pr/11084541.json

"{\"id\": \"11084541\", \"name\": \"LUIS A. RIVERA SIACA, ET AL Demandantes-Apelados v. SECRETARIO DE HACIENDA Demandado-Apelante\", \"name_abbreviation\": \"Rivera Siaca v. Secretario de Hacienda\", \"decision_date\": \"2000-06-22\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. KLAN-2000-00399\", \"first_page\": \"466\", \"last_page\": \"472\", \"citations\": \"6 T.C.A. 466\", \"volume\": \"6\", \"reporter\": \"Decisiones del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico\", \"court\": \"Puerto Rico Circuit Court of Appeals\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T19:24:36.105256+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Panel integrado por su Presidenta, la Juez Alfonso de Cumpiano, el Juez Aponte Jim\\u00e9nez y la Juez Feliciano Acevedo\", \"parties\": \"LUIS A. RIVERA SIACA, ET AL Demandantes-Apelados v. SECRETARIO DE HACIENDA Demandado-Apelante\", \"head_matter\": \"2000 DTA 167\\nTRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES CIRCUITO REGIONAL DE SAN JUAN\\nLUIS A. RIVERA SIACA, ET AL Demandantes-Apelados v. SECRETARIO DE HACIENDA Demandado-Apelante\\nN\\u00fam. KLAN-2000-00399\\nSan Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2000\\nPanel integrado por su Presidenta, la Juez Alfonso de Cumpiano, el Juez Aponte Jim\\u00e9nez y la Juez Feliciano Acevedo\", \"word_count\": \"3420\", \"char_count\": \"22377\", \"text\": \"Alfonso de Cumpiano, Juez Ponente\\nTEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA\\nEl Departamento de Hacienda (el Departamento) present\\u00f3 recurso de apelaci\\u00f3n en solicitud de que revoquemos la sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, mediante la cual se orden\\u00f3 al Secretario de Hacienda cancelar las deficiencias contributivas notificadas a los apelados, Sr. Luis A. Rivera Siaca, su esposa y la sociedad de gananciales, incluyendo los intereses y penalidades.\\nLa controversia central consiste en determinar si err\\u00f3 el tribunal al concluir que los c\\u00e1nones de arrendamiento recibidos por el alquiler del edificio de las oficinas centrales del Departamento de Educaci\\u00f3n estaban exentos del pago de contribuciones sobre ingresos, de conformidad con lo dispuesto por ley.\\nExaminados los alegatos de las partes, el dictamen apelado, el expediente y el derecho aplicable, determinamos que no err\\u00f3 el tribunal y que procede confirmar la sentencia.\\nI\\nEl 30 de diciembre de 1996, el Departamento notific\\u00f3 a los apelados una serie de deficiencias contributivas en las planillas de contribuci\\u00f3n sobre ingresos correspondientes a los a\\u00f1os 1990, 1991, 1992 y 1993. Dichas deficiencias se basaron en que \\u00e9stos no incluyeron en el ingreso bruto de cada uno de los referidos a\\u00f1os la suma de $3,918,861.96 por c\\u00e1nones de arrendamiento recibidos por el alquiler del edificio en que ubican las oficinas centrales del Departamento de Educaci\\u00f3n. Las deficiencias, intereses y penalidades, seg\\u00fan fueron notificados, ascend\\u00edan a un total de $8,121,829.56.\\nInconformes con la notificaci\\u00f3n del Departamento, los apelados presentaron, el 30 de enero de 1997, demanda contra \\u00e9ste, en la que impugnaron las deficiencias contributivas. Solicitaron la cancelaci\\u00f3n en su totalidad de las deficiencias, los intereses y penalidades a base de que las aludidas rentas estaban excluidas, de conformidad con las disposiciones de la secci\\u00f3n 22(b)(8) de la entonces vigente Ley de Contribuciones Sobre Ingresos de Puerto Rico de 1954. 13 L.P.R.A. sec. 3022(b)(8). En la alternativa, los apelados solicitaron que se les permitiera reclamar deducciones contra dicho ingreso que no fueron consideradas por el Departamento, las cuajes reducir\\u00edan el monto de lo adeudado.\\nUna vez prestada el monto de la fianza por los apelados, el Departamento present\\u00f3 su contestaci\\u00f3n. Acept\\u00f3 algunas de las alegaciones de la demanda y neg\\u00f3 total o parcialmente otras. Los apelados solicitaron que se dictara sentencia sumaria por no haber controversia real sustancial en cuanto a ning\\u00fan hecho material y por tratar el asunto de una controversia estrictamente de derecho. Entre sus planteamientos, argumentaron que la pr\\u00e1ctica del Departamento en la interpretaci\\u00f3n de la disposici\\u00f3n concernida, considerando las rentas objeto del presente litigio exentas de tributaci\\u00f3n para a\\u00f1os anteriores, imped\\u00eda al Secretario de Hacienda variar su posici\\u00f3n. Junto a la moci\\u00f3n de sentencia sumaria, incluyeron, entre otros documentos relativos a la previa interpretaci\\u00f3n administrativa de la disposici\\u00f3n, una declaraci\\u00f3n jurada del Sr. Luis A. Rivera Siaca. En \\u00e9sta se describe detalladamente el uso de las oficinas y la naturaleza de los programas ubicados en el edificio en cuesti\\u00f3n.\\nEl Departamento, en su oposici\\u00f3n, replic\\u00f3 a los argumentos de los apelados sobre la interpretaci\\u00f3n de la ley y las previas pr\\u00e1cticas administrativas y solicit\\u00f3 se determinaran correctas en derecho las deficiencias.\\nEl tribunal celebr\\u00f3 vista argumentativa sobre los planteamientos presentados en las aludidas mociones. Solicit\\u00f3 a las partes efectuaran una inspecci\\u00f3n con el prop\\u00f3sito de corroborar las funciones que lleva a cabo el Departamento de Educaci\\u00f3n en el edificio y que sometieran un escrito de estipulaci\\u00f3n sobre dichas funciones. Tambi\\u00e9n les solicit\\u00f3 que presentaran en forma conjunta el historial de ambas C\\u00e1maras Legislativas de la Ley N\\u00fam. 84 de 30 de mayo de 1970, que enmend\\u00f3 la secci\\u00f3n 22 de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos de 1954, para incluir la exenci\\u00f3n a que se refiere este caso.\\nUna vez las partes cumplieron con lo ordenado, el tribunal determin\\u00f3 que no exist\\u00eda controversia real sustancial en cuanto a ning\\u00fan hecho material y que proced\\u00eda la sentencia sumaria como cuesti\\u00f3n de derecho a favor de los apelados. Conforme los documentos sometidos y los hechos estipulados, formul\\u00f3 determinaciones de los hechos materiales. Incluy\\u00f3 conclusiones de derecho a la luz de \\u00e9stos, analiz\\u00f3 las disposiciones legales pertinentes y su historial legislativo e interpret\\u00f3, bajo las normas de hermen\\u00e9utica legal aplicables a los casos contributivos, que las rentas recibidas por los apelados estaban exentas de tributaci\\u00f3n bajo la ley y que no proced\\u00edan las deficiencias contributivas. En virtud de ello, el tribunal orden\\u00f3 la cancelaci\\u00f3n en su totalidad de las deficiencias notificadas, los intereses y penalidades. Oportunamente, el Departamento solicit\\u00f3 reconsideraci\\u00f3n, los apelados presentaron su oposici\\u00f3n y el tribunal la declar\\u00f3 sin lugar. El Departamento present\\u00f3 una segunda moci\\u00f3n de reconsideraci\\u00f3n, la cual tambi\\u00e9n fue denegada.\\nEl Departamento solicita, en el recurso, que revoquemos la sentencia apelada, alegando que en la interpretaci\\u00f3n de la ley el tribunal se desvi\\u00f3 de la norma de interpretaci\\u00f3n restrictiva de las leyes contributivas. Plantea, tambi\\u00e9n, que err\\u00f3 al incluir en sus determinaciones de hechos actuaciones previas del Departamento reconociendo la exenci\\u00f3n en situaciones como la invocada por los apelados para sostener su conclusi\\u00f3n.\\nLos apelados en su alegato arguyen, en esencia, que la interpretaci\\u00f3n judicial es c\\u00f3nsona con lo dispuesto en ley, con su intenci\\u00f3n y con las normas jurisprudenciales sobre interpretaci\\u00f3n de leyes contributivas. Se\\u00f1alan que las referencias en la sentencia a las previas actuaciones del Departamento, no sirvieron de base para el dictamen.\\nII\\nDe entrada, debemos dejar establecido que no se cuestiona el mecanismo de sentencia sumaria utilizado para resolver este caso. Las partes circunscriben la controversia a la interpretaci\\u00f3n y aplicaci\\u00f3n de una disposici\\u00f3n legal, bajo los hechos sustanciales estipulados. Debemos tambi\\u00e9n se\\u00f1alar que la sentencia apelada est\\u00e1 debidamente fundamentada, cubre y analiza los aspectos medulares de la controversia y, a nuestro juicio, es correcta en derecho. Por tanto, es suficiente que demos \\u00e9nfasis s\\u00f3lo a lo m\\u00e1s relevante, tomando en cuenta los planteamientos de las partes.\\n-A-\\nEn su primer se\\u00f1alamiento de error, el Departamento alega que el tribunal de instancia err\\u00f3 al interpretar de manera amplia la ley y concluir que la exenci\\u00f3n dispuesta en la anterior secci\\u00f3n 22 (b) (8), incluia el edificio en el cual ubican las oficinas centrales del Departamento de Educaci\\u00f3n.\\nExaminemos el lenguaje de la referida secci\\u00f3n y su interpretaci\\u00f3n por el tribunal.\\nLa secci\\u00f3n 22(b)(8), supra, establece que:\\n\\\"Secci\\u00f3n 22. Ingreso bruto\\n(a)...\\n(b) Exclusiones del ingreso bruto. Las siguientes partidas no estar\\u00e1n incluidas en el ingreso bruto y estar\\u00e1n exentas de tributaci\\u00f3n bajo este subt\\u00edtulo:\\n(D...\\n(8) Ingresos provenientes de edificios arrendados o rentados al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para hospitales p\\u00fablicos, casas de salud o de convalecencia y facilidades complementarias a dichos hospitales y casas de salud o de convalecencia, tales como viviendas para enfermeras, cafeter\\u00eda, servicios de lavander\\u00eda, centros de rehabilitaci\\u00f3n f\\u00edsica y vocacional; para escuelas p\\u00fablicas, y facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n, tales como bibliotecas, librer\\u00edas, residencias de estudiantes y profesores y centros de servicios m\\u00faltiples como los de cafeter\\u00eda, reuni\\u00f3n y esparcimiento; o en la construcci\\u00f3n de edificios para ser arrendados a entidades defines no pecuniarios que los utilicen como hospitales, casas de salud o de convalecencia y facilidades f\\u00edsicas complementarias. \\\"\\nEsta secci\\u00f3n, en la parte que nos concierne, excluye del ingreso bruto sujeto a tributaci\\u00f3n los c\\u00e1nones de arrendamiento recibidos del alquiler de edificios al Gobierno de Puerto Rico para uso de escuelas p\\u00fablicas, facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n, y centros de servicios m\\u00faltiples. No limita la exenci\\u00f3n al alquiler de edificaciones para escuelas p\\u00fablicas, sino que comprende otras estructuras complementarias a la educaci\\u00f3n. A manera de ejemplo, enumera estructuras que se consideran facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n (tales como bibliotecas, librer\\u00edas, residencias de estudiantes y profesores) y centros de servicios m\\u00faltiples (como las de cafeter\\u00eda, reuni\\u00f3n y esparcimiento), sujetos a la exenci\\u00f3n.\\nEl tribunal resolvi\\u00f3 a base de lo informado conjuntamente por las partes sobre las funciones, programas y prop\\u00f3sitos de las diferentes oficinas del Departamento de Educaci\\u00f3n durante los a\\u00f1os de las deficiencias notificadas que el edifico donde \\u00e9ste ubica constituye una facilidad complementaria a la educaci\\u00f3n dentro del significado de la secci\\u00f3n 22(b)(8) previamente transcrita. En su detallada explicaci\\u00f3n, consider\\u00f3 que todos los servicios que se brindan en el edificio se relacionan exclusivamente con la administraci\\u00f3n, direcci\\u00f3n y supervisi\\u00f3n del sistema educativo de Puerto Rico y comprenden la prestaci\\u00f3n de servicios a los profesores y estudiantes participantes de ese sistema.\\nSeg\\u00fan surge del Informe sobre Inspecci\\u00f3n al Edificio del Departamento de Educaci\\u00f3n, estipulado por las partes, en el edificio se encuentran ubicadas facilidades, tales como la Secretar\\u00eda Auxiliar de Planificaci\\u00f3n y Desarrollo Educativo que est\\u00e1 encargada de la planificaci\\u00f3n escolar en sus diferentes aspectos, el Centro de Informaci\\u00f3n, Diseminaci\\u00f3n y Lectura que incluye una biblioteca para uso de los empleados, personal docente y p\\u00fablico en general, el Centro de Recursos para la Alfabetizaci\\u00f3n y Educaci\\u00f3n de Adultos (CRAEDA) qu\\u00e9 provee el apoyo necesario para erradicar el analfabetismo para el a\\u00f1o 2000, la Divisi\\u00f3n de Planificaci\\u00f3n, Investigaci\\u00f3n y Evaluaci\\u00f3n que est\\u00e1 a cargo de un sinn\\u00famero de programas, tales como la Oficina de Derechos Civiles, el Instituto de Preparaci\\u00f3n Tecnol\\u00f3gica y Articulaci\\u00f3n Universitaria, Educaci\\u00f3n/Agr\\u00edcola, Econom\\u00eda Dom\\u00e9stica, Educaci\\u00f3n Vocacional Industrial y la Biblioteca de la Secretar\\u00eda Auxiliar de Educaci\\u00f3n Tecnol\\u00f3gica, todos ellos a cargo de coordinar y dirigir actividades directamente relacionadas con la educaci\\u00f3n desde el mismo edificio o en las diferentes regiones educativas, y finalmente, el Centro de Desarrollo Preescolar que incluye una escuela maternal y otra preescolar. (Ap\\u00e9ndice del recurso, p\\u00e1g. 341).\\nSe puede apreciar de lo anterior que las facilidades ubicadas en el edificio del Departamento de Educaci\\u00f3i\\u00ed est\\u00e1n relacionadas con la educaci\\u00f3n, no s\\u00f3lo en lo administrativo, sino en cuanto a actividades de servicitis a \\u00e9sta, y en programas de formulaci\\u00f3n de la pol\\u00edtica p\\u00fablica educativa. Respecto a los ejemplos espec\\u00edficos de la secci\\u00f3n que examinamos, en el edificio se encuentran varias bibliotecas, algunas de ellas para uso p\\u00fablico, se brinda orientaci\\u00f3n al personal docente y se coordinan servicios m\\u00faltiples necesarios para el sostenimiento del sistema educativo de Puerto Rico.\\nAl efectuar su interpretaci\\u00f3n, el tribunal analiz\\u00f3, en primer lugar, la letra de la disposici\\u00f3n de ley. De \\u00e9sta surge claramente, como se\\u00f1alamos, que la exenci\\u00f3n no se limita a las escuelas p\\u00fablicas, sino que incluye las facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n. La frase \\\"tales como \\\", previa al listado incluido en la disposici\\u00f3n de referencia, hace del listado uno ejemplificativo y no taxativo. Como lo reconoce el Departamehto, est\\u00e1 resuelto que en la redacci\\u00f3n de un estatuto sobre exenci\\u00f3n contributiva en el que se utiliza la frase \\\"tales como\\\" y luego se describen situaciones, las palabras espec\\u00edficas enumeradas son s\\u00f3lo ilustrativas y no limitativas de las situaciones en que aplicar\\u00eda la exenci\\u00f3n. Tugwell, Gobernador v. Corte, 64 D.P.R. 220 (1944).\\nPor tanto, la frase \\\"tales como\\\", seguida del t\\u00e9rmino facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n de la secci\\u00f3n 22(b)(8), puede incluir otras estructuras an\\u00e1logas o facilidades c\\u00f3nsonas con los ejemplos enumerados en la disposici\\u00f3n.\\nLa letra de la disposici\\u00f3n no permite inferir que \\u00e9sta se limita a facilidades en que se brinde servicio \\u00fanicamente a los estudiantes. Tampoco surge de \\u00e9sta que las estructuras tengan que estar ubicadas dentro o anejadas a las escuelas. Los ejemplos de ley incluyen facilidades en las cuales se prestan servicios de variada naturaleza, tanto a profesores como a estudiantes del sistema escolar, que pueden estar localizados en sitios fuera del plantel escolar.\\nEn segundo lugar, el tribunal consider\\u00f3 el historial legislativo de la disposici\\u00f3n legal bajo an\\u00e1lisis. La secci\\u00f3n 22(b)(8) fue incorporada a la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos de 1954 mediante la Ley N\\u00fam. 84 de 30 de mayo de 1970. El proyecto de ley que dio base a \\u00e9sta, s\\u00f3lo confer\\u00eda exenci\\u00f3n contributiva a los intereses sobre obligaciones cuyo importe era invertido en la construcci\\u00f3n de edificios para ser arrendados al Gobierno para escuelas, facilidades p\\u00fablicas complementarias a la educaci\\u00f3n y centros de servicios m\\u00faltiples. P. de la C. 820 (1970). En el Senado, el referido proyecto fue enmendado para extender la exenci\\u00f3n contributiva provista a las rentas recibidas por el propietario de los edificios.\\nEl r\\u00e9cord legislativo demuestra que el prop\\u00f3sito de la medida es crear incentivos adicionales a los inversionistas para promover mejoras y nuevas construcciones de propiedades inmuebles para liberar al Estado de tener que dedicar fondos del fisco para la construcci\\u00f3n de edificios a ser destinados para fines p\\u00fablicos en las \\u00e1reas de la educaci\\u00f3n y la salud. Aparte de la intenci\\u00f3n legislativa de expandir los beneficios contributivos como inicialmente contemplados, el r\\u00e9cord legislativo no ofrece gu\\u00eda alguna para la interpretaci\\u00f3n del lenguaje \\\"facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n\\\", incorporado en la disposici\\u00f3n legal que tratamos. S\\u00ed podemos indicar que no hay referencia alguna en el r\\u00e9cord legislativo, como no lo hay en la ley, a que las facilidades complementarias se circinscriban a las escuelas p\\u00fablicas o que se deban encontrar dentro o anejadas a los planteles escolares. (Ap\\u00e9ndice del recurso, p\\u00e1gs. 291-340).\\nNo hay controversia en cuanto a que los apelados financiaron la totalidad del costo de adquisici\\u00f3n y mejoras del edificio arrendado, sin que el Departamento de Educaci\\u00f3n o el Estado aportaran cantidad de dinero alguna. (Determinaciones de Hechos 6 y 7, Ap\\u00e9ndice del recurso, p\\u00e1g. 6). Ese hecho es definitivamente c\\u00f3nsono con el prop\\u00f3sito de la ley de liberar al Estado de la utilizaci\\u00f3n de fondos p\\u00fablicos para la construcci\\u00f3n de edificaciones dedicadas a fines p\\u00fablicos en el \\u00e1rea de la educaci\\u00f3n. La inversi\\u00f3n del edificio efectuada por los apelados provey\\u00f3 al Estado de facilidades complementarias a la educaci\\u00f3n sin tener que utilizar fondos p\\u00fablicos en su construcci\\u00f3n y mejoras.\\nFinalmente, el tribunal consider\\u00f3 y reconoci\\u00f3 las normas de hermen\\u00e9utica legal respecto a que las exenciones contributivas deben ser interpretadas restrictivamente en contra de aqu\\u00e9l que alega tener derecho a ellas. Estas se caracterizan como un privilegio, sujeta su concesi\\u00f3n a los l\\u00edmites y restricciones que el legislador tenga a bien imponer. Al respecto, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que las exenciones contributivas constituyen actos de liberalidad del legislador cuyo efecto neto es asignar fondos p\\u00fablicos a favor de la persona o entidad beneficiada con la exenci\\u00f3n, por lo cual no debe reconocerse m\\u00e1s de lo que el estatuto otorga. Industria Lechera de P.R. v. Secretario, 95 D.P.R. 839, 842 (1968).\\nEl Tribunal Supremo ha efectuado interpretaciones estrictas y restrictivas en contra del contribuyente respecto a asuntos espec\\u00edficos, tales como en Pardavco, Inc. v. Secretario, 104 D.P.R. 115 (1975), tributaci\\u00f3n de intereses recibidos por una corporaci\\u00f3n extranjera provenientes de dep\\u00f3sitos existentes en bancos extranjeros en Puerto Rico; Central Igualdad, Inc., v. Secretario, 83 D.P.R. 45 (1961), bonificaci\\u00f3n concedida a colonos relacionados con la empresa y no a todos los colonos; Descartes v. Tribunal de Contribuciones, 71 D.P.R. 248 (1950), ingreso recibido por una sociedad no pagado a los socios; Buscaglia v. Tribunal de Contribuciones, 61 D.P.R. 585 (1947), deducciones sobre intereses pagados a otro miembro de una familia. Pero ha reconocido, igualmente, nuestro m\\u00e1s alto foro judicial, que la interpretaci\\u00f3n restrictiva de un estatuto que establece exenci\\u00f3n contributiva no puede llegar a destruir el verdadero prop\\u00f3sito del legislador, no puede tomarse conao cosa separada de la voluntad del legislador, no puede ser tan estrecha que derrote su prop\\u00f3sito, y que lo que se requiere es que la interpretaci\\u00f3n sea razonable. Industria Lechera de P.R. v. Sec. de Hacienda, supra; Esso Standard Oil Co. v. Autoridad de los Puertos, 95 D.P.R. 772 (1968); Licorer\\u00eda Trigo Inc. v. Serio, de Hacienda, 94 D.P.R. 270, 279 (1967); Francis Adams v. Tribunal de Contribuciones, 74 D.P.R. 19, 24 (1952); Figueroa & Gautier v. Domenech, Tes., 53 D.P.R. 875, 879 (1938).\\nEn otras palabras, la regla de la interpretaci\\u00f3n estricta de las exenciones cede ante las razones de pol\\u00edtica p\\u00fablica que enmarcan la ley. La interpretaci\\u00f3n restrictiva y estrecha que derrote el prop\\u00f3sito por el cual se estableci\\u00f3 la exenci\\u00f3n no puede prevalecer. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobaci\\u00f3n e Interpretaci\\u00f3n de las Leyes en Puerto Rico, Vol. II, Publicaciones J.T.S., 1987, p\\u00e1g. 461.\\nSe ha expresado que la base para aplicar la regla interpretativa estricta es minimizar el trato diferente y propiciar imparcialidad e igualdad en los contribuyentes y que las razones de dicha regla no aplican en casos de exenciones en beneficio del Gobierno o sus agencias. Por otro lado, tribunales de otras jurisdicciones han examinado m\\u00e1s all\\u00e1 del car\\u00e1cter gubernamental o privado del contribuyente y enfocado el car\\u00e1cter de la actividad particular que est\\u00e1 sujeta a la contribuci\\u00f3n. Ciertamente, el fin p\\u00fablico o beneficio gubernamental es un criterio a tomar en cuenta al efectuar una interpretaci\\u00f3n de la exenci\\u00f3n. V\\u00e9ase Sutherland Stat. Const, sec. 66.09 (5th Ed.).\\nEn el presente caso, el fin que tuvo el legislador era promover incentivos para que inversionistas proveyeran al Estado con mejoras y nuevas construcciones para la salud y la educaci\\u00f3n, \\u00e1reas de gran importancia social para nuestro pueblo. Los apelados invirtieron en el edificio arrendado al Estado, liber\\u00e1ndolo de su construcci\\u00f3n. La aplicaci\\u00f3n de la exenci\\u00f3n a las rentas provenientes del edificio no se aparta indebidamente de la norma de interpretaci\\u00f3n restrictiva, guarda armon\\u00eda con la regla que precept\\u00faa que las leyes en materia contributiva, si bien deben considerarse de manera estricta, deben recibir una interpretaci\\u00f3n razonable, tendente a llevar a efecto y no derrotar el prop\\u00f3sito y la intenci\\u00f3n del legislador. En fin, a tenor de los fundamentos de la sentencia apelada, el tribunal no hizo caso omiso de las normas interpretativas en cuanto a las exenciones contributivas. Las razones de pol\\u00edtica p\\u00fablica que movieron al legislador a conceder la exenci\\u00f3n dan fundamento a su interpretaci\\u00f3n. Su actuaci\\u00f3n enmarca en lo expuesto por el legislador en el estatuto, se ajusta a la intenci\\u00f3n legislativa, no ampl\\u00eda de manera irrazonable la ley y encaja en los par\\u00e1metros de los ejemplos dispuestos en la misma.\\nPor otro lado, la interpretaci\\u00f3n propuesta por el Departamento no encuentra apoyo en la letra de la ley, ni en su historial legislativo. Su contenci\\u00f3n estriba en que la interpretaci\\u00f3n judicial del estatuto en cuesti\\u00f3n es m\\u00e1s amplia que la voluntad expresa del legislador. Se ampara en las normas de hermen\\u00e9utica tradicionalmente adoptadas para las exenciones contributivas, pero desatiende el llamado jurisprudencial y doctrinario que \\u00e9stas no pueden aplicarse para derrotar el prop\\u00f3sito de la ley, ni el lenguaje del estatuto, ni para obtener un resultado irrazonable. El historial legislativo, de manera alguna sustenta la interpretaci\\u00f3n del Departamento.\\nNo tenemos base alguna en derecho para sustituir la razonada interpretaci\\u00f3n incluida en la sentencia, por la del Departamento. Procede, por tanto, confirmar la sentencia en cuanto dispuso que el edificio del Departamento de Educaci\\u00f3n constituye una facilidad f\\u00edsica complementaria a la educaci\\u00f3n, que las rentas devengadas por los apelados por el alquiler del mismo est\\u00e1n exentas de tributaci\\u00f3n para prop\\u00f3sitos de la anterior secci\\u00f3n 22(b) (8) y que orden\\u00f3 la cancelaci\\u00f3n en su totalidad de las deficiencias contributivas notificadas, de los intereses y penalidades.\\n-B-\\nEn su segundo se\\u00f1alamiento de error, el Departamento plantea que err\\u00f3 el tribunal al incluir como parte de sus determinaciones de hechos, actuaciones previas de funcionarios del Departamento para concluir que los ingresos de rentas en este caso son excluibles del ingreso bruto. No se cometi\\u00f3 error en la inclusi\\u00f3n de dichas determinaciones, cuya existencia encuentra apoyo en el expediente. La variaci\\u00f3n posterior en la interpretaci\\u00f3n por la agencia no significa que no existieron. Por otra parte, surge de la sentencia apelada que el tribunal no entr\\u00f3 a determinar si las interpretaciones administrativas a las que se refiri\\u00f3 y que formaron parte del expediente, constitu\\u00edan una pr\\u00e1ctica administrativa del Departamento que le impidiera variar su posici\\u00f3n. Por el contrario, espec\\u00edficamente se\\u00f1al\\u00f3 que no era necesario entrar en la consideraci\\u00f3n de ese planteamiento. Se limit\\u00f3 a se\\u00f1alar que dichas determinaciones eran consistentes con lo resuelto por el tribunal. Est\\u00e1 claro en la sentencia que la decisi\\u00f3n se bas\\u00f3 exclusivamente en la interpretaci\\u00f3n judicial de la disposici\\u00f3n legal de referencia.\\nIII\\nPor los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia de 4 de octubre de 1999 dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.\\nLo acord\\u00f3 y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria General.\\nAida Ileana Oquendo Graulau\\nSecretaria General\"}"