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      Aprobada las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso de los
      Diputados y del Senado celebradas el  de octubre de , la Constitución fue
      ratificada en referéndum el  de diciembre, siendo sancionada y promulgada
      por el rey Juan Carlos I el  de diciembre y publicada en el Boletín
      Oficial del Estado el  de diciembre del mismo año.

      La promulgación de la Constitución implicó la culminación de la llamada
      transición a la democracia, que tuvo lugar como consecuencia de la muerte,
      el  de noviembre de , del anterior jefe de Estado, el dictador Francisco
      Franco, precipitando una serie de acontecimientos políticos e históricos
      que transformaron el anterior régimen dictatorial en un «Estado social y
      democrático de derecho que propugna como valores superiores del
      ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
      pluralismo político», tal y como proclama el artículo primero de la
      Constitución.​ En él también se afianza el principio de «soberanía
      nacional», que «reside en el pueblo español»,​ y se establece «la
      Monarquía parlamentaria» como forma de gobierno.​ Deroga, además, en la
      Disposición Derogatoria, las Leyes Fundamentales del Reino aprobadas en  y
      modificadas en múltiples ocasiones, la última de ellas en  precisamente
      para abrir paso a la <mask>.

      «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación
      española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce el
      derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran»
      (artículo ). Establece una organización territorial basada «en municipios,
      en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan»,​
      rigiendo «la solidaridad entre todas ellas».​​ Tras el proceso de
      formación del Estado de las Autonomías, las comunidades autónomas gozan de
      una autonomía de naturaleza política que configura a España como un Estado
      autonómico.n.  Las entidades locales, como los municipios y las
      provincias, gozan de una autonomía de naturaleza administrativa, y sus
      instituciones actúan en conformidad con criterios de oportunidad dentro
      del marco legal fijado por el Estado y las comunidades autónomas.​

      El rey es el jefe de Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y
      modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta
      representación del Estado español en las relaciones internacionales,
      especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las
      funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.​ Sus
      actos tienen una naturaleza reglada, cuya validez depende del refrendo de
      la autoridad competente que, según el caso, es el presidente del Gobierno,
      el presidente del Congreso de los Diputados, o un ministro.
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      CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 18485. Acuerdo de 3 de noviembre de
      2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
      por el que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en
      la Gerencia del Consejo. En la Gerencia del Consejo General del Poder
      Judicial se encuentran vacantes dos puestos de subalterno dotados
      presupuestariamente, con las características que se relacionan en el anexo
      I de este acuerdo y cuya provisión se considera necesaria en orden a la
      correcta asunción de las funciones encomendadas a ese órgano técnico. Por
      ello la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su
      reunión del día de la fecha, ha acordado convocar un concurso de méritos
      para la cobertura de los citados puestos, de conformidad con lo dispuesto
      en los artículos 625 y concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
      julio, del Poder Judicial. El concurso de méritos se regirá por las
      siguientes Normas Primera. Requisitos de participación. 1. Podrán tomar
      parte en el presente concurso los funcionarios/as pertenecientes a las
      agrupaciones profesionales a que se refiere la disposición transitoria
      tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
      se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
      Público (anterior grupo E del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
      agosto) o a los cuerpos o escalas de Auxilio Judicial de la Administración
      de Justicia, de conformidad con el artículo 624 de la Ley Orgánica 6/1985,
      de 1 de julio, del Poder Judicial, siempre que reúnan las condiciones
      generales exigidas al puesto de trabajo y los requisitos determinados en
      esta convocatoria en la fecha en que termine el plazo de presentación de
      solicitudes. 2. Los funcionarios/as con destino definitivo podrán
      participar siempre que hayan transcurrido, al menos, dos años desde la
      toma de posesión del último destino definitivo. No será necesario cumplir
      este plazo para los funcionarios/as que hayan sido removidos del puesto de
      trabajo obtenido por el procedimiento de concurso o, también, si ha sido
      suprimido su puesto de trabajo. Los funcionarios/as con destino definitivo
      en el Consejo, podrán participar si ha transcurrido, al menos, un año
      desde su toma de posesión en el último destino definitivo, salvo en el
      caso de aquellos/as que participen desde un puesto de trabajo con nivel
      inferior al convocado. 3. Los funcionarios/as en situación administrativa
      de <mask> en otras administraciones públicas o de excedencia voluntaria
      por interés particular o por agrupación familiar solo podrán participar en
      el concurso si en la fecha de finalización del plazo de presentación de
      solicitudes han transcurrido más de dos años en las indicadas situaciones.
      En el caso de la primera situación mencionada deberá haber transcurrido
      asimismo un plazo de dos años desde que obtuvieron su último destino
      definitivo. 4. Los funcionarios/as en situación de servicios especiales o
      en excedencia por cuidado de familiares solo podrán participar si en la
      fecha en que termina el plazo de presentación de solicitudes han
      transcurrido dos años desde la toma de posesión del último destino
      definitivo.
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      La Constitución española de 1978 es la <mask> suprema del ordenamiento
      jurídico español.
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Legal ⚖️ longformer-base-4096-spanish

legal-longformer-base-4096 is a BERT-like model started from the RoBERTa checkpoint (RoBERTalex in this case) and pre-trained for MLM on long documents from the Spanish Legal Domain Corpora. It supports sequences of length up to 4,096!

Longformer uses a combination of a sliding window (local) attention and global attention. Global attention is user-configured based on the task to allow the model to learn task-specific representations.

This model was made following the research done by Iz Beltagy and Matthew E. Peters and Arman Cohan.

Model (base checkpoint)

RoBERTalex There are few models trained for the Spanish language. Some of the models have been trained with a low resource, unclean corpora. The ones derived from the Spanish National Plan for Language Technologies are proficient in solving several tasks and have been trained using large-scale clean corpora. However, the Spanish Legal domain language could be thought of as an independent language on its own. We, therefore, created a Spanish Legal model from scratch trained exclusively on legal corpora.

Dataset

Spanish Legal Domain Corpora A collection of corpora of Spanish legal domain.

More legal domain resources: https://github.com/PlanTL-GOB-ES/lm-legal-es

Citation

If you want to cite this model you can use this:

@misc{narrativa2022legal-longformer-base-4096-spanish,
  title={Legal Spanish LongFormer by Narrativa},
  author={Romero, Manuel},
  publisher={Hugging Face},
  journal={Hugging Face Hub},
  howpublished={\url{https://huggingface.co/Narrativa/legal-longformer-base-4096-spanish}},
  year={2022}
}

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