Reanudación del período de sesiones
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 17 de diciembre pasado, y reitero a Sus Señorías mi deseo de que hayan tenido unas buenas vacaciones.
Como todos han podido comprobar, el gran "efecto del año 2000" no se ha producido. En cambio, los ciudadanos de varios de nuestros países han sido víctimas de catástrofes naturales verdaderamente terribles.
Sus Señorías han solicitado un debate sobre el tema para los próximos días, en el curso de este período de sesiones.
A la espera de que se produzca, de acuerdo con muchos colegas que me lo han pedido, pido que hagamos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de las tormentas, en los distintos países de la Unión Europea afectados.
Invito a todos a que nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio.
(El Parlamento, de pie, guarda un minuto de silencio)
Señora Presidenta, una cuestión de procedimiento.
Sabrá usted por la prensa y la televisión que se han producido una serie de explosiones y asesinatos en Sri Lanka.
Una de las personas que recientemente han asesinado en Sri Lanka ha sido al Sr. Kumar Ponnambalam, quien hace pocos meses visitó el Parlamento Europeo.
¿Sería apropiado que usted, Señora Presidenta, escribiese una carta al Presidente de Sri Lanka expresando las condolencias del Parlamento por esa y otras muertes violentas, pidiéndole que haga todo lo posible para encontrar una reconciliación pacífica ante la extremadamente difícil situación que está viviendo su país?
Sí, señor Evans, pienso que una iniciativa como la que usted acaba de sugerir sería muy adecuada.
Si la Asamblea está de acuerdo, haré lo que el señor Evans acaba de sugerir.
Señora Presidenta, una cuestión de procedimiento.
Me gustaría que me asesorara sobre el Artículo 143 concerniente a la inadmisibilidad.
Mi pregunta se refiere a un asunto del que se hablará el jueves, día que en volveré a plantearla.
El informe Cunha sobre los programas de dirección plurianual se presenta al Parlamento el jueves y contiene una propuesta en el apartado 6 en torno a una forma de penalizaciones basada en cuotas que debe aplicarse a los países que no cumplan anualmente sus objetivos de reducción de flota.
El informe estipula que se debe aplicarse a pesar del principio de estabilidad relativa.
Creo que el principio de estabilidad relativa es un principio legal fundamental de las políticas pesqueras comunitarias, por lo que una propuesta que lo subvierta es legalmente inadmisible.
Quiero saber si se puede hacer este tipo de objeción a lo que sólo es un informe, no una propuesta legislativa, y si es algo que puedo plantear el jueves.
Su Señoría, si así lo desea, podrá plantear esta cuestión en ese momento, es decir, el jueves antes de que se presente el informe.
Señora Presidenta, coincidiendo con el primer período parcial de sesiones de este año del Parlamento Europeo, lamentablemente, en los Estados Unidos, en Texas, se ha fijado para el próximo jueves la ejecución de un condenado a la pena capital, un joven de 34 años que llamaremos con el nombre de Hicks.
A petición de un diputado francés, el Sr. Zimeray, se ha presentado una solicitud, cuyos firmantes han sido numerosos y entre los cuales me cuento, sin embargo, de conformidad con la posición constantemente expresada por el Parlamento Europeo y por toda la Comunidad europea, le pido que intervenga con el prestigio de su cargo y de la Institución que representa ante el Presidente y el Gobernador del Estado de Texas, Sr. Bush, que tiene la facultad de suspender la condena a muerte y de indultar al condenado.
Todo ello, de conformidad con los principios que siempre hemos apoyado.
Gracias, señor Segni, lo haré de muy buen grado.
Está, sin duda, dentro de la línea de las posiciones que nuestro Parlamento siempre ha adoptado.
Señora Presidenta, quisiera llamar la atención de usted acerca de un caso del que se ha ocupado una y otra vez este Parlamento.
Es el caso de Alexander Nikitin.
Todos celebramos aquí que el tribunal le haya declarado inocente y que haya puesto de manifiesto que también en Rusia el acceso a la información sobre el medio ambiente es un derecho constitucional.
Sin embargo, sucede que va a ser acusado de nuevo, pues el fiscal interpondrá un recurso.
Sabemos y lo hemos afirmado realmente en muchas resoluciones -precisamente en la última sesión plenaria del año pasado- que éste no es solamente un caso jurídico y que es un error acusar a Alexander Nikitin de conducta criminal y de traición, porque nosotros, como afectados por sus resultados, obtengamos provecho de ella.
Esos resultados constituyen la base de los programas europeos del mar de Barent y, por ello, le pido que estudie un borrador de carta que le describe los hechos más relevantes y que haga patente a Rusia esta posición que es acorde con las decisiones del Parlamento.
Sí, señora Schroedter, de buena gana voy a examinar los hechos relacionados con este tema en cuanto reciba su carta.
Señora Presidenta, en primer lugar me gustaría felicitarla por haber cumplido con su promesa ya que efectivamente en este primer periodo de sesiones del año nuevo se ha ampliado drásticamente el número de canales en nuestros despachos.
Sin embargo, señora Presidenta, no se ha hecho lo que yo había pedido.
Bien es verdad que ahora hay dos canales finlandeses y uno portugués, pero aún no hay ninguno neerlandés y yo le había pedido un canal neerlandés, porque también los neerlandeses quisiéramos escuchar las noticias cada mes, cuando nos mandan a este exilio.
Por lo tanto quisiera pedirle nuevamente que se encargue de que podamos ver también un canal neerlandés.
Señora Plooij-van Gorsel, puedo decirle que esa cuestión está en el orden del día de la reunión de cuestores fijada para el miércoles.
Espero que se examine con un espíritu positivo.
Señora Presidenta, ¿podría decirme por qué este Parlamento no cumple la legislación de sanidad y seguridad que en realidad ha aprobado?
¿Por qué no se ha hecho ninguna prueba de calidad del aire de este edificio desde que hemos sido elegidos?
¿Por qué no se ha celebrado ninguna reunión del Comité de Sanidad y Seguridad desde 1998?
¿Por qué no hemos tenido simulacros de incendio ni en los edificios del Parlamento de Bruselas ni en los del Parlamento de Estrasburgo?
¿Por qué no hay instrucciones en caso de incendio?
¿Por qué no se han mejorado las escaleras desde mi accidente?
¿Por qué no se respetan las áreas de no fumadores?
Es totalmente vergonzoso que aprobemos una legislación y no la cumplamos ni nosotros mismos.
Señora Lynne, tiene toda la razón del mundo, y verificaré si estas cosas no se han hecho de verdad.
También someteré el problema a la Junta de Cuestores, y estoy segura de que los cuestores harán lo debido para que respetemos las normas que, efectivamente, nosotros mismos votamos.
Sra. Presidenta, la Sra. Díez González y yo mismo habíamos presentado unas preguntas sobre determinadas opiniones, reproducidas en un diario español, de la Vicepresidenta, Sra. de Palacio.
Los servicios competentes no las han incluido en el orden del día por considerar que ya habían sido contestadas en una sesión anterior.
Ruego que se reconsidere esta decisión porque esto no es así.
Las preguntas contestadas con anterioridad se referían a la intervención, en determinado expediente, de la Sra. de Palacio, no a esas declaraciones aparecidas en el diario ABC el 18 de noviembre pasado.
Señoría, vamos a verificar todo esto.
Le confieso que, de momento, las cosas me parecen un tanto confusas.
Por consiguiente, vamos a revisarlas con seriedad para que todo esté en orden.
Señora Presidenta, me gustaría saber si el Parlamento emitirá esta semana un comunicado claro sobre el descontento por la decisión de hoy de no renovar el embargo de armas a Indonesia, considerando que la inmensa mayoría de este Parlamento apoyó en el pasado el embargo de armas a Indonesia.
La decisión de hoy de no renovar el embargo es extremadamente peligrosa teniendo en cuenta la situación de ese país.
Por lo tanto, el Parlamento debe enviar un mensaje, ya que ése es el deseo de la inmensa mayoría.
Es irresponsable por parte de los Estados Miembros de la UE negarse a renovar el embargo.
Como ha dicho la gente, la situación allí es extremadamente precaria.
De hecho, existe el riesgo de un golpe militar en el futuro.
No sabemos lo que está ocurriendo allí.
¿Por qué tienen que beneficiarse los productores de armas de la UE a expensas de gente inocente?
En cualquier caso, este tema no figura ahora mismo entre las demandas de urgencia para el jueves próximo.
Orden de los trabajos
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el proyecto definitivo de orden del día, establecido de conformidad con el artículo 110 del Reglamento en la Conferencia de Presidentes, el jueves 13 de enero.
En lo relativo al lunes y al martes, no hay modificaciones.
Miércoles :
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos solicita que se incluya una declaración de la Comisión sobre sus objetivos estratégicos para los próximos cinco años, así como sobre la reforma administrativa de la Comisión.
Desearía que el Sr. Barón Crespo, autor de la petición, interviniera para justificarla, si a él le parece adecuado, por supuesto.
Como siempre, escucharemos a un orador a favor y a otro en contra.
Señora Presidenta, la presentación del programa político de la Comisión Prodi para toda la legislatura fue inicialmente una propuesta del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos que logró la unanimidad de la Conferencia de Presidentes en septiembre y también la aceptación explícita del Presidente Prodi, que reiteró su compromiso en su discurso de investidura.
Tiene importancia este compromiso en la medida en que la Comisión es un organismo que tiene el monopolio de la iniciativa de acuerdo con los Tratados y, por lo tanto, configura básicamente lo que va a ser la actividad política y legislativa de este Parlamento en los próximos cincos años.
Recuerdo además, señora Presidenta, que este Parlamento votó en dos ocasiones en la anterior legislatura su confianza en el Presidente Prodi; en esta legislatura la votó de nuevo en julio y después, con la nueva Comisión en funciones, volvió en septiembre a darle un voto de confianza a toda la Comisión.
Por lo tanto, ya ha habido tiempo suficiente para que la Comisión prepare su programa y para que nosotros lo podamos conocer y podamos explicárselo a los ciudadanos.
En este sentido recuerdo la resolución del 15 de septiembre, en la que se recomendaba que se presentara la propuesta en el plazo más breve posible.
Los hechos ocurridos la semana pasada -que se han originado al margen de la Conferencia de Presidentes y utilizándola sólo para corroborar y ratificar decisiones tomadas fuera de ella- plantean un dilema: o bien la Comisión no está en condiciones de presentar ese programa (en ese caso convendría que lo aclarara.
Según palabras de su Presidente, está en condiciones de hacerlo.
Dado que la Comisión está representada por la Vicepresidenta, Sra. de Palacio, creo que antes de votar sería conveniente conocer la situación de la Comisión en relación con su disponibilidad para presentar el programa, tal como se había convenido); o bien el Parlamento no está en condiciones de examinar este programa, como parece que pretenden algunos.
En mi opinión, esta segunda hipótesis significaría hacer dejación de nuestras responsabilidades como Parlamento, además de introducir una tesis original, un método desconocido consistente en dar a conocer a los grupos políticos por escrito el discurso programático de la Comisión una semana antes -y no el día antes, como se había convenido-, teniendo en cuenta que el programa legislativo se discutirá en febrero, de tal manera que podríamos prescindir del debate, porque al día siguiente la prensa e Internet lo habrían dado a conocer a todos los ciudadanos y el Parlamento no tendría ya por qué ocuparse del asunto.
Como mi Grupo opina que un Parlamento está hecho para escuchar, para debatir y para reflexionar, pensamos que no hay razón alguna que justifique este aplazamiento y creemos que si, la Comisión está en condiciones de hacerlo, estamos perfectamente a tiempo para poder restablecer el acuerdo original entre el Parlamento y la Comisión y proceder con responsabilidad ante nuestras conciudadanas y nuestros conciudadanos.
Por lo tanto, la propuesta que hace el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos y que su Señoría ha mencionado es que el miércoles se mantenga la presentación del programa de legislatura de la Comisión Prodi, incluyendo dentro de este programa también el proyecto de reforma administrativa porque, de no ser así, nos podemos encontrar con una situación paradójica: con la excusa de que no hay texto, se niega por una parte el derecho al Presidente de la Comisión a hablar en este Parlamento y, por otra parte, que tenga lugar un debate sobre la reforma sin que este Parlamento conozca previamente los textos en que se basa.
Por lo tanto, le ruego, señora Presidenta, que pida a la Comisión que se manifieste en este momento y después que se proceda al voto.
(Aplausos del grupo PSE)
. Señora Presidenta, quiero dejar muy claro que, ante todo, la Comisión tiene el máximo respeto por las decisiones de este Parlamento y, entre ellas, la de establecer su orden del día.
Por lo tanto, nosotros respetamos lo que en este sentido pueda decidir el Parlamento.
Pero quiero dejar también muy claro que el Presidente Prodi se comprometió con el Parlamento a incorporar un nuevo debate, como ha recordado el Sr. Barón, que se añade al debate anual sobre el programa legislativo de la Comisión, sobre las grandes líneas de actuación para el próximo período de cinco años, es decir, para esta legislatura.
Quiero decir, señora Presidenta, que este debate se distinguía, en el acuerdo al que se llegó en el mes de septiembre, de lo que es la presentación anual del programa legislativo de la Comisión.
Y quiero decir, señora Presidenta, que, por parte de la Comisión, estamos preparados y dispuestos a tener ese debate cuando convenga, que estábamos preparados para desarrollarlo esta semana, como en principio se había acordado, partiendo de la base de que se presentaba la víspera en un discurso a los grupos parlamentarios.
Por lo tanto, señora Presidenta, quiero reiterar que, por nuestra parte, hemos debatido el programa de actuación para los próximos cinco años y que estamos preparados para, cuando así lo decida el Parlamento, -esta misma semana si ésa es la decisión- venir a exponer el programa para los próximos cinco años y, el mes que viene, el programa para el año 2000, que era lo que estaba perfectamente acordado.
Propongo que votemos la petición del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos para volver a incluir la declaración de la Comisión sobre sus objetivos estratégicos.
(El Parlamento rechaza la petición) El Presidente.
Sobre el tema del miércoles, tengo otra propuesta relativa a la pregunta oral sobre el impuesto al capital.
El grupo PPE-DE solicita que se retire este punto del orden del día.
¿Algún colega tomará la palabra en nombre del grupo para justificar esta petición?
Señora Presidenta, escucho algunas risas entre los socialistas.
Me han dicho que también amplios círculos del Grupo Socialista ven de buen grado la supresión de este punto del orden del día, ya que en la votación habida en la Conferencia de Presidentes faltó el voto del grupo de trabajo competente para ello de nuestros colegas del Grupo Socialista.
Ignoro si esta información es correcta, pero nosotros como Grupo del PPE/DE agradeceríamos en cualquier caso que se suprimiera este punto, ya que el Parlamento se ha ocupado ya numerosas veces de esta cuestión.
También existen acuerdos contra semejante impuesto.
Por consiguiente, mi Grupo solicita que se suprima este punto del día.
Gracias, señor Poettering.
Escuchemos ahora al Sr. Wurtz, que hablará en contra de la petición.
Señora Presidenta, ante todo quiero subrayar la falta de lógica del señor Poettering, que acaba de dar una lección al Grupo de los Socialista Europeos para que se vuelva a tratar una decisión que se tomó de un modo absolutamente claro en la Conferencia de Presidentes.
Y él hace lo mismo.
Hemos discutido, expresamos unanimidad, con excepción de los Grupos del PPE y del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, y yo mismo hice notar -como lo recordarán mis queridos compañeros presidentes- que no se trata de saber si están ustedes a favor o en contra del impuesto Todin, sino de saber si se atreven a comprender lo que piensan al respecto la Comisión y el Consejo.
No es pedir demasiado.
Por lo tanto, reitero la propuesta de mantener esta pregunta oral a la Comisión y al Consejo para saber de una vez por todas cuál es la posición de esos dos órganos en lo que se refiere a esta propuesta relativamente modesta, pero que sería una señal importante para la opinión, sobre todo después de la conmoción que suscitó el fracaso de la Conferencia de Seattle.
Se vota la propuesta del Grupo PPE-DE para retirar del orden del día la pregunta oral referida al impuesto sobre el capital.
(El Parlamento rechaza la propuesta por 164 votos a favor, 166 votos en contra y 7 abstenciones)
Señora Presidenta, quiero agradecer al señor Poettering la publicidad que acaba de dar a este debate.
Gracias.
Señora Presidenta, ¿se ha contabilizado mi voto, que no ha podido ser realizado electrónicamente, porque no tengo la tarjeta?
Mi voto era "a favor" .
Señora Presidenta, la Presidencia ha proclamado el resultado de la votación.
No caben modificaciones.
Señora Presidenta, en la votación anterior -y me atendré a su decisión en este asunto- sobre la cuestión del plan estratégico de la Comisión, indiqué que me habría gustado hablar antes de la votación en nombre de mi Grupo.
Esto no ha ocurrido.
Le agradecería que, al cierre de este punto, se me permitiera dar una explicación del voto en nombre de mi Grupo.
Es un asunto importante.
Sería útil que el historial de la Cámara registrara cómo percibe la gente lo que hemos hecho a la luz de sus propios análisis políticos.
Señora Presidenta, no deseo reanudar el debate, pero había pedido también la palabra para dar mi opinión acerca de la enmienda del Sr. Barón Crespo.
Tampoco me ha nombrado usted.
Lo lamento, pero la votación se ha realizado, se ha adoptado la decisión y, por consiguiente, dejemos así las cosas.
Lo siento mucho, señor Hänsch, señor Cox, no he advertido que ustedes pedían la palabra.
En estas circunstancias, creo que las posiciones están claras y que se reflejarán en el Acta.
Cuando mañana se trate la aprobación del Acta de la sesión de hoy, si Sus Señorías estiman que las posiciones no se han explicado lo bastante bien, podrán pedir modificaciones.
Creo que es una buena fórmula.
Por supuesto que el Acta de la sesión de mañana consignará todas las explicaciones complementarias.
Creo que esta fórmula es mejor que la de proceder ahora a unas explicaciones de voto que nos llevarían mucho tiempo.
Sr. Hänsch, Sr. Cox, ¿les parece bien?
Señora Presidenta, si en el registro de la votación consta correctamente cómo ha votado mi Grupo, ni quiero ni puedo plantear objeción alguna.
Si su decisión es que no podemos explicar nuestro voto, la acataré, pero no sin reservas.
Consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0105/1999) respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los requisitos mínimos aplicables al examen de los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril o por vía navegable (C5-0208/1999 - 1998/0106(COD)). (Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo) (Ponente : Dieter-Lebrecht Koch).
. (DE) Distinguida señora Comisaria, distinguida señora Presidenta, estimados colegas, celebro sobremanera la posición común del Consejo sobre la armonización de la formación de los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vías navegables.
En primer lugar: hemos tenido que actuar en el terreno formal para satisfacer las exigencias de la Directiva 96/35/CE que obliga a los Estados miembros a la implantación de encargados de la prevención de riesgos inherentes a las mercancías peligrosas o consejeros de seguridad, así como a la organización, escolarización y examen de estas personas, sin especificar esto de manera explícita.
En segundo lugar: con esta directiva pretendemos: a) aumentar la seguridad tanto en el transporte como en el transbordo de mercancías peligrosas; b)reducir las distorsiones de la competencia que se siguen de la existencia de muy diferentes estructuras nacionales de formación y de costes, así como c) establecer la igualdad de oportunidades de los consejeros de seguridad en el mercado de trabajo europeo.
En tercer lugar, con la directiva, tal como se presenta ahora como posición común y, en especial, puesto que se limita exclusivamente a normas mínimas, garantizamos un alto grado de flexibilidad y una reducida reglamentación por parte de la Unión Europea, contribuyendo así a incrementar en alto grado la autorresponsabilidad de los Estados miembros.
Hay que celebrar extraordinariamente todo esto en el sentido de la subsidiariedad.
Considero que se han tenido satisfactoriamente en cuenta nuestras enmiendas de la primera lectura.
Han sido aceptadas, se han puesto en práctica adecuadamente o no se han asumido porque no se aceptaron las correspondientes regulaciones europeas, por ejemplo, un sistema de sanciones para los casos de transgresión o una complicada constitución de bloques de cuestiones.
Pido la conformidad de ustedes para una enmienda de la Comisión de Política Regional y Turismo, que ha sido aprobada por unanimidad y que se refiere a la realización temporal de la directiva.
En la medida que no imponemos a los Estados miembros ninguna fecha para la puesta en práctica de la directiva, sino que les concedemos un período de tres meses a partir de la entrada en vigor de la directiva, introducimos una cláusula de flexibilidad que garantiza una puesta en práctica sin demora.
Pido la conformidad de ustedes.
Señora Presidenta, no podemos ni debemos acostumbrarnos a escuchar cada vez con más frecuencia noticias de accidentes en carretera o en el ferrocarril o en las vías navegables en los que se producen grandes daños, no sólo, pero sí también, porque los afectados no toman suficientemente en serio el tránsito de mercancías peligrosas o porque con mucha frecuencia, debido a la ignorancia o a la deficiente preparación de los conductores o de otros responsables de los diversos medios de transporte, de un pequeño accidente se ha seguido una gran catástrofe.
Yo como austríaco, pero creo que todos nosotros tenemos aún un vivo recuerdo de la catástrofe que el año pasado costó la vida a numerosas personas en el túnel del Tauern y en el que después hubo que reconstruir durante largos meses y con un gigantesco gasto financiero lo que fue destruido por el incendio en el túnel.
Este reacondicionamiento, que duró varios meses, cortó esta importante vía de transporte entre el norte y el sur de Europa.
El desvío consiguiente del transporte por esta causa llevó hasta el límite de lo soportable a muchos miles de ciudadanos de la UE.
En determinadas localidades de mi país se produjo realmente una situación caótica.
La prevención debe ser nuestra respuesta a semejantes catástrofes, y con el presente proyecto de directiva establecemos una base importante para disponer de encargados de la prevención de riesgos, bien formados, para que llegado el momento se haga lo correcto.
Naturalmente, no podemos contentarnos con crear Derecho europeo en interés de una mayor seguridad.
También hemos de procurar consecuentemente que nuestros objetivos sean incorporados a las legislaciones nacionales por los Estados miembros en los plazos fijados y, aún más importante, hemos de procurar que luego sean llevados a la práctica.
Por favor, que éste no sea otro ámbito en el que luego tengamos que lamentar un déficit de ejecución.
Quisiera referirme a un último punto: no debemos contentarnos con cerrar otro agujero en la red de la seguridad y a continuación cerrar los ojos ante el hecho de que en materia de seguridad del transporte en Europa queda aún mucho más por hacer.
A este respecto quiero reclamar y pedir a la Comisaria competente, que se encuentra aquí, que presente lo antes posible el texto pertinente para mejorar en el futuro la seguridad en los túneles, a fin de que en Europa no tengamos que sufrir catástrofes de tales dimensiones.
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera agradecer el informe del Sr. Koch que se ha centrado en el asunto de la seguridad en el transporte.
El informe trata de la cuestión de armonizar los requisitos de examen para los consejeros de seguridad que desempeñan su tarea en el ámbito del transporte de mercancías peligrosas por carretera, vías férreas y vías fluviales.
Le felicito por su excelente informe.
Por desgracia, la seguridad en el transporte ha sido noticia recientemente: el accidente ferroviario de Paddington, en Londres, el de Noruega, los dos accidentes aéreos en los que se vieron implicados ciudadanos de la UE, y el desastre natural provocado por el Erika en Bretaña -sucedidos todos en los últimos cuatro meses- nos recuerdan que nunca debemos dar por sentada la seguridad en el transporte, y que los encargados de proteger al público deben estar muy motivados y altamente cualificados.
El ponente ha señalado a la Cámara que el Consejo ha aceptado en su posición común seis de las diez enmiendas parlamentarias presentadas en primera lectura, y que se ha tenido en cuenta la esencia de las otras enmiendas del Parlamento.
Por lo tanto, mi Grupo va a apoyar esa posición común y espera que se adopte una legislación que nos proporcione otra herramienta en nuestra lucha por aumentar todo lo posible la seguridad del transporte en la Unión Europea.
Cuando se trata de seguridad mi Grupo siempre apoyará iniciativas que aumenten la seguridad en el transporte.
Como han demostrado los sucesos recientes, aún nos queda mucho por hacer sobre este tema.
Señora Presidenta, quisiera hacer algunas observaciones.
En primer lugar, quiero agradecer al ponente su labor extraordinariamente precisa y técnica en este informe, y en segundo lugar, quiero agradecer a la Comisión la propuesta que ha presentado.
Se trata de la armonización de los requisitos de los exámenes, pero de hecho estamos hablando de los requisitos mínimos.
Es una pena en cierto sentido.
La importancia de la seguridad del transporte por carretera, por ferrocarril y por vía navegable es naturalmente muy grande y, dado el carácter internacional del transporte, la formación de los consejeros de seguridad debería estar armonizada, como también, por ejemplo, los requisitos del futuro ADR.
Eso es importante, pero también lo es el control y hay por supuesto varios motivos por los que debemos dedicarle una atención especial.
Fíjense en los accidentes en la carretera de los últimos años. Por ejemplo en Bélgica, los Países Bajos y algunos otros países donde, habiendo niebla, los camiones con mercancías peligrosas seguían en ruta cuando deberían haber parado en esos momentos.
O barcos procedentes de Europa oriental atracados al lado de otras embarcaciones donde se da una situación de peligro más que evidente.
Además, se desprende de las investigaciones realizadas en los puertos en Bélgica, en Finlandia, pero también en Japón, que el 50% de los contenedores con mercancías parcialmente peligrosas no se entregan correctamente.
Dicho de otra forma, es de gran importancia.
Al contemplar la situación de los consejeros de seguridad, vemos que en algunos países es obligatorio contar en las empresas con dichos consejeros de seguridad desde el 1 de enero de este año.
En este momento esto provoca grandes problemas de control especialmente en las empresas pequeñas, porque no lo pueden pagar.
Entonces, o rechazarán estas mercancías o las mezclarán con otras y eso causará algunos problemas.
Por ello, se está pidiendo una evaluación de esas actividades en forma de informes anuales, análisis de empresas, que se podría incorporar eventualmente en los certificados ISO 9002.
Las reglas están, ahora queda el control.
Permítanme que mencione una última cuestión.
Respecto al control, hemos de llegar a unos buenos acuerdos con los países de Europa Oriental, porque hasta el 1 de julio de 2001, o sea hasta dentro de un año y medio, no participarán en los tratados sobre esta materia.
Esto les da una ventaja competitiva temporal.
No es grave en sí, pero lo que deberíamos hacer especialmente es dar prioridad a los aspectos de seguridad en el transporte de mercancías por carretera, por ferrocarril y por vía navegable e incorporar esta parte del acervo comunitario lo más rápidamente posible y presentarla a los países candidatos a la adhesión.
Señora Presidenta, en este Parlamento con razón se presta atención regularmente a la importancia de la seguridad en el transporte.
Las cantidades crecientes de mercancías que pasan por Europa, conllevan riesgos de los que somos conscientes y a veces inconscientes, para el personal y para el entorno social.
Las personas que tienen que manejar estos riesgos, deben cumplir por lo tanto unos altos requisitos.
Las normas que para ello se han redactado en otra directiva, la 95/35/CE, parecen lo suficientemente adecuadas para aconsejar de forma razonable a las personas sobre la organización del transporte de mercancías peligrosas.
Me alegro de que haya también un acuerdo con el Consejo sobre los requisitos mínimos para su examen, aunque hubiera preferido que se hubieran creado unas normas fijas y uniformes, de modo que los certificados fueran iguales desde el punto de vista internacional.
Esto, no obstante, no fue posible.
Por último, la enmienda que ha presentado el ponente, me parece más que lógica y, por lo tanto, la apoyo plenamente.
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, ante todo, quisiera felicitar a nuestro colega, el Sr. Koch, por sus informes, los cuales quizá sean informes técnicos, pero revisten una gran importancia para la seguridad.
Deseo hacer solamente unas puntualizaciones.
En primer lugar, quiero pedir a la Sra. Comisaria -y estoy seguro de que mi deseo cae en suelo fértil- que dedique una mayor atención a la cuestión de la seguridad, sea ésta en carretera, en ferrocarril o en las vías fluviales.
Cuando veo que la primera enmienda de la Comisión fue presentada el 19 de marzo de 1998 y que nos estamos ocupando aún de esto -y a este respecto el Parlamento ha reaccionado con relativa rapidez- el período de tiempo es demasiado largo.
Esto no es ahora culpa de la Comisión solamente, pero creo que debemos reaccionar con mayor rapidez y lograr una mayor armonización en este punto.
El segundo punto también ha sido mencionado ya: las normas mínimas.
Fundamentalmente, soy de la opinión de que en muchos ámbitos del transporte habría que aspirar a una mayor flexibilidad y a unas regulaciones elaboradas por los países.
En el caso de la seguridad soy un tanto escéptico porque la seguridad en Suecia, por ejemplo, no se diferencia, en principio, de la seguridad en Alemania, en Italia o en Austria.
Puedo vivir con estas normas mínimas, pero pido a la Comisión que haga un seguimiento real y cuidadoso de las cosas.
Si este tipo de flexibilidad condujera en algunos países a regulaciones insuficientes, deberíamos emprender una armonización ulterior.
El tercer punto ha sido mencionado también: igual que nuestro colega, el Sr. Rack, procedo de un país de tránsito en el que esta cuestión desempeña un papel especial.
No queremos empeorar las condiciones de la competencia de manera unilateral para algunos países y mejorarlas para países como Austria u otros países de tránsito.
Pero creo que todos debemos hacer todo lo posible para restringir el transporte de mercancías peligrosas y, por cierto, en todos los países, sean países de tránsito o no.
. Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente, Sr. Koch, por su magnífico trabajo y por su positiva colaboración con la Comisión a la hora de mejorar los textos, de presentar este informe y esta propuesta; al final, sólo hay una enmienda relativa a los requisitos del examen de aptitud de los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril o vía navegable.
Entendemos que es importante la colaboración, el trabajo en común por parte de las dos instituciones -Parlamento y Comisión- y que la colaboración que existe con la Comisión de Política Regional, y concretamente con el grupo de transportes, es magnífica.
La posición común incluye prácticamente todas las enmiendas aceptadas por la Comisión, armoniza los requisitos mínimos de los exámenes de los consejeros de seguridad y, en segunda lectura, podemos aceptar la enmienda sobre la fecha propuesta, mucho más realista que la planteada en principio por la Comisión, teniendo en cuenta que ya llevamos varios años debatiendo sobre esta cuestión.
Brevísimamente, quiero agradecer también la intervención de los distintos diputados y decirles a sus Señorías que la seguridad es una prioridad de la Comisión en el ámbito de los transportes.
Y como muy bien ha dicho el Sr. Simpson, nunca se puede dar por sentado o por adquirido o por culminado el proceso.
El proceso de incrementar los márgenes, las garantías de seguridad en los transportes es un proceso que hay que ir mejorando día a día.
En ese sentido, quiero referirme también muy brevemente a los problemas de los túneles, a que han hecho referencia los Sres. Rack y Swoboda, que, indudablemente, en el caso de Austria, es un asunto muy sensible, por lo que hay que hacer esfuerzos para ver cómo incrementar su seguridad.
En uno de los grandes accidentes ocurridos últimamente, la mercancía transportada no era en sí peligrosa.
La margarina y unos kilos de pintura que, en principio, no planteaban riesgos, provocaron una verdadera catástrofe.
Por lo tanto, hay que ver cómo se pueden afinar todavía más las exigencias que permitan garantizar un máximo de seguridad.
Por último, quisiera decir que hay que contemplar la seguridad en todos los tipos de transporte.
Esta semana celebraremos aquí un debate para hablar de la seguridad del transporte marítimo, debido a la catástrofe del Erika, y tendremos que discutir, a lo largo de este año, sobre los objetivos, en materia de seguridad, del transporte aéreo.
Pero quiero decir, Señorías, que la seguridad es un objetivo prioritario de la Comisión.
Como diré en el debate sobre el Erika, no esperamos a que haya una catástrofe para volcarnos sobre el aspecto de la seguridad, sino que trabajamos en ello al margen de esas circunstancias, que lo único que hacen es mostrar la urgencia de una respuesta eficaz a ese tipo de problemas.
Quiero reiterar mi agradecimiento a todos los que han intervenido y muy especialmente al ponente, Sr. Koch.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
Transporte de mercancías peligrosas por carretera
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0104/1999) del Sr. Koch, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(1999) 158 - C5-0004/1999 - 1999/0083(COD)) por la que se modifica la Directiva 94/55/CE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Señor Presidente, distinguida señora Comisaria, estimados colegas, la directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera, que entró en vigor el 1 de enero de 1997, contiene algunas disposiciones transitorias cuya vigencia está sometida a plazo y se encuentra vinculada a la conclusión de determinados trabajos de normalización del CEN, es decir, del Comité Europeo de Normalización.
Ahora bien, algunos aplazamientos que se han producido en los trabajos del CEN están originando problemas a la hora de la aplicación de esta directiva.
En especial, no es posible adaptar los anexos de acuerdo con el desarrollo técnico e industrial.
Lamento esto, pues debemos actuar porque otros no han realizado su trabajo.
En este sentido acepto la presente propuesta, que hoy se somete a debate, sobre la modificación de la Directiva 94/55/CE.
La inactividad de la Unión Europea obligaría a los Estados miembros a modificar sus normas jurídicas intraestatales para un corto período de tiempo, en concreto, hasta la conclusión de los trabajos del CEN, lo cual origina costes e inseguridades innecesarios.
Por consiguiente, la modificación de la directiva, que figura hoy en el orden del día, no produce ningún cambio en la armonización del transporte de mercancías peligrosas que se está llevando a cabo en la Comunidad.
Prorroga únicamente algunas disposiciones transitorias mediante el aplazamiento de los límites temporales, no suprime más disposiciones específicas y regula los procedimientos para a) los transportes ad hoc de mercancías peligrosas, así como para b) la aprobación de disposiciones nacionales menos rigurosas, en especial en el caso del transporte de cantidades muy pequeñas de mercancías peligrosas en territorios localmente muy delimitados.
De esta suerte la modificación de la directiva se hace completamente en el sentido de la subsidiariedad; los Estados miembros adquieren más facultades.
La Comisión de la UE decide si los Estados miembros pueden dictar determinadas disposiciones propias.
A este respecto está asistida, de acuerdo con el procedimiento normativo, por un Comité de expertos en materia de transporte de mercancías peligrosas.
Las modalidades de ejercicio de estas facultades de ejecución transferidas a la Comisión fueron reguladas por vez primera por acuerdo del Consejo de junio de 1999.
La propuesta de modificación de la directiva relativa al transporte de mercancías peligrosas por carretera, que hoy se halla sometida a debate, data de mayo de 1999 y, en consecuencia, no ha podido valerse todavía del actual procedimiento de comitología.
Las enmiendas que se han presentado y que han sido aprobadas por unanimidad en la comisión se refieren precisamente en dos casos a este modificado procedimiento de comitología.
Quisiéramos asegurar que se aluda ya a esto en los considerandos y que el plazo, imprecisamente formulado, dentro del cual el Consejo ha de adoptar una decisión, se fije en tres meses como máximo.
Por lo demás se alude también a la necesidad de una mayor transparencia.
Otra enmienda permite a los Estados miembros establecer exigencias más estrictas, en especial para los tanques al vacío, cuando el trabajo o el transporte se hayan de realizar preferentemente a temperaturas considerablemente inferiores a los 20 grados bajo cero.
Esto interesa especialmente a las regiones del norte de Europa.
Una última enmienda va encaminada a propiciar que se siga autorizando la utilización de los tanques y vehículos cisterna que hayan entrado en uso entre el 1 de enero de 1997 y la entrada en vigor de esta directiva, si su construcción y mantenimiento se ajustan a lo dispuesto.
Consciente también de que esto no es más que un pequeño paso hacia una mayor seguridad, les pido a ustedes su conformidad para el presente informe.
Señor Presidente, señorías, feliz Año Nuevo y feliz Milenio.
Intervengo por primera vez en una sesión plenaria, de manera que esto es emocionante, un poco como el primer amor, sólo que el primer amor duró más de dos minutos.
Quisiera comentar brevemente la propuesta presentada por la Comisión que modificará la directiva en vigor sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Es bueno que se adopte esta directiva ahora porque, de lo contrario, los Estados miembros se verían obligados a modificar sus legislaciones nacionales para un plazo muy breve, para un período de transición, cosa que, a su vez, sólo originaría costes innecesarios y aumentaría una vez más los quebraderos de cabeza de los ciudadanos frente a la burocracia de la UE.
Sin embargo, la propuesta de la Comisión no ha tomado en cuenta todos los factores como, por ejemplo, el frío clima de las regiones septentrionales.
Así pues, propuse algunas enmiendas al espléndido informe de mi colega, el Sr. Koch, que fueron aprobadas por nuestra comisión parlamentaria.
Mis enmiendas se refieren a la resistencia a las bajas temperaturas de los depósitos de transporte de estas mercancías peligrosas.
De acuerdo con la propuesta de la Comisión, hubiera bastado una resistencia a los 20 grados bajo cero; en las playas del Mediterráneo es difícil imaginarse que en Laponia se den temperaturas considerablemente más bajas.
También en Laponia se apoya a la UE, así que acordémonos de ellos.
Por lo tanto, he propuesto que se descienda el límite de resistencia a los 40 grados bajo cero.
Esto sería verdaderamente necesario para que el nivel de seguridad se mantenga en las regiones septentrionales.
Espero que mi propuesta sea tomada en cuenta en la votación de mañana.
Señor Presidente, si me lo permite, quisiera manifestarle ante todo mi respeto por la forma en que usted ha llevado a cabo el ágil cambio en la Presidencia durante el debate.
Lo he encontrado magnífico.
Entro en el tema: creo que los ciudadanos de Europa pueden confiar en que lo que se transporta en Europa por carretera, por ferrocarril o por las vías navegables se transporta con toda la seguridad posible, aun siendo mercancías peligrosas.
Esta directiva es una contribución a ello.
Lo que estamos haciendo hoy constituye un escándalo.
El ponente, Sr. Koch, al que damos las gracias por el trabajo que ha llevado a cabo, ha aludido a que en el fondo todo podría estar más avanzado si no existiera esta demora de los CEN que son muy lentos en la elaboración y en la adaptación de la directiva.
Por esta razón, no nos queda más que esperar -y deberíamos decidir esto en esta semana- que en el 2001 dispongamos, por fin, de regulaciones comunitarias para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, de suerte que en este punto tengamos un poco de seguridad jurídica y también un poco más de seguridad en nuestras carreteras.
Señor Presidente, el informe que estamos tratando no representa grandes cambios.
La mayoría de las enmiendas son exclusivamente de carácter técnico.
Sin embargo, vale la pena subrayar que esta clase de decisiones es provechosa desde el punto de vista medioambiental y porque crea mejores condiciones para el funcionamiento del mercado interior.
En la UE se transportan grandes cantidades de mercancías peligrosas por carreteras, por ferrocarriles y por mar.
Se necesitan normas que regulen este transporte.
Sector tras sector está siendo regulado por normas mínimas que obligan a los Estados miembros.
Esto es extraordinariamente provechoso y doy las gracias al ponente Koch por el trabajo realizado en relación con esta materia.
Esto también es importante en cuanto a las condiciones para el mercado interior.
Para que el mercado de transportes común realmente funcione no sólo es importante que existan reglas, sino que también esas reglas, en la medida de lo posible, sean comunes.
Finalmente quisiera comentar una tercera cosa que también es importante, esto es, una enmienda presentada por el diputado Ari Vatanen.
Las condiciones de los Estados miembros difieren entre sí en muchos aspectos.
Mediante la aprobación de esta enmienda tomamos en consideración el hecho de que en la zona norte puede hacer mucho frío.
Esto hace necesario también tener en cuenta que este frío influye en los materiales y envases.
Señor Presidente, tenemos que ser flexibles a la hora de dictar normas.
Tengo la esperanza de que la Comisión acepte esta enmienda.
Señor Presidente, no solo quiero dar las gracias a nuestro colega, el Sr. Koch, sino también a la Vicepresidenta de la Comisión por haberse pronunciado con tanta claridad y sin equívocos a favor de la seguridad en el ámbito del transporte y a favor de la prioridad de la seguridad.
El Sr. Koch ha redactado su buen informe porque en el CEN y también en el marco de la Comisión de Economía de las Naciones Unidas no se ha hecho el trabajo de manera tan expeditiva.
Quisiera preguntar a la Vicepresidenta si nos puede decir hoy cómo están las cosas en lo que respecta a los esfuerzos de armonización de estas dos organizaciones y si la UE tiene la posibilidad de acelerar los esfuerzos de armonización con arreglo a los principios más simples posibles.
Porque está claro que aunque en el seno de la Unión Europea adoptemos una regulación excelente, el transporte no se detiene en las fronteras sino que va más allá de éstas.
Por esta razón son convenientes, sin duda, unas regulaciones amplias, es decir, de ámbito regional.
Si la Sra. Comisaria no puede hacer esto hoy, ¿estaría dispuesta a hacer llegar por escrito a la comisión el estado de cosas y el estado de las negociaciones entre el CEN y la Comisión de Economía?
. Señor Presidente, de nuevo reitero mi felicitación al Sr. Koch por su trabajo en este otro informe, que de alguna manera viene a completar el debate que tuvimos en el mes de octubre sobre el transporte por ferrocarril.
Todos lamentamos que el Comité Europeo de Normalización (CEN) no haya sido capaz de llevar a cabo en el tiempo requerido la modificación de disposiciones necesaria para una armonización adecuada en el ámbito de la Unión Europea.
Este debate y la modificación de la directiva actualmente en vigor nos permiten incorporar hechos diferenciales que hablan de la diversidad de nuestra Europa.
Hace un momento el Sr. Vatanen nos hablaba de temperaturas inferiores, no ya a los 20 grados bajo cero, sino a los 40 grados bajo cero.
Por supuesto aceptamos esa enmienda, tiene toda la razón, y creo que hay que incorporar circunstancias concretas que hablan de la variedad climática de la Unión Europea, que se traduce a veces en especificidades y en requisitos concretos a la hora de contemplar normalizaciones o caracterizaciones de tipo técnico.
Quiero decir, respecto a lo manifestado por el Sr. Swoboda en cuanto a la actividad del CEN, que estamos urgiéndoles a que aceleren al máximo su trabajo porque sería dramático que, a pesar del nuevo plazo, nos encontráramos dentro de un año y pico ante las mismas dificultades por no haberlo concluido.
Por último, señor Presidente, ya han sido señalados los problemas fundamentales que justifican esta modificación de la directiva, nos hemos referido al retraso del CEN, a la modificación de algunas disposiciones, a la coherencia entre el texto de la directiva y el contenido de los anexos, a la necesidad de aportar una mayor precisión.
Todas las aportaciones de la comisión parlamentaria y del ponente, Sr. Koch, que se han traducido en distintas enmiendas, concretamente en cuatro, son recogidas por la Comisión.
Aceptamos, pues, las cuatro enmiendas que nos han sido propuestas.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
Coordinación Fondos estructurales/Fondo de Cohesión
. De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0108/1999) de la Sra. Schroedter, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a los Fondos estructurales y su coordinación con el Fondo de Cohesión: directrices para los programas del período 2000-2006 (COM(1999)344 - C5-0122/1999- 1999/2127(COS)).
Señor Presidente, me es particularmente grato que mi primera intervención en el Parlamento Europeo toque una cuestión que se ha considerado de la máxima importancia para la parte del Reino Unido que represento en este Parlamento, a saber, Gales.
Como usted sabe, a una parte importante de Gales se le ha dado el estatus de Objetivo I dentro del programa de los Fondos Estructurales.
Es bastante evidente que muchas personas de Gales confían en el programa de Fondos Estructurales Europeos para solventar algunas de las grandes dificultades que sin duda están atravesando.
Podemos apreciar el aumento de la pobreza en Gales, sobre todo desde 1997.
Se ha ensanchado el abismo entre ricos y pobres.
Así, confiamos que con el programa de Fondos Estructurales no sólo se reestructure la industria, sino también que mejore el conjunto de la base económica del Principado.
Sin embargo, lo que nos es extremadamente perjudicial es la creencia de que de la concesión de Fondos Estructurales es algo que ha sido, en cierto sentido, un logro del gobierno.
Tristemente, es sólo un reconocimiento de las grandes dificultades que está atravesando Gales.
Esta es la razón por la que quiero subrayar algunas cuestiones que creo que la Comisión debe tener en primer plano.
Contamos con que la Comisión tenga en cuenta los puntos relacionados con la adicionalidad.
Estamos descontentos con el hecho de que esas cifras parecen haber sido de alguna manera ocultadas dentro del conjunto de las cifras del Reino Unido.
Contamos con que la Comisión también asegure que existen fondos ajustados a los proyectos.
Contamos con ello para desafiar al Gobierno del Reino Unido, para asegurar que el sector privado, que seguramente constituye el mayor objetivo del gasto de los Fondos Estructurales, se implica en la planificación.
Por último, pedimos que la Comisión asegure que el dinero de los Fondos Estructurales se gasta de forma transparente.
En este Parlamento hay demasiadas cosas que no son transparentes.
Este es un asunto que propiciará la amistad de la Comisión y Gales.
Señor Presidente, nuestra comisión trata estos asuntos desde muy diversos puntos de vista, y, en primer lugar, hablaré desde el punto de vista de la investigación.
Consideramos que es muy positivo que el ponente de opinión haya incorporado a sus propias conclusiones la propuesta de nuestra comisión sobre la necesidad de que, en los países incluidos en la cohesión, se amplíe la infraestructura de la investigación emplazando a las Escuelas Superiores y otros centros de formación de tal modo, que presten un mejor servicio a los habitantes de las zonas menos desarrolladas y faciliten la permanencia de las personas cualificadas en sus zonas de origen.
Esto es posible mediante la adopción de medidas por parte de las administraciones públicas, y este método de esparcimiento territorial en la ubicación de la Enseñanza Superior es, sin duda alguna, una política eficiente para nivelar el desarrollo.
Otro asunto al que quisimos prestar nuestra atención, sobre todo desde el punto de vista de la política industrial, es que hubiéramos querido que, a la hora de planificar la coordinación del Fondo de Cohesión y de los Fondos Estructurales, la Comisión hubiese tomado más en cuenta los efectos del crecimiento de los servicios, del comercio electrónico y del uso de internet.
Antes la pobreza y la riqueza dependían de las estructuras de las actividades económicas.
Las regiones ricas eran las que contaban con mayor número de puestos de trabajo en el sector industrial, pero hoy en día estas zonas pueden llegar a significar una carga y a ser incluso pobres, y, en tal caso, deben realizarse nuevas inversiones en los sectores llamados de producción informática y de producción de servicios, puesto que se trata de los sectores del futuro.
Este aspecto no ha sido tomado lo suficientemente en cuenta por la comisión encargada de elaborar el informe, así que, en nombre de la Comisión de Industria, llamo la atención de la Comisión sobre este asunto.
Por último, hubiéramos deseado, en nuestra calidad de Comisión de Energía, que se hubiese resaltado más la necesidad de subvencionar las energías renovables con el Fondo de Cohesión y con los Fondos estructurales, y así se hubiese podido incrementar, aplicando la coordinación de ambos Fondos, el uso de las energías renovables, de manera que la carencia de recursos financieros del programa energético se hubiese visto compensada mediante la concesión de estas considerables ayudas económicas.
Señor Presidente, quisiera expresar mi profundo agradecimiento al Sr. Schroedter por su contribución a esta cuestión y por explicar a los colegas que estoy hablando en nombre de mi colega, el Sr. Flautre, que lo sucedió en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pero que por desgracia está enfermo.
Me gustaría que la gente prestara atención a las Enmiendas Números 1 y 2 acordadas por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que, sin embargo, han sido rechazadas por la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo.
Estas enmiendas versan sobre la economía social y sobre la necesidad de proporcionar capital riesgo social y de apoyar planes de financiación local para desarrollar oportunidades de empleo y fortalecer la cohesión social.
El Parlamento consideró en el pasado la economía social como un importante proveedor potencial de empleo.
Estas enmiendas también concuerdan con la idea de este Parlamento de que la exclusión social es una cuestión grave que requiere una acción constructiva.
Esperamos que los que estén considerando rechazar estas enmiendas ofrezcan al Parlamento y a los ciudadanos de sus países que buscan empleo razones muy poderosas para hacerlo.
El Sr. Flautre subrayó en su informe un área en la que la coordinación brilla por su ausencia, aunque se necesita imperiosamente.
Las propuestas de la Comisión hacen referencia a los cuatro pilares de la estrategia del empleo y a los cinco campos de acción del Fondo Social Europeo.
Pero debemos lamentar sobre todo la ausencia de directrices específicas, debido a que la idea de vincular la ayuda del Fondo Social a la estrategia de empleo se llevará a la práctica por primera vez en el programa 2000-2006.
Podría decirse que la omisión sugiere que la Comisión tampoco tiene idea del modo de proporcionar la máxima coordinación entre la ayuda del Fondo Social Europeo, sujeta a revisión tras tres años y medio, y los planes anuales de empleo de los Estados Miembros.
Esperamos que la Comisión nos pueda asegurar que se trata de un descuido que está remediando de modo constructivo.
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la propuesta presentada por la Comisión, cumpliendo el mandato que tiene, es un punto de partida razonable para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.
Pero a mí me gustaría resaltar aquí que este punto de partida nos indica los desafíos ante los que nos encontramos: mantener la población en las zonas rurales, ante los cambios que se están produciendo en todo tipo de actividades económicas debido a la creciente pérdida de peso del sector agrícola entre las diversas fuentes de renta de la sociedad rural.
Esto, unido a las deficiencias en las redes de infraestructuras y servicios, y a una oferta de empleo generalmente muy escasa y a lo sumo estacional y poco diversificada, acentúan el éxodo de las zonas rurales.
Las consecuencias no se hacen esperar.
Son los jóvenes los que desaparecen, los que adquieren formación y encuentran empleo fuera de las zonas rurales, lo cual incide desfavorablemente en estas mismas zonas.
Esta falta de infraestructuras es un obstáculo también para la implantación de empresas y para la creación de empleos.
Hay que tener en cuenta que el espacio rural representa casi las cuatro quintas partes del territorio de la Unión Europea.
La agricultura solamente proporciona un 5,5% del empleo de esta misma Unión.
Además, las tres cuartas partes de nuestros agricultores lo son a tiempo parcial y necesitan complementos eficaces a sus rentas.
Por esta razón, uno de los objetivos más importantes y trascendentales que deberíamos fijarnos en la Unión Europea es desarrollar esfuerzos para crear nuevos puestos de trabajo en las zonas rurales, fuera del sector agrario, en sectores como el turismo rural, el deporte, la cultura, la recuperación de patrimonio, la implantación, la transformación de empresas, las nuevas tecnologías, los servicios, etc. No obstante, si bien el papel de la agricultura no es exclusivo, sigue siendo esencial no solamente para evitar la desintegración económica y social de las zonas rurales y la creación de otras ciudades fantasma, sino también porque los agricultores desempeñan un papel fundamental en la gestión del territorio, en la preservación de la biodiversidad y en la protección del medio ambiente.
Por lo tanto, defendemos el establecimiento de una política agrícola y de desarrollo rural coherente con los objetivos que hemos marcado y que las zonas rurales, en los albores del siglo XXI, deben ser competitivas y multifuncionales, tanto en el aspecto agrícola como abriéndose a la diversidad de actividades no agrícolas.
Es importante primar criterios generales de ordenación del territorio y de equilibrio poblacional, y tener en cuenta las conclusiones a las que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha llegado en cinco aspectos fundamentales, que han sido recogidos solamente en parte por la Comisión de Transportes, Política Regional y Turismo en sus puntos 16 y 17.
Concluyendo, yo pediría a la Comisión que estos cinco puntos sean tenidos en cuenta a la hora de establecer las conclusiones de los cuatro pilares porque entiendo que, para la Unión Europea, la fijación de la población en el medio rural debe ser uno de los objetivos prioritarios.
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, yo quisiera empezar mi intervención agradeciendo el trabajo que ha hecho la Sra. Schroedter, ponente.
Creo que es un trabajo muy bien realizado.
Y además, también le quiero agradecer su voluntad de diálogo con el resto de los grupos políticos a la hora de llegar a fórmulas de compromiso ante esa avalancha de enmiendas, quizás más de las que se esperaban, pero que realmente responden a la importancia del informe del que estamos hablando.
Para nosotros es importante que las conclusiones que se aprueben en este Parlamento sean tenidas en cuenta por la Comisión, como mínimo en su espíritu, porque a la altura en que estamos pudiera parecer que estamos haciendo aquí un ejercicio inútil, puramente retórico.
Pero la verdad es que nosotros creemos, y eso se refleja también en la letra de las conclusiones, que la Comisión debe tener en cuenta lo que se apruebe en este Parlamento, fundamentalmente de cara a la revisión de estas directrices a mitad de período.
En nuestras enmiendas hemos fijado la importancia que para nosotros tiene el que se produzcan las necesarias sinergias entre los Fondos estructurales, el Fondo de Cohesión y las iniciativas comunitarias, de forma que su aplicación se vea reflejada de manera óptima, de la manera más rentable, en la progresiva eliminación de desigualdades entre regiones y en la creación de puestos de trabajo que, en definitiva, son los dos propósitos fundamentales de los fondos de los que estamos hablando.
Y para conseguir un impulso más rápido y eficaz en la consecución de estos objetivos, creemos que es preciso que participen en esta iniciativa los generadores de empleo, los verdaderos emprendedores y los que de verdad garantizan las nuevas fuentes de empleo, que son los empresarios.
Sobre todo los pequeños y medianos empresarios tienen que participar en la distribución de estos fondos.
Si no es así, si los empresarios se sienten marginados, si los empresarios no pueden participar, no digo ya solamente en la gestión, sino en la recepción de estos fondos, habremos perdido una oportunidad de alcanzar nuestros objetivos de manera más rápida.
También, para conseguir nuestros objetivos, para conseguir superar las desigualdades entre regiones y buscar fuentes de empleo es importante apostar decididamente por las nuevas tecnologías, por las redes de transportes y de comunicaciones y por las energías renovables.
Y todo ello -insisto- con la participación de la empresa privada que, uniendo sus esfuerzos al de las administraciones públicas, complementándose y nunca obstruyéndose o excluyéndose, es la que creará riqueza social y puestos de trabajo.
Señor Presidente, es de mi incumbencia recordar a mi colega el Sr. Evans la razón por la que Gales ha logrado en realidad el estatus de Objetivo I. Se debe a las desacreditadas políticas de su propio Partido Conservador.
Déjenme recordarle también que cuando el líder de su partido, el Sr. Hague, fue Secretario de Estado para Gales violó todos los artículos del libro de adicionalidad, algo que propició una severa carta del Comisario Wulf-Mathies en torno a los requisitos regulatorios.
Puedo decirle que el Gobierno Británico es consciente de los requisitos regulatorios de la adicionalidad del Objetivo I. Sugiero que el Sr. Evans vuelva a leer el reglamento.
Mi Grupo ha hecho importantes enmiendas a los dos informes que se debaten hoy.
Quiero que nos centremos en el importante papel que desempeñan las directrices.
El objetivo es proporcionar un marco y una herramienta para apoyar y mejorar la regeneración económica, para conseguir el uso más eficaz de los recursos con los apoyos más amplios y para reconducir estas regiones al camino de la recuperación y el desarrollo sostenido de modo que a la larga salgan del sistema de respiración asistida regional.
Es importante identificar las capacidades y el potencial de nuestras regiones en el sector de alta tecnología.
Esto es particularmente importante a la luz de los informes en los medios que sugieren que Europa está perdiendo rápidamente terreno ante los EEUU en lo que respecta al crecimiento de las industrias de alta tecnología en el futuro.
El funcionamiento de la ronda anterior de programas es también muy instructiva porque nos sugiere qué es lo que las directrices no deben producir.
No deben crear capas de burocracia y papeleos adicionales.
No deben cambiar las prioridades y las políticas mientras se está desarrollando el proyecto, algo que produce inevitables retrasos y gastos inferiores a los previstos, sobre todo a la luz de los nuevos requisitos presupuestarios.
La ejecución y funcionamiento de las directrices no puede dejarse a la interpretación personal de uno u otro departamento, ni de la Comisión ni del funcionariado.
Debe existir coherencia interna en la dirección de la Comisión al tiempo que se respetan los aspectos específicamente regionales y locales de los programas de la Comisión.
La conclusión es que debemos hacer hincapié en que las directrices sean generales, claras y flexibles de modo que puedan ayudar a los gestores de los programas y a los usuarios de los fondos y sacar el máximo potencial de nuestros nuevos campos de regeneración.
Si podemos inculcar un espíritu de actividad empresarial en nuestras regiones pobres y estructuralmente débiles, las situaremos a la larga en el camino de atraer la confianza de los inversores, algo que será la clave del éxito futuro.
Es así como vamos a juzgar el éxito de esas directrices: dependiendo de si las políticas regionales de la UE, con directrices buenas, sólidas y capacitadoras, pueden abrir nuevas oportunidades y permitir a nuestras regiones pobres y estructuralmente débiles desempeñar plenamente su papel en el crecimiento y la prosperidad de la UE.
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidos colegas, quisiera dar las gracias a la Sra. Schroedter por su buen informe; ella se ha aplicado de lleno al asunto y ha tomado muy bien en cuenta, durante el trabajo de la comisión parlamentaria, muchas modificaciones que se hicieron en este informe.
La Sra. ponente del informe también ha constatado, con toda razón, que el Parlamento no ha sido escuchado a tiempo en cuanto a las directrices.
Ahora nos encontramos seriamente retrasados en esta cuestión.
De todos modos, es de esperar que las conclusiones del Parlamento sirvan de ayuda a la hora de revisar los programas a la mitad del período y en la ejecución práctica de los mismos.
Si tenemos en cuenta la fase del período que vivimos, el informe se ha ido ampliando demasiado durante su elaboración.
En el informe se han incluido asuntos específicos y algunas otras cuestiones que habían estado ya presentes en informes anteriores.
En esta fase, lo más importante es concentrarse en examinar los modos de encauzar la política regional de la Unión a través de este proceso, recordando que el objetivo es reducir las desigualdades entre las regiones.
Nuestro Grupo destaca el principio de subsidiariedad: la responsabilidad de los Estados miembros y la importancia de los agentes locales en la elaboración y ejecución de los programas.
Es de una importancia fundamental que las pequeñas y medianas empresas participen en la planificación y en la realización de los programas.
Nuestro Grupo también considera muy importante que se tomen mejor en cuenta los territorios de ultramar y las zonas periféricas, y queremos que se incremente la interacción entre las ciudades y las zonas rurales.
Nosotros rechazamos la exagerada tutela de las administraciones centrales de los Estados miembros y de la Unión, y exigimos que se reduzca la burocracia que se ha infiltrado en los procesos de elaboración y de ejecución de los programas.
La eficacia de los proyectos realizados con subvenciones de la Unión se ha visto mermada, con demasiada frecuencia, a causa de la lentitud en la toma de decisiones y de la complejidad de los procedimientos administrativos.
A menudo se han concedido fondos para proyectos que no han dejado ningún beneficio permanente en la zona de realización.
Hay que conseguir que los proyectos sean más eficaces, flexibles y productivos.
Con ocasión de la elaboración de este informe, también ha resultado muy interesante mantener un debate sobre la política regional de la Unión a nivel general.
Era la primera vez que los nuevos diputados participábamos en un debate similar, y se trata de un proceso sumamente interesante.
Este informe es estupendo y cuenta con el apoyo de nuestro Grupo.
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como prueba de que este Parlamento aún no ha superado la fase de institución consultiva y subordinada, el excelente informe de mi colega de Grupo Elisabeth Schroedter no ha podido llegar al Pleno, porque los planes de desarrollo regional para el período 2000-2006 de los territorios de objetivo 1 ya llevan varios meses en los gabinetes de la Comisión.
Teniendo todo esto en cuenta, debemos, en todo caso, exigir, a partir de esta Asamblea que, antes de que se aprueben los marcos comunitarios de apoyo para el período citado, se los estudie y se los someta a debate en esta Asamblea a la luz precisamente de las orientaciones que hoy presentamos, pues consideramos muy especial su capacidad para crear puestos de trabajo en los territorios más pobres o menos desarrollados, con lo que contribuiremos a modificar las tendencias negativas a la desigualdad existentes en la sociedad europea y al avance hacia una Europa más justa.
Señor Presidente, no deberíamos olvidar que el objetivo principal y estratégico de los Fondos estructurales y de cohesión, y de su coordinación, es conseguir la cohesión económica y social.
Nosotros tenemos la obligación de participar en la elaboración de las directrices y también en la evaluación de los resultados.
Y ello porque somos los representantes de los ciudadanos en la Europa de los Ciudadanos, y no sólo en una Europa de los Estados y de las Regiones.
Constatamos que los Fondos son una condición necesaria pero no suficiente para conseguir la cohesión económica y social.
Si tomamos como único indicador el producto interior bruto por habitante, podemos equivocarnos.
Ya algunos colegas han hablado del paro, del descenso de la demografía.
Habrá que estudiar unos cuantos indicadores que nos permitan ver el estado y la evolución de sociedades regionales que están en peor situación que otras.
En algunos informes presentados hoy ante el Pleno del Parlamento queda claro que las 25 regiones europeas más prósperas tienen cinco veces menos paro que las 25 regiones menos prósperas.
Esto obliga al Parlamento Europeo, al Sr. Comisario y a la Comisión a actuar de forma decidida y estratégica.
Estoy de acuerdo en que el Parlamento Europeo no ha tenido ocasión -o no se le ha dado, por ser el final de la legislatura- de hablar sobre las directrices.
Pero no creo que el informe llegue tarde.
Necesitamos de una reflexión conjunta para que los nuevos programas del Objetivo 1 y los planes de desarrollo regional que se han elaborado antes de que las directrices sean operativas puedan ser sometidos a una revisión y a una verdadera valoración.
Es necesario que se coordinen los programas de los diferentes objetivos. Todos coincidimos en pedir que a mitad del recorrido de estos programas, cuando se produzca la evaluación de las directrices, el Parlamento pueda ser coprotagonista, porque somos los representantes de los ciudadanos.
Los ciudadanos no pueden aceptar que la Unión Europea tome decisiones de una forma, al menos aparentemente, burocrática.
Necesitan que funcione la dimensión política, que haya responsabilidades, que haya comunicación con los ciudadanos.
Eso es lo que pedimos hoy al Sr. Comisario.
Yo quiero pensar que él estará de acuerdo, desde su anterior experiencia de Presidente regional, en proponer unos indicadores y una estrategia a favor de la cohesión económica y social y no solamente de la productividad.
Señor Presidente, doy mi apoyo a las propuestas principales del informe relativo a la administración de los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión para el periodo 2000-2006 y a las principales recomendaciones del informe que aconsejan lo siguiente: siempre ha de existir un enfoque integrado sobre el gasto de los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión de la UE.
Esto significa que ha de existir una cooperación plena entre las autoridades locales y los gobiernos nacionales con respecto a cómo se deben gastar estos fondos.
Se pide a los Estados miembros que den una mayor importancia a las estrategias integradas para revitalizar las relaciones entre las ciudades y las zonas rurales.
Este último punto es de particular importancia.
Aunque la renovación urbana de nuestras ciudades es muy importante, es necesario buscar siempre un equilibrio en nuestras políticas entre la promoción del desarrollo rural y la mejora de las vidas de los habitantes de las ciudades.
No es nuestro deseo construir una Europa exclusivamente de ciudades.
Los Fondos estructurales han desempeñado un papel clave en el desarrollo tanto de las zonas urbanas como de las rurales de los países periféricos, principalmente a través de la modernización de las carreteras, del tratamiento de las aguas y de las redes de transporte correspondientes.
Este proceso continuará de acuerdo con las directrices en materia de gasto financiero acordadas por los dirigentes de la UE en la Cumbre de Berlín el año pasado, que recibieron el apoyo del Parlamento en el Pleno del pasado mayo.
Los programas clave de la UE entre 1989, 1993, 1994 y 1999 han contribuido ciertamente a mejorar la competitividad económica de los países periféricos y de las regiones de Europa comprendidas en el Objetivo 1.
La clave ahora es consolidar y hacer permanente el progreso que se ha realizado hasta la fecha.
Esto asegurará que los países periféricos y las regiones ultraperiféricas, las regiones más pobres de Europa, estén en situación de poder operar con éxito dentro de la nueva zona del euro así como en el ámbito de un mercado interno en constante expansión donde existe la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capital.
En conclusión, aunque los proyectos clave de infraestructura han sido financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión, debemos recordar que el Fondo Social Europeo ha desempeñado un papel muy importante en la ayuda a los menos acomodados de nuestra sociedad.
El Fondo Social Europeo ha mejorado ciertamente nuestras instituciones de tercer nivel, ha financiado nuestros programas de enseñanza postsecundaria y ha puesto en práctica planes de gran alcance para ayudar a combatir el desempleo juvenil y de larga duración, ayudar a los escolares que abandonan la escuela tempranamente y promover niveles más altos de alfabetización de adultos.
Señor Presidente, en el pasado he disentido repetidamente con la ponente en el enfoque de las cuestiones de política regional; esta vez, sin embargo, estoy de acuerdo con ella.
No sé si esto la anima a seguir en la misma dirección, pero, en todo caso quisiera dejar constancia de mi felicitación.
Lo segundo que desearía decir es que nosotros -tal y como habíamos propuesto la Sra. McCarthy y yo mismo, como ponentes del reglamento general- preferiríamos que las directrices se hubieran adjuntado como apéndice al reglamento.
Desgraciadamente no se ha hecho así, y no es responsabilidad del Sr. Bernié; es cosa de la anterior comisión.
Dejo constancia de ello para repetir la posición del Parlamento.
Lo tercero que quiero señalar es que, evidentemente, en líneas generales estamos de acuerdo con las directrices, desde el momento en que no se apartan de las observaciones que hemos hecho.
Constituyen una importante ayuda para los Estados miembros. Quiero resaltar especialmente la importancia que concede la Comisión a la cuestión del desarrollo sostenible, al aumento del empleo, con especial atención a la igualdad de oportunidades, así como a los asuntos relacionados con los transportes.
Por lo que a mí personalmente respecta estoy completamente de acuerdo.
Más allá de esto, sin embargo, quisiera expresar mi disgusto como isleño a causa del desinterés por el desarrollo de las islas.
No se le concede la importancia que se le debería conceder, y no es la primera vez que ocurre; es ya una vieja historia en estos cinco años en los que soy miembro del Parlamento y en los que no he dejado de plantear la cuestión.
Señor Comisario, vamos a seguir planteándola, porque hay una previsión al respecto en el primer párrafo del artículo 158 del Tratado de Amsterdam, que habla de una política integral para las islas, y la Comisión deberá, en consecuencia, examinar de una vez por todas esta cuestión concreta.
A partir de ahora, señor Comisario, llega por fin el momento de la aplicación de los programas, de manera que los Estados miembros tendrán que asumir también sus responsabilidades y hacer bien su trabajo.
Por lo que respecta a nosotros, aquí en el Parlamento, lo que quiero recordar es que existe el código de buena conducta entre el Parlamento y la Comisión, firmado y en vigor desde mayo.
Tengo la plena convicción de que ese código va a ser respetado y de que el Parlamento se va a mantener informado de todos los avances y de todos los detalles de la aplicación de estos programas.
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la ponente por el excelente trabajo que ha hecho.
Creo que en los próximos años, ante el reto de la globalización y de la ampliación al Este, Europa necesitará más que nunca pautas adecuadas y precisas de cara a la programación y el relanzamiento de su economía.
En este sentido, Europa en su conjunto, y cada uno de los Estados miembros en particular, deberá utilizar lo mejor posible todos sus recursos y potencialidades y, por tanto, también los Fondos estructurales de que dispone.
Para hacerlo es necesaria una Comisión Europea que, más allá de las buenas intenciones, dé mayor transparencia a sus líneas directrices y se esfuerce al máximo en una tarea de control del empleo de estos fondos por los Estados miembros.
Italia, por ejemplo, ha tenido problemas en los últimos años en cuanto a la utilización de los Fondos estructurales, sobre todo debido a una burocracia excesiva, una información insuficiente y una escasa implicación de los agentes económicos y sociales a escala local.

En consecuencia, dos son los puntos sobre los cuales quisiera llamar la atención de la Comisión: en primer lugar, hace falta utilizar lo mejor posible la concertación como sistema de coordinación y de participación en las decisiones de todos los agentes locales y regionales, al objeto de evitar desequilibrios y desigualdades; en segundo lugar, es necesaria una auténtica labor de simplificación y de transparencia de los procedimientos administrativos que, con frecuencia, son demasiados largos y complejos hasta el punto de que perjudican el acceso a los Fondos, de lo cual se lamentan sobre todo las pequeñas y medianas empresas.

Y termino, señor Presidente, diciendo que es más bien grave que en la comunicación de la Comisión no se haya dedicado una atención preferente a los pactos territoriales y especialmente a las modalidades de lucha contra el desempleo de las mujeres y de los jóvenes.
Señor Presidente, como mi colega el Sr. Evans, es para mí un placer especial plantear esta cuestión en mi primera intervención en esta Cámara, sobre todo porque represento una parte del Reino Unido, las West Midlands, que se ha beneficiado en particular de los fondos del Objetivo 2.
Pero el informe presentado a la Cámara esta tarde es un estupendo ejemplo de cómo, si no somos muy cautos, podemos producir ideas grandilocuentes que carecen de sustancia para hacerlas relevantes para la gente que se beneficia directamente de ellas.
El informe en sí contiene buenas intenciones pero, como es frecuente cuando tratamos estas cuestiones, adolece de claridad de propósito y de una base sólida para su funcionamiento.
Esta es la razón de por qué mi Grupo y yo estamos proponiendo tres enmiendas y propuestas adicionales clave al texto, no con la intención de eliminarlo todo de la propuesta, sino de hacerla más relevante para los que han de llevarla a cabo.
Me gustaría explicar aquí lo que pensamos.
En primer lugar, estamos preocupados por el uso adecuado de los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión.
La experiencia pasada dicta que, como representantes electos de los contribuyentes europeos, debemos y tenemos que exigir probidad y transparencia financiera en el desembolso y la auditoría de este dinero. Por lo tanto, nuestras enmiendas y propuestas adicionales guardan relación con lograr lo que conocemos como indicadores de "valor a cambio de dinero" en el proceso de la concesión de ayudas.
En segundo lugar, hemos visto con demasiada frecuencia que se gastan enormes cantidades de dinero en proyectos cuyos resultados son necesariamente imprecisos en la fase inicial del periodo del programa.
Pero, también con demasiada frecuencia, en el punto medio o al final de ese periodo no hay modo real de terminar el proyecto si no se ha demostrado su eficacia.
Por consiguiente, nuestras propuestas adicionales defienden la provisión de estrategias de salida prácticas y que se puedan hacer cumplir para que no sólo podamos disponer del seguro exigido contra los costes ya adquiridos que se suelen cargar al contribuyente, sino también evitar el muy conocido síndrome de perder más dinero al intentar recuperar el ya perdido.
Por último, defendemos la introducción de un cambio en el equilibrio y el método de desembolso de los fondos.
Debe haber un mayor compromiso del sector privado, que ha de presentar la realidad financiera como un elemento de la ecuación de los fondos.
También, el tipo de proyecto financiado requiere alejarse de los proyectos a pequeña escala basados en las rentas, que son difíciles de supervisar, hacia planes de capital donde en la mayoría de los casos todos podemos apreciar con claridad los beneficios.
De este modo la tan cacareada necesidad de transparencia en el uso de estos fondos y la tentación de recurrir innecesariamente lo más tarde posible a la base tributaria local en las zonas donde esos proyectos se desarrollan disminuirán, y el Parlamento Europeo mostrará que se toma con seriedad la necesidad de esa reforma.
Si la Cámara apoya hoy la introducción de estos cambios en el informe, creo que éstos nos situarán en una fase ulterior, en la que se alcanzarán los objetivos históricos que los fondos deben cumplir, es decir, ayudar de un modo financieramente sostenible a las zonas más necesitadas de la Unión Europea cuyo nivel de vida requiere un aumento, no dándoles limosna, sino un empujón.
Pido a la Cámara que apoye estos cambios.
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, quisiera también yo felicitar a la ponente por su informe; se trata de un trabajo arduo y concienzudo.
No cabe duda alguna de que las políticas estructurales y la política de cohesión de la Unión Europea constituyen las herramientas primordiales para la creación de las condiciones que hagan posible el desarrollo y la eliminación progresiva de las desigualdades económicas y sociales entre las regiones; desigualdades que, a pesar de los avances registrados, se mantienen en niveles muy altos; intolerablemente altos, por lo que respecta concretamente al paro.
Para alcanzar el más alto grado posible de éxito en la consecución de los objetivos de estas políticas, es necesario coordinarlas y organizarlas sobre la base de unas directrices bien elaboradas, inteligentemente elaboradas, diría yo.
No olvidemos que estas políticas, cuando son eficaces, resultan visibles también para el ciudadano europeo, que se beneficia de ellas y constata la mejora inmediata de su calidad de vida.
No olvidemos tampoco que habrá que dedicar una atención especial a las regiones más alejadas y a las regiones insulares de la Unión Europea, pues, a causa de su situación geográfica, se enfrentan a obstáculos fundamentales en su desarrollo económico y social; a no ser, claro, que la Comisión se proponga construir puentes y túneles submarinos para conectarlas con el tronco europeo.
Para terminar, quisiera destacar que las políticas estructurales en su conjunto requieren mayor flexibilidad, de suerte que se adapten a las circunstancias cambiantes y que respondan de ese modo a los nuevos retos y oportunidades que se presentan con la llegada del nuevo milenio, para el que todos hacemos los mejores votos.
Señor Presidente, sin duda alguna el informe de la Sra. Schroedter incluye bastantes observaciones importantes, y la felicito por ello.
Opino, no obstante, que deberíamos mostrar más preocupación por la orientación y los resultados de la política regional de la Comunidad.
A grandes rasgos, el enorme paro masivo no sólo no se atenúa, sino que se agrava aún más en el marco de la política estructural.
La economía agraria y las zonas rurales resultan irreparablemente afectadas por la política regional que se ejerce, con consecuencias dramáticas para el empleo rural y para las condiciones de vida de los agricultores, en el Sur principalmente.
Las desigualdades regionales aumentan dramáticamente en el seno de los Estados miembros.
Si examinamos los datos del sexto informe, comprobaremos que durante la última década se registran enormes desviaciones con respecto a la media de desarrollo regional.
Mínima, si no inexistente, es la atención que se presta a los enormes problemas de las regiones insulares de la Unión, cuyas deficiencias en infraestructuras, transportes, comunicaciones y energía conducen indefectiblemente a la despoblación.
De todo esto son responsables tanto la política regional como la política económica y social más general de la Unión.
Amplios sectores de los pueblos de la Unión condenan enérgicamente esta política por peligrosa y antipopular.
Las nuevas directrices se mueven desgraciadamente en el mismo sentido y nada hace pensar que pueda cambiar con la aplicación de estas directrices.
Señor Presidente, Señorías, permítaseme decir aquí unas breves palabras para subrayar dos puntos que estos informes nos recuerdan y que tienen una importancia estratégica esencial en la perspectiva que tenemos de la Unión.
El primero es la importancia esencial y fundamental que seguimos atribuyendo al principio de cohesión económica y social.
Y manifestamos preocupación por las noticias que nos llegan de que la importancia de ese objetivo va decayendo en el ánimo de la Comisión.
Seguimos considerando que la cohesión económica y social es un objetivo fundamental de la Unión.
En segundo lugar, concuerdo con las palabras aquí oídas a un diputado sobre la cuestión de las islas y quiero también llamar la atención sobre las regiones ultraperiféricas.
Nos gustaría que en el futuro hubiera más osadía en el tratamiento de la cuestión de las regiones ultraperiféricas, como son, en el caso de mi país, las islas Azores y Madeira.
Y aprovecho esta ocasión para preguntar si puede la Comisión aclararnos las razones del retraso del informe de la Comisión sobre las regiones ultraperiféricas, que desde hace bastante tiempo se espera en el Parlamento.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias a la ponente, también por la amable acogida que ha dispensado en su informe a algunas sugerencias nuestras.
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, señor Comisario, con la ayuda de las directrices se pretende ofrecer a los Estados miembros una orientación para alcanzar los objetivos de la reforma en el marco de la programación.
Sin embargo los objetivos que a este respecto formula la Comisión, contrariamente a su propósito de proporcionar orientación, representan más bien un catálogo de ofertas de posibles medidas en el marco de los campos de la política.
No obstante, su auténtico sentido es el de indicar la dirección y establecer prioridades.
Estoy de acuerdo con la ponente en que, lamentablemente, el documento de la Comisión contiene demasiado pocas recomendaciones a los Estados miembros sobre simplificación administrativa y apoyo algunas exigencias, tales como concentrar la atención durante las negociaciones en fomentar un ambiente favorable para las pequeñas y medianas empresas, tan creadoras de empleo, en establecer claramente objetivos para fuentes alternativas de financiación, incluyendo regulaciones relativas al capital de riesgo y a la financiación privada, en crear ayudas de despegue inicial a las empresas, incluidas las nuevas tecnologías así como las inversiones en el ámbito de la innovación.
Apoyo de manera especial una enmienda de mi Grupo al apartado 10, la cual pretende asegurar una adecuada inclusión del sector privado en la planificación y ejecución de los proyectos.
Celebraría mucho, señora Schroedter, que usted incluyera esta enmienda en sus argumentos positivos, precisamente también bajo el aspecto de la subsidiariedad.
Señor Presidente, señor Comisario, en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales mantuvimos el criterio unánime de que tenía carácter estratégico y prioritario apoyar las intervenciones de los Fondos estructurales y de cohesión que trabajaran por una mejor oportunidad de empleo para los desempleados y por una igualdad entre hombres y mujeres.
Lamentablemente, el excelente informe Schroedter no ha tomado en consideración este criterio a pesar de que son múltiples las evidencias -y lo vamos a ver posteriormente en el informe Berend- de cómo, efectivamente, estos Fondos están ayudando espléndidamente a las regiones más retrasadas a cubrir la distancia que les separa de las regiones más desarrolladas de Europa.
Están creciendo, pero a niveles de PIB.
Están creciendo en competitividad, pero no llega a todos el incremento de la riqueza porque no se incrementa el empleo y persiste la diferencia de oportunidades de empleo en unas y otras regiones.
Señor Comisario, lea usted la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y concédale carácter prioritario, porque éste es el gran problema de los ciudadanos.
Y en la revisión, en la asignación de las reservas, tenga en cuenta, con carácter estratégico, las necesidades de empleo porque eso, en definitiva, es lo que requieren los Fondos estructurales y los Fondos de cohesión.
Señor Presidente, es necesario que las directrices puedan orientar correctamente y reforzar la eficacia de los programas del crítico septenio 2000-2006, de manera que el desarrollo sostenible y la creación de empleo, sobre todo femenino y juvenil, se hagan por fin realidad, y que se asegure el equilibrio entre la políticas social y económica y la política medioambiental.
Especial relevancia adquiere el tratamiento de los agudizados problemas de las ciudades, el mantenimiento del empleo rural, el apoyo a las zonas agrícolas y, claro está, la garantía de iguales oportunidades de desarrollo para las islas de la Unión Europea, y para las islas griegas, por supuesto, que son la mitad de las islas de la Unión, tal y como exactamente se contempla en el artículo 158 del Tratado.
La política de cohesión ha de ser consolidada y reforzada aún más, porque una Europa con enormes desigualdades en el nivel de vida de las regiones no puede ser ni creíble ni viable.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
Situación y evolución socioeconómica de las regiones de la Unión
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0107/1999) del Sr. Berend, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre el sexto informe periódico sobre la situación y la evolución socioeconómica de las regiones de la Unión Europea [SEC(99)0066 - C5-0120/99 - 1999/2123(COS)].
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, este sexto informe periódico sobre la situación y la evolución socieoeconómica de las regiones de la Unión Europea indica que se ha franqueado un umbral en el análisis de los datos regionales, y revela los progresos realizados en este campo desde la aparición del quinto informe periódico.
Sin embargo, creo que si se piensa en una verdadera convergencia de los niveles de desarrollo regionales medios en Europa, se verá una realidad un tanto apartada de la situación e, infortunadamente, a menudo éste es el mensaje que aparece en la prensa y en el discurso de muchas personas.
El informe de la Comisión relativiza en mucho esta comprobación, sobre todo cuando alude a la situación socioeconómica de ciertas regiones de la Unión que me son muy cercanas en el sentimiento: me refiero a los departamentos franceses de ultramar y, más en general, a las regiones ultraperiféricas.
En este sentido, me alegro de que la Comisión de Política Regional haya adoptado una de mis enmiendas, que pide que la Comisión reserve un capítulo especial de su próximo informe sobre la cohesión al caso particular de la ultraperiferia y, más específicamente, al análisis del impacto de las medidas que se adoptarán próximamente en aplicación del nuevo artículo 299, párrafo 2, del Tratado de Amsterdam.
Por último, me parece que el sexto informe periódico presenta argumentos interesantes desde el punto de vista de un verdadero proyecto de desarrollo sostenible y equilibrado del territorio europeo, en especial porque sintetiza la importancia del vínculo entre el centro de Europa y su periferia.
Aunque la Comisión todavía tenga dudas en cuanto a expresarlo de una manera bien explícita, su informe periódico nos demuestra la urgencia de favorecer un desarrollo policéntrico del espacio comunitario, a través de las políticas estructurales de la Unión y dentro del marco de la gestión iniciada por el SEC.
Señor Presidente, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos de este Parlamento está de acuerdo con el informe que acaba de exponer el Sr. Berend y felicita a su autor, tanto por la calidad de sus conclusiones como por su flexibilidad, que ha permitido incorporar en comisión enmiendas procedentes de los diferentes grupos.
Debe recordarse que actualmente la competitividad global de la Unión Europea es el 81% de la de los Estados Unidos de América y que esta cifra sólo mejorará si mejora la de nuestras unidades competitivas que son las regiones y ello, además, en un momento en que la evolución tecnológica, la mundialización económica y nuestros problemas, la ampliación y la moneda única, hacen más exigible a las regiones, pero también a las empresas y a los individuos, un mayor esfuerzo competitivo.
El sexto informe de la Comisión Europea ofrece conclusiones muy valiosas.
Resumo dos de ellas, ya las ha recordado el ponente, una positiva y otra negativa.
La primera es que se han logrado importantes avances en la cohesión territorial y social en todo el territorio de la Unión y que los Fondos comunitarios han constituido un factor importante, aunque no decisivo, en la reducción de las desigualdades regionales.
La negativa es que este gran esfuerzo que se ha hecho fue más eficaz en el acercamiento del PIB y de la productividad de las regiones europeas que en el de sus niveles de empleo.
Es preciso, pues, vincular más la financiación estructural a la creación de puestos de trabajo.
Es, señor Comisario, el primer mandamiento para el próximo período.
Así pues, señor Presidente, pido a mis ilustres colegas la aprobación de este informe y pido a la Comisión, igual que han hecho otros colegas, que tenga muy presentes las conclusiones de su Sexto informe periódico de cara a la programación del período 2000-2006.
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidos colegas, en primer lugar, quiero darle las gracias al ponente por su buen trabajo y por haber tomado debidamente en cuenta las enmiendas propuestas durante el proceso de elaboración del informe en la comisión parlamentaria.
Este sexto informe periódico establece las bases para evaluar la consecución de los objetivos de la política regional de la Unión.
El informe demuestra que, a pesar de todos los esfuerzos realizados, el crecimiento es desigual.
Las regiones de Europa Central siguen experimentando un desarrollo muy rápido.
También los centros más prósperos continúan creciendo por encima de la media europea, mientras que muchas regiones de la Europa meridional y nórdica se desarrollan con mucha más lentitud.
Ahora necesitamos un análisis profundo de las razones por las que la política regional no alcanza los resultados deseados en todas las regiones.
¿Se debe esto a la burocracia o a que no se han tomado suficientemente en cuenta las diferencias entre las regiones, tales como las grandes distancias, las condiciones climáticas extremas de frío o de calor, la escasa densidad de población y la falta de fertilidad del suelo?
¿De qué forma puede afrontar la Unión los retos que trae consigo el proceso de globalización para que las regiones más atrasadas puedan integrarse al mismo?
También es importante averiguar los efectos que la ampliación de la Unión tendrá en los Fondos estructurales y en el desarrollo de las regiones periféricas.
Los Estados miembros deben recordar también sus responsabilidades.
Algunos Estados miembros han desacatado el principio de compensación y han reducido las subvenciones nacionales a las regiones a medida que han ido aumentando los Fondos estructurales procedentes la Unión.
Esto ha neutralizado los resultados de la política regional.
En el futuro, también habrá que considerar el desarrollo de los indicadores para estar en condiciones de adoptar las medidas adecuadas y destinarlas a los lugares idóneos.
Por ejemplo, los movimientos migratorios no se han tomado suficientemente en cuenta.
En este contexto, hay que subrayar que las pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel decisivo como creadoras de empleo y como motores del desarrollo regional.
Es de vital importancia transferir las tecnologías punta y el saber hacer a las empresas de las regiones con desarrollos más lentos.
Nuestro Grupo apoya la aprobación de este informe.
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la política territorial de la Comunidad Europea no ha conseguido hasta ahora reflejar significativamente las diferencias de renta por habitante existentes.
La situación es grave, de modo que hoy existe incluso una relación evidente entre desempleo y pobreza en la Unión Europea, como lo demuestra el hecho -muy preocupante- de que el desempleo alcance, por término medio, el 23,7% en los territorios más afectados por ese problema, territorios que coinciden con zonas pobres, mientras que en los 25 territorios con menos desempleo, correspondiente a las zonas ricas, el desempleo es tan sólo del 4%.
Ante esta situación, en el informe que el Parlamento aprueba debe resultar clara la necesidad de medidas destinadas inequívocamente a luchar contra la pobreza relativa y el desempleo. Medidas como la aplicación apropiada de los Fondos estructurales, que con frecuencia se gastan mal, para estos fines, con políticas estatales centralizadas, la modernización de las telecomunicaciones y comunicaciones, en particular integrando los territorios menos desarrollados en las redes transeuropeas de ferrocarriles en el horizonte del año 2007, el respeto y el desarrollo de los recursos y las capacidades agrícolas y pesqueras de esos países, muchas veces agredidos por las propias políticas de una Unión Europea insensible, la promoción de las políticas activas de creación de empleo, preferentemente para las mujeres y los jóvenes.
Sólo con la aplicación decidida de este tipo de medidas se podrá superar una desigualdad social y territorial que no es el producto histórico de defectos inevitables, sino de la marginación y de políticas económicas de efectos negativos.
Señor Presidente, mis felicitaciones para el ponente por su informe tan minucioso.
El objetivo central de los Fondos estructurales es el aumento de la cohesión social y económica entre las regiones en la Unión Europea.
Por medio del fomento de las inversiones de diferente índole, la Unión Europea intenta conseguir elevar el PIB por habitante y crear más puestos de trabajo.
Del Sexto informe periódico sobre las regiones se puede deducir con cautela que estos estímulos no siempre tienen el efecto deseado.
Los esfuerzos enfocados al aumento del PIB por habitante de las regiones del objetivo 1 no siempre conducen a ese aumento. Por lo tanto, no es un resultado muy satisfactorio para un periodo en el que, sobre todo en los últimos años, se ha visto un progreso económico.
Además, como indica el ponente, los efectos de las medidas estructurales en cuanto a los niveles de empleo son escasos.
Conviene por lo tanto guardar ciertas reservas sobre la eficacia de la ayuda comunitaria.
La constatación de que las diferencias entre las regiones dentro de los Estados miembros a veces incluso aumentan, también suscita serias preguntas.
Señor Presidente, por estos motivos me parece útil y necesario prestar atención tanto a las administraciones nacionales como a las regionales, en lo que respecta al fomento del empleo.
Al fin y al cabo, son ellas las que tienen más conocimiento de las regiones que están bajo su responsabilidad.
Si se les encarga la elaboración de unos planes más ajustados a las necesidades de las correspondientes regiones y si se financian éstos en caso de necesidad, entonces se puede conseguir un rendimiento más alto.
Y éste es, en última instancia, el objetivo final.
Por lo tanto, doy mi sincera aprobación a que la Comisión deje en manos de los Estados miembros y de las regiones la elaboración práctica y la puesta en marcha de estas medidas.
Tal vez, en relación con lo anteriormente dicho, sea más útil de todas formas dar mayor peso a los Estados miembros en cuanto al apoyo financiero de las regiones.
Podemos evitar muchos problemas en el futuro trasladando los criterios sobre las regiones hacia los Estados miembros.
Finalmente quiero prestar atención a la situación de los países de Europa oriental y central.
Del informe se desprende que por regla general tienen un gran retraso con respecto a los países de la Unión Europea, especialmente en cuanto al PIB por habitante.
El planeado ingreso de un gran número de estos países dentro de poco nos obliga a revisar la política estructural actual.
Quiero hacer ahora un llamamiento a la Comisión, como han hecho otros ya, para que presente pronto algunas propuestas para una reforma.
Distinguido señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, tras un análisis atento del presente informe se llega, sin lugar a dudas, a la conclusión de que sólo se ha podido satisfacer parcialmente el objetivo propuesto de la política estructural.
Así, entre otras cosas, la disparidad entre las regiones ha aumentado en vez de disminuir, los estados miembros muestran en este punto una cierta aproximación.
Igualmente, en las regiones más fuertemente afectadas apenas se han podido reducir las cifras de desempleados; incluso éstas han aumentado, en parte.
Por consiguiente, me pregunto a qué se debe que los recursos de los Fondos estructurales no se hayan utilizado de manera eficiente.
Incluso la acumulación de recursos del Fondo de cohesión y de los Fondos estructurales no han producido en todas las regiones y países el efecto deseado.
Una vez que en toda Europa el objetivo declarado de todos los políticos es la reducción del desempleo hay que plantear la pregunta crítica acerca de si la política que se ha aplicado es la correcta o si no será más eficaz reforzar la competitividad de las regiones mediante medidas pertinentes como el aumento de la financiación a la investigación y al desarrollo, la mejora de la infraestructura o la elevación del nivel educativo.
Las reformas estructurales serias y una política fiscal e impositiva que favorezca la competencia son los elementos constructivos del éxito de una zona económica.
Si queremos evitar el reproche de que practicamos una política estructural de altos costes que a largo plazo no moverá nada en la cuestión del empleo, tenemos que revisar las medidas que se vienen aplicando hasta ahora.
La política estructural de la Unión será exitosa, cuando se logre crear suficientes puestos de trabajo y descienda de manera significativa la tasa de desempleo.
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, felicito al ponente por el tratamiento que le ha dado a este importante asunto, ya que el estado de la evolución socioeconómica decidirá el juicio que emitan los ciudadanos europeos sobre los aciertos de nuestro trabajo.
Se trata de un asunto que influye en la vida cotidiana de los ciudadanos y que es clave desde el punto de vista de la credibilidad de la UE.
Hay que reconocer que la UE ya ha apoyado, diría que incluso extraordinariamente, el desarrollo de los países más pobres.
Me viene a la memoria el estado en que se encontraban Portugal y Grecia cuando conduje por estos países por primera vez, hace ya veinticinco años.
En este sentido, los que hablan francés seguro que le dirán a la UE " coup de chapeau" , es decir, me quito el sombrero.
Es cierto que la UE se merece que nos descubramos ante ella, pero, dentro de los países, las diferencias entre las regiones ricas y las regiones pobres siguen siendo demasiado grandes.
¿Cuáles son las consecuencias de esto?
La gente reacciona votando con los pies, es decir, marchándose en busca del pan a otro sitio.
Así pues, nos vemos obligados a construir repetidas veces, para las mismas personas y en el mismo país, escuelas y hospitales, toda la infraestructura una vez más.
Esto resulta muy caro y también origina problemas sociales muy graves.
Sin embargo, la mayor parte de la población desearía vivir en su región natal, siempre que se les dieran las oportunidades para ello, o sea, si hubiera trabajo.
Nosotros debemos proporcionar esa oportunidad.
Se trata de una obligación moral de la UE y de todos nosotros.
Considero que la solución es estimular de forma clara el espíritu emprendedor.
Y con espíritu emprendedor no me refiero exclusivamente al hecho de tener en propiedad una empresa, sino que entiendo la expresión como un estado de la voluntad.
Me refiero a la actitud, a que la persona tenga el deseo de prosperar en la vida, sea trabajador por cuenta ajena, propietario de una empresa o funcionario.
¿Cómo es una sociedad justa?
Es una sociedad en la que cualquier persona de origen humilde puede prosperar en la vida, de forma que sus hijos puedan disfrutar de una situación más desahogada.
Por consiguiente, también es posible el desarrollo óptimo de las regiones, puesto que los ciudadanos sí que emprenden y trabajan, si se les dan oportunidades para ello.
Para terminar, diría que, en este aspecto, deberíamos tomar ejemplo de los Estados Unidos, donde la laboriosidad se ha vuelto a poner de moda y el éxito es una manifestación de la valía personal, y no objeto de envidia, como ocurre muchas veces aquí en Europa.
. (FR) Señor Presidente, como lo han hecho todos los oradores, a mi vez quiero dar la gracias al Sr. Berend y felicitarlo por la calidad de este trabajo.
Como en el caso del informe anterior, este análisis de suma competencia y precisión, las recomendaciones que en él se hacen y las observaciones de Sus Señorías serán muy útiles a la Comisión en general y, en particular, al comisario encargado de la política regional, en el momento en que emprendemos la programación de los créditos 2000-2006.
Por mi parte, quiero hacer algunas observaciones; primero, sobre el juicio que formula el ponente sobre este sexto informe periódico.
Su Señoría ha subrayado la calidad e incluso, si no me equivoco, ha puesto por escrito que, en relación con los precedentes, constituye una verdadera mejora.
En nombre de todos los funcionarios de la Comisión y de mi antecesora, la Sra. Wulf-Mathies, debo decirle que hemos sido muy sensibles a esta apreciación de la Asamblea y de Su Señoría personalmente.
Es verdad que la Comisión se ha empeñado, señor Berend, en que este sexto informe periódico permita comprobar que se ha hecho un esfuerzo para superar un baremo cualitativo en el análisis que se propone a Sus Señorías.
Pienso sobre todo en el contenido del capítulo 2.1 de este informe, donde la Comisión examinó de un modo más profundo las definiciones económicas de la competitividad regional, y procuró analizar en qué medida esta competitividad se puede sostener, mejorar e influenciar mediante factores que el Sr. Markov, ahora mismo, o antes la Sra. Raschhofer, destacaron con gran vehemencia.
Me refiero a la investigación y desarrollo tecnológicos, a la dotación y a la calidad de las infraestructuras, al potencial de recursos humanos, a la pequeña y mediana empresa, a la inversión directa del extranjero.
Esto en cuanto a la calidad.
No quiero detenerme ahora, señor ponente, en el detalle de mis ideas sobre los puntos generales que esta Asamblea ya ha suscrito.
Los citaré telegráficamente: el primero se refiere a la utilidad de las conclusiones de este informe para la elaboración de las prioridades de la nueva política regional, en especial para negociar los documentos de programación con los Estados miembros.
El segundo punto es el partenariado, sobre el que varios diputados han insistido, el papel de las autoridades locales y regionales, del sector privado, de los copartícipes sociales, del sector de sociedades y de grupos locales de animación.
Me mantendré en extremo vigilante en lo relativo a la buena aplicación, en esta cuestión del partenariado, de las disposiciones del reglamento general de los Fondos estructurales.
El tercer punto consiste en la necesidad de desarrollar el contenido en empleo del crecimiento y, si no recuerdo mal, el Sr. Van Dam ha dicho hace unos momentos que la primera responsabilidad es de incumbencia de los Estados miembros, y que cuando se habla de la responsabilidad de los Estados miembros, como también de la utilidad o de la eficacia de esta política regional, debemos considerar muy bien en qué período nos situamos.
Hace unos momentos, el Sr. Fruteau afirmaba que los beneficios del crecimiento se reparten desigualmente.
Le recuerdo, Señoría, que es necesario que haya un crecimiento y que no estemos globalmente en un período de estancamiento o de recesión, como ha ocurrido en el pasado.
Su Señoría me dirá que el crecimiento o la recesión no afectan a todos.
Estoy de acuerdo con su análisis.
Es necesario que, cuando lo haya, el crecimiento se reparta mejor, pero lo que es aún más difícil y afecta incluso con mayor gravedad a las regiones perjudicadas por la lejanía, ya sean ultraperiféricas o insulares, es la falta de crecimiento que sufrió en todo el mundo los dos decenios pasados.
El cuarto punto, sobre el que la Sra. Hedkvist Petersen acaba de insistir, es la promoción de una política de igualdad de oportunidades para las mujeres y para los jóvenes.
El quinto punto se refiere a la importancia y el papel de las pequeñas y medianas empresas, y a él se acaba de referir el Sr. Vatanen con gran viveza.
Por fin, están los efectos positivos en las administraciones nacionales del sistema de gestión de los Fondos estructurales, la motivación de los funcionarios cuando gestionan estos Fondos, aun cuando a veces sea complicado, y la importancia de aportar una y otra vez mejoras a los procedimientos de evaluación, de seguimiento y de control de la Comisión.
En este aspecto, informo al Parlamento Europeo de que tengo la intención de organizar a mediados del año 2000 un seminario con las autoridades nacionales y regionales justamente sobre este tema de la evaluación de los procedimientos de intercambio de buenas prácticas en la gestión de los Fondos estructurales.
Quiero recordar algunos puntos específicos.
El Sr. Berend expresó su deseo de que la división en zonas se realizara rápidamente.
Hemos terminado con la división en zonas.
Mañana la Comisión dará a conocer su decisión relativa a cuatro nuevos países y muy pronto, espero, será el turno de Italia.
Es decir que su deseo se verá cumplido, porque todos los países involucrados en el objetivo 2 quedarán divididos en zonas.
Con respecto a la economía sumergida que Su Señoría señalaba en su informe, sé que el análisis y las estadísticas sobre este asunto se basan en la fiabilidad de los datos y, como ha recordado el Sr. Cocilovo, existe un problema de fiabilidad en esos datos.
En cierta medida, están recogidos en las estadísticas del PIB, las encuestas sobre fuerzas de trabajo y, en cualquier caso, debo subrayar los esfuerzos que hace y continuará haciendo Eurostat para mejorar la calidad de las estadísticas.
El ponente, como el Sr. Aparicio Sánchez, ha recordado la ausencia de reformas en el sector de la pesca.
Sobre este asunto, que me interesa personalmente, recordaré que la poca envergadura del sector -lo que no significa que sea desdeñable- y su concentración en un número muy pequeño de regiones no facilitan su análisis en un marco regional.
Este tipo de análisis sectorial depende más bien de la práctica y de la competencia de la Dirección General de Pesca, que está a cargo de mi colega Fischler.
No obstante, aseguro a Sus Señorías que la Comisión se esforzará por incluir un análisis de este tipo en el segundo informe sobre la cohesión, que sin duda será más apropiado para esas preocupaciones.
Varios diputados mencionaron los puntos que se deben incluir en este segundo informe sobre la cohesión, y el ponente ha recordado algunos de ellos.
Ante todo, quiero asegurarles que la fusión de los informes periódicos y del informe sobre la cohesión no tendría que implicar ninguna pérdida de información o de interés por el contenido del segundo, que para mí, señor ponente, es un instrumento de extrema importancia, no sólo para que se advierta acerca de lo que se ha hecho y para que se diga de manera transparente y rigurosa, para que se examinen o se valoren las orientaciones futuras, sino también para crear un debate público con los ciudadanos y, más allá, con los elegidos por ellos, que son Sus Señorías, sobre esta política regional y sobre lo que podría ser un día una política europea de gestión del territorio.
De cualquier modo, he tomado buena nota del deseo de integrar en el informe los siguientes puntos : la definición, la recogida y el análisis de los indicadores representativos para la región y para todos los países de Europa Central y Oriental; un capítulo sobre las islas y las regiones ultraperiféricas que muchos diputados recordaron, en especial la Sra. Sudre y el Sr. Fruteau; los análisis relativos a la competitividad de las regiones en el caso de los países de Europa Central y Oriental: éste será el gran reto para nosotros, para Sus Señorías, para la Comisión, en los próximos años; por último, los aspectos transfronterizos.
En todos estos temas haré el mayor esfuerzo para seguir las recomendaciones de Sus Señorías.
También quiero traer a colación las conclusiones políticas que, por lo demás, ya conocen todos los diputados, pero cuyos elementos principales querría recordar.
Señorías, en el camino de la convergencia real se han realizado progresos significativos, en especial en los cuatro Estados miembros de la cohesión, pero también, señor Pohjamo, lo digo con franqueza, en las regiones del objetivo 2 que han pasado por ciertos retrasos en el nivel de su desarrollo, sobre todo en lo relativo a las infraestructuras.
Éste es el primer punto político.
Segundo punto político: los Fondos estructurales aportaron y continuarán aportando una contribución significativa a este proceso de aproximación.
Todos los modelos macroeconómicos sobre los que trabajamos indican, para el decenio pasado, que más de un tercio de la convergencia obtenida en las regiones no desarrolladas no se habría producido si no hubieran existido los Fondos estructurales.
No obstante, he tomado buena nota, en lo que respecta en particular a las regiones ultraperiféricas, señora Sudre, señor Fruteau, y también señor Nogueira Román, de que Sus Señorías afirman que aún queda mucho por hacer -y aquí está mi tercer punto- acerca del plan de mejora del contenido de la recuperación del empleo, de la lucha contra la exclusión social, de particular gravedad e insoportable en muchas de nuestras regiones, de la integración de las mujeres y de los jóvenes en el mercado de trabajo.
El cuarto punto político es la ampliación de la Unión: el gran proyecto político y humanista de los años futuros para nuestras instituciones, y asimismo el mayor desafío para la política de cohesión en Europa, un punto sobre el que ha insistido el Sr. Van Dam.
Diría yo que en Berlín y en los instrumentos financieros puestos a nuestra disposición se perfila lo que podría ser una política de la cohesión para los primeros países que se unirán a nosotros.
Pienso en especial en el ISPA, de cuya aplicación seré responsable en las próximas semanas.
Ya lo ven Sus Señorías: acabamos de lanzar nuestra nueva programación, y ya estamos haciendo juntos una reflexión sobre el impacto de la ampliación de la Unión, sobre nuestra política estructural.
Este sexto informe periódico, sobre el que el Sr. Berend ha emitido un juicio globalmente positivo, constituye para nosotros, al menos para mí, una buena base de reflexión.
Por lo tanto, querría darle las gracias muy sinceramente por este aporte a la reflexión que hemos iniciado para las próximas orientaciones, a la vez que para la buena aplicación de las orientaciones del período 2000-2006.
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 20.25 horas)
Aprobación del Acta de la sesión anterior
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida.
¿Hay alguna objeción?
Señor Presidente, respondo a una invitación hecha ayer tarde por el Presidente de la Asamblea para hablar en nombre de mi Grupo sobre un asunto al que se hace referencia en el Acta.
Me refiero al punto 11 del orden del día.
En primer lugar, creo que la cuestión planteada ayer por el Presidente del Grupo Socialista sobre el restablecimiento del debate con el Presidente de la Comisión acerca del programa estratégico quinquenal era suficientemente importante para otros oradores que deseaban hacer observaciones breves al respecto como para que se le diera cabida.
Deseo expresar esa opinión, pese a que discrepo respetuosamente y voté contra la propuesta del Presidente del Grupo Socialista.
La segunda observación que quisiera formular -y que me habría gustado hacer ayer antes de la votación- es la de que este Parlamento, como observaron ayer otros oradores, sólo puede tener repercusión de verdad, si trabaja en estrecha cooperación y sinergia con la Comisión Europea.
También deberíamos tener la humildad de reconocer que, si queríamos celebrar un debate estratégico acompañado no sólo de una exposición y aclaración por parte del Presidente de la Comisión, sino también de un programa quinquenal, deberíamos contar con los mecanismos correspondientes más de una semana antes del debate en esta Asamblea para poder debatir y transmitir nuestros deseos a tiempo a la Comisión.
Quisiera que extrajéramos una enseñanza básica de esto.
Cuando haya debates monográficos importantes programados entre esta Asamblea y la Comisión Europea en el futuro, debemos exponer con claridad, y un mes antes, todo lo que esperamos mutuamente al respecto.
Primero tiene que haber claridad entre todos los Grupos de esta Asamblea y después entre esta Asamblea y la Comisión.
No debemos encontrarnos al final en la desafortunada situación de que una u otra institución cree una fractura innecesaria en las relaciones institucionales.
Tras examinar algunos de las crónicas de la prensa el viernes pasado, creo que la Comisión y su Presidente dieron pruebas de un encomiable autocontrol en sus comentarios públicos.
Eso es algo que agradezco profundamente.
Espero que aprovechemos esas enseñanzas y no repitamos esa operación innecesaria, debida -estoy convencido- a un malentendido respecto de lo que se esperaba más que a mala fe alguna por parte de ninguna de las dos instituciones.
No se debe dramatizar y atribuirle mayor importancia de la que tiene.
Muchas gracias, señor Cox.
Comprendo el sentido de su intervención y tomamos nota de ello.
Señor Presidente, respecto del punto 11 del Acta sobre el orden de los trabajos, ayer acordamos que el informe Bourlanges figurara en el orden del día de hoy.
Sin embargo, anoche fue retirado de la Comisión de Presupuestos sin que se hubiera examinado ni votado.
Así, pues, hay que retirarlo del orden del día de hoy.
Lo que usted señala es evidente, señor Wynn.
Por consiguiente, se retira el informe del orden del día.
Señor Presidente, respecto de las observaciones formuladas ayer por la Sra. Lynne sobre la salud y la seguridad en este edificio, supongo que se refería a los desagües, porque en el quinto piso de la torre hay un espantoso olor a desagües.
Se debe revisar, porque es un claro indicio de que algo no funciona nada bien.
No quiero sacar a relucir sin cesar la cuestión de este edificio, pero se trata de un problema grave.
Tomamos nota de su observación, señora Ahern.
Permítame que le ruegue que comunique a los cuestores este caso particular, que afecta a los ventiladores de una planta concreta, ya que en realidad se trata de un asunto de su competencia.
De todos modos, también lo pondremos en conocimiento de nuestros servicios.
Muchas gracias.
(El Acta queda aprobada)
Reforma de la política europea de competencia
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A5-0069/1999 del Sr. von Wogau, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre la modernización de las normas de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE (COM(1999) 101 - C5-0105/1999 - 1999/2108(COS));
A5-0078/1999 del Sr. Rapkay, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el XXVIII Informe de la Comisión Europea sobre la política de competencia - 1998 (SEC(1999) 743 - C5-121/1999 - 1999/2124(COS));
A5-0087/1999 del Sr. Jonckheer, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el séptimo informe sobre ayudas estatales a la industria y a otros sectores en la Unión Europea (COM(1999) 148- C5-0107/1999 - 1999/2110(COS));
A5-0073/1999 del Sr. Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el Informe de la Comisión sobre la aplicación en 1998 de la Decisión nº 2496/96/CECA, de 18 de diciembre de 1996, por la que se establecen normas comunitarias relativas a las ayudas estatales en favor de la siderurgia (Código de Ayudas a la Siderurgia) (COM(1999) 094 - C5-0104/1999 - 1999/2107(COS)).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hoy celebramos un importante debate sobre la política de competencia de la Unión Europea.
Su tema es un procedimiento de modernización de las normas antimonopolio europeas, concretamente el informe von Wogau, que ha sido muy discutido, muchísimo más de lo que tal vez indica el resultado de la votación en la Comisión de Asuntos Económicos.
Yo quiero dejar bien claro que personalmente considero equivocada la propuesta de la Comisión en este caso concreto y que todavía no está claro que esté realmente justificado usar el término modernización para designar el contenido del Libro Blanco sobre los artículos 81 y 82, o si en este caso no sería más adecuado hablar de un retroceso.
Hoy también se debaten, no obstante, el informe sobre las ayudas públicas y el informe general sobre la política de competencia - 1998, y mi intervención en este debate conjunto se refiere a este último.
Evidentemente, ambos informes -el informe sobre la competencia y el informe sobre las ayudas públicas-también comparten, sin embargo, un planteamiento de fondo común con el citado Libro Blanco.
Este tema de fondo es la necesidad de una modernización y la futura idoneidad de la política de competencia europea.
La lectura de ambos documentos de la Comisión muestra que en 1998 se continuó y en algunos aspectos se completó el proyecto de modernización iniciado en 1997, como también sabemos por nuestros trabajos parlamentarios en curso.
Permítanme que exponga dos consideraciones de principio.
La Comisión, en su calidad de autoridad competente, siempre ha mantenido una actitud consecuente al servicio de la libre competencia, que no siempre ha sido bien acogida por los Estados miembros o las empresas afectados.
La Comisión debe continuar avanzando por este camino.
Sin embargo, señor Comisario esto no va a dejar de resultar complicado en el futuro; sólo quiero recordar los retos plantean la ampliación de la Unión, la profundización del Mercado Único, el progreso tecnológico y la mundialización.
En efecto, no sólo es importante una modernización del Derecho comunitario, sino también, más que en ningún otro momento, la transparencia de las decisiones en cada caso individual, la posibilidad de que las decisiones también resulten inteligibles, toda vez que el éxito de la política de competencia europea dependerá de su aceptación entre la población, así como entre los organismos políticos y empresas interesados.
Sin embargo, sin transparencia no habrá aceptación y, por lo tanto, tampoco es posible una modernización sin transparencia.
El informe sobre la competencia en 1998 no es una mala base en este sentido, pero todo es mejorable.
En nuestra resolución le planteamos una serie de propuestas, señor Comisario, pero yo quisiera resaltar ahora un aspecto particular: la transparencia y la obligación de rendir cuentas van unidas.
No es mi intención volver a remover el tema del reparto de competencias entre la Comisión y el Parlamento.
La Comisión es el órgano ejecutivo y el Parlamento no debería pretender erigirse en tal, en interés de su propia independencia, pero el Parlamento es un órgano de control y ¿existe acaso un lugar más adecuado que el Parlamento democráticamente elegido para justificar las decisiones que se adoptan, precisamente en el marco de un debate parlamentario permanente?
También en este aspecto, deberíamos continuar avanzando por el camino iniciado, consolidando e intensificando esta orientación.
No obstante, también quiero resaltar con toda claridad que el Parlamento es el órgano legislativo; ¡es un verdadero escándalo que sólo se nos conceda el derecho de consulta justamente en relación con el derecho de competencia!
Yo pido, por lo tanto, al Consejo y a la Conferencia Intergubernamental que introduzcan el procedimiento de codecisión en el ámbito del derecho de competencia.
En cuanto a la Comisión, espero que agote hasta sus últimas consecuencias todas las posibilidades de participación parlamentaria, que en caso de duda se incline a favor de la participación del Parlamento, ya en el marco de las actuales disposiciones del Tratado.
También espero que la Comisión apoye activamente nuestras reivindicaciones del derecho de codecisión en el procedimiento legislativo.
Esto sentaría un precedente para una cooperación razonable entre ambas instituciones.
Por mucho que respetemos el principio de competencia, ésta no constituye un objetivo en sí misma.
La competencia es un instrumento y no siempre conduce a soluciones óptimas.
Una de las nociones económicas fundamentales es que el mercado no funciona en una serie de aspectos y quien lo niegue no es más que un ideólogo.
La finalidad de la competencia ha de ser establecer un equilibrio entre la oferta y la demanda, y garantizar un reparto óptimo de los recursos y factores económicos.
La eficiencia óptima no se establece, sin embargo, invariablemente por sí sola.
Es imprescindible un marco de condiciones destinadas a evitar los abusos, por ejemplo por medio de las leyes antimonopolios.
Pero éstas básicamente sólo sirven para evitar abusos, no bastan por sí solas para alcanzar los objetivos socialmente legitimados.
Competencia, sí; limitación de las ayudas públicas, cuando sea posible y necesario.
No obstante, dado que las ayudas públicas ocupan la parte más importante del informe sobre la política de competencia en 1998, quisiera añadir un comentario al respecto, sin prejuzgar el informe del colega Jonckheer.
Desde luego es posible y también debe ser factible conceder ayudas públicas a las pequeñas y medianas empresas, en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico, para el desarrollo de la política regional y en el ámbito de la política medioambiental.
Deben permitirse las ayudas públicas destinadas a estos fines siempre que no generen distorsiones intolerables de la competencia.
Precisamente en este ámbito es de especial importancia que las decisiones sean justificables, más aún que en el caso de las disposiciones que regulan los cárteles y fusiones.
No se pueden poner en la picota todas las ayudas; éstas se deben considerar de manera diferenciada y también se deben evaluar en términos de su contribución a la consecución de los objetivos antes citados.
Esta última observación va dirigida sobre todo, más que a la Comisión, a las y los colegas del Grupo del PPE.
. (FR) Señor Presidente, señor Comisario, mis queridos colegas, el informe que hoy tengo la ocasión de presentarles es una opinión sobre el informe anual de la Comisión relativo a las ayudas estatales en vigor en el seno de la Unión Europea y sobre las que la Comunidad tiene competencia en virtud de los artículos 87, 88 y 89 de los Tratados.
El informe de la Comisión tiene un carácter fundamentalmente descriptivo que describe la evolución de las ayudas estatales en el sector de la industria, así como en otros sectores, según diferentes tipologías, como el modo de financiación y los objetivos que se persiguen.
Me permito remitirles a la exposición de motivos para la parte cuantitativa del informe y me limitaré a indicar aquí que el importe medio anual para el período que nos ocupa es del orden de 95.000 millones de euros, lo que representa una disminución de aproximadamente el 13% con respecto al período 1993-1995, disminución que obedece, básicamente, a la reducción de las ayudas en la República Federal Alemana.
En definitiva, el nivel de las ayudas estatales declarado se ha mantenido, grosso modo, estable como media durante el período abarcado y se sitúa en torno al 1,2% del PIB comunitario, es decir, casualmente el equivalente aproximado del presupuesto de la Comunidad para un ejercicio.
Dicho esto, las diferencias entre los Estados miembros son considerables y pueden medirse de distintas formas, en particular, en porcentaje del valor añadido y por asalariado.
Creo que es igualmente interesante añadir las ayudas estatales y las intervenciones comunitarias que, en cierto modo, pueden compararse con las ayudas estatales.
Al hacerlo, vemos claramente que los cuatro países que encabezan la clasificación son los mismos que se benefician, entre otros, del Fondo de Cohesión.
Paso a continuación a la propuesta contenida en el informe.
Constatamos, en primer lugar, que la Comisión estima que los datos, tal y como éstos son presentados en el informe anual de la Comisión, están demasiado agregados como para poder hacer una evaluación exhaustiva de la política de las ayudas estatales, lo que es a la vez legítimo y sensato en el plano de los intereses nacionales, además de muy importante desde el punto de vista del respeto de la competencia, incluso en virtud de las disposiciones del Tratado.
La Comisión sólo puede recoger y analizar los datos que le proporcionan los Estados miembros.
Por ello, corresponde a los Estados y a las regiones velar por la calidad de los datos proporcionados, y nuestra comisión estima que deben realizarse esfuerzos complementarios en este sentido.
En este mismo espíritu, nuestra comisión parlamentaria defiende la idea ya antigua de un registro público de las ayudas estatales al que se pueda acceder, en particular, a través de Internet.
Si dispone de datos mejores, más detallados, en particular, con respecto a los objetivos que se desean alcanzar y a los resultados constatados, la Comisión Europea podrá realizar por sí misma o encargar regularmente la realización de estudios sobre la evaluación socioeconómica de las políticas nacionales y regionales de ayudas estatales.
Y en la medida en que ya existan algunos de estos estudios, dar a conocer de una manera más abierta sus propios comentarios en cumplimiento de los objetivos de los Tratados, que son no sólo garantizar la competitividad de la economía europea, sino también el desarrollo sostenible y la cohesión económica y social.
Al insistir así, en primer lugar, en la calidad de la información proporcionada, nuestro debate en comisión y, por tanto, el informe que tengo el honor de presentarles, ha evitado el simplismo que consistiría en afirmar a priori que el importe de las ayudas estatales en lo absoluto es o bien demasiado elevado o no lo suficientemente elevado.
Una mayoría de los miembros de la comisión ha seguido buscando un punto de equilibrio entre, por un lado, la necesidad de velar por el cumplimiento por parte de los Estados, así como por parte de las empresas, las normas de la competencia y, por otro, el reconocimiento del interés de semejantes ayudas con vistas a contribuir a los objetivos del Tratado, en particular, como ya he dicho, en materia de desarrollo sostenible, de investigación y desarrollo y de cohesión económica y social.
En este sentido, en comisión se han aprobado diferentes enmiendas al proyecto inicial del ponente, en las que se hace hincapié, en particular, en la necesidad de un reembolso efectivo de las ayudas consideradas ilegales, así como de la elaboración de una lista de resultados.
Se han vuelto a presentar siete enmiendas a este Pleno.
La mayoría de ellas traducen de hecho las diferencias políticas que existen entre nosotros respecto a la oportunidad y a la eficacia de las ayudas estatales, habida cuenta de las insuficiencias, reconocidas o no, de las únicas inversiones privadas, market failures o insuficiencias del mercado.
Hay una enmienda en particular, lo subrayo, relativa al sector de la energía, que, como ponente, me parece especialmente importante.
Quisiera concluir esta presentación, señor Comisario, insistiendo, por un lado, en la preocupación de los miembros de la comisión y, por otro, en un requisito de nuestra comisión.
La preocupación es relativa al proceso de preadhesión de los países de la Europa central y oriental desde el punto de vista de la política de competencia y de las ayudas estatales.
Se trata aquí ciertamente de una cuestión compleja sobre la que desearíamos que la Comisión nos dé a conocer el estado actual del dossier, en particular, desde el punto de vista de la capacidad de las economías en vía de adhesión de cumplir las normas de competencia y, en lo que respecta a las ayudas estatales, la probable necesidad de establecer normas específicas en materia de ayudas estatales que favorezcan la reestructuración de sus sectores.
Y por último, y termino con esto, el requisito es relativo a las futuras competencias del Parlamento Europeo en las materias que nos ocupan, la política de la competencia y las ayudas estatales, en la perspectiva de la Conferencia Intergubernamental.
Nuestro informe, como usted sabe, señor Comisario, defiende la idea de que el procedimiento de codecisión esté en vigor para la legislación de base en materia de ayudas estatales.
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, mi participación en el presente debate tiene como tema el Código de Ayudas a la Siderurgia, o sea las ayudas públicas otorgadas en Europa de conformidad con dicho Código y controladas por la Comisión.
En 1998 se examinaron un total de 27 casos, sobre los que la Comisión ha elaborado su propio informe.
El Tratado CECA va a expirar muy pronto.
Por lo tanto, el tema que hoy debe preocuparnos es sobre todo el de la futura aplicación de las ayudas a la siderurgia El Parlamento Europeo acoge con satisfacción las decisiones que expone la Comisión en su informe, incluida la relativa a la devolución de una ayuda recibida en un caso concreto, en aplicación del artículo 88 del Tratado CECA.
La comunicación más reciente de la Comisión, que aun no se ha debatido en el Parlamento, también se refiere, sin embargo, al tema de la competitividad de la industria siderúrgica europea.
La prohibición general de las ayudas públicas que se establece en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE también se aplica a la industria ferrosiderúrgica, igual que a los demás sectores.
De conformidad con dicho artículo, las ayudas estatales son incompatibles por principio con el Mercado Común.
Sólo se admiten excepciones en casos exactamente definidos.
De conformidad con el artículo 88, la Comisión tiene la obligación de controlar las ayudas estatales.
En 1998, el caso más importante fue la aportación de capital propio por un montante de 540 millones de euros a la empresa Preussag en Alemania.
Los Estados miembros deben comunicar, además, previamente a la Comisión las ayudas que se proponen otorgar.
Las normas aplicables en el sector de la industria siderúrgica se establecieron el 18 de diciembre de 1996.
De conformidad con las mismas, sólo se podrán conceder ayudas en favor de la industria siderúrgica en determinados casos exactamente definidos. Esto es: ayudas a la investigación y el desarrollo, ayudas a la protección del medio ambiente, ayudas sociales para fomentar el cierre de instalaciones siderúrgicas y ayudas para el abandono definitivo de la actividad en el caso de las empresas no competitivas.
Además, existe una excepción para Grecia, con un límite máximo de 50 millones de euros.
En los últimos años, ha habido, sin embargo, problemas evidentes en la aplicación práctica del Código de Ayudas a la Siderurgia que no se exponen en todos sus detalles en el informe.
Desde el punto de vista del Parlamento, es importante que se empiece a debatir ya una regulación consecutiva para el momento en que expire el actual Código de Ayudas a la Siderurgia.
No se deberían suavizar las líneas fundamentales de dicho Código.
Nadie desea abrir las puertas a una competencia incontrolada basada en las subvenciones en Europa.
Esto afectaría seriamente el funcionamiento del mercado interior, incluso tras la consolidación de la industria siderúrgica en los últimos años.
El Parlamento considera necesario, por lo tanto, que se modifique el Código de Ayudas a la Siderurgia en lo que respecta a la desigualdad de trato denunciada por la industria y que la Comisión presente al Consejo una regulación consecutiva.
Es sabido que el Consejo se ha negado hasta ahora a adoptar una regulación consecutiva.
Esto se debe, entre otras cosas, a que se espera poder actuar libremente, sin los molestos controles de la Comisión Europea, una vez que haya expirado dicho Código.
Nosotros reclamamos, por consiguiente, que tras la expiración del Tratado, las ayudas estatales se regulen en virtud de un reglamento del Consejo, de conformidad con el artículo 94, pues sólo así será posible conseguir la obligatoriedad jurídica y la claridad necesarias.
La prohibición estricta de todas las ayudas no cubiertas por el Código sólo puede imponerse por esa vía.
Un reglamento del Consejo es un acto legislativo de aplicación directa que también deben cumplir los gobiernos regionales.
Es preciso evitar también en el futuro la perturbación de las condiciones de competencia y las distorsiones graves del equilibrio de los mercados.
Es criticable asimismo la práctica de la Comisión de autorizar reiteradamente ayudas a empresas siderúrgicas que considera no incluidas en las categorías del Código de Ayudas, aun cuando el Tribunal de Justicia Europeo haya sancionado dicha desigualdad de trato en algunas decisiones concretas.
En un informe relativo al año 1999 que todavía se está redactando, se insta a la Comisión a que exponga de manera detallada su participación activa en la elaboración de planes de reestructuración y las excepciones autorizadas, a fin de poder realizar una evaluación objetiva de las circunstancias globales sobre esta base.
Tras la aprobación unánime del informe con dos abstenciones en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, yo pido al Pleno que lleve adelante en todos sus aspectos pleno la propuesta que ahora presentamos.
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en mi calidad de eurodiputado novel, es una satisfacción para mí poder intervenir por primera vez en el Pleno, aunque sea con un cierto retraso.
Ante todo, quiero agradecer a los ponentes von Wogau, Langen, Rapkay y Jonckheer, así como a la Comisión, la excelente colaboración mantenida.
La competencia es sin duda alguna el fundamento de la economía social de mercado y la política de competencia europea tiene un historial de éxitos, el más reciente en el sector de la energía y las telecomunicaciones, donde se han reducido visiblemente los precios y ha mejorado el servicio.
Todo ello en beneficio del consumidor.
Ahora hemos alcanzado, sin embargo, un punto en el que es preciso seguir desarrollando la política de competencia.
La Comisión ha presentado un Libro Blanco sobre esta cuestión, que aborda dos temas centrales: supresión de la notificación obligatoria y transferencia de la ejecución de la norma.
La primera permitiría reducir indiscutiblemente la burocracia y los gastos administrativos.
Al mismo tiempo, con el nuevo sistema los actores económicos individuales también deberían asumir, obviamente, una mayor responsabilidad.
Ya no podrían limitarse a presentar una notificación y esperar la autorización, sino que cada uno debería asumir su propia responsabilidad, y quizá esto explique el malestar que la propuesta ha generado entre algunos.
Sin embargo, yo creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad para demostrar que Europa también es capaz de emitir una señal a favor de una reducción de la burocracia.
El segundo punto es el de la transferencia de la ejecución de la norma.
Para poder llegar a desarrollar una cultura jurídica europea, es necesario, sin duda, que la aplicación de las normas no recaiga exclusivamente en la Comisión, en los órganos centrales, sino que también sea competencia de las autoridades y los tribunales nacionales.
No se discute la exigencia de que toda la legislación de la UE se decida exclusivamente desde los órganos centrales.
Sin embargo, justamente durante la fase de adaptación se producirá una cierta inseguridad jurídica y, en este contexto, parece ciertamente necesario que en el marco del procedimiento legislativo previsto se desarrolle un instrumento que ofrezca seguridad jurídica a las empresas y les permita apelar a la Comisión.
Se deberían mantener abiertas las puertas para la creación de una Oficina europea de defensa de la competencia, que sin duda se debatirá en el futuro.
La política de competencia debe ser, sin embargo, más transparente.
Es necesaria una mayor participación del Parlamento y la creación de un registro que permita comprobar el grado de cumplimiento estatal también podría contribuir a mejorar la disciplina entre los Estados miembros, a mi parecer.
Existen, sin embargo, dos aspectos que me preocupan especialmente en relación con el futuro de la competencia.
El primero es el tema de la subsidiariedad.
Todos estamos de acuerdo en que la competencia es necesaria para la economía y que contribuye a fomentar el rendimiento, y en este sentido yo creo que también deberíamos permitir la competencia entre las regiones.
Ésta no debilitaría a la Unión Europea, sino que contribuiría sin duda a fortalecerla.
Cabe citar, por ejemplo, el tema de las ayudas agrícolas, el ejemplo de las cajas de ahorro y los bancos de los Estados federados, y el del sello de calidad.
Casos en los que una región ha contribuido con su propio esfuerzo a la comercialización de sus productos.
No podemos permitir que esta capacidad de iniciativa autónoma se destruya desde el ámbito europeo.
A mi modo de ver, también es necesario que se suprima la norma de minimis.
Tendríamos que hacer todo lo posible para forzar la competencia entre las regiones.
El segundo aspecto es la necesidad de un debate sobre la competencia y la economía social de mercado, y no me refiere ahora a un fracaso del mercado.
Ya me he mencionado el sector de los bancos y cajas de ahorro locales, pero ahora quisiera situar en un primer plano lo que continuamente se repite desde diferentes sectores.
Actualmente, a la persona que vive en una residencia de ancianos se la considera incluida dentro del sector social.
Sin embargo, también sería posible considerarla como un cliente, y yo creo que deberíamos debatir con mucha claridad y sin demora en qué aspectos el sector social y las estructuras que se han ido creando constituyen un freno para la competencia.
De lo contrario, cabe la posibilidad de que se designe a cualquiera, a cualquier sector como clientes y se provoque un fuerte desmantelamiento de los sectores sociales.
Antes de acabar, una última consideración sobre el principio de subsidiariedad: a mi parecer es urgentemente necesario que se mantenga la competencia de las regiones y los municipios para recaudar impuestos en los casos en los que los Estados miembros lo permiten, y que ésta no se regule de manera uniforme desde Europa.
Muchas gracias, Señoría.
Permítame que le felicite por lo que en el parlamentarismo alemán se designa -injustificadamente en su caso- como el "discurso de estreno" (Jungfernrede).
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, intervengo en nombre de mi colega Robert Goebbels, que ha debido ausentarse para atender a un compromiso político.
En el seno de la Comisión Económica y Monetaria, el informe Jonckheer ha suscitado ásperas controversias en torno al funcionamiento del mercado.
Una escasa mayoría de derecha ha conseguido eliminar toda referencia a las insuficiencias del mercado.
Aunque nuestro Parlamento persiguiera mayoritariamente este concepto ultraliberal de un mercado supuestamente perfecto, el mundo no cambiaría por ello.
Las relaciones económicas en el mundo real demuestran sobradamente que la eliminación de toda intervención pública en el mercado no produce en absoluto una competencia perfecta ni una distribución óptima de los recursos.
Aunque el mercado ha sido desde la noche de los tiempos el lugar de intercambio privilegiado de los seres humanos, jamás ha sido perfecto.
El mercado da prioridad al corto plazo y a los beneficios inmediatos.
En el mercado, las relaciones de fuerza entre la oferta y la demanda son, generalmente, en desventaja de los más débiles, los consumidores y los trabajadores.
El mercado necesita normas para funcionar.
El espíritu de iniciativa necesario y precioso debe tener como corolario el sentido de las responsabilidades ante la sociedad.
Nosotros, los socialistas europeos, estamos a favor de una economía de mercado con fines sociales.
El mercado no es un fin en sí mismo; debe estar al servicio de la mejora de la condición humana.
La Unión Europea, los Estados, no deben sustituir a los agentes económicos, sino que los poderes públicos deben definir las normas y los objetivos que permitan un desarrollo sostenible de la economía.
Por último, las ayudas permiten realizar reestructuraciones, ofrecer una formación, salvar puestos de trabajo y, en definitiva, actuar con buen tino.
La política de competencia de la Unión no puede tener como principal objetivo una reducción del nivel global de las ayudas.
Es necesario orientar estas ayudas hacia los objetivos de la Unión, en particular, la cohesión económica y social, el desarrollo sostenible y la investigación.
La Comisión debe perseguir las ayudas ilegales y aquellas que realmente ponen cortapisas al mercado interior.
Suprimir toda ayuda pública sería un grave error.
Internet no es un producto del mercado, sino el resultado de la investigación financiada por el ejército norteamericano.
La World Wide Web, que ha hecho posible el desarrollo fulgurante de la sociedad de la información, fue obra de la CERN de Ginebra financiada, una vez más, con ayudas públicas.
El salvamento del grupo Holzmann por parte del Gobierno alemán ha sido criticado como una cortapisa injustificable a la economía de mercado.
El Presidente Duisenberg ha intentado incluso atribuir la debilidad, que por otra parte ha sido relativa, del euro frente al dólar, a este intervencionismo estatal.
No he oído al Sr. Duisenberg criticar el salvamento del Hedge Fund LTCM por parte de las autoridades monetarias norteamericanas.
Querer salvar 60.000 puestos de trabajo es, al parecer, un pecado contra el mercado, pero el salvamento de capitales no parece plantear ningún problema a los defensores del libre mercado.
Los fondos públicos son movilizados para reparar los daños de la especulación internacional, como ha ocurrido en México, en Asia y en Brasil.
En cambio, el trabajo de las personas es considerado un simple factor de ajuste.
Nosotros, los socialistas, nos oponemos a esta abstracción liberal.
Queremos una auténtica cultura de la competencia en Europa.
La mano de los Estados debe permanecer visible para poner marco al mercado y la Comisión debe hacer de árbitro.
Señor Presidente, estimado Comisario y estimados compañeros, comenzaré expresando mi agradecimiento al Sr. Rapkay por el buen informe que ha realizado y la buena colaboración.
A usted, Comisario Monti, quiero agradecerle la estupenda colaboración que ha brindado y decirle que en este cambio de siglo tiene una función especialmente importante que desempeñar.
Debe barrer las huellas dejadas por los gobiernos nacionales que tienen grandes visiones en materia de política de la competencia, pero sólo la imaginación pone límites a las catástrofes que pueden ocasionar los gobiernos nacionales.
En este punto puedo mencionar los últimos ejemplos de los que hemos sido testigos: Holzmann, una empresa que recibe considerables ayudas del gobierno alemán, serrerías en la antigua Alemania Oriental y especialmente las ayudas a los astilleros.
Son tres ámbitos en los que muchas empresas danesas atraviesan graves problemas y se están viendo empujadas fuera de sus mercados.
Quiero decirle al Sr. Poos que estoy muy de acuerdo con el Sr. Duisenberg en que estos casos ejemplifican cómo algunos de los países miembros europeos no están en condiciones de reestructurar sus economías y con ello contribuyen a minar el valor del euro.
El Grupo Liberal ha presentado 80 enmiendas en la comisión, relativas todas ellas a las ayudas estatales.
Son propuestas que pensamos contribuyen a aportar transparencia y claridad, cualidades muy importantes de cara a lograr un buen funcionamiento del mercado interior.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a mis compañeros en la comisión por su apoyo a las enmiendas del Grupo Liberal.
Nuestras propuestas, como he dicho, se refieren a la transparencia y me gustaría destacar la enmienda que exhorta a la Comisión a que presente criterios y condiciones uniformes para el tipo de ayudas estatales que consideramos legal, precisamente para garantizar que las empresas pueden predecir su situación.
Otro punto es la cuestión sobre qué hacer cuando la ayuda estatal es declarada ilegal.
¿Cómo nos aseguramos de que nos sea devuelta la ayuda estatal declarada ilegal?
Hoy no existe ninguna regla común en este terreno y exhortamos firmemente a la Comisión a que se ocupe de armonizar las normas en materia de devolución.
Éste es el camino a seguir para garantizar condiciones homogéneas a la hora de competir.
Por último, proponemos la elaboración por una parte de un registro, tal y como han mencionado varios de mis compañeros, y por otra parte también de una tabla de resultados que muestre la situación de los países con respecto a las ayudas estatales.
Usted nos ha mostrado el camino, señor Monti, con la tabla de resultados para el mercado interior.
Ésta es la fuente de inspiración de nuestra propuesta de una tabla similar para las ayudas estatales.
Espero y confío en que usted, Comisario Monti, respalde estas propuestas y aguardo sus comentarios y su postura al respecto.
Para finalizar, quiero dar la bienvenida al informe sobre la competencia de la DG XXVIII de la Comisión, al que una vez más se ha dedicado una cantidad considerable de trabajo.
Sin embargo, como ya he mencionado, nuestro último propósito debe seguir siendo la transparencia y la claridad.
Sigue siendo preciso mejorar la eficacia en los ámbitos mencionados, y por ello hay motivos suficientes para seguir trabajando con la vista puesta en resolver los problemas relacionados con la falta de transparencia y claridad en el ámbito de las ayudas estatales.
Sobre todo es necesario con relación a la próxima ampliación y querría expresarle mi agradecimiento al Sr. Jonckheer, quien ha tratado en su informe muy concienzudamente todos los problemas relacionados con la ampliación y con cómo asegurarnos de que estos países cumplan nuestros requisitos y también de que compitamos en igualdad de condiciones.
Es evidente que como liberales y verdes tenemos diferentes concepciones del mundo, sin embargo, en nuestros objetivos estamos en gran medida de acuerdo y trataremos de hallar una solución razonable a nuestros problemas.
Señor Presidente, señor Comisario, sencillamente debemos responder a dos preguntas.
¿Son legítimas las ayudas estatales a las empresas o son legítimos los acuerdos entre empresas en una economía de mercado, y quién debe controlar estas excepciones a las reglas absolutas de la economía de mercado?
Respecto al primer punto, afirmamos abiertamente que, para tomar en consideración las necesidades del desarrollo sostenible que suscribe la Unión Europea, es indispensable que en determinados casos existan ayudas estatales a las empresas, ya sea en forma de desgravación fiscal, de un régimen fiscal diferenciado o sencillamente de ayudas directas.
Es igualmente legítimo que existan acuerdos entre las empresas, acuerdos de autolimitación, todos esos acuerdos que permiten paliar los efectos nocivos de la competencia sobre las necesidades sociales o las necesidades ecológicas.
Por tanto, respondemos con toda claridad sí: es legítimo que puedan existir ayudas, que existan acuerdos, pero afirmamos que cada uno de estos acuerdos debe estar sujeto expresamente a una argumentación.
El informe von Wogau propone devolver el control de esta legitimidad a nivel nacional.
Eso nos parece relativamente peligroso, pero no obstante le daremos nuestro voto favorable, porque reconocemos que la Comisión no puede hacerlo todo.
Exigimos que se aplique la mayor transparencia y que se otorgue a la Comisión un mayor poder de investigación para verificar a posteriori la legitimidad de estas excepciones.
Señor Presidente, una vez más debatimos la política de competencia de la Unión Europea.
¿En qué condiciones, sin embargo, se desarrolla realmente este debate y a qué conclusiones deberíamos llegar?
Lo que caracteriza la realidad actual es la materialización de gigantescas absorciones, fusiones y compras de descomunales empresas de carácter monopolista y la formación de grupos tremendamente poderosos de ámbito planetario.
Francamente, ¿no debería ocuparse nuestro debate de esta situación?
¿Qué política de competencia quiere y puede instaurar controles a la actuación de estas empresas monopolistas?
Ciertos ramos de la industria europea, como la construcción naval, el transporte aéreo, la siderurgia, afectados por la política de competencia que se aplica, han sufrido terribles consecuencias.
Han perdido posiciones e importantes porciones del mercado mundial y cientos de miles de puestos de trabajo.
¿Nos vamos a ocupar alguna vez de esta realidad?
La escandalosa concentración de poder en sectores de importancia estratégica pone en manos de grupos multinacionales especuladores la economía de países enteros, incluidos países miembros de la Unión.
A pesar de todo esto, nosotros insistimos en debilitar aún más el sector público y estamos dispuestos a endurecer aún más la política de competencia, al considerar ayudas estatales incluso los encargos o pedidos de las administraciones públicas a empresas públicas.
Por otra parte, la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo conduce a un explosivo aumento del paro.
Los trabajadores se enfrentan a la mayor agresión a sus derechos laborales y sociales.
Los consumidores asisten a la merma de su nivel de vida, a la generalización de la pobreza y a la desarticulación y disolución del sector público y de la base productiva de la mayoría de los países de la Unión, en nombre de una violenta y desoladora competencia, en nombre de la economía de mercado absoluta y del impulso de los intereses monopolistas del gran capital.
Nosotros consideramos también responsable de todo esto a la política de competencia que se ejerce, y expresamos nuestro completo rechazo a esa política.
Señor Presidente, señor Comisario, en el transcurso de este año bisagra, antes de pasar a la moneda única, la Comisión no ha escatimado esfuerzos para que el euro nazca en un entorno favorable.
La política de la competencia ha contribuido, en el marco de estos medios, a este acontecimiento.
Por nuestra parte, seguimos oponiéndonos firmemente a la moneda única que, lejos de traernos ventajas y la flexibilidad de una moneda común, nos ata al yugo artificial impuesto a los pueblos de Europa.
Dicho esto, gobernar es prever, es también ser responsable y en este nuevo contexto impuesto, el derecho de la competencia debe desempeñar naturalmente un papel fundamental.
En este ámbito, la Comisión ha dado prioridad a varios ejes de acción: actuar sobre la estructura de los mercados a través de la búsqueda activa de prácticas de lucha contra la corrupción, orientar la actividad de control de sus servicios únicamente hacia los asuntos que presentan un interés comunitario manifiesto y marcar su voluntad de modernización del Derecho de la competencia.
En lo que respecta a las ayudas estatales, hay que velar por que no se sobrecargue el dispositivo, y la introducción de un registro público, en el que se consignen todas las ayudas, no nos parece deseable, porque esta pesada obligación iría en contra de los intentos de aligerar las trabas burocráticas.
Por último, en lo relativo a la modernización de la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado, no creemos que una aplicación descentralizada sea necesariamente el camino adecuado.
En realidad, la Comisión no sólo mantiene el poder de sustraer un asunto a la competencia de las autoridades nacionales, sino que además impone la clara obligación a las jurisdicciones nacionales de evitar cualquier conflicto con las decisiones de la Comisión.
Los Estados nacionales se convertirían así en el brazo secular de la Comisión para el cumplimiento de la aplicación de unas normas que escapan a su competencia.
Para terminar, diré que aunque determinadas medidas están bien encaminadas, nos mantendremos vigilantes con el fin de evitar un engranaje federalista que iría en detrimento de Europa y de la soberanía de los Estados.
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, expresamos un juicio básicamente positivo sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre la competencia, en particular en lo que se refiere a la supresión del sistema de notificaciones y autorizaciones, sin embargo, también tenemos alguna perplejidad, o mejor, más de una.
Ante todo existe el riesgo de que la descentralización de las competencias, en muchos sentidos necesaria en el ámbito de los diferentes Estados, provoque un desarrollo anómalo de las iniciativas en materia de competencia, así como de que alguien se deje llevar por la tentación de utilizar el antitrust no como garantía última del buen y previsible funcionamientos de los mercados, sino como instrumento de política económica e industrial, de planificación y de interferencia con las dinámicas normales de los mismos mercados o, incluso, como instrumento de políticas proteccionistas.
Al respecto, creo que nos van a ayudar los escritos de von Eieck y, sin duda, también los de un gran liberal italiano, Bruno Leoni, que alertaba sobre los riesgos de un desarrollo anómalo de las políticas anticompetitivas.
Hoy por hoy, la injerencia del Estado en la economía causa los más graves perjuicios al mercado, la competencia y la libertad de elección de los usuarios y de los consumidores europeos.
Existen las ayudas estatales a las empresas, ya hemos hablado de ellas, sigue habiendo una fuerte presencia pública en la economía -piénsese en que el Tesoro italiano controla el 15% de la capitalización bursátil-, existen las trabas que gobiernos y bancos centrales ponen a las operaciones de fusión y adquisición; durante estas semanas se ha hablado con frecuencia del caso Vodafone-Mannesmann y del salvamento de la empresa Holzmann.
Por último, señor Comisario, no podemos olvidar que siguen estando en manos públicas amplios sectores económicos como las televisiones públicas, financiadas obligatoriamente por los contribuyentes, las oficinas de comunicaciones y algunos sistemas de seguro obligatorio, incluidos los de asistencia sanitaria y previsión, gestionados por monopolios públicos ineficaces que no dejan escapatoria a los usuarios, salvo a los más pudientes.
Señor Comisario, sé perfectamente cuáles son los vínculos de los Tratados, sin embargo, creo que también en esta ocasión es importante reiterar que la economía europea sufre en la competición con la americana, también y sobre todo, por la falta de aperturas y de competencia.
Lo que se está haciendo es probablemente muy importante pero continúa siendo insuficiente.
Presidente, tenemos un debate peculiar: sobre la política de competencia y sobre las ayudas estatales, la mano izquierda y derecha de la administración, por así decirlo.
Mientras los criterios de la UEM obligan a los Estados miembros a que reduzcan sus gastos, se mantiene el alto nivel de ayudas estatales a la empresa privada.
Es comprensible, porque el Estado miembro que empiece reduciendo las ayudas estatales corre el riesgo de que las empresas se vayan, con las correspondientes consecuencias negativas para el empleo.
Pero al mismo tiempo es incomprensible, porque el mal sentido empresarial y los puestos de trabajo inviables no deben ser apoyados con el dinero de los contribuyentes.
En principio sólo se pueden aceptar las regulaciones horizontales, porque apenas alteran, o no lo hacen en absoluto, la competencia.
Por eso, las enmiendas 6 y 7 del ponente merecen nuestro apoyo.
Las enmiendas 1 y 5 señalan el fenómeno del fracaso del mercado, ya que los instrumentos de mercado por si solos no nos conducen a la sociedad ideal.
Los más desfavorecidos están justo donde más palos caen.
El funcionamiento del mercado debe ser aprovechado de forma calculada para que se desarrolle al máximo la responsabilidad de los ciudadanos y de las empresas.
Si esta apuesta falla, la administración debe intervenir.
El Libro Blanco de la Comisión sobre la modernización de la política de la competencia se parece más a un documento de debate.
La defensa de la descentralización para aliviar la saturación laboral en la DG de la Competencia suena simpática, pero la manera en que la Comisión quiere realizarla sobrecargará al poder judicial.
Y esto iría en detrimento de la seguridad jurídica de las empresas privadas.
¿Se disminuirá verdaderamente el exceso de trabajo de la Comisión si los jueces nacionales están obligados a informar a la Comisión?
¿Qué opinión tiene el Consejo acerca de esto y está el Comisario dispuesto a reconsiderar profundamente estas cuestiones?
Señor Presidente, un Libro Blanco, por definición, no está hecho para tomar o dejar, su función es la de provocar respuestas y este Libro Blanco lo ha conseguido.
Es una buena base para el debate y en ese sentido le damos la bienvenida.
Comprendo los puntos de partida de los autores y los comparto.
Confío también en que usted, Comisario, quiera mantener la reputación y el trabajo hecho por sus predecesores y que sus servicios tengan el mismo objetivo.
No me puedo imaginar que la Comisión desarrolle iniciativas para deseuropeizar o renacionalizar drásticamente. Sin embargo, estoy preocupada y tengo algunas preguntas.
En primer lugar tengo una pregunta sobre la coherencia de la aplicación de la política.
Por regla general soy una gran partidaria de la diversidad cultural, pero no en el ámbito de la competencia en el mercado interior.
El mercado interior necesita una política de competencia uniforme, no sólo en el concepto sino también en la aplicación.
Bien es verdad que se redactan regulaciones europeas y comunicaciones interpretativas.
La Comisión tendría el derecho de conocimiento y daría directrices a las autoridades nacionales de la competencia.
Sin embargo, me pregunto si no corremos el riesgo de meternos en una procesión de Echternach donde antes de poder dar dos pasos hacia adelante hemos de dar cada vez uno hacia atrás.
Por lo tanto, Comisario, me gustaría que me informara un poco más sobre cómo va a garantizar la Comisión esta aplicación uniforme en la práctica y si usted mismo ve factibles los caminos que se esbozan a partir del punto cien del Libro Blanco.
En segundo lugar comprendo las preocupaciones de la empresa privada por la seguridad jurídica.
Justo por esa razón hay tantas notificaciones.
En el futuro desaparecerá este instrumento.
Usted dice en el Libro Blanco que la Comisión seguirá concediendo autorizaciones singulares que pueden servir como directriz, pero ¿cuáles van a ser los criterios para conceder o no dichas autorizaciones singulares?
En tercer lugar me gustaría saber si la Comisión ha investigado cuáles serán las consecuencias de su nueva política en cuanto a la estrategia de las empresas.
Me preocupa sobre todo la suerte que corren las PYME que van a perder parte de la protección jurídica y económica según la nueva exención por categorías vertical del sector de la distribución.
En cuarto lugar me gustaría saber por qué la Comisión no opta en caso de infracciones evidentes de las reglas de la competencia por permitir que entre en funcionamiento la sanción de nulidad ex tunc.
En quinto lugar está la inminente ampliación y me pregunto si los países candidatos están preparados para nuestro juego.
Es como si estuvieran entrenándose todavía.
¿Qué garantías tenemos de que evolucionarán hasta jugadores de primera división en la liga del mercado interior?
En sexto y último lugar señalo una cuestión que ya recordé en mi informe sobre las restricciones verticales, es decir el "legal privilege" de los abogados de empresa.
Si la Comisión realiza sus propuestas del Libro Blanco, me parece que se aumentará la discriminación en el mercado interior entre los asesores jurídicos externos e internos y que se hará por lo tanto más inaceptable.
¿Cuenta la Comisión con emprender alguna acción para conceder un "legal privilege" a los juristas "in house" de todos los Estados miembros?
Señor Comisario, le hago estas preguntas como defensora del mercado interior y espero que en este sentido seamos socios y que la discusión entre estos socios no se haga en balde sino que dé sus frutos.
Señor Presidente, quiero que mis primeras palabras, al iniciar mi intervención sobre el Libro Blanco, sean de felicitación al ponente, Sr. von Wogau.
Del alto grado de coincidencia del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos con su informe es prueba evidente que se haya presentado en este trámite una sola enmienda.
Estamos, pues, de acuerdo con el informe, de la misma forma, señor Comisario, que estamos de acuerdo con las líneas fundamentales del Libro Blanco.
El Derecho comunitario de la competencia ha constituido, desde la entrada en vigor del Tratado, uno de los apartados básicos de la política comunitaria.
Ahora bien, tras cerca de cuarenta años de vigencia, esas normas han empezado a dar síntomas de agotamiento.
Era por ello urgente una modernización.
Esa modernización se hacía particularmente necesaria en cinco puntos.
En primer lugar, el sistema de autorizaciones; en segundo lugar, la aplicación descentralizada; en tercer lugar, las normas de procedimiento; en cuarto lugar, la aplicación judicial; y en quinto y último lugar, el excesivo formalismo.
El sistema de autorizaciones singulares precisaba una urgente reforma, que era pedida unánimemente por las empresas, los estudiosos y los abogados especializados.
No he asistido a un solo foro de especialistas en derecho de la competencia en el que no se solicitara un cambio del sistema.
Un sistema capaz de ofrecer tan escasas decisiones, sea de autorización o sea de prohibición, como el vigente, es cualquier cosa menos un sistema válido.
Los artículos 81.1 y 82 podían, desde hace tiempo, ser aplicados por las autoridades nacionales de la competencia.
Sin embargo, éstas no podían aplicar el artículo 81.3, lo cual impedía en cierta medida una aplicación coherente del artículo 81.1.
En la actualidad, saben sus señorías que hay pendientes dos cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia, planteadas por sendos tribunales alemanes, en las que se cuestiona si es posible aplicar el artículo 81.1 sin poder aplicar el 81.3.
Era también, por lo tanto, necesaria una reforma en ese punto.
El procedimiento en materia de competencia está básicamente contenido en el Reglamento nº 1762.
Las voces en favor de su modificación eran unánimes.
El hecho de que no fijara un auténtico procedimiento, que no se establecieran plazos, que no se regulara el acceso de los interesados al expediente o no se reconocieran adecuadamente los derechos de la defensa, eran motivos que provocaban la unanimidad en la petición de reforma.
El Tribunal de Justicia ha aceptado, desde hace tiempo, que el Derecho comunitario de la competencia podía ser aplicado por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, y la Comisión ya publicó, en el año 1994, una comunicación sobre ese tema.
Era, pues, necesario facilitar esa vía.
Una de las críticas más frecuentes que se hacen del Derecho comunitario de la competencia es su excesivo formalismo.
Como consecuencia de la tradición jurídica continental, la consideración de que determinados acuerdos sean o no anticompetitivos depende más del análisis de sus cláusulas que de los efectos en el mercado.
Era, pues, necesario introducir el análisis económico.
El Libro Blanco pretende resolver esos problemas y, por lo tanto, apoyamos sus propuestas.
Es cierto que notamos también ciertas deficiencias que se han puesto de manifiesto en el informe.
Entre ellas, en primer lugar, que a pesar de tratar de la modernización de los artículos 81 y 82, pone exclusivamente el peso en el artículo 81 y no en el artículo 82.
En estos momentos, en los que los procesos de concertación de empresas, o de privatización de los monopolios, han mantenido posiciones dominantes e incluso las han incrementado, la persecución de las conductas abusivas se hace especialmente importante.
En segundo lugar, el Reglamento nº 1762 debe ser derogado y sustituido por un nuevo reglamento.
En esos términos, vamos a apoyar el informe.
Ahora bien, si se aprueban algunas de las enmiendas, particularmente las presentadas por el Grupo parlamentario del PPE, consideraríamos que el informe quedaría desvirtuado, se convertiría en un documento contradictorio, falto de rigor y, en ese supuesto, reconsideraríamos nuestro apoyo.
Señor Presidente, Señorías, entre los diversos temas que se contemplan en este debate conjunto, desearía hacer una reflexión sobre el que ha tratado nuestro colega Berenguer, es decir, la modernización de la política de la competencia, a la que hace referencia el Libro Blanco de la Comisión.
Francamente, creo que esta modernización ha sido satisfactoria.
El Comisario Monti obtiene buenos resultados en su gestión, igual que su predecesor y, evidentemente, ha establecido la garantía de que, de manera paralela a la creación y al desarrollo del mercado interior europeo, ha sido capaz de establecer los correspondientes correctivos para que la economía de mercado dentro de la Unión funcione adecuadamente, sin las desviaciones que los economistas sabemos que pueden existir cuando se amplia el mercado, como ha ocurrido en la Unión Europea a partir del año 1993.
Si funciona bien, si estamos satisfechos, si la actuación básica de la Comisión ha sido correcta, ¿por qué la modificación?
Se han presentado diversos argumentos a su favor.
El Sr. Berenguer ha ofrecido un análisis muy ajustado, justificando su necesidad y las consecuentes reformas para mejorar el funcionamiento de la competencia, pero mi preocupación es la de asegurar que los estándares y criterios que se aplicarán a través de las correspondientes administraciones de los Estados miembros sean realmente en todas partes idénticos.
Porque si no es así, nos encontraremos ante la paradoja de que sea la propia Comisión la que introduce elementos de competencia desleal en el funcionamiento del mercado interior europeo.
En ese caso no habríamos avanzado sino que, por el contrario, habríamos retrocedido en la aplicación de la política de competencia dentro de la Unión.
Señor Presidente, quisiera hacer constar en primer lugar mi reconocimiento a la Comisión por la mejora que representa el XXVIII informe sobre la política de competencia en la Unión, respecto a ediciones precedentes.
Quiero, asimismo, destacar la labor llevada a cabo por el ponente, Sr. Rapkay, quien ha diseccionado de una forma concisa un texto tan denso y amplio como éste.
Y también le quiero apoyar plenamente en su comentario sobre la necesidad de dejar a las regiones -como el País Vasco, al cual represento- un margen de acción en virtud del principio de subsidiariedad.
Sin embargo, no puedo olvidar las críticas realizadas en numerosas ocasiones tanto por los Estados miembros como por los operadores del mercado, que, ante el amplio margen de maniobra, de discrecionalidad, reconocido a la Comisión para evaluar cada caso concreto, alegan la existencia de una inseguridad jurídica, al no existir unas reglas claras de juego que permitan a los interesados prever la posición de la autoridad y, así, efectuar ajustadamente sus solicitudes de ayuda al fomento de la actividad económica y del empleo, el planteamiento de fusiones de empresas, etc.
La única garantía ha venido siendo la de buscar previamente una autorización favorable, recurriendo a expedientes individuales que no se resuelven en un plazo menor a los seis u ocho meses, un plazo excesivamente dilatado que no hace sino añadir problemas de falta de agilidad a la actividad generadora de riqueza y empleo.
Por ello, yo echo en falta y, en consecuencia, sugiero, la conveniencia de establecer una mayor normativa, de promulgar unas reglas de juego claras, con las cuales podremos salir ganando todos: empresarios, inversores, trabajadores y ciudadanía en general.
Señor Presidente, Señorías, quiero subrayar que, en una época de grandes cambios desde el punto de vista tecnológico -basta con ver lo que está ocurriendo en el sector de la información o en otros sectores como la energía y los transportes- la protección de la competencia revestirá una importancia fundamental para nuestro futuro.
Considero que, desde el punto de vista del crecimiento económico y, por lo tanto, del aumento del empleo y de la riqueza, defender una política de competencia en nuestros Estados se convierte en un factor determinante y, sin duda, fundamental para nuestro futuro.
Éste es el motivo por el cual expreso un juicio básicamente positivo sobre el presente informe.
He notado que, en estos últimos tiempos, la Comisión se ha esforzado para que dicho principio sea respetado de forma específica y contundente, al objeto de salvaguardar esa flexibilidad de los mercados tanto para los productos como para los servicios.
Repito que esto será muy importante para nuestro futuro, para la economía de Europa y, sobre todo, para proteger nuestras riquezas y el desarrollo tecnológico de Europa en general.
Señor Presidente, para los conservadores británicos la aplicación eficiente y uniforme de la política europea de la competencia es fundamental para lograr un mercado único eficaz en toda la Unión Europea.
Así, pues, de ello se deduce que cualquier propuesta sobre una reforma importante del mecanismo de aplicación de la política de la competencia debe ser examinada detallada y detenidamente.
La verdad es que el mercado único aún no está concluido.
Durante los seis meses que llevo de diputado en este Parlamento he visto claramente la determinación de muchos diputados de sacar adelante el llamado proyecto europeo.
Diariamente oímos hablar de la necesidad de fomentar una Europa más amplia y más profunda.
Pero todo eso es, en realidad, pura y simple retórica, cuando vemos los obstáculos nacionales, regionales y locales que siguen bloqueando el funcionamiento de un auténtico mercado único europeo.
Ése es el marco en el que quiero examinar las propuestas de la Comisión.
Quisiera decir con toda claridad que tenemos la mayor confianza en el Comisario Monti y lo respetamos profundamente.
Lo consideramos la persona idónea para erradicar los cárteles.
Pero ha de reconocer que, igual que en los demás casos, tenemos que examinar estas propuestas suyas y someterlas a un examen riguroso.
Eso es lo que ha hecho nuestro ponente en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el Sr. von Wogau.
Quiero felicitarlo, pese a que, lamentablemente, no está presente, por la forma completa y rigurosa como ha emprendido la preparación de su informe... ¡y también por haberme soportado como una espina clavada en su costado!
Antes ha dicho que el informe se ha aprobado con una mayoría importante, pero no con mi apoyo.
De modo que, aunque puedo no compartir sus conclusiones, creo que ha ilustrado en su informe muchas de las cuestiones que la Comisión debe abordar.
La primera es las posibilidades de renacionalización de la política de la competencia.
Sé que la Comisión se opone a ello, pero esas posibilidades existen.