Update app_data.py

app_data.py

@@ -7,5 +7,5 @@ examples =[
  "Sobre ese punto ya se indicó que la orientación sexual y la identidad de género, así como la expresión de género son categorías protegidas por la Convención y que, por ello, está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona. De acuerdo con ello, esta Corte señaló supra que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, su identidad de género y/o su expresión de género"],
 ["Las prestaciones extralegales constituyen beneficios otorgados por los patrones a sus trabajadores adicionales o mayores a los establecidos en la ley, razón por la cual, si bien encuentran respaldo jurídico en ella, el fundamento esencial lo constituye el contrato privado, colectivo o ley, o bien el reglamento interno de trabajo, entre otros. Por ello, en caso de controversia judicial, en términos del artículo 872 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, corresponde al actor, además de expresar los hechos en que funde sus peticiones, aportar las pruebas que considere pertinentes para demostrar sus pretensiones. Consecuentemente, por imperativo legal del artículo 784 de la aludida legislación, la circunstancia de que el patrón no haya dado contestación a la demanda y tampoco acuda a la audiencia relativa, en su fase de ofrecimiento y admisión de pruebas, en modo alguno puede concluirse que relevó de la obligación legal y previa que tenía el trabajador de demostrar el deber que tenía la patronal de pagar las aludidas prestaciones. Considerar lo contrario implicaría romper el equilibrio procesal que debe imperar en el procedimiento laboral, ya que la legislación federal en comento establece consecuencias legales vinculadas estrictamente con las omisiones en que, en su momento procesal, incurrió el demandado, en el particular, tener por contestada de manera afirmativa la demanda y la pérdida del derecho para ofrecer pruebas.", "Esto es así, ya que a través de dicha jurisprudencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente se limitó a complementar el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la cual había dejado a la interpretación judicial analizar, en cada caso, si existía o no una abierta dilación procesal o paralización total del procedimiento, como una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, para lo cual estableció un parámetro mínimo objetivo para emprender la acción constitucional en contra de las dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho parámetro se fijó en función del lapso máximo que preveía la Ley Federal del Trabajo para que el juicio laboral permaneciera inmóvil, so pena de que operara la caducidad de la instancia, lo que evidentemente no aplica con relación a las dilaciones procesales ocurridas en la fase de ejecución de sentencia, al tratarse de una etapa procesal diferente a la del juicio, en la que la Ley Federal del Trabajo establece procedimientos y plazos específicos para el cumplimiento de un laudo, los cuales, incluso, en un momento dado pudieran abonar para determinar la actualización de una dilación procesal para esa etapa; además de que la propia Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, establece reglas específicas de procedencia diferentes a la analizada en la jurisprudencia en comento, es decir, a la prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a juicio de esta Segunda Sala, corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, para lo cual deberá considerar, además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales."],
 ["Diversas personas, físicas y morales, promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la imposición de un mecanismo de votación por cédula secreta sobre un dictamen de reforma constitucional local, atribuible a diversas autoridades adscritas al Poder Legislativo de una entidad federativa, al considerarlo violatorio de, entre otros, el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la transparencia parlamentaria.",
-"El artículo 305 del Código Penal de Nuevo León establece reglas de aplicación de sanciones que deben incrementarse cuando en el delito de lesiones ocurren distintas circunstancias que califican ese ilícito en su forma básica y ameritan un incremento en las penas impuestas. Dicho precepto remite a los diversos 316 y 317 del mismo ordenamiento para definir cuáles son las hipótesis que actualizan esas circunstancias calificativas. Específicamente la fracción VI del numeral 316 de referencia señala que dos de esos supuestos ocurren cuando el sujeto pasivo es un servidor público, o cuando es un miembro de una institución policial. Esas hipótesis son distintas y excluyentes entre sí, pues en el primer caso el incremento de las sanciones es de dos a ocho años de prisión, mientras que el sistema normativo dispone de un aumento de diez a veinte años de prisión cuando el pasivo del delito es un integrante de una institución policial, que se justifica porque se trata de una persona encargada de resguardar la seguridad de las personas. Esa distinción es suficientemente clara y por ello no se advierte que exista ambigüedad en la norma, pues su redacción permite que el destinatario de la ley identifique con precisión las penas que le serán aplicables cuando se actualice una u otra calificativa, por lo que el artículo impugnado no resulta violatorio del principio de legalidad de la norma en su vertiente de taxatividad, ni genera inseguridad jurídica, de manera que no transgrede el contenido del artículo 14 de la Constitución Política del país, en relación con el diverso 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, aun cuando la referida calificativa está prevista en el citado artículo 316, fracción VI del propio código, cuyo contenido es reiterado en el precepto impugnado, no existe una recalificación o doble sanción derivado del mismo juzgamiento, ya que es sólo el referido artículo 305 el que regula la pena que debe incrementarse por dicha circunstancia, aunado a que esa infracción no se actualiza cuando el legislador establece una penalidad agravada o calificativa diversa a la del tipo básico. En consecuencia, el artículo impugnado no es violatorio del principio non bis in idem contenido en el precepto 23 de la Constitución, en relación con los diversos 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos."]
+"Asimismo, aun cuando la referida calificativa está prevista en el citado artículo 316, fracción VI del propio código, cuyo contenido es reiterado en el precepto impugnado, no existe una recalificación o doble sanción derivado del mismo juzgamiento, ya que es sólo el referido artículo 305 el que regula la pena que debe incrementarse por dicha circunstancia, aunado a que esa infracción no se actualiza cuando el legislador establece una penalidad agravada o calificativa diversa a la del tipo básico. En consecuencia, el artículo impugnado no es violatorio del principio non bis in idem contenido en el precepto 23 de la Constitución, en relación con los diversos 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos."]
 ]