"{\"id\": \"3827435\", \"name\": \"Jemir Aguayo Pomales, peticionaria, v. R & G Mortgage Corporation, recurrida\", \"name_abbreviation\": \"Aguayo Pomales v. R & G Mortgage Corp.\", \"decision_date\": \"2006-09-20\", \"docket_number\": \"N\\u00famero: CC-2006-52\", \"first_page\": \"36\", \"last_page\": \"53\", \"citations\": \"169 P.R. 36\", \"volume\": \"169\", \"reporter\": \"Decisiones de Puerto Rico\", \"court\": \"Supreme Court of Puerto Rico\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T22:57:57.451244+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Fuster Berlingeri no intervino.\", \"parties\": \"Jemir Aguayo Pomales, peticionaria, v. R & G Mortgage Corporation, recurrida.\", \"head_matter\": \"Jemir Aguayo Pomales, peticionaria, v. R & G Mortgage Corporation, recurrida.\\nN\\u00famero: CC-2006-52\\nResuelto: 20 de septiembre de 2006\\nJos\\u00e9 M. Acevedo \\u00c1lvarez, abogado de la parte peticionaria; Luis E. Tab\\u00f3n-Roca, Marta D. Masferrer y Ram\\u00f3n Luis Nieves, abogados de la parte recurrida.\", \"word_count\": \"4204\", \"char_count\": \"26635\", \"text\": \"El Juez Asociado Se\\u00f1or Rebollo L\\u00f3pez\\nemiti\\u00f3 la opini\\u00f3n del Tribunal.\\nEl 30 de septiembre de 2005, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, dict\\u00f3 sentencia en un procedimiento sumario, por despido injustificado, instado por la aqu\\u00ed peticionaria Jemir Aguayo Pomales. al amparo de la Ley N\\u00fam. 2 de 17 de octubre de 1961, seg\\u00fan enmendada, 32 L.P.R.A. see. 3118 et seq. En la sentencia dictada a esos efectos, el foro primario declar\\u00f3 \\\"con lugar\\\" la querella presentada por Aguayo Pomales contra su antiguo patrono, R&G Mortgage Corporation (R&G), determinando que el despido de \\u00e9sta no estuvo justificado; en consecuencia, el foro primario conden\\u00f3 a R&G a pagar a la querellante la mesada correspondiente y los honorarios de abogado. Oportunamente, R&G present\\u00f3 ante el referido foro una moci\\u00f3n para solicitar determinaciones de hechos y de derecho adicionales. \\u00c9sta fue declarada \\\"no ha lugar\\\" el 20 de octubre de 2005 y notificada el 26 de octubre de 2005.\\nEl 23 de noviembre de 2005, R&G present\\u00f3 un recurso de apelaci\\u00f3n ante el Tribunal de Apelaciones. En la referida apelaci\\u00f3n cuestion\\u00f3, en s\\u00edntesis, la determinaci\\u00f3n del tribunal de instancia en cuanto a que el despido fue injustificado. En particular, aleg\\u00f3 que la sentencia no se sosten\\u00eda por la prueba presentada durante el juicio. Por su parte, Aguayo Pomales present\\u00f3 una solicitud de desestimaci\\u00f3n del recurso de apelaci\\u00f3n. Argument\\u00f3 que el tribunal apelativo no ten\\u00eda jurisdicci\\u00f3n para atender el recurso, ya que \\u00e9ste se hab\\u00eda presentado cincuenta d\\u00edas luego de notificada la sentencia del foro primario. En espec\\u00edfico, aleg\\u00f3 que dentro de un procedimiento sumario, al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, ante, no resultaba procedente la presentaci\\u00f3n de una moci\\u00f3n de determinaciones de hechos y derecho adicionales; raz\\u00f3n por la cual su presentaci\\u00f3n por R&G no tuvo el efecto de interrumpir el t\\u00e9rmino para acudir en apelaci\\u00f3n. En fin, Aguayo Pomales solicit\\u00f3 del foro apelativo intermedio que desestimara la apelaci\\u00f3n presentada por R&G por falta de jurisdicci\\u00f3n.\\nExaminada la solicitud de desestimaci\\u00f3n presentada, el Tribunal de Apelaciones la declar\\u00f3 no ha lugar. En la resoluci\\u00f3n que dict\\u00f3 a esos efectos, dicho foro, no indic\\u00f3 las razones para esta determinaci\\u00f3n. Inconforme, Aguayo Pomales acudi\\u00f3 ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari. En s\\u00edntesis, se\\u00f1ala que el referido foro apelativo incidi\\u00f3 al no desestimar el recurso por falta de jurisdicci\\u00f3n. Posteriormente, la querellante present\\u00f3 una moci\\u00f3n en auxilio de jurisdicci\\u00f3n para la paralizaci\\u00f3n de los procedimientos a nivel del Tribunal de Apelaciones.\\nExpedimos el recurso y ordenamos la paralizaci\\u00f3n de los procedimientos hasta que otra cosa dispusi\\u00e9ramos. Contando con la comparecencia de las partes, resolvemos.\\nI\\nEl procedimiento sumario para los casos de reclamaciones laborales tiene como finalidad proveer al empleado un mecanismo procesal mediante el cual se aligere el tr\\u00e1mite de las reclamaciones laborales presentadas contra su patrono, adem\\u00e1s de implantar la pol\\u00edtica p\\u00fablica del Estado de proteger el empleo, desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero despedido de medios econ\\u00f3micos para su subsistencia mientras consigue un nuevo empleo. Pi\\u00f1ero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890 (1998); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 D.P.R. 912 (1996); Mercado Cintr\\u00f3n v. Zeta Com., Inc., 137 D.P.R. 737 (1994).\\nEn numerosas ocasiones este Tribunal ha reiterado la importancia de la celeridad de los procedimientos en los casos de reclamaciones laborales de empleados instadas al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, ante. Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494 (2003); R\\u00edos v. Industrial Optic, 155 D.P.R. 1 (2001). Hemos reconocido, adem\\u00e1s, que precisamente la rapidez en la soluci\\u00f3n de dichos casos fue el prop\\u00f3sito fundamental del legislador al aprobar la medida. V\\u00e9anse: D\\u00e1vila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483 (1999); 14 (N\\u00fam. 1) Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Extraordinaria) (1961). En atenci\\u00f3n a ello, \\\"hemos sido insistentes en se\\u00f1alar la importancia de respetar la naturaleza sumaria de este procedimiento de reclamaci\\u00f3n de salarios y no permitir que las partes desvirt\\u00faen dicho car\\u00e1cter especial y sumario\\\". D\\u00e1vila, Rivera v. Antilles Shipping, ante, p\\u00e1g. 493.\\nEllo no obstante, y aun reconociendo que el prop\\u00f3sito de la legislaci\\u00f3n antes citada es acelerar los procedimientos de reclamaciones laborales del empleado que los insta, este Tribunal ha expresado que el mencionado prop\\u00f3sito no es una norma inflexible que impida un tratamiento distinto en situaciones donde los fines de la justicia as\\u00ed lo ameriten. V\\u00e9ase Valent\\u00edn v. Housing Promoters, Inc., 146 D.P.R. 712 (1998). Aunque es norma reiterada que el car\\u00e1cter reparador de este procedimiento requiere que la ley sea interpretada liberalmente a favor del empleado, he-mos reconocido que no fue la intenci\\u00f3n del legislador imponer un tr\\u00e1mite procesal inflexible e injusto para el patrono querellado. Pi\\u00f1ero v. A.A.A., ante, p\\u00e1g. 903; Rivera v. Insular Wire Products Corp., ante, p\\u00e1g. 925.\\nComo consecuencia de lo antes expresado, en varias ocasiones nos hemos enfrentado a situaciones en que se ha planteado la aplicabilidad, o no, de varias de las Reglas de Procedimiento Civil al referido procedimiento sumario. Lo anterior, en vista de lo dispuesto por la See. 3 de la Ley N\\u00fam. 2 (32 L.P.R.A. see. 3120), a los efectos que en los casos tramitados con arreglo a dicho procedimiento de reclamaciones laborales aplicar\\u00e1n las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no est\\u00e9 en conflicto con el procedimiento establecido en la ley o con el car\\u00e1cter sumario del procedimiento. De hecho, de la propia Ley N\\u00fam. 2, ante, surge de forma clara que las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil que no sean contrarias a alguna disposici\\u00f3n espec\\u00edfica del procedimiento, ni que atenten contra su naturaleza sumaria, le aplican.\\nEn D\\u00edaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 321 (1975), al analizar la mencionada See. 3, expresamos que para resolver si determinado tr\\u00e1mite ordinario dispuesto por las Reglas de Procedimiento Civil puede o no aplicar al procedimiento sumario, hay que examinar si la regla procesal civil implicada resulta conflictiva o contraria a alguna disposici\\u00f3n espec\\u00edfica de la ley especial, y con el car\\u00e1cter sumario del procedimiento.\\nPosteriormente, en D\\u00e1vila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., ante, nos enfrentamos a la controversia en cuanto a si la presentaci\\u00f3n de un recurso de certiorari para revisar una resoluci\\u00f3n interlocutoria, dictada dentro del procedimiento sumario, era contraria o desvirtuaba el car\\u00e1cter sumario que deb\\u00eda imperar en el procedimiento. Resolvimos en la afirmativa. Al as\\u00ed hacerlo indicamos que la sobrecarga de casos pendientes ante los tribunales apelativos imped\\u00edan la r\\u00e1pida soluci\\u00f3n de estos recursos y que, por lo tanto, quedaba afectada la naturaleza sumaria del proceso. En consecuencia, concluimos que la parte que pretendiera impugnar tales resoluciones deb\\u00eda esperar hasta la sentencia final e instar el recurso pertinente a base del alegado error cometido.\\nDicha norma general de autolimitaci\\u00f3n, naturalmente, tiene sus excepciones. En casos en los que la resoluci\\u00f3n haya sido dictada sin jurisdicci\\u00f3n por el foro primario y en aquellos casos en los cuales los fines de la justicia requieran la intervenci\\u00f3n del foro apelativo \\u2014casos extremos en que la revisi\\u00f3n inmediata disponga del caso o su pronta disposici\\u00f3n, o cuando dicha revisi\\u00f3n tenga el efecto de evitar una grave injusticia\\u2014 los tribunales apelativos tendr\\u00e1n facultad de revisar una resoluci\\u00f3n interlocutoria dictada por el foro primario dentro de un procedimiento al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, ante.\\nII\\nEn lo referente al procedimiento de apelaci\\u00f3n de las sentencias dictadas por el tribunal de instancia en casos instados por la mencionada Ley N\\u00fam. 2, su Sec. 12 (32 L.P.R.A. sec. 3129), dispone que \\u00e9stas ser\\u00e1n revisadas conforme al procedimiento ordinario. Ello significa que, conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, las sentencias dictadas por el foro primario en un procedimiento instado al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, supra, podr\\u00e1n ser revisadas presentando un recurso de apelaci\\u00f3n dentro del t\\u00e9rmino jurisdiccional de treinta d\\u00edas del archivo en autos de la copia de la notificaci\\u00f3n de la sentencia dictada. Regla 53.1(c), 32 L.P.R.A. Ap. III.\\nEn conformidad con el procedimiento civil ordinario, entre los remedios postsentencia disponibles a la parte adversamente afectada por una sentencia dictada por el tribunal de instancia, adem\\u00e1s del recurso de apelaci\\u00f3n propiamente, se encuentra la presentaci\\u00f3n de una moci\\u00f3n para determinaciones iniciales o adicionales de hechos o de derecho, o para enmiendas a las determinaciones ya hechas. Regla 43.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Por su parte, la Regia 43.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, dispone que cuando la parte afectada por la sentencia presente la mencionada moci\\u00f3n, el t\\u00e9rmino para solicitar la revisi\\u00f3n de la sentencia quedar\\u00e1 interrumpido.\\nIII\\n\\u00bfProcede que se apliquen las disposiciones de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante \\u2014sobre mociones de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho iniciales o adicionales\\u2014 luego de dictada una sentencia dentro de un procedimiento de reclamaciones laborales al amparo de la antes citada Ley N\\u00fam. 2?\\nAun cuando la referida interrogante no ha sido resuelta por este Tribunal de forma directa y espec\\u00edfica, existen decisiones nuestras que, cuando menos, intimaron el resultado, en la afirmativa, al que hoy llegamos. En Andino v. Topeka, Inc., 142 D.P.R. 933 (1997), la querellante, luego de dictada una sentencia a favor del patrono dentro de un caso instado por el tr\\u00e1mite sumario de la Ley N\\u00fam. 2, ante, present\\u00f3 una moci\\u00f3n que titul\\u00f3 Moci\\u00f3n Solicitando Determinaciones de Hechos y de Derecho Adicionales bajo la Regla 43.3 y de Reconsideraci\\u00f3n. Aun cuando en la moci\\u00f3n llevaba este t\\u00edtulo, no se especificaron las determinaciones de derecho que la querellante deseaba que se realizaran. El foro de instancia la deneg\\u00f3 mediante resoluci\\u00f3n a esos efectos. Diecinueve d\\u00edas luego del archivo en autos de la copia de la notificaci\\u00f3n de la resoluci\\u00f3n que deneg\\u00f3 la moci\\u00f3n, la querellante present\\u00f3 una apelaci\\u00f3n ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. El referido foro determin\\u00f3 que, para que una moci\\u00f3n al amparo de la citada Regla 43.3 tuviera efecto interruptor del t\\u00e9rmino para recurrir en alzada, \\u00e9sta ten\\u00eda que ser una moci\\u00f3n suficiente de su faz. En vista de que la moci\\u00f3n presentada por la querellante no particularizaba las determinaciones de derecho deseadas, el referido foro desestim\\u00f3 el recurso por falta de jurisdicci\\u00f3n.\\nEn revisi\\u00f3n, confirmamos la determinaci\\u00f3n del foro apelativo. En dicho caso establecimos, por vez primera, los requisitos para que una moci\\u00f3n sobre determinaciones de hecho y de derecho interrumpiera el t\\u00e9rmino para apelar. A esos efectos, expresamos que \\u00e9sta deb\\u00eda constituir una \\\"propuesta que exponga con suficiente particularidad y especificidad los hechos que el promovente estima probados y, fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con cuestiones de hecho pertinentes o conclusiones de derecho materiales\\\". (\\u00c9nfasis suprimido.) Andino v. Topeka, Inc., ante, p\\u00e1g. 939.\\nEs de particular relevancia a este caso lo que expresamos en Andino v. Topeka, Inc., ante, en t\\u00e9rminos de que la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, no ten\\u00eda el prop\\u00f3sito de aumentar el t\\u00e9rmino jurisdiccional para apelar o presentar un certiorari, sino que su raz\\u00f3n de ser era brindarle al tribunal sentenciador la oportunidad de enmendar o corregir cualquier error cometido.\\nVemos que en el caso antes citado \\u2014el cual, repetimos, se inst\\u00f3 al amparo del procedimiento sumario de reclamaciones laborales\\u2014 en ning\\u00fan momento se cuestion\\u00f3 la facultad del tribunal de instancia para acoger una moci\\u00f3n de determinaciones de hechos y de derecho ni su efecto interruptor para acudir en revisi\\u00f3n de la sentencia dictada dentro de dicho procedimiento. En otras palabras, en Andino v. Topeka, Inc., ante, no se plante\\u00f3 que la moci\\u00f3n seg\\u00fan la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, fuese contraria a las disposiciones de la Ley N\\u00fam. 2, ante, ni a la naturaleza sumaria del procedimiento.\\nEn Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003), nos enfrentamos a un procedimiento, presentado al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, ante, en el que los empleados querellantes presentaron una moci\\u00f3n de determinaciones adicionales de hecho y de derecho. El foro primario la acogi\\u00f3, emiti\\u00f3 una resoluci\\u00f3n con ciertas determinaciones de hecho y conclusiones de derecho adicionales y dispuso que \\u00e9sta enmendaba la sentencia originalmente dictada. Posterior a ello, el patrono querellado present\\u00f3 una moci\\u00f3n de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho contra la \\\"sentencia enmendada\\\". Esta fue denegada de plano por el foro de instancia. El patrono present\\u00f3 un recurso de apelaci\\u00f3n ante el Tribunal de Apelaciones. El mencionado foro, ante una moci\\u00f3n de desestimaci\\u00f3n presentada por los querellantes, desestim\\u00f3 el recurso por, alegadamente, haberse presentado fuera del t\\u00e9rmino jurisdiccional para acudir en apelaci\\u00f3n.\\nEl patrono acudi\\u00f3 entonces ante este Tribunal alegando, en s\\u00edntesis, que su moci\\u00f3n de determinaciones adicionales de hechos y conclusiones de derecho tuvo el efecto de interrumpir el t\\u00e9rmino para acudir en revisi\\u00f3n de la sentencia enmendada. Este Tribunal, luego de reafirmar los requisitos expuestos en Andino v. Topeka, Inc., ante, para que una moci\\u00f3n a esos efectos interrumpiera el t\\u00e9rmino para apelar, esboz\\u00f3 la controversia en los t\\u00e9rminos siguientes: si luego de presentada y acogida una primera moci\\u00f3n de determinaciones de hecho adicionales, proced\\u00eda la presentaci\\u00f3n de una segunda moci\\u00f3n a esos efectos, y si \\u00e9sta interrump\\u00eda el t\\u00e9rmino para apelar.\\nResolvimos que esta segunda moci\\u00f3n proced\\u00eda en dos instancias: la primera, cuando las determinaciones a las que llegara el tribunal, luego de considerar la primera moci\\u00f3n de determinaciones adicionales, tuviera el efecto de enmendar o modificar la sentencia original a los fines de alterar sustancialmente el resultado del caso o bien producir un cambio sustancial en \\u00e9sta; la segunda instancia, cuando la primera solicitud de determinaciones de hecho adicionales, aun cuando no tuviera el efecto de modificar la sentencia original, incorporara nuevas determinaciones de hecho o conclusiones de derecho no incluidas en la sentencia original.\\nVemos, pues, que en este caso avalamos la facultad del foro de instancia para atender no una, sino dos mociones de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho adicionales dentro del procedimiento al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, supra.\\nIV\\nR&G argumenta que la moci\\u00f3n presentada, al amparo de las disposiciones de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, ten\\u00eda el prop\\u00f3sito de ofrecerle al foro de instancia la oportunidad de enmendar su sentencia, de modo que reflejara la realidad de la prueba que desfil\\u00f3 ante s\\u00ed, y las conclusiones de derecho que deb\\u00edan haberse emitido a tenor con la prueba desfilada en el juicio.\\nPor su parte, la peticionaria argumenta que, dentro del procedimiento establecido por la Ley N\\u00fam. 2, ante, la \\u00fanica alternativa que tiene la parte inconforme con la sentencia es el recurso apelativo, ya que la presentaci\\u00f3n de una moci\\u00f3n de determinaciones adicionales tendr\\u00eda el efecto de aumentar de forma impermisible el t\\u00e9rmino jurisdiccional de treinta d\\u00edas para recurrir en alzada y de atentar contra la naturaleza sumaria del procedimiento. Sostiene, adem\\u00e1s, que este Tribunal estableci\\u00f3 en el caso D\\u00edaz v. Hotel Miramar Corp., ante, cu\\u00e1les eran las \\u00fanicas Reglas de Procedimiento Civil aplicables a los proced\\u00ed mientos seg\\u00fan la Ley N\\u00fam. 2, ante. No le asiste la raz\\u00f3n a la peticionaria.\\nSeg\\u00fan se\\u00f1alamos anteriormente, en el caso D\\u00edaz v. Hotel Miramar Corp., ante, establecimos el est\\u00e1ndar que deb\\u00edan aplicar los tribunales para establecer si determinada disposici\\u00f3n de las Reglas de Procedimiento Civil pod\\u00eda, o no, ser aplicada al procedimiento sumario. Para establecer dicho est\\u00e1ndar, primero partimos de la base que la See. 3 de la Ley N\\u00fam. 2, ante, establec\\u00eda una norma general a los efectos de que las Reglas de Procedimiento Civil pueden ser aplicadas al procedimiento sumario. Con ello en mente, lo que expresamos en cuanto a ese aspecto fue que para efectivamente aplicar una disposici\\u00f3n en particular, hab\\u00eda que examinar si resultaba contradictoria, o no, con alguna disposici\\u00f3n espec\\u00edfica de la referida Ley N\\u00fam. 2 \\u00f3 el car\\u00e1cter sumario del procedimiento. Aun cuando enumeramos una serie de Reglas de Procedimiento Civil que ya hab\\u00edan sido avaladas por este Tribunal, de ninguna forma lo hicimos con la intenci\\u00f3n de que fuera un listado taxativo. Ello significa que hay que examinar cada regla, seg\\u00fan se vayan presentado los casos, y hacer el an\\u00e1lisis establecido en D\\u00edaz v. Hotel Miramar Corp., ante, tomando en cuenta que la norma de celeridad y el car\\u00e1cter del procedimiento no es restrictiva e inflexible y que el norte que se ha de seguir para determinar la apli caci\\u00f3n de una regla de Procedimiento Civil es que los casos sean resueltos de forma correcta y justa.\\nDebe mantenerse presente que la sentencia es el resultado de un proceso de reflexi\\u00f3n y que las determinaciones que haga el juez, tanto de hecho como de derecho, reflejan igualmente el resultado de ese proceso. Como ex-pres\\u00e1ramos en Andino v. Topeka, Inc., ante, p\\u00e1g. 938:\\nLa experiencia nos ense\\u00f1a que, dentro de ciertos l\\u00edmites, puede discreparse de una apreciaci\\u00f3n t\\u00e1ctica o que hay espacio para una interpretaci\\u00f3n jur\\u00eddica distinta; lo importante es evitar que prevalezcan dict\\u00e1menes judiciales caprichosos faltos de fundamento o hijos de la irreflexi\\u00f3n. M\\u00e1s all\\u00e1 de esa instancia, una sentencia explicada y fundamentada facilita la funci\\u00f3n revisora del foro apelativo al presentarle el cuadro t\\u00e1ctico claro que nutri\\u00f3 la conciencia judicial del juzgador.\\nUna moci\\u00f3n bajo la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, se presenta para que el tribunal que dict\\u00f3 la sentencia pueda tener la oportunidad de corregirla, formulando determinaciones adicionales de hecho, a base de la prueba presentada en el juicio, o conclusiones de derecho pertinentes al fallo. R. Hern\\u00e1ndez Col\\u00f3n, Pr\\u00e1ctica jur\\u00eddica de Puerto Rico: derecho procesal civil, San Juan, Ed. Michie, 1997, See. 5001, p\\u00e1g. 314. Por esta raz\\u00f3n, la moci\\u00f3n puede ser solicitada como remedio post sentencia por cualquiera de las partes en un pleito, pues su prop\\u00f3sito va dirigido a la consecuci\\u00f3n de un ideal de justicia exento de errores. V\\u00e9ase Rold\\u00e1n v. Lutr\\u00f3n, S.M., Inc., 151 D.P.R. 883 (2000).\\nResolvemos, en consecuencia, que luego de dictada la sentencia dentro de un procedimiento instado al amparo de la Ley N\\u00fam. 2, ante, a \\u00e9sta le aplican las disposiciones de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante.\\nV\\nHemos examinado la moci\\u00f3n presentada por R&G en el presente caso. \\u00c9sta no s\\u00f3lo fue presentada en tiempo, sino que cumple con los requisitos de especificidad establecidos en Andino v. Topeka, Inc. ante. Por consiguiente, dicha moci\\u00f3n efectivamente interrumpi\\u00f3 el t\\u00e9rmino para apelar, raz\\u00f3n por la cual el foro apelativo intermedio ten\\u00eda jurisdicci\\u00f3n para atender la apelaci\\u00f3n presentada por R&G. El referido foro, en consecuencia, actu\\u00f3 correctamente al denegar la moci\\u00f3n de desestimaci\\u00f3n presentada por la peticionaria Aguayo Pomales.\\nConforme lo expuesto, procede dictar sentencia confirmatoria de la resoluci\\u00f3n emitida en este caso por el Tribunal de Apelaciones y devolver el caso al mencionado foro para la continuaci\\u00f3n de los procedimientos.\\nSe dictar\\u00e1 sentencia de conformidad.\\nEl Juez Asociado Se\\u00f1or Fuster Berlingeri no intervino.\\nCopia de la notificaci\\u00f3n de la sentencia fue archivada en autos el 4 de octubre de 2005.\\nR&G Mortage Corporation (R&G) hab\\u00eda despedido a la querellante por, alegadamente, haber entregado informaci\\u00f3n personal, no p\\u00fablica, de sus clientes a un tercero, el agente de seguros Jorge Steidel, quien no trabajaba para R&G. Seg\\u00fan determin\\u00f3 el foro primario, R&G no rindi\\u00f3 un reporte escrito en tomo a los hechos y da\\u00f1os encontrados, al amparo de su pol\\u00edtica sobre informaci\\u00f3n confidencial y privilegiada, ni estableci\\u00f3 c\\u00f3mo se hab\\u00edan afectado sus intereses o la estabilidad de la instituci\\u00f3n. Por consiguiente, determin\\u00f3 que no hab\\u00edan mediado ninguna de las causas que permit\\u00edan el despido.\\nEn s\\u00edntesis, R&G solicit\\u00f3 al foro primario que hiciera determinaciones de hecho adicionales relacionadas con la persona a quien Aguayo Pomales hizo entrega de la informaci\\u00f3n confidencial; en cuanto a que durante la vista Aguayo Pomales hab\\u00eda testificado que conoc\\u00eda bien la pol\\u00edtica de confidencialidad de la instituci\\u00f3n; que \\u00e9ste admiti\\u00f3 que la informaci\\u00f3n no deb\\u00eda compartirse con terceros, y que hacerlo era contrario a la pol\\u00edtica de la instituci\\u00f3n. Tambi\\u00e9n se solicitaron determinaciones sobre la 'Pol\\u00edtica sobre Informaci\\u00f3n Confidencial\\\" de la instituci\\u00f3n. En cuanto a determinaciones de derecho, se solicitaron, en s\\u00edntesis, determinaciones sobre el Financial Services Modernization Act, 15 U.S.C.A. sec. 6801 et seq., su protecci\\u00f3n a la intimidad de la informaci\\u00f3n financiera de los clientes y el deber de las instituciones financieras de salvaguardar dicha confidencialidad.\\nEn dicho caso se resolvi\\u00f3 que la Regla 45.2(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap. III, entonces vigente, sobre la notificaci\\u00f3n previa a la parte en rebeld\\u00eda que hubiera comparecido al pleito y contra la cual se solicitaba se dictara sentencia, no aplicaba al procedimiento sumario. Indicamos como raz\\u00f3n para ello que concluir lo contrario atentar\\u00eda contra el car\\u00e1cter r\\u00e1pido y sumario del procedimiento.\\nEn ese caso se\\u00f1alamos, adem\\u00e1s, que este Tribunal hab\\u00eda avalado la aplicaci\\u00f3n de la Regla 13.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, referente a la enmienda de las alegaciones, para conformarlas a la prueba, de las Reglas 6.3 y 10.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, sobre consolidaci\\u00f3n de defensas con relaci\\u00f3n a la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, relativa al permiso para enmendar las alegaciones, y de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, sobre el relevo de sentencia. D\\u00edaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 321-322 (1975).\\nSeg\\u00fan la vigente Regla 53.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, la facultad para revisar las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera de Instancia radica en el Tribunal de Apelaciones. No obstante, la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aplicable al momento en que se present\\u00f3 el recurso de certiorari en dicho caso, Ley N\\u00fam. 11 de 24 de julio de 1952 (4 L.P.R.A. sec. 1 et seq), le otorgaba dicha facultad a este Tribunal.\\nSin embargo, la norma antes expuesta no se aplic\\u00f3 retroactivamente ante los hechos particulares del caso que consider\\u00f3 este Tribunal, ya que en \\u00e9ste, el procedimiento hab\\u00eda perdido su esencia \\\"sumaria\\\" debido al tiempo que hab\\u00eda tomado la resoluci\\u00f3n final del asunto. Por consiguiente, expresamos que, en dicho caso en particular, la revisi\\u00f3n de la resoluci\\u00f3n interlocutoria dictada por el foro primario no afectaba el prop\\u00f3sito perseguido por la norma de autolimitaci\\u00f3n establecida.\\nLa Regla 43.3 de Procedimiento Civil dispone lo siguiente:\\n\\\"No ser\\u00e1 necesario solicitar que se consignen determinaciones de hechos a los efectos de una apelaci\\u00f3n, pero a moci\\u00f3n de parte, presentada a m\\u00e1s tardar diez (10) d\\u00edas despu\\u00e9s de haberse archivado en autos copia de la notificaci\\u00f3n de la sentencia, el tribunal podr\\u00e1 hacer las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho iniciales correspondientes, si es que \\u00e9stas no se hubieren hecho por ser innecesarias, de acuerdo a la Regla 43.2, o podr\\u00e1 enmendar o hacer determinaciones adicionales, y podr\\u00e1 enmendar la sentencia de conformidad. La moci\\u00f3n se podr\\u00e1 acumular con una moci\\u00f3n de reconsideraci\\u00f3n o de nuevo juicio de acuerdo con las Reglas 47 y 48 respectivamente. En todo caso, la suficiencia de la prueba para sostener las determinaciones podr\\u00e1 ser suscitada posteriormente aunque la parte que formule la cuesti\\u00f3n no las haya objetado en el tribunal inferior, o no haya presentado moci\\u00f3n para enmendarlas, o no haya solicitado sentencia.\\\" 32 L.P.R.A. Ap. III.\\nA esos efectos, la referida Regla 43.4 de Procedimiento Civil establece que:\\n\\\"Radicada una moci\\u00f3n por cualquier parte en el pleito para que el tribunal enmiende sus determinaciones o haga determinaciones iniciales o adicionales, quedar\\u00e1n interrumpidos los t\\u00e9rminos que establecen las Reglas 47, 48 y 53, para todas las partes. Estos t\\u00e9rminos comenzar\\u00e1n a correr nuevamente tan pronto se archive en autos copia de la notificaci\\u00f3n de las determinaciones y conclusiones solicitadas.\\\" 32 L.P.R.A. Ap. III.\\nEsto es, que s\\u00f3lo una oportuna y bien formulada solicitud de determinaciones de hecho adicionales es la que interrumpe los t\\u00e9rminos para interponer una apelaci\\u00f3n.\\nA modo de ejemplo, no podr\\u00eda aplicarse al procedimiento sumario reglas que intervengan con las disposiciones de la Ley N\\u00fam. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. see. 3118 et seq.), que establecen t\\u00e9rminos cortos para contestar la querella; criterios estrictos para conceder una pr\\u00f3rroga para contestar la querella; el mecanismo especial para el emplazamiento del patrono; la obligaci\\u00f3n de hacer una sola alegaci\\u00f3n responsiva; las limitaciones en el uso de mecanismos de descubrimiento de prueba; la prohibici\\u00f3n de demandas o reconvenciones contra el obrero querellante; la facultad del tribunal para dictar sentencia en rebeld\\u00eda cuando el patrono querellado no cumple con los t\\u00e9rminos para contestar la querella; los mecanismos de revisi\\u00f3n y ejecuci\\u00f3n de las sentencias, y el embargo preventivo. Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494, 504 esc. 3 (2003); Ruiz v. Col. San Agust\\u00edn, 152 D.P.R. 226 (2000); Rodr\\u00edguez v. Syntex P.R., Inc., 148 D.P.R. 604 (1999); Santiago v. Palmas del Mar Properties, Inc., 143 D.P.R. 886, 892 (1997); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 D.P.R. 912, 923-924 (1996).\\nClaro est\\u00e1, dicha moci\\u00f3n tiene que cumplir con los requisitos de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, esto es, ser presentada dentro del t\\u00e9rmino de diez d\\u00edas de la notificaci\\u00f3n de la sentencia y con los requisitos de suficiente especificidad establecidos en Andino v. Topeka, Inc., 142 D.P.R. 933 (1997).\"}"