacidad de obrar y el \\u00e1mbito propio de su poder y responsabilidad. E. Serna Mero\\u00f1o, La reforma de la filiaci\\u00f3n, Madrid, Ed. Montecorvo, 1985, p\\u00e1g. 25; F. De Castro y Bravo, Derecho Civil de Espa\\u00f1a, Madrid, Instituto de Estudios Pol\\u00edticos, 1952, T. II, p\\u00e1g. 70. En efecto, cabe se\\u00f1alar que de la filiaci\\u00f3n dependen varios estados civiles, que como tales, concretan la capacidad e independencia de la persona. Manuel Pe\\u00f1a y Bernaldo De Quir\\u00f3s nos explican lo anterior cuando exponen lo siguiente:\\n. de ser hijo de tal o cual persona deriva que se tenga una u otra nacionalidad, o una u otra vecindad . cualidades \\u00e9stas que deciden el r\\u00e9gimen de los dem\\u00e1s estados de la persona, ya que la capacidad y las relaciones familiares se rige[n] por la ley personal... aparte de la transcendencia que la determina-ci\\u00f3n de la ley personal tiene en el r\\u00e9gimen de otras materias (sucesiones, donaciones, obligaciones . . .). De la filiaci\\u00f3n de-pende directamente adem\\u00e1s la determinaci\\u00f3n de las personas que est\\u00e1n legitimadas para provocar un cambio de estado civil (emancipaci\\u00f3n, adopci\\u00f3n), o para promover judicialmente el cambio (por incapacitaci\\u00f3n). La filiaci\\u00f3n determina, tambi\\u00e9n, las personas a quienes se est\\u00e1 sujeto durante la minor\\u00eda de edad (o en situaci\\u00f3n de patria potestad prorrogada). Influye la filiaci\\u00f3n en el poder de la persona: por la filiaci\\u00f3n se conoce si una persona tiene herederos forzosos, con la consiguiente trascendencia en relaci\\u00f3n con la potestad de donar . o de disponer \\\"mortis causa\\\" . o, en general, con la potestad de gesti\\u00f3n del propio patrimonio (por la posible declaraci\\u00f3n de prodigalidad...). M. Pe\\u00f1a y B. De Quir\\u00f3s, De la paternidad y filiaci\\u00f3n, en M. Amor\\u00f3s Guardiola, Comentarios a las re-formas del derecho de familia, Madrid, Ed. Tecnos, 1984, Vol. I, p\\u00e1g. 795.\\nCon certeza, a rengl\\u00f3n seguido, los citados autores concluyen que:\\nLa filiaci\\u00f3n es un estado ciw\\u00f1 familiar, un \\\"status familiae\\\": la filiaci\\u00f3n, sea matrimonial o no matrimonial, concreta la si-tuaci\\u00f3n de cada persona dentro de la organizaci\\u00f3n de la res-pectiva familia, con los consiguientes poderes y deberes (ape-llidos, alimentos, derechos sucesorios, funciones tuitivas, de-rechos y deberes de los herederos forzosos), incompatibili-dades (para actuar como juez, \\u00e1rbitro, perito, testigo, \\\"inter-vivos\\\" o en testamentos, notario, registrador), prohibiciones (impedimento de parentesco para el matrimonio) y trascen-dencia penal en la tipificaci\\u00f3n de los delitos o en la medida de las penas. Como estado familiar tiene efectos correlativos \\u2014no siempre del mismo alcance\\u2014 con los dem\\u00e1s miembros de la familia y, en primer lugar, con los padres: la condici\\u00f3n de hijo se corresponde con la de padre o madre que tambi\\u00e9n son estados civiles. Pe\\u00f1a y De Quir\\u00f3s, op. cit., p\\u00e1gs. 795-796.\\nCiertamente la Constituci\\u00f3n de Puerto Rico proh\\u00edbe el discrimen por raz\\u00f3n de nacimiento y proclama el principio de igualdad de ios hombres ante la ley. Nuestras leyes, c\\u00f3nsonas con este mandato constitucional, han establecido la igualdad de trato para todos los hijos con respecto a sus padres. Ley N\\u00fam. 17 de 20 de agosto de 1952, ante. Debe mantenerse presente, sin embargo, que la prohibici\\u00f3n de todo discrimen por cualquier circunstancia personal o social, no implica la exclusi\\u00f3n de cualquier diferenciaci\\u00f3n entre las personas por su condici\\u00f3n sino aquellas que carecen de justificaci\\u00f3n objetiva. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 277 (1975).\\nEn la filiaci\\u00f3n la equiparaci\\u00f3n se produce en cuanto a los efectos del estado de hijo. Es decir, sea hijo matrimonial o no matrimonial, nuestro ordenamiento atribuye los mismos derechos, facultades, obligaciones, deberes, incompatibilidades y prohibiciones dentro de la organizaci\\u00f3n de la familia y la sociedad. Constituye una realidad, sin embargo, que nuestro vigente C\\u00f3digo Civil regula de modo distinto la determinaci\\u00f3n oficial de la filiaci\\u00f3n, as\\u00ed como las acciones de reclamaci\\u00f3n e impugnaci\\u00f3n de la misma, al clasificar a los hijos en leg\\u00edtimos, 31 L.P.R.A. See. 461; legitimados, 31 L.P.R.A. see. 481, y naturales, 31 L.P.R.A. see. 501.( )\\nComo sabemos el principio b\\u00e1sico o conditio inris de la filiaci\\u00f3n natural es la procreaci\\u00f3n o generaci\\u00f3n f\\u00edsica. A. P\\u00e9rez Fern\\u00e1ndez, Ideas generales en torno al nuevo r\\u00e9gimen de la filiaci\\u00f3n en Anales de la Academia Matritense del Notariado, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, T. XXV\\u00a1 p\\u00e1g. 435. La procreaci\\u00f3n es de f\\u00e1cil determinaci\\u00f3n respecto de la madre, probado el hecho del parto y la identidad del hijo, 31 L.P.R.A. see. 504. La identidad del padre, sin embargo, no es de tan sencilla soluci\\u00f3n. Coexisten dos situaciones: la del hijo cobijado por una presunci\\u00f3n de legitimidad, por haber nacido \\u00e9ste \\\"vigente\\\" el matrimonio, y la del hijo no matrimonial.\\nLa filiaci\\u00f3n es leg\\u00edtima (matrimonial) cuando el padre y la madre del ni\\u00f1o est\\u00e1n casados entre s\\u00ed. El Art. 113 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 461, establece una presunci\\u00f3n de \\\"legitimidad\\\" para aquellos hijos nacidos despu\\u00e9s de los ciento ochenta d\\u00edas siguientes a la celebraci\\u00f3n del matrimonio y dentro de los trescientos d\\u00edas siguientes a la disoluci\\u00f3n del mismo. Son diversas las teor\\u00edas que se han esbozado en torno al fundamento de esta presunci\\u00f3n. V\\u00e9anse: Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357 (1985); Moreno \\u00c1lamo v. Moreno Jim\\u00e9nez, 112 D.P.R. 376 (1982).\\nLa doctrina espa\\u00f1ola ha reiterado que la presunci\\u00f3n pater is est quern iustae nuptiae demonstrant \\\"'representa la primac\\u00eda de lo social sobre lo biol\\u00f3gico en Derecho'\\\", prima-c\\u00eda justificada hoy por la constelaci\\u00f3n de fines que la familia leg\\u00edtima satisface: \\\"'la idea patrimonial, la idea del respeto a las decisiones privadas, aspectos econ\\u00f3micos y de higiene social, efecto estabilizador de reservas \\u00edntimas de responsabili-dad; todo esto basta para fundamentar semejante principio de un modo independiente'\\\". J. Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1970, T. IY Vbl. II, p\\u00e1gs. 10-11; D. Esp\\u00edn C\\u00e1novas, Manual de derecho civil es-pa\\u00f1ol, 3ra \\u00e9d., T. IY p\\u00e1g. 264; J.L. Lacruz Berdejo y F.A. Sancho Rebullida, Derecho de familia, Barcelona, Ed. Bosch, 1978, p\\u00e1g. 367; R.F. Bonet, Compendio de derecho civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1960, T. IY p\\u00e1g. 518; C. Grossman, Acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de paternidad del ma-rido, Buenos Aires, Ed. Abaco, 1982.\\nEs indudable que se sigue valorando la familia matrimonial como r\\u00e9gimen socialmente m\\u00e1s deseable. Pe\\u00f1a y Quir\\u00f3s, op. cit., p\\u00e1g. 786. En este sentido, la presunci\\u00f3n pater is est quern iustae nuptiae demonstrant tiene raz\\u00f3n de ser solamente dentro de un marco que propulsa el concepto de \\\"legitimidad\\\" como una protecci\\u00f3n a la instituci\\u00f3n del matrimonio. \\u00c1. Calder\\u00f3n, La filiaci\\u00f3n en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1978, p\\u00e1g. 174. A estos efectos Serna Mero\\u00f1o se\\u00f1ala que \\\"el matrimonio tiene 'significado de fundamento de la familia, instituci\\u00f3n \\u00e9sta a la que los poderes p\\u00fablicos deben protecci\\u00f3n jur\\u00eddica', y no puede ignorarse que, en principio, el matrimonio confiere certeza en la paternidad, lo cual va a incidir de manera directa sobre el r\\u00e9gimen de las acciones, 'haciendo m\\u00e1s f\\u00e1cil la reclamaci\\u00f3n de una filiaci\\u00f3n matrimonial y m\\u00e1s dif\\u00edcil su impugnaci\\u00f3n'\\\". Calder\\u00f3n, op. cit., p\\u00e1g. 184.\\nHH HH hH\\nPor otro lado, se ha se\\u00f1alado que \\\"[l]as personas que carecen de filiaci\\u00f3n conocida paterna o materna o de ambas, pasan a ostentar una u otra o las dos cuando los reconoce un var\\u00f3n, una mujer o una pareja\\\". M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1984, T. TV, p\\u00e1g. 226. As\\u00ed, el reconocimiento es el medio m\\u00e1s impor-tante para determinar la filiaci\\u00f3n no matrimonial. En cuanto a los caracteres del reconocimiento hay, en t\\u00e9rminos gene-rales, consenso al respecto. Los mismos han sido usualmente enumerados y explicados de la manera siguiente:\\n1.\\u00b0 Ser un acto individual, puesto que s\\u00f3lo pod\\u00eda conocerse la identidad de la persona que lo efectuaba y no la del otro progenitor (art. 132).\\n2.\\u00b0 Por ser un acto personal\\u00edsimo, que deb\\u00eda ser realizado por el padre o la madre. No obstante, CAST\\u00c1N estimaba que no hab\\u00eda inconveniente legal en admitir un reconocimiento por medio de mandatario, con poder especial formalizado en docu-mento p\\u00fablico. Otros, por el contrario, negaban esta posibili-dad.\\n3.\\u00b0 Ser un acto unilateral, y as\\u00ed era admitido de manera generalizada, aunque, debido a que en el art. 133 del C\\u00f3digo se preve\\u00eda que para el caso en que el reconocimiento rec\\u00e1yera sobre un mayor de edad se requer\\u00eda su consentimiento, hac[\\u00ed]a pensar que el reconocimiento ten\\u00eda car\\u00e1cter bilateral; sin embargo, en opini\\u00f3n de ALBALADEJO, el consentimiento del mayor era un presupuesto de eficacia, una conditio iuris, pero que no ten\\u00eda por ello el reconocimiento car\\u00e1cter bilateral.\\n4.\\u00b0 Ser un acto formal. El art. 131 establec\\u00eda los medios por los que se pod\\u00eda hacer el reconocimiento. De lo cual se des-prend\\u00eda que el reconocimiento deb\\u00eda ser expreso, aunque, se-g\\u00fan ROYO MART\\u00cdNEZ, tambi\\u00e9n pod\\u00eda exteriorizarse por medio de una conducta expresiva y perseverante. Adem\\u00e1s de ser expreso, el reconocimiento era un acto solemne, siendo admitido como tal por la doctrina.\\n5.\\u00b0 Ser un acto puro, en el sentido de no admitir estar so-metido a condici\\u00f3n, t\\u00e9rmino o modo.\\n6.\\u00b0 Ser tambi\\u00e9n un acto irrevocable, aunque se hiciera en actos que pudieran ser revocados, como era \\u00e9n el supuesto de hacerse en testamento, pues de manera expresa declaraba el art\\u00edculo 741 que el reconocimiento segu\\u00eda siendo v\\u00e1lido aun-que se revocara el testamento. Sin embargo, la irrevocabili-dad del reconocimiento no imped\\u00eda la posibilidad de poder im-pugnar. (\\u00c9nfasis en el original y escolios omitidos.) Serna Me- ro\\u00f1o, op. cit., p\\u00e1gs. 56-57. V\\u00e9anse, en adici\\u00f3n: R. Herrera Campos, La filiaci\\u00f3n no matrimonial tras la reforma del C\\u00f3-digo Civil de 18 de mayo de 1981, Rev. Der. Privado 1-13 (enero \\u2014 junio 1983); C.E. Mascare\\u00f1as, La filiaci\\u00f3n en el De-recho puertorrique\\u00f1o, 4 Rev. Der. Pur. 7, 14 (1962).\\nPero si bien el reconocimiento goza de cierta uniformidad en la discusi\\u00f3n doctrinaria de sus rasgos particulares, no ha sido as\\u00ed en cuanto a su contenido y naturaleza jur\\u00eddica. En cuanto a su contenido la doctrina sostuvo dos posiciones. Esto es, \\\"[p]ara la primera, el reconocimiento llevaba con-sigo una confesi\\u00f3n de paternidad; as\\u00ed la filiaci\\u00f3n quedaba es-tablecida por la convicci\\u00f3n o creencia de paternidad que ha-b\\u00eda sido exteriorizada por el padre de alguna forma. Para la segunda, era preciso que hubiera por parte del padre volun-tad de reconocer y s\\u00f3lo quedaba establecida la filiaci\\u00f3n cuando constaba la decisi\\u00f3n o voluntad de tener al recono-cido por hijo y cumplir respecto al mismo los deberes corres-pondientes a la posici\\u00f3n jur\\u00eddica de padre natural\\\". Serna Mero\\u00f1o, op. cit., p\\u00e1g. 54.\\nEsta pol\\u00e9mica sobre el contenido del reconocimiento se extend\\u00eda al plantearse la naturaleza jur\\u00eddica del mismo. Va-rias teor\\u00edas trataban de explicar la cuesti\\u00f3n. As\\u00ed, hab\\u00eda una corriente doctrinaria que configuraba el reconocimiento como un negocio jur\\u00eddico. D. De Buen, Notas sobre el Dere-cho espa\\u00f1ol, en A. Colin y H. Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1952, T. I, p\\u00e1g. 649; B. P\\u00e9rez Gonz\\u00e1lez y J. Cast\\u00e1n Tobe\\u00f1as, Notas sobre el Derecho espa\\u00f1ol, en L. Enneccerus, Tratado de Derecho Civil, 6ta rev. de la 20ma ed. alemana, Barcelona, Ed. Bosch, 1946, T. IY Vol. 2, p\\u00e1g. 210; L. Diez-Picazo y Ponce de Le\\u00f3n, El negocio jur\\u00eddico del derecho de familia, 212 (N\\u00fam. 3) Rev. Gen. Leg. Jur. 771, 774 (1962). Otro sector lo conside-raba como un acto jur\\u00eddico en sentido estricto, pues sus efec-tos se producen ex lege y no ex vol\\u00fantate. Albaladejo, op. cit., p\\u00e1g. 227; M. De la C\\u00e1mara \\u00c1lvarez, Reflexiones sobre lafi- Ilaci\\u00f3n ileg\\u00edtima en derecho espa\\u00f1ol, Madrid, Ed. Tecnos, 1975, p\\u00e1g. 49. En Espa\\u00f1a, luego de la promulgaci\\u00f3n de la Constituci\\u00f3n de 1978 y de la reforma de la filiaci\\u00f3n lograda en 1981, esta es la postura adoptada. X. O'Callaghan Mu\\u00f1oz, Compendio de Derecho Civil: derecho de familia, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, T. IV, p\\u00e1g. 253; L. Diez-Picazo y A. Gull\\u00f3n, Sistema de Derecho Civil, Madrid, Ed. Tecnos, 1982, Vol. IV, p\\u00e1gs. 331-332.\\nC\\u00f3nsono con esta tendencia doctrinaria, Albaladejo sos-tiene que el reconocimiento \\\"es un acto por el que el que lo realiza se declara padre (o madre, lo que, en adelante, se sobreentiende) del hijo de que se trata. Esencialmente con-siste, pues, s\\u00f3lo, en una pura y simple afirmaci\\u00f3n de paterni-dad o maternidad biol\\u00f3gica. Ese es su contenido necesario, pero tambi\\u00e9n suficiente(\\u00c9nfasis en el original.) Albala-dejo, op. cit, p\\u00e1g. 227. Esta tesis es compartida por varios autores, aunque con ciertos matices. As\\u00ed, hay quien afirma que el reconocimiento puede definirse como el acto jur\\u00eddico de Derecho de Familia, en cuya virtud se declara o admite el hecho de la paternidad o maternidad y se asumen o admiten las consecuencias legales inherentes a la misma. J.L. Lacruz Berdejo y F.A. Sancho Rebullida, Elementos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. iy p\\u00e1gs. 647-648. Otros sostienen que es un acto individual, no negocial, por el que se determina legalmente una filiaci\\u00f3n no matrimonial, a base de la convicci\\u00f3n de la maternidad o a la creencia de la paterni-dad biol\\u00f3gica, con la producci\\u00f3n ex lege de los efectos deri-vados del estado civil as\\u00ed determinado. Y.M. Garrido de Palma, El reconocimiento de hijos, en Anales de la Academia Matritense del Notariado, Madrid, Ed. Rev. Der. Pri-vado, 1982, T. XXV, p\\u00e1g. 20; De la C\\u00e1mara \\u00c1lvarez, op. cit., p\\u00e1gs. 56-58 esc. 72.\\nDiez-Picazo, con anterioridad a la reforma espa\\u00f1ola, sosten\\u00eda que el reconocimiento de los hijos naturales era una declaraci\\u00f3n de voluntad constitutiva de un negocio jur\\u00eddico de Derecho de Familia, porque la ley otorgaba a la voluntad individual fuerza suficiente para configurar los efectos jur\\u00eddicos y para crear una nueva situaci\\u00f3n jur\\u00eddica, transformando la anterior. Despu\\u00e9s de la reforma este autor, siguiendo el pensamiento mayoritario, considera que ya no es la voluntad del reconocedor la que produce unos u otros efectos jur\\u00eddicos, ni tampoco la creaci\\u00f3n de una nueva situa-ci\\u00f3n jur\\u00eddica. Afirma, por el contrario, que esta circunstancia se produce en virtud de un hecho natural, la procreaci\\u00f3n, existiendo una relaci\\u00f3n jur\\u00eddica suficiente entre el progenitor y el hijo. Diez-Picazo y Gull\\u00f3n, op. cit, p\\u00e1g. 317. En s\\u00edn-tesis, podr\\u00edamos afirmar que \\\"[e]l reconocimiento en la ac-tualidad no cumple, pues, otra funci\\u00f3n que la de determinar la filiaci\\u00f3n, y para esta finalidad no es necesario un negocio jur\\u00eddico ni una voluntad negocial. La creaci\\u00f3n de la relaci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n es ahora obra de la ley, no de los particulares, que no pueden disponer de los efectos jur\\u00eddicos\\\". Serna Mero\\u00f1o, op. cit, p\\u00e1g. 240.\\nComo hemos visto hasta el momento, nuestro ordenamiento no equipara la filiaci\\u00f3n matrimonial y la no matrimonial. La primera se basa en la presunci\\u00f3n pater is est quem iustae nuptiae demonstrant protegiendo indudablemente la relaci\\u00f3n matrimonial existente. La segunda requiere del acto jur\\u00eddico mediante el cual una persona se declara madre o padre del hijo de que se trate. Para que ocurra una equiparaci\\u00f3n en cuanto a este particular se requerir\\u00eda \\\"sustituir la presunci\\u00f3n de paternidad matrimonial del marido de la madre por el reconocimiento, por parte del mismo, de cada uno de los hijos que alumbrase su mujer\\\". J.L. Lacruz Berdejo y F.A. Sancho Rebullida, Derecho de Familia, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, p\\u00e1g. 604 n. 1. Bossert enfatiza que \\\"[sjemejante equiparaci\\u00f3n resultar\\u00eda aberrante al principio que sostiene la presunci\\u00f3n de la paternidad del marido, am\\u00e9n de que importar\\u00eda un disloque a la estabilidad de las relaciones familiares\\\". (Escolio omitido.) G.A. Bossert, R\\u00e9gi-men legal de filiaci\\u00f3n y patria potestad: Ley 23.26U, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Astrea, 1987, p\\u00e1g. 22.\\nIV\\nEn adici\\u00f3n a la diferencia en el tratamiento que nuestro ordenamiento establece entre la filiaci\\u00f3n matririionial y la no matrimonial, debemos, adem\\u00e1s, considerar lo que se ha denominado \\\"acciones de estado\\\", las cuales son consecuencia directa de esa diferencia en el tratamiento. Estas son aquellas que \\\"tienden a declarar la existencia de los presupuestos de un determinado emplazamiento o el estado de familia, o a constituir, modificar o extinguir un emplazamiento\\\". Bossert, op. cit., p\\u00e1g. 87; E.A.-Zannoni, Derecho de Familia, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1978, p\\u00e1g. 57. Entonces, se reconoce la posibilidad que tienen los interesados en una filiaci\\u00f3n en particular, de promover la averiguaci\\u00f3n de la verdadera, para que conste legalmente, y de promover el ataque a la que conste legalmente cuando no sea la verdadera. Albaladejo, op. cit., p\\u00e1g. 247. Estas acciones son divididas en \\\"reclamaci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n\\\" e \\\"impugnaci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n\\\". \\u00edd. Es innecesario que nos ocupemos de la reclamaci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n. Nuestras decisiones sobre el particular son claras. Pol Sella v. Lugo Christian, 107 D.P.R. 540 (1978); Diez Rodr\\u00edguez v. Guzm\\u00e1n Ruiz, 108 D.P.R. 371 (1979). No ocurre as\\u00ed cuando nos enfrentamos a la impugnaci\\u00f3n de la filiaci\\u00f3n.\\nDebemos se\\u00f1alar que la doctrina suele hablar de impugnaci\\u00f3n de paternidad refiri\\u00e9ndose a la filiaci\\u00f3n matrimonial, \\u00fanica filiaci\\u00f3n presumida. Como s\\u00e9\\u00f1ala Bossert, op. cit., p\\u00e1gs. 22-23, \\\"la impugnaci\\u00f3n de la paternidad s\\u00f3lo es posible cuando, presumiendo la ley esa paternidad, el marido ataca la presunci\\u00f3n. No hay acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de la pa-ternidad extramatrimonial, aunque pueda existir la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento\\\". A su vez esta impugna-ci\\u00f3n de la paternidad del marido ha sido clasificada y distin-guida por la doctrina en impugnaci\\u00f3n o desconocimiento ri-guroso de la paternidad y la denominada impugnaci\\u00f3n, o des-conocimiento simple de ella. Bossert, op. cit., p\\u00e1g. 156; M. De la C\\u00e1mara \\u00c1lvarez, El nuevo derecho de la filiaci\\u00f3n, en D. Esp\\u00edn C\\u00e1novas, El nuevo derecho de familia espa\\u00f1ol, Madrid, Ed. Reus, 1982, p\\u00e1g. 49. B\\u00e1stenos con decir que en la primera corresponde al marido atacar la presunci\\u00f3n legal produciendo prueba que descarte el nexo biol\\u00f3gico. En la segunda, ha de negar la filiaci\\u00f3n probando que el hijo de su mujer naci\\u00f3 en los primeros ciento ochenta d\\u00edas del matrimo-nio, o despu\\u00e9s de los trescientos d\\u00edas de la disoluci\\u00f3n del ma-trimonio. Bossert, op. cit., p\\u00e1g. 157.\\nPor otra parte, mucho m\\u00e1s compleja resulta ser la disciplina de la impugnaci\\u00f3n del reconocimiento. Seg\\u00fan Bossert, hist\\u00f3ricamente la doctrina ha distinguido entre la acci\\u00f3n de nulidad del reconocimiento y la de impugnaci\\u00f3n del mismo. Bossert, op. cit, p\\u00e1g. 245; M. Albaladejo, El reconocimiento de la filiaci\\u00f3n natural, Barcelona, Ed. Bosch, 1954, p\\u00e1g. 208 y ss. La primera hace inexistente el acto del reconocimiento al faltar alg\\u00fan requisito que impide la eficacia del acto jur\\u00eddico. Bossert, op. cit., p\\u00e1g. 247. As\\u00ed, faltar\\u00e1 un requisito de eficacia si falta, por ejemplo, \\\"el consentimiento del reconocido, o la aprobaci\\u00f3n judicial o el consentimiento del representante legal, o el consentimiento de los descendientes del reconocido ya fallecido. Tampoco es eficaz el reconocimiento si est\\u00e1 en oposici\\u00f3n con un t\\u00edtulo de legitimaci\\u00f3n anterior que acredite una filiaci\\u00f3n contradictoria\\\". Pe\\u00f1a y De quir\\u00f3s, op. cit., p\\u00e1g. 936. En cambio, la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de reconocimiento, stricto sensu, \\\"ataca o controvierte su contenido, o, lo que es lo mismo, controvierte el presupuesto biol\\u00f3gico que lo implica: el nexo biol\\u00f3gico de- terminado por la procreaci\\u00f3n entre reconociente y recono-cido\\\". (\\u00c9nfasis en el original.) Bossert, op. cit., p\\u00e1g. 245.\\nLa doctrina espa\\u00f1ola, luego de la reforma de 1981, sos-tiene que se trata de una sola acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del re-conocimiento que tiene como base el vicio en el consenti-miento prestado y la cual procede cuando el impugnador de-muestra a satisfacci\\u00f3n del tribunal que actu\\u00f3 movido por error o debido a violencia o intimidaci\\u00f3n, siendo inmaterial el hecho de si el reconocido es o no hijo del impugnador. En palabras de Albaladejo:\\nHuelga insistir en que queda por completo al margen la cuesti\\u00f3n de si el reconocido es o no hijo del reconocedor. No se trata de demostrar que con violencia o intimidaci\\u00f3n se oblig\\u00f3 a reconocer a un no hijo. Se trata simplemente de que, demos-trando que se reconoci\\u00f3 intimidado o violentado, prosperar\\u00e1 la impugnaci\\u00f3n del reconocimiento, sin tener que referirse para nada al asunto de la filiaci\\u00f3n del reconocido. Y lo mismo cabe decir del error. Por supuesto que quien demuestra que reconoci\\u00f3 al hijo por creerlo suyo, y no lo es, prueba su error, pero prueba tambi\\u00e9n la no paternidad, prueba \\u00e9sta que basta-r\\u00eda por s\\u00ed sola. Mas, no es esta prueba la que se exige en el caso de error en el reconocimiento. El error aqu\\u00ed no exige probar que no se es padre, sino que, se lo sea o no (cosa en la que no se entra), se reconoci\\u00f3 por haber padecido un error que, seg\\u00fan las reglas generales, habr\\u00e1 de haber sido esencial, es decir, de tal \\u00edndole que sin \\u00e9l no se habr\\u00eda reconocido . .( )\\nEn nuestra jurisdicci\\u00f3n, la controversia de si el reconociente puede impugnar el reconocimiento fue resuelta desde principios de siglo. En aquel momento admitimos que un reconocimiento era irrevocable, pues no es dado dejar al arbitrio de las personas el estado civil de un hijo, pero sostuvimos que pod\\u00eda impugnarse y anularse el reconocimiento mediante sentencia judicial. As\\u00ed, en Alcaide v. Morales, ante, p\\u00e1g. 291, aceptamos que existe la acci\\u00f3n para pedir la anula-ci\\u00f3n del reconocimiento voluntario hecho por el padre, siem-pre que \\u00e9ste tenga pruebas evidentes para as\\u00ed. demostrarlo. En este caso expresamos que:\\nPuede concebirse que concurran circunstancias tales que reclamen la intervenci\\u00f3n y la acci\\u00f3n de las cortes para anular el reconocimiento no obstante haber procedido voluntaria-mente el padre en el momento en que lo hizo. Adem\\u00e1s, si bien no existe precepto de ley alguno que directamente regule la cuesti\\u00f3n, las disposiciones del legislador en relaci\\u00f3n con los hijos leg\\u00edtimos, indican su criterio en el sentido de la existen-cia de la acci\\u00f3n. Nos referimos a los art\\u00edculos 181, 182, 183, 184 y 185 del C\\u00f3digo Civil Revisado. Claro es que la prueba que se aporte tiene que ser de tal manera robusta y convin-cente que al anular el reconocimiento voluntario hecho la corte quede plenamente convencida de que esa y no otra es la resoluci\\u00f3n que impone la justicia.( )\\nEl hecho de la existencia en nuestro ordenamiento de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento voluntario \\u2014y la procedencia jur\\u00eddica de la misma\\u2014 es una cuesti\\u00f3n que no amerita mayores comentarios. Dados los planteamientos de las partes, lo que debemos resolver en el presente recurso es si la norma que establecimos hace casi siete d\\u00e9cadas en Al-caide v. Morales, ante \\u2014respecto al plazo para radicar la referida acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento\\u2014 debe o no permanecer inalterada.\\nV\\nEn el citado caso de Alcaide v. Morales, luego de reconocer la existencia y procedencia en nuestro ordena- miento de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento, ra-zonamos que para radicar la misma el \\\"impugnador\\\" ten\\u00eda el t\\u00e9rmino de quince a\\u00f1os por cuanto, trat\\u00e1ndose de una acci\\u00f3n personal que no tiene t\\u00e9rmino de prescripci\\u00f3n se\\u00f1alado, le eran aplicables a la misma las disposiciones del Art. 1864 del vigente C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5294.( )\\nIndependientemente del planteamiento, u objeci\\u00f3n, constitucional que respecto a la referida norma jurisprudencial esboza la parte demandada peticionaria en el presente recurso, somos del criterio que la misma no debe subsistir. En primer lugar, y como reconoci\\u00e9ramos en el propio caso de Alcaide v. Morales, ante,( ) el, mencionado t\\u00e9rmino de quince a\\u00f1os es uno irrazonablemente largo. En el mundo moderno de adelantos en los campos de la ciencia, y la comunicaci\\u00f3n en que hoy d\\u00eda vivimos, realmente no existe justificaci\\u00f3n alguna para mantener en una incertidumbre, o limbo jur\\u00eddico, el \\\"estado de hijo\\\" de una persona que fue expresamente reconocida por el \\\"padre\\\" por tan largo per\\u00edodo de tiempo. Por otro lado, el t\\u00e9rmino de quince a\\u00f1os que establece el citado Art. 1864 del C\\u00f3digo Civil es uno de prescripci\\u00f3n y, como sabemos, resulta ser jur\\u00eddicamente improcedente la aplicaci\\u00f3n de un t\\u00e9rmino de prescripci\\u00f3n a una situaci\\u00f3n que reclama y exige la aplicaci\\u00f3n de uno de caducidad. V\\u00e9ase, en general, W. Cort\\u00e9s Burgos, El problema de la caducidad en la filiaci\\u00f3n, 86 Rev. Der. Pur. 185 (1982-1983); E. V\\u00e1zquez Bote, En torno a los problemas filiatorios en el Derecho puertorrique\\u00f1o, 45 Rev. Der. Pur. 127 (1972); G. Ve-l\\u00e1zquez, La extinci\\u00f3n de la acci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n en el derecho puertorrique\\u00f1o, XVII (N\\u00fam. 4) Rev. C. Abo. P.R. 237, 245 (1957); J. Cast\\u00e1n Tobe\\u00f1as, Derecho Civil espa\\u00f1ol, com\\u00fan y foral, Madrid, Ed. Reus, 1952, T. I, Vol. 2, p\\u00e1gs. 675-676.\\nComo certeramente expres\\u00e1ramos \\u2014citando con aprobaci\\u00f3n al Profesor Guaroa Vel\\u00e1zquez \\u2014 ( ) en Ortiz Rivera v. Sucn. Gonz\\u00e1lez Martinez, 93 D.P.R. 562, 589 (1966):\\n\\\"La prescripci\\u00f3n no es una instituci\\u00f3n aplicable al derecho de familia, ya que la ley la configura para aplicarla solamente a la esfera del derecho privado (patrimonial) estableci\\u00e9ndola para proteger intereses individuales de que el particular pueda dis-poner; por tanto, no pueden estar sujetos a prescripci\\u00f3n los derechos que est\\u00e1n fuera del comercio y no son susceptibles de disponibilidad por los particulares, entre los cuales dere-chos figuran los de filiaci\\u00f3n. Como dicen A. Colin y H. Capi-tant: 'La prescripci\\u00f3n es una forma de renuncia. Los dere-chos que no se pueden enajenar, no pueden tampoco prescri-bir.'\\\"\\nSin entrar, repetimos, en la discusi\\u00f3n del planteamiento constitucional que se nos hace, no hay duda de que en lugar del t\\u00e9rmino antes mencionado de quince a\\u00f1os que establece el citado Art. 1864 del C\\u00f3digo Civil, parecer\\u00eda ser mucho m\\u00e1s apropiado y aplicable a la situaci\\u00f3n ante nuestra considera-ci\\u00f3n el plazo de cuatro a\\u00f1os que establece el Art. 1253 del referido C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A, see. 3512,( ) el cual regula la acci\\u00f3n de nulidad de los contratos debido a error, violencia, intimidaci\\u00f3n, etc. \\u2014M. Royo Mart\\u00ednez y J.L. Lacruz Ber-dejo, Derecho de Familia, Barcelona, Ed. Bosch, 1966, p\\u00e1g. 396; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. I, p\\u00e1gs. 321-323; Al-baladejo, El reconocimiento de la filiaci\\u00f3n natural, op. cit., p\\u00e1g. 217\\u2014 o el \\\"plazo\\\" dispuesto por el citado Art. 117 del C\\u00f3digo Civil, el cual regula una situaci\\u00f3n similar.\\nEllo, sin embargo, no resuelve la problem\\u00e1tica ante nuestra consideraci\\u00f3n. En vista de lo planteado por la parte demandada peticionaria, realmente no podemos limitarnos meramente a determinar cu\\u00e1l de los dos antes mencionados plazos es el m\\u00e1s apropiado. Resulta obligatorio que nos enfrentemos a, y resolvamos, el planteamiento de si las disposiciones de las Secs. 1 y 7 del Art. II de nuestra Constituci\\u00f3n, L.P.R.A., Tomo 1, y la de otros preceptos legales aplicables, hacen mandatorio el fijar o se\\u00f1alar un \\u00fanico plazo tanto para la radicaci\\u00f3n de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento como para la radicaci\\u00f3n de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de legitimidad.\\nLa contestaci\\u00f3n a dicho planteamiento conlleva, naturalmente, la evaluaci\\u00f3n y discusi\\u00f3n de si nos enfrentamos a una de tres posibles situaciones: (1) dos grupos de personas completamente distintos, lo cual permite que se regulen los mismos de manera diferente; (2) aun cuando estemos ante personas comprendidas dentro de un mismo grupo \\\"protegido\\\", nos encontramos ante una situaci\\u00f3n de un trato desigual justificado por raz\\u00f3n de la existencia de un \\\"inter\\u00e9s apremiante\\\"; (3) o, por \\u00faltimo, no existiendo tal \\\"in-ter\\u00e9s\\\", la \\\"clasificaci\\u00f3n\\\" que se pretende hacer dentro de dicho grupo resulta ser constitucionalmente impermisible.( ) Pueblo v. Mat\\u00edas Castro, 90 D.P.R. 528 (1964); Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975); Hermina Gonz\\u00e1lez v. Srio. del Trabajo, 107 D.P.R. 667 (1978); P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barcel\\u00f3, 110 D.P.R. 248 (1980).\\nVI\\nComo expres\\u00e1ramos al comienzo de la ponencia, el de-mandante recurrido sostiene que siendo las acciones para impugnar el reconocimiento y para impugnar la legitimidad acciones distintas, y contemplando las mismas situaciones diferentes, resulta constitucionalmente permisible estable-cer t\\u00e9minos distintos para el ejercicio de ambas acciones. No le asiste la raz\\u00f3n; veamos por qu\\u00e9.\\nNo hay duda de que el ser humano que nace de madre casada adquiere desde el momento mismo de su nacimiento, respecto al marido de su madre, la \\\"condici\\u00f3n o estado de hijo\\\" de aqu\\u00e9l por mandato expreso de las disposiciones-del Art. 113 del C\\u00f3digo Civil, ante.( ) Esa presunci\\u00f3n \\\"de legitimidad\\\" \\u2014o, conforme al estado de derecho vigente en nuestra jurisdicci\\u00f3n, la presunci\\u00f3n de que se es hijo de esa persona en particular\\u2014 que establece el mencionado precepto legal tiene su base, o raz\\u00f3n de ser, precisamente en la relaci\\u00f3n jur\\u00eddica existente entre el marido y su esposa.\\nEl hijo de mujer no casada, por el contrario, nace sin filiaci\\u00f3n respecto a padre alguno por raz\\u00f3n, naturalmente, de la inexistencia de una persona que pueda ser presuntivamente se\\u00f1alada como padre por la ley. Este adquiere el \\\"estado o condici\\u00f3n de hijo\\\", entre otras y en lo 'pertinente, cuando el padre en forma afirmativa lo reconoce como tal.( )\\nCon motivo de lo antes se\\u00f1alado, la evidencia a ser presentada en la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de legitimidad por necesidad no puede ser exactamente igual a la de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento. La presunci\\u00f3n de \\\"legitimidad\\\" \\u2014o, lo que es lo mismo, de que se es hijo de determinada persona\\u2014 que por ley cobija al hijo matrimonial necesariamente obliga al padre (marido) que interesa y decide impugnar esa \\\"condici\\u00f3n de hijo\\\" a presentar, en la referida acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n, evidencia que demuestre que \\u00e9l no es el \\\"padre\\\" de ese \\\"hijo\\\". Esto es, en esta acci\\u00f3n se ataca directamente la relaci\\u00f3n biol\\u00f3gica de hijo.( )\\nAun cuando el efecto o consecuencia final es el mismo, esto es, la aniquilaci\\u00f3n del estado filiatorio,( ) en el caso de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento por el, contrario, no resulta necesario impugnar la condici\\u00f3n de hijo en forma directa. La acci\\u00f3n afirmativa del reconocimiento presupone un acto voluntario e informado. Es debido a ello que, como hemos visto anteriormente, se ha aceptado por la doctrina y los tribunales de justicia que ese reconocimiento puede ser impugnado a base de que hubo vicio en el consen-timiento prestado por raz\\u00f3n de error, violencia o intimida-ci\\u00f3n; esto es, que el mismo se prest\\u00f3 de manera involuntaria o, si voluntariamente, \\\"mal informado\\\". Esa es la raz\\u00f3n por la cual, como correctamente nos se\\u00f1ala Albaladejo, en una acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de reconocimiento \\\"queda por com-pleto al margen la cuesti\\u00f3n si el reconocido es o no hijo del reconoce\\u00e1or\\\".( ) Dicho de otra forma, en una acci\\u00f3n de im-pugnaci\\u00f3n del reconocimiento lo que se impugna, o se pre-tende anular, es el acto en s\\u00ed del reconocimiento. Para ello no es necesario traer prueba que destruya la relaci\\u00f3n biol\\u00f3gica de padre e hijo. Todo lo que se requiere es demostrar que el consentimiento prestado fue uno viciado por raz\\u00f3n de la exis-tencia de violencia, intimidaci\\u00f3n o error.( )\\nDebe quedar meridianamente claro, sin embargo, que nada de lo anteriormente se\\u00f1alado significa que se trata de dos grupos distintos de personas. Lo que sucede es que dependiendo del hecho de si se nace de madre casada o soltera \\u2014circunstancia sobre la cual el hijo no tiene control alguno\\u2014 existe una diferencia inevitable en la forma y ma-nera en que se adquiere la \\\"condici\\u00f3n o estado de hijo\\\", Como hemos visto, unos la adquieren desde el momento mismo del nacimiento y otros la adquieren desde el mo-mento del reconocimiento. Ahora bien, una vez dicha condi-ci\\u00f3n se adquiere, se trata de un mismo y \\u00fanico grupo de personas: hijos. Como expresara el Tribunal Supremo de Espa\\u00f1a, en su Sentencia de 25 de junio de 1909, p\\u00e1g. 498, \\\"el reconocimiento que de su hijo hace un padre natural produce an\\u00e1logos efectos a la presunci\\u00f3n de legitimidad de los hijos habidos de matrimonio legalmente celebrado . . (\\u00c9nfasis suplido.) En otras palabras, as\\u00ed como la presunci\\u00f3n que es-tablece el citado Art. 113 del C\\u00f3digo Civil, consiste en supo-nerlos hijos del marido, la presunci\\u00f3n que del reconoci-miento se deriva es la de suponerlos hijos del reconocedor.\\nVII\\nUna vez se ha adquirido el estado o condici\\u00f3n de hijo, esto es, se es hijo \\u2014ya desde el momento del nacimiento en el caso del hijo de mujer casada, ya desde el momento del reconocimiento en el caso del hijo de mujer soltera\\u2014 por mandato expreso de nuestra Constituci\\u00f3n ning\\u00fan hijo puede injustificadamente ser v\\u00edctima de discrimen por motivo de las circunstancias de su nacimiento( ) y todos los hijos est\\u00e1n en igualdad de derechos respecto de sus padres y del orden jur\\u00eddico, resultando constitucionalmente impermisible que se sufra, por raz\\u00f3n de esas circunstancias, de inferioridades jur\\u00eddicas.( ) Permitir lo contrario podr\\u00eda constituir la nega-ci\\u00f3n del derecho a la igual protecci\\u00f3n de las ley es. ( )\\nEs debido a lo anteriormente se\\u00f1alado que somos del criterio que la diferencia existente en la actualidad en nuestro ordenamiento, referente la misma a los t\\u00e9rminos para radicar las acciones de impugnaci\\u00f3n de legitimidad y del reconocimiento, no puede subsistir. Como sabemos, por virtud de las disposiciones del citado Art. 117 del C\\u00f3digo Civil, el marido tiene el t\\u00e9rmino de tres meses desde la inscripci\\u00f3n del nacimiento, si se hallaba en Puerto Rico, y el t\\u00e9rmino de seis meses desde que tuvo conocimiento del nacimiento, si se hallaba fuera de Puerto Rico, para radicar la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de legitimidad. Ello tiene la consecuencia de que el ni\\u00f1o que nace de mujer casada consolida su estado filiatorio respecto de su padre al transcurrir dichos per\\u00edodos de tres o seis meses, pues pasado \\\"el mismo\\\" su status familiae resulta ser inatacable por el padre por raz\\u00f3n de haber caducado la acci\\u00f3n que a esos efectos la ley le concede a \\u00e9ste.\\nConforme la doctrina jurisprudencial vigente, sin embargo, la situaci\\u00f3n de los hijos no matrimoniales no es tan afortunada. Seg\\u00fan lo resuelto por este Tribunal en Alcaide v. Morales, ante, el t\\u00e9rmino que tiene el padre que reconoci\\u00f3 al hijo para impugnar dicho reconocimiento lo es el de quince a\\u00f1os. Ello significa que el hijo nacido de mujer soltera que es reconocido \\u2014que como hemos visto es tan hijo como el hijo de mujer casada\\u2014 no consolida su estado filiatorio hasta que transcurra dicho largo per\\u00edodo de tiempo.\\nLa mencionada norma jurisprudencial coloca a los hijos nacidos de mujer soltera que son reconocidos en un estado de desigualdad en relaci\\u00f3n a los hijos nacidos de mujer casada. Es como si el estado filiatorio que crea el reconocimiento fuera de menor categor\\u00eda que el que surge por operaci\\u00f3n de la presunci\\u00f3n que establece el citado Art. 113 del C\\u00f3digo Civil. Procede que determinemos, en consecuencia, si esta cla-sificaci\\u00f3n que perpetu\\u00f3 la norma jurisprudencial vigente, la cual resulta ser inherentemente sospechosa a la luz de las disposiciones de la Sec. 1 del Art. XI de nuestra Constituci\\u00f3n, ante, infringe o no la cl\\u00e1usula constitucional sobre igual pro-tecci\\u00f3n de las leyes. Venimos obligados a as\\u00ed hacerlo no obs-tante el hecho de que esta clasificaci\\u00f3n es de \\\"origen\\\" juris-prudencial. Como expres\\u00e1ramos anteriormente,( ) si bien es cierto que el an\\u00e1lisis constitucional sobre la igual protecci\\u00f3n de las leyes tradicionalmente se ha aplicado en el contexto de clasificaciones legislativas, el mismo es igualmente aplicable a clasificaciones establecidas o legitimidas jurisprudencial-mente. El examen referente a estas \\\"clasificaciones judi-ciales\\\" resulta procedente por raz\\u00f3n de que los derechos constitucionales se reclaman contra el Estado, y la Rama Judicial es uno de los componentes de \\u00e9ste. V\\u00e9ase L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1988, p\\u00e1gs. 1482-1483.\\nVIII\\nComo es de todos conocido, en el an\\u00e1lisis constitucional bajo la referida cl\\u00e1usula de la igual protecci\\u00f3n de las leyes se utilizan tres criterios (tests), a saber: (1) el de escrutinio estricto o del examen minucioso; (2) el intermedio, y (3) el tradicional m\\u00ednimo o de nexo racional. V\\u00e9lez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533, 537 (1984); Zachry International v. Tribunal Superior, ante. ( )\\nEn Le\\u00f3n Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804, 813 (1980) \\u2014citando con aprobaci\\u00f3n lo expresado en Wackenhut Corp. v. Rodr\\u00edguez Aponte, 100 D.P.R. 518, 531 (1972)\\u2014 se\\u00f1alamos, en lo pertinente, que:\\n. est\\u00e1n sujetas aun minucioso examen judicial, por consi-derarse inherentemente sospechosas, todas las clasificaciones tangentes con la dignidad del ser humano y con el principio de la igualdad ante la ley. Caen bajo esta categor\\u00eda las clasifica-ciones o discr\\u00edmenes por motivo de raza, color, sexo, naci-miento, origen o condici\\u00f3n social, ideas pol\\u00edticas o religiosas y nacionalidad. (\\u00c9nfasis suplido y escolio omitido.)\\nEn casos como el de autos \\u2014donde nos enfrentamos a una clasificaci\\u00f3n inherentemente sospechosa\\u2014 para que la constitucionalidad de la misma pueda ser sostenida, el Estado viene en la obligaci\\u00f3n de demostrar la existencia de un inter\\u00e9s p\\u00fablico apremiante o de superior jerarqu\\u00eda (compelling state interest) que justifique la referida clasificaci\\u00f3n y que la misma promueve necesariamente la consecuci\\u00f3n de ese inter\\u00e9s. Zachry International v. Tribunal Superior, ante, p\\u00e1g. 278.\\nCuando este Tribunal resolvi\\u00f3 en 1920 el caso de Alcaide v. Morales, ante, no est\\u00e1bamos obligados por precepto cons-titucional alguno que reclamara trato igual para todos los hijos independientemente de sus circunstancias al nacer. En aquel entonces concluimos \\u2014en correcta t\\u00e9cnica jur\\u00eddica \\u2014 - que en ausencia de precepto legislativo alguno que regulara el plazo para la impugnaci\\u00f3n de un reconocimiento deb\\u00edamos aplicar uno por analog\\u00eda. Determinamos, entonces, que tra-t\\u00e1ndose de una acci\\u00f3n personal sin t\\u00e9rmino se\\u00f1alado deb\\u00eda aplicarse el t\\u00e9rmino de quince a\\u00f1os que dispone el Art. 1864 del C\\u00f3digo Civil de Puerto Rico, ante. Posteriormente, y luego de promulgada nuestra Constituci\\u00f3n en el a\\u00f1o 1952, en Rivera v. Rivera, 78 D.P.R. 908 (1956), incorrectamente ra-tificamos \\u2014en una nota al calce y por medio de dictum\\u2014 la norma establecida en Alcaide v. Morales, ante, a los efectos de que un hombre que ha reconocido a un hijo tiene el t\\u00e9r-mino de quince a\\u00f1os para impugnar dicho reconocimiento.\\nEn vista del planteamiento que hace la parte demandada peticionaria en el presente caso, procede que nos pregun-temos: \\u00bfqu\\u00e9 \\\"inter\\u00e9s apremiante\\\" puede perseguir \\\"el Es-tado\\\" al establecer t\\u00e9rminos distintos para la consolidaci\\u00f3n del estado filiatorio? Debemos confesar que, \\u00fanicamente, se nos ocurre como base o fundamento para dicha clasificaci\\u00f3n el inter\\u00e9s del Estado de fomentar la instituci\\u00f3n del matrimo-nio.\\nDebe quedar meridianamente claro que entendemos que la protecci\\u00f3n de la instituci\\u00f3n del matrimonio en efecto constituye un inter\\u00e9s apremiante del Estado.( ) Ahora bien, ante esta realidad, \\u00bfconstituye la desigualdad creada por la clasificaci\\u00f3n en controversia el medio necesario de alcanzar esa protecci\\u00f3n justific\\u00e1ndose que se discrimine en contra de los hijos no matrimoniales? Entendemos que no. Somos del criterio que el Estado puede promover y forta-lecer la instituci\\u00f3n del matrimonio por otros medios.( ) No hay necesidad de castigar al inocente. Como correcta y cer-teramente expresara en Weber v. Aetna Casualty & Surety Co., 406 U.S. 164, 175 (1972), el Tribunal Supremo de los Es-tados Unidos:\\nThe status of illegitimacy has expressed through the ages society's condemnation of irresponsible liaisons beyond the bonds of marriage. But visiting this condemnation on the head of an infant is illogical and unjust. Moreover, imposing disabilities on the illegitimate child is contrary to the basic concept of our system that legal burdens should bear some relationship to individual responsibility of wrongdoing. Obviously, no child is responsible for his birth and penalizing the illegitimate child is an ineffectual \\u2014 as well as an unjust \\u2014 way of deterring the parent. Courts are powerless to prevent the social opprobrium suffered by these hapless children, but the Equal Protection Clause does enable us to strike down discriminatory laws relating to status of birth where\\u2014 as in this case \\u2014 the classification is justified by no legitimate state interest, compelling or otherwise. (\\u00c9nfasis suplido y citas omitidas.)\\nResolvemos, en consecuencia, que en virtud de lo dispuesto en el citado Art. II, Secs. 1 y 7 de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico s\\u00f3lo puede existir en nuestro ordenamiento un \\u00fanico plazo para la radicaci\\u00f3n de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del \\\"estado o condici\\u00f3n de hijo\\\", se le llame a la misma acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconoci-miento o acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de \\\"legitimidad\\\". Al as\\u00ed resolver, como expres\\u00e1ramos en Garc\\u00eda v. Acevedo, 123 D.P.R. 624, 635 (1989), lo \\\"\\u00fanico que estamos haciendo es darle plena virtualidad al axioma constitucional que proh\\u00edbe el dis-crimen por raz\\u00f3n de nacimiento y proclama la igualdad del ser humano\\\".\\nf \\u2014 H\\nHabiendo resuelto que nuestra Constituci\\u00f3n exige un \\u00fanico plazo de caducidad para la radicaci\\u00f3n tanto de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento como para la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de la \\\"legitimidad\\\", procede que determinemos cu\\u00e1l debe ser ese plazo. Ello realmente es una labor o funci\\u00f3n que corresponde, en primera instancia, al legislador. Constituye una realidad inescapable, sin embargo, el hecho de que nuestra Asamblea Legislativa ha rehusado actuar al respecto a pesar de los llamados que a esos efectos se le han hecho.( ) No vislumbr\\u00e1ndose que lo haga en un futuro cercano e ignorando las razones que tenga la Asamblea Legislativa para su inacci\\u00f3n, no podemos eludir la obligaci\\u00f3n de esbozar una norma que corrija la injusticia.\\nYa anteriormente hab\\u00edamos descartado, por inaplicable e irrazonablemente largo, el plazo de quince a\\u00f1os que esta- blece el Art. 1864 del C\\u00f3digo Civil, ante, para las acciones \\\"personales que no tengan se\\u00f1alado t\\u00e9rmino especial de prescripci\\u00f3n .Las alternativas, en consecuencia, se limi-tan a los t\\u00e9rminos de caducidad que establecen los antes ci-tados Arts. 117 y 1253 del vigente C\\u00f3digo Civil; esto es, los plazos de 3 y 6 meses que establece el primero para la radica-ci\\u00f3n de la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n de la \\\"legitimidad\\\" o el plazo de cuatro a\\u00f1os que dispone el segundo para la acci\\u00f3n de nulidad de contratos.\\nSeg\\u00fan ya hemos explicado, la doctrina espa\\u00f1ola mayori-taria antes de la reforma de 1981 se inclinaba hacia la utiliza-ci\\u00f3n del plazo de caducidad de cuatro a\\u00f1os. Ello as\\u00ed por tres razones principales, a saber: se utilizan las mismas \\\"cau-sales\\\" \\u2014error, violencia e intimidaci\\u00f3n\\u2014 en apoyo de la soli-citud de nulidad o impugnaci\\u00f3n; se trata de un t\\u00e9rmino m\\u00e1s razonable; y, sobre todo, el mismo es un plazo de caducidad. Puig Brutau, op. cit, ed. 1978, p\\u00e1g. 323. A esos efectos Puig Brutau sostuvo que, \\\"como opina Albaladejo, es preferible mantener el criterio del plazo de caducidad de cuatro a\\u00f1os, que 'aplicar por analog\\u00eda el art. 113 [el Art. 117 nuestro, ante] (en lo que sea aplicable) que, aunque se piense que es propiamente el indicado, por tratarse de un caso de impug-naci\\u00f3n de un estado de filiaci\\u00f3n, regula en realidad las cosas sobre la base de unas circunstancias radicalmente distintas de las del caso del reconocimiento impugnable por vicio de la voluntad'\\\". Puig Brutau, op. cit, ed. 1970, p\\u00e1g. 95; Albala-dejo, El reconocimiento de la filiaci\\u00f3n natural, op. cit, p\\u00e1g. 217; De la C\\u00e1mara \\u00c1lvarez, Reflexiones sobre la filiaci\\u00f3n ile-g\\u00edtima en Derecho espa\\u00f1ol, op. cit, p\\u00e1g. 98 n. 118.\\nAhora bien, respecto a lo antes se\\u00f1alado, debe mante-nerse presente que, con anterioridad a la reforma de la filia-ci\\u00f3n, en Espa\\u00f1a se sosten\\u00eda que la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento era una declaraci\\u00f3n de voluntad constitutiva de un negocio jur\\u00eddico de derecho de familia. Esto es, consti-tuyendo esta acci\\u00f3n un negocio jur\\u00eddico y existiendo una pa- tente desigualdad entre los hijos por raz\\u00f3n de su nacimiento era l\\u00f3gico pues la aplicaci\\u00f3n del Art. 1253, ante (el Art. 1301 del C\\u00f3digo Civil espa\\u00f1ol) que certeramente regula los nego-cios jur\\u00eddicos. Sin embargo, ya hab\\u00edamos afirmado con ante-rioridad que \\\"el reconocimiento en la actualidad no cumple, pues otra funci\\u00f3n que la de determinar la filiaci\\u00f3n, y para esta finalidad no es necesario un negocio jur\\u00eddico ni una voluntad negocial. La creaci\\u00f3n de la relaci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n es ahora obra de la ley, no de los particulares, que no pueden disponer de los efectos jur\\u00eddicos\\\". (\\u00c9nfasis suplido.) Serna Mero\\u00f1o, op. cit, p\\u00e1g. 240.\\nPor otro lado, hubo quien postulara, mucho antes de la reforma espa\\u00f1ola, que el plazo que se deb\\u00eda utilizar para regular la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento lo era el establecido por el Art. 117, ante (Art. 113 espa\\u00f1ol) por regular la misma materia. Con mucha certeza Pifiar L\\u00f3pez sos-tuvo que:\\nEn todo caso y a nuestro modo de ver, la impugnaci\\u00f3n de que habla el art. 128 no est\\u00e1 sujeta a la prescripci\\u00f3n de los quince a\\u00f1os que se\\u00f1ala el art. 1.964 del C\\u00f3digo civil. Este plazo, excesivamente largo, como dicen los autores que en \\u00fal-tima instancia lo estiman aplicable, hay que reputarlo vigente para el solo caso de que en la ley no se fijen plazos especiales. Ahora bien, si mediante la legitimaci\\u00f3n el hijo adquiere el status propio del hijo leg\\u00edtimo, ni que decir tiene que habr\\u00e1 de aplicarse, por lo que respecta a la contestaci\\u00f3n de este estado, el breve plazo, no de prescripci\\u00f3n, sino de caducidad del art. 113 del C\\u00f3digo.... (Enfasis suplido.) Pifiar L\\u00f3pez, Legitima-ci\\u00f3n por concesi\\u00f3n real, 6 An. Der. Civ. 353 (1953).\\nComo sabemos, para establecer un plazo de caducidad o prescripci\\u00f3n el an\\u00e1lisis a utilizarse es el de balance de intereses. Este tipo de an\\u00e1lisis es utilizado cuando entran en conflicto derechos de dos partes privadas. E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975); Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20 (1974); Col\\u00f3n v. Romero Barcel\\u00f3, 112 D.P.R. 573 (1982). El punto preciso donde se establece el balance depende de la intensidad del derecho de cada una de las partes envueltas.\\nAl establecer los plazos de caducidad del Art. 117 del C\\u00f3digo Civil, ante, el legislador hizo un balance entre el derecho de un individuo a deshacer una realidad jur\\u00eddica inexacta y el derecho de una persona a la seguridad de su estado civil, as\\u00ed como el inter\\u00e9s del Estado en la estabilidad de las relaciones filiatorias. Estos mismos derechos son los que deben ser armonizados al disponerse un t\\u00e9rmino para las acciones de impugnaci\\u00f3n de reconocimiento. Habiendo el legislador hecho este balance de intereses al disponer los plazos contenidos en el Art. 117, ante, entendemos que no debemos nosotros disponer un t\\u00e9rmino distinto para las acciones de impugnaci\\u00f3n de reconocimiento. Repetidamente hemos sostenido que cuando la ley no fija el t\\u00e9rmino dentro del cual deber\\u00e1 llevarse determinada acci\\u00f3n, deber\\u00e1 aplicarse a la misma el m\\u00e1s an\\u00e1logo. Cf. Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740, 745 (1981); Lozada Torres v. Collazo, 111 D.P.R. 702, 704 (1981). Este, en nuestro criterio, lo es el t\\u00e9rmino de tres meses que establece el citado Art. 117 del vigente C\\u00f3digo Civil. Resolvemos, en consecuencia, que la acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento deber\\u00e1 ser radicada dentro del plazo de caducidad de tres meses, contado \\u00e9l mismo a partir de la fecha en que se inscribe dicho reconocimiento en el Registro Demogr\\u00e1fico o desde la fecha del documento p\\u00fablico correspondiente en que se lleva a cabo el mismo.( ) El caso de Alcaide v. Mo rales, ante, queda revocado, en forma espec\\u00edfica y exclusiva, en cuanto a la norma en el mismo establecida de que la ac-ci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento prescribe a los quince a\\u00f1os.\\nLo anteriormente expresado no significa, sin embargo, que en aquellos casos en que el reconocimiento realizado es producto de la violencia o la intimidaci\\u00f3n, el reconocedor queda hu\\u00e9rfano de remedio por el mero transcurrir del t\\u00e9rmino de tres meses desde la, fecha del \\\"reconocimiento\\\" realizado. Debe recordarse que la caducidad no corre contra lo inexistente. Cf. S\\u00e1nchez Rodr\\u00edguez v. L\\u00f3pez Jim\\u00e9nez, 116 D.P.R. 172, 189 (1985). En otras palabras, en aquellas situaciones en que la violencia o la intimidaci\\u00f3n es de tal grado que causa la ausencia total de consentimiento, el reconocedor tendr\\u00e1 un plazo de caducidad de tres meses para impugnar el \\\"reconocimiento\\\" realizado, contado el mismo a partir de la fecha en que ces\\u00f3 el vicio mencionado.\\nEn cuanto a la impugnaci\\u00f3n del reconocimiento debido a \\\"error\\\", el t\\u00e9rmino de caducidad de tres meses necesariamente debe contarse desde la fecha en que se llev\\u00f3 a cabo el reconocimiento.( ) En cuanto a este punto espec\\u00edfico, conviene recordar lo expresado a esos efectos en el citado caso de Alcaide v. Morales, ante, y, en adici\\u00f3n, unas palabras del Tribunal Supremo de Espa\\u00f1a a los efectos de que es pre-ciso que el error alegado \\\"se compruebe y derive de hechos transcendentales que afecten directa y notoriamente [a] la creencia equivocada en que pudo estar el padre de que la madre s\\u00f3lo de \\u00e9l pudo concebir, sin que sea l\\u00edcito de otro modo la suposici\\u00f3n del error, pues equivaldr\\u00eda [a] autorizar un arrepentimiento y cambio de voluntad, que es en absoluto incompatible con las condiciones de permanencia de todo es-tado civil, permanencia que afecta al inter\\u00e9s social y consi-guientemente al orden p\\u00fablico . . . S. de 25 de junio de 1909, N\\u00fam. 93, 115 Jurisprudencia Civil 499.\\nX\\nLa nueva norma jurisprudencial establecida \\u2014la cual, naturalmente, revoca la norma establecida en el citado caso de Alcaide v. Morales, ante, y su progenie\\u2014 \\u00bfdebe tener car\\u00e1cter, o efecto, retroactivo o prospectivo?\\nNo hay duda que cuando se revoca una norma jurisprudencial, a los fines de proporcionarle estabilidad al derecho, resulta, cuando menos, altamente deseable que este Tribunal dictamine que la nueva norma sea de vigencia prospectiva; en especial, cuando de derechos contractuales o de propiedad se trata. Art. 3 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3;( ) Art. II, See. 7 de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Asociado, ante. \\u00bfDebe ello ser as\\u00ed en casos como el presente?\\nEn lo pertinente, en Ocasio v. D\\u00edaz, ante, p\\u00e1g. 728, expresamos que \\\"[s]abemos que la absoluta retroactivi- dad del derecho positivo ser\\u00eda la muerte de la seguridad y de la confianza jur\\u00eddica; pero tambi\\u00e9n sabemos que la absoluta irretroactividad ser\\u00eda la muerte del desenvolvimiento del Derecho. El respeto a los derechos adquiridos, a los hechos consumados, a las situaciones ya existentes, no se opone al establecimiento de reformas sociales constitucionales ni a leyes que se dan en vista de situaciones pasadas. La tenden-cia moderna, tanto en la doctrina como en la legislaci\\u00f3n, con-siste en limitar todo lo posible el principio de la irretroactivi-dad, excepto en materia de contratos, que en muchos pa\\u00edses, como en Alemania, se mantiene, no obstante, en toda su pu-reza. Aqu\\u00ed esa tendencia se acoge en el Art. 3 de nuestro C\\u00f3digo Civil, al disponer que las leyes no tendr\\u00e1n efecto re-troactivo, si no dispusieren lo contrario .(\\u00c9nfasis en el original.)\\nScaevola, al comentar el art\\u00edculo del C\\u00f3digo Civil espa\\u00f1ol equivalente a nuestro Art. 3, expresa que ser\\u00eda \\\"contrario a la esencia del Poder legislativo el que \\u00e9ste estuviese como atado por la regla de que la ley no dispone m\\u00e1s que para el porvenir . Hay casos \\\" . . en que la ley debe regir el pasado, sea en inter\\u00e9s social, sea en inter\\u00e9s de los ciudadanos. De aqu\\u00ed que el legislador no debe estar encadenado por un principio absoluto, que coartar\\u00eda su libertad de acci\\u00f3n en per-juicio de la sociedad y los individuos\\\". (\\u00c9nfasis suplido.)( )\\nMediante la decisi\\u00f3n que hoy se emite intentamos corregir, aun cuando tard\\u00edamente, una grave injusticia que inexplicablemente se hab\\u00eda mantenido vigente en nuestro ordenamiento. Como expresara este Tribunal en Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 396 (1973), al discutir la procedencia de la aplicaci\\u00f3n retroactiva de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, mientras \\\"m\\u00e1s grave sea el mal socia\\u00ed que el estatuto intenta remediar m\\u00e1s grande es el inter\\u00e9s p\\u00fablico envuelto, y, por tanto, mayor justifica-ci\\u00f3n para su aplicaci\\u00f3n retroactiva\\\".\\nEl inter\\u00e9s p\\u00fablico envuelto en el present\\u00e9 caso no puede ser m\\u00e1s grande. Est\\u00e1 en juego nada m\\u00e1s y nada menos que el derecho a la igualdad de los hijos nacidos en nuestra tierra, derecho garantizado expresamente por nuestra Constitu-ci\\u00f3n. Ese alto inter\\u00e9s p\\u00fablico nos obliga a la aplicaci\\u00f3n re-troactiva de la norma jurisprudencial que hoy adoptamos. Resolver lo contrario equivaldr\\u00eda a perpetuar por m\\u00e1s tiempo el discrimen impermisible que hoy erradicamos de nuestro ordenamiento.\\nResolvemos, en consecuencia, que procede la desestimaci\\u00f3n de la demanda de impugnaci\\u00f3n de reconocimiento que el demandante recurrido radicara ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayag\\u00fcez, por raz\\u00f3n de haber caducado la misma.( )\\nSe dictar\\u00e1 sentencia de conformidad.( )\\n(1) Ocasio v. D\\u00edaz, 88 D.P.R. 676, 732 (1963).\\n(2) 31 L.P.R.A. see. 466.\\n(3) V\\u00e9ase Informe de la Convenci\\u00f3n Constituyente encargada del estudio de la Carta de Derechos en lo relativo al alcance del t\\u00e9rmino \\\"nacimiento\\\" contenido en el Art. II, Sec. 1 de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Asociado, L.P.R.A. Tomo 1.\\n(4) De los autos no surge con claridad si al momento de la ocurrencia del nacimiento, el demandante recurrido Almod\\u00f3var estaba casado con otra dama. S\\u00ed surge que al momento en que \\u00e9ste radica la demanda de impugnaci\\u00f3n de reconoci-miento estaba casado con otra persona.\\n(5) En dicho caso se resolvi\\u00f3, en lo pertinente, que el t\\u00e9rmino dispuesto por el referido Art. 117 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 465, era uno de caducidad y no de prescripci\\u00f3n.\\n(6) En los \\u00faltimos treinta a\\u00f1os, diversas jurisdicciones han suprimido la tra-dicional distinci\\u00f3n entre filiaci\\u00f3n leg\\u00edtima e ileg\\u00edtima, sustituy\\u00e9ndola por el prin-cipio de la unidad de filiaci\\u00f3n.\\nQuiz\\u00e1s la vanguardia corresponde a los pa\\u00edses escandinavos: Noruega (leyes de 1956 y 1981), Dinamarca (ley de 1960) y Suecia (ley de 1969). Pero no pueden dejar de mencionarse, en Europa occidental, las reformas al derecho de filiaci\\u00f3n que en 1969 se producen en Alemania Federal, Holanda y Gran Breta\\u00f1a; en 1970, en Austria; en 1975, en Italia; en 1976, en Suiza; en 1977 en Portugal, y en 1981 en Espa\\u00f1a. Deben mencionarse las leyes de algunos estados norteamericanos (v.gr., Arizona, 1956; North Dakota y Oregon, 1963); los c\\u00f3digos de la familia de los pa\\u00edses socialistas de Europa (Hungr\\u00eda, leyes de 1946 y 1974; Checoslovaquia, 1963; Polonia, 1964; Rep\\u00fablica Democr\\u00e1tica Alemana, 1965; Bulgaria, 1968), y algunos pa\\u00edses de Sur Am\\u00e9rica, como Bolivia (C\\u00f3digo de la Familia de 1972) y Cuba (C\\u00f3digo de la Familia de 1975), Venezuela (C\\u00f3digo Civil reformado en 1982) y Ecuador (C\\u00f3digo Civil de 1980).\\n(7) M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosh, 1984,1. iy p\\u00e1g. 263.\\n(8) Merece destacarse el hecho de que en el caso de Alcaide v. Morales, 28 D.P.R. 278 (1920), se trataba de una acci\\u00f3n de impugnaci\\u00f3n del reconocimiento en el cual el vicio del consentimiento alegado lo era el \\\"error\\\", basado el mismo en que, luego de efectuado el reconocimiento, el demandante hab\\u00eda advenido en co-nocimiento de que \\u00e9l no pod\\u00eda procrear hijos por ser est\\u00e9ril.\\n(9) Como expres\\u00e1ramos al comienzo de la ponencia, la norma jurisprudencial antes mencionada fue ratificada por este Tribunal en varias ocasiones poste-riores, inclusive luego del advenimiento de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico en el a\\u00f1o de 1952. V\\u00e9anse: Collazo v. Mouri\\u00f1o, 51 D.P.R. 728, 731 (1937); F. Rodr\\u00edguez Hnos. & Co. v. Aboy, 66 D.P.R. 525, 540 (1946); Rossy v. Mart\\u00ednez, 70 D.P.R. 737, 741 (1949); Rivera v. Rivera, 78 D.P.R. 908, 911 (1956); R\\u00edos v. Banco Popular, 81 D.P.R. 378, 407 (1959), opini\\u00f3n concurrente del Juez Asociado Se\\u00f1or Santana Becerra.\\n(10) Alcaide v. Morales, ante, p\\u00e1g. 294.\\n(11) G. Velazquez, La extensi\\u00f3n de la acci\\u00f3n de filiaci\\u00f3n en el derecho puer-torrique\\u00f1o, XVII (N\\u00fam. 4) Rev. C. Abo. P.R. 237 (1957).\\n(12) Dispone el Art. 1253 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 3512:\\n\\\"La acci\\u00f3n de nulidad s\\u00f3lo durar\\u00e1 cuatro (4) a\\u00f1os.\\n\\\"Este tiempo empezar\\u00e1 a correr:\\n\\\"En los casos de intimidaci\\u00f3n o violencia, desde el d\\u00eda que \\u00e9stas hubiesen cesado;\\n\\\"en los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumaci\\u00f3n del contrato;\\n\\\"cuando la acci\\u00f3n se dirija a invalidar contratos hechos por mujer casada, sin licencia o autorizaci\\u00f3n competente, desde el d\\u00eda de la disoluci\\u00f3n del matri-monio,\\n\\\"y cuando se refiera a los contratos celebrados por los menores o incapaci-tados, desde que salieren de tutela.\\\"\\n(13) Como explicaremos m\\u00e1s adelante, si bien es cierto que el an\\u00e1lisis consti-tucional bajo la cl\\u00e1usula de la igual protecci\\u00f3n de las leyes se ha aplicado tradicio-nalmente en el contexto de clasificaciones legislativas, es igualmente aplicable en el contexto de clasificaciones jurisprudenciales, ya que los derechos constitu-cionales se reclaman contra el Estado y la Rama Judicial es uno de sus compo-nentes. Adem\\u00e1s, las Opiniones de este Tribunal son \\\"ley\\\" en esta jurisdicci\\u00f3n al igual que las aprobadas por la Asamblea Legislativa.\\n(14) 31 L.P.R.A. see. 461.\\n(15) \\u00abEl reconocimiento puede ser definido como acto jur\\u00eddico consistente en la afirmaci\\u00f3n solemne de la paternidad biol\\u00f3gica hecha por el generante, acto . que lo liga con el reconocedor.\\\" M. Albaladejo, El reconocimiento de la filiaci\\u00f3n natural, Barcelona, Ed. Bosch, 1954, p\\u00e1g. 63.\\n(16) Ello \\u00e9ste lo logra o demuestra, entre otros, probando que \\u00e9l no tuvo acceso carnal a la esposa durante el per\\u00edodo de concepci\\u00f3n del hijo por raz\\u00f3n, a manera de ejemplo, de que se encontraba fuera del pa\\u00eds; que pudiendo tener ese acceso carnal, \\u00e9l padece de una condici\\u00f3n de impotencia o esterilidad qu\\u00e9 impide la procreaci\\u00f3n; que aun habiendo tenido contacto sexual con l\\u00e1 esposa durante ese per\\u00edodo de concepci\\u00f3n, pruebas cient\\u00edficas confiables lo excluyen como padre; etc. En otras palabras, la \\u00fanica manera en que el marido puede destruir esa \\\"condici\\u00f3n de hijo\\\" que le confiere la ley al ser nacido vigente el matrimonio lo es mediante la presentaci\\u00f3n de prueba que destruya la relaci\\u00f3n biol\\u00f3gica entre \\u00e9l y ese \\\"hijo\\\".\\n(17) En palabras del profesor Calder\\u00f3n, Hijo: \\\"El prop\\u00f3sito y la consecuencia de la impugnaci\\u00f3n es, pues, el derrumbamiento del estado filiatorio establecido.\\\" \\u00c1.R. Calder\\u00f3n, Jr., La Filiaci\\u00f3n en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1978, p\\u00e1g. 35.\\n(18) Albaladejo, Curso de Derecho Civil, op. cit., p\\u00e1g. 263.\\n(19) Ello claramente se percibe en los casos en que se impugna el reconoci-miento debido a violencia o intimidaci\\u00f3n: el consentimiento se prest\\u00f3 debido a que el reconociente fue objeto de violencia o \\u00e9ste ten\\u00eda el temor fundado de ser v\\u00edc-tima de ella. En el caso del error es exactamente la misma situaci\\u00f3n; esto es, lo que se pretende impugnar es el reconocimiento y no la relaci\\u00f3n biol\\u00f3gica propia-mente. Resulta un tanto dif\\u00edcil visualizarlo por raz\\u00f3n de que, de ordinario, en esta situaci\\u00f3n se presenta prueba que destruye \\u00a1a relaci\\u00f3n biol\\u00f3gica. Por ejemplo, se trae prueba de que se descubri\\u00f3 que el \\\"padre\\\" era est\\u00e9ril o que los ex\\u00e1menes de sangre lo excluyen como tal. Su prop\\u00f3sito, sin embargo, no es demostrar que el reconociente no es el padre. El mismo es demostrar que \\u00e9ste reconoci\\u00f3 por error; esto es, si \\u00e9ste hubiera sabido que era est\\u00e9ril, no hubiera prestado el consenti-miento para reconocerlo.\\n(20) La Sec. 1 del Art. II de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, p\\u00e1g. 257, dispone:\\n\\\"La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podr\\u00e1 establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condici\\u00f3n social, ni ideas pol\\u00edticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucci\\u00f3n p\\u00fablica encarnar\\u00e1n estos principios de esencial igualdad humana'X\\u00c9nfasis suplido.)\\n(21) La Comisi\\u00f3n de la Convenci\\u00f3n Constituyente encargada del estudio de la Carta de Derechos, en su informe, hizo constar el alcance de la palabra \\\"naci-miento\\\" en el Art. II de la Constituci\\u00f3n:\\n\\\"Nacimiento. Se propone eliminar el estigma jur\\u00eddico en contra de los hijos habidos fuera de matrimonio. Se coloca a todos los hijos respecto de sus padres y respecto del orden jur\\u00eddico en igualdad de derechos. Las uniones il\\u00edcitas pueden y deben estar prohibidas y esta disposici\\u00f3n tendr\\u00e1 como una de sus consecuencias \\u00e9l desalentarlas. Pero el fruto inocente de ellas, debe advenir al mundo libre de descalificaciones o de inferioridades jur\\u00eddicas. As\\u00ed lo exige el principio de la responsabilidad individual, con arreglo a la cual nadie es culpable por los actos que \\u00e9l mismo no realiza. Aunque la legislaci\\u00f3n actual ya cubre en casi su totalidad lo aqu\\u00ed dispuesto, ser\\u00e1 menester nueva legislaci\\u00f3n. A los fines de herencias y propiedades las modificaciones resultantes de esta secci\\u00f3n no deber\\u00e1n ser retroactivas a nacimientos ocurridos antes de su vigencia.\\\" (\\u00c9n-fasis suplido.) 4 Diario de Sesiones de la Convenci\\u00f3n Constituyente 2562 (1951).\\n(22) Dispone la See. 7 del Art. II de nuestra Constituci\\u00f3n, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, p\\u00e1g. 276:\\n\\\"Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existir\\u00e1 la pena de muerte. Nin-guna persona ser\\u00e1 privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negar\\u00e1, a persona alguna en Puerto Rico la igual protecci\\u00f3n de las leyes. No se aprobar\\u00e1n leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinar\\u00e1n un m\\u00ednimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.\\\" (\\u00c9nfasis suplido.)\\n(28) V\\u00e9ase esc. 13.\\n(24) Este Tribunal nunca ha aplicado el escrutinio intermedio. V\\u00e9lez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984).\\n(25) De no ser as\\u00ed, no podr\\u00eda constitucionalmente subsistir la presunci\\u00f3n de hijo matrimonial que nuestro C\\u00f3digo Civil establece. Esto es, para que hubiese una total equiparaci\\u00f3n de los hijos se requerir\\u00eda la eliminaci\\u00f3n de esta presun- ci\\u00f3n. Sin embargo, como ya hemos explicado, tal eliminaci\\u00f3n constituir\\u00eda una abe-rraci\\u00f3n jur\\u00eddica.\\n(26) V\\u00e9ase H.D. Krause, Illegitimacy: Law and Social Policy, New York, The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1971, p\\u00e1g. 76: \\\"if the state really wishes to discourage casual unions, it should do so directly. It could do so by enforcing laws punishing fornication or by providing incentives for marriage.\\\" (Escolios omitidos.)\\n(27) En Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357, 362-363 (1985), citando con apro-baci\\u00f3n a F. Rivero Hern\\u00e1ndez, La presunci\\u00f3n de paternidad leg\\u00edtima, Madrid, Ed. Tecnos, 1971, p\\u00e1g. 487, dijimos que nuestro r\\u00e9gimen de impugnaci\\u00f3n de pa-ternidad: \\\"[E]s el sistema de impugnaci\\u00f3n m\\u00e1s deficiente y arbitrario de cuantos hemos visto, el m\\u00e1s estrecho y riguroso, el m\\u00e1s anacr\\u00f3nico y superado por la evoluci\\u00f3n de las ideas y realidad social y cient\\u00edfica de nuestros d\\u00edas. Las concep-ciones biol\\u00f3gicas y jur\\u00eddicas en que se fundara son hoy pr\\u00e1ctica y absolutamente inservibles, y el marco legal de la instituci\\u00f3n ha quedado tan estrecho que la violenta como una camisa de fuerza, hasta deformarla.\\\"\\nV\\u00e9ase, en adici\\u00f3n, C.E. Mascare\\u00f1as, Algunas consideraciones sobre la filia-ci\\u00f3n de los hijos extramatrimoniales y los derechos de los mismos, 10 Rev. Der. Pur. 173,179 (1963).\\n(28) Debe mantenerse presente que el reconocimiento que se ha hecho cons-tar en forma aut\\u00e9ntica y fehaciente, por ejemplo, en actas de nacimiento, testa-mentos, actuaciones judiciales, declaraciones juradas, etc., tiene el efecto de eximir al reconocido de acudir a la acci\\u00f3n civil filiatoria. Puente et al. v. Puente et al., 16 D.P.R. 582, 586 (1910). V\\u00e9anse, en adici\\u00f3n: Ex parte Hern\\u00e1ndez, 65 D.P.R. 142 (1946); Iturrino v. Iturrino, 24 D.P.R. 467 (1916); Gonz\\u00e1lez et al. v. L\\u00f3pez et al., 19 D.P.R. 1113 (1913); Figueroa v. D\\u00edaz et al., 19 D.P.R. 717 (1913); Bianchi v. Sucn. Bianchi, 67 D.P.R. 694 (1947); Medina v. Sucesi\\u00f3n de Bird et al., 30 D.P.R. 158 (1922); Servera v. Otero, 22 D.P.R. 367 (1915); Rodr\\u00edguez v. Rodr\\u00edguez et al., 18 D.P.R. 440 (1912); Rivera v. Rivera, 78 D.P.R. 908 (1956); Rodr\\u00edguez v. Rodr\\u00edguez, 35 D.P.R. 883 (1926); Pab\\u00f3n v. Alvarado et al., 28 D.P.R. 579 (1920); Ex parte Morales, 30 D.P.R. 907 (1922); Ramos v. Rosario, 67 D.P.R. 683 (1947); D\\u00edaz Font\\u00e1nez v. Sucn. D\\u00edaz, 86 D.P.R. 798 (1962).\\n(29) Si ello es as\\u00ed en obligaciones y contratos, no hay motivo para que en el campo de la filiaci\\u00f3n, donde tan necesaria es la seguridad del estado filiatorio, el punto de partida para computar el plazo sea diferente. Por la trascendencia del acto del reconocimiento, aquel que reconoce a un \\\"hijo\\\" tiene el deber de asegu-rarse en los casos en que tiene alguna duda respecto a su paternidad de que el ni\\u00f1o verdaderamente es suyo antes de reconocerlo. Las pruebas biol\\u00f3gicas exclu-yentes de la paternidad son una forma sencilla y altamente confiable de descubrir si no es el padre biol\\u00f3gico de un ni\\u00f1o. Cf. Ortiz v. Pe\\u00f1a, 108 D.P.R. 458 (1979).\\n(30) Dispone el Art. 3 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 3:\\n\\\"Las leyes no tendr\\u00e1n efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contrario.\\n\\\"En ning\\u00fan caso podr\\u00e1 el efecto retroactivo de una ley perjudicar los dere-chos adquiridos al amparo de una legislaci\\u00f3n anterior.\\\"\\n(31) Q.M. Scaevola, C\\u00f3digo Civil, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1949, T. 1, p\\u00e1g. 237.\\n(32) Pudiendo los tribunales hacer valer la caducidad ex officio judi\\u00e9is, Ortiz Rivera v. Sucn. Gonz\\u00e1lez Mart\\u00ednez, 93 D.P.R. 562, 599 (1966), procede igual-mente que se decrete la desestimaci\\u00f3n, por raz\\u00f3n de caducidad, de toda causa de acci\\u00f3n similar pendiente ante nuestros tribunales si la misma no fue presentada dentro del t\\u00e9rmino de tres meses de haberse realizado el reconocimiento.\\n(33) El Art. 126 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 505, dispone, en lo perti-nente, que el \\\"reconocimiento hecho a favor de un hijo que no re\\u00fana las condi-ciones del p\\u00e1rrafo primero de la see. 504 de este t\\u00edtulo podr\\u00e1 ser impugnado por aqu\\u00e9llos a quienes, perjudique\\\". Luego de la decisi\\u00f3n que hoy emitimos dicho art\\u00edculo tiene que ser interpretado a la luz de lo preceptuado en el Art. 116 del C\\u00f3digo Civil y la jurisprudencia aplicable al mismo. As\\u00ed, la impugnaci\\u00f3n del reco-nocimiento puede hacerse por el padre biol\\u00f3gico, Cf. Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357 (1985); por el propio reconocido \\u2014incidentalmente\\u2014 en las circuns-tancias en que est\\u00e9 reclamando una filiaci\\u00f3n incompatible, Cf. Robles L\\u00f3pez v. Guev\\u00e1rez Santos, 109 D.P.R. 563 (1980), Agosto v. Javierre, 77 D.P.R. 471 (1954), y por los herederos seg\\u00fan lo establecido en el referido Art. 116. Quedan revo-c\\u00e1dos expresamente los casos Fern\\u00e1ndez v. Sucn. Fern\\u00e1ndez, 66 D.P.R. 881 (1947), y Rossy v. Mart\\u00ednez, 70 D.P.R. 737 (1949).\"}"