pr/7341919.json

"{\"id\": \"7341919\", \"name\": \"DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA Demandante-Recurrida v. ALEX RIVERA FERN\\u00c1NDEZ Y OTROS Demandados-Peticionarios\", \"name_abbreviation\": \"Departamento de la Familia v. Rivera Fern\\u00e1ndez\", \"decision_date\": \"2008-11-13\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. KLCE-2008-01018\", \"first_page\": \"678\", \"last_page\": \"683\", \"citations\": \"14 T.C.A. 678\", \"volume\": \"14\", \"reporter\": \"Decisiones del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico\", \"court\": \"Puerto Rico Circuit Court of Appeals\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T23:36:03.480200+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Panel integrado por su Presidente, el Juez L\\u00f3pez Feliciano, y los Jueces Hern\\u00e1ndez Serrano y Rosario Villanueva\", \"parties\": \"DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA Demandante-Recurrida v. ALEX RIVERA FERN\\u00c1NDEZ Y OTROS Demandados-Peticionarios\", \"head_matter\": \"2009 DTA 11\\nTRIBUNAL DE APELACIONES REGI\\u00d3N JUDICIAL DE PONCE PANEL IX\\nDEPARTAMENTO DE LA FAMILIA Demandante-Recurrida v. ALEX RIVERA FERN\\u00c1NDEZ Y OTROS Demandados-Peticionarios\\nN\\u00fam. KLCE-2008-01018\\nSan Juan, Puerto Rico, a 13 de noviembre de 2008\\nPanel integrado por su Presidente, el Juez L\\u00f3pez Feliciano, y los Jueces Hern\\u00e1ndez Serrano y Rosario Villanueva\\nL\\u00f3pez Feliciano, Juez Ponente\", \"word_count\": \"2615\", \"char_count\": \"16119\", \"text\": \"TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCI\\u00d3N\\nLos peticionarios Alex Rivera Fern\\u00e1ndez y Waleska Cruz Betancourt nos solicitan que revoquemos una orden emitida el 10 de julio de 2008 por la Sala Superior de Ponce del Tribunal de Primera Instancia (T.P.I.). Mediante dicha orden, el T.P.I. declar\\u00f3 sin lugar una moci\\u00f3n de relevo de sentencia presentada por los peticionarios.\\nPor los fundamentos que expresamos a continuaci\\u00f3n, se deniega la expedici\\u00f3n del auto.\\nI\\nDel expediente sometido ante nuestra consideraci\\u00f3n se desprenden los siguientes hechos e incidentes pertinentes.\\nEl Departamento de la Familia present\\u00f3 una solicitud para la remoci\\u00f3n de emergencia de seis menores de edad hijos de los peticionarios, al amparo de la Ley N\\u00fam. 177 de 1ro de agosto de 2003, 8 L.P.R.A. sees. 444 et seq, conocida como la Ley para el Bienestar y la Protecci\\u00f3n Integral de la Ni\\u00f1ez. Dicha solicitud se gestion\\u00f3 el 16 de marzo de 2007.\\nLuego de celebrada la vista para determinar si exist\\u00edan circunstancias que motivaran la remoci\\u00f3n de la custodia de emergencia realizada por el Departamento de la Familia, el T.P.I., en Sentencia emitida el 31 de enero de 2008 y notificada el 5 de febrero de 2008, concluy\\u00f3 que el proceso se realiz\\u00f3 conforme a derecho. De esta manera permiti\\u00f3 que el Departamento retuviera la custodia provisional de los menores y se continuara con las vistas de seguimiento correspondientes a la discusi\\u00f3n del plan de servicios entre los peticionarios y los menores.\\nInconformes con esta determinaci\\u00f3n, los peticionarios presentaron una serie de mociones, a saber: una Solicitud de Remedio el 19 de febrero de 2008, una Moci\\u00f3n de Reconsideraci\\u00f3n el 20 de febrero de 2008 y una Moci\\u00f3n Solicitando Nuevo Juicio el 27 de febrero de 2008. Todas estas mociones fueron declaradas sin lugar por el T.P.I.\\nAs\\u00ed el tr\\u00e1mite, el 9 de abril de 2008, los peticionarios presentaron un recurso de apelaci\\u00f3n ante este Tribunal de Apelaciones solicitando la revisi\\u00f3n de la Sentencia del 31 de enero de 2008. Cuestionaron dicho dictamen argumentando que las trabajadoras sociales encargadas del caso se valieron de alegaciones falsas para lograr y mantener vigente la remoci\\u00f3n de custodia.\\nEn Sentencia emitida por este Foro el 9 de mayo de 2008, se desestim\\u00f3 el recurso por falta de jurisdicci\\u00f3n. Concluimos en esa ocasi\\u00f3n, que al tratarse de una resoluci\\u00f3n cuya notificaci\\u00f3n fue archivada en autos el 5 de febrero de 2008, el recurso debi\\u00f3 presentarse dentro de los treinta (30) d\\u00edas siguientes y aunque se present\\u00f3 una oportuna Moci\\u00f3n de Reconsideraci\\u00f3n, \\u00e9sta se rechaz\\u00f3 de plano por lo que no tuvo el efecto de interrumpir dicho t\\u00e9rmino.\\nEl 5 de julio de 2008, los peticionarios presentaron ante el T.P.I. una Moci\\u00f3n Urgente bajo la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 49.2. De una lectura de dicha moci\\u00f3n no surge claramente el fundamento bajo el cual los peticionarios alegan que proced\\u00eda el relevo de la sentencia. En s\\u00edntesis, arg\\u00fcyeron que las trabajadoras sociales que manejaron el caso fueron negligentes en el cumplimiento de su deber al no llevar a cabo su responsabilidad de investigar y corroborar minuciosamente las alegaciones de maltrato en el caso ante su consideraci\\u00f3n. Plantearon que \\u00e9stas cometieron el delito de perjurio y, adem\\u00e1s, que suscribieron alegaciones falsas y ocultaron al tribunal declaraciones de los menores afirmando que fueron obligados a mentir en contra de sus padres, todo lo cual desemboc\\u00f3 en una privaci\\u00f3n ilegal y fraudulenta de la custodia de sus hijos.\\nEl T.P.I., en orden emitida el 10 de julio de 2008 y notificada el 14 de julio de 2008, declar\\u00f3 sin lugar la moci\\u00f3n solicitando el relevo de la sentencia. En desacuerdo con esta denegatoria del T.P.I. es que los peticionarios recurren a este Foro mediante petici\\u00f3n de certiorari.\\nII\\nLos peticionarios le imputan los siguientes errores al T.P.I.:\\n\\\"Err\\u00f3 el Tribunal de Primera Instancia, al no considerar las magnas violaciones al derecho Constitucional, crasos abusos, ilegalidades y atropellos ejercidos en contra de los peticionarios, sus hijos y su n\\u00facleo familiar.\\nErr\\u00f3 el Tribunal de Primera Instancia, al dejar de considerar las acciones fraudulentas y contrarias al derecho, que provocaron una remoci\\u00f3n ilegal de menores y la separaci\\u00f3n de un entorno familiar, iniciadas y fundamentadas en procesos antijur\\u00eddicos, perjurio agravado, magnas violaciones e infracciones a nuestro C\\u00f3digo Penal y violaciones a magnos Derechos Civiles y Constitucionales.\\nErr\\u00f3 el Tribunal de Primera Instancia, al asumir una postura permisiva habiendo desfilado ante s\\u00ed, actos antijur\\u00eddicos que resultan contrarios a derecho, a las Leyes, a la moral y el orden p\\u00fablico.\\nErr\\u00f3 el Tribunal de Primera Instancia, en dejar de considerar la protecci\\u00f3n, el bienestar y el mejor inter\\u00e9s de los menores envueltos, ante las magnas violaciones a la propia Ley 177 del 1 de agosto de 2003, por parte del Departamento de Familia.\\nEl Tribunal de Primera Instancia abus\\u00f3 de su discreci\\u00f3n, al endosar acciones antijur\\u00eddicas, contrarias a las Leyes, a la moral y al orden p\\u00fablico, en contra de magnos Derechos Civiles, Constitucionales y contrarios a la intenci\\u00f3n de la pol\\u00edtica p\\u00fablica de la Ley 177, claramente plasmadas por el legislador.\\\"\\nDe la solicitud para que expidamos el auto y de los errores se\\u00f1alados, se desprende que nos corresponde resolver si los se\\u00f1alamientos de los peticionarios sobre actos delictivos y fraudulentos cometidos por las trabajadoras sociales del Departamento de la Familia que manejaron el caso y que, seg\\u00fan ellos alegan, provocaron la remoci\\u00f3n ilegal de custodia de los menores, son fundamento suficiente para decretar el relevo de la sentencia dictada.\\nIII\\nLa Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente:\\n\\\"Mediante moci\\u00f3n y bajo aquellas condiciones que sean justas, el tribunal podr\\u00e1 relevar a una parte o a su representante legal de una sentencia, orden o procedimiento por las siguientes razones:\\n(1) Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia excusable;\\n(2) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48;\\n(3) fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha denominado intr\\u00ednseco y tambi\\u00e9n el llamado extr\\u00ednseco), falsa representaci\\u00f3n u otra conducta impropia de una parte adversa;\\n(4) nulidad de la sentencia;\\n(5) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no ser\\u00eda equitativo que la sentencia continuara en vigor; o\\n(6) cualquier otra raz\\u00f3n que justifique la concesi\\u00f3n de un remedio contra los efectos de una sentencia. \\\"\\nEsta regla le brinda la facultad a los tribunales para dejar sin efecto alguna sentencia, orden o procedimiento suyo por causa justificada, basado en la propia raz\\u00f3n de ser de los foros judiciales que es hacer justicia. Piazza v. Isla del R\\u00edo, Inc., 158 D.P.R. 440, 448 (2003); Ortiz Serrano v. Ortiz D\\u00edaz, 106 D.P.R. 445, 449 (1977). Este remedio permite al tribunal hacer un balance entre dos intereses en conflicto. De una parte, que toda litigaci\\u00f3n sea concluida y tenga finalidad, y de otra parte, que en todo caso se haga justicia. N\\u00e1ter v. Ramos, 162 D.P.R. 616, 624 (2004); Piazza v. Isla del R\\u00edo, Inc., supra.\\nUna parte podr\\u00e1 librarse de los efectos de una sentencia si logra demostrar la existencia de una de las seis causales estipuladas en la Regla. De Jes\\u00fas Vi\\u00f1as v. Gonz\\u00e1lez Lugo, 170 D.P.R. _ (2007), 2007 J.T.S. 48. Ahora bien, aun cuando se demuestre la existencia de uno de los fundamentos expuestos en la Regla 49.2, es una decisi\\u00f3n discrecional del tribunal el relevar a una parte de los efectos de una sentencia, salvo que se trate de nulidad o una sentencia que ya ha sido satisfecha. N\\u00e1ter v. Ramos, supra; Southern Construction Co. v. Tribunal Superior, 87 D.P.R. 903 (1963). Por tanto, no basta con establecer uno de los fundamentos que ofrece la Regla 49.2, supra. Hay que persuadir al tribunal de que bajo las circunstancias del caso debe ejercitar su discreci\\u00f3n a favor del relevo. N\\u00e1ter v. Ramos, supra.\\nNuestro Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de examinar el contenido de esta regla en varias ocasiones. As\\u00ed, en Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283 (1988), se\\u00f1al\\u00f3 una serie de fundamentos para el ejercicio de la discreci\\u00f3n judicial en torno a las mociones de relevo de sentencia, a saber: (1) la existencia de una defensa v\\u00e1lida que oponer a la reclamaci\\u00f3n del peticionario; (2) si la parte adversa a aquella que solicita el relevo sufrir\\u00e1 perjuicio de conceder el tribunal el relevo solicitado; y (3) la diligencia del promovente de la solicitud en la tramitaci\\u00f3n del caso.\\nPor otra parte, el Tribunal Supremo ha expresado que aunque una moci\\u00f3n de relevo de sentencia debe interpretarse liberalmente a favor del relevo, no puede utilizarse en sustituci\\u00f3n de los recursos de apelaci\\u00f3n o reconsideraci\\u00f3n. V\\u00e9anse Pag\\u00e1n Navedo v. Rivera Sierra, 143 D.P.R. 314, 327-328. (1997); Olmeda Nazario v. Sueiro Jim\\u00e9nez, 123 D.P.R. 294, 299 (1989), Espec\\u00edficamente, nuestro m\\u00e1s Alto Foro ha aclarado que la Regla 49.2, supra, no es llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado y echar a un lado una sentencia correctamente dictada. R\\u00edos v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 793, 794 (1974).\\nAdem\\u00e1s, el relevo de sentencia no est\\u00e1 disponible para corregir errores del Tribunal de Primera Instancia, sino errores cometidos por las partes. Pag\\u00e1n Navedo v. Rivera Sierra, supra; Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680, 688 (1979). La moci\\u00f3n de relevo de sentencia no puede estar fundamentada en errores de derecho del tribunal de instancia, pues para corregir tales errores est\\u00e1n los recursos apelativos. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Publicaciones JTS, San Juan, T.IV, p\\u00e1g. 265 (2005).\\nEn cuanto al fundamento d\\u00e9 fraude, la Regla 49.2, supra, contempla dos tipos: el fraude entre partes, para el cual la moci\\u00f3n debe ser presentada dentro del t\\u00e9rmino de seis meses, y el fraude al tribunal, para el cual no existe l\\u00edmite de tiempo alguno. Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 932, 939 (1971).\\nEn Municipio de Coamo, Id., el Tribunal encontr\\u00f3 que no constitu\\u00eda fraude al tribunal el hecho de que una parte minti\\u00f3 bajo juramento. Resolver de otra manera en cuanto a testimonio perjuro representar\\u00eda abrir las puertas impermisiblemente con una avalancha de mociones de relevo, pues siempre en un proceso adversativo existe la posibilidad de un testimonio perjuro o inexacto. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Publicaciones JTS, San Juan, T.II, p\\u00e1g. 793 (2000). Por tanto, se ha resuelto que el fraude al tribunal s\\u00f3lo cubre aquellas situaciones en que la intenci\\u00f3n es mancillar al tribunal o aquel perpetrado por oficiales del tribunal, de tal forma que la maquinaria judicial no pueda ejercer como de costumbre su imparcial labor de juzgar los casos ante s\\u00ed. Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, supra.\\nDe igual manera, se ha encontrado que constituye fraude al tribunal la presentaci\\u00f3n de prueba falsa obtenida por la parte adversa por medio del soborno y la instigaci\\u00f3n al perjurio. Mart\\u00ednez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 358 (1961).\\nIV\\nEstudiados los planteamientos presentados por los peticionarios en su escrito, es nuestra opini\\u00f3n que los hechos de este caso no demuestran las circunstancias extraordinarias y el grave perjuicio requerido para proveer el relevo de la sentencia, al amparo de las disposiciones de la Regla 49.2, supra.\\nUna moci\\u00f3n de relevo de sentencia no s\\u00f3lo exige que el peticionario especifique con claridad bajo qu\\u00e9 fundamento solicita al tribunal que la declare con lugar, sino tambi\\u00e9n requiere que persuada al tribunal de tal manera que lo ponga en posici\\u00f3n de ejercitar su discreci\\u00f3n a favor del relevo. De Jes\\u00fas Vi\\u00f1as v. Gonz\\u00e1lez Lugo, supra; N\\u00e1ter v. Ramos, supra.\\nEn el presente caso no surge de la solicitud de relevo de sentencia presentada por los peticionarios ante el T. P.I. el fundamento espec\\u00edfico por el que la solicitan. En s\\u00edntesis, \\u00e9stos alegan que la sentencia del T.P.I., resolviendo que la remoci\\u00f3n de custodia de emergencia se realiz\\u00f3 conforme a derecho, fue el resultado de omisiones y alegaciones falsas y fraudulentas de parte de las trabajadoras sociales que manejaron el caso.\\nLos planteamientos de los peticionarios est\\u00e1n basados en la credibilidad del testimonio de las trabajadoras sociales, en la manera en \\u00e9stas manejaron su caso y en la apreciaci\\u00f3n de prueba del foro recurrido. Sin embargo, el T.P.I. tuvo la oportunidad de examinar a los testigos que presentaron las partes y dirimi\\u00f3 la credibilidad que le mereci\\u00f3 a cada uno. La determinaci\\u00f3n de relevar o no a una parte de los efectos de una sentencia u orden est\\u00e1 sostenida en la sana discreci\\u00f3n del juez que es quien debe aquilatar la justificaci\\u00f3n dada para ello. N\\u00e1ter v. Ramos, supra. El T.P.I., en el ejercicio de su discreci\\u00f3n, concluy\\u00f3 que no proced\\u00eda relevar a los peticionarios de la sentencia emitida.\\nLos peticionarios tuvieron su d\\u00eda en corte e hicieron el uso m\\u00e1ximo de los recursos de revisi\\u00f3n a su disposici\\u00f3n. No podemos pasar por alto que, adem\\u00e1s de presentar mociones de reconsideraci\\u00f3n y nuevo juicio, los peticionarios acudieron a este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de apelaci\\u00f3n impugnando la referida sentencia. Era esa la oportunidad que ten\\u00edan para realizar todos los planteamientos sobre la apreciaci\\u00f3n de la prueba y errores de derecho del T.P.I. que entend\\u00edan pertinentes. Sin embargo, este Foro desestim\\u00f3 el recurso por falta de jurisdicci\\u00f3n al presentarse fuera del t\\u00e9rmino conferido por ley para ello. Los peticionarios no pueden pretender utilizar el mecanismo de relevo de sentencia para impugnar asuntos que debieron ser parte del recurso apelativo y de esta manera reabrir un asunto ya adjudicado. Pag\\u00e1n Navedo v. Rivera Sierra, supra; R\\u00edos v. Tribunal Superior, supra.\\nLos peticionarios implican que se cometi\\u00f3 fraude al tribunal mediante alegaciones y testimonios falsos constitutivos del delito de perjurio. Alegan que debido a estas actuaciones indebidas de las trabajadoras sociales del Departamento de la Familia se les removi\\u00f3 ilegalmente la custodia de los menores y posteriormente se indujo al T.P.I. a validar la remoci\\u00f3n de emergencia como una conforme a derecho, por lo que procede el relevo de la referida Sentencia. No podemos darle la raz\\u00f3n. El perjurio cometido por un testigo de por s\\u00ed no es constitutivo de fraude al tribunal bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. El fundamento de fraude al tribunal requiere una intenci\\u00f3n espec\\u00edfica de mancillar al tribunal de manera que no pueda juzgar los casos de manera imparcial. Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, supra; Mart\\u00ednez v. Tribunal Superior, supra.\\nEl T.P.I. determin\\u00f3, luego de desfilada la prueba, que la remoci\\u00f3n se realiz\\u00f3 conforme a derecho. En vista de que los peticionarios acudieron tard\\u00edamente a revisar la sentencia emitida el 31 de enero de 2008, procede que contin\\u00faen con los procedimientos establecidos por el Departamento de la Familia para lograr la reunificaci\\u00f3n familiar. No es el relevo de sentencia el mecanismo adecuado para plantear errores alegadamente cometidos por el T.P.I en la apreciaci\\u00f3n de la prueba, sobre todo cuando se trata de una sentencia final y firme.\\nPor tanto, es nuestro criterio que no err\\u00f3 el foro de instancia al declarar sin lugar la solicitud de relevo de sentencia.\\nV\\nPor los fundamentos expresados, se deniega la expedici\\u00f3n del auto de certiorari solicitado.\\nLo acord\\u00f3 y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.\\nMar\\u00eda Elena P\\u00e9rez Ortiz Secretaria del Tribunal de Apelaciones\"}"