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ECLI:ES:TC:2021:107A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, presidente; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don Santiago Martínez-Vares García, don Antonio Narváez Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón; la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón; los magistrados don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique Arnaldo Alcubilla, y las magistradas doña Concepción Espejel Jorquera y doña Inmaculada Montalbán Huertas, ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este tribunal el 1 de diciembre de 2021, don Emilio Martínez Benítez, procurador de los tribunales, en nombre y representación de don Oriol Junqueras Vies y de don Raül Romeva Rueda, en el recurso de amparo núm. 1621-2020, promovió la recusación del magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla y de la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera, con fundamento en la causa prevista en el apartado décimo del art. 219 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ). En el caso del magistrado don Enrique Arnaldo, la recusación se sustentaba en la pérdida de apariencia de imparcialidad que resultaría de las afirmaciones y opiniones que se entrecomillan, efectuadas en el libro Tiempo de Constitución: Límites, controles y contrapesos del poder, y también por las efectuadas en «artículos como el que obra en la colección de la fundación FAES, think tank vinculado al Partido Popular», a los que se refiere sin más detalle. Y en el caso de la magistrada doña Concepción Espejel, se basaba en «posiciones cercanas ideológicamente a las del partido político Partido Popular, con una estrecha afinidad a sus programas y dirigentes destacados, así como vinculaciones y afinidades con el cuerpo de la Guardia Civil», basadas en «numerosos artículos y estudios periodísticos».
2. El 2 de diciembre de 2021, fueron registrados seis escritos por los que los demandantes de amparo que se dirán, a través de sus representaciones procesales, promovían la recusación del magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla y de la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera, en los recursos de amparo núm. 1599-2020 (doña Dolors Bassa i Coll), núms. 2835-2021 y 2017-2021 (doña Clara Ponsatí i Obiols), núm. 1212-2021 (don Carles Puigdemont i Casamajó y don Antoni Comín i Oliveres), núm. 972-2021 (señores Puigdemont y Comín, señora Ponsatí y don Lluís Puig i Gordi) y núm. 5513-2020 (señores Puigdemont y Comín), con sustento en las causas previstas en los apartados noveno, décimo, decimotercero, decimocuarto y decimosexto del art. 219 LOPJ.
En el caso del magistrado don Enrique Arnaldo, la recusación tenía su anclaje fáctico en las: (i) concretas manifestaciones contenidas en los libros del que es autor Tiempo de Constitución: Límites, controles y contrapesos del poder y Las razones del aforamiento; y también en las afirmaciones vertidas en dos artículos publicados en «El Imparcial» los días 30 de julio de 2015 y 28 de julio de 2016, así como por la firma del manifiesto «Parar el golpe», fechado el 17 de septiembre de 2017, que habrían supuesto una toma de posición previa sobre los asuntos que son objeto de los recursos de amparo; (ii) y en la amistad íntima con don José Manuel Maza Martín, quien fue fiscal general del Estado, don Manuel Marchena Gómez y don Antonio del Moral García, presidente y magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y con el letrado de la Junta Electoral Central, que la representó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, así como por su estrecha relación con el Partido Popular, cuya posición ha sido contraria a los recusantes.
La recusación de la magistrada doña Concepción Espejel, se fundamentaba en: (i) haber sido presidenta de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, que enjuició los hechos objeto del procedimiento sumario núm. 7-2018, que estarían claramente relacionados con los hechos a que se refiere la causa penal núm. 20907-2017 que se ha seguido ante el Tribunal Supremo y por algunas afirmaciones contenidas en el voto particular que formuló a la sentencia de 21 de octubre de 2020 dictada en dicho procedimiento, como también en las referencias que realizó en el mismo a la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo núm. 459/2019 –dictada en la causa especial núm. 20907-2017–, que demostrarían tener formado criterio sobre la condena de los recurrentes en amparo; (ii) y, finalmente, en su pertenencia a la Asociación Profesional de la Magistratura, que, a juicio de los recusantes, ha demostrado su animadversión hacia distintos dirigentes independentistas, y su estrecha vinculación con el Partido Popular, que la privaría de la necesaria apariencia de imparcialidad.
Debe añadirse que, salvo en la recusación que presentó la señora Bassa, en todas las demás, en el otrosí quinto, se solicitó la abstención del presidente del Tribunal Constitucional, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, por su «estrecha amistad» con el magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla, para intervenir en la tramitación del incidente y subsidiariamente se planteó su recusación.
3. Por último, el día 3 de diciembre de 2021, se presentaron cinco nuevos escritos de recusación de los mismos magistrados, en los recursos de amparo núm. 1638-2020 (don Joaquim Forn i Chiariello), núms. 3476-2020, 4586-2020, 5840-2020 y 6056-2021 (don Joaquim Torra i Pla). La recusación interpuesta por el señor Torra, se formula en idénticos términos, salvo el motivo de amistad íntima con el fallecido don José Manuel Maza Martín que no se contempla.
En la recusación formulada por el señor Forn, se invocan las causas previstas en el apartado décimo y decimotercero del art. 219 LOPJ. En relación con el magistrado don Enrique Arnaldo, al igual que las recusaciones anteriores, los motivos de recusación derivaban nuevamente de concretos pasajes contenidos en los libros citados y de la firma del citado manifiesto, así como de su estrecha relación con el Partido Popular. Y, en relación con la magistrada doña Concepción Espejel nuevamente por su pertenencia a la Asociación Profesional de la Magistratura y por su estrecha vinculación con el Partido Popular.
4. Por providencia dictada el 15 de diciembre de 2021 por el Pleno de este tribunal, se designó ponente para el conocimiento de los escritos de recusación al magistrado don Santiago Martínez-Vares García, al que le correspondía por turno de reparto.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto de la presente resolución.
El objeto de la presente resolución es dar respuesta a las treinta y tres solicitudes de recusación del presidente del tribunal y de los magistrados don Enrique Arnaldo Alcubilla y doña Concepción Espejel Jorquera, que han sido formuladas por los demandantes de amparo en términos similares –muchas de ellas con idéntica redacción–, en los recursos núms. 1621-2020, 1599-2020, 2835-2021, 1212-2021, 972-2021, 2017-2021, 5513-2020, 1638-2020, 3476-2020, 4586-2020, 5840-2020 y 6056-2021, al considerar que concurren las causas de recusación previstas en los apartados 9, 10, 13, 14 y 16 del art. 219 LOPJ.
Como se ha expuesto en los antecedentes la recusación del magistrado don Enrique Arnaldo se sustenta en las manifestaciones contenidas en diversas publicaciones académicas y en algunas periodísticas; en su estrecha relación con el Partido Popular; y en su amistad íntima con los ya citados señores Maza, Marchena, Del Moral y con un letrado de la Junta Electoral Central, que la representó ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso presentado por los señores Puigdemont y Comín.
La recusación de la magistrada doña Concepción Espejel se fundamenta en sus posiciones próximas al mismo partido político, sus vinculaciones con el cuerpo de la Guardia Civil, acreditadas por «numerosos artículos y estudios periodísticos», y por haber presidido el juicio del procedimiento sumario núm. 7-2018, así como por algunas afirmaciones contenidas en el voto particular que formuló a la sentencia que se dictó en el mismo.
2. Legitimación democrática de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Es obligado recordar, a la vista del cúmulo de recusaciones planteadas, la naturaleza, legitimidad y posición institucional del Tribunal Constitucional y de sus magistrados.
La especial naturaleza de este tribunal viene determinada por su singular configuración dentro del entramado institucional definido por la propia Constitución Española y por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Se trata de un órgano «único en su orden» (art. 1.2 LOTC), a quien se atribuye en exclusiva un ámbito funcional que le coloca en una posición desde la que puede ejercer un control real y efectivo sobre la actuación desplegada por los tres poderes del Estado. El eventual ejercicio de estas potestades, que aparecen descritas –en sus elementos esenciales– en el art. 161 CE, justifica que, en lógica coherencia, sus miembros ostenten la necesaria legitimidad de origen que, en este caso, está vinculada a la intervención de esos tres poderes. De esta forma, se puede decir que los poderes del Estado depositan en los integrantes del tribunal la facultad de control de sus propias actuaciones, otorgando la necesaria fuente legitimadora que permite al tribunal corregir la actividad llevada a cabo por unos poderes del Estado que poseen su propia fuente de legitimación democrática. Solo así puede entenderse, por ejemplo, que el tribunal pueda anular, por inconstitucionales [art. 161.1 a) CE], las disposiciones legislativas aprobadas por las Cortes Generales, que representan al pueblo español (art. 66.1 CE) de la que, a su vez, emanan los poderes del Estado (art. 1.2 CE).
En palabras de la STC 49/2008, de 9 de abril, «la concreta participación de cada órgano constitucional en dicha elección […] debe interpretarse a la luz de las normas constitucionales que los regulan, así como del sistema institucional que se deriva del texto constitucional. En este sentido, […] la opción constitucional por la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado (art. 1.3 CE) implica necesariamente que, con independencia de la terminología empleada en el art. 159.1 CE, al Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial, al Congreso y al Senado les corresponde la elección de los magistrados –y no la mera formulación de propuestas–, y al monarca su nombramiento».
Este rasgo distintivo del tribunal se proyecta sobre los magistrados que lo integran. La naturaleza de las competencias atribuidas a este órgano determina la diversidad de planteamientos jurídicos sobre la interpretación de los preceptos constitucionales que, en su caso, puedan acontecer. Como señala el ATC 180/2013, de 17 de septiembre, FJ 3, la «inevitable incidencia en la interpretación jurídica de las particulares concepciones del Derecho y visiones del mundo de cada magistrado se refleja en la necesaria pluralidad de perspectivas jurídicas que confluyen en las deliberaciones y decisiones del tribunal como órgano colegiado por excelencia». Esa heterogeneidad de posiciones guarda una estrecha correspondencia con el pluralismo político que, como valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), permite diversas formas de organización de la comunidad. Una diversidad que se plasma en disposiciones normativas de distinto rango, susceptibles de distintas interpretaciones jurídicas en las que inevitablemente influyen elementos conceptualmente ideológicos, todos ellos dentro del amplio espacio diseñado por el texto constitucional.
Esa pluralidad de perspectivas es lo que justifica que, por ejemplo, la Constitución no prohíba la pertenencia de los magistrados a partidos políticos o sindicatos. Se trata de una «nota diferencial en relación con los miembros del Poder Judicial que el constituyente ha establecido conscientemente –tal y como se evidencia en los trabajos parlamentarios de la elaboración del texto constitucional– y que se corresponde con la especial naturaleza del Tribunal Constitucional, con la limitación temporal del mandato de sus miembros» (art. 159.3 CE), «con el carácter político de sus designaciones por los tres poderes del Estado y con el efecto de las propias resoluciones del tribunal, susceptibles de corregir las decisiones de esos tres poderes» (ATC 180/2013, de 17 de septiembre, FJ 3). Una característica esta que es perfectamente homologable con los países de nuestro entorno, como Alemania (art. 18.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal, de 12 de marzo de 1951), Francia (art. 2 del Decreto núm. 59/1292, de 13 de noviembre de 1959) e Italia (conforme a su Ley de 11 de marzo de 1953), y que ha sido validada expresamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 22 de junio de 2004, asunto Pabla Ky c. Finlandia (ver, en tal sentido, el ATC 180/2013, de 17 de septiembre, FJ 3).
La pluralidad de la magistratura constitucional se convierte, así, en una seña de su propia identidad, por lo que no puede suponer, sin más, la incompatibilidad para el ejercicio de sus funciones, mediante una genérica causa de recusación que ponga en tela de juicio su imparcialidad. Por ello, «[l]as diversas circunstancias que definen la personalidad de cada uno de los magistrados y conforman su trayectoria personal no pueden considerarse sin más condicionamientos negativos que afecten a su imparcialidad, pues la imparcialidad que exige el art. 22 LOTC no equivale a un mandato de neutralidad general o a una exigencia de aislamiento social y político casi imposible de cumplir en cualesquiera profesionales, también en los juristas de reconocida competencia» (ATC 180/2013, de 17 de septiembre, FJ 3). Así hemos afirmado que «una afinidad ideológica no es en ningún caso factor que mengüe la imparcialidad para juzgar los asuntos que según su ley orgánica este tribunal debe decidir» (ATC 226/1988, de 16 de febrero, FJ 3). Y en diversas resoluciones este tribunal declara que «la afinidad ideológica no constituye por sí sola causa de recusación» (ATC 195/1983, de 4 de mayo, y STC 162/1999, de 27 de septiembre). De hecho, el perfil ideológico y jurídicamente heterogéneo es lo que contribuye a conformar el tribunal, y determina la designación de sus miembros. Va en la propia naturaleza de las cosas que un magistrado del Tribunal Constitucional haya sido designado precisamente por sus ideas y opiniones expresadas a través de los instrumentos habituales de difusión jurídica, que conforman su trayectoria profesional y que, por lo tanto, delimitan los principios de mérito y capacidad que le habilitan para el ejercicio de sus funciones.
No obstante, en el ejercicio de sus funciones «los miembros de este Tribunal Constitucional actúan sometidos a estrictos parámetros jurídicos y con el solo medio de la argumentación jurídica para resolver las controversias que llegan a su conocimiento, incluso las que presentan un perfil o unas consecuencias más netamente políticos, sin más subordinación que a la Constitución. Los argumentos, que son objeto de la pertinente y en ocasiones prolongada deliberación en las sesiones colegiadas, quedan recogidos debidamente en los fundamentos jurídicos en los que se apoya la decisión que resuelve el proceso constitucional de que se trate. En última instancia, la obligada motivación en la que se sustentan las resoluciones garantiza su transparencia y su accesibilidad, a través de la puntual publicación de las mismas, tanto para las partes del proceso como para la comunidad jurídica y la sociedad en general» (ATC 180/2013, de 17 de septiembre, FJ 3).
3. Composición del Tribunal Constitucional para decidir las recusaciones.
A) La resolución que debemos adoptar debe tomar en consideración tres elementos fácticos:
a) El Pleno del Tribunal Constitucional ha aceptado la abstención de los magistrados don Antonio Narváez Rodríguez y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, en los recursos de amparo núms. 1621-2020, 1599-2020 y 1638-2020 (AATC 18/2021, de 16 de febrero, y 48/2021, de 21 de abril); 2835-2021 (AATC 98/2021 y 99/2021, de 28 de octubre); 1212-2021 (AATC 22/2021, de 4 de marzo, y 82/2021, de 15 de septiembre); núm. 972-2021 (AATC 93/2021, de 5 de octubre, y 48/2021, de 21 de abril).
b) En nueve de las doce recusaciones planteadas, que debe resolver este auto, en concreto las interpuestas en los recursos de amparo núms. 2835-2021, 1212-2021, 972-2021, 2017-2021, 5513-2020, 3476-2020, 4586-2020, 5840-2020, 6056-2021, se recusa al presidente del Tribunal Constitucional don Pedro José González-Trevijano Sánchez, a los efectos de su intervención en el incidente de recusación del magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla, para el caso de que no se abstenga, «por su estrecha relación de amistad» con él.
c) Los magistrados recusados don Enrique Arnaldo Alcubilla y la magistrada doña Concepción Espejelj Jorquera, fueron nombrados respectivamente por los Reales Decretos 1034/2021 y 1035/2021, de 17 de noviembre, publicados al día siguiente («BOE» núm. 276). Y por acuerdo de 19 de noviembre de 2021, del Pleno del Tribunal Constitucional, publicado el día 23 de noviembre siguiente («BOE» núm. 280), se dispuso la composición de las Salas y Secciones que lo integran.
B) Teniendo presentes los datos anteriores, la recusación planteada afecta a un número de magistrados de los que componen el tribunal, que reduce el número de los no recusados ni abstenidos hasta el extremo de imposibilitar la constitución del Pleno con el quórum exigido por la ley para decidir sobre las recusaciones planteadas (art. 14 LOTC).
En situaciones como la descrita, la singular conformación del Tribunal Constitucional, que se guía por las reglas generales de sustitución de magistrados contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero que por su naturaleza de órgano constitucional no admite la sustitución puntual o meramente circunstancial de los magistrados que lo componen, exige una flexibilización de las reglas generales y subsidiarias que rigen los institutos de la recusación y la abstención de los magistrados. Es imprescindible, para asegurar la propia funcionalidad del órgano constitucional, que la aplicación del régimen de recusación y de abstención no conduzca a resultados absurdos o gravemente perturbadores para las funciones que tiene constitucionalmente asignadas, excluir, en ocasiones en las que se ha planteado la recusación integral del colegio de magistrados, la aplicación del art. 227 LOPJ por el que se impide a los recusados formar parte del órgano que haya de decidir sobre su recusación.
Solo así puede alcanzarse, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14 LOTC, el quórum imprescindible para que el tribunal pueda actuar (AATC 268/2013, de 19 de noviembre; 269/2015, de 17 de diciembre, y 119/2017, de 7 de septiembre, y en el mismo sentido AATC 443/2007, de 27 de noviembre, FJ 1, y 387/2007, de 16 de octubre, FJ 3). Otra solución supondría una paralización inaceptable del ejercicio de la jurisdicción constitucional (AATC 80/2005, de 17 de febrero; 443/2007, de 27 de noviembre; 126/2008, de 14 de mayo; 268/2014 y 269/2014, ambos de 4 de noviembre; 84/2020 y 85/2020, ambos de 21 de julio, FJ 1, y 86/2021, de 16 de septiembre, FJ 2). Dicho criterio, como se ha indicado, fue ya recogido en el ATC 443/2007 citado, en el que ya se advirtió que, si la exclusión de los recusados impidiera la formación del mínimo legal para que el tribunal pudiera adoptar acuerdos, la defensa de la jurisdicción constitucional, no solo se vislumbraría como una consecuencia de la consideración del Tribunal Constitucional como pieza esencial de toda la estructura constitucional, sino como una exigencia de inequívoca plasmación legal en el art. 4.1 LOTC, por el que «[e]l Tribunal Constitucional delimitará el ámbito de su jurisdicción y adoptará cuantas medidas sean necesarias para preservarla».
En dicha defensa de la jurisdicción constitucional encuentra su justificación la adopción de las medidas necesarias para preservar la jurisdicción del tribunal frente a actos de las mismas partes del proceso, si por actos de estas el ejercicio de la jurisdicción del tribunal pudiera impedirse u obstaculizarse en términos inaceptables (ATC 443/2007, FJ 2). Y, «entre dichas medidas se ha admitido la posibilidad del rechazo a limine de recusaciones con participación del propio recusado, [y consiguiente exclusión de la regla prevista en el art. 227 LOPJ], en casos excepcionales, sin lesión con ello del derecho fundamental al juez imparcial, como en los casos de las SSTC 47/1982, de 12 de julio, y 155/2002, de 22 de julio» (ATC 443/2007, FJ 3). Participación que ahora hacemos extensible a los magistrados abstenidos, pues a la defensa de la jurisdicción del tribunal todos sus magistrados están llamados, sin que quepa hacer distinciones entre los magistrados recusados y los abstenidos, más cuando la decisión que se adopta versa sobre si los escritos en los que se formula la recusación deben o no ser tramitados.
Por ello, la salvaguarda del ejercicio de la jurisdicción constitucional reclama, y justifica al mismo tiempo que, para dictar esta resolución, no deba excluirse de la conformación del Pleno a ninguno de sus magistrados presentes, y que las recusaciones deban inadmitirse de plano por comportar un uso manifiestamente abusivo del ejercicio de esa facultad por parte de los recurrentes, tendente a impedir el normal ejercicio de su jurisdicción por este tribunal.
4. Inadmisión a limine de las recusaciones por razones de fondo.
Independientemente de lo antes razonado, y sin la participación desde este momento de los magistrados recusados, a la misma conclusión de inadmisión a limine de las recusaciones conducirá el examen de las causas que han alegado los recusantes.
a) En primer lugar, debe ser abordada la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, para participar en la decisión del presente incidente de recusación del magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla, por hallarse incurso, en relación con dicho incidente, en la causa de abstención prevista en el artículo 219.10 LOPJ.
Debe aclararse que, aunque el precepto invocado por los recurrentes como causa legal de recusación es el art. 219.10 LOPJ, lo cierto es que toda su argumentación se subsume en la causa novena del mencionado precepto, esto es, la «amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes», por lo que, más allá del error en que se incurre, es a esta pretensión a la que ha de darse respuesta.
Como más adelante se insistirá, las causas de abstención y recusación son las que se encuentran taxativamente fijadas en la ley y los motivos de recusación «han de subsumirse necesariamente en algunos de aquellos supuestos que la norma define como tales» (por todos, ATC 226/2002, de 20 de noviembre, FJ 1). Pues bien, tanto el tenor del precepto como la interpretación que este tribunal ha realizado en todo momento del art. 219.9 LOPJ, exigen que la relación de amistad o enemistad se produzca con las partes del proceso (ATC 226/1988, de 16 de febrero, FJ 2) condición que obviamente no ostentan los integrantes del colegio de magistrados en el ejercicio de sus funciones.
Debemos, por ello, concluir sin ulteriores consideraciones que procede la inadmisión a limine de la recusación propuesta, al aparecer, de modo inequívoco y manifiesto, que el magistrado don Enrique Arnaldo no ostenta la condición de parte en este proceso constitucional de amparo, de tal manera que se halla ausente, a todas luces, el necesario presupuesto de admisibilidad de que los concretos hechos invocados se correspondan con la causa de recusación comprendida en el núm. 9 del art. 219 LOPJ.
b) En segundo lugar, procede rechazar por su carácter extemporáneo las recusaciones formuladas en los recursos de amparo núms. 1638-2020, 3476-2020, 4586-2020 y 5840-2020, toda vez que cuando se presentaron había transcurrido el plazo de diez días desde que las partes comparecidas –don Joaquim Forn i Chiariello y don Joaquim Torra i Pla– pudieron tener conocimiento del nombramiento de los recusados como magistrados del Tribunal Constitucional a través de su publicación el 18 de noviembre de 2021 en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 223.1.1 LOPJ), sin que a la vista de la naturaleza de los motivos de recusación aducidos pueda inferirse que el conocimiento de los hechos en que se sustentan fuera posterior a la fecha de publicación del nombramiento.
c) En tercer lugar, la aludida composición específica de este Tribunal Constitucional, cuyos magistrados no son susceptibles de sustitución, conduce a una interpretación estricta o no extensiva de las causas de recusación o abstención previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 8). De este modo, como hemos adelantado anteriormente «los motivos de recusación han de subsumirse necesariamente en algunos de aquellos supuestos que la ley define como tales» (SSTC 69/2001, de 17 de marzo, FJ 21, y 157/1993, de 6 de mayo, FJ 1; citadas en ATC 61/2003, de 19 de febrero, FJ 1), además de la apariencia de imparcialidad objetiva que ha establecido la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Lo anterior conduce al rechazo de plano de las recusaciones que se sustentan en meras afirmaciones de imposible encaje en un motivo de recusación y huérfanas de todo sustento en hechos concretos, tales como la atribución de «posiciones cercanas ideológicamente» a las de un partido político o de «vinculaciones y afinidades con el cuerpo de la Guardia Civil», o de la «pertenencia a la denominada Asociación Profesional de la Magistratura» o, en fin, en la existencia de «animadversión hacia los recusantes».
La misma razón determina que se deban inadmitir a limine las recusaciones que se apoyan en la mera invocación de una causa legal carente de cualquier vínculo con los hechos que se narran para darle sustento. Así sucede en primer lugar cuando los recusantes, invocando de modo impropio la causa novena del art. 219 LOPJ, con claro error conceptual, atribuyen la condición de parte al que fuera fiscal general del Estado, ya fallecido, o a uno de los letrados de la Junta Electoral Central o, en fin, a los magistrados del Tribunal Supremo, y confunden de este modo las instituciones con quien las representa o atribuyen la condición de parte a quien ontológicamente es evidente que no puede tenerla.
También se llega a esta conclusión cuando los recurrentes atribuyen a quien ha intervenido en el enjuiciamiento penal de determinados hechos en su condición de presidenta de un órgano judicial, el motivo de recusación previsto en la causa décima sexta del art. 219 LOPJ, «pues, aunque en la posición de juez se forma criterio cada vez que se resuelve, el así adquirido nunca lo es en detrimento de la debida imparcialidad» (ATC 80/2005, de 17 de febrero, FJ 4, y 18/2006, de 24 de enero, FJ 3).
d) Finalmente debe descartarse que pueda fundarse una duda legítima de imparcialidad sea por la exteriorización jurisdiccional de un criterio jurídico al resolver un proceso o al discrepar de lo resuelto a través de la formulación de un voto particular, sea por las manifestaciones vertidas en publicaciones académicas o en artículos de opinión antes de haber adquirido la condición de magistrado.
En efecto, «salvo que se desvirtúe el contenido de la garantía de imparcialidad, no puede pretenderse la recusación de un juez por el mero hecho de tener criterio jurídico anticipado sobre los asuntos que debe resolver. No solo el Tribunal Constitucional sino también el resto de tribunales jurisdiccionales deben ser integrados por jueces que no tengan la mente vacía sobre los asuntos jurídicos sometidos a su consideración. Por imperativo constitucional, solo pueden ser nombrados magistrados del Tribunal Constitucional quienes reúnan la condición de ‘juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional’ (art. 159.2 CE), por lo que no es poco común ni puede extrañar que, antes de integrarse en el colegio de magistrados, en el ejercicio de sus respectivas profesiones de procedencia, sus miembros se hayan pronunciado voluntaria u obligadamente sobre materias jurídicas que, finalmente, pueden llegar a ser objeto directo o indirecto de la labor de enjuiciamiento constitucional que tienen legalmente atribuida. Lo que precisa la función jurisdiccional son jueces con una mente abierta a los términos del debate y a sus siempre variadas y diversas soluciones jurídicas que están, normalmente, en función de las circunstancias específicas del caso. Por ello, solo las condiciones y circunstancias en las que ese criterio previo se ha formado, o la relación con el objeto del litigio o con las partes que permita afirmar inclinación de ánimo, son motivos que permitirán fundar una sospecha legítima de inclinación, a favor o en contra, hacia alguna de estas» (ATC 18/2006, de 24 de enero, FJ 3).
A lo expuesto, en relación con la recusación de la magistrada doña Concepción Espejel deben añadirse dos consideraciones: en primer lugar, en el voto particular formulado a la sentencia de 21 de octubre de 2020 dictada por la Sección Primera de la Audiencia Nacional, el criterio jurídico que la recusada exteriorizó en el mismo versó sobre un proceso penal objetiva y subjetivamente distinto al que ha dado lugar a la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo núm. 459/2019, en la causa especial núm. 20907-2017, y desde luego, sin ninguna conexión con el que dio lugar a la condena de don Joaquim Torra i Pla; y, en segundo lugar, que tras la reforma operada en el art. 50 LOTC por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, el recurso de amparo se ha objetivado, de modo que la mera lesión de un derecho fundamental o libertad pública tutelable en amparo ya no será por sí sola suficiente para admitir el recurso, pues frente a la configuración por la que esencialmente se caracterizaba su anterior regulación, es imprescindible además su «especial trascendencia constitucional», en tanto que recurso orientado primordialmente a reparar las lesiones causadas en los derechos fundamentales y libertades públicas (por todos, ATC 29/2011, de 17 de marzo). De modo que la perspectiva de enjuiciamiento de la jurisdicción ordinaria y la constitucional es distinta al operar en planos diversos. En coherencia con ello, son numerosos los pronunciamientos de este tribunal que declaran que el recurso de amparo no es una nueva instancia revisora de los hechos afirmados por los órganos judiciales. De ahí que la competencia de este tribunal sea limitada, siendo obligado partir de los hechos tal y como hayan quedado delimitados en el proceso a través de las resoluciones impugnadas (STC 212/2013, de 16 de diciembre, FJ 3, y las que en ella se mencionan).
Por otra parte, en relación con la recusación de don Enrique Arnaldo, tanto por las opiniones vertidas en publicaciones académicas y en artículos de opinión antes de haber adquirido la condición de magistrado, como por la firma de un manifiesto con otros setecientos profesores universitarios en septiembre del año 2017, en el que se reclamaba el cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de las sentencias de este tribunal, antes incluso de que se iniciara el proceso penal que ha dado lugar de modo directo o indirecto a buena parte de los recursos de amparo, debe indicarse que por su contenido y/o momento temporal de realización, en modo alguno comprometen la imparcialidad del magistrado recusado.
En primer lugar, los trabajos académicos como los aludidos no pueden justificar una sospecha fundada de parcialidad, incluso si su tesis fuera contraria a la defendida por alguna de las partes. Precisamente «el trabajo académico, cuando merece tal calificativo –como lo merece el trabajo analizado–, se caracteriza por suponer la participación en una discusión racional desde una perspectiva que se somete a debate y consideración de la comunidad científica. Por ello, nunca es definitivo en sus conclusiones ya que implícitamente admite posiciones en contra y queda abierto a su modificación ante argumentos más razonables o mejor justificados. Tal naturaleza abierta, e intelectualmente sometida a debate, no solo no choca sino que entronca con el fundamento mismo de la idea de imparcialidad» (ATC 18/2006, de 24 de enero, FJ 5).
Debe añadirse que las opiniones vertidas en un periódico o la firma del manifiesto aludido se produjeron aproximadamente cinco años antes de adquirir la condición de magistrado, sin que tan siquiera se hubiera iniciado proceso penal alguno contra cualesquiera de los recusantes ante la jurisdicción ordinaria, y, lo que se reclamaba era el cumplimiento de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.
Finalmente debemos concluir recordando que «nadie puede, pues, ser descalificado como juez en razón de sus ideas y, por tanto, no resultaría constitucionalmente posible remover a los magistrados recusados, aun cuando fuesen ciertas las actitudes que se les atribuyen» (ATC 358/1983, de 20 de julio, FJ 2).
5. Conclusión.
Las anteriores consideraciones determinan la inadmisión a trámite de todas las recusaciones promovidas.
El rechazo a limine de una recusación puede producirse, desde luego, como consecuencia de su defectuoso planteamiento procesal (ATC 383/2006, de 2 de noviembre, FJ 2, y 394/2006, de 7 de noviembre, FJ 2). También es posible inadmitir a trámite una causa de recusación, de acuerdo con el art. 11.2 LOPJ, en atención a las circunstancias que la circundan, de su planteamiento y de las argumentaciones de los recusantes (AATC 394/2006, FJ 2; 454/2006, de 12 de diciembre, FJ 3, y 177/2007, de 7 de marzo, FJ 1).
En el caso examinado el tribunal considera que en este momento procesal puede afirmarse sin duda la improcedencia de la recusación solicitada por carecer manifiestamente de fundamento suficiente.
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Inadmitir las recusaciones promovidas por don Oriol Junqueras Vies, don Raül Romeva Rueda, doña Dolors Bassa i Coll, doña Clara Ponsatí i Obiols, don Carles Puigdemont i Casamajó, don Antoni Comín i Oliveres, don Lluís Puig i Gordi, don Joaquim Forn i Chiariello y don Joaquim Torra i Pla en los recursos de amparo núms. 1621-2020, 1599-2020, 2835-2021, 1212-2021, 972-2021, 2017-2021, 5513-2020, 1638-2020, 3476-2020, 4586-2020, 5840-2020 y 6056-2021.
Déjese el original de la presente resolución en el primero de ellos y llévese testimonio a los demás.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, a quince de diciembre de dos mil veintiuno.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Santiago Martínez-Vares García.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Ramón Sáez Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Espejel Jorquera.–Inmaculada Montalbán Huertas.–Firmado y rubricado. | Auto del Constitucional en el que inadmite las recusaciones que presentaron los presos del Procés contra los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. | ECLI:ES:TC:2021:107A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, presidente; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don Santiago Martínez-Vares García, don Antonio Narváez Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón; la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón; los magistrados don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique Arnaldo Alcubilla, y las magistradas doña Concepción Espejel Jorquera y doña Inmaculada Montalbán Huertas, ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este tribunal el 1 de diciembre de 2021, don Emilio Martínez Benítez, procurador de los tribunales, en nombre y representación de don Oriol Junqueras Vies y de don Raül Romeva Rueda, en el recurso de amparo núm. 1621-2020, promovió la recusación del magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla y de la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera, con fundamento en la causa prevista en el apartado décimo del art. 219 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ). En el caso del magistrado don Enrique Arnaldo, la recusación se sustentaba en la pérdida de apariencia de imparcialidad que resultaría de las afirmaciones y opiniones que se entrecomillan, efectuadas en el libro Tiempo de Constitución: Límites, controles y contrapesos del poder, y también por las efectuadas en «artículos como el que obra en la colección de la fundación FAES, think tank vinculado al Partido Popular», a los que se refiere sin más detalle. Y en el caso de la magistrada doña Concepción Espejel, se basaba en «posiciones cercanas ideológicamente a las del partido político Partido Popular, con una estrecha afinidad a sus programas y dirigentes destacados, así como vinculaciones y afinidades con el cuerpo de la Guardia Civil», basadas en «numerosos artículos y estudios periodísticos».
2. El 2 de diciembre de 2021, fueron registrados seis escritos por los que los demandantes de amparo que se dirán, a través de sus representaciones procesales, promovían la recusación del magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla y de la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera, en los recursos de amparo núm. 1599-2020 (doña Dolors Bassa i Coll), núms. 2835-2021 y 2017-2021 (doña Clara Ponsatí i Obiols), núm. 1212-2021 (don Carles Puigdemont i Casamajó y don Antoni Comín i Oliveres), núm. 972-2021 (señores Puigdemont y Comín, señora Ponsatí y don Lluís Puig i Gordi) y núm. 5513-2020 (señores Puigdemont y Comín), con sustento en las causas previstas en los apartados noveno, décimo, decimotercero, decimocuarto y decimosexto del art. 219 LOPJ.
En el caso del magistrado don Enrique Arnaldo, la recusación tenía su anclaje fáctico en las: (i) concretas manifestaciones contenidas en los libros del que es autor Tiempo de Constitución: Límites, controles y contrapesos del poder y Las razones del aforamiento; y también en las afirmaciones vertidas en dos artículos publicados en «El Imparcial» los días 30 de julio de 2015 y 28 de julio de 2016, así como por la firma del manifiesto «Parar el golpe», fechado el 17 de septiembre de 2017, que habrían supuesto una toma de posición previa sobre los asuntos que son objeto de los recursos de amparo; (ii) y en la amistad íntima con don José Manuel Maza Martín, quien fue fiscal general del Estado, don Manuel Marchena Gómez y don Antonio del Moral García, presidente y magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y con el letrado de la Junta Electoral Central, que la representó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, así como por su estrecha relación con el Partido Popular, cuya posición ha sido contraria a los recusantes.
La recusación de la magistrada doña Concepción Espejel, se fundamentaba en: (i) haber sido presidenta de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, que enjuició los hechos objeto del procedimiento sumario núm. 7-2018, que estarían claramente relacionados con los hechos a que se refiere la causa penal núm. 20907-2017 que se ha seguido ante el Tribunal Supremo y por algunas afirmaciones contenidas en el voto particular que formuló a la sentencia de 21 de octubre de 2020 dictada en dicho procedimiento, como también en las referencias que realizó en el mismo a la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo núm. 459/2019 –dictada en la causa especial núm. 20907-2017–, que demostrarían tener formado criterio sobre la condena de los recurrentes en amparo; (ii) y, finalmente, en su pertenencia a la Asociación Profesional de la Magistratura, que, a juicio de los recusantes, ha demostrado su animadversión hacia distintos dirigentes independentistas, y su estrecha vinculación con el Partido Popular, que la privaría de la necesaria apariencia de imparcialidad.
Debe añadirse que, salvo en la recusación que presentó la señora Bassa, en todas las demás, en el otrosí quinto, se solicitó la abstención del presidente del Tribunal Constitucional, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, por su «estrecha amistad» con el magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla, para intervenir en la tramitación del incidente y subsidiariamente se planteó su recusación.
3. Por último, el día 3 de diciembre de 2021, se presentaron cinco nuevos escritos de recusación de los mismos magistrados, en los recursos de amparo núm. 1638-2020 (don Joaquim Forn i Chiariello), núms. 3476-2020, 4586-2020, 5840-2020 y 6056-2021 (don Joaquim Torra i Pla). La recusación interpuesta por el señor Torra, se formula en idénticos términos, salvo el motivo de amistad íntima con el fallecido don José Manuel Maza Martín que
### RESUMEN: Auto del Constitucional en el que inadmite las recusaciones que presentaron los presos del Procés contra los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. |
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.
ÍNDICE
Capítulo I. Naturaleza y funciones.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Naturaleza y régimen jurídico.
Artículo 3. Finalidad.
Artículo 4. Reserva de denominación.
Artículo 5. Funciones.
Capítulo II. Ámbito territorial y organización.
Artículo 6. Ámbito territorial.
Artículo 7. Adscripción a las Cámaras.
Artículo 8. Censo público.
Artículo 9. Organización.
Artículo 10. Pleno.
Artículo 11. Comité ejecutivo.
Artículo 12. Presidente.
Artículo 13. Secretario general.
Artículo 14. Director gerente.
Artículo 15. Personal.
Artículo 16. Reglamento de Régimen Interior y Código de Buenas Prácticas.
Capítulo III. Régimen electoral.
Artículo 17. Censo electoral.
Artículo 18. Proceso electoral.
Capítulo IV. Régimen económico.
Artículo 19. Régimen económico.
Capítulo V. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.
Artículo 20. Naturaleza y finalidad.
Artículo 21. Funciones.
Artículo 22. Plan Cameral de Internacionalización.
Artículo 23. Plan Cameral de Competitividad.
Artículo 24. Órganos de gobierno.
Artículo 25. El pleno.
Artículo 26. Comité ejecutivo.
Artículo 27. Presidente.
Artículo 28. Secretario general.
Artículo 29. Director gerente.
Artículo 30. Personal.
Artículo 31. Régimen económico de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.
Artículo 32. Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.
Artículo 33. Tutela de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.
Capítulo VI. Régimen jurídico y presupuestario.
Artículo 34. Tutela.
Artículo 35. Presupuestos y transparencia.
Artículo 36. Recursos.
Artículo 37. Suspensión y disolución.
Disposición adicional primera. Personal.
Disposición adicional segunda. Régimen de Protocolo.
Disposición adicional tercera. Regímenes de Concierto y Convenio Económico.
Disposición transitoria primera. Adaptación al contenido de la norma.
Disposición transitoria segunda. Órganos de gobierno.
Disposición transitoria tercera. Devengo del recurso cameral no prescrito.
Disposición derogatoria.
Disposición final primera. Título competencial.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
[fin indice][encabezado]PREÁMBULO
I
Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación son corporaciones de derecho público que realizan funciones de carácter consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas en todo aquello que tenga relación con la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios.
Como consecuencia de la evolución económica y legislativa experimentada en los últimos años, se hace necesario aprobar una nueva Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, fundamentalmente, dada la imperiosa necesidad de racionalizar, en el actual contexto económico y jurídico en el que nos encontramos, las estructuras y funcionamiento de las Cámaras hasta hoy previstas en la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.
Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación nacen en España a finales del siglo XIX como forma de representar los intereses generales de las empresas. Su primera regulación jurídica data del año 1886, cuando se aprobó el real decreto que contenía su régimen jurídico, instaurándose posteriormente, mediante el Real Decreto de 21 de junio de 1911, un modelo cameral continental basado en la obligada adscripción de las personas que ejerzan actividades empresariales y en la obligatoriedad en el pago de cuotas. Este sistema es el que se ha mantenido hasta nuestros días, con la hasta hoy vigente Ley 3/1993, de 22 de marzo, fruto de su adecuación a nuestro Estado autonómico y pertenencia a la Unión Europea.
No obstante, la situación económica devenida obligó a introducir reformas normativas con el fin principal y prioritario de poner en marcha medidas eficientes de racionalización del gasto y fortalecimiento e impulso de la economía, en general y, en particular, de crecimiento de la competitividad de nuestras empresas mediante políticas de apoyo a la actividad comercial y empresarial. Así, las últimas reformas y, más concretamente, las introducidas mediante el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, establecieron un sistema cameral de pertenencia voluntaria y eliminación del recurso cameral permanente.
Esta Ley introduce una serie de reformas que pretenden impulsar a las Cámaras como entidades de prestación de servicios, abogando por un modelo de Cámaras dirigido a resultados, todo ello con el fin de reforzar su eficiencia en el desarrollo de las funciones que se les atribuyen.
Conscientes de su importancia y necesidad como instituciones básicas para el desarrollo económico y empresarial de nuestro país, se mantiene su naturaleza como corporaciones de derecho público, garantizando el ejercicio de las funciones público-administrativas que, en el actual contexto económico, tienen una especial relevancia de cara a la regeneración del tejido económico y la creación de empleo y se consagra su finalidad de representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, así como la prestación de servicios a todas las empresas.
Sus funciones, enumeradas en el artículo 5 de la Ley, tienen plena relevancia constitucional por cuanto afectan al principio de eficacia de la actuación administrativa, consagrado en el artículo 103.1 de la Constitución Española (en adelante, C.E.), a la colaboración de las organizaciones profesionales (artículo 131.2 C.E.), a la colaboración en formación que los poderes públicos deben fomentar a través de políticas que la garanticen (artículo 40.2 C.E.), a las actividades en el terreno del comercio exterior en el marco de una economía de mercado (artículo 38 C.E.), así como al arbitraje y la mediación como contribución a la fluidez de la tutela de los jueces y tribunales (artículo 24 C.E.). Y todo ello siempre en la línea de la participación ciudadana que con carácter general reclama el artículo 9.2 C.E., y más específicamente el artículo 105.a) C.E.
Las funciones públicas no pueden ponerse en riesgo y por esta razón esta Ley procede a establecer un sistema de adscripción a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, en la forma señalada en el artículo 7, que establece el principio general de pertenencia de todas las empresas a las Cámaras sin que de ello se derive obligación económica alguna.
La adscripción universal se entiende porque las Cámaras representan los intereses generales de toda la actividad económica y empresarial y no de un determinado sector, asociación o colectivo de empresas en función de su dimensión, localización o adscripción a la Cámara.
Se trata este de un aspecto fundamental para garantizar la representación de todas las empresas en los órganos de gobierno de las Cámaras, en función de la representatividad de los distintos sectores en la economía, de acuerdo con un sistema de elección universal y democrática en donde todas las empresas son electoras y elegibles.
En efecto, la propia jurisprudencia señala que a las Cámaras les corresponde velar por los intereses generales, no asociativos, de la industria, el comercio y la navegación y no limitarse a representar los intereses peculiares de sus socios.
Esta nueva Ley tiene como objetivo una redefinición de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, y junto a su función principal de prestación de servicios a las empresas, refuerza su papel en el ámbito de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en el ámbito de la internacionalización e incremento de su competitividad.
Siendo las Cámaras instituciones fundamentales para la vida económica de nuestro país, se debe garantizar su sostenibilidad económica en el actual contexto económico, de ahí que en esta Ley se establezca un sistema de ingresos basado, fundamentalmente, en los servicios que presten las Cámaras y en aportaciones voluntarias de empresas o entidades, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 31. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el marco general de la reforma tributaria y, en particular, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, analizará los requisitos que deben cumplir las Cámaras para que a las aportaciones que se realicen a las mismas les resulte aplicable el nuevo régimen fiscal.
Uno de los aspectos relevantes del nuevo marco normativo es el ámbito de las competencias de las Comunidades Autónomas, como Administraciones tutelantes, con la atribución de más amplias facultades para poder definir la organización territorial y de los órganos de gobierno de sus respectivas Cámaras, de manera que estas respondan a la realidad económica de sus territorios y se promueva una mayor representación directa de las empresas en función de su contribución a las Cámaras.
Otra novedad que aporta la presente Ley es la creación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España que representará al conjunto de las Cámaras ante las diversas instancias estatales e internacionales y coordinará e impulsará las acciones que afecten al conjunto de las Cámaras españolas. La Cámara de España, en colaboración con las Cámaras españolas, tendrá además la tarea de elaborar y ejecutar el Plan Cameral de Internacionalización, a través de un Convenio de colaboración con el Ministerio de Economía y Competitividad, que será de una relevancia fundamental en el impulso a la internacionalización de las empresas españolas. Adicionalmente, la Cámara de España y el Ministerio de Economía y Competitividad suscribirán un Plan de Competitividad, cada dos años, en el que se concretarán todos los programas y actividades que desarrollen las Cámaras para el fomento de la competitividad empresarial. Esta Ley contempla asimismo la vinculación con la Cámara de España de las Cámaras de Comercio españolas, oficialmente reconocidas en el extranjero, regidas por el Real Decreto 786/1979, de 16 de marzo, por el que se establecen las normas reguladoras del Estatuto General de las mismas. Estas cámaras, asociaciones libremente constituidas en el extranjero y sometidas a la legislación propia del país en que radican, podrán ser oficialmente reconocidas por el Estado a través del Ministerio de Economía y Competitividad. En esta Ley, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22 y 25, se prevé que puedan firmar convenios de colaboración y representación de la Cámara de España en sus jurisdicciones, participar en la ejecución del Plan Cameral de Internacionalización en dichas jurisdicciones y estar representadas en el Pleno de la Cámara de España a través de dos vocales.
II
La Ley consta de un total de 37 artículos que se estructuran en seis capítulos, tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
El capítulo I regula la naturaleza y funciones de las Cámaras. Permanece su naturaleza de corporaciones de derecho público y las Cámaras seguirán ejerciendo funciones público-administrativas que se mantienen con carácter general respecto a la normativa anterior, aunque se incorporan otras funciones nuevas como son la prestación de servicios en materia de comprobación del cumplimiento de los requisitos legales y verificación de establecimientos mercantiles e industriales, así como funciones en materia de innovación y simplificación administrativa en los procedimientos para el inicio y desarrollo de actividades económicas y empresariales y de la implantación de la economía digital en las empresas. Asimismo, las Cámaras también podrán colaborar con las Administraciones Públicas a través de la suscripción de los correspondientes convenios de colaboración como venían desarrollando hasta ahora, estableciéndose la posibilidad de que también puedan suscribir convenios u otros instrumentos de colaboración con las organizaciones empresariales para la coordinación de sus actuaciones. Igualmente, las Administraciones Públicas continuarán en el ejercicio de la tutela y control de las actuaciones camerales de contenido económico más importantes. Finalmente, se establece una reserva de denominación tanto para las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación como la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.
El capítulo II recoge su ámbito territorial de actuación y organización, estableciéndose en el mismo la posibilidad de que puedan existir Cámaras de ámbito autonómico, provincial y local, así como Consejos de Cámaras o entidades similares, todo ello, según establezca la legislación de desarrollo de la normativa básica que podrá adecuar la demarcación territorial de las Cámaras a la realidad económica y empresarial de cada Comunidad Autónoma, debiendo existir, al menos, una Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación por provincia. A su vez, se establece la organización de los órganos de gobierno de las Cámaras, que serán el pleno, el comité ejecutivo y el presidente. En cuanto al pleno y, como novedad, se modifica su composición con el fin de ajustar el número de vocales a una adecuada representatividad de los distintos sectores económicos, a través de, como mínimo, dos tercios en el número de vocalías para los miembros elegidos por sufragio libre, igual, directo y secreto. Asimismo, se incluyen dentro de la composición de los plenos, una representación directa de las empresas con mayores aportaciones voluntarias a las Cámaras y de las organizaciones empresariales más representativas. Las administraciones tutelantes de las Cámaras quedan habilitadas para determinar, de acuerdo con la realidad económica de su territorio, la participación de los distintos grupos en los plenos. Se regulan de forma independiente las figuras del secretario general y del director gerente y se recoge la exigencia de que no podrán formar parte de los órganos de gobierno ni ocupar puestos directivos quienes estén inhabilitados para empleo o cargo público.
Finalmente, se establece que las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación confeccionarán un censo público de empresas para cuya elaboración contarán con la colaboración de la administración tributaria competente, garantizando, en todo caso, la confidencialidad en el tratamiento y uso exclusivo de la información para los fines legalmente previstos.
El capítulo III contempla el régimen electoral para la elección de los miembros de los órganos de gobierno, en concreto, del pleno, el comité ejecutivo y el presidente. En este sentido, la Ley establece que corresponderá al Ministerio de Economía y Competitividad determinar la apertura del proceso electoral, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas que tengan atribuida competencia en esta materia, siendo la respectiva administración tutelante quien convoque las elecciones, cada cuatro años.
El capítulo IV regula el régimen económico, en el que se contempla un sistema que se basa en la libertad de actuación de las Cámaras, de manera que obtendrán sus ingresos de la prestación de servicios y del ejercicio de sus actividades así como de las aportaciones voluntarias de las empresas y de los productos, rentas e incrementos de su patrimonio y legados y donativos que pudieran recibir así como cualesquiera otros que puedan ser atribuidos por Ley. Asimismo, será preceptiva la autorización de la administración tutelante para la disposición de bienes inmuebles y del resto de supuestos que determine la Ley.
El capítulo V recoge la normativa aplicable a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, que creada por esta Ley, asume las competencias del extinto Consejo Superior de Cámaras. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España será el órgano de representación y coordinación de todas las Cámaras territoriales, y de ejecución del nuevo Plan Cameral de Internacionalización así como del nuevo Plan Cameral de Competitividad, desarrollándose ambos a través del correspondiente convenio de colaboración con el Ministerio de Economía y Competitividad. Los órganos de gobierno y administración de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España serán el pleno, el comité ejecutivo y el presidente, los cuales reflejarán la realidad económica empresarial española e incluirán entre sus miembros a representantes de las empresas y de las organizaciones empresariales y de autónomos más representativas a nivel nacional. Además, se prevé la creación de una Asamblea General de Cámaras, como órgano consultivo, para promover la participación de todas las Cámaras en el desarrollo de sus funciones. Al igual que en las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación se regulan de forma independiente las figuras del secretario general y del director gerente y se recoge la exigencia de que no podrán formar parte de los órganos de gobierno ni ocupar puestos directivos quienes estén inhabilitados para empleo o cargo público.
Finalmente, un capítulo VI establece el régimen jurídico y presupuestario de dichas corporaciones. Aquí se recogen las cuestiones comunes a todas las Cámaras territoriales y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, en lo que a su régimen jurídico y presupuestario se refiere, destacando entre ellas, el principio de tutela al que están sujetas en el ejercicio de su actividad tanto la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España como las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.
La disposición adicional primera se refiere a que el personal que se encontrara al amparo del Decreto de 13 de junio de 1936 sobre Derechos y Garantías de los Empleados de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación pasará a regirse por la legislación laboral vigente con la finalidad de homogeneizar el régimen jurídico de los trabajadores de las Cámaras adaptándolo a la actual legislación laboral aplicable a todos los trabajadores. La Disposición adicional segunda se refiere al régimen de representación y protocolo del Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. La Disposición adicional tercera establece que se tendrán en cuenta, a efectos de lo dispuesto en esta Ley, los regímenes de Concierto y Convenio Económico del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente.
En cuanto a las disposiciones transitorias, la primera concede un plazo para la adaptación de la normativa autonómica hasta como máximo el 31 de enero de 2015 y de tres meses desde la adecuación autonómica para que se adapten los reglamentos de régimen interior de las Cámaras territoriales. Asimismo, dicha Disposición transitoria primera establece que la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España deberá constituirse, a partir del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, antes del 31 de enero de 2015. A su vez, la Cámara Oficial de España dispondrá de tres meses, desde su constitución, para la elaboración de su Reglamento de Régimen Interior de acuerdo con la nueva regulación. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España se subrogará en todos los derechos y obligaciones del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y será titular de todos los bienes del mismo. La disposición transitoria segunda señala que los miembros de los plenos de las Cámaras y de los Consejos de Cámaras continuarán en sus funciones hasta que se constituyan sus nuevos órganos de gobierno de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Asimismo, dicha disposición transitoria prevé que, en el momento de la constitución inicial del pleno de la Cámara, se entenderá por contribución el importe de la última cuota cameral devengada y abonada, garantizando que estén representados los diferentes sectores de la actividad económica y las grandes empresas de ámbito nacional con mayor facturación, a efectos de lo dispuesto en el artículo 25.2.b) de esta Ley. Transcurrido un año desde la constitución del pleno, se procederá a la renovación de estos representantes de acuerdo con las aportaciones voluntarias que realicen durante dicho período. La Disposición transitoria tercera prevé el mantenimiento de la obligación de pago de las cuotas camerales no prescritas.
La disposición derogatoria identifica la normativa que queda derogada tras la aprobación de esta Ley.
Finalmente, las disposiciones finales primera, segunda y tercera prevén los títulos competenciales que facultan al Estado a dictar esta norma, la habilitación al Gobierno para desarrollar esta Ley y su entrada en vigor, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
CAPÍTULO I
Naturaleza y funciones
Artículo 1. Objeto.
Esta Ley tiene por objeto establecer la regulación básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y, en su caso, Navegación, así como el régimen específico de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.
Artículo 2. Naturaleza y régimen jurídico.
1. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se configuran como órganos consultivos y de colaboración con las Administraciones Públicas, sin menoscabo de los intereses privados que persiguen. Su estructura y funcionamiento deberán ser democráticos.
2. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación se ajustarán a lo dispuesto en esta Ley y a las normas de desarrollo que se dicten por la Administración General del Estado o por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. Les será de aplicación, con carácter supletorio, la legislación referente a la estructura y funcionamiento de las Administraciones Públicas en cuanto sea conforme con su naturaleza y finalidades. La contratación y el régimen patrimonial se regirán conforme al derecho privado y habilitando un procedimiento que garantice las condiciones de publicidad, transparencia y no discriminación.
Artículo 3. Finalidad.
Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación tienen como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, así como la prestación de servicios a las empresas que ejerzan las indicadas actividades. Asimismo, ejercerán las competencias de carácter público que les atribuye esta Ley y las que les puedan ser asignadas por las Administraciones Públicas con arreglo a los instrumentos que establece el ordenamiento jurídico. Las actividades a desarrollar por las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación para el logro de sus fines, se llevarán a cabo sin perjuicio de la libertad sindical y de asociación empresarial, de las facultades de representación de los intereses de los empresarios que asuman este tipo de asociaciones y de las actuaciones de otras organizaciones sociales que legalmente se constituyan.
Artículo 4. Reserva de denominación.
Salvo las entidades reguladas en esta Ley, ninguna persona física o jurídica o entidad podrá utilizar los términos de Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación o Cámara de Comercio, ni ningún otro que incluya los anteriores como parte de una denominación bajo la que una persona o entidad se haya constituido o ejerza o desarrolle funciones y operaciones, o que contenga términos similares de ser susceptibles de confusión en los términos indicados, sin perjuicio de las creadas o promovidas por voluntad de las propias Cámaras o Consejos para el cumplimiento de sus fines y de las Cámaras Oficiales de países extranjeros en España.
Artículo 5. Funciones.
1. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación tendrán las siguientes funciones de carácter público-administrativo:
a) Expedir certificados de origen y demás certificaciones relacionadas con el tráfico mercantil, nacional e internacional, en los supuestos previstos en la normativa vigente.
b) Recopilar las costumbres y usos mercantiles, así como las prácticas y usos de los negocios y emitir certificaciones acerca de su existencia.
c) Ser órgano de asesoramiento de las Administraciones Públicas, en los términos que las mismas establezcan, para el desarrollo del comercio, la industria, los servicios y la navegación.
d) Desarrollar actividades de apoyo y estímulo al comercio exterior.
e) Participar con las administraciones competentes en la organización de la formación práctica en los centros de trabajo incluida en las enseñanzas de Formación Profesional y en las acciones e iniciativas formativas de la Formación Profesional Dual, en especial en la selección y validación de centros de trabajo y empresas, en la designación y formación de tutores de los alumnos y en el control y evaluación del cumplimiento de la programación, sin perjuicio de las funciones que puedan atribuirse a las organizaciones empresariales en este ámbito.
f) Tramitar, en los casos en que así sean requeridas por la Administración General del Estado, los programas públicos de ayudas a las empresas en los términos en que se establezcan en cada caso, así como gestionar los servicios públicos relacionados con las mismas cuando su gestión le corresponda a la Administración del Estado.
g) Gestionar, en los términos del artículo 8 de esta Ley, un censo público de todas las empresas, así como de sus establecimientos, delegaciones y agencias radicados en su demarcación.
h) Actuar de ventanillas únicas empresariales, cuando sean requeridas para ello por las Administraciones Públicas competentes.
i) Colaborar con las Administraciones Públicas en la simplificación administrativa de los procedimientos para el inicio y desarrollo de actividades económicas y empresariales, así como en la mejora de la regulación económico-empresarial.
j) Impulsar actuaciones dirigidas al incremento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, y fomentar la innovación y transferencia tecnológicas a las empresas.
k) Impulsar y colaborar con las Administraciones Públicas en la implantación de la economía digital de las empresas.
l) En caso de que la autoridad de gestión de los Fondos de la Unión Europea lo considere procedente, las Cámaras podrán participar en la gestión de Fondos de la Unión Europea dirigidos a la mejora de la competitividad en las empresas.
2. También corresponderá a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación desarrollar las funciones público-administrativas que se enumeran a continuación, en la forma y con la extensión que se determine, en su caso, por las Comunidades Autónomas.
a) Proponer a las Administraciones Públicas cuantas reformas o medidas consideren necesarias o convenientes para el fomento del comercio, la industria, los servicios y la navegación.
b) Colaborar en la elaboración, desarrollo, ejecución y seguimiento de los planes que se diseñen para el incremento de la competitividad del comercio, la industria, los servicios y la navegación.
c) Colaborar con las Administraciones Públicas como órganos de apoyo y asesoramiento para la creación de empresas.
d) Colaborar con las Administraciones Públicas mediante la realización de actuaciones materiales para la comprobación del cumplimiento de los requisitos legales y verificación de establecimientos mercantiles e industriales cumpliendo con lo establecido en la normativa general y sectorial vigente.
e) Elaborar las estadísticas, encuestas de evaluación y estudios que considere necesarios para el ejercicio de sus competencias.
f) Promover y cooperar en la organización de ferias y exposiciones.
g) Colaborar en los programas de formación establecidos por centros docentes públicos o privados y, en su caso, por las Administraciones Públicas competentes.
h) Informar los proyectos de normas emanados de las Comunidades Autónomas que afecten directamente a los intereses generales del comercio, la industria, los servicios o la navegación, en los casos y con el alcance que el ordenamiento jurídico determine.
i) Tramitar los programas públicos de ayudas a las empresas en los términos que se establezcan en cada caso, así como gestionar servicios públicos relacionados con las mismas, cuando su gestión corresponda a la administración autonómica.
j) Colaborar con la administración competente informando los estudios, trabajos y acciones que se realicen para la promoción del comercio, la industria, los servicios y la navegación.
k) Contribuir a la promoción del turismo en el marco de la cooperación y colaboración con las Administraciones Públicas competentes.
l) Colaborar con las administraciones competentes para facilitar información y orientación sobre el procedimiento de evaluación y acreditación para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, así como en la aportación de instalaciones y servicios para la realización de algunas fases del procedimiento, cuando dichas administraciones lo establezcan.
m) Las Cámaras de Comercio también podrán desarrollar cualquier otra función que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, consideren necesarias.
3. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación podrán llevar a cabo otras actividades, que tendrán carácter privado y se prestarán en régimen de libre competencia, que contribuyan a la defensa, apoyo o fomento del comercio, la industria, los servicios y la navegación, o que sean de utilidad para el desarrollo de las indicadas finalidades y, en especial, establecer servicios de información y asesoramiento empresarial. Asimismo, podrán difundir e impartir formación en relación con la organización y gestión de la empresa; prestar servicios de certificación y homologación de las empresas y crear, gestionar y administrar bolsas de franquicia, de subproductos, de subcontratación y de residuos, así como lonjas de contratación, cumpliendo los requisitos exigidos en la normativa sectorial vigente para el ejercicio de estas actividades.
También podrán desempeñar actividades de mediación, así como de arbitraje mercantil, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
4. Para el adecuado desarrollo de sus funciones, y previa autorización de la administración tutelante, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación podrán promover o participar en toda clase de asociaciones, fundaciones y sociedades civiles o mercantiles, así como celebrar los oportunos convenios de colaboración. La administración tutelante determinará los mecanismos de seguimiento correspondientes.
5. La autorización a que hace referencia el apartado anterior no implicará, en ningún caso, la asunción de responsabilidad alguna, ni principal ni subsidiaria, por parte de la administración tutelante en relación a los derechos y obligaciones derivados de las actuaciones de las Cámaras de Comercio en el ámbito de sus actividades privadas.
6. Para el adecuado desarrollo de sus funciones, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación así como la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y las Administraciones Públicas podrán celebrar convenios de los previstos por las letras c) y d) del artículo 4.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuando se den los supuestos para ello, y celebrar contratos en los que las Administraciones Públicas se acomodarán a las prescripciones del citado Texto Refundido y servirse de los restantes instrumentos permitidos por el ordenamiento jurídico vigente. En el desarrollo de las funciones público-administrativas se garantizará una adecuada coordinación con las Administraciones Públicas mediante la firma de los oportunos instrumentos de colaboración, así como a través de los Planes de actuaciones que, en su caso, dicten las Administraciones competentes por razón de la materia. Asimismo, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, podrán suscribir convenios u otros instrumentos de colaboración para garantizar una adecuada coordinación de sus actuaciones con las llevadas a cabo por las organizaciones empresariales.
7. En el desarrollo de las funciones público administrativas, las Cámaras garantizarán su imparcialidad y transparencia.
8. En el desarrollo de todas las actividades, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación así como la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España respetarán las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad en los términos que establezca la normativa de aplicación.
La información que se facilite, bajo cualquier formato, y en general, los servicios de atención al destinatario y sus instalaciones deberán ser accesibles a las personas con discapacidad, para lo cual, se tendrá en cuenta las necesidades de los distintos tipos de discapacidad, poniendo a disposición los medios y los apoyos y realizando los ajustes razonables que sean precisos.
CAPÍTULO II
Ámbito territorial y organización
Artículo 6. Ámbito territorial.
1. Podrán existir Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de ámbito autonómico, provincial y local y, en su caso, Consejos de Cámaras de conformidad con lo que establezca la legislación autonómica de desarrollo, que podrá adecuar la demarcación territorial de las Cámaras a la realidad económica y empresarial de cada Comunidad Autónoma, pudiendo coexistir Cámaras de distinto ámbito territorial. En cualquier caso, y como mínimo, existirá una Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación por provincia, sin perjuicio de que determinadas funciones y servicios puedan desempeñarse por otra Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de que se trate.
2. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y los Consejos de Cámaras podrán ejercer las funciones que establezca la normativa autonómica de desarrollo, teniendo en cuenta el contenido de esta Ley.
3. La administración tutelante regulará los supuestos y el procedimiento para la creación, integración, fusión, disolución, liquidación y destino del patrimonio de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y de los Consejos de Cámaras, de conformidad con lo establecido en el artículo 37.3 de esta Ley.
Artículo 7. Adscripción a las Cámaras.
1. Las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan actividades comerciales, industriales, de servicios o navieras en territorio nacional formarán parte de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación dentro de cuya circunscripción tengan establecimientos, delegaciones o agencias, sin que de ello se desprenda obligación económica alguna ni ningún tipo de carga administrativa, procediéndose a la adscripción de oficio de las mismas.
2. Se entenderá que una persona física o jurídica ejerce una actividad comercial, industrial, de servicios o de navegación cuando por esta razón quede sujeta al Impuesto de Actividades Económicas o tributo que lo sustituya en el territorio correspondiente del ámbito de las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.
3. En general, se considerarán actividades incluidas en el apartado 1 de este artículo todas las relacionadas con el tráfico mercantil, salvo las excluidas expresamente por esta Ley o por la legislación sectorial específica.
En todo caso, estarán excluidas las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras de carácter primario y los servicios de mediadores de seguros y reaseguros privados que sean prestados por personas físicas así como los correspondientes a profesiones liberales.
Artículo 8. Censo público.
Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación elaborarán un censo público de empresas del que formarán parte las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan las actividades comerciales, industriales, de servicios y navieras en territorio nacional, para cuya elaboración contarán con la colaboración de la administración tributaria competente así como de otras administraciones que aporten la información necesaria, garantizando, en todo caso, la confidencialidad en el tratamiento y el uso exclusivo de dicha información.
Para la elaboración del censo público de empresas las administraciones tributarias facilitarán a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación los datos del Impuesto sobre Actividades Económicas y los censales de las empresas que sean necesarios. Únicamente tendrán acceso a la información facilitada por la administración tributaria los empleados de cada Cámara que determine el pleno.
Esta información se empleará para la elaboración del censo público de empresas, para el cumplimiento de las funciones público-administrativas que la presente Ley atribuye a las Cámaras así como para la elaboración del censo electoral a que se hace referencia en el artículo 17 de la misma.
Dicho personal tendrá, con referencia a los indicados datos, el mismo deber de sigilo que los funcionarios de la administración tributaria. El incumplimiento de este deber constituirá, en todo caso, infracción muy grave de conformidad con su régimen disciplinario.
Artículo 9. Organización.
1. Los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación son el pleno, el comité ejecutivo y el presidente.
2. Además las Cámaras contarán con un secretario general, personal directivo y el personal laboral necesario para el correcto desempeño de sus funciones.
3. No podrán formar parte de los órganos de gobierno, ser nombrados secretario general ni ocupar los puestos directivos señalados en este artículo quienes estén inhabilitados para empleo o cargo público.
Artículo 10. Pleno.
1. El pleno es el órgano supremo de gobierno y representación de la Cámara, que estará compuesto por un número no inferior a 10 ni superior a 60 vocales, cuyo mandato durará cuatro años.
2. Los vocales que componen el pleno estarán determinados en los siguientes grupos:
a) Como mínimo, dos tercios de los vocales del pleno serán los representantes de todas las empresas pertenecientes a las Cámaras en atención a la representatividad de los distintos sectores económicos que se determinará conforme a los criterios que se establezcan por la administración tutelante teniendo en consideración su aportación al PIB, el número de empresas y el empleo. Estos vocales serán elegidos mediante sufragio libre, igual, directo y secreto, entre todas las personas físicas y jurídicas que ejerzan una actividad comercial, industrial, de servicios y de navegación en la demarcación.
b) Representantes de empresas y personas de reconocido prestigio en la vida económica dentro de la circunscripción de cada Cámara, en la forma que determine la administración tutelante, a propuesta de las organizaciones empresariales intersectoriales y territoriales más representativas. A este fin, las citadas organizaciones empresariales presentarán la lista de candidatos propuestos en número que corresponda a las vocalías a cubrir.
c) Representantes de las empresas de mayor aportación voluntaria en cada demarcación, elegidos en la forma que se determine por la administración tutelante.
3. Podrán asistir a las reuniones del pleno, con voz pero sin voto, las personas de reconocido prestigio de la vida económica del ámbito territorial de demarcación de la Cámara. A tal fin, el presidente propondrá a los vocales de las letras a), b), y c) una lista de candidatos que supere en un tercio el número de vocalías a elegir.
4. Los miembros del pleno enumerados en las letras a), b), y c) elegirán al presidente de la Cámara así como a las personas de reconocido prestigio previstas en el apartado 3.
5. El número de las vocalías de cada uno de los grupos determinados en los apartados anteriores será establecido por las administraciones tutelantes, garantizando en todo caso que, como mínimo, dos tercios de éstas correspondan a los representantes de todas las empresas pertenecientes a las Cámaras elegidos por sufragio libre, igual, directo y secreto.
6. El secretario general y el director gerente, si lo hubiera, asistirán, con voz pero sin voto, a las reuniones del pleno.
Artículo 11. Comité ejecutivo.
El comité ejecutivo es el órgano permanente de gestión, administración y propuesta de la Cámara y estará formado por el presidente, vicepresidentes, el tesorero y los miembros del pleno que se determinen. La administración tutelante regulará el número de miembros integrantes del comité, pudiendo designar a un representante que deberá ser necesariamente convocado a las reuniones del indicado órgano de gobierno. Asimismo, el secretario general y el director gerente, si lo hubiera, asistirán, con voz pero sin voto, a las reuniones del comité ejecutivo.
Artículo 12. Presidente.
El presidente, que será elegido por el pleno en la forma que determine el Reglamento de Régimen Interior, ostentará la representación de la Cámara y la presidencia de todos sus órganos colegiados, siendo responsable de la ejecución de sus acuerdos.
Artículo 13. Secretario general.
1. Las Cámaras tendrán un secretario general que deberá ser licenciado o titulado de grado superior. Este puesto estará sometido al régimen de contratación laboral.
2. El pleno nombrará y cesará al secretario general mediante acuerdo motivado adoptado por la mitad más uno de sus miembros. El nombramiento tendrá lugar previa convocatoria pública de la vacante.
3. Entre las funciones del secretario general constarán asistir a las reuniones del pleno y el comité ejecutivo con voz pero sin voto y velar por la legalidad de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno.
Artículo 14. Director gerente.
1. Las Cámaras podrán nombrar un director gerente, con las funciones ejecutivas y directivas que se le atribuyan, que deberá ser licenciado o titulado de grado superior. Este puesto estará sometido al régimen de contratación laboral.
2. Corresponderá al pleno el nombramiento y cese del director gerente, a propuesta del presidente y por acuerdo motivado por la mitad más uno de sus miembros, con el fin de garantizar la idoneidad para el buen desempeño de sus funciones.
3. Cuando no exista director gerente, las funciones del mismo serán asumidas por el secretario general.
Artículo 15. Personal.
El personal al servicio de las Cámaras quedará sujeto a la normativa laboral vigente.
Artículo 16. Reglamento de Régimen Interior y Código de Buenas Prácticas.
1. Cada Cámara tendrá su propio Reglamento de Régimen Interior, que será propuesto por el pleno y aprobado por la administración tutelante, la cual podrá también promover su modificación.
2. En el reglamento constarán, entre otros extremos, la estructura del pleno, sus funciones, el número y forma de elección de los miembros del comité ejecutivo y las normas de funcionamiento de sus órganos de gobierno.
3. Asimismo, las Cámaras deberán elaborar un Código de Buenas Prácticas que garantice la imparcialidad y transparencia en el desarrollo de sus funciones público-administrativas.
CAPÍTULO III
Régimen electoral
Artículo 17. Censo electoral.
1. El censo electoral de las Cámaras estará constituido por la totalidad de las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan las actividades comerciales, industriales, de servicios o navieras no excluidas de conformidad con el artículo 7 de esta Ley. Este censo se elaborará y revisará anualmente por el comité ejecutivo, con referencia al 1 de enero.
2. El censo electoral de las Cámaras, constituido de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de este artículo, comprenderá la totalidad de sus electores, clasificados por grupos y categorías, en atención a la importancia económica de los diversos sectores representados, en la forma que determine la respectiva administración tutelante, clasificación que se revisará, cada cuatro años, por el comité ejecutivo.
Los integrantes del censo electoral tendrán derecho de voto para la elección de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación dentro de cuya circunscripción tengan establecimientos, delegaciones o agencias.
Para ser elector, ya sea en nombre propio o en representación de personas jurídicas, se requerirá mayoría de edad y no estar incurso en ninguna causa legal que impida dicha condición.
3. Los candidatos a formar parte de los órganos de gobierno de las Cámaras deberán, además, tener la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea, la de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o la de un Estado a cuyos nacionales se extienda, en virtud del correspondiente Acuerdo o Tratado Internacional, el régimen jurídico previsto para los ciudadanos anteriormente citados, llevar como mínimo dos años de ejercicio en la actividad empresarial en los territorios citados y hallarse al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Las personas de otra nacionalidad podrán ser candidatas de acuerdo con el principio de reciprocidad, siempre que cumplan los demás requisitos exigidos en el párrafo anterior.
Artículo 18. Proceso electoral.
1. El Ministerio de Economía y Competitividad determinará la apertura del proceso electoral, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas que tengan atribuida competencia en esta materia, correspondiendo a la respectiva administración tutelante la convocatoria de elecciones, cada cuatro años.
2. Para garantizar la objetividad y transparencia de las elecciones, se constituirán juntas electorales, con la composición y funciones que determinará la administración tutelante, de forma que se garantice su actuación independiente y eficaz.
3. Contra los acuerdos de las Cámaras sobre reclamaciones al censo electoral y los de las juntas electorales se podrá interponer recurso ante la administración tutelante.
CAPÍTULO IV
Régimen económico
Artículo 19. Régimen económico.
1. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación dispondrán de los siguientes ingresos:
a) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por los servicios que presten y, en general, por el ejercicio de sus actividades.
b) Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio.
c) Las aportaciones voluntarias de empresas o entidades comerciales.
d) Los legados y donativos que pudieran recibir.
e) Los procedentes de las operaciones de crédito que se realicen.
f) Cualesquiera otros que les puedan ser atribuidos por Ley, en virtud de convenio o por cualquier otro procedimiento de conformidad con el ordenamiento jurídico.
2. La disposición de bienes patrimoniales deberá contar con la autorización de la administración tutelante cuando se trate de bienes inmuebles. En caso de otro tipo de bienes, la administración tutelante determinará los supuestos en los que sea precisa su autorización en función de su alcance económico.
CAPÍTULO V
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España
Artículo 20. Naturaleza y finalidad.
1. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines que se configura como órgano consultivo y de colaboración con la Administración General del Estado, sin menoscabo de los intereses privados que pueda perseguir. Su estructura y funcionamiento deberán responder y regirse por principios democráticos.
2. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España tiene como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, así como la prestación de servicios a las empresas que ejerzan las indicadas actividades. Asimismo, ejercerá sus competencias en el ámbito estatal que le atribuye esta Ley y las que le puedan ser asignadas por la Administración General del Estado con arreglo a los instrumentos que establece el ordenamiento jurídico. Las actividades a desarrollar por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España para el logro de sus fines, se llevarán a cabo sin perjuicio de la libertad sindical y de asociación empresarial, de las facultades de representación de los intereses de los empresarios que asuman este tipo de asociaciones y de las actuaciones de otras organizaciones sociales que legalmente se constituyan.
3. Estará integrada por representantes de las Cámaras de Comercio de las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, las grandes empresas de mayor contribución, las organizaciones empresariales y de autónomos, los Ministerios por razón de la competencia y las Federaciones de las Cámaras Oficiales españolas en el extranjero, y será el organismo de representación, relación y coordinación de las mismas.
Artículo 21. Funciones.
1. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España desarrollará las siguientes funciones:
a) Promover los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, en el ámbito estatal.
b) Representar al conjunto de las Cámaras ante las diversas instancias estatales e internacionales.
c) Coordinar e impulsar las acciones que afecten al conjunto de las Cámaras españolas.
d) Ejercer en el ámbito estatal y, en coordinación con las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, las funciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 5 de esta Ley.
e) Informar, con el carácter y el alcance previstos en la legislación vigente, los anteproyectos de leyes o disposiciones estatales de cualquier rango que afecten directamente al comercio, la industria, los servicios y la navegación.
f) Asesorar a la Administración General del Estado, en los términos que ésta establezca, en temas referentes al comercio, la industria, los servicios y la navegación.
g) Desempeñar las funciones público-administrativas que se le atribuyan, cuando afecten al conjunto del Estado.
h) Gestionar en los términos previstos en los acuerdos con el Ministerio de Economía y Competitividad las actuaciones previstas en el Plan Cameral de Internacionalización y en el Plan Cameral de Competitividad.
i) Desempeñar funciones de mediación y arbitraje mercantil, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
2. Para el adecuado desarrollo de sus funciones, y previa autorización de la administración tutelante, la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España podrá promover o participar en toda clase de asociaciones, fundaciones y sociedades civiles o mercantiles, así como celebrar los oportunos convenios de colaboración.
Artículo 22. Plan Cameral de Internacionalización.
1. El Plan Cameral de Internacionalización comprende la descripción de las actuaciones de interés general en las áreas de formación e información, dirigidas prioritariamente a promover la adquisición en el exterior de bienes y servicios producidos en España y cualquier otra relativa a la operativa de comercio internacional.
2. El Ministerio de Economía y Competitividad, previa consulta con las Comunidades Autónomas, aprobará anualmente el Plan Cameral de Internacionalización que le eleve la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, la cual lo ejecutará a través del correspondiente convenio con el Ministerio de Economía y Competitividad, y en colaboración con las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.
3. Se podrán establecer mecanismos de cooperación entre las actuaciones del Plan Cameral de Internacionalización y las que establezca cada Comunidad Autónoma en función de sus competencias, especialmente en lo referente a las actuaciones de interés específico.
4. Las Cámaras Oficiales de Comercio de España en el extranjero participarán en el Plan Cameral de Internacionalización, con la aprobación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, para cada país o jurisdicción. Las Cámaras en el extranjero tendrán un vínculo permanente con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y podrán firmar convenios de colaboración y representación con ella. Las Cámaras en el extranjero representarán a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, en sus jurisdicciones, cuando así se establezca en los referidos convenios de colaboración y representación.
5. El Plan Cameral de Internacionalización se podrá financiar con los recursos dotados por las correspondientes Administraciones Públicas mediante la firma de los oportunos convenios de colaboración de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.6 de esta Ley y en la normativa vigente.
Artículo 23. Plan Cameral de Competitividad.
1. El Ministerio de Economía y Competitividad y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España suscribirán cada dos años, previa consulta con las Comunidades Autónomas, un Plan en el que se concretarán los programas para la mejora de la competitividad de las empresas españolas, a desarrollar conjuntamente con las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.
2. El Plan Cameral de Competitividad de la Empresa Española comprenderá un conjunto de actividades y funciones públicas a desarrollar por las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación en apoyo de las empresas españolas, con especial consideración a las pequeñas y medianas al amparo del acuerdo suscrito con el Ministerio de Economía y Competitividad.
3. Su finalidad es ordenar y ejecutar, de acuerdo con las prioridades de la política económica, las actuaciones que incidan de manera efectiva en la mejora de la competitividad de las empresas.
4. Este Plan incluirá los programas y actividades que impulsará la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y será elaborado con pleno respeto a las competencias de cada Comunidad Autónoma.
5. El Plan Cameral de Competitividad se podrá financiar con los recursos dotados por las correspondientes Administraciones Públicas mediante la firma de los oportunos convenios de colaboración de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.6 de esta Ley y en la normativa vigente.
Artículo 24. Órganos de gobierno.
1. Los órganos de gobierno y administración de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España son: el pleno, el comité ejecutivo y el presidente.
2. No podrán formar parte de los órganos de gobierno y administración ni ser nombrados ni ocupar los puestos de secretario general ni director gerente quienes estén inhabilitados para empleo o cargo público.
3. Los órganos de gobierno y administración reflejarán la realidad económica empresarial española e incluirán entre sus miembros, del modo que se regula en este Capítulo y se desarrolle en su Reglamento de Régimen Interior, a representantes de las empresas y de las organizaciones empresariales y de autónomos más representativas a nivel nacional.
4. El mandato de los órganos de gobierno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España será de cuatro años.
Artículo 25. El pleno.
1. El pleno es el órgano supremo de gobierno y representación general de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.
2. El pleno estará compuesto por:
a) Un presidente de las Cámaras por cada una de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla designados por las administraciones tutelantes y hasta 8 representantes más de las Cámaras pertenecientes a las Comunidades Autónomas con mayor número de empresas designados por las administraciones tutelantes conforme a los criterios que se establezcan por el Ministerio de Economía y Competitividad.
b) Veintiocho vocales a propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad entre las grandes empresas de mayor contribución a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España en el territorio nacional. La propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad se realizará de forma que se asegure el adecuado reflejo de la representación económica española teniendo en cuenta la contribución de las grandes empresas ponderada por la participación de los distintos sectores y subsectores económicos en el Valor Añadido Bruto.
c) Nueve vocales elegidos a propuesta de las organizaciones empresariales intersectoriales y territoriales más representativas en el ámbito nacional, entre representantes de empresas y personas de reconocido prestigio en la vida económica. A este fin, las citadas organizaciones empresariales presentarán la lista de candidatos propuestos en número que corresponda a las vocalías a cubrir.
d) Diez vocales en representación de los Ministerios de Economía y Competitividad, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a propuesta de los mismos.
e) Dos vocales en representación de las Federaciones de las Cámaras Españolas Oficiales de Comercio en el extranjero designados por el Ministerio de Economía y Competitividad.
f) Dos vocales en representación de las organizaciones de autónomos representativas en el ámbito nacional a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
g) El secretario general y el director gerente, si lo hubiera, asistirán, con voz pero sin voto, a las reuniones del pleno.
3. El pleno elegirá entre sus miembros, por mayoría de los presentes, un presidente, tres vicepresidentes y un tesorero, que lo serán también del comité ejecutivo así como a los demás miembros de este comité ejecutivo.
4. Serán funciones del pleno:
a) La aprobación de los presupuestos y liquidaciones.
b) La aprobación de informes y propuestas.
c) La designación de los representantes de la Cámara de España en los distintos organismos.
d) El nombramiento de comisiones de trabajo.
e) En el marco de las actuaciones descritas en los artículos 22 y 23 de esta Ley, la adopción de acuerdos vinculantes para todas las Cámaras, siempre que se aprueben, con este carácter, por una mayoría de dos tercios de los votos presentes.
f) Aquellas otras que se prevean en su Reglamento de Régimen Interior.
Artículo 26. Comité ejecutivo.
1. El comité ejecutivo es el órgano de gestión, administración y propuesta de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.
2. Estará compuesto por los miembros del pleno elegidos por el mismo en la forma que se determina por el artículo 25 de la presente Ley y se desarrolle en el Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. El Comité Ejecutivo estará integrado por el presidente, tres vicepresidentes, el tesorero, ocho representantes de las Cámaras de Comercio de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, de los cuales necesariamente cuatro representantes deberán ser de las Cámaras de Comercio de las Comunidades Autónomas con más empresas en sus censos y los restantes se elegirán mediante un sistema rotatorio de representación; catorce representantes de las empresas de mayor contribución en el territorio nacional; dos representantes de las organizaciones empresariales representadas en el pleno, un representante de las organizaciones de autónomos representadas en el pleno, un representante del Ministerio de Economía y Competitividad y un representante del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Asimismo, el secretario general y el director gerente, si lo hubiera, asistirán, con voz pero sin voto, a las reuniones del comité ejecutivo.
3. Las competencias del comité ejecutivo se determinarán en su Reglamento de Régimen Interior.
Artículo 27. Presidente.
El presidente ostentará la representación de la Cámara, la presidencia de todos sus órganos colegiados y será responsable de la ejecución de sus acuerdos.
Artículo 28. Secretario general.
1. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España tendrá un secretario general que deberá ser licenciado o titulado de grado superior. El secretario general estará sometido al régimen de contratación laboral.
2. Su nombramiento y cese corresponderá al pleno de la Cámara, por acuerdo motivado adoptado por la mitad más uno de sus miembros. El nombramiento tendrá lugar previa convocatoria pública.
3. Entre las funciones del secretario general constarán asistir a las reuniones del pleno y del comité ejecutivo con voz pero sin voto y velar por la legalidad de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno.
Artículo 29. Director gerente.
1. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España podrá nombrar un director gerente con las funciones ejecutivas y directivas que se le atribuyan que deberá ser licenciado o titulado de grado superior. Este puesto estará sometido al régimen de contratación laboral.
2. Corresponderá al pleno el nombramiento y cese del director gerente, a propuesta del presidente y por acuerdo motivado adoptado por la mitad más uno de sus miembros.
3. Cuando no exista director gerente, las funciones del mismo serán asumidas por el secretario general.
Artículo 30. Personal.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España podrá contar con el personal necesario para su buen funcionamiento, al que le será de aplicación la legislación laboral.
Artículo 31. Régimen económico de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.
1. Para la financiación de todas sus actividades, la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España dispondrá de los siguientes ingresos:
a) Ingresos ordinarios y extraordinarios por la prestación de los servicios previstos en el artículo 21 de esta Ley.
b) Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio.
c) Las aportaciones voluntarias de empresas o entidades. Estas aportaciones voluntarias se destinarán preferentemente a la financiación del Plan Cameral de Internacionalización. El 30 por ciento de las aportaciones se distribuirá a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación donde tengan el domicilio social dichas empresas o entidades.
d) Los legados y donativos que pudiera recibir.
e) Los procedentes de las operaciones de crédito que se realicen.
f) Cualesquiera otros que les puedan ser atribuidos por Ley, en virtud de convenio o por cualquier otro procedimiento de conformidad con el ordenamiento jurídico.
2. La disposición de bienes patrimoniales deberá contar con la autorización del Ministerio de Economía y Competitividad cuando se trate de bienes inmuebles y, en el caso de otro tipo de bienes, dicho Ministerio determinará los supuestos en los que sea precisa autorización en función de su alcance económico.
Artículo 32. Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.
1. En el Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España constarán, entre otros extremos, las funciones y normas de funcionamiento de sus órganos de gobierno.
2. El Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España preverá la creación de una Asamblea General de Cámaras para desarrollar actuaciones e iniciativas que promuevan la participación, con voz pero sin voto, de todas las Cámaras en el desarrollo de sus funciones.
3. El Reglamento de Régimen Interior será sometido a la aprobación por el Ministro de Economía y Competitividad a propuesta del pleno por mayoría absoluta, que podrá también promover su modificación.
Artículo 33. Tutela de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.
La función de tutela sobre esta corporación corresponderá a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Economía y Competitividad.
CAPÍTULO VI
Régimen jurídico y presupuestario
Artículo 34. Tutela.
1. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación están sujetas en el ejercicio de su actividad a la tutela de la Administración General del Estado o de las respectivas Comunidades Autónomas, en el caso de que éstas hubieran asumido estatutariamente las competencias correspondientes.
La función de tutela comprende el ejercicio de las potestades administrativas de aprobación, fiscalización, resolución de recursos, suspensión y disolución a los que se refieren los artículos 35, 36 y 37 de esta Ley.
2. En todo caso, la Administración General del Estado ejercerá la tutela sobre las actividades de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de interés general relativas al comercio exterior, sin perjuicio de las competencias que correspondan a cada Comunidad Autónoma en tareas promocionales del comercio exterior.
En los términos señalados en el párrafo anterior, esta función de tutela de la Administración General del Estado comprenderá el ejercicio de las potestades administrativas de aprobación, control, coordinación, resolución de recursos y suspensión de actividades de interés general de las Cámaras relativas al comercio exterior.
Artículo 35. Presupuestos y transparencia.
1. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España elaborarán y someterán sus presupuestos ordinarios y extraordinarios de gastos e ingresos a la aprobación de la administración tutelante, que fiscalizará sus cuentas anuales y liquidaciones y podrá establecer las instrucciones necesarias para la elaboración de los presupuestos y de las liquidaciones tipo.
En todo caso, las cuentas anuales y liquidaciones de los presupuestos deberán presentarse acompañadas de un informe de auditoría de cuentas.
Corresponderá al Tribunal de Cuentas la fiscalización del destino de los fondos públicos que perciban la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, sin perjuicio de la competencia de los organismos fiscalizadores que, en su caso, existan en las Comunidades Autónomas.
Las cuentas anuales, junto con el informe de auditoría, y el Informe Anual sobre el Gobierno Corporativo, se depositarán en el registro mercantil correspondiente a la localidad en la que la Cámara tenga su sede y serán objeto de publicidad por las Cámaras.
2. Las personas que gestionen bienes y derechos de las Cámaras quedarán sujetas a indemnizar los daños y perjuicios que puedan causarles por acciones u omisiones realizadas por dolo, culpa o negligencia grave con infracción de la normativa vigente, con independencia de la responsabilidad penal o de otro orden que les pueda corresponder.
3. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España harán públicas las subvenciones que reciban así como otro tipo de recursos públicos que puedan percibir para el desarrollo de sus funciones. Igualmente harán públicas las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables respectivos, así como las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en su cargo por cualquier causa.
4. Para la adecuada diferenciación entre las actividades públicas y privadas que pueden desarrollar en los términos del artículo 5 de esta Ley, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España mantendrán una contabilidad diferenciada en relación con sus actividades públicas y privadas, sin perjuicio de la unicidad de las cuentas anuales.
Artículo 36. Recursos.
1. Las resoluciones de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España dictadas en ejercicio de sus funciones público-administrativas, así como las que afecten a su régimen electoral, serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, previo recurso administrativo formulado ante la administración tutelante.
2. Las actuaciones de las Cámaras en otros ámbitos y, especialmente, las de carácter mercantil, civil y laboral se dilucidarán ante los Juzgados y Tribunales competentes.
Artículo 37. Suspensión y disolución.
1. La administración tutelante podrá suspender la actividad de los órganos de gobierno de las Cámaras, debiendo quedar garantizado el derecho de audiencia de los mismos en la tramitación del procedimiento, en el caso de que se produzcan transgresiones del ordenamiento jurídico vigente que, por su gravedad o reiteración, hagan aconsejable esta medida, así como en los supuestos de imposibilidad de funcionamiento normal de aquéllos.
2. El acuerdo de suspensión determinará su plazo de duración, que no podrá exceder de tres meses, así como el órgano que tendrá a su cargo la gestión de los intereses de la Cámara.
3. Si, transcurrido el plazo de suspensión, subsistiesen las razones que dieron lugar a la misma, se procederá, dentro del plazo de un mes, a la disolución de los órganos de gobierno de las Cámaras así como a la convocatoria de nuevas elecciones.
En caso de no ser posible la celebración de nuevas elecciones y la constitución de los órganos de gobierno de la Cámara, la administración de tutela podrá acordar su extinción adscribiéndose su patrimonio, previa liquidación por el órgano de gestión a que se refiere el apartado 2, a la administración tutelante.
4. En el caso de extinción, la administración de tutela adoptará las medidas necesarias para garantizar que las personas físicas y jurídicas adscritas definidas en el artículo 7.1 de esta Ley reciban los servicios propios de las Cámaras.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España representará y prestará servicio a las personas físicas o jurídicas previstas en el artículo 7.1 que se encuentren en un territorio que no cuente con su correspondiente Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación como consecuencia de su extinción, siempre que su tutela correspondiera a la Administración General del Estado. Para ello, la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España podrá tener delegaciones en los territorios correspondientes, a las cuales, además, les corresponderá ejercer los derechos y la representación que correspondieran a las Cámaras extinguidas, de conformidad con los artículos 25 y 26 de esta Ley.
Disposición adicional primera. Personal.
El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre al servicio de una Cámara, Consejo o del Consejo Superior al amparo del Decreto de 13 de junio de 1936, se regirá, sin distinción, por la legislación laboral vigente aplicable al resto del personal al servicio de las mismas.
Disposición adicional segunda. Régimen de Protocolo.
El régimen de representación y protocolo del Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España se establecerá reglamentariamente.
Disposición adicional tercera. Regímenes de Concierto y Convenio Económico.
Lo establecido en esta Ley se entenderá sin perjuicio de los regímenes de Concierto Económico y Convenio en vigor en los territorios históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente. Asimismo, en lo relativo a la implementación de los Planes de Internacionalización y Competitividad se tendrán en cuenta dichos regímenes.
Disposición transitoria primera. Adaptación al contenido de la norma.
1. Las Comunidades Autónomas deberán adaptar el contenido de su normativa en esta materia a lo dispuesto en esta Ley, y tendrán, como plazo máximo para hacerlo, el 31 de enero de 2015.
2. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación adaptarán al contenido de esta Ley sus actuales reglamentos de régimen interior en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de las leyes autonómicas de adaptación, que deberán ser aprobados por la administración tutelante.
3. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España a partir del actual Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, deberá constituirse antes del 31 de enero de 2015. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España se subrogará en todos los derechos y obligaciones, de cualquier naturaleza, del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y será titular de todos los bienes que en la fecha de entrada en vigor de esta Ley tenga adscritos o pertenezcan al Consejo Superior de Cámaras de Comercio. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España elaborará su Reglamento de Régimen Interior de acuerdo con la nueva regulación, en el plazo de tres meses desde su constitución. Este reglamento será aprobado por el Ministerio de Economía y Competitividad, como administración tutelante.
Disposición transitoria segunda. Órganos de gobierno.
1. Los presidentes, los miembros de los comités ejecutivos y de los plenos de las Cámaras y de los Consejos de Cámaras continuarán ejerciendo sus funciones hasta que se constituyan los nuevos órganos de gobierno tras la finalización del correspondiente proceso electoral, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en la normativa de las diferentes Comunidades Autónomas.
2. Asimismo, hasta que se constituyan los nuevos órganos de gobierno tras el correspondiente proceso electoral celebrado de acuerdo con esta Ley, los órganos de gobierno seguirán funcionando válidamente con los quórum de asistencia y con las mayorías de votación necesarias establecidas legalmente en ese momento, para la constitución del órgano de que se trate y para la adopción de acuerdos en cada caso.
3. En el caso del pleno y el comité ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, en el momento de su constitución inicial se entenderá por contribución el importe de la última cuota cameral devengada y abonada, garantizando, en todo caso, que estén representados los diferentes sectores de la actividad económica de acuerdo con su aportación al Valor Añadido Bruto y las grandes empresas de ámbito nacional con mayor facturación a efectos de lo dispuesto en el artículo 25.2.b) de esta Ley. Transcurrido un año desde la constitución del pleno, se procederá, en la forma que determine el Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, a la renovación de estos representantes de acuerdo con las aportaciones económicas que efectúen durante dicho período. El mandato de los nuevos representantes se determinará de conformidad con lo que establezca el Reglamento de Régimen Interior.
4. Se habilita al Ministerio de Economía y Competitividad a dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para la constitución de la Cámara de España y de sus órganos de gobierno.
Disposición transitoria tercera. Devengo del recurso cameral no prescrito.
Sin perjuicio de la supresión del recurso cameral permanente, ello no alterará la exigibilidad de las cuotas del recurso cameral permanente no prescritas, devengadas con arreglo a la norma que se deroga.
Disposición derogatoria.
1. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en esta Ley y, en particular, la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, y sus sucesivas modificaciones.
2. El Reglamento General de Cámaras aprobado por el Decreto 1291/1974, de 2 de mayo, se mantendrá en vigor, salvo en lo que se refiere al recurso cameral permanente, en cuanto no se oponga a esta Ley y hasta tanto se dicten las normas reglamentarias sustitutorias.
Disposición final primera. Título competencial.
1. El Capítulo V de esta Ley se dicta al amparo de las competencias atribuidas al Estado por el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
2. Los apartados 1 y 2 del artículo 36 se dictan al amparo de las competencias atribuidas al Estado por el artículo 149.1.6.ª de la Constitución en materia de legislación procesal.
3. El resto de artículos de esta Ley constituyen legislación básica del régimen jurídico de las Administraciones Públicas dictada al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, por lo que serán de aplicación general por todas las Administraciones Públicas, a excepción de lo establecido en el artículo 5.2 relativo a las funciones que podrán desarrollar las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de acuerdo con la legislación autonómica, que no tendrá carácter básico.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno a dictar, en el ámbito de sus competencias, las normas de desarrollo de esta Ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
[ignorar]Madrid, 1 de abril de 2014.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY | Ley de Cámaras de Comercio. | JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.
ÍNDICE
Capítulo I. Naturaleza y funciones.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Naturaleza y régimen jurídico.
Artículo 3. Finalidad.
Artículo 4. Reserva de denominación.
Artículo 5. Funciones.
Capítulo II. Ámbito territorial y organización.
Artículo 6. Ámbito territorial.
Artículo 7. Adscripción a las Cámaras.
Artículo 8. Censo público.
Artículo 9. Organización.
Artículo 10. Pleno.
Artículo 11. Comité ejecutivo.
Artículo 12. Presidente.
Artículo 13. Secretario general.
Artículo 14. Director gerente.
Artículo 15. Personal.
Artículo 16. Reglamento de Régimen Interior y Código de Buenas Prácticas.
Capítulo III. Régimen electoral.
Artículo 17. Censo electoral.
Artículo 18. Proceso electoral.
Capítulo IV. Régimen económico.
Artículo 19. Régimen económico.
Capítulo V. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.
Artículo 20. Naturaleza y finalidad.
Artículo 21. Funciones.
Artículo 22. Plan Cameral de Internacionalización.
Artículo 23. Plan Cameral de Competitividad.
Artículo 24. Órganos de gobierno.
Artículo 25. El pleno.
Artículo 26. Comité ejecutivo.
Artículo 27. Presidente.
Artículo 28. Secretario general.
Artículo 29. Director gerente.
Artículo 30. Personal.
Artículo 31. Régimen económico de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.
Artículo 32. Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.
Artículo 33. Tutela de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.
Capítulo VI. Régimen jurídico y presupuestario.
Artículo 34. Tutela.
Artículo 35. Presupuestos y transparencia.
Artículo 36. Recursos.
Artículo 37. Suspensión y disolución.
Disposición adicional primera. Personal.
Disposición adicional segunda. Régimen de Protocolo.
Disposición adicional tercera. Regímenes de Concierto y Convenio Económico.
Disposición transitoria primera. Adaptación al contenido de la norma.
Disposición transitoria segunda. Órganos de gobierno.
Disposición transitoria tercera. Devengo del recurso cameral no prescrito.
Disposición derogatoria.
Disposición final primera. Título competencial.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
[fin indice][encabezado]PREÁMBULO
I
Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación son corporaciones de derecho público que realizan funciones de carácter consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas en todo aquello que tenga relación con la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios.
Como consecuencia de la evolución económica y legislativa experimentada en los últimos años, se hace necesario aprobar una nueva Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, fundamentalmente, dada la imperiosa necesidad de racionalizar, en el actual contexto económico y jurídico en el que nos encontramos, las estructuras y funcionamiento de las Cámaras hasta hoy previstas en la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.
Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación nacen en España a finales del siglo XIX como forma de representar los intereses generales de las empresas. Su primera regulación jurídica data del año 1886, cuando se aprobó el real decreto que contenía su régimen jurídico, instaurándose posteriormente, mediante el Real Decreto de 21 de junio de 1911, un modelo cameral continental basado en la obligada adscripción de las personas que ejerzan actividades empresariales y en la obligatoriedad en el pago de cuotas. Este sistema es el que se ha mantenido hasta nuestros días, con la hasta hoy vigente Ley 3/1993, de 22 de marzo, fruto de su adecuación a nuestro Estado autonómico y pertenencia a la Unión Europea.
No obstante, la situación económica devenida obligó a introducir reformas normativas con el fin principal y prioritario de poner en marcha medidas eficientes de racionalización del gasto y fortalecimiento e impulso de la economía, en general y, en particular, de crecimiento de la competitividad de nuestras empresas mediante políticas de apoyo a la actividad comercial y empresarial. Así, las últimas reformas y, más concretamente, las introducidas mediante el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, establecieron un sistema cameral de pertenencia voluntaria y eliminación del recurso cameral permanente.
Esta Ley introduce una serie de reformas que pretenden impulsar a las Cámaras como entidades de prestación de servicios, abogando por un modelo de Cámaras dirigido a resultados, todo ello con el fin de reforzar su eficiencia en el desarrollo de las funciones que se les atribuyen.
Conscientes de su importancia y necesidad como instituciones básicas para el desarrollo económico y empresarial de nuestro país, se mantiene su naturaleza como corporaciones de derecho público, garantizando el ejercicio de las funciones público-administrativas que, en el actual contexto económico, tienen una especial relevancia de cara a la regeneración del tejido económico y la creación de empleo y se consagra su finalidad de representación, promoci
### RESUMEN: Ley de Cámaras de Comercio. |
Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación Concordia y Cultura resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación anteriormente citada fue constituida por don Óscar Alzaga Villaamil según consta en la escritura pública número 2.715, otorgada el 28 de mayo de 2015, ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Celso Méndez Ureña, subsanada ante el mismo Notario en la escritura pública número 3.799, de 22 de julio de 2015, subsanada, a su vez, mediante diligencia practicada por el señor Notario con fecha 3 de septiembre de 2015.
Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.
El domicilio de la Fundación quedó establecido en Madrid, calle Espronceda, número 34-T, 1.º, C.P. 28003, y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional.
Tercero. Dotación.
La dotación inicial de la fundación está compuesta de 1.230 acciones de la empresa «Industrias del Diseño textil, S.A.», valor bursátil «INDITEX», valoradas en 36.360,64 euros, según informe aportado por la Fundación, emitido por don Miguel Ángel Martín Rodríguez, de M.V. Audit S.L.P., de fecha 20 de julio de 2015.
Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley.
Cuarto. Fines de la Fundación.
En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a las escrituras públicas a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los siguientes:
La promoción de estudios en el ámbito de las ciencias sociales y de la historia política; sobre la transición a la Democracia en España, sobre su funcionamiento y sobre los valores constitucionales, así como sobre la defensa de los principios democráticos de convivencia en el seno del Estado Social y Democrático de Derecho y también sobre la defensa de los valores de libertad, justicia, igualdad, pluralismo político y concordia.
Quinto. Patronato.
Presidente: Don Óscar Alzaga Villaamil.
Vocal: Doña María Teresa Martín de la Vega García.
Vocal: Don Carlos Lorenzo Romero.
Secretario, no patrono: Don Antonio Perales Pizarro.
Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas en la escritura de constitución.
Fundamentos de Derecho
Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente:
El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.
Segundo.
Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto.
Tercero.
Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones.
Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación Concordia y Cultura y su Patronato.
Madrid, 14 de septiembre de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P. D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz. | Creación de la fundación para defender los valores de la Transición, Concordia y Cultura, por Óscar Alzaga Villaamil | Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación Concordia y Cultura resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación anteriormente citada fue constituida por don Óscar Alzaga Villaamil según consta en la escritura pública número 2.715, otorgada el 28 de mayo de 2015, ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Celso Méndez Ureña, subsanada ante el mismo Notario en la escritura pública número 3.799, de 22 de julio de 2015, subsanada, a su vez, mediante diligencia practicada por el señor Notario con fecha 3 de septiembre de 2015.
Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.
El domicilio de la Fundación quedó establecido en Madrid, calle Espronceda, número 34-T, 1.º, C.P. 28003, y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional.
Tercero. Dotación.
La dotación inicial de la fundación está compuesta de 1.230 acciones de la empresa «Industrias del Diseño textil, S.A.», valor bursátil «INDITEX», valoradas en 36.360,64 euros, según informe aportado por la Fundación, emitido por don Miguel Ángel Martín Rodríguez, de M.V. Audit S.L.P., de fecha 20 de julio de 2015.
Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley.
Cuarto. Fines de la Fundación.
En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a las escrituras públicas a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los siguientes:
La promoción de estudios en el ámbito de las ciencias sociales y de la historia política; sobre la transición a la Democracia en España, sobre su funcionamiento y sobre los valores constitucionales, así como sobre la defensa de los principios democráticos de convivencia en el seno del Estado Social y Democrático de Derecho y también sobre la defensa de los valores de libertad, justicia, igualdad, pluralismo político y concordia.
Quinto. Patronato.
Presidente: Don Óscar Alzaga Villaamil.
Vocal: Doña María Teresa Martín de la Vega García.
Vocal: Don Carlos Lorenzo Romero.
Secretario, no patrono: Don Antonio Perales Pizarro.
Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas en la escritura de constitución.
Fundamentos de Derecho
Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente:
El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.
Segundo.
Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto.
Tercero.
Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones.
Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación Concordia y Cultura y su Patronato.
Madrid, 14 de septiembre de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P. D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.
### RESUMEN: Creación de la fundación para defender los valores de la Transición, Concordia y Cultura, por Óscar Alzaga Villaamil |
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto.
PREÁMBULO
I
La Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, supuso en su momento un paso importante en la voluntad de dar respuesta a las nuevas necesidades económicas y sociales del país, apostando claramente por un desarrollo urbanístico sostenible, sobre la base de la utilización racional del territorio, para compatibilizar el crecimiento y el dinamismo económicos necesarios con la cohesión social, el respeto al medio ambiente y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Otro de los objetivos de la Ley 2/2002 fue el de efectuar una simplificación de los procedimientos urbanísticos, para propiciar su celeridad y eficacia. Los principios que inspiraron la citada Ley 2/2002, y que, esencialmente, se han mantenido en las reformas legislativas posteriores hasta el texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, continúan hoy siendo plenamente válidos y vigentes. La modificación que ahora se plantea, pues, no supone un cambio conceptual, sino, básicamente, un cambio instrumental y técnico a considerar en el contexto de medidas legislativas impulsadas últimamente en otros ámbitos de la actividad de la Administración de Cataluña, de acuerdo con los objetivos definidos en el Plan de Gobierno 2011-2014, de agilidad y reestructuración de la Administración, de simplificación de la regulación administrativa y de promoción de la actividad económica. En este contexto, se detectan algunos aspectos del texto refundido de la Ley de urbanismo que son susceptibles de mejora. Por otro lado, la experiencia acumulada en la aplicación de la norma pone de manifiesto la conveniencia de ajustar algunos aspectos concretos que en la práctica no resultan suficientemente adecuados para ordenar determinadas realidades, que no son suficientemente eficientes para el cumplimiento de las finalidades pretendidas o que generan dudas que conviene aclarar.
Con estos objetivos, y al amparo de la competencia exclusiva en materia de urbanismo que el artículo 149.5 del Estatuto de autonomía de Cataluña atribuye a la Generalidad, se plantea esta modificación, que introduce en el texto refundido de la Ley de urbanismo los cambios requeridos para aplicar las reformas pretendidas y mantener la coherencia interna de la Ley.
II
La presente ley se estructura noventa y un artículos, ocho disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
En materia de planeamiento urbanístico, la reforma concentra en la legislación urbanística toda la regulación del procedimiento de evaluación ambiental de los planes urbanísticos, actualmente dividida entre esta legislación y la legislación ambiental, con las dificultades consiguientes de unificación global que ello representa. Esta ley preserva, en el aspecto legal, la obligación de solicitar un informe urbanístico y territorial en la fase de avance del plan, mantiene en rango reglamentario la regulación concreta de la integración del proceso de evaluación ambiental en el procedimiento urbanístico y, mientras no se produzca la adaptación del Reglamento de la Ley de urbanismo que detalle el proceso completo, establece la exigencia de emitir un nuevo informe urbanístico y territorial en la fase de valoración de la memoria ambiental, que versará sobre los aspectos del plan relativos a cuestiones de legalidad y de oportunidad de interés supramunicipal, con el fin de que puedan ser considerados en el subsiguiente acuerdo de aprobación, y, de esta manera, contribuir a agilizar la posterior fase de aprobación definitiva del plan.
Por otra parte, con la modificación se establecen mecanismos más ágiles para la transformación urbanística del suelo con el fin de facilitar la ejecución de sectores que se deseen desarrollar de forma inmediata, previendo que el plan de ordenación urbanística municipal pueda establecer la ordenación detallada con el nivel y la documentación propios de un plan parcial urbanístico sin necesidad de tramitar un plan parcial para desarrollar el sector. En esta línea, se dispone también que, mediante la formulación de planes directores urbanísticos promovidos por la Generalidad, puedan delimitarse sectores de interés supramunicipal y ordenarlos detalladamente para implantar actividades de especial relevancia social o económica, para situar en los ámbitos de interés territorial definidos en el planeamiento territorial, en coherencia con sus normas. Efectivamente, los planes territoriales aprobados definen ámbitos que por razones de localización, conectividad, topografía u otras condiciones pueden tener un papel estratégico en la estructuración territorial; también establecen ámbitos apropiados para la implantación de actividades económicas a escala supramunicipal y ámbitos susceptibles de transformación o extensión urbana de interés para todo el territorio ordenado. En definitiva, ámbitos de interés territorial que resultan idóneos para acoger a dichos sectores de interés supramunicipal. No obstante, la presente ley determina que, en caso de que el planeamiento territorial no haya previsto estas actuaciones de interés supramunicipal, para poder desarrollarlas, dentro de los mencionados ámbitos o en otros en que el planeamiento territorial regule su posible transformación, es requisito necesario que la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña, previo a la tramitación del correspondiente plan director urbanístico, reconozca el interés territorial de la actuación en coherencia con el planeamiento territorial de aplicación.
También, en materia de planeamiento urbanístico, se introducen medidas para abreviar los plazos de los trámites para la aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico y se da un nuevo impulso a la publicidad de los planes aprobados por la Administración de la Generalidad mediante el obligada incorporación, en la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de los acuerdos de aprobación definitiva, de un enlace con el Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña que permita la consulta telemática inmediata del contenido de los documentos que conforman el plan.
En cuanto al planeamiento urbanístico derivado, las reformas se orientan a replantear algunas exigencias de la regulación vigente que, en la práctica, y más en la coyuntura actual, se muestran excesivamente rígidas, y que provocan que algunos planos de detalle que han culminado toda la tramitación respectiva y que han alcanzado la aprobación definitiva puedan quedar sin efecto si no se puede llegar a aprobar el proyecto de urbanización o a constituir la garantía para la ejecución de las obras de urbanización en los plazos establecidos legalmente. En este sentido, la obligada previsión en fase de planeamiento de aspectos relativos a la ejecución material de las obras, en vez de favorecer la ejecución de los planes parciales sin solución de continuidad, en muchas ocasiones ha supuesto un obstáculo considerable para la misma formulación del plan. Por ello, esta ley suprime la obligación de aprobar los proyectos de urbanización como condición de eficacia de los planes parciales y permite optar bien por seguir el esquema clásico de fases diferidas de planeamiento y de ejecución, ya sea para efectuar una tramitación simultánea de los instrumentos, ya sea para incorporar directamente en el plan derivado las características y el trazado de las obras de urbanización. En cuanto a la constitución de la garantía de la ejecución de las obras de urbanización, esta ley amplía el plazo para acreditar dicha constitución, que establece en un año, transcurrido el cual la Administración debe requerir a las personas obligadas que cumplan su obligación y las ha de advertir que si no lo hacen en el plazo concedido al efecto la tramitación del plan queda sin ningún efecto.
Con relación a los planes especiales urbanísticos, esta ley insiste en la reforma de la Ley de urbanismo operada mediante la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas, por la que se reconoce explícitamente que estos instrumentos de planeamiento son la figura idónea para implantar en el territorio determinadas infraestructuras no previstas por el planeamiento urbanístico general, sin que en ningún caso la eventual conceptuación de estas infraestructuras como sistema urbanístico general se constituya en límite infranqueable para los planes especiales urbanísticos. Para afianzar la voluntad legisladora en este sentido y disipar cualquier duda a este respecto, esta ley sistematiza la figura del plan especial urbanístico diferenciando entre los planes especiales urbanísticos que desarrollan las previsiones sustantivas del planeamiento territorial o urbanístico general, estén previstos expresamente o no en este planeamiento, y los planes especiales urbanísticos autónomos respecto a las previsiones sustantivas del planeamiento territorial o urbanístico relativas a los elementos fundamentales de la estructura general de la ordenación del territorio. Estos planes autónomos, que se forman mediante un procedimiento calificado respecto a lo que corresponde a los planes especiales urbanísticos de desarrollo, se encaminan a la implantación de infraestructuras no previstas relativas a los sistemas urbanísticos de comunicaciones o de equipamiento comunitario, tanto si son de carácter general como de carácter local.
Con esta potencialidad, los planes especiales urbanísticos autónomos resultan instrumentos de planeamiento más ágiles y eficientes para implantar nuevas infraestructuras básicas tendentes a cubrir necesidades inmediatas no previstas en el planeamiento territorial o el planeamiento urbanístico general, que la modificación de este planeamiento, sin que los elementos fundamentales de la estructura general definidos por el planeamiento urbanístico general se resientan, ya que estos planes especiales no pueden modificar estos elementos, sino únicamente incorporar otros nuevos, después de haber hecho el análisis de las diversas alternativas de emplazamiento planteadas y con justificación de la opción escogida. Difícilmente, en el horizonte temporal y en la escala de trabajo del planeamiento territorial y del planeamiento urbanístico general, se puede hacer una previsión anticipada de todas y cada una de las necesidades que pueden surgir en materia de infraestructuras ni localizarlas en el espacio, lo cual es especialmente manifiesta cuando este planeamiento ordena el suelo no urbanizable, en el que puede admitir actuaciones de interés público con carácter general en amplias zonas del territorio de acuerdo con el régimen legal de uso de esta clase de suelo, pero no tiene posibilidades reales de prever si estas actuaciones promovidas a iniciativa pública o privada conformarán sistemas urbanísticos generales. Por este motivo, se considera totalmente necesario y oportuno afianzar la capacidad de los planes especiales urbanísticos autónomos para legitimar directamente la implantación de dichas infraestructuras, tan necesarias para la población y para el funcionamiento del sistema productivo.
En cuanto a las reservas mínimas para vivienda de protección pública que deben contener los planes de ordenación urbanística municipal, mediante la Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras, se suprimió formalmente la exigencia que la reforma de 2007 había introducido para los municipios de más de diez mil habitantes y para las capitales de comarca de prever una reserva adicional del 10% para la nueva tipología de vivienda con protección oficial concertado de Cataluña, ya que esta exigencia fuera de las áreas residenciales estratégicas, no había llegado a entrar en vigor para las sucesivas prórrogas que habían establecido los decretos en materia de vivienda, a consecuencia de la situación de los precios de mercado. Además, la experiencia alcanzada en la aplicación de las reservas mínimas muestra la disfunción de la regulación actual al establecer el mismo grado de exigencia mínima para todos los planes de ordenación urbanística municipal, sin tener en cuenta que la escasa complejidad urbanística de determinados municipios puede generar necesidades inferiores. Por ello, esta ley exime del cumplimiento de obligaciones mínimas en esta materia los planes de ordenación urbanística municipal que solo distinguen entre suelo urbano y suelo no urbanizable y los de los municipios de menos de cinco mil habitantes, no capitales de comarca, que no superen una determinada dinámica edificadora, sin perjuicio de la obligación de estos planes de reservar suelo suficiente para cumplir los objetivos definidos en la memoria social y de respetar las determinaciones que el planeamiento territorial y el planeamiento director urbanístico hayan podido establecer. Finalmente, también hay que mencionar que la reforma mantiene la obligación de emplazar las reservas evitando la concentración excesiva de viviendas de este tipo, para favorecer la cohesión social y evitar la segregación territorial de los ciudadanos por razón de su nivel de renta.
La presente ley, en atención también a las peculiaridades de los municipios de población inferior a tres mil habitantes de escasa complejidad urbanística, regidos por un plan de ordenación urbanística municipal que solo distingue entre suelo urbano y suelo no urbanizable, admite que este plan pueda establecer la reserva para el sistema general de espacios libres públicos que resulte adecuada a las necesidades del municipio, sin sujeción a un mínimo legalmente establecido.
Respecto a las modificaciones de los planes de ordenación urbanística municipal, la presente ley aclara el tratamiento que han de tener las propuestas que pueden presentar los particulares para la modificación de estos planes de iniciativa pública, y especifica que no tienen derecho al trámite, sin perjuicio de la posibilidad de que el ayuntamiento pueda asumir expresamente la iniciativa pública para su formulación. Por otra parte, con la reforma se elimina el porcentaje variable de entre el 15% y el 20% para la cesión de suelo con aprovechamiento establecido para las modificaciones que comporten un incremento del aprovechamiento. Las dificultades que en la práctica se plantean para determinar, a partir de datos objetivos, el porcentaje concreto que corresponde aplicar en cada caso y para establecer el listón a partir del cual opera el porcentaje máximo han determinado optar por establecer un porcentaje fijo del 15%, que, en definitiva, es el que en la práctica se ha ido aplicando. Con el fin, sin embargo, de fomentar la remodelación y la reforma urbanas en suelo urbano no consolidado, la Ley fija este porcentaje más elevado únicamente respecto a las modificaciones que conllevan un incremento del techo edificable. En cambio, en el suelo urbanizable la Ley extiende la aplicación del 15%, pero solo a los sectores que alcancen esta clasificación mediante los instrumentos de planeamiento general o sus revisiones o modificaciones que se aprueben inicialmente a partir de la entrada en vigor de la Ley, es decir, los propietarios de terrenos que ya están clasificados como suelo urbanizable, delimitado o no delimitado, o que puedan alcanzar esta clasificación porque ya se han iniciado los trámites para la aprobación de estos instrumentos o sus revisiones o modificaciones en el momento de entrada en vigor de la Ley, quedan sometidos al régimen legal de cesiones de suelo con aprovechamiento establecido de conformidad con la normativa anterior.
En materia de suelo no urbanizable, con la finalidad de favorecer la conservación y la recuperación del patrimonio rural, de incentivar la reactivación económica y el desarrollo del mundo rural, la presente ley amplía los usos admisibles en las masías y casas rurales susceptibles de reconstrucción y rehabilitación, y permite la catalogación, por razones arquitectónicas o históricas, de otras edificaciones existentes en suelo no urbanizable, anteriores a la entrada en vigor del primer instrumento de planeamiento urbanístico general en cada municipio, susceptibles de rehabilitación o reconstrucción de cara a ser destinadas a los mismos usos permitidos en el caso de las masías y las casas rurales, exceptuando la vivienda. Esta última previsión puede permitir la preservación y la recuperación de antiguas edificaciones con valores arquitectónicos y patrimoniales que contribuyen al mantenimiento de la memoria histórica de, entre otras, antiguas prácticas ganaderas, como bordas o cabañas en el Aran o a otros territorios de montaña, o de antiguas prácticas agrícolas, tales como masets y casetas de campo en las Tierras del Ebro, o al aprovechamiento de la fuerza del agua en una fase inicial de industrialización, como molinos papeleros, u otros recursos naturales, como balnearios. La reforma incide, también, en la regulación del suelo no urbanizable para admitir la rehabilitación de las construcciones rurales en desuso que se incluyan en el correspondiente catálogo para corregir el impacto ambiental o paisajístico negativo. La rehabilitación puede suponer la reducción del volumen preexistente si es necesario para corregir el impacto. En todos los casos, se establece que el destino de las edificaciones catalogadas a los usos admitidos debe ser compatible con las actividades agrarias implantadas en el entorno inmediato para no perjudicar su continuidad.
Asimismo, se simplifica el procedimiento para la autorización de obras en las masías y otras edificaciones rurales catalogadas y de las nuevas construcciones ligadas a actividades rústicas. En este último caso, la intervención de los órganos urbanísticos de la Generalidad se concreta en el procedimiento de otorgamiento de licencia municipal, con control de los aspectos de legalidad y de los aspectos paisajísticos, dados los intereses supralocales que concurren en la protección del suelo no urbanizable. En el caso de proyectos que conlleven el establecimiento o ampliación de actividades ganaderas, la Ley mantiene la sujeción del proyecto a información pública y establece la exigencia de un informe del departamento competente en materia de ganadería relativo al cumplimiento de los requisitos de distancias establecidos por la normativa aplicable, con una importante simplificación global del procedimiento respecto a la normativa vigente hasta el momento de la aprobación de la presente ley. Además, la reforma sujeta a licencia municipal, sin necesidad de solicitar dichos informes, los proyectos relativos a actividades ganaderas preexistentes que, sin incrementar la capacidad productiva de las instalaciones, solo supongan obras de adaptación a la legislación aplicable en materia de ganadería.
Finalmente, se flexibiliza el régimen aplicable a las instalaciones industriales preexistentes en suelo no urbanizable, lo que permite la ampliación, con unas condiciones determinadas, de las que fueron implantadas legalmente y que puedan justificar el interés social de la actividad en términos económicos y de puestos de trabajo. De esta manera, se pretende compatibilizar el objetivo de no poner en riesgo la continuidad de las actividades de interés reconocido con el objetivo de preservar el suelo no urbanizable evitando el cambio de régimen de suelo en localizaciones inadecuadas y la inducción de puntos de crecimiento dispersos que puedan comprometer el sistema de espacios abiertos definido por el planeamiento territorial.
La reforma también amplía los usos provisionales susceptibles de ser autorizados en edificios fuera de ordenación en suelo urbano a todos los que resulten admitidos en la zona urbanística en la que estén incluidos los terrenos, siempre que no requieran la ejecución de obras que excedan de las propias del régimen de provisionalidad y del régimen de fuera de ordenación. Además, la reforma incluye explícitamente entre las obras provisionales las obras vinculadas a actividades económicas preexistentes, y respecto al régimen fuera de ordenación, las obras destinadas a facilitar la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas. Estas novedades, aparte de atenuar los efectos de la demora en la ejecución del planeamiento agravada por las circunstancias económicas actuales, pueden facilitar la supervivencia y la implantación de actividades económicas y el mejoramiento de la calidad de vida.
La modificación incide también en el ámbito de la gestión urbanística mediante la ampliación, de un año a tres años, del plazo de vigencia de las entidades urbanísticas colaboradoras provisionales para posibilitar el cumplimiento total de las finalidades que tienen encomendadas. Por otra parte, esta ley especifica el contenido que deben tener las certificaciones de los acuerdos de aprobación definitiva de los proyectos de reparcelación a los efectos de inscripción en el Registro de la Propiedad y aclara que para la inscripción se debe acreditar el pago o la consignación, únicamente, de las indemnizaciones que deban satisfacerse por la extinción de derechos de propiedad sobre las fincas aportadas a personas que, por la escasa cuantía de sus derechos, no resulten adjudicatarias de fincas.
Las modificaciones relativas a los patrimonios públicos de suelo y de vivienda aclaran la regulación aplicable después de que la legislación en materia de vivienda haya regulado las adjudicaciones directas de estos patrimonios para la construcción de viviendas protegidas. Con la modificación se especifica que las adjudicaciones directas son admisibles en los supuestos que la Ley de urbanismo regula y en otros supuestos que la legislación en materia de vivienda establece. En cuanto a la legislación urbanística, se admite la transmisión directa de bienes de los patrimonios públicos de suelo y de vivienda entre administraciones públicas y entidades urbanísticas especiales que gestionan este tipo de patrimonios, y se permiten las permutas para adquirir sistemas u otros bienes que se quieran incorporar al mencionado patrimonio. Cabe destacar, también, que al amparo de la presente ley los ayuntamientos pueden decidir, en todos los supuestos, la finalidad concreta del producto obtenido de la enajenación del suelo correspondiente al porcentaje de aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria y gratuita, de entre las previstas por los patrimonios públicos de suelo y de vivienda, de manera que pueden acomodar su actuación a las necesidades específicas del municipio y en cada momento. Finalmente, para facilitar la ejecución de obra pública, se introduce la posibilidad de entregar los bienes inmuebles que integran estos patrimonios, como contraprestación en concepto de pago, para retribuir a los contratistas de la ejecución de actuaciones vinculadas a dichas finalidades.
En materia de intervención de la edificación, cabe destacar la reducción de las cargas administrativas que conlleva la sustitución de la licencia de primera ocupación por un régimen de comunicación previa.
En cuanto a la protección de la legalidad urbanística, la reforma pretende mejorar y simplificar la regulación vigente. A tal fin, remite varios aspectos al desarrollo por reglamento, elimina la preceptiva intervención de la Administración de la Generalidad en la resolución de determinados procedimientos sancionadores tramitados por ayuntamientos, delimita con más nitidez los tipos infractores, adapta las cuantías de las multas y establece un sistema más sencillo para calcular las sanciones aplicables en los supuestos de restauración voluntaria de la realidad física o jurídica alterada.
Por último, la Ley incide en otros aspectos concretos, entre los que cabe destacar la regulación de los supuestos en que se admite la compatibilidad de los sistemas urbanísticos y de las calificaciones de aprovechamiento privado y la especificación más detallada que se hace de los deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable delimitado de acuerdo con la legislación de suelo estatal.
Esta regulación se completa con las disposiciones que cierran la ley. Las disposiciones adicionales primera y cuarta introducen, respectivamente, los ajustes necesarios en la Ley 31/2010, de 3 de agosto, del Área Metropolitana de Barcelona, y la sustitución de referencias en el Decreto 147/2009, de 22 de septiembre, para adecuarse a la regulación de los planes especiales urbanísticos que efectúa la reforma. La disposición adicional segunda suprime la Comisión de Coordinación de la Política Territorial creada por la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de política territorial, cuyas funciones pasan a ser ejercidas por la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña, denominación que, a partir de la reforma, adopta la Comisión de Urbanismo de Cataluña. La disposición adicional tercera efectúa la sustitución de referencias y remisiones necesaria para restablecer la coherencia interna de la norma. El objeto de la disposición adicional quinta es intentar facilitar la gestión de las actuaciones urbanísticas afectadas por el ámbito de aplicación de la Ley 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y mejora de urbanizaciones con déficits urbanísticos, mediante el establecimiento y la regulación de instrumentos que permitan ejecutarlas por fases. A tal efecto, la Ley habilita para que se puedan establecer por reglamento los requisitos que permitan la división de los polígonos de actuación urbanística en unidades de gestión urbanística parcial y los mecanismos y garantías necesarios para lograr el reparto equitativo de beneficios y cargas derivados del planeamiento urbanístico en el seno de cada polígono de actuación urbanística. La disposición adicional sexta, una vez producidos los traspasos de la Administración General del Estado a la Generalidad en materia de ordenación y gestión del litoral, establece la regulación legal mínima en esta materia para que, de una manera inmediata, se pueda actualizar y adecuar a las nuevas necesidades y casuísticas la normativa existente hasta el momento de la aprobación de la presente ley. La disposición adicional séptima establece que el Gobierno, en el plazo de un año, ha de iniciar los trabajos para la elaboración del Plan territorial sectorial agrario. Y, por último, la disposición adicional octava establece el procedimiento especial de modificación de los planes directores urbanísticos para dejar sin efecto o reducir la delimitación y la ordenación de determinadas áreas residenciales estratégicas.
En cuanto al régimen transitorio, cabe destacar el establecimiento de una prórroga extraordinaria para que las personas titulares de licencias de obras otorgadas antes de la entrada en vigor de esta ley que hayan quedado paralizadas por causa de la actual coyuntura de crisis económica en el sector de la construcción puedan continuar las obras sin necesidad de solicitar una nueva licencia adaptada a las exigencias derivadas de la nueva normativa técnica en materia de edificación y de vivienda, si esta adaptación resulta inviable económicamente. Esta prórroga es admisible siempre que, en el momento de solicitarla, las obras sean conformes con la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes.
La disposición derogatoria incide de manera específica sobre los artículos de normas legales o reglamentarias que se opongan a las nuevas determinaciones legales o cuyo contenido ha quedado incorporado en la Ley de urbanismo mediante las reformas operadas.
Las disposiciones finales primera y segunda, respectivamente, otorgan un plazo de dieciocho meses a contar desde la entrada en vigor de la Ley para efectuar la adaptación del Reglamento de la Ley de urbanismo y autorizan al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para desarrollar la disposición adicional relativa a la ordenación y la gestión del litoral en materia de costas. La disposición final tercera, dada la precaria situación de las finanzas públicas, determina la suspensión de eficacia temporal, hasta el 31 de diciembre de 2013, del artículo 114 de la Ley de urbanismo en relación con el cómputo de los plazos establecidos en los apartados 1 y 2 respecto a los expedientes expropiatorios por ministerio de la ley. Se trata de una medida coyuntural para no poner en peligro los objetivos de consolidación fiscal en el marco europeo en relación con las administraciones públicas afectadas. En último término, la disposición final cuarta, con el fin de lograr tan pronto como sea posible los objetivos pretendidos con la reforma, determina la entrada en vigor de esta ley al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, salvo en el caso de la obligación de proporcionar el enlace con el Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña en la publicación de los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico, que, por razones operativas, entrará en vigor el 30 de junio de 2012.
Artículo 1. Modificación del artículo 13 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el apartado 1 del artículo 13 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«1. El principio de jerarquía normativa informa y ordena las relaciones entre los distintos instrumentos de planeamiento urbanístico en los términos regulados por la presente ley. Los instrumentos de gestión urbanística no pueden vulnerar las determinaciones del planeamiento urbanístico.»
Artículo 2. Modificación del artículo 16 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica la letra b del apartado 2 del artículo 16 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactada del siguiente modo:
«b) La Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña.»
Artículo 3. Modificación del artículo 17 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 17 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 17. Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña.
1. La Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña es el órgano superior, de carácter consultivo, en materia de política territorial y de urbanismo.
2. La composición de la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña se establece por reglamento, el cual debe garantizar que estén representados en la misma los departamentos y entes locales con competencias urbanísticas y que tengan participación personas de reconocido prestigio profesional o académico en materia de urbanismo, vivienda y medio ambiente. Los alcaldes de los ayuntamientos afectados han de ser convocados, con voz pero sin voto, a las sesiones en las que se trate del primer establecimiento y las revisiones del plan de ordenación urbanística municipal y del programa de actuación urbanística municipal. Debe regularse por reglamento la asistencia de los alcaldes u otros representantes de los ayuntamientos afectados a las sesiones de la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña en que se sometan a consideración planes directores urbanísticos y planes especiales urbanísticos autónomos.
3. La Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña informa preceptivamente, con carácter previo, en los supuestos determinados por la normativa vigente, en materia de política territorial y de urbanismo. Si el consejero o consejera competente en materia de urbanismo disiente del informe preceptivo de la Comisión, la resolución del asunto corresponde al Gobierno.
4. El consejero o consejera competente en materia de urbanismo puede someter a consulta de la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña los asuntos en materia de urbanismo que considere convenientes.»
Artículo 4. Modificación del artículo 18 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el apartado 2 del artículo 18 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«2. La composición de las comisiones territoriales de urbanismo se determina por reglamento, el cual debe garantizar que estén representados la Administración de la Generalidad y los entes locales con competencias urbanísticas, y que tengan participación en las sesiones de estas comisiones o de los eventuales órganos colegiados de apoyo técnico personas de reconocido prestigio profesional o académico en materia de urbanismo, de vivienda y de medio ambiente, a propuesta de los colegios profesionales relacionados con dichas materias.»
Artículo 5. Modificación del artículo 31 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el apartado 3 del artículo 31 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«3. Para la transformación urbanística de un sector de suelo urbano no consolidado sujeto a un plan de mejora urbana, se precisa la formulación, la tramitación y la aprobación definitiva de un plan de mejora urbana, salvo en los casos de las áreas residenciales estratégicas y los sectores de interés supramunicipal, cuya ordenación detallada se establece por medio del correspondiente plan director urbanístico.»
Artículo 6. Modificación del artículo 33 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
1. Se modifica el apartado 1 del artículo 33 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Constituyen el suelo urbanizable los terrenos que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 3, el correspondiente plan de ordenación urbanística municipal considere necesarios y adecuados para garantizar el crecimiento de la población y de la actividad económica, y los terrenos que los planes directores urbanísticos delimiten como áreas residenciales estratégicas o como sectores de interés supramunicipal dentro de esta clase de suelo.»
2. Se modifica el apartado 4 del artículo 33 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«4. Para la transformación urbanística de un sector de suelo urbanizable delimitado, se precisa la formulación, la tramitación y la aprobación definitiva de un plan parcial urbanístico, salvo en los supuestos en que, de acuerdo con la presente ley, la ordenación urbanística detallada se establezca mediante un plan de ordenación urbanística municipal o un plan director urbanístico de delimitación y ordenación de áreas residenciales estratégicas o de sectores de interés supramunicipal. Si se trata de suelo urbanizable no delimitado, el plan parcial urbanístico ha de ser de delimitación, debe haberse aprobado definitivamente y ha de acreditar que la actuación sea coherente con los parámetros determinados, de acuerdo con el artículo 58.1.d y e y 8, por el correspondiente plan de ordenación urbanística municipal.»
Artículo 7. Modificación del artículo 35 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 35 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 35. Compatibilidad entre sistemas urbanísticos públicos y calificaciones de aprovechamiento privado.
1. Los terrenos que el planeamiento urbanístico reserva a sistemas urbanísticos, que la administración actuante ha obtenido o ha de obtener mediante la cesión obligatoria o la expropiación urbanísticas, deben destinarse íntegramente al uso público previsto, sin perjuicio del régimen de compatibilidad de usos regulado por el presente artículo.
2. El planeamiento urbanístico puede prever que el subsuelo de los sistemas urbanísticos de titularidad pública sea destinado a usos distintos de los atribuidos al suelo, siempre que sean compatibles con la funcionalidad del sistema. Esta compatibilidad de usos distintos solo puede comportar una calificación urbanística de aprovechamiento privado en subsuelo si el planeamiento urbanístico ordena nuevos sistemas urbanísticos, no previstos en el planeamiento urbanístico anterior, que no son exigibles en cumplimiento de los estándares mínimos establecidos por la legislación urbanística o por el planeamiento urbanístico general. En el caso del sistema viario, la calificación urbanística de aprovechamiento privado del subsuelo solo puede admitirse si dicho sistema no forma parte de la red que estructura el tejido urbano o la trama urbana.
3. El planeamiento urbanístico puede calificar como sistema de titularidad pública parte de las edificaciones existentes, de las edificaciones de nueva construcción o del vuelo o del subsuelo de los inmuebles, por razón de la necesidad de implantación de equipamientos comunitarios, así como para facilitar el acceso de los peatones en los sistemas viario y de espacios libres. La obtención de estos sistemas puede efectuarse por expropiación si el inmueble afectado no forma parte de un polígono de actuación urbanística que prevea la cesión gratuita del sistema.
4. Si, de acuerdo con los apartados 2 y 3, el planeamiento urbanístico prevé la compatibilidad de una calificación urbanística de aprovechamiento privado y el destino a sistemas de titularidad pública del suelo, del vuelo o del subsuelo de un terreno, puede constituirse el régimen de propiedad horizontal más adecuado de entre los establecidos por la legislación civil catalana, con las limitaciones y servidumbres que procedan para la protección del dominio público.
5. El régimen de compatibilidad regulado por el presente artículo no impide el uso privativo de los bienes de dominio público que, de acuerdo con la legislación sobre patrimonio de las administraciones públicas, no conlleva la transformación o modificación de este dominio.»
Artículo 8. Modificación del artículo 40 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
1. Se modifica la letra b del apartado 1 del artículo 40 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactada del siguiente modo:
«b) En los supuestos de modificación del planeamiento urbanístico general que establece el artículo 43.1, en los que el porcentaje es del 85%.»
2. Se modifica el apartado 2 del artículo 40 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«2. Los propietarios de suelo urbanizable delimitado tienen derecho al 85% del aprovechamiento urbanístico del sector, referido a sus fincas.»
Artículo 9. Modificación del artículo 43 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 43 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 43. Deber de cesión de suelo con aprovechamiento en suelo urbano no consolidado.
1. Los propietarios de suelo urbano no consolidado deben ceder gratuitamente a la administración actuante el suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento urbanístico de los sectores sujetos a un plan de mejora urbana o de los polígonos de actuación urbanística que tengan por objeto alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 70.2.a, excepto en los siguientes supuestos:
a) En el caso de las áreas residenciales estratégicas, los propietarios deben ceder el suelo correspondiente al porcentaje que el plan director establezca, que puede ser de hasta el 15% del aprovechamiento urbanístico del sector.
b) En el caso de que mediante una modificación del planeamiento urbanístico general se establezca un nuevo polígono de actuación urbanística que tenga por objeto una actuación aislada de dotación a que hace referencia la disposición adicional segunda, el 10% del incremento del aprovechamiento urbanístico que comporte la actuación de dotación respecto al aprovechamiento urbanístico atribuido a los terrenos incluidos en la actuación, salvo que la modificación del correspondiente planeamiento incremente el techo edificable del ámbito de la actuación, en cuyo supuesto dicho porcentaje es del 15% del incremento del aprovechamiento urbanístico.
c) En el caso de que mediante una modificación del planeamiento urbanístico general se incremente el techo edificable de un sector o de un polígono de actuación urbanística, los propietarios, aparte de la cesión ordinaria que correspondía al ámbito de actuación, deben ceder el suelo correspondiente al 15% del incremento del aprovechamiento urbanístico.
2. La administración actuante debe fijar el emplazamiento del suelo de cesión con aprovechamiento urbanístico en el proceso de reparcelación. Para asegurar la participación de la iniciativa privada en la construcción de viviendas de protección pública, puede distribuirse la cesión de suelo con aprovechamiento proporcionalmente entre las distintas calificaciones de zona del ámbito de actuación.
3. La cesión de suelo a que se refiere el apartado 1 puede ser sustituida por su equivalente en otros terrenos fuera del sector o del polígono si se pretende mejorar la política de vivienda, si la ordenación urbanística da lugar a una parcela única e indivisible o si resulta materialmente imposible individualizar en una parcela urbanística el aprovechamiento a ceder. En estos dos últimos supuestos, la cesión puede ser sustituida también por el equivalente de su valor económico. En todos los casos, el equivalente debe destinarse a conservar o ampliar el patrimonio público de suelo.»
Artículo 10. Modificación del artículo 44 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 44 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 44. Deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable delimitado.
1. Los propietarios de suelo urbano no consolidado y los propietarios de suelo urbanizable delimitado tienen los siguientes deberes comunes:
a) Repartir equitativamente los beneficios y cargas derivados del planeamiento urbanístico.
b) Ceder al ayuntamiento o a la administración que corresponda, de manera obligatoria y gratuita, todo el suelo reservado por el planeamiento urbanístico para los sistemas urbanísticos locales incluido en el ámbito de desarrollo en que se hallen comprendidos los terrenos, con las siguientes especificidades:
Primera. En suelo urbano, el ámbito de actuación es el del polígono de actuación urbanística o el sector del plan de mejora urbana, que pueden ser físicamente discontinuos.
Segunda. En suelo urbanizable delimitado, el ámbito de actuación es el sector del correspondiente plan parcial, que también puede ser físicamente discontinuo.
c) Ceder al ayuntamiento o a la administración que corresponda, de manera obligatoria y gratuita, el suelo necesario para la ejecución de los sistemas urbanísticos generales que el planeamiento urbanístico general incluya en el ámbito de actuación urbanística en que los terrenos sean comprendidos o en los que estén adscritos para la obtención del suelo.
d) Costear y, en su caso, ejecutar y ceder al ayuntamiento o a la administración que corresponda, con el suelo correspondiente, todas las obras de urbanización previstas en la actuación, así como las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las de ampliación y refuerzo de las existentes fuera de la actuación que esta recabe por las dimensiones y las características específicas, sin perjuicio del derecho de recibir el reintegro de los gastos de instalación de las redes de servicios con cargo a las empresas prestadoras de estos servicios, en los términos que establece la legislación aplicable. En estas infraestructuras se incluyen las de transporte público que sean necesarias como consecuencia de la movilidad generada por la actuación de que se trate. La participación en los costes de implantación de estas infraestructuras se determina de conformidad con la legislación sobre movilidad.
e) Edificar los solares en los plazos establecidos por el planeamiento urbanístico.
f) Ejecutar en los plazos establecidos por el planeamiento urbanístico la construcción de la vivienda protegida que eventualmente les corresponda.
g) Conservar las obras de urbanización, agrupados legalmente como junta de conservación, en los supuestos en que se haya asumido voluntariamente esta obligación o bien lo imponga justificadamente el plan de ordenación urbanística o el programa de actuación urbanística, vinculándola objetivamente a la falta de consolidación del suelo o a la insuficiencia de la urbanización.
2. Los propietarios de suelo urbano no consolidado no incluido en ámbitos de actuación urbanística están obligados a ceder gratuitamente al ayuntamiento o a la administración que corresponda, previamente a la edificación, únicamente los terrenos destinados a calles o cualquier otro tipo de vía de sistema de comunicación o a las ampliaciones que sean necesarios para que este suelo adquiera la condición de solar.»
Artículo 11. Modificación del artículo 45 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 45 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 45. Deber adicional de los propietarios de suelo urbanizable delimitado.
1. Los propietarios de suelo urbanizable delimitado tienen, además de los que impone el artículo 44, el deber de ceder a la administración actuante, gratuitamente, dentro del sector de suelo urbanizable en que se hallen comprendidos los terrenos, el suelo necesario para edificar el techo correspondiente al 15% del aprovechamiento urbanístico del sector.
2. La administración actuante debe fijar el emplazamiento del suelo de cesión con aprovechamiento urbanístico en el proceso de reparcelación. Para asegurar la participación de la iniciativa privada en la construcción de viviendas de protección pública puede distribuirse la cesión de suelo con aprovechamiento proporcionalmente entre las distintas calificaciones de zona del ámbito de actuación.
3. La cesión de suelo a que se refiere el apartado 1 puede ser sustituida por su equivalente en otros terrenos fuera del sector o del polígono si se pretende mejorar la política de vivienda, o si la ordenación urbanística da lugar a una parcela única e indivisible, o si resulta materialmente imposible individualizar en una parcela urbanística el aprovechamiento a ceder. En estos dos últimos casos, la cesión puede ser substituida también por el equivalente de su valor económico. En todos los casos, el equivalente debe destinarse a conservar, administrar o ampliar el patrimonio público de suelo.»
Artículo 12. Modificación del artículo 47 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
1. Se modifica el apartado 3 del artículo 47 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«3. Está permitido, en suelo no urbanizable, con los requisitos fijados por los artículos 50 y 51:
a) Reconstruir y rehabilitar las masías y las casas rurales que sea necesario preservar y recuperar por razones arquitectónicas, históricas, ambientales, paisajísticas o sociales.
b) Reconstruir y rehabilitar otras construcciones anteriores a la entrada en vigor del primer instrumento de planeamiento urbanístico general en cada municipio y que sea necesario preservar y recuperar por razones arquitectónicas o históricas.
c) Rehabilitar las construcciones rurales en desuso para corregir el impacto ambiental o paisajístico negativo.»
2. Se añade un nuevo apartado, el 3 bis, al artículo 47 del texto refundido de la Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«3 bis. Las construcciones a que se refiere el apartado 3 deben haber sido incluidas por el planeamiento urbanístico en el catálogo que establece el artículo 50.2, con el fin de destinarlas a vivienda familiar, a un establecimiento hotelero con exclusión de la modalidad de hotel apartamento; a un establecimiento de turismo rural; a actividades de educación en el ocio, artesanales, artísticas o de restauración; a equipamientos, o a servicios comunitarios. No obstante, para poder destinarlas a establecimiento hotelero debe estar previsto expresamente en dicho catálogo, el cual puede establecer un límite en el número de plazas. Las construcciones a que se refiere el apartado 3.b y c en ningún caso pueden reconstruirse y rehabilitarse con la intención de destinarlas al uso de vivienda familiar. En todos los casos, los usos de las construcciones a que se refiere el presente apartado deben ser compatibles con las actividades agrarias implantadas en el respectivo entorno inmediato.»
3. Se modifica la letra e y se añade una nueva letra, la f, al apartado 6 del artículo 47 del texto refundido de la Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«e) Las construcciones destinadas a la actividad de camping y al aparcamiento de caravanas, autocaravanas y remolques tienda autorizados por el plan de ordenación urbanística municipal, que exigen en todos los casos la tramitación previa de un plan especial urbanístico.
f) Las construcciones auxiliares destinadas a la actividad de turismo rural.»
Artículo 13. Modificación del artículo 48 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el apartado 3 del artículo 48 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«3. La aprobación definitiva de los proyectos de actuaciones específicas de interés público no incluidas en un plan especial urbanístico es requisito para poder tramitar las licencias o autorizaciones municipales relativas a la actuación, que, sin embargo, pueden ser tramitadas simultáneamente, condicionadas siempre a la aprobación del proyecto. No obstante, pueden establecerse por reglamento los supuestos en que, dada la escasa entidad de las obras o de la superficie de suelo afectada por la actuación, no es exigible la aprobación del proyecto. En dichos supuestos, para otorgar las correspondientes licencias o autorizaciones municipales se requiere el informe previo favorable de la comisión territorial de urbanismo que corresponda.»
Artículo 14. Modificación del artículo 49 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 49 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 49. Procedimiento para la aprobación de determinados proyectos de nuevas actividades y construcciones en suelo no urbanizable.
1. Las determinaciones del artículo 48 se aplican también a las siguientes actuaciones en suelo no urbanizable:
a) Los proyectos de actividades y de construcciones directamente vinculadas a la explotación de recursos naturales.
b) Los proyectos de nuevas construcciones a que se refiere el artículo 47.6. b, destinadas a vivienda familiar o alojamiento de trabajadores temporeros y los proyectos a que se refiere el apartado 2 en todos los casos en que incorporen dichos usos. En cualquier caso, los mencionados usos deben estar directa y justificadamente asociados a la explotación rústica de que se trate, y las construcciones deben constituir un conjunto integrado, adecuado al medio rural.
c) La apertura o recuperación de vías de acceso, caminos y atajos, en caso de que la recuperación no esté integrada en un proyecto de actuación admitida en esta clase de suelo, tramitado de acuerdo con la legislación sectorial.
d) Las estaciones de suministro de carburantes y de prestación de otros servicios de la red viaria.
e) Las construcciones auxiliares destinadas a la actividad de turismo rural.
c) Cualquier otra actuación que afecte a restos arqueológicos de interés declarado, acuíferos clasificados, zonas vulnerables o zonas sensibles declaradas de conformidad con la legislación vigente, yacimientos paleontológicos o puntos geológicos de interés.
2. Los proyectos de nuevas construcciones propias de una actividad agrícola, ganadera o, en general, rústica, si superan los umbrales establecidos en el planeamiento territorial y el urbanístico, salvo el supuesto del inciso final del apartado 3, deben someterse al informe de la comisión territorial de urbanismo que corresponda, que regula el artículo 50.1, con los mismos efectos vinculantes. Este informe ha de referirse a los aspectos de legalidad de los proyectos y al estudio de impacto e integración paisajística de la nueva construcción que el promotor del proyecto ha de presentar.
3. En el caso de proyectos que conlleven el establecimiento o ampliación de actividades ganaderas, han de someterse a información pública por un plazo de veinte días y al informe del departamento competente en materia de ganadería relativo al cumplimiento de los requisitos de distancias establecidos por la normativa sobre ordenación ganadera. La correspondiente licencia solo puede otorgarse si dicho informe es favorable. En caso de que dichos proyectos superen los umbrales a que se refiere el apartado 2, este informe y el proyecto tramitado deben aportarse conjuntamente con la solicitud del correspondiente informe de la comisión territorial de urbanismo que corresponda. Sin embargo, los proyectos relativos a actividades ganaderas preexistentes que, sin incrementar la capacidad productiva de las instalaciones, solo comporten obras para adaptar estas instalaciones a las exigencias derivadas de la legislación aplicable en materia de ganadería no requieren los informes mencionados, sino que quedan sujetos únicamente a licencia municipal.»
Artículo 15. Modificación del artículo 50 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 50 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 50. Reconstrucción o rehabilitación de determinadas construcciones en suelo no urbanizable.
1. En el procedimiento de otorgamiento de licencias, la comisión territorial de urbanismo que corresponda deberá informar sobre los proyectos relativos a la reconstrucción y rehabilitación de las construcciones que establece el artículo 47.3, salvo que estos proyectos solo comporten obras de conservación, de adecuación, mejoramiento o mantenimiento de un uso existente admitido por el ordenamiento urbanístico. La comisión territorial de urbanismo ha de emitir el citado informe en el plazo de dos meses a partir de que disponga del expediente. La licencia solo puede otorgarse si dicho informe es favorable y, si procede, debe fijar las medidas correctoras y las condiciones de carácter urbanístico a que se refiere el artículo 48.2. En caso de que la reconstrucción o rehabilitación proyectada sea susceptible de perturbar el normal funcionamiento de las explotaciones agrarias existentes en el entorno inmediato, antes de someter el proyecto tramitado a la consideración de la comisión territorial de urbanismo que corresponda, el ayuntamiento debe solicitar un informe al departamento competente en materia de agricultura y ganadería sobre la incidencia del proyecto tramitado en relación con el funcionamiento de las explotaciones agrarias existentes y sobre las eventuales medidas que deben incluirse en el proyecto tramitado para compatibilizarlo con estas explotaciones.
2. El planeamiento urbanístico general o especial ha de identificar en un catálogo específico las construcciones situadas en suelo no urbanizable susceptibles de reconstrucción o de rehabilitación y justificar las razones que determinan su preservación o, si procede, su recuperación de acuerdo con lo establecido por el artículo 47.3. Los criterios paisajísticos que determinan la inclusión de las masías y casas rurales en el catálogo deben adecuarse a las determinaciones que, si procede, establece el planeamiento urbanístico o sectorial para la protección y el mejoramiento del paisaje.
3. La reconstrucción y rehabilitación del patrimonio arquitectónico rural deben respetar el volumen edificado preexistente y la composición volumétrica original previamente determinados. Si no se alteran las características originales de la edificación, puede admitirse la división horizontal, con las limitaciones que establezca el planeamiento urbanístico y de acuerdo con la normativa reguladora de las condiciones objetivas de habitabilidad. En el supuesto del artículo 47.3. c, la rehabilitación de la construcción afectada puede comportar la reducción del volumen preexistente si ello fuera necesario para corregir el impacto ambiental o paisajístico negativo.»
Artículo 16. Modificación del artículo 53 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 53 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 53. Usos y obras de carácter provisional.
1. En los terrenos comprendidos en sectores de planeamiento urbanístico derivado o en polígonos de actuación urbanística y, fuera de estos ámbitos, en los terrenos destinados a sistemas urbanísticos, pueden autorizarse usos y obras de carácter provisional que no estén prohibidos por la legislación y el planeamiento sectoriales o por el planeamiento territorial o urbanístico, mientras no se haya iniciado el correspondiente procedimiento de reparcelación o, de ocupación directa o de expropiación para la ejecución de la actuación urbanística que les afecta.
2. Los usos provisionales autorizados han de cesar y las obras provisionales autorizadas han de desmontarse o derribarse cuando lo acuerde la administración actuante, sin que, en ningún caso, los afectados tengan derecho a percibir indemnización.
3. Solo pueden autorizarse como usos provisionales:
a) El almacenaje o el depósito simple y mero de mercancías o de bienes muebles.
b) La prestación de servicios particulares a los ciudadanos.
c) Las actividades del sector primario y las actividades comerciales que estén relacionadas.
d) Las actividades de ocio, deportivas, recreativas y culturales.
e) La exhibición de anuncios publicitarios mediante paneles.
f) En las construcciones e instalaciones preexistentes en suelo urbano, los usos admitidos en la zona urbano, los usos admitidos en la zona urbanística en que estén incluidos los terrenos que ocupan.
Si estas construcciones e instalaciones están en situación de fuera de ordenación, la correspondiente autorización de usos y obras provisionales se sujeta a las determinaciones del presente artículo con las limitaciones establecidas por el artículo 108.
4. No puede autorizarse en ningún caso como uso provisional el residencial ni, en suelo no urbanizable, los usos disconformes con el citado régimen de suelo.
5. Solo pueden autorizarse como obras provisionales las vinculadas a los usos provisionales a que se refiere el apartado 3 y las vinculadas a actividades económicas preexistentes. Dichas obras deben ser las mínimas necesarias para desarrollar el uso sin omitir ninguna de las normas de seguridad e higiene establecidas por la legislación sectorial, y deben ser fácilmente desmontables y trasladables.
6. Los terrenos destinados a sistemas urbanísticos ya adquiridos por la Administración pública pueden ser ocupados temporalmente por razón de la ejecución de obras o la prestación de servicios públicos. También pueden ser utilizados de manera temporal y esporádica para instalar mercados ambulantes o para desarrollar actividades de ocio, deportivas, recreativas, culturales, aparcamientos públicos y similares. La autorización de dichos usos por la administración titular del dominio público no supone el incumplimiento de la obligación de destinar los terrenos a las finalidades determinadas por el planeamiento urbanístico.»
Artículo 17. Modificación del artículo 54 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 54 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 54.
Procedimiento para la autorización de usos provisionales del suelo y de obras de carácter provisional.
1. Las solicitudes de autorizaciones o de usos y obras provisionales a que se refiere el artículo 53.1, 2, 3, 4 y 5 deben contener, además de los requisitos exigidos por la legislación aplicable en materia de procedimiento administrativo común y en materia de régimen local, los siguientes documentos:
a) La memoria justificativa del carácter provisional de los usos y obras.
b) La aceptación por los propietarios y gestores o explotadores de los usos y obras en virtud del contrato de arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico de cesar los usos y de desmontar o derribar las obras cuando lo acuerde la administración actuante, sin derecho a percibir indemnización por este concepto ni por la finalización del contrato de arrendamiento o de cualquier otro negocio jurídico.
c) El compromiso de las mencionadas personas de reposición de la situación alterada por los usos y obras solicitados a su estado originario.
2. Si la solicitud presentada cumple los requisitos a que se refiere el apartado 1, el ayuntamiento que corresponda ha de someterlo al trámite de información pública por el plazo de veinte días y, simultáneamente, debe solicitar el correspondiente informe a la correspondiente comisión territorial de urbanismo, que la ha de emitir en el plazo máximo de dos meses. El ayuntamiento no puede autorizar los usos y obras provisionales solicitados si dicho informe es desfavorable.
3. La autorización de usos y obras provisionales queda supeditada a:
a) La constitución de las garantías necesarias para asegurar la reposición de la situación alterada a su estado originario.
b) La condición resolutoria que los compromisos aceptados por los interesados sean también aceptados expresamente por los nuevos propietarios y por los nuevos gestores o explotadores de los usos y las obras en virtud de contrato de arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico que les sucedan.
4. Las condiciones bajo las cuales se otorga la autorización de usos y obras provisionales, aceptadas expresamente por los destinatarios, han de hacerse constar en el Registro de la Propiedad, de conformidad con la legislación hipotecaria. La eficacia de la autorización queda supeditada a esta constancia registral.»
Artículo 18. Modificación del artículo 55 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 55 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 55. Tipos de planes urbanísticos.
1. La planificación urbanística del territorio se realiza mediante el planeamiento urbanístico general, que está integrado por los planes directores urbanísticos, por los planes de ordenación urbanística municipal y por las normas de planeamiento urbanístico. Los programas de actuación urbanística municipal forman también parte del planeamiento urbanístico general y lo complementan.
2. El planeamiento urbanístico general se desarrolla mediante el planeamiento urbanístico derivado, que está integrado por los planes especiales urbanísticos, por los planes de mejora urbana, por los planes parciales urbanísticos y por los planes parciales urbanísticos de delimitación.
3. El planeamiento urbanístico derivado está supeditado a las determinaciones del planeamiento urbanístico general. No obstante, los planes especiales urbanísticos pueden introducir en la ordenación del planeamiento urbanístico general modificaciones específicas necesarias para el cumplimiento de sus funciones en los términos regulados por los artículos 67 y 68. En el caso de los planes de mejora urbana, es de aplicación lo establecido por el artículo 70.4.»
Artículo 19. Modificación del artículo 56 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
1. Se añade una nueva letra, la g, al apartado 1 del artículo 56 del texto refundido de la Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«g) La delimitación y la ordenación de sectores de interés supramunicipal para la ejecución directa de actuaciones de especial relevancia social o económica o de características singulares.»
2. Se modifican las letras a y c del apartado 5 del artículo 56 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que quedan redactadas del siguiente modo:
«a) Suponen la clasificación urbanística de los terrenos como suelo urbanizable delimitado, en el caso de no tener esta clasificación de conformidad con el vigente planeamiento general municipal; pueden modificar las condiciones establecidas para el desarrollo del sector de suelo urbanizable o de suelo urbano no consolidado por el planeamiento general municipal vigente, en su caso, y establecen la ordenación detallada del suelo con el nivel y la documentación propios de un plan urbanístico derivado, y también pueden incorporar la concreción del trazado y las características de las obras de urbanización con el nivel y la documentación propios de un proyecto de urbanización.»
«c) En suelo urbano no consolidado pueden incrementar el porcentaje de aprovechamiento objeto del deber de cesión de suelo hasta el 15% del aprovechamiento del área y pueden establecer que el producto obtenido de la enajenación de este suelo se destine, total o parcialmente, a cumplir la obligación de costear la construcción de los equipamientos previstos.»
3. Se añade un nuevo apartado, el 6, al artículo 56 del texto refundido de la Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«6. Los planes directores urbanísticos de delimitación y ordenación de sectores de interés supramunicipal a que se refiere el apartado 1.g:
a) Clasifican y califican el suelo y conllevan la delimitación de sectores de suelo urbanizable delimitado o de suelo urbano no consolidado. A tal fin, pueden modificar la clasificación urbanística del suelo o las condiciones de desarrollo previstas por el planeamiento urbanístico vigente.
b) Establecen la ordenación pormenorizada del suelo con el nivel y la documentación propios de un plan urbanístico derivado y las demás determinaciones propias de este instrumento.
c) Pueden incorporar la concreción del trazado y las características de las obras de urbanización con el nivel y la documentación propios de un proyecto de urbanización.
d) Legitiman el inicio de la ejecución urbanística de la actuación, sin necesidad de hacer la adaptación previa del planeamiento urbanístico general municipal, la cual debe llevarse a cabo en los plazos que el plan director urbanístico establezca.
e) Especifican la administración actuante.»
Artículo 20. Modificación del artículo 57 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
1. Se modifica la letra c del apartado 2 del artículo 57 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactada del siguiente modo:
«c) Definir la estructura general que debe adoptarse para la ordenación urbanística del territorio y establecer las pautas para su desarrollo, sin que esta definición impida formular planes especiales urbanísticos autónomos para implantar otros elementos integrantes de la estructura general del territorio en los términos regulados por el artículo 68.»
2. Se modifica el apartado 3 del artículo 57 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«3. Los planes de ordenación urbanística municipal y sus modificaciones y revisiones han de reservar para la construcción de viviendas de protección pública suelo suficiente para el cumplimiento de los objetivos definidos en la memoria social y, como mínimo, el suelo correspondiente al 30% del techo que se califique para el uso residencial de nueva implantación, tanto en suelo urbano no consolidado como en suelo urbanizable, un 20% del cual, como mínimo, ha de destinarse a viviendas de protección oficial de régimen general, de régimen especial, o de ambos regímenes, o los regímenes que determine como equivalentes la normativa en materia de vivienda, destinados a la venta, al alquiler o a otras formas de cesión de uso. Quedan exentos de esta obligación mínima los planes de ordenación urbanística municipal siguientes, salvo que el planeamiento territorial o director urbanístico determine otra cosa:
a) Los de los municipios que, por su escasa complejidad urbanística, solo distinguen entre suelo urbano y suelo no urbanizable.
b) Los de los municipios de menos de cinco mil habitantes, que no son capitales de comarca y que cumplen los siguientes requisitos:
Primero. Si en los dos años anteriores a la aprobación inicial del plan, la dinámica de otorgamiento de licencias ha sido inferior a cinco viviendas por cada mil habitantes y año.
Segundo. Si el plan no permite más de doscientas viviendas de nueva implantación para el conjunto de los ámbitos de actuación urbanística en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable a que se refiere el apartado 4.»
3. Se modifica el apartado 4 del artículo 57 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«4. A los efectos del cálculo de las reservas mínimas obligatorias que establece el apartado 3, es techo residencial de nueva implantación el techo destinado a vivienda, tanto de manera exclusiva como si se admite indistintamente con otros usos, que prevea el plan de ordenación urbanística municipal para los sectores de suelo urbanizable y para los polígonos de actuación urbanística en suelo urbano no consolidado y los sectores sujetos a planes de mejora urbana que tengan por objeto alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 70.2.a. No se considera en ningún caso techo residencial de nueva implantación y no computa en el cálculo:
a) El techo correspondiente a las construcciones con uso residencial existentes en dichos sectores o polígonos.
b) El techo de los sectores con planeamiento urbanístico derivado y con proyecto de reparcelación o aprobados definitivamente de conformidad con el planeamiento anterior, en los que rigen las determinaciones del plan urbanístico derivado aprobado.»
Artículo 21. Modificación del artículo 58 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
1. Se modifica la letra f del apartado 1 del artículo 58 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactada del siguiente modo:
«f) Definen el sistema general de espacios libres públicos, que debe responder, como mínimo, a la proporción de 20 m² por cada 100 m² de techo admitido por el planeamiento urbanístico para uso residencial no incluido en ningún sector de planeamiento urbanístico.
Este estándar mínimo no es aplicable a los planes de ordenación urbanística municipal de municipios que tengan una población inferior a tres mil habitantes y de escasa complejidad urbanística, que solo distingan entre suelo urbano y suelo no urbanizable, con la condición de que estos planes deben efectuar una reserva de suelo que sea adecuada a las necesidades del municipio.»
2. Se modifica el apartado 4 del artículo 58 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«4. En suelo urbano consolidado, los planes de ordenación urbanística municipal precisan las rasantes y las características y trazado de las obras de urbanización. En los ámbitos de suelo urbano no consolidado para los cuales los planes delimiten polígonos de actuación, las obras de urbanización y las rasantes han de definirse y concretarse mediante un proyecto de urbanización.»
3. Se modifica el apartado 7 del artículo 58 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«7. En suelo urbanizable delimitado, los planes de ordenación urbanística municipal concretan la delimitación de los sectores, que pueden ser físicamente discontinuos, y, para cada uno de estos, los índices de edificabilidad bruta; la densidad máxima, que no puede superar en ningún caso las cien viviendas por hectárea; los usos principales y compatibles, y los estándares que determinan las reservas mínimas para el sistema local de espacios libres y equipamientos. En el caso de los sectores que está previsto desarrollar de forma inmediata, pueden establecer la ordenación detallada del suelo con el nivel y documentación propios de un plan parcial urbanístico y demás determinaciones propias de este instrumento, sin necesidad de tramitarlo para desarrollar el sector si así lo determinan expresamente.»
4. Se modifica la letra c del apartado 9 del artículo 58 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactada del siguiente modo:
«c) Establecen los umbrales a que se refiere el artículo 49.2.»
Artículo 22. Modificación del artículo 63 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el apartado 3 del artículo 63 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«3. Las normas dictadas en virtud del apartado 2 pueden abarcar suelo urbanizable falto de plan parcial aprobado, o que se halle en tramitación, para permitir en él la instalación de equipamientos o servicios comunitarios, si el acuerdo del Gobierno aprecia razones de interés público supramunicipal; en este supuesto, las normas han de desarrollarse mediante el correspondiente plan especial urbanístico.»
Artículo 23. Modificación del artículo 65 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el apartado 3 del artículo 65 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«3. En los sectores de uso residencial, los planes parciales urbanísticos han de reservar suelo para sistemas, como mínimo, en las proporciones siguientes:
a) Para zonas verdes y espacios libres públicos, 20 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo edificable, con un mínimo del 10% de la superficie del ámbito de actuación urbanística.
b) Para equipamientos de titularidad pública, el valor inferior resultante de las proporciones siguientes: 20 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo o 20 m2 de suelo por cada vivienda; con un mínimo, en todos los casos, del 5% de la superficie del ámbito de actuación urbanística, además del suelo destinado a servicios técnicos, si procede. En el caso de que el planeamiento urbanístico general prevea el sistema urbanístico de viviendas dotacionales públicas, puede determinar que esta reserva para equipamientos de titularidad pública se destine, en determinados sectores, total o parcialmente al sistema urbanístico de viviendas dotacionales públicas, de acuerdo con lo establecido por el artículo 58.1.g.»
Artículo 24. Modificación del artículo 67 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 67 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 67. Planes especiales urbanísticos de desarrollo.
1. En desarrollo de las previsiones del planeamiento territorial o del planeamiento urbanístico general, pueden aprobarse planes especiales urbanísticos si son necesarios para alcanzar las finalidades siguientes:
a) La protección del medio rural y del medio natural.
b) La protección de bienes catalogados.
c) El desarrollo del sistema urbanístico de comunicaciones y sus zonas de protección.
d) El desarrollo del sistema urbanístico de equipamientos comunitarios. Si el planeamiento urbanístico general no lo hace, pueden concretar el uso del equipamiento comunitario y la titularidad pública o privada.
e) El desarrollo del sistema urbanístico de espacios libres públicos.
f) La ordenación del subsuelo, si no es objeto de otra figura del planeamiento urbanístico derivado.
g) La identificación y la regulación de las masías, casas rurales y otras edificaciones a que se refieren los artículos 47.3 y 50.
h) Las actuaciones específicas en suelo no urbanizable a que se refiere el artículo 47.4.
i) La implantación de obras y usos relacionados con la actividad de camping y con el aparcamiento de caravanas, autocaravanas y remolques tienda previstos expresamente en el plan de ordenación urbanística municipal.
j) La implantación de actividades vinculadas a la explotación de recursos naturales.
k) Cualquier otra finalidad análoga.
2. Los planes especiales urbanísticos de desarrollo previstos expresamente en el planeamiento territorial o en el planeamiento urbanístico general han de ajustar sus determinaciones a las del plan que desarrollan.
3. Los planes especiales urbanísticos de desarrollo no previstos expresamente en el planeamiento territorial o en el planeamiento urbanístico general no pueden sustituir en ningún caso el plan de ordenación urbanística municipal en su función de ordenación integral del territorio, por lo que no pueden alterar la clasificación del suelo ni pueden modificar los elementos fundamentales de la estructura general definidos por este planeamiento; en cambio pueden alterar otras determinaciones del planeamiento urbanístico general y establecer las limitaciones de uso que sean necesarias para alcanzar la finalidad que los justifica.»
Artículo 25. Modificación del artículo 68 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 68 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 68. Planes especiales urbanísticos autónomos.
1. Pueden aprobarse planes especiales urbanísticos autónomos para implantar en el territorio infraestructuras no previstas en el planeamiento territorial o urbanístico relativas a los sistemas urbanísticos de comunicaciones o de equipamiento comunitario, de carácter general o local, salvo que la legislación sectorial aplicable a estas infraestructuras regule instrumentos específicos para ejecutarlas vinculantes para el planeamiento urbanístico.
2. Los planes especiales urbanísticos autónomos, además de las facultades que el artículo 67.3 determina para los planes especiales urbanísticos de desarrollo no previstos expresamente en el planeamiento territorial o urbanístico, pueden calificar el suelo necesario para la implantación de la infraestructura como sistema urbanístico, de carácter general o local, sin posibilidad, sin embargo, de alterar la calificación del suelo reservado por este planeamiento para sistemas urbanísticos generales.»
Artículo 26. Modificación del artículo 69 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el apartado 2 del artículo 69 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«2. Los planes especiales urbanísticos autónomos deben calificar como sistema urbanístico, general o local, los terrenos vinculados a las infraestructuras que ordenan y deben establecer las demás determinaciones necesarias para su adecuado funcionamiento. La documentación de estos planos ha de contener el análisis de las distintas alternativas de emplazamiento planteadas y la justificación de la opción escogida y del cumplimiento de los requisitos que legitiman la aprobación del plan.»
Artículo 27. Modificación del artículo 78 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 78 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 78. Formulación del planeamiento urbanístico derivado.
1. Corresponde formular los planes especiales urbanísticos de desarrollo, los planes de mejora urbana y los planes parciales urbanísticos a los entes locales, a las entidades urbanísticas especiales o a los demás órganos competentes en materia de urbanismo, según corresponda, sin perjuicio de la iniciativa privada de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 101.
2. En el caso de los planes especiales urbanísticos autónomos a que se refiere el artículo 68, corresponde su formulación a la administración que tenga a su cargo la ejecución directa de las obras correspondientes a las infraestructuras que ordenan o, en el caso de infraestructuras de titularidad privada, a la persona titular.»
Artículo 28. Modificación del artículo 79 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica la letra e del apartado 1 del artículo 79 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactada del siguiente modo:
«e) Los planes especiales urbanísticos autónomos a que se refiere el artículo 68. Si en el plazo de audiencia establecido por el artículo 85.8, el ayuntamiento afectado manifiesta disconformidad con el emplazamiento escogido para implantar una infraestructura de interés supramunicipal, salvo que este emplazamiento venga predeterminado por una decisión del Gobierno, la resolución definitiva del expediente ha de adoptarse previo informe del departamento competente por razón de la materia y de la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña, con el fin de ponderar los intereses públicos que concurren.»
Artículo 29. Modificación del artículo 80 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifican las letras b y c del artículo 80 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactada del siguiente modo:
«b) Los planes de mejora urbana y los planes parciales urbanísticos en el caso de que los entes locales no tengan atribuida o no deban ejercer esta competencia, de acuerdo con lo establecido por la presente ley.
c) Los planes especiales urbanísticos de desarrollo, salvo los que corresponde aprobar a los ayuntamientos de conformidad con el artículo 81.»
Artículo 30. Derogación del apartado 4 del artículo 83 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se deroga el apartado 4 del artículo 83 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Artículo 31. Modificación del artículo 85 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
1. Se modifica el apartado 3 del artículo 85 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«3. La aprobación inicial y la aprobación provisional de los planes especiales urbanísticos de desarrollo y autónomos que tengan por objeto la implantación de sistemas urbanísticos de interés supramunicipal corresponden:
a) A la administración que los ha redactado, si tiene atribuidas competencias urbanísticas de tramitación o de aprobación de planes.
b) A la comisión territorial de urbanismo competente, en el resto de los casos, salvo que el ámbito territorial del plan afecte a más de una comisión, en cuyo caso la aprobación inicial y la definitiva corresponden al consejero o consejera competente en materia de urbanismo.»
2. Se deroga el apartado 6 del artículo 85 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
3. Se modifica el apartado 8 del artículo 85 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«8. Si un plan de ordenación urbanística municipal o un plan urbanístico derivado no es tramitado por el ayuntamiento afectado, ha de darse audiencia a este ayuntamiento por un plazo de un mes, simultáneamente al trámite de información pública.»
Artículo 32. Adición de un nuevo artículo, el 86 bis, al texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se añade un nuevo artículo, el 86 bis, al texto refundido de la Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«Artículo 86 bis. Procedimiento de evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
1. La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico que estén sometidos a la misma de acuerdo con la legislación en materia de evaluación ambiental de planes y programas se integra en el procedimiento de elaboración de los planes urbanísticos, de conformidad con la presente ley y con el reglamento que la desarrolla. Esta integración, de acuerdo con la legislación en materia de evaluación ambiental de planes y programas, conlleva necesariamente las siguientes actuaciones:
a) La elaboración, por el órgano o la persona que promueva el plan, de un informe de sostenibilidad ambiental preliminar y la entrega de este informe al órgano ambiental para que emita el documento de referencia, habiendo efectuado las consultas necesarias. El órgano promotor del plan puede realizar estas consultas si forma parte de la Administración de la Generalidad y lo comunica previamente al órgano ambiental. La dirección general competente en materia de ordenación del territorio y de urbanismo ha de elaborar el informe territorial y urbanístico sobre el avance del plan, y remitirlo al órgano competente en materia ambiental para que lo incorpore al documento de referencia.
b) La elaboración, por el órgano o la persona que promueva el plan, de un informe de sostenibilidad ambiental de acuerdo con el documento de referencia.
c) El trámite de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, conjuntamente con el trámite de información pública del plan aprobado inicialmente, por un período mínimo de cuarenta y cinco días.
d) La elaboración, por el órgano o la persona que promueva el plan, de la memoria ambiental, con el acuerdo del órgano ambiental.
e) La toma en consideración, en la aprobación definitiva del plan, del informe de sostenibilidad ambiental, de la memoria ambiental y del acuerdo del órgano ambiental, mediante una declaración específica en la que, si hubiera discrepancias con los resultados de la evaluación ambiental, hay que justificar los motivos y las medidas adoptadas.
f) La publicidad del plan aprobado definitivamente, que debe cumplir los requisitos derivados del artículo 28 de la Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas.
2. El procedimiento de decisión previa de evaluación ambiental de los planes urbanísticos que estén sometidos al mismo de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 6/2009 se rige por lo establecido por los artículos 15 y 16 de dicha ley, salvo que el promotor considere que el plan debe someterse a la evaluación ambiental. En este caso, se sigue directamente el procedimiento de evaluación ambiental.
3. En caso de que el plan urbanístico establezca actuaciones ejecutables directamente sin requerir el desarrollo de proyectos de obras posteriores y se tenga que someter al procedimiento de declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental debe ser incorporado al plan y debe ser sometido a información pública conjuntamente con este. La declaración de impacto ambiental debe efectuarse, según corresponda, antes de la aprobación provisional o antes de la aprobación definitiva del expediente.»
Artículo 33. Derogación de los apartados 7 y 8 del artículo 89 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se derogan los apartados 7 y 8 del artículo 89 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Artículo 34. Modificación del artículo 90 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
1. Se modifica el apartado 1 del artículo 90 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Los órganos urbanísticos correspondientes del departamento competente en materia de urbanismo pueden subrogarse de oficio previo requerimiento, por razones de interés público, en la competencia municipal o supramunicipal para la formulación o tramitación de las figuras del planeamiento urbanístico, si se produce un incumplimiento de los plazos establecidos. En el caso de incumplimiento de los plazos de tramitación establecidos por el artículo 89 respecto a los planes urbanísticos derivados, la subrogación puede producirse a instancia de las personas interesadas.»
2. Se modifica el apartado 2 del artículo 90 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«2. Si ha transcurrido el plazo establecido para adoptar la resolución relativa a la aprobación inicial o provisional del planeamiento derivado, este se entiende aprobado, inicial o provisionalmente, según corresponda, por silencio administrativo positivo, siempre que la documentación esté completa al inicio del cómputo del plazo. En tal caso, los promotores pueden instar la subrogación del órgano correspondiente del departamento competente en materia de urbanismo para la aprobación definitiva del plan urbanístico derivado, órgano al que corresponde continuar la tramitación del expediente hasta su aprobación definitiva. La subrogación puede producirse también en cualquier momento del trámite si existe inactividad municipal.»
Artículo 35. Modificación del artículo 91 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el apartado 5 del artículo 91 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«5. En el supuesto de que en la tramitación de una figura del planeamiento urbanístico se produzca un acuerdo que requiera la presentación de un texto refundido, la resolución subsiguiente del órgano que corresponda ha de dictarse dentro del plazo de dos meses desde que este texto haya sido presentado. En el caso de que en vez de un texto refundido deba presentarse nueva documentación necesaria para analizar el contenido del plan, la resolución ha de dictarse dentro del mismo plazo que la Ley fija para la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento de que se trate. Si, una vez transcurridos dichos plazos, no se ha notificado ningún acto expreso, se entiende que ha existido silencio administrativo positivo y que se ha producido la aprobación definitiva del texto refundido o la compleción definitiva del expediente, con la documentación aportada.»
Artículo 36. Modificación del artículo 92 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se añade un nuevo apartado, el 4, al artículo 92 del texto refundido de la Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«4. El órgano competente de la Administración de la Generalidad para la aprobación definitiva de una figura del planeamiento urbanístico puede facultar al director o directora general competente en materia de urbanismo para dar conformidad al texto refundido o a la documentación que cumpla las prescripciones señaladas en los acuerdos de aprobación definitiva y para ordenar la publicación del plan a los efectos de su ejecutividad.»
Artículo 37. Modificación del artículo 95 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el apartado 5 del artículo 95 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«5. En todos los casos, constituye una revisión del planeamiento general la adopción de nuevos criterios respecto a la estructura general y orgánica o el modelo de ordenación o de clasificación del suelo preestablecidos, así como la alteración del planeamiento general vigente que consiste en la modificación de la clasificación del suelo no urbanizable y que comporta, por sí misma o conjuntamente con las modificaciones aprobadas en los tres años anteriores, un incremento superior al 20% de la suma de la superficie del suelo clasificado por el planeamiento general como suelo urbano y del clasificado como suelo urbanizable que ya disponga de las obras de urbanización ejecutadas. La adaptación del planeamiento general municipal a las determinaciones de los planes directores urbanísticos no requiere en ningún caso la revisión del planeamiento general municipal.»
Artículo 38. Modificación del artículo 96 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 96 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 96. Modificación de las figuras del planeamiento urbanístico.
La modificación de cualquiera de los elementos de una figura del planeamiento urbanístico está sujeta a las mismas disposiciones que rigen su formación, con las excepciones que se establezcan por reglamento y las siguientes particularidades:
a) En el caso de modificaciones de planes urbanísticos plurimunicipales cuya incidencia territorial quede limitada a un único término municipal, corresponde al ayuntamiento afectado por la modificación acordar su aprobación inicial y su aprobación provisional.
b) Las modificaciones de los sistemas urbanísticos de espacios libres, zonas verdes o de equipamientos deportivos quedan sujetas al procedimiento establecido por el artículo 98; en el caso de falta de resolución definitiva dentro de plazo, se entiende denegada la modificación.
c) Las modificaciones de instrumentos de planeamiento urbanístico que comporten un incremento del techo edificable, de la densidad del uso residencial o de la intensidad de los usos, o la transformación de los usos ya establecidos, quedan sujetas a las particularidades establecidas por los artículos 99 y 100.
d) Los trámites previos a la aprobación inicial de los planes directores urbanísticos, regulados por los artículos 76.1 y 83.1, no son exigibles a las modificaciones de los planes directores urbanísticos de delimitación y ordenación de las áreas residenciales estratégicas y de los sectores de interés supramunicipal que se refieran únicamente a determinaciones propias del planeamiento derivado expresamente identificadas por el plan director. En estos casos, el trámite de información de las modificaciones de los planes a los entes locales comprendidos en el ámbito territorial respectivo ha de efectuarse simultáneamente al trámite de información pública de la propuesta de modificación aprobada inicialmente.»
Artículo 39. Modificación del artículo 97 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
1. Se modifica la letra a del apartado 2 del artículo 97 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactada del siguiente modo:
«a) Si suponen un incremento del techo edificable, de la densidad del uso residencial o de la intensidad de los usos o la transformación global de los usos anteriormente previstos en el supuesto de que el planeamiento anterior no se haya ejecutado y se trate de terrenos, bien de titularidad pública donde se haya adjudicado la concesión de la gestión urbanística, bien de titularidad privada que en los cinco años anteriores formaron parte de un patrimonio público de suelo y de vivienda, sin que concurran circunstancias sobrevenidas que objetivamente legitimen su modificación.»
2. Se añaden dos nuevos apartado, el 3 y el 4, al artículo 97 del texto refundido de la Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«3. Las propuestas de modificación de una figura de planeamiento urbanístico requeridas para permitir la instalación de servicios comunes exigidos por la legislación sectorial en edificaciones preexistentes, si implican la desafectación de suelos reservados a sistemas urbanísticos o la ocupación de espacios privados inedificables, deben justificar:
a) Las razones técnicas o económicas que hagan inviable cualquier otra solución.
b) El mantenimiento de los estándares de reserva mínima de terrenos para sistemas urbanísticos establecidos por la legislación o el planeamiento urbanístico y de la funcionalidad del sistema urbanístico afectado, si se da este supuesto.
c) El mantenimiento de las condiciones adecuadas de ventilación, soleamiento y vistas de las edificaciones vecinas, cuando se reduce la distancia respecto a estas edificaciones.
4. En los casos a que se refiere el apartado 3, los espacios ocupados por los servicios comunes mencionados no computan a efectos del volumen edificable de la parcela ni de las distancias mínimas de las edificaciones o los de límites de la parcela, a otras edificaciones o en la vía pública.»
Artículo 40. Modificación del artículo 99 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 99 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 99. Modificación de las figuras de planeamiento urbanístico general que supongan un incremento del techo edificable, de la densidad del uso residencial o de la intensidad, o la transformación de los usos.
1. Las modificaciones de instrumentos de planeamiento general que supongan un incremento del techo edificable, de la densidad del uso residencial o de la intensidad de los usos, o la transformación de los usos establecidos anteriormente deberán incluir en la documentación las siguientes especificaciones:
a) La identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas, ya sean públicas o privadas, durante los cinco años anteriores al inicio del procedimiento de modificación, y los títulos en virtud de los cuales han adquirido los terrenos. Esta especificación se lleva a cabo mediante la incorporación a la memoria de una relación de estas personas y de las correspondientes certificaciones expedidas por el Registro de la Propiedad y, en su caso, por el Registro Mercantil. En caso de falta de identificación del propietario en el Registro de la Propiedad deben hacerse constar los datos del catastro. También debe hacerse constar en la memoria la existencia, en su caso, de un adjudicatario de la concesión de la gestión urbanística, y su identidad.
b) La previsión, en el documento de la agenda o del programa de actuación del plan, de la ejecución inmediata del planeamiento y el establecimiento del plazo concreto para esta ejecución, que debe ser proporcionado a la magnitud de la actuación.
c) Una evaluación económica de la rentabilidad de la operación, en la que hay que justificar, en términos comparativos, el rendimiento económico derivado de la ordenación vigente y el que resulta de la nueva ordenación.
Esta evaluación debe incluirse en el documento de la evaluación económica y financiera, como separata.
2. Las modificaciones de instrumentos de planeamiento general a que se refiere el apartado 1 quedan también sujetas a las particularidades y tienen los efectos siguientes:
a) Si las determinaciones del planeamiento general que han de modificarse tienen una vigencia inferior a cinco años, requieren el informe favorable de la comisión territorial de urbanismo competente, previamente a su tramitación. El informe ha de solicitarse por parte de la administración competente para tramitarlo y se entiende emitido en sentido favorable si transcurren tres meses desde que se solicitó sin que se haya notificado. Los motivos que justifican la modificación deben estar explicitados convenientemente en la solicitud de informe y han de fundamentarse en razones de interés público debidamente enumeradas y objetivadas.
b) El incumplimiento de los plazos establecidos por la modificación para iniciar o para terminar las obras de urbanización o para edificar los solares resultantes comporta que la administración actuante adopte las medidas necesarias para que la actuación se ejecute o para volver a la ordenación anterior a la modificación.
3. Si las modificaciones de instrumentos de planeamiento general conllevan un incremento de techo edificable y se refieren a sectores o a polígonos de actuación urbanística sujetos a la cesión de suelo con aprovechamiento, deben establecer el porcentaje de cesión del 15% del incremento del aprovechamiento urbanístico.»
Artículo 41. Modificación del artículo 101 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se añade un nuevo apartado, el 3, al artículo 101 del texto refundido de la Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«3. La iniciativa privada no tiene derecho al trámite para la aprobación de las propuestas de modificación de los planes de ordenación urbanística municipal que presente. Sin embargo, el ayuntamiento puede asumir expresamente la iniciativa pública para formularlas.»
Artículo 42. Modificación del artículo 103 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 103 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 103. Publicidad del planeamiento urbanístico.
1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico son públicos.
Todas las personas pueden consultarlos en todo momento, informarse de su contenido y obtener copias en el ayuntamiento correspondiente o en el Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña.
2. El Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña garantiza la publicidad de los instrumentos de planeamiento urbanístico en vigor mediante la consulta pública presencial y telemática de los instrumentos depositados en el mismo.
3. La publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de los acuerdos de aprobación definitiva de los planes urbanísticos adoptados por la Administración de la Generalidad debe incluir el enlace con el Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña que permita la consulta telemática del contenido de los documentos que conforman el plan, para facilitar el acceso inmediato al contenido de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
4. Todas las personas tienen derecho a ser informadas por escrito por el ayuntamiento que corresponda, en el plazo de un mes a contar desde la solicitud, del régimen urbanístico aplicable a una finca o un sector de suelo, mediante la emisión de certificados de régimen urbanístico. Los titulares del derecho de iniciativa en las actuaciones de urbanización ejercen el derecho de consulta mediante la solicitud de los correspondientes certificados de régimen urbanístico o, en el caso del suelo urbanizable no delimitado, mediante el procedimiento de consulta establecido por el artículo 75.
5. La publicidad relativa a una urbanización de iniciativa privada debe explicitar la fecha de aprobación definitiva del correspondiente plan y el órgano administrativo que la ha acordado, no pudiendo contener ninguna indicación contradictoria con el contenido de dicho plan.»
Artículo 43. Modificación del artículo 106 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
1. Se modifica el apartado 3 del artículo 106 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«3. La constitución de la garantía a que se refiere el artículo 107.3 es condición de eficacia de la ejecutividad de los planes urbanísticos derivados y de los proyectos de urbanización de iniciativa privada. El plazo para acreditar la constitución de la garantía ante la administración urbanística que corresponda es de un año. Transcurrido dicho plazo sin que se haya acreditado, la administración debe requerir a las personas obligadas que cumplan su obligación y les ha de advertir que, si no lo efectúan en el plazo concedido a tal fin, la tramitación del plan queda sin ningún efecto, de acuerdo con lo que se establezca por reglamento.»
2. Se deroga el apartado 4 del artículo 106 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Artículo 44. Modificación del artículo 108 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el apartado 2 del artículo 108 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«2. En las construcciones e instalaciones que están fuera de ordenación no pueden autorizarse obras de consolidación ni de aumento de volumen, salvo las reparaciones que exijan la salubridad pública, la seguridad de las personas o la buena conservación de dichas construcciones e instalaciones, así como las obras destinadas a facilitar la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas de conformidad con la legislación sectorial en esta materia. Las obras que se autoricen en ellas no suponen aumento del valor ni en el caso de expropiación ni en el caso de reparcelación.»
Artículo 45. Modificación del artículo 114 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 114 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 114. Iniciación de un expediente expropiatorio por ministerio de la ley.
1. Una vez transcurridos dos años desde que se haya agotado el plazo establecido por el programa de actuación urbanística o la agenda de las actuaciones a desarrollar, o cinco años desde la entrada en vigor del plan de ordenación urbanística municipal, cuando este no establece el plazo para la ejecución de la correspondiente actuación urbanística, si no se ha iniciado el procedimiento de expropiación de los terrenos reservados para sistemas urbanísticos que, en virtud de las determinaciones del plan de ordenación urbanística municipal, deban ser necesariamente de titularidad pública y que no estén incluidos, al efecto de su gestión, en un polígono de actuación urbanística o en un sector de planeamiento urbanístico, los titulares de los bienes pueden advertir a la administración competente de su propósito de iniciar el expediente de aprecio. Si transcurren dos años desde la formulación de la advertencia y la administración no ha dado respuesta, los titulares de los bienes pueden presentar la hoja de aprecio.
2. Si la administración que corresponda no inicia el expediente de expropiación en el plazo de dos años posteriores a la advertencia formulada de conformidad con el apartado 1, los titulares de los bienes pueden presentar la hoja de aprecio correspondiente, momento en que el expediente de expropiación se inicia por ministerio de la ley y al cual se entiende referida su valoración. Si transcurren tres meses sin que la administración acepte la valoración, los titulares de los bienes se pueden dirigir al Jurado de Expropiación de Cataluña para que fije el justiprecio, cuya resolución agota la vía administrativa. Una vez determinado el justiprecio debe pagarse la cantidad que resulte en el plazo máximo de seis meses. Esta cantidad devenga intereses por demora a favor de la persona expropiada desde el momento en que haya transcurrido el plazo mencionado y hasta que se haya pagado.
3. Las determinaciones del presente artículo se aplican también en el caso de terrenos incluidos en polígonos de actuación urbanística o en sectores de planeamiento urbanístico en que el sistema de actuación sea el de expropiación.
4. Lo establecido por los apartados 1, 2 y 3 no se aplica a:
a) Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable o como suelo urbanizable no delimitado.
b) Los terrenos clasificados como suelo urbanizable delimitado, si se dedican a la explotación agrícola, ganadera, forestal o cinegética o, en general, a actividades propias de su naturaleza rústica y compatibles con la clasificación y la afectación mencionadas hasta la ejecución de las determinaciones del planeamiento urbanístico.
c) Los terrenos sobre los que se ha obtenido la autorización para el uso o la obra provisionales, de acuerdo con el artículo 53.
d) Los terrenos donde haya construcciones o instalaciones en uso o susceptibles de ser utilizadas, ya sea para uso propio o para obtener un rendimiento económico.
e) Los terrenos reservados para sistemas generales que han de ser ejecutados mediante el correspondiente proyecto sectorial.
5. El cómputo de los plazos para advertir a la administración que corresponda, para presentar la hoja de aprecio correspondiente y para dirigirse al Jurado de Expropiación de Cataluña para que fije el justiprecio establecidos en los apartados 1 y 2 queda suspendido si los órganos competentes para la aprobación inicial de una figura de planeamiento urbanístico adoptan el acuerdo pertinente de conformidad con los artículos 73 y 74. En los ámbitos afectados por este acuerdo, la suspensión también conlleva la de los procedimientos de aprecio instados ante el Jurado de Expropiación de Cataluña de acuerdo con la condición segunda del apartado 2. El cómputo de los plazos y la tramitación de los expedientes de expropiación por ministerio de la ley iniciados se reanudan si transcurre el plazo de suspensión acordado sin que se haya producido la publicación a efectos de la ejecutividad de la figura de planeamiento urbanístico tramitada. Si la publicación se realiza antes de que el Jurado de Expropiación de Cataluña fije el justiprecio de los bienes y la nueva figura de planeamiento no determina su expropiación, los expedientes de expropiación por ministerio de la ley iniciados quedan sin objeto. En este caso, la resolución que ponga fin al procedimiento correspondiente debe manifestar estas circunstancias y ordenar el archivo de las actuaciones, sin que se produzca la expropiación de los bienes.»
Artículo 46. Modificación del artículo 116 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el apartado 3 del artículo 116 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«3. La ejecución de los sistemas urbanísticos previstos en el plan de ordenación urbanística municipal puede llevarse a cabo directamente, siempre que las previsiones contenidas en el plan estén suficientemente detalladas; de no ser así, es necesario haber aprobado un plan especial urbanístico de desarrollo. En el caso de sistemas urbanísticos establecidos mediante un plan especial urbanístico autónomo, este instrumento es suficiente para proceder a la ejecución urbanística.»
Artículo 47. Modificación del artículo 118 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el apartado 1 del artículo 118 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Los polígonos de actuación urbanística son los ámbitos territoriales mínimos para llevar a cabo la gestión urbanística integrada. Los sectores de planeamiento urbanístico derivado pueden constituir un único polígono de actuación urbanística o bien subdividirse en dos o más polígonos. Los sectores de planeamiento urbanístico derivado y los polígonos de actuación urbanística pueden ser físicamente discontinuos. Pueden concretarse por reglamento los supuestos de discontinuidad.»
Artículo 48. Modificación del artículo 119 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica la letra e del apartado 2 del artículo 119 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactada del siguiente modo:
«e) Una vez aprobado definitivamente o acreditado el acto presunto, según lo establecido en la legislación de procedimiento administrativo común, la administración debe ordenar su publicación y notificación reglamentarias y, si procede, la correspondiente formalización.»
Artículo 49. Modificación del artículo 123 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el apartado 3 del artículo 123 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«3. Las entidades urbanísticas colaboradoras pueden constituirse de forma provisional, con una vigencia que establezca el documento público de constitución, que puede llegar a ser de tres años, con la finalidad de formular la documentación e instar a efectuar las tramitaciones necesarias para facilitar y agilizar su constitución definitiva.»
Artículo 50. Modificación del artículo 128 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se añade un nuevo apartado, el 3, al artículo 128 del texto refundido de la Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«3. Las certificaciones del acuerdo de aprobación a que se refieren los apartados 1 y 2 deben incluir la especificación de que la aprobación definitiva ha sido notificada a todas las personas titulares interesadas. En el supuesto de que haya que satisfacer indemnizaciones por la extinción de derechos de propiedad sobre las fincas aportadas a personas que, por la escasa cuantía de sus derechos, no resulten adjudicatarias de fincas, la certificación debe acompañarse con la acreditación del pago o de la consignación de estas indemnizaciones.»
Artículo 51. Modificación del artículo 157 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
1. Se modifica la letra a del apartado 2 del artículo 157 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactada del siguiente modo:
«a) Cada área residencial estratégica tiene que constituir ya sea un sector de suelo urbanizable delimitado, cuya clasificación se establece por medio del plan director urbanístico que efectúa la delimitación, en el caso de que no tenga esta clasificación de acuerdo con el planeamiento general municipal vigente, ya sea un sector de planeamiento derivado en suelo urbano no consolidado establecido por el planeamiento general municipal vigente. La transformación urbanística del sector se lleva a cabo directamente a partir de la aprobación definitiva del plan director urbanístico, tramitado de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 76.1 y 83, el cual establece la ordenación detallada del sector con el grado de precisión propio de un plan urbanístico derivado y puede concretar el trazado y las características de las obras de urbanización con el contenido propio de los proyectos de urbanización.»
2. Se modifica el apartado 4 del artículo 157 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«4. Corresponden a la administración actuante de las áreas residenciales estratégicas los derechos y las facultades que establece el artículo 23, incluida la aprobación de los proyectos de urbanización y los proyectos de urbanización complementarios. En este último caso no es preceptivo el trámite de información pública, salvo que sea necesario modificar el proyecto para la ejecución de las obras de urbanización básicas si está incorporado en el planeamiento. Si es así, el proyecto de urbanización complementario es tramitado por la administración actuante siguiendo el procedimiento establecido por el artículo 119.2. Si las áreas residenciales estratégicas se desarrollan por el sistema de reparcelación en alguna de las modalidades de compensación, corresponde a la administración actuante la declaración de incumplimiento de la obligación de urbanizar a que hace referencia el artículo 186, la cual obliga a acordar el cambio de sistema de actuación o el cambio de modalidad de este sistema.»
Artículo 52. Adición de un nuevo artículo, el 157 bis, al texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se añade un nuevo artículo, el 157 bis, al texto refundido de la Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«Artículo 157 bis. Sectores de interés supramunicipal.
1. Los sectores de interés supramunicipal son actuaciones de especial relevancia social o económica o de características singulares que promueve la Administración de la Generalidad mediante la elaboración de planes directores urbanísticos cuya aprobación definitiva permite llevar a cabo directamente la transformación urbanística del suelo.
2. Los sectores de interés supramunicipal han de situarse en los ámbitos de interés territorial definidos por el planeamiento territorial, en coherencia con sus normas, y deben poder garantizar una buena accesibilidad a la red de comunicaciones. En caso de que la actuación de interés territorial no esté prevista en el planeamiento territorial, es requisito previo para la formulación y la aprobación del plan director urbanístico correspondiente el acuerdo de la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo que reconozca el interés territorial de la actuación.
3. Corresponden a la administración actuante de los sectores de interés supramunicipal los derechos y las facultades que establece el artículo 23 y los que, para las áreas residenciales estratégicas, establece el artículo 157.4.»
Artículo 53. Modificación del artículo 160 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
1. Se modifica el apartado 5 del artículo 160 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«5. El patrimonio de suelo y de vivienda de los entes públicos se destina a las siguientes finalidades:
a) Prever, poner en marcha y desarrollar, técnica y económicamente, la expansión de las poblaciones y la mejora de la calidad de vida.
b) Hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda digna y adecuada.
c) Intervenir en el mercado inmobiliario para abaratar el precio del suelo urbanizado y facilitar la adquisición de sistemas urbanísticos.
d) Formar reservas para proteger y tutelar el suelo no urbanizable.»
2. Se añade un nuevo apartado, el 5 bis, al artículo 160 del texto refundido de la Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«5 bis. Para llevar a cabo actuaciones vinculadas a las finalidades a que se refiere el apartado 5, se pueden entregar los bienes inmuebles que integran los patrimonios públicos de suelo y de vivienda como contraprestación en concepto de pago, para retribuir a los contratistas de acuerdo con la legislación aplicable en materia de contratos del sector público. Pueden especificarse por reglamento las actuaciones mencionadas y los términos en que es posible retribuir a los contratistas con bienes de los patrimonios públicos de suelo y de vivienda.»
Artículo 54. Modificación del artículo 163 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el apartado 2 del artículo 163 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«2. El suelo correspondiente al porcentaje de aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria y gratuita, tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable, se incorpora al patrimonio municipal de suelo y de vivienda.»
Artículo 55. Modificación del artículo 164 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el apartado 2 del artículo 164 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«2. Los ingresos obtenidos mediante la enajenación y la gestión de los bienes del patrimonio municipal de suelo y de vivienda forman parte de este patrimonio y deben consignarse en un depósito específico. Estos ingresos han de destinarse a conservar, administrar y ampliar dicho patrimonio para lograr cualquiera de las finalidades que determina el artículo 160.5.»
Artículo 56. Modificación de la rúbrica de la sección tercera del capítulo III del título quinto del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica la rúbrica de la sección tercera del capítulo III del título quinto del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactada del siguiente modo:
«Sección tercera. Transmisión de bienes del patrimonio público de suelo y de vivienda y constitución del derecho de superficie.»
Artículo 57. Modificación del artículo 165 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 165 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 165. Normativa de aplicación a la transmisión de bienes de los patrimonios públicos de suelo y de vivienda.
La transmisión de bienes de los patrimonios públicos de suelo y de vivienda para la consecución de sus finalidades ha de ajustarse, con carácter general, a los requisitos que establece la legislación aplicable sobre patrimonio de las administraciones públicas y, con carácter especial, a los requisitos que establece específicamente la presente ley.»
Artículo 58. Modificación del artículo 166 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 166 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 166. Normas generales para la transmisión de bienes de los patrimonios públicos de suelo y de vivienda.
1. La transmisión de bienes de los patrimonios públicos de suelo y de vivienda, como norma general, se efectúa con carácter oneroso, por precio igual o superior al que resulta de su valoración, excepto en los supuestos regulados por el artículo 167 y la legislación aplicable en materia de vivienda, que puede ser por cesión gratuita o enajenación onerosa por precio inferior al de su valoración.
2. Las administraciones públicas o las entidades urbanísticas especiales que gestionan el correspondiente patrimonio público de suelo y de vivienda pueden ceder gratuitamente o enajenar con carácter oneroso los bienes que están integrados en el mismo mediante un concurso público, salvo los supuestos regulados por esta sección y por la legislación aplicable en materia de vivienda, en los que se puede hacer por adjudicación directa.»
Artículo 59. Modificación del artículo 167 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 167 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 167. Cesión gratuita y enajenación onerosa por un precio inferior.
1. Las administraciones públicas o las entidades urbanísticas especiales que gestionan el respectivo patrimonio público de suelo y de vivienda pueden ceder gratuitamente los bienes que están integrados en el mismo, o enajenarlos por un precio inferior al de su valoración, a favor de otras administraciones o entidades públicas, o de entidades privadas sin ánimo de lucro, para atender necesidades de vivienda de carácter social o de equipamiento comunitario, para generar actividad económica en áreas deprimidas o para formar reservas para proteger y tutelar el suelo no urbanizable.
2. El órgano competente para acordar la cesión gratuita de los bienes, o la enajenación por un precio inferior al de su valoración, debe concretar en la correspondiente resolución el destino que la justifica, al cual queda vinculado el bien cedido o enajenado, y el plazo para hacerla efectiva. Si el adquirente incumple este plazo o, posteriormente, no destina el bien a la finalidad o el uso vinculados, o no se cumplen las cargas o condiciones impuestas, queda resuelta la cesión o la enajenación y el bien revierte a la administración o la entidad transmisora.»
Artículo 60. Modificación del artículo 168 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 168 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 168. Adjudicación directa.
1. La cesión gratuita y la enajenación onerosa de bienes de los patrimonios públicos de suelo y de vivienda pueden adjudicarse directamente a favor de otra administración pública o de una entidad urbanística especial que gestione el correspondiente patrimonio público de suelo y de vivienda.
2. La enajenación onerosa de bienes de los patrimonios públicos de suelo y de vivienda puede adjudicarse también directamente:
a) A los propietarios de terrenos afectados por el planeamiento urbanístico a sistemas urbanísticos públicos o de bienes que se deseen incorporar al patrimonio público de suelo y de vivienda, para obtenerlos mediante permuta.
b) A favor de cualquier persona, si después de haber efectuado una licitación pública, esta queda desierta o bien resulta fallida por el incumplimiento de las obligaciones de los adjudicatarios, siempre que no haya transcurrido más de un año desde la licitación y que los adquirentes asuman las mismas obligaciones.»
Artículo 61. Modificación del artículo 169 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 169 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 169. Enajenación onerosa de terrenos del Instituto Catalán del Suelo.
La enajenación onerosa de terrenos que sean propiedad del Instituto Catalán del Suelo puede adjudicarse directamente en los supuestos establecidos por el artículo 168 y la legislación en materia de vivienda y, en el resto de supuestos, se puede hacer directamente con el anuncio previo de la enajenación en dos de los diarios de mayor difusión de la comarca y en el tablón de anuncios del ayuntamiento del municipio al que pertenezcan para promover la concurrencia de ofertas.»
Artículo 62. Modificación del artículo 170 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 170 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 170. Condiciones resolutorias a las que deben sujetarse las transmisiones de bienes de los patrimonios públicos de suelo y de vivienda.
1. El documento público en que conste la transmisión de bienes de los patrimonios públicos de suelo y de vivienda debe establecer el destino final de los bienes transmitidos, el plazo para hacerla efectiva y las demás limitaciones y condiciones que la administración o entidad transmitente considere convenientes.
2. La persona adquirente, mediante el documento público de transmisión, debe obligarse a destinar los bienes transmitidos a la finalidad establecida en los plazos fijados, y a no transmitir los bienes adquiridos a terceras personas por actos ínter vivos mientras no los destine a esta finalidad, salvo que la administración o entidad transmitente lo autorice. El cumplimiento de estas obligaciones debe garantizarse mediante una condición resolutoria expresa del contrato de transmisión. Si la persona adquirente incumple los plazos fijados para destinar los bienes a la finalidad establecida, la administración o entidad transmitente puede exigir el cumplimiento de esta obligación finalista o resolver el contrato de transmisión, con el resarcimiento de los daños y el abono de intereses en ambos casos teniendo en cuenta las indemnizaciones o penalizaciones que, en su caso, la administración o entidad transmitente establezca en el documento público de transmisión. Sin embargo, la administración o entidad transmitente puede prorrogar los plazos fijados para cumplir dicha obligación. El documento público de transmisión también debe establecer como condición resolutoria expresa el hecho de que, en el plazo de cinco años y antes de edificar los terrenos, se apruebe una modificación del planeamiento urbanístico general que comporte un incremento del valor de los terrenos. Esta modificación solo puede tener lugar por las circunstancias sobrevenidas que objetivamente legitimen la modificación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 97.2.a.
3. Las condiciones a que se refieren los apartados 1 y 2 han de hacerse constar en la inscripción de la transmisión que se formalice en el Registro de la Propiedad de acuerdo con la legislación registral de aplicación y con los efectos que la misma establece.»
Artículo 63. Modificación del artículo 171 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el apartado 4 del artículo 171 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«4. En caso de que los terrenos a que hace referencia el apartado 1 integren el patrimonio público de suelo y de vivienda, la constitución onerosa o gratuita del derecho de superficie ha de ajustarse a lo establecido por los artículos 165 a 170.»
Artículo 64. Modificación del artículo 187 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
1. Se modifica la letra e del apartado 2 del artículo 187 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactada del siguiente modo:
«e) El cambio de uso de los edificios e instalaciones.»
2. Se modifica el apartado 3 del artículo 187 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«3. Las licencias se otorgan sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean preceptivas de acuerdo con la legislación de régimen local o sectorial.»
3. Se modifica el apartado 4 del artículo 187 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«4. No están sujetas la licencia urbanística:
a) Las obras de urbanización que constan en los planes y proyectos debidamente aprobados.
b) Las parcelaciones o la división de fincas incluidas en un proyecto de reparcelación.
c) Las obras que han de llevarse a cabo en cumplimiento de una orden de ejecución o de restauración en los supuestos que la legislación de régimen local o la legislación urbanística eximen de licencia previa.
d) Las obras y actuaciones que las ordenanzas municipales, en los términos establecidos por la legislación de régimen local y en función de la entidad de las obras o las actuaciones a realizar, o la legislación urbanística sujetan al régimen de comunicación previa al ayuntamiento.»
4. Se añade un nuevo apartado, el 5, al artículo 187 del texto refundido de la Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«5. Queda sujeto al régimen de comunicación previa al ayuntamiento, de acuerdo con el procedimiento que establece la legislación de régimen local, la primera utilización y ocupación de los edificios y construcciones. La comunicación ha de acompañarse de la certificación del facultativo director que acredite la fecha de finalización de las obras y de que estas se han efectuado de acuerdo con el proyecto aprobado o con las modificaciones posteriores y las condiciones impuestas, y que la edificación está en condiciones de ser utilizada.»
Artículo 65. Modificación del artículo 200 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el apartado 3 del artículo 200 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«3. El municipio ejerce la potestad de protección de la legalidad urbanística respecto a las vulneraciones cometidas en su territorio. El departamento competente en materia de urbanismo también ejerce la potestad de protección de la legalidad urbanística con respecto a presuntas infracciones graves y muy graves. Debe establecerse por reglamento el sistema para coordinar el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística entre las administraciones competentes. Con carácter general, este sistema debe fundamentarse en el ejercicio preferente de esta potestad por el ayuntamiento, sin perjuicio de regular supuestos especiales en que no sea así con relación a vulneraciones de la legalidad urbanística cometidas en suelo no urbanizable y en terrenos que el planeamiento urbanístico reserva para sistemas urbanísticos generales.»
Artículo 66. Derogación del apartado 2 del artículo 202 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se deroga el apartado 2 del artículo 202 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Artículo 67. Modificación del artículo 205 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 205 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 205. Órdenes de suspensión de obras y requerimientos de legalización.
1. La administración que corresponda ha de incoar el procedimiento de protección de la legalidad urbanística en relación con los actos de edificación o de uso del suelo y del subsuelo que se efectúan sin el título administrativo que habilita para llevarlos a cabo o sin la comunicación previa requerida, o los que no se ajusten al contenido del título administrativo otorgado o de la comunicación previa efectuada.
2. Si los actos a que se refiere el apartado 1 están en curso de ejecución, el órgano competente debe ordenar la suspensión provisional, junto con el acuerdo de incoación del procedimiento. La orden de suspensión ha de comunicarse a las personas afectadas para que la cumplan inmediatamente y para que, en el plazo de quince días, puedan formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. El órgano competente debe ratificar o revocar la orden de suspensión en el plazo de quince días posteriores a la finalización del trámite de audiencia; en caso contrario, la orden queda automáticamente sin efecto, sin perjuicio de que posteriormente pueda dictarse una nueva orden de suspensión provisional.
3. Si los actos a que se refiere el apartado 1 ya se han ejecutado o se ha ratificado la orden de suspensión, el órgano competente debe requerir a la persona interesada que, en el plazo de dos meses a contar desde la notificación, solicite el título administrativo que la habilite para llevarlos a cabo, o efectúe la comunicación requerida o, en su caso, ajuste las obras o las actuaciones al contenido del título administrativo otorgado o de la comunicación previa efectuada, salvo que estos actos sean manifiestamente ilegalizables.»
Artículo 68. Modificación del artículo 206 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 206 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 206. Restauración de la realidad física alterada.
1. Una vez transcurrido el plazo de dos meses establecido por el artículo 205 sin que se haya solicitado el título administrativo habilitante correspondiente o sin que se hayan ajustado las obras o las actuaciones a su contenido, el órgano competente, mediante la resolución del procedimiento de restauración, debe acordar el derribo de las obras, a cargo de la persona interesada, y debe impedir definitivamente los usos a que podían dar lugar. Debe proceder del mismo modo si las obras o las actuaciones son manifiestamente ilegales o si el título administrativo habilitante se deniega porque su otorgamiento sería contrario a las prescripciones del ordenamiento urbanístico.
2. Si, en el supuesto a que se refiere el apartado 1, la persona interesada no ejecuta las medidas de restauración acordadas en el plazo de un mes, el órgano competente puede ordenar su ejecución forzosa.
3. En los supuestos de ejecución subsidiaria de las medidas de restauración acordadas, la orden de restauración que se dicte habilita para ejecutar las obras de que se trate, y en ningún caso es exigible solicitar licencia urbanística. A tal fin, la autoridad que ejecute subsidiariamente la orden dictada debe elaborar y aprobar el proyecto técnico que permita la ejecución material de las obras a cargo de la persona obligada.»
Artículo 69. Modificación del artículo 207 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 207 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 207. Prescripción de la acción de restauración y de la orden de restauración.
1. La acción de restauración de la realidad física alterada y del orden jurídico vulnerado prescribe a los seis años de haberse producido la vulneración de la legalidad urbanística o, en su caso, la finalización de las actuaciones ilícitas o el cese de la actividad ilícita. Si estas actuaciones tienen el amparo de un título administrativo ilícito, la acción de restauración prescribe a los seis años de haberse producido la correspondiente declaración de nulidad o anulabilidad, ya sea en vía administrativa ya sea por sentencia judicial firme.
2. Las órdenes de restauración y las obligaciones derivadas de la declaración de indemnización por daños y perjuicios prescriben a los seis años.
3. No obstante lo dispuesto por los apartados 1 y 2, la acción de restauración y la orden dictada de restauración no prescriben nunca con relación a las vulneraciones de la legalidad urbanística que se producen en terrenos que el planeamiento urbanístico destina al sistema urbanístico de espacios libres públicos o al sistema viario, o clasifica o tiene que clasificar como suelo no urbanizable en virtud de lo dispuesto por el artículo 32.a.»
Artículo 70. Modificación del artículo 209 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 209 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 209. Efectos de la incoación de expedientes de revisión de licencias en la primera ocupación de los edificios y las construcciones.
1. La suspensión de efectos de licencias otorgadas y la incoación de expedientes de revisión administrativa impide la primera ocupación de los edificios y construcciones.
2. El otorgamiento de cédulas de habitabilidad por razón de la primera ocupación de las viviendas y el suministro de servicios para el equipamiento de los edificios deben ajustarse a lo establecido por la legislación en materia de vivienda.»
Artículo 71. Modificación del artículo 210 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 210 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 210. Actos nulos.
Las licencias, las órdenes de ejecución y demás actos administrativos de naturaleza urbanística que se adopten con relación a los terrenos que el planeamiento urbanístico destina al sistema urbanístico de espacios libres públicos o al sistema viario, o clasifica o tiene que clasificar como suelo no urbanizable en virtud de lo dispuesto por el artículo 32.a, que infringen las determinaciones de esta ley, de los planes urbanísticos o de las ordenanzas urbanísticas municipales son nulos de pleno derecho.»
Artículo 72. Derogación del apartado 3 del artículo 212 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se deroga el apartado 3 del artículo 212 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Artículo 73. Modificación del artículo 213 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 213 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 213. Infracciones urbanísticas muy graves.
Son infracciones urbanísticas muy graves:
a) Los actos de parcelación urbanística, de urbanización, de uso del suelo y el subsuelo y de edificación contrarios al ordenamiento jurídico urbanístico que se lleven a cabo en terrenos que el planeamiento urbanístico clasifica o tiene que clasificar como suelo no urbanizable en virtud de lo dispuesto por el artículo 32.a, o en terrenos situados en cualquier clase de suelo que el planeamiento urbanístico reserva para sistemas urbanísticos generales o bien para sistemas urbanísticos locales de espacios libres, sistema viario o de equipamientos comunitarios deportivos públicos.
b) La tala o derribo de árboles que suponga la desaparición de espacios boscosos o de arboledas protegidos por el planeamiento urbanístico.
c) La vulneración, en más de un 30%, en suelo urbano o urbanizable delimitado, de los parámetros imperativos establecidos por el planeamiento urbanístico relativos a densidad de viviendas, número de establecimientos, techo, altura, volumen, situación de las edificaciones y ocupación permitida de la superficie de las fincas o parcelas.
d) La división o segregación de terrenos en suelo no urbanizable objeto de algún régimen de protección especial, en contra de las determinaciones de la presente ley.
e) La vulneración del régimen de usos y obras de los bienes que el planeamiento urbanístico incluye en los catálogos de bienes protegidos.»
Artículo 74. Modificación del artículo 214 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 214 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 214. Infracciones urbanísticas graves
Son infracciones urbanísticas graves:
a) Los actos tipificados por el artículo 213.a que se realicen en suelo no urbanizable distinto del que el planeamiento urbanístico clasifica o debe clasificar como suelo no urbanizable en virtud de lo dispuesto por el artículo 32.a, o en suelo urbanizable no delimitado, o en terrenos que el planeamiento urbanístico reserva para sistemas urbanísticos locales distintos de los de espacios libres, viario o de equipamientos comunitarios deportivos públicos.
b) El incumplimiento, en suelo urbano y suelo urbanizable delimitado, de las determinaciones urbanísticas sobre urbanización, usos del suelo y subsuelo y parcelación urbanística.
c) La vulneración, en más de un 10% y hasta un 30%, en suelo urbano o urbanizable delimitado, de los parámetros imperativos a que se refiere el artículo 213.c.
d) El incumplimiento del deber de conservación de terrenos, urbanizaciones, edificaciones, letreros e instalaciones en general, en condiciones de seguridad.
e) La tala o derribo de árboles integrantes de espacios boscosos o arboledas protegidos por el planeamiento urbanístico que no suponga la desaparición de dichos espacios o arboledas.
f) La división o segregación de terrenos en suelo no urbanizable que no sea objeto de régimen de protección especial alguno, o bien en suelo urbanizable no delimitado, en contra de las determinaciones de la presente ley.
g) Los supuestos tipificados por el artículo 218.1.»
Artículo 75. Modificación del artículo 215 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 215 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 215. Infracciones urbanísticas leves.
Son infracciones urbanísticas leves:
a) El incumplimiento, en suelo urbano y en suelo urbanizable delimitado, de las determinaciones urbanísticas sobre régimen de indivisibilidad de fincas y sobre edificación.
b) La vulneración del ordenamiento jurídico urbanístico en suelo no urbanizable no sujeto a protección especial y en suelo urbanizable sin planeamiento parcial definitivamente aprobado, en los siguientes supuestos:
Primero. En materia de uso del suelo y del subsuelo, si la actuación no comporta hacer edificaciones ni instalaciones fijas.
Segundo. En materia de edificación, si la actuación consiste en la construcción de elementos auxiliares o complementarios de un uso o una edificación preexistentes legalmente implantados.
c) La vulneración, hasta un 10%, en suelo urbano o urbanizable delimitado, de los parámetros imperativos a que se refiere el artículo 213.c.
d) El incumplimiento del deber de conservación de los terrenos, urbanizaciones, edificaciones, letreros e instalaciones en general en condiciones de salubridad y decoro público.
e) Los actos a que se refieren los artículos 213 y 214 que sean legalizables y se ajusten a lo establecido por el artículo 216.
f) Los actos de propaganda de urbanizaciones, por medio de anuncios, carteles, vallas publicitarias, folletos o cartas, por medios informáticos o por cualquier otro sistema de divulgación o difusión que no expresen los datos referentes a la aprobación del correspondiente instrumento de planeamiento o que incluyan indicaciones susceptibles de inducir a error a los consumidores.
g) La tala o abatimiento de árboles sin la correspondiente licencia urbanística, si lo exigen el planeamiento urbanístico o las ordenanzas municipales.
h) Los actos de parcelación, urbanización, edificación o uso del suelo conformes a la legislación y el planeamiento urbanísticos que se lleven a cabo sin el título administrativo habilitante pertinente, sin efectuar la comunicación previa en sustitución de la licencia urbanística requerida o sin ajustarse a su contenido.»
Artículo 76. Derogación de los apartados 4 y 5 del artículo 216 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se derogan los apartados 4 y 5 del artículo 216 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Artículo 77. Modificación del artículo 217 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 217 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 217. Restauración voluntaria de la realidad física o jurídica alterada.
Se aplica una reducción del 80% de la cuantía de la sanción pertinente en el caso de los responsables de la comisión de una infracción urbanística que, antes de que la resolución por la que finalice el procedimiento de protección de la legalidad urbanística pertinente sea firme en vía administrativa, restauren voluntariamente la realidad física o jurídica al estado anterior a la alteración, mediante las operaciones materiales y jurídicas pertinentes. En el caso, que la restauración sea solo parcial, se modula la reducción en proporción al grado de restauración alcanzado.»
Artículo 78. Modificación del artículo 219 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 219 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 219. Cuantía de las sanciones.
1. Las infracciones urbanísticas tipificadas en la presente ley se sancionan con las siguientes multas:
a) Las infracciones urbanísticas leves, con una multa de hasta 3.000 euros.
b) Las infracciones urbanísticas graves, con una multa de hasta 150.000 euros.
c) Las infracciones urbanísticas muy graves, con una multa de hasta 1.500.000 euros.
2. En cualquier caso, las cuantías de las multas fijadas por el apartado 1 han de incrementarse hasta la cuantía del beneficio obtenido por los infractores, si este fuera superior.»
Artículo 79. Modificación del artículo 222 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 222 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 222. Órganos competentes para resolver en los procedimientos sancionadores.
1. En el supuesto de que la potestad de protección de la legalidad urbanística sea ejercida por la administración municipal, los órganos competentes para resolver en los procedimientos sancionadores son los siguientes:
a) El alcalde o alcaldesa, en el caso de infracciones leves y graves.
b) El pleno del ayuntamiento, en el caso de infracciones muy graves.
2. En el supuesto de que la potestad de protección de la legalidad urbanística sea ejercida por los órganos del departamento competente en materia de urbanismo, tienen competencia para resolver sobre el procedimiento sancionador:
a) El director o directora general competente en materia de urbanismo, en el caso de que la multa propuesta sea inferior a 600.000 euros.
b) El consejero o consejera competente en materia de urbanismo, en el caso de que la multa propuesta sea igual o superior a 600.000 euros.
3. Los órganos competentes para resolver sobre los procedimientos sancionadores también lo son para ordenar en el mismo procedimiento las medidas de restauración de la realidad física alterada y del orden jurídico vulnerado. Si las medidas de restauración se adoptan en procedimientos distintos de los procedimientos sancionadores, los órganos competentes para ordenarlas son el alcalde o alcaldesa, si la administración municipal ejerce la potestad de protección de la legalidad urbanística, y el director o directora general competente en materia de urbanismo, si la Administración de la Generalidad ejerce esta potestad.»
Artículo 80. Modificación del artículo 223 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 223 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 223. Vinculación de las multas impuestas a los patrimonios públicos de suelo y de vivienda.
Las administraciones han de destinar al respectivo patrimonio público de suelo y de vivienda los ingresos obtenidos de las multas que impongan en el ejercicio de la potestad sancionadora que establece la presente ley.»
Artículo 81. Modificación del artículo 227 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el artículo 227 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 227. Prescripción de infracciones y de sanciones urbanísticas.
1. Las infracciones urbanísticas muy graves prescriben a los seis años, las graves prescriben a los cuatro años y las leves prescriben a los dos años.
2. El plazo de prescripción fijado por el apartado 1 empieza a contar el día en que se ha cometido la infracción, salvo los casos en que se persista de forma continuada en la conducta constitutiva de infracción o en los casos en que el hecho único constitutivo de infracción se prolongue en el tiempo. En estos casos el plazo de prescripción se computa a partir de la finalización o el cese de la actividad ilícita.
3. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones urbanísticas prescriben a los tres años si son muy graves, a los dos años si son graves y al año si son leves.
4. No obstante lo dispuesto por los apartados 1, 2 y 3, las infracciones urbanísticas cometidas en terrenos que el planeamiento urbanístico destina al sistema urbanístico de espacios libres públicos o al sistema viario, o clasifica o tiene que clasificar como suelo no urbanizable en virtud de lo dispuesto por el artículo 32.a no prescriben, como tampoco prescriben las sanciones impuestas por las infracciones urbanísticas cometidas en los terrenos así calificados o clasificados.
5. En los supuestos regulados por el artículo 216.1, los plazos de prescripción de la infracción y las reglas de competencia de aplicación son los correspondientes a la gravedad de la infracción originaria.»
Artículo 82. Modificación de la disposición adicional segunda del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional segunda del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«4. En las actuaciones de dotación a que se refiere el apartado 3, los propietarios han de ceder el porcentaje del incremento del aprovechamiento urbanístico que corresponda de acuerdo con el artículo 43.1. El cumplimiento de los deberes de los propietarios se hace efectivo mediante el sistema y la modalidad de actuación que se establezcan para la ejecución del polígono de actuación urbanística que a tal efecto debe delimitarse, el cual puede referirse a una única finca. En caso de que el planeamiento determine que, por el hecho de concurrir las circunstancias indicadas por los artículos 43.3 y 100.4.c, respectivamente, el cumplimiento del deber de cesión del porcentaje correspondiente del incremento del aprovechamiento urbanístico que comporte la actuación de dotación y el cumplimiento del deber de cesión de las reservas de suelo para zonas verdes y equipamientos que establece el artículo 100.4 pueden sustituirse por su equivalente dinerario, debe incluir el cálculo del valor total de las cargas imputables a la actuación y los propietarios pueden cumplir el deber de pago sustitutorio de las cesiones, sin necesidad de aplicar ningún sistema ni modalidad de actuación, en el momento de otorgamiento de la licencia de obra nueva o de rehabilitación que habilite la mayor edificabilidad o densidad o el establecimiento del nuevo uso atribuido por la ordenación y como condición previa a la concesión de la licencia.»
Artículo 83. Modificación de la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«2. En el caso de terrenos reservados para sistemas urbanísticos de titularidad pública que no estén comprendidos en ningún ámbito de actuación urbanística, se considera como ámbito espacial homogéneo cada una de las zonas de asignación de usos pormenorizados, públicos y privados, que el plan de ordenación urbanística municipal delimita en suelo urbano.»
Artículo 84. Derogación de la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se deroga la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Artículo 85. Modificación de la disposición adicional octava del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica la disposición adicional octava del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Octava. Municipios sin plan de ordenación urbanística municipal.
Los municipios que se rigen por unas normas de planeamiento urbanístico dictadas por el departamento competente en materia de urbanismo para suplir transitoriamente la ausencia de planeamiento urbanístico general municipal tienen el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de estas normas para elaborar y tramitar un plan de ordenación urbanística municipal. En caso de que en ese plazo el municipio no haya aprobado provisionalmente el plan de ordenación urbanística municipal, corresponde al departamento competente en materia de urbanismo completar la tramitación para otorgar vigencia indefinida a dichas normas.»
Artículo 86. Modificación de la disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley de urbanismo.
1. Se modifica la letra a del apartado 3 de la disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactada del siguiente modo:
«a) En los municipios de más de diez mil habitantes y las capitales de comarca, a los sectores sujetos a un plan de mejora urbana en suelo urbano no consolidado que prevean usos residenciales de nueva implantación y a los sectores de suelo urbanizable con uso residencial, salvo que tengan un planeamiento derivado aprobado inicialmente antes de la entrada en vigor de la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, la sostenibilidad territorial y la autonomía local. El órgano de la Generalidad competente en la materia puede autorizar excepcionalmente la disminución de las reservas de suelo en los sectores para los cuales se establece una densidad inferior a veinticinco viviendas por hectárea y una tipología de edificación incompatible con la construcción de viviendas protegidas.»
Artículo 87. Modificación de la disposición transitoria octava del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se deroga el apartado 4 de la disposición transitoria octava del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Artículo 88. Modificación de la disposición transitoria decimocuarta del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica la disposición transitoria decimocuarta del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Decimocuarta. Solicitudes de autorización de usos y obras en suelo no urbanizable y en suelo urbanizable no delimitado y de usos y obras provisionales.
Los expedientes de solicitud de autorización de usos y obras en suelo no urbanizable y en suelo urbanizable no delimitado y de usos y obras provisionales se tramitan y se aprueban de acuerdo con la normativa urbanística de aplicación en el momento en que tuvieron entrada en el ayuntamiento, pero no se puede denegar su aprobación de acuerdo con esta normativa si los usos y las obras de que se trata son conformes a la normativa urbanística vigente en el momento de resolver los procedimientos instados. Los deberes de los propietarios a que se refiere el artículo 47.7 son de aplicación a todas las solicitudes de autorización.»
Artículo 89. Modificación de la disposición transitoria decimoquinta del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica la disposición transitoria decimoquinta del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Decimoquinta. Autorización de la rehabilitación o la reconstrucción de masías, casas u otras edificaciones situadas en suelo no urbanizable en ausencia de catálogo, y ampliación de edificaciones y actividades en suelo no urbanizable.
1. A efectos de lo establecido por los artículos 47.3 y 50.2, mientras el planeamiento general o un plan especial de iniciativa pública no contenga la catalogación de las construcciones situadas en suelo no urbanizable del término municipal, para regular su reconstrucción o la rehabilitación, pueden autorizarse estas actuaciones mediante el procedimiento establecido por el artículo 48, de cara a destinarlas a alguno de los usos admitidos, incluido el hotelero. La documentación, en este caso, debe incluir una justificación específica de las razones arquitectónicas, históricas, paisajísticas o sociales que determinan la preservación y la recuperación de la edificación o, en su caso, del impacto ambiental o de la necesidad de integración en el paisaje.
2. Las edificaciones y actividades existentes en suelo no urbanizable, debidamente autorizadas de acuerdo con la legislación anterior a la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, que no se ajusten al régimen de uso del suelo no urbanizable que establece la presente ley, pueden ampliarse siempre y cuando el planeamiento urbanístico vigente, aprobado definitivamente antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2002, lo prevea expresamente. La ampliación se autoriza de acuerdo con el procedimiento establecido por el artículo 50.
3. Las edificaciones o instalaciones industriales existentes en suelo no urbanizable, debidamente autorizadas de acuerdo con la legislación urbanística anterior a la Ley 2/2002, mientras no cesen la actividad para la que fueron autorizadas, pueden ser objeto de las obras de conservación, de adecuación y de mejora que sean necesarias para el correcto desarrollo de la actividad. También pueden ser objeto de obras de ampliación si son necesarias para la continuidad de la actividad o para adecuarla a la normativa aplicable en materia de prevención y control ambiental de las actividades, siempre que se justifique suficientemente el interés social de la actividad en términos económicos y de puestos de trabajo. Las obras de ampliación se autorizan con la tramitación previa de un plan especial urbanístico. La autorización requiere que los propietarios acepten, al cesar su uso, desmontar o derribar, sin derecho a percibir indemnización alguna, todas las instalaciones o edificaciones existentes, salvo que, previa tramitación de un plan especial urbanístico, se destinen a usos conformes con el régimen jurídico del suelo no urbanizable. La eficacia de la autorización queda sujeta a las mismas condiciones que para los usos y las obras provisionales establece el artículo 54.3 y 4.»
Artículo 90. Modificación de la disposición transitoria decimoctava del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica la disposición transitoria decimoctava del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Decimoctava. Disposiciones de aplicación hasta la adaptación del Reglamento de la Ley de urbanismo.
Hasta la adaptación del Reglamento de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto 305/2006, de 18 de julio, a esta ley:
a) Se aplican las disposiciones reglamentarias vigentes en todo aquello que no se oponga, no la contradiga ni resulte incompatible.
b) La integración del proceso de evaluación ambiental en los procedimientos de elaboración y aprobación de los planes urbanísticos sigue rigiéndose por el artículo 115 del Reglamento, teniendo en cuenta, con efectos exclusivamente supletorios, el cumplimiento de los siguientes aspectos:
Primero. El avance de los planes urbanísticos sujetos a evaluación ambiental ha debe remitirse al departamento o departamentos competentes en materia de urbanismo y de medio ambiente.
Segundo. El órgano ambiental debe realizar las consultas sobre el alcance del informe de sostenibilidad ambiental y la notificación al promotor del documento de referencia, en el plazo de dos meses.
Tercero. La dirección general competente en materia de urbanismo, en caso de planes tramitados por parte de los entes locales, debe entregar al órgano ambiental, en el plazo de un mes a contar desde la recepción del avance del plan, un informe urbanístico y territorial que incluya la valoración de la adecuación del avance del plan a la legislación urbanística vigente, a las directrices del planeamiento territorial y a los criterios de desarrollo urbanístico sostenible. Dicho informe ha de ser incorporado como anexo al documento de referencia.
Cuarto. Previamente a la aprobación provisional o definitiva, según corresponda, ha de entregarse al departamento o departamentos competentes en materia de urbanismo y de medio ambiente la propuesta de memoria ambiental, junto con una copia de la propuesta de plan que se prevé someter a la aprobación provisional o definitiva.
Quinto. En el plazo de tres meses a contar desde la recepción de la propuesta de memoria ambiental, el departamento o departamentos competentes en materia de medio ambiente y de urbanismo deben remitir la resolución del órgano ambiental sobre la memoria ambiental y, en el caso de planes tramitados por los entes locales, un informe urbanístico y territorial sobre los aspectos del plan relativos a cuestiones de legalidad y a cuestiones de oportunidad de interés supramunicipal, para que puedan ser considerados en el acuerdo de aprobación subsiguiente. En los casos de planes especiales urbanísticos, de planes de mejora urbana y de planes parciales urbanísticos a que se refiere el artículo 81.1, este informe cumple las funciones que establece el artículo 87.1 y tiene sus mismos efectos.»
Artículo 91. Modificación de la disposición final quinta del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Se modifica la disposición final quinta del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Quinta. Autorización para regular la incorporación de las nuevas tecnologías y para dictar otras disposiciones reglamentarias para facilitar la aprobación y la divulgación de los instrumentos urbanísticos.
1. Corresponde al Gobierno regular por decreto las siguientes materias:
a) La incorporación de las nuevas tecnologías electrónicas, telemáticas e informáticas, entre otras, a la tramitación de los instrumentos urbanísticos.
b) La incorporación obligatoria de las nuevas tecnologías de la comunicación y el transporte, y de todas las demás tecnologías vinculadas a la calidad de vida y a la sostenibilidad ambiental urbanas, al conjunto de las obras de urbanización que se establezcan y se ejecuten al servicio de los asentamientos humanos.
2. Por orden del consejero o consejera competente en materia de urbanismo pueden dictarse disposiciones reglamentarias en relación con:
a) La homologación de la documentación integrante de los instrumentos de planeamiento y de ejecución urbanísticos.
b) Los requerimientos técnicos a que ha de sujetarse la presentación al departamento competente en materia de urbanismo de la documentación de los instrumentos urbanísticos para mantener el sistema de información urbanística integrada de Cataluña y para facilitar su divulgación telemática.
c) Los criterios que deben cumplir los instrumentos urbanísticos para concretar las determinaciones y pera precisar y unificar la aplicación de conceptos normativos.
d) Los criterios a seguir en la tramitación y la aprobación de instrumentos urbanísticos y en la autorización de usos y obras en suelo no urbanizable y de usos y obras provisionales.
e) Los criterios interpretativos de aplicación de la legislación urbanística.»
Disposición adicional primera. Modificación de la Ley 31/2010.
1. Se modifica la letra b del apartado 1 del artículo 32 de la Ley 31/2010, de 3 de agosto, del Área Metropolitana de Barcelona, que queda redactada de la siguiente forma:
«b) Los planes especiales urbanísticos de desarrollo de los sistemas urbanísticos de interés metropolitano previstos en el Plan director urbanístico metropolitano o el Plan de ordenación urbanística metropolitano que deben ser ejecutados por el Área Metropolitana de Barcelona.»
2. Se deroga la letra c del apartado 1 del artículo 32 de la Ley 31/2010.
3. Se sustituyen las remisiones que los artículos 30.1.e, 31.a y 33.b de la Ley 31/2010 hacen al artículo 67.1.e del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, por la referencia al artículo 68 del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2010.
Disposición adicional segunda. Supresión de la Comisión de Coordinación de la Política Territorial.
1. Se suprime la Comisión de Coordinación de la Política Territorial creada por la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de política territorial.
Las funciones que la normativa en materia de política territorial le atribuye pasan a ser ejercidas por la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña.
2. Todas las referencias contenidas en la Ley 23/1983 y demás normativa vigente a la Comisión de Coordinación de la Política Territorial se entenderán referidas a la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña.
3. Todas las referencias contenidas en el texto refundido de la Ley de urbanismo y la restante normativa vigente a la Comisión de Urbanismo de Cataluña deben entenderse referidas a la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña.
Disposición adicional tercera. Sustitución de referencias y remisiones.
1. Se sustituyen las referencias que el texto refundido de la Ley de urbanismo efectúa al consejero o consejera «de Política Territorial y Obras Públicas», por referencias al consejero o consejera «competente en materia de urbanismo».
2. Se sustituyen las remisiones que los siguientes artículos del texto refundido de la Ley de urbanismo efectúan a otros artículos, por las que se indican a continuación:
a) En el artículo 46, donde dice «artículo 45.1.a» debe decir «artículo 45.1».
b) En el artículo 108.3, donde dice «artículo 53.5» debe decir «artículo 53.3.f».
c) Las referencias que efectúan los artículos 57.5 y 157.2.c segundo y la disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley de urbanismo a la disposición adicional quinta quedan derogadas.
Disposición adicional cuarta. Parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas.
Todas las referencias que el Decreto 147/2009, de 22 de septiembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos aplicables para la implantación de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas en Cataluña, a los planes especiales urbanísticos del artículo 67.1.e del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, deben entenderse efectuadas, según corresponda, a los planes especiales urbanísticos autónomos o los planes especiales urbanísticos para el desarrollo de los sistemas urbanísticos de equipamientos comunitarios previstos en el planeamiento territorial o urbanístico.
Disposición adicional quinta. Urbanizaciones con déficits urbanísticos.
Para posibilitar la ejecución por fases de las actuaciones urbanísticas afectadas por el ámbito de aplicación de la Ley 3/2009, de 10 marzo, de regularización y mejora de urbanizaciones con déficits urbanísticos, se pueden establecer por reglamento los requisitos que permitan la división de los polígonos de actuación urbanística correspondientes en unidades de gestión urbanística parcial, los mecanismos de compensación entre los propietarios afectados por los desequilibrios entre las diversas unidades dentro del mismo polígono de actuación urbanística y las garantías necesarias para lograr el reparto equitativo de beneficios y cargas derivados del planeamiento urbanístico dentro de cada polígono de actuación urbanística.
Disposición adicional sexta. Ordenación y gestión del litoral en materia de costas.
1. Los planes de distribución de usos y servicios de temporada de las playas establecen las normas sobre la explotación de los servicios que pueden instalarse en las playas durante la temporada estival.
2. Los ayuntamientos, respecto de las playas de su término municipal, deben formular estos planes teniendo en cuenta que:
a) Las playas son de uso público.
b) Las instalaciones han de ser de libre accesos al público, salvo que por razones de policía, de economía u otras razones justificadas de interés público, se autoricen otras modalidades de usos.
c) Las instalaciones han de ser desmontables y situarse preferentemente fuera de la playa, con las dimensiones y distancias que se determinen por reglamento. En conjunto, estas instalaciones no pueden ocupar más de la mitad de la superficie de la playa en la pleamar y han de distribuirse de forma homogénea.
3. Corresponde al departamento competente en materia de costas aprobar los planes de distribución de usos y servicios formulados por los ayuntamientos correspondientes. Los planes aprobados tienen un plazo de vigencia de cinco años.
4. Corresponde al departamento competente en materia de costas autorizar la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y la explotación de los servicios de temporada para los ayuntamientos que lo soliciten, previa aprobación del pertinente plan de distribución de usos y servicios de temporada. Estas autorizaciones son anuales y, en caso de que las exploten terceras personas, el ayuntamiento autorizado deberá velar por el cumplimiento de las condiciones del título administrativo habilitante.
5. El plazo máximo para la notificación de la resolución expresa de los procedimientos de autorización de obras, instalaciones y actividades en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre a que se refiere la legislación en materia de costas es de seis meses. El vencimiento de este plazo sin haberse notificado la correspondiente resolución expresa legitima a la persona interesada para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
6. El órgano competente en materia de costas para otorgar las autorizaciones a que se refiere el apartado 4 puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por las personas interesadas cuando sean manifiestamente contrarias a la legislación vigente en materia de costas.
7. Corresponde al departamento competente en materia de costas autorizar nuevas actuaciones con relación a las obras, las instalaciones y las actividades implantadas legalmente en la zona de servidumbre de protección o del dominio público marítimo-terrestre. No obstante, si estas actuaciones no suponen el incremento de la superficie ocupada o de la volumetría existente, ni cambio del uso autorizado, se sujetan al régimen de comunicación previa. En este caso, la persona interesada debe presentar la comunicación correspondiente conjuntamente con la documentación acreditativa de la implantación legal de las obras y las instalaciones preexistentes y, si el órgano competente en materia de costas no manifiesta motivadamente la disconformidad de la actuación con la legislación aplicable en materia de costas en el plazo de dos meses, puede llevar a cabo la actuación comunicada.
8. Las personas que hayan formulado solicitudes antes de la entrada en vigor de esta ley que tengan por objeto actuaciones que no conllevan el incremento de la superficie ocupada o de la volumetría existente, ni cambio del uso autorizado, pueden llevar a cabo la actuación correspondiente si el órgano competente en materia de costas no se manifiesta en sentido contrario, en el plazo de dos meses desde que la Ley entre en vigor.
Disposición adicional séptima. Plan territorial sectorial agrario.
El Gobierno, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, ha de iniciar los trabajos para la elaboración del Plan territorial sectorial agrario.
Disposición adicional octava. Procedimiento especial de modificación de los planes directores urbanísticos para dejar sin efecto o reducir la delimitación y la ordenación de determinadas áreas residenciales estratégicas.
1. Los planes directores urbanísticos de delimitación y de ordenación de áreas residenciales estratégicas aprobados definitivamente en el momento de la entrada en vigor de la presente ley que manifiesten disfunciones esenciales entre sus determinaciones y las necesidades de suelo actuales y futuras para crear nuevas viviendas pueden modificarse para dejar sin efecto o reducir la delimitación y la ordenación del área residencial estratégica en que se produzcan las disfunciones, mediante el procedimiento y el contenido documental siguientes:
a) Actos preparatorios:
Primero. La dirección general competente en materia de urbanismo ha de que elaborar una memoria justificativa sobre el área residencial estratégica que se pretende dejar sin efecto o reducir, y ha de someterla al trámite de audiencia de quince días a los municipios afectados.
Segundo. La Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña ha de tomar en consideración la memoria justificativa elaborada y el resultado del trámite de audiencia practicado.
b) El consejero o consejera competente en materia de urbanismo puede acordar el inicio del procedimiento especial de modificación si los ayuntamientos afectados no manifiestan expresamente su oposición y si el informe previo emitido por la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña es favorable al inicio del procedimiento.
c) El procedimiento especial de modificación ha de someterse al trámite de información pública durante un período de un mes y, posteriormente, a un nuevo informe de la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña.
d) El consejero o consejera competente en materia de urbanismo puede modificar el plan para dejar sin efecto o reducir el área residencial estratégica de que se trate si el informe de la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña es favorable.
2. La modificación de un plan director urbanístico de delimitación y de ordenación de áreas residenciales estratégicas mediante el procedimiento especial establecido por el apartado 1 supone que la ordenación urbanística aplicable al ámbito territorial afectado es la contenida en el correspondiente plan urbanístico municipal, haya sido adaptado o no al plan director urbanístico modificado. En este sentido, la resolución debe declarar expresamente cuál es el instrumento de planeamiento urbanístico municipal aplicable e indicar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en que se publicaron el acuerdo de aprobación y las normas urbanísticas correspondientes. Esta resolución es eficaz a partir del día después de haber sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3. Las determinaciones de la presente disposición no impiden en ningún caso que los planes directores urbanísticos de delimitación y de ordenación de áreas residenciales estratégicas aprobados definitivamente en el momento de la entrada en vigor de la presente ley puedan modificarse para otras finalidades, siguiendo el procedimiento y el contenido documental que, a todos los efectos, establece el texto refundido de la Ley de urbanismo.
Disposición transitoria primera. Prórroga de las licencias otorgadas de conformidad con la normativa técnica anterior en materia de edificación y vivienda.
1. Las personas titulares de licencias de obras en vigor, otorgadas de conformidad con la normativa técnica en materia de edificación y de vivienda anterior a la normativa aplicable a la entrada en vigor de la presente ley, pueden solicitar la prórroga de la vigencia en las circunstancias siguientes:
a) Si, después de haber iniciado la ejecución de las obras autorizadas, no pueden finalizarlas en los plazos fijados por causa de la coyuntura actual de crisis económica en el sector de la construcción.
b) Si se ha iniciado la estructura del edificio y la adaptación de las obras ejecutadas a las exigencias derivadas de la normativa técnica en materia de edificación y de vivienda aplicable en el momento de la entrada en vigor de la presente ley resulta inviable económicamente.
c) Si las obras autorizadas son conformes a la legislación y planeamiento urbanísticos vigentes en el momento de solicitar la prórroga en todos los aspectos no relacionados con las exigencias especificadas por la letra b.
2. Las personas titulares de licencias de obras que hayan caducado a partir del 1 de enero de 2008, que hayan incurrido en las circunstancias especificadas en el apartado 1, pueden solicitar su rehabilitación y la prórroga.
3. El plazo máximo de prórroga de las licencias de obras a que se refieren los apartados 1 y 2 es el 31 de diciembre de 2014.
4. No son de aplicación a las licencias reguladas por el presente artículo las determinaciones del artículo 189 del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2010.
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio en materia de reservas de suelo para viviendas de protección pública.
1. Los planes de ordenación urbanística municipal vigentes que, de acuerdo con el artículo 57.3 del texto refundido de la Ley de urbanismo en la redacción dada por la presente ley, están exentos de la obligación de hacer reservas mínimas para viviendas de protección oficial, pueden acogerse, mediante la modificación de planeamiento correspondiente, a dicha exención y replantear, si lo consideran necesario, la definición de los objetivos del plan en esta materia para los ámbitos de actuación que no tengan aprobado definitivamente el correspondiente proyecto de reparcelación.
2. Las exenciones que en materia de reservas mínimas para vivienda de protección oficial establecido en el artículo 57.3 del texto refundido de la Ley de urbanismo en la redacción dada por la presente ley, se aplican también a los planes de ordenación urbanística municipal en trámite, en su caso.
Disposición transitoria tercera. Otros regímenes transitorios de aplicación.
1. Las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico general aprobadas inicialmente antes de la entrada en vigor de la presente ley que comporten un incremento del techo edificable, de la densidad del uso residencial o de la intensidad del uso industrial, o la transformación los usos establecidos antes, continúan rigiéndose por la normativa anterior en cuanto al establecimiento del porcentaje de cesión de suelo con aprovechamiento que establece el artículo 99 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
2. El porcentaje de cesión de suelo con aprovechamiento del 15% que establece el artículo 45.1 del texto refundido de la Ley de urbanismo, en la redacción de la presente ley y, en consecuencia, el porcentaje de aprovechamiento urbanístico del artículo 40.2 del texto refundido de la Ley de urbanismo, en la redacción de la presente ley, son de aplicación a los suelos urbanizables que alcancen esta clasificación mediante los instrumentos de planeamiento urbanístico general o sus revisiones o modificaciones que se aprueben inicialmente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. Las modificaciones de los instrumentos de planeamiento general aprobados definitivamente de conformidad con la normativa anterior que se aprueben inicialmente a partir de la entrada en vigor de la presente ley y que supongan un incremento del techo edificable de sectores de suelo urbanizable deben establecer el porcentaje de cesión del 15% del incremento del aprovechamiento urbanístico, aparte de la cesión ordinaria que correspondía al sector.
3. Las determinaciones sobre expedientes de expropiación por ministerio de la ley del artículo 114 del texto refundido de la Ley de urbanismo, en la redacción de la presente ley, se aplican los expedientes que, cuando esta entre en vigor, las personas interesadas aún no hayan presentado la hoja de aprecio que corresponda ante la administración pertinente.
Disposición derogatoria.
Se derogan las siguientes disposiciones legales y reglamentarias:
a) La disposición final segunda, relativa al plazo para la adaptación del Reglamento de la Ley de urbanismo, del Decreto legislativo 1/2010.
b) La disposición adicional quinta de la Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas.
c) La disposición adicional quinta de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
d) Los artículos 90 y 91 del Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales.
e) Los artículos 58.a, 151, 224.2.a in fine y 3, 225.2 y 276.4 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo.
f) Todas las demás disposiciones que se opongan a lo que establece la presente ley.
Disposición final primera. Adaptación del Reglamento de la Ley de urbanismo.
Corresponde al Gobierno, en el plazo de dieciocho meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, adaptar el Reglamento de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto 305/2006.
Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario de las disposiciones en materia de ordenación y gestión del litoral.
Corresponde al Gobierno dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y la aplicación de la disposición adicional sexta.
Disposición final tercera. Suspensión de la eficacia temporal del artículo 114 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
A partir de la entrada en vigor de la presente ley, el cómputo de los plazos para advertir a la administración competente, para presentar la hoja de aprecio correspondiente y para dirigirse al Jurado de Expropiación de Cataluña para que fije el precio justo establecidos por el artículo 114.1 y 2 del texto refundido de la Ley de urbanismo quedan suspendidos hasta el 31 de diciembre de 2013.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
1. La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. La obligación de proporcionar el enlace al Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña en la publicación de los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 103.3 del texto refundido de la Ley de urbanismo, en la redacción de la presente ley, entra en vigor el 30 de junio de 2012.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.
Palacio de la Generalidad, 22 de febrero de 2012.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas i Gavarró.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 6077, de 29 de febrero de 2012) | El TC levanta la suspensión a ley de urbanismo catalana pero veta que se ceda suelo para generar actividad económica | EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto.
PREÁMBULO
I
La Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, supuso en su momento un paso importante en la voluntad de dar respuesta a las nuevas necesidades económicas y sociales del país, apostando claramente por un desarrollo urbanístico sostenible, sobre la base de la utilización racional del territorio, para compatibilizar el crecimiento y el dinamismo económicos necesarios con la cohesión social, el respeto al medio ambiente y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Otro de los objetivos de la Ley 2/2002 fue el de efectuar una simplificación de los procedimientos urbanísticos, para propiciar su celeridad y eficacia. Los principios que inspiraron la citada Ley 2/2002, y que, esencialmente, se han mantenido en las reformas legislativas posteriores hasta el texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, continúan hoy siendo plenamente válidos y vigentes. La modificación que ahora se plantea, pues, no supone un cambio conceptual, sino, básicamente, un cambio instrumental y técnico a considerar en el contexto de medidas legislativas impulsadas últimamente en otros ámbitos de la actividad de la Administración de Cataluña, de acuerdo con los objetivos definidos en el Plan de Gobierno 2011-2014, de agilidad y reestructuración de la Administración, de simplificación de la regulación administrativa y de promoción de la actividad económica. En este contexto, se detectan algunos aspectos del texto refundido de la Ley de urbanismo que son susceptibles de mejora. Por otro lado, la experiencia acumulada en la aplicación de la norma pone de manifiesto la conveniencia de ajustar algunos aspectos concretos que en la práctica no resultan suficientemente adecuados para ordenar determinadas realidades, que no son suficientemente eficientes para el cumplimiento de las finalidades pretendidas o que generan dudas que conviene aclarar.
Con estos objetivos, y al amparo de la competencia exclusiva en materia de urbanismo que el artículo 149.5 del Estatuto de autonomía de Cataluña atribuye a la Generalidad, se plantea esta modificación, que introduce en el texto refundido de la Ley de urbanismo los cambios requeridos para aplicar las reformas pretendidas y mantener la coherencia interna de la Ley.
II
La presente ley se estructura noventa y un artículos, ocho disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
En materia de planeamiento urbanístico, la reforma concentra en la legislación urbanística toda la regulación del procedimiento de evaluación ambiental de los planes urbanísticos, actualmente dividida entre esta legislación y la legislación ambiental, con las dificultades consiguientes de unificación global que ello representa. Esta ley preserva, en el aspecto legal, la obligación de solicitar un informe urbanístico y territorial en la fase de avance del plan, mantiene en rango reglamentario la regulación concreta de la integración del proceso de evaluación ambiental en el procedimiento urbanístico y, mientras no se produzca la adaptación del Reglamento de la Ley de urbanismo que detalle el proceso completo, establece la exigencia de emitir un nuevo informe urbanístico y territorial en la fase de valoración de la memoria ambiental, que versará sobre los aspectos del plan relativos a cuestiones de legalidad y de oportunidad de interés supramunicipal, con el fin de que puedan ser considerados en el subsiguiente acuerdo de aprobación, y, de esta manera, contribuir a agilizar la posterior fase de aprobación definitiva del plan.
Por otra parte, con la modificación se establecen mecanismos más ágiles para la transformación urbanística del suelo con el fin de facilitar la ejecución de sectores que se deseen desarrollar de forma inmediata, previendo que el plan de ordenación urbanística municipal pueda establecer la ordenación detallada con el nivel y la documentación propios de un plan parcial urbanístico sin necesidad de tramitar un plan parcial para desarrollar el sector. En esta línea, se dispone también que, mediante la formulación de planes directores urbanísticos promovidos por la Generalidad, puedan delimitarse sectores de interés supramunicipal y ordenarlos detalladamente para implantar actividades de especial relevancia social o económica, para situar en los ámbitos de interés territorial definidos en el planeamiento territorial, en coherencia con sus normas. Efectivamente, los planes territoriales aprobados definen ámbitos que por razones de localización, conectividad, topografía u otras condiciones pueden tener un papel estratégico en la estructuración territorial; también establecen ámbitos apropiados para la implantación de actividades económicas a escala supramunicipal y ámbitos susceptibles de transformación o extensión urbana de interés para todo el territorio ordenado. En definitiva, ámbitos de interés territorial que resultan idóneos para acoger a dichos sectores de interés supramunicipal. No obstante, la presente ley determina que, en caso de que el planeamiento territorial no haya previsto estas actuaciones de interés supramunicipal, para poder desarrollarlas, dentro de los mencionados ámbitos o en otros en que el planeamiento territorial regule su posible transformación, es requisito necesario que la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña, previo a la tramitación del correspondiente plan director urbanístico, reconozca el interés territorial de la actuación en coherencia con el planeamiento territorial de aplicación.
También, en materia de planeamiento urbanístico, se introducen medidas para abreviar los plazos de los trámites para la aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico y se da un nuevo impulso a la publicidad de los planes aprobados por la Administración de la Generalidad mediante el obligada incorporación, en la publicación en el Diari
### RESUMEN: El TC levanta la suspensión a ley de urbanismo catalana pero veta que se ceda suelo para generar actividad económica |
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de enero actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 36-2016, promovido por el Presidente del Gobierno contra el apartado doce del artículo único de la Ley de la Región de Murcia 11/2015, de 30 de marzo, de modificación de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia. Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso –5 de enero de 2016–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros.
Madrid, 19 de enero de 2016.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. | Admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad de la ley murciana de renovables | El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de enero actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 36-2016, promovido por el Presidente del Gobierno contra el apartado doce del artículo único de la Ley de la Región de Murcia 11/2015, de 30 de marzo, de modificación de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia. Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso –5 de enero de 2016–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros.
Madrid, 19 de enero de 2016.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.
### RESUMEN: Admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad de la ley murciana de renovables |
Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio, este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento de libre designación (02/14), de los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo I de la presente orden, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.
Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.
Estos podrán solicitar por orden de preferencia los puestos que se incluyen en el anexo I.
Segunda.
Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Sra. Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas (Subdirección General de Recursos Humanos, calle Alcalá, 9, 4.ª planta, 28071 Madrid), en el anexo II en el que se alegarán los méritos que se consideren oportunos.
Tercera.
Además de los datos personales y número de Registro de Personal, los aspirantes incluirán en la solicitud su currículum vítae, en el que consten títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en las Administraciones Públicas, estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto, y harán constar detalladamente las características del puesto que vinieran desempeñando y el nivel del mismo.
Cuarta.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta orden, y se presentarán en los Registros y oficinas previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollado por el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo. Estas últimas oficinas tienen obligación de cursar las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro horas a partir de su presentación.
Quinta.
Los nombramientos derivados de la presente convocatoria, cuya resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», deberán efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la finalización del de presentación de solicitudes; dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes más.
El plazo para tomar posesión en el nuevo puesto de trabajo será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia del funcionario o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese o al del cambio de la situación administrativa que en cada caso corresponda.
Sexta.
Los funcionarios públicos en servicio activo deberán adjuntar, si son elegidos y prestan sus servicios en Ministerio u Organismo distinto del convocante, certificado extendido por la Unidad de personal donde se encuentren destinados, especificando el grado personal consolidado y la fecha de consolidación, el nivel del puesto de trabajo que estuvieran desempeñando y el tiempo de servicios efectivos reconocido para el cómputo de trienios.
Séptima.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que la ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Madrid, 24 de enero de 2014.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, P.D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), la Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero Sanz.
ANEXO I
Plaza B.O.E.
Denominación del puesto
N.º de puestos
Nivel
Complemento específico
Localidad
ADM
Grupo
Méritos a valorar
Secretaría de Estado de Hacienda
Instituto de Estudios Fiscales
Secretaría General
1
Subdirector Adjunto/Subdirectora Adjunta.
1
29
19.626,88
Madrid.
AE
A1
Conocimiento y experiencia en fiscalización y control financiero. Conocimiento y experiencia en implantación del Plan General de Contabilidad Pública. Experiencia en la confección de inventario contable. Experiencia en contratación. Experiencia en auditoría.
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Dirección General de Presupuestos
Unidad de Apoyo
2
Secretario/Secretaria de Director General.
1
17
7.060,20
Madrid.
AE
C1 C2
Experiencia en el despacho de los asuntos de gestión habitual de una secretaría de Alto Cargo, despacho y tramitación de los informes referentes a la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios y a la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos. Experiencia en gestión de archivos y organización de documentación administrativa. Experiencia en ofimática a nivel de usuario, curso de diseño de páginas Web básico.
S. de E. de Administraciones Públicas
S. Gral. de Coordinac. Autonómica y Local
S.G. de Financiación de CC.AA.
3
Subdirector Adjunto/Subdirectora Adjunta.
1
29
21.097,16
Madrid.
AE
A1
Experiencia en presupuestación y aplicación del sistema de financiación autonómica. Experiencia en análisis de valoración del coste efectivo de traspasos de competencias a CC.AA. Experiencia en elaboración de informes relativos a la incidencia de proyectos normativos en la financiación de las CC.AA.
S.G. de Análisis Presup. y Organiz. Instituc. del Sector Público Autonómico
4
Jefe/Jefa Asesoría Presupuestaria de Comunidades Autónomas.
1
30
24.332,42
Madrid.
AE
A1
Experiencia en dirección y coordinación de los trabajos y emisión de informes, en relación con el inventario de entes dependientes de las CC.AA. y reordenación del Sector Público Autonómico. Experiencia en dirección y coordinación de los trabajos y emisión de informes, en relación con la información estadística de ejecución presupuestaria de las CC.AA. Experiencia en dirección y coordinación de los trabajos y emisión de informes en relación con la instrumentación y seguimiento de los mecanismos de financiación habilitados por la Administración General del Estado a favor de las Comunidades Autónomas.
5
Vocal Asesor / Vocal Asesora.
1
30
19.626,88
Madrid.
AE
A1
Experiencia en la realización de trabajos relacionados con la elaboración de estadísticas e informes relativos a la ejecución presupuestaria en el ámbito autonómico y el análisis y seguimiento de planes económico-financieros autonómicos, así como la emisión de informes al respecto.
6
Coordinador/Coordinadora de Área.
1
29
19.626,88
Madrid.
AE
A1
Pertenencia al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado. Experiencia en análisis de operaciones realizadas por las Administraciones Públicas en términos de contabilidad nacional. Experiencia en seguimiento y aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria a las corporaciones locales. Experiencia en análisis y tratamiento de información económica-financiera del sector público local.
7
Subdirector Adjunto/Subdirectora Adjunta.
1
29
19.626,88
Madrid.
AE
A1
Experiencia en el análisis económico y normativo y en la elaboración de informes sobre los proyectos y leyes de presupuestos de las Comunidades Autónomas. Experiencia en la coordinación de tareas de análisis y tratamiento de la información contenida en los proyectos y leyes de presupuestos de las Comunidades Autónomas. Experiencia en la coordinación de tareas de tratamiento y homogeneización de la clasificación funcional del gasto de las Comunidades Autónomas.
S.G. de Relaciones Financieras con las EE.LL.
8
Subdirector/Subdirectora General.
1
30
28.743,54
Madrid.
A2
A1
Experiencia en el estudio, elaboración y tramitación de informes en materia de autorizaciones en relación con el endeudamiento de las entidades locales y el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, así como de gestión de otros recursos que financian a las entidades locales. Dirección pública local y experiencia en dirección de equipos. Conocimientos en materia de Contabilidad y Auditoría Pública Local y conocimientos en normativa económica-presupuestaria.
9
Subdirector Adjunto/Subdirectora Adjunta.
1
29
19.626,88
Madrid.
A2
A1
Experiencia en el estudio, elaboración y tramitación de informes en materia de autorizaciones en relación con el endeudamiento de las entidades locales y el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, así como de gestión de otros recursos que financian a las entidades locales. Conocimientos en materia de Contabilidad y Auditoría Pública Local y conocimientos en normativa económica-presupuestaria. | Montoro convoca nueve puestos de libre designación en el ministerio | Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio, este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento de libre designación (02/14), de los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo I de la presente orden, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.
Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.
Estos podrán solicitar por orden de preferencia los puestos que se incluyen en el anexo I.
Segunda.
Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Sra. Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas (Subdirección General de Recursos Humanos, calle Alcalá, 9, 4.ª planta, 28071 Madrid), en el anexo II en el que se alegarán los méritos que se consideren oportunos.
Tercera.
Además de los datos personales y número de Registro de Personal, los aspirantes incluirán en la solicitud su currículum vítae, en el que consten títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en las Administraciones Públicas, estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto, y harán constar detalladamente las características del puesto que vinieran desempeñando y el nivel del mismo.
Cuarta.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta orden, y se presentarán en los Registros y oficinas previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollado por el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo. Estas últimas oficinas tienen obligación de cursar las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro horas a partir de su presentación.
Quinta.
Los nombramientos derivados de la presente convocatoria, cuya resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», deberán efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la finalización del de presentación de solicitudes; dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes más.
El plazo para tomar posesión en el nuevo puesto de trabajo será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia del funcionario o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese o al del cambio de la situación administrativa que en cada caso corresponda.
Sexta.
Los funcionarios públicos en servicio activo deberán adjuntar, si son elegidos y prestan sus servicios en Ministerio u Organismo distinto del convocante, certificado extendido por la Unidad de personal donde se encuentren destinados, especificando el grado personal consolidado y la fecha de consolidación, el nivel del puesto de trabajo que estuvieran desempeñando y el tiempo de servicios efectivos reconocido para el cómputo de trienios.
Séptima.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que la ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Madrid, 24 de enero de 2014.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, P.D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), la Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero Sanz.
ANEXO I
Plaza B.O.E.
Denominación del puesto
N.º de puestos
Nivel
Complemento específico
Localidad
ADM
Grupo
Méritos a valorar
Secretaría de Estado de Hacienda
Instituto de Estudios Fiscales
Secretaría General
1
Subdirector Adjunto/Subdirectora Adjunta.
1
29
19.626,88
Madrid.
AE
A1
Conocimiento y experiencia en fiscalización y control financiero. Conocimiento y experiencia en implantación del Plan General de Contabilidad Pública. Experiencia en la confección de inventario contable. Experiencia en contratación. Experiencia en auditoría.
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Dirección General de Presupuestos
Unidad de Apoyo
2
Secretario/Secretaria de Director General.
1
17
7.060,20
Madrid.
AE
C1 C2
Experiencia en el despacho de los asuntos de gestión habitual de una secretaría de Alto Cargo, despacho y tramitación de los informes referentes a la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios y a la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos. Experiencia en gestión de archivos y organización de documentación administrativa. Experiencia en ofimática a nivel de usuario, curso de diseño de páginas Web básico.
S. de E. de Administraciones Públicas
S. Gral. de Coordinac. Autonómica y Local
S.G. de Financiación de CC.AA.
3
Subdirector Adjunto/Sub
### RESUMEN: Montoro convoca nueve puestos de libre designación en el ministerio |
La creación de una Oficina Consular Honoraria de España en Nevsehir, se justifica por el importante número de turistas españoles que visitan la zona de Capadocia y también serviría para dar una asistencia consular más eficaz y rápida a los ciudadanos españoles ante cualquier problema que pudieran tener.
Por ello, a iniciativa de la Dirección General del Servicio Exterior, de conformidad con la propuesta formulada por la Embajada de España en Ankara, con el informe favorable de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios y de la Dirección General de Relaciones Bilaterales con Países de la Unión Europea, Países Candidatos y Países del Espacio Económico Europeo, he tenido a bien disponer:
Primero.
Se crea una Oficina Consular Honoraria de España en Nevsehir (Turquía), con jurisdicción en las provincias de Nigde, Aksaray, Nevsehir, Kayseri, Kirsehir y Yozgat, con categoría de Consulado Honorario y dependiente de la Embajada de España en Ankara (Turquía).
Segundo.
El Jefe de la Oficina Consular Honoraria de España en Nevsehir (Turquía) tendrá, de conformidad con el artículo 9 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 24 de abril de 1963, categoría de Cónsul Honorario.
Madrid, 21 de noviembre de 2013.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo y Marfil. | Creación de la Oficina Consular en la Capadocia | La creación de una Oficina Consular Honoraria de España en Nevsehir, se justifica por el importante número de turistas españoles que visitan la zona de Capadocia y también serviría para dar una asistencia consular más eficaz y rápida a los ciudadanos españoles ante cualquier problema que pudieran tener.
Por ello, a iniciativa de la Dirección General del Servicio Exterior, de conformidad con la propuesta formulada por la Embajada de España en Ankara, con el informe favorable de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios y de la Dirección General de Relaciones Bilaterales con Países de la Unión Europea, Países Candidatos y Países del Espacio Económico Europeo, he tenido a bien disponer:
Primero.
Se crea una Oficina Consular Honoraria de España en Nevsehir (Turquía), con jurisdicción en las provincias de Nigde, Aksaray, Nevsehir, Kayseri, Kirsehir y Yozgat, con categoría de Consulado Honorario y dependiente de la Embajada de España en Ankara (Turquía).
Segundo.
El Jefe de la Oficina Consular Honoraria de España en Nevsehir (Turquía) tendrá, de conformidad con el artículo 9 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 24 de abril de 1963, categoría de Cónsul Honorario.
Madrid, 21 de noviembre de 2013.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo y Marfil.
### RESUMEN: Creación de la Oficina Consular en la Capadocia |
I
Los sistemas de pensiones de los países de la Unión Europea se enfrentan a importantes desafíos en el medio plazo derivados de fenómenos demográficos. Las bajas tasas de natalidad y el alargamiento de la esperanza de vida exigen la adaptación de estos sistemas para asegurar su viabilidad en el largo plazo y mantener unas pensiones adecuadas para el bienestar de los ciudadanos de más edad.
España no es una excepción, y el sistema de Seguridad Social debe hacerse cargo del pago de un número creciente de pensiones de jubilación, por un importe medio que es superior a las que sustituyen, y que deben abonarse en un periodo cada vez más largo, gracias a los progresos en la esperanza de vida.
La Unión Europea está otorgando una creciente importancia a este desafío. Sus competencias en este ámbito son limitadas, pero las implicaciones del proceso para el crecimiento económico y la cohesión económica y social son tales que la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y el impulso del envejecimiento activo se han convertido en una prioridad. La Estrategia Europa 2020, que constituye el marco de referencia para la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, es el ámbito desde el que se impulsa una política de orientación y coordinación de los esfuerzos de las Instituciones Comunitarias y de los Estados miembros para afrontar el reto del envejecimiento y su impacto sobre los sistemas de protección social.
Fruto de este enfoque es la publicación por la Comisión Europea del «Libro Blanco 2012: Ayuda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles», con el objetivo de orientar los instrumentos políticos de la Unión para que respalden los esfuerzos de los Estados miembros para la reforma de sus sistemas de pensiones, y proponer una serie de iniciativas que impulsen una mayor coordinación del seguimiento de los avances hacia objetivos comunes en el marco de la estrategia integrada y global Europa 2020. Este Libro blanco se complementa con otros documentos como el «Informe de envejecimiento 2012» o «Adecuación de las pensiones en la UE 2010-2050».
El Libro Blanco detalla una serie de recomendaciones a nivel global y otras a nivel de Estado miembro, que enfatizan la necesidad de reformar las pensiones tanto por las previsiones demográficas analizadas como por la necesaria sostenibilidad de las finanzas públicas, máxime en períodos de crisis financiera y económica como el actual. Si bien reconoce los progresos realizados en la última década, advierte de que es necesario seguir avanzando para garantizar la viabilidad en el largo plazo.
El incremento de la edad de jubilación, la prolongación de la vida activa y el incremento de la participación en el mercado de trabajo de los trabajadores de más edad suponen elementos básicos para la adecuación y sostenibilidad de las pensiones. Para ello, es recomendable vincular la edad de jubilación a los aumentos de la esperanza de vida, racionalizar el acceso a los planes de jubilación anticipada y a otras vías de salida temprana del mercado laboral, y favorecer la prolongación de la vida laboral, facilitando el acceso al aprendizaje a lo largo de la vida, desarrollando oportunidades de empleo para los trabajadores de más edad y fomentando el envejecimiento activo.
II
Los avances realizados en este ámbito por España han sido muy ambiciosos y coherentes con los planteamientos de la Unión Europea. El Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, suscrito en fecha 2 de febrero de 2011 entre el Gobierno y los interlocutores sociales, y las orientaciones contenidas en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 25 de enero de 2011, configuraron una base sólida para la reforma del sistema de forma consensuada. Buena parte de sus planteamientos se plasmaron en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que supuso un avance muy relevante para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones español. Esta norma se completó con el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011, que aprobó la Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores de Más Edad 2012-2014 (Estrategia 55 y más), por la que se establece el marco general de las políticas que se dirijan a favorecer el empleo de las personas de más edad.
La recomendación número 12 del mencionado Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo incluía referencias expresas a tres elementos que todavía deben ser abordados para asegurar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y el impulso efectivo del envejecimiento activo. Por un lado, es necesario conceder una mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador para favorecer la aproximación de la edad real de jubilación a la edad legal de acceso a la jubilación. Por otro, la jubilación anticipada debería reservarse a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización. Finalmente, debe facilitarse la coexistencia de salario y pensión.
Por otra parte, la cuestión del envejecimiento activo debe abordarse de forma integral, ya que la transición entre vida activa y jubilación implica tanto a la política de Seguridad Social, como a las políticas de empleo. Por ello, el presente real decreto-ley incorpora también entre sus objetivos la lucha contra la discriminación por razón de la edad en el mercado de trabajo, así como la racionalización del sistema de prestaciones por desempleo para reforzar su vinculación con sus objetivos originales.
El presente real decreto-ley aborda estas cuestiones a través de medidas en el ámbito de la jubilación anticipada, la jubilación parcial, la compatibilidad entre vida activa y pensión, la lucha contra el fraude, y las políticas de empleo. Estas medidas permiten satisfacer las Recomendaciones del Consejo de la UE de 10 de julio de 2012 en el ámbito de la sostenibilidad del sistema de pensiones y el impulso del envejecimiento activo.
III
El capítulo I de este real decreto-ley regula la compatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia o ajena para favorecer el alargamiento de la vida activa, reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, y aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia de estos trabajadores. Esta posibilidad, muy restringida en el ordenamiento español hasta la fecha, es habitual en las legislaciones de países del entorno. Se permite así que aquellos trabajadores que han accedido a la jubilación al alcanzar la edad legal, y que cuentan con largas carreras de cotización, puedan compatibilizar el empleo a tiempo completo o parcial con el cobro del 50 % de la pensión, con unas obligaciones de cotización social limitadas.
La sostenibilidad de los sistemas de pensiones precisa que los parámetros esenciales que determinan el acceso a la protección o la cuantía de las prestaciones se adecuen a las circunstancias y realidades sociales y económicas en que ese sistema se desenvuelve. Resulta, por tanto, esencial que la edad de acceso tenga en cuenta la variación de la esperanza de vida tanto cuando el acceso se produce a la edad legalmente establecida, como en los supuestos en que el acceso es posible a una edad inferior. En este sentido, las medidas adoptadas por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, resultaban insuficientes para garantizar la viabilidad del sistema en el largo plazo, al permitir un alejamiento paulatino entre la edad legal de jubilación y la edad a la que es posible acceder a una jubilación anticipada, y favorecer, en determinadas ocasiones, las decisiones de abandono temprano del mercado laboral.
Teniendo en cuenta esos objetivos, es evidente la conveniencia de proceder a modificar la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial tal como está prevista en los artículos 5 y 6 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, así como la relativa a la determinación del importe máximo de la pensión de jubilación cuando hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante, a que se refiere el artículo 163.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el artículo 4 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto. Si bien estas normas debieron entrar en vigor el día 1 de enero de 2013, su aplicación fue suspendida durante tres meses por la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, y ello tanto a fin de evitar la existencia de normas consecutivas que podrían operar sobre la misma materia en un breve espacio de tiempo, como ante la imposibilidad material de que por parte de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social se tuviesen adaptados en esa fecha los procedimientos de gestión a los cambios que debían efectuarse.
A tal fin se dedica el capítulo II de la norma, en el que se acomete la modificación del régimen jurídico de las modalidades de jubilación indicadas, así como de otros preceptos concordantes de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, como el apartado 2 de su disposición final duodécima, que establece reglas transitorias en materia de pensión de jubilación.
Ante la inminente finalización del plazo de suspensión mencionado, el 31 de marzo de 2013, procede efectuar las modificaciones previstas con anterioridad a dicha fecha, lo que justifica las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su realización a través del presente real decreto-ley.
En el capítulo III, y a través de su artículo 9, se modifica la disposición final primera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, en la que se da una nueva redacción a los apartados 6 y 7 del artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, relativos a la regulación del contrato a tiempo parcial y al contrato de relevo, incorporando a la misma las modificaciones efectuadas en esta norma relativas a la jubilación parcial, manteniendo en este sentido la adecuada coordinación entre ambos textos legales.
Esta disposición final primera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, también ha sido afectada por la suspensión de tres meses en su aplicación respecto a la inicialmente prevista para el día 1 de enero de 2013, acordada por la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, por lo que la inminente finalización de dicho plazo de suspensión, justifica la extraordinaria y urgente necesidad que legitima la regulación de esta materia mediante real decreto-ley.
El capítulo IV regula las aportaciones económicas por despidos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años en empresas con beneficios con el objetivo de desincentivar la discriminación de trabajadores de más edad en el marco de medidas extintivas de regulación de empleo, así como de racionalizar las obligaciones de las empresas.
En primer lugar, se modifican determinados aspectos de la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que regula las aportaciones económicas que tienen que efectuar las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años para compensar el impacto que generan estos procesos sobre el sistema de protección por desempleo.
La principal novedad que se introduce consiste en exigir la aportación económica exclusivamente a las empresas que utilicen la edad como criterio preferente de selección de los trabajadores objeto de despido. De modo que, para que nazca la obligación, deberá concurrir un nuevo requisito consistente en que el porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años sobre el total de despidos sea superior al porcentaje que los trabajadores de esa edad representan sobre el total de la plantilla de la empresa.
Por otra parte, se introduce una modificación relativa al requisito de obtención de beneficios, de manera que, además de las empresas que hayan obtenido beneficios en los dos ejercicios anteriores al despido colectivo, queden incluidas aquellas empresas que obtengan beneficios en al menos dos ejercicios económicos consecutivos dentro del periodo comprendido entre el ejercicio económico anterior al despido colectivo y los cuatro ejercicios económicos posteriores a dicha fecha.
Con esta nueva regulación se pretende cumplir más eficazmente con los objetivos sociales y presupuestarios para los que la aportación económica fue creada, y que persigue desincentivar el despido de los trabajadores de cincuenta o más años únicamente por razón de su edad, promover su recolocación y compensar el impacto que estos despidos generan sobre el sistema público de protección por desempleo.
IV
La disposición adicional primera introduce una serie de cautelas tendentes a evitar que la modalidad de compatibilidad entre la pensión de jubilación y trabajo del Capítulo I pueda ser indebidamente utilizada por las empresas como una vía de reducción de costes a través del empleo de esta figura en fraude de ley, mediante la sustitución de parte de los puestos de trabajo actuales –fuera de los supuestos previstos en la norma– por nuevas contrataciones, que implican una menor cotización al sistema de la Seguridad Social.
Las disposiciones adicionales segunda y tercera contemplan el régimen de compatibilidades de la pensión de jubilación o retiro de Clases Pasivas. En aras de continuar avanzando en el proceso de armonización con el Régimen General de la Seguridad Social, resulta conveniente que este nuevo régimen de compatibilidades de la pensión de jubilación se aplique no sólo a las pensiones de Seguridad Social, sino también a las de Clases Pasivas, y en términos análogos, es decir, a las causadas por jubilación o retiro forzoso, siempre que el porcentaje aplicable al haber regulador a efectos de determinar la cuantía de la pensión sea del cien por cien, mientras que las pensiones de jubilación o retiro forzosas que no cumplan estos requisitos, así como las voluntarias y por incapacidad o inutilidad para el servicio, seguirán rigiéndose por la normativa precedente.
En cuanto al ámbito temporal de aplicación de la modificación que se propone hay que tener en cuenta que tal modificación no debe afectar a aquellas pensiones de jubilación o retiro cuyo hecho causante sea anterior a 1 de enero de 2009. La razón es que la normativa aplicable a tales pensiones actualmente permite la compatibilidad de las mismas con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector privado sin ningún tipo de limitación, con lo cual la nueva regulación supondría un empeoramiento de los derechos de que gozan en la actualidad. Por lo tanto, únicamente deberá afectar la modificación propuesta del artículo 33 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, a aquellas pensiones de jubilación o retiro cuyo hecho causante sea posterior a 1 de enero de 2009, si bien los efectos económicos derivados de la misma en ningún caso serán anteriores a la entrada en vigor del real decreto-ley.
A tal efecto, se modifica el artículo 33 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado y se determina el ámbito temporal de aplicación y los efectos económicos de la nueva regulación.
La disposición adicional cuarta encomienda a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la colaboración y apoyo a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social a efectos de comprobar que el acceso a la modalidad de jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, a que se refiere el apartado 2.A) del artículo 161 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se produce conforme a los requisitos exigidos en el mismo.
La disposición adicional quinta se refiere al informe relativo a la previsión social complementaria, que el Gobierno debe elaborar en cumplimiento de la disposición adicional decimonovena de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, para precisar que deberá contener las propuestas oportunas tendentes a facilitar el rescate de las aportaciones realizadas a planes y fondos de pensiones aún cuando el beneficiario opte por compatibilizar el disfrute de la pensión de jubilación con el trabajo.
La disposición adicional sexta prevé que la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos conozca de las discrepancias surgidas por falta de acuerdo sobre la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en un convenio colectivo, cuando dicha inaplicación afecte a centros de trabajo situados en el territorio de una Comunidad Autónoma, si en un plazo de tres meses dicha Comunidad Autónoma no hubiera constituido y puesto en funcionamiento un órgano tripartito equivalente a la Comisión, o suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social acordando la actuación de la misma en su ámbito territorial.
Mediante la disposición adicional séptima se prevé que las entidades participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria así como los entes, organismos y entidades del sector público estatal que no tengan la consideración de Administración Pública, deberán informar a una comisión técnica interministerial, con carácter previo, tanto del inicio de cualquier procedimiento de despido colectivo como de cualquier propuesta de acuerdo que sea presentada a la representación de los trabajadores durante el desarrollo del periodo de consultas. Ello con la finalidad de que las autoridades dispongan de información adecuada tanto sobre la situación en que se encuentran las entidades como sobre las principales decisiones con trascendencia económica y social que se van a adoptar en su ámbito.
La disposición adicional octava establece que los trabajadores mayores de 55 años que hayan agotado la prestación o subsidio por desempleo, o que no tengan derecho a los mismos, tendrán la consideración de colectivo prioritario para la aplicación de políticas activas de empleo a fin de fomentar su permanencia en el mercado de trabajo prolongando su vida laboral, y mediante la disposición adicional novena se encomienda al Gobierno la creación en el plazo de un mes de un comité de expertos independientes para que elabore un informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, para su remisión a la Comisión del Pacto de Toledo.
Mediante la disposición final primera se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en diversos apartados:
Se incluye un tercer párrafo al número 3 del apartado 1 del artículo 215 en el que se exige, para tener por cumplido el requisito de carencia de rentas a efectos del subsidio, que la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. La finalidad de este precepto es homogeneizar la regulación del subsidio para mayores de 55 años en relación con el resto de prestaciones del sistema y reforzar las políticas activas de empleo destinadas a este colectivo.
Mediante la modificación del artículo 229 se establece que la Entidad Gestora de la prestación por desempleo podrá exigir a los trabajadores que hayan sido despedidos en virtud de las letras c), d) y e) del apartado 1 del artículo 208, la acreditación de haber percibido la indemnización legal correspondiente. No se trata en ningún caso de un requisito nuevo para acceder a la prestación por desempleo sino de un control posterior dirigido a evitar comportamientos fraudulentos.
Mediante la inclusión de un nuevo apartado 6 en la disposición adicional octava, tendente a excepcionar lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 163 y la escala de edades incluida en el apartado 2.a) del artículo 166 a los trabajadores a que se refiere la norma 2.ª de la disposición transitoria tercera del Decreto 1867/1970, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 116/1969, de 30 de diciembre, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
A través de la modificación de la disposición adicional trigésima novena se facilita la constatación del requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones en el caso de trabajadores que sean responsables del ingreso de las cotizaciones, simplificando la labor de los solicitantes de prestaciones en el cumplimiento de la documentación exigida.
Por último, se introduce una nueva disposición adicional en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la sexagésima cuarta, tendente a extender la aplicación de la jubilación parcial a los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas para lo cual deberán estar incluidos en el sistema de la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, en los términos de la disposición adicional cuarta, reducir su jornada y derechos económicos en las condiciones previstas en el apartado 6 del artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y cumplir los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 166 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Para ello, la cooperativa deberá concertar con un socio de duración determinada o con un desempleado la realización, en calidad de socio trabajador o de socio de trabajo, de la jornada dejada vacante por el socio que se jubila parcialmente, con las mismas condiciones establecidas para la celebración de un contrato de relevo en el apartado 7 del artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y conforme a lo previsto en el artículo 166 de la citada Ley General de la Seguridad Social.
Se equipara de este modo para el colectivo de socios de cooperativas el régimen de acceso a la pensión de jubilación parcial previsto para los trabajadores por cuenta ajena.
En la disposición final segunda se modifica el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, para adecuar la redacción del apartado 2 del artículo 6 a lo establecido en el artículo 47.Uno, primer párrafo, de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, así como al artículo 50 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2013, a fin de unificar el criterio aplicable para el cómputo de los rendimientos del pensionista a efectos de determinar el derecho al reconocimiento del complemento por mínimos.
También se subsana mediante esta disposición la omisión existente en la letra a) del apartado 1 del artículo 7 del Real Decreto-ley 29/2012, en relación con lo establecido en la letra a) del artículo 47.Dos de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, donde se precisa que las pensiones reconocidas por otro Estado se computen en los mismos términos que las pensiones internas a cargo de un régimen público de previsión social, para determinar la concurrencia o no de la dependencia económica a efectos del reconocimiento del complemento por mínimos con cónyuge a cargo.
La disposición final tercera modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, con el fin de tipificar una nueva infracción muy grave en el supuesto de incumplimiento de la obligación de presentar ante la autoridad laboral el certificado al que se refiere el apartado 7 de la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Mediante la disposición final cuarta se modifica el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, ampliando el plazo para la presentación de solicitud de suscripción de convenio especial hasta el 31 de diciembre de 2014 y el número máximo de mensualidades en que se puede efectuar el pago fraccionado del convenio especial.
Las disposiciones finales quinta y sexta establecen diversas modificaciones técnicas del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social y del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.
La disposición final séptima contiene una serie de modificaciones del Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años, que desarrolla la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, y contiene el procedimiento de liquidación y pago necesario para la efectividad de las aportaciones. Con ello se pretende adaptar la regulación reglamentaria a los cambios introducidos en la disposición legal a la que desarrolla, permitiendo su aplicación inmediata.
Asimismo, de forma coherente con la anterior modificación, la disposición final octava suprime la disposición adicional primera del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, aprobado por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.
V
La modificación de la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial, tal y como está prevista en los artículos 5 y 6 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, así como la relativa a la determinación del importe máximo de la pensión de jubilación cuando hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante, a que se refiere el artículo 163.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por el artículo 4 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que si bien debieron entrar en vigor el día 1 de enero de 2013, su aplicación fue suspendida durante tres meses por la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, debe tener efectos antes del transcurso del plazo indicado, lo que justifica las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su realización a través del presente real decreto-ley, ante la inminente finalización del mismo.
Las mismas razones de urgente necesidad derivada de la perentoriedad del plazo de suspensión cabe apreciar respecto a la modificación de la regulación del contrato a tiempo parcial y del contrato de relevo a que se refiere el artículo 9, afectados ambos igualmente por el mismo, además de que en este caso la fecha de entrada en vigor de estas modificaciones debe hacerse coincidir con la correspondiente a la de la jubilación parcial, al objeto de mantener la adecuada coordinación entre los ordenamientos jurídicos laboral y de Seguridad Social.
A efectos de mantener igualmente un tratamiento coherente y uniforme en relación con la fecha de efectos tanto del artículo 8, relativo a normas transitorias en materia de pensión de jubilación, y por el que se da nueva redacción al apartado 2 de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, como de la disposición final cuarta, por la que se modifica la redacción del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de aquélla en materia de prestaciones, y ante la inminente entrada en vigor de las importantes modificaciones operadas tanto en la regulación de la jubilación anticipada, como de la jubilación parcial, procede su regulación mediante el real decreto-ley, al estar justificadas las razones de extraordinaria y urgente necesidad para ello.
Similares argumentos que los esgrimidos en el párrafo anterior justifican la necesidad de regular mediante este real decreto-ley la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo, a que se refiere el capítulo I, así como lo dispuesto en las disposiciones adicionales primera y segunda, en las que se regula la obligatoriedad por parte de las empresas de mantener el nivel de empleo previo existente en las mismas y se dispone la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con las entidades de la Seguridad Social en relación con la jubilación anticipada, dotando así al conjunto de medidas a introducir en relación con las distintas modalidades de compatibilidad pensión-trabajo de una fecha de vigencia uniforme entre ellas, de modo que con su conocimiento se facilite a los interesados la elección, en su caso, de la modalidad que mejor convenga a sus intereses.
Las razones de extraordinaria y urgente necesidad de las distintas modificaciones introducidas en la Ley General de la Seguridad Social contenidas en la disposición final primera tienen varias justificaciones. Por lo que respecta a la extensión de la aplicación de la jubilación parcial a los socios de las cooperativas, por la necesidad de coordinar sus efectos con las modificaciones introducidas en la regulación de esta modalidad de jubilación. En cuanto a la eliminación de requisitos a los interesados para que puedan acreditar estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones, para no demorar los beneficiosos efectos que esta medida depara, al conseguirse una mayor celeridad y agilidad en los procedimientos de reconocimiento de prestaciones.
Por lo que respecta a las aportaciones económicas en supuestos de despido de trabajadores de cincuenta o más años de edad, la necesidad de reducir el impacto social y presupuestario de estos despidos ante la grave situación actual del mercado laboral y de cumplir con los compromisos presupuestarios, determinan la extraordinaria y urgente necesidad de regular esta materia mediante un real decreto-ley.
En cuanto a la disposición final segunda, en la que se modifica con efectos de 1 de enero de 2013 el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, relativo a los complementos por mínimos, a fin de adecuar su redacción a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, así como la subsanación de la omisión relativa al cómputo de las pensiones reconocidas por otro Estado para determinar la concurrencia o no de la dependencia económica a efectos del reconocimiento del complemento por mínimos con cónyuge a cargo del titular de la pensión, la propia previsión de la norma por la que retrotrae la fecha de efectos de estas modificaciones al día 1 de enero de 2013 justifican en modo adecuado las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su regulación mediante este real decreto-ley.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de los Ministros de Empleo y Seguridad Social y de Hacienda y Administraciones Públicas, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de marzo de 2013,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. Lo dispuesto en este capítulo será aplicable a todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social, excepto al Régimen de clases pasivas del Estado, que se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.
El desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público, delimitado en el párrafo segundo del artículo 1.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, será incompatible con la percepción de la pensión de jubilación.
2. La modalidad de jubilación regulada en este capítulo se entenderá aplicable sin perjuicio del régimen jurídico previsto para cualesquiera otras modalidades de compatibilidad entre pensión y trabajo, establecidas legal o reglamentariamente.
Artículo 2. Requisitos.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 165 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, el disfrute de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, en los siguientes términos:
a) El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en cada caso resulte de aplicación, según lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sin que, a tales efectos, sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado.
b) El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión causada ha de alcanzar el 100 por 100.
c) El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial.
Artículo 3. Cuantía de la pensión.
1. La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50 por 100 del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista.
La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos para las pensiones del sistema de la Seguridad Social. No obstante, en tanto se mantenga el trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se reducirá en un 50 por 100.
2. El pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo.
3. El beneficiario tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos.
4. Finalizada la relación laboral por cuenta ajena o producido el cese en la actividad por cuenta propia, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación.
Artículo 4. Cotización.
Durante la realización del trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, compatible con la pensión de jubilación, los empresarios y los trabajadores cotizarán a la Seguridad Social únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, según la normativa reguladora del régimen del sistema de la Seguridad Social correspondiente, si bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8 por 100, no computable para las prestaciones, que en los regímenes de trabajadores por cuenta ajena se distribuirá entre empresario y trabajador, corriendo a cargo del empresario el 6 por 100 y del trabajador el 2 por 100.
CAPÍTULO II
Modificaciones en materia de jubilación en la Seguridad Social
Artículo 5. Cuantía de la pensión de jubilación en los supuestos de anticipación en el acceso a la misma.
Se modifica el apartado cinco del artículo 4 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, dando una nueva redacción al apartado 3 y añadiendo un nuevo apartado 4 en el artículo 163 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en los siguientes términos:
«3. Cuando para determinar la cuantía de una pensión de jubilación hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante, aquéllos se aplicarán sobre el importe de la pensión resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda por meses de cotización. Una vez aplicados los referidos coeficientes reductores, el importe resultante de la pensión no podrá ser superior a la cuantía resultante de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50 por 100 por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación.
4. El coeficiente del 0,50 por 100 a que se refiere el apartado anterior no será de aplicación en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de jubilaciones causadas al amparo de lo establecido en la norma 2.ª del apartado 1 de la disposición transitoria tercera.
b) En los casos de jubilaciones anticipadas conforme a las previsiones del apartado 1 del artículo 161 bis, en relación con los grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, o se refieran a personas con discapacidad.»
Artículo 6. Modificación de la jubilación anticipada.
Se da nueva redacción al apartado uno del artículo 5 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en los siguientes términos:
«Uno. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 161 bis, en los siguientes términos:
2. Se establecen dos modalidades de acceso a la jubilación anticipada, la que deriva del cese en el trabajo por causa no imputable al trabajador y la que deriva de la voluntad del interesado, para las cuales se exigen los siguientes requisitos:
A) Respecto de la derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador.
a) Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima, sin que a estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores a que se refiere el apartado anterior.
b) Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación.
c) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.
d) Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral. A estos efectos, las causas de extinción del contrato de trabajo que podrán dar derecho al acceso a esta modalidad de jubilación anticipada serán las siguientes:
a. El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
b. El despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores.
c. La extinción del contrato por resolución judicial, conforme al artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
d. La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, o la extinción de la personalidad jurídica del contratante.
e. La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral conforme a lo establecido en el artículo 51.7 del Estatuto de los Trabajadores.
En los supuestos contemplados en las letras a y b, para poder acceder a la jubilación anticipada derivada de cese en el trabajo por causa no imputable al trabajador, será necesario que éste acredite haber percibido la indemnización correspondiente derivada de la extinción del contrato de trabajo o haber interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación de la decisión extintiva.
El percibo de la indemnización se acreditará mediante documento de la transferencia bancaria recibida o documentación acreditativa equivalente.
La extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora como consecuencia de ser víctima de la violencia de género dará acceso a esta modalidad de jubilación anticipada.
En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este apartado A), la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima, de los siguientes coeficientes en función del período de cotización acreditado:
1º. Coeficiente del 1,875 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses.
2º. Coeficiente del 1,750 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses.
3º. Coeficiente del 1,625 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses.
4º. Coeficiente del 1,500 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses.
A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 161.1 a) y en la disposición transitoria vigésima.
Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán períodos completos, sin que se equipare a un período la fracción del mismo.
B) Respecto del acceso anticipado a la jubilación por voluntad del interesado:
a) Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima, sin que a estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores a que se refiere el apartado anterior.
b) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.
c) Una vez acreditados los requisitos generales y específicos de dicha modalidad de jubilación, el importe de la pensión a percibir ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de jubilación anticipada.
En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este apartado B), la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima, de los siguientes coeficientes en función del período de cotización acreditado:
1º. Coeficiente del 2 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses.
2º. Coeficiente del 1,875 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses.
3º. Coeficiente del 1,750 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses.
4º. Coeficiente del 1,625 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses.
A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima.
Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán períodos completos, sin que se equipare a un período la fracción del mismo.»
Artículo 7. Modificación de la jubilación parcial.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado uno del artículo 6, en los siguientes términos:
«Uno. Se da nueva redacción a los apartados 1 y 2 del artículo 166, en los siguientes términos:
1. Los trabajadores que hayan cumplido la edad a que se refiere el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima y reúnan los requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación, siempre que se produzca una reducción de su jornada de trabajo comprendida entre un mínimo del 25 por 100 y un máximo del 50 por 100, podrán acceder a la jubilación parcial sin necesidad de la celebración simultánea de un contrato de relevo. Los porcentajes indicados se entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.
2. Asimismo, siempre que con carácter simultáneo se celebre un contrato de relevo en los términos previstos en el artículo 12.7 del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores a tiempo completo podrán acceder a la jubilación parcial cuando reúnan los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido las siguientes edades sin que, a tales efectos, se tengan en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado.
Año del hecho causante
Edad exigida según períodos cotizados en el momento del hecho causante
Edad exigida con 33 años cotizados en el momento del hecho causante
2013
61 y 61 y 1 mes
33 años y 3 meses o más
61 y 2 mes
2014
61 y 61 y 2 meses
33 años y 6 meses o más
61 y 4 meses
2015
61 y 61 y 3 meses
33 años y 9 meses o más
61 y 6 meses
2016
61 y 61 y 4 meses
34 años o más
61 y 8 meses
2017
61 y 61 y 5 meses
34 años y 3 meses o más
61 y 10 meses
2018
61 y 61 y 6 meses
34 años y 6 meses o más
62 años
2019
61 y 61 y 8 meses
34 años y 9 meses o más
62 y 4 meses
2020
61 y 61 y 10 meses
35 años o más
62 y 8 meses
2021
62 años
35 años y 3 meses o más
63 años
2022
62 y 62 y 2 meses
35 años y 6 meses o más
63 y 4 meses
2023
62 y 62 y 4 meses
35 años y 9 meses o más
63 y 8 meses
2024
62 y 62 y 6 meses
36 años o más
64 años
2025
62 y 62 y 8 meses
36 años y 3 meses o más
64 y 4 meses
2026
62 y 62 y 10 meses
36 años y 3 meses o más
64 y 8 meses
2027 y siguientes
63 años
36 años y 6 meses
65 años
La escala de edades indicada no será de aplicación a los trabajadores a que se refiere la norma 2.ª del apartado 1 de la disposición transitoria tercera, a quienes se exigirá haber cumplido la edad de 60 años sin que, a estos efectos, se tengan en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación a los interesados.
b) Acreditar un período de antigüedad en la empresa de, al menos, 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto se computará la antigüedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesión de empresa en los términos previstos en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, o en empresas pertenecientes al mismo grupo.
c) Que la reducción de su jornada de trabajo se halle comprendida entre un mínimo de un 25 por 100 y un máximo del 50 por 100, o del 75 por 100 para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida, siempre que se acrediten el resto de los requisitos. Dichos porcentajes se entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.
d) Acreditar un período de cotización de 33 años en la fecha del hecho causante de la jubilación parcial, sin que a estos efectos se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.
En el supuesto de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, el período de cotización exigido será de 25 años.
e) Que exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 por 100 del promedio de las bases de cotización correspondientes a los seis últimos meses del período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial.
f) Los contratos de relevo que se establezcan como consecuencia de una jubilación parcial tendrán, como mínimo, una duración igual al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación a que se refiere el artículo 161.1 a) y en la disposición transitoria vigésima.
En los casos a que se refiere la letra c), en que el contrato de relevo sea de carácter indefinido y a tiempo completo, deberá mantenerse al menos durante una duración igual al resultado de sumar dos años al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación a que se refiere el artículo 161.1 a) y en la disposición transitoria vigésima. En el supuesto de que el contrato se extinga antes de alcanzar la duración mínima indicada, el empresario estará obligado a celebrar un nuevo contrato en los mismos términos del extinguido, por el tiempo restante. En caso de incumplimiento por parte del empresario de las condiciones establecidas en el presente artículo en materia de contrato de relevo, será responsable del reintegro de la pensión que haya percibido el pensionista a tiempo parcial.
g) Sin perjuicio de la reducción de jornada a que se refiere la letra c), durante el período de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizarán por la base de cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir trabajando éste a jornada completa.»
Dos. Se modifica el apartado tres del artículo 6, en los siguientes términos:
«Tres. Se añade una nueva disposición transitoria, la vigésima segunda, con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria vigésima segunda. Normas transitorias sobre jubilación parcial.
1. La exigencia del requisito de la edad a que se refiere el apartado 1 y la letra f) del apartado 2 del artículo 166 se aplicará de forma gradual, conforme a lo previsto en la disposición transitoria vigésima de esta Ley.
2. La base de cotización durante la jubilación parcial a que se refiere la letra g) del apartado 2 del artículo 166 se aplicará de forma gradual conforme a los porcentajes calculados sobre la base de cotización a jornada completa de acuerdo con la siguiente escala:
a) Durante el año 2013, la base de cotización será equivalente al 50 por 100 de la base de cotización que hubiera correspondido a jornada completa.
b) Por cada año transcurrido a partir del año 2014 se incrementará un 5 por 100 más hasta alcanzar el 100 por 100 de la base de cotización que le hubiera correspondido a jornada completa.
c) En ningún caso el porcentaje de base de cotización fijado para cada ejercicio en la escala anterior podrá resultar inferior al porcentaje de actividad laboral efectivamente realizada.»
Artículo 8. Normas transitorias en materia de pensión de jubilación.
Se da nueva redacción al apartado 2 de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en los siguientes términos:
«2. Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de esta Ley, a las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2019, en los siguientes supuestos:
a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de 2019.
c) Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 de abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013.
En aquellos supuestos a que se refieren los apartados b) y c) en que la aplicación de la legislación anterior tenga su origen en decisiones adoptadas o en planes de jubilación parcial incluidos en acuerdos colectivos de empresa, será condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se determine.»
CAPÍTULO III
Modificación del contrato a tiempo parcial y del contrato de relevo
Artículo 9. Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo.
Se da nueva redacción a la disposición final primera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en los siguientes términos:
«Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Se da nueva redacción a los apartados 6 y 7 del artículo 12 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en los siguientes términos:
“6. Para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social y demás disposiciones concordantes, deberá acordar con su empresa una reducción de jornada y de salario de entre un mínimo del 25 por 100 y un máximo del 50 por 100, conforme al citado artículo 166, y la empresa deberá concertar simultáneamente un contrato de relevo, de acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente, con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente. También se podrá concertar el contrato de relevo para sustituir a los trabajadores que se jubilen parcialmente después de haber cumplido la edad establecida en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima de la Ley General de la Seguridad Social.
La reducción de jornada y de salario podrá alcanzar el 75 por 100 cuando el contrato de relevo se concierte a jornada completa y con duración indefinida, siempre que el trabajador cumpla los requisitos establecidos en el artículo 166.2.c) de la Ley General de la Seguridad Social.
La ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial y su retribución serán compatibles con la pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador en concepto de jubilación parcial.
La relación laboral se extinguirá al producirse la jubilación total del trabajador.
7. El contrato de relevo se ajustará a las siguientes reglas:
a) Se celebrará con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada.
b) Salvo en el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6, la duración del contrato de relevo que se celebre como consecuencia de una jubilación parcial tendrá que ser indefinida o, como mínimo, igual al tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad establecida en el apartado 1 del artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social o, transitoriamente, las edades previstas en la disposición transitoria vigésima. Si, al cumplir dicha edad, el trabajador jubilado parcialmente continuase en la empresa, el contrato de relevo que se hubiera celebrado por duración determinada podrá prorrogarse mediante acuerdo con las partes por períodos anuales, extinguiéndose en todo caso al finalizar el período correspondiente al año en el que se produzca la jubilación total del trabajador relevado.
En el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6, el contrato de relevo deberá alcanzar al menos una duración igual al resultado de sumar dos años al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación a que se refiere el artículo 161.1.a) y la disposición transitoria vigésima de la Ley General de la Seguridad Social. En el supuesto de que el contrato se extinga antes de alcanzar la duración mínima indicada, el empresario estará obligado a celebrar un nuevo contrato en los mismos términos del extinguido, por el tiempo restante.
En el caso del trabajador jubilado parcialmente después de haber cumplido la edad prevista en el apartado 1 del artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social, o transitoriamente, las edades previstas en la disposición transitoria vigésima de la misma, la duración del contrato de relevo que podrá celebrar la empresa para sustituir la parte de jornada dejada vacante por el mismo podrá ser indefinida o anual. En este segundo supuesto, el contrato se prorrogará automáticamente por períodos anuales, extinguiéndose en todo caso al finalizar el período correspondiente al año en que se produzca la jubilación total del trabajador relevado.
c) Salvo en el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6, el contrato de relevo podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial. En todo caso, la duración de la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la reducción de jornada acordada por el trabajador sustituido. El horario de trabajo del trabajador relevista podrá completar el del trabajador sustituido o simultanearse con él.
d) El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador sustituido. En todo caso, deberá existir una correspondencia entre las bases de cotización de ambos, en los términos previstos en el artículo 166.2 e) de la Ley General de la Seguridad Social.
e) En la negociación colectiva se podrán establecer medidas para impulsar la celebración de contratos de relevo.”»
CAPÍTULO IV
Medidas para evitar la discriminación de los trabajadores de más edad en los despidos colectivos
Artículo 10. Régimen de aportaciones económicas por despidos.
La disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, queda redactada como sigue:
«Disposición adicional decimosexta. Aportaciones económicas por despidos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años en empresas con beneficios.
1. Las empresas que realicen despidos colectivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, deberán efectuar una aportación económica al Tesoro Público, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que los despidos colectivos sean realizados por empresas de más de 100 trabajadores o por empresas que formen parte de grupos de empresas que empleen a ese número de trabajadores.
b) Que el porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años de edad sobre el total de trabajadores despedidos sea superior al porcentaje de trabajadores de cincuenta o más años sobre el total de trabajadores de la empresa.
A los efectos del cálculo del porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años sobre el total de trabajadores despedidos, se incluirán los trabajadores afectados por el despido colectivo y aquellos cuyos contratos se hayan extinguido por iniciativa de la empresa en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, siempre que dichas extinciones de contratos se hayan producido en los tres años anteriores o en el año posterior al inicio del procedimiento de despido colectivo.
A los efectos del cálculo del porcentaje de trabajadores de cincuenta o más años sobre el total de trabajadores de la empresa, se tendrá en cuenta la plantilla de la empresa a la fecha de inicio del procedimiento de despido colectivo.
c) Que, aun concurriendo las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifiquen el despido colectivo, se cumpla alguna de las dos condiciones siguientes:
1.ª Que las empresas o el grupo de empresas del que formen parte hubieran tenido beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores a aquél en que el empresario inicia el procedimiento de despido colectivo.
2.ª Que las empresas o el grupo de empresas del que formen parte obtengan beneficios en al menos dos ejercicios económicos consecutivos dentro del periodo comprendido entre el ejercicio económico anterior a la fecha de inicio del procedimiento de despido colectivo y los cuatro ejercicios económicos posteriores a dicha fecha.
A estos efectos, se considera que una empresa ha tenido beneficios cuando el resultado del ejercicio, tal y como se define en los modelos de cuentas anuales de pérdidas y ganancias, tanto normal como abreviada, recogidos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, o en la normativa contable que sea de aplicación, sea positivo.
2. Para el cálculo de la aportación económica a que se refiere el apartado anterior, se tomará en consideración el importe bruto, desde la fecha del despido, de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de cincuenta o más años de edad afectados por el despido colectivo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal de acuerdo con lo establecido en los siguientes apartados. También se incluirán a los efectos del cálculo de la aportación económica los importes abonados por el Servicio Público de Empleo Estatal por los referidos conceptos de los trabajadores de cincuenta o más años cuyos contratos se hayan extinguido por iniciativa de la empresa en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, siempre que dichas extinciones de contratos se hayan producido en los tres años anteriores o en el año posterior al inicio del procedimiento de despido colectivo.
No obstante, se excluirán del cálculo de la aportación económica, a petición de la empresa afectada, los importes de prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de cincuenta o más años de edad afectados que hubieran sido objeto de recolocación en la misma empresa, o en otra empresa del grupo del que forme parte, o en cualquier otra empresa, en los seis meses siguientes a la fecha en que se produzca la extinción de sus contratos de trabajo. En estos casos la empresa deberá acreditar estos extremos en el procedimiento.
3. El importe de la aportación se determinará anualmente mediante la aplicación del tipo establecido en el apartado 4 sobre cada uno de los siguientes conceptos:
a) Cuantía total efectivamente abonada por el Servicio Público de Empleo Estatal por prestaciones por desempleo de nivel contributivo de los trabajadores de cincuenta o más años afectados por los despidos, generadas total o parcialmente en virtud de las cotizaciones acreditadas en la empresa que promovió su despido.
b) Cuantía total efectivamente abonada por el Servicio Público de Empleo Estatal por cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la entidad gestora de las prestaciones por desempleo por los trabajadores afectados, durante el periodo de percepción de las mismas.
c) Un canon fijo por cada trabajador que haya agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo y que comience a percibir algún subsidio de los establecidos en el artículo 215.1.1). a) y b), y 215.1.3) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Este canon se calculará mediante la totalización durante un periodo de seis años de la suma del coste anual del subsidio por desempleo más el de la cotización por jubilación por cuenta de la entidad gestora en el año del agotamiento.
También se hará efectivo el canon fijo por cada trabajador que, no teniendo derecho al cobro de la prestación por desempleo contributiva, acceda directamente al subsidio por desempleo previsto en el artículo 215.1.2) del citado texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, como consecuencia de la situación legal de desempleo motivada por el despido.
4. El tipo aplicable será el fijado por la siguiente escala en función del número de trabajadores de la empresa, del número de trabajadores de cincuenta o más años de edad afectados por el despido y del porcentaje de los beneficios de la empresa sobre los ingresos:
Tipo aplicable para calcular la aportación económica
Porcentaje de trabajadores afectados
de 50 o más años en relación con el número de trabajadores despedidos
Porcentaje
de beneficios
sobre los ingresos
Número de trabajadores en la empresa
Más
de 2.000
Entre 1.000
y 2.000
Entre 101 y 999
Más del 35 %.
Más del 10 %.
100 %
95 %
90 %
Menos del 10 %.
95 %
90 %
85 %
Entre 15 % y 35 %.
Más del 10 %.
95 %
90 %
85 %
Menos del 10 %.
90 %
85 %
80 %
Menos del 15 %.
Más del 10 %.
75 %
70 %
65 %
Menos del 10 %.
70 %
65 %
60 %
5. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) El porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años sobre el total de trabajadores despedidos se calculará año a año, dentro del periodo previsto para la realización de los despidos que figure en la comunicación de la decisión empresarial a la autoridad laboral tras la finalización del periodo de consultas, teniendo en cuenta el número total de ambos colectivos que ha sido objeto de despido hasta el año en que se efectúa el cálculo.
b) En el supuesto a que se refiere el apartado 1.c).1.ª, los beneficios de la empresa o grupo de empresas se cuantificarán en función del porcentaje medio de los mismos respecto de los ingresos obtenidos en los dos ejercicios inmediatamente anteriores a aquél en que se inicie el procedimiento de despido colectivo.
c) En el supuesto a que se refiere el apartado 1.c).2.ª, los beneficios de la empresa o grupo de empresas se cuantificarán en función del porcentaje medio de los mismos respecto de los ingresos obtenidos en los dos primeros ejercicios consecutivos en que la empresa haya obtenido beneficios dentro del periodo indicado en dicho apartado.
d) El número de trabajadores de la empresa o grupo de empresas se calculará según los que se encuentren en alta en la empresa o grupo de empresas al inicio del procedimiento de despido colectivo, con independencia de que trabajen a jornada completa o a tiempo parcial.
6. En el supuesto a que se refiere el apartado 1.c).2.ª, el cálculo de la primera aportación incluirá todos los conceptos establecidos en el apartado 3 correspondientes al periodo comprendido desde la fecha de los despidos hasta el segundo ejercicio consecutivo, incluido éste, en que la empresa haya obtenido beneficios. Este mismo periodo se considerará para la determinación del porcentaje de trabajadores a efectos de la aplicación de la regla establecida en el apartado 5.a).
7. Las empresas a que se refiere esta disposición presentarán, ante la Autoridad laboral competente en el procedimiento de despido colectivo, un certificado firmado por persona con poder suficiente en el que deberá constar la información que se determine reglamentariamente, en los siguientes plazos:
a) Cuando concurran las circunstancias establecidas en el apartado 1, letras a), b) y c).1.ª, tres meses a contar desde que finalice el año siguiente al inicio del procedimiento de despido colectivo.
b) Cuando concurran las circunstancias establecidas en el apartado 1, letras a), b) y c).2.ª, antes de que finalice el ejercicio inmediatamente posterior a aquél en que se cumpla el último de los tres requisitos mencionados.
En ambos casos, la autoridad laboral deberá remitir dicho certificado al Servicio Público de Empleo Estatal.
8. El procedimiento para la liquidación y pago de la aportación económica se determinará reglamentariamente.
9. Cuando el despido colectivo implique la cesación total de la actividad de la empresa en el territorio español, se podrán adoptar las medidas cautelares oportunas, de acuerdo con la ley, para asegurar el cobro de la deuda correspondiente a la aportación económica, aun cuando esta no haya sido objeto de cuantificación y liquidación con carácter previo.
10. En el supuesto de cambio de titularidad de la empresa, el nuevo empresario quedará subrogado en las obligaciones establecidas en esta disposición.
11. Será exigible la aportación a que se refiere la presente disposición cuando la empresa proceda a la aplicación de medidas temporales de regulación de empleo que afecten a trabajadores de cincuenta o más años con carácter previo a la extinción de los contratos de trabajo de los mismos trabajadores, en virtud de despido colectivo u otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, siempre que no haya transcurrido más de un año entre la finalización de la situación legal de desempleo derivada de la aplicación de las medidas temporales de regulación de empleo y la extinción del contrato de cada trabajador.
En todo caso, para el cálculo de la aportación económica se tomará en cuenta el importe de las cantidades realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal a que se refiere el apartado 2, durante los periodos de aplicación de medidas de regulación temporal de empleo previos a la extinción de los contratos, incluidos, en su caso, los que pudieran corresponder en concepto de reposición de la duración de la prestación por desempleo de nivel contributivo, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3.c).
12. Al menos el 50 % de las cantidades recaudadas en el ejercicio inmediatamente anterior se consignarán en el presupuesto inicial del Servicio Público de Empleo Estatal con la finalidad de financiar acciones y medidas de reinserción laboral específicas para el colectivo de los trabajadores de cincuenta o más años que se encontraran en situación legal de desempleo, para lo cual en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal deberán constar créditos destinados a financiar este tipo de acciones y medidas.
13. A los efectos previstos en esta disposición, se considerarán incluidos en el concepto de empresa los entes, organismos y entidades que formen parte del sector público y no tengan la consideración de Administración Pública conforme a lo previsto en el artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
14. Lo previsto en esta disposición será de aplicación a los procedimientos de despido colectivo iniciados a partir del 1 de enero de 2013.»
Disposición adicional primera. Mantenimiento del empleo durante la percepción de la pensión de jubilación compatible con el trabajo.
Las empresas en las que se compatibilice la prestación de servicios con el disfrute de la pensión de jubilación conforme a lo dispuesto en el capítulo I no deberán haber adoptado decisiones extintivas improcedentes en los seis meses anteriores a dicha compatibilidad. La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción.
Una vez iniciada la compatibilidad entre pensión y trabajo, la empresa deberá mantener, durante la vigencia del contrato de trabajo del pensionista de jubilación, el nivel de empleo existente en la misma antes su inicio. A este respecto se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores de alta en la empresa en el periodo de los 90 días anteriores a la compatibilidad, calculado como el cociente que resulte de dividir entre 90 la suma de los trabajadores que estuvieran en alta en la empresa en los 90 días inmediatamente anteriores a su inicio.
No se considerarán incumplidas la obligaciones de mantenimiento del empleo anteriores cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato.
Disposición adicional segunda. Nuevo régimen de compatibilidad de la pensión de jubilación o retiro de Clases Pasivas.
El artículo 33 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, queda redactado como sigue:
«1. Las pensiones de jubilación o retiro, a que se refiere este Capítulo, serán incompatibles con el desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público por parte de sus titulares, entendido éste de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del apartado 1 del artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y aplicándose, a este efecto, las excepciones contempladas en la disposición adicional novena de dicha Ley y, en el caso de que no se perciban retribuciones periódicas por el desempeño de cargos electivos como miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales, las previstas en el artículo 5 de la misma.
2. Asimismo, con carácter general, el percibo de las pensiones de jubilación o retiro será incompatible con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, que de lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el percibo de las pensiones de jubilación o retiro, en el supuesto contemplado en la letra a) del artículo 28.2 del presente texto refundido, será compatible con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, que de lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social, en los siguientes términos:
a) La edad de acceso a la pensión de jubilación o retiro debe ser, al menos, la establecida como edad de jubilación forzosa para el correspondiente colectivo de funcionarios públicos.
b) El porcentaje aplicable al haber regulador a efectos de determinar la cuantía de la pensión debe ser del cien por cien.
En caso de desempeñar una actividad compatible, la cuantía de la pensión será equivalente al cincuenta por ciento del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o el que el pensionista esté percibiendo en la fecha de inicio de la actividad, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, que no se podrá percibir durante el tiempo en que se compatibilice pensión y actividad.
La pensión se revalorizará en su integridad, en los términos establecidos para las pensiones del Régimen de Clases Pasivas. No obstante, en tanto se desempeñe el trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se reducirá en un cincuenta por ciento.
3. El percibo de las pensiones de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad será incompatible con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, que de lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social.
No obstante, en los términos que reglamentariamente se determine, en los supuestos de pensiones de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, cuando el interesado no esté incapacitado para toda profesión u oficio, se podrá compatibilizar el percibo de la pensión con el desempeño de dicha actividad siempre que sea distinta a la que venía realizando al servicio del Estado. En este caso, y mientras dure dicha situación, el importe de la pensión reconocida, se reducirá al 75 por ciento de la correspondiente cuantía, si se acreditan más de 20 años de servicios efectivos al Estado; o al 55 por ciento, si el interesado hubiera cubierto menos de 20 años de servicios al momento de su jubilación o retiro.
4. La percepción de las pensiones afectadas por las incompatibilidades señaladas en los apartados anteriores quedará en suspenso por meses completos, desde el día primero del mes siguiente al inicio de la actividad que determina la incompatibilidad hasta el último día del mes en que se finalice, sin que ello afecte a los incrementos que deban experimentar tales pensiones, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de este texto.
Como excepción a los efectos de la suspensión señalados en el párrafo anterior, si la actividad incompatible se inicia el día primero de un mes la suspensión del abono procederá desde el día primero del mes en que se realice la actividad incompatible.
En el supuesto regulado en el precedente apartado 2, tanto la reducción como el restablecimiento del importe íntegro de la pensión se llevará a cabo por meses completos, con los efectos señalados en los párrafos anteriores.
5. La situación económica de los perceptores de pensiones de jubilación o retiro se revisará de oficio, con la periodicidad que reglamentariamente se determine, a efectos de la aplicación de las normas anteriores, sin perjuicio de las revisiones que procedan a instancia del interesado.»
Disposición adicional tercera. Aplicación del nuevo régimen de compatibilidad de la pensión de jubilación o retiro de Clases Pasivas.
El régimen de compatibilidades de la pensión de jubilación o retiro de Clases Pasivas regulado en la disposición adicional segunda será de aplicación a las pensiones que se causen o hayan causado a partir de 1 de enero de 2009, sin perjuicio de que los efectos económicos no podrán ser, en ningún caso, anteriores a la fecha de entrada en vigor de la presente norma.
Las pensiones de jubilación o retiro causadas con anterioridad a 1 de enero de 2009 mantendrán el régimen de incompatibilidades que les venia siendo de aplicación.
Disposición adicional cuarta. Colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con la jubilación anticipada.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social prestará su colaboración y apoyo a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, a efectos de comprobar que el acceso a la modalidad de jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, a que se refiere el apartado 2.A) del artículo 161 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se produce conforme a los requisitos exigidos en el mismo, procediéndose en caso de infracción de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23.1.c) y e) y 26. 1 y 3 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. En estos supuestos, la graduación de las sanciones correspondientes a las infracciones muy graves tipificadas en las letras c) y e) del artículo 23.1 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la citada norma. En este sentido, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará criterios de aplicación uniforme que garanticen el debido reproche administrativo a las actuaciones de naturaleza fraudulenta.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social extremará, en particular, los controles sobre los supuestos en fraude de ley relativos a los despidos objetivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción, conforme al artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, así como la extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral conforme a lo establecido en el artículo 51.7 del Estatuto de los Trabajadores.
La colaboración alcanzará a la inclusión en el Plan Integrado de Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con los Planes anuales de objetivos acordados con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, de una planificación específica dirigida a prevenir y reprimir los supuestos de simulación de la relación laboral, altas ficticias y connivencia para el acceso indebido a la jubilación anticipada, estableciendo para ello las acciones a realizar y los objetivos a conseguir, así como las medidas necesarias para facilitar su cumplimiento.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará criterios de aplicación uniforme que permitan a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizar actuaciones de control ante posibles supuestos de fraude en el acceso indebido a la jubilación anticipada.
Disposición adicional quinta. Informe sobre la Recomendación 16.ª del Pacto de Toledo.
El Gobierno, en el marco del informe sobre el grado de desarrollo de la previsión social complementaria y sobre las medidas que podrían adoptarse para promover su desarrollo en España, previsto en la disposición adicional decimonovena de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, realizará las propuestas oportunas para proceder a regular la posibilidad del rescate de las aportaciones realizadas a planes y fondos de pensiones, regulados en el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, una vez se alcance la edad legal de jubilación del partícipe, aun cuando se compatibilice el disfrute de la pensión de jubilación del Sistema de la Seguridad Social con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia en los términos definidos en el capítulo primero de este decreto-ley.
Disposición adicional sexta. Actuación de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en el ámbito de las Comunidades Autónomas.
Si en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente real decreto- ley las Comunidades Autónomas no hubieran constituido y puesto en funcionamiento un órgano tripartito equivalente a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social acordando la actuación de la Comisión en el ámbito territorial de las comunidades firmantes, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos podrá, subsidiariamente y en tanto en cuanto no se constituyan dichos órganos tripartitos equivalentes, en su caso, conocer de las solicitudes presentadas por las empresas y los representantes legales de los trabajadores para dar solución a las discrepancias surgidas por falta de acuerdo sobre la inaplicación de las condiciones de trabajo, presentes en el convenio colectivo de aplicación, cuando dicha inaplicación afectase a centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de una Comunidad Autónoma.
Disposición adicional séptima. Informe previo de las entidades, participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, y de los entes, organismos y entidades del sector público estatal.
1. Las entidades participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria así como los entes, organismos y entidades que formen parte del sector público estatal y no tengan la consideración de Administración Pública conforme a lo previsto en el artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, deberán informar a una comisión técnica integrada por representantes de los Ministerios de Empleo y Seguridad Social, Economía y Competitividad y Hacienda y Administraciones Públicas, con carácter previo, tanto del inicio de cualquier procedimiento de despido colectivo como de cualquier propuesta de acuerdo a presentar a la representación de los trabajadores durante el desarrollo del periodo de consultas.
2. Mediante disposición reglamentaria se creará y regulará el funcionamiento de la comisión técnica prevista en el apartado anterior sin que su creación suponga incremento del gasto público.
Disposición adicional octava. Políticas activas de empleo para mayores de 55 años.
Los trabajadores mayores de 55 años que hayan agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo o cualquiera de los subsidios por desempleo establecidos en el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, o no tengan derecho a los mismos, tendrán la condición de colectivo prioritario para su participación en las acciones y medidas de políticas activas de empleo que desarrollen los Servicios Públicos de Empleo a los efectos previstos en el artículo 19 octies de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
Disposición adicional novena. Creación de un comité de expertos para el estudio del Factor de Sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social.
El Gobierno, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, creará un comité de expertos independientes a fin de que elabore un informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, para su remisión a la Comisión del Pacto de Toledo, en línea con lo previsto en la disposición adicional quincuagésima novena del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, introducido por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.
Disposición transitoria única. Subsidio por desempleo para mayores de 55 años.
A los titulares del derecho al subsidio por desempleo previsto en el artículo 215.1.3) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuyo nacimiento del derecho se haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, les será de aplicación la normativa sobre el requisito de carencia de rentas vigente en ese momento durante toda la duración del subsidio, siendo de aplicación lo previsto en el apartado uno de la disposición final primera de este real decreto-ley a aquellas solicitudes cuyo nacimiento del derecho al subsidio se inicie a partir de la fecha de su entrada en vigor.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley, y de manera específica los apartados 1 y 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial de Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, y el apartado 3 del artículo 7 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo.
Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Uno. Se modifica el número 3 del apartado 1 del artículo 215, añadiendo un tercer párrafo, con la siguiente redacción:
«Además, aunque el solicitante carezca de rentas, en los términos establecidos en este artículo, si tiene cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o mayores incapacitados o menores acogidos, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.»
Dos. Se modifica el artículo 229 en los siguientes términos:
«Sin perjuicio de las facultades de los servicios competentes en cuanto a inspección y control en orden a la sanción de las infracciones que pudieran cometerse en la percepción de las prestaciones por desempleo, corresponde a la entidad gestora controlar el cumplimiento de lo establecido en el presente título y comprobar las situaciones de fraude que puedan cometerse.
La entidad gestora podrá exigir a los trabajadores que hayan sido despedidos en virtud de las letras c), d) y e) del apartado 1 del artículo 208, acreditación de haber percibido la indemnización legal correspondiente.
En el caso de que la indemnización no se hubiera percibido, ni se hubiera interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación de la decisión extintiva, o cuando la extinción de la relación laboral no lleve aparejada la obligación de abonar una indemnización al trabajador, se reclamará la actuación de la Inspección a los efectos de comprobar la involuntariedad del cese en la relación laboral.
A tal fin, la entidad gestora podrá suspender el abono de las prestaciones por desempleo cuando se aprecien indicios suficientes de fraude en el curso de las investigaciones realizadas por los órganos competentes en materia de lucha contra el fraude.»
Tres. Se incorpora un nuevo apartado, el 6, en la disposición adicional octava, en los siguientes términos:
«6. No obstante lo indicado en los apartados precedentes, lo dispuesto en el artículo 166.3 y la escala de edades incluida en el artículo 166.2 a) no será de aplicación a los trabajadores a que se refiere la norma 2.ª de la disposición transitoria tercera del Decreto 1867/1970, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 116/1969, de 30 de diciembre, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.»
Cuatro. Se modifica la disposición adicional trigésima novena que queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional trigésima novena. Requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones.
1. En el caso de trabajadores que sean responsables del ingreso de cotizaciones, para el reconocimiento de las correspondientes prestaciones económicas de la Seguridad Social será necesario que el causante se encuentre al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social, aunque la correspondiente prestación sea reconocida, como consecuencia del cómputo recíproco de cotizaciones, en un régimen de trabajadores por cuenta ajena.
A tales efectos será de aplicación el mecanismo de invitación al pago previsto en el artículo 28.2 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cualquiera que sea el Régimen de la Seguridad Social en que el interesado estuviese incorporado, en el momento de acceder a la prestación o en el que se cause ésta.
2. Cuando al interesado se le haya considerado al corriente en el pago de las cotizaciones a efectos del reconocimiento de una prestación, en virtud de un aplazamiento en el pago de las cuotas adeudadas, pero posteriormente incumpla los plazos o condiciones de dicho aplazamiento, perderá la consideración de hallarse al corriente en el pago y, en consecuencia, se procederá a la suspensión inmediata de la prestación reconocida que estuviere percibiendo, la cual solamente podrá ser rehabilitada una vez que haya saldado la deuda con la Seguridad Social en su totalidad. A tal fin, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1.b) de esta Ley, la Entidad Gestora de la prestación podrá detraer de cada mensualidad devengada por el interesado la correspondiente cuota adeudada.
3. A efectos del reconocimiento del derecho a una pensión, las cotizaciones correspondientes al mes del hecho causante de la pensión y a los dos meses previos a aquél, cuyo ingreso aún no conste como tal en los sistemas de información de la Seguridad Social, se presumirán ingresadas sin necesidad de que el interesado lo tenga que acreditar documentalmente. En estos supuestos, la entidad gestora revisará, con periodicidad anual, todas las pensiones reconocidas durante el ejercicio inmediato anterior bajo la presunción de situación de estar al corriente para verificar el ingreso puntual y efectivo de esas cotizaciones. En caso contrario, se procederá inmediatamente a la suspensión del pago de la pensión, aplicándose las mensualidades retenidas a la amortización de las cuotas adeudadas hasta su total extinción, rehabilitándose el pago de la pensión a partir de ese momento.
Lo previsto en el párrafo anterior será de aplicación siempre que el trabajador acredite el periodo mínimo de cotización exigible, sin computar a estos efectos el periodo de tres meses referido en el mismo.»
Cinco. Se introduce una nueva disposición adicional, la sexagésima cuarta, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional sexagésima cuarta. Aplicación de la jubilación parcial a los socios de las cooperativas.
Podrán acogerse a la jubilación parcial regulada en el artículo 166.2 los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, siempre que estén incluidos en el sistema de la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, en los términos de la disposición adicional cuarta, que reduzcan su jornada y derechos económicos en las condiciones previstas en el artículo 12.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 166.2 de la presente ley, cuando la cooperativa concierte con un socio de duración determinada de la misma o con un desempleado la realización, en calidad de socio trabajador o de socio de trabajo, de la jornada dejada vacante por el socio que se jubila parcialmente, con las mismas condiciones establecidas para la celebración de un contrato de relevo en el artículo 12.7 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y conforme a lo previsto en el artículo 166 de esta ley.»
Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social.
Con efectos de 1 de enero de 2013, el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, queda modificado como sigue:
Uno. El apartado 2 del artículo 6, queda redactado en los siguientes términos:
«2. Los complementos por mínimos serán incompatibles con la percepción por el pensionista de rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y computados conforme a lo establecido en el artículo 50 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando los mismos excedan de 7.063,07 euros al año.»
Dos. La letra a) del apartado 1 del artículo 7, queda redactada en los siguientes términos:
«a) Que el cónyuge del pensionista no sea, a su vez, titular de una pensión a cargo de un régimen básico público de previsión social, entendiendo comprendidos en dicho concepto las pensiones reconocidas por otro Estado, así como los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona, ambos de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, y las pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio.»
Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Se añade un nuevo apartado 18 en el artículo 8 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, con la siguiente redacción:
«18. No presentar, en tiempo y forma, ante la Autoridad laboral competente el certificado a que se refiere el apartado 7 de la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, así como presentar información que resulte falsa o inexacta.»
Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
Las reglas 2.ª y 4.ª del apartado 1 de la disposición adicional primera del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, quedan redactadas en los siguientes términos:
«2.ª La solicitud de suscripción del convenio especial podrá formularse hasta el 31 de diciembre de 2014. En los casos en que se acredite la imposibilidad de aportar la justificación necesaria para su suscripción dentro del plazo señalado, se podrá conceder, excepcionalmente, un plazo de seis meses para su aportación, a contar desde la fecha en la que se hubiese presentado la respectiva solicitud.»
«4.ª Una vez calculado por la Tesorería General de la Seguridad Social el importe total de la cotización a ingresar par este convenio especial, su abono se podrá realizar mediante un pago único o mediante un pago fraccionado en un número máximo de mensualidades igual al triple de aquellas por las que se formalice el convenio.»
Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.
Los apartados 1 y 3 del artículo 4 del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, quedan redactados en los siguientes términos:
«1. A efectos de la aplicación de la regulación de la pensión de jubilación vigente antes de 1 de enero de 2013, en los supuestos recogidos en el apartado 2.b) de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, los trabajadores afectados, los representantes unitarios y sindicales o las empresas dispondrán hasta el día 15 de abril de 2013 para comunicar y poner a disposición de las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social copia de los expedientes de regulación de empleo, aprobados con anterioridad al 1 de abril de 2013, de los convenios colectivos de cualquier ámbito así como acuerdos colectivos de empresa, suscritos con anterioridad a dicha fecha, o de las decisiones adoptadas en procedimientos concursales dictadas antes de la fecha señalada, en los que se contemple, en unos y otros, la extinción de la relación laboral o la suspensión de la misma, con independencia de que la extinción de la relación laboral se haya producido con anterioridad o con posterioridad al 1 de abril de 2013.
De igual modo, y a los mismos efectos, en los supuestos recogidos en el apartado 2.c), segundo inciso, de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, los trabajadores afectados, los representantes unitarios y sindicales o las empresas, dispondrán hasta el día 15 de abril de 2013 para comunicar y poner a disposición de las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social los planes de jubilación parcial, recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresas, suscritos antes del día 1 de abril de 2013, con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o con posterioridad al 1 de abril de 2013. Junto a la citada documentación se presentará certificación de la empresa acreditativa de la identidad de los trabajadores incorporados al Plan de Jubilación Parcial con anterioridad a 1 de abril de 2013.
Cuando en cualquiera de los supuestos indicados, el expediente de regulación de empleo, el convenio colectivo de cualquier ámbito o acuerdo colectivo de empresa, o la decisión adoptada en el procedimiento concursal afecte a un ámbito territorial superior a una provincia, la comunicación tendrá lugar en la provincia donde la empresa tenga su sede principal. A estos efectos, la sede principal deberá coincidir con el domicilio social de la empresa siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios; en otro caso, se atenderá al lugar en que radiquen dichas actividades de gestión y dirección.
En el caso de los convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa, junto a la copia de los mismos se presentará escrito donde se hagan constar los siguientes extremos: ámbito temporal de vigencia del convenio o acuerdo, ámbito territorial de aplicación, si estos no estuvieran ya recogidos en los referidos convenios o acuerdos, y los códigos de cuenta de cotización afectados por el convenio o acuerdo.
A su vez, en el plazo de un mes desde que finalice el plazo de comunicación de los convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa a que se refiere este apartado, las direcciones provinciales citadas remitirán a la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social una relación nominativa de las empresas en las que se hayan suscrito dichos convenios o acuerdos, así como la información relativa a los expedientes de regulación de empleo y a las decisiones adoptadas en procedimientos concursales.
Mediante Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social se elaborará una relación de empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo, convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa, o decisiones adoptadas en procedimientos concursales, en los que resulten de aplicación las previsiones de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.»
«3. Si los sujetos obligados hubieran omitido efectuar las comunicaciones y presentar la documentación relativa a los convenios colectivos, expedientes de regulación de empleo o de las decisiones adoptadas en procedimientos concursales a los que se refiere el apartado 1 en el plazo señalado, y la Administración de la Seguridad Social tuviere conocimiento por otra vía de la concurrencia de los requisitos previstos en la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, procederá a aplicar al solicitante de la pensión de jubilación, cuando ésta se cause, la legislación anterior a dicha ley. Por el contrario, en el caso de acuerdos colectivos de empresa, será preceptiva su comunicación al Instituto Nacional de la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo señalado en el apartado 1.»
Disposición final sexta. Modificación del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.
La letra a) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, queda redactada en los siguientes términos:
«a) En el caso de las infracciones en materia de Seguridad Social reguladas en la Sección Primera del Capítulo III del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, cuyas actas no concurran con actas de liquidación, la imposición de sanción corresponderá a:
1.º La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el caso de las infracciones leves señaladas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 21, las graves previstas en los apartados 1, 2, 3, 5, 7, 9 en el supuesto de reducciones de cuotas de la Seguridad Social, 10 y 12 del artículo 22, y las muy graves previstas en las letras b), d), f) y k) del artículo 23.1.
2.º La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina en los supuestos calificados como infracción leve en los apartados 4 y 6 del artículo 21, como infracción grave en los apartados 4, 6, 8 y 14 del artículo 22, y como infracción muy grave en las letras a), c), e) y g) del artículo 23.1.
Corresponderá la imposición de sanción a la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, cuando la sanción afecte a prestaciones por desempleo, en los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 21, en los apartados 4, 6, 8, 13 y 14 del artículo 22 y en las letras a), c), e) y g) del artículo 23.1.
3.º La Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, en el supuesto previsto como infracción grave en el artículo 22. 9 cuando se trate de bonificaciones y como infracción muy grave en la letra h) del artículo 23.1.»
Disposición final séptima. Modificación del Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años.
El Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años, queda modificado como sigue:
Uno. El artículo 2 queda redactado como sigue:
«1. De conformidad con el apartado 1 de la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, lo dispuesto en el presente Real Decreto será de aplicación a las empresas que realicen despidos colectivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que sean realizados por empresas de más de 100 trabajadores o por empresas que formen parte de grupos de empresas que empleen a ese número de trabajadores.
b) Que el porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años de edad sobre el total de trabajadores despedidos sea superior al porcentaje de trabajadores de cincuenta o más años sobre el total de trabajadores de la empresa.
A los efectos del cálculo del porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años sobre el total de trabajadores despedidos, se incluirán los trabajadores afectados por el despido colectivo y aquellos cuyos contratos se hayan extinguido por iniciativa de la empresa en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, siempre que dichas extinciones de contratos se hayan producido en los tres años anteriores o en el año posterior al inicio del procedimiento de despido colectivo.
A los efectos del cálculo del porcentaje de trabajadores de cincuenta o más años sobre el total de trabajadores de la empresa, se tendrá en cuenta la plantilla de la empresa en el momento de inicio del procedimiento de despido colectivo.
c) Que, aun concurriendo las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifiquen el despido colectivo, se cumpla alguna de las dos condiciones siguientes:
1.ª Que las empresas o el grupo de empresas del que formen parte hubieran tenido beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores a aquél en que el empresario inicia el procedimiento de despido colectivo.
2.ª Que las empresas o el grupo de empresas del que formen parte obtengan beneficios en al menos dos ejercicios económicos consecutivos dentro del periodo comprendido entre el ejercicio económico anterior a la fecha de inicio del procedimiento de despido colectivo y los cuatro ejercicios económicos posteriores a dicha fecha.
A estos efectos, se considera que una empresa ha tenido beneficios cuando el resultado del ejercicio, tal y como se define en los modelos de cuentas anuales de pérdidas y ganancias, tanto normal como abreviada, recogidos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, o en la normativa contable que sea de aplicación, sea positivo.
2. A los efectos de este real decreto se considerará como trabajadores de cincuenta o más años a:
a) Todos aquellos trabajadores afectados por el despido colectivo que tuvieran cumplida dicha edad a la fecha de extinción del contrato, dentro del periodo previsto para la realización de los despidos que figure en la comunicación de la decisión empresarial a la autoridad laboral tras la finalización del periodo de consultas contenida en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores.
b) Los trabajadores que tuvieran cumplida dicha edad a la fecha de la extinción de sus contratos por iniciativa de la empresa en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, cuando dichas extinciones de contratos se produjeran en los tres años anteriores o en el año posterior al inicio del despido colectivo.
3. De conformidad con el apartado 11 de la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, se aplicará lo dispuesto en el presente real decreto cuando la empresa proceda a la aplicación de medidas temporales de regulación de empleo conforme a lo establecido en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a trabajadores de cincuenta o más años con carácter previo a la extinción de los contratos de trabajo de los mismos trabajadores en virtud de despido colectivo u otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, siempre que no haya transcurrido más de un año desde la finalización de la situación legal de desempleo por la aplicación a cada trabajador de las medidas temporales de regulación de empleo hasta la extinción del contrato de cada trabajador.
A los efectos de lo previsto en este apartado se considerará trabajadores de cincuenta o más años a todos aquellos que tuvieren cumplida o cumplan dicha edad dentro del periodo previsto para la aplicación de las medidas temporales de regulación de empleo.»
Dos. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado como sigue:
«1. Para el cálculo de la aportación económica a que se refiere el artículo 1, se tomará en consideración el importe bruto, desde la fecha del despido, de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de cincuenta o más años de edad afectados por el despido colectivo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal de acuerdo con lo establecido en los siguientes apartados. También se incluirán a los efectos del cálculo de la aportación económica los importes realizados por el Servicio Público de Empleo Estatal por los referidos conceptos de los trabajadores de cincuenta o más años cuyos contratos se hayan extinguido por iniciativa de la empresa en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, siempre que dichas extinciones de contratos se hayan producido en los tres años anteriores o en el año posterior al inicio del procedimiento de despido colectivo.
No obstante, se excluirán del cálculo de la aportación económica, a petición de la empresa afectada, los importes de prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de cincuenta o más años de edad afectados que hubieran sido objeto de recolocación en la misma empresa, o en otra empresa del grupo del que forme parte, o en cualquier otra empresa, en los seis meses siguientes a la fecha en que se produzca la extinción de sus contratos de trabajo. En estos casos la empresa deberá acreditar todos los requisitos exigidos para la recolocación en el artículo 6.3, en el procedimiento previsto en dicho artículo.»
Tres. La letra c) del apartado 2 del artículo 3 queda redactada como sigue:
«c) Un canon fijo por cada trabajador a que se refiere la letra a) que haya agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo y que comience a percibir algún subsidio de los establecidos en el artículo 215.1.1). a) y b), y 215.1.3) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Este canon se calculará mediante la totalización durante un periodo de seis años de la suma del coste anual del subsidio por desempleo más el de la cotización por jubilación por cuenta de la entidad gestora en el año del agotamiento, con independencia de la duración efectiva de los mencionados subsidios, siendo suficiente que acceda a cualquiera de ellos.
También se hará efectivo el canon fijo por cada trabajador que, no teniendo derecho al cobro de la prestación por desempleo contributiva, acceda directamente al subsidio por desempleo previsto en el artículo 215.1.2) del citado texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, como consecuencia de la situación legal de desempleo motivada por el despido colectivo o la extinción del contrato en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador, de acuerdo con el artículo 3.1.»
Cuatro. El artículo 4 queda redactado como sigue:
«El tipo establecido en la escala a que se refiere el apartado 4 de la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011 para calcular la aportación económica, se determinará aplicando las siguientes reglas:
a) El porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años sobre el total de trabajadores despedidos se calculará año a año, dentro del periodo previsto para la realización de los despidos que figure en la comunicación de la decisión empresarial a la autoridad laboral tras la finalización del periodo de consultas, teniendo en cuenta el número total de ambos colectivos que ha sido objeto de despido hasta el año en que se efectúa el cálculo.
Cuando existan trabajadores afectados por medidas de regulación temporal de empleo a que se refiere el artículo 2.3, estos se incluirán para determinar el porcentaje indicado de trabajadores despedidos de cincuenta o más años sobre el total de trabajadores despedidos.
El cálculo del porcentaje obtenido en cada año no dará lugar a la revisión de la cuantía de las aportaciones económicas de los años anteriores, salvo error o falta de información en el momento de su cálculo.
b) En el supuesto a que se refiere el artículo 2.1.c).1.ª, los beneficios de la empresa o grupo de empresas se cuantificarán en función del porcentaje medio de los resultados de cada ejercicio respecto de los ingresos por operaciones continuadas e interrumpidas considerados para calcular dichos resultados de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1, c), referidos a los dos ejercicios económicos inmediatamente anteriores a aquél en que se inicie el procedimiento de despido colectivo.
c) En el supuesto a que se refiere el artículo 2.1.c).2.ª, los beneficios de la empresa o grupo de empresas se cuantificarán en función del porcentaje medio de los mismos respecto de los ingresos por operaciones continuadas e interrumpidas considerados para calcular dichos resultados de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.c), referidos a los dos primeros ejercicios consecutivos en que la empresa haya obtenido beneficios dentro del periodo indicado en dicho artículo.
d) El número de trabajadores de la empresa o del grupo de empresas del que forme parte se calculará según los que se encuentren en alta en la empresa o en el grupo de empresas en la fecha de inicio del procedimiento de despido colectivo, con independencia de que trabajen a jornada completa o a tiempo parcial.»
Cinco. El artículo 5 queda redactado como sigue:
«Artículo 5. Información previa.
1. En la determinación de los elementos que dan lugar al cálculo de la aportación a que se refiere el presente real decreto, así como el importe de la misma, se tendrá en cuenta el certificado a que se refiere el apartado siguiente y la información recabada por el Servicio Público de Empleo Estatal, con base en el control realizado directamente o a través de los mecanismos de cooperación y colaboración administrativa previstos legal y reglamentariamente.
2. El certificado a que se refiere el apartado 7 de la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, deberá contener la siguiente información:
a) Datos de identificación de la empresa responsable: razón o denominación social, número de identificación fiscal, código o códigos de cuenta de cotización a la Seguridad Social, domicilio y actividad.
b) Resultado del ejercicio e ingresos obtenidos por la empresa o el grupo de empresas del que forme parte, en los dos ejercicios consecutivos mencionados en el artículo 2.1.c), así como el porcentaje medio de estos sobre los ingresos.
c) Fecha de inicio del procedimiento de despido colectivo.
d) Número de trabajadores de la empresa en la fecha de inicio del procedimiento de despido colectivo.
e) Número de trabajadores de la empresa que tuvieran cincuenta o más años en la fecha de inicio del procedimiento de despido colectivo.
f) Número de trabajadores afectados por el despido colectivo.
g) Número e identificación de los trabajadores de cincuenta o más años afectados por el despido colectivo.
h) Relación de los contratos de trabajo extinguidos por iniciativa de la empresa en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, con indicación de la edad de dichos trabajadores, que se hubieran extinguido en el plazo de tres años anteriores o en el año posterior al inicio del procedimiento de despido colectivo.
La autoridad laboral deberá remitir dicho certificado al Servicio Público de Empleo Estatal.
3. El Servicio Público de Empleo Estatal podrá en todo caso iniciar el procedimiento a que se refiere el artículo siguiente cuando verifique la concurrencia de las circunstancias establecidas en el artículo 2.1, aun cuando no le haya sido remitido por la Autoridad Laboral el certificado indicado en el apartado anterior.»
Seis. Se añade un nuevo apartado 2, reenumerándose los actuales apartados 2, 3, 4 y 5 que pasan a ser los apartados 3, 4, 5 y 6, en el artículo 6, que queda redactado como sigue:
«2. De conformidad con el apartado 6 de la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, en el supuesto a que se refiere el artículo 2.1.c).2.ª, el cálculo de la primera aportación incluirá todos los conceptos establecidos en el artículo 3.2 correspondientes al periodo comprendido desde la fecha de los despidos hasta el segundo ejercicio consecutivo, incluido éste, en que la empresa haya obtenido beneficios. Este mismo periodo se considerará para la determinación del porcentaje de trabajadores a efectos de la aplicación de la regla establecida en el artículo 4.a).»
Siete. El artículo 7 queda redactado como sigue:
«La resolución a que se refiere el artículo 6.4 especificará, en todo caso, los siguientes extremos:
a) Datos de identificación de la empresa responsable: razón o denominación social, número de identificación fiscal, código o códigos de cuenta de cotización a la Seguridad Social, domicilio y actividad.
b) Relación circunstanciada de los hechos y preceptos normativos que determinan la obligación empresarial de responder del pago de la aportación.
c) Relación nominal de los trabajadores de cincuenta o más años de la empresa que hubieran percibido prestaciones por desempleo de nivel contributivo dentro del periodo a que se refiere la liquidación.
d) Importes brutos, desglosados por meses, por los conceptos a que se refiere el artículo 3.2, a) y b), y 3.3 que hayan sido satisfechos por el Servicio Público de Empleo Estatal dentro del periodo liquidable por cada uno de los trabajadores de cincuenta o más años afectados.
e) Periodo a que se refiere la liquidación, que comprenderá el año natural inmediatamente anterior a aquel en que se realiza la propuesta de liquidación; salvo que, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 2.3, 3.1 y 6.2, resulte procedente que comprenda los años naturales inmediatamente anteriores a aquel en que se realiza dicha propuesta.
f) Relación nominal de trabajadores de cincuenta o más años de la empresa que se vayan a tener en cuenta en el cálculo del canon establecido en el artículo 3.2.c), así como el importe del mismo.
g) Tipo aplicable conforme a la escala fijada en los apartados 4 y 5 de la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, y el artículo 4 del presente Real Decreto.
h) Importe total de la deuda a ingresar en el Tesoro Público.»
Ocho. El apartado 1 del artículo 10 queda redactado como sigue:
«1. Sin perjuicio de la posibilidad de presentar recurso de alzada contra la resolución indicada en el artículo 6.4, las empresas deberán ingresar en el Tesoro Público el importe de las aportaciones contenidas en cada una de las resoluciones anuales en el plazo de 30 días desde el que se hubiera producido su notificación.»
Disposición final octava. Modificación del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.
Se suprime la disposición adicional primera del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, aprobado por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.
Disposición final novena. Modificación de disposiciones reglamentarias.
Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real decreto-ley podrán ser modificadas en el futuro por normas de rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.
Disposición final décima. Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª, 17.ª y 18.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre las materias de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas, de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, y de las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, respectivamente.
Disposición final undécima. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Gobierno y a los titulares de los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Hacienda y Administraciones Públicas para que, en el ámbito de sus competencias, dicten cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley.
Disposición final duodécima. Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 15 de marzo de 2013.
JUAN CARLOS R.
La Presidenta del Gobierno en funciones,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN | Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros sobre vida laboral, jubilación y subsidios | I
Los sistemas de pensiones de los países de la Unión Europea se enfrentan a importantes desafíos en el medio plazo derivados de fenómenos demográficos. Las bajas tasas de natalidad y el alargamiento de la esperanza de vida exigen la adaptación de estos sistemas para asegurar su viabilidad en el largo plazo y mantener unas pensiones adecuadas para el bienestar de los ciudadanos de más edad.
España no es una excepción, y el sistema de Seguridad Social debe hacerse cargo del pago de un número creciente de pensiones de jubilación, por un importe medio que es superior a las que sustituyen, y que deben abonarse en un periodo cada vez más largo, gracias a los progresos en la esperanza de vida.
La Unión Europea está otorgando una creciente importancia a este desafío. Sus competencias en este ámbito son limitadas, pero las implicaciones del proceso para el crecimiento económico y la cohesión económica y social son tales que la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y el impulso del envejecimiento activo se han convertido en una prioridad. La Estrategia Europa 2020, que constituye el marco de referencia para la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, es el ámbito desde el que se impulsa una política de orientación y coordinación de los esfuerzos de las Instituciones Comunitarias y de los Estados miembros para afrontar el reto del envejecimiento y su impacto sobre los sistemas de protección social.
Fruto de este enfoque es la publicación por la Comisión Europea del «Libro Blanco 2012: Ayuda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles», con el objetivo de orientar los instrumentos políticos de la Unión para que respalden los esfuerzos de los Estados miembros para la reforma de sus sistemas de pensiones, y proponer una serie de iniciativas que impulsen una mayor coordinación del seguimiento de los avances hacia objetivos comunes en el marco de la estrategia integrada y global Europa 2020. Este Libro blanco se complementa con otros documentos como el «Informe de envejecimiento 2012» o «Adecuación de las pensiones en la UE 2010-2050».
El Libro Blanco detalla una serie de recomendaciones a nivel global y otras a nivel de Estado miembro, que enfatizan la necesidad de reformar las pensiones tanto por las previsiones demográficas analizadas como por la necesaria sostenibilidad de las finanzas públicas, máxime en períodos de crisis financiera y económica como el actual. Si bien reconoce los progresos realizados en la última década, advierte de que es necesario seguir avanzando para garantizar la viabilidad en el largo plazo.
El incremento de la edad de jubilación, la prolongación de la vida activa y el incremento de la participación en el mercado de trabajo de los trabajadores de más edad suponen elementos básicos para la adecuación y sostenibilidad de las pensiones. Para ello, es recomendable vincular la edad de jubilación a los aumentos de la esperanza de vida, racionalizar el acceso a los planes de jubilación anticipada y a otras vías de salida temprana del mercado laboral, y favorecer la prolongación de la vida laboral, facilitando el acceso al aprendizaje a lo largo de la vida, desarrollando oportunidades de empleo para los trabajadores de más edad y fomentando el envejecimiento activo.
II
Los avances realizados en este ámbito por España han sido muy ambiciosos y coherentes con los planteamientos de la Unión Europea. El Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, suscrito en fecha 2 de febrero de 2011 entre el Gobierno y los interlocutores sociales, y las orientaciones contenidas en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 25 de enero de 2011, configuraron una base sólida para la reforma del sistema de forma consensuada. Buena parte de sus planteamientos se plasmaron en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que supuso un avance muy relevante para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones español. Esta norma se completó con el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011, que aprobó la Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores de Más Edad 2012-2014 (Estrategia 55 y más), por la que se establece el marco general de las políticas que se dirijan a favorecer el empleo de las personas de más edad.
La recomendación número 12 del mencionado Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo incluía referencias expresas a tres elementos que todavía deben ser abordados para asegurar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y el impulso efectivo del envejecimiento activo. Por un lado, es necesario conceder una mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador para favorecer la aproximación de la edad real de jubilación a la edad legal de acceso a la jubilación. Por otro, la jubilación anticipada debería reservarse a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización. Finalmente, debe facilitarse la coexistencia de salario y pensión.
Por otra parte, la cuestión del envejecimiento activo debe abordarse de forma integral, ya que la transición entre vida activa y jubilación implica tanto a la política de Seguridad Social, como a las políticas de empleo. Por ello, el presente real decreto-ley incorpora también entre sus objetivos la lucha contra la discriminación por razón de la edad en el mercado de trabajo, así como la racionalización del sistema de prestaciones por desempleo para reforzar su vinculación con sus objetivos originales.
El presente real decreto-ley aborda estas cuestiones a través de medidas en el ámbito de la jubilación anticipada, la jubilación parcial, la compatibilidad entre vida activa y pensión, la lucha contra el fraude, y las políticas de empleo. Estas medidas permiten satisfacer las Recomendaciones del
### RESUMEN: Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros sobre vida laboral, jubilación y subsidios |
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 26 de septiembre de 2017, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de las ayudas, subvenciones, avales, préstamos, contratos, convenios o cualquier otra fórmula de apoyo económico, otorgadas por parte de las distintas administraciones públicas a la empresa Epsilon Euskadi, S.L., y a la Asociación de Investigación Tecnológica y Aerodinámica Epsilon Euskadi, así como al proyecto Hiriko, las asociaciones AFYPAIDA y DENOKINN, y al resto de empresas relacionadas con el citado proyecto, acuerda:
Primero.
Instar al Gobierno a:
– Adoptar las medidas necesarias para restringir más la subcontratación total de actividades subvencionadas.
– Establecer mecanismos de coordinación interadministrativa en el caso que un proyecto se financie por distintas Administraciones Públicas, exigiendo la aportación de todas las subvenciones a la Base de Datos Nacional de Subvenciones a efectos de información, seguimiento y control eficaz de los fondos públicos.
– Exigir sistemas de seguimiento de proyectos que obtengan subvenciones a lo largo de distintos ejercicios económicos a efectos de ir valorando su viabilidad y poder ir haciendo ajustes de las garantías exigidas al beneficiario.
Segundo.
Instar a todas las Administraciones Públicas objeto del Informe de Fiscalización (Administración del Estado, Comunidad Autónoma del País Vasco y Diputaciones Forales) a:
– Justificar especialmente los casos en que se produzca la subcontratación, restringiendo su uso en lo posible, para respetar así el concepto que de esta figura ofrece el artículo 11 de la Ley General de Subvenciones y evitar aumentos del coste de la actividad subvencionada que no aporten valor añadido al contenido de la misma.
– Limitar la excepción de garantías a constituir por los beneficiarios de las mismas, a los supuestos estrictamente indispensables y fundamentados.
– Establecer las fórmulas de coordinación imprescindibles para garantizar la racionalidad y eficiencia en el uso de los fondos públicos, de manera que las evaluaciones de los distintos proyectos por parte de una Administración sean comunicadas a las demás a efectos de su consideración.
– Establecer mecanismos eficaces de control y de revisión de las solicitudes de ayudas y subvenciones presentadas, sobre todo en el caso de las obtenidas en distintos años por un mismo beneficiario o proyecto, con objeto de comprobar su efectivo y correcto desarrollo conforme a los planes presentados, así como el mantenimiento de su viabilidad y de las condiciones de solvencia del beneficiario, actualizando o reclamando mayores garantías en el caso de que se observaran dificultades en el desarrollo de los planes o proyectos presentados, recogiéndose en las bases reguladoras de las subvenciones y ayudas y en los convenios referentes a las subvenciones nominativas.
– Establecer controles eficaces que impidan que determinadas entidades de ellas dependientes efectúen operaciones que no se incluyan en su objeto, que no cuenten con las preceptivas autorizaciones o que no incluyan los correspondientes informes o justificaciones de su realización, exigiendo las responsabilidades a que hubiere lugar en caso de producirse estas circunstancias.
Tercero.
Instar a los órganos fiscalizados:
– Regular de manera más concreta la subcontratación, especialmente en cuanto a la justificación.
– Limitar, en base a la experiencia sufrida, la excepción de garantías a constituir por los beneficiarios además de exigir a los órganos gestores un más profundo análisis de la situación económica patrimonial.
– Mejorar los mecanismos de control y de revisión de las solicitudes de ayuda y subvenciones presentadas cuando sean obtenidas en distintos años por un mismo beneficiario o proyecto.
Cuarto.
Instar al Tribunal de Cuentas a:
– Acortar los tiempos de la comprobación para evitar que información del año 2004 esté siendo sometida a deliberación de la Comisión en el año 2017, con la consecuente pérdida de eficacia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2017.–El Presidente de la Comisión, Eloy Suárez Lamata.–El Secretario Primero de la Comisión, Vicente Ten Oliver. | Caso Epsilon. El Tribunal de Cuentas publica ahora el informe: pide a las administraciones públicas que se coordinen cuando dan subvenciones y que hagan seguimiento. | La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 26 de septiembre de 2017, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de las ayudas, subvenciones, avales, préstamos, contratos, convenios o cualquier otra fórmula de apoyo económico, otorgadas por parte de las distintas administraciones públicas a la empresa Epsilon Euskadi, S.L., y a la Asociación de Investigación Tecnológica y Aerodinámica Epsilon Euskadi, así como al proyecto Hiriko, las asociaciones AFYPAIDA y DENOKINN, y al resto de empresas relacionadas con el citado proyecto, acuerda:
Primero.
Instar al Gobierno a:
– Adoptar las medidas necesarias para restringir más la subcontratación total de actividades subvencionadas.
– Establecer mecanismos de coordinación interadministrativa en el caso que un proyecto se financie por distintas Administraciones Públicas, exigiendo la aportación de todas las subvenciones a la Base de Datos Nacional de Subvenciones a efectos de información, seguimiento y control eficaz de los fondos públicos.
– Exigir sistemas de seguimiento de proyectos que obtengan subvenciones a lo largo de distintos ejercicios económicos a efectos de ir valorando su viabilidad y poder ir haciendo ajustes de las garantías exigidas al beneficiario.
Segundo.
Instar a todas las Administraciones Públicas objeto del Informe de Fiscalización (Administración del Estado, Comunidad Autónoma del País Vasco y Diputaciones Forales) a:
– Justificar especialmente los casos en que se produzca la subcontratación, restringiendo su uso en lo posible, para respetar así el concepto que de esta figura ofrece el artículo 11 de la Ley General de Subvenciones y evitar aumentos del coste de la actividad subvencionada que no aporten valor añadido al contenido de la misma.
– Limitar la excepción de garantías a constituir por los beneficiarios de las mismas, a los supuestos estrictamente indispensables y fundamentados.
– Establecer las fórmulas de coordinación imprescindibles para garantizar la racionalidad y eficiencia en el uso de los fondos públicos, de manera que las evaluaciones de los distintos proyectos por parte de una Administración sean comunicadas a las demás a efectos de su consideración.
– Establecer mecanismos eficaces de control y de revisión de las solicitudes de ayudas y subvenciones presentadas, sobre todo en el caso de las obtenidas en distintos años por un mismo beneficiario o proyecto, con objeto de comprobar su efectivo y correcto desarrollo conforme a los planes presentados, así como el mantenimiento de su viabilidad y de las condiciones de solvencia del beneficiario, actualizando o reclamando mayores garantías en el caso de que se observaran dificultades en el desarrollo de los planes o proyectos presentados, recogiéndose en las bases reguladoras de las subvenciones y ayudas y en los convenios referentes a las subvenciones nominativas.
– Establecer controles eficaces que impidan que determinadas entidades de ellas dependientes efectúen operaciones que no se incluyan en su objeto, que no cuenten con las preceptivas autorizaciones o que no incluyan los correspondientes informes o justificaciones de su realización, exigiendo las responsabilidades a que hubiere lugar en caso de producirse estas circunstancias.
Tercero.
Instar a los órganos fiscalizados:
– Regular de manera más concreta la subcontratación, especialmente en cuanto a la justificación.
– Limitar, en base a la experiencia sufrida, la excepción de garantías a constituir por los beneficiarios además de exigir a los órganos gestores un más profundo análisis de la situación económica patrimonial.
– Mejorar los mecanismos de control y de revisión de las solicitudes de ayuda y subvenciones presentadas cuando sean obtenidas en distintos años por un mismo beneficiario o proyecto.
Cuarto.
Instar al Tribunal de Cuentas a:
– Acortar los tiempos de la comprobación para evitar que información del año 2004 esté siendo sometida a deliberación de la Comisión en el año 2017, con la consecuente pérdida de eficacia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2017.–El Presidente de la Comisión, Eloy Suárez Lamata.–El Secretario Primero de la Comisión, Vicente Ten Oliver.
### RESUMEN: Caso Epsilon. El Tribunal de Cuentas publica ahora el informe: pide a las administraciones públicas que se coordinen cuando dan subvenciones y que hagan seguimiento. |
1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre:
ADIF - Consejo de Administración.
1.2) Número de identificación fiscal:
Q2801660H.
1.3) Dirección:
Sor Ángela de la Cruz, 3.
1.4) Localidad:
Madrid.
1.5) Provincia:
Madrid.
1.6) Código postal:
28020.
1.7) País:
España.
1.8) Código NUTS:
ES300.
1.11) Correo electrónico:
jcampo@adif.es
1.12) Dirección principal:
http://www.adif.es
1.13) Dirección del perfil de comprador:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=k2FdkRnM5zEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
2. Acceso a los pliegos de contratación:
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zHrYhsbZIS4BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo:
Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida:
Infraestructuras.
5. Códigos CPV:
45234100 (Trabajos de construcción ferroviaria) y 45234110 (Obras en vías férreas interurbanas).
6. Lugar del emplazamiento principal de las obras:
ES300.
7. Descripción de la licitación:
Proyecto constructivo de renovación de vía y electrificación del túnel atocha-recoletos-chamartín l-900.
8. Valor estimado:
35.566.566,30 euros.
9. Información sobre las variantes:
No se aceptarán variantes.
10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
7 meses.
11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:
Según lo indicado en el Pliego de condiciones particulares.
11.4) Situación económica y financiera:
Otros (según lo indicado en el Pliego de condiciones particulares).
11.5) Situación técnica y profesional:
Otros (según lo indicado en el Pliego de condiciones particulares).
12. Tipo de procedimiento:
Abierto.
18. Criterios de adjudicación:
18.1)
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (Ponderación: 60%).
18.2)
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (Ponderación: 40%).
19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación:
Hasta las 11:00 horas del 25 de enero de 2019.
20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección:
Sociedad ADIF. C/HIEDRA, 9 - EDIFICIO 23. 28036 MADRID.
20.2) URL:
http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/licitaciones/licitaciones.shtml
21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:
21.2.1)
Apertura sobre oferta económica: 28 de febrero de 2019 a las 10:00. Sala de apertura de Plicas. C/HIEDRA, 9 - EDIFICIO 23 - 28036 MADRID.
24. Información sobre fondos de la Unión Europea:
Proyecto o programa financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: POR EL MECANISMO 'CONECTAR EUROPA'(CEF).
26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
ID: 2018-589290. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (14 de diciembre de 2018).
28. Fecha de envío del anuncio:
18 de diciembre de 2018.
Madrid, 17 de diciembre de 2018.- La Presidenta, Isabel Pardo de Vera Posada. | El Gobierno licita el túnel de Recoletos, en Madrid. | 1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre:
ADIF - Consejo de Administración.
1.2) Número de identificación fiscal:
Q2801660H.
1.3) Dirección:
Sor Ángela de la Cruz, 3.
1.4) Localidad:
Madrid.
1.5) Provincia:
Madrid.
1.6) Código postal:
28020.
1.7) País:
España.
1.8) Código NUTS:
ES300.
1.11) Correo electrónico:
jcampo@adif.es
1.12) Dirección principal:
http://www.adif.es
1.13) Dirección del perfil de comprador:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=k2FdkRnM5zEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
2. Acceso a los pliegos de contratación:
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zHrYhsbZIS4BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo:
Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida:
Infraestructuras.
5. Códigos CPV:
45234100 (Trabajos de construcción ferroviaria) y 45234110 (Obras en vías férreas interurbanas).
6. Lugar del emplazamiento principal de las obras:
ES300.
7. Descripción de la licitación:
Proyecto constructivo de renovación de vía y electrificación del túnel atocha-recoletos-chamartín l-900.
8. Valor estimado:
35.566.566,30 euros.
9. Información sobre las variantes:
No se aceptarán variantes.
10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
7 meses.
11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:
Según lo indicado en el Pliego de condiciones particulares.
11.4) Situación económica y financiera:
Otros (según lo indicado en el Pliego de condiciones particulares).
11.5) Situación técnica y profesional:
Otros (según lo indicado en el Pliego de condiciones particulares).
12. Tipo de procedimiento:
Abierto.
18. Criterios de adjudicación:
18.1)
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (Ponderación: 60%).
18.2)
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (Ponderación: 40%).
19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación:
Hasta las 11:00 horas del 25 de enero de 2019.
20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección:
Sociedad ADIF. C/HIEDRA, 9 - EDIFICIO 23. 28036 MADRID.
20.2) URL:
http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/licitaciones/licitaciones.shtml
21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:
21.2.1)
Apertura sobre oferta económica: 28 de febrero de 2019 a las 10:00. Sala de apertura de Plicas. C/HIEDRA, 9 - EDIFICIO 23 - 28036 MADRID.
24. Información sobre fondos de la Unión Europea:
Proyecto o programa financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: POR EL MECANISMO 'CONECTAR EUROPA'(CEF).
26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
ID: 2018-589290. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (14 de diciembre de 2018).
28. Fecha de envío del anuncio:
18 de diciembre de 2018.
Madrid, 17 de diciembre de 2018.- La Presidenta, Isabel Pardo de Vera Posada.
### RESUMEN: El Gobierno licita el túnel de Recoletos, en Madrid. |
De conformidad con lo establecido en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (BOE número 186, de 4 de agosto), modificada por los Reales Decretos-Leyes 2/1999, de 29 de enero, y 8/2007, de 14 de septiembre; en el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (BOE número 8, de 10 de enero de 1995), modificado por los Reales Decretos 938/1997, de 20 de junio, 1123/2001, de 19 de octubre, 4/2008, de 11 de enero, y 1628/2009, de 30 de octubre; en la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada; en la Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de 12 de noviembre, por la que se determinan los programas de formación del personal de Seguridad Privada (BOE número 296 de 10 de diciembre de 2012); en el Real Decreto 938/1997, de 20 de junio, por el que se completa la regulación de los requisitos de autorización de empresas de seguridad y los de habilitación de seguridad privada (BOE número 148, del 21 de junio de 1997).
Teniendo en cuenta asimismo lo establecido en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre (BOE número 289, de 3 de diciembre), por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada; en la Orden del Ministerio del Interior, de 14 de enero de 1999, por el que se aprueban los modelos de informes de aptitud, así como la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social; en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda Pública, modificada por la de 11 de diciembre de 2001; y demás normativa aplicable con carácter director o supletorio, esta Secretaría de Estado ha resuelto:
Primero.
Aprobar para el año 2013 el calendario de convocatorias de pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad y sus especialidades, cuya superación habilitará para el ejercicio de las correspondientes profesiones, previa expedición de la tarjeta de identidad profesional, con arreglo a la bases de convocatoria que en Anexo a la presente Resolución se aprueban y publican, y que serán comunes y únicas para cada una de las convocatorias, sin perjuicio de las posibles modificaciones que pudiera sufrir la legislación vigente, en cuyo caso se estaría a lo dispuesto en ellas.
Segundo.
Por la Dirección General de la Policía se adoptarán las disposiciones necesarias para que, por su Órgano encargado de la formación, se lleve a cabo el desarrollo y ejecución de los procesos selectivos convocados, de acuerdo con las bases del anexo a esta Resolución.
Madrid, 11 de diciembre de 2012.–El Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa Rubio.
ANEXO
Bases de convocatoria
1. Destinatarios y requisitos de participación.
1.1 Destinatarios. Podrán participar en las pruebas y son destinatarios de la presente convocatoria:
a) Los aspirantes a vigilantes de seguridad y sus especialidades (escoltas privados y/o vigilantes de explosivos) que acrediten haber superado el curso o cursos correspondientes en los centros de formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad.
b) El personal de seguridad privada debidamente habilitado que, habiendo permanecido inactivo más de dos años, deba someterse a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias, conforme al artículo 10.6 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.
c) A las especialidades de escoltas privados y/o vigilantes de explosivos podrán participar los aspirantes que ya sean vigilantes de seguridad y acrediten haber superado el curso o cursos correspondientes en los centros de formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad.
1.2 Requisitos generales. En la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes para participar en cada una de las convocatorias a que se refiere el punto 2.1. de las presentes, los aspirantes habrán de reunir los siguientes requisitos generales:
a) Ser mayor de edad y no haber cumplido cincuenta y cinco años.
b) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o bien que le sea aplicable lo dispuesto en la legislación sobre régimen comunitario conforme al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.
d) Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones de vigilante de seguridad y reunir los requisitos necesarios para prestar servicios de seguridad privada, a tenor de lo dispuesto al efecto en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada.
e) Carecer de antecedentes penales.
f) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.
g) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia de seguridad.
h) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
i) No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la solicitud.
j) Poseer diploma o certificación acreditativa de haber superado el curso o cursos correspondientes en los centros de formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad.
1.3 Requisitos específicos. Además de los requisitos generales que se determinan en el apartado anterior, los aspirantes a la especialidad de escoltas privados habrán de tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
1.4 Carencia de requisitos. Si en algún momento del procedimiento, desde la publicación de la lista de convocados hasta la publicación de la lista de los declarados aptos, se tuviere conocimiento de que algún aspirante no posee la totalidad de los requisitos exigidos por las presentes bases de convocatoria, el Tribunal Calificador acordará su exclusión, comunicando, en su caso, a la Secretaria de Estado de Seguridad, las inexactitudes o falsedades que hubiera podido cometer, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiera lugar.
2. Instancias de solicitud, liquidación de las tasas y convocatoria a pruebas.
2.1 Plazos. Los que para cada convocatoria se indican a continuación:
01/2013. Diez días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
02/2013. Del 11 al 20 de marzo de 2013.
03/2013. Del 29 de abril al 8 de mayo de 2013.
04/2013. Del 3 al 12 de junio de 2013.
05/2013. Del 16 al 25 de septiembre de 2013.
06/2013. Del 4 al 13 de noviembre de 2013.
Quienes deseen tomar parte en las pruebas de selección para cada una de las convocatorias cursarán su solicitud cumplimentando el modelo oficial que se reproduce como apéndice V, por alguno de los siguientes procedimientos:
a) A través de la página web, www.policia.es, rellenando el formulario que se indica en la misma, que permite la cumplimentación automática del modelo oficial de solicitud (apéndice V) y del impreso modelo 790, código de tasa 015.
Una vez cumplimentados los datos de dicho formulario, se imprimen la solicitud y el impreso 790, éste por triplicado ejemplar («ejemplar para la Administración», «ejemplar para el interesado», y «ejemplar para la entidad colaboradora»).
Los originales (no admitiéndose fotocopias) de los tres ejemplares del modelo 790, cumplimentados en la forma descrita, se presentarán en cualquier entidad de depósito de las mencionadas en la base 2.2 para hacer efectivo el pago de la tasa dentro de los respectivos plazos de presentación de solicitudes señalados en la base 2.1.
Una vez efectuado el pago de la tasa, y siempre dentro del plazo de presentación de solicitudes, el «ejemplar para la Administración», del modelo 790, con la validación del pago de la tasa por la entidad colaboradora, deberá presentarse junto con la solicitud y firmados ambos documentos, directamente en la División de Formación y Perfeccionamiento, del Cuerpo Nacional de Policía, avenida de Pío XII, número 50, 28071 Madrid, o en cualquier Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, o en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) A través de la página web, www.policia.es, pulsando en el enlace «Sede electrónica», mediante un procedimiento íntegramente electrónico, que implica los siguientes pasos:
1. Cumplimentar el formulario electrónico que aparece en la misma.
2. Realizar el pago electrónico de la tasa mediante la opción incluida al efecto.
3. Firmar, electrónicamente, la solicitud y, en su caso, la autorización para solicitar de oficio el certificado de antecedentes penales.
4. Enviar la solicitud al Registro Electrónico, mediante la opción incluida al efecto, e imprimir el justificante devuelto por dicho Registro.
Requisitos para el pago telemático:
1. Disponer de número de identificación fiscal (NIF) o de un código de identificación fiscal (CIF), según corresponda.
2. Disponer de documento nacional de identidad electrónico o de firma electrónica avanzada basada en un certificado de usuario admitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria como medio de identificación y autenticación en sus relaciones telemáticas con los contribuyentes. A estos efectos, serán válidos los certificados de usuario X.509.V3 expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, al amparo de la normativa tributaria, así como los emitidos por las autoridades de certificación publicadas en la página web de la Agencia Tributaria (oficina virtual), admitidos para el uso de firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, según se establece en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de marzo, por la que se establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
3. Tener una cuenta abierta en una entidad colaboradora en la gestión recaudatoria que se haya adherido al sistema previsto en la Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos, en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios, y que aparezca en la relación de entidades que se muestre en la opción de pago de la «oficina virtual» de la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Pago de las tasas por vía telemática.
1. El modelo de autoliquidación se ajustará a los formatos establecidos en la Orden de 4 de junio de 1998, modificada por la de 11 de diciembre de 2001 (modelo 790).
Dichos modelos se encuentran a disposición de los interesados en la página web de la Dirección General de la Policía: www.policia.es
2. El pago telemático de estas tasas tendrá siempre carácter voluntario y alternativo, en su caso, al procedimiento ordinario de pago, que seguirá realizándose mediante ingreso en efectivo en cualquier entidad de depósito (Bancos, Cajas de Ahorro, etc.) que preste servicios de colaboración en la recaudación de las tasas que constituyen recursos de los Presupuestos del Estado. Si se opta por el pago de la vía telemática, previamente se deberán cumplir los requisitos establecidos en el apartado tercero 2.d) de la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, requisitos que se detallan en el apartado cuarto.
3. Para realizar el pago telemático de estas tasas autoliquidables, el obligado al pago o sujeto pasivo deberá entrar en la página web de la Dirección General de la Policía, cumplimentar el formulario correspondiente, y realizar el pago conforme a lo establecido en el apartado cuarto de la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo.
4. Los servicios telemáticos de la Dirección General de la Policía, conectarán al interesado a través de su pasarela de pagos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para que lleve a cabo todos los pasos necesarios para completar el pago.
5. Una vez efectuado el pago, la entidad colaboradora generará el Número de Referencia Completo (NRC) que será enviado a la Dirección General de la Policía, que generará, para que el interesado lo pueda imprimir, el modelo de autoliquidación cumplimentado y pagado, en el que figurará el Número de Referencia Completo (NRC) y que le servirá como justificante del pago de la tasa.
6. El importe pagado se ingresará a través de cuentas restringidas abiertas en las entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria que tiene encomendada la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los términos establecidos en la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
c) Únicamente cuando sea imposible la conexión con la página web, www.policia.es, la solicitud se formalizará en el modelo oficial (apéndice V), que podrá obtenerse por reproducción en fotocopia u otros medios.
En este caso el impreso 790, código de tasa 015, podrá obtenerse en cualquiera de las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía mencionadas anteriormente.
Ambos impresos, firmados por el interesado, el de solicitud y el «ejemplar para la Administración» del 790, cumplimentados a máquina o a mano con letras mayúsculas, y ya efectuado el pago de la tasa en la forma descrita en el apartado a) anterior, se presentarán juntos dentro del respectivo plazo en cualquiera de las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía antes citadas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La solicitud sólo producirá efectos una vez presentado en plazo el «ejemplar para la Administración» del modelo 790 con la tasa pagada.
2.2 Tasas por prestación de servicios y actividades en materia de seguridad privada. La cuantía de la Tasa por participación en los exámenes y pruebas previas a la habilitación de vigilantes de seguridad y sus especialidades, prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, es de veintiún euros y noventa y nueve céntimos (21,99 euros) (tarifa duodécima). Por compulsa de documentos es de tres euros y sesenta y nueve céntimos (3,69 euros) (Tarifa decimocuarta), que se incrementará en un euro y ochenta y tres céntimos (1,83 euros) por cada página que complete el documento a compulsar.
La cuantía de dichas tasas será satisfecha mediante ingreso en efectivo en cualquier entidad de depósito (Bancos, Cajas de Ahorro, etc.) que presten servicios de colaboración en la recaudación de las tasas que constituyen recursos del presupuesto del Estado, utilizando para ello el impreso a que hace referencia la base 2.1, teniendo en cuenta que en el importe (casilla inferior derecha del impreso) se deberá expresar el total resultante, señalando con «X» la casilla correspondiente a la tarifa satisfecha.
Únicamente procederá la devolución de las tasas exigidas cuando no se realice el hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo; por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión del proceso selectivo por causa imputable al interesado. La exclusión por no cumplir los requisitos o no aportar los documentos exigidos en la convocatoria, no dará lugar a la devolución de los derechos de examen.
En los casos en que proceda la devolución de tasas abonadas, será necesaria para dicho reintegro la solicitud del interesado, en la que deberán figurar inexcusablemente los siguientes datos: nombre y apellidos, número de identificación fiscal, domicilio, cuenta donde ha de realizarse la transferencia bancaria de devolución, con indicación del Código Cuenta Cliente expresado con 20 dígitos y aportando a la solicitud el original del «ejemplar para el interesado» del impreso modelo 790, código de tasa 015, ya mencionado. Los ciudadanos extranjeros consignarán en esta solicitud los mismos datos con expresión del número de identidad de extranjero (NIE).
2.3 Convocatoria a pruebas. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes a que se refiere la base 2.1, el Tribunal calificador aprobará, mediante Acuerdo, la lista de participantes convocados a la realización de las pruebas, con indicación de la sede asignada a cada uno de ellos y la fecha de celebración de las mismas. Los interesados podrán obtener esta información en la Subdirección General de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo y Atención Ciudadana del Ministerio del Interior, calle Amador de los Ríos, núm. 8, de Madrid, teléfono 902.15.00.02; en la Dirección General de la Función Pública, calle María de Molina, número 50, de Madrid, teléfono 060; y en el Servicio de Atención al Público de la División de Formación y Perfeccionamiento, teléfonos 91.322.75.97 y 91.322.75.98, ó consultando la direcciones de Internet: www.policia.es y www.mir.es.
3. Lugares y fechas de celebración de las pruebas.
3.1 Lugares. Las pruebas se realizarán en Madrid, Barcelona, A Coruña, Granada, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. No obstante, el Tribunal en cada convocatoria podrá designar otras ciudades como sede para la realización de las pruebas y podrá suprimir alguna o algunas de las anteriormente citadas cuando así lo aconsejen razones de economía de medios, eficacia o funcionalidad. Asimismo, podrá descentralizar la mera ejecución de pruebas o parte de las mismas.
En el Acuerdo por el que se apruebe la lista de participantes convocados a pruebas en cada una de las convocatorias, se indicará el lugar y la fecha de realización de las mismas.
No obstante, el Tribunal, para favorecer el desarrollo de las pruebas, podrá disponer que todas ellas se realicen en la misma fecha, y excepcionalmente, por causas justificadas, alterar el orden de determinados ejercicios. Sin embargo, sólo se entrará a evaluar cada una respecto de quienes hayan aprobado la anterior.
3.2 Llamamiento. Los participantes serán convocados en un único llamamiento, siendo excluidos de las pruebas quienes no comparezcan al mismo, sea cual fuere la causa que pudiera alegarse al respecto.
3.3 Identificación de los participantes. Los participantes deberán comparecer a las diferentes pruebas provistos del documento nacional de identidad, pasaporte, carné de conducir, los españoles, y de la tarjeta o autorización de residencia o de identidad en vigor, o en su defecto, del Pasaporte, los extranjeros. La presentación de estos documentos podrá ser exigida por el Tribunal durante el desarrollo de las pruebas y la no presentación de los mismos llevará aparejada la no admisión a su realización y la exclusión del proceso.
3.4 Orden de actuación. El orden de actuación ante el Tribunal, cuando a ello haya lugar, será alfabético, comenzando por la letra «O», de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, de 29 de febrero de 2012 (BOE núm. 61 de 12 de marzo), por la que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, celebrado el 29 de febrero de 2012.
4. Pruebas de aptitud.
4.1 Descripción de las pruebas:
4.1.1 Vigilantes de seguridad. Los convocados a examen para vigilantes de seguridad, así como aquellos a que se refiere la base 1.1.b), realizarán las siguientes pruebas de carácter eliminatorio:
a) Primera (de aptitud física).
Consistirá en la realización por los aspirantes de todos los ejercicios que se describen en el Apéndice I, debiendo superar las marcas y tiempos establecidos en el mismo, teniendo en cuenta que la no superación de alguna o alguno de ellos supone su eliminación. La calificación de esta prueba será de apto o no apto.
Para la realización de la prueba, los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo, y entregar al Tribunal un certificado médico, expedido dentro de los treinta días inmediatamente anteriores a la fecha del comienzo del plazo de presentación de instancias de la correspondiente convocatoria y hasta el día de realización de las citadas pruebas de aptitud física, en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las referidas pruebas deportivas. La no presentación de dicho documento supondrá la exclusión del aspirante del proceso selectivo.
La ejecución de esta prueba será pública, y no se permitirá su grabación por medio audiovisual alguno que pudiera afectar a la seguridad, al derecho a la intimidad personal y a la propia imagen de los intervinientes en la misma.
b) Segunda (de conocimientos teórico-prácticos).
Consistirá en la contestación por escrito en cincuenta minutos a un cuestionario de ochenta preguntas ajustadas al programa que se acompaña como apéndice II. Esta prueba se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de cinco para aprobar.
4.1.2 Escoltas privados. Los aspirantes a escoltas privados deberán contestar por escrito en quince minutos a un cuestionario de veinte preguntas ajustadas al programa que se acompaña como apéndice III. Esta prueba se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de cinco para aprobar.
4.1.3 Vigilantes de explosivos. Los aspirantes a vigilantes de explosivos deberán contestar por escrito en quince minutos a un cuestionario de veinte preguntas ajustadas al programa que se acompaña como apéndice IV. Esta prueba se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de cinco para aprobar.
Los que se presenten en la misma convocatoria a las pruebas para vigilantes de seguridad y a las de alguna o algunas de sus especialidades, realizarán todas las previstas para las que hayan sido convocados, debiendo superar las de vigilante de seguridad para que le sean calificadas las de las especialidades.
4.2 Acuerdo del Tribunal Calificador. Finalizadas las pruebas de aptitud en cada una de las convocatorias a que se refiere el punto 2.1, se hará público el Acuerdo del Tribunal Calificador con la relación de participantes que las hayan superado. Los interesados podrán obtener esta información en los teléfonos y lugares señalados en la base 2.3.
5. Acreditación de requisitos.
5.1 Presentación de documentos. En el plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del Acuerdo del Tribunal por el que se haga pública la relación de participantes que han superado las pruebas de aptitud, éstos deberán presentar directamente, o remitir a la División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía, o cursar a través de Dependencias Policiales o de las referidas en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes documentos:
A) Vigilantes de seguridad:
a) Los aspirantes extranjeros deberán aportar fotocopia compulsada de la tarjeta o autorización de residencia o de identidad en vigor, o en su defecto, del pasaporte.
b) Certificado original de antecedentes penales, expedido por el Registro Central de Penados para los españoles y extranjeros residentes en España, y documento original equivalente que surta los mismos efectos para los solicitantes extranjeros no residentes. Estarán exentos de presentar este Certificado los españoles y extranjeros residentes en España que en su instancia hayan autorizado expresamente su petición de oficio al Registro Central de Penados y Rebeldes.
c) Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.
d) Aquellos aspirantes que hubieran cursado sus estudios en un sistema educativo distinto al sistema educativo general español, deberán acreditar los mismos mediante certificación u homologación, en su caso, expedida por el Ministerio de Educación, en aplicación de la normativa sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros y reconocimiento de cualificaciones profesionales.
e) Informe original de la aptitud psicofísica necesaria para prestar servicios de seguridad privada.
f) Certificado o diploma acreditativo de haber superado el curso correspondiente a los módulos profesionales de formación de vigilante de seguridad, expedido por un Centro de Formación de Seguridad Privada autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad.
g) Declaración jurada o promesa de cumplir los requisitos establecidos en los apartados f), g), h), e i) de la base 1.2 de la presente convocatoria. La referida declaración deberá ajustarse al modelo que figura en el Apéndice VI, que podrá obtenerse mediante la reproducción por fotocopia u otros sistemas, del modelo citado.
B) Escoltas privados:
a) Certificado o diploma que acredite la superación de los módulos profesionales complementarios y específicos de formación de escoltas privados, en el curso impartido en un Centro de Formación de seguridad privada autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad.
b) Certificado médico oficial que acredite la estatura del aspirante.
C) Vigilantes de explosivos.
Certificado o diploma que acredite la superación de los módulos profesionales complementarios y específicos de formación de vigilantes de explosivos, en el curso impartido en un Centro de Formación de seguridad privada autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad.
Quienes hayan superado en la misma convocatoria las pruebas de aptitud para vigilante de seguridad, y las de alguna o algunas de las especialidades, deberán aportar los documentos correspondientes a que se refieren los apartados anteriores.
Los documentos acreditativos de los requisitos exigidos, tanto originales como, en su caso, las copias de los mismos, deberán ser acompañados de la traducción autenticada al castellano, si estuvieran redactados en otros idiomas.
En todo caso, cuando los documentos presentados sean fotocopia del original, deberán ser debidamente autorizados o compulsados, de acuerdo con la normativa vigente y previo ingreso de la tasa (tarifa decimocuarta), conforme se determina en la base 2.2 de esta convocatoria.
La compulsa deberá afectar, en su caso, a la totalidad de las páginas del documento y, cuando proceda, a las dos caras de las mismas, no considerándose válida cuando carezca de la identificación personal y firma del funcionario que la extienda. A estos efectos, no se aceptarán los documentos transmitidos por telefax u otros sistemas análogos.
Cuando se aleguen equivalencias u homologaciones de títulos obtenidos o estudios cursados, dicha circunstancia deberá, asimismo, acreditarse por el interesado. En otro caso no será tenida en cuenta.
Quienes dentro del plazo de diez días naturales concedidos para la presentación de documentos, y salvo los casos de fuerza mayor, no presenten la documentación, o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no obtendrán la habilitación correspondiente, aún habiendo superado las pruebas, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud inicial.
5.2 Exenciones de acreditación de requisitos.
a) El requisito de no haber cumplido los cincuenta y cinco años de edad, establecido en la base 1.2. de la convocatoria, no se exigirá a los aspirantes a las especialidades de escoltas privados y/o vigilantes de explosivos que se encuentren ya habilitados como vigilantes de seguridad por haber superado pruebas de selección anteriores o por haber canjeado sus anteriores títulos-nombramientos, licencias, tarjetas de identidad o acreditaciones por la tarjeta de identidad profesional de vigilante de seguridad, regulada en la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada.
b) El personal de seguridad privada que haya permanecido inactivo más de dos años y deba superar nuevas pruebas, y el que no haya canjeado sus anteriores títulos-nombramientos de Vigilantes Jurados, no necesitará acreditar la obtención del diploma o certificación establecido en el apartado j) de la base 1.2 de la presente convocatoria, ni se les exigirá el requisito de no haber cumplido cincuenta y cinco años, estando eximidos de acreditar la titulación a que se refiere el subapartado c) del apartado A) de la base 5.1 de la presente convocatoria. Sin embargo, sí será necesario que presente certificación de su habilitación anterior, expedida por la Unidad Central de Seguridad Privada, o por la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente.
c) El requisito de no haber cumplido los cincuenta y cinco años de edad, establecido en la base 1.2 de la convocatoria, no se exigirá a los aspirantes a vigilantes de seguridad que bajo las denominaciones de guarda de seguridad, controlador u otras de análoga significación, hubiera venido desempeñando funciones de vigilancia y de control en el interior de inmuebles con anterioridad al día 31 de enero de 1996, lo que puede acreditarse mediante copia compulsada del contrato de trabajo o informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social o cualquier otro documento que, a juicio del Tribunal, se estime acredita suficientemente aquella circunstancia.
5.3 Relación de participantes declarados aptos.
El Tribunal calificador aprobará mediante Acuerdo las listas de participantes que, habiendo superado las pruebas y reunidos los requisitos, son declarados aptos en las respectivas modalidades. A través de la Dirección General de la Policía se elevará dicho Acuerdo al Secretario de Estado de Seguridad para la Resolución pertinente.
Dicho Acuerdo se publicará en la División de Formación y Perfeccionamiento, en las Jefaturas Superiores y Comisarías Provinciales del Cuerpo Nacional de Policía. Los interesados también podrán obtener esta información en los lugares y teléfonos señalados en la base 2.3.
6. Tribunal calificador.
6.1 Designación: El Tribunal calificador estará constituido por los siguientes funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía:
Titulares:
Presidente: Don José Santiago Sánchez Aparicio, Comisario Principal.
Vocales: Don Jesús María Marín Zabala, Comisario; don Antonio Pérez Jiménez, don Andrés del Río Liquete, don Luis González Pernía, don Anselmo Murillo Pozo, doña María Amparo Santos Cesa, don Rafael Fausto Navarro García, don José Agustín Pascual Estruch y don Gonzalo Sánchez Caño, Inspectores Jefes.
Suplentes:
Presidente: Don Florentino Villabona Madera, Comisario Principal.
Vocales: Don Esteban Gándara Trueba, Comisario; don Abelardo Ramos Frade y don Claudio Esteban Bravo, Inspectores Jefes; don Pedro Palmero Armendáriz, doña Juana María Mérida Sánchez, don José David Molano Margallo, doña María del Carmen Carrión Tapia, don Columbiano Roldán Lozano y don Luis Calleja Saiz, Inspectores.
En la sesión constitutiva el Tribunal designará de entre sus miembros un secretario titular y otro suplente.
6.2 Sede del Tribunal. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía, avenida de Pío XII, número 50, 28071 Madrid, teléfonos: 91.322.75.97 y 91.322.75.98.
6.3 Actuación del Tribunal. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar, para sesiones de valoración de pruebas, sin la presencia de, al menos, cinco miembros. Para sesiones de simple ejecución de pruebas, o cuando éstas deban llevarse a cabo por asesores especialistas, bastará la intervención de un miembro del Tribunal, comisionado por éste, para asegurar su correcta realización y trasladarle los resultados de las pruebas.
Al Tribunal le corresponde el desarrollo y calificación de las pruebas y resolver cuantas dudas puedan surgir en la aplicación de estas bases, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos en ellas. De cada sesión del Tribunal se extenderá el acta correspondiente.
Los errores de hecho podrán subsanarse por el Tribunal o, en su defecto, por la Secretaría de Estado de Seguridad, de oficio o a instancia de parte, en cualquier fase del procedimiento.
6.4 Nombramiento de asesores y colaboradores. El Tribunal podrá designar, para la realización de las pruebas a los asesores especialistas y personal colaborador y auxiliar que estime necesario, los cuales se limitarán al ejercicio de las funciones que les sean encomendadas.
6.5 Abstención y recusación. Deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento los miembros del Tribunal, asesores y colaboradores en los que concurra alguno de los supuestos de abstención previstos en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los participantes en las pruebas podrán recusar a los miembros del Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la mencionada Ley.
6.6 Asistencias y retribuciones. Los miembros del Tribunal y asesores tendrán derecho al cobro de las asistencias de la categoría tercera, según lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio y los colaboradores al percibo de las retribuciones que pudiera corresponderles.
7. Superación de las pruebas.
Por Resolución de esta Secretaría de Estado se hará pública la relación de aspirantes que habiendo superado las pruebas son declarados aptos para la habilitación en el ejercicio de las correspondientes profesiones, previa expedición de la tarjeta de identidad profesional, que deberán solicitar antes de tres meses, transcurridos los cuales, deberán acreditar nuevamente los requisitos b) y d) de la base 5.1 A), y, en todo caso, transcurridos dos años sin solicitar la tarjeta de identidad profesional, deberán superar nuevas pruebas en el expediente que se instruya a instancia de los propios interesados o, en su caso, la habilitación múltiple a que se refiere el artículo 62 del Reglamento de Seguridad Privada.
Los interesados podrán conocer el contenido de dicha Resolución en los lugares y teléfonos que se citan en la base 2.3 de esta convocatoria.
8. Norma final.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la Secretaría de Estado de Seguridad en el plazo de un mes, en los términos establecidos por el artículo 116 y concordantes de aquella Ley ó contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, según lo establecido en los artículos 11.1.a) y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.
APÉNDICE I
Pruebas de aptitud física para vigilantes de seguridad
Descripción de las pruebas
1. Potencia tren superior.
1.1 Flexión de brazos en suspensión pura (hombres).
Lugar: Gimnasio o campo de deportes.
Material: Barra fija.
Explicación del ejercicio:
a) Posición de partida: Suspensión pura con palmas al frente y total extensión de brazos.
b) Flexión de brazos, evitando el balanceo del cuerpo y/o ayudarse con movimientos de piernas. Se considera una flexión cuando la barbilla asome por encima de la barra, partiendo siempre de la posición de suspensión pura.
c) Se contará el número de flexiones completas.
d) Se permiten dos intentos, sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.
1.2 Lanzamiento de balón medicinal (mujeres de todas las edades y hombres desde 40 años).
Lugar: Campo de deportes.
Material: Balón medicinal de 3 kilogramos.
Explicación del ejercicio:
a) Posición de partida detrás de una línea marcada en el suelo, pies separados y simétricos, balón sostenido con ambas manos por encima y por detrás de la cabeza.
b) Ejecución: Lanzar el balón medicinal sujeto con ambas manos y por encima de la cabeza tan lejos como se pueda.
Reglas:
1.ª El lanzamiento se hace con los pies simétricamente colocados, impulsando el balón con las dos manos a la vez por encima de la cabeza.
2.ª No se pueden levantar los pies del suelo. Se permite elevar los talones y plantas, siempre que las puntas de los pies estén en contacto con el suelo.
3.ª Ninguna parte del cuerpo puede tocar o rebasar la línea marcada en el suelo.
4.ª El lanzamiento se mide desde la línea marcada hasta el punto de caída del balón más próximo a la citada línea.
5.ª El intento que no cumpla alguna de las reglas se considerará nulo.
6.ª Se permiten dos intentos sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.
2. Potencia tren inferior.
2.1 Salto vertical (hombres y mujeres).
Lugar: Gimnasio, frontón o lugar similar de suelo horizontal con una pared vertical y lisa.
Explicación del ejercicio:
a) Posición de partida: En pie, de costado junto a una pared vertical, con un brazo totalmente extendido hacia arriba y sin levantar los talones del suelo, el candidato marca con los dedos a la altura que alcanza en esta posición.
b) Ejecución: El candidato se separa 20 centímetros de la pared o aparato, salta tan alto como pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
c) Se acredita la distancia entre la marca hecha desde la posición de partida y la conseguida en el salto.
Reglas:
1.ª Se pueden mover los brazos y flexionar el tronco y las rodillas, pero no se puede separar del suelo parte alguna de los pies antes de saltar.
2.ª Hay que realizar el salto con los dos pies a la vez.
3.ª Se permiten dos intentos, sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.
3. Carrera (hombres y mujeres).
Lugar: Pista de atletismo o lugar llano y de suelo compacto y liso.
Explicación de la prueba de 400 metros lisos:
a) Posición de salida: En pie.
b) Ejercicio: Correr lo más rápido posible la distancia de 400 metros.
c) Tomar el tiempo invertido.
d) Sólo se permite un intento.
Tablas de función
Edad
Sexo
Flexiones
Balón medicinal
Salto vertical
Carrera
(400 metros)
De 18 a 25 años.
Hombres
4
55 cm
1’20’’
Mujeres
4,75 m.
36 cm
1’35’’
De 26 a 32 años.
Hombres
3
50 cm
1’30’’
Mujeres
4,25 m.
34 cm
1’45’’
De 33 a 39 años.
Hombres
2
45 cm
1’40’’
Mujeres
4,00 m.
32 cm
2’00’’
De 40 a 50 años.
Hombres
7,00 m.
40 cm
1’55’’
Mujeres
3,75 m.
28 cm
2’15’’
> 51 años.
Hombres
6,50 m.
35 cm
2’10’’
Mujeres
3,50 m.
25 cm
2’25’’
APÉNDICE II
Módulos profesionales de formación de los vigilantes de seguridad
Temas comunes a las distintas modalidades de vigilantes de seguridad
Área jurídica
Módulo de Derecho Constitucional:
Tema 1. La Constitución española, Estructura y características de la Constitución española. Derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución. Especial referencia a los derechos relacionados con la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas.
Tema 2. La Unión Europea. El derecho derivado. Principales Instituciones de la Unión Europea.
Módulo de Derecho Penal:
Tema 1. La infracción penal: Definición y breve descripción de sus notas constitutivas. Dolo o imprudencia. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. El uso de instrumentos de defensa (incluidas armas de fuego) dentro de la legítima defensa, estado de necesidad, miedo insuperable, cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho, oficio o cargo.
Tema 2. Las personas criminalmente responsables de los delitos y las faltas.
Tema 3. Homicidio y sus formas. Lesiones.
Tema 4. Delitos contra las libertades: Detenciones ilegales, secuestros, amenazas y coacciones. Violencia de género.
Tema 5. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: Robo, hurto, daños, receptación y otras conductas afines.
Tema 6. Delitos de falsedades documentales.
Tema 7. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución.
Tema 8. Delitos contra la intimidad, el derecho a la imagen y la inviolabilidad del domicilio: Domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público. Omisión del deber de socorro.
Tema 9. Delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la Autoridad y sus agentes.
Módulo de Derecho Procesal Penal:
Tema 1. Noción de derecho procesal penal. La jurisdicción: concepto y competencia La denuncia. Concepto, elementos y obligación de denunciar: delitos públicos y delitos no públicos.
Tema 2. La detención: concepto y duración. Facultades atribuidas a este respecto por nuestro ordenamiento jurídico a las personas no revestidas de los atributos de agente de policía judicial. Especial referencia a lo que las leyes y jurisprudencia establecen respecto a cacheos y registros. Delito flagrante y persecución del delincuente.
Tema 3. El personal de seguridad privada como auxiliar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el campo de la persecución de las infracciones penales: Pautas de actuación. Especial referencia a su labor en la preservación de instrumentos de prueba.
Tema 4. Los derechos del detenido según nuestro ordenamiento jurídico y su tramitación por parte del sujeto activo de la detención.
Módulo de Derecho Administrativo Especial:
Tema 1. Autoridades competentes en materia de seguridad. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas, y de las Corporaciones Locales. Descripción elemental de su estructura y competencias. Normativa reguladora de la policía estatal y de las policías autonómicas.
Tema 2. Ley de Seguridad Privada. Notas características. Servicios y actividades autorizados a las empresas de seguridad. Ley Orgánica 1/1992: aspectos penales y administrativos de la tenencia y consumo ilícito de drogas.
Tema 3. Personal de seguridad privada: Clasificación, requisitos y procedimiento de habilitación. Funciones de los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos y escoltas privados. Uniformidad, distintivos y armamento. Régimen sancionador.
Tema 4. Protección de datos de carácter personal. Normativa básica reguladora. Especial referencia al tratamiento y custodia de las imágenes.
Módulo de Derecho Laboral:
Tema 1. Concepto de contrato laboral. Concepto de derecho de negociación colectiva. Derecho de huelga según el ordenamiento jurídico español: Limitaciones o restricciones en su ejercicio.
Tema 2. El marco laboral en el sector de seguridad privada: El convenio laboral.
Tema 3. Prevención de riesgos laborales. Normativa básica. Participación de los empresarios y trabajadores. Derechos y obligaciones. Formación. Consulta y participación de los trabajadores: Órganos de representación.
Módulo de Práctica Jurídica:
Tema 1. Confección de documentos y escritos. Redacción de informes y partes diarios: Contenido. Redacción de informes de incidencias: Contenido y puntos esenciales de los mismos.
Tema 2. Escritos de denuncia: Contenido y puntos esenciales.
Área Socioprofesional
Tema 1. Identificación. Técnicas de descripción de personas y cosas. Especial referencia a este respecto a la atención, percepción y memoria.
Tema 2. Las relaciones humanas y la seguridad. El sentimiento de inseguridad. La actitud e imagen del vigilante de seguridad privada ante la seguridad e inseguridad. Técnicas de comunicación dirigidas a la resolución de conflictos.
Tema 3. La deontología profesional. Ética y conducta del personal de seguridad privada. Las relaciones profesionales con: Personal protegido, medios de comunicación, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y público en general.
Tema 4. Las relaciones profesionales en la empresa. Relaciones jerárquicas. Comunicación interpersonal: Tipos y factores modificantes.
Tema 5. El autocontrol. El pánico y sus efectos. El miedo. El estrés. Técnicas de autocontrol.
Área Tecnicoprofesional
Tema 1. La seguridad. Nociones generales. Seguridad individual y seguridad colectiva. La inseguridad. Inadaptación, marginalidad y delincuencia: clases de delincuencia. El sistema integral de seguridad. Teoría esférica de la seguridad. Zonas y áreas de seguridad.
Tema 2. Los medios técnicos de protección (I). Elementos pasivos: La seguridad física. Sistemas de cierre perimetral. Muros, vallas, puertas, cristales blindados, esclusas y otros elementos. Fiabilidad y vulnerabilidad al sabotaje.
Tema 3. Los medios técnicos de protección (II). Elementos activos: Seguridad electrónica. Detectores de interiores y exteriores. El circuito cerrado de televisión. Fiabilidad y vulnerabilidad al sabotaje.
Tema 4. La central de control de alarmas. Organización y funciones. Los sistemas de control y alarmas. Concepto de alarma falsa y alarma real. Sistemas de verificación de las alarmas. Servicio de respuesta y de custodia de llaves. Procedimiento de reacción ante alarmas: El enlace con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Tema 5. La autoprotección. Técnicas y procedimiento de autoprotección personal: En el trabajo, en el domicilio, en los desplazamientos, en otros lugares.
Tema 6. La protección de edificios: En domicilios, establecimientos, grandes superficies y centros de concentración de masas por espectáculos públicos.
Tema 7. El control de accesos. Finalidad. Organización: Medios humanos y materiales. Procedimiento de actuación: Identificación, autorización, tarjeta acreditativa y registro documental de acceso.
Tema 8. La protección de polígonos industriales y urbanizaciones. Características de estas zonas. Rondas de vigilancia a pie y en vehículo. Recorridos y frecuencias. Procedimientos de actuación: Identificación de personas.
Tema 9. La protección de fondos, valores y objetos valiosos (I). El transporte de estos materiales: Características de los medios humanos y materiales. Medidas de seguridad antes, durante y después del servicio. Técnicas de protección. Ofensivas y defensivas.
Tema 10. La protección de fondos, valores y objetos valiosos (II). Protección del almacenamiento. Recuento y clasificación. Medios técnicos empleados en cámaras acorazadas.
Tema 11. La protección de pruebas e indicios. Procedimiento de protección. La recogida de pruebas e indicios con carácter excepcional.
Tema 12. La falsificación de documentos y monedas. La falsificación de documentos: Documento nacional de identidad, pasaporte, carnet de conducir. La falsificación de monedas: Billetes de banco y monedas.
Tema 13. La protección ante artefactos explosivos. Actuación ante amenaza de colocación de un artefacto explosivo. Planes de emergencia y evacuación. Concepto. Clases. El control de personal y objetos: Paquetería y correspondencia. Control y requisa de vehículos.
Tema 14. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Área Instrumental
Tema 1. Los sistemas de comunicación. Las telecomunicaciones. Los radioteléfonos. El teléfono. El telefax. Introducción a las redes informáticas y tipos. Los navegadores Web: conocimiento básico. El correo electrónico.
Tema 2. Partes y funciones básicas de un ordenador. Los sistemas operativos SisTema operativo Windows: Definición y conocimiento básico. Aplicaciones informáticas: tratamiento de texto, hoja de cálculo, bases de datos.
Tema 3. Medios de detección. La utilización de detectores de metales, explosivos y elementos radiactivos. Manejo y precauciones.
Tema 4. La protección contra incendios. Sistemas de detección: Detectores y avisadores. Mecanismo de extinción de incendios. Agentes extintores. Mangueras. Extintores. Prácticas de manejo de mangueras y extintores.
Tema 5. Técnicas de primeros auxilios (I). Concepto. Contenido de las técnicas. Limitaciones. Concepto de urgencia. Orden de prioridad para la asistencia. El control de hemorragia. Técnica de respiración artificial y reanimación cardiovascular. El desfibrilador externo semiautomático.
Tema 6. Técnicas de primeros auxilios (II). El traslado de heridos: A pie, en camilla, en vehículos. Primeras actuaciones en caso de accidente con traumatismos: Craneoencefálico, torácicos, abdominales, de columna vertebral, fracturas y luxaciones.
Tema 7. La preparación física. Entrenamiento para superar las pruebas de: Flexión de brazos en suspensión pura, lanzamiento de balón medicinal, salto vertical y carrera (400 metros).
Tema 8. La defensa personal (I). Fundamentos. Posiciones fundamentales de defensa, ataque y desplazamientos. Técnicas de bloqueo y percusión. Técnicas de luxación: Muñeca, codo y hombro.
Tema 9. La defensa personal (II). Defensa contra los ataques a órganos de frente, espalda y brazos. Las estrangulaciones. Defensa contra ataques de puño y pierna.
Tema 10. La defensa personal (III). Defensa contra arma blanca y arma de fuego. Reducciones. Cacheos y esposamientos.
Tema 11. Técnicas de empleo de la defensa. Característica de la defensa. Casuística de su utilización.
Tema 12. Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por el vigilante de seguridad. Estudio de las armas reglamentarias. Cartuchería y munición. Conservación y limpieza. Su tratamiento en el Reglamento de Armas.
Tema 13. Normas de seguridad en el manejo de armas. Generales y específicas. El principio de proporcionalidad.
Tema 14. Tiro de instrucción. Prácticas de fuego real y/o de fogueo o en simulador homologado, con las armas reglamentarias.
APÉNDICE III
Módulos profesionales complementarios y específicos de formación de escoltas privados
Módulo jurídico
Tema 1. Derecho Administrativo especial. El Escolta Privado: Naturaleza. Requisitos para la obtención de la habilitación.
Tema 2. Funciones a desempeñar por el Escolta Privado.
Tema 3. Porte y depósito del arma de fuego.
Módulo técnico
Tema 1. La protección. Fuentes y fundamentos de peligro. La protección integral.
Tema 2. Protección dinámica (I). Teoría esférica de la protección. Teoría de los círculos concéntricos. Escalones y niveles de seguridad. Evaluación de dispositivos. Coordinación con el Departamento de Seguridad.
Tema 3. Protección dinámica (II). Técnicas de protección en movimiento. Interior de edificios. Escaleras y ascensores. Líneas de recibimiento y control. Evacuaciones.
Tema 4. Protección estática. En el domicilio. En el lugar de trabajo. Coordinación de servicios.
Tema 5. Técnicas de seguridad en vehículos. Características del vehículo y de los conductores. Cápsulas de seguridad sobre vehículos. Conducción evasiva: Defensiva, ofensiva. Contramedidas electrónicas: Inhibidores de frecuencia, Perturbadores.
Tema 6. Caravanas e itinerarios. Clasificación de las caravanas. Itinerarios: Principal, alternativo, de evacuación, de fuga. Funciones y competencias atribuidas a los escoltas privados en los apartados anteriores. Dispositivos de localización y seguimiento vía satélite. Sistemas de posicionamiento global (GPS).
Tema 7. Técnicas de información y observación. La información como elemento imprescindible en la protección. La observación como fuente de información y técnica disuasoria.
Tema 8. Los procedimientos del agresor. Métodos de actuación. El atentado. El secuestro. La amenaza. La extorsión.
Tema 9. Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por escoltas privados. Estudio de las armas reglamentarias. Cartuchería y munición. Conservación y limpieza.
Tema 10. Teoría del tiro. Balística interna. Balística externa. Balística de efectos.
Tema 11. Normas de seguridad en el manejo de armas. Generales y específicas.
Tema 12. Tiro de instrucción. Prácticas de fuego real y/o de fogueo o en simulador homologado, con las armas reglamentarias.
APÉNDICE IV
Módulos profesionales complementarios y específicos de vigilantes de explosivos
Módulo jurídico
Tema 1. Derecho Administrativo especial. El Vigilante de Explosivos: Naturaleza. Requisitos para la obtención de la habilitación; funciones a desempeñar.
Tema 2. El Reglamento de Explosivos: Artículos que especialmente le afectan. Real Decreto 563/2010, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería: artículos que especialmente le afectan. Ley y Reglamento de Minas. Reglamento Nacional del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, Ferrocarril y Vía Aérea: Artículos que especialmente le afectan.
Tema 3. Derecho Penal Especial. El delito de tenencia ilícita de explosivos.
Módulo técnico
Tema 1. Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por el Vigilante de Explosivos. Estudio de las armas reglamentarias. Cartuchería y munición. Conservación y limpieza.
Tema 2. Teoría del tiro. Balística interna. Balística externa. Balística de efectos.
Tema 3. Normas de seguridad en el manejo de las armas. Generales y específicas.
Tema 4. Tiro de instrucción. Prácticas con fuego real con las armas reglamentarias, tanto con el arma corta, como el arma larga utilizada en la custodia de transportes.
Tema 5. Los explosivos. Naturaleza. Características. Clasificación. Explosivos industriales.
Tema 6. Los iniciadores. Naturaleza y clasificación. Efectos de las explosiones. La destrucción de explosivos.
Tema 7. La cartuchería y pirotecnia. Características. Clasificación.
Tema 8. Medidas de seguridad a adoptar en la manipulación y custodia de los explosivos, cartuchería y material pirotécnico. Depósitos y almacenamientos especiales.
Tema 9. Medidas de seguridad a adoptar en el transporte para diferentes medios, carga y descarga de explosivos, cartuchería y material pirotécnico. | Pruebas para ser vigilante de seguridad: Los mayores de 55 años no podrán optar. | De conformidad con lo establecido en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (BOE número 186, de 4 de agosto), modificada por los Reales Decretos-Leyes 2/1999, de 29 de enero, y 8/2007, de 14 de septiembre; en el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (BOE número 8, de 10 de enero de 1995), modificado por los Reales Decretos 938/1997, de 20 de junio, 1123/2001, de 19 de octubre, 4/2008, de 11 de enero, y 1628/2009, de 30 de octubre; en la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada; en la Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de 12 de noviembre, por la que se determinan los programas de formación del personal de Seguridad Privada (BOE número 296 de 10 de diciembre de 2012); en el Real Decreto 938/1997, de 20 de junio, por el que se completa la regulación de los requisitos de autorización de empresas de seguridad y los de habilitación de seguridad privada (BOE número 148, del 21 de junio de 1997).
Teniendo en cuenta asimismo lo establecido en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre (BOE número 289, de 3 de diciembre), por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada; en la Orden del Ministerio del Interior, de 14 de enero de 1999, por el que se aprueban los modelos de informes de aptitud, así como la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social; en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda Pública, modificada por la de 11 de diciembre de 2001; y demás normativa aplicable con carácter director o supletorio, esta Secretaría de Estado ha resuelto:
Primero.
Aprobar para el año 2013 el calendario de convocatorias de pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad y sus especialidades, cuya superación habilitará para el ejercicio de las correspondientes profesiones, previa expedición de la tarjeta de identidad profesional, con arreglo a la bases de convocatoria que en Anexo a la presente Resolución se aprueban y publican, y que serán comunes y únicas para cada una de las convocatorias, sin perjuicio de las posibles modificaciones que pudiera sufrir la legislación vigente, en cuyo caso se estaría a lo dispuesto en ellas.
Segundo.
Por la Dirección General de la Policía se adoptarán las disposiciones necesarias para que, por su Órgano encargado de la formación, se lleve a cabo el desarrollo y ejecución de los procesos selectivos convocados, de acuerdo con las bases del anexo a esta Resolución.
Madrid, 11 de diciembre de 2012.–El Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa Rubio.
ANEXO
Bases de convocatoria
1. Destinatarios y requisitos de participación.
1.1 Destinatarios. Podrán participar en las pruebas y son destinatarios de la presente convocatoria:
a) Los aspirantes a vigilantes de seguridad y sus especialidades (escoltas privados y/o vigilantes de explosivos) que acrediten haber superado el curso o cursos correspondientes en los centros de formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad.
b) El personal de seguridad privada debidamente habilitado que, habiendo permanecido inactivo más de dos años, deba someterse a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias, conforme al artículo 10.6 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.
c) A las especialidades de escoltas privados y/o vigilantes de explosivos podrán participar los aspirantes que ya sean vigilantes de seguridad y acrediten haber superado el curso o cursos correspondientes en los centros de formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad.
1.2 Requisitos generales. En la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes para participar en cada una de las convocatorias a que se refiere el punto 2.1. de las presentes, los aspirantes habrán de reunir los siguientes requisitos generales:
a) Ser mayor de edad y no haber cumplido cincuenta y cinco años.
b) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o bien que le sea aplicable lo dispuesto en la legislación sobre régimen comunitario conforme al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.
d) Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones de vigilante de seguridad y reunir los requisitos necesarios para prestar servicios de seguridad privada, a tenor de lo dispuesto al efecto en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada.
e) Carecer de antecedentes penales.
f) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.
g) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia de seguridad.
h) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
i) No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la solicitud.
j) Poseer diploma o certificación acreditativa de haber superado el curso o cursos correspondientes en los centros de formación de seguridad privada
### RESUMEN: Pruebas para ser vigilante de seguridad: Los mayores de 55 años no podrán optar. |
La Administración General del Estado, a través del Ministerio del Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad bajo su dirección, en ejercicio de la competencia en materia de seguridad que le atribuye el artículo 149.1.29.ª de la Constitución Española y de conformidad con el artículo 104 del propio texto constitucional, tiene el deber de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
El artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, determina que las personas que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o custodia referidas a personal y bienes o servicios de titularidad pública o privada tienen especial obligación de auxiliar o colaborar en todo momento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
De acuerdo con el artículo 1.1 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, los servicios privados de vigilancia y seguridad de personas o bienes, tienen la consideración de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública.
El artículo 15 de la misma Ley 23/1992, dispone que los Vigilantes que desempeñen funciones en establecimientos o instalaciones en las que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, habrán de atenerse, en el ejercicio de sus legítimos derechos laborales y sindicales, a lo que respecto a las empresas encargadas de servicios públicos disponga la legislación vigente.
Una manifestación concreta del deber de la Administración General del Estado de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, ante la convocatoria de una huelga general en todo el territorio nacional, es la determinación del porcentaje del personal de seguridad privada adscrito al desempeño de servicios de seguridad en determinados ámbitos en los que se prestan servicios esenciales para la comunidad, como extensión y complemento de la seguridad pública. Compete, en tal circunstancia, con carácter exclusivo e irrenunciable, a la Secretaría de Estado de Seguridad la precisión de esos ámbitos en los que debe garantizarse una presencia mínima del personal de seguridad privada que habitualmente presta en las correspondientes dependencias funciones de seguridad no cubiertas por la seguridad pública.
Estando convocada una huelga general, en todo el territorio nacional, por determinadas organizaciones sindicales, para el día 14 del corriente mes de noviembre (incluyendo para el caso de trabajadores por turnos, las últimas horas del día 13 y las primeras del día 15), procede determinar el porcentaje del personal de seguridad privada adscrito a los servicios esenciales que deberá desarrollar su actividad durante la celebración de aquella, teniendo en cuenta que el mencionado personal contribuye de manera directa a garantizar el ejercicio de las libertades, así como la seguridad de las personas y bienes y la prevención del delito.
A los efectos de delimitar los servicios esenciales, debe tenerse presente que la amenaza constante de atentados terroristas y la insuficiencia de recursos en el ámbito de la seguridad pública, obliga, incluso en situaciones de activación mínima, a que se recurra a servicios integrados en la seguridad privada para la prestación del servicio de protección de personas al objeto de colaborar en la salvaguarda de derechos fundamentales como son la vida, la libertad o la seguridad.
También deben considerarse, aquellos lugares posibles blancos de actuaciones de organizaciones terroristas, cuyo funcionamiento se considera esencial para el normal desarrollo de la convivencia social, por lo que están sometidos a especiales medidas de seguridad, prevención y control, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y cuentan con el auxilio y colaboración de los vigilantes de seguridad. Es el caso de las denominadas «infraestructuras críticas», como son las de transporte, energía, salud, información y telecomunicaciones, alimentación y finanzas.
Por el riesgo que de forma permanente suponen para la seguridad ciudadana, que puede agravarse durante el desarrollo de la huelga, deben tener el carácter de esenciales, los servicios de vigilantes de seguridad establecidos con carácter obligatorio. Igualmente los que estén determinados en cada momento por el Consejo de Seguridad Nuclear para la protección física de las instalaciones, actividades y materiales nucleares.
El artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones Laborales, habilita expresa y genéricamente para que puedan adoptarse medidas de intervención adecuadas en referencia a una relación abierta de servicios susceptibles de calificarse como esenciales, cuyo desenvolvimiento en un grado compatible con la alteración del nivel normal de prestación que necesariamente implica una huelga exige, a su vez, garantizar un nivel mínimo de seguridad. Por su parte, el Real Decreto 524/2002, de 14 de junio, estableció una relación de dependencias, lugares y actividades desempeñadas generalmente por entidades privadas, consistentes en la gestión indirecta de servicios públicos o de carácter estrictamente privado pero requeridas de especiales medidas de seguridad, que, no obstante, no agota los ámbitos en los que actualmente, transcurridos más de veinte años, es absolutamente habitual y necesaria la presencia de la seguridad privada, por la insuficiencia de la seguridad pública y con carácter complementario y subordinado de ésta; ámbitos en los que, por tanto, no se puede hacer dejación del deber de establecer unos servicios mínimos de seguridad privada que garanticen la efectividad de determinados servicios esenciales para la comunidad ante una huelga general.
En efecto, junto a las mencionadas actividades es preciso considerar otras, en cuyo ámbito se prestan servicios de seguridad privada, que contribuyen a satisfacer de forma directa e inmediata derechos de los ciudadanos constitucionalmente garantizados, como los derechos fundamentales a la vida e integridad física, la libertad y la tutela judicial efectiva (artículos 15,17 y 24 de la Constitución) y los derechos a la protección de la propiedad privada, la salud y el medio ambiente (artículos 33, 43 y 45 de la Constitución), así como las actividades prestacionales de las Administraciones Públicas a través de las que se realiza el Estado social (artículos 1.1 y 9.2 de la Constitución). No debe olvidarse que es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que la caracterización de un servicio como esencial, a efectos de la posible fijación de servicios mínimos, no procede tanto de la naturaleza de la actividad que a través del mismo se despliega como del resultado que a través de esa actividad se consigue, en función de los derechos e intereses afectados.
Ante la posible colisión entre el legítimo derecho de huelga de los trabajadores de la seguridad privada y el libre y pacífico ejercicio de los derechos y libertades de las personas e instalaciones objeto de protección, debe garantizarse la debida vigilancia y protección, sin menoscabar el citado derecho de huelga. Considerando la multitud de servicios que prestan los vigilantes de seguridad privada, aquellos que pueden ver limitado su derecho al ejercicio de huelga, por corresponderles servicios esenciales, será una mínima parte de todo el colectivo.
A efectos de cuantificación de los servicios mínimos, hay que tener en cuenta por un lado, que si la vigilancia y protección en los «servicios esenciales», debe ser garantizada incluso en circunstancias normales, dicha vigilancia necesita ser incrementada en el caso de una huelga general, para que su desarrollo se realice pacíficamente y no se altere la convivencia social en los lugares objeto de protección. Por otro lado, con la finalidad de asegurar la prestación del servicio, en aquellos lugares que cuenten con un número reducido de vigilantes o con bajo porcentaje de servicios mínimos, resulta necesario también fijar siempre un mínimo de personal, ya que en caso contrario no se garantizaría la seguridad tanto de los usuarios o destinatarios de los servicios como de los propios prestadores.
En particular respecto de hospitales, Juzgados y Tribunales, y dependencias de las Administraciones Públicas, dado que los bienes constitucionalmente protegidos son muchos y esenciales, y los recursos de seguridad privada dedicados a esta función en cada instalación son muy limitados por los propios principios de libre mercado, y el riesgo, fundado en la experiencia, de que los servicios de seguridad prestados por las empresas de seguridad privada en estos centros y dependencias pueden verse comprometidos si no se garantiza la presencia mínima indispensable del personal de seguridad privada, hacen razonable establecer un porcentaje de servicios mínimos no inferior al 50%, dado que cualquier cantidad inferior a ésta produciría un impacto absoluto y no ponderado del derecho a la huelga.
En su virtud, teniendo en cuenta el informe emitido por las Direcciones Adjuntas Operativas de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, oídas las organizaciones sindicales y empresariales más representativas del sector, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1992 y en uso de las competencias que me han sido conferidas por el artículo 2.1 del Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, dispongo:
Primero.
Declarar el carácter obligatorio, durante el desarrollo de la huelga convocada, de los servicios de seguridad privada existentes en hospitales, Juzgados y Tribunales y dependencias de la administración pública, en la forma determinada en el apartado segundo, 5.
Segundo.
Considerar en situación de servicios mínimos en el sector de seguridad privada, durante el desarrollo de la citada huelga:
1. El 100 % del personal que preste servicios de protección de personas, incluyendo los servicios prestados en buques pesqueros o mercantes que naveguen bajo bandera española con armas de guerra.
2. El 85% del personal que preste servicios de seguridad:
– En las actividades de depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas, billetes y demás objetos valiosos o peligrosos, así como en las de transporte y distribución.
– En los Bancos, Cajas de Ahorro, Entidades de crédito y en todos aquellos otros establecimientos, instalaciones o actividades en los que el servicio de seguridad se haya impuesto en general, con carácter obligatorio.
3. El 85% del personal que preste servicios de seguridad:
– En instalaciones petroquímicas, refinerías y depósitos de combustibles.
– En centrales e instalaciones nucleares. En todo caso comprenderá la dotación mínima determinada por el Consejo de Seguridad Nuclear para la protección física de las instalaciones, actividades y materiales nucleares
– En las fábricas de armas de fuego, en las de explosivos y en sus almacenamientos.
– En las actividades de transformación, depósito, transporte y distribución de materias inflamables.
– En servicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad.
– Centrales de alarma.
4. El 85 % del personal que preste servicios de seguridad:
– En los transportes públicos (puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etc.) y en los centros de telecomunicaciones.
– En centros y sedes de medios de comunicación social.
5. El 50% del personal que preste servicios de seguridad privada en hospitales, Juzgados y Tribunales y dependencias de las Administraciones Públicas.
6. Los porcentajes establecidos en los apartados anteriores, comprenderán en todo caso, como mínimo, un vigilante de seguridad.
Madrid, 12 de noviembre de 2012.–El Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa Rubio. | Los guardias de seguridad de medios de comunicación tienen servicios mínimos del 85% | La Administración General del Estado, a través del Ministerio del Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad bajo su dirección, en ejercicio de la competencia en materia de seguridad que le atribuye el artículo 149.1.29.ª de la Constitución Española y de conformidad con el artículo 104 del propio texto constitucional, tiene el deber de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
El artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, determina que las personas que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o custodia referidas a personal y bienes o servicios de titularidad pública o privada tienen especial obligación de auxiliar o colaborar en todo momento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
De acuerdo con el artículo 1.1 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, los servicios privados de vigilancia y seguridad de personas o bienes, tienen la consideración de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública.
El artículo 15 de la misma Ley 23/1992, dispone que los Vigilantes que desempeñen funciones en establecimientos o instalaciones en las que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, habrán de atenerse, en el ejercicio de sus legítimos derechos laborales y sindicales, a lo que respecto a las empresas encargadas de servicios públicos disponga la legislación vigente.
Una manifestación concreta del deber de la Administración General del Estado de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, ante la convocatoria de una huelga general en todo el territorio nacional, es la determinación del porcentaje del personal de seguridad privada adscrito al desempeño de servicios de seguridad en determinados ámbitos en los que se prestan servicios esenciales para la comunidad, como extensión y complemento de la seguridad pública. Compete, en tal circunstancia, con carácter exclusivo e irrenunciable, a la Secretaría de Estado de Seguridad la precisión de esos ámbitos en los que debe garantizarse una presencia mínima del personal de seguridad privada que habitualmente presta en las correspondientes dependencias funciones de seguridad no cubiertas por la seguridad pública.
Estando convocada una huelga general, en todo el territorio nacional, por determinadas organizaciones sindicales, para el día 14 del corriente mes de noviembre (incluyendo para el caso de trabajadores por turnos, las últimas horas del día 13 y las primeras del día 15), procede determinar el porcentaje del personal de seguridad privada adscrito a los servicios esenciales que deberá desarrollar su actividad durante la celebración de aquella, teniendo en cuenta que el mencionado personal contribuye de manera directa a garantizar el ejercicio de las libertades, así como la seguridad de las personas y bienes y la prevención del delito.
A los efectos de delimitar los servicios esenciales, debe tenerse presente que la amenaza constante de atentados terroristas y la insuficiencia de recursos en el ámbito de la seguridad pública, obliga, incluso en situaciones de activación mínima, a que se recurra a servicios integrados en la seguridad privada para la prestación del servicio de protección de personas al objeto de colaborar en la salvaguarda de derechos fundamentales como son la vida, la libertad o la seguridad.
También deben considerarse, aquellos lugares posibles blancos de actuaciones de organizaciones terroristas, cuyo funcionamiento se considera esencial para el normal desarrollo de la convivencia social, por lo que están sometidos a especiales medidas de seguridad, prevención y control, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y cuentan con el auxilio y colaboración de los vigilantes de seguridad. Es el caso de las denominadas «infraestructuras críticas», como son las de transporte, energía, salud, información y telecomunicaciones, alimentación y finanzas.
Por el riesgo que de forma permanente suponen para la seguridad ciudadana, que puede agravarse durante el desarrollo de la huelga, deben tener el carácter de esenciales, los servicios de vigilantes de seguridad establecidos con carácter obligatorio. Igualmente los que estén determinados en cada momento por el Consejo de Seguridad Nuclear para la protección física de las instalaciones, actividades y materiales nucleares.
El artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones Laborales, habilita expresa y genéricamente para que puedan adoptarse medidas de intervención adecuadas en referencia a una relación abierta de servicios susceptibles de calificarse como esenciales, cuyo desenvolvimiento en un grado compatible con la alteración del nivel normal de prestación que necesariamente implica una huelga exige, a su vez, garantizar un nivel mínimo de seguridad. Por su parte, el Real Decreto 524/2002, de 14 de junio, estableció una relación de dependencias, lugares y actividades desempeñadas generalmente por entidades privadas, consistentes en la gestión indirecta de servicios públicos o de carácter estrictamente privado pero requeridas de especiales medidas de seguridad, que, no obstante, no agota los ámbitos en los que actualmente, transcurridos más de veinte años, es absolutamente habitual y necesaria la presencia de la seguridad privada, por la insuficiencia de la seguridad pública y con carácter complementario y subordinado de ésta; ámbitos en los que, por tanto, no se puede hacer dejación del deber de establecer unos servicios mínimos de seguridad privada que garanticen la efectividad de determinados servicios esenciales para la comunidad ante una huelga general.
En efecto, junto a las mencionadas actividades es preciso considerar otras, en cuyo ámbito se prestan servicios de seguridad privada, que contribuyen a satisfacer de forma directa e inmediata derechos de los ciudadanos constitucionalmente garantizados, como los derechos fundamentales a la vida e integridad física, la libertad y la tutela judicial efectiva (artículos 15,17 y 24 de la Constitución) y los derechos a la protección de la propiedad privada, la salud y el medio ambiente (artículos 33, 43 y 45 de la
### RESUMEN: Los guardias de seguridad de medios de comunicación tienen servicios mínimos del 85% |
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de octubre de 2018,
Vengo en nombrar Secretaria de Estado de la España Global a doña Irene Lozano Domingo.
Dado en Madrid, el 11 de octubre de 2018.
FELIPE R.
El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
JOSEP BORRELL FONTELLES | Hoy llega al el nombramiento de Irene Lozano como Secretaria de Estado de la España Global | A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de octubre de 2018,
Vengo en nombrar Secretaria de Estado de la España Global a doña Irene Lozano Domingo.
Dado en Madrid, el 11 de octubre de 2018.
FELIPE R.
El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
JOSEP BORRELL FONTELLES
### RESUMEN: Hoy llega al el nombramiento de Irene Lozano como Secretaria de Estado de la España Global |
Por Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (en adelante, INAEM) de 23 de enero de 2015 (Boletín Oficial del Estado, de 28 de enero) se convocaron ayudas al teatro y al circo correspondientes al año 2015.
Cumplidos los trámites establecidos, se concedieron las ayudas mediante Resolución del INAEM de 24 de julio de 2015.
El artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollado por el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que aprueba el Reglamento de dicha ley, establece que los órganos administrativos concedentes publicarán en el diario oficial correspondiente, durante el mes siguiente a cada trimestre natural, las subvenciones concedidas durante dicho periodo.
En cumplimiento de lo anterior, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las subvenciones concedidas en el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2015, que se relacionan por modalidades en el Anexo de esta resolución.
Madrid, 1 de octubre de 2015.–La Directora General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Montserrat Iglesias Santos.
ANEXO
AYUDAS CONCEDIDAS
A1.1 Apoyo a las giras teatrales por el territorio nacional
Aplicación presupuestaria: 18.107.335B.475. Total concedido: 2.253.000 euros
N.º exp.
NIF
Beneficiario
Val. Téc.
Val. Art.
Val. Tot.
Importe
–
Euros
44
B18779827
TÍTERES ETCÉTERA, S.L. («SOÑANDO EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES»).
44
40
84
20.000
41
B18779827
TÍTERES ETCÉTERA, S.L. («EL RETABLO DE MAESE PEDRO»).
43
40
83
20.000
122
05194481T
ROSA MARÍA DÍAZ MARTINEZ-FALERO.
42
40
82
14.000
168
B47066980
LA QUIMERA DE PLÁSTICO, SL («ENTRE PÍCAROS ANDA EL JUEGO»).
42
40
82
20.000
48
03457543E
MARÍA JOSÉ FRÍAS AREVALILLO.
41
40
81
12.500
167
B84838515
RON LALÁ TEATRO, S.L.
39
40
79
26.000
199
B40217929
NAO D´AMORES, S.L. («PENAL DE OCAÑA»).
38
40
78
14.000
178
44086319B
MARTA PAZOS ANTAS.
38
40
78
24.000
31
51641051W
ANTONIO SARRIÓ LEMA.
36
40
76
17.500
70
B47227764
RAYUELA PRODUCCIONES, S.L.
35
40
75
7.500
21
B81962318
NOVIEMBRE COMPAÑÍA DE TEATRO, S.L.
35
40
75
24.000
207
46321144H
JUAN MANUEL QUIÑONERO REDONDO.
35
40
75
9.000
279
B50793942
CALEIDOSCOPIO TEATRO, S.L.
39
35
74
9.000
127
J22165120
LOS TITIRITEROS, S.C.
34
40
74
12.500
280
B81554883
MAMBRINO, S.L.
34
40
74
37.000
57
76441270B
ANALÍA SISAMÓN INCHAURRONDO.
33
40
73
5.000
206
B19155175
ULTRAMARINOS DE LUCAS, S.L.
33
40
73
12.500
197
B40217929
NAO D´AMORES, S.L. («MISTERIO DEL CRISTO DE LOS GASCONES»).
33
40
73
13.000
347
40889080W
RAMON MOLINS MARQUÉS («LA NIÑA QUE VIVÍA EN UNA CAJA DE ZAPATOS»).
33
40
73
8.000
290
B75044974
KULUNKA TEATRO, S.L. («ANDRÉ Y DORINÉ»).
33
40
73
16.000
268
B22216451
PRODUCCIONES TEATRALES VIRIDIANA, S.L.
32
40
72
12.500
60
J39590328
ESCENA MIRIÑAQUE, S.C.
32
40
72
11.500
113
B81709685
EUROSCENA, S.L. («EL CIELO QUE ME TIENES PROHIBIDO»).
32
40
72
20.000
124
F71157515
TDIFERENCIA, S. COOP.
32
40
72
13.000
94
B82924234
FACTORÍA TEATRO, S.L.
32
40
72
20.000
27
B80177728
PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORÁNEAS, S.L. («JUGADORES»).
32
40
72
24.000
364
B87135638
TEATRO DE LA CIUDAD, S.L («ANTÍGONA»).
32
40
72
24.000
312
B87135638
TEATRO DE LA CIUDAD, S.L («EDIPO REY»).
32
40
72
15.000
359
B80857733
URÓC, S.L.
32
40
72
15.000
166
43658309P
RAFAEL ÁNGEL RODRÍGUEZ CABRERA («ROMEO Y JULIETA. UN DRAMA DE SHAKESPEARE»).
41
30
71
15.000 (incluye 2.000 €/E2)
223
B97159404
ZIRCÓ PRODUCCIONES, S.L.
41
30
71
18.000
164
B15510084
TÍTERES CACHIRULO, S.L.
41
30
71
7.500
230
B61033262
VANIA PRODUCCIONS, S.L.
36
35
71
25.000
240
B12373908
EL TEATRE DE L’HOME DIBUIXAT, S.L.U.
31
40
71
7.500
304
52815882Q
JUAN PEDRO CAMPOY LÓPEZ («NINETTE Y UN SEÑOR DE MURCIA»).
31
40
71
11.500
136
B28966661
TEATRO GUIRIGAI, S.L.
35
35
70
20.000
315
B91813709
TALYCUAL PRODUCCIONES, S.L.
30
40
70
12.500
294
B85696631
ACCIÓN SUR, S.L. («HEY BOY HEY GIRL»).
39
30
69
25.000
160
B33967928
EL CALLEJÓN DEL GATO PRODUCCIONES, S.L.
34
35
69
12.500
187
B02290252
TEATRO DE MALTA, S.L.U.
29
40
69
12.500
365
B87135638
TEATRO DE LA CIUDAD, S.L. («MEDEA»).
29
40
69
11.000
92
19978996T
MARÍA AMPARO MAYOR VIDAL.
32
35
67
15.000
81
F07276207
ESTUDI ZERO TEATRE, S.C.L.
32
35
67
24.500 (incluye 2.000 €/E2)
107
B83593277
TELÓN CORTO, S.L.
32
35
67
20.000
19
A61236659
MISÒGINES, S.A.
27
40
67
20.000
338
B63576995
TITZINA TEATRE, S.L.
27
40
67
12.500
352
B06220206
TEATRO DEL NOCTÁMBULO, S.L.
27
40
67
19.000
23
B36920247
TEATRO ENSALLE, S.L.L.
27
40
67
16.000
224
B85938017
AZARTE, S.L.
27
40
67
20.000
326
F86532991
COOPERATIVA DE ARTISTAS EMERGENTES, S. COOP. MAD. («KAFKA ENAMORADO»).
27
40
67
12.000
272
B86611605
COW EVENTS, S.L. («BUENA GENTE»).
27
40
67
25.000
356
B83093617
PÉREZ Y GOLDSTEIN, S.L.
27
40
67
19.000
108
B01173533
TRASPASOS KULTUR, S.L.
27
40
67
17.500
80
B37374733
ZANGUANGO TEATRO PRODUCCIONES, S.L.
27
40
67
12.500
62
F03791431
COOP. JÁCARA DE ALICANTE COOP. V.
31
35
66
15.000
184
B01357052
PANTA RHEI PRODUCCIONES, S.L.
31
35
66
6.500
196
10860952F
LAURA MARÍA IGLESIA SAN MARTÍN.
31
35
66
12.500
66
F62856356
BAUBO, S.C.C.L.
26
40
66
10.000
99
B15636517
CHÉVERE PRODUCCIONES, S.L.
26
40
66
18.500
161
J70378765
VALLES & PATIÑO, S.C.
26
40
66
6.000
32
B09452129
ALONDRA PRODUCCIONES, S.L.
30
35
65
7.500
120
B15809619
TEATRO DEL ANDAMIO, S.L.
30
35
65
6.000
14
B82593989
EL TEATRO DEL FINIKITO, S.L. («DON QUIJOTE»).
30
35
65
18.000
143
B78874450
MORBORIA, S.L.
30
35
65
22.000
77
50321710X
PABLO FERNANDO VERGNE QUIROGA.
30
35
65
12.000
114
51067137F
VANESSA MARTÍNEZ NAVAS («LA ÓPERA DEL MALANDRO»).
25
40
65
22.000
214
B53556205
CÍA. ESCÉNICA Y TEATRAL FERROVIARIA, S.L.
25
40
65
20.000
277
B06279566
SURIPANTA, S.L.
25
40
65
16.000
145
B81106429
PRODUCCIONES INCONSTANTES, S.L.
25
40
65
24.000
170
25965886J
MANUELA MONTALVO CORONADO.
34
30
64
12.000
24
B83082701
TÍTERES SOL Y TIERRA, S.L.
34
30
64
15.000
117
B39683115
CAFÉ DE LAS ARTES TEATRO, S.L.
29
35
64
7.500
76
B91110593
A LA SOMBRITA, S.L.
24
40
64
7.500
185
B35496611
PROFETAS PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.
24
40
64
5.000 (incluye 1.000 €/E2)
247
F09473430
BAMBALÚA TEATRO, S. COOP.
24
40
64
14.000
256
B47092309
TEATRO DEL AZAR, S.L.
24
40
64
18.000
15
B84333152
PRODUCCIONES COME Y CALLA, S.L («COMO SI PASARA UN TREN»).
24
40
64
12.000
232
J11697869
LA GOTERA, S.C.
28
35
63
9.000
11
B37391737
SPASMO TEATRO, S.L.
28
35
63
18.000
285
B82275819
TOMÁS GAYO PRODUCCIONES, S.L.
28
35
63
30.000
7
B33225327
TEATRO DEL NORTE, S.L.
28
35
63
13.000
373
F08885261
VOL-RAS TEATRE, S. COOP. C. LTDA.
23
40
63
12.000
278
A80130545
PRODUCCIONES CRISTINA ROTA, S.A.
23
40
63
8.000
219
B95236139
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN ARTÍSTICA K, S.L.
23
40
63
13.000
252
B20615290
VAIVÉN PRODUCCIONES, S.L.
23
40
63
28.000
287
X3924967V
ALEKSANDAR CURCIC.
23
40
63
9.000
123
B97865422
L’HORTA TEATRE, S.L.
32
30
62
12.000
320
B20194106
HIKA ANTZERKI TALDEA, S.L.
27
35
62
13.000
357
B95098968
TARTEAN ZEBITZUAK, S.L. («KIBUBU»).
27
35
62
5.500
269
24241328H
PABLO CARAZO GONZÁLEZ.
22
40
62
7.000
261
B46469631
PAVANA PRODUCCIONS, S.L. («EL CRIMEN DE LA HERMANA BEL»).
22
40
62
18.000
142
B81393373
EL MONTACARGAS, S.L.
22
40
62
12.500
58
B83170399
KAMIKAZE PRODUCCIONES, S.L.
22
40
62
9.000
125
B84734227
LAPOTINGUELE PRODUCCIONES, S.L.
22
40
62
8.000
12
B82959073
METATARSO PRODUCCIONES, S.L. («SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO»).
22
40
62
15.000
210
B83425967
TEATRO DE ACCIÓN CANDENTE, S.L. («SEGISMUNDO SUEÑA»).
22
40
62
13.000
51
B86248937
UNIR UNIVERSITAS, S.L.
22
40
62
15.000
69
B30154405
DADO PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.
22
40
62
15.000
368
B06499909
EL NEGRITO PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECTÁCULOS, S.L.
36
25
61
13.000
305
B80661705
TEATRO DEL DUENDE, S.L.
36
25
61
20.000
135
B83571794
TARAMBANA ESPECTÁCULOS, S. L.
31
30
61
15.000
204
B01517978
PIKOR TEATRO, S.L.U.
31
30
61
15.000
192
B12492856
PRODUCCIONS SCURA, S.L.
26
35
61
10.000
16
B82217431
BEHEMOT, S.L.
26
35
61
17.000
313
y0982274g
GABRIEL FERNANDES PEREIRA.
26
35
61
7.000
323
B73199077
PROYECTOS PUPACLOWN, S.L.
26
35
61
10.000
56
F91929174
CHIRIGÓTICAS, S.C.A.
21
40
61
9.500
96
F25415324
COMPANYIA DE COMEDIANTS LA BALDUFA, S.C.C.L. («PINOCCHIO»).
21
40
61
7.000
260
46347368E
DAVID FRANCH FARRÉ.
21
40
61
12.000
360
B62843974
LA PERLA 29, S.L.
21
40
61
6.000
155
B60883964
SOLMON TROS, S.L.
21
40
61
8.000
188
53093392P
JULI DISLA SANZ.
21
40
61
16.000
152
44858717T
MARÍA PAZ PONS SÁNCHEZ DE LAS MATAS.
21
40
61
6.000
237
B82281395
DESCALZOS PRODUCCIONES, S.L.
21
40
61
18.000
128
B81852816
INICIATIVAS TEATRALES, S.L.
21
40
61
27.000
148
B81653917
LAZONA FILMS, S.L.
21
40
61
8.000
172
B82352394
PRODUCCIONES ABU, S.L.
21
40
61
12.500
55
B83955617
SUDHUM, S.L.U.
21
40
61
12.500
254
13101044Z
JAVIER REY RUIZ.
25
35
60
5.500
217
B17310947
BITÒ PRODUCCIONS, S.L. («LA PLAZA DEL DIAMANTE»).
25
35
60
9.000
34
B57182065
LA FORNAL D´ESPECTACLES DE FERRO, S.L.U.
25
35
60
9.000 (incluye 1.200 €/E2)
63
B80908445
GURDULÚ, S.L.
25
35
60
12.000
228
B83978346
VERTEATRO, S.L.
25
35
60
27.000
339
B20564993
TXALO PRODUKZIOAK, S.L.
25
35
60
27.500
267
B91624064
GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES, S.L.
20
40
60
9.000
68
B41645144
PRODUCCIONES IMPERDIBLES, S.L.
20
40
60
12.500
162
B47466966
CIRCE PRODUCCIONES TEATRALES, S.L. («EL MÉDICO DE SU HONRA»).
20
40
60
19.000
202
B47534730
ESTRATEGIAS PARA EL ARTE Y LA CULTURA, S.L. («ÚLTIMA TRANSMISIÓN»).
20
40
60
6.000
157
B09483322
MORFEO TEATRO, S.L. («LA ESCUELA DE LOS VICIOS»).
20
40
60
14.000
222
B40197493
TEATRO MUTIS, S.L. («EL SÓTANO ENCANTADO»).
20
40
60
9.000
229
B17739046
LA TROCA PROMOCIONS ARTÍSTIQUES, S.L.
20
40
60
17.000
153
B62784715
TEATRE DE PONENT, S.L.
20
40
60
6.000
286
B71088694
ACRÓNICA PRODUCCIONES, S.L.
20
40
60
12.000
216
E97213706
ENGRATA, C.B.
20
40
60
6.000
183
B97690622
TEATRO DE LO INESTABLE, S.L.
20
40
60
27.000
293
05294330Y
ANDREA JIMÉNEZ GARCÍA.
20
40
60
13.000
146
B86951621
BUXMAN PRODUCCIONES, S.L.
20
40
60
12.000
53
B82917063
EL ÁNGEL DE PEKÍN, S.L.
20
40
60
18.000
67
B82883463
EMILIA YAGÜE PRODUCCIONES, S.L.U.
20
40
60
10.000
274
04845013V
FERNANDO SÁNCHEZ-CABEZUDO BLASCO («NORA 1959»).
20
40
60
10.000
203
B86103413
LOS LUNES, S.L.
20
40
60
6.500
186
00324566J
MARÍA DESAMPARADOS CONEJOS GÓMEZ.
20
40
60
13.000
79
A82701871
ZEBRA PRODUCCIONES, S.A.
20
40
60
27.000
332
10877829W
SERGIO GAYOL GONZALO.
20
40
60
6.500
101
B66514597
TEATRE LA PUNTUAL, S.L.
29
30
59
6.000
46
F83843193
METAMORFOSIS PRODUCCIONES TEATRALES, S.COOP.MAD.
24
35
59
10.000
85
B78762564
TEATRO BENAVENTE, S.L. («YO ME BAJO EN LA PRÓXIMA, ¿Y USTED?»).
24
35
59
12.000
177
B97301709
TEATRO DE MARIONETAS LA ESTRELLA, S.L.
33
25
58
10.000
88
B83214957
PRODUCCIONES SEXPEARE, S.L.
28
30
58
7.500
26
B63774095
FACTORIA ESCÉNICA INTERNACIONAL, S.L.
23
35
58
30.000
39
B97952683
BRAMANT TEATRE, S.L.
23
35
58
13.000
74
13086678T
JOSÉ ANTONIO PORTILLO VESGA.
23
35
58
6.500
82
B57501140
S’HOSTAL DES MOIXOS, S.L.U.
23
35
58
8.000 (incluye 1.000 €/E2)
10
B83799601
DOBLE SENTIDO PRODUCCIONES, S.L. («PIEZA INCONCLUSA Y SOFÁ PARA DOS CUERPOS»).
23
35
58
12.500
1
B83870055
VARELA PRODUCCIONES MULTIMEDIA, S.L.
23
35
58
15.000
121
11704720C
CÁNDIDO DE CASTRO CALBARRO.
22
35
57
6.000
215
34802053V
FRANCISCO JAVIER MANZANERA BLANCO.
22
35
57
8.000
307
11967440B
PALOMA LEAL MATELLÁN.
22
35
57
11.000
105
B15353329
TEATRO DO NOROESTE, S. L.
22
35
57
6.000
245
00683998R
CARLOS JUAN ROMAY BARJA DE QUIROGA («BARROCAMIENTO»).
22
35
57
9.000
265
B86976396
LA BELLOCH TEATRO, S.L.
22
35
57
12.000
A1.2 Apoyo a las giras por el territorio nacional de proyectos de nueva creación teatral
Aplicación presupuestaria: 18.107.335B.475. Total concedido: 39.500 euros
N.º exp.
NIF
Beneficiario
Val. Téc.
Val. Art.
Val. Tot.
Importe
–
Euros
3
43259336Q
MARTA BAUTISTA GARCÍA.
37
30
67
13.500
12
B30807028
PRODUCCIONES ALCINA, S.L.
21
40
61
12.000
6
B84438852
TEATRO EN EL AIRE, S.L.U.
24
35
59
14.000
A1.3 Apoyo a las giras por el territorio nacional de proyectos teatrales y circenses interautonómicos
Aplicación presupuestaria: 18.107.335B.475. Total concedido: 110.000 euros.
N.º exp.
NIF
Beneficiario
Participación
–
(%)
Val. Téc.
Val. Art.
Val. Tot.
Importe
–
Euros
5
B91799817
CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS, S.L.
55
33
35
68
38.000
B58317934
SALA BECKETT, S.L.
25
B35598630
UNAHORAMENOS PRODUCCIONES, S.L.
20
6
B99155632
TEATRO DEL TEMPLE, S.L.
33
28
40
69
40.000
B35255256
DD AND COMPANY PRODUCCIONES, S.L.
33
A46381117
OLYMPIA METROPOLITAN
33
2
B13465125
LA CANTERA PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.
40
22
40
62
32.000
B91702282
CHINABAUSS, S.L. (TEATRO VELADOR).
40
76030132K
CARLOS E. SANTOS (LA MANADA).
20
A2. Apoyo a programaciones de ámbito nacional en salas privadas de teatro
Aplicación presupuestaria: 18.107.335B.475. Total concedido: 613.813 euros
N.º exp.
NIF
Beneficiario
Val. Téc.
Val. Art.
Val. Tot.
Importe
–
Euros
14
B50869551
TEATRO ARBOLÉ, S.L.
44
40
84
19.000
27
J39590328
ESCENA MIRIÑAQUE, S.C.
41
40
81
19.000
49
B60758109
TANTARANTANA TEATRE, S.L.
39
40
79
20.000
60
B63602437
VERSUS TEATRE, S.L.
38
40
78
14.000
53
A01230044
TEATRO PARAÍSO, S.A.L.
38
40
78
7.000
48
B97690622
TEATRO DE LO INESTABLE, S.L.
37
40
77
14.000
4
B78812922
CAMBALEO TEATRO, S.L.
36
40
76
14.000
43
B91664672
CENTRO DE ARTE Y PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.
35
40
75
9.000
1
B38856118
TEATRO VICTORIA CÍA. NÓMADA, S.L.
35
40
75
8.000 (incluye 800 €/E2)
22
B78496510
TYL TYL COMPAÑÍA DE TEATRO, S.L.
35
40
75
6.000
70
F07276207
ESTUDI ZERO TEATRE, S.C.L.
34
40
74
12.000 (incluye 1.800 €/E2)
35
J22165120
LOS TITIRITEROS, S.C.
33
40
73
8.500
69
B97159404
ZIRCÓ PRODUCCIONES, S.L.
33
40
73
14.000
21
B28966661
TEATRO GUIRIGAI, S.L.
33
40
73
7.500
18
B79805487
CUARTA PARED, S.L.
33
40
73
18.000
36
B91514455
LA FUNDICIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS, S.L.
32
40
72
20.000
45
B97301709
TEATRO DE MARIONETAS LA ESTRELLA, S.L.
36
35
71
12.000
38
B62784715
TEATRE DE PONENT, S.L.
31
40
71
5.500
13
B91008763
SALA LA IMPERDIBLE, S.L.
30
40
70
9.000
67
B97511240
CARME TEATRE, S.L.
30
40
70
9.000
56
B33885203
ZIG ZAG DANZA, S.L.
30
40
70
8.000
3
04845013V
FERNANDO SÁNCHEZ-CABEZUDO BLASCO.
29
40
69
14.000
72
B79823084
TEATRO PRADILLO, S.L.
29
40
69
16.000
51
B19574300
CARAVANSAR PRODUCCIÓN Y GESTIÓN CULTURAL, S.L.U.
28
40
68
12.000
65
B50209006
ESTACIÓN TRANVÍA TEATRO, S.L.
28
40
68
19.000
26
B83571794
TARAMBANA ESPECTÁCULOS, S.L.
37
30
67
7.500
41
B97865422
L’HORTA TEATRE, S.L.
32
35
67
13.000
10
07003504G
DAVID JOSÉ PÉREZ HERNANDO.
32
35
67
9.000
16
B57388472
PRODUCCIONS DEL MAR MANAGEMENT, S.L.
27
40
67
23.000 (incluye 3.000 €/E2)
59
F86997384
TEATRO DEL BARRIO, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA DE CONSUMIDORES.
27
40
67
16.000
8
B14838932
PROYECTO AVANTI DE LAS ARTES, S.L.
31
35
66
8.500
19
B85938017
AZARTE, S.L.
31
35
66
6.000
31
B96903133
ARDEN PRODUCCIONES, S.L.
26
40
66
12.000
44
B96639455
COMPANYIA TEATRE MICALET, S.L.
26
40
66
8.000
6
B36920247
TEATRO ENSALLE, S.L.L.
26
40
66
7.500
74
E76556976
C.B. MULTICINES AGUERE.
35
30
65
8.500 (incluye 1.200 €/E2)
2
05618024K
LUIS MIGUEL MUÑOZ DE MORALES CORRAL.
30
35
65
10.000
17
B66514597
TEATRE LA PUNTUAL, S.L.
30
35
65
8.500
20
B15809619
TEATRO DEL ANDAMIO, S.L.
30
35
65
11.000
11
B48512396
P.A. GESTIÓN - LA FUNDICIÓN, S.L.
25
40
65
7.500
61
B79957569
ACTIVIDADES CULTURALES LA BICICLETA, S.L.
34
30
64
15.000
68
B64299530
ANTIC TEATRE ESPAI DE CREACIÓ, S.L.U.
29
35
64
14.000
7
B97232912
TEATRE LA CAIXETA, S.L.
29
35
64
10.000
25
B43932714
TRONO SERVEIS CULTURALS, S.L.
23
40
63
5.000
34
B83990994
LAGRADA PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.
23
40
63
7.000
30
B41868555
SALA CERO TEATRO, S.L.
22
40
62
14.000
12
B98628456
CULTURA POPULAR CONTEMPORÀNIA, S.L.
26
35
61
8.000
62
07019013B
JUAN LUIS LEONISIO IGLESIAS.
26
35
61
7.000
76
B86528759
ARTE CRUDA, S.L.
30
30
60
8.313
50
B81498537
PRODUCCIONES LA TAPADERA, S.L. - TEATRO ALFIL.
25
35
60
8.500
23
B81393373
EL MONTACARGAS, S.L.
29
30
59
6.500
15
B80908445
GURDULÚ, S.L.
29
30
59
5.500
33
F82899741
EL CURRO DT, S. COOP. MAD.
24
35
59
9.000
42
B70061403
GURUGÚ PRODUCCIONS, S.L.
28
30
58
6.000
46
B39683115
CAFÉ DE LAS ARTES TEATRO, S.L.
23
35
58
9.500
57
B59721688
TEATRE DE LA NAU, S.L.
27
30
57
10.000
A3. Concertaciones bienales 2015-2016
Aplicación presupuestaria: 18.107.335B.475. Total concedido: 1.564.500 euros.
N.º exp.
NIF
Beneficiario
Val. Téc.
Val. Art.
Val. Tot.
Importe
–
Euros
5
A01230044
TEATRO PARAÍSO, S.A.L.
48,33
40
88,33
43.000
3
B91664672
CENTRO DE ARTE Y PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.
41,28
40
81,28
85.000
7
B64331408
IMAGEN Y SEMEJANZA, S.L.
36
40
76
75.000
11
B46466215
BAMBALINAS TITELLES, S.L.
36
40
76
28.500
17
F48230908
GRUPO DE TEATRO DE MIMO MARKELIÑE MIMO TALDEA, SDAD. COOP. LTDA.
39,5
35
74,5
43.000
2
B82909094
TEATRO LA TARTANA, S.L.
34,14
40
74,14
43.000
45
B47556725
MÁQUINA TEATRAL TELONCILLO, S.L.
34
40
74
30.000
9
B96971171
IMPREBIS 2000, S.L.
32,16
40
72,16
54.000
15
B91514455
LA FUNDICIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS, S.L.
32
40
72
30.000
8
B50869551
TEATRO ARBOLÉ, S.L.
32
40
72
34.000
4
B81348526
TEATRO MERIDIONAL, S.L.
31
40
71
50.000
25
B20556239
TANTTAKA TEATROA, S.L.
30,25
40
70,25
50.000
23
B20567400
ADOS TEATROA, S.L.
30,2
40
70,2
60.000
18
A78774577
PENTACIÓN, S.A.
29,5
40
69,5
100.000
32
B99155632
TEATRO DEL TEMPLE, S.L.
28,5
40
68,5
65.000
29
B96903133
ARDEN PRODUCCIONES, S.L.
28,33
40
68,33
28.000
10
B11630522
TEATRO LA ZARANDA, S.L.
28
40
68
42.000
6
B18351429
HISTRIÓN TEATRO, S.L.
28
40
68
30.000
40
B61822292
SERVEIS ESCENICS ROMEA, S.L.
27,6
40
67,6
125.000
35
B50822550
TEATRO CHE Y MOCHE, S.L.
31,8
35
66,8
26.000
28
B81779282
PRODUCCIONES TEATRALES FARAUTE, S.L.
26
40
66
60.000
34
B79957569
ACTIVIDADES CULTURALES LA BICICLETA, S.L.
30
35
65
34.000
43
A58116369
SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, S.A.
25
40
65
100.000
12
B57057853
RES DE RES i EN BLANC, S.L.
29,66
35
64,66
24.000 (incluye 3.000 €/E2)
36
B80769581
PRODUCCIONES YLLANA, S.L.
28,18
35
63,18
54.000
33
A08972317
CENTRE D’INVESTIGACIÓ Y RECERCA TEATRAL I ARTÍSTICA, S.A.
22,66
40
62,66
55.000
38
B50209006
ESTACIÓN TRANVÍA TEATRO, S.L.
21,85
40
61,85
43.000
31
B97092712
COMPANYIA HONGARESA DE TEATRE, S.L.
24,66
35
59,66
31.000
26
B60758109
TANTARANTANA TEATRE, S.L.
24
35
59
30.000
19
B07270127
LA IGUANA TEATRE, S.L.
24
35
59
34.000 (incluye 4.000 €/E2)
21
B83920579
SECUENCIA 3 ARTES Y COMUNICACIÓN, S.L.
24
35
59
35.000
24
B82915679
PRODUCCIONES EL ZURDO, S.L.
29,5
25
54,5
23.000
B1. Apoyo a las giras teatrales por el extranjero
Aplicación presupuestaria: 18.107.144A.471 (empresas privadas) y 18.107.144A.482 (entidades sin fines de lucro). Total concedido 471: 582.650 euros. Total concedido 482: 54.000 euros.
N.º exp.
NIF
Beneficiario
Val. Téc.
Val. Art.
Val. Tot.
Importe
–
Euros
106
B84838515
RON LALÁ TEATRO, S.L.
42
40
82
20.000 (incluye 2.500 €/E3)
52
B46466215
BAMBALINA TITELLES, S.L.
40,5
40
80,5
9.000
66
G80476161
FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA - CENTRO DE ESTUDIOS Y CREACIÓN ESCÉNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
38
40
78
27.500 (incluye 900 €/E3)
11
B91664672
CENTRO DE ARTE Y PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.
35
40
75
3.500
15
B18779827
TÍTERES ETCÉTERA, S.L.
35
40
75
13.000
59
F48230908
GRUPO DE TEATRO DE MIMO MARKELIÑE MIMO TALDEA, SDAD.COOP.LTDA.
35
40
75
4.000
79
J39590328
ESCENA MIRIÑAQUE, S.C.
33,5
40
73,5
5.000
45
B12373908
EL TEATRE DE L’HOME DIBUIXAT, S.L.
33
40
73
7.500
101
B62991567
TEATRO DE LOS SENTIDOS, S.L.U.
32
40
72
15.000
61
B82568114
IAQUINANDI, S.L.
32
40
72
7.000
113
B80769581
PRODUCCIONES YLLANA, S.L.
31,5
40
71,5
18.000
118
B75044974
KULUNKA TEATRO, S.L.
36
35
71
4.500
54
05194481T
ROSA MARÍA DÍAZ MARTINEZ-FALERO.
31
40
71
3.000
128
B91813709
TALYCUAL PRODUCCIONES, S.L.
31
40
71
8.000 (incluye 1.000 €/E3)
111
38144629A
ALEXANDRE SERRANO TARRAGÓ.
31
40
71
13.000
53
48292250R
PABLO GISBERT DONAT.
31
40
71
12.000
135
B30807028
PRODUCCIONES ALCINA, S.L.
31
40
71
5.500
125
F59321315
COMPANYA D’ESPECTACLES LA TAL, S.C.C.L.
30,5
40
70,5
14.000
68
A58230020
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS LA FURA DELS BAUS, S.A.
30
40
70
20.000
32
F25415324
COMPANYIA DE COMEDIANTS LA BALDUFA, S.C.C.L.
30
40
70
8.000
38
B47556725
MÁQUINA TEATRAL TELONCILLO, S.L.
29,5
40
69,5
5.000
93
B85572071
COMPAÑÍA DE ESPECTÁCULOS LA INDUSTRIAL TEATRERA, S.L.
34
35
69
5.000
138
B61822292
SERVEIS ESCENICS ROMEA, S.L.
29
40
69
12.000
8
G58658931
TEATRE LLIURE-TEATRE PUBLIC DE BARCELONA FUNDACIÓ PRIVADO.
29
40
69
20.000
133
B12365433
XARXA TEATRE, S.L.
29
40
69
23.000
127
46321144H
JUAN MANUEL QUIÑONERO REDONDO.
33
35
68
3.500
131
B83170399
KAMIKAZE PRODUCCIONES, S.L.
28
40
68
14.000
50
B37374733
ZANGUANGO TEATRO PRODUCCIONES, S.L.U.
32
35
67
7.000
84
J22165120
LOS TITIRITEROS, S.C.P.
27
40
67
1.500
29
B50869551
TEATRO ARBOLÉ, S.L.
27
40
67
6.000
124
B40217929
NAO D´AMORES, S.L.
27
40
67
10.000
87
B62516984
ELÉCTRICA PRODUCCIONS, S.L.
27
40
67
7.500
28
F62856356
BAUBO, S.C.C.L.
31
35
66
10.000
139
B84077460
IMPROMADRID TEATRO, S.L.
26
40
66
6.000
82
B91624064
GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS, S.L.
25,5
40
65,5
12.000
58
76441270B
ANALÍA SISAMÓN INCHAURRONDO.
25
40
65
3.000
5
B63774095
FACTORIA ESCÉNICA INTERNACIONAL, S.L.
25
40
65
2.500
132
B63576995
TITZINA TEATRE, S.L.
25
40
65
4.000
40
71284831B
ANA ESTHER ORTEGA GALLARDO.
34
30
64
8.500
130
J66264615
OBSIDIANA XXI, S.C.P.
29
35
64
8.000
83
03466941J
ANA SZKANDERA HERNANGÓMEZ.
24
40
64
8.500
137
G86078284
FUNDACIÓN SIGLO DE ORO.
24
40
64
6.500
10
B81348526
TEATRO MERIDIONAL, S.L.
24
40
64
4.500
80
44086319B
MARTA PAZOS ANTAS.
33,5
30
63,5
6.000
112
B22216451
PRODUCCIONES TEATRALES VIRIDIANA, S.L.
28
35
63
5.000 (incluye 500 €/E3)
37
F62488374
TEATRE NU, S.C.C.L.
28
35
63
7.500
31
B81554883
MAMBRINO, S.L.
23
40
63
6.500
63
B95098968
TARTEAN ZEBITZUAK, S.L.
27,5
35
62,5
8.000
74
J70378765
VALLES & PATIÑO, S.C.
22
40
62
6.000
64
B86216967
KOREGO PROARTE, S.L.
22
40
62
11.000
20
B85513836
MEINE SEELE TEATRO, S.L.
22
40
62
7.000
91
A01230044
TEATRO PARAÍSO, S.A.L.
22
40
62
6.500
103
51312456P
JOSÉ PEDRO CARRIÓN TERÁN.
31
30
61
5.000
141
B18757203
KREART PROYECTOS Y DISEÑO, S.L.
26
35
61
5.000
56
B57057853
RES DE RES I EN BLANC, S.L.
26
35
61
5.000
90
B19155175
ULTRAMARINOS DE LUCAS, S.L.
21
40
61
4.500
78
B47466966
CIRCE PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.
21
40
61
2.000
100
B97092712
COMPANYIA HONGARESA DE TEATRE, S.L.
21
40
61
5.500
24
B83955617
SUDHUM, S.L.
21
40
61
5.500
43
50321710X
PABLO FERNANDO VERGNE QUIROGA.
30
30
60
3.500
33
44009265F
ALINA VENTURA RAMÍREZ.
25
35
60
1.300
69
B28966661
TEATRO GUIRIGAI, S.L.
25
35
60
3.000
76
B82909094
TEATRO LA TARTANA, S.L.
25
35
60
3.000
2
B81978348
TRIBUEÑE, S.L.
25
35
60
7.000
55
B78496510
TYL TYL COMPAÑÍA DE TEATRO, S.L.
25
35
60
2.000
102
B65246449
CARRER 88, S.L.
20
40
60
9.500
75
B15510084
TÍTERES CACHIRULO, S.L.
34
25
59
3.500
1
B47227764
RAYUELA PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.
29
30
59
2.500
42
B81709685
EUROSCENA, S.L.
24
35
59
10.000
96
B47066980
LA QUIMERA DE PLÁSTICO, S.L.
27
30
57
5.000
70
J71061360
LA LLAVE MAESTRA TEATRO.
27
30
57
10.000
142
05300668L
MARÍA PRADO SÁNCHEZ.
27
30
57
10.000 (incluye 700 €/E3)
35
43259336Q
MARTA MARÍA BAUTISTA GARCÍA.
27
30
57
2.850
49
X7840503X
CAROLINA PANKONIN.
22
35
57
15.000
23
04845013V
FERNANDO SÁNCHEZ-CABEZUDO BLASCO.
22
35
57
2.500
60
11704720C
CÁNDIDO DE CASTRO CALBARRO.
26,5
30
56,5
4.000
95
F64486905
CÍA. PEPA PLANA, S.C.C.L.
26,5
30
56,5
4.000
19
F83843193
METAMORFOSIS PRODUCCIONES TEATRALES, S.COOP.MAD.
26
30
56
5.000
12
B25648122
FADUNITO PRODUCCIONS, S.L.
21
35
56
5.000
129
B85332187
FACTORÍA ESTIVAL DE ARTE, S.L.N.E.
21
35
56
6.000
21
B91514455
LA FUNDICIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS, S.L.
20,5
35
55,5
3.500
48
F07276207
ESTUDI ZERO TEATRE, S.C.L.
25
30
55
7.000
7
B82217431
BEHEMOT, S.L.
25
30
55
2.500
136
B47092309
TEATRO DEL AZAR, S.L.
20
35
55
2.500
30
B36920247
TEATRO ENSALLE, S.L.L.
20
35
55
5.000
B2. Apoyo a las producciones teatrales en el extranjero
Aplicación presupuestaria: 18.107.144A.471 (empresas privadas) y 18.107.144A.482 (entidades sin fines de lucro). Total concedido 471: 12.000 euros. Total concedido 482: 22.200 euros
N.º exp.
NIF
Beneficiario
Val. Téc.
Val. Art.
Val. Tot.
Importe
–
Euros
15
208667411
SPANISH THEATRE COMPANY.
25
40
65
10.000
3
G65429185
ASSOCIACIÓ OBSKENÉ.
22
40
62
4.000
2
B82568114
IAQUINANDI, S.L.
22
40
62
12.000
12
38921580700055
LA TRAVERSE.
28
30
58
8.200
C1. Apoyo a las giras circenses por el territorio nacional
Aplicación presupuestaria: 18.107.335B.475. Total concedido: 468.000 euros
N.º exp.
NIF
Beneficiario
Val. Téc.
Val. Art.
Val. Tot.
Importe
–
Euros
15
B65086712
CIRCO HNOS. ROSSI, S.L.
40
40
80
29.000 (incluye 2.000 €/E3)
33
B96263751
GRAN FELE, S.L.
37
40
77
20.000
41
43118822D
SEBASTIÀ JORDÀ RAMIS.
31
40
71
13.000 (incluye 1.200 €/E2)
17
B32215113
MACAGGI Y CORTES CIRKUS, S.L.
30
40
70
37.000
34
B32346496
PROMOCIONES DE LOS HORRORES, S.L.
33
35
68
27.000
37
F15983067
CULTURACTIVA, SOCIEDADE COOP. GALEGA.
28
40
68
9.000
35
B86384203
RARA SUMA Y SIGUE ESPECTÁCULOS, S.L.
27
40
67
35.000
3
77571528A
ALBERTO VIDAL CEJUELA.
26
40
66
8.500
28
46781432F
ALBERT MONCUNILL FERRER.
25
40
65
10.000
8
B43468438
CIRCO RALUY, S.L.
25
40
65
13.000
38
44628068H
JON SÁDABA SAN MARTÍN.
25
40
65
8.000
10
74813149Z
BASILIO ELIS DELGADO.
24
40
64
12.000
48
B26510727
CIRCO HOLIDAY, S.L.
24
40
64
12.000
39
53684609X
MIGUEL ÁNGEL MORENO MONTOSA.
23
40
63
6.000
29
B45651536
CIRCO TEATRO ALASKA, S.L.
23
40
63
18.000
14
J66044801
ELEGANTS, S.C.P.
22
40
62
15.000
23
52649942K
PATRICIA PARDO PESCADOR.
22
40
62
7.000
47
16603619B
MERCEDES SACRISTÁN ANTOLÍN.
22
40
62
13.500
31
B84008846
ENTREARTE AL-BADULAQUE, S.L.
26
35
61
11.000
6
B73867103
CIRCO QUIRÓS, S.L.
26
35
61
14.000
11
18890287L
FERNANDO ELIHS DELGADO.
21
40
61
12.000
12
44783859F
PEDRO ELIS CINTA.
21
40
61
12.000
26
X2722739E
ANGLI INEZ MACAGGI IN FOLCO.
21
40
61
15.000
20
25469003E
RAÚL MAINER RACAJ.
20
40
60
7.000
40
B65456121
EVENTOS Y ESPECTÁCULOS ALEGRÍA, S.L.
29
30
59
22.000
1
B87194130
FRATELLI GOTTANI, S.L.
24
35
59
20.000
21
B98393473
CIRKUS KAOS, S.L.
28
30
58
19.000
18
74932525C
NAZARET ROMERA ÁLVAREZ.
22
36
58
10.000
43
B30807028
PRODUCCIONES ALCINA, S.L.
22
35
57
12.000
5
B43978915
CIA PASSABARRET, S.L.
21
35
56
8.000
24
B97220297
CIRCO COLISEO, S.L.
23
30
53
13.000
C2. Apoyo a las giras circenses por el extranjero
Aplicación presupuestaria: 18.107.144A.471. Total concedido: 190.800 euros
N.º exp.
NIF
Beneficiario
Val. Téc.
Val. Art.
Val. Tot.
Importe
–
Euros
6
B65086712
CIRCO HNOS. ROSSI, S.L.
37
40
77
14.500 (incluye 1.500 €/E3)
28
J65956500
CIRCO EIA, S.C.P.
35
40
75
14.000
3
B43468438
CIRCO RALUY, S.L.
35
40
75
8.500
19
B85536308
PRODUCTORES DE SONRISAS, S.L.
33
40
73
14.000
24
53684609X
MIGUEL ÁNGEL MORENO MONTOSA.
32
40
72
4.000
12
52649942K
PATRICIA PARDO PESCADOR.
30
40
70
14.000 (incluye 1.000 €/E3)
1
B95230918
AIRE AIRE DISTRIBUCIÓN DE ESPECTÁCULOS, S.L.
29
40
69
11.000
27
B63092399
LEANDRE, S.L.
27
40
67
8.500
14
F64892508
LOS ESCÉNTRICOS, S.C.C.L.
26
40
66
5.500
5
J66044801
ELEGANTS, S.C.P.
25
40
65
6.500
11
F61485165
ESCARLATA CIRCUS, S.C.C.L.
25
40
65
7.000
20
B32346496
PROMOCIONES DE LOS HORRORES, S.L.
29
35
64
10.000
25
43118822D
SEBASTIÀ JORDÀ RAMIS.
24
40
64
4.300
16
46781432F
ALBERT MONCUNILL FERRER.
22
40
62
5.000
22
44628068H
JON SÁDABA SAN MARTÍN.
25
35
60
5.500
30
B84008846
ENTREARTE AL-BADULAQUE, S.L.
25
35
60
10.000
10
25469003E
RAÚL MAINER RACAJ.
20
40
60
7.000
18
F65057028
COOPDECIRC, S.C.C.L.
20
40
60
10.000
29
J65319253
CICLICUS, S.C.P.
27
32
59
9.500
8
F19554112
PRODUCCIONES TRESPERTÉ, S.COOP. AND.
24
35
59
5.000
9
B66024274
ROC PRODUCCIONS BCN, S.L.
21
35
56
7.500
35
B65564130
BALAGANS, S.L.
25
30
55
9.500
D1. Ayudas a la realización de festivales, ferias, muestras, circuitos y otros eventos teatrales
Aplicación presupuestaria: 18.107.335B.464.22 (entidades locales) y 18.107.335B.483.04 (entidades sin fines de lucro). Total concedido 464.22: 454.500 euros. Total concedido 483.04: 689.000 euros.
N.º exp.
NIF
Beneficiario
Val. Téc.
Val. Art.
Val. Tot.
Importe
–
Euros
23
P8302405I
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD POPULAR DE GIJÓN.
43
40
83
45.000
42
G15604010
ASOCIACIÓN CULTURAL BARRIGA VERDE.
47
35
82
10.000
47
P2217300I
AYUNTAMIENTO DE HUESCA.
41
40
81
25.500
81
G57271942
SA XERXA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE LES ILLES BALEARS.
41
40
81
19.000 (incluye 1.500 €/E2)
94
P3802800G
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ.
40
40
80
11.000 (incluye 1.500 €/E2)
43
P2208300J
AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR.
39
40
79
10.000
27
P4806400J
AYUNTAMIENTO DE LEIOA.
38
40
78
22.000
45
G28788719
ACCIÓN EDUCATIVA.
34
40
74
16.000
9
G40187452
ASOC. CULTURAL FESTI. TITIRIMUNDI DE SEGOVIA.
31
40
71
27.000
57
G15417165
ASOCIACIÓN CULTURAL TELÓN E APARTE.
31
40
71
14.000
30
G85122745
A.C. ESPACIO TEATRO CONTEMPORÁNEO-CUARTA PARED.
31
40
71
65.000
44
P0410400F
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO.
35
35
70
17.000
69
P4802400D
AYUNTAMIENTO DE BILBAO.
35
35
70
9.000
50
P3500200E
AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES.
30
40
70
15.500 (incluye 2.000 €/E2)
49
P4623700D
AYUNTAMIENTO DE SUECA.
30
40
70
8.000
17
G81496143
ASOC. CULTURAL GRUPO ZORONGO.
34
35
69
34.000
58
P1708500B
AJUNTAMENT DE GIRONA.
29
40
69
52.000
6
A20965414
VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A.
29
40
69
24.000
7
G48831713
ASOCIACIÓN MITUSU SALA DE TEATRO PARA NIÑOS Y JÓVENES.
33
35
68
5.500
65
P0300900H
AYUNTAMIENTO DE ALCOI.
28
40
68
14.000
83
G83974030
A.C. RED DE TEATROS ALTERNATIVOS.
27
40
67
50.000
10
Q4100708I
INSTITUTO DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES DE SEVILLA.
26
40
66
20.000
55
G30340715
UNIMA MURCIA.
35
30
65
6.000
36
G47469325
FUNDACIÓN TEATRO CALDERÓN.
25
40
65
35.000
105
P2007600F
AYUNTAMIENTO DE TOLOSA.
25
40
65
13.000
2
G20069167
CENTRO DE INICIATIVAS Y TURISMO DE TOLOSA.
25
40
65
65.000
28
G25061201
CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA.
24
40
64
15.000
3
P4600028G
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIOS VALL D’ALBAIDA.
24
40
64
9.000
63
P3207000E
AYUNTAMIENTO DE RIBADAVIA.
24
40
64
40.000
53
G83283267
FUNDACIÓN CENTRO DE NUEVOS CREADORES.
24
40
64
30.000
78
G78387107
SOCIEDAD CERVANTINA.
24
40
64
60.000
74
G07048440
CERCLE ARTISTIC DE CIUTADELLA.
28
35
63
6.000
72
G73253908
FUNDACIÓN PUPACLOWN.
28
35
63
22.000
64
G91328773
ASOCIACIÓN ESCENARIOS DE SEVILLA.
23
40
63
35.000
15
G37327848
ASOC. CULTURAL CIVITAS ANIMACIÓN TEATRAL.
23
40
63
20.000
19
G81574212
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE AA. EE. DE MADRID (ARTEMAD).
23
40
63
30.000
75
G04186243
ASOCIACIÓN JORNADAS DE TEATRO DEL SIGLO DE ORO.
22
40
62
15.000
39
G36454445
ASOCIACIÓN XENTE TITIRITEIRA.
22
40
62
7.000
34
B63142848
VILADECANS QUALITAT, S.L.
31
30
61
12.000
24
G79504411
CENTRO LAT. DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN TEATRAL-CELCIT ESPAÑA.
26
35
61
10.000
21
P4710500B
AYUNTAMIENTO DE OLMEDO.
21
40
61
40.000
38
G81624736
FUNDACIÓN SGAE.
21
40
61
60.000
5
G47030721
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA.
20
40
60
17.000
18
P2814800E
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ.
20
40
60
7.000
35
G41720038
ASOCIACIÓN CULTURAL TERRITORIO NUEVOS TIEMPOS.
24
35
59
8.000
46
P1308300A
AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE CALATRAVA.
24
35
59
10.000
32
G37404571
FUNDACIÓN SALAMANCA CIUDAD DE CULTURA Y SABERES.
24
35
59
7.500
59
P0106800F
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.
23
35
58
16.000
13
P3908700B
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA.
21
35
56
10.000
85
P4506400C
AYUNTAMIENTO DE ESQUIVIAS.
21
35
56
4.500
91
P0306500J
AYUNTAMIENTO DE ELCHE.
20
35
55
10.000
33
P3003500J
AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER.
20
35
55
10.000
D2. Ayudas a la realización de festivales, ferias, muestras, circuitos y otros eventos circenses
Aplicación presupuestaria: 18.107.335B.464.22 (entidades locales); 18.107.335B.475 (empresas privadas) y 18.107.335B.483.04 (entidades sin fines de lucro). Total concedido 464.22: 78.500 euros. Total concedido 475: 70.000 euros. Total concedido 483.04: 117.500 euros
N.º exp.
NIF
Beneficiario
Val. Téc.
Val. Art.
Val. Tot.
Importe
–
Euros
35
G35673342
ASOCIACIÓN MOJO DE CAÑA.
52
30
82
10.000 (incluye 1.200 €/E2)
24
G78833837
ASOCIACIÓN DE MALABARISTAS DE MADRID.
41
40
81
22.000
23
B38417895
LASAL CREADORES ASOCIADOS, S.L.
40
40
80
10.000 (incluye 1.200 €/E2)
3
G63748925
A.P.C.C. -ASSOCIACIÓ PROFESIONALS DE CIRC DE CATALUNYA-.
36
40
76
7.000
36
B60810090
CENTRE DE RECERCA DE LES ARTS DEL CIRC C.R.A.C., S.L.
35
40
75
20.000
27
G58327289
BIDÓ DE NOU BARRIS.
33
40
73
12.000
30
P5200301I
CONSORCIO CULTURAL ALBACETE DE ALBACETE.
32
40
72
33.000
31
B91446815
NOLETIA, S.L.
29
40
69
20.000
16
P4611200I
AJUNTAMENT DE XIRIVELLA.
27
40
67
6.000
10
G62190970
ASSOCIACIÓ DE CIRC ROGELIO RIVEL.
25
40
65
22.000
13
G97410179
ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE CIRC.
24
40
64
5.000
1
G18614206
HOCUS POCUS GROUP.
33
30
63
5.500
28
G18943894
ASOCIACIÓN CULTURAL METACAU.
22
40
62
14.000
5
P0501900E
AYUNTAMIENTO DE AVILA.
22
40
62
7.500
15
P4617100E
AYUNTAMIENTO DE MISLATA.
22
40
62
7.000
20
G86076791
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ARTE DEL CIRCO.
21
40
61
4.000
34
G79655874
EL CLUB DE PAYASOS ESPAÑOLES Y ARTISTAS DE CIRCO.
21
40
61
4.000
29
G73253908
FUNDACIÓN PUPACLOWN.
21
40
61
12.000
33
P9312503G
INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL.
20
40
60
15.000
17
46616376E
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS CASILLAS.
20
40
60
10.000
22
G17757014
FIRA DE CIRC AL CARRER.
29
30
59
5.000
38
P0820600E
AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA.
21
35
56
5.000
8
B24290306
EJE PRODUCCIONES CULTURALES, S.L.
25
30
55
10.000
D3. Ayudas a las asociaciones, federaciones y confederaciones de ámbito estatal y proyección internacional para actividades teatrales y circenses
Aplicación presupuestaria: 18.107.335B.483.04 (entidades sin fines de lucro). Total concedido: 443.000 euros
N.º exp.
NIF
Beneficiario
Val. Téc.
Val. Art.
Val. Tot.
Importe
–
Euros
13
G28879724
ASOC. DE DIRECTORES DE ESCENA.
56
40
96
55.000
8
G79781811
ASOCIACIÓN DE AUTORES DE TEATRO.
54
40
94
65.000
5
G82577685
RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVALES DE TITULARIDAD PÚBLICA ASOC. CULTURAL.
53
40
93
80.000
15
G74266065
CONFEDERACIÓN ESCENAMATEUR.
51
40
91
20.000
9
G28281715
ASOCIACIÓN DE TEATRO PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD. ASSITEJ-ESP.
49
40
89
34.000
4
G25597147
COORDINADORA DE FERIAS DE ARTES ESCENICAS (COFAE).
41
40
81
36.000
3
G81390650
ASOCIACIÓN TE VEO TEATRO PARA NIÑOS Y JÓVENES.
40
40
80
25.000
1
G84085547
UNIÓN DE PROFESIONALES Y AMIGOS DE LAS ARTES CIRCENSES (U.P.A.A.C.).
44
35
79
8.000
2
G41371014
UNIMA FEDERACIÓN ESPAÑA.
43
35
78
36.000
19
G80582927
ASOC. CULTURAL COORDINADORA DE SALAS ALTERNATIVAS.
37
40
77
35.000
18
G61486445
FEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE TEATRO Y DANZA.
35
40
75
28.000
21
G86957503
ASOCIACIÓN ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE ESPAÑA.
25
40
65
15.000
10
G83155663
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN DE ARTES ESCÉNICAS.
26
35
61
6.000
E1. Ayudas complementarias a la infraestructura móvil circense
Aplicación presupuestaria: 18.107.335B.771. Total concedido: 173.960 euros
N.º exp.
NIF
Beneficiario
Val. Téc.
Val. Art.
Val. Tot.
Importe
–
Euros
4
B65086712
CIRCO HNOS. ROSSI, S.L.
40
40
80
13.000
14
B96263751
GRAN FELE, S.L.
37
40
77
5.000
36
J65956500
CIRCO EIA, S.C.P.
35
40
75
6.960
26
B85536308
PRODUCTORES DE SONRISAS, S.L.
35
40
75
12.000
19
43118822D
SEBASTIÀ JORDÀ RAMIS.
31
40
71
4.000
5
B32215113
MACAGGI Y CORTES CIRKUS, S.L.
30
40
70
8.500
31
B32346496
PROMOCIONES DE LOS HORRORES, S.L.
29
40
69
10.500
8
B98393473
CIRKUS KAOS, S.L.
28
40
68
10.000
37
B73867103
CIRCO QUIRÓS, S.L.
26
40
66
6.000
23
B43468438
CIRCO RALUY, S.L.
25
40
65
11.500
18
B65456121
EVENTOS Y ESPECTÁCULOS ALEGRÍA, S.L.
29
35
64
12.000
29
B26510727
CIRCO HOLIDAY, S.L.
24
40
64
8.500
17
53684609X
MIGUEL ÁNGEL MORENO MONTOSA.
23
40
63
1.500
16
B45651536
CIRCO TEATRO ALASKA, S.L.
23
40
63
10.000
21
16603619B
MERCEDES SACRISTÁN ANTOLÍN.
22
40
62
7.000
2
18890287L
FERNANDO ELIHS DELGADO.
21
40
61
6.000
3
44783859F
PEDRO ELIS CINTA.
21
40
61
6.000
10
X2722739E
ANGLI INEZ MACAGGI IN FOLCO.
21
40
61
8.500
27
J65319253
CICLICUS, S.C.P.
27
32
59
1.500
1
74813149Z
BASILIO ELIS DELGADO.
24
35
59
3.000
25
F19554112
PRODUCCIONES TRESPERTÉ, S. COOP. AND.
24
35
59
2.500
35
B87194130
FRATELLI GOTTANI, S.L.
24
35
59
8.500
7
74932525C
NAZARET ROMERA ÁLVAREZ.
22
36
58
6.000
34
B43978915
CÍA. PASSABARRET, S.L.
21
35
56
2.800
6
B66024274
ROC PRODUCCIONS BCN, S.L.
21
35
56
2.700 | Ayudas al teatro y circo. En total se han concedido 6,7M€. La SGAE, por ejemplo, se lleva 60.000 | Por Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (en adelante, INAEM) de 23 de enero de 2015 (Boletín Oficial del Estado, de 28 de enero) se convocaron ayudas al teatro y al circo correspondientes al año 2015.
Cumplidos los trámites establecidos, se concedieron las ayudas mediante Resolución del INAEM de 24 de julio de 2015.
El artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollado por el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que aprueba el Reglamento de dicha ley, establece que los órganos administrativos concedentes publicarán en el diario oficial correspondiente, durante el mes siguiente a cada trimestre natural, las subvenciones concedidas durante dicho periodo.
En cumplimiento de lo anterior, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las subvenciones concedidas en el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2015, que se relacionan por modalidades en el Anexo de esta resolución.
Madrid, 1 de octubre de 2015.–La Directora General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Montserrat Iglesias Santos.
ANEXO
AYUDAS CONCEDIDAS
A1.1 Apoyo a las giras teatrales por el territorio nacional
Aplicación presupuestaria: 18.107.335B.475. Total concedido: 2.253.000 euros
N.º exp.
NIF
Beneficiario
Val. Téc.
Val. Art.
Val. Tot.
Importe
–
Euros
44
B18779827
TÍTERES ETCÉTERA, S.L. («SOÑANDO EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES»).
44
40
84
20.000
41
B18779827
TÍTERES ETCÉTERA, S.L. («EL RETABLO DE MAESE PEDRO»).
43
40
83
20.000
122
05194481T
ROSA MARÍA DÍAZ MARTINEZ-FALERO.
42
40
82
14.000
168
B47066980
LA QUIMERA DE PLÁSTICO, SL («ENTRE PÍCAROS ANDA EL JUEGO»).
42
40
82
20.000
48
03457543E
MARÍA JOSÉ FRÍAS AREVALILLO.
41
40
81
12.500
167
B84838515
RON LALÁ TEATRO, S.L.
39
40
79
26.000
199
B40217929
NAO D´AMORES, S.L. («PENAL DE OCAÑA»).
38
40
78
14.000
178
44086319B
MARTA PAZOS ANTAS.
38
40
78
24.000
31
51641051W
ANTONIO SARRIÓ LEMA.
36
40
76
17.500
70
B47227764
RAYUELA PRODUCCIONES, S.L.
35
40
75
7.500
21
B81962318
NOVIEMBRE COMPAÑÍA DE TEATRO, S.L.
35
40
75
24.000
207
46321144H
JUAN MANUEL QUIÑONERO REDONDO.
35
40
75
9.000
279
B50793942
CALEIDOSCOPIO TEATRO, S.L.
39
35
74
9.000
127
J22165120
LOS TITIRITEROS, S.C.
34
40
74
12.500
280
B81554883
MAMBRINO, S.L.
34
40
74
37.000
57
76441270B
ANALÍA SISAMÓN INCHAURRONDO.
33
40
73
5.000
206
B19155175
ULTRAMARINOS DE LUCAS, S.L.
33
40
73
12.500
197
B40217929
NAO D´AMORES, S.L. («MISTERIO DEL CRISTO DE LOS GASCONES»).
33
40
73
13.000
347
40889080W
RAMON MOLINS MARQUÉS («LA NIÑA QUE VIVÍA EN UNA CAJA DE ZAPATOS»).
33
40
73
8.000
290
B75044974
KULUNKA TEATRO, S.L. («ANDRÉ Y DORINÉ»).
33
40
73
16.000
268
B22216451
PRODUCCIONES TEATRALES VIRIDIANA, S.L.
32
40
72
12.500
60
J39590328
ESCENA MIRIÑAQUE, S.C.
32
40
72
11.500
113
B81709685
EUROSCENA, S.L. («EL CIELO QUE ME TIENES PROHIBIDO»).
32
40
72
20.000
124
F71157515
TDIFERENCIA, S. COOP.
32
40
72
13.000
94
B82924234
FACTORÍA TEATRO, S.L.
32
40
72
20.000
27
B80177728
PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORÁNEAS, S.L. («JUGADORES»).
32
40
72
24.000
364
B87135638
TEATRO DE LA CIUDAD, S.L («ANTÍGONA»).
32
40
72
24.000
312
B87135638
TEATRO DE LA CIUDAD, S.L («EDIPO REY»).
32
40
72
15.000
359
B80857733
URÓC, S.L.
32
40
72
15.000
166
43658309P
RAFAEL ÁNGEL RODRÍGUEZ CABRERA («ROMEO Y JULIETA. UN DRAMA DE SHAKESPEARE»).
41
30
71
15.000 (incluye 2.000 €/E2)
223
B97159404
ZIRCÓ PRODUCCIONES, S.L.
41
30
71
18.000
164
B15510084
TÍTERES CACHIRULO, S.L.
41
30
71
7.500
230
B61033262
VANIA PRODUCCIONS, S.L.
36
35
71
25.000
240
B12373908
EL TEATRE DE L’HOME DIBUIXAT, S.L.U.
31
40
71
7.500
304
52815882Q
JUAN PEDRO CAMPOY LÓPEZ («NINETTE Y UN SEÑOR DE MURCIA»).
31
40
71
11.500
136
B28966661
TEATRO GUIRIGAI, S.L.
35
35
70
20.000
315
B91813709
TALYCUAL PRODUCCIONES, S.L.
30
40
70
12.500
294
B85696631
ACCIÓN SUR, S.L. («HEY BOY HEY GIRL»).
39
30
69
25.000
160
B33967928
EL CALLEJÓN DEL GATO PRODUCCIONES, S.L.
34
35
69
12.500
187
### RESUMEN: Ayudas al teatro y circo. En total se han concedido 6,7M€. La SGAE, por ejemplo, se lleva 60.000 |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Subdirección General de Gestión Económica.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Gestión Económica.
c) Número de expediente:
22/13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministros.
b) Descripción:
Suministro de prensa diaria en el Ministerio de la Presidencia.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
22211000 (Revistas especializadas).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
17 de noviembre de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 163.461,53 euros. Importe total: 170.000,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
5 de marzo de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
8 de abril de 2013.
c) Contratista:
Entregas Urbanas, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 125.048,07 euros. Importe total: 130.692,58 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Oferta económicamente más ventajosa.
Madrid, 9 de abril de 2013.- Subdirectora General de Gestión Económica. | Presidencia pagará 130.692 euros al año por la entrega de prensa diaria. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Subdirección General de Gestión Económica.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Gestión Económica.
c) Número de expediente:
22/13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministros.
b) Descripción:
Suministro de prensa diaria en el Ministerio de la Presidencia.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
22211000 (Revistas especializadas).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
17 de noviembre de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 163.461,53 euros. Importe total: 170.000,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
5 de marzo de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
8 de abril de 2013.
c) Contratista:
Entregas Urbanas, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 125.048,07 euros. Importe total: 130.692,58 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Oferta económicamente más ventajosa.
Madrid, 9 de abril de 2013.- Subdirectora General de Gestión Económica.
### RESUMEN: Presidencia pagará 130.692 euros al año por la entrega de prensa diaria. |
El artículo 32.1 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, establece que «En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, publicará la relación de municipios que podrán solicitar, por una sola vez, la aplicación las medidas contenidas en el título II del Real Decreto-ley».
El citado Real Decreto-ley se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» número 155, de 29 de junio de 2013, por lo que su entrada en vigor se produjo al día siguiente, 30 de junio.
Por otra parte, es preciso tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual «Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el Diario Oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento».
En la publicación de la resolución a la que se refiere el artículo 32.1 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, se aprecia la posible lesión de derechos e intereses legítimos a la que se refiere el precitado artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, toda vez que del modo en que aquella se produzca puede derivar para los interesados perjuicios de imposible o difícil reparación, perjuicios que han de ser evitados.
De otra parte el artículo 28.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, prevé que la notificación por comparecencia a la que se refiere el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de junio, pueda hacerse mediante el acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, siempre que quede constancia de dichos acceso.
Por todo ello, dentro del mencionado plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, se aprueba por esta Secretaría General la siguiente Resolución.
1.º La relación de municipios que se encuentran incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación del Título II del mencionado Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, por concurrir alguna de las situaciones establecidas en su artículo 21 es objeto de publicación en la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales hasta la finalización del plazo indicado en el punto 3.º de la presente Resolución.
2.º Todos los municipios podrán consultar en la citada Oficina Virtual su inclusión en la relación citada mediante el acceso seguro y protegido, utilizando la identificación de sus respectivos usuario y contraseña, que tienen asignados para la remisión de la información financiera en aquella Oficina Virtual.
3.º En el plazo de dos meses desde la publicación de la presente Resolución los municipios incluidos en aquella relación podrán remitir la solicitud para acogerse a las medidas del Título II del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, con arreglo a lo dispuesto en su artículo 32.2.
Madrid, 26 de julio de 2013.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras. | La lista de ayuntamientos que pidan ayuda para pagar deudas a proveedores no se hará pública | El artículo 32.1 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, establece que «En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, publicará la relación de municipios que podrán solicitar, por una sola vez, la aplicación las medidas contenidas en el título II del Real Decreto-ley».
El citado Real Decreto-ley se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» número 155, de 29 de junio de 2013, por lo que su entrada en vigor se produjo al día siguiente, 30 de junio.
Por otra parte, es preciso tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual «Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el Diario Oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento».
En la publicación de la resolución a la que se refiere el artículo 32.1 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, se aprecia la posible lesión de derechos e intereses legítimos a la que se refiere el precitado artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, toda vez que del modo en que aquella se produzca puede derivar para los interesados perjuicios de imposible o difícil reparación, perjuicios que han de ser evitados.
De otra parte el artículo 28.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, prevé que la notificación por comparecencia a la que se refiere el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de junio, pueda hacerse mediante el acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, siempre que quede constancia de dichos acceso.
Por todo ello, dentro del mencionado plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, se aprueba por esta Secretaría General la siguiente Resolución.
1.º La relación de municipios que se encuentran incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación del Título II del mencionado Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, por concurrir alguna de las situaciones establecidas en su artículo 21 es objeto de publicación en la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales hasta la finalización del plazo indicado en el punto 3.º de la presente Resolución.
2.º Todos los municipios podrán consultar en la citada Oficina Virtual su inclusión en la relación citada mediante el acceso seguro y protegido, utilizando la identificación de sus respectivos usuario y contraseña, que tienen asignados para la remisión de la información financiera en aquella Oficina Virtual.
3.º En el plazo de dos meses desde la publicación de la presente Resolución los municipios incluidos en aquella relación podrán remitir la solicitud para acogerse a las medidas del Título II del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, con arreglo a lo dispuesto en su artículo 32.2.
Madrid, 26 de julio de 2013.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras.
### RESUMEN: La lista de ayuntamientos que pidan ayuda para pagar deudas a proveedores no se hará pública |
Por el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo acumulado contra el Acuerdo de 28 de junio de 2013, por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2014-2016 y el límite de gasto no financiero del presupuesto para 2014, contra el Acuerdo de 12 de julio de 2013, por el que se adecua el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para 2013, contra el Acuerdo de 30 de agosto de 2013, por el que se establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas de régimen común para el período 2014-2016, y contra el Acuerdo de 30 de agosto de 2013, por el que se establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas en régimen común para el año 2013; que ha sido admitido a trámite por Diligencia de ordenación de 3 de octubre de 2013, y figura registrado con el número 2/374/2013.
Lo que se hace público a los efectos de que cualquier persona que tenga interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la actuación recurrida pueda personarse como demandado en el expresado recurso en el plazo de nueve días.
Madrid, 18 de octubre de 2013.- La Secretaria Judicial, Aurelia Lorente Lamarca. | Canarias y Asturias recurren en TS límites de estabilidad presupuestaria para las CCAA | Por el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo acumulado contra el Acuerdo de 28 de junio de 2013, por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2014-2016 y el límite de gasto no financiero del presupuesto para 2014, contra el Acuerdo de 12 de julio de 2013, por el que se adecua el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para 2013, contra el Acuerdo de 30 de agosto de 2013, por el que se establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas de régimen común para el período 2014-2016, y contra el Acuerdo de 30 de agosto de 2013, por el que se establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas en régimen común para el año 2013; que ha sido admitido a trámite por Diligencia de ordenación de 3 de octubre de 2013, y figura registrado con el número 2/374/2013.
Lo que se hace público a los efectos de que cualquier persona que tenga interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la actuación recurrida pueda personarse como demandado en el expresado recurso en el plazo de nueve días.
Madrid, 18 de octubre de 2013.- La Secretaria Judicial, Aurelia Lorente Lamarca.
### RESUMEN: Canarias y Asturias recurren en TS límites de estabilidad presupuestaria para las CCAA |
El Real Decreto 256/2019, de 12 de abril, de creación de setenta y cinco unidades judiciales correspondientes a la programación de 2019, dispuso la creación y constitución de cincuenta y un nuevos juzgados, la constitución de dos juzgados cuya creación se recoge en las previsiones recogidas en los anexos de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, en concreto dos juzgados de la Comunitat Valenciana, que había sido suspendida con anterioridad, así como la dotación de una plaza de magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears y de veintiuna plazas de magistrado en distintas Audiencias Provinciales.
En la disposición final tercera del Real Decreto 256/2019, de 12 de abril, se establece que la fecha de efectividad de las plazas de magistrado en órganos judiciales colegiados y la de entrada en funcionamiento de los juzgados, serán fijadas por el Ministro de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial.
En consecuencia, y siguiendo la línea de actuación de implementación de las setenta y cinco unidades judiciales creadas en el Real Decreto 256/2019, de 12 de abril, materializada en la Orden JUS/767/2019, de 11 de julio, Orden JUS/1134/2019, de 14 de noviembre, Orden JUS/1201/2019, de 11 de diciembre, y Orden JUS/460/2020, de 29 de mayo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.5 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, oído el Consejo General del Poder Judicial, se establece la fecha de entrada en funcionamiento de siete juzgados de la Comunidad de Madrid, correspondientes a la programación de 2019.
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final tercera del Real Decreto 256/2019, de 12 de abril, y oído el Consejo General del Poder Judicial, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
Esta orden tiene por objeto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.5 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, fijar la fecha de entrada en funcionamiento de siete juzgados de la Comunidad de Madrid, correspondientes a la programación del año 2019, previstos en el artículo 5 del Real Decreto 256/2019, de 12 de abril, de creación de setenta y cinco unidades judiciales correspondientes a la programación de 2019.
Artículo 2. Fecha de entrada en funcionamiento de juzgados.
El día 30 de septiembre de 2020 entrarán en funcionamiento los juzgados que a continuación se relacionan:
a) Tres Juzgados de Primera Instancia:
Números 104 y 105 de Madrid.
Número 6 de Torrejón de Ardoz.
b) Dos Juzgados de lo Mercantil:
Números 15 y 16 de Madrid.
c) Dos Juzgados de lo Social:
Números 43 y 44 de Madrid.
Madrid, 30 de junio de 2020.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno. | Sigue el goteo de los juzgados creados por el decreto en 2019. Hoy, orden ministerial para poner en marcha 7 en Madrid a partir del 30 de septiembre. | El Real Decreto 256/2019, de 12 de abril, de creación de setenta y cinco unidades judiciales correspondientes a la programación de 2019, dispuso la creación y constitución de cincuenta y un nuevos juzgados, la constitución de dos juzgados cuya creación se recoge en las previsiones recogidas en los anexos de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, en concreto dos juzgados de la Comunitat Valenciana, que había sido suspendida con anterioridad, así como la dotación de una plaza de magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears y de veintiuna plazas de magistrado en distintas Audiencias Provinciales.
En la disposición final tercera del Real Decreto 256/2019, de 12 de abril, se establece que la fecha de efectividad de las plazas de magistrado en órganos judiciales colegiados y la de entrada en funcionamiento de los juzgados, serán fijadas por el Ministro de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial.
En consecuencia, y siguiendo la línea de actuación de implementación de las setenta y cinco unidades judiciales creadas en el Real Decreto 256/2019, de 12 de abril, materializada en la Orden JUS/767/2019, de 11 de julio, Orden JUS/1134/2019, de 14 de noviembre, Orden JUS/1201/2019, de 11 de diciembre, y Orden JUS/460/2020, de 29 de mayo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.5 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, oído el Consejo General del Poder Judicial, se establece la fecha de entrada en funcionamiento de siete juzgados de la Comunidad de Madrid, correspondientes a la programación de 2019.
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final tercera del Real Decreto 256/2019, de 12 de abril, y oído el Consejo General del Poder Judicial, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
Esta orden tiene por objeto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.5 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, fijar la fecha de entrada en funcionamiento de siete juzgados de la Comunidad de Madrid, correspondientes a la programación del año 2019, previstos en el artículo 5 del Real Decreto 256/2019, de 12 de abril, de creación de setenta y cinco unidades judiciales correspondientes a la programación de 2019.
Artículo 2. Fecha de entrada en funcionamiento de juzgados.
El día 30 de septiembre de 2020 entrarán en funcionamiento los juzgados que a continuación se relacionan:
a) Tres Juzgados de Primera Instancia:
Números 104 y 105 de Madrid.
Número 6 de Torrejón de Ardoz.
b) Dos Juzgados de lo Mercantil:
Números 15 y 16 de Madrid.
c) Dos Juzgados de lo Social:
Números 43 y 44 de Madrid.
Madrid, 30 de junio de 2020.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.
### RESUMEN: Sigue el goteo de los juzgados creados por el decreto en 2019. Hoy, orden ministerial para poner en marcha 7 en Madrid a partir del 30 de septiembre. |
La regulación de la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria está recogida en el artículo 94.bis de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. La Ley 29/2006, de 26 de julio, establece unos porcentajes de aportación sobre el precio de venta de los medicamentos, proporcionales al nivel de renta del usuario, entre el 60 % y el 10 % con topes de aportación para determinadas categorías de medicamentos y de asegurados con la finalidad de garantizar la continuidad de los tratamientos de carácter crónico, y con exención de aportación para determinados tipos de usuarios y sus beneficiarios.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/2006, de 26 de julio, a los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida les corresponde una aportación del 10 % del PVP con una aportación máxima que se actualizará, de forma automática, cada mes de enero de acuerdo con la evolución del IPC. La actualización se formalizará mediante resolución de la unidad responsable de farmacia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Por otra parte, la disposición adicional sexagésima séptima de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, establece que la actualización de los límites máximos de la cuantía de aportación mensual de los usuarios en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud a la que se refiere el artículo 8 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se realice de forma automática, cada mes de enero en función del índice de precios al consumo de los doce meses anteriores. Dicha actualización se hará pública mediante resolución de la unidad competente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En la actualidad, el importe máximo de la participación en el pago a satisfacer por los ciudadanos por los medicamentos de aportación reducida está fijado en 4,26 euros, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la cuantía máxima correspondiente a los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, y se actualizan los límites máximos de aportación mensual para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.
En cuanto a los límites máximos de aportación mensual para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, conforme a lo dispuesto en la citada Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, en la actualidad están fijados en 8,26, 18,59 o 62.00 euros, en función de la renta consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: inferior a 18.000 euros, igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000, y superior a 100.000 euros respectivamente.
Mediante la citada Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, se procedió a actualizar la aportación máxima aplicable para los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, de acuerdo con el incremento producido en el IPC en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2013, y actualizar los límites máximos de aportación mensual para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, de acuerdo con el incremento producido en el IPC en el mismo periodo.
Por la presente resolución se procede a actualizar la aportación máxima aplicable para los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, de acuerdo con la variación producida en el IPC en los doce meses anteriores, es decir, en el periodo comprendido entre diciembre de 2013 y noviembre de 2014, y actualizar los límites máximos de aportación mensual para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, de acuerdo con el incremento producido en el IPC en el mismo periodo.
En virtud de lo dispuesto en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, mediante la presente resolución se procede a:
Primero.
Fijar en 4,24 euros la aportación máxima para los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida.
Dicha aportación máxima se aplicará igualmente a los productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica pertenecientes a los grupos de aportación reducida.
Asimismo, se aplicará a la participación en el pago a satisfacer por los enfermos de SIDA, de los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud dispensados a través de receta oficial.
Segundo.
Actualizar los límites máximos de aportación mensual para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios según la renta consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
a) Renta inferior a 18.000 euros: límite máximo de aportación mensual 8,23 euros.
b) Renta igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000: límite máximo de aportación mensual 18,52 euros.
c) Renta superior a 100.000 euros: límite máximo de aportación mensual 61,75 euros.
Tercero.
Lo dispuesto en los puntos anteriores comenzará a surtir efectos a partir del 1 de enero de 2015.
Madrid, 15 de diciembre de 2014.–El Director General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero Cuadrado. | El tope mensual a pagar por medicamentos de aportación reducida baja 2 céntimos (4,26 a 4,24) porque va con IPC | La regulación de la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria está recogida en el artículo 94.bis de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. La Ley 29/2006, de 26 de julio, establece unos porcentajes de aportación sobre el precio de venta de los medicamentos, proporcionales al nivel de renta del usuario, entre el 60 % y el 10 % con topes de aportación para determinadas categorías de medicamentos y de asegurados con la finalidad de garantizar la continuidad de los tratamientos de carácter crónico, y con exención de aportación para determinados tipos de usuarios y sus beneficiarios.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/2006, de 26 de julio, a los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida les corresponde una aportación del 10 % del PVP con una aportación máxima que se actualizará, de forma automática, cada mes de enero de acuerdo con la evolución del IPC. La actualización se formalizará mediante resolución de la unidad responsable de farmacia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Por otra parte, la disposición adicional sexagésima séptima de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, establece que la actualización de los límites máximos de la cuantía de aportación mensual de los usuarios en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud a la que se refiere el artículo 8 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se realice de forma automática, cada mes de enero en función del índice de precios al consumo de los doce meses anteriores. Dicha actualización se hará pública mediante resolución de la unidad competente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En la actualidad, el importe máximo de la participación en el pago a satisfacer por los ciudadanos por los medicamentos de aportación reducida está fijado en 4,26 euros, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la cuantía máxima correspondiente a los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, y se actualizan los límites máximos de aportación mensual para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.
En cuanto a los límites máximos de aportación mensual para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, conforme a lo dispuesto en la citada Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, en la actualidad están fijados en 8,26, 18,59 o 62.00 euros, en función de la renta consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: inferior a 18.000 euros, igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000, y superior a 100.000 euros respectivamente.
Mediante la citada Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, se procedió a actualizar la aportación máxima aplicable para los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, de acuerdo con el incremento producido en el IPC en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2013, y actualizar los límites máximos de aportación mensual para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, de acuerdo con el incremento producido en el IPC en el mismo periodo.
Por la presente resolución se procede a actualizar la aportación máxima aplicable para los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, de acuerdo con la variación producida en el IPC en los doce meses anteriores, es decir, en el periodo comprendido entre diciembre de 2013 y noviembre de 2014, y actualizar los límites máximos de aportación mensual para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, de acuerdo con el incremento producido en el IPC en el mismo periodo.
En virtud de lo dispuesto en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, mediante la presente resolución se procede a:
Primero.
Fijar en 4,24 euros la aportación máxima para los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida.
Dicha aportación máxima se aplicará igualmente a los productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica pertenecientes a los grupos de aportación reducida.
Asimismo, se aplicará a la participación en el pago a satisfacer por los enfermos de SIDA, de los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud dispensados a través de receta oficial.
Segundo.
Actualizar los límites máximos de aportación mensual para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios según la renta consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
a) Renta inferior a 18.000 euros: límite máximo de aportación mensual 8,23 euros.
b) Renta igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000: límite máximo de aportación mensual 18,52 euros.
c) Renta superior a 100.000 euros: límite máximo de aportación mensual 61,75 euros.
Tercero.
Lo dispuesto en los puntos anterior
### RESUMEN: El tope mensual a pagar por medicamentos de aportación reducida baja 2 céntimos (4,26 a 4,24) porque va con IPC |
La necesidad de crear una Oficina Consular Honoraria de España en Lloilo se justifica porque es la segunda ciudad financiera más importante de las Islas Visayas, cuenta con un aeropuerto internacional y un puerto marítimo importante. Por todo ello y con el fin de mejorar la asistencia a los españoles tanto residentes como turistas, se considera necesario crear una Oficina Consular Honoraria en Lloilo y modificar la circunscripción del Consulado Honorario en Cebú.
Por ello, a iniciativa de la Dirección General del Servicio Exterior, de conformidad con la propuesta formulada por la Embajada de España en Manila, con el informe favorable de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios y de la Dirección General para América del Norte, Asia y Pacífico, he tenido a bien disponer:
Primero.
Se crea una Oficina Consular Honoraria de España en Lloilo (Filipinas), con sede en Lloilo City, con jurisdicción en la Región VI: Western Visayas (provincias de Lloilo, Guimarás, Capiz, Antique, Aklan y Negros Occidental), con categoría de Consulado Honorario y dependiente del Consulado General de España en Manila.
Segundo.
Se modifica la circunscripción del Consulado Honorario de España en Cebú (Filipinas), que comprendería a la Región VII: Central Visayas (provincias de Bohol, Cebú, Negros Oriental y Siquijor) y a la Región VIII: Eastern Visayas (Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Southern Leyte y Western Samar).
Tercero.
El Jefe de la Oficina Consular Honoraria de España en Lloilo tendrá, de conformidad con el Artículo 9 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 24 de abril de 1963, categoría de Cónsul Honorario.
Madrid, 17 de abril de 2013.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo y Marfil. | Creacion de la oficina consular honoraria en Bicol y Lloilo (Filipinas) | La necesidad de crear una Oficina Consular Honoraria de España en Lloilo se justifica porque es la segunda ciudad financiera más importante de las Islas Visayas, cuenta con un aeropuerto internacional y un puerto marítimo importante. Por todo ello y con el fin de mejorar la asistencia a los españoles tanto residentes como turistas, se considera necesario crear una Oficina Consular Honoraria en Lloilo y modificar la circunscripción del Consulado Honorario en Cebú.
Por ello, a iniciativa de la Dirección General del Servicio Exterior, de conformidad con la propuesta formulada por la Embajada de España en Manila, con el informe favorable de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios y de la Dirección General para América del Norte, Asia y Pacífico, he tenido a bien disponer:
Primero.
Se crea una Oficina Consular Honoraria de España en Lloilo (Filipinas), con sede en Lloilo City, con jurisdicción en la Región VI: Western Visayas (provincias de Lloilo, Guimarás, Capiz, Antique, Aklan y Negros Occidental), con categoría de Consulado Honorario y dependiente del Consulado General de España en Manila.
Segundo.
Se modifica la circunscripción del Consulado Honorario de España en Cebú (Filipinas), que comprendería a la Región VII: Central Visayas (provincias de Bohol, Cebú, Negros Oriental y Siquijor) y a la Región VIII: Eastern Visayas (Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Southern Leyte y Western Samar).
Tercero.
El Jefe de la Oficina Consular Honoraria de España en Lloilo tendrá, de conformidad con el Artículo 9 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 24 de abril de 1963, categoría de Cónsul Honorario.
Madrid, 17 de abril de 2013.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo y Marfil.
### RESUMEN: Creacion de la oficina consular honoraria en Bicol y Lloilo (Filipinas) |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.
c) Número de expediente:
33/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
https://seu.portdebarcelona.gob.es/.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Patrimonial.
b) Descripción:
Subasta pública de Buque Isabel del Mar.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
34510000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
13 de febrero de 2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
1601820.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 1601820 euros. Importe total: 1938202,2 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
15 de mayo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato:
10 de julio de 2014.
c) Contratista:
Bereket Gemi Sokum Ithalat Ihralat Tilaret Limited Sirketi.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 1985000 euros. Importe total: 2401850 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
De acuerdo con la propuesta de la Mesa de Contratación por ser la oferta económicamente más ventajosa.
Barcelona, 8 de septiembre de 2014.- El Presidente, Sixte Cambra. | Subasta pública de Buque Isabel del Mar por importe total de 1938202,2 euros | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.
c) Número de expediente:
33/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
https://seu.portdebarcelona.gob.es/.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Patrimonial.
b) Descripción:
Subasta pública de Buque Isabel del Mar.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
34510000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
13 de febrero de 2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
1601820.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 1601820 euros. Importe total: 1938202,2 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
15 de mayo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato:
10 de julio de 2014.
c) Contratista:
Bereket Gemi Sokum Ithalat Ihralat Tilaret Limited Sirketi.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 1985000 euros. Importe total: 2401850 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
De acuerdo con la propuesta de la Mesa de Contratación por ser la oferta económicamente más ventajosa.
Barcelona, 8 de septiembre de 2014.- El Presidente, Sixte Cambra.
### RESUMEN: Subasta pública de Buque Isabel del Mar por importe total de 1938202,2 euros |
Por medio del presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dado que intentada la notificación en el último domicilio conocido, ésta no ha podido ser efectuada, se notifica a la entidad Federación de Clubes Conocer y Proteger la Naturaleza, con CIF G80275902, que el Director General del Instituto de la Juventud, en el ejercicio de las competencias atribuidas en la Orden IGD/3723/2008, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, premios, ayudas y becas por el Ministerio de Igualdad y sus organismos públicos adscritos, con fecha 25 de julio de 2014, ha dictado Resolución por la que se declara el incumplimiento de la obligación de justificación de las subvenciones percibidas por esa entidad en los años 2010, 2011, y 2012 y la procedencia de reintegrar las cantidades siguientes: 47.878,23 euros correspondientes a 2010 (40.405,06 en concepto de principal y 7.473,17 en concepto de intereses de demora); 39.191,56 euros correspondientes a 2011 (34.429,78 en concepto de principal y 4.761,78 en concepto de intereses de demora); y 12.884,36 euros correspondientes a 2012 (11.927,60 en concepto de principal y 956,60 en concepto de intereses de demora), según cálculo basado en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones.
El referido importe podrá hacerse efectivo en periodo voluntario, teniendo en cuenta los plazos establecidos en el Reglamento General de Recaudación. De no acreditarse el citado ingreso y no tener, en su caso, autorizado aplazamiento o fraccionamiento de pago, se dará traslado del expediente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a fin de que se inicie el procedimiento por vía ejecutiva.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición ante el Director General del instituto de la Juventud, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados en la forma indicada, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
Madrid, 22 de diciembre de 2014.- Director General del Instituto de la Juventud. | Gobierno reclama 100.000€ a clubes juveniles Conocer y Proteger la naturaleza por no justificar las subvenciones | Por medio del presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dado que intentada la notificación en el último domicilio conocido, ésta no ha podido ser efectuada, se notifica a la entidad Federación de Clubes Conocer y Proteger la Naturaleza, con CIF G80275902, que el Director General del Instituto de la Juventud, en el ejercicio de las competencias atribuidas en la Orden IGD/3723/2008, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, premios, ayudas y becas por el Ministerio de Igualdad y sus organismos públicos adscritos, con fecha 25 de julio de 2014, ha dictado Resolución por la que se declara el incumplimiento de la obligación de justificación de las subvenciones percibidas por esa entidad en los años 2010, 2011, y 2012 y la procedencia de reintegrar las cantidades siguientes: 47.878,23 euros correspondientes a 2010 (40.405,06 en concepto de principal y 7.473,17 en concepto de intereses de demora); 39.191,56 euros correspondientes a 2011 (34.429,78 en concepto de principal y 4.761,78 en concepto de intereses de demora); y 12.884,36 euros correspondientes a 2012 (11.927,60 en concepto de principal y 956,60 en concepto de intereses de demora), según cálculo basado en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones.
El referido importe podrá hacerse efectivo en periodo voluntario, teniendo en cuenta los plazos establecidos en el Reglamento General de Recaudación. De no acreditarse el citado ingreso y no tener, en su caso, autorizado aplazamiento o fraccionamiento de pago, se dará traslado del expediente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a fin de que se inicie el procedimiento por vía ejecutiva.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición ante el Director General del instituto de la Juventud, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados en la forma indicada, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
Madrid, 22 de diciembre de 2014.- Director General del Instituto de la Juventud.
### RESUMEN: Gobierno reclama 100.000€ a clubes juveniles Conocer y Proteger la naturaleza por no justificar las subvenciones |
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.
PREÁMBULO
I
El funcionamiento eficiente de los mercados y la existencia de una competencia efectiva son principios básicos de la economía de mercado, la cual impulsa y promueve la productividad de los factores y la competitividad general de la economía en beneficio de los consumidores. Estos principios son también fundamentales en el diseño y definición de las políticas regulatorias de las actividades económicas.
En este marco, los organismos supervisores tienen por objeto velar por el correcto funcionamiento de determinados sectores de la actividad económica, hacer propuestas sobre aspectos técnicos, así como resolver conflictos entre las empresas y la Administración.
La existencia de organismos independientes se justifica por la complejidad que, en determinados sectores caracterizados principalmente por la potencial existencia de fallos de mercado, tienen las tareas de regulación y supervisión, así como por la necesidad de contar con autoridades cuyos criterios de actuación se perciban por los operadores como eminentemente técnicos y ajenos a cualquier otro tipo de motivación.
El origen de los organismos reguladores independientes se remonta a 1887, cuando el Congreso de los Estados Unidos de América encomendó la regulación del sector ferroviario a una entidad independiente: la Comisión de Comercio Interestatal (ICC). Así comenzó un proceso que posteriormente se asentaría con la creación de la Federal Trade Comission en 1914 y con el impulso a las políticas antimonopolio. La experiencia americana de las llamadas comisiones reguladoras independientes se ha integrado en la forma típica de las actuaciones administrativas en los Estados Unidos que es la administración por agencias y ha obedecido a razones propias de su sistema jurídico y estructura administrativa que no se han planteado en los Derechos europeos.
En este lado del Atlántico, los países europeos corrigieron los fallos de funcionamiento de los mercados mediante la nacionalización de las empresas prestadoras de servicios públicos o la creación de sociedades públicas con esta finalidad. Por otro lado, las corrientes europeas de los años setenta del siglo pasado cristalizaron en fórmulas organizativas independientes a la búsqueda de una neutralidad y criterios de especialización técnica en sectores con presencia de intereses sociales muy relevantes, como el bursátil, el de la protección de datos informáticos o el audiovisual.
Confluyendo con las anteriores tendencias, no sería hasta los años ochenta y noventa cuando un amplio conjunto de países de la actual Unión Europea, incluido España, impulsado por las sucesivas directivas reguladoras de determinados sectores de red, tales como la energía, las telecomunicaciones o el transporte, llevó a cabo un intenso proceso liberalizador en el marco del mercado único, que trajo consigo reformas tendentes a asegurar la competencia efectiva en los mercados, la prestación de los servicios universales y la eliminación de las barreras de entrada y las restricciones sobre los precios.
En este contexto surgió un amplio debate sobre el grado en que los nuevos mercados que se abrían a la competencia debían estar sometidos a las normas y autoridades de defensa de la competencia nacionales o si, por el contrario, debían ser los nuevos organismos sectoriales independientes los que llevaran a cabo la supervisión.
En el caso de España, se optó por una separación de funciones. Las autoridades sectoriales se encargaron de asegurar la separación vertical de las empresas entre los sectores regulados y sectores en competencia y resolver los conflictos que pudieran surgir entre los diferentes operadores, especialmente en los casos en que era necesario garantizar el libre acceso a infraestructuras esenciales. Junto a ello, se atribuyeron a los nuevos organismos potestades de inspección y sanción, así como distintas funciones de proposición normativa económica y técnica y la elaboración de estudios y trabajos sobre el sector.
Por su parte, la Autoridad de Defensa de la Competencia ha venido ejerciendo lo que se denomina un control ex post de la libre competencia, investigando y sancionando las conductas contrarias a la normativa de defensa de la competencia, y un control ex ante, examinando las operaciones de concentración empresarial.
Transcurrido cierto tiempo desde la implantación de este sistema, que ha reportado indudables ventajas para el proceso de liberalización y transición a la competencia de los sectores regulados, es necesario revisarlo.
Desde 2011 ha crecido notablemente el número de estos organismos. Hasta entonces eran cinco: Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Competencia, Comité de Regulación Ferroviaria y Comisión Nacional del Sector Postal. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, previó la constitución de un sexto, el organismo regulador del sector del transporte. Más tarde, se aprobó la creación de la Comisión Nacional del Juego y la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria. A ellos hay que unir el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, regulado en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
A la hora de plantear la revisión del sistema, el primer elemento que ha de tomarse en consideración es algo que debe caracterizar, no ya a cualquier mercado, sino a todos los sectores de la actividad económica: la seguridad jurídica y la confianza institucional. Estas se consiguen con unas normas claras, una arquitectura institucional seria y unos criterios de actuación conocidos y predecibles por todos los agentes económicos. Cuanto mayor sea la proliferación de organismos con facultades de supervisión sobre la misma actividad, más intenso será el riesgo de encontrar duplicidades innecesarias en el control de cada operador y decisiones contradictorias en la misma materia.
En segundo lugar, de modo especialmente importante en el entorno de austeridad en el que se encuentra la Administración Pública, se deben aprovechar las economías de escala derivadas de la existencia de funciones de supervisión idénticas o semejantes, metodologías y procedimientos de actuación similares y, sobre todo, conocimientos y experiencia cuya utilización en común resulta obligada.
En tercer lugar, las instituciones han de adaptarse a la transformación que tiene lugar en los sectores administrados. Debe darse una respuesta institucional al progreso tecnológico, de modo que se evite el mantenimiento de autoridades estancas que regulan ciertos aspectos de sectores que, por haber sido objeto de profundos cambios tecnológicos o económicos, deberían regularse o supervisarse adoptando una visión integrada.
En los últimos años, se detecta una clara tendencia a nivel internacional a fusionar autoridades relacionadas con un único sector o con sectores que presentan una estrecha relación, pasando del modelo uni-sectorial a un modelo de convergencia orgánica, material o funcional en actividades similares o a un modelo multisectorial para sectores con industrias de red. Las ventajas que han motivado la adopción de estos modelos son las de optimizar las economías de escala y garantizar el enfoque consistente de la regulación en todas las industrias de red. Además, se ha argumentado que el riesgo de captura del regulador, tanto por el sector privado como por el gobierno, es menor en el caso de las autoridades multisectoriales, al reducirse la importancia relativa de un determinado sector o de un determinado ministerio para la autoridad.
Por último, en algunos casos, como el de los Países Bajos, se han integrado las autoridades reguladoras de ciertos sectores en la autoridad de competencia. Con ello se consigue una mayor eficacia en la supervisión de la competencia en los mercados, al poder contar de forma inmediata con el conocimiento de los reguladores sectoriales, que ejercen un control continuo sobre sus respectivos sectores a través de instrumentos de procesamiento de datos más potentes.
La situación actual en España, en la que se ha aprobado la creación de ocho organismos supervisores vinculados a los mercados de productos y de servicios y se ha previsto la creación de otro más, debe evolucionar hacia los modelos que se están implantando en los países de nuestro entorno. La filosofía que subyace en la existencia de todos estos organismos es fundamentalmente velar por unos mercados competitivos y unos servicios de calidad, en beneficio de los ciudadanos. La presencia de todas estas entidades de forma separada, con sus respectivos órganos de gobierno y medios materiales, exige una reforma de calado teniendo en cuenta la existencia de funciones, procedimientos, metodologías y conocimientos que, por su identidad o semejanza, bien podrían ejercerse o aplicarse por una sola institución.
La normativa europea prevé la existencia de autoridades reguladoras nacionales independientes, dotándolas de misiones, objetivos y competencias concretas. No obstante, las competencias de las comisiones en España son más amplias que las requeridas por la normativa europea, en lo referente a la política sectorial, la concesión y revocación de títulos habilitantes para el ejercicio de determinadas actividades, el asesoramiento al Gobierno y el estudio e investigación de los sectores.
Por ello, el objeto de esta Ley es la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que agrupará las funciones relativas al correcto funcionamiento de los mercados y sectores supervisados por la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
II
La Ley consta de treinta y nueve artículos agrupados en cinco capítulos, dieciocho disposiciones adicionales, diez disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, once disposiciones finales y un anexo.
El Capítulo I, «Naturaleza y régimen jurídico», procede a la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuyo objeto es garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento del mercado, así como la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios. La Comisión se configura como un organismo público de los previstos en la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
La Comisión está dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada y actuará con pleno sometimiento a la ley, con autonomía orgánica y funcional y con plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de cualquier interés empresarial y comercial. Sin perjuicio de su independencia, la Comisión velará por la aplicación uniforme de la normativa sectorial y general de competencia en el territorio nacional mediante la cooperación con la Administración General del Estado, con las Comunidades Autónomas, con los órganos jurisdiccionales, con las instituciones y organismos de la Unión Europea, en especial con la Comisión Europea, y con las autoridades competentes y organismos de otros Estados miembros en el desarrollo de su actividad.
El Capítulo II, «Funciones», expone las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Dichas funciones pueden clasificarse en dos grandes grupos. Por un lado, la Comisión ejercerá funciones, con carácter general, en el conjunto de mercados para la defensa y promoción de la competencia en los mismos. Estas funciones son tanto de supervisión como de arbitraje y consultivas.
Es de destacar que las funciones de defensa de la competencia recogidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se atribuyen íntegramente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esta reforma no afecta al contenido sustantivo de la Ley 15/2007, de 3 de julio, que permanece igual salvo en el esquema institucional de aplicación de la norma.
Por otro lado, la Comisión ejercerá funciones, con carácter singular, en determinados sectores y mercados regulados, donde la aplicación de la normativa de defensa de la competencia resulta insuficiente para garantizar la existencia de una competencia efectiva. Estos sectores o ámbitos son los siguientes: las comunicaciones electrónicas y la comunicación audiovisual, los mercados de la electricidad y de gas natural, el sector postal, las tarifas aeroportuarias y determinados aspectos del sector ferroviario.
Las funciones que la Comisión ejercerá sobre los citados sectores han sido tradicionalmente desempeñadas por los organismos reguladores sectoriales, por requerirse la independencia respecto de los intereses públicos que pudiesen confluir. En particular, abarcan funciones de supervisión y control, así como funciones de resolución de conflictos, más amplias y flexibles que las de mero arbitraje.
Respecto de las funciones a desarrollar por el nuevo organismo, cabe señalar que se ha procedido a una reordenación de funciones entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y los departamentos ministeriales correspondientes. Las disposiciones adicionales sexta a undécima aclaran qué funciones concretas asumirá cada Ministerio. Con esta reestructuración funcional, la Ley persigue ante todo la eficacia de la intervención pública. En general, los Ministerios pasan a asumir todas aquellas tareas de índole administrativa que venían ejerciendo los organismos reguladores, para cuyo desempeño no se requiere una especial independencia, así como tareas que resultaban de escasa utilidad para la consecución de los objetivos de la Comisión. Ello permite que la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia concentre su actuación en las funciones que verdaderamente sirven a su objeto fundamental, velar por un funcionamiento correcto de los mercados y la libre concurrencia.
El Capítulo III, «Organización y funcionamiento», regula la composición, el régimen de nombramiento y cese y las funciones de los órganos rectores de la Comisión, que comprenden el Consejo y el Presidente de la Comisión.
El Consejo se configura como el órgano colegiado de decisión de la Comisión y entre sus funciones se encuentran las de resolver y dictaminar los asuntos que la Comisión tiene atribuidos y la de resolver los procedimientos sancionadores. El Consejo actúa en pleno y en salas, una dedicada a temas de competencia y otra a temas de supervisión regulatoria.
El Consejo se compone de diez miembros: un Presidente, un Vicepresidente y ocho consejeros. Todos los miembros del Consejo, incluidos el Presidente y el Vicepresidente, son nombrados por el Gobierno mediante Real Decreto, pudiendo el Congreso vetar el nombramiento del candidato propuesto. Con la introducción de esta nueva exigencia de aceptación por parte del Congreso se refuerza la legitimidad democrática de la Comisión. El mandato de los miembros del Consejo será de seis años sin posibilidad de reelección.
Por otro lado, se regula la estructura básica de los órganos de dirección, estableciéndose cuatro direcciones de instrucción, una para la instrucción de los expedientes de defensa de la competencia y otras tres para la instrucción de los asuntos de supervisión regulatoria en los sectores de las telecomunicaciones y servicios audiovisuales, de la energía y, por último, de los transportes y del sector postal.
Debe subrayarse la atribución a la Dirección de Competencia de todas las funciones de instrucción recogidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, que, como actualmente, seguirán ejerciéndose manteniendo la unicidad, coherencia y el carácter horizontal de la normativa de defensa de la competencia.
Finalmente, se sientan las bases legales del régimen de funcionamiento de la Comisión, que serán desarrolladas por el Gobierno mediante Real Decreto, con la aprobación del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y por el propio Consejo de la Comisión, a través del Reglamento de funcionamiento interno. El Estatuto determinará la estructura interna de las Direcciones y demás áreas de responsabilidad, garantizando la debida separación entre las funciones de instrucción y resolución.
El Capítulo IV, «Régimen de actuación y potestades», regula los aspectos esenciales en relación a las facultades de inspección y supervisión, a la potestad sancionadora, al régimen de contratación y del personal y al régimen económico-financiero, patrimonial y presupuestario. Por último, para garantizar la independencia de las decisiones de la Comisión, se prevé que las resoluciones adoptadas por el Consejo, tanto en pleno como en salas, pongan fin a la vía administrativa, siendo impugnables únicamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
El Capítulo V, «Transparencia y responsabilidad», delimita todos aquellos asuntos que la Comisión deberá hacer públicos y regula el control que el Congreso y el Senado ejercerán sobre la Comisión. Lo regulado en este Capítulo se inspira en gran medida en las novedades introducidas en la materia por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
La transparencia de la actuación de la Comisión es un elemento que refuerza su legitimidad y contribuye a infundir la necesaria confianza de los ciudadanos en la institución. En este sentido, se requiere a la Comisión que haga públicos todos aquellos informes que emita, la memoria anual de actividades y los planes anuales o plurianuales. La Comisión también deberá hacer públicos los acuerdos y resoluciones adoptados por el Consejo y la organización y funciones de cada uno de sus órganos y dispondrá de un órgano de control interno. El control parlamentario se efectúa a través de las comparecencias del Presidente ante el Congreso, que tendrán como mínimo una periodicidad anual.
Las disposiciones adicionales regulan una serie de aspectos complementarios destinados a permitir la reforma institucional introducida por esta Ley. Se prevé la constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la Ley; la extinción de los organismos cuyas funciones se asumen por la Comisión; la integración de los bienes sobrantes de la fusión en el patrimonio de la Administración General del Estado; las funciones que asumen los distintos departamentos ministeriales en relación a los mercados regulados; y la integración del personal de los organismos que se extinguen en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o en la Administración General del Estado, según proceda.
Por su parte, las disposiciones transitorias regulan determinados aspectos necesarios para la puesta en marcha del nuevo organismo, relativos al primer mandato de los consejeros; al desempeño de funciones por los organismos reguladores que se extinguirán mientras la nueva Comisión no se ponga en funcionamiento; a la continuación de los expedientes pendientes por la Comisión o el Ministerio competente, según proceda; a los presupuestos de la Comisión y al régimen de personal.
Las disposiciones derogatoria y finales efectúan las derogaciones y modificaciones de las normas con rango de ley que resultan afectadas por la entrada en vigor de esta norma, prevén el desarrollo reglamentario, la habilitación competencial y la entrada en vigor de la Ley.
El Anexo incluye las tasas y prestaciones patrimoniales de carácter público relacionadas con las actividades y servicios regulados en la Ley, cuyo ingreso se efectuará en el Tesoro Público.
CAPÍTULO I
Naturaleza y régimen jurídico
Artículo 1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
1. Se crea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como organismo público de los previstos en la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios.
3. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá sus funciones en todo el territorio español y en relación con todos los mercados o sectores económicos.
Artículo 2. Naturaleza y régimen jurídico.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada y actúa, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado. Asimismo, está sometida al control parlamentario y judicial.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se regirá por lo dispuesto en esta Ley, en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y en la legislación especial de los mercados y sectores sometidos a su supervisión a que hacen referencia los artículos 6 a 11 de esta Ley y, supletoriamente, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo previsto en su Disposición adicional décima, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y por el resto del ordenamiento jurídico.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá su sede principal en Madrid. El Real Decreto por el que se apruebe su Estatuto Orgánico podrá prever la existencia de otras sedes.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, sin perjuicio de su relación con los Ministerios competentes por razón de la materia en el ejercicio de las funciones a que se refieren los artículos 5 a 12 de esta Ley.
Artículo 3. Independencia funcional y relación con las entidades públicas y privadas.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia actuará, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier interés empresarial o comercial.
2. En el desempeño de las funciones que le asigna la legislación, y sin perjuicio de la colaboración con otros órganos y de las facultades de dirección de la política general del Gobierno ejercidas a través de su capacidad normativa, ni el personal ni los miembros de los órganos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.
Artículo 4. Coordinación y cooperación institucional.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia velará por la aplicación uniforme de la normativa sectorial y general de competencia en todo el territorio mediante la coordinación con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y la cooperación con la Administración General del Estado y con los órganos jurisdiccionales.
2. Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mantendrá una colaboración regular y periódica con las instituciones y organismos de la Unión Europea, en especial, con la Comisión Europea y con las autoridades competentes y organismos de otros Estados miembros, fomentando la coordinación de las actuaciones respectivas en los términos previstos en la legislación aplicable. En particular, fomentará la colaboración y cooperación con la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y con el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas.
CAPÍTULO II
Funciones
Artículo 5. Funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de carácter general y para preservar y promover la competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos.
1. Para garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realizará las siguientes funciones:
a) Supervisión y control de todos los mercados y sectores económicos.
b) Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le sean sometidas por los operadores económicos en aplicación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, así como aquellas que le encomienden las leyes, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en sus ámbitos respectivos.
El ejercicio de esta función arbitral no tendrá carácter público. El procedimiento arbitral se regulará mediante Real Decreto y se ajustará a los principios esenciales de audiencia, libertad de prueba, contradicción e igualdad.
c) Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de conductas que supongan impedir, restringir y falsear la competencia, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos autonómicos de defensa de la competencia en su ámbito respectivo y de las propias de la jurisdicción competente.
d) Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de control de concentraciones económicas.
e) Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de ayudas públicas.
f) Aplicar en España los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y su Derecho derivado, sin perjuicio de las competencias que correspondan en el ámbito de la jurisdicción competente.
g) Adoptar medidas y decisiones para aplicar los mecanismos de cooperación y asignación de expedientes con la Comisión Europea y otras comisiones nacionales de competencia de los Estados miembros previstos en la normativa comunitaria y, en particular, en el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea (actuales artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), y en el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas y sus normas de desarrollo.
h) Promover y realizar estudios y trabajos de investigación en materia de competencia, así como informes generales sobre sectores económicos.
i) Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia actuará como órgano consultivo sobre cuestiones relativas al mantenimiento de la competencia efectiva y buen funcionamiento de los mercados y sectores económicos. En particular, podrá ser consultada por las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios. En ejercicio de esta función, llevará a cabo las siguientes actuaciones:
a) Participar, mediante informe, en el proceso de elaboración de normas que afecten a su ámbito de competencias en los sectores sometidos a su supervisión, a la normativa de defensa de la competencia y a su régimen jurídico.
b) Informar sobre los criterios para la cuantificación de las indemnizaciones que los autores de las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, deban satisfacer a los denunciantes y a terceros que hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de aquéllas, cuando le sea requerido por el órgano judicial competente.
c) Informar sobre todas las cuestiones a que se refiere el artículo 16 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, y el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en cuanto a los mecanismos de cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales.
d) Cualesquiera otras cuestiones sobre las que deba informar, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, en los mercados de comunicaciones electrónicas y comunicación audiovisual, en el sector eléctrico y en el sector de gas natural, en el sector ferroviario, en materia de tarifas aeroportuarias y el mercado postal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estará a lo dispuesto en los artículos 6 a 11 de esta Ley.
4. En cumplimiento de sus funciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está legitimada para impugnar ante la jurisdicción competente los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.
5. Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dispondrá, de conformidad con lo establecido por el Capítulo IV de esta Ley en materia presupuestaria, de recursos financieros y humanos adecuados, incluidos los necesarios para participar activamente en las actividades de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas y contribuir a las mismas.
Artículo 6. Supervisión y control del mercado de comunicaciones electrónicas.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el correcto funcionamiento de los mercados de comunicaciones electrónicas. En particular, ejercerá las siguientes funciones:
1. Definir y analizar los mercados de referencia relativos a redes y servicios de comunicaciones electrónicas, entre los que se incluirán los correspondientes mercados de referencia al por mayor y al por menor, y el ámbito geográfico de los mismos, cuyas características pueden justificar la imposición de obligaciones específicas, en los términos establecidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo.
2. Identificar el operador u operadores que poseen un poder significativo en el mercado cuando del análisis de los mercados de referencia se constate que no se desarrollan en un entorno de competencia efectiva.
3. Establecer, cuando proceda, las obligaciones específicas que correspondan a los operadores con poder significativo en mercados de referencia, en los términos establecidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y su normativa de desarrollo.
4. Resolver los conflictos en los mercados de comunicaciones electrónicas a los que se refiere el artículo 12.1.a) de la presente Ley.
5. Realizar las funciones atribuidas por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y su normativa de desarrollo.
6. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.
Artículo 7. Supervisión y control en el sector eléctrico y en el sector del gas natural.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el correcto funcionamiento del sector eléctrico y del sector del gas natural. En particular, ejercerá las siguientes funciones:
1. Establecer mediante circulares, dictadas de conformidad con el artículo 30 de esta Ley, previo trámite de audiencia y con criterios de eficiencia económica, transparencia, objetividad y no discriminación:
a) La metodología para el cálculo de la parte de los peajes de acceso a las redes de electricidad correspondientes a los costes de transporte y distribución, que se establecen en el artículo 17.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, de acuerdo con el marco tarifario y retributivo establecido en dicha Ley y en su normativa de desarrollo.
A estos efectos, se entenderá como metodología de cálculo de los peajes, la asignación eficiente de los costes de transporte y distribución a los consumidores y generadores.
b) La metodología relativa al acceso a las infraestructuras transfronterizas, incluidos los procedimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión, de acuerdo con el marco normativo de acceso a las infraestructuras y de funcionamiento del mercado de producción de energía eléctrica y a los criterios que se determinen reglamentariamente.
c) Las metodologías relativas a la prestación de servicios de equilibrio entre sistemas gestionados por distintos operadores del sistema, que desde el punto de vista de menor coste, de manera justa y no discriminatoria, proporcionen incentivos adecuados para que los usuarios de la red equilibren su producción y consumo, de acuerdo con el marco normativo para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.
d) La metodología para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de acceso a las instalaciones gasistas: transporte y distribución, regasificación, almacenamiento y carga de cisternas, dentro del marco tarifario y retributivo definido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en su normativa de desarrollo.
e) La metodología relativa a la prestación de servicios de balance de forma que proporcionen incentivos adecuados para que los usuarios de la red equilibren sus entradas y salidas del sistema gasista dentro del marco normativo de acceso y funcionamiento del sistema definido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y en su normativa de desarrollo.
f) La metodología relativa al acceso a las infraestructuras transfronterizas, incluidos los procedimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión, dentro del marco normativo de acceso y funcionamiento del sistema definido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y en su normativa de desarrollo.
2. Supervisar la gestión y asignación de capacidad de interconexión, el tiempo utilizado por los transportistas y las empresas de distribución en efectuar conexiones y reparaciones, así como los mecanismos destinados a solventar la congestión de la capacidad en las redes.
A estos efectos, velará por la adecuada publicación de la información necesaria por parte de los gestores de red de transporte y, en su caso, de distribución, sobre las interconexiones, la utilización de la red y la asignación de capacidades a las partes interesadas.
3. Supervisar y, en su caso, certificar, la separación de las actividades de transporte, regasificación, distribución, almacenamiento y suministro en el sector del gas, y de las actividades de generación, transporte, distribución y suministro en el sector eléctrico, y en particular su separación funcional y la separación efectiva de cuentas con objeto de evitar subvenciones cruzadas entre dichas actividades.
4. Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos que se establezcan relacionados con los cambios de suministrador.
5. En el sector del gas natural, supervisar las condiciones de acceso al almacenamiento, incluyendo el almacenamiento subterráneo, tanques de Gas Natural Licuado (GNL) y gas almacenado en los gasoductos, así como otros servicios auxiliares. Asimismo, supervisará el cumplimiento por parte de los propietarios de los requisitos que se establezcan para los almacenamientos no básicos de gas natural.
6. Supervisar las condiciones y tarifas de conexión aplicables a los nuevos productores de electricidad.
7. Supervisar los planes de inversión de los gestores de red de transporte, en particular, en lo que se refiere a su adecuación al plan de desarrollo de la red en el ámbito de la Unión Europea, pudiendo realizar recomendaciones para su modificación.
8. Velar por el respeto a la libertad contractual respecto de los contratos de suministro interrumpible y de los contratos a largo plazo siempre que sean compatibles con la legislación vigente y el Derecho de la Unión Europea.
9. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y fiabilidad de las redes.
10. Velar por el cumplimiento, por los transportistas y distribuidores y, en su caso, por los propietarios de las redes y por los gestores de redes de transporte y distribución, de las obligaciones impuestas en la normativa aplicable, incluyendo las cuestiones transfronterizas. Asimismo, velará por la correcta aplicación por parte de los sujetos que actúen en los mercados de gas y electricidad de lo dispuesto en las disposiciones normativas de la Unión Europea.
11. Supervisar la adecuación de los precios y condiciones de suministro a los consumidores finales a lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y sus normativas de desarrollo y publicar recomendaciones, al menos anualmente, para la adecuación de los precios de los suministros a las obligaciones de servicio público y a la protección de los consumidores.
12. Asegurar el acceso de los clientes a los datos de su consumo, en formato comprensible, armonizado y de forma rápida.
13. Determinar los sujetos a cuya actuación sean imputables deficiencias en el suministro a los usuarios, proponiendo las medidas que hubiera que adoptar.
14. Garantizar la transparencia y competencia en el sector eléctrico y en el sector del gas natural, incluyendo el nivel de los precios al por mayor, y velar por que las empresas de gas y electricidad cumplan las obligaciones de transparencia.
15. Supervisar el grado y la efectividad de la apertura del mercado y de competencia, tanto en el mercado mayorista como el minorista, incluidas entre otras, las reclamaciones planteadas por los consumidores de energía eléctrica y de gas natural, y las subastas reguladas de contratación a plazo de energía eléctrica.
A estos efectos, podrá tomar en consideración la información remitida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a la que se hace referencia en la Disposición adicional octava.
16. Supervisar las inversiones en capacidad de generación que permita garantizar la seguridad del suministro.
17. Supervisar la relación entre el Gestor de Red Independiente y el propietario de las instalaciones, actuar como órgano de resolución de conflictos entre ambos, así como aprobar las inversiones del Gestor de Red Independiente.
18. Supervisar la cooperación técnica entre los gestores de las redes de transporte de energía eléctrica y gas y los gestores de terceros países.
19. Supervisar las medidas adoptadas por los gestores de la red de distribución para garantizar la exclusión de conductas discriminatorias.
20. Contribuir a la compatibilidad de los sistemas de intercambio de datos en los procesos de mercado a escala regional.
21. Determinar con carácter anual los operadores principales y dominantes, así como el resto de funciones relativas a dichos operadores de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.
22. En relación con el déficit de las actividades reguladas y sus mecanismos de financiación, mantener y proporcionar la información que se determine, emitir los informes, declaraciones, certificaciones y comunicaciones que le sean requeridos, y realizar los cálculos necesarios en coordinación con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como asesorar técnicamente a la Comisión Interministerial del Fondo de Titulización del Déficit de Tarifa del Sistema Eléctrico conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional vigésimo primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y la normativa que desarrolla la regulación del proceso de gestión y titulización de los déficit del sistema eléctrico.
23. Gestionar el sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.
24. Publicar los precios finales del mercado de electricidad, a partir de la información del operador del mercado y del operador del sistema.
25. En materia de protección al consumidor, gestionar el sistema de comparación de los precios del suministro de electricidad y gas natural sobre la base de las ofertas que realicen las empresas comercializadoras, así como la elaboración de informes que contengan la comparación y evolución de los precios del suministro de electricidad y gas y de los mercados minoristas.
26. Actuar como organismo supervisor de las subastas para la adquisición de gas natural para la fijación de la tarifa de último recurso, el gas talón de tanques y gasoductos y el gas colchón de almacenamientos subterráneos, así como de la capacidad de los almacenamientos básicos, cuando la normativa en la materia así lo disponga.
27. Elaborar los modelos normalizados de solicitud formal de acceso a las instalaciones del sistema gasista y de contratos de acceso, que propondrá a la Dirección General de Política Energética y Minas para su aprobación o modificación.
28. Elaborar los modelos normalizados para la publicación de la capacidad contratada y disponible, así como la metodología para su determinación, que propondrá a la Dirección General de Política Energética y Minas para su aprobación o modificación.
29. Aprobar el contrato entre el propietario de las instalaciones y el Gestor de Red Independiente en el que se detallen las condiciones contractuales así como las responsabilidades de cada uno.
30. Tramitar expedientes de exención de acceso de terceros a las instalaciones gasistas.
31. Emitir el preceptivo informe y propuesta en las autorizaciones para ejercer la comercialización de gas natural en los casos previstos en el artículo 80 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.
32. Inspeccionar el cumplimiento de los requisitos de los comercializadores de gas natural y de energía eléctrica, así como de los gestores de cargas y consumidores directos en mercado.
33. Calcular anualmente el saldo de mermas de cada red de transporte.
34. Emitir informe en los expedientes de autorización, modificación o cierre de instalaciones, en el proceso de planificación energética, en expedientes de aprobación o autorización de regímenes económicos o retributivos (sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, distribución, transporte, instalaciones singulares, entre otros), en materia de calidad de suministro y de pérdidas, así como cuando sea requerido en materia de medidas eléctricas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y su normativa de desarrollo. Asimismo, en relación con las actividades de transporte y distribución, informará las propuestas de la retribución de las actividades.
35. Informar los expedientes de autorización, modificación, transmisión o cierre de instalaciones de la red básica de gas natural, así como en los procedimientos para su adjudicación. Emitir informes en relación a las condiciones de calidad de suministro y calidad de servicio, así como las consecuencias del incumplimiento de las mismas, las Normas de Gestión Técnica del Sistema y sus Protocolos de Detalle, costes de retribución de instalaciones y en los procesos de planificación de instalaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y su normativa de desarrollo.
36. Dictar las circulares de desarrollo y ejecución de las normas contenidas en los reales decretos y órdenes del Ministro de Industria, Energía y Turismo que le habiliten para ello y que se dicten en desarrollo de la normativa energética.
37. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.
Artículo 8. Supervisión y control del mercado postal.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el correcto funcionamiento del mercado postal. En particular, ejercerá las siguientes funciones:
1. Velar para que se garantice el servicio postal universal, en cumplimiento de la normativa postal y la libre competencia en el sector, ejerciendo las funciones y competencias que le atribuye la legislación vigente, sin perjuicio de lo indicado en la Disposición adicional undécima de esta Ley.
2. Verificar la contabilidad analítica del operador designado y el coste neto del servicio postal universal y determinar la cuantía de la carga financiera injusta de la prestación de dicho servicio de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título III de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, así como en su normativa de desarrollo.
3. Gestionar el Fondo de financiación del servicio postal universal y las prestaciones de carácter público afectas a su financiación de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título III de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, y en su normativa de desarrollo.
4. Supervisar y controlar la aplicación de la normativa vigente en materia de acceso a la red y a otras infraestructuras y servicios postales, de conformidad con lo establecido en el Título V de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, así como en su normativa de desarrollo.
5. Realizar el control y medición de las condiciones de prestación del servicio postal universal, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título III de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, así como en su normativa de desarrollo.
6. Gestionar y controlar la utilización del censo promocional conforme a lo definido en el artículo 31 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme a lo que se determine reglamentariamente.
7. Dictar circulares para las entidades que operen en el sector postal, que serán vinculantes una vez publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».
8. Emitir el informe previsto en la Disposición adicional segunda de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, para el seguimiento de las condiciones de prestación del servicio postal universal.
9. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.
Artículo 9. Supervisión y control en materia de mercado de comunicación audiovisual.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el correcto funcionamiento del mercado de comunicación audiovisual. En particular, ejercerá las siguientes funciones:
1. Controlar el cumplimiento por los prestadores del servicio de comunicación televisiva de cobertura estatal, y por los demás prestadores a los que les sea de aplicación, de las obligaciones relativas a la emisión anual de obras europeas y a la financiación anticipada de la producción de este tipo de obras en los términos de lo dispuesto en el artículo 5 la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
2. Controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas para garantizar la transparencia en las comunicaciones audiovisuales conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.
3. Controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas para hacer efectivos los derechos del menor y de las personas con discapacidad conforme a lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo. En el ejercicio de esta función, la Comisión se coordinará con el departamento ministerial competente en materia de juego respecto a sus competencias en materia de publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego, a efectos de hacer efectivos los derechos del menor y de las personas con discapacidad.
4. Supervisar la adecuación de los contenidos audiovisuales con el ordenamiento vigente y los códigos de autorregulación en los términos establecidos en el artículo 9 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.
5. Velar por el cumplimiento de los códigos de autorregulación sobre contenidos audiovisuales verificando su conformidad con la normativa vigente, en los términos establecidos en el artículo 12 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.
6. Controlar el cumplimiento de las obligaciones, las prohibiciones y los límites al ejercicio del derecho a realizar comunicaciones comerciales audiovisuales impuestos por los artículos 13 a 18 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.
7. Controlar el cumplimiento de las obligaciones y los límites impuestos para la contratación en exclusiva de contenidos audiovisuales, la emisión de contenidos incluidos en el catálogo de acontecimientos de interés general y la compraventa de los derechos exclusivos en las competiciones futbolísticas españolas regulares, en los términos previstos en los artículos 19 a 21 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional duodécima de esta Ley.
8. Vigilar el cumplimiento de la misión de servicio público encomendada a los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal, así como la adecuación de los recursos públicos asignados para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el Título IV de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.
9. Garantizar la libertad de recepción en territorio español de servicios audiovisuales cuyos titulares se encuentren establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea, adoptando las medidas previstas en el artículo 38 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, cuando dichos servicios infrinjan de manera grave y reiterada la legislación en materia de protección de los menores frente a la programación audiovisual o contengan incitaciones al odio por razón de raza, sexo, religión o nacionalidad.
10. Adoptar las medidas de salvaguarda de la legislación española cuando el prestador de un servicio de comunicación audiovisual televisiva establecido en otro Estado miembro de la Unión Europea dirija su servicio total o principalmente al territorio español y se hubiera establecido en ese Estado miembro para eludir las normas españolas más estrictas, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 39 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.
11. Resolver sobre el carácter no publicitario de los anuncios de servicio público o de carácter benéfico, previa solicitud de los interesados, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional séptima de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.
12. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.
Artículo 10. Supervisión y control en materia de tarifas aeroportuarias.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá las siguientes funciones en materia de tarifas aeroportuarias:
1. Supervisar el cumplimiento del procedimiento de transparencia y consulta llevado a cabo por el gestor aeroportuario, conforme a lo dispuesto en los artículos 98 y 102 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, y declarar la inadmisión de la propuesta de la entidad gestora del aeropuerto o la inaplicación de las modificaciones tarifarias establecidas por la entidad gestora del aeropuerto, según proceda, cuando la propuesta o las modificaciones tarifarias se hayan realizado prescindiendo de dicho procedimiento.
2. Supervisar que las propuestas de modificación o actualización de las tarifas aeroportuarias presentadas por el gestor aeroportuario se ajustan a lo previsto en el artículo 101 de la Ley 21/2003, de 7 de julio.
3. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.
Artículo 11. Supervisión y control en el sector ferroviario.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el correcto funcionamiento del sector ferroviario. En particular, ejercerá las siguientes funciones:
1. Salvaguardar la pluralidad de la oferta en la prestación de los servicios sobre la Red Ferroviaria de Interés General y sus zonas de servicio ferroviario, así como velar por que éstos sean prestados en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias.
2. Garantizar la igualdad entre empresas, así como entre cualesquiera candidatos, en las condiciones de acceso al mercado de los servicios ferroviarios.
3. Supervisar las negociaciones entre empresas ferroviarias o candidatos y administradores de infraestructuras sobre los cánones y tarifas e intervenir en las mismas cuando prevea que el resultado de dichas negociaciones puede contravenir las disposiciones vigentes.
4. Velar por que los cánones y tarifas ferroviarios cumplan lo dispuesto en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, y no sean discriminatorios.
5. Determinar, a petición de las autoridades competentes o de las empresas ferroviarias o candidatos interesados, que el objeto principal de un servicio internacional de transporte ferroviario de viajeros es transportar viajeros entre estaciones españolas y las de otros Estados miembros de la Unión Europea.
6. Determinar si el equilibrio económico de los contratos de servicio público ferroviario pueden verse comprometidos cuando las estaciones españolas en que se pretende tomar y dejar viajeros estén afectadas por la realización del servicio internacional de transporte ferroviario de viajeros.
7. Informar las propuestas de resolución, cuando así lo solicite el Ministerio de Fomento, en los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones para la prestación de servicios de transporte ferroviario declarados de interés público.
8. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.
Artículo 12. Resolución de conflictos.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los conflictos que le sean planteados por los operadores económicos en los siguientes casos:
a) En los mercados de comunicaciones electrónicas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los conflictos que se susciten en relación con las obligaciones existentes en virtud de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y su normativa de desarrollo, entre operadores o entre operadores y otras entidades que, de conformidad con lo establecido en la citada Ley, se beneficien de las obligaciones de acceso e interconexión, de acuerdo con la definición que se da a los conceptos de acceso e interconexión en el Anexo II de dicha Ley. En particular, resolverá:
1.º Los conflictos en materia de acceso, interconexión e interoperabilidad derivados de obligaciones que en su caso resulten de las actuaciones a que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 11 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, así como de las obligaciones específicas a que se refiere el artículo 13 de dicha Ley.
2.º Los conflictos entre operadores en relación con la forma de sufragar los costes que produzca la conservación de los números telefónicos a que se refiere el artículo 18 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.
3.º Los conflictos entre operadores en relación con las condiciones de uso compartido a que se refiere el artículo 30 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.
4.º Los conflictos que se produzcan entre prestadores de servicios de consulta telefónica y operadores de redes públicas telefónicas fijas, de acuerdo con la Orden CTE/711/2002, de 26 de marzo, por la que se establecen las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado.
5.º Los conflictos que surjan sobre las condiciones en las que se ofertará el servicio mayorista de acceso a bandas de frecuencias de conformidad con el artículo 4.6 del Real Decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre actuaciones en materia de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital.
6.º Los conflictos en materia de itinerancia.
7.º Los conflictos transfronterizos entre prestadores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas en el que una de las partes esté radicada en otro Estado miembro de la Unión Europea, a que se refiere el artículo 14.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.
8.º Los conflictos que sobre la gestión del múltiple digital surjan entre los prestadores de los servicios de comunicación audiovisual.
b) En los mercados de la electricidad y del gas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los siguientes conflictos:
1.º Conflictos que le sean planteados respecto a los contratos relativos al acceso de terceros a las redes de transporte y, en su caso, distribución, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
2.º Conflictos que le sean planteados en relación con la gestión económica y técnica del sistema y el transporte, incluyendo las conexiones entre instalaciones.
c) En materia de tarifas aeroportuarias, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los recursos frente a las decisiones de las sociedades concesionarias de servicios aeroportuarios relativas a la modificación del sistema o nivel de sus tarifas aeroportuarias, que interpongan las asociaciones u organizaciones representativas de compañías usuarias del aeropuerto, o, en los términos en que se desarrolle reglamentariamente, los que pudieran plantear individualmente las compañías usuarias del aeropuerto. Esta resolución incluirá la modificación tarifaria revisada que proceda, que sustituirá al contenido de la decisión del concesionario y, en su caso, los estándares que se correspondan con los indicadores y niveles de calidad de servicio que considere aceptables y consistentes con la modificación tarifaria revisada.
En este procedimiento la Comisión verificará que la decisión de la sociedad concesionaria de servicios aeroportuarios se ha producido conforme al procedimiento establecido en el artículo 102 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 103.1 de dicha Ley, y responde a los principios de no discriminación, objetividad, eficiencia, transparencia, recuperación de costes y máxima flexibilidad para la fijación de las tarifas dentro de los límites que imponga la modificación tarifaria revisada.
En el establecimiento de la modificación tarifaria revisada, la Comisión intentará evitar fluctuaciones excesivas de las tarifas aeroportuarias, siempre y cuando sea compatible con el resto de principios de los párrafos anteriores.
En el supuesto de apreciarse irregularidades en el procedimiento de consulta y transparencia previsto en el artículo 102 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, que no den lugar a una revisión de la modificación tarifaria, se podrán formular recomendaciones sobre las medidas a adoptar en futuras consultas, incluida la necesidad de ampliarlas a las compañías no representadas por asociaciones u organizaciones representativas.
d) En el mercado postal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá sobre:
1.º Conflictos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, entre el operador designado para prestar el servicio postal universal y otros operadores postales que prestan servicios en el ámbito del servicio postal universal respecto al acceso a la red postal y a otros elementos de infraestructura y servicios postales.
2.º Establecimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 45.3 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, a petición del operador interesado, de las condiciones de acceso a la red postal si las negociaciones entre titulares de autorizaciones singulares y el operador designado no hubieran concluido en la celebración de un contrato.
3.º Conflictos, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, que se planteen entre operadores postales no designados para la prestación del servicio postal universal.
e) En el mercado de comunicación audiovisual, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los siguientes conflictos:
1.º Los conflictos que se susciten entre los agentes intervinientes en los mercados de comunicación audiovisual sobre materias en las que la Comisión tenga atribuida competencia.
2.º Los conflictos que se susciten en relación con la cesión de canales de radio y televisión a que se refiere el artículo 31 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.
3.º Los conflictos que se susciten en relación con el acceso a estadios y recintos deportivos por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual radiofónica a que se refiere el artículo 19.4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.
f) En el sector ferroviario, corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia conocer y resolver las reclamaciones que presenten las empresas ferroviarias y los restantes candidatos en relación con la actuación del administrador de infraestructuras ferroviarias, las empresas ferroviarias y los restantes candidatos que versen sobre:
1.º El otorgamiento y uso del certificado de seguridad y el cumplimiento de las obligaciones que éste comporte.
2.º La aplicación de los criterios contenidos en las declaraciones sobre la red.
3.º Los procedimientos de adjudicación de capacidad y sus resultados.
4.º La cuantía, la estructura o la aplicación de los cánones y tarifas que se les exijan o puedan exigírseles.
5.º Cualquier trato discriminatorio en el acceso a las infraestructuras o a los servicios ligados a éstas que se produzca por actos llevados a cabo por otras empresas ferroviarias o candidatos.
6.º La prestación de servicios en los corredores ferroviarios internacionales de transporte de mercancías.
Las reclamaciones deberán presentarse en el plazo de un mes desde que se produzca el hecho o la decisión correspondiente.
2. En la resolución de los conflictos a que hace referencia el apartado anterior, la Comisión resolverá acerca de cualquier denuncia y adoptará, a petición de cualquiera de las partes, una resolución para resolver el litigio lo antes posible y, en todo caso, en un plazo de tres meses desde la recepción de toda la información.
La resolución que dicte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en los casos previstos en el apartado anterior será vinculante para las partes sin perjuicio de los recursos que procedan de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de esta Ley.
CAPÍTULO III
Organización y funcionamiento
Artículo 13. Órganos de gobierno.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá sus funciones a través de los siguientes órganos de gobierno:
a) El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
b) El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que lo será también de su Consejo.
Artículo 14. El Consejo.
1. El Consejo es el órgano colegiado de decisión en relación con las funciones resolutorias, consultivas, de promoción de la competencia y de arbitraje y de resolución de conflictos atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar.
En todo caso, son facultades indelegables del Consejo la aprobación del anteproyecto de presupuestos del organismo, de su memoria anual y sus planes anuales o plurianuales de actuación en que se definan sus objetivos y sus prioridades, la aprobación del reglamento de funcionamiento interno, el nombramiento del personal directivo, la impugnación de actos y disposiciones a los que se refiere el artículo 5.4 de esta Ley y, en su caso, la potestad de dictar circulares y comunicaciones de carácter general a los agentes del mercado objeto de regulación o supervisión en cada caso.
2. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está integrado por diez miembros.
3. A las reuniones del Consejo podrá asistir, con voz pero sin voto, el personal directivo de la Comisión y cualquier integrante del personal no directivo que determine el Presidente, de acuerdo con los criterios generales que a tal efecto acuerde el Consejo. No podrán asistir a las reuniones del Consejo los miembros del Gobierno ni los altos cargos de las Administraciones Públicas.
Artículo 15. Nombramiento y mandato de los miembros del Consejo.
1. Los miembros del Consejo, y entre ellos el Presidente y el Vicepresidente, serán nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de la Comisión, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, podrá vetar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural a contar desde la recepción de la correspondiente comunicación. Transcurrido dicho plazo sin manifestación expresa del Congreso, se entenderán aceptados los correspondientes nombramientos.
2. El mandato de los miembros del Consejo será de seis años sin posibilidad de reelección. La renovación de los miembros del Consejo se hará parcialmente cada dos años, de modo que ningún miembro del Consejo permanezca en su cargo por tiempo superior a seis años.
Artículo 16. Funcionamiento del Consejo.
1. El Consejo actúa en pleno o en sala. La asistencia de los miembros del Consejo a las reuniones del Consejo es obligatoria, salvo casos debidamente justificados.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate decidirá el voto de quien presida la reunión.
2. A propuesta del Presidente, el Consejo en pleno, elegirá un Secretario no consejero, que deberá ser licenciado en derecho o titulación que lo sustituya y funcionario de carrera perteneciente a un cuerpo del subgrupo A1, al servicio de la Administración General del Estado, que tendrá voz pero no voto, al que corresponderá asesorar al Consejo en derecho, informar sobre la legalidad de los asuntos sometidos a su consideración, así como las funciones propias de la secretaría de los órganos colegiados. El servicio jurídico del organismo dependerá de la Secretaría del Consejo.
3. El régimen de funcionamiento del Consejo en pleno y salas se desarrollará en el Reglamento de funcionamiento interno, que será aprobado por el pleno según lo dispuesto en el artículo 26.4.
Artículo 17. El pleno del Consejo.
1. El Consejo en pleno está integrado por todos los miembros del Consejo. Lo preside el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente, le suplirá el Vicepresidente o en su defecto, el consejero de mayor antigüedad y, a igualdad de antigüedad, el de mayor edad.
2. El pleno del Consejo se entenderá válidamente constituido con la asistencia del Presidente o persona que lo sustituya, el Secretario, y cinco miembros del Consejo.
Artículo 18. Las salas del Consejo.
1. El Consejo consta de dos salas, una dedicada a temas de competencia y otra a supervisión regulatoria.
2. Cada una de las salas estará compuesta por cinco miembros del Consejo. La Sala de Competencia estará presidida por el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la de Supervisión regulatoria por el Vicepresidente. El Consejo en pleno determinará la asignación de los miembros del Consejo a cada sala y, en los términos establecidos reglamentariamente, aprobará y publicará el régimen de rotación entre salas de los consejeros, incluyendo los criterios de selección y periodicidad de las rotaciones. Cuando concurran circunstancias excepcionales que lo justifiquen, podrá adoptar otras medidas tendentes a garantizar el adecuado funcionamiento de las salas.
3. La convocatoria de las salas corresponde a su Presidente, por propia iniciativa o a petición de, al menos, la mitad de los consejeros.
4. Las salas del Consejo se entenderán válidamente constituidas con la asistencia de su Presidente, o persona que le sustituya, el Secretario del Consejo y, al menos, dos consejeros.
Artículo 19. Funciones del Presidente.
1. Corresponde al Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia:
a) Ejercer, en general, las competencias que a los presidentes de los órganos colegiados administrativos atribuye la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Convocar al Consejo en pleno por propia iniciativa o a petición de, al menos, la mitad de los consejeros, y presidirlo.
c) Ostentar la representación legal e institucional de la Comisión.
d) Velar por el adecuado desarrollo de las actuaciones de la Comisión, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
e) Mantener el buen orden y gobierno de la organización de la Comisión.
f) Impulsar la actuación de la Comisión y el cumplimiento de las funciones que tenga encomendadas. En particular, la propuesta de los planes anuales o plurianuales de actuación, en los que se definan sus objetivos y prioridades.
g) Ejercer funciones de jefatura del personal de la Comisión, de acuerdo con las competencias atribuidas por su legislación específica.
h) Dirigir, coordinar, evaluar y supervisar las distintas unidades de la Comisión, sin perjuicio de las funciones del Consejo; en particular coordinar, con la asistencia del Secretario del Consejo, el correcto funcionamiento de las unidades de la Comisión.
i) Dar cuenta al titular del Ministerio de adscripción de las vacantes que se produzcan en el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
j) Aprobar los actos de ejecución de los presupuestos de la Comisión.
k) Ejercer las competencias que le correspondan en la contratación de la Comisión.
l) Cuantas funciones le delegue el Consejo.
m) Efectuar la rendición de cuentas de la Comisión, de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
n) Comparecer ante el Parlamento en los términos previstos en esta Ley.
o) Ostentar la presidencia del Consejo de Defensa de la Competencia.
p) Cualesquiera otras que le atribuya el Estatuto al que se refiere el artículo 26 o el Reglamento de funcionamiento interno.
2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Presidente será sustituido en el ejercicio de sus funciones por el Vicepresidente.
Artículo 20. Funciones del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es el órgano de decisión en relación con las funciones resolutorias, consultivas, de promoción de la competencia y de arbitraje y de resolución de conflictos previstas en esta Ley. En particular, es el órgano competente para:
1. Resolver y dictaminar los asuntos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene atribuidos por esta Ley y por el resto de la legislación vigente.
2. Resolver los procedimientos sancionadores previstos en la legislación sectorial y en la Ley 15/2007, de 3 de julio, y sus normas de desarrollo cuando no correspondan a otros órganos de la Administración General del Estado.
3. Solicitar o acordar el envío de expedientes de control de concentraciones que entren en el ámbito de aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, a la Comisión Europea, según lo previsto en los artículos 9 y 22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero, sobre el control de las concentraciones entre empresas.
4. Acordar el levantamiento de la obligación de suspensión de la ejecución de una concentración económica, de conformidad con el artículo 9.6 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
5. Resolver sobre el cumplimiento de las resoluciones y decisiones en materia de conductas prohibidas y de concentraciones.
6. Adoptar las comunicaciones previstas en el artículo 30.3 de esta Ley, así como las declaraciones de inaplicabilidad previstas en el artículo 6 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
7. Aprobar las circulares previstas en esta Ley.
8. Interesar la instrucción de expedientes.
9. Adoptar los informes a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 5.2 de esta Ley, los informes, estudios y trabajos sobre sectores económicos y en materia de competencia y los informes en materia de ayudas públicas.
10. Acordar la impugnación de los actos y disposiciones a los que se refiere el artículo 5.4 de esta Ley.
11. Aprobar su Reglamento de funcionamiento interno, en el cual se establecerá su funcionamiento administrativo y la organización de sus servicios.
12. Resolver sobre las recusaciones, y correcciones disciplinarias del Presidente, Vicepresidente y consejeros y apreciar la incapacidad y el incumplimiento grave de sus funciones.
13. Nombrar y acordar el cese del personal directivo, a propuesta del Presidente del Consejo.
14. Nombrar y acordar el cese del Secretario, a propuesta del Presidente del Consejo.
15. Aprobar el anteproyecto de presupuesto y formular las cuentas del organismo.
16. Aprobar la memoria anual del organismo, así como los planes anuales o plurianuales de actuación en los que se definan objetivos y prioridades.
Artículo 21. Competencias de pleno y salas.
1. El pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia conocerá de los siguientes asuntos:
a) Los que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14.1 de la presente Ley, sean indelegables para el Consejo, con la excepción de la impugnación de actos y disposiciones a los que se refiere el artículo 5.4.
b) Aquellos en que se manifieste una divergencia de criterio entre la Sala de Competencia y la de Supervisión regulatoria.
c) Los asuntos que por su especial incidencia en el funcionamiento competitivo de los mercados o actividades sometidos a supervisión, recabe para sí el pleno, por mayoría de seis votos y a propuesta del Presidente o de tres miembros del Consejo.
2. Las salas conocerán de los asuntos que no estén expresamente atribuidos al pleno. Reglamentariamente se determinarán los supuestos en los que, correspondiendo el conocimiento de un asunto a una de las salas, deba informar la otra con carácter preceptivo. En todo caso, deberá emitirse informe en los siguientes asuntos:
a) Por la Sala de Competencia, en los procedimientos que, previstos en los artículos 6 a 11 de esta Ley, afecten al grado de apertura, la transparencia, el correcto funcionamiento y la existencia de una competencia efectiva en los mercados.
b) Por la Sala de Supervisión regulatoria, en los procedimientos en materia de defensa de la competencia previstos por el artículo 5 de esta Ley que estén relacionados con los sectores a los que se refieren los artículos 6 a 11.
Artículo 22. Funciones e incompatibilidades de los miembros del Consejo.
1. Los miembros del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerán su función con dedicación exclusiva y tendrán la consideración de altos cargos de la Administración General del Estado.
2. Los miembros del Consejo no podrán asumir individualmente funciones ejecutivas o de dirección de áreas concretas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que correspondan al personal directivo de la Comisión.
3. Los miembros del Consejo estarán sometidos al régimen de incompatibilidad de actividades establecido para los altos cargos de la Administración General del Estado en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, y en sus disposiciones de desarrollo.
4. Durante los dos años posteriores a su cese, el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros no podrán ejercer actividad profesional privada alguna relacionada con los sectores regulados y la actividad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
En virtud de esta limitación, el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros de esta Comisión, al cesar en su cargo por renuncia, expiración del término de su mandato o incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente a aquel en que se produzca su cese y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado su cargo, con el límite máximo de dos años, una compensación económica mensual igual a la doceava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el presupuesto en vigor durante el plazo indicado.
No habrá lugar a la percepción de dicha compensación en caso de desempeño, de forma remunerada, de cualquier puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado en los términos previstos en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Artículo 23. Causas de cese en el ejercicio del cargo.
1. Los miembros del Consejo cesarán en su cargo:
a) Por renuncia aceptada por el Gobierno.
b) Por expiración del término de su mandato.
c) Por incompatibilidad sobrevenida.
d) Por haber sido condenado por delito doloso.
e) Por incapacidad permanente.
f) Mediante separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave de los deberes de su cargo o el incumplimiento de las obligaciones sobre incompatibilidades, conflictos de interés y del deber de reserva. La separación será acordada por el Gobierno, con independencia del régimen sancionador que en su caso pudiera corresponder, previa instrucción de expediente por el titular del Ministerio de Economía y Competitividad.
2. Si durante el período de duración del mandato correspondiente a un determinado Consejero se produjera su cese, el sucesor será nombrado por el tiempo que restase al sustituido para la terminación de su mandato. Si el cese se hubiera producido una vez transcurridos cuatro años desde el nombramiento, no resultará de aplicación el límite anterior, y el sucesor será nombrado por el periodo de seis años previsto con carácter general.
3. Continuarán desempeñando su cargo en funciones los miembros del Consejo en los que concurran las causas de cese contempladas en las letras a) y b) del apartado 1 hasta que se publique en el «Boletín Oficial del Estado» el real decreto de cese correspondiente.
Artículo 24. Obligación de informar y garantías para la actuación imparcial.
1. El Presidente, el Vicepresidente, los consejeros, directivos y empleados, o sus representantes, que hayan prestado servicios profesionales en entidades de un mercado o sector en el que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejerce su supervisión, deberán notificar al Consejo cualquier derecho o facultad, cualquiera que sea su denominación, a reserva o recuperación de las relaciones profesionales, a indemnizaciones o a cualesquiera ventajas de contenido patrimonial. En el caso de los miembros del Consejo dicha circunstancia deberá hacerse pública.
2. En aplicación de los principios de independencia y objetividad, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia garantizará que sus empleados cuenten en sus actuaciones y en los procedimientos en que intervengan con reglas objetivas, predeterminadas y que delimiten adecuadamente las responsabilidades que les incumben.
Artículo 25. Órganos de dirección.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contará con cuatro direcciones de instrucción a las que les corresponderá el ejercicio de las funciones señaladas en este artículo, además de aquellas que les pudiera delegar el Consejo, a excepción de las funciones de desarrollo normativo y de resolución y dictamen que dicho órgano tiene atribuidas de conformidad con el artículo 20 de esta Ley:
a) La Dirección de Competencia, a la que le corresponderá la instrucción de los expedientes relativos a las funciones previstas en el artículo 5 de esta Ley.
b) La Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual, a la que corresponderá la instrucción de los expedientes relativos a las funciones previstas en los artículos 6, 9 y 12.1.a) y e) de esta Ley.
c) La Dirección de Energía, a la que corresponderá la instrucción de los expedientes relativos a las funciones previstas en los artículos 7 y 12.1.b) de esta Ley.
d) La Dirección de Transportes y del Sector Postal, a la que corresponderá la instrucción de los expedientes relativos a las funciones previstas en los artículos 8, 10, 11 y 12.1.c), d) y f) de esta Ley.
2. Las Direcciones mencionadas en el apartado anterior ejercerán sus funciones de instrucción con independencia del Consejo.
3. Los titulares de las Direcciones de instrucción ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y estarán sometidos al régimen de incompatibilidades de actividades establecido para los altos cargos en la Ley 5/2006, de 10 de abril, y en sus disposiciones de desarrollo.
Su régimen de nombramiento y cese será el establecido para el personal directivo, según lo dispuesto en el artículo 26.3 de esta Ley.
Artículo 26. Estatuto Orgánico y Reglamento de funcionamiento interno.
1. El Gobierno aprobará, mediante real decreto, el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
2. El Estatuto Orgánico determinará la distribución de asuntos en el Consejo entre el pleno y las salas y las funciones y la estructura interna de las Direcciones de instrucción y demás áreas de responsabilidad, cualquiera que sea su denominación, al frente de las cuales se designará al personal directivo.
3. Corresponde al personal directivo la dirección, la organización, impulso y cumplimiento de las funciones encomendadas al área a cuyo frente se encuentre, de acuerdo con las instrucciones emanadas del Consejo y del Presidente de la Comisión, sin perjuicio de la debida separación entre las funciones de instrucción y resolución en procedimientos sancionadores.
El personal directivo de otras áreas de responsabilidad diferentes a las Direcciones de instrucción, será nombrado y cesado por el pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a propuesta de su Presidente. La selección se realizará mediante convocatoria pública y con procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.5 de esta Ley.
4. El pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará el Reglamento de funcionamiento interno del organismo, en el que se regulará, respetando lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la actuación de sus órganos, la organización del personal, el régimen de transparencia y de reserva de la información y, en particular, el funcionamiento del Consejo, incluyendo el régimen de convocatorias y sesiones del pleno y de las salas y el procedimiento interno para la elevación de asuntos para su consideración y su adopción. La aprobación del Reglamento requerirá el voto favorable de, al menos, seis de los miembros del Consejo.
CAPÍTULO IV
Régimen de actuación y potestades
Artículo 27. Facultades de inspección.
1. El personal funcionario de carrera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, debidamente autorizado por el director correspondiente, tendrá la condición de agente de la autoridad y podrá realizar cuantas inspecciones sean necesarias en las empresas y asociaciones de empresas para la debida aplicación de esta Ley.
2. El personal habilitado a tal fin tendrá las siguientes facultades de inspección:
a) Acceder a cualquier local, instalación, terreno y medio de transporte de las empresas y asociaciones de empresas y al domicilio particular de los empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas. Asimismo podrán controlar los elementos afectos a los servicios o actividades que los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta Ley, de las redes que instalen o exploten y de cuantos documentos están obligados a poseer o conservar.
b) Verificar los libros, registros y otros documentos relativos a la actividad de que se trate, cualquiera que sea su soporte material, incluidos los programas informáticos y los archivos magnéticos, ópticos o de cualquier otra clase.
c) Hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de dichos libros o documentos.
d) Retener por un plazo máximo de diez días los libros o documentos mencionados en la letra b).
e) Precintar todos los locales, libros o documentos y demás bienes de la empresa durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección.
f) Solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o de la asociación de empresas explicaciones sobre hechos o documentos relacionados con el objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus respuestas.
El ejercicio de las facultades descritas en las letras a) y e) requerirá el previo consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial.
3. Las empresas y asociaciones de empresas están obligadas a someterse a las inspecciones que el órgano competente haya autorizado.
4. Si la empresa o asociación de empresas se opusieran a una inspección o existiese el riesgo de tal oposición, el órgano competente de la Comisión deberá solicitar la correspondiente autorización judicial, cuando la misma implique restricción de derechos fundamentales, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que resolverá en el plazo máximo de 48 horas. Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario al personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el ejercicio de las funciones de inspección.
5. El personal funcionario de carrera encargado de la inspección levantará acta de sus actuaciones. Las actas extendidas tendrán naturaleza de documentos públicos y harán prueba, salvo que se acredite lo contrario, de los hechos que motiven su formalización.
6. Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para las finalidades previstas en esta Ley y en la Ley 15/2007, de 3 de julio.
Artículo 28. Requerimientos de información, deber de secreto y acceso a los registros estatales.
1. Toda persona física o jurídica y los órganos y organismos de cualquier Administración Pública quedan sujetos al deber de colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de la protección de la libre competencia y están obligados a proporcionar, a requerimiento de ésta y en plazo, toda clase de datos e informaciones de que dispongan y que puedan resultar necesarias para el desarrollo de las funciones de dicha Comisión.
Los requerimientos de información habrán de estar motivados y ser proporcionados al fin perseguido. En los requerimientos que dicte al efecto, se expondrá de forma detallada y concreta el contenido de la información que se vaya a solicitar, especificando de manera justificada la función para cuyo desarrollo es precisa tal información y el uso que pretende hacerse de la misma.
2. Los datos e informaciones obtenidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el desempeño de sus funciones, con la excepción de los previstos por las letras c), d), e) y f) del apartado 1 del artículo 5 de esta Ley, que tengan carácter confidencial por tratarse de materias protegidas por el secreto comercial, industrial o estadístico, sólo podrán ser cedidos al Ministerio competente, a las Comunidades Autónomas, a la Comisión Europea y a las autoridades de otros Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito de sus competencias, así como a los tribunales en los procesos judiciales correspondientes.
Quien tenga conocimiento de estos datos estará obligado a guardar sigilo respecto de los mismos. Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que pudieran corresponder, la violación del deber de sigilo se considerará falta disciplinaria muy grave.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá acceso a los registros previstos en la legislación estatal reguladora de los sectores incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley. Asimismo, la Administración General del Estado tendrá acceso a las bases de datos que obren en poder de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
A estos efectos, se realizarán los desarrollos informáticos oportunos con el fin de facilitar el acceso electrónico a que se refiere el párrafo anterior, de forma que se puedan realizar consultas sobre información contenidas en las bases de datos y registros en condiciones que mantengan la seguridad, confidencialidad e integridad de la información.
Artículo 29. Potestad sancionadora.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá la potestad de inspección y sanción de acuerdo con lo previsto en el Capítulo II del Título IV de la Ley 15/2007, de 3 de julio, en el Título VI de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, en el Título VIII de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en el Título X de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, en el Título VI de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en el título VII de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, y en el Título VII de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
2. Para el ejercicio de la potestad sancionadora, se garantizará la debida separación funcional entre la fase instructora, que corresponderá al personal de la dirección correspondiente en virtud de la materia, y la resolutoria, que corresponderá al Consejo.
3. El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora se regirá por lo establecido en esta Ley en las leyes mencionadas en el apartado 1, así como, en lo no previsto en las normas anteriores, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo. En concreto, el procedimiento sancionador en materia de defensa de la competencia se regirá por las disposiciones específicas previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio.
4. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.
Artículo 30. Circulares, circulares informativas y comunicaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución de las leyes, reales decretos y órdenes ministeriales que se aprueben en relación con los sectores sometidos a su supervisión cuando le habiliten expresamente para ello. Estas disposiciones adoptarán la forma de circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Las circulares tendrán carácter vinculante para los sujetos afectados por su ámbito de aplicación, una vez publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».
En el procedimiento de elaboración de las circulares se dará audiencia a los titulares de derechos e intereses legítimos que resulten afectados por las mismas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los agrupen o los representen y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la circular, y se fomentará en general la participación de los ciudadanos.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá efectuar requerimientos de información periódica y dirigidos a la generalidad de los sujetos afectados. Estos requerimientos adoptarán la forma de circulares informativas.
Las circulares informativas habrán de ser motivadas y proporcionadas al fin perseguido y respetarán la garantía de confidencialidad de la información aportada, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de esta Ley.
En ellas se expondrá de forma detallada y concreta el contenido de la información que se vaya a solicitar, especificando de manera justificada la función para cuyo desarrollo es precisa tal información y el uso que se hará de la misma.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá dictar comunicaciones que aclaren los principios que guían su actuación.
Artículo 31. Régimen jurídico del personal.
1. El personal que preste servicios en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será funcionario o laboral, en los términos establecidos en la Administración General del Estado, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.
2. El personal funcionario se regirá por las normas reguladoras de la función pública aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado.
La provisión de puestos de trabajo del personal funcionario se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos de provisión establecidos en la normativa sobre función pública aplicable al personal funcionario de la Administración General del Estado.
3. El personal laboral se regirá por el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, la normativa convencional aplicable, y por los preceptos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que expresamente le resulten de aplicación.
La selección del personal laboral se llevará a cabo, en ejecución de la oferta de empleo público de la Administración General del Estado, mediante convocatoria pública, con sujeción a los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de acceso al empleo público de las personas con discapacidad.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contará con una relación de puestos de trabajo que deberá ser aprobada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la que constarán, en todo caso, aquellos puestos que deban ser desempeñados en exclusiva por funcionarios públicos, por consistir en el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas y la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley, se determinarán en el Estatuto Orgánico los puestos de trabajo que por su especial responsabilidad, competencia técnica o relevancia de sus tareas, tienen naturaleza directiva. El personal directivo será funcionario de carrera del subgrupo A1 y, con carácter excepcional, se podrán cubrir dichos puestos en régimen laboral mediante contratos de alta dirección, siempre que no tengan atribuido el ejercicio de potestades o funciones públicas incluidas en el ámbito del artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. La cobertura de estos puestos se realizará en los términos previstos en el artículo 26.3 de esta Ley.
A los contratos de alta dirección les será de aplicación lo dispuesto en la Disposición adicional octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial.
6. La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo, como del resto del personal, requerirá el informe previo y favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Respecto al personal directivo se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, y a las demás normas, en especial las de presupuestos, que sean aplicables.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará con la periodicidad adecuada controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos, de conformidad con los criterios que a tal efecto haya establecido.
Artículo 32. Régimen de contratación.
Los contratos que celebre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se ajustarán a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público, siendo su órgano de contratación el Presidente de la misma.
Artículo 33. Régimen económico-financiero y patrimonial.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá patrimonio propio e independiente del patrimonio de la Administración General del Estado.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contará, para el cumplimiento de sus fines, con los siguientes bienes y medios económicos:
a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
b) Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio así como los productos y rentas del mismo.
c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.
3. El control económico y financiero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
Artículo 34. Presupuesto, régimen de contabilidad y control económico y financiero.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elaborará y aprobará anualmente un anteproyecto de presupuesto, cuyos créditos tendrán carácter limitativo, y lo remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través del Ministerio de Economía y Competitividad para su posterior tramitación de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
2. El régimen de variaciones y de vinculación de los créditos de dicho presupuesto será el que se establezca en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
3. Corresponde al Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobar los gastos y ordenar los pagos y efectuar la rendición de cuentas del organismo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia formulará y rendirá sus cuentas de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y las normas y principios de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública y sus normas de desarrollo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dispondrá de un sistema de contabilidad analítica que proporcione información de costes sobre su actividad que sea suficiente para una correcta y eficiente adopción de decisiones.
5. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas por su Ley Orgánica, la gestión económico financiera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estará sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado en los términos que establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. El control financiero permanente se realizará por la Intervención Delegada en la Comisión Nacional bajo la dependencia funcional de la Intervención General de la Administración del Estado.
Artículo 35. Asistencia jurídica.
La asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento, representación y defensa en juicio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, corresponde al Servicio Jurídico del Estado cuyo centro directivo superior es la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico, mediante la formalización del oportuno convenio en los términos previstos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas y su normativa de desarrollo.
Artículo 36. Recursos contra los actos, las decisiones y las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
1. Los actos y decisiones de los órganos de la Comisión distintos del Presidente y del Consejo podrán ser objeto de recurso administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
No obstante, respecto a los actos dictados en aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, únicamente podrán ser objeto de recurso aquéllos a los que hace referencia el artículo 47 de dicha Ley.
2. Los actos y resoluciones del Presidente y del Consejo, en pleno y en salas, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dictados en el ejercicio de sus funciones públicas pondrán fin a la vía administrativa y no serán susceptibles de recurso de reposición, siendo únicamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
CAPÍTULO V
Transparencia y responsabilidad
Artículo 37. Publicidad de las actuaciones.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hará públicas todas las disposiciones, resoluciones, acuerdos e informes que se dicten en aplicación de las leyes que las regulan, una vez notificados a los interesados, tras resolver en su caso sobre los aspectos confidenciales de su contenido y previa disociación de los datos de carácter personal a los que se refiere el artículo 3.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, salvo en lo que se refiere al nombre de los infractores. En particular, se difundirán:
a) La organización y funciones de la Comisión y de sus órganos, incluyendo los currículum vítae de los miembros del Consejo y del personal directivo.
b) La relación de los acuerdos adoptados en las reuniones del Consejo.
c) Los informes en que se basan las decisiones del Consejo.
d) La memoria anual de actividades que incluya las cuentas anuales, la situación organizativa y la información relativa al personal y las actividades realizadas por la Comisión, con los objetivos perseguidos y los resultados alcanzados, que se enviará a la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y al titular del Ministerio de Economía y Competitividad.
e) Los informes económicos sectoriales, de carácter anual, en los que se analizará la situación competitiva del sector, la actuación del sector público y las perspectivas de evolución del sector, sin perjuicio de los informes que puedan elaborar los departamentos ministeriales. El informe se enviará en todo caso a la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y a los titulares del Ministerio competente en el sector de que se trate y del Ministerio de Economía y Competitividad y en su caso, al titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la parte relativa a las reclamaciones de los usuarios finales.
f) Otros informes elaborados sobre la estructura competitiva de mercados o sectores productivos, sin perjuicio de su remisión al titular del Ministerio de Economía y Competitividad.
g) El plan de actuación de la Comisión para el año siguiente, incluyendo las líneas básicas de su actuación en ese año, con los objetivos y prioridades correspondientes. Este plan de actuaciones se enviará también a la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y al titular del Ministerio de Economía y Competitividad.
h) Los informes elaborados sobre proyectos normativos o actuaciones del sector público.
i) Las reuniones de los miembros de la Comisión con empresas del sector, siempre que su publicidad no afecte al cumplimiento de los fines que tiene encomendada la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
j) Las resoluciones que pongan fin a los procedimientos.
k) Las resoluciones que acuerden la imposición de medidas cautelares.
l) La iniciación de un expediente de control de concentraciones.
m) La incoación de expedientes sancionadores.
n) La realización de inspecciones de acuerdo con la Ley 15/2007, de 3 de julio.
2. Las disposiciones, resoluciones, acuerdos, informes y la memoria anual de actividades y el plan de actuación se harán públicos por medios electrónicos.
3. Cada tres años, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia presentará una evaluación de sus planes de actuación y los resultados obtenidos para poder valorar su impacto en el sector y el grado de cumplimiento de las resoluciones dictadas. Estas evaluaciones se enviarán también a la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y al titular del Ministerio de Economía y Competitividad.
Artículo 38. Medidas para mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los procedimientos de supervisión.
1. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos por el Capítulo IV de esta Ley en materia de control económico y financiero, la Comisión dispondrá de un órgano de control interno cuya dependencia funcional y capacidad de informe se regirá por los principios de imparcialidad, objetividad y evitar la producción de conflictos de intereses.
2. La Comisión elaborará anualmente una memoria sobre su función supervisora que incluirá un informe del órgano de control interno sobre la adecuación de las decisiones adoptadas por la Comisión a la normativa procedimental aplicable. Esta memoria deberá ser aprobada por el Consejo y remitida a las Cortes Generales y al Ministerio de Economía y Competitividad.
Artículo 39. Control parlamentario.
1. El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá comparecer con periodicidad al menos anual ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados para exponer las líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades para el futuro. Junto con el Presidente, podrán comparecer, a petición de la Cámara, uno o varios miembros del Consejo.
2. Las comparecencias anuales estarán basadas en la memoria anual de actividades y el plan de actuación.
3. Sin perjuicio de su comparecencia anual, el Presidente comparecerá ante la Comisión correspondiente del Congreso o del Senado, a petición de las mismas en los términos establecidos en sus respectivos Reglamentos.
4. Cada tres años el Presidente comparecerá de forma especial para debatir la evaluación del plan de actuación y el resultado obtenido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Disposición adicional primera. Constitución y ejercicio efectivo de las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
1. Inmediatamente después de la aprobación del Estatuto Orgánico, el Ministro de Economía y Competitividad propondrá al Gobierno el nombramiento de los miembros del Consejo, quienes comparecerán ante el Congreso, que tendrá un mes para vetarlos en los términos del artículo 15 de esta Ley.
2. En el plazo de 20 días desde la publicación del real decreto de nombramiento de los miembros del Consejo, se procederá a la constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a través de la constitución del Consejo. Una vez constituido, el Consejo procederá a nombrar al Secretario.
3. Constituida la Comisión, el Consejo contará con el plazo de un mes para llevar a cabo las siguientes acciones:
a) Nombramiento del personal directivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.3 de esta Ley.
b) Elaboración del Reglamento de funcionamiento interno.
c) Integración de medios personales y materiales que correspondan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
4. La puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que implicará el ejercicio efectivo por parte de sus órganos de las funciones que tienen atribuidas, se iniciará en la fecha que al efecto se determine por orden del Ministro de Economía y Competitividad y, en todo caso, en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta Ley. En esta fecha se tendrá que haber producido la transferencia del personal y de los medios presupuestarios suficientes para el desempeño de las funciones recogidas en esta Ley.
Disposición adicional segunda. Extinción de organismos.
1. La constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia implicará la extinción de la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Sector Postal, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Juego, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
2. Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, las referencias que la legislación vigente contiene a la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Sector Postal, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Comité de Regulación Ferroviaria se entenderán realizadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o al ministerio correspondiente según la función de que se trate.
Las referencias que la Ley 15/2007, de 3 de julio, contiene a la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de Competencia se entenderán realizadas a la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Las menciones a la Autoridad Estatal de Supervisión regulada en el Título VI de la Ley 21/2003, de 7 de julio, que se contienen en dicha Ley o en cualquier otra disposición, deberán entenderse realizadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
3. Las referencias contenidas en cualquier norma del ordenamiento jurídico a la Comisión Nacional del Juego se entenderán realizadas a la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que la sustituye y asume sus competencias, en los términos previstos en la Disposición adicional décima.
4. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia asumirá los medios materiales, incluyendo, en particular, sistemas y aplicaciones informáticas de los organismos extinguidos a los que se refiere el apartado 1, que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones, correspondiendo el resto a los ministerios que asuman las funciones atribuidas en las Disposiciones adicionales séptima, octava, novena, décima, undécima y duodécima.
5. Los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y Competitividad determinarán los saldos de tesorería y los activos financieros de los organismos que se extinguen que deban incorporarse a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
6. Los bienes inmuebles y derechos reales de titularidad de los organismos reguladores extinguidos que resulten innecesarios para el ejercicio de las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se incorporarán al patrimonio de la Administración General del Estado.
Disposición adicional tercera. Régimen especial de incompatibilidad e indemnización del Presidente, Vicepresidente y consejeros de los organismos que se extinguen.
1. Durante los dos años posteriores a su cese, el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros de los organismos que se extinguen, no podrán ejercer actividad profesional privada alguna relacionada con el sector regulado, tanto en empresas del sector como para empresas del sector, en el caso de los Organismos Reguladores. En el caso de la Comisión Nacional de la Competencia, al cesar en su cargo, y durante los dos años posteriores, el Presidente y los consejeros no podrán ejercer actividad profesional privada alguna relacionada con la actividad de la Comisión.
2. En virtud de esta limitación, el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros de los organismos que se extinguen, al cesar en su cargo, tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente a aquel en que se produzca su cese y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, con el límite máximo de dos años, una compensación económica mensual igual a la doceava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el presupuesto en vigor durante el plazo indicado.
No habrá lugar a la percepción de dicha compensación en caso de desempeño, de forma remunerada, de cualquier puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado en los términos previstos en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Disposición adicional cuarta. Asignación de medios a la Administración General del Estado.
1. En el plazo previsto en la Disposición adicional primera de esta Ley para la puesta en funcionamiento de la Comisión, el Gobierno aprobará las modificaciones necesarias en los reales decretos de desarrollo de la estructura orgánica básica de los Ministerios afectados.
2. La entrada en vigor de las modificaciones de los reales decretos de estructura a que hace referencia esta Disposición, no se producirá hasta que los presupuestos de los ministerios no se adecúen a la nueva distribución competencial, de acuerdo con lo establecido en la Disposición transitoria cuarta.
Disposición adicional quinta. Atribución de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Las competencias que las normas vigentes atribuyen a los organismos que se extingan cuando se constituya la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y que esta Ley no haya atribuido expresamente a los departamentos ministeriales competentes de la Administración General del Estado serán ejercidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Disposición adicional sexta. Integración del personal de los organismos públicos que se extinguen en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
1. El personal funcionario que presta servicios en los organismos que se extinguirán de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional segunda, se integrará en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o bien en la Administración General del Estado.
La integración se llevará a cabo, en ambos supuestos, de acuerdo con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública aplicable al personal funcionario de la Administración General del Estado.
El personal funcionario que se integre en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, lo hará en la situación de servicio activo en su correspondiente Cuerpo o Escala, con los mismos derechos y obligaciones que hasta ese momento tuviera reconocidos.
Igual situación administrativa y garantías tendrán los funcionarios que pasen a prestar servicios en la Administración General del Estado como consecuencia de las competencias que ésta asuma de los extintos organismos.
2. El personal laboral de los organismos que ahora se extinguen, se integrará en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en los términos previstos en el artículo 44 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con respeto a los derechos y obligaciones laborales que viniera ostentando hasta ese momento.
Para la integración de este personal laboral, se atenderá necesariamente a las funciones efectivas que vinieran desempeñando en el organismo extinguido.
Excepcionalmente, el personal laboral podrá integrarse en los departamentos ministeriales, en los mismos términos previstos en el párrafo anterior, cuando como consecuencia de las funciones que por esta Ley se atribuyen a los departamentos ministeriales se haga necesaria su integración, sin que en ningún caso puedan producirse incrementos retributivos con relación a la situación existente en los organismos de procedencia. Cuando queden vacantes los puestos de trabajo que se integren en la estructura orgánica de dichos departamentos por fallecimiento, jubilación o cualquier otra causa legal, y siempre que esta no implique derecho al reingreso en el servicio activo, se amortizarán, dándose de alta como plazas de personal funcionario para garantizar la continuidad en la prestación de las citadas funciones, siempre y cuando ello resulte necesario de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. La reasignación de efectivos, amortización y, en su caso, creación de puestos de trabajo tendrá lugar en los términos y con el alcance que se determine por el órgano competente.
Disposición adicional séptima. Funciones que asume el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia audiovisual.
En materia audiovisual de ámbito estatal, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ejercerá, adicionalmente a las que ya tiene encomendadas, las siguientes funciones:
a) Recibir las comunicaciones de inicio de actividad de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual.
b) Llevar el Registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual.
c) Decidir sobre cualquier cuestión o incidente que afecte al ejercicio de los títulos habilitantes de servicios de comunicación audiovisual, tales como su duración, renovación, modificación, celebración de negocios jurídicos o extinción.
d) Verificar las condiciones de los artículos 36 y 37 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, en materia de limitación de adquisición de participaciones entre operadores del servicio de comunicación audiovisual.
e) Certificar la emisión en cadena por parte de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónica que así lo comunicasen, e instar su inscripción, cuando proceda, en el Registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual.
Disposición adicional octava. Funciones que asume el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia de energía.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo asumirá las siguientes funciones:
1. En el sector eléctrico:
a) Inspeccionar, dentro de su ámbito de competencias, el cumplimiento de las condiciones técnicas de las instalaciones, el cumplimiento de los requisitos establecidos en las autorizaciones, la correcta y efectiva utilización del carbón autóctono en las centrales eléctricas con derecho al cobro de la prima al consumo de carbón autóctono, las condiciones económicas y actuaciones de los sujetos en cuanto puedan afectar a la aplicación de las tarifas, precios y criterios de remuneración de las actividades energéticas, la disponibilidad efectiva de las instalaciones de generación en el régimen ordinario, la correcta facturación y condiciones de venta de las empresas distribuidoras y comercializadoras a consumidores y clientes cualificados, la continuidad del suministro de energía eléctrica, la calidad del servicio, así como la efectiva separación de estas actividades cuando sea exigida.
b) Acordar la iniciación de los expedientes sancionadores y realizar la instrucción de los mismos, cuando sean de la competencia de la Administración General del Estado por no corresponder la incoación e instrucción de los mismos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, e informar, cuando sea requerida para ello, aquellos expedientes sancionadores iniciados por las distintas Administraciones Públicas.
c) Informar, atender y tramitar, en coordinación con las administraciones competentes, a través de protocolos de actuación, las reclamaciones planteadas por los consumidores de energía eléctrica y tener a disposición de los mismos toda la información necesaria relativa a sus derechos, a la legislación en vigor y a las vías de solución de conflictos de que disponen en caso de litigios.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo informará, al menos semestralmente, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de las actuaciones realizadas, incluyendo información sobre el número de reclamaciones informadas, atendidas y tramitadas con el fin de facilitar las labores de supervisión del funcionamiento de los mercados minoristas por parte de este organismo.
d) Realizar la liquidación de los costes de transporte y distribución de energía eléctrica, de los costes permanentes del sistema y de aquellos otros costes que se establezcan para el conjunto del sistema cuando su liquidación le sea expresamente encomendada y enviar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia toda la información necesaria para la elaboración de las metodologías de peajes.
e) Supervisar la actividad de la Oficina de Cambios de Suministrador.
2. En el sector de hidrocarburos:
a) Inspeccionar dentro de su ámbito de competencias, el cumplimiento de las condiciones técnicas de las instalaciones, el cumplimiento de los requisitos establecidos en las autorizaciones, las condiciones económicas y actuaciones de los sujetos en cuanto puedan afectar a la aplicación de las tarifas, precios y criterios de remuneración de las actividades de hidrocarburos, la disponibilidad efectiva de las instalaciones gasistas, la correcta facturación y condiciones de venta a los consumidores de las empresas distribuidoras, en lo que se refiere al acceso a las redes, y comercializadoras, la continuidad del suministro de gas natural, la calidad del servicio, así como la efectiva separación de estas actividades cuando sea exigida.
b) Acordar, en el ámbito de aplicación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, la iniciación de los expedientes sancionadores y realizar la instrucción de los mismos, cuando sean de la competencia de la Administración General del Estado e informar, cuando sea requerida para ello, aquellos expedientes sancionadores iniciados por las distintas Administraciones Públicas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos en el artículo 52.4 de la citada Ley ni de las competencias exclusivas de otros órganos de las Administraciones Públicas.
c) Realizar las liquidaciones correspondientes a los ingresos obtenidos por peajes y cánones relativos al uso de las instalaciones de la Red Básica, transporte secundario y distribución a que hace referencia el artículo 96 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y comunicarla a los interesados.
d) Informar, atender y tramitar, en coordinación con las Administraciones competentes, a través de protocolos de actuación, las reclamaciones planteadas por los consumidores de gas natural, y tener a disposición de los mismos toda la información necesaria relativa a sus derechos, a la legislación en vigor y a las vías de solución de conflictos de que disponen en caso de litigios.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo informará, al menos semestralmente, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de las actuaciones realizadas, incluyendo información sobre el número de reclamaciones informadas, atendidas y tramitadas con el fin de facilitar las labores de supervisión del funcionamiento de los mercados minoristas por parte de este organismo.
e) Expedir los certificados y gestionar el mecanismo de certificación de consumo y venta de biocarburantes.
f) Supervisar la actividad de la Oficina de Cambios de Suministrador.
g) Las competencias que la normativa vigente atribuye a la Comisión Nacional de la Energía en materia de hidrocarburos líquidos.
Disposición adicional novena. Toma de participaciones en el sector energético.
1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo conocerá de las siguientes operaciones:
a) Toma de participaciones en sociedades o por parte de sociedades que desarrollen actividades que tengan la consideración de reguladas, consistan en la operación del mercado de energía eléctrica o se trate de actividades en territorios insulares o extra peninsulares conforme a lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
b) Toma de participaciones en sociedades o por parte de sociedades que desarrollen actividades que tengan la consideración de reguladas, consistan en la gestión técnica del sistema gasista conforme a lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, o desarrollen actividades en el sector de hidrocarburos tales como refino de petróleo, transporte por oleoductos y almacenamiento de productos petrolíferos.
c) Toma de participaciones en sociedades o por parte de sociedades que sean titulares de los activos precisos para desarrollar las actividades recogidas en las letras a) y b), o bien de activos del sector de la energía de carácter estratégico incluidos en el Catálogo Nacional de infraestructuras críticas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, y su normativa de desarrollo.
En todo caso, se considerarán activos estratégicos las centrales térmicas nucleares y las centrales térmicas de carbón de especial relevancia en el consumo de carbón de producción nacional, así como las refinerías de petróleo, los oleoductos y los almacenamientos de productos petrolíferos.
d) Adquisición de los activos mencionados en la letra c) anterior.
2. Las sociedades que realicen actividades incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 anterior, deberán comunicar a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo las adquisiciones realizadas directamente o mediante sociedades que controlen conforme a los criterios establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, de participaciones en otras sociedades mercantiles o de activos de cualquier naturaleza que atendiendo a su valor o a otras circunstancias tengan un impacto relevante o influencia significativa en el desarrollo de las actividades de la sociedad que comunica la operación.
3. Igualmente deberá comunicarse a la Secretaría de Estado de Energía la adquisición de participaciones en un porcentaje de su capital social que conceda una influencia significativa en su gestión, en las sociedades que, directamente o mediante sociedades que controlen conforme a los criterios establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, realicen actividades incluidas en el apartado 1 o sean titulares de los activos señalados. De la misma forma, deberá comunicarse la adquisición directa de los activos mencionados en la letra d) del apartado 1.
Además, para la determinación del porcentaje de participación que precisa de comunicación se tomarán en consideración los acuerdos que la sociedad adquirente pueda tener con otros adquirentes o socios para el ejercicio conjunto o coordinado de derechos de voto en la sociedad afectada.
4. Cuando la adquisición señalada en el apartado 3 se realice por entidades de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo se estará a lo dispuesto en el apartado 7 de esta Disposición.
5. Asimismo, serán objeto de comunicación por el adquiriente aquellas modificaciones que aisladamente o en su conjunto consideradas puedan suponer un cambio significativo en su participación.
6. Las comunicaciones a las que se refieren los apartados anteriores deberán efectuarse dentro de los 15 días siguientes a la realización de la correspondiente operación, pudiendo indicarse de forma justificada, qué parte de los datos o información aportada se considera de trascendencia comercial o industrial a los efectos de que sea declarada su confidencialidad.
7. Si el Ministro de Industria, Energía y Turismo considerase que existe una amenaza real y suficientemente grave para la garantía de suministro de electricidad, gas e hidrocarburos en el ámbito de las actividades del adquirente, podrá establecer condiciones relativas al ejercicio de la actividad de las sociedades sujetas a las operaciones comunicadas de acuerdo a los apartados 2 y 4 de esta Disposición, así como las obligaciones específicas que se puedan imponer al adquirente para garantizar su cumplimiento.
Estos riesgos se referirán a los siguientes aspectos:
a) La seguridad y calidad del suministro entendidas como la disponibilidad física ininterrumpida de los productos o servicios en el mercado a precios razonables en el corto o largo plazo para todos los usuarios, con independencia de su localización geográfica.
b) La seguridad frente al riesgo de una inversión o de un mantenimiento insuficientes en infraestructuras que no permitan asegurar, de forma continuada, un conjunto mínimo de servicios exigibles para la garantía de suministro. A estos efectos, se tendrá en cuenta el nivel de endeudamiento para garantizar las inversiones, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos al respecto.
c) El incumplimiento de los requisitos de capacidad legal, técnica, económica y financiera del adquiriente o de la empresa adquirida, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa específica de aplicación y, en particular, en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en sus normas de desarrollo.
A estos efectos, se tomarán en consideración las participaciones que el adquirente tenga o pretenda adquirir en otras sociedades o activos objeto de la presente Disposición.
Las condiciones que se impongan respetarán en todo caso el principio de proporcionalidad y de protección del interés general.
Corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo supervisar el cumplimiento de las condiciones que sean impuestas, debiendo las empresas afectadas atender los requerimientos de información que pudieran dictarse a estos efectos.
La resolución deberá adoptarse de forma motivada y notificarse en el plazo máximo de 30 días desde la comunicación, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Este informe no tendrá carácter vinculante y habrá de ser evacuado en el plazo de 10 días.
8. Cuando la adquisición de participaciones afecte a los gestores de red de transporte de electricidad o de gas, incluyendo los gestores de red independientes, se estará a lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
Disposición adicional décima. Funciones que asume la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en materia de juego.
La Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas asumirá el objeto, funciones y competencias que la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, atribuye a la extinta Comisión Nacional del Juego.
Disposición adicional undécima. Funciones que asume el Ministerio de Fomento en relación con el sector postal.
En materia postal, el Ministerio de Fomento asumirá las siguientes funciones:
1. Informar a los usuarios sobre los operadores postales, las condiciones de acceso, precio, nivel de calidad e indemnizaciones y plazo en el que serán satisfechas y en todo caso, realizar la publicación en el sitio web del Ministerio a que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre.
2. Conocer de las controversias entre los usuarios y los operadores de los servicios postales en el ámbito del servicio postal universal, siempre y cuando no hayan sido sometidos a las Juntas Arbitrales de Consumo.
3. Conocer de las quejas y denuncias de los usuarios por incumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores postales, en relación con la prestación del servicio postal universal, de conformidad con lo establecido el Título II de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, y en su normativa de desarrollo.
El Ministerio de Fomento informará, al menos semestralmente, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de las actuaciones realizadas, incluyendo información sobre el número de reclamaciones informadas, atendidas y tramitadas con el fin de facilitar las labores de supervisión del funcionamiento de los mercados minoristas por parte de este organismo.
4. Ejercer la potestad de inspección y sanción en relación con las funciones mencionadas en los apartados anteriores.
5. Otorgar las autorizaciones singulares y recibir las declaraciones responsables que habilitan para la actividad postal y gestionar el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales, de conformidad con lo establecido en el Título IV de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, así como en su normativa de desarrollo.
Disposición adicional duodécima. Funciones que asume el Ministerio de la Presidencia en materia audiovisual.
Corresponde al Ministerio de la Presidencia aprobar el Catálogo de acontecimientos de interés general para la sociedad a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, previa consulta a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y a los organizadores de las competiciones deportivas.
Disposición adicional decimotercera. Remisión de informes al Instituto Nacional de Consumo.
Sin perjuicio de las funciones asumidas por los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, en materia de energía, y de Fomento, en relación con el sector postal, previstas en la letra c) del apartado 1, y letra d) del apartado 2, de la Disposición adicional octava, y en el apartado 1, de la Disposición adicional undécima, los mencionados Ministerios remitirán al Instituto Nacional del Consumo, dentro del primer trimestre de cada año natural, un informe referido al año anterior en el que se incluya información comprensiva del número de reclamaciones planteadas por los consumidores atendidas, objeto de las mismas, resoluciones estimatorias y desestimatorias adoptadas, sanciones, en su caso, a las que dieron lugar, así como cualquier otro aspecto que se considere relevante.
Disposición adicional decimocuarta. Tasas, prestaciones patrimoniales e ingresos derivados del ejercicio de las funciones previstas en esta Ley.
1. Los Ministerios y los organismos que desarrollen las funciones previstas en esta Ley, con ocasión de las cuales se produce la exigencia de tasas y prestaciones patrimoniales de carácter público que se recogen en los apartados I.1, I.3, I.4 y I.5 y en el apartado II.1 del Anexo, llevarán a cabo su gestión y recaudación en periodo voluntario, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición transitoria novena.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevará a cabo la gestión y recaudación en período voluntario de la tasa prevista en el apartado I.2 y de la prestación patrimonial indicada en el apartado II.2 del Anexo.
3. La recaudación por los derechos a que se refiere esta Disposición adicional, incluida la que correspondiera a los organismos que se extinguen conforme a esta Ley, se ingresará en el Tesoro Público, salvo por lo que respecta al sistema de financiación de la Corporación de Radio Televisión Española y al Fondo de financiación del servicio postal universal, que se regirán por sus respectivas disposiciones.
4. La recaudación en período ejecutivo de los recursos de naturaleza pública a que se refieren los apartados anteriores se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
5. Los recursos a que se refieren los apartados anteriores se regirán, en lo que no se oponga a esta Ley, por la normativa vigente a la entrada en vigor de la misma.
Disposición adicional decimoquinta. Consejos consultivos.
1. Se crea el Consejo Consultivo de Energía, como órgano de participación y consulta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en las materias competencia de la Secretaría de Estado de Energía.
El Consejo Consultivo de Energía estará presidido por el Secretario de Estado de Energía, o persona en quien delegue, y tendrá entre sus funciones el estudio, deliberación y propuesta en materia de política energética y minas.
Asimismo, conocerá sobre los asuntos que el Gobierno o el Ministro de Industria, Energía y Turismo le sometan.
2. Podrán crearse igualmente consejos consultivos en los sectores de telecomunicaciones, audiovisual, de transportes y postal.
3. Reglamentariamente se determinarán las funciones, la composición, la organización y las reglas de funcionamiento de los consejos consultivos. La constitución y el funcionamiento de los consejos no supondrán incremento alguno del gasto público y serán atendidos con los medios materiales y de personal existentes en los departamentos respectivos.
4. En todo caso, los consejos consultivos informarán en la elaboración de disposiciones de carácter general y de circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Este informe equivaldrá a la audiencia a los titulares de derechos e intereses legítimos.
Disposición adicional decimosexta. Ejercicio temporal de las funciones de supervisión en materia de tarifas aeroportuarias.
1. Las funciones establecidas en el artículo 10, letras a) y b), del Real Decreto-Ley 11/2011, de 26 de agosto, por el que se crea la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y se modifica el régimen jurídico del personal laboral de Aena, pasarán a ser ejercidas por el Comité de Regulación Ferroviaria desde la entrada en vigor de esta Ley, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 11 a 13, ambos inclusive, del citado Real Decreto-Ley 11/2011, de 26 de agosto y en el Título VI, Capítulo IV, de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.
2. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Comité de Regulación Ferroviaria pasará a denominarse Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria.
3. En el ejercicio de las funciones previstas en esta Disposición el Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria actuará con independencia funcional plena, respecto de la organización, de las decisiones financieras, de la estructura legal y de la toma de decisiones, del gestor aeroportuario y de las compañías aéreas, y ejercerá sus funciones de modo imparcial y transparente.
4. En tanto desempeñe las funciones que le atribuye el apartado 1, se entenderán referidas al Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria cuantas menciones se contengan en la normativa aplicable en relación con la Autoridad Estatal de Supervisión regulada en el Título VI, Capítulo IV, de la Ley 21/2003, de 7 de julio.
Asimismo, las menciones contenidas en la normativa vigente al Comité de Regulación Ferroviaria deberán entenderse realizadas al Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria.
5. El ejercicio temporal de estas funciones, más allá de lo previsto en esta Disposición, no alterará lo previsto en los artículos 82 a 84 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
6. La presente atribución temporal de funciones se prolongará asimismo una vez constituida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y finalizará en el momento de la puesta en funcionamiento de dicha Comisión.
Disposición adicional decimoséptima. Fomento de la corregulación publicitaria.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá firmar acuerdos de corregulación que coadyuven el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta Ley, en particular, en relación con el control del cumplimiento de las obligaciones, las prohibiciones y los límites al ejercicio del derecho a realizar comunicaciones comerciales audiovisuales, con aquellos sistemas de autorregulación publicitaria que cumplan lo previsto en el artículo 37.4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. En el acuerdo se determinarán los efectos reconocidos a las actuaciones del sistema de autorregulación.
Disposición adicional decimoctava. Otras sedes.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá tener otras sedes, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 2 de esta Ley.
Su ubicación se realizará manteniendo la actualmente existente para las telecomunicaciones, donde se situará la Dirección de Telecomunicaciones del Sector Audiovisual (Instrucción de Telecomunicación y Servicios Audiovisuales), para el aprovechamiento de los recursos e infraestructuras actuales.
Disposición transitoria primera. Primer mandato de los miembros de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia.
1. En la primera sesión del Consejo se determinarán, preferentemente de forma voluntaria y supletoriamente por sorteo, los tres consejeros que cesarán transcurrido el plazo de dos años desde su nombramiento y los tres que cesarán transcurrido el plazo de cuatro años.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley, los miembros del Consejo afectados por la primera renovación parcial podrán ser reelegidos por un nuevo mandato de seis años.
Disposición transitoria segunda. Nombramiento del primer Presidente y Vicepresidente.
Lo establecido en la Disposición transitoria primera de esta Ley no afectará al nombramiento del primer Presidente y Vicepresidente del organismo que, de acuerdo con el artículo 15.2 de la misma, tendrán un mandato de seis años no renovable.
Disposición transitoria tercera. Continuación de funciones por los organismos que se extinguen.
Desde la constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hasta su puesta en funcionamiento, los organismos supervisores continuarán ejerciendo las funciones que desempeñan actualmente. Durante este periodo los miembros del Consejo permanecerán en su cargo en funciones y los organismos tendrán plena capacidad para desempeñar su actividad.
Disposición transitoria cuarta. Desempeño transitorio de funciones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
En relación con las funciones que, conforme a lo establecido en esta Ley, deban traspasarse a los ministerios, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una vez haya entrado en funcionamiento, las desempeñará hasta el momento en el que los departamentos ministeriales dispongan de los medios necesarios para ejercerlas de forma efectiva.
Disposición transitoria quinta. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
1. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley continuarán tramitándose por los órganos de la autoridad a los que esta Ley atribuye las funciones anteriormente desempeñadas por los organismos extinguidos.
2. La constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se podrá considerar una circunstancia extraordinaria que, conforme a la legislación específica aplicable, permitirá la ampliación del plazo máximo para resolver los procedimientos sometidos a caducidad o afectados por el silencio administrativo.
Disposición transitoria sexta. Puestos de trabajo de personal funcionario que venían siendo desempeñados por personal laboral.
Con carácter excepcional, el personal laboral fijo de los organismos públicos extintos que viniese ocupando puestos con funciones que, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, deban ser desempeñadas por personal funcionario, podrá seguir ocupando dichos puestos.
Asimismo, los puestos que se puedan crear, así como los que queden vacantes, deberán ajustar su naturaleza a las previsiones del régimen jurídico de personal del artículo 31 de esta Ley.
Disposición transitoria séptima. Presupuestos aplicables hasta la aprobación de los presupuestos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Una vez constituida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en tanto en cuanto no disponga de un presupuesto propio, se mantendrán los presupuestos de los organismos que, de conformidad con la Disposición adicional segunda, queden extinguidos.
Disposición transitoria octava. Régimen transitorio contable y de rendición de cuentas anuales.
1. Las operaciones ejecutadas durante el ejercicio 2013 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se registrarán en la contabilidad y el presupuesto de cada uno de los organismos extinguidos, según el ámbito al que correspondan dichas operaciones.
2. El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia formulará y aprobará por cada uno de los organismos extinguidos una cuenta del ejercicio 2013 que incluirá las operaciones realizadas por cada organismo y las indicadas en el apartado 1 anterior, procediendo también a su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos que se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
3. La formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2012 de los organismos extinguidos y su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos que se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, corresponderá a los cuentadantes de dichos organismos o al Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, si ésta ya se hubiera constituido.
Disposición transitoria novena. Gestión y liquidación de las tasas previstas en el Anexo.
1. La gestión y liquidación de las tasas a que se refiere el apartado I.1, en sus epígrafes A) y B), del Anexo de esta Ley se ajustarán, en tanto no se proceda a su nueva regulación, a lo establecido en la Orden FOM/3447/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de impresos para el pago de las tasas establecidas y reguladas en la Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal.
2. La gestión y liquidación de las tasas a que se refiere el apartado I.4 del Anexo de esta Ley se ajustará, en tanto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no disponga de los medios necesarios para ejercer sus funciones de forma efectiva, a lo establecido en la Disposición adicional duodécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.
Disposición transitoria décima. Órganos de asesoramiento de la Comisión Nacional de Energía.
Los órganos de asesoramiento de la Comisión Nacional de Energía previstos en la Disposición adicional undécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, seguirán ejerciendo sus funciones hasta que se constituya el Consejo Consultivo de Energía previsto en la Disposición adicional decimoquinta de esta Ley.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley y de manera específica:
a) El apartado 7 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
b) La Disposición adicional undécima, excepto el apartado sexto, que permanece vigente, y la Disposición adicional duodécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
c) El artículo 48 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, a excepción de su apartado 4.
d) Los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
e) Los artículos 12, 17 y 40 y el Título III de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
f) La Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal.
g) El Título V de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual.
h) El Capítulo II del Título I y la Disposición final cuarta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
i) El artículo 20, los apartados 15 y 16 del artículo 21, los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, el apartado 2 del artículo 34, la Disposición transitoria quinta y el párrafo primero de la Disposición final segunda de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego.
j) El Real Decreto-Ley 11/2011, de 26 de agosto, por el que se crea la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, se regula su composición y se modifica el régimen jurídico del personal laboral de AENA.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
El apartado 1 de la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se modifica en los siguientes términos:
«1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, las Universidades no transferidas, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se regirán por su legislación específica y supletoriamente por esta Ley.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El apartado 5 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se modifica en los siguientes términos:
«5. Los actos y disposiciones dictados por la Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Consejo Económico y Social, Instituto Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Universidades y Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, directamente, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
El apartado 4 del artículo 116 queda modificado como sigue:
«4. La Comisión Nacional de Energía será competente para imponer sanciones en los siguientes casos:
a) Infracciones muy graves previstas en el artículo 109.1.h), i), q), r) y ac).
Asimismo, podrá imponer sanciones en el caso de las infracciones tipificadas en los párrafos d), g) y j) del artículo 109.1 siempre y cuando la infracción se produzca por la negativa al cumplimiento de decisiones jurídicamente vinculantes, remisión de información o realización de inspecciones y otros requerimientos de la Comisión Nacional de Energía en el ámbito de sus competencias y en el caso de infracciones tipificadas en el párrafo ab) cuando afecte a materias de su competencia.
b) Infracciones graves prevista en el artículo 110.l, t), u) y w).
Asimismo, podrá imponer sanciones en el caso de las infracciones tipificadas en los párrafos d) y f) del artículo 110, siempre y cuando la infracción se produzca por la negativa al cumplimiento de decisiones jurídicamente vinculantes, remisión de información o realización de inspecciones y otros requerimientos de la Comisión Nacional de Energía en el ámbito de sus competencias y en el caso de infracciones tipificadas en el párrafo v) cuando afecte a materias de su competencia.
c) Infracciones leves en relación con incumplimientos de decisiones jurídicamente vinculantes y requerimientos de la Comisión Nacional de Energía en el ámbito de sus competencias.»
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.
La Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, queda modificada como sigue:
Uno. Se añade una nueva Disposición adicional decimotercera, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimotercera. Régimen jurídico del personal laboral de Aena.
La negociación colectiva, la contratación y el régimen jurídico del personal laboral de la Entidad Pública Empresarial Aena que no tenga la condición de controlador de tránsito aéreo será el legalmente establecido para el personal de Aena Aeropuertos, S.A.»
Dos. Se añade una nueva Disposición adicional decimocuarta, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimocuarta. Procedimientos en materia de tarifas aeroportuarias.
1. En el caso de inadmisión de la propuesta cuando ésta se haya efectuado prescindiendo del procedimiento contemplado en el artículo 98 de esta Ley, se concederá al gestor aeroportuario un plazo para subsanar las deficiencias detectadas, transcurrido el cual sin que se hayan subsanado o manteniéndose las condiciones de inadmisión de la propuesta, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá la propuesta de modificación tarifaria que considere razonable, debidamente justificada y en la que consten las irregularidades identificadas, al órgano competente para su incorporación al anteproyecto de ley que corresponda.
En otro caso, la constatación de irregularidades en el procedimiento de consulta y transparencia previsto en el artículo 98 de esta Ley dará lugar a la emisión de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre las medidas a adoptar en futuras consultas, incluida la necesidad de ampliarlas a las compañías usuarias del aeropuerto no asociadas a las asociaciones u organizaciones representativas de usuarios.
2. En el ejercicio de la función de supervisión de que las propuestas de modificación o actualización de las tarifas aeroportuarias presentadas por el gestor aeroportuario se ajustan a lo previsto en los artículos 91 y 101.1 de esta Ley, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá al órgano competente para su inclusión en el anteproyecto de Ley que corresponda, las propuestas del gestor aeroportuario que cumplan con dichos criterios.
En otro caso, la Comisión comunicará al gestor aeroportuario la modificación tarifaria revisada o, en su caso, los criterios que habría de seguir para que la propuesta garantice el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior y el plazo para presentar la nueva propuesta ajustada a dichos criterios. Recibida la comunicación del gestor aeroportuario o transcurrido el plazo concedido al efecto sin haberla obtenido, la Comisión remitirá la modificación tarifaria revisada que proceda al órgano competente para su inclusión en el anteproyecto de ley que corresponda. En la propuesta de la Comisión se hará constar de forma clara y precisa la modificación tarifaria propuesta por dicha Comisión así como el punto de vista del gestor aeroportuario.
En el establecimiento de la modificación tarifaria revisada, la Comisión procurará evitar fluctuaciones excesivas de las tarifas aeroportuarias, siempre y cuando sea compatible con los principios establecidos en el artículo 91 y 101.1 de esta Ley.»
Tres. Se añade una nueva Disposición adicional decimoquinta con la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimoquinta. Consulta sobre tarifas aeroportuarias.
En aquéllos aeropuertos en los que los usuarios de aeronaves de aviación general o deportiva, trabajos aéreos y de aeronaves históricas tengan una presencia significativa se dará participación en el procedimiento de consulta a que se refieren los artículos 98 y 102 a las asociaciones u organizaciones representativas de dichos operadores.»
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, queda modificada como sigue:
Uno. El artículo 13 bis queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 13 bis. Separación funcional.
1. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llegue a la conclusión de que las obligaciones impuestas, en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, no han bastado para conseguir una competencia efectiva y que sigue habiendo problemas de competencia o fallos del mercado importantes y persistentes en relación con mercados al por mayor de productos de acceso, podrá decidir la imposición, como medida excepcional, a los operadores con poder significativo en el mercado integrados verticalmente, de la obligación de traspasar las actividades relacionadas con el suministro al por mayor de productos de acceso a una unidad empresarial que actúe independientemente.
Esa unidad empresarial suministrará productos y servicios de acceso a todas las empresas, incluidas otras unidades empresariales de la sociedad matriz, en los mismos plazos, términos y condiciones, en particular en lo que se refiere a niveles de precios y de servicio, y mediante los mismos sistemas y procesos.
2. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se proponga imponer una obligación de separación funcional, elaborará una propuesta que incluya:
a) pruebas que justifiquen las conclusiones a las que ha llegado,
b) pruebas de que hay pocas posibilidades, o ninguna, de competencia basada en la infraestructura en un plazo razonable,
c) un análisis del impacto previsto sobre la autoridad reguladora, sobre la empresa, particularmente en lo que se refiere a los trabajadores de la empresa separada y al sector de las comunicaciones electrónicas en su conjunto, sobre los incentivos para invertir en el sector en su conjunto, en especial por lo que respecta a la necesidad de garantizar la cohesión social y territorial, así como sobre otras partes interesadas, incluido en particular el impacto previsto sobre la competencia en infraestructuras y cualquier efecto negativo potencial sobre los consumidores, y
d) un análisis de las razones que justifiquen que esta obligación es el medio más adecuado para aplicar soluciones a los problemas de competencia o fallos del mercado que se hayan identificado.
3. El proyecto de medida incluirá los elementos siguientes:
a) la naturaleza y el grado precisos de la separación, especificando en particular el estatuto jurídico de la entidad empresarial separada,
b) una indicación de los activos de la entidad empresarial separada y de los productos o servicios que debe suministrar esta entidad,
c) los mecanismos de gobernanza para garantizar la independencia del personal empleado por la entidad empresarial separada y la estructura de incentivos correspondiente,
d) las normas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones,
e) las normas para garantizar la transparencia de los procedimientos operativos, en particular de cara a otras partes interesadas, y
f) un programa de seguimiento para garantizar el cumplimiento, incluida la publicación de un informe anual.
4. La propuesta de imposición de la obligación de separación funcional, una vez que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Economía y Competitividad, como Autoridades Nacionales de Reglamentación identificadas en el apartado 1 del artículo 46, hayan emitido informe sobre la misma, se presentará a la Comisión Europea.
5. Tras la decisión de la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevará a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 10, un análisis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red de acceso. Sobre la base de su evaluación, previo informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impondrá, mantendrá, modificará o suprimirá las obligaciones correspondientes.
6. En el supuesto de que una empresa designada como poseedora de poder significativo en uno o varios mercados pertinentes, se proponga transferir sus activos de red de acceso local, o una parte sustancial de los mismos, a una persona jurídica separada de distinta propiedad, o establecer una entidad empresarial separada para suministrar a todos los proveedores minoristas, incluidas sus propias divisiones minoristas, productos de acceso completamente equivalentes, deberá informar con anterioridad al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al Ministerio de Economía y Competitividad y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Las empresas informarán también al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al Ministerio de Economía y Competitividad y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de cualquier cambio de dicho propósito, así como del resultado final del proceso de separación.
En este caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia evaluará el efecto de la transacción prevista sobre las obligaciones reglamentarias impuestas a esa entidad, llevando a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 10, un análisis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red de acceso. Sobre la base de su evaluación, previo informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impondrá, mantendrá, modificará o suprimirá las obligaciones correspondientes.
7. Las empresas a las que se haya impuesto o que hayan decidido, la separación funcional podrán estar sujetas a cualquiera de las obligaciones enumeradas en el artículo 13 en cualquier mercado de referencia en que hayan sido designadas como poseedoras de poder significativo en el mercado.»
Dos. El apartado 1 del Anexo 1 queda redactado en los siguientes términos:
«1. Tasa general de operadores.
1. Sin perjuicio de la contribución económica que pueda imponerse a los operadores para la financiación del servicio universal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 y en el Título III, todo operador estará obligado a satisfacer una tasa anual que no podrá exceder el 1,5 por mil de sus ingresos brutos de explotación y que estará destinada a sufragar los gastos que se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley, por las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere el artículo 68.
A efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se entiende por ingresos brutos el conjunto de ingresos que obtenga el operador derivados de la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley. A tales efectos, no se considerarán como ingresos brutos los correspondientes a servicios prestados por un operador cuyo importe recaude de los usuarios con el fin de remunerar los servicios de operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas.
2. La tasa se devengará el 31 de diciembre de cada año. No obstante, si por causa imputable al operador, éste perdiera la habilitación para actuar como tal en fecha anterior al 31 de diciembre, la tasa se devengará en la fecha en que esta circunstancia se produzca.
3. El importe de esta tasa anual no podrá exceder de los gastos que se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley, anteriormente referidos.
A tal efecto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo hará pública antes del 30 de abril de cada año una memoria que contenga los gastos en que han incurrido en el ejercicio anterior las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere el artículo 68 por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley.
La memoria contemplará, de forma separada, los gastos en los que haya incurrido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley, que servirán de base para fijar la asignación anual de la Comisión con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y garantizar la suficiencia de recursos financieros de la Comisión para la aplicación de esta Ley.
El importe de la tasa resultará de aplicar al importe de los gastos en que han incurrido en el ejercicio anterior las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere el artículo 68 por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley y que figura en la citada memoria, el porcentaje que individualmente representan los ingresos brutos de explotación de cada uno de los operadores de telecomunicaciones en el ejercicio anterior sobre el total de los ingresos brutos de explotación obtenidos en ese mismo ejercicio por los operadores de telecomunicaciones.
Reglamentariamente se determinará el sistema de gestión para la liquidación de esta tasa y los plazos y requisitos que los operadores de telecomunicaciones deben cumplir para comunicar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el importe de sus ingresos brutos de explotación con el objeto de que éste calcule el importe de la tasa que corresponde satisfacer a cada uno de los operadores de telecomunicaciones.»
Tres. El apartado 5 del Anexo I queda redactado en los siguientes términos:
«5. Gestión y recaudación en período voluntario de las tasas.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo gestionará y recaudará en período voluntario las tasas de este Anexo.»
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
La Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, queda modificada como sigue:
Uno. El artículo 95, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 95. Competencia para la imposición de sanciones.
Corresponderá la imposición de las sanciones por infracciones leves a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y por infracciones graves al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento. Las sanciones por infracciones muy graves serán impuestas por el Ministro de Fomento.
Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la imposición de las sanciones por el incumplimiento de sus resoluciones tipificado como infracción en los artículos 88.b) y 89.a).»
Dos. Se añade un nuevo apartado 12 al artículo 96 con la siguiente redacción:
«12. Las actuaciones reguladas en este artículo serán realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuando se trate de procedimientos incoados como consecuencia de las infracciones a las que se refiere el párrafo segundo del artículo 95.»
Disposición final séptima. Modificación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 70 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, con la siguiente redacción:
«3. La recaudación de las multas corresponderá a la Administración General del Estado en periodo voluntario y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en período ejecutivo, conforme a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.»
Disposición final octava. Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Uno. Se suprime el apartado 7 del artículo 13 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 66 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que queda redactado como sigue:
«3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dentro de su ámbito de actuación y de las funciones que tiene encomendadas, podrá imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a las empresas eléctricas por las infracciones administrativas tipificadas como muy graves en los números 1, 2, 5, 6 y 7 del artículo 60.a) de la presente Ley, así como por aquellas tipificadas en los números 8, 9 y 10 del citado artículo 60.a), en relación con los incumplimientos de resoluciones jurídicamente vinculantes o requerimientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ámbito de sus competencias.
Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá competencia para sancionar la comisión de las infracciones graves a que se hace referencia en el párrafo anterior cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves y, en particular, en el caso de las tipificadas en los números 4, 5 y 22 del artículo 61.a) de la presente Ley, en relación con los incumplimientos de resoluciones jurídicamente vinculantes o requerimientos de la citada Comisión en el ámbito de sus competencias.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá competencia para sancionar aquellas infracciones leves tipificadas en el artículo 62 de la presente Ley, en relación con los incumplimientos de resoluciones jurídicamente vinculantes o requerimientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ámbito de sus competencias.
En cualquier caso la cuantía de la sanción no podrá superar el 10% del importe neto anual de la cifra de negocios del gestor de la red de transporte a dicho gestor, o el 10% del importe neto anual de la cifra de negocios consolidada de la sociedad matriz del grupo verticalmente integrado a dicha empresa integrada verticalmente, según los casos.»
Disposición final novena. Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en:
a) El artículo 149.1.13ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
b) El artículo 149.1.20ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de aeropuertos de interés general.
c) El artículo 149.1.21ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de ferrocarriles que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; correos y telecomunicaciones.
d) El artículo 149.1.25ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases del régimen minero y energético.
e) El artículo 149.1.27ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar legislación básica del régimen de prensa, radio y televisión.
Disposición final décima. Habilitación normativa.
1. El Gobierno podrá dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.
2. En el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Consejo de Ministros aprobará mediante real decreto, el Estatuto Orgánico a que hace referencia el artículo 26 de esta Ley, en el que se establecerán cuantas cuestiones relativas al funcionamiento y régimen de actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resulten necesarias conforme a las previsiones de esta Ley y, en particular, las siguientes:
a) La estructura orgánica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
b) La distribución de competencias entre los distintos órganos.
c) El régimen de su personal.
Disposición final undécima. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 4 de junio de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
ANEXO
Tasas y prestaciones patrimoniales de carácter público relacionadas con las actividades y servicios regulados en esta Ley
I. Tasas por prestación de servicios y realización de actividades
1. Tasas por prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector postal
A) Tasa por inscripción en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales.
1. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripción y renovación de la inscripción en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales.
2. Devengo.
La tasa se devengará con la inscripción y renovación anual de la misma.
3. Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas que presten servicios postales y figuren inscritas en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales.
Las empresas que presten simultáneamente servicios postales incluidos en el ámbito del servicio postal universal y servicios no incluidos en dicho ámbito, deberán estar inscritas en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales en las secciones correspondientes a tales servicios. Cada acto de inscripción y de renovación dará lugar al abono de la tasa pertinente.
4. Cuantías.
La cuota a ingresar será de 400 euros, que deberá abonarse en el momento en que se realice la inscripción en el Registro o la renovación de la misma.
5. Gestión.
La liquidación de la tasa por el Ministerio de Fomento se ajustará a lo que se disponga en orden ministerial dictada al efecto.
B) Tasa por la expedición de certificaciones registrales.
1. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de certificaciones registrales emitidas por el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales.
No será aplicable la tasa en el caso de certificaciones emitidas con ocasión de la inscripción inicial o renovación de la misma en dicho Registro.
2. Devengo.
La tasa se devengará con la solicitud de la certificación registral.
3. Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos las personas que soliciten la certificación.
4. Cuantías.
La cuota a ingresar será de 100 euros, que deberá abonarse de forma simultánea a la presentación de la solicitud.
5. Gestión.
La liquidación de la tasa por el Ministerio de Fomento se ajustará a lo que se disponga en orden ministerial dictada al efecto.
C) Tasas por la concesión de autorizaciones administrativas singulares.
La liquidación de la tasa por el Ministerio de Fomento seguirá exigiéndose en los términos establecidos en el artículo 32 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.
2. Tasas por prestación de servicios y realización de actividades en relación con las operaciones de concentración
Tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración.
1. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización, por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, del análisis de las concentraciones sujetas a control de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa la Competencia.
2. Devengo.
La tasa se devengará con la presentación de la notificación prevista en el artículo 9 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
Si se presentare la autoliquidación sin ingreso, se procederá a su exacción por la vía de apremio, sin perjuicio de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia instruya el correspondiente expediente.
3. Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos las personas que resulten obligadas a notificar de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
4. Cuantías.
1.º Una cuota fija de 1.500 euros para aquellas concentraciones que requieran su tramitación a través del formulario abreviado de notificación previsto en el artículo 56 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. No obstante, si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia decide, conforme a lo establecido en el artículo mencionado, que las partes deben presentar el formulario ordinario, éstas deberán realizar la liquidación complementaria correspondiente.
2.º En el supuesto de análisis de operaciones de concentración económicas sujetas a control de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la cuota de la tasa será:
a) De 5.502,15 euros cuando el volumen de negocios global en España del conjunto de los partícipes en la operación de concentración sea igual o inferior a 240.000.000 de euros.
b) De 11.004,31 euros cuando el volumen de negocios global en España de las empresas partícipes sea superior a 240.000.000 de euros e igual o inferior a 480.000.000 de euros.
c) De 22.008,62 euros cuando el volumen de negocios global en España de las empresas partícipes sea superior a 480.000.000 de euros e igual o inferior a 3.000.000.000 de euros.
d) De una cantidad fija de 43.944 euros cuando el volumen de negocios en España del conjunto de los partícipes sea superior a 3.000.000.000 de euros, más 11.004,31 euros adicionales por cada 3.000.000.000 de euros en que el mencionado volumen de negocios supere la cantidad anterior, hasta un límite máximo de 109.806 euros.
5. Devolución.
De conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, la devolución de tasas exigidas solo procederá cuando el hecho imponible no se hubiere realizado por causas no imputables al sujeto pasivo.
6. Gestión.
La liquidación de la tasa por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se ajustará a lo que se disponga en la orden ministerial dictada al efecto.
3. Tasas por prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector de las telecomunicaciones
Corresponderá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la liquidación de las siguientes tasas:
A) Tasa general de operadores, regulada en el apartado 1 del Anexo I de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
B) Tasas por numeración telefónica, reguladas en el apartado 2 del Anexo I de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.
C) Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, reguladas en el apartado 3 del Anexo I de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.
D) Tasas de telecomunicaciones, reguladas en el apartado 4 del Anexo I de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.
4. Tasas previstas para el ejercicio de las funciones del sector energético
1. A los efectos previstos en la presente Ley, se establecen las siguientes tasas:
Primero. Tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector de hidrocarburos líquidos.
a) Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios y realización de actividades por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en relación con el sector de los hidrocarburos líquidos, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
b) Base imponible. La base imponible de la tasa viene constituida por las ventas anuales de gasolinas, gasóleos, querosenos, fuelóleos y gases licuados del petróleo a granel y envasado expresadas en toneladas métricas (Tm), cuya entrega se haya realizado en territorio nacional. A estos efectos, no tendrán la consideración de ventas las realizadas entre operadores, ni las ventas realizadas por los operadores a los que se refiere el artículo 45 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, a distribuidores de gases licuados del petróleo por canalización a consumidores finales.
Las ventas a que se refiere el párrafo anterior se calcularán anualmente, con base en las realizadas en el año natural anterior y se aplicarán a partir del 1 de enero. Mediante resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo se determinarán las ventas anuales que corresponden a cada operador y que servirán de base para el cálculo de la cuota tributaria a ingresar en el Tesoro Público. En tanto en cuanto no se dicte la resolución a que se refiere el párrafo anterior, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo efectuará la liquidación prevista en la letra f) de este apartado conforme a las ventas anuales establecidas para el ejercicio inmediatamente anterior. Una vez dictada la resolución por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, éste efectuará las regularizaciones que, en su caso, procedan de acuerdo con la determinación de ventas que la misma hubiese establecido.
c) Devengo de la tasa. La tasa se devengará el día último de cada mes natural.
d) Sujetos pasivos. Los sujetos pasivos de la tasa son los operadores al por mayor a que se refieren los artículos 42 y 45 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.
e) Tipo de gravamen y cuota. El tipo por el que se multiplicará la base imponible para determinar la cuota tributaria a ingresar en el Tesoro Público será de 0,140817 euros/Tm.
f) Normas de gestión. La tasa será objeto de liquidación mensual por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ascendiendo el importe de cada liquidación practicada a la doceava parte de la cuota tributaria definida en la letra e) anterior.
El ingreso de la tasa liquidada y notificada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se realizará por los sujetos pasivos definidos en la letra d) anterior en los plazos fijados en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Segundo. Tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector de hidrocarburos gaseosos.
a) Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios y realización de actividades por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el sector de los hidrocarburos gaseosos, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
b) Base imponible. La base imponible de la tasa viene constituida por la facturación total derivada de la aplicación de peajes y cánones a que se refiere el artículo 92 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.
c) Devengo. La tasa se devengará el día último de cada mes natural.
d) Sujetos pasivos. Los sujetos pasivos de la tasa son las empresas que realicen las actividades de regasificación, almacenamiento en tanques de GNL, almacenamiento básico, transporte y distribución, en los términos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre.
e) Tipos de gravamen y cuota. El tipo por el que se multiplicará la base imponible para determinar la cuota tributaria a ingresar en el Tesoro Público será de 0,140 por ciento.
f) Normas de gestión. La tasa será objeto de autoliquidación mensual por los sujetos pasivos definidos en la letra d) anterior. El sujeto pasivo cumplimentará el correspondiente impreso de declaración-liquidación, según los modelos que apruebe mediante Resolución el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, antes del día 25 de cada mes, los sujetos pasivos deberán presentar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo declaración-liquidación sobre la facturación total correspondiente al mes anterior, con desglose de períodos y facturas.
El plazo para el ingreso de las tasas correspondientes a la facturación de cada mes, será, como máximo, el día 10, o el siguiente día hábil, del mes siguiente al siguiente a aquel a que se refiera el período de facturación liquidado.
g) Integración de la tasa en la estructura de peajes y cánones prevista en la Ley 34/1998, de 7 de octubre. La tasa por prestación de servicios y realización de actividades en el sector de hidrocarburos gaseosos tiene la consideración de coste permanente del sistema gasista, integrándose a todos los efectos en la estructura, peajes y cánones establecida por la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y disposiciones de desarrollo de la misma.
Tercero. Tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector eléctrico.
a) Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios y realización de actividades por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en relación con el sector eléctrico, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
b) Exenciones y bonificaciones. En materia de exenciones y bonificaciones se estará a lo establecido en la Disposición adicional única del Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de transporte, distribución y comercialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, por la que se determina el régimen de exenciones y coeficientes reductores aplicable a las cuotas a que se refiere el artículo 5 del citado Real Decreto.
Asimismo, resultará de aplicación lo dispuesto en la Disposición transitoria sexta del citado Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre.
c) Base imponible. La base imponible de la tasa viene constituida por la facturación total derivada de la aplicación de los peajes de acceso a que se refiere el artículo 17 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.
d) Devengo de la tasa. La tasa se devengará el día último de cada mes natural.
e) Sujetos pasivos. Los sujetos pasivos de la tasa son las empresas que desarrollan las actividades de transporte y distribución, en los términos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.
f) Tipos de gravamen y cuota. El tipo por el que se multiplicará la base imponible para determinar la cuota tributaria a ingresar en el Tesoro Público será de 0,150 por ciento, para los peajes a que se refiere el artículo 17 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.
g) Normas de gestión. La tasa será objeto de autoliquidación mensual por los sujetos pasivos definidos en la letra e) anterior. El sujeto pasivo cumplimentará el correspondiente impreso de declaración-liquidación, según los modelos que apruebe mediante resolución el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, antes del día 25 de cada mes, los sujetos pasivos deberán presentar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo declaración-liquidación sobre la facturación total correspondiente al mes anterior, con desglose de periodos y facturas.
El ingreso de las tasas correspondientes a la facturación del penúltimo mes anterior se realizará antes del día 10 de cada mes o, en su caso, del día hábil inmediatamente posterior.
h) Integración de la tasa en la estructura de peajes prevista en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre. La tasa por prestación de servicios y realización de actividades en el sector eléctrico tiene la consideración de coste permanente del sistema, en los términos previstos en el artículo 16.5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, integrándose a todos los efectos en la estructura de peajes establecida por la citada Ley y disposiciones de desarrollo de la misma.
2. La gestión y recaudación en período voluntario de las tasas definidas en la presente Disposición corresponderá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normativa de aplicación.
La competencia para acordar el aplazamiento y fraccionamiento de pago en período voluntario de las tasas definidas en la presente Disposición, corresponderá, asimismo, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, según lo previsto en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. La recaudación en vía ejecutiva será competencia de los órganos de recaudación de la Hacienda Pública, de acuerdo con lo previsto en la normativa tributaria.
3. En lo no previsto en los apartados anteriores será de aplicación lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y normas de desarrollo de las mismas.
4. Los tipos de gravamen serán revisados por el Gobierno con carácter cuatrienal, adaptándolos a las necesidades de financiación que justifiquen la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
La primera revisión se realizará al año siguiente en que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ejerza de forma efectiva las funciones encomendadas en la Disposición adicional octava de esta Ley.
5. La prestación de servicios y realización de actividades por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a que se hace referencia en los apartados Primero a), Segundo a) y Tercero a) incluirá aquellos realizados por organismos adscritos al mismo a los que el citado Ministerio encomiende la prestación o realización de los servicios y actividades.
6. En las leyes de presupuestos generales del Estado de cada año se determinará qué porcentaje de lo recaudado por las tasas previstas en los apartados Segundo y Tercero se destinará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el ejercicio de sus funciones en el ámbito del sector energético.
5. Tasa por la gestión administrativa del juego
La gestión de esta tasa será realizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
II. Prestaciones patrimoniales de carácter público
1. Aportaciones a realizar por los operadores de telecomunicaciones y por los prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual televisiva, de ámbito geográfico estatal o superior al de una Comunidad Autónoma, reguladas en los artículos 5 y 6 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación Radio y Televisión Española.
2. Contribución postal regulada en el artículo 31 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre. | Ley de creación de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia | JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.
PREÁMBULO
I
El funcionamiento eficiente de los mercados y la existencia de una competencia efectiva son principios básicos de la economía de mercado, la cual impulsa y promueve la productividad de los factores y la competitividad general de la economía en beneficio de los consumidores. Estos principios son también fundamentales en el diseño y definición de las políticas regulatorias de las actividades económicas.
En este marco, los organismos supervisores tienen por objeto velar por el correcto funcionamiento de determinados sectores de la actividad económica, hacer propuestas sobre aspectos técnicos, así como resolver conflictos entre las empresas y la Administración.
La existencia de organismos independientes se justifica por la complejidad que, en determinados sectores caracterizados principalmente por la potencial existencia de fallos de mercado, tienen las tareas de regulación y supervisión, así como por la necesidad de contar con autoridades cuyos criterios de actuación se perciban por los operadores como eminentemente técnicos y ajenos a cualquier otro tipo de motivación.
El origen de los organismos reguladores independientes se remonta a 1887, cuando el Congreso de los Estados Unidos de América encomendó la regulación del sector ferroviario a una entidad independiente: la Comisión de Comercio Interestatal (ICC). Así comenzó un proceso que posteriormente se asentaría con la creación de la Federal Trade Comission en 1914 y con el impulso a las políticas antimonopolio. La experiencia americana de las llamadas comisiones reguladoras independientes se ha integrado en la forma típica de las actuaciones administrativas en los Estados Unidos que es la administración por agencias y ha obedecido a razones propias de su sistema jurídico y estructura administrativa que no se han planteado en los Derechos europeos.
En este lado del Atlántico, los países europeos corrigieron los fallos de funcionamiento de los mercados mediante la nacionalización de las empresas prestadoras de servicios públicos o la creación de sociedades públicas con esta finalidad. Por otro lado, las corrientes europeas de los años setenta del siglo pasado cristalizaron en fórmulas organizativas independientes a la búsqueda de una neutralidad y criterios de especialización técnica en sectores con presencia de intereses sociales muy relevantes, como el bursátil, el de la protección de datos informáticos o el audiovisual.
Confluyendo con las anteriores tendencias, no sería hasta los años ochenta y noventa cuando un amplio conjunto de países de la actual Unión Europea, incluido España, impulsado por las sucesivas directivas reguladoras de determinados sectores de red, tales como la energía, las telecomunicaciones o el transporte, llevó a cabo un intenso proceso liberalizador en el marco del mercado único, que trajo consigo reformas tendentes a asegurar la competencia efectiva en los mercados, la prestación de los servicios universales y la eliminación de las barreras de entrada y las restricciones sobre los precios.
En este contexto surgió un amplio debate sobre el grado en que los nuevos mercados que se abrían a la competencia debían estar sometidos a las normas y autoridades de defensa de la competencia nacionales o si, por el contrario, debían ser los nuevos organismos sectoriales independientes los que llevaran a cabo la supervisión.
En el caso de España, se optó por una separación de funciones. Las autoridades sectoriales se encargaron de asegurar la separación vertical de las empresas entre los sectores regulados y sectores en competencia y resolver los conflictos que pudieran surgir entre los diferentes operadores, especialmente en los casos en que era necesario garantizar el libre acceso a infraestructuras esenciales. Junto a ello, se atribuyeron a los nuevos organismos potestades de inspección y sanción, así como distintas funciones de proposición normativa económica y técnica y la elaboración de estudios y trabajos sobre el sector.
Por su parte, la Autoridad de Defensa de la Competencia ha venido ejerciendo lo que se denomina un control ex post de la libre competencia, investigando y sancionando las conductas contrarias a la normativa de defensa de la competencia, y un control ex ante, examinando las operaciones de concentración empresarial.
Transcurrido cierto tiempo desde la implantación de este sistema, que ha reportado indudables ventajas para el proceso de liberalización y transición a la competencia de los sectores regulados, es necesario revisarlo.
Desde 2011 ha crecido notablemente el número de estos organismos. Hasta entonces eran cinco: Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Competencia, Comité de Regulación Ferroviaria y Comisión Nacional del Sector Postal. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, previó la constitución de un sexto, el organismo regulador del sector del transporte. Más tarde, se aprobó la creación de la Comisión Nacional del Juego y la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria. A ellos hay que unir el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, regulado en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
A la hora de plantear la revisión del sistema, el primer elemento que ha de tomarse en consideración es algo que debe caracterizar, no ya a cualquier mercado, sino a todos los sectores de la actividad económica: la seguridad jurídica y la confianza institucional. Estas se consiguen con unas normas claras, una arquitectura institucional seria y unos criterios de actuación conocidos y predecibles por todos los agentes económicos. Cuanto mayor sea la proliferación de organismos con facultades de supervisión sobre la misma actividad, más intenso será el riesgo de encontrar duplicidades innecesarias en el control de cada operador y decisiones contradictorias en la misma materia.
En segundo lugar, de modo especialmente importante en el entorno de austeridad en el que se encuentra la Administración Pública, se deben aprovechar las economías de escala derivadas de la existencia de funciones de supervisión idénticas o semejantes, metodologías y proced
### RESUMEN: Ley de creación de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia |
A propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de noviembre de 2021,
Vengo en nombrar Directora General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria a doña Elena Biurrun Sainz de Rozas.
Dado en Madrid, el 16 de noviembre de 2021.
FELIPE R.
El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
JOSÉ LUIS ESCRIVÁ BELMONTE | Nombramiento Elena Biurrun como Directora General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria. | A propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de noviembre de 2021,
Vengo en nombrar Directora General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria a doña Elena Biurrun Sainz de Rozas.
Dado en Madrid, el 16 de noviembre de 2021.
FELIPE R.
El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
JOSÉ LUIS ESCRIVÁ BELMONTE
### RESUMEN: Nombramiento Elena Biurrun como Directora General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria. |
De conformidad con lo establecido en el artículo 63.1 de la Constitución, a propuesta del Presidente del Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros del día 2 de marzo de 2018,
Vengo en designar a Su Majestad el Rey don Juan Carlos para que represente a España en los actos de toma de posesión del Presidente de la República de Chile, que tendrán lugar el día 11 de marzo de 2018.
Dado en Madrid, el 2 de marzo de 2018.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY | Juan Carlos representará a España en la toma de posesión del presidente de Chile. | De conformidad con lo establecido en el artículo 63.1 de la Constitución, a propuesta del Presidente del Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros del día 2 de marzo de 2018,
Vengo en designar a Su Majestad el Rey don Juan Carlos para que represente a España en los actos de toma de posesión del Presidente de la República de Chile, que tendrán lugar el día 11 de marzo de 2018.
Dado en Madrid, el 2 de marzo de 2018.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
### RESUMEN: Juan Carlos representará a España en la toma de posesión del presidente de Chile. |
Por la Procuradora Dña. Gema Fernández Blanco San Miguel, en nombre y representación de Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Tercera del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo mediante presentación de demanda contra el Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas, que ha sido admitido a trámite por diligencia de ordenación de 2 de febrero de 2016 de y figura registrado con el número 1/10/2016.
Se conceden nueve días, computados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, para que puedan personarse en dicho recurso, como demandados, quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a derecho de la actuación recurrida.
Madrid, 2 de febrero de 2016.- Aurelia Lorente Lamarca, Letrada de la Administración de Justicia. | Federación de productores audiovisuales se suma a Mediaset y lleva a TS la obligación de financiar cine europeo | Por la Procuradora Dña. Gema Fernández Blanco San Miguel, en nombre y representación de Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Tercera del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo mediante presentación de demanda contra el Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas, que ha sido admitido a trámite por diligencia de ordenación de 2 de febrero de 2016 de y figura registrado con el número 1/10/2016.
Se conceden nueve días, computados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, para que puedan personarse en dicho recurso, como demandados, quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a derecho de la actuación recurrida.
Madrid, 2 de febrero de 2016.- Aurelia Lorente Lamarca, Letrada de la Administración de Justicia.
### RESUMEN: Federación de productores audiovisuales se suma a Mediaset y lleva a TS la obligación de financiar cine europeo |
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Jaime Javier Barrero López, don Ignacio Gil Lázaro, doña Celia Villalobos Talero y don Manuel Cavero Gómez, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de febrero de 2016,
Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
Dado en Madrid, el 12 de febrero de 2016.
FELIPE R.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL | Cruces de Isabel la Católica para Jaime Javier Barrero López, Ignacio Gil Lázaro, Celia Villalobos Talero y Manuel Cavero Gómez. | En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Jaime Javier Barrero López, don Ignacio Gil Lázaro, doña Celia Villalobos Talero y don Manuel Cavero Gómez, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de febrero de 2016,
Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
Dado en Madrid, el 12 de febrero de 2016.
FELIPE R.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
### RESUMEN: Cruces de Isabel la Católica para Jaime Javier Barrero López, Ignacio Gil Lázaro, Celia Villalobos Talero y Manuel Cavero Gómez. |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
c) Número de expediente:
2014/401PA001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicio integral de gestión, en relación con los viajes nacionales e internacionales que se realicen con cargo a los presupuestos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y sus organismos dependientes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
63516000 (Servicios de gestión de viajes).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
8 de marzo de 2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
4.603.596,29 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
13 de mayo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato:
4 de junio de 2014.
c) Contratista:
Viajes Halcón, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
La empresa adjudicataria ha presentado la oferta más ventajosa, obteniendo una puntuación de 100 puntos.
Madrid, 12 de junio de 2014.- La Subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. | Contrato de Sanidad para el servicio integral de gestión, en relación con los viajes nacionales e internacionales que se realicen con cargo a los presupuestos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y sus organismos dependientes | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
c) Número de expediente:
2014/401PA001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicio integral de gestión, en relación con los viajes nacionales e internacionales que se realicen con cargo a los presupuestos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y sus organismos dependientes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
63516000 (Servicios de gestión de viajes).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
8 de marzo de 2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
4.603.596,29 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
13 de mayo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato:
4 de junio de 2014.
c) Contratista:
Viajes Halcón, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
La empresa adjudicataria ha presentado la oferta más ventajosa, obteniendo una puntuación de 100 puntos.
Madrid, 12 de junio de 2014.- La Subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
### RESUMEN: Contrato de Sanidad para el servicio integral de gestión, en relación con los viajes nacionales e internacionales que se realicen con cargo a los presupuestos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y sus organismos dependientes |
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Santa Cruz de Rivadulla a favor de don Juan Armada Diez de Rivera, por fallecimiento de su padre, don Alfonso Armada Comyn.
Madrid, 20 de enero de 2015.–El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. | Tras la muerte de Alfonso Armada, Juan Armada Diez de Rivera hereda el marquesado Santa Cruz de Rivadulla | De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Santa Cruz de Rivadulla a favor de don Juan Armada Diez de Rivera, por fallecimiento de su padre, don Alfonso Armada Comyn.
Madrid, 20 de enero de 2015.–El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.
### RESUMEN: Tras la muerte de Alfonso Armada, Juan Armada Diez de Rivera hereda el marquesado Santa Cruz de Rivadulla |
La normativa vigente en materia de subvenciones aplicable a esta convocatoria está constituida por:
– La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
– El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
– La Orden DEF/3557/2008, de 3 de diciembre 2008 («BOE» de 9 de diciembre de 2008) por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para la promoción y difusión de la cultura de defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas.
– La Orden DEF/783/2012, de 12 de abril («BOE» n.º 92 de 17 de abril), por la que se adecúa a la nueva estructura del Ministerio de Defensa la citada Orden DEF/3557/2008 y
– La Orden DEF/2428/2013, de 29 de noviembre («BOE» núm. 310 de 27 de diciembre de 2013) por la que se convocan las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para promover la cultura de defensa, fomentando el conocimiento de la defensa como elemento esencial para garantizar la seguridad de España y de los españoles, correspondientes al año 2014.
Según lo establecido en las normas antes detalladas, este Ministerio ha resuelto hacer pública la composición de la Comisión de Valoración, así como las subvenciones concedidas para el año 2014.
Primero.
La Comisión de Valoración quedó constituida de la siguiente manera:
– Presidente: D. Alejandro Alvargonzález San Martín, Secretario General de Política de Defensa.
– Vicepresidente: D. Francisco Javier Casas Álvarez, Director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, Jefe del órgano instructor del procedimiento.
– Vocales:
• D.ª Margarita García Moreno, Subdirectora General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, en representación de la citada Subdirección General.
• CN. D. Ignacio García Sánchez, Subdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos, en representación del citado Instituto.
• Cor. D. Antonio Castro Heras, Jefe del Área de Cultura de Defensa de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa.
• D.ª Paloma Casas Santero, Titulada Superior de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa.
– Secretaria: D.ª María Azpeitia Martín, Jefa de Unidad de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa.
– Vocales suplentes:
• Cor. D. Ignacio Fuente Cobo, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, en calidad de suplente del vocal titular que representa al citado Instituto.
• D.ª Elena Martínez Oyarzábal, Jefe de la Unidad de Estudios y Promoción de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, en calidad de suplente de la vocal titular que representa a la citada Subdirección General.
– Secretario suplente: D. Miguel Ángel Piñeiro Álvarez, Técnico Superior de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa.
Segundo.
Previo informe de la Comisión de Valoración, y una vez aprobada la Propuesta de Resolución Definitiva, se conceden subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el año 2014, a 63 proyectos, por importe de ciento ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y tres euros (185.953 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 14.01.121M2.485.03 del presupuesto de gastos del Ministerio de Defensa para el año 2014.
Dichos beneficiarios constan en el documento que como anexo I acompaña a la presente Orden, habiendo sido desestimadas el resto de las solicitudes presentadas correspondientes a 2014, con la salvedad de lo dispuesto en el apartado quinto de la presente Orden.
La adjudicación de ayudas se ha efectuado en aplicación de los criterios de valoración señalados en el apartado undécimo, punto 4, de la Orden de convocatoria, así como los aspectos prioritarios detallados en el Plan Estratégico de Subvenciones correspondiente al año 2014, que se recoge en el apartado segundo de la mencionada convocatoria y de la cantidad asignada en la aplicación presupuestaria 14.01.121M2.485.03.
Asimismo, para la adjudicación de las subvenciones se ha observado el informe previo, preceptivo y vinculante, emitido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 («BOE» núm. 309 de 26 de diciembre), sobre la concesión de subvenciones a una Comunidad Autónoma o a los entes dependientes y vinculados a la administración de una Comunidad Autónoma que hubiera incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria.
Tercero.
Las cuantías concedidas como ayuda para cada proyecto sólo podrán destinarse a cada uno de los proyectos concedidos que figuran en el Anexo I, no pudiendo trasvasarse cantidades a otros proyectos distintos.
Cuarto.
Los beneficiarios quedan sujetos a las obligaciones establecidas en la Orden de convocatoria y en la normativa vigente en materia de subvenciones. En aquellos casos en que se especifica que se concede subvención para financiar determinados conceptos o partidas de gasto, únicamente podrán abonarse con cargo a la subvención los gastos ocasionados por dichos conceptos, y ello con los límites y condiciones particulares que en su caso pueda establecer la Orden de convocatoria para determinados tipos de gasto.
Quinto.
Conforme a lo dispuesto en el art. 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la presente Orden de concesión contiene, además de la relación de proyectos seleccionados para recibir subvención, una relación ordenada de todos los proyectos que, habiendo cumplido con las condiciones administrativas y técnicas establecidas para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimados por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, y figuran, por tanto, en calidad de suplentes, con indicación de la puntuación otorgada a cada uno de ellos y de la cuantía asignada.
Si alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención concedida, el órgano concedente podrá acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al suplente siguiente en orden de puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.
Lo citado en el párrafo anterior se podrá llevar a cabo siempre que la realización del proyecto siguiente en orden de puntuación fuese posible en la fecha en que se comunicase la posibilidad de acceder a la subvención, teniendo en cuenta que los proyectos deberán realizarse a partir del 1 de enero y hasta el 30 de noviembre. En este supuesto, el órgano concedente comunicará esta posibilidad a los interesados, a fin de que den su conformidad a la propuesta de subvención en el plazo máximo de 10 días hábiles. Una vez aceptada la propuesta, el órgano concedente dictará la nueva Resolución de concesión y procederá a su comunicación.
La relación ordenada de suplentes figura como anexo II.
Sexto.
Según lo establecido en el apartado decimocuarto de la resolución de convocatoria, la competencia para la comprobación de la realización del proyecto subvencionado y de la justificación del mismo, corresponderá al Secretario General de Política de Defensa. En el desempeño de la preceptiva comprobación, podrán intervenir, a criterio del Secretario General de Política de Defensa, las unidades orgánicamente o funcionalmente dependientes de dicho centro directivo.
Séptimo.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso administrativo de reposición ante el Ministro de Defensa, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Asimismo, cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación o al de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Madrid, 28 de mayo de 2014.–El Ministro de Defensa, P.D. (Orden DEF/783/2012, de 12 de abril), el Secretario General de Política de Defensa, Alejandro Alvargonzález San Martín. | Reparto ayudas para fomentar cultura de la Defensa: Muchas universidades y alguna asociación chunguilla | La normativa vigente en materia de subvenciones aplicable a esta convocatoria está constituida por:
– La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
– El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
– La Orden DEF/3557/2008, de 3 de diciembre 2008 («BOE» de 9 de diciembre de 2008) por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para la promoción y difusión de la cultura de defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas.
– La Orden DEF/783/2012, de 12 de abril («BOE» n.º 92 de 17 de abril), por la que se adecúa a la nueva estructura del Ministerio de Defensa la citada Orden DEF/3557/2008 y
– La Orden DEF/2428/2013, de 29 de noviembre («BOE» núm. 310 de 27 de diciembre de 2013) por la que se convocan las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para promover la cultura de defensa, fomentando el conocimiento de la defensa como elemento esencial para garantizar la seguridad de España y de los españoles, correspondientes al año 2014.
Según lo establecido en las normas antes detalladas, este Ministerio ha resuelto hacer pública la composición de la Comisión de Valoración, así como las subvenciones concedidas para el año 2014.
Primero.
La Comisión de Valoración quedó constituida de la siguiente manera:
– Presidente: D. Alejandro Alvargonzález San Martín, Secretario General de Política de Defensa.
– Vicepresidente: D. Francisco Javier Casas Álvarez, Director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, Jefe del órgano instructor del procedimiento.
– Vocales:
• D.ª Margarita García Moreno, Subdirectora General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, en representación de la citada Subdirección General.
• CN. D. Ignacio García Sánchez, Subdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos, en representación del citado Instituto.
• Cor. D. Antonio Castro Heras, Jefe del Área de Cultura de Defensa de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa.
• D.ª Paloma Casas Santero, Titulada Superior de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa.
– Secretaria: D.ª María Azpeitia Martín, Jefa de Unidad de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa.
– Vocales suplentes:
• Cor. D. Ignacio Fuente Cobo, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, en calidad de suplente del vocal titular que representa al citado Instituto.
• D.ª Elena Martínez Oyarzábal, Jefe de la Unidad de Estudios y Promoción de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, en calidad de suplente de la vocal titular que representa a la citada Subdirección General.
– Secretario suplente: D. Miguel Ángel Piñeiro Álvarez, Técnico Superior de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa.
Segundo.
Previo informe de la Comisión de Valoración, y una vez aprobada la Propuesta de Resolución Definitiva, se conceden subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el año 2014, a 63 proyectos, por importe de ciento ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y tres euros (185.953 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 14.01.121M2.485.03 del presupuesto de gastos del Ministerio de Defensa para el año 2014.
Dichos beneficiarios constan en el documento que como anexo I acompaña a la presente Orden, habiendo sido desestimadas el resto de las solicitudes presentadas correspondientes a 2014, con la salvedad de lo dispuesto en el apartado quinto de la presente Orden.
La adjudicación de ayudas se ha efectuado en aplicación de los criterios de valoración señalados en el apartado undécimo, punto 4, de la Orden de convocatoria, así como los aspectos prioritarios detallados en el Plan Estratégico de Subvenciones correspondiente al año 2014, que se recoge en el apartado segundo de la mencionada convocatoria y de la cantidad asignada en la aplicación presupuestaria 14.01.121M2.485.03.
Asimismo, para la adjudicación de las subvenciones se ha observado el informe previo, preceptivo y vinculante, emitido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 («BOE» núm. 309 de 26 de diciembre), sobre la concesión de subvenciones a una Comunidad Autónoma o a los entes dependientes y vinculados a la administración de una Comunidad Autónoma que hubiera incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria.
Tercero.
Las cuantías concedidas como ayuda para cada proyecto sólo podrán destinarse a cada uno de los proyectos concedidos que figuran en el Anexo I, no pudiendo trasvasarse cantidades a otros proyectos distintos.
Cuarto.
Los beneficiarios quedan sujetos a las obligaciones establecidas en la Orden de convocatoria y en la normativa vigente en materia de subvenciones. En aquellos casos en que se especifica que se concede subvención para financiar determinados conceptos o partidas de gasto, únicamente podrán abonarse con cargo a la subvención los gastos ocasionados por dichos conceptos, y ello con los límites y condiciones particulares que en su caso pueda establecer la Orden de convocatoria para determinados tipos de gasto.
Quinto.
Conforme a lo dispuesto en el art. 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la presente Orden de concesión contiene, además de la relación de proyectos seleccionados para recibir subvención, una relación ordenada de todos los proyectos que, habiendo cumplido con las condiciones administrativas y técnicas establecidas para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimados por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la
### RESUMEN: Reparto ayudas para fomentar cultura de la Defensa: Muchas universidades y alguna asociación chunguilla |
En el recurso contencioso-administrativo número 1/91/2018, interpuesto UBER BV, contra el Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se establecen normas complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha 6 de marzo de 2020 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido estimar el recurso contencioso-administrativo n.º 91/2018 interpuesto en representación de Uber BV contra el Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se establecen normas complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, con los siguientes pronunciamientos:
1. Declaramos nulos los artículos 1 y 2 y la disposición transitoria única del citado Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre.
2. Se imponen las costas de este proceso a las partes demandada y codemandadas, por terceras e iguales partes, en los términos señalados en el fundamento jurídico séptimo.
3. Una vez firme, publíquese esta parte dispositiva de la sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.–Eduardo Espín Templado, José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat, Eduardo Calvo Rojas, José María del Riego Valledor, María Isabel Perelló Doménech, Diego Córdoba Castroverde y Ángel Arozamena Laso. | Fallo de la sentencia del Supremo que dio la razón a Uber y eliminó el veto a vender la licencia durante dos años y el registro de servicios. | En el recurso contencioso-administrativo número 1/91/2018, interpuesto UBER BV, contra el Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se establecen normas complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha 6 de marzo de 2020 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido estimar el recurso contencioso-administrativo n.º 91/2018 interpuesto en representación de Uber BV contra el Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se establecen normas complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, con los siguientes pronunciamientos:
1. Declaramos nulos los artículos 1 y 2 y la disposición transitoria única del citado Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre.
2. Se imponen las costas de este proceso a las partes demandada y codemandadas, por terceras e iguales partes, en los términos señalados en el fundamento jurídico séptimo.
3. Una vez firme, publíquese esta parte dispositiva de la sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.–Eduardo Espín Templado, José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat, Eduardo Calvo Rojas, José María del Riego Valledor, María Isabel Perelló Doménech, Diego Córdoba Castroverde y Ángel Arozamena Laso.
### RESUMEN: Fallo de la sentencia del Supremo que dio la razón a Uber y eliminó el veto a vender la licencia durante dos años y el registro de servicios. |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social: Contratación.
2) Domicilio:
Calle de Albasanz, 23, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28037.
4) Teléfono:
913903057.
5) Telefax:
913902905.
6) Correo electrónico:
unidad.contratacion.giss@seg-social.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.seg-social.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
18 de abril de 2013.
d) Número de expediente:
7115/13G.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicio de mantenimiento de los sistemas de ensobrado, corte y plegado de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Único criterio: precio.
4. Valor estimado del contrato:
3.261.000.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 1.630.500 euros. Importe total: 1.972.905 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo P, Subgrupo 6, Categoría D.
c) Otros requisitos específicos:
Ver pliegos.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
A las 14:00 horas del 18 de abril de 2013.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social: Registro.
2) Domicilio:
Calle de Albasanz, 23, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28037.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Acto Público.
b) Dirección:
Calle del Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad y código postal:
Madrid, 28007.
d) Fecha y hora:
9 de mayo de 2013, a las 10:00 horas.
10. Gastos de publicidad:
Serán a cuenta del adjudicatario y su importe no será superior a 1.000 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
26 de febrero de 2013.
Madrid, 26 de febrero de 2013.- El Gerente de Informática de la Seguridad Social. | La gerencia de informática de la Seguridad Social licita el ensobrado, corte y plegado por importe total de 1.972.905 euros. | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social: Contratación.
2) Domicilio:
Calle de Albasanz, 23, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28037.
4) Teléfono:
913903057.
5) Telefax:
913902905.
6) Correo electrónico:
unidad.contratacion.giss@seg-social.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.seg-social.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
18 de abril de 2013.
d) Número de expediente:
7115/13G.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicio de mantenimiento de los sistemas de ensobrado, corte y plegado de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Único criterio: precio.
4. Valor estimado del contrato:
3.261.000.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 1.630.500 euros. Importe total: 1.972.905 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo P, Subgrupo 6, Categoría D.
c) Otros requisitos específicos:
Ver pliegos.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
A las 14:00 horas del 18 de abril de 2013.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social: Registro.
2) Domicilio:
Calle de Albasanz, 23, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28037.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Acto Público.
b) Dirección:
Calle del Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad y código postal:
Madrid, 28007.
d) Fecha y hora:
9 de mayo de 2013, a las 10:00 horas.
10. Gastos de publicidad:
Serán a cuenta del adjudicatario y su importe no será superior a 1.000 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
26 de febrero de 2013.
Madrid, 26 de febrero de 2013.- El Gerente de Informática de la Seguridad Social.
### RESUMEN: La gerencia de informática de la Seguridad Social licita el ensobrado, corte y plegado por importe total de 1.972.905 euros. |
BDNS(Identif.): 326576.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios: Las personas que se encuentren disfrutando de ayudas de FPU en la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes, que cumplan los requisitos que se especifican en la presente convocatoria para cada tipo de ayudas complementarias y que mantengan la condición de beneficiarios de FPU durante la actuación que financia la ayuda complementaria.
Segundo. Objeto. Ayudas complementarias de movilidad para estancias breves en centros extranjeros, y excepcionalmente españoles, y las de traslados temporales a centros extranjeros.
Tercero. Bases reguladoras. Orden ECD/1619/2013, de 4 de septiembre, que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en los ámbitos de los subprogramas de formación y movilidad del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (BOE de 7 de septiembre).
Cuarto. Cuantía.
a) Una ayuda mensual para gastos de manutención por un máximo de 1.500 €, un máximo de 50 € por día de estancia y alojamiento, complementaria a la ayuda para contrato.
b) Una ayuda para gastos de viaje, un máximo de 600 €, cuando el lugar de destino sea un país de Europa; y un máximo de 1.200 €, cuando el lugar de destino sea un país del resto del mundo.
c) Un seguro de accidentes y de asistencia sanitaria, en el caso de destinos en países sin cobertura de la Seguridad Social.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Desde el 16 hasta el 30 de enero de 2017, a las 14 horas (horario peninsular), ambos inclusive.
Sexto: Las solicitudes se cumplimentarán en los formularios que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hará accesible en su sede electrónica https://sede.educacion.gob.es. Junto a la solicitud se presentará:
a) Memoria justificativa que contenga información breve sobre el periodo de formación realizado y la previsión para la presentación de la tesis; objeto de la estancia y el plan de trabajo; información sobre la idoneidad del objeto de la estancia y del centro o grupo de investigación de destino en relación con la formación del solicitante; duración de la estancia; objeto de trabajo durante la estancia. La memoria justificativa deberá contar con el V.º B.º del director de tesis y su extensión máxima será de 1.000 palabras.
b) Acreditación documental de la aceptación del grupo o centro de investigación de destino, en el que se va a realizar la estancia o el traslado.
c) Autorización del centro de adscripción donde está realizando la tesis doctoral.
Madrid, 22 de diciembre de 2016.- El Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades (Orden ECD/1721/2016), Marcial Marín Hellín. | Convocatoria ayudas complementarias (manutención, viajes, seguro) para FPU. | BDNS(Identif.): 326576.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios: Las personas que se encuentren disfrutando de ayudas de FPU en la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes, que cumplan los requisitos que se especifican en la presente convocatoria para cada tipo de ayudas complementarias y que mantengan la condición de beneficiarios de FPU durante la actuación que financia la ayuda complementaria.
Segundo. Objeto. Ayudas complementarias de movilidad para estancias breves en centros extranjeros, y excepcionalmente españoles, y las de traslados temporales a centros extranjeros.
Tercero. Bases reguladoras. Orden ECD/1619/2013, de 4 de septiembre, que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en los ámbitos de los subprogramas de formación y movilidad del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (BOE de 7 de septiembre).
Cuarto. Cuantía.
a) Una ayuda mensual para gastos de manutención por un máximo de 1.500 €, un máximo de 50 € por día de estancia y alojamiento, complementaria a la ayuda para contrato.
b) Una ayuda para gastos de viaje, un máximo de 600 €, cuando el lugar de destino sea un país de Europa; y un máximo de 1.200 €, cuando el lugar de destino sea un país del resto del mundo.
c) Un seguro de accidentes y de asistencia sanitaria, en el caso de destinos en países sin cobertura de la Seguridad Social.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Desde el 16 hasta el 30 de enero de 2017, a las 14 horas (horario peninsular), ambos inclusive.
Sexto: Las solicitudes se cumplimentarán en los formularios que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hará accesible en su sede electrónica https://sede.educacion.gob.es. Junto a la solicitud se presentará:
a) Memoria justificativa que contenga información breve sobre el periodo de formación realizado y la previsión para la presentación de la tesis; objeto de la estancia y el plan de trabajo; información sobre la idoneidad del objeto de la estancia y del centro o grupo de investigación de destino en relación con la formación del solicitante; duración de la estancia; objeto de trabajo durante la estancia. La memoria justificativa deberá contar con el V.º B.º del director de tesis y su extensión máxima será de 1.000 palabras.
b) Acreditación documental de la aceptación del grupo o centro de investigación de destino, en el que se va a realizar la estancia o el traslado.
c) Autorización del centro de adscripción donde está realizando la tesis doctoral.
Madrid, 22 de diciembre de 2016.- El Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades (Orden ECD/1721/2016), Marcial Marín Hellín.
### RESUMEN: Convocatoria ayudas complementarias (manutención, viajes, seguro) para FPU. |
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de marzo de 2017,
Vengo en nombrar Embajador de España en los Estados Unidos de América a don Pedro Morenés Eulate.
Dado en Madrid, el 24 de marzo de 2017.
FELIPE R.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
ALFONSO MARÍA DASTIS QUECEDO | El decreto que nombra a Pedro Morenés Eulate embajador de España en EEUU | A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de marzo de 2017,
Vengo en nombrar Embajador de España en los Estados Unidos de América a don Pedro Morenés Eulate.
Dado en Madrid, el 24 de marzo de 2017.
FELIPE R.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
ALFONSO MARÍA DASTIS QUECEDO
### RESUMEN: El decreto que nombra a Pedro Morenés Eulate embajador de España en EEUU |
Por el Procurador D. Manuel Francisco Ortiz de Apodaca García, en nombre y representación de la Diputación Foral de Bizkaia, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, por el que se crea la Central de Información Económico-financiera de las Administraciones Públicas y se regula la remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones, que ha sido admitido a trámite por diligencia de ordenación de 17 de septiembre de 2014, y figura registrado con el número 1/635/2014.
Lo que se hace público a los efectos de que cualquier persona que tenga interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la actuación recurrida pueda personarse como demandado en el expresado recurso en el plazo de nueve días.
Madrid, 17 de septiembre de 2014.- La Secretaria judicial, Aurelia Lorente Lamarca. | Supremo admite un recurso de Bizcaia a decreto de creación de central info económca-financiera de administraciones públicas | Por el Procurador D. Manuel Francisco Ortiz de Apodaca García, en nombre y representación de la Diputación Foral de Bizkaia, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, por el que se crea la Central de Información Económico-financiera de las Administraciones Públicas y se regula la remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones, que ha sido admitido a trámite por diligencia de ordenación de 17 de septiembre de 2014, y figura registrado con el número 1/635/2014.
Lo que se hace público a los efectos de que cualquier persona que tenga interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la actuación recurrida pueda personarse como demandado en el expresado recurso en el plazo de nueve días.
Madrid, 17 de septiembre de 2014.- La Secretaria judicial, Aurelia Lorente Lamarca.
### RESUMEN: Supremo admite un recurso de Bizcaia a decreto de creación de central info económca-financiera de administraciones públicas |
En cumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, se procede a la publicación de la siguiente variación en el Registro de entidades de crédito:
«Con fecha 1 de junio de 2015, ha sido inscrita en el Registro de entidades de crédito, la baja de Barclays Bank, S.A., que mantenía el número de codificación 0065, debido a su fusión por absorción por Caixabank, S.A.»
Madrid, 9 de junio de 2015.–El Secretario General del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez. | Barclays, de baja en el registro de entidades tras su absorción por Caixabank. | En cumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, se procede a la publicación de la siguiente variación en el Registro de entidades de crédito:
«Con fecha 1 de junio de 2015, ha sido inscrita en el Registro de entidades de crédito, la baja de Barclays Bank, S.A., que mantenía el número de codificación 0065, debido a su fusión por absorción por Caixabank, S.A.»
Madrid, 9 de junio de 2015.–El Secretario General del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez.
### RESUMEN: Barclays, de baja en el registro de entidades tras su absorción por Caixabank. |
El apoyo a la actividad de la pequeña y la mediana empresa, motores éstas de la actividad económica del país, es un elemento clave dentro de las políticas públicas de las distintas Administraciones del Estado.
A estos efectos, se entiende por pequeña y mediana empresa, lo establecido en la Recomendación (2003/361/CE) de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, cuyos objetivos son considerar mejor la realidad económica de las pequeñas y las medianas empresas, buscar una adaptación a la evolución económica, distinguir entre diferentes tipos de empresas y que sea un método transparente para calcular los límites financieros y el número de empleados de las mismas.
El desarrollo de estas políticas exige la máxima atención a las cuestiones que afectan a su creación y desarrollo desde organismos de alto nivel en el que estén implicados todos los agentes representativos. En la coyuntura actual, marcada por la ralentización del crecimiento de la economía, la insuficiente iniciativa emprendedora y la alta mortalidad empresarial, es preciso crear el foro adecuado en el que se traten los problemas que afectan a las pequeñas y las medianas empresas y emprendedores dándoles la visibilidad que precisan. Este foro debe constituirse en el lugar de referencia para la coordinación de las actuaciones en que se concrete la política pública de apoyo a la pequeña y la mediana empresa entre los distintos agentes del territorio y centro de debate y asesor en los asuntos citados.
El Consejo Estatal de la Pequeña y la Mediana Empresa, órgano colegiado de carácter consultivo, con amplia representatividad de las Administraciones Públicas y de los distintos agentes económicos y sociales, se constituye como el organismo de referencia para tratar todo aquello que sea propio de la política pública de apoyo a la pequeña y la mediana empresa.
El Consejo Estatal de la Pequeña y la Mediana Empresa tiene como antecedente el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa creado en 1997 mediante Real Decreto 1873/1997, de 12 de diciembre, por el que se crea el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, como órgano colegiado consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a las pequeñas y las medianas empresas para favorecer y facilitar la creación, desarrollo y posibilidades competitivas de las mismas. Adscrito a la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa del entonces Ministerio de Economía y Hacienda, dicho Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa se presenta en el momento de su creación como un foro de intercomunicación permanente entre los agentes relacionados con la actividad de las pequeñas y las medianas empresas: departamentos ministeriales, comunidades autónomas, organizaciones empresariales y expertos en la materia.
Posteriormente se incluye entre estos agentes, como miembros del Observatorio, a representantes de la administración local mediante el Real Decreto 2659/1998, de 14 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1873/1997, de 12 de diciembre, por el que se crea el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa.
Y en 2002, se refuerza la presencia en este órgano de los departamentos ministeriales y de las comunidades autónomas, esta vez mediante el Real Decreto 1204/2002, de 20 noviembre, por el que se regula el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, adecuando también su adscripción a la entonces nueva Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Hacienda.
Finalmente, es en el año 2005 cuando se incorporan como miembros del Observatorio representantes de las organizaciones sindicales, del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, y de las confederaciones empresariales de economía social. Esta incorporación se realiza mediante el vigente Real Decreto 943/2005, de 29 de julio, por el que el Observatorio pasa entonces a depender de la Secretaría General de Industria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Tras estos cambios y catorce años de existencia, el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa continúa constituyendo hasta la actualidad el foro de encuentro por excelencia entre las Administraciones Públicas y las organizaciones empresariales y sindicales para el seguimiento, análisis y propuesta de soluciones que beneficien a las pequeñas y medianas empresas españolas. Sin embargo, no cabe duda de que las circunstancias que configuran el escenario económico y social en el que se desarrolla la política española de pequeña y mediana empresa en la actualidad han variado notablemente desde la aprobación del Real Decreto 943/2005, de 29 de julio, por el que se regula el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa.
En ese sentido, hechos como la adopción en el año 2008 de la «Small Business Act para Europa»-SBA (Ley de la Pequeña Empresa), ha introducido nuevos elementos que requieren la adaptación de su estructura y de su funcionamiento.
Por todo ello y en un contexto de fuerte impulso político a las medidas que afectan a las pequeñas y las medianas empresas como elementos dinamizadores de la economía y generadores de empleo, se considera oportuno transformar dicho observatorio en un consejo estatal. Este organismo resulta más idóneo, por su naturaleza, para responder a las demandas consultivas, de análisis y coordinación existentes.
Así, habiendo sido consultados durante su elaboración los departamentos ministeriales, los organismos responsables de las políticas de promoción de las pequeñas y las medianas empresas de ámbito autonómico, y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal y autonómico potencialmente afectadas o interesadas.
El artículo 40.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, regula la creación de órganos colegiados de carácter interministerial y establece que la norma de creación deberá revestir la forma de Real Decreto en el caso de los órganos colegiados interministeriales cuyo Presidente tenga rango superior al de Director general.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de diciembre de 2013,
DISPONGO:
Artículo 1. Naturaleza y adscripción.
1. Mediante este real decreto se crea y regula el Consejo Estatal de la Pequeña y la Mediana Empresa, en adelante PYME, como órgano colegiado consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a las pequeñas y las medianas empresas para favorecer y facilitar su creación, crecimiento y desarrollo de ventajas competitivas.
2. El ejercicio de las funciones de participación que este real decreto atribuye al Consejo Estatal de la PYME, que queda adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, se llevará a cabo sin perjuicio y con independencia de las funciones de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas atribuidas a la Conferencia Sectorial de la PYME, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el reglamento interno de la Conferencia.
Artículo 2. Funciones.
El Consejo Estatal de la Pequeña y la Mediana Empresa tiene las siguientes funciones:
a) Realizar el seguimiento de la evolución, problemas y políticas que afectan a las pequeñas y las medianas empresas para formular, en su caso, recomendaciones y propuestas sobre las prioridades, mecanismos, actuaciones y cambios regulatorios que sean necesarios para incrementar la actividad y competitividad sostenibles de las pequeñas y las medianas empresas, así como la creación de empresas en España. Para ello, el Consejo analizará la información existente, elaborará informes, y en su caso, promoverá la realización de nuevos estudios que permitan conocer en profundidad la realidad de empresas utilizando, siempre que sea posible, datos desagregados por sexo que permitan conocer la situación de mujeres emprendedoras.
b) Informar con carácter previo el Plan plurianual de apoyo a la PYME.
c) Formular recomendaciones para la coordinación de los distintos programas de apoyo a la PYME, llevados a cabo por los distintos organismos competentes, así como armonizar criterios de prestación de servicios y de apoyo a la PYME.
d) A través de informes y estudios,realizar un seguimiento y una evaluación de la aplicación en España de la «Small Business Act para Europa-SBA» (Ley de la Pequeña Empresa) que permita conocer la evolución, entre otras, de las políticas dirigidas a facilitar el acceso de las pequeñas y las medianas empresas a la financiación, a la internacionalización, a la innovación, a la contratación pública, a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a la reducción de las cargas administrativas que les afectan.
e) Analizar las prácticas europeas e internacionales de apoyo a la pequeña y la mediana empresa y su transferibilidad a España, difundir y efectuar el seguimiento de su implantación, así como orientar a los poderes públicos sobre cómo pueden aplicar el marco jurídico comunitario de manera que se facilite una mayor actividad para las pequeñas y las medianas empresas, realizando si cabe informes divulgativos específicos que ayuden al cambio en la mentalidad de los poderes públicos.
f) Contribuir a la valoración, reconocimiento y desarrollo de la función empresarial ante los medios de comunicación, en el entorno educativo y en la sociedad en general, considerando la conciliación de la vida privada, familiar y laboral.
g) Informar acerca de los proyectos normativos que le someta su presidente.
Artículo 3. Composición.
1. El Consejo Estatal de la PYME estará integrado por los siguientes miembros:
a) Presidente: el titular del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
b) Vicepresidente primero: el titular de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, quien sustituirá al Presidente en casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.
c) Vicepresidente segundo: el titular de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, quien sustituirá al Vicepresidente primero en casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.
d) Trece vocales en representación de los Departamentos ministeriales de la Administración General del Estado con categoría, al menos, de Director General, que corresponderán:
1.º Uno al Ministerio de Justicia.
2.º Dos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
3.º Uno al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
4.º Uno al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
5.º Dos al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
6.º Uno al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
7.º Dos al Ministerio de Economía y Competitividad.
8.º Uno al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
9.º Uno al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
10.º Uno al Ministerio de Fomento.
e) Ocho vocales en representación de otras entidades dependientes de la Administración General del Estado con categoría, al menos, de Director General o asimilado, que corresponderán:
1.º Uno a la Oficina Económica del Presidente.
2.º Uno al Instituto de Crédito Oficial (ICO).
3.º Uno al ICEX. España Exportación e Inversiones.
4.º Uno al Instituto Nacional de Estadística (INE).
5.º Uno al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
6.º Uno a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
7.º Uno a la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR).
8.º Uno a Red.es
f) Un representante por cada comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla con categoría, al menos, de Director General, propuesto por las mismas.
g) Un vocal en representación de Administración Local, designado por la asociación de ámbito estatal más representativa.
h) Cuatro vocales en representación de las organizaciones empresariales de ámbito estatal e intersectorial más representativas de la pequeña y la mediana empresa.
i) Dos vocales en representación de las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal.
j) Un vocal en representación de las confederaciones empresariales de economía social con mayor implantación en el ámbito estatal.
k) Un vocal en representación del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España.
2. La designación de los vocales representantes de la Administración General del Estado y organismos públicos vinculados o dependientes de ella, se realizará de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
3. Los vocales del Consejo Estatal de la PYME serán nombrados de la siguiente manera:
a) Los vocales en representación de los Departamentos ministeriales y de las entidades dependientes de la Administración General del Estado lo serán a propuesta del titular de los Departamentos ministeriales correspondiente. Los vocales en representación de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, lo serán a propuesta de los órganos autonómicos competentes. Estos vocales requerirán el nombramiento del titular del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Los vocales podrán ser sustituidos en su asistencia a las reuniones del Pleno por otro representante de rango equivalente, al menos, al de Subdirector General.
b) Los restantes vocales serán nombrados por el titular del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a propuesta de las correspondientes organizaciones representadas en el Pleno.
4. Los vocales del Consejo Estatal de la PYME cesarán por cualquiera de las siguientes causas:
a) Por renuncia.
b) Por dejar de concurrir los requisitos que determinaron su designación.
c) Por acuerdo del Presidente del Consejo, previa propuesta de quien la hubiera efectuado para su designación.
El cese se producirá en la misma forma que su nombramiento.
Artículo 4. Estructura del Consejo y funcionamiento.
1. El Consejo se estructura en los siguientes órganos:
a) El Pleno.
b) La Comisión Permanente.
2. El Consejo Estatal se regirá por sus propias normas de organización y funcionamiento, que habrán de ser aprobadas por el Pleno, y en todo caso por lo dispuesto en el Capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»
Artículo 5. Pleno.
1. El Pleno del Consejo Estatal de la PYME estará integrado por todos sus miembros.
2. El Pleno del Consejo Estatal de la PYME velará por el cumplimiento de las funciones enumeradas en el artículo 2 y, en concreto, realizará las funciones siguientes:
a) Actuar como órgano consultivo y asesor en las materias que afectan a las PYME.
b) Favorecer el diálogo y la intercomunicación de las distintas administraciones públicas y de los agentes económicos y sociales en orden a dotar de una mayor racionalidad y eficacia a las políticas dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas.
c) Formular propuestas de actuación a las Administraciones Públicas competentes y recomendaciones a los agentes intermedios y agentes sociales y a las PYME, para mejorar el crecimiento, la eficiencia y la productividad de estas empresas.
d) Favorecer el cambio de mentalidad en las distintas Administraciones Públicas y de los agentes económicos y sociales para aprovechar todo el potencial de las PYME.
3. El Pleno del Consejo Estatal de la PYME se reunirá, con carácter ordinario, al menos una vez al año y, con carácter extraordinario, cuando su Presidente lo convoque bien a solicitud de la Comisión Permanente o de la mayoría de sus miembros.
4. Actuará como secretario del Pleno, con voz pero sin voto, el titular de la Subdirección General de Entorno Institucional y Programas de Innovación para la PYME, perteneciente a la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, con las funciones previstas en el artículo 25 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 6. Comisión Permanente.
1. La Comisión Permanente estará presidida por el Vicepresidente segundo del Pleno del Consejo Estatal de la PYME y formarán parte de ella los representantes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y los del Ministerio de Economía y Competitividad. Actuará como secretario, con voz pero sin voto, el titular de la Subdirección General de Entorno Institucional y Programas de Innovación para la PYME.
2. La Comisión Permanente ejercerá las funciones siguientes:
a) Coordinar los trabajos encomendados por el Pleno y velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el mismo.
b) Resolver las cuestiones de urgencia que se planteen al Consejo Estatal de la PYME.
c) Proponer al Presidente del Pleno del Consejo el orden del día de las sesiones.
d) Proponer al Pleno la creación de los grupos de trabajo que se consideren oportunos para el cumplimiento de las funciones señaladas en el artículo 2, por propia iniciativa o a propuesta de 20 miembros del Pleno.
e) Cuantos asuntos le sean encomendados por el Pleno.
3. La Comisión Permanente se reunirá cuando la convoque su Presidente y, en todo caso, antes de la convocatoria del Pleno para proponer el orden del día.
Artículo 7. Grupos de Trabajo.
1. Podrán constituirse en el seno del Consejo los grupos de trabajo que el Pleno considere oportunos para el desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 2.
2. Con el fin de racionalizar las estructuras públicas y garantizar la eficacia del Consejo, no podrá haber más de 5 grupos de trabajo funcionando simultáneamente.
3. Los miembros de los grupos de trabajo serán designados por los vocales del Pleno entre las personas pertenecientes a las instituciones a las que representan con un máximo de uno por vocalía, no pudiendo exceder de 15 el número total de miembros de los distintos grupos que puedan constituirse.
En función del contenido técnico, se podrá invitar a asistir a las reuniones de los grupos de trabajo a expertos o personas ajenas al Consejo con reconocido prestigio o implicación en la materia, cuya propuesta de designación y mandato ha de ser aprobados por los miembros del Pleno y que sus funciones se ajusten a lo requerido por los mismos, siendo 10 el número máximo de expertos susceptibles de asistencia a las reuniones de los grupos de trabajo.
4. Los grupos de trabajo se dotarán de sus propias reglas de funcionamiento y estarán presididos por el Vicepresidente primero del Consejo.
Artículo 8. Uso de medios electrónicos.
1. En cumplimiento del artículo 2.4 del Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen determinados órganos colegiados y se establecen criterios de normalización en la creación de órganos colegiados en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, el Consejo Estatal de la PYME promoverá en su funcionamiento la utilización de medios electrónicos, en particular en lo que respecta a la convocatoria de las reuniones, la comunicación del orden del día y el acceso a la documentación producida en el curso de los trabajos de este órgano.
2. Los órganos colegiados de dicho Consejo Estatal podrán constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos, con respeto a los trámites esenciales establecidos en los artículos 26 y el 27.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Conforme a la disposición adicional primera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, lo previsto en el apartado anterior se efectuará con las siguientes garantías:
a) Deberá garantizarse la realización efectiva de los principios que la legislación establece respecto de la convocatoria, acceso a la información y comunicación del orden del día, en donde se especificarán los tiempos en los que se organizarán los debates, la formulación y conocimiento de las propuestas y la adopción de acuerdos.
b) El régimen de constitución y adopción de acuerdos garantizará la participación de los miembros de acuerdo con las disposiciones propias del órgano.
c) Las actas garantizarán la constancia de las comunicaciones producidas así como el acceso de los miembros al contenido de los acuerdos adoptados.
Disposición adicional primera. No incremento de gasto público.
El funcionamiento del Consejo Estatal de la PYME no supondrá incremento alguno del gasto público y será atendido con los recursos materiales y de personal ya existentes en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Disposición adicional segunda. Constitución.
1. El Consejo Estatal de la PYME se constituirá dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor de este Real Decreto.
2. Las Administraciones públicas y organizaciones que lo componen dispondrán de 30 días contados a partir de dicha entrada en vigor para designar a los vocales titulares del mismo.
3. La convocatoria para la sesión constitutiva se realizará por el titular del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 943/2005, de 29 de julio, por el que se regula el Observatorio de la PYME y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza al Ministro de Industria, Energía y Turismo para dictar cuantas normas sean necesarias para el desarrollo y la ejecución de lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 5 de diciembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ | Real Decreto que crea el Consejo Estatal de la pyme para sustituir al Observatorio de la pyme | El apoyo a la actividad de la pequeña y la mediana empresa, motores éstas de la actividad económica del país, es un elemento clave dentro de las políticas públicas de las distintas Administraciones del Estado.
A estos efectos, se entiende por pequeña y mediana empresa, lo establecido en la Recomendación (2003/361/CE) de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, cuyos objetivos son considerar mejor la realidad económica de las pequeñas y las medianas empresas, buscar una adaptación a la evolución económica, distinguir entre diferentes tipos de empresas y que sea un método transparente para calcular los límites financieros y el número de empleados de las mismas.
El desarrollo de estas políticas exige la máxima atención a las cuestiones que afectan a su creación y desarrollo desde organismos de alto nivel en el que estén implicados todos los agentes representativos. En la coyuntura actual, marcada por la ralentización del crecimiento de la economía, la insuficiente iniciativa emprendedora y la alta mortalidad empresarial, es preciso crear el foro adecuado en el que se traten los problemas que afectan a las pequeñas y las medianas empresas y emprendedores dándoles la visibilidad que precisan. Este foro debe constituirse en el lugar de referencia para la coordinación de las actuaciones en que se concrete la política pública de apoyo a la pequeña y la mediana empresa entre los distintos agentes del territorio y centro de debate y asesor en los asuntos citados.
El Consejo Estatal de la Pequeña y la Mediana Empresa, órgano colegiado de carácter consultivo, con amplia representatividad de las Administraciones Públicas y de los distintos agentes económicos y sociales, se constituye como el organismo de referencia para tratar todo aquello que sea propio de la política pública de apoyo a la pequeña y la mediana empresa.
El Consejo Estatal de la Pequeña y la Mediana Empresa tiene como antecedente el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa creado en 1997 mediante Real Decreto 1873/1997, de 12 de diciembre, por el que se crea el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, como órgano colegiado consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a las pequeñas y las medianas empresas para favorecer y facilitar la creación, desarrollo y posibilidades competitivas de las mismas. Adscrito a la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa del entonces Ministerio de Economía y Hacienda, dicho Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa se presenta en el momento de su creación como un foro de intercomunicación permanente entre los agentes relacionados con la actividad de las pequeñas y las medianas empresas: departamentos ministeriales, comunidades autónomas, organizaciones empresariales y expertos en la materia.
Posteriormente se incluye entre estos agentes, como miembros del Observatorio, a representantes de la administración local mediante el Real Decreto 2659/1998, de 14 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1873/1997, de 12 de diciembre, por el que se crea el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa.
Y en 2002, se refuerza la presencia en este órgano de los departamentos ministeriales y de las comunidades autónomas, esta vez mediante el Real Decreto 1204/2002, de 20 noviembre, por el que se regula el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, adecuando también su adscripción a la entonces nueva Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Hacienda.
Finalmente, es en el año 2005 cuando se incorporan como miembros del Observatorio representantes de las organizaciones sindicales, del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, y de las confederaciones empresariales de economía social. Esta incorporación se realiza mediante el vigente Real Decreto 943/2005, de 29 de julio, por el que el Observatorio pasa entonces a depender de la Secretaría General de Industria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Tras estos cambios y catorce años de existencia, el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa continúa constituyendo hasta la actualidad el foro de encuentro por excelencia entre las Administraciones Públicas y las organizaciones empresariales y sindicales para el seguimiento, análisis y propuesta de soluciones que beneficien a las pequeñas y medianas empresas españolas. Sin embargo, no cabe duda de que las circunstancias que configuran el escenario económico y social en el que se desarrolla la política española de pequeña y mediana empresa en la actualidad han variado notablemente desde la aprobación del Real Decreto 943/2005, de 29 de julio, por el que se regula el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa.
En ese sentido, hechos como la adopción en el año 2008 de la «Small Business Act para Europa»-SBA (Ley de la Pequeña Empresa), ha introducido nuevos elementos que requieren la adaptación de su estructura y de su funcionamiento.
Por todo ello y en un contexto de fuerte impulso político a las medidas que afectan a las pequeñas y las medianas empresas como elementos dinamizadores de la economía y generadores de empleo, se considera oportuno transformar dicho observatorio en un consejo estatal. Este organismo resulta más idóneo, por su naturaleza, para responder a las demandas consultivas, de análisis y coordinación existentes.
Así, habiendo sido consultados durante su elaboración los departamentos ministeriales, los organismos responsables de las políticas de promoción de las pequeñas y las medianas empresas de ámbito autonómico, y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal y autonómico potencialmente afectadas o interesadas.
El artículo 40.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, regula la creación de órganos colegiados de carácter interministerial y establece que la norma de creación deberá revestir la forma de Real Decreto en el caso de los órg
### RESUMEN: Real Decreto que crea el Consejo Estatal de la pyme para sustituir al Observatorio de la pyme |
I
El impacto de la crisis sanitaria y económica derivada de la COVID-19 motivó la adopción desde marzo de 2020 de importantes medidas de política económica orientadas a proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas de los hogares, en particular mediante distintos instrumentos de apoyo a la liquidez y solvencia de las empresas y autónomos. Menos de dos años después del inicio de la pandemia, los datos confirman la eficacia de las medidas adoptadas para evitar un impacto estructural sobre la economía. El avance del proceso de vacunación y la mejora de la situación sanitaria han permitido recuperar la movilidad, impulsando una recuperación de la economía y una mejora de la solvencia empresarial que ha ido cobrando mayor intensidad a lo largo del presente año.
No obstante, la persistencia de la pandemia en el entorno europeo y la vulnerabilidad de las empresas en los sectores más afectados en la incipiente fase de recuperación hacen precisa la extensión de algunas de las medidas excepcionales, con el fin de garantizar que las empresas viables podrán aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece esta nueva etapa de expansión económica.
Así, la propia Comisión Europea acaba de aprobar la sexta adenda al Marco Temporal de Ayudas, prorrogando la vigencia de algunas de las medidas de apoyo a las empresas. Y ello con el doble objetivo de intensificar el proceso de recuperación económica y garantizar la seguridad jurídica de los operadores clarificando el marco normativo, ante medidas cuyo plazo de vigencia terminaba a finales de este año.
En este contexto, el presente real decreto-ley establece una serie de disposiciones cuya vigencia se extenderá más allá de diciembre de 2021, con el fin de proporcionar un marco de seguridad jurídica que otorgue estabilidad económica y apoye a las empresas en esta fase de la recuperación. Esto se logrará mediante la extensión del plazo para las ayudas a la liquidez y la solvencia, la exclusión de las pérdidas de 2020 y 2021 a los efectos de la causa de disolución empresarial, la extensión de la moratoria de la obligación de declaración de concurso en el caso de desequilibrios patrimoniales, en tanto se apruebe el nuevo régimen concursal, así como el establecimiento de un marco claro durante 2022 para las inversiones extranjeras directas.
Igualmente, se hace preciso establecer disposiciones que garanticen un régimen de precios aplicable en el caso del cambio de suministrador de gas, así como la viabilidad económica y financiera de las empresas comercializadoras de último recurso. En este sentido, se adoptan tres medidas urgentes en materia energética, particularmente en el ámbito de los hidrocarburos. En primer lugar, se amplía la cobertura para los suministros esenciales de gas natural que no dispongan de contrato de suministro, situación que se da, por ejemplo, ante la desaparición súbita de la comercializadora con la que tengan contratado el suministro. En segundo lugar, se refuerza la garantía de cobro por parte de las comercializadoras de último recurso de gas natural de los déficits que puedan surgir como consecuencia de la limitación del incremento de la tarifa de último recurso (TUR) de gas establecida por el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. Por último, para fomentar el despliegue de la infraestructura de acceso público de recarga rápida de vehículos eléctricos, se introduce una prohibición de las cláusulas de exclusividad en los contratos de suministro de estaciones de servicio.
Por otro lado, ante la situación crítica que sufre el Mar Menor, la iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor, iniciativa en colaboración con los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, Industria, Comercio y Turismo, y Ciencia e Innovación, abarca un amplio conjunto de medidas de distinta índole, orientadas a atajar la crítica situación que atraviesa la laguna, con unos principios orientadores comunes: la restauración del buen estado ecológico de la laguna mediante el restablecimiento de su dinámica natural, la restauración y renaturalización en diferentes ámbitos y la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza. Mediante este real decreto-ley se instrumenta la declaración de interés general de determinadas obras necesarias para la protección y recuperación ambiental del Mar Menor.
Por último, el Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras, fija el plazo para la extinción de la relación laboral para realizar las labores de cierre y rehabilitación del espacio natural afectado por el cierre de la mina antes del 31 de diciembre de 2021. Este plazo no permite acompasar el régimen de las ayudas al ritmo de ejecución de los trabajos de abandono de labores y restauración, de modo que se otorgue la cobertura pretendida a los trabajadores del sector.
La modificación que se propone del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, pretende evitar que estos trabajadores se vean perjudicados por el desarrollo de las necesarias labores de cierre y restauración, permitiendo el acceso de estas ayudas a aquellos trabajadores que estén realizando labores de cierre y rehabilitación en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025.
II
Mediante los Reales Decretos-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, se introdujeron, entre otras medidas dirigidas a hacer frente al impacto económico y social ocasionado por la pandemia, dos líneas de avales por importe de hasta 140.000 millones de euros, destinados a garantizar la financiación concedida a autónomos y empresas españolas afectados por los efectos económicos de la COVID-19.
En origen, la posibilidad de otorgar avales con cargo a tales líneas estaba limitada a 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo establecido inicialmente en el Marco Temporal de la Comisión Europea relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19. Con ocasión de las sucesivas ampliaciones del Marco Temporal, como consecuencia de la extensión en el tiempo del impacto económico derivado de la crisis sanitaria, se ha extendido tal posibilidad en dos ocasiones: el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, lo hizo hasta 30 de junio de 2021 y el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de COVID-19, hasta 31 de diciembre de 2021.
El 18 de noviembre de 2021 se aprobó la sexta enmienda del Marco Temporal de la Comisión Europea, que extiende su vigencia, con carácter general, hasta el 30 de junio de 2022. En este contexto, resulta oportuno alinear la regulación española a este nuevo plazo. Aunque no cabe duda de que el proceso de recuperación económica en nuestro país está en marcha, persisten aún algunos de sus efectos y conviene mantener los apoyos a empresas y autónomos hasta que la recuperación esté más consolidada, con el fin de asegurar el proceso de reactivación económica. En consecuencia, mediante este real decreto-ley, se establece la misma fecha de 30 de junio de 2022 como límite para la concesión de avales públicos para atender las necesidades de liquidez e inversión de autónomos y empresas, modificando así lo previsto en los artículos 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y 1 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio.
Estos avales se otorgarán de conformidad con la normativa europea al respecto. En particular, la extensión del plazo de concesión en relación con los avales cuya base jurídica sea el Marco Temporal de la Comisión Europea no será de aplicación hasta que haya sido autorizada mediante Decisión de la Comisión Europea.
Igualmente, se extiende hasta el 30 de junio de 2022 el plazo para la devolución por parte de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla del remanente de las transferencias de ayudas directas previstas en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
III
A través del artículo 18 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, derogado y sustituido por el artículo 13 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, se acordó excluir las pérdidas de 2020 a los efectos de la determinación de causas de disolución de sociedades de capital. Gracias a dicha medida se logró evitar la liquidación de empresas que resultan viables en unas condiciones de funcionamiento de mercado normales, lo que hubiera provocado un escenario indeseable tanto sobre la estabilidad económica como sobre la preservación del valor económico de las empresas y los puestos de trabajo. La medida se ha mostrado como un gran acierto que ha ayudado a limitar el impacto económico de la crisis sanitaria al permitir ganar tiempo a las empresas, acceder a financiación, pública o privada, e ir recuperando su actividad ordinaria.
Dado el impacto de la crisis sanitaria sobre los resultados empresariales durante 2021, y en tanto culmina el proceso en marcha de reforma de la normativa concursal, resulta imprescindible extender este tratamiento durante un ejercicio adicional para que los objetivos perseguidos por la misma continúen vigentes. Se favorecerá así un crecimiento económico más vigoroso en los próximos meses, en el contexto de recuperación económica, al permitir la vuelta a la normalidad de las empresas viables, que irán retomando su ciclo productivo sin verse obligadas a invocar una medida que no estaría motivada por la realidad económica sino por una crisis de origen sanitario.
Por ello, se establece la prórroga exclusivamente durante el ejercicio 2021 de la medida excepcional prevista en el artículo 13 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre. En consecuencia, a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas, no se computarán las de los ejercicios 2020 y 2021, sin que surtan efecto las pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto hasta la mitad del capital social hasta el resultado del ejercicio 2022.
Asimismo, se extienden hasta el 30 de junio de 2022, las moratorias previstas en el artículo 6 de la citada Ley, para evitar el desencadenamiento automático de procesos concursales, con el fin de dotar de un margen de tiempo adicional para que las empresas que están pasando por mayores dificultades como consecuencia de la situación económica generada por la crisis de la COVID-19, puedan restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso.
Esta prórroga se corresponde con la ampliación del marco temporal de ayudas concedido por la Comisión europea en su Decisión de 18 de noviembre de 2021 y proporciona seguridad jurídica durante el periodo transitorio hasta que se complete la tramitación legislativa en curso para la modernización del régimen concursal español en el marco de la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia). Dicha reforma, que constituye uno de los hitos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, modernizará el sistema concursal español, dotándolo de nuevos instrumentos para la reestructuración temprana de empresas viables, avanzando en la segunda oportunidad para empresarios personas físicas y agilizando y haciendo más eficientes los procesos concursales.
IV
En el contexto económico derivado de la crisis sanitaria, se produjo, entre otras medidas, la modificación de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, por medio del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que añadió un nuevo artículo 7 bis de suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España.
Conforme al artículo 7 bis, las inversiones extranjeras directas se definen como aquellas que realicen los residentes en países fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), o por residentes en países de la UE o de la AELC en caso de que los titulares reales residan fuera de la UE o de la AELC y que lleven al inversor a ostentar un 10 por ciento o más de la compañía española o una participación efectiva en su gestión y control.
Dada la extensión en el tiempo del impacto económico derivado de la crisis sanitaria, el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, amplió la protección establecida en el citado artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 julio, a las inversiones proveniente de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en ciertas circunstancias. Dicho marco se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2021 mediante el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua.
Dada la persistencia de las algunas circunstancias que motivaron la adopción de esta medida, y con el objetivo de garantizar la protección de la seguridad, salud y orden públicos de nuestro país, así como la necesaria seguridad jurídica para los operadores, es preciso prorrogar la vigencia de esta medida hasta el 31 de diciembre de 2022.
Así, a través del artículo primero de este real decreto-ley, se modifica la disposición transitoria única del referido Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, para prorrogar hasta la citada fecha de 31 de diciembre de 2022 el régimen transitorio por el que el régimen de suspensión de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas regulado en los apartados 2 y 5 del citado artículo 7 bis, se aplicará también a las inversiones extranjeras directas sobre empresas cotizadas en España, o sobre empresas no cotizadas si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros, realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. A estos efectos, se considerarán sociedades cotizadas en España aquéllas cuyas acciones estén, en todo o en parte, admitidas a negociación en un mercado secundario oficial español y tengan su domicilio social en España.
Adicionalmente, esta medida se completa con la disposición adicional primera en la que se recoge un mandato al Gobierno para que provea de una suficiente dotación de recursos humanos a la unidad de gestión competente para la tramitación de las solicitudes de autorización administrativa de las operaciones de inversión extranjera, atendiendo al análisis de necesidades dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio.
V
El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, creó la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas, dirigida a apoyar la solvencia del sector privado, mediante la provisión a empresas y autónomos de ayudas directas de carácter finalista.
La gestión y el control de esta línea, con una dotación total de 7.000 millones de euros, se encomendó a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, encargándose, por consiguiente, de la realización de las correspondientes convocatorias para la concesión de las ayudas, su tramitación, la gestión y resolución de las solicitudes, el abono de las ayudas, así como la realización de los controles previos y posteriores al pago.
Tal y como se dispone en dicho real decreto-ley, antes del 31 de marzo de 2022, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deben reintegrar al Ministerio de Hacienda y Función Pública el saldo no ejecutado ni comprometido a 31 de diciembre de 2021.
Este plazo puede resultar insuficiente para aquellos casos en los que los beneficiarios hayan interpuesto un recurso en vía administrativa contra resoluciones denegatorias dictadas antes del 31 de diciembre de 2021 y que estén pendientes de resolución.
Por ello, se modifica el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, en lo relativo a la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas, con el objetivo de habilitar a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para poder efectuar los reintegros derivados de la no ejecución de las ayudas con anterioridad al anterior plazo previsto del 31 de marzo de 2022, y para que retengan las cantidades necesarias para hacer frente a los pagos que eventualmente puedan derivarse de la estimación de los recursos en vía administrativa interpuestos contra resoluciones denegatorias dictadas antes del 31 de diciembre de 2021 y que estén pendientes de resolución.
Tras resolver los recursos, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán reintegrar al Tesoro Público, antes del 30 de junio de 2022, el resto de los saldos no ejecutados.
VI
En relación con la primera de las medidas de política energética referidas en el apartado I de este real decreto-ley, el Real Decreto 104/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector del gas natural, establece la obligación de suministro por parte de los comercializadores de último recurso, en los casos en que un consumidor sin derecho a acogerse a la tarifa de último recurso transitoriamente carezca de un contrato de suministro en vigor con un comercializador y continúe consumiendo gas. Esta obligación se extiende durante el plazo de un mes desde la finalización del contrato, transcurrido el cual se deberá proceder a la inevitable interrupción del suministro.
El artículo 60 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, establece una serie de servicios que se consideran esenciales tales como los centros sanitarios y hospitales, guarderías y colegios, asilos y residencias de ancianos, instituciones vinculadas a la defensa nacional, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, etc.
En el caso de estos suministros a servicios declarados como esenciales, la interrupción del suministro no es de aplicación, excepto en los casos de peligrosidad cierta para personas y bienes, lo que implicaría que el consumidor se encontrase en una situación de compleja solución en tiempo y forma por lo que podría seguir consumiendo gas sin contrato, algo que sería irregular. Por ello, en el caso de los consumidores esenciales, se considera imprescindible extender la obligación de suministro de los comercializadores de último recurso a estos clientes un máximo de 6 meses o, preferentemente hasta que los mismos dispongan de un contrato de suministro con un comercializador.
Por otro lado, el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, introduce temporalmente, en su disposición adicional séptima, una limitación al incremento del coste del gas en la tarifa de último recurso (TUR) al objeto de atenuar la excepcional subida de los precios internacionales del gas natural. En concreto, la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, limitó la variación del valor del coste de la materia prima en la tarifa de último recurso de gas natural y estableció una metodología para la recuperación de estas cantidades en el futuro.
Con objeto de solventar diversos problemas contables que pudieran afectar a las comercializadoras de último recurso, se modifica el apartado sexto de la citada disposición adicional al objeto de incluir al sistema gasista como garante subsidiario de las cantidades adeudadas. Esta garantía adicional permitirá contabilizar la deuda con la máxima seguridad posible. No se contempla en ningún caso que el mecanismo establecido en el citado real decreto-ley de recuperación de la deuda pueda resultar insuficiente.
VII
Uno de los aspectos más críticos para el despliegue de la movilidad eléctrica es el desarrollo de una infraestructura de recarga pública de alta capacidad, que evite la sensación de «ansiedad de autonomía», que detrae a muchos compradores de la decisión de adquirir y usar los vehículos eléctricos en desplazamientos interurbanos de larga distancia.
Las estaciones de servicio pertenecientes a redes de operadores al por mayor de productos petrolíferos pueden estar explotadas directamente por éstos o pueden funcionar bajo un régimen de abanderamiento o franquicia mediante el cual el minorista explota la estación en nombre y cuenta del operador, a través de un vínculo contractual de suministro en exclusiva de carburante.
Los titulares de instalaciones abanderadas, normalmente pymes, que quieran instalar un punto de recarga pueden estar viéndose obligados a incluir el servicio de recarga eléctrica dentro del contrato de suministro en exclusiva, lo que puede suponer una barrera a la implantación de puntos de recarga.
Para eliminar dicha barrera, se prohíbe la inclusión del servicio de recarga eléctrica dentro del contrato de suministro en exclusiva de carburante que mantienen titular y operador, con objeto de que este último pueda instalar puntos de recarga por sí mismo o a través de un tercero distinto al operador petrolífero.
VIII
El Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras, instrumentó las medidas acordadas en el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027, en un contexto de cierre de la actividad minera extractiva no competitiva de las empresas mineras de carbón, de conformidad con lo establecido en la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas no competitivas.
Dicho Acuerdo, suscrito por el Ministerio para la Transición Ecológica, la central sindical UGT-FICA, la Federación de Industria de CC. OO., la Federación de Industria de USO y la agrupación de empresarios del sector, CARBUNIÓN, con fecha 24 de octubre de 2018, se configuró como un nuevo plan estratégico encaminado a lograr una transición justa hacia un nuevo modelo energético, caracterizado por la descarbonización e impulso a las energías renovables, apoyando a las empresas que cerraban, dando cobertura a los trabajadores que perdían sus puestos de trabajo y respaldando a las comarcas mineras, entre otros de sus objetivos.
Para lograr esa cobertura y proteger a los trabajadores excedentes de la minería del carbón, se instrumentan medidas dirigidas a otorgar nuevas ayudas sociales, flexibilizando sus condiciones y permitiendo unas prestaciones financiadas con cargo esas ayudas sociales, a las que de otro modo no hubiesen tenido acceso. Se persigue con ello, a su vez, en línea con lo previsto por la referida Decisión del Consejo, mitigar el impacto que un alto nivel de desempleo conllevaría en las zonas mineras, ya de por sí, muy desfavorecidas.
A ese régimen especial de ayudas sociales en el sector de la minería del carbón, se dedica el Título I del referido Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, que distingue entre las ayudas por costes laborales para trabajadores de edad avanzada (reguladas en su artículo 1), y las ayudas por costes laborales mediante bajas indemnizadas de carácter voluntario (previstas en su artículo 2); remitiéndose, en todo aquello que no estuviese expresamente previsto, a lo señalado en el Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón, cuyo ámbito de vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025.
En ambas líneas de ayudas se diferencia entre aquellos trabajadores cuya relación laboral se extingue con ocasión del cierre de la unidad productiva en la fecha límite de 31 de diciembre de 2018, y aquellos otros que mantienen su vínculo laboral para realizar las labores de cierre y rehabilitación del espacio natural afectado por el cierre de la mina. Estos últimos, según la redacción actual del Real Decreto-ley, solo podrían acogerse a estas ayudas sociales en el plazo de 36 meses contado desde el 31 de diciembre de 2018, es decir, antes del 31 de diciembre de 2021.
Sin embargo, ese plazo resulta insuficiente y no responde a la situación de las empresas mineras beneficiarias de las ayudas por costes excepcionales destinadas a compensar la clausura de las instalaciones y la restauración del espacio natural, amparadas en la Orden IET/594/2014, de 10 de abril, cuyas labores de cierre y rehabilitación aún están en marcha y se prevé que se extiendan más allá del 31 de diciembre de 2021.
Las últimas ayudas para la restauración no se han terminado de resolver hasta 21 de agosto de 2021 para las dos últimas explotaciones. Es esencial, por consiguiente, acompasar el régimen de las ayudas al ritmo de ejecución de los trabajos de abandono de labores y restauración de modo que se otorgue la cobertura pretendida a los trabajadores del sector.
La modificación que se propone del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, pretende evitar que estos trabajadores se vean perjudicados por el desarrollo de las labores de cierre y restauración (por otro lado, necesarias), permitiendo el acceso de estas ayudas a aquellos trabajadores que realicen labores de cierre y rehabilitación en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025. Esta fecha se corresponde tanto con la vigencia de la citada Orden IET/594/2014, de 10 de abril, como con la del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto.
IX
La intensificación de los usos del territorio que tienen lugar en la cuenca vertiente al Mar Menor, junto a los efectos del cambio global, han hecho que en poco tiempo haya sufrido varios episodios catastróficos, como son las mortalidades masivas de peces y otros organismos marinos acaecidas en 2019 y, más recientemente, en agosto de 2021. Los sucesivos informes encargados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a las más prestigiosas instituciones científicas del país no dejan lugar a dudas: las causas de la degradación siguen actuando, su estado ecológico se sigue deteriorando y el ecosistema ha perdido su resiliencia, de forma que es difícil predecir los efectos de nuevas perturbaciones. Además, están presentes amenazas ciertas, como los restos que la minería metálica ha dejado en las Sierras Mineras, que pueden agravar la degradación de la laguna.
Para revertir la situación de deterioro ecológico, entre otras medidas resulta necesario dar un impulso decidido a las obras de protección y recuperación ambiental del Mar Menor. La declaración de interés general de estas obras posibilita una acción coordinada y decidida, con unos principios orientadores comunes: la restauración del buen estado ecológico de la laguna mediante el restablecimiento de su dinámica natural, la restauración y renaturalización en diferentes ámbitos y la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza.
X
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar reales decretos-leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
En las medidas que se proponen concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuestos habilitantes para la aprobación de un real decreto-ley.
Por lo que respecta al primer aspecto, el empleo de este instrumento normativo con rango de ley está condicionado a la existencia de circunstancias concretas que «por razones difíciles de prever, [se] requiere de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de leyes» (STC 6/1983, de 4 de febrero).
A este respecto, dada la permanencia de circunstancias que motivaron la adopción de las medidas, en todo caso de carácter temporal para afrontar los efectos del impacto económico de la pandemia, resulta imprescindible mantener las referidas medidas temporales objeto de extensión, resultando inviable recurrir a los procedimientos parlamentarios para su mantenimiento.
El Tribunal Constitucional ha declarado que esa situación de extraordinaria y urgente necesidad puede deducirse «de una pluralidad de elementos», entre ellos, «los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma» (STC 6/1983, de 4 de febrero). Por su parte, entre la situación de extraordinaria y urgente necesidad que habilita el empleo del real decreto-ley y las medidas contenidas en él debe existir una «relación directa o de congruencia». Por tanto, para la concurrencia del presupuesto de la extraordinaria y urgente necesidad, la STC 61/2018, de 7 de junio, (FJ 4), exige, por un lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno para su aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la situación de urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella».
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ 3 y 189/2005, de 7 julio, FJ 3), subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad jurídica y la salud pública. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Resulta urgente y necesario extender los plazos de otorgamiento de avales con cargo a las líneas concedidas por los Reales Decretos-ley 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, destinados a garantizar la financiación concedida a autónomos y empresas españolas afectados por los efectos económicos de la COVID-19 y sucesivamente ampliados conforme se ampliaba el Marco Temporal, primero hasta 30 de junio de 2021 y luego hasta 31 de diciembre de 2021.
Aunque no cabe duda de que nos hallamos claramente en un contexto de recuperación económica, es necesario mantener los apoyos a empresas y autónomos para consolidar la recuperación económica. Por ende, se amplía el plazo de otorgamiento de estos avales hasta 30 de junio de 2022, fecha a la que se ha extendido el Marco Temporal de Ayudas.
Asimismo, se extiende la vigencia de varias disposiciones que tienen por objeto lograr el reequilibrio patrimonial de empresas viables cuya situación económica se ha visto afectada por la extensión de la crisis económica derivada de la COVID-19, evitando su entrada en concurso. Por un lado, se amplía hasta 30 de junio de 2022, la exención del deber del deudor que se encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores.
La extraordinaria y urgente necesidad de esta medida se justifica puesto que está próximo a vencer el plazo que se había concedido para la misma, hasta 31 de diciembre de 2021. En tanto se desarrolla un nuevo marco concursal y preconcursal resultante de la transposición de la Directiva de reestructuración e insolvencia, que establezca nuevos instrumentos que permitan la reestructuración de empresas viables y modernice la segunda oportunidad de los empresarios personas físicas, es necesario y urgente, extender las medidas que evitarían la entrada en concurso de empresas viables cuya situación patrimonial se ha visto afectada por la crisis derivada de la COVID-19.
En cuanto a la extensión al ejercicio 2021 del régimen previsto en el artículo 13.1 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, resulta igualmente extraordinaria y urgente su adopción si se quiere aportar estabilidad a los mercados, evitando que por efecto de la situación económica derivada de la pandemia numerosas empresas viables empiecen a presentar problemas que afecten a su estabilidad desde una perspectiva societaria.
Por otro lado, la extraordinaria y urgente necesidad de la adopción de una nueva prórroga de la vigencia del régimen transitorio de suspensión de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio, se basa en el mantenimiento de las razones que llevaron a adoptar inicialmente dicha medida. En particular, cercano ya el vencimiento de dicha medida el 31 de diciembre próximo, continúa siendo patente la necesidad de salvaguardar la seguridad jurídica de los operadores y la protección de la seguridad, salud y orden público en nuestro país en tanto se afianza la recuperación económica y se despejan las circunstancias derivadas de la pandemia de COVID-19.
Por lo anterior, se estima conveniente extender la misma durante todo 2022 con el objetivo de afianzar la seguridad jurídica y añadir certidumbre a los operadores económicos. En un contexto económico global de incertidumbre, los agentes económicos, en particular los inversores, necesitan un clima de inversión estable que favorezca decisiones con implicaciones a medio y largo plazo.
En este sentido, recordemos que las inversiones extranjeras directas objeto de esta regulación tienen un perfil claro de estabilidad y permanencia por lo que, habida cuenta del escaso plazo que resta para la finalización de la prorroga vigente, es especialmente importante proporcionar una rápida respuesta que aporte esa certeza en la toma de decisiones de inversión.
Concurre asimismo extraordinaria y urgente necesidad en la extensión, hasta el 30 de junio de 2022, del plazo previsto para la devolución por parte de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla al Estado del saldo no ejecutado ni comprometido a 31 de diciembre de 2021, correspondiente a las transferencias de ayudas directas previstas en el Real Decreto-ley 5/2021 de 12 de marzo. El plazo previsto en la actualidad para realizar los reintegros puede resultar insuficiente para aquellos casos en los que los beneficiarios hayan interpuesto un recurso en vía administrativa contra resoluciones denegatorias dictadas antes del 31 de diciembre de 2021 y que estén pendientes de resolución.
En el caso de las tres medidas adoptadas en el ámbito energético la concurrencia de las referidas circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad se justifica en lo siguiente:
En lo que se refiere a la extensión del suministro de gas natural a consumidores esenciales que no dispongan transitoriamente de contratos, la situación actual de elevados precios del gas natural, cuya cotización en los mercados internacionales se ha multiplicado por cuatro en los últimos meses, ha incrementado el riesgo de insolvencia y disolución de comercializadoras de gas, como consecuencia de las mayores necesidades de tesorería requeridas para operar en los mercados en la actualidad. Se ha tenido conocimiento de casos de comercializadoras de gas natural que han tenido que cesar su actividad, dejando a sus clientes, algunos de ellos categorizados como esenciales, sin suministro.
Dado que muchos de estos suministros se corresponden con organismos públicos, el plazo de un mes previsto actualmente en la normativa durante el cual son suministrados por las comercializadoras de último recurso es claramente insuficiente para la licitación y adjudicación de un nuevo contrato en el mercado, lo que justifica la extensión de dicho plazo mediante un real decreto-ley.
En relación con el refuerzo de la garantía de cobro del déficit de la tarifa de último recurso de gas natural, resulta necesario y urgente establecerlo con una norma con rango legal, al modificarse el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, y establecerse al sistema gasista como garante de último recurso de las cantidades adeudadas a las comercializadoras de último recurso.
Esta modificación legal debe estar operativa antes de la formulación de cuentas anuales de las compañías, de manera que esta deuda pueda ser calificada como un activo regulatorio, lo que exige su aprobación urgente mediante un real decreto-ley con entrada en vigor antes de finalizar este ejercicio.
El insuficiente desarrollo de la infraestructura de recarga eléctrica de alta capacidad está desincentivando la decisión de compra de vehículos eléctricos, lo que compromete la consecución de los objetivos de descarbonización del sector del transporte, pero también afecta negativamente al sector de la industria de la automoción, que tiene un peso muy significativo en la economía española, en términos de valor añadido, exportaciones y empleo.
El fomento de la electrificación del transporte por carretera, así como la necesidad de acompañar desde la regulación al sector de la automoción, una de las principales palancas para la recuperación económica post COVID-19, justifican la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad para la adopción de esta medida.
Por último, la ampliación del plazo a 31 de diciembre de 2025 para que los trabajadores que mantienen su vínculo laboral para realizar las labores de cierre y rehabilitación del espacio natural afectado por el cierre de la mina puedan acogerse a las ayudas sociales del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, debe aprobarse con carácter urgente porque, de no habilitarse, obligaría a que este grupo de trabajadores tuviera que extinguir su relación laboral antes de 31 de diciembre de 2021, cuando parte de las labores de restauración que están realizando no han hecho sino empezar, por los plazos de adjudicación y consiguiente ejecución de las obras.
La extraordinaria y urgente necesidad de la declaración de obras públicas de interés general del Estado con la finalidad de protección y recuperación ambiental del Mar Menor se justifica por la situación crítica que padece la laguna. Existe un claro consenso científico en relación con las causas que han motivado el actual deterioro al que se enfrenta el Mar Menor, cuya degradación se ha acelerado durante los últimos años, en paralelo con la expansión de determinadas actividades agrícolas y urbanas, a las que hay que sumar otras presiones de tipo minero, turístico, ganadero, etc. El Mar Menor viene sufriendo episodios de eutrofización avanzada, fruto del exceso de nutrientes, principalmente nitratos y fosfatos procedentes de la agricultura intensiva y otras actividades humanas, los cuales llegan a la laguna a través de las cuencas vertientes del Campo de Cartagena. Así, en 2016 se produjo el evento conocido como «sopa verde» que acabó con la mayoría de las praderas de macroalgas y fanerógamas marinas de la laguna, y en 2019 se produjo una mortandad masiva de fauna marina debido a un evento anóxico posterior a unas lluvias torrenciales en el Campo de Cartagena («Gota fría» o «DANA»). Durante el mes de agosto de 2021 ha sucedido otro evento de condiciones de hipoxia en varias localizaciones del Mar Menor, fruto de la eutrofización avanzada que sufre la laguna. Estas condiciones físico-químicas del agua han originado, aunque en menor medida que en 2019, un nuevo evento de mortandad de fauna marina (principalmente, peces y crustáceos). Nuevamente, este evento es debido a la entrada de nitrógeno y fósforo de la agricultura intensiva y otras actividades humanas en el entorno de la albufera que provocaron un afloramiento masivo de fitoplancton iniciado en torno a la rambla del Albujón. Este exceso de fitoplancton ha limitado la entrada de luz y ha afectado tanto a la fotosíntesis como a la disponibilidad de oxígeno disuelto, lo cual ha desencadenado la mencionada mortandad de fauna.
Actualmente, el ecosistema lagunar del Mar Menor ha perdido su capacidad de regulación. El citado deterioro tiene como vehículo transmisor de la contaminación los recursos hídricos, que bien en forma de escorrentía superficial o bien como drenaje a través del acuífero cuaternario de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena, llegan a la laguna alternado dicho ecosistema.
En el conjunto de actuaciones prioritarias definidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para recuperar el Mar Menor, se incluye la realización de las obras de interés general enumeradas en la disposición adicional única. La restauración de ecosistemas en franja perimetral del Mar Menor y la creación del Cinturón Verde tiene como objetivo eliminar las afecciones directas y buscar un efecto tampón o amortiguador de impactos, así como una naturalización del entorno inmediato de la laguna. La renaturalización y mejora ambiental de las ramblas y de la red de drenaje general de la cuenca vertiente al Mar Menor se orienta a garantizar la funcionalidad del territorio, tanto en la respuesta frente a inundaciones como en la mejora de la biodiversidad y en el papel a jugar en la retención de nutrientes y otros compuestos, incluyendo la creación de corredores verdes asociados al Cinturón Verde, para dotar de conectividad a todo el sistema y red de drenaje del Campo de Cartagena. La restauración de emplazamientos mineros peligrosos abandonados y restauración de zonas afectadas por la minería en la zona de influencia al Mar Menor tiene como objetivo evitar la contaminación de los suelos y el acuífero y evitar escorrentías superficiales de residuos mineros peligrosos que entren en el Mar Menor y deterioren su estado. La renovación de la impulsión de la rambla del Albujón pretende alcanzar una explotación próxima a su capacidad hidráulica, paliando la entrada de nutrientes por esta rambla, a la que surgen aguas subterráneas ricas en los mismos. El objetivo de las obras de mejora hidrológica y laminación de crecidas en la cuenca vertiente del Mar Menor es contribuir a minimizar el riesgo de inundaciones en los municipios ribereños, laminando además la entrada masiva de nitratos sin alterar la proporción de agua dulce y salada de la laguna.
Todas estas obras precisan de la declaración de interés general para iniciar de forma inmediata el desarrollo y ejecución de los proyectos urgentes y prioritarios que, con las características de cada uno que han quedado brevemente descritas, tienen en común la finalidad de frenar y revertir el grave deterioro ecológico de la laguna del Mar Menor.
Debe recalcarse también que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
En este sentido, y en relación con la prohibición de afectación a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución Española, la consolidada doctrina constitucional, que resume la STC 139/2016, de 31 de julio (FJ 6), «1.º) (…) este Tribunal ha rechazado una interpretación extensiva de dicho límite que supondría el vaciamiento de la figura del decreto-ley, haciéndolo «inservible para regular con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias incluidas en el título I de la Constitución; 2.º) La cláusula restrictiva debe ser entendida de modo que no se reduzca a la nada la figura del decreto-ley, de suerte que lo que se prohíbe constitucionalmente es que se regule un régimen general de estos derechos, deberes y libertades o que vaya en contra del contenido o elementos esenciales de algunos de tales derechos (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, confirmada por otras posteriores); 3.º) El Tribunal no debe fijarse únicamente en el modo en que se manifiesta el principio de reserva de ley en una determinada materia, sino más bien ha de examinar si ha existido ‘afectación’ por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el título I CE, lo que exigirá tener en cuenta la configuración constitucional del derecho, deber o libertad afectado en cada caso e incluso su ubicación sistemática en el texto constitucional y la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate (…)».
XI
El presente real decreto-ley se ajusta a los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. Las razones de interés general y los objetivos se definen con claridad, en el caso de los cinco artículos: afianzar y consolidar asegurar la reactivación económica, la estabilidad de los mercados y garantizar la protección de la seguridad jurídica; mantener unas medidas que ha logrado evitar la disolución de empresas que resultarían viables en unas condiciones de funcionamiento de mercado normales; así como mantener los apoyos a empresas y autónomos hasta que la recuperación esté claramente asegurada. También en el supuesto de que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla dispongan de los fondos necesarios hasta la resolución de los eventuales recursos pendientes de resolución. En todos los casos, se trata de los instrumentos idóneos para garantizar la consecución de los fines perseguidos.
Por su parte, la disposición adicional se funda igualmente en el interés general que debe coadyuvar a la restauración ecológica del Mar Menor. Por último, las medidas de política energética se ajustan a las necesidades de viabilidad económica y financiera de las empresas comercializadoras de último recurso, a las de cumplimiento de los objetivos de extensión de la electrificación de la movilidad y a las de protección efectiva de los trabajadores mineros dedicados a la restauración ecológica de las zonas mineras, respectivamente.
Conforme al principio de proporcionalidad, es constatable que la regulación contenida es la mínima imprescindible, ya que, en todos los casos, se trata de extender por un tiempo limitado la regulación que se ha demostrado eficaz para la consecución de los objetivos perseguidos, ante la continuidad en el tiempo de las circunstancias que motivaron su adopción.
Lo mismo sucede con las medidas para la restauración ecológica del Mar Menor y con las medidas que afectan al sector energético, en atención a las finalidades que motivan su regulación como se ha expuesto anteriormente.
Asimismo, las medidas de política energética tratan respectivamente de mejorar la realidad de las empresas comercializadoras de último recurso, ajustar la extensión de la política de electrificación de la movilidad y mantener la política de protección de los trabajadores dedicados a trabajos de restauración ecológica de zonas mineras.
En cuanto al principio de seguridad jurídica, la norma es idónea para conseguir la estabilidad buscada durante el tiempo que, a día de hoy, se considera necesario, siendo, a la vez coherente con el marco jurídico nacional, de la Unión Europea e, incluso, internacional, en relación con la AELC.
La transparencia queda garantizada, en la medida en que se trata de la extensión de regímenes ya vigentes, conocidos por el mercado y los agentes económicos y accesible a todos. Y en el caso de las medidas de restauración ecológica del Mar Menor, porque instrumentan determinadas actuaciones prioritarias definidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para recuperar el Mar Menor.
Respecto de las medidas que afectan a la política energética, se trata de medidas que coadyuvan a los requisitos de transparencia financiera de las empresas comercializadoras de último recurso, a una mejora de la política de extensión de la electrificación en la movilidad y a un horizonte de certeza de la protección social de los trabajadores que siguen realizando las labores de restauración en zonas mineras.
Por último, en cuanto al principio de eficiencia, éste resulta evidente, al no incluirse en ninguna de las regulaciones objeto de esta norma requisitos adicionales ni introducirse nuevas cargas con respecto de los que ya puedan existir.
Este real decreto-ley se estructura en nueve artículos, dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales, y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 10.ª,13.ª, 24.ª y 25.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado, respectivamente, las competencias exclusivas sobre la legislación mercantil, el comercio exterior y las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de las Ministras de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de Justicia, de Hacienda y Función Pública, de Industria, Comercio y Turismo, y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de noviembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo primero. Modificación del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.
Se modifica el apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, que queda redactado del siguiente modo:
«2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un importe máximo de 40.000 millones de euros, hasta el 30 de junio de 2022. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.»
Artículo segundo. Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Se modifica el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. El apartado 2 del artículo 29 queda redactado del siguiente modo:
«2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros, hasta el 30 de junio de 2022. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.»
Artículo tercero. Modificación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Uno. El artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 6. Régimen especial de la solicitud de declaración del concurso de acreedores.
1. Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. El cómputo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso previsto en el artículo 5.1 del texto refundido de la Ley Concursal comenzará a contar el día siguiente a dicha fecha.
2. Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. Si hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.»
Dos. Se modifica apartado 1 del artículo 13, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021. Si en el resultado del ejercicio 2022 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.»
Artículo cuarto. Modificación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.
Se modifica la disposición transitoria única del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, que queda redactada en los siguientes términos:
«El régimen de suspensión de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España regulado en los apartados 2 y 5 del artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2022, a las inversiones extranjeras directas sobre empresas cotizadas en España, o sobre empresas no cotizadas si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros, realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. A estos efectos, se considerarán sociedades cotizadas en España aquellas cuyas acciones estén, en todo o en parte, admitidas a negociación en un mercado secundario oficial español y tengan su domicilio social en España.
A efectos de este régimen transitorio, se entenderá por inversiones extranjeras directas aquellas inversiones como consecuencia de las cuales el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10 por 100 del capital social de la sociedad española, o cuando como consecuencia de la operación societaria, acto o negocio jurídico se adquiera el control de dicha sociedad de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 7.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, tanto si se realizan por residentes de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio diferentes a España, como si se realizan por residentes en España cuya titularidad real corresponda a residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. Se entenderá que existe esa titularidad real cuando estos últimos posean o controlen en último término, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 % del capital o de los derechos de voto del inversor, o cuando por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, del inversor.»
Artículo quinto. Modificación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
Se modifica el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, que queda redactado del siguiente modo:
«Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla procederán al reintegro al Tesoro Público de los importes correspondientes conforme a los siguientes apartados:
a) Con anterioridad a 31 de diciembre de 2021 deberán reintegrar la diferencia entre el importe asignado a la Comunidad Autónoma o Ciudad por este Real Decreto-ley y el importe máximo derivado de las solicitudes recibidas.
b) Asimismo, con anterioridad a 31 de diciembre de 2021, podrán reintegrar la diferencia entre el importe máximo derivado de las solicitudes y el importe adjudicado, sin perjuicio de que puedan retener los fondos necesarios para hacer frente a los pagos que eventualmente puedan derivarse de la estimación de los recursos en vía administrativa interpuestos contra resoluciones denegatorias dictadas antes del 31 de diciembre de 2021 y que estén pendientes de resolución.
c) En todo caso, el resto del saldo no ejecutado se deberá reintegrar antes del 30 de junio de 2022.
Antes de 30 de junio de 2022, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla remitirán al Ministerio de Hacienda y Función Pública un estado de ejecución, indicando las cuantías totales de compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados.
Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir junto con la información enumerada en este apartado, informe de sus respectivos órganos de intervención y control en el que se acredite y certifique el importe de los reintegros.»
Artículo sexto. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
El artículo 43 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, se modifica de la siguiente manera:
Uno. Se añade una letra c) al punto 1 con el siguiente tenor literal:
«c) No podrán contener cláusulas de exclusividad en lo relativo a la prestación de servicios de recarga eléctrica a vehículos.»
Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 43 bis que pasa a tener la siguiente redacción:
«4. Lo dispuesto en el presente artículo, a excepción de lo establecido en la letra c) del apartado 1, no será de aplicación cuando los bienes o servicios contractuales sean vendidos por el comprador desde locales y terrenos que sean plena propiedad del proveedor.»
Artículo séptimo. Modificación del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras.
El Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras, se modifica de la siguiente manera:
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 1 que pasa a tener la siguiente redacción:
«2. La extinción de la relación laboral que dará lugar a estas ayudas podrá producirse con anterioridad al 31 de diciembre de 2018, o dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025, para aquellos trabajadores que realicen labores de cierre y rehabilitación del espacio afectado por el cierre de la mina.»
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 2 en los términos siguientes:
«2. Los trabajadores que puedan causar derecho a estas ayudas y contribuyan en las labores de restauración, seguridad y clausura de la explotación minera podrán ver extinguida su relación laboral con posterioridad al cierre efectivo de la unidad de producción el 31 de diciembre de 2018, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025.»
Artículo octavo. Modificación del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.
Se modifica del apartado 6 de la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, que pasa a tener la siguiente redacción:
«6. No se podrá poner fin al procedimiento de recuperación de las cantidades adeudadas hasta que las comercializadoras de último recurso hayan recuperado la totalidad de las mismas, incluyendo, en su caso, los intereses correspondientes.
La facturación de la tarifa de último recurso responderá de estos pagos, y en su defecto, estos tendrán la consideración de desajuste entre ingresos y costes del sistema gasista, conforme a lo dispuesto en al artículo 61 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.»
Artículo noveno. Modificación del Real Decreto 104/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector del gas natural.
Se modifica el apartado 3, del artículo 2 del Real Decreto 104/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector del gas natural, que pasa a tener la siguiente redacción:
«3. Adicionalmente, el comercializador de último recurso perteneciente al grupo empresarial propietario de la red en una zona de distribución, o en el caso de que no exista, el comercializador de último recurso con mayor cuota de mercado en la comunidad autónoma, deberá atender el suministro de aquellos consumidores que, sin tener derecho a acogerse a la tarifa de último recurso, transitoriamente carezcan de un contrato de suministro en vigor con un comercializador y continúen consumiendo gas.
Esta obligación se extiende únicamente durante el plazo de un mes desde la finalización del contrato del cliente.
Transcurrido dicho plazo sin que el consumidor disponga de un contrato en vigor de suministro con un comercializador, se procederá según lo previsto en el artículo 55 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
En el caso de que el consumidor se trate de un servicio esencial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, la obligación de suministro del comercializador de último recurso, se extenderá hasta un máximo de seis meses o preferentemente, hasta que el consumidor disponga de un contrato de suministro en vigor con una comercializadora.»
Disposición adicional primera. Autorizaciones administrativas de las operaciones de inversión extranjera.
Con el fin de garantizar la adecuada tramitación de las solicitudes de autorización administrativa de las operaciones de inversión extranjera, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para dotar a la unidad de gestión competente de los recursos humanos necesarios, atendiendo al análisis de necesidades dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio.
Disposición adicional segunda. Declaración de interés general de determinadas obras de protección y recuperación ambiental del Mar Menor.
1. Se declaran de interés general de la Administración General del Estado las siguientes obras de protección y recuperación ambiental del Mar Menor:
a) Restauración de ecosistemas en franja perimetral del Mar Menor y creación del Cinturón Verde.
b) Restauración de emplazamientos mineros peligrosos abandonados y restauración de zonas afectadas por la minería en la zona de influencia al Mar Menor.
c) Renaturalización y mejora ambiental de las ramblas y creación de corredores verdes que doten de conectividad a toda la red de drenaje, en especial en las ramblas afectadas por la minería.
d) Renovación de la impulsión de la rambla del Albujón.
e) Actuaciones de corrección hidrológica y laminación de crecidas asociadas a las áreas de riesgo potencial significativo de inundación de la cuenca vertiente del Mar Menor.
2. Las obras incluidas en esta disposición llevarán implícita la declaración de utilidad pública y de urgencia a los efectos previstos en los artículos 9, 10, 11 y 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
3. Las obras incluidas en esta disposición se financiarán con cargo al Presupuesto de gastos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Disposición final primera. Salvaguardia del rango de ciertas disposiciones reglamentarias.
Las modificaciones que con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, puedan realizarse respecto al Real Decreto 104/2010, de 5 de febrero, podrán efectuarse por normas con rango de real decreto.
Disposición final segunda. Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 10.ª, 13.ª, 24.ª y 25.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación mercantil, el comercio exterior y las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, obras públicas de interés general y bases del régimen minero y energético, respectivamente.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 23 de noviembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN | Prórroga avales ICO y del régimen especial para concursos de acreedores hasta junio 2022; hasta fin de ese año sigue la autorización de inversiones EU de más de 500M o en cotizadas; las obras del Mar Menor son de interés general... | I
El impacto de la crisis sanitaria y económica derivada de la COVID-19 motivó la adopción desde marzo de 2020 de importantes medidas de política económica orientadas a proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas de los hogares, en particular mediante distintos instrumentos de apoyo a la liquidez y solvencia de las empresas y autónomos. Menos de dos años después del inicio de la pandemia, los datos confirman la eficacia de las medidas adoptadas para evitar un impacto estructural sobre la economía. El avance del proceso de vacunación y la mejora de la situación sanitaria han permitido recuperar la movilidad, impulsando una recuperación de la economía y una mejora de la solvencia empresarial que ha ido cobrando mayor intensidad a lo largo del presente año.
No obstante, la persistencia de la pandemia en el entorno europeo y la vulnerabilidad de las empresas en los sectores más afectados en la incipiente fase de recuperación hacen precisa la extensión de algunas de las medidas excepcionales, con el fin de garantizar que las empresas viables podrán aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece esta nueva etapa de expansión económica.
Así, la propia Comisión Europea acaba de aprobar la sexta adenda al Marco Temporal de Ayudas, prorrogando la vigencia de algunas de las medidas de apoyo a las empresas. Y ello con el doble objetivo de intensificar el proceso de recuperación económica y garantizar la seguridad jurídica de los operadores clarificando el marco normativo, ante medidas cuyo plazo de vigencia terminaba a finales de este año.
En este contexto, el presente real decreto-ley establece una serie de disposiciones cuya vigencia se extenderá más allá de diciembre de 2021, con el fin de proporcionar un marco de seguridad jurídica que otorgue estabilidad económica y apoye a las empresas en esta fase de la recuperación. Esto se logrará mediante la extensión del plazo para las ayudas a la liquidez y la solvencia, la exclusión de las pérdidas de 2020 y 2021 a los efectos de la causa de disolución empresarial, la extensión de la moratoria de la obligación de declaración de concurso en el caso de desequilibrios patrimoniales, en tanto se apruebe el nuevo régimen concursal, así como el establecimiento de un marco claro durante 2022 para las inversiones extranjeras directas.
Igualmente, se hace preciso establecer disposiciones que garanticen un régimen de precios aplicable en el caso del cambio de suministrador de gas, así como la viabilidad económica y financiera de las empresas comercializadoras de último recurso. En este sentido, se adoptan tres medidas urgentes en materia energética, particularmente en el ámbito de los hidrocarburos. En primer lugar, se amplía la cobertura para los suministros esenciales de gas natural que no dispongan de contrato de suministro, situación que se da, por ejemplo, ante la desaparición súbita de la comercializadora con la que tengan contratado el suministro. En segundo lugar, se refuerza la garantía de cobro por parte de las comercializadoras de último recurso de gas natural de los déficits que puedan surgir como consecuencia de la limitación del incremento de la tarifa de último recurso (TUR) de gas establecida por el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. Por último, para fomentar el despliegue de la infraestructura de acceso público de recarga rápida de vehículos eléctricos, se introduce una prohibición de las cláusulas de exclusividad en los contratos de suministro de estaciones de servicio.
Por otro lado, ante la situación crítica que sufre el Mar Menor, la iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor, iniciativa en colaboración con los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, Industria, Comercio y Turismo, y Ciencia e Innovación, abarca un amplio conjunto de medidas de distinta índole, orientadas a atajar la crítica situación que atraviesa la laguna, con unos principios orientadores comunes: la restauración del buen estado ecológico de la laguna mediante el restablecimiento de su dinámica natural, la restauración y renaturalización en diferentes ámbitos y la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza. Mediante este real decreto-ley se instrumenta la declaración de interés general de determinadas obras necesarias para la protección y recuperación ambiental del Mar Menor.
Por último, el Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras, fija el plazo para la extinción de la relación laboral para realizar las labores de cierre y rehabilitación del espacio natural afectado por el cierre de la mina antes del 31 de diciembre de 2021. Este plazo no permite acompasar el régimen de las ayudas al ritmo de ejecución de los trabajos de abandono de labores y restauración, de modo que se otorgue la cobertura pretendida a los trabajadores del sector.
La modificación que se propone del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, pretende evitar que estos trabajadores se vean perjudicados por el desarrollo de las necesarias labores de cierre y restauración, permitiendo el acceso de estas ayudas a aquellos trabajadores que estén realizando labores de cierre y rehabilitación en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025.
II
Mediante los Reales Decretos-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, se introdujeron, entre otras medidas dirigidas a ha
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Visto el texto de los acuerdos de revisión salarial y tablas salariales para el 2017 del VIII Convenio colectivo de la empresa Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., Operadora, S. Unipersonal y sus tripulantes pilotos (código de convenio n.º 90002650011982), publicado en el BOE de 27/05/2014, acuerdos que fueron suscritos, con fecha 21 de febrero de 2018, de una parte por los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y de otra por la sección sindical de SEPLA, en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE del 24), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, esta Dirección General de Empleo resuelve,
Primero.
Ordenar la inscripción de los citados acuerdos de revisión y tablas salariales en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 12 de junio de 2018.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
ACTA DE ACUERDO ENTRE LA DIRECCIÓN DE IBERIA Y LA SECCIÓN SINDICAL DE SEPLA EN IBERIA
En representación de Iberia L.A.E., S.A. Operadora S.U.:
Don Luis Pérez Capitán.
Don Ángel Fernández Sánchez.
Doña Patricia Valcárcel Barajas.
En representación de la Sección Sindical de SEPLA en Iberia:
Don José Luis Fernández Aparicio.
Don Alfonso de Echavarría Vázquez.
Don Ignacio Melero Larrocha.
En Madrid, a las 16:00 horas del día 21 de febrero de 2018, se reúnen los representantes de Iberia y de la Sección Sindical de SEPLA en Iberia, que al margen se relacionan, y
EXPONEN
Primero.
Que el artículo 132 del VIII Convenio Colectivo establece que con efectos de 1 de enero de 2017 se procederá, en su caso, a un incremento salarial de acuerdo a la escala recogida en el citado artículo y referenciada al ratio EBIT/Ingresos de Iberia en 2017.
Segundo.
Que en función del ratio EBIT/Ingresos de Iberia en el año 2017 corresponde un 1,00% de incremento sobre la masa salarial consolidado del colectivo de Tripulantes Pilotos.
Tercero.
Que el último párrafo del artículo 132 del VIII Convenio Colectivo faculta a la Dirección de la Compañía y a la Sección Sindical de SEPLA en Iberia para que establezcan la distribución del importe global resultante de la revisión salarial anterior que, en su caso, corresponda aplicar, incorporándose a las tablas salariales y conceptos retributivos que se vean afectados y que formarán parte integrante del VIII Convenio Colectivo de Tripulantes Pilotos.
Con base a lo anterior, las partes
ACUERDAN
Primero.
Que de conformidad con lo establecido en el exponen, procede la actualización de las tablas salariales para el año 2017, con efectos retroactivos desde 1 de enero de 2017.
Segundo.
En consecuencia con lo anterior, las tablas salariales y el resto de conceptos retributivos para el año 2017, son los que figuran en el anexo a la presente Acta.
Dichas tablas, que incluyen la consolidación del incremento salarial antes citado, anulan y sustituyen a las vigentes hasta el momento, y forman parte integrante del VIII Convenio Colectivo de Tripulantes Pilotos.
Aquellos conceptos que no figuren en dicho anexo mantienen sus importes actuales.
Tercero.
Que la actualización de dichas tablas se producirá en la próxima nómina del mes de marzo de 2018, en la que se actualizarán todos los conceptos retributivos contemplados en las citadas tablas, con carácter retroactivo desde 1 de enero de 2017.
Y en prueba de conformidad con todo lo antecede, ambas partes firman la presente Acta y anexo en el lugar y fecha indicados.
Nueva Tabla Salarial Tripulantes Pilotos
Niveles
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Sueldo base.
989,57
989,57
989,57
989,57
989,57
989,57
989,57
989,57
989,57
989,57
989,57
989,57
989,57
989,57
789,67
Prima razón viaje garantizada (70 Horas).
3.774,53
3.539,20
3.318,50
3.069,91
2.818,61
2.553,85
2.285,79
2.014,36
1.548,55
1.364,52
1.168,63
900,34
497,44
213,38
90,04
Precio hora atípica.
49,66
46,57
43,66
40,39
37,09
33,60
30,08
26,50
20,38
17,95
15,38
11,85
6,55
2,81
1,18
Precio h. vuelo adicionales desde 71 (inclusive) en adelante.
46,08
43,21
40,54
37,48
34,43
31,19
27,90
24,59
18,90
16,55
14,14
11,72
6,48
2,78
1,17
Precio horas hasta 156,54 horas Act. Lab. (1. Bloque).
24,11
22,61
21,20
19,61
18,01
16,31
14,60
12,87
9,89
8,72
7,47
5,75
3,18
1,36
0,58
Precio horas desde 156,55 horas Act. Lab. En adelante (2. Bloque).
28,34
26,57
24,90
23,04
21,16
19,17
17,19
15,12
11,62
10,16
8,69
7,18
3,97
1,71
0,72
Efectividad de 1 de enero de 2017.
El valor de las horas atípicas que exceda de la garantía tendrá un incremento del 19,57%.
El valor de las horas reales base que exceda de la garantía tendrá un incremento del 19,57% (tripulante enfermo o con reducción de la garantía.
El valor de las horas de actividad aérea en tierra que exceda de la garantía tendrá un incremento del 19,57%.
El valor de las horas de Act. Lab. (1 Bloque) que exceda de la garantía tendrá un incremento del 19,57% (tripulante enfermo o con reducción de la garantía).
ANEXO N.º 1
Dietas por destacamentos (anexo 4-I, VIII C.C.)
Tripulantes Pilotos
Nacionales: 39,01 euros.
Extranjeras:
A. Básico: 89,64 U.S.D.
B. 125 por 100: 112,05 U.S.D.
Las cuantías citadas serán de aplicación a los siguientes países: Estados Unidos, Puerto Rico, Países de África Ecuatorial, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
C. 112 por 100: 100,40 U.S.D.
Se aplicarán a los países siguientes: Austria, Filipinas, Francia, Perú, Italia, Alemania, Holanda, Canadá, Cuba, República Dominicana, Suecia, Venezuela, Finlandia, Costa Rica, Brasil y Dinamarca.
D. 95 por 100: 85,16 U.S.D.
Se aplicarán a: Argentina, Bélgica, Luxemburgo, México, Suiza, Grecia y Paraguay.
E. 80 por 100: 71,71 U.S.D.
Siendo de aplicación a los países que siguen: Irlanda, Uruguay, Portugal y Colombia.
Nota: Los países que no tengan un índice establecido, se les aplicará la básica.
Efectividad: 1 de enero de 2017.
Indemnización por destinos inferiores a 2 años (anexo 4-II, VIII C.C.)
Tripulantes Pilotos
Nacionales: 28,90 euros.
Extranjeras:
A. Básico: 76,23 U.S.D.
B. 125 por 100: 95,29 U.S.D.
Las cuantías citadas serán de aplicación a los siguientes países: Estados Unidos, Puerto Rico, Países de África Ecuatorial, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
C. 112 por 100: 85,38 U.S.D.
Se aplicarán a los países siguientes: Austria, Filipinas, Francia, Perú, Italia, Alemania, Holanda, Canadá, Cuba, República Dominicana, Suecia, Venezuela,Finlandia, Costa Rica, Brasil y Dinamarca.
D. 95 por 100: 72,42 U.S.D.
Se aplicarán a: Argentina, Bélgica, Luxemburgo, México, Suiza, Grecia y Paraguay.
E. 80 por 100: 60,98 U.S.D.
Siendo de aplicación a los países que siguen: Irlanda, Uruguay, Portugal y Colombia.
Nota: Los países que no tengan un índice establecido, se les aplicará la básica.
Efectividad: 1 de enero de 2017.
Indemnización por destinos superiores a 2 años (anexo 4-III, VIII C.C.)
Tripulantes Pilotos
Nacionales: 20,43 euros.
Extranjeras:
A. Básico: 53,77 U.S.D.
B. 125 por 100: 67,21 U.S.D.
Las cuantías citadas serán de aplicación a los siguientes países: Estados Unidos, Puerto Rico, Países de África Ecuatorial, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
C. 112 por 100: 60,22 U.S.D.
Se aplicarán a los países siguientes: Austria, Filipinas, Francia, Perú, Italia, Alemania, Holanda, Canadá, Cuba, República Dominicana, Suecia, Venezuela,Finlandia, Costa Rica, Brasil y Dinamarca.
D. 95 por 100: 51,08 U.S.D.
Se aplicarán a: Argentina, Bélgica, Luxemburgo, México, Suiza, Grecia y Paraguay.
E. 80 por 100: 43,02 U.S.D.
Siendo de aplicación a los países que siguen: Irlanda, Uruguay, Portugal y Colombia.
Nota: Los países que no tengan un índice establecido, se les aplicará la básica.
Efectividad: 1 de enero de 2017.
Efectividad 1 de enero de 2017
Primas de responsabilidad de Comandante anexo 1B VIII C.C.
Grupo 1: 2.110,89 euros.
Grupo 2: 2.282,09 euros.
Grupo 1: Todos aquellos aviones que estén definidos por la Industria como de Corto y Medio radio y que operen como tales en nuestra red. A estos efectos, queda incluido en este Grupo la flota B757 y B767 que tienen la consideración de flota única, mientras el número de unidades de este avión sea dos o n.º inferior.
Grupo 2: Todos aquellos aviones que estén definidos por la Industria como de Largo radio, a excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior para el B767.
Los Comandantes de las flotas B757/767 y A-300 a los que se refiere el punto 5 del Acta de Comisión negociadora de VI C.C. de fecha 28/01/2000 seguirán percibiendo hasta que progresen al Grupo 2 la cantidad de 2.125,43 euros.como prima de comandante.
Prima de responsabilidad de Copiloto anexo 1C VIII C.C.
Copiloto: 136,43 euros.
Grat. Cop. Senior: 54,78 euros.
Renuncia a la recogida anexo 4-V VIII C.C.
194,76 euros.
Fondo solidario anexo 3 VIII C.C.
Niveles 1D-8: 26,18 euros.
Nivel 9: 14,46 euros.
Nivel 10: 6,20 euros.
Nivel 11: 1,77 euros.
Consecución beneficios acta aneja VIII C.C.
Durante la vigencia del VI Convenio Colectivo y ligado a la consecución de Beneficios, la Compañía aportará una cantidad anual equivalente a:
258,92 euros por cada tripulante piloto.
143,05 euros por cada tripulante piloto.
61,37 euros por cada tripulante piloto.
17,48 euros por cada tripulante piloto.
Al Fondo Solidario de Pilotos. Esta cantidad tendrá tratamiento independiente de la Masa Salarial.
Gratificación complementaria anexo 1E, VIII C.C.
1D: 2.349,60 euros.
1C: 2.203,09 euros.
1B: 2.065,72 euros.
1A: 1.911,02 euros.
1: 1.754,55 euros.
2: 1.589,73 euros.
3: 1.422,88 euros.
4: 1.253,91 euros.
5: 963,98 euros.
6: 849,36 euros.
7: 727,45 euros.
8: 318,81 euros.
9: 176,13 euros.
10: 75,56 euros.
11: 21,52 euros.
Prima de productividad anexo 1D, VIII C.C.
Comandantes: 746,74 euros.
Copilotos NV 1D-9: 527,13 euros.
Copilotos NV 10: 278,83 euros.
Copilotos NV 11: 35,58 euros.
Fondo consecución objetivos acta aneja VIII C.C.
1D: 982,30 euros.
1C: 921,03 euros.
1B: 863,63 euros.
1A: 798,94 euros.
1: 733,53 euros.
2: 664,63 euros.
3: 594,87 euros.
4: 524,25 euros.
5: 403,01 euros.
6: 355,09 euros.
7: 304,13 euros.
8: 234,32 euros.
9: 204,18 euros.
10: 142,93 euros.
11: 117,41 euros.
Dietas por desplazamiento anexo 4-IV, VIII C.C.
Nacional: 113,09 euros.
Extranjero: 145,69 U.S.D. o 99,65 euros.
Gratificación mayores 60 años anexo 2 apartado B
1.897,81 euros.
Plus Imaginaria
153,14 euros.
Importe reserva-rescisión especial 60-65 años anexo 2 apartado C
3.795,64 euros.
Importe prima Comandante anexo 10
20.928,62 euros.
Indemnización anual de vestuario
1.057,45 euros.
Nivel
Base calculo 2017 F. Social y Mutual
–
Euros
1D
5.696,63
1C
5.415,18
1B
5.151,31
1A
4.854,09
1
4.553,59
2
4.237,00
3
3.916,47
4
3.591,91
5
3.034,95
6
2.814,85
7
2.580,63
8
2.259,82
9
1.248,55
10
535,58
11
0,00
Esta base se verá incrementada con las primas consolidadas que procedan en cada caso, incrementadas si es prima de comandante en un 16,03% y si es de copiloto en un 17,71%.
Asimismo la base se incrementara por cada trienio en 89 euros. | Tablas salariales de los pilotos de Iberia | Visto el texto de los acuerdos de revisión salarial y tablas salariales para el 2017 del VIII Convenio colectivo de la empresa Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., Operadora, S. Unipersonal y sus tripulantes pilotos (código de convenio n.º 90002650011982), publicado en el BOE de 27/05/2014, acuerdos que fueron suscritos, con fecha 21 de febrero de 2018, de una parte por los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y de otra por la sección sindical de SEPLA, en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE del 24), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, esta Dirección General de Empleo resuelve,
Primero.
Ordenar la inscripción de los citados acuerdos de revisión y tablas salariales en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 12 de junio de 2018.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
ACTA DE ACUERDO ENTRE LA DIRECCIÓN DE IBERIA Y LA SECCIÓN SINDICAL DE SEPLA EN IBERIA
En representación de Iberia L.A.E., S.A. Operadora S.U.:
Don Luis Pérez Capitán.
Don Ángel Fernández Sánchez.
Doña Patricia Valcárcel Barajas.
En representación de la Sección Sindical de SEPLA en Iberia:
Don José Luis Fernández Aparicio.
Don Alfonso de Echavarría Vázquez.
Don Ignacio Melero Larrocha.
En Madrid, a las 16:00 horas del día 21 de febrero de 2018, se reúnen los representantes de Iberia y de la Sección Sindical de SEPLA en Iberia, que al margen se relacionan, y
EXPONEN
Primero.
Que el artículo 132 del VIII Convenio Colectivo establece que con efectos de 1 de enero de 2017 se procederá, en su caso, a un incremento salarial de acuerdo a la escala recogida en el citado artículo y referenciada al ratio EBIT/Ingresos de Iberia en 2017.
Segundo.
Que en función del ratio EBIT/Ingresos de Iberia en el año 2017 corresponde un 1,00% de incremento sobre la masa salarial consolidado del colectivo de Tripulantes Pilotos.
Tercero.
Que el último párrafo del artículo 132 del VIII Convenio Colectivo faculta a la Dirección de la Compañía y a la Sección Sindical de SEPLA en Iberia para que establezcan la distribución del importe global resultante de la revisión salarial anterior que, en su caso, corresponda aplicar, incorporándose a las tablas salariales y conceptos retributivos que se vean afectados y que formarán parte integrante del VIII Convenio Colectivo de Tripulantes Pilotos.
Con base a lo anterior, las partes
ACUERDAN
Primero.
Que de conformidad con lo establecido en el exponen, procede la actualización de las tablas salariales para el año 2017, con efectos retroactivos desde 1 de enero de 2017.
Segundo.
En consecuencia con lo anterior, las tablas salariales y el resto de conceptos retributivos para el año 2017, son los que figuran en el anexo a la presente Acta.
Dichas tablas, que incluyen la consolidación del incremento salarial antes citado, anulan y sustituyen a las vigentes hasta el momento, y forman parte integrante del VIII Convenio Colectivo de Tripulantes Pilotos.
Aquellos conceptos que no figuren en dicho anexo mantienen sus importes actuales.
Tercero.
Que la actualización de dichas tablas se producirá en la próxima nómina del mes de marzo de 2018, en la que se actualizarán todos los conceptos retributivos contemplados en las citadas tablas, con carácter retroactivo desde 1 de enero de 2017.
Y en prueba de conformidad con todo lo antecede, ambas partes firman la presente Acta y anexo en el lugar y fecha indicados.
Nueva Tabla Salarial Tripulantes Pilotos
Niveles
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Sueldo base.
989,57
989,57
989,57
989,57
989,57
989,57
989,57
989,57
989,57
989,57
989,57
989,57
989,57
989,57
789,67
Prima razón viaje garantizada (70 Horas).
3.774,53
3.539,20
3.318,50
3.069,91
2.818,61
2.553,85
2.285,79
2.014,36
1.548,55
1.364,52
1.168,63
900,34
497,44
213,38
90,04
Precio hora atípica.
49,66
46,57
43,66
40,39
37,09
33,60
30,08
26,50
20,38
17,95
15,38
11,85
6,55
2,81
1,18
Precio h. vuelo adicionales desde 71 (inclusive) en adelante.
46,08
43,21
40,54
37,48
34,43
31,19
27,90
24,59
18,90
16,55
14,14
11,72
6,48
2,78
1,17
Precio horas hasta 156,54 horas Act. Lab. (1. Bloque).
24,11
22,61
21,20
19,61
18,01
16,31
14,60
12,87
9,89
8,72
7,47
5,75
3,18
1,36
0,58
Precio horas desde 156,55 horas Act. Lab. En adelante (2. Bloque).
28,34
26,57
24,90
23,04
21,16
19,17
17,19
15,12
11,62
10,16
8,69
7,18
3,97
1,71
0,72
Efectividad de 1 de enero de 2017.
El valor de las horas atípicas que exceda de la garantía tendrá un incremento del 19,57%.
El valor de las horas reales base que exceda de la garantía tendrá un incremento del 19,57% (tripulante enfermo o con reducción de la garantía.
El valor de las horas de actividad aérea en tierra que exceda de la garantía tendrá un incremento del 19,57%.
El valor de las horas de Act. Lab. (1 Bloqu
### RESUMEN: Tablas salariales de los pilotos de Iberia |
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se resuelve publicar el importe satisfecho de las subvenciones concedidas en el año 2012 por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, con cargo al crédito presupuestario que se cita y en virtud de lo dispuesto en la norma reguladora de aquélla que se menciona a continuación.
Aplicación presupuestaria: 23.12.412C.770.01 «Ordenación y fomento de la mejora ganadera», subvenciones destinadas a las organizaciones y asociaciones de criadores para la conservación, mejora y fomento de las Razas puras de ganado de producción, Orden APA/3181/2007, de 30 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras («Boletín Oficial del Estado» de 1 de noviembre de 2007), y con la resolución de 11 de noviembre de 2011, por la que se publica su convocatoria, y que figuran en el anexo de la presente resolución.
Madrid, 1 de marzo de 2013.–La Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina.
ANEXO
Subvenciones destinadas a las organizaciones y asociaciones de criadores para la conservación, mejora y fomento de las Razas puras de ganado de producción (año 2012)
Asociaciones
NIF
Pagado
Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Asturiana de la Montaña.
G-33077603
106.027
Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Asturiana de los Valles.
G-33067257
340.863
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Avileña Negra Ibérica.
G-28324283
387.813
Agrupación Nacional de Asociaciones de Ganado Vacuno de Raza Berrenda en Colorado y en Negro.
G-37408184
53.239
Confederación Nacional de Criadores de Ganado Bovino Selecto de la Raza Blonde de Aquitania.
G-20678918
147.389
Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Raza Cárdena Andaluza.
G-23571631
39.335
Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de España.
G-28532604
49.712
Unión de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de España.
G-06507115
45.717
Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Fleckvieh de España.
G-50170919
26.098
Confederación de Asociaciones de Frisona Española.
G-79853628
397.641
Unión de Criadores de Toros de Lidia.
G-28556025
190.115
Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas.
G-79541736
56.925
Asociación Bovina Ganaderos de Lidia Unidos.
G-80220452
60.922
Asociación Nacional de Ganaderías de Lidia.
G-28528966
77.690
Asociación de Ganaderos de Reses de Lidia.
G-37405420
15.658
Federación Española de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Limusina.
V-80467053
102.221
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Morucha.
G-37017738
85.401
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Parda.
G-24011264
60.627
Federación Española de Asociaciones de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Parda de Montaña.
G-83249045
68.763
Asociación de Criadores de Raza Parda de Montaña.
G-22250898
67.280
Confederación de Asociaciones de Criadores de Ganado Selecto de Raza Pirenaica.
G-31237860
337.886
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retinta.
G-78218609
265.956
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Rubia Gallega.
G-27007061
246.624
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Tudanca.
G-39063268
61.301
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de la Raza Assaf.
G-47527395
72.743
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana.
G-47083068
67.075
Asociación Nacional de Criadores de Ganado de Ovino Selecto de Raza Churra.
G-34006981
154.185
Confederación de Asociaciones de Criadores de Ganado Ovino de Raza Lacha y Carranzana.
G-01125053
187.439
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega.
G-78071305
228.014
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino.
G-28799633
169.175
Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces.
G-28494995
116.835
Asociación de Criadores de Raza Navarra.
G-31253446
159.920
Asociación Nacional de Ganaderos de Ovino de Raza Ojinegra de Teruel.
G-44171411
57.440
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Rasa Aragonesa.
G-50094549
193.059
Unión de Productores de la Raza Rasa Aragonesa.
G-99163420
200.826
Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño.
G-18055566
297.278
Asociación de Ganaderos de Raza Caprina Blanca Celtibérica.
G-02213205
33.500
Asociación Española de Criadores de Ganado Caprino de Raza Florida.
G-14456289
81.070
Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña.
G-29191095
117.698
Federación Española de Criadores de Caprino, Raza Murciano-Granadina.
V-18239475
348.605
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Porcino Selecto.
G-28489359
75.726
Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto del Tronco Ibérico.
G-06053334
274.760
Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes.
G-81193138
123.939
Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-Árabes.
G-41746488
272.062
Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Deporte Español.
G-41588203
126.121
Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española.
G-41071960
386.029
Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos Trotadores.
G-07293889
35.265
Confed. Española de Organizaciones de Criadores de Caballos con Libro de Registro Oficial de la Raza.
G-91289488
69.386
Asociación Española de Criadores de Pura Sangre Inglés.
G-79757977
57.433
Unión Española de Ganaderos de Caballos de Raza Hispano-Árabe.
G-91037895
115.157
Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos de Raza Menorquina.
G-07400658
88.824
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.400.767 | 7.400.767 euros en subvenciones para asociaciones de criadores de razas ganaderas puras. | En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se resuelve publicar el importe satisfecho de las subvenciones concedidas en el año 2012 por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, con cargo al crédito presupuestario que se cita y en virtud de lo dispuesto en la norma reguladora de aquélla que se menciona a continuación.
Aplicación presupuestaria: 23.12.412C.770.01 «Ordenación y fomento de la mejora ganadera», subvenciones destinadas a las organizaciones y asociaciones de criadores para la conservación, mejora y fomento de las Razas puras de ganado de producción, Orden APA/3181/2007, de 30 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras («Boletín Oficial del Estado» de 1 de noviembre de 2007), y con la resolución de 11 de noviembre de 2011, por la que se publica su convocatoria, y que figuran en el anexo de la presente resolución.
Madrid, 1 de marzo de 2013.–La Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina.
ANEXO
Subvenciones destinadas a las organizaciones y asociaciones de criadores para la conservación, mejora y fomento de las Razas puras de ganado de producción (año 2012)
Asociaciones
NIF
Pagado
Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Asturiana de la Montaña.
G-33077603
106.027
Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Asturiana de los Valles.
G-33067257
340.863
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Avileña Negra Ibérica.
G-28324283
387.813
Agrupación Nacional de Asociaciones de Ganado Vacuno de Raza Berrenda en Colorado y en Negro.
G-37408184
53.239
Confederación Nacional de Criadores de Ganado Bovino Selecto de la Raza Blonde de Aquitania.
G-20678918
147.389
Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Raza Cárdena Andaluza.
G-23571631
39.335
Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de España.
G-28532604
49.712
Unión de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de España.
G-06507115
45.717
Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Fleckvieh de España.
G-50170919
26.098
Confederación de Asociaciones de Frisona Española.
G-79853628
397.641
Unión de Criadores de Toros de Lidia.
G-28556025
190.115
Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas.
G-79541736
56.925
Asociación Bovina Ganaderos de Lidia Unidos.
G-80220452
60.922
Asociación Nacional de Ganaderías de Lidia.
G-28528966
77.690
Asociación de Ganaderos de Reses de Lidia.
G-37405420
15.658
Federación Española de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Limusina.
V-80467053
102.221
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Morucha.
G-37017738
85.401
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Parda.
G-24011264
60.627
Federación Española de Asociaciones de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Parda de Montaña.
G-83249045
68.763
Asociación de Criadores de Raza Parda de Montaña.
G-22250898
67.280
Confederación de Asociaciones de Criadores de Ganado Selecto de Raza Pirenaica.
G-31237860
337.886
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retinta.
G-78218609
265.956
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Rubia Gallega.
G-27007061
246.624
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Tudanca.
G-39063268
61.301
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de la Raza Assaf.
G-47527395
72.743
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana.
G-47083068
67.075
Asociación Nacional de Criadores de Ganado de Ovino Selecto de Raza Churra.
G-34006981
154.185
Confederación de Asociaciones de Criadores de Ganado Ovino de Raza Lacha y Carranzana.
G-01125053
187.439
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega.
G-78071305
228.014
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino.
G-28799633
169.175
Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces.
G-28494995
116.835
Asociación de Criadores de Raza Navarra.
G-31253446
159.920
Asociación Nacional de Ganaderos de Ovino de Raza Ojinegra de Teruel.
G-44171411
57.440
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Rasa Aragonesa.
G-50094549
193.059
Unión de Productores de la Raza Rasa Aragonesa.
G-99163420
200.826
Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño.
G-18055566
297.278
Asociación de Ganaderos de Raza Caprina Blanca Celtibérica.
G-02213205
33.500
Asociación Española de Criadores de Ganado Caprino de Raza Florida.
G-14456289
81.070
Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña.
G-29191095
117.698
Federación Española de Criadores de Caprino, Raza Murciano-Granadina.
V-18239475
348.605
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Porcino Selecto.
G-28489359
75.726
Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto del Tronco Ibérico.
G-06053334
274.760
Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes.
G-81193138
123.939
Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-Árabes.
G-41746488
272.062
Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Deporte Español.
G-41588203
126.121
Asociación Nacional de Criad
### RESUMEN: 7.400.767 euros en subvenciones para asociaciones de criadores de razas ganaderas puras. |
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 11 de abril de 2014, ha aprobado el Acuerdo por el que se nombra Director de la División de Análisis Presupuestario de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a doña Cristina Herrero Sánchez.
Estimando de interés la difusión del mismo, se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con el texto que figura como anexo de esta Orden.
Madrid, 11 de abril de 2014.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.
ANEXO
Acuerdo por el que se nombra Directora de la División de Análisis Presupuestario de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a doña Cristina Herrero Sánchez
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y 29.1 de su Estatuto Orgánico, aprobado por Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas eleva a Consejo de Ministros la propuesta del Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de nombramiento de doña Cristina Herrero Sánchez como Directora de la División de Análisis Presupuestario de dicha entidad.
En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de abril de 2014, vengo en nombrar Directora de la División de Análisis Presupuestario de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a doña Cristina Herrero Sánchez. | Nombrada, Cristina Herrero Sánchez, como Director de la División de Análisis Presupuestario de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal | El Consejo de Ministros, en su reunión del día 11 de abril de 2014, ha aprobado el Acuerdo por el que se nombra Director de la División de Análisis Presupuestario de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a doña Cristina Herrero Sánchez.
Estimando de interés la difusión del mismo, se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con el texto que figura como anexo de esta Orden.
Madrid, 11 de abril de 2014.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.
ANEXO
Acuerdo por el que se nombra Directora de la División de Análisis Presupuestario de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a doña Cristina Herrero Sánchez
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y 29.1 de su Estatuto Orgánico, aprobado por Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas eleva a Consejo de Ministros la propuesta del Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de nombramiento de doña Cristina Herrero Sánchez como Directora de la División de Análisis Presupuestario de dicha entidad.
En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de abril de 2014, vengo en nombrar Directora de la División de Análisis Presupuestario de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a doña Cristina Herrero Sánchez.
### RESUMEN: Nombrada, Cristina Herrero Sánchez, como Director de la División de Análisis Presupuestario de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal |
Suscrito el pasado 12 de diciembre de 2014 Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Aragón sobre actuaciones de coordinación en materia de contratación pública, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 16 de diciembre de 2014.–El Director General del Patrimonio del Estado, Juan Antonio Martínez Menéndez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN SOBRE DIVERSAS ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En Madrid, a 12 de diciembre de 2014.
REUNIDOS
De una parte, doña Pilar Platero Sanz, Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, nombrada por Real Decreto 1853/2011, de 23 de diciembre, con competencia para suscribir el presente Convenio en virtud de la delegación de competencias efectuada por el artículo 6 de la Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio, de delegación de competencias a favor de diversos órganos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
De otra parte, don Javier Campoy Monreal, Consejero de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, para cuyo cargo fue nombrado por el Decreto de la Presidencia del Gobierno de Aragón de 3 de abril de 2014 («BOA» n.º 69, de 7 de abril de 2014), facultado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de Aragón de fecha 29 de abril de 2014, con competencia para suscribir el presente Convenio.
EXPONEN
El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP, en lo sucesivo), establece en su artículo primero que tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, buscando salvaguardar la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.
El ámbito de aplicación del TRLCSP se concreta en el artículo segundo definiendo como contratos del sector público, aquellos contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza, celebrados por alguna de las entidades definidas como sector público en el artículo tercero.
Continúa el artículo segundo en su apartado tercero, indicando que la aplicación del texto refundido a los contratos que celebran las Comunidades Autónomas y las entidades locales de su territorio u organismos dependientes se efectuará conforme a lo previsto en la disposición final segunda.
La citada disposición final segunda señala que con carácter general el texto refundido constituye legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1 de la Constitución y en consecuencia es de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y organismos y entidades dependientes de ellas, exceptuando de la misma una serie de artículos concretos, a los que excluye el carácter de legislación básica.
El presente Convenio de colaboración tiene por objeto la coordinación de las actuaciones de la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón en dos ámbitos concretos: La Plataforma de Contratación del Sector Público y los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas.
Se pretende utilizar y difundir la Plataforma de Contratación del Sector Público, contemplada en el artículo 334 del TRLCSP, como soporte a los perfiles de contratante de cualquier órgano de contratación con independencia de la Administración de que dependa, así como para dar publicidad a través de Internet de las convocatorias de licitaciones y sus resultados, y cuanta información adicional se considere relevante respecto a los contratos que se celebren, facilitando así mismo, las comunicaciones entre el órgano de contratación y los licitadores y abarcando otros trámites de la contratación administrativa, que agilicen y faciliten la tramitación, tanto a los órganos gestores del sector público como a los contratistas.
La citada Plataforma constituye un vehículo idóneo para cumplir los principios citados que han inspirado al TRLCSP de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, igualdad de trato y no discriminación, dado que es susceptible de ser utilizada por cualquier órgano de contratación del sector público, cualesquiera que sea la Administración Pública de la que dependa, y sin perjuicio de la existencia de otros instrumentos similares en las Comunidades Autónomas.
La interconexión de datos entre las Plataformas de las Comunidad Autónomas y la del Estado, en lo relativo a su desarrollo normativo, ya se ha regulado mediante la Disposición adicional tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, modificando el citado artículo 334 del TRLCSP, cambiando la denominación de la Plataforma del Estado a Plataforma de Contratación del Sector Público y estableciendo el carácter obligatorio de su utilización por todas las entidades citadas en el artículo tercero apartado primero del TRLCSP.
En el artículo 326 del TRLCSP se contempla el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y en el artículo 327 del TRLCSP se citan los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Comunidades Autónomas, previéndose en el artículo 332, la colaboración entre los citados Registros, facilitando el del Estado a todas las Administraciones la información que precisen sobre el contenido de los respectivos Registros, siendo el presente Convenio un buen instrumento para hacer efectiva la colaboración indicada.
Por otra parte, el valor que a efectos de contratación pan-europea reconoce la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, a los Registros Nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, y el reconocimiento de los efectos de sus certificados en los contratos públicos celebrados por todos los países miembros, hace muy ventajosa para los empresarios inscritos la consolidación de los distintos Registros de Licitadores actualmente existentes en un único Registro Nacional cuyos certificados proporcionen a todos los empresarios en él inscritos las ventajas derivadas de dichas disposiciones.
Por ello, y de acuerdo con los principios en que está inspirado el texto refundido, libertad de acceso, publicidad, concurrencia, transparencia, etc., es necesario y conveniente que las Administraciones Públicas hagan un esfuerzo en coordinarse en esta materia y que se utilice la misma terminología, los mismos criterios, procedimientos, y documentos, de tal forma que los agentes económicos, o licitadores, cualquiera que sea el ámbito territorial en el que muestren interés sobre una contratación, tengan la certeza y seguridad, de que la documentación, terminología, principios y criterios serán similares, cualquiera que sea el órgano de contratación.
Visto lo anteriormente expuesto y en el marco de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los representantes de ambas partes consideran que sería muy beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines el establecer un marco de colaboración en el ámbito de las citadas materias de contratación pública.
Asimismo, el artículo 33 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible prevé la cooperación entre las Administraciones Públicas con el fin de adoptar medidas para la racionalización y contención del gasto público
El contenido de las propuestas de actuación del presente Convenio se encuentran incluidas dentro de las medidas aprobadas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 26 de diciembre de 2012, en concreto la medida n.º 1.04.001 relativa a la Plataforma de Contratación del Sector Público y la medida n.º 1.04.003 relativa a los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Comunidades Autónomas.
Por lo que al procedimiento para la celebración de Convenios se refiere es preciso tener en cuenta lo previsto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Según establece la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el ámbito de la Administración General del Estado, los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de los Organismos Públicos vinculados o dependientes podrán celebrar los Convenios previstos en el artículo 6, dentro de las facultades que les otorga la normativa presupuestaria y previo cumplimiento de los trámites establecidos, entre los que se indicará necesariamente el informe del Ministerio o Ministerios afectados.
En tanto no tenga lugar un desarrollo normativo de dicha materia, deben entenderse aplicables las previsiones contenidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, modificado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de julio de 1998, relativos al contenido de los Convenios y procedimiento para su aprobación previa a su firma.
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, sobre Convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, modificado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de julio de 1998, sobre competencia para celebrar convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas, publicados por sendas Resoluciones de la extinta Secretaria de Estado para las Administraciones Públicas («BOE» de 16 de marzo de 1990 y 3 de julio de 1998, respectivamente) dispuso en su apartado primero que la suscripción de convenios de colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas deberá ser autorizada con carácter previo por la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica, atribuyendo, en su apartado séptimo, punto 3, al entonces Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, la autorización provisional de aquellos convenios en los que el informe del extinto Ministerio de Administraciones Públicas fuera favorable o en los que, formuladas observaciones sobre aspectos formales, éstas hubieran sido completamente subsanadas, añadiendo que esta autorización provisional deberá ser ratificada por la Comisión Delegada del Gobierno en la primera sesión que esta celebre.
El Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno, en su Disposición adicional cuarta, punto 1, suprimió la citada Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica.
El Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en su artículo 14.1 c), atribuye a la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, la tramitación de la autorización y el registro de los convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
Consultada la Abogacía del Estado en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas sobre el tratamiento que proceda dar transitoriamente a los proyectos de convenio de colaboración hasta que se regule un nuevo procedimiento de autorización de los mismos, dicha Abogacía del Estado, tras la consulta formulada a la Abogacía General del Estado, y emitirse ésta con fecha 9 de marzo de 2012, indicó en su informe de fecha 15 de marzo de 2012 que, en tanto no exista una norma que venga a derogar expresa o tácitamente el citado Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, no puede considerarse que las exigencias contenidas en dicho Acuerdo en relación con la suscripción de convenios de colaboración (sometimiento a autorización previa, etc.) hayan quedado sin efecto como consecuencia de la supresión de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica, sin perjuicio de la necesidad de adaptar las referencias a los distintos órganos del Gobierno y de la Administración contenidas en dicho Acuerdo a la actual estructura del Gobierno y de Administración del Estado, estimando en este sentido, que debe mantenerse la autorización provisional, que entiende corresponde otorgar al titular de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, y la ratificación de la misma, que, por las razones que expone el informe, debe corresponder ahora al Consejo de Ministros.
De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, el presente Convenio ha sido remitido a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos para su preceptivo informe en relación con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gastos de las Comunidades Autónomas, habiendo sido informado con fecha 10 de julio de 2014.
Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 31 de octubre de 2014 ha sido ratificada la autorización provisional para la subscripción de este Convenio de colaboración.
En consecuencia, ambas Administraciones Públicas acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración, de conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del Convenio de colaboración.
El presente Convenio tiene por objeto la colaboración entre la Administración General del Estado, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de contratación pública, en los términos establecidos en el presente Convenio, de cara a la realización de las siguientes actividades:
I. Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para aportar información sobre los procesos de contratación en el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón inicialmente mediante un intercambio de información entre portales o sistemas informáticos similares de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la Administración General del Estado, dejando para un momento posterior la integración o utilización de una única Plataforma de Contratación.
II. Coordinación de las competencias en materia de Registros de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante la utilización compartida de un único Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.
I. Plataforma de Contratación del Sector Público
A) Ámbito objetivo de aplicación.
El presente Convenio, en el ámbito de coordinación de la Plataforma de Contratación del Sector Público, tiene por objeto unificar la publicación de las convocatorias de licitaciones de todas las entidades pertenecientes al Sector Público, y sus resultados en un mismo sistema de información que ofrezca a través de internet toda la información de forma accesible a las empresas y ciudadanos.
Se pretende con ello facilitar el cumplimiento de la Disposición adicional tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado, en la que se establece que:
«La Plataforma de Contratación del Estado regulada en el artículo 334 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, pasará a denominarse Plataforma de Contratación del Sector Público.
En la Plataforma se publicará, en todo caso, bien directamente por los órganos de contratación o por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información de las diferentes administraciones y entidades públicas, la convocatoria de licitaciones y sus resultados de todas las entidades comprendidas en el apartado 1 del artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.»
B) Actuaciones.
Ambas administraciones públicas ejecutarán los compromisos establecidos en la cláusula sexta y realizarán los desarrollos informáticos que les correspondan en los plazos más breves posibles.
C) Procedimiento.
Para llevar a cabo dicha propuesta se han previsto dos fases. La Dirección General del Patrimonio del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón. realizarán los desarrollos normativos, organizativos y técnicos necesarios para hacer posible el cumplimiento de los objetivos de cada una de ellas.
1.ª fase: Agregación de información sobre convocatorias de licitaciones y sus resultados mediante mecanismos de interconexión.
La Comunidad Autónoma mantendrá los perfiles del contratante de los órganos de contratación dependientes de la misma alojados en su propia plataforma, y notificará a la Plataforma de Contratación del Sector Público todas las publicaciones relativas a convocatorias de licitaciones y sus resultados mediante mecanismos de interconexión para la agregación de información.
El conjunto de datos a compartir, especificaciones técnicas de los formatos, protocolos y mecanismos de intercambio de información serán acordados entre la Dirección General del Patrimonio del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón que haga uso de este mecanismo de agregación de información.
La Plataforma de Contratación del Sector Público facilitará a los ciudadanos y empresas la búsqueda global de toda la información publicada, y el acceso a las publicaciones en las plataformas interconectadas.
2.ª fase: Adhesión a la Plataforma de Contratación del Sector Público de todos los perfiles del contratante correspondientes a órganos de contratación de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En función de los resultados obtenidos durante la primera fase, los perfiles del contratante de todos los órganos de contratación de la Comunidad Autónoma se integrarán en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
D) Compromiso de las partes.
Ambas Administraciones acuerdan que el servicio se ofrecerá conforme a las siguientes condiciones:
Ambas Administraciones Públicas aceptan la utilización de las especificaciones funcionales y técnicas que se acordarán entre la Dirección General del Patrimonio del Estado y las Administraciones Públicas conectadas con la Plataforma de Contratación del Sector Público para la agregación de información.
La Dirección General del Patrimonio del Estado:
a) Desarrollará un conjunto de especificaciones funcionales y técnicas del sistema de interconexión para la agregación de información en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
b) Ofrecerá soporte técnico a la integración de los sistemas informáticos de la Comunidad Autónoma con la Plataforma de Contratación del Sector Público, conforme a las especificaciones desarrolladas.
c) Asegurará la integridad de la información comunicada desde la Comunidad Autónoma, una vez puesto el servicio en funcionamiento.
d) Asegurará la disponibilidad del servicio en modo 24 horas × 7 días. Podrán programarse paradas del servicio fuera del horario habitual de trabajo con un aviso previo a los usuarios de al menos 48 horas, salvo causa justificada.
e) Desarrollará las especificaciones técnicas y funcionales que sean necesarias para asegurar que en la fase de adhesión a la Plataforma de Contratación del Sector Público de todos los perfiles del contratante correspondientes a órganos de contratación de la Comunidad Autónoma de Aragón, se dé siempre y en todo momento adecuado cumplimiento a la normativa Nacional y Europea en materia de transparencia y publicidad de la información contractual
La Comunidad Autónoma de Aragón:
a) Tomará las medidas organizativas, desarrollará la normativa, y acometerá los desarrollos informáticos necesarios, para asegurar la comunicación a la Plataforma de Contratación del Sector Público de todas las publicaciones de convocatorias de licitaciones y sus resultados que se realicen en el perfil del contratante de sus órganos de contratación o en sus plataformas.
b) Será responsable de la veracidad y completitud de la información enviada a, o puesta a disposición de la Plataforma de Contratación del Sector Público relativa a las publicaciones realizadas en su perfil del contratante o plataforma.
c) Asegurará la disponibilidad y accesibilidad de la información publicada en el perfil del contratante de sus órganos de contratación a través de los enlaces proporcionados a la Plataforma de Contratación del Sector Público.
d) Autoriza a que la Plataforma de Contratación del Sector Público pueda ofrecer servicios públicos a ciudadanos y empresas basados en la explotación de esta información: servicios de suscripciones y alertas, informes sobre actividad contractual de las administraciones, etc.
E) Comité Técnico.
Al objeto de impulsar y coordinar la ejecución de las actuaciones necesarias para la ejecución de las medidas contempladas en este Convenio así como para el seguimiento del mismo, en este apartado, se creará un Comité Técnico formado por dos miembros, uno perteneciente a cada Administración Pública.
El representante de la Administración General del Estado será la Subdirectora General de Coordinación de la Contratación Electrónica de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La representante de la Comunidad Autónoma de Aragón será doña Carmen Muñio Marcen, Jefa de Servicio de Administración Electrónica.
A requerimiento de dichos representantes, podrán incorporarse a las sesiones del Comité uno o más expertos, con carácter no permanente, en función de las materias a ser tratadas en cada sesión.
El Comité Técnico se reunirá cuantas veces sea necesario y a petición de cualquiera de las partes, reuniéndose al menos una vez al año para evaluar los resultados derivados de la ejecución del Convenio, y en su caso proponer la adopción de medidas que contribuyan a su cumplimiento.
F) Costes de este apartado del Convenio de colaboración.
Los servicios de la Plataforma de Contratación del Sector Público se ofrecerán por la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón de forma totalmente gratuita.
La Administración General del Estado por medio de la Dirección General del Patrimonio del Estado asumirá con sus recursos técnicos y humanos y, en su caso, con cargo a sus consignaciones presupuestarias y previa la tramitación de los oportunos expedientes de gasto, el coste de:
a) Los desarrollos informáticos para las adaptaciones de la Plataforma de Contratación del Sector Público que resulten necesarias para facilitar la posibilidad de publicar la información por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) El desarrollo de especificaciones funcionales y técnicas de los sistemas de interconexión entre sistemas, cuando fuera necesario.
c) El servicio de soporte de usuarios institucionales relativo al uso de la Plataforma, o el soporte técnico relativo a la interconexión de los sistemas.
d) El mantenimiento de la infraestructura informática y los servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
No obstante la Comunidad Autónoma de Aragón asumirá el coste de:
a) Los desarrollos informáticos que fuera necesario acometer en sus propios sistemas de información para la interconexión con la Plataforma de Contratación del Sector Público, si fuera necesario.
b) Servicios de comunicaciones necesarios para conectar con la Plataforma de Contratación del Sector Público a través de Internet o de la red SARA.
II. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE)
A) Ámbito objetivo de aplicación.
El TRLCSP establece en sus artículos 326 a 332 el contenido y regulación básica del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), habilitando igualmente a las Comunidades Autónomas para crear sus propios Registros Oficiales de Licitadores, y disponiendo que facilitarán a las otras Administraciones la información que precisen sobre el contenido de los respectivos Registros. Adicionalmente, en su artículo 83 atribuye a las inscripciones del ROLECE plenos efectos de acreditación frente a todos los órganos de contratación del Sector Público, y a las de los Registros creados por las Comunidades Autónomas iguales efectos en sus respectivos ámbitos propios de contratación y en los de las entidades locales de su ámbito territorial.
En el ámbito de los Registros de Licitadores el presente Convenio tiene por objeto coordinar y consolidar en un único Registro toda la información actual y futura relativa a empresarios y demás operadores económicos, tanto la inscrita o susceptible de inscripción en el ROLECE como la inscrita o susceptible de inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Aragón, manteniendo invariables las competencias de las respectivas Administraciones respecto de la tramitación y resolución de los expedientes de inscripción registral, otorgando los mismos efectos y eficacia plenos frente a todos los órganos de contratación del Sector Público a los asientos practicados en el Registro por ambas Administraciones.
El nuevo Registro, de carácter electrónico y acceso telemático, facilitará tanto a los órganos de ambas Administraciones como a los interesados el acceso al mismo de modo remoto y descentralizado, a través de Internet. Todas las operaciones necesarias para la tramitación de las inscripciones en el Registro se practicarán sobre una única base de datos centralizada, tanto si la solicitud de inscripción se insta ante los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Aragón o ante los de la Administración General del Estado.
Los formularios, modelos e interfaces de la aplicación informática se adaptarán en todo lo que resulte necesario al idioma, simbología, denominaciones y demás circunstancias específicas de la Comunidad Autónoma de Aragón. para todos los trámites y actuaciones que hayan de ser efectuados por sus órganos competentes, así como en los trámites y actuaciones de los empresarios que soliciten ante éstos su inscripción en el Registro.
B) Gestión del procedimiento.
Para alcanzar los objetivos enunciados ambas Administraciones se comprometen a promover e impulsar los cambios normativos, organizativos y de procedimientos necesarios en sus respectivos ámbitos de competencias, a adoptar los acuerdos necesarios, y a realizar, implantar y poner en servicio los nuevos aplicativos y sistemas informáticos que resulten necesarios, así como a modificar los actualmente existentes, todo ello de la forma más diligente posible.
La tramitación de los expedientes de inscripción en el Registro y la adopción de los correspondientes acuerdos serán competencia de la Administración a la que se dirija el solicitante, cuando el empresario tenga su domicilio en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, y de los órganos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los demás casos.
La llevanza del Registro, así como la gestión de los aspectos técnicos necesarios para su buen funcionamiento, corresponderán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
C) Actuaciones a acometer.
La ejecución de esta medida exige varios tipos de actuaciones:
Medidas normativas, consistentes en la modificación del TRLCSP en su artículo 83 y en sus artículos 326 a 332 y disposiciones concordantes y de desarrollo, así como la modificación de las normas que regulan el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Aragón. A esos efectos, se promoverán las modificaciones normativas elevando, en su caso, éstas a los correspondientes órganos legislativos.
Revisión, comparación y conciliación de los modelos de información y de gestión del ROLECE y del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Conciliación y consolidación en un único Sistema de Registro de los asientos obrantes en el ROLECE y en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Definición de las características formales específicas y demás requerimientos institucionales que deberán cumplir las interfaces, modelos y formularios del nuevo Registro.
La aportación de documentación a los expedientes por los interesados se efectuará de conformidad con la normativa específica que, en su caso, resulte de aplicación en función del órgano competente para la tramitación del expediente, instrumentándose los mecanismos necesarios para el acceso compartido a la documentación acreditativa disponible por todos los órganos que la necesiten.
Diseño, desarrollo e implantación de los sistemas y aplicaciones informáticas necesarios para la puesta en servicio del nuevo Registro, tomando como punto de partida y reutilizando en la medida de lo posible los activos informáticos del ROLECE.
Formación de los usuarios.
D) Comité Técnico.
Al objeto de impulsar y coordinar la ejecución de las actuaciones necesarias para la ejecución de las medidas contempladas en este Convenio, así como para el seguimiento del mismo, en este apartado, se creará un Comité Técnico formado por dos miembros, uno perteneciente a cada Administración Pública.
El representante de la Administración General del Estado será el Subdirector General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La representante de la Comunidad Autónoma de Aragón será doña Ana Isabel Beltrán Gómez, Jefa de Servicio de Contratación Administrativa.
A requerimiento de dichos representantes, podrán incorporarse a las sesiones del Comité uno o más expertos, con carácter no permanente, en función de las materias a ser tratadas en cada sesión.
El Comité Técnico se reunirá cuantas veces sea necesario y a petición de cualquiera de las partes, reuniéndose al menos una vez al año para evaluar los resultados derivados de la ejecución del Convenio, y en su caso proponer la adopción de medidas que contribuyan a su cumplimiento.
E) Costes de este apartado del Convenio de Colaboración.
Los costes derivados de las actuaciones contempladas en este apartado del Convenio relativas a las modificaciones y mantenimientos de las plataformas informáticas de apoyo a ROLECE, serán asumidos por la Administración General del Estado, por medio de la Dirección General del Patrimonio del Estado, con aplicación de sus recursos técnicos y humanos y, en su caso, con cargo a sus consignaciones presupuestarias, previa tramitación de los correspondientes expedientes de gasto.
Segunda. Publicación.
Una vez suscrito, el presente Convenio de Colaboración será publicado en el Boletín Oficial del Estado, pudiendo ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón», y/o en la Plataforma de Contratación del Sector Público, sin perjuicio de que se pueda hacer en otros medios.
Igualmente, deberán ser objeto de publicación las modificaciones del mismo, y la extinción de sus efectos. Mediante Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la extensión de su vigencia a que se refiere el apartado 4.º de la cláusula siguiente.
Tercera. Entrada en vigor, modificación, vigencia y extinción.
1. El presente Convenio producirá efectos desde el momento de su firma y tendrá una duración de cinco años.
2. Con el fin de facilitar el cumplimiento de los fines del presente Convenio, este podrá ser modificado en cualquier momento a lo largo de su vigencia, por mutuo acuerdo entre las partes firmantes del mismo.
3. El Convenio no podrá ser denunciado hasta que haya transcurrido un año de su vigencia. Trascurrido este podrá denunciarse en su totalidad o solo en algunos de sus apartados, causando efecto la denuncia del Convenio a partir del transcurso de tres meses a contar desde su denuncia.
La denuncia del Convenio no eximirá a las partes del cumplimiento de los compromisos adquiridos hasta la fecha de efectos de la denuncia.
4. La vigencia del Convenio se entenderá prorrogada por un nuevo plazo igual al previsto en el apartado primero cuando, llegado el momento de su extinción, no hubiera sido denunciado por ninguna de las partes.
5. Asimismo el presente Convenio quedará sin efecto por alguna de las siguientes causas:
a) Por el mutuo acuerdo entre las partes.
b) Imposibilidad acreditada o sobrevenida de cumplimiento de los compromisos adquiridos por motivos ajenos a la voluntad de las partes.
Cuarta. Comisión Mixta.
1. Para el control del cumplimiento y gestión de lo dispuesto en las cláusulas de este Convenio de Colaboración se constituirá, sin perjuicio de los comités técnicos previstos en la cláusula primera y de las comisiones de gestión a que se refiere la cláusula quinta, una Comisión Mixta, que actuará como comisión de seguimiento del convenio, con las siguientes funciones:
1.º Verificar las conexiones y funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público en relación con la Plataforma de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2.º Verificar la coordinación entre el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE) de la Comunidad Autónoma de Aragón. con el ROLECE de la Administración General del Estado.
3.º Resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio.
4.º Analizar, estudiar y proponer cualquier medida que sea de utilidad para el buen funcionamiento del Convenio.
2. La Comisión estará integrada por cuatro vocales dos de ellos en representación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que serán designados por la Dirección General de Patrimonio del Estado y otros dos designados por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, correspondiendo la Presidencia de la Comisión alternativamente, cada año, a la representación de una u otra Administración Pública.
3. La Comisión se reunirá como mínimo una vez al año, o antes si lo solicita alguno de sus miembros y a la misma podrán asistir cuantos asesores y colaboradores se estime necesario.
4. Serán de aplicación a la actuación de la Comisión las normas de constitución y actuación de los órganos colegiados establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Quinta. Comisiones de gestión.
Una vez desarrollados los diferentes apartados contenidos en este Convenio y aprobadas en su caso, las modificaciones normativas necesarias, la gestión de la Plataforma de Contratación del Sector Público y el ROLECE se efectuará por dos órganos colegiados en los cuales estarán representadas tanto la Administración General del Estado como la Comunidad Autónoma de Aragón, en la forma que reglamentariamente se establezca.
Sexta. Compromisos.
Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a tramitar los procedimientos legalmente previstos y adoptar los acuerdos necesarios de la forma más diligente posible, con el objeto de llevar cabo cuantas actuaciones se recogen en el presente Convenio, así como a desarrollar plenamente las disposiciones normativas previstas y demás actuaciones contempladas en este Convenio.
Séptima. Naturaleza e interpretación.
El presente Convenio de colaboración se celebra al amparo de lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el presente Convenio tiene naturaleza administrativa, sujetándose en cuanto a su regulación al ordenamiento jurídico-administrativo.
El órgano mixto de vigilancia y control que se crea en la cláusula cuarta resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que se planteen en la ejecución del presente Convenio.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación y cumplimiento serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.
El presente Convenio de colaboración no está sujeto a las disposiciones del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, a tenor de lo establecido en el artículo 4.1 c) del mismo. Sin embargo, las dudas y lagunas que en su caso pudiesen presentarse derivadas de su ejecución o interpretación se resolverán, por el órgano competente, aplicando los principios contenidos en la citada norma.
De conformidad con todo lo expuesto y convenido, en el ejercicio del que son titulares los firmantes suscriben el presente Convenio por duplicado ejemplar.–Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Subsecretaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero Sanz.–Por la Comunidad Autónoma de Aragón, el Consejero de Hacienda y Administración Pública, Javier Campoy Monreal. | Ayer fue Madrid, hoy Aragón. Las CCAA se van sumando, de a poco, a publicar en Contratación del Estado | Suscrito el pasado 12 de diciembre de 2014 Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Aragón sobre actuaciones de coordinación en materia de contratación pública, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 16 de diciembre de 2014.–El Director General del Patrimonio del Estado, Juan Antonio Martínez Menéndez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN SOBRE DIVERSAS ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En Madrid, a 12 de diciembre de 2014.
REUNIDOS
De una parte, doña Pilar Platero Sanz, Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, nombrada por Real Decreto 1853/2011, de 23 de diciembre, con competencia para suscribir el presente Convenio en virtud de la delegación de competencias efectuada por el artículo 6 de la Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio, de delegación de competencias a favor de diversos órganos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
De otra parte, don Javier Campoy Monreal, Consejero de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, para cuyo cargo fue nombrado por el Decreto de la Presidencia del Gobierno de Aragón de 3 de abril de 2014 («BOA» n.º 69, de 7 de abril de 2014), facultado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de Aragón de fecha 29 de abril de 2014, con competencia para suscribir el presente Convenio.
EXPONEN
El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP, en lo sucesivo), establece en su artículo primero que tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, buscando salvaguardar la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.
El ámbito de aplicación del TRLCSP se concreta en el artículo segundo definiendo como contratos del sector público, aquellos contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza, celebrados por alguna de las entidades definidas como sector público en el artículo tercero.
Continúa el artículo segundo en su apartado tercero, indicando que la aplicación del texto refundido a los contratos que celebran las Comunidades Autónomas y las entidades locales de su territorio u organismos dependientes se efectuará conforme a lo previsto en la disposición final segunda.
La citada disposición final segunda señala que con carácter general el texto refundido constituye legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1 de la Constitución y en consecuencia es de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y organismos y entidades dependientes de ellas, exceptuando de la misma una serie de artículos concretos, a los que excluye el carácter de legislación básica.
El presente Convenio de colaboración tiene por objeto la coordinación de las actuaciones de la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón en dos ámbitos concretos: La Plataforma de Contratación del Sector Público y los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas.
Se pretende utilizar y difundir la Plataforma de Contratación del Sector Público, contemplada en el artículo 334 del TRLCSP, como soporte a los perfiles de contratante de cualquier órgano de contratación con independencia de la Administración de que dependa, así como para dar publicidad a través de Internet de las convocatorias de licitaciones y sus resultados, y cuanta información adicional se considere relevante respecto a los contratos que se celebren, facilitando así mismo, las comunicaciones entre el órgano de contratación y los licitadores y abarcando otros trámites de la contratación administrativa, que agilicen y faciliten la tramitación, tanto a los órganos gestores del sector público como a los contratistas.
La citada Plataforma constituye un vehículo idóneo para cumplir los principios citados que han inspirado al TRLCSP de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, igualdad de trato y no discriminación, dado que es susceptible de ser utilizada por cualquier órgano de contratación del sector público, cualesquiera que sea la Administración Pública de la que dependa, y sin perjuicio de la existencia de otros instrumentos similares en las Comunidades Autónomas.
La interconexión de datos entre las Plataformas de las Comunidad Autónomas y la del Estado, en lo relativo a su desarrollo normativo, ya se ha regulado mediante la Disposición adicional tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, modificando el citado artículo 334 del TRLCSP, cambiando la denominación de la Plataforma del Estado a Plataforma de Contratación del Sector Público y estableciendo el carácter obligatorio de su utilización por todas las entidades citadas en el artículo tercero apartado primero del TRLCSP.
En el artículo 326 del TRLCSP se contempla el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y en el artículo 327 del TRLCSP se citan los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Comunidades Autónomas, previéndose en el artículo 332, la colaboración entre los citados Registros, facilitando el del Estado a todas las Administraciones la información que precisen sobre el contenido de los respectivos Registros, siendo el presente Convenio un buen instrumento para hacer efectiva la colaboración
### RESUMEN: Ayer fue Madrid, hoy Aragón. Las CCAA se van sumando, de a poco, a publicar en Contratación del Estado |
Visto el texto del III Convenio colectivo de la empresa Grupo 20 Minutos, SL –antes, Multiprensa y Más, SL- (código de convenio n.º 90014792012004), que fue suscrito, con fecha 28 de febrero de 2014, de una parte por los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y de otra por el Comité Intercentros, en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 9 de abril de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
III CONVENIO COLECTIVO DE «GRUPO 20 MINUTOS, S.L.»
CAPÍTULO I
Ámbito, vigencia y sistema normativo
Artículo 1. Ámbito funcional.
1.1 El presente Convenio Colectivo regula las relaciones de trabajo de la empresa Grupo 20 Minutos, S.L., con CIF B-82491556, en todos sus centros de trabajo.
Artículo 2. Ámbito personal.
2.1 Se regirán por el presente Convenio Colectivo todos los trabajadores que presten servicios en Grupo 20 Minutos, S.L.
2.2 Quedan expresamente excluidos:
(a) Consejeros y personal de Alta Dirección.
(b) Profesionales liberales vinculados por contratos civiles de prestación de servicios.
(c) Asesores.
(d) Los corresponsales o colaboradores que tengan formalizado un contrato civil con Grupo 20 Minutos, S.L.
(e) Los colaboradores a la pieza que no tengan una relación basada en los principios de jerarquía, ajenidad y dependencia, ni estén sometidos al control de jornada, tal y como se define en el presente Convenio Colectivo, independientemente de que mantengan relación continuada con la Empresa o sus subsidiarias.
(f) Los agentes comerciales o publicitarios que trabajen en Grupo 20 Minutos, S.L. unidos a la misma mediante contrato de agencia.
(g) El personal perteneciente a empresas que tengan formalizado un contrato civil o mercantil de prestación de servicios con Grupo 20 Minutos, S.L.
Artículo 3. Ámbito territorial.
3.1 El presente Convenio Colectivo será de aplicación a todos los centros de trabajo de la empresa Grupo 20 Minutos, S.L. que estén situados dentro del territorio del Estado Español, así como a todos aquellos trabajadores con relación laboral con la Empresa que presten sus servicios fuera del territorio español, siempre que para regir tal relación las partes hayan elegido la ley española o cuando, en defecto de elección por las partes, la legislación aplicable disponga el respeto de los mínimos de derecho laboral español.
Artículo 4. Vigencia.
4.1 El presente Convenio Colectivo entrará en vigor a partir del 1 de marzo de 2014, manteniendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015. La revisión salarial regulada en el artículo 36 del presente Convenio Colectivo se aplicará con efectos retroactivos al 1 de enero de 2014.
Artículo 5. Denuncia y prórroga.
5.1 La denuncia del Convenio podrá efectuarse por cualquiera de las partes firmantes del mismo, pudiendo formularse dentro de los últimos tres meses de su vigencia o de cualquiera de sus prórrogas. La denuncia se realizará por escrito y se presentará ante el organismo que en ese momento sea competente, dándose traslado de la misma a la otra parte.
5.2 De no mediar denuncia expresa del Convenio Colectivo, éste se prorrogará por doce meses.
5.3 En caso de denuncia del Convenio y perdida su vigencia por expiración de la duración pactada, se aplicará en régimen de ultra actividad el clausulado del Convenio salvo lo relativo a las cláusulas de revisión salarial, las cuales decaerán.
5.4 Transcurridos dieciocho meses desde la denuncia del presente Convenio Colectivo sin que se haya acordado un nuevo Convenio Colectivo, decaerá plenamente la aplicación del presente Convenio en régimen de ultra actividad y se aplicará de forma automática, el Convenio Colectivo del sector correspondiente si lo hubiere, y en caso de que no lo hubiere, la normativa laboral de aplicación.
Artículo 6. Adhesión a los Acuerdos en vigor sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales.
6.1 Mediante la firma del presente Convenio Colectivo, se establece la adhesión a los Acuerdos que estén en vigor sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales para los conflictos que afecten a más de una Comunidad Autónoma. Asimismo, para los conflictos que afecten a una sola Comunidad Autónoma se establece la adhesión a los Reglamentos correspondientes a cada Comunidad Autónoma de Solución Extrajudicial de Conflictos.
Artículo 7. Cláusula derogatoria.
7.1 A la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo queda derogado íntegramente el II Convenio Colectivo de Multiprensa y Más, S.L., publicado por la Resolución de 3 de abril de 2007, de la Dirección General de Trabajo y decaídos cuantos derechos se reconocían en aquél, salvo los que también se reconocen en el presente, si bien con el régimen jurídico que ahora se establece.
CAPÍTULO II
Organización del trabajo
Artículo 8. Organización del trabajo.
8.1 La organización técnica y práctica del trabajo es facultad de la Dirección de la Empresa, que contará, de acuerdo con el régimen establecido en la normativa vigente, con la colaboración de la representación unitaria de los trabajadores, siempre que sea legalmente exigible. La organización del trabajo tiene como fin alcanzar en la Empresa un nivel adecuado de productividad y de calidad, basado en la utilización óptima de los recursos humanos y materiales.
8.2 La Empresa escuchará y estudiará las propuestas e ideas que conlleven algún tipo de innovación o mejora para la actividad de la Empresa que le sean presentadas por la representación de los trabajadores y emitirá un informe razonado al respecto.
8.3 Todo trabajador deberá informar al departamento de Recursos Humanos de Grupo 20 Minutos, S.L. de todo trabajo por cuenta ajena que realice para empresa distinta a Grupo 20 Minutos, S.L. con el fin del ajuste de cuotas de Seguridad Social.
Artículo 9. Plantillas.
9.1 La determinación, el establecimiento y las modificaciones de la plantilla corresponden a la Dirección de la Empresa, de acuerdo con sus necesidades y en función de la innovación técnica, la racionalización del trabajo, el sistema de organización adoptado y el respeto a las normas legales que regulan la materia.
Artículo 10. Periodo de prueba.
10.1 La duración de los periodos de prueba para el personal de nuevo ingreso en Grupo 20 Minutos, S.L. será de seis meses para los trabajadores incardinados en el Grupo 0, Grupo 1 y Grupo 2, de cuatro meses para los incardinados en el Grupo 3, de 3 meses para los incardinados al Grupo 4 y de dos meses para el resto del personal.
10.2 Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará a todos los trabajadores de la Compañía, con independencia de la modalidad contractual bajo la que fueron contratados.
10.3 Durante el periodo de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes a su categoría profesional y al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de la plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrán producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso, sin necesidad de preaviso y sin que ninguna de ellas tenga derecho a indemnización.
10.4 Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador.
10.5 Los periodos de vacaciones, incapacidad temporal (I.T.) u otras ausencias laborales superiores a 10 días consecutivos, interrumpirán el cómputo del periodo de prueba.
Artículo 11. Contrato de trabajo en prácticas.
11.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de aplicación con respecto a la regulación de los contratos en prácticas, la retribución de los trabajadores con contratos en prácticas será el 75% durante el primer año y el 90% durante el segundo año del salario fijado en el presente Convenio para un trabajador del mismo grupo profesional. Todo lo anterior sin perjuicio de que perciban tantos pluses establecidos en el presente Convenio como les correspondan.
11.2 A aquellos trabajadores que mantuvieran una relación laboral con la Compañía bajo la modalidad de contrato en prácticas en el momento de entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, se les seguirá manteniendo la retribución acorde con lo establecido en el II Convenio Colectivo de Multiprensa y Más, S.L. pero no les será de aplicación la actualización salarial establecida en el artículo 36 del presente Convenio durante la vigencia del contrato en prácticas que mantengan con la Compañía.
Artículo 12. Contrato para la formación y aprendizaje.
12.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de aplicación con respecto a la regulación de los contratos para la formación y aprendizaje, la retribución de los trabajadores con esta modalidad contractual se determinará en proporción al tiempo de trabajo efectivo sin que pueda ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional.
Artículo 13. Contrato para obra o servicio determinado.
13.1 Es el contrato para la realización de una obra o servicio determinado, siendo de duración incierta y consustancial a la actividad del sector. Por ejemplo aquellos que se realicen para afrontar cualquier lanzamiento de producto editorial o nuevo proyecto que, aun siendo inherente a la actividad del sector, tuviere una duración incierta. En estos supuestos, se podrán realizar este tipo de contratos.
13.2 La duración del presente contrato será la prevista para la obra o servicio determinado objeto del mismo, y caducará al terminar ésta. En todos los casos el contrato para obra o servicio determinado tendrá una limitación máxima de tres años. La Empresa informará y justificará la celebración de estos contratos.
Artículo 14. Contratos eventuales por circunstancias de la producción.
14.1 Son trabajadores eventuales por circunstancias de la producción aquellos contratados para realizar una actividad excepcional o esporádica, por un plazo que no exceda de seis meses dentro de un periodo de doce meses. Si al término de este periodo no se hubiesen cubierto las necesidades temporales para las cuales fue contratado, adquirirá la condición de fijo de plantilla, con efecto retroactivo al comienzo del primer contrato.
14.2 Cuando un trabajador hubiese cubierto el periodo completo de contratación temporal, la Empresa no podrá contratar a otro nuevo trabajador para realizar la misma actividad que venía realizando el trabajador anterior, hasta transcurridos tres meses.
Artículo 15. Cese voluntario del trabajador.
15.1 Todo trabajador que decida rescindir unilateralmente su contrato de trabajo deberá notificarlo en el Departamento de Recursos Humanos, por escrito y con el plazo de preaviso que se especifica a continuación.
(a) Sesenta días de preaviso para el Grupo 0 y Grupo 1.
(b) Treinta días Grupo 2 y Grupo 3.
(c) Quince días de preaviso para el resto del personal.
15.2 El incumplimiento del plazo de preaviso señalado significará para el trabajador la pérdida del salario correspondiente a los días de preaviso incumplido, pudiendo la Empresa descontar automáticamente de los recibos de salarios o liquidación de haberes la cuantía que corresponda por la falta de preaviso.
CAPÍTULO III
Clasificación profesional y grupos profesionales
Artículo 16. Principios generales.
16.1 Se entiende por sistema de clasificación profesional la ordenación jurídica por la que, con base técnica y organizativa, se contempla la inclusión de los trabajadores en un marco general que establece los distintos cometidos laborales.
16.2 A estos efectos, se entiende por grupo profesional el que agrupa las aptitudes profesionales, teniendo en cuenta indicadores como formación, grado de autonomía, responsabilidad y mando.
16.3 El sistema de clasificación profesional será la base sobre la que se regulará la forma de llevar a cabo la movilidad funcional y sus distintos supuestos.
Artículo 17. Aspectos básicos de clasificación.
17.1 El presente sistema de clasificación profesional se establece, fundamentalmente, atendiendo a los criterios que el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores fija para la existencia del grupo profesional: aptitud profesional y contenido general de la prestación, incluyendo en cada grupo distintas funciones de la misma cualidad técnica, facilitando la polivalencia funcional.
17.2 La clasificación profesional se realiza en áreas de actividad y grupos profesionales por interpretación y aplicación de factores generales objetivos y por las tareas y funciones básicas más representativas que desarrollen los trabajadores. Los trabajadores en función del puesto de trabajo que desarrollan serán adscritos a una determinada área de actividad y a un grupo profesional de los establecidos en el presente capítulo, circunstancias que definirán su posición en el esquema organizativo.
Así, la posesión por parte de un trabajador de alguna o todas las competencias representativas de un grupo profesional determinado, no implica necesariamente su adscripción a la misma, sino que su clasificación estará determinada por la exigencia y el ejercicio efectivo de tales competencias en las funciones que desarrolla con carácter habitual en su actividad laboral.
17.3 Los factores que influyen en la clasificación profesional de los trabajadores y que, por tanto, indican la pertenencia de cada uno de éstos a un determinado grupo profesional, todo ello según los criterios determinados por el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, son los que se definen a continuación:
(a) Formación: factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el conjunto de conocimientos, experiencia y habilidad requeridos para el desempeño normal de un puesto de trabajo, referidos a una función o actividad empresarial. Este factor se integra por:
– Titulación: considera el nivel inicial mínimo y suficiente de conocimientos teóricos que debe poseer una persona de capacidad media para llegar a desempeñar satisfactoriamente las funciones del puesto de trabajo.
– Especialización: considera la exigencia de conocimientos especializados o complementarios a la formación inicial básica.
– Experiencia: considera los conocimientos y habilidades adquiridos y demostrados efectivamente por el trabajador durante el desarrollo de su carrera profesional.
(b) Iniciativa: factor para cuya valoración se tendrá en cuanta la capacidad para proponer ideas nuevas, encontrar alternativas y resolver situaciones imprevistas.
(c) Autonomía: factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de desenvolvimiento autónomo y correcto en el ejercicio de sus funciones.
(d) Responsabilidad: factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de responsabilidad de acción del titular de la función, el nivel de influencia sobre los resultados y la relevancia de la gestión sobre los recursos humanos, técnicos y productivos.
(e) Mando, organización y gestión: factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de supervisión y ordenación de las funciones y tareas, la capacidad de interrelación, la gestión, organización y motivación de grupos, aptitud para el liderazgo así como el número de personas sobre las que se ejerce el mando.
(f) Complejidad: factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el número y el grado de integración de los diversos factores antes enumerados en la tarea o puesto encomendado.
Artículo 18. Áreas de actividad.
18.1 Entendemos por áreas de actividad a las agrupaciones organizativas y departamentales que pudieran existir en la Empresa según el esquema organizativo establecido, teniendo en cuenta tanto el contenido de los puestos que las componen como los objetivos esenciales que las definen. Delimitan, asimismo, la trayectoria natural de una carrera profesional, y son las siguientes:
(a) Área Editorial: quedan encuadrados en esta área de actividad todos los puestos de trabajo de todos los departamentos que tienen funciones relacionadas con la elaboración de los productos editoriales de la Compañía, independientemente de que sean impresos o digitales. Agrupa cometidos propios de los departamentos de la redacción de Productos Diarios, Productos No Diarios, Diseño y Maquetación de los productos impresos y la dirección de los mismos.
(b) Área Comercial: quedan encuadrados en esta área de actividad todos los puestos de trabajo de todos los departamentos que tienen como funciones primordiales la comercialización a los anunciantes, centrales de compra y agencias de los productos de la Compañía o de terceros vinculados a la misma, así como la coordinación de la actividad comercial de los mismos y la promoción y comunicación de la Empresa. Están enfocados hacia el mercado publicitario. Agrupa cometidos propios del Departamento Comercial, Coordinación y Tráfico Web y Marketing, así como la dirección de los mismos.
(c) Área de Operaciones: quedan encuadrados en esta área de actividad todos los puestos de trabajo de todos los departamentos que tienen funciones relacionadas con la parte industrial y técnica de la Compañía así como el mantenimiento de la misma. Agrupa cometidos propios de los departamentos de Desarrollo Web, Tecnologías de la Información (incluido el Soporte), Producción y Logística y Servicios Generales (incluidas Secretarias/os) así como la dirección de los mismos.
(d) Área de Gestión: quedan encuadrados en esta área de actividad todos los puestos de trabajo de todos los departamentos que tienen como funciones primordiales la gestión general, así como la administración financiera y del personal de la Compañía. Agrupa cometidos propios de los departamentos de Dirección, de Finanzas y de Recursos Humanos así como la dirección de los mismos.
18.2 Sin perjuicio a lo anterior, la presente distribución de las diferentes Áreas de actividad corresponde a la organización existente en el momento de la firma del presente Convenio Colectivo. Dado que la distribución y estructura organizativa de la Empresa corresponde a la Dirección de la misma, en caso de que ésta se viese alterada por reorganización o distribución empresarial y que algún o algunos departamentos fuesen objeto de cambio de área de actividad, éstos cambios se realizarán de forma automática, pasando los trabajadores pertenecientes a los mismos a pertenecer al nuevo área de actividad.
Artículo 19. Grupos Profesionales.
19.1 La enumeración de los grupos profesionales que se definen a continuación no supone obligación para la Empresa de tener previstos todos ellos si sus necesidades no lo requieren. A estos mismos efectos, las labores e indicadores descritos en cada uno de los grupos profesionales que sigue tienen un carácter enunciativo, no limitativo y deben servir de referencia para la asignación de puestos análogos que surjan con posterioridad como consecuencia de cambios tecnológicos, estructurales o de negocio.
19.2 Esta estructura profesional pretende obtener una más razonable estructura productiva, todo ello sin merma de la dignidad, oportunidad de promoción y justa retribución que corresponda a cada trabajador. Todos los puestos de trabajo existentes se ajustarán a los grupos establecidos en el presente Convenio Colectivo. De aparecer nuevos puestos de trabajo éstos se adscribirán a los distintos grupos profesional existentes.
19.3 La adscripción de empleados a los grupos profesionales será competencia exclusiva de la Dirección de la Empresa.
19.4 Los grupos profesionales son los siguientes:
(a) Grupo Profesional 0: funciones que requieren el más alto grado de autonomía y responsabilidad, que se ejercen sobre un área o varios departamentos de la Empresa. Depende directamente de la Alta Dirección de la Compañía. El puesto de trabajo correspondiente a este grupo profesional será el Director de Área.
Formación: titulación universitaria superior o bien de grado medio complementada con una dilatada experiencia profesional y formación de postgrado o, en su defecto, conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión complementada con formación específica en el puesto de trabajo.
(b) Grupo Profesional 1: funciones que requieren un alto grado de autonomía y responsabilidad, mando y complejidad, que se ejercen sobre un departamento de la Empresa, partiendo de directrices muy amplias, debiendo dar cuenta de su gestión a los Directores de Área. También supervisa y coordina los recursos humanos y técnicos del departamento para atender las necesidades concretas que se requieran, velando por el correcto funcionamiento y continuidad de la actividad de la Empresa. El puesto de trabajo correspondiente a este grupo profesional será el Director de Departamento o Subdirector, según corresponda.
Formación: titulación universitaria superior o bien de grado medio complementada con una dilatada experiencia profesional y formación de postgrado o, en su defecto, conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión.
(c) Grupo Profesional 2: funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de tareas realizadas por un conjunto de trabajadores dentro de un mismo departamento de la Empresa, debiendo dar cuenta a los Directores de Departamento o Subdirector en caso de que así corresponda acorde al organigrama empresarial. También supervisa y coordina los recursos humanos y técnicos del área para atender las necesidades concretas que se requieran, velando por el correcto funcionamiento y continuidad de la actividad de la Empresa. El puesto de trabajo correspondiente a este grupo profesional será el Jefe de Área o Redactor Jefe, según las diferentes áreas de actividad.
Formación: titulación universitaria superior o bien de grado medio complementada con una dilatada experiencia profesional y formación de postgrado o, en su defecto, conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión.
(d) Grupo Profesional 3: funciones de coordinación y toma de decisiones que afectan al trabajo diario dentro de su departamento, bajo la supervisión de su redactor Jefe o Jefe de Área o responsable superior. En ausencia de éste tomará las decisiones necesarias para el normal desarrollo del departamento, sin perjuicio de lo que se establece en este Convenio sobre la movilidad funcional. Los puestos de trabajo correspondientes a este grupo profesional serán el Coordinador, Jefe de Sección, Jefe de Equipo o Jefe de Zona.
Formación: titulación universitaria superior o bien de grado medio completada con una dilatada experiencia profesional y/o formación de postgrado o, en su defecto, conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión.
(e) Grupo Profesional 4: realización de tareas que exigen un contenido intelectual, así como aquellas que consisten en establecer o desarrollar programas o aplicar técnicas siguiendo instrucciones generales. Los puestos de trabajo correspondientes a este grupo profesional serán el Redactor, Ejecutivo de Cuentas, Técnico, Diseñador Gráfico, Infógrafo, Documentalista, Corrector, Desarrollador (incluidos Programadores) según cada área de actividad.
Formación: titulación universitaria específica, en su defecto, conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión.
(f) Grupo Profesional 5: tareas de carácter auxiliar y complementario al funcionamiento general de la Empresa. Incluye la realización de tareas que, aun sin implicar ordenación de trabajo, tienen un contenido medio de actividad intelectual y de relaciones humanas. Los puestos de trabajo correspondientes a este grupo profesional son el Auxiliar de Departamento, Secretario/a, Telefonista o Recepcionista según cada área de actividad.
Formación: equivalente a educación secundaria obligatoria o Formación Profesional I o, en su defecto, conocimientos con una cierta especialización o habilidad instrumental.
(g) Grupo Profesional 6: tareas que se ejecuten según instrucciones concretas, claramente establecidas, con un alto grado de dependencia, que requieren preferentemente esfuerzo o atención y que no necesitan de formación específica. El puesto de trabajo correspondiente a este grupo profesional será el Personal Subalterno.
Formación: conocimientos a nivel de formación elemental.
19.5 Las tablas salariales correspondientes a los años de vigencia del Convenio en relación con la clasificación profesional se detallan en el Anexo I del presente Convenio Colectivo.
19.6 Asimismo se detalla en el Anexo II del presente Convenio Colectivo la tabla de equivalencias entre la clasificación profesional establecida en el II Convenio Colectivo de Multiprensa y Más, S.L. con la establecida en el presente Convenio Colectivo, pasando a ocupar, de forma automática con la firma del presente Convenio Colectivo, todos los trabajadores el nuevo grupo profesional que corresponda y percibiendo el nuevo sueldo base correspondiente. En caso de que ello suponga un incremento de salario base, la diferencia salarial será compensable y absorbible con los restantes conceptos salariales fijos que viniese percibiendo el trabajador. En el caso de que ello suponga decremento del salario base, la diferencia salarial con respecto al salario base que viniese percibiendo, se mantendrá bajo el concepto «Plus Convenio», y si no existiese se creará al efecto.
19.7 La Comisión Mixta del presente Convenio Colectivo, definida según el artículo 73 de este Convenio Colectivo se encargará, en el plazo de un mes desde la firma del presente Convenio Colectivo, de realizar los encuadramientos individuales oportunos de aquellos trabajadores que, realizando mismas o similares funciones y responsabilidad que sus compañeros de departamento, ocupen un grupo profesional distinto al que debiere corresponderles. En caso de que dicha movilidad suponga un incremento de grupo profesional, la diferencia salarial del sueldo base será compensable y absorbible con el resto de complementos fijos salariales que viniese percibiendo, en tal caso. En caso de que la movilidad suponga un decremento de grupo profesional, la diferencia salarial con respecto al salario base que viniese percibiendo, se mantendrá bajo el concepto «Plus Convenio».
En todo caso, el director del departamento correspondiente o responsable superior asistirá a la Comisión Mixta en esta tarea.
CAPÍTULO IV
Movilidad geográfica y funcional
Artículo 20. Movilidad geográfica.
20.1 Cuando existan justificadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, la Empresa podrá proceder al traslado o desplazamiento, individual o colectivo, de los trabajadores siguiendo para ello los procedimientos previstos legalmente.
20.2 Cuando el traslado suponga cambio de residencia, el trabajador o trabajadores afectados tendrán derecho a percibir una compensación por los gastos de traslado propios y de familiares a su cargo, así como de transporte de mobiliario, ropa y enseres, en los términos que se convengan entre las partes. Dichos gastos, una vez convenidos, deberán ser justificados fehacientemente por el trabajador o trabajadores afectados. Por ello, antes de proceder a la contratación de una mudanza por parte del trabajador, éste deberá remitir el/los presupuesto/s a la Empresa para su aprobación. En ningún caso se abonarán gastos que no hayan sido previamente autorizados.
20.3 Cuando el cambio de centro de trabajo se realice dentro de la misma provincia, o a un centro de otra provincia que diste menos de un radio de 40 kilómetros a contar desde el antiguo centro de trabajo, se entenderá que no existe necesidad de cambiar la residencia habitual del trabajador o trabajadores y no existirá modificación geográfica a tal efecto.
20.4 Cuando se den estas circunstancias, el trabajador o trabajadores afectados no tendrán derecho a recibir compensación alguna por gastos de traslado o desplazamiento.
20.5 Cuando se produzca un cambio de centro de trabajo a provincia distinta y que el nuevo centro de trabajo se encuentre a más de un radio de 40 kilómetros a contar desde el antiguo centro, se considerará movilidad geográfica a tal efecto. En este caso, si el trabajador desea cambiar su residencia habitual, tendrá derecho a percibir una indemnización por el importe de dos mensualidades de su Salario Base de Convenio y Plus Convenio. Por el contrario, si el trabajador no desea modificar su residencia habitual, tendrá derecho a percibir una indemnización por el importe de una mensualidad de su Salario Base y Plus Convenio.
20.6 En cualquier caso, el trabajador que se vea afectado por un traslado y haya cambiado su residencia habitual tendrá que demostrar que ha procedido a ello para que se proceda al abono de los gastos de traslado y de la indemnización que corresponda. En caso de no demostrarlo, se entenderá que no se ha producido el cambio de la residencia habitual.
20.7 Si el traslado se efectúa por mutuo acuerdo entre la Empresa y el trabajador se estará a las condiciones establecidas por escrito entre ambas partes.
20.8 Se podrá realizar un cambio de destino entre dos trabajadores de distintos centros, siempre que ambos pertenezcan al mismo grupo profesional, con puestos de trabajo análogos y que entre ellos se pongan de acuerdo para realizar el cambio. Esta permuta, no da derecho a indemnización alguna para ninguno de los trabajadores afectados y, en todo caso, requerirá previa aceptación de la Empresa.
20.9 Cuando en un mismo Centro de Trabajo presten sus servicios dos trabajadores que sean matrimonio o pareja de hecho debidamente registrada y uno de ellos fuese trasladado por voluntad empresarial a otro centro, la Empresa procurará trasladar a ambos, siempre que las necesidades organizativas, productivas, técnicas y económicas del centro de origen y de destino lo permitan, y siempre que el inmediato superior no se oponga a dicho traslado por razones justificadas.
20.10 En el supuesto de que la Empresa pretenda trasladar de forma definitiva un determinado centro de trabajo y el nuevo centro se encuentre dentro de la misma provincia o en otra que diste de la del centro de origen en un radio de menos de 40 kilómetros, se entenderá que no existe necesidad de cambiar la residencia habitual de los trabajadores.
20.11 Para los supuestos de desplazamiento temporal, se estará a lo dispuesto legalmente.
20.12 Para el caso de trabajadores que presten servicios bajo el régimen de teletrabajo desde su domicilio, se considerará a los efectos de lo regulado en el presente artículo su domicilio como centro de trabajo y no el centro de trabajo al que estuviesen adscritos a efectos de Seguridad Social.
Artículo 21. Movilidad funcional.
21.1 La Dirección de la Empresa, podrá destinar a los trabajadores a los distintos puestos de trabajo existentes en la Empresa, siempre que dicha movilidad se realice dentro del mismo grupo profesional. Dicha movilidad funcional no podrá suponer en ningún momento minoración retributiva y en ningún caso supondrá una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
21.2 Por necesidades organizativas, técnicas o de producción, la Empresa podrá asignar a un trabajador la realización de funciones correspondientes a un grupo profesional inferior al de origen, siempre que se haga por el tiempo imprescindible para atender las necesidades que motivan dicho cambio, y sin perjuicio de que el trabajador perciba la retribución de su grupo y nivel de origen.
21.3 A los efectos de evitar el menoscabo de la dignidad personal y de la formación profesional del trabajador, en el caso de que el puesto a cubrir por necesidades organizativas o de producción pudiese ser realizado por más de un trabajador dentro de aquellos que cumplen las mismas funciones, lo contemplado en el párrafo anterior deberá realizarse de forma rotativa, en periodos de dos meses, durante el tiempo que duren las causas organizativas o de producción que motivaron la movilización, salvo acuerdo individual en contrario.
21.4 En el caso de que el cambio de destino a un grupo profesional inferior tuviese lugar por la petición del trabajador, a éste se le podrá asignar la retribución propia del nuevo puesto aunque conlleve minoración de la del puesto de origen. Este cambio se efectuará siempre que la estructura empresarial lo permita.
21.5 En el caso de que un trabajador sea asignado a un grupo profesional superior, percibirá la retribución del grupo y nivel de destino durante el tiempo movilizado.
21.6 Dicha situación no podrá prolongarse durante más de cuatro meses en un año o seis en el plazo de dos años. Cumplido ese plazo, la Empresa deberá reintegrarle a sus funciones o ascenderle al grupo profesional que corresponda a las funciones que estuviera desempeñando. Cuando no proceda, de acuerdo con la legislación vigente o según Convenio, el ascenso, el trabajador tendrá derecho a la diferencia retributiva entre el nivel salarial asignado y la función efectivamente realizada.
21.7 El periodo de tiempo previsto en el párrafo anterior no operará en el caso de que el trabajador sea asignado a funciones superiores con motivo de la sustitución por vacaciones, enfermedad o baja por incapacidad de un compañero de trabajo.
21.8 De conformidad con la legislación vigente, no se podrán invocar como causas de despido objetivo la ineptitud sobrevenida o la falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales, como consecuencia de la movilidad funcional, en tanto en cuanto dure esta situación de manera temporal.
21.9 La Empresa comunicará por escrito las movilidades funcionales ascendentes o descendentes que se vayan a realizar.
CAPÍTULO V
Jornada laboral
Artículo 22. Jornada laboral.
22.1 La jornada laboral será de 1620 horas anuales para toda la vigencia del Convenio Colectivo, jornada que se podrá distribuir de forma regular o irregular de lunes a domingo.
22.2 La jornada podrá distribuirse de manera irregular entre los diferentes días de la semana, mensual o anualmente, si así se acuerda por la Dirección de la Empresa.
22.3 El personal del área de Gestión, del área de Comercial y del área de Operaciones, salvo el personal del departamento de Servicios Generales, el personal de Soporte informático perteneciente al departamento de Tecnologías de Información y el personal de Maquetación Digital perteneciente al departamento de Desarrollo Web, prestará sus servicios en jornada intensiva entre el 1 de julio y 31 de agosto. Durante este periodo, cada departamento asignará, de forma rotativa, al personal necesario que cubra las tareas propias del mismo durante el resto de la jornada.
22.4 Quedan excluidos de la realización de la jornada intensiva entre las fechas indicadas en el párrafo anterior aquellos trabajadores encuadrados en los Grupos Profesionales 0 y 1.
Artículo 23. Calendario laboral y horario de trabajo.
23.1 Cada año la Empresa elaborará el calendario laboral en función de las fiestas establecidas por las Administraciones Públicas, al objeto de realizar las horas pactadas en el artículo anterior, informando previamente a su publicación a los representantes de los trabajadores. Dicho calendario se publicará, como muy tarde, en el mes de enero, salvo circunstancias especiales que justifiquen su retraso, y se expondrá en los centros de trabajo correspondientes así como en la intranet de la Empresa durante todo el año natural.
23.2 Con el fin de optimizar los recursos de la Compañía y su funcionamiento como medio de comunicación, la jornada laboral y el horario de trabajo se desarrollará durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pudiéndose solapar con el día siguiente.
23.3 En relación con lo anterior, la jornada laboral podrá distribuirse de la siguiente manera:
(a) Jornada continua: implica la prestación de los servicios en un horario ininterrumpido en cada jornada de trabajo.
(b) Jornada partida: implica la prestación de los servicios en un horario con interrupción del mismo entre 1 y 2 horas en función del horario establecido para cada departamento o área.
23.4 Con el fin de que los horarios de trabajo puedan solaparse y haya continuidad en los equipos, los diferentes integrantes de un mismo departamento o área podrán tener diferente horario de entrada y salida.
23.5 En todo caso se respetará el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas de trabajo.
23.6 A tenor de lo previsto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, la cobertura de vacantes fijas existentes o de nueva creación, los cambios de periodicidades en productos impresos, las necesidades de cobertura y dedicación en otros mercados donde opere la Compañía y que sean de huso horario distinto al de la misma, el lanzamiento y gestión de nuevos productos, cambios en las estructuras del tráfico de los productos online que obliguen a reforzar ciertas franjas horarias, creación de nuevas áreas informativas/áreas de trabajo/secciones o desaparición de otras en las que hasta el momento prestaban servicio los trabajadores y la optimización de las competencias laborales de los empleados constituyen, entre otras, causas organizativas y/o productivas, a los efectos de modificar sustancialmente las siguientes condiciones de trabajo: jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo y régimen de trabajo a turnos.
23.7 En el supuesto de que se trate de modificaciones de carácter individual, la Empresa notificará la concurrencia de las causas, en primer lugar, a la representación de los trabajadores, y posteriormente la decisión al trabajador o trabajadores afectados.
23.8 En el caso de modificaciones de carácter colectivo, la Empresa deberá notificar la concurrencia de las causas a la representación de los trabajadores, teniendo este un plazo de dos días para su constatación, comprometiéndose a firmar el acuerdo a que se refiere el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores para las modificaciones de carácter colectivo en el plazo de quince días desde la constatación de las causas alegadas por la Empresa.
23.9 En todo caso, tanto en modificaciones sustanciales de carácter individual como colectivas, el trabajador o trabajadores perjudicado/s por ellas podrá/n solicitar la extinción de su contrato de trabajo en los términos previstos en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.
23.10 La Comisión Negociadora del Convenio Colectivo atenderá la concurrencia de nuevas causas organizativas y/o productivas no contempladas en este artículo.
23.11 No obstante a lo anterior, lo regulado en el presente artículo no impedirá a la Compañía ejercer las facultades que los artículos 40 y 41 del Estatuto de los Trabajadores le atribuyen y bajo los procedimientos regulados en dichos artículos en los supuestos de concurrencia de cualesquiera causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y que impliquen modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, ya sean individuales o colectivas.
23.12 Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección de la Empresa podrá libremente alterar temporal y puntualmente el horario de los trabajadores para cubrir necesidades imprevistas y temporales, tales como cubrir bajas por enfermedad de compañeros o acontecimientos inesperados y relacionados con la actividad de la Compañía. Asimismo también podrá alterar los horarios de forma temporal y puntual y de igual manera para cubrir necesidades ya previstas, tales como vacaciones de compañeros o acontecimientos relacionados con la actividad de la Compañía conocidos con anterioridad. En este último caso la Empresa tendrá que avisar al trabajador mediando un preaviso mínimo de tres días naturales siempre y cuando conozca la incidencia que justifica el cambio de horario del trabajador en un plazo igual o mayor. En caso de incumplimiento del preaviso indicado y siempre que la Empresa conozca la incidencia que justifica el cambio del horario en un plazo igual o mayor a tres días naturales, se compensará al trabajador con una indemnización equivalente a su salario diario por los días de preaviso incumplidos.
23.13 Todos los trabajadores de alta en la Compañía en el momento de entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, tendrán un horario de referencia y una distribución de la jornada semanal. El horario de referencia de los departamentos del área de Gestión, Comercial y Operaciones (salvo el personal del departamento de Servicios Generales, el personal de Soporte informático perteneciente al departamento de Tecnologías de Información, el personal del departamento de Producción y Logística y el personal de Maquetación Digital perteneciente al departamento de Desarrollo Web) será el siguiente:
– De lunes a jueves: de 9 h a 14 h y de 15.15 h a 18.15 h, incluido un descanso de 15 minutos obligatorio no retribuido.
– Viernes: de 9 h a 15 h, incluido un descanso de 15 minutos no retribuido.
– Durante la jornada intensiva (1 de julio - 31 de agosto, de lunes a viernes): de 9 h a 15 h, incluido un descanso de 15 minutos obligatorio no retribuido.
El horario de referencia del personal del departamento de Servicios Generales será el siguiente:
– De lunes a jueves (durante todo el año): de 9 h a 14.30 h y de 15.30 h a 18 h, incluido un descanso obligatorio de 15 minutos no retribuido.
– Viernes (durante todo el año): de 9 h a 14,15 h, incluido un descanso obligatorio de 15 minutos no retribuido.
El horario de referencia del resto de departamentos será el que tenían justo antes de la entrada en vigencia del presente Convenio Colectivo.
23.14 Todo el personal que realice una jornada de trabajo continuada de más de seis horas tendrá derecho a un descanso retribuido de 15 minutos incluido en el total de dicha jornada.
23.15 Todo el personal que realice una jornada de trabajo a tiempo partido tendrá un descanso obligatorio no retribuido de 15 minutos no incluido en el total de dicha jornada.
23.16 Los descansos referidos en los dos puntos anteriores no se podrán disfrutar ni al comienzo ni al final de la jornada de trabajo, ni en los periodos de interrupción de la jornada. El disfrute del descanso regulado no podrá modificar en modo alguno el horario de entrada y salida.
23.17 En caso de que el trabajador no pueda disfrutar del descanso que le corresponde por razones de trabajo y así se lo indique su responsable directo, será éste quien le indique cuando puede realizarlo dentro de la jornada de trabajo.
23.18 Quedan derogados todos los acuerdos o concesiones sobre horario y jornada de trabajo que tuvieran los trabajadores de la Empresa a título individual o colectivo y que difieran de los horarios de trabajo de referencia establecidos en el presente artículo.
23.19 No obstante, todo trabajador de la Compañía podrá plantear a la Dirección de Recursos Humanos la prestación del trabajo en horario distinto al establecido. La Dirección de Recursos Humanos de la Empresa resolverá la petición de forma motivada, reuniéndose previamente con el trabajador solicitante y sus responsables directos o superiores.
Artículo 24. Guardias.
24.1 La Dirección de la Compañía podrá implantar un sistema de guardias en aquellos departamentos o áreas de la que crea oportuno. Estos sistemas de guardias deberán ser negociados con la representación de los trabajadores.
24.2 Aquellos departamentos o áreas que tuvieren regulado un sistema de guardias antes de la entrada en vigor del presente convenio colectivo se seguirán manteniendo en los términos que fueron acordados.
Artículo 25. Compensación de exceso de jornada.
25.1 La prestación de trabajo por encima de la jornada diaria establecida será voluntaria y a requerimiento de la Compañía. Los trabajadores de la Empresa se comprometen, siempre que sea posible, a prolongar su trabajo el tiempo que sea imprescindible para la finalización de aquellas tareas productivas que sean inherentes al buen funcionamiento de la Compañía. En el caso de los trabajadores del área Editorial, este compromiso también incluirá cubrir acontecimientos noticiosos imprevistos.
25.2 El trabajo realizado por encima de la jornada diaria se compensará con descanso, siempre y cuando no perturbe el normal proceso productivo de la Empresa.
25.3 El control de la jornada realizada, así como el exceso sobre la misma, corresponderá a los integrantes de los Grupos Profesionales 0, 1, 2 y 3 teniendo la obligación éstos, de utilizar las herramientas que la Empresa ponga a su disposición para tal fin y en los plazos que internamente se establezcan.
25.4 El exceso de jornada diario de hasta cuatro horas (inclusive) se compensará dentro de los cinco días laborables siguientes, entrando a trabajar más tarde o finalizando la jornada con anterioridad, según acuerdo con el responsable inmediato. El exceso de jornada diario de más de cuatro horas se compensará con un día de libranza.
25.5 Los excesos de jornada diaria de hasta cuatro horas no se podrán acumular para generar días completos de libranza.
25.6 En caso de que el trabajador no haya podido compensar el exceso de jornada realizado dentro de los 5 días laborables siguientes, podrá ser compensado con un día de libranza en caso de que tenga más de 6 horas de exceso de jornada no disfrutadas acumuladas en diferentes días. En caso de que la acumulación sea menor o igual a 6 horas, serán compensadas en los cinco días laborables siguientes o cuando el volumen de trabajo lo permita.
Artículo 26. Descanso semanal.
26.1 Todos los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo disfrutarán de, al menos, dos días de descanso consecutivos, preferentemente los del fin de semana pero pudiendo ser éstos cualesquiera dentro de toda la semana natural.
26.2 Entre dos días de descanso no podrá mediar un periodo de trabajo superior a cinco días siempre que sea posible.
26.3 Excepcionalmente, la Empresa podrá alterar los días de descanso del trabajador.
26.4 El preaviso en el caso de alteración del sistema de descanso deberá ser comunicado al trabajador o trabajadores afectados con al menos tres días de antelación, no pudiendo modificarse los días de descanso correspondientes al fin de semana previo e inmediatamente posterior a las fechas de vacaciones.
26.5 El trabajador recuperará el día de descanso alterado junto al descanso de la semana siguiente sin perjuicio de que pueda acordar con su responsable directo el disfrute en fecha distinta. De igual forma también podrán acordar disfrutar de forma anticipada la recuperación de un día de descanso alterado cuando exista planificación de una futura alteración del descanso. No obstante a ello y en todo caso, la recuperación del día de descanso alterado se realizará dentro del periodo máximo de catorce días que establece el artículo 37.1 del Estatuto de los trabajadores.
Artículo 27. Festivos.
27.1 Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho al disfrute de los festivos que correspondan según el calendario laboral publicado anualmente por el Gobierno o, en su caso, por las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos.
27.2 La compensación por festivo trabajado será a razón de 2 días de libranza por día festivo efectivamente trabajado (1 festivo trabajado = 2 días de libranza).
27.3 En el caso de que algún trabajador tenga que prestar sus servicios las noches de los días 24, 31 de diciembre y 5 de enero desde las 20:00 horas de dichos días, recibirán una compensación especial de 100 euros brutos.
27.4 Si un festivo coincidiera con el descanso semanal, se compensará por otro día no festivo a determinar por la Empresa, todo ello siempre y cuando el descanso semanal del trabajador sea de dos días de descanso consecutivos.
Artículo 28. Disfrute de los días de libranza.
28.1 Los días de libranza devengados por exceso de jornada se disfrutarán al día siguiente del exceso de jornada realizado, sin perjuicio de que el trabajador pueda acordar con su responsable directo el disfrute en día distinto. De igual forma, y mediante acuerdo entre trabajador y responsable directo, se podrá disfrutar de forma anticipada de días de libranza que se tenga previsto generar por un futuro exceso de jornada ya planificado.
28.2 Los días de libranza devengados por trabajo en festivos se disfrutarán bajo criterio del trabajador, que deberá comunicar sus planes a la Empresa con 15 días de antelación. El trabajador podrá añadir días de libranza al periodo vacacional, siempre que los días de vacaciones a disfrutar sean más de cinco consecutivos y los días a añadir no superen el 10% de los días de vacaciones a disfrutar. En cualquier caso el trabajador no podrá disfrutar de más de cuatro días de libranza consecutivos.
28.3 Los días de libranza devengados caducarán el 31 de enero del año siguiente a su devengo sin posibilidad de disfrute posterior. En caso de que por razones empresariales el trabajador no haya podido disfrutar de los días devengados antes del 31 de enero del año siguiente, los días pendientes de disfrute se acumularán a los días de vacaciones para dicho año.
Artículo 29. Vacaciones.
29.1 Los trabajadores que presten servicios 5 días laborables en una semana natural, tienen derecho a 22 días laborables de vacaciones al año.
29.2 La duración de las vacaciones en los supuestos de nuevo ingreso se calculará en proporción al tiempo de permanencia en la Empresa.
29.3 El cuadro de vacaciones lo fijará la Empresa: 15 de los 22 días laborables de vacaciones se disfrutarán entre los meses de julio y agosto; los restantes 7 días laborables se disfrutarán en las fechas que se fijen de común acuerdo entre trabajador y la Dirección.
29.4 Los trabajadores que presten servicios en un número inferior a 5 días laborables en una semana natural, devengarán la parte proporcional de días de vacaciones en función del número de días de trabajo, independientemente del número de horas que realicen. Y en cuanto al disfrute, disfrutarán de los días de vacaciones devengados sobre sus días laborables establecidos.
29.5 El trabajador conocerá las fechas de vacaciones que le correspondan al menos dos meses antes del comienzo del periodo vacacional que se le asigne.
29.6 En aquellos supuestos en los que se modifique por voluntad de la Empresa el cuadro de vacaciones después de su notificación oficial, el trabajador que se vea afectado por dichos cambios tendrá derecho a tres días más de vacaciones.
29.7 El derecho al disfrute de los días de vacaciones devengados caducará el 31 de enero del año siguiente a su devengo sin posibilidad de disfrute posterior.
29.8 Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la Empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48.bis del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
29.9 En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
Artículo 30. Permisos.
30.1 El trabajador, avisando con antelación y estando obligado a rellenar el formulario establecido al efecto, tendrá derecho a licencia o permiso retribuido, siempre que justifique, con los documentos o pruebas oportunas, y dentro de los veinte días siguientes a su disfrute, la causa que motivó el permiso, en los siguientes supuestos y por la duración que se indica:
(a) El día de la boda y quince días naturales en caso de matrimonio o de registro de parejas de hecho. El permiso de los quince días comenzará a computarse al día siguiente de celebrarse el matrimonio o de la inscripción en el registro de parejas de hecho. No obstante, el trabajador podrá disfrutar de este permiso en fecha distinta si así lo acuerda con la Empresa.
(b) Por matrimonio de padres, hijos o hermanos: un día natural que habrá de coincidir con la fecha de celebración de aquél.
(c) En los supuestos de los padres, cuatro días naturales por nacimiento de hijo a computar y disfrutar desde el momento del nacimiento.
(d) Tres días naturales por enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (incluido el vínculo por pareja de hecho), y cuatro días en caso de que el trabajador tenga que desplazarse a una provincia distinta a la de la residencia habitual por motivo del permiso. Los días de permiso computarán desde el día del hecho causante.
(e) Dos días naturales por traslado de domicilio habitual. Este permiso sólo se podrá disfrutar una vez cada año.
(f) El tiempo indispensable para el cumplimiento del deber público de carácter inexcusable y personal.
(g) El tiempo necesario para ejercer funciones sindicales o de representación del personal, de acuerdo con el crédito horario sindical que fije la legislación vigente en cada momento.
(h) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
(i) Por el tiempo indispensable para concurrir a exámenes académicos oficiales relacionados con la actividad profesional del trabajador.
(j) Dos días al año, en supuestos de necesidad extrema debidamente justificada, como incendio o inundación de la vivienda y supuestos de similar trascendencia.
(k) Tres días al año por enfermedad no grave de hijos menores de edad o personas a cargo.
Artículo 31. Licencias.
31.1 Los trabajadores que tengan una antigüedad en la Empresa de un año podrán solicitar en supuestos de necesidad justificada licencias sin retribución por un plazo no superior a tres meses. Las licencias sin retribución por una duración inferior a dieciséis días podrán solicitarse sin necesidad de justificar los motivos de la misma.
31.2 Para aquellos trabajadores que no tengan una antigüedad en la Empresa de un año, el periodo máximo de duración de dicha licencia será de quince días.
31.3 La Dirección de la Empresa estudiará caso por caso cada una de las solicitudes de estas licencias concediéndolas o rechazándolas dentro de los quince días siguientes a su solicitud, motivándose, en caso necesario, el rechazo de licencia. En ningún caso, se podrá disfrutar de estas licencias sin previa autorización expresa de la Dirección de la Empresa.
31.4 Una vez disfrutada una licencia, no se podrá solicitar una nueva en el transcurso de los dos años siguientes a la finalización de la licencia anterior disfrutada, salvo que ésta sea inferior a 16 días, la cual no podrá solicitarse nuevamente en el transcurso de un año desde la finalización de la licencia anterior disfrutada.
Artículo 32. Excedencias.
32.1 Las Excedencias por cuidado de hijos o adopción y por cuidado de familiares se regularán de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.
32.2 No obstante lo anterior, en el supuesto de que dos trabajadores que presten sus servicios en Grupo 20 Minutos, S.L. generasen el derecho de excedencia por un mismo sujeto causante, ésta no se podrá disfrutar de forma simultánea cuando concurran razones justificadas de funcionamiento.
32.3 Las Excedencias forzosas se regularán de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.
32.4 Excedencia voluntaria: el trabajador con al menos un año de antigüedad en la Empresa podrá solicitar la excedencia voluntaria por un plazo no inferior a cuatro meses y no superior a cinco años, y siempre que hayan transcurrido cuatro años desde el final de una excedencia voluntaria anterior.
32.5 La excedencia voluntaria no supondrá, en ningún caso, la reserva del puesto de trabajo ni de cualquier otro puesto de categoría similar.
32.6 La excedencia voluntaria no podrá solicitarse para prestar servicios de cualquier tipo, bien sea mediante relación laboral o mercantil, para cualquier otra Empresa cuya actividad sea competente con la de Grupo 20 Minutos, S.L. en el momento de la solicitud, a no ser que la Empresa así se lo conceda por escrito al solicitante.
32.7 En el supuesto de que durante la excedencia el trabajador preste servicios para una Empresa competencia de Grupo 20 Minutos, S.L., el trabajador perderá el derecho de reincorporación preferente.
32.8 Las peticiones de excedencia deberán ser resueltas por la Empresa en un plazo de un mes a contar desde de la fecha de su solicitud.
32.9 El período en que el trabajador permanezca en esta situación de excedencia voluntaria no será computable a efectos de antigüedad, salvo que dicha excedencia sea por cuidado de hijos o familiar según lo dispuesto en el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores.
32.10 El trabajador excedente conservará sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar grupo profesional a la suya que hubiera o se produjeran en la Empresa siempre y cuando sean dentro del área y departamento en el que desempeñaba su trabajo. El trabajador excedente deberá solicitar su reingreso dentro del último mes anterior a la finalización de la situación de excedencia, y siempre al menos con 10 días de antelación a la terminación de la misma. Si no se respetase este preaviso se entenderá que el trabajador en excedencia ha perdido el derecho preferente al reingreso.
32.11 En los casos de excedencia por cuidado de hijos o familiar el trabajador tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo durante el primer año de duración de la excedencia o quince meses si es por familia numerosa o dieciocho meses si se trata de categoría especial. Transcurridos dichos plazos, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.
CAPÍTULO VI
Régimen retributivo
CAPÍTULO VI.I
Conceptos salariales
Artículo 33. Estructura salarial y criterios generales.
33.1 Con carácter general, las retribuciones de los trabajadores incluidos en el ámbito personal del presente Convenio Colectivo estarán constituidas por el Salario Base de Convenio (grupo y nivel salarial) y los complementos que les sean de aplicación. No formarán parte del salario, en su caso, las indemnizaciones o compensaciones de carácter no salarial.
33.2 Todos los conceptos consignados en este Convenio se consideran brutos, debiéndose practicar sobre ellos las retenciones legales que procedan por razones fiscales, de Seguridad Social, órdenes judiciales o administrativas de retención o embargo o cualquier otro imperativo legal.
33.3 El Salario Base para los años de vigencia del presente Convenio Colectivo será el establecido en la tabla salarial anexa al presente Convenio.
33.4 La Empresa pagará sin discriminación alguna por razón de raza, sexo, orientación sexual, ideología o religión.
33.5 Los trabajadores a tiempo parcial percibirán el importe de salario base referido en las tablas salariales según el grupo profesional que ocupen de forma proporcional al porcentaje de jornada que realicen.
Artículo 34. Atrasos y anticipos.
34.1 El trabajador tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta de las retribuciones que se hubieran devengado en el momento en que se solicite el anticipo, debiendo reintegrarse el importe anticipado dentro del mismo mes en que se haya solicitado o en el momento del pago de la paga extraordinaria de haberse anticipado alguna parte de la misma.
34.2 No se podrá solicitar más de dos anticipos al año por trabajador. Por razones excepcionales y justificadas, y previa aprobación por parte de la Empresa, el trabajador podrá tener derecho a un tercer anticipo dentro de un mismo año.
34.3 La extinción de la relación laboral por cualquier causa determinará la devolución del anticipo o cualquier otra cantidad concedida voluntariamente por la Empresa. En el momento de la baja en la Empresa la deuda será vencida y exigible de pleno derecho, pudiendo ser compensada con la liquidación de haberes, retribuciones e indemnizaciones que la Empresa adeudara al empleado en dicho momento.
34.4 El atraso del pago de la retribución mensual o extraordinaria por parte de la Empresa dará derecho al trabajador a percibir la misma con el interés por mora que corresponda, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.
34.5 Se considera atraso del pago a partir del día 5 del mes siguiente.
Artículo 35. Plus Convenio.
35.1 Se denominará Plus Convenio a la diferencia entre el salario real que recibe cada trabajador y el Salario Base de Convenio que le corresponde por grupo y nivel salarial. Este concepto responde a un complemento personal que supera el salario base establecido en las tablas del Convenio Colectivo.
Artículo 36. Revisión salarial.
36.1 El salario de los trabajadores de alta en la Compañía se actualizará el 1 de enero de 2014 y el 1 de enero de 2015 según lo establecido en los apartados siguientes.
36.2 Aquellos trabajadores que perciban una «Retribución Anual Actualizable» inferior a 21.000 euros brutos, tendrán derecho a percibir un incremento salarial correspondiente a la cantidad resultante de incrementar el 2,50% de la suma de su Salario Base y Plus Convenio.
36.3 Aquellos trabajadores que perciban una «Retribución Anual Actualizable» entre 21.000 euros y 25.999,99 euros brutos anuales, ambos inclusive, tendrán derecho a percibir un incremento salarial correspondiente a la cantidad resultante de incrementar el 1,85% de la suma de su Salario Base y Plus Convenio.
36.4 Aquellos trabajadores que perciban una «Retribución Anual Actualizable» igual o superior a 26.000 euros brutos anuales no tendrán derecho a percibir incremento salarial alguno.
36.5 La cantidad de incremento salarial que resulte según los párrafos anteriores se abonará sobre el concepto «Plus Convenio». En caso de que un trabajador no perciba cantidad alguna en «Plus Convenio», comenzará a percibirlo con la cantidad de incremento salarial resultante.
36.6 La actualización salarial no se aplicará sobre las tablas salariales establecidas, las cuales se mantendrán inmóviles durante toda la vigencia del Convenio Colectivo.
36.7 Se entiende por «Retribución Anual Actualizable» el total de las retribuciones percibidas con carácter anual y a tiempo completo por la suma de los conceptos Salario Base, Plus de Antigüedad, Plus Convenio y Plus Transporte.
36.8 Los trabajadores a tiempo parcial percibirán la actualización salarial que corresponda de forma proporcional al porcentaje de jornada que realicen, siempre y cuando su «Retribución Anual Actualizable» elevada a tiempo completo se encuentre dentro de los supuestos de los puntos 36.2 y 36.3.
36.9 En caso de prórroga del presente Convenio Colectivo, la Comisión Negociadora del Convenio negociará la actualización salarial de los trabajadores durante el tiempo de vigencia de la prórroga. En caso de no llegar a un acuerdo en el seno de la Comisión Negociadora, y si la Empresa hubiese obtenido en el ejercicio anterior un resultado financiero de Ebitda positivo (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), se actualizará el Salario Base y el Plus Convenio acorde al IPC interanual a noviembre del año anterior a la prórroga en curso. Dicha actualización se realizará en el mes de abril del año de la prórroga en curso con efectos retroactivos al 1 de enero coincidiendo con el cierre de la auditoría de cuentas externa de la Compañía.
36.10 En el supuesto de que la cantidad resultante del Ebitda positivo no cubra el montante total de lo que supondría la actualización salarial conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, se destinará la cantidad resultante de Ebitda positivo a la actualización salarial de los trabajadores de la Empresa, la cual será distribuida según el criterio de los representantes de los trabajadores respetándose los tramos y el procedimiento de revisión salarial regulado para los años de vigencia de este Convenio.
36.11 En caso de que la Empresa no obtuviese Ebitda positivo y la Comisión Negociadora del Convenio no alcance ningún acuerdo al respecto, no se aplicará revisión salarial alguna.
Artículo 37. Pagas extraordinarias.
37.1 Los trabajadores tendrán derecho a recibir dos pagas extraordinarias al año. Dichas pagas se abonan y se devengan de la siguiente manera:
(a) Paga de verano: se hará efectiva antes del 20 de junio respecto de las retribuciones percibidas por el trabajador durante el semestre anterior a su recepción; es decir: se devengará en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio, y será proporcional al tiempo trabajado en ese periodo.
(b) Paga de Navidad: se hará efectiva antes del 20 de diciembre respecto de las retribuciones percibidas por el trabajador durante el semestre anterior a su recepción; es decir: se devengará en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, y será proporcional al tiempo trabajado en ese período.
37.2 El importe de las pagas será el equivalente al Salario Base de Convenio más el Plus Convenio.
37.3 No obstante lo anterior, si el trabajador así lo desea, podrá modificar la distribución de su remuneración en doce pagas en lugar de en catorce. Esta modificación podrá realizarla sólo una vez durante toda la duración del presente Convenio Colectivo y será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente al de la notificación del cambio de distribución de pagas. Dicha solicitud deberá realizarse antes del 1 de octubre del año anterior al de aplicación.
37.4 Asimismo, a los trabajadores de nueva incorporación, se les dará a elegir si desean que su remuneración se distribuya en doce o en catorce pagas. La forma escogida será la aplicable durante toda la duración del presente Convenio Colectivo.
Artículo 38. Plus de Antigüedad.
38.1 A partir de la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo el cómputo del complemento personal de antigüedad se realizará mediante el abono de dos trienios y dos quinquenios como máximo.
38.2 La cuantía de cada trienio o quinquenio vencido por los años 2014 y 2015, será de 70 euros brutos al mes.
38.3 Los trabajadores a tiempo parcial percibirán el Plus de Antigüedad de forma proporcional al porcentaje de jornada que realicen.
Artículo 39. Complemento de nocturnidad.
39.1 Los trabajadores que realicen jornada nocturna entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente, recibirán una compensación de 4 euros brutos por hora nocturna trabajada, adicionales al salario establecido en Tablas para ese periodo horario, durante los años 2014 y 2015. En aquellos supuestos de trabajadores que por prolongación de su jornada habitual ordinaria presten servicios en horario de nocturnidad, devengarán Complemento de Nocturnidad cuando realicen al menos una hora de trabajo efectivo dentro de ese horario.
39.2 Quedan excluidos del pago de este complemento los trabajadores adscritos al Grupo Profesional 0 y 1.
Artículo 40. Plus de Sábado o Domingo.
40.1 Aquellos trabajadores que presten servicios los sábados o domingos, tendrán derecho a percibir durante 2014 y 2015, 60 euros brutos por cada jornada de sábado o domingo efectivamente trabajada.
40.2 Quedan excluidos del pago de este complemento los trabajadores adscritos al Grupo Profesional 0 y 1.
CAPÍTULO VI.II
Conceptos extrasalariales
Artículo 41. Plus de Transporte.
41.1 Como compensación por los gastos de desplazamiento desde el domicilio hasta el centro de trabajo, la Empresa abonará un Plus de Transporte de carácter extra salarial, que para los años 2014 y 2015 queda establecido en 660 euros brutos anuales (60 euros brutos mensuales multiplicados por 11 mensualidades).
41.2 Tendrá derecho a recibir este Plus todo el personal, salvo aquellos trabajadores que reciban un abono transporte o cualquier otra compensación equivalente.
41.3 Este Plus no se abonará en periodo vacacional ni en las gratificaciones extraordinarias.
41.4 No obstante, en aras de facilitar la gestión del pago del Plus de Transporte, la Empresa podrá prorratear y abonar la cuantía anual del Plus en doce mensualidades (55 euros brutos mensuales).
Artículo 42. Ayuda comida.
42.1 Por cada día de trabajo efectivo en jornada a tiempo completo, el trabajador tendrá derecho a percibir el valor de 9 euros brutos por cada día de trabajo efectivo en dicha jornada para los años 2014 y 2015.
42.2 El abono o compensación de la ayuda comida se hará mensualmente. Los importes no consumidos en cada mes no serán acumulables ni reembolsables para el trabajador.
42.3 Con el fin de armonizar la gestión de la ayuda comida con las vacaciones del trabajador, éste tendrá derecho a elegir el mes en el cual no se le abonará la ayuda comida en relación con sus vacaciones, siendo los meses de elección los de julio y agosto. Para ello deberá preavisar al departamento de Recursos Humanos antes del día 1 de junio del año en curso. En caso de que el trabajador no realice preaviso alguno, o lo haga con posterioridad al 1 de junio del año en curso, el descuento se realizará sobre el mes de agosto.
42.4 La Empresa se reserva el método de pago o compensación de la ayuda comida, ya sea por tarjeta electrónica, cheques nominativos o mediante cualquier otro formato.
Artículo 43. Ayuda de gafas.
43.1 Se establece una ayuda de reposición de gafas, lentillas o intervención de cirugía refractaria, cifrada en 100 euros brutos, cantidad que permanecerá invariable durante 2014 y 2015.
43.2 Esta cantidad se abonará una única vez durante toda la vigencia del Convenio a no ser que el trabajador justifique por medio de las revisiones periódicas de salud un decremento significativo de su capacidad de visión, en más de una ocasión durante dicha vigencia.
43.3 El trabajador habrá de entregar la correspondiente factura con expresión de sus datos personales, así como el detalle de su compra o sometimiento a intervención refractaria al Departamento de Recursos Humanos.
Artículo 44. Dietas y kilometraje.
44.1 La Empresa abonará a los trabajadores los gastos de manutención ocasionados por el desplazamiento efectuado fuera de la provincia en la que realicen de forma habitual su trabajo, previa justificación de los mismos por parte de los trabajadores y con un límite máximo diario de:
– Desplazamiento con pernocta en territorio español: 53,34 euros brutos.
– Desplazamiento con pernocta en el extranjero: 91,35 euros brutos.
– Desplazamiento sin pernocta en territorio español: 26,67 euros brutos.
– Desplazamiento sin pernocta en el extranjero: 48,08 euros brutos.
44.2 Adicionalmente, la Empresa abonará los gastos de alojamiento que puedan producirse, si por razones de trabajo, el trabajador debe pernoctar fuera de su domicilio. Los gastos por alojamiento deberán ser previamente autorizados por la Dirección de Recursos Humanos de la Empresa, debiendo ser posteriormente justificados por el trabajador.
44.3 A los importes de dieta establecidos en este artículo se les descontará el importe de días de Ayuda Comida que corresponda.
44.4 La Empresa abonará a los trabajadores que utilicen su propio vehículo como medio de transporte por causas relacionadas con las actividades de la Empresa la cantidad de 0,21 euros brutos por kilómetro realizado.
CAPÍTULO VII
Beneficios sociales
Artículo 45. Plus de Nupcialidad.
45.1 La Empresa abonará una paga extraordinaria de nupcialidad a aquellos trabajadores que contraigan matrimonio civil y/o religioso o que se inscriban como pareja de hecho en el correspondiente registro civil, por importe de 200 euros brutos durante 2014 y 2015. El trabajador que solicite dicha paga deberá justificar su matrimonio con el correspondiente libro de familia o certificado del registro de parejas de hecho y se abonará en el mes en que se justifique el hecho causante.
Artículo 46. Plus de Natalidad.
46.1 La Empresa abonará una paga extraordinaria de natalidad por cada hijo nacido de 500 euros brutos durante 2014 y 2015. El trabajador que solicite dicha paga deberá justificar el nacimiento con la correspondiente partida de nacimiento y se abonará antes de los siguientes 30 días tras justificar el hecho causante.
Artículo 47. Conciliación de la vida laboral y personal.
47.1 Maternidad y lactancia: la trabajadora dispondrá de un permiso de una hora por lactancia de un hijo menor de nueve meses, siempre que dicho permiso se disfrute en mitad de la jornada, pudiéndose, a voluntad de la trabajadora, dividir en dos fracciones de media hora. La trabajadora podrá, por su propia voluntad, sustituir este derecho por una reducción de su jornada, al inicio o al final de la misma, en media hora con la misma finalidad; es decir: en este supuesto la trabajadora podrá o bien entrar media hora más tarde dentro del horario establecido, o bien salir media hora antes, dentro del mismo horario. En caso de parto múltiple se podrá reducir el horario de entrada o de salida en una hora. Con carácter alternativo dicha ausencia podrá sustituirse por un permiso retribuido de quince días laborables a disfrutar inmediatamente después del permiso de maternidad. En casos de parto múltiple dicho permiso retribuido será de diecisiete días laborables. Las vacaciones podrán disfrutarse de manera acumulada a la baja por maternidad siempre que el calendario de ediciones, el calendario de vacaciones y cierre de la edición, la organización y necesidades de la Empresa y de la producción lo permitan. Dicha acumulación deberá solicitarse antes de iniciarse la baja por maternidad y será concedida o denegada por el departamento de Recursos Humanos.
47.2 Paternidad: adicionalmente al permiso retribuido, los padres tendrán derecho a la suspensión del contrato por permiso de paternidad, en las condiciones y términos que se establezcan en la Legislación que se encuentre vigente en cada momento. Una vez que se regule en la Legislación aplicable, el trabajador que vaya a ejercer su derecho a suspender el contrato de trabajo por paternidad deberá comunicarlo al departamento de Recursos Humanos, con una antelación mínima de 10 días a su disfrute, estableciendo las fechas en las que preferiblemente desearía disfrutarlo. Si por razones organizativas, técnicas, o de producción no fuera posible que el trabajador suspendiese el contrato de trabajo en las fechas inicialmente solicitadas, la Empresa se lo hará saber lo antes posible, y como muy tarde en los 4 días siguientes a la recepción de su comunicación, para que se establezca una nueva fecha de disfrute de este permiso, la cual deberá ser fijada de común acuerdo entre Empresa y trabajador.
47.3 Preferencia en caso de vacantes: los trabajadores con hijos menores de 12 años o con familiares a cargo tendrán derecho preferente a ocupar las vacantes que existan en la Compañía y a las que se postulen cuando cumplan el perfil y los requisitos establecidos para su cobertura y exista misma idoneidad entre los candidatos que concurran.
47.4 Atención de menores y familiares a cargo: según lo dispuesto en el artículo 30 del presente Convenio, los trabajadores tendrán un permiso por enfermedad no grave de hijos menores de edad o personas a cargo de hasta tres días al año.
47.5 Conciliación del matrimonio: según lo dispuesto en el artículo 30 del presente Convenio, los trabajadores podrán disfrutar del permiso por matrimonio en fecha distinta si así lo acuerdan con la Empresa.
47.6 Equiparación de matrimonios y parejas de hecho: se reconocen los mismos derechos que a los cónyuges en matrimonio, a las personas que no habiéndose casado entre ellas, estén inscritas en el registro oficial de parejas de hecho como tales.
47.7 Licencias: los trabajadores podrán solicitar una licencia no retribuida de hasta 3 meses según lo dispuesto en el artículo 31 del presente Convenio.
Artículo 48. Igualdad.
48.1 La Empresa se compromete a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres procurando facilitar el acceso de la mujer a los puestos de responsabilidad en razón a méritos y capacidad, no discriminarlas por razón de sexo ni cuando sean madres, ni pagar menos a la mujer por razón de sexo. Dentro del seno de la Empresa está totalmente prohibido el acoso sexual, pudiendo imponer la Empresa las sanciones correspondientes en el supuesto de que exista denuncia y se pruebe la existencia de conductas de este tipo.
Artículo 49. Política de Formación.
49.1 La Dirección se compromete a fomentar su política de perfeccionamiento profesional para el personal de plantilla, así como la formación e información sobre prevención de riesgos laborales.
49.2 Tendrán la consideración de cursos de perfeccionamiento profesional todas aquellas acciones formativas dirigidas a mejorar la cualificación profesional de los trabajadores, en aspectos propios de su oficio que, sin ser imprescindibles para el normal desarrollo de sus cometidos, puedan resultar convenientes de cara a la evolución profesional futura de los distintos puestos de trabajo. Se incluyen dentro de esta formación los cursos de idiomas.
49.3 Se entenderá como actividades de formación en materia de prevención de riesgos laborales todas las acciones que se programen para garantizar la necesaria formación teórica y práctica en materia preventiva. Este tipo de formación se considerará de asistencia obligatoria de los trabajadores a los que vayan dirigidas. De acuerdo con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, esta formación deberá impartirse dentro de la jornada de trabajo siempre que sea posible. De no ser así, se compensará a los trabajadores afectados el tiempo utilizado por esta circunstancia.
49.4 Los trabajadores podrán proponer libremente a la Empresa aquellos cursos a realizar que repercutan en su formación profesional.
49.5 La representación de los trabajadores tendrá derecho a ser informada del Plan de Formación que anualmente se elabore por la Empresa.
Artículo 50. Complemento de Incapacidad Temporal.
50.1 En los supuestos de enfermedad profesional y accidente de trabajo, salvo que los mismos se hayan producido por causa directamente imputable al trabajador o por el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene, la Empresa complementará, desde el primer día de baja por esas causas, hasta el 100% de su salario ordinario mensual.
50.2 En los supuestos de enfermedad común o accidente no laboral, la Empresa complementará, a partir del primer día de baja, hasta el 100% de su salario ordinario mensual, siempre y cuando el trabajador (o alguien en su nombre) entregue al departamento de Recursos Humanos en tiempo y forma los justificantes médicos o partes de baja según corresponda y en el plazo establecido en la ley.
50.3 En el supuesto en el que el trabajador incumpla el plazo de entrega del parte de baja médica establecido en la normativa de Seguridad Social, el complemento hasta el 100% de su salario ordinario mensual se realizará desde el día en el que el parte médico sea entregado al departamento de Recursos Humanos.
50.4 El trabajador (o alguien en su nombre) podrá valerse de cualquier método de entrega, ya sea presencial o telemático.
50.5 Tanto en los supuestos de contingencias comunes, como en el de contingencias profesionales, se dejará de abonar el correspondiente complemento si el trabajador, sin causa justificada, no asiste a las citas o consultas de la Mutua contratada o se niega a hacerse las pruebas que la Mutua considere necesarias.
50.6 Los representantes de los trabajadores recibirán trimestralmente los partes administrativos de baja para vigilar el absentismo y cooperar en su erradicación.
CAPÍTULO VIII
Salud laboral
Artículo 51. Propósito general.
51.1 Las partes negociadoras coinciden en considerar la prevención de riesgos laborales como un propósito prioritario en las relaciones laborales de la Empresa, comprometiendo su más firme voluntad de colaboración al respecto en sus ámbitos respectivos.
Artículo 52. Obligaciones de la Empresa.
52.1 La Empresa, en función del volumen de su plantilla y de las actividades específicas que se desarrollen en cada momento, ejecutará las previsiones de la Ley 31/1995 y sus Reglamentos de desarrollo con el mayor interés y diligencia, y específicamente:
(a) Garantizando la seguridad y salud de los trabajadores a su cargo, en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
(b) Desarrollando una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección que existan y aplicando las tecnologías accesibles y más adecuadas para la actividad de la Empresa.
(c) Cumplimentando los deberes formales que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo contemplan, en particular respecto a evaluación de riesgos, medidas de protección, controles periódicos y riesgos profesionales.
(d) Realizando una planificación adecuada de la prevención, poniendo especial énfasis en la protección ocular y postural.
(e) Colaborando con los órganos de representación de los trabajadores competentes en la materia.
(f) Adoptando las medidas necesarias adecuadas al tamaño y actividad de la Empresa, y a las situaciones que puedan presentarse en la misma.
(g) Prestando particular atención a los colectivos más sensibles al riesgo, y en particular a las empleadas embarazadas, miembros de la plantilla que hayan comunicado la contracción de cualquier enfermedad, alergia o riesgo específico y trabajadores temporales.
Artículo 53. Obligaciones de los trabajadores.
53.1 Los trabajadores tienen como obligación de máxima importancia la de observar las normas de prevención de riesgos laborales y colaborar en su adecuada cumplimentación, y en particular:
(a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrolla su actividad.
(b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
(c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
(d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados para realizar labores de protección y prevención acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores.
(e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.
(f) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y que no entrañen riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores.
(g) Asistir y realizar toda la formación establecida por la Empresa en materia de prevención de riesgos laborales.
53.2 La falta de utilización, uso inadecuado o inadvertencia del mal estado de los equipos y medios de protección que la Empresa suministre o de las instalaciones o medios estructurales puestos a disposición de los trabajadores, constituirá un incumplimiento grave de las obligaciones laborales de éstos.
53.3 La Empresa se compromete a difundir entre la plantilla del modo más adecuado, según casos y situaciones, la trascendencia de las normas de prevención, la utilización adecuada de equipos y medios, y la gravedad de los incumplimientos al respecto. Esta labor se realizará en cooperación y con la colaboración de los representantes de los trabajadores.
Artículo 54. Prohibición de fumar.
54.1 Por razones de salud e higiene está totalmente prohibido fumar en los locales de trabajo. La Dirección de la Empresa señalizará convenientemente la prohibición de fumar en los centros de trabajo.
Artículo 55. Representación.
55.1 Se constituirán aquellos órganos de representación que contempla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que resulten exigibles en función del tamaño y de la actividad de la Empresa. En su caso, los cometidos y las funciones de los delegados de prevención y el Comité de Seguridad y Salud serán los legalmente previstos y, en todo caso, existirá colaboración en el cumplimiento de obligaciones que se han especificado en el presente Convenio.
Artículo 56. Vigilancia de la salud.
56.1 La Empresa facilitará por medio de los servicios médicos adecuados un reconocimiento con carácter anual a todos los trabajadores de Grupo 20 Minutos, S.L., así como al comienzo de la relación laboral.
56.2 Aquellos trabajadores que cubran puestos de trabajo con riesgo de enfermedades profesionales, deberán someterse obligatoriamente a un reconocimiento médico con anterioridad a su incorporación en la Empresa, así como a reconocimientos médicos periódicos, según determine el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para cada enfermedad profesional. Estos reconocimientos correrán a cargo de la Empresa y serán obligatorios para los trabajadores, quienes tendrán derecho a que se les reintegren todos los gastos que les pueda ocasionar.
56.3 La Empresa realizará los controles médicos respetando el derecho a la intimidad y dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de la información adquirida. El empresario deberá velar para que en el trabajo diario de la actividad de los trabajadores con pantalla existan pausas o breves interrupciones que reduzcan la fijación continua en la pantalla.
CAPÍTULO IX
Protección de datos y utilización de correo electrónico e internet
Artículo 57. Confidencialidad y protección de datos.
57.1 Todos los trabajadores de Grupo 20 Minutos, S.L. deberán respetar las obligaciones establecidas por la Ley de Protección de Datos.
57.2 Todos los trabajadores se obligan, durante la prestación de servicios a la Empresa e incluso tras la extinción de su relación laboral, a mantener la más estricta confidencialidad y secreto sobre la información recibida (indistintamente de que el soporte por el que la recibieron sea electrónico o no). Además, los trabajadores se comprometen a actuar con la debida lealtad y diligencia para no causar daño a los intereses de la Empresa no sólo en el desarrollo normal de sus deberes sino en cualquier momento, y deberán respetar la normativa interna sobre confidencialidad de todos los datos que puedan obtener tanto de la Empresa, como de terceros que tengan o hayan tenido relación con la misma.
Artículo 58. Utilización del correo electrónico.
58.1 El correo electrónico constituye una herramienta de trabajo facilitada por la Empresa a los empleados con el fin de desempeñar más eficientemente sus funciones laborales.
58.2 Como consecuencia de lo anterior, se dotará de una dirección de correo electrónico interno a los trabajadores contratados por Grupo 20 Minutos, S.L. que presten sus servicios en alguno de los centros de trabajo, siendo facultad de la Empresa la organización del mismo y el sistema que deba seguirse, con libertad absoluta para decidir sus condiciones.
58.3 El correo electrónico interno de la Empresa será un medio, entre otros, de comunicación ordinaria entre la Dirección de la Empresa y los trabajadores o sus representantes.
Artículo 59. Normas reguladoras de la utilización del correo electrónico.
59.1 La dotación, utilización y control del correo electrónico, las consecuencias y responsabilidades que de ellas se deriven, y demás temas conexos, se regirán por lo dispuesto en el presente capítulo y, en lo no regulado en el mismo, por la legislación que resulte aplicable a cada supuesto concreto.
59.2 La Dirección y el Comité Intercentros regularán en el futuro cualquier situación o incidencia no contemplada ahora y que haga aconsejable su previsión. De no llegar a un acuerdo, la Empresa podrá regularlas provisionalmente, atendiendo en lo posible las indicaciones que el Comité Intercentros podrá hacerle llegar mediante el pertinente informe.
59.3 El uso del correo electrónico de la Compañía para fines personales o ajenos a la actividad de la Empresa está prohibido, salvo para aquellos supuestos en que, con carácter urgente, sea necesaria su utilización particular.
59.4 Los trabajadores podrán utilizar una cuenta de carácter personal, de manera esporádica y cuando sea necesario, siempre que dicha utilización no suponga una minoración del rendimiento del empleado. En este supuesto, los trabajadores no podrán utilizar el nombre, marca o información de la Compañía en los mensajes que remitan desde su cuenta personal y deberán utilizarla bajo el principio de buena fe contractual.
59.5 Como criterio general, siempre que se utilice el sistema informático de la Empresa estará prohibido el envío de correo electrónico con contenido que vulnere los derechos fundamentales de la persona o que pueda ser constitutivo de falta o delito penal.
59.6 El correo electrónico se puede utilizar como comunicación interna ordinaria entre la Dirección de la Empresa y los trabajadores. Las comunicaciones ordinarias que se realicen por este medio valdrán y serán eficaces transcurridas 72 horas desde la fecha de su envío.
59.7 Queda en todo caso prohibida la utilización del correo electrónico para el desempeño de cualquier otra actividad profesional, por cuenta propia o ajena, distinta a la función que se desempeña en Grupo 20 Minutos, S.L.
59.8 Los miembros del Comité de Empresa podrán durante su crédito de horas sindicales o fuera de su jornada laboral comunicarse a través del correo electrónico de la Empresa con los sindicatos.
59.9 Con la finalidad de evitar la sobrecarga del sistema informático la Empresa se reserva el derecho de establecer un límite de espacio disponible en las cuentas de correo, pudiendo restringirse de forma automática el envío y/o recepción de mensajes si el límite se supera.
Artículo 60. Uso de Internet.
60.1 El uso del sistema informático de la Empresa para acceder a cualquier servicio de Internet se limitará, por regla general, a los temas directamente relacionados con la actividad de la Empresa y los cometidos del puesto de trabajo del trabajador dentro del horario de trabajo.
60.2 El acceso a Internet con fines personales o ajenos a la actividad de la Empresa está prohibido, salvo en los casos debidamente justificados.
60.3 Queda estrictamente prohibido el acceso a herramientas de Telnet, FTP y mensajería electrónica (tipo Gtalk, Skype o similares), que no estén relacionados directamente con el desempeño de la labor profesional.
60.4 Queda estrictamente prohibida la instalación de cualquier tipo de programa en los dispositivos puestos a disposición del trabajador.
60.5 En los supuestos en que sea estrictamente necesario por razones de trabajo será el inmediato superior el que autorice el acceso o la instalación correspondiente.
60.6 Cualquier fichero introducido en un dispositivo del usuario por el mismo deberá cumplir los requisitos establecidos en estas normas y, en especial, los referidos a la propiedad intelectual e industrial y al control de virus. Especialmente se prohíbe la descarga de ficheros con contenidos como juegos, música, imágenes o cualquier material que no sea de trabajo.
60.7 Se prohíbe la descarga a través de Internet de programas de origen desconocido o de propiedad del usuario en los sistemas informáticos de la Empresa, salvo que exista autorización previa.
60.8 La descarga de programas sin las licencias oportunas por parte del trabajador está totalmente prohibida, por la responsabilidad que podría acarrear a la Empresa dicha descarga.
60.9 En caso de incumplimiento de las normas anteriores, el trabajador acepta liberar a Grupo 20 Minutos, S.L. de cualquier responsabilidad en caso de reclamación, litigio, pérdida, daños ocasionados o gastos derivados del incumplimiento.
Artículo 61. Equipos y soportes informáticos.
61.1 Los equipos informáticos son herramientas de trabajo propiedad de la Empresa, por lo que el trabajador los utilizará con la diligencia debida. La información contenida en los equipos informáticos será siempre propiedad de la Empresa no estando autorizados los trabajadores a guardar información personal en dichos equipos. Consecuentemente el trabajador no tendrá derecho a reclamar tratamiento informático alguno sobre los mismos (copias de seguridad, movimiento a otros equipos, etc.).
61.2 Los trabajadores que dispongan de ordenador portátil o dispositivos móviles, en los supuestos de su utilización fuera de las instalaciones de la Compañía, serán responsables de los mismos, salvo en caso de accidente y cuando hayan puesto la diligencia debida para evitar cualquier daño. En caso de robo, hurto, o daños infringidos por terceros el trabajador deberá interponer la correspondiente denuncia lo antes posible y entregarla a la Empresa a la mayor brevedad.
61.3 Los trabajadores serán asimismo responsables de la seguridad de sus equipos, por lo que, en el momento en que cada trabajador disponga de ordenador propio y contraseñas de seguridad, se comprometen a utilizar las contraseñas necesarias, con el fin de que el equipo informático sea utilizado en cada momento exclusivamente por el trabajador al que haya sido asignado.
61.4 Los empleados seguirán los procedimientos establecidos por la Empresa para la gestión de recursos y resolución de solicitudes de incidencias.
Artículo 62. Control empresarial.
62.1 Se reconoce la libertad de la Empresa para establecer los mecanismos necesarios para que el sistema informático pueda detectar las páginas de Internet visitadas por el trabajador, las conexiones realizadas a otros sistemas informáticos externos por los dispositivos asignados al trabajador, el número de correos y las direcciones a las que se han remitido correos desde cada trabajador o desde las que ha recibido los correos el trabajador.
62.2 La Empresa podrá utilizar estos mecanismos, sólo en los siguientes supuestos:
(a) Cuando existan indicios razonables de que puedan estar cometiéndose delitos o faltas, bien sean penales, administrativas o laborales, mediante la utilización o a través del correo electrónico o Internet.
(b) Cuando existan indicios razonables de abuso o utilización indebida de los correos, de la dirección de correo electrónico o de Internet.
(c) Cuando pueda razonablemente presumirse la existencia de acoso u otro tipo de perjuicios causados mediante el uso del correo electrónico a compañeros, subordinados, clientes, proveedores, asesores o a personas estrechamente vinculadas a la Empresa.
62.3 En los supuestos anteriormente descritos, la Empresa también podrá revisar los mensajes que se hayan remitido utilizando el sistema informático de la Empresa desde el correo del trabajador, cumpliendo los requisitos legales que se exijan en cada momento.
62.4 Dichas revisiones del correo electrónico, así como de los dispositivos del trabajador que vayan a realizarse se comunicarán al trabajador afectado antes de su realización, informándole de su derecho a estar presente en las mismas. No obstante, toda la información que se contenga en los dispositivos o en los servidores de red será propiedad de la Empresa y ésta podrá revisarla y eliminarla en cualquier momento.
62.5 Las revisiones del correo electrónico se llevarán cabo en presencia de un representante de los trabajadores legalmente elegido o de algún compañero en caso de no existir representación de los trabajadores en el concreto centro de trabajo. Se levantará un acta de la revisión.
62.6 Respecto al uso de teléfono móvil, la Empresa se reconoce la libertad de implementar aquellos sistemas que sean necesarios para controlar el coste del servicio de telefonía móvil, preservando siempre la confidencialidad de las fuentes editoriales.
Artículo 63. Virus.
63.1 Todos los empleados de Grupo 20 Minutos, S.L. deberán prestar la diligencia debida en orden a evitar la introducción de virus en los equipos informáticos de la Empresa. En caso de riesgo deberán dirigirse a los responsables de los sistemas y seguir sus instrucciones.
63.2 En aras a evitar la entrada de virus informáticos, la Empresa recordará o dará instrucciones cuando sea necesario sobre cómo actuar ante la sospecha de riesgo de entrada de virus.
Artículo 64. Gestión de archivos digitales en caso de extinción del contrato de trabajo.
64.1 Al cesar en la Empresa por extinción del contrato de trabajo, los archivos que se contengan en los dispositivos del empleado son de uso profesional por lo que, de forma general, la Empresa tendrá libertad para su tratamiento o eliminación.
64.2 En ningún caso se producirá responsabilidad de la Empresa ni obligación alguna de comunicar o re-direccionar los contenidos de los correos electrónicos que puedan recibirse con posterioridad al cese.
Artículo 65. Contraseñas.
65.1 El trabajador se compromete a cambiar la contraseña proporcionada en primera instancia una vez dado de alta su usuario en el sistema informático.
65.2 Queda totalmente prohibida la cesión de las contraseñas personales salvo autorización por parte de la Dirección de la Empresa de forma excepcional. Finalizada la cesión, el trabajador deberá modificar la contraseña con carácter obligatorio e inmediato.
65.3 El empleado será el responsable de todas las acciones que se realicen con su nombre de usuario y contraseña, exceptuando las derivadas de un uso negligente por un tercero que hubiera utilizado la contraseña de forma autorizada.
CAPÍTULO X
Faltas, premios y sanciones
Artículo 66. Régimen disciplinario.
66.1 Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de la Empresa de acuerdo con la regulación de faltas y sanciones que se especifica en los apartados siguientes.
66.2 Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendiendo a su índole y circunstancias en que concurran, en leve, grave y muy grave.
66.3 La enumeración de las faltas que a continuación se señalan se hace sin una pretensión exhaustiva, por lo que podrá ser sancionada por la Dirección de la Empresa cualquier infracción de la normativa laboral vigente o incumplimiento contractual, aún en el caso de no estar tipificadas en el presente Convenio, siempre que se pueda incardinar en el Estatuto de los Trabajadores o en alguna de las categorías establecidas a continuación.
(a) Se consideran faltas leves:
(i) Las faltas de puntualidad leves e injustificadas en la asistencia al trabajo cuando tengan lugar al menos en tres días en un mes. Se considera falta de puntualidad leve un retraso superior o igual a quince minutos.
(ii) La inasistencia injustificada de un día.
(iii) La desatención y falta de corrección en el trato con el público, así como la falta de diligencia debida en cada ocasión, cuando no perjudique gravemente la imagen de la Empresa. La reiteración de esta falta, una vez que haya sido apercibida previamente, será calificada como grave.
(iv) Los descuidos en la conservación de material que produzcan deterioros leves en el mismo.
(v) No cursar en tiempo oportuno la comunicación correspondiente cuando se falte al trabajo por motivos justificados, tales como bajas médicas, permisos, licencias o vacaciones, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.
(vi) Falta de aseo y limpieza personal.
(vii) Fumar, una sola vez, en las dependencias de la Empresa.
(viii) La no realización por parte de un responsable de equipo, en el plazo establecido por la Compañía y mediante las herramientas puestas a disposición por la misma, de la actualización e información del sistema de gestión de presencia de los trabajadores.
(b) Se consideran faltas graves:
(i) Las faltas de puntualidad graves e injustificadas en la asistencia al trabajo cuando tengan lugar al menos en tres días en un mes. Se considera falta de puntualidad grave un retraso superior o igual a treinta minutos.
(ii) La inasistencia injustificada al trabajo de dos días en el periodo de tres meses. Cuando de esta falta se deriven perjuicios para el servicio, se considerará como falta muy grave.
(iii) El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falseamiento de datos que tuvieran incidencia en la Seguridad Social o dificultar la labor del personal en esta materia, así como cualquier engaño en la presentación de documentos para obtener derechos o eludir obligaciones propias o ajenas. Si esta conducta causara un perjuicio de cualquier tipo a la Empresa, la falta se considerará como muy grave.
(iv) Realizar sin el oportuno permiso, de manera puntual y esporádica, trabajos particulares durante la jornada, así como utilizar para uso propio útiles o materiales de la entidad.
(v) La imprudencia en acto de servicio. Si implica riesgo de accidente para el trabajador o para sus compañeros, o peligro de avería para las instalaciones se considerará como falta muy grave.
(vi) La falta de veracidad comprobada en informes o manifestaciones verbales o escritas referentes al servicio.
(vii) La embriaguez o toxicomanía ocasional que no repercutan de ningún modo en el servicio ni causen escándalo.
(viii) Utilizar de forma abusiva el correo electrónico o el acceso a Internet para fines particulares o ajenos a la prestación laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo correspondiente a «Uso de Internet».
(ix) Fumar más de dos veces en tres meses en las dependencias de la Empresa.
(x) La revelación de información confidencial a terceros ajenos a la Compañía sin que se genere perjuicio a la Compañía.
(xi) La instalación o descarga de programas informáticos ajenos a la actividad profesional en los ordenadores o dispositivos de la Compañía.
(xii) La cesión no autorizada de contraseñas entre empleados. La falta laboral será imputable al cedente de la contraseña.
(xiii) La reincidencia en falta leve, aunque las correspondientes infracciones sean de distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de un periodo de tres meses, a partir de la primera falta de la citada graduación.
(c) Se consideran faltas muy graves:
(i) Faltar más de dos jornadas completas, aunque no se llegue a completar la tercera, todo ello en un período de seis meses y sin causa justificada.
(ii) La disminución voluntaria y continuada del rendimiento en el trabajo siempre que se haya apercibido previamente al empleado.
(iii) Simular la presencia de otro empleado o hacerse pasar por persona distinta.
(iv) Más de seis faltas de puntualidad leves injustificadas en el transcurso de un mes, o diez en el de un trimestre, o veinte en el de un semestre.
(v) El uso negligente de una contraseña de otro trabajador, cedida con autorización, causando perjuicio o riesgo para la Empresa y/o trabajador/es de la Empresa.
(vi) Entregarse de forma habitual a juegos o distracciones, cualesquiera que sean, durante el trabajo.
(vii) Causar accidente grave por negligencia o imprudencia inexcusable.
(viii) La negligencia o descuido reiterado en el trabajo que afecte a la buena marcha del servicio, o el retraso deliberado de las actuaciones que le son propias.
(ix) Las ofensas verbales o físicas sobre cualquier trabajador en la Empresa, o el originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de trabajo.
(x) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, o la apropiación, hurto o robo de bienes de propiedad material, intelectual o industrial de la Empresa, de compañeros o de cualesquiera otras personas dentro de las dependencias de la Empresa.
(xi) Fumar más de dos veces en seis meses en las dependencias de la Empresa.
(xii) La simulación de enfermedad o accidente o la prolongación sin la debida justificación de la baja por enfermedad o accidente.
(xiii) La realización de trabajos por cuenta propia o ajena durante la situación de incapacidad temporal o el incumplimiento de las prescripciones médicas durante la misma.
(xiv) Realizar de manera continuada, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, así como utilizar para uso propio útiles o materiales de la entidad si ello ocasionara una pérdida significativa del tiempo de trabajo o perjuicio de cualquier índole para la Empresa.
(xv) La violación del secreto de correspondencia o documentos reservados a la entidad, o el quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva así como información confidencial que produzca perjuicio a la Empresa.
(xvi) La ingestión de bebidas alcohólicas o consumo de sustancias estupefacientes o narcóticas que repercutan negativamente en el trabajo.
(xvii) La realización de actividades para otras empresas dedicadas a la edición o elaboración de publicaciones diarias o periódicas, o cualquier tipo de medio de comunicación, blog o página web que sea competencia de Grupo 20 Minutos, S.L. o de las empresas propiedad del Grupo Schibsted en España, sin la autorización expresa de la dirección de Recursos Humanos de Grupo 20 Minutos, S.L.. Quedan excluidas de esta norma las actividades en blogs personales y micro-medios sin ánimo de lucro y las colaboraciones profesionales que no sean las que habitualmente desempeña el trabajador dentro de la Empresa.
(xviii) La continua y habitual falta de aseo y limpieza personal, de tal índole que produzca quejas justificadas de los compañeros de trabajo.
(xix) El abuso de autoridad por quienes desempeñan funciones de mando. Se entiende por abuso de autoridad la realización por un superior de un hecho arbitrario, con perjuicio grave de un inferior y con patente transgresión de un precepto convencional.
(xx) El acoso psicológico o sexual a cualquier trabajador de la Empresa.
(xxi) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.
(xxii) La desobediencia o indisciplina respecto de las órdenes dadas en el ejercicio de la actividad profesional y el incumplimiento de los procedimientos establecidos por la Empresa para la realización del trabajo.
(xxiii) La reincidencia o reiteración en la comisión de falta grave, estimándose en el caso de que el trabajador hubiese sido sancionado una o más veces por faltas graves, en un periodo de seis meses.
(xxiv) Aquellas que produzcan la publicación de información no veraz o injuriosa, que afecten al prestigio de cualquiera de las publicaciones de la Empresa y las que supongan violación de los deberes y prácticas propios de la profesión periodística o del sector, o las que causen retraso injustificado o imposibilidad de publicación en sus fechas y horas habituales del diario o de las otras publicaciones de la Empresa.
(xxv) El incumplimiento de cualquiera de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
(xxvi) El abandono del puesto de trabajo en los puestos de responsabilidad.
(xxvii) El falseamiento de los datos o información académica, profesional o formativa aportada durante el proceso de selección del personal, en caso de que el candidato fuese finalmente contratado.
(xxviii) En cualquier caso, se considerará falta muy grave el envío de un solo correo electrónico o el acceso voluntario a una página o sitio web, si el contenido de los mismos tuviera carácter racista, sexista, violento o pornográfico, o pudiera ser constitutivo de una falta laboral de las reguladas en este capítulo, siempre que dicho acceso no se realice por razones de la prestación laboral.
Artículo 67. Acoso.
67.1 Se prohíbe la realización dentro de la Empresa de toda conducta tendente al acoso moral o sexual. A este respecto, la Empresa se compromete a investigar y, en su caso, sancionar y perseguir todas las conductas que puedan ser consideradas como tales, adoptando para ello todas las medidas necesarias tendentes a la vigilancia, erradicación y sanción en su caso, de dichas actuaciones.
67.2 Con la finalidad de alcanzar un clima laboral de total respeto a la dignidad de sus empleados, Grupo 20 Minutos, S.L. en ningún caso tolerará ni disculpará conductas encuadrables en estos supuestos, favoreciendo desde la Dirección tanto la denuncia como la imposición de sanciones correspondientes en el caso de acreditarse la existencia real de conductas que puedan calificarse de acoso.
67.3 Del mismo modo, y en aras de una mayor seguridad y protección para todos los trabajadores, serán igualmente sancionadas aquellas denuncias que resulten falsas o infundadas, y/o que fueran realizadas con la intención de infligir un daño o descrédito en la persona acusada inicialmente de acoso.
67.4 Los jefes y responsables de los distintos ámbitos de actividad deberán adoptar, en caso de conocer un supuesto de acoso, cuantas iniciativas puedan resultar eficaces para ponerle fin, y deberán poner en conocimiento de la Dirección de Recursos Humanos toda denuncia que les llegue o actuaciones que conozcan que pudieran encuadrarse dentro de estas conductas.
67.5 En aquellos supuestos en los que exista denuncia interna de este tipo de conductas, se constituirá una Comisión Mixta formada por miembros de la Empresa y de los representantes de los trabajadores, que será la encargada de investigar la misma y adoptar, en su caso, las acciones que resulten pertinentes en cada supuesto.
67.6 Igualmente se sancionará no solo el acoso sexual propiamente dicho, sino también toda conducta verbal o física que se realice en el plano sexual, lascivo o libidinoso, que sean rechazadas por la persona a la que va dirigida y que contribuyan a crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Para ello, se exige un mínimo de persistencia en el tiempo, todo ello con independencia de que por el carácter de la actuación ésta pueda ser calificada como muy grave aunque se produzca una sola vez.
67.7 No tendrán tal consideración los comportamientos de tipo amistoso, cariñoso o familiar que no representen en ningún caso ofensas o vejaciones prohibidas en este apartado, las consentidas por la persona a la que van dirigidas, ni las expresiones de afecto, admiración o aprecio no manifestadas de forma procaz, libidinosa u ofensiva.
67.8 El acoso moral constituye un ataque contra la dignidad, estima e imagen de la persona, constituyendo un ataque repetitivo y duradero en el tiempo cuya finalidad no es otra que, a través de una agresividad que tiene su reflejo de forma no física, destruir, desacreditar, desconsiderar, aislar e incluso, a veces, comprometer la salud del trabajador, con objeto de conseguir un auto-abandono del trabajo, produciendo un daño progresivo y continuo que desintegre la propia dignidad humana.
67.9 La resistencia del individuo ante estas situaciones dependerá de la capacidad de cada persona, de su constitución física, de la confianza en sí mismo, de su fortaleza psicológica, del apoyo que tenga en su entorno, de la estabilidad o no de sus condiciones personales y familiares y en definitiva de su capacidad de resolución ante problemas y vicisitudes. Así, lo perseguible será fundamentalmente la acción del acosador.
Artículo 68. Sanciones.
68.1 Corresponde a la Dirección de la Empresa la facultad de imponer las sanciones en los términos contenidos en el presente Convenio. Las sanciones a imponer en cada caso serán las siguientes:
(a) Por faltas leves:
(i) Amonestación verbal.
(ii) Amonestación por escrito.
(iii) Suspensión de empleo y sueldo de hasta 3 días.
(b) Por faltas graves:
(i) Suspensión de empleo y sueldo de hasta 30 días.
(ii) Traslado forzoso a otro centro de trabajo.
(iii) Inhabilitación, por plazo no superior a un año, para el ascenso a la categoría superior.
(c) Por faltas muy graves:
(i) Suspensión de empleo y sueldo de 30 a 90 días.
(ii) Inhabilitación durante dos años para pasar a otro Grupo Profesional.
(iii) Despido disciplinario.
Artículo 69. Prescripción.
69.1 Las faltas enunciadas en el artículo 66 del presente Convenio Colectivo prescribirán:
(a) Las leves: a los diez días de su comisión.
(b) Las graves: a los veinte días de su comisión.
(c) Las muy graves: a los sesenta días a partir de la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
69.2 La Empresa deberá informar a los representantes legales de los trabajadores de las sanciones por faltas graves y muy graves impuestas a los trabajadores.
Artículo 70. Premios.
70.1 Los comportamientos excepcionales o especialmente meritorios en el desempeño del trabajo podrán ser premiados, a entera discreción de la Empresa, en una o varias de las formas siguientes:
(a) Mención honorífica que conste en el expediente personal, pudiendo llevar anexa, a criterio de la Empresa, la anulación de posibles notas desfavorables por sanciones recibidas en el pasado.
(b) Becas, asistencia a seminarios, conferencias, ferias profesionales o viajes de estudio.
(c) Aumento del periodo de vacaciones anuales retribuidas.
CAPÍTULO XI
Representación de los trabajadores
Artículo 71. Facultades y garantías sindicales.
71.1 Las facultades y garantías de los representantes de los trabajadores en la Empresa serán las reconocidas por el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
71.2 El crédito de horas mensuales retribuidas para cada uno de los miembros del Comité de Empresa se determinará de acuerdo con la escala del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.
71.3 Las horas empleadas en reuniones con la Empresa y las empleadas en la negociación del Convenio Colectivo no consumirán el crédito horario a los miembros del Comité de Empresa. Para la comunicación de las horas sindicales empleadas se utilizarán impresos elaborados para tal fin y se avisará con suficiente tiempo de antelación a los responsables de cada área para asegurar la menor incidencia en la producción y, siempre que sea posible, al menos con 24 horas.
71.4 De manera ocasional, y cuando circunstancias especiales lo requieran, los miembros del Comité de Empresa podrán acumular las horas de crédito sindical en uno o varios de sus componentes, pudiendo quedar relevados de su trabajo por el tiempo cedido, previa comunicación y autorización por parte de la Empresa.
Artículo 72. Comité Intercentros.
72.1 Es el órgano de coordinación y representación del conjunto de los delegados de personal y Comités de Empresa de cada centro.
72.2 El Comité Intercentros estará integrado por un máximo de 6 miembros y su composición será proporcional a los resultados obtenidos en las elecciones sindicales. En el supuesto de que existan representantes de los trabajadores en más de 6 centros de trabajo, la Comisión Paritaria decidirá la composición y el número máximo de miembros integrantes del Comité Intercentros, siempre que en dicho Comité Intercentros haya al menos un miembro de cada uno de los centros de trabajo o de cada provincia, si existen varios centros en una misma provincia, y se guarde la proporcionalidad de los sindicatos.
72.3 Los miembros del Comité Intercentros serán elegidos por y entre los miembros de cada uno de los comités de centro o delegados de personal. En la constitución del Comité Intercentros, se guardará la proporcionalidad de los sindicatos, según el número de representantes considerados globalmente.
72.4 Este Comité Intercentros celebrará una reunión ordinaria anual con la Dirección de la Empresa, sin perjuicio de las reuniones de carácter extraordinario que puedan solicitarse por cualquiera de las partes cuando el caso lo requiera.
Las competencias del Comité Intercentros serán las siguientes:
(a) Negociación de Convenio Colectivo de Empresa.
(b) Llevar a cabo las negociaciones de traslados colectivos o reestructuraciones de plantilla, siempre que las mismas afecten a la totalidad de los centros de trabajo de la Empresa.
CAPÍTULO XII
Comisión Mixta
Artículo 73. Comisión Mixta.
73.1 Se constituirá una Comisión Paritaria de interpretación y aplicación de lo pactado, denominada Comisión Mixta, compuesta por cuatro miembros de cada una de las partes firmantes de este Convenio Colectivo, que atenderá, necesariamente, con carácter previo al tratamiento y solución, a cuántas cuestiones de interpretación colectiva y conflictos de igual carácter puedan suscitarse en el ámbito de aplicación del presente Convenio.
73.2 La Comisión Mixta intervendrá o resolverá cualquier consulta que afecte a la interpretación de las normas establecidas en este Convenio Colectivo, e intervendrá de manera preceptiva y previa a las vías administrativa y judicial en la sustanciación de los conflictos colectivos que puedan plantear los trabajadores a las empresas, a cuyo efecto la Comisión Mixta de interpretación levantará la correspondiente Acta.
73.3 Esta Comisión podrá utilizar los servicios ocasionales o permanentes de asesores en cuantas materias sean de su competencia. Estos asesores serán designados libremente por cada una de las partes.
Artículo 74. Procedimiento de actuación.
74.1 Cada parte formulará a las otras representaciones las consultas que se puedan plantear y que den lugar a la intervención de esta Comisión.
74.2 De dichas cuestiones se dará traslado a la parte actora para que ambas, en el plazo de un mes a partir de la fecha de la última comunicación, se pongan de acuerdo en el señalamiento de día y hora en que la Comisión habrá de reunirse para analizar la correspondiente respuesta.
74.3 Los acuerdos, que deberán ser adoptados por mayoría, serán comunicados a los interesados mediante copia del Acta de reunión.
Disposición transitoria única. Aplicación de las nuevas condiciones del Convenio Colectivo.
La entrada en vigor del presente Convenio Colectivo a todos los efectos será el 1 de marzo de 2014. No obstante a ello, la revisión salarial regulada en el artículo 36 del presente Convenio Colectivo se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero 2014. En consecuencia, se abonarán en la nómina de marzo 2014 los atrasos salariales que los trabajadores afectados pudieran corresponderle por los meses de enero y febrero 2014.
Asimismo y en aras de una correcta adaptación a los horarios regulados en el artículo 23 del presente Convenio Colectivo, éstos serán plenamente efectivos desde el lunes 10 de marzo 2014.
ANEXO I
Tablas salariales años 2014 y 2015
Área editorial
Área comercial
Área operaciones
Área gestión
Salario base anual
–
Euros
Grupo 0.
Director de Área.
Director de Área.
Director de Área.
Director de Área.
38.630,45
Grupo 1.
Director de Departamento.
Director de Departamento.
Director de Departamento.
Director de Departamento.
33.111,81
Subdirector.
Subdirector.
Subdirector.
Subdirector.
Grupo 2.
Redactor Jefe.
Jefe de Área.
Jefe de Área.
Jefe de Área.
26.616,66
Grupo 3.
Coordinador.
Coordinador.
Coordinador.
Coordinador.
25.200,42
Jefe de Sección.
Jefe de Equipo.
Jefe de Zona.
Jefe de Equipo.
Grupo 4.
Redactor.
Técnico.
Técnico.
Técnico.
16.137,94
Técnico.
Ejecutivo de cuentas.
Desarrollador.
Diseñador Gráfico.
Infógrafo.
Documentalista.
Corrector.
Grupo 5.
Auxiliar de Departamento.
Auxiliar de Departamento.
Auxiliar de Departamento.
Auxiliar de departamento.
14.623,24
Secretario/a.
Secretario/a.
Telefonista.
Secretario/a.
Recepcionista.
Recepcionista.
Grupo 6.
Personal Subalterno.
Personal Subalterno.
Personal Subalterno.
Personal Subalterno.
12.868,46
ANEXO II
Tabla de equivalencias en materia de clasificación profesional
II Convenio colectivo Multiprensa
y Más S.L.
III Convenio colectivo Grupo 20 Minutos, S.L.
Clasificación profesional
Clasificación equivalente
GRUPO 0
GRUPO 0
GRUPO 01
GRUPO 1
GRUPO 02
GRUPO 03
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 4A
GRUPO 4B
GRUPO 4C
GRUPO 5A
GRUPO 5B
GRUPO 5C
GRUPO 6
GRUPO 5
GRUPO 7
GRUPO 6
ANEXO III
Grados de consanguinidad y afinidad
Grados
Trabajador / Cónyuge / Pareja de Hecho
1.º
Padres.
Suegros.
Hijos.
Yerno/nuera.
2.º
Abuelos.
Hermanos.
Cuñados.
Nietos. | Convenio colectivo de 20minutos | Visto el texto del III Convenio colectivo de la empresa Grupo 20 Minutos, SL –antes, Multiprensa y Más, SL- (código de convenio n.º 90014792012004), que fue suscrito, con fecha 28 de febrero de 2014, de una parte por los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y de otra por el Comité Intercentros, en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 9 de abril de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
III CONVENIO COLECTIVO DE «GRUPO 20 MINUTOS, S.L.»
CAPÍTULO I
Ámbito, vigencia y sistema normativo
Artículo 1. Ámbito funcional.
1.1 El presente Convenio Colectivo regula las relaciones de trabajo de la empresa Grupo 20 Minutos, S.L., con CIF B-82491556, en todos sus centros de trabajo.
Artículo 2. Ámbito personal.
2.1 Se regirán por el presente Convenio Colectivo todos los trabajadores que presten servicios en Grupo 20 Minutos, S.L.
2.2 Quedan expresamente excluidos:
(a) Consejeros y personal de Alta Dirección.
(b) Profesionales liberales vinculados por contratos civiles de prestación de servicios.
(c) Asesores.
(d) Los corresponsales o colaboradores que tengan formalizado un contrato civil con Grupo 20 Minutos, S.L.
(e) Los colaboradores a la pieza que no tengan una relación basada en los principios de jerarquía, ajenidad y dependencia, ni estén sometidos al control de jornada, tal y como se define en el presente Convenio Colectivo, independientemente de que mantengan relación continuada con la Empresa o sus subsidiarias.
(f) Los agentes comerciales o publicitarios que trabajen en Grupo 20 Minutos, S.L. unidos a la misma mediante contrato de agencia.
(g) El personal perteneciente a empresas que tengan formalizado un contrato civil o mercantil de prestación de servicios con Grupo 20 Minutos, S.L.
Artículo 3. Ámbito territorial.
3.1 El presente Convenio Colectivo será de aplicación a todos los centros de trabajo de la empresa Grupo 20 Minutos, S.L. que estén situados dentro del territorio del Estado Español, así como a todos aquellos trabajadores con relación laboral con la Empresa que presten sus servicios fuera del territorio español, siempre que para regir tal relación las partes hayan elegido la ley española o cuando, en defecto de elección por las partes, la legislación aplicable disponga el respeto de los mínimos de derecho laboral español.
Artículo 4. Vigencia.
4.1 El presente Convenio Colectivo entrará en vigor a partir del 1 de marzo de 2014, manteniendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015. La revisión salarial regulada en el artículo 36 del presente Convenio Colectivo se aplicará con efectos retroactivos al 1 de enero de 2014.
Artículo 5. Denuncia y prórroga.
5.1 La denuncia del Convenio podrá efectuarse por cualquiera de las partes firmantes del mismo, pudiendo formularse dentro de los últimos tres meses de su vigencia o de cualquiera de sus prórrogas. La denuncia se realizará por escrito y se presentará ante el organismo que en ese momento sea competente, dándose traslado de la misma a la otra parte.
5.2 De no mediar denuncia expresa del Convenio Colectivo, éste se prorrogará por doce meses.
5.3 En caso de denuncia del Convenio y perdida su vigencia por expiración de la duración pactada, se aplicará en régimen de ultra actividad el clausulado del Convenio salvo lo relativo a las cláusulas de revisión salarial, las cuales decaerán.
5.4 Transcurridos dieciocho meses desde la denuncia del presente Convenio Colectivo sin que se haya acordado un nuevo Convenio Colectivo, decaerá plenamente la aplicación del presente Convenio en régimen de ultra actividad y se aplicará de forma automática, el Convenio Colectivo del sector correspondiente si lo hubiere, y en caso de que no lo hubiere, la normativa laboral de aplicación.
Artículo 6. Adhesión a los Acuerdos en vigor sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales.
6.1 Mediante la firma del presente Convenio Colectivo, se establece la adhesión a los Acuerdos que estén en vigor sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales para los conflictos que afecten a más de una Comunidad Autónoma. Asimismo, para los conflictos que afecten a una sola Comunidad Autónoma se establece la adhesión a los Reglamentos correspondientes a cada Comunidad Autónoma de Solución Extrajudicial de Conflictos.
Artículo 7. Cláusula derogatoria.
7.1 A la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo queda derogado íntegramente el II Convenio Colectivo de Multiprensa y Más, S.L., publicado por la Resolución de 3 de abril de 2007, de la Dirección General de Trabajo y decaídos cuantos derechos se reconocían en aquél, salvo los que también se reconocen en el presente, si bien con el régimen jurídico que ahora se establece.
CAPÍTULO II
Organización del trabajo
Artículo 8. Organización del trabajo.
8.1 La organización técnica y práctica del trabajo es facultad de la Dirección de la Empresa, que contará, de acuerdo con el régimen establecido en la normativa vigente, con la colaboración de la representación unitaria de los trabajadores, siempre que sea legalmente exigible. La organización del trabajo tiene como fin alcanzar en la Empresa un nivel adecuado de productividad y de calidad,
### RESUMEN: Convenio colectivo de 20minutos |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Consejo General del Poder Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General / Gerencia / Unidad de Contratación y Asuntos Generales.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Gerencia / Unidad de Contratación y Asuntos Generales.
2) Domicilio:
Calle Marqués de la Ensenada, 8.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28004.
4) Teléfono:
917005951 / 6111 / 6112.
5) Telefax:
917006358
6) Correo electrónico:
mesa.contratacion@cgpj.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
wwww.poderjudicial.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
27 de agosto de 2015, a las 17:00 horas.
d) Número de expediente:
15/16.0.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Licencias de software y actualización de las existentes para la plataforma de correo electrónico Microsoft Exchange para la extranet de la carrera judicial, así como soporte y mantenimiento de las mismas.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
48000000-Paquetes de software y sistemas de información.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación:
Precio.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe total: 263.000,00 euros.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
27 de agosto de 2015, a las 17:00 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro General del Consejo General del Poder Judicial.
2) Domicilio:
Calle Marqués de la Ensenada, 8.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28004.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Apertura de la documentación relativa a los criterios de valoración de las proposiciones evaluables mediante fórmula matemática.
b) Dirección:
Sede Central del Consejo General del Poder Judicial, calle Marqués de la Ensenada, 8.
c) Localidad y código postal:
Madrid 28004.
d) Fecha y hora:
21 de septiembre de 2015, a las 13:30 horas.
10. Gastos de publicidad:
Correrán por cuenta del adjudicatario del contrato.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
1 de julio de 2015.
Madrid, 1 de julio de 2015.- El Secretario General, Joaquín Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó. | Contrato de compra de licencias de correo Microsoft Exchange para la carrera judicial por importe total de 263.000,00 euros | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Consejo General del Poder Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General / Gerencia / Unidad de Contratación y Asuntos Generales.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Gerencia / Unidad de Contratación y Asuntos Generales.
2) Domicilio:
Calle Marqués de la Ensenada, 8.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28004.
4) Teléfono:
917005951 / 6111 / 6112.
5) Telefax:
917006358
6) Correo electrónico:
mesa.contratacion@cgpj.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
wwww.poderjudicial.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
27 de agosto de 2015, a las 17:00 horas.
d) Número de expediente:
15/16.0.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Licencias de software y actualización de las existentes para la plataforma de correo electrónico Microsoft Exchange para la extranet de la carrera judicial, así como soporte y mantenimiento de las mismas.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
48000000-Paquetes de software y sistemas de información.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación:
Precio.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe total: 263.000,00 euros.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
27 de agosto de 2015, a las 17:00 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro General del Consejo General del Poder Judicial.
2) Domicilio:
Calle Marqués de la Ensenada, 8.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28004.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Apertura de la documentación relativa a los criterios de valoración de las proposiciones evaluables mediante fórmula matemática.
b) Dirección:
Sede Central del Consejo General del Poder Judicial, calle Marqués de la Ensenada, 8.
c) Localidad y código postal:
Madrid 28004.
d) Fecha y hora:
21 de septiembre de 2015, a las 13:30 horas.
10. Gastos de publicidad:
Correrán por cuenta del adjudicatario del contrato.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
1 de julio de 2015.
Madrid, 1 de julio de 2015.- El Secretario General, Joaquín Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó.
### RESUMEN: Contrato de compra de licencias de correo Microsoft Exchange para la carrera judicial por importe total de 263.000,00 euros |
Por Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades de 20 de julio de 2013 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre), se han convocado las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector, representativos del profesorado universitario.
Las ayudas tienen una dotación de 50.400,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.322C.483 del Presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el ejercicio 2013.
Constituida la Comisión y celebrada la reunión prevista en el apartado Quinto. «Instrucción del procedimiento» de la Resolución anteriormente citada y efectuada la correspondiente propuesta de concesión,
Esta Dirección General de Política Universitaria ha resuelto:
Primero.
Conceder la subvención, en los términos indicados en el apartado quinto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del pasado 20 de julio.
• Un 15% del importe de la subvención se distribuye por partes iguales.
• El 85% restante, proporcionalmente según la representación reconocida a cada sindicato en el sector de personal docente universitario.
La distribución del crédito, tomando en consideración la certificación, cerrada con fecha 7 de mayo de 2013, de la Subdirección General de Programación y Actuación Administrativa de la Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, es la siguiente:
Distribución de las subvenciones
Sindicatos del sector
NIF
85% Subvención
15% Subvención
Total Cuotas
–
€
Número de representantes
%
Cuota
–
€
%
Cuota
–
€
CC.OO.
G 78427002
294
40,38
17.298,79
25,00
1.890,00
19.188,79
CSI-F.
G 79514378
221
30,36
13.006,22
25,00
1.890,00
14.896,22
FETE-UGT.
G 79493060
195
26,79
11.476,84
25,00
1.890,00
13.366,84
CIG.
G 36706927
18
2,47
1.058,15
25,00
1.890,00
2.948,15
Total
728
100,00
42.840,00
100,00
7.560,00
50.400,00
Segundo.
El gasto se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.322C.483 del Presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el año 2013.
Tercero.
Denegar la subvención al sindicato Confederación Intersindical (CI) por no haber obtenido la representatividad exigida de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Cuarto.
En cumplimiento del apartado sexto de la convocatoria, esta resolución de concesión, será notificada a los sindicatos beneficiarios y publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Quinto.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, recurso contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante el órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Madrid, 30 de octubre de 2013.–El Director General de Política Universitaria, Jorge Sainz González. | Las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector. | Por Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades de 20 de julio de 2013 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre), se han convocado las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector, representativos del profesorado universitario.
Las ayudas tienen una dotación de 50.400,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.322C.483 del Presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el ejercicio 2013.
Constituida la Comisión y celebrada la reunión prevista en el apartado Quinto. «Instrucción del procedimiento» de la Resolución anteriormente citada y efectuada la correspondiente propuesta de concesión,
Esta Dirección General de Política Universitaria ha resuelto:
Primero.
Conceder la subvención, en los términos indicados en el apartado quinto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del pasado 20 de julio.
• Un 15% del importe de la subvención se distribuye por partes iguales.
• El 85% restante, proporcionalmente según la representación reconocida a cada sindicato en el sector de personal docente universitario.
La distribución del crédito, tomando en consideración la certificación, cerrada con fecha 7 de mayo de 2013, de la Subdirección General de Programación y Actuación Administrativa de la Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, es la siguiente:
Distribución de las subvenciones
Sindicatos del sector
NIF
85% Subvención
15% Subvención
Total Cuotas
–
€
Número de representantes
%
Cuota
–
€
%
Cuota
–
€
CC.OO.
G 78427002
294
40,38
17.298,79
25,00
1.890,00
19.188,79
CSI-F.
G 79514378
221
30,36
13.006,22
25,00
1.890,00
14.896,22
FETE-UGT.
G 79493060
195
26,79
11.476,84
25,00
1.890,00
13.366,84
CIG.
G 36706927
18
2,47
1.058,15
25,00
1.890,00
2.948,15
Total
728
100,00
42.840,00
100,00
7.560,00
50.400,00
Segundo.
El gasto se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.322C.483 del Presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el año 2013.
Tercero.
Denegar la subvención al sindicato Confederación Intersindical (CI) por no haber obtenido la representatividad exigida de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Cuarto.
En cumplimiento del apartado sexto de la convocatoria, esta resolución de concesión, será notificada a los sindicatos beneficiarios y publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Quinto.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, recurso contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante el órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Madrid, 30 de octubre de 2013.–El Director General de Política Universitaria, Jorge Sainz González.
### RESUMEN: Las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector. |
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.º de los Estatutos de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España, aprobados el 8 de octubre de 1999, se convoca a los excelentísimos e ilustrísimos Señores Grandes y Títulos del Reino a la Asamblea Ordinaria que se celebrará con la Venia de Su Majestad el Rey (q.D.g.) el día 21 de marzo de 2018 a las 19 horas en el salón de actos de la Fundación Ramón Areces, calle Vitruvio, número 5, de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día:
Primero.- Lectura de la convocatoria y relación de Grandes y Títulos del Reino presentes y representados.
Segundo.- Palabras del Sr. Decano con motivo de la presentación y aprobación, en su caso, de la memoria del ejercicio 2017.
Tercero.- Presentación y aprobación, en su caso, del estado de las cuentas del año 2017 y presupuesto para el 2018.
Cuarto.- Renovación y elección de cargos y miembros del Consejo.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea.
Madrid, 3 de enero de 2018.- Vº. Bº. El Decano, El Duque de Híjar.
Vº. Bº. El Secretario, El Marqués de Valtierra. | Convocatoria de la nobleza. | Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.º de los Estatutos de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España, aprobados el 8 de octubre de 1999, se convoca a los excelentísimos e ilustrísimos Señores Grandes y Títulos del Reino a la Asamblea Ordinaria que se celebrará con la Venia de Su Majestad el Rey (q.D.g.) el día 21 de marzo de 2018 a las 19 horas en el salón de actos de la Fundación Ramón Areces, calle Vitruvio, número 5, de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día:
Primero.- Lectura de la convocatoria y relación de Grandes y Títulos del Reino presentes y representados.
Segundo.- Palabras del Sr. Decano con motivo de la presentación y aprobación, en su caso, de la memoria del ejercicio 2017.
Tercero.- Presentación y aprobación, en su caso, del estado de las cuentas del año 2017 y presupuesto para el 2018.
Cuarto.- Renovación y elección de cargos y miembros del Consejo.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea.
Madrid, 3 de enero de 2018.- Vº. Bº. El Decano, El Duque de Híjar.
Vº. Bº. El Secretario, El Marqués de Valtierra.
### RESUMEN: Convocatoria de la nobleza. |
Visto el expediente de indulto de don Sixto Mario Arango Durango, instado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Castilla-La Mancha, en base al artículo 206 del Reglamento Penitenciario, condenado por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 27 de abril de 2013, resolutoria del recurso de casación interpuesto contra otra de la Audiencia Provincial de Madrid, sección vigesimotercera, como autor de dos delitos de homicidio en grado de tentativa a la pena de siete años de prisión por cada uno de ellos, con sus accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, por hechos cometidos en el año 2001, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de noviembre de 2013,
Vengo en indultar a don Sixto Mario Arango Durango cuatro años de cada una de las dos penas privativas de libertad impuestas, a condición de que abone las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia en el plazo que determine el Tribunal sentenciador, y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años desde la publicación del real decreto.
Dado en Madrid, el 29 de noviembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ | Indultan a condenado por 2 delitos de intento de homicidio. | Visto el expediente de indulto de don Sixto Mario Arango Durango, instado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Castilla-La Mancha, en base al artículo 206 del Reglamento Penitenciario, condenado por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 27 de abril de 2013, resolutoria del recurso de casación interpuesto contra otra de la Audiencia Provincial de Madrid, sección vigesimotercera, como autor de dos delitos de homicidio en grado de tentativa a la pena de siete años de prisión por cada uno de ellos, con sus accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, por hechos cometidos en el año 2001, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de noviembre de 2013,
Vengo en indultar a don Sixto Mario Arango Durango cuatro años de cada una de las dos penas privativas de libertad impuestas, a condición de que abone las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia en el plazo que determine el Tribunal sentenciador, y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años desde la publicación del real decreto.
Dado en Madrid, el 29 de noviembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ
### RESUMEN: Indultan a condenado por 2 delitos de intento de homicidio. |
A propuesta del Ministro de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de octubre de 2015,
Vengo en promover al empleo de Teniente General del Cuerpo de la Guardia Civil, al General de División don Domingo Martínez Palomo.
Dado en Madrid, el 2 de octubre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE | Ascensos militar para Domingo Martínez Palomo como Teniente General del Cuerpo de la Guardia Civil. | A propuesta del Ministro de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de octubre de 2015,
Vengo en promover al empleo de Teniente General del Cuerpo de la Guardia Civil, al General de División don Domingo Martínez Palomo.
Dado en Madrid, el 2 de octubre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE
### RESUMEN: Ascensos militar para Domingo Martínez Palomo como Teniente General del Cuerpo de la Guardia Civil. |
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, regula, en su artículo 78, el Consejo de Participación de la Mujer como el órgano colegiado de consulta y asesoramiento con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y la lucha contra la discriminación por razón de sexo.
El Real Decreto 1791/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula el régimen de funcionamiento, competencias y composición del Consejo de Participación de la Mujer, lo configura como un órgano colegiado de naturaleza participativa y de carácter consultivo y asesor, adscrito a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Igualdad, con el fin de ser el cauce para la participación de las mujeres, y actuar como interlocutor de las entidades representativas de las mujeres ante las Administraciones públicas y ante cualquier institución pública o privada, en relación con las políticas públicas y medidas encaminadas a la consecución de la igualdad.
El Consejo alberga en su composición 20 vocalías (artículo 4.) en representación de las organizaciones y asociaciones de mujeres, ejercidas por aquellas personas elegidas como representantes por las propias organizaciones y asociaciones, cuyo mandato ha expirado de conformidad con el artículo 9.3 del Real Decreto 1791/2009, de 20 de noviembre, por lo que es preciso iniciar un nuevo procedimiento de elección.
De acuerdo con el artículo 9.1 del Real Decreto 1791/2009 citado, el procedimiento de elección de las vocalías correspondientes a las organizaciones y asociaciones de mujeres, será convocado al efecto por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dirigido a las organizaciones y asociaciones de mujeres que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4.3, las cuales podrán presentar las correspondientes candidaturas.
Al objeto de iniciar el procedimiento de elección, se hace necesario determinar las organizaciones y asociaciones de mujeres que cumplen dichos requisitos a fin de elaborar, en una primera fase, el correspondiente censo electoral de las organizaciones y asociaciones que pueden concurrir, como electoras y elegibles, a la elección de las vocalías del Consejo de Participación de la Mujer en representación de aquéllas.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto iniciar el procedimiento de elección previsto en el artículo 9 del Real Decreto 1791/2009 de 20 de noviembre, por el que se regula el régimen de funcionamiento, competencias y composición del Consejo de Participación de la Mujer, mediante la configuración del censo electoral de las organizaciones y asociaciones de mujeres que pueden concurrir, como electoras y elegibles, a la elección de las vocalías del Consejo de Participación de la Mujer en representación de aquéllas.
Artículo 2. Solicitud.
1. A tal objeto, las organizaciones y asociaciones de mujeres que pretendan concurrir al procedimiento de elección de las 20 Vocalías que, en representación de las mismas, integran el Consejo de Participación de la Mujer, deberán presentar, en el plazo de un mes desde la publicación de esta Orden, la correspondiente solicitud, conforme al modelo que figura como Anexo, dirigida al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, firmada por su representante legal y acompañada de la documentación que figura en el apartado Tercero.
2. Dicha solicitud, así como la documentación requerida, deberán presentarse por vía electrónica, a través del registro electrónico común de la Administración General del Estado. A dicho registro electrónico se podrá acceder a través de la siguiente dirección de Internet: https://sede.msssi.gob.es/sobreSede/home.htm, donde figuran las instrucciones necesarias respecto de los pasos a seguir para su utilización.
3. El modelo de solicitud, incorporado como Anexo, estará disponible a través de la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o, en su caso, podrá ser facilitado por el propio Ministerio, a requerimiento de las organizaciones y asociaciones que pretendan concurrir al procedimiento de elección
Artículo 3. Documentación acreditativa.
1. A fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 4.3 del Real Decreto 1791/2009 de 20 de noviembre, por el que se regula el régimen de funcionamiento, competencias y composición del Consejo de Participación de la Mujer, las organizaciones y asociaciones de mujeres que pretendan concurrir al procedimiento de elección deberán acompañar a la solicitud, además del documento acreditativo de la condición de representante legal de quien la suscriba, la siguiente documentación:
1.º Copia actualizada de los Estatutos de la organización o asociación, vigentes a la fecha de finalización del procedimiento, a fin de acreditar que están legalmente constituidas, que sus fines estatutarios se enmarcan en la defensa de la igualdad y la lucha contra la discriminación de las mujeres y que tienen un ámbito de actuación estatal.
2.º Certificación, con expresión de su fecha y periodo de validez de expedición, de estar inscritas en el Registro de asociaciones del Ministerio del Interior, con indicación de la fecha de inscripción, a fin de acreditar que cuentan con una antigüedad de, al menos, cuatro años cumplidos, o a cumplir durante el plazo de presentación de solicitudes.
3.º Memoria sucinta (conforme al punto 3 del Anexo), descriptiva de los programas específicos desarrollados que tengan por finalidad la defensa de la igualdad y la lucha contra la discriminación de las mujeres.
4.º Documentación acreditativa, mediante cualquiera de los medios admitidos en derecho, de que la organización o asociación correspondiente realiza programas, al menos, en dos comunidades autónomas.
2. Las Federaciones de Asociaciones habrán de acompañar la misma documentación señalada en los números anteriores, si bien en este supuesto, bastará con que al menos la mitad de las asociaciones federadas tengan una antigüedad de, al menos, cuatro años, aunque la Federación como tal tenga una antigüedad menor, antigüedad certificada en la misma forma que la expresada en el número 2.º del apartado anterior. En todo caso, la concurrencia al procedimiento de elección de una federación, confederación o unión de organizaciones excluirá la de las organizaciones asociadas.
Artículo 4. Censo Electoral Provisional.
A la vista de las solicitudes y de la documentación presentada, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades determinará la relación de organizaciones y asociaciones de mujeres que conforman el censo electoral provisional, el cual será publicado en su página web.
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades notificará su exclusión del censo electoral provisional a aquellas asociaciones y organizaciones de mujeres que no reunieran los requisitos establecidos en la presente orden, o no hubieran acompañado la documentación exigida, a fin de que, en el plazo de 15 días hábiles, puedan subsanar la falta, acompañar los documentos preceptivos y formular alegaciones.
Artículo 5. Resolución.
Transcurrido el plazo de 15 días previsto en el apartado anterior, la Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades procederá a dictar la correspondiente resolución por la que se establece el censo electoral definitivo de organizaciones y asociaciones de mujeres que pueden concurrir al procedimiento de elección de las vocalías del Consejo de Participación de la Mujer, previsto en el artículo 9 del Real Decreto 1791/2009 de 20 de noviembre, por el que se regula el régimen de funcionamiento, competencias y composición del Consejo de Participación de la Mujer.
La resolución, que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado», pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra la misma recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien ser impugnada ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en la forma y los plazos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Artículo 6. Vigencia y Actualización del Censo Electoral.
El censo electoral confeccionado a través del procedimiento previsto en esta Orden estará vigente durante el plazo de cinco años de duración del mandato de quienes ejerzan las vocalías en representación de las organizaciones y asociaciones de mujeres previsto en el artículo 9.3 del Real Decreto 1791/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula el régimen de funcionamiento, competencias y composición del Consejo de Participación de la Mujer.
No obstante lo anterior, el censo electoral se actualizará anualmente y, en todo caso, con ocasión de cada nuevo proceso electoral.
Artículo 7. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 27 de julio de 2017.–La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat Montserrat.
ANEXO | Sanidad convoca a las asociaciones de mujeres para que presenten a sus 20 candidatas al Consejo de Participación de la Mujer. | La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, regula, en su artículo 78, el Consejo de Participación de la Mujer como el órgano colegiado de consulta y asesoramiento con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y la lucha contra la discriminación por razón de sexo.
El Real Decreto 1791/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula el régimen de funcionamiento, competencias y composición del Consejo de Participación de la Mujer, lo configura como un órgano colegiado de naturaleza participativa y de carácter consultivo y asesor, adscrito a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Igualdad, con el fin de ser el cauce para la participación de las mujeres, y actuar como interlocutor de las entidades representativas de las mujeres ante las Administraciones públicas y ante cualquier institución pública o privada, en relación con las políticas públicas y medidas encaminadas a la consecución de la igualdad.
El Consejo alberga en su composición 20 vocalías (artículo 4.) en representación de las organizaciones y asociaciones de mujeres, ejercidas por aquellas personas elegidas como representantes por las propias organizaciones y asociaciones, cuyo mandato ha expirado de conformidad con el artículo 9.3 del Real Decreto 1791/2009, de 20 de noviembre, por lo que es preciso iniciar un nuevo procedimiento de elección.
De acuerdo con el artículo 9.1 del Real Decreto 1791/2009 citado, el procedimiento de elección de las vocalías correspondientes a las organizaciones y asociaciones de mujeres, será convocado al efecto por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dirigido a las organizaciones y asociaciones de mujeres que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4.3, las cuales podrán presentar las correspondientes candidaturas.
Al objeto de iniciar el procedimiento de elección, se hace necesario determinar las organizaciones y asociaciones de mujeres que cumplen dichos requisitos a fin de elaborar, en una primera fase, el correspondiente censo electoral de las organizaciones y asociaciones que pueden concurrir, como electoras y elegibles, a la elección de las vocalías del Consejo de Participación de la Mujer en representación de aquéllas.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto iniciar el procedimiento de elección previsto en el artículo 9 del Real Decreto 1791/2009 de 20 de noviembre, por el que se regula el régimen de funcionamiento, competencias y composición del Consejo de Participación de la Mujer, mediante la configuración del censo electoral de las organizaciones y asociaciones de mujeres que pueden concurrir, como electoras y elegibles, a la elección de las vocalías del Consejo de Participación de la Mujer en representación de aquéllas.
Artículo 2. Solicitud.
1. A tal objeto, las organizaciones y asociaciones de mujeres que pretendan concurrir al procedimiento de elección de las 20 Vocalías que, en representación de las mismas, integran el Consejo de Participación de la Mujer, deberán presentar, en el plazo de un mes desde la publicación de esta Orden, la correspondiente solicitud, conforme al modelo que figura como Anexo, dirigida al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, firmada por su representante legal y acompañada de la documentación que figura en el apartado Tercero.
2. Dicha solicitud, así como la documentación requerida, deberán presentarse por vía electrónica, a través del registro electrónico común de la Administración General del Estado. A dicho registro electrónico se podrá acceder a través de la siguiente dirección de Internet: https://sede.msssi.gob.es/sobreSede/home.htm, donde figuran las instrucciones necesarias respecto de los pasos a seguir para su utilización.
3. El modelo de solicitud, incorporado como Anexo, estará disponible a través de la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o, en su caso, podrá ser facilitado por el propio Ministerio, a requerimiento de las organizaciones y asociaciones que pretendan concurrir al procedimiento de elección
Artículo 3. Documentación acreditativa.
1. A fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 4.3 del Real Decreto 1791/2009 de 20 de noviembre, por el que se regula el régimen de funcionamiento, competencias y composición del Consejo de Participación de la Mujer, las organizaciones y asociaciones de mujeres que pretendan concurrir al procedimiento de elección deberán acompañar a la solicitud, además del documento acreditativo de la condición de representante legal de quien la suscriba, la siguiente documentación:
1.º Copia actualizada de los Estatutos de la organización o asociación, vigentes a la fecha de finalización del procedimiento, a fin de acreditar que están legalmente constituidas, que sus fines estatutarios se enmarcan en la defensa de la igualdad y la lucha contra la discriminación de las mujeres y que tienen un ámbito de actuación estatal.
2.º Certificación, con expresión de su fecha y periodo de validez de expedición, de estar inscritas en el Registro de asociaciones del Ministerio del Interior, con indicación de la fecha de inscripción, a fin de acreditar que cuentan con una antigüedad de, al menos, cuatro años cumplidos, o a cumplir durante el plazo de presentación de solicitudes.
3.º Memoria sucinta (conforme al punto 3 del Anexo), descriptiva de los programas específicos desarrollados que tengan por finalidad la defensa de la igualdad y la lucha contra la discriminación de las mujeres.
4.º Documentación acreditativa, mediante cualquiera de los medios admitidos en derecho, de que la organización o asociación correspondiente realiza programas, al menos, en dos comunidades autónomas.
2. Las Federaciones de Asociaciones habrán de acompañar la misma documentación señalada en los números anteriores, si bien en este supuesto, bastará con que al menos la mitad de
### RESUMEN: Sanidad convoca a las asociaciones de mujeres para que presenten a sus 20 candidatas al Consejo de Participación de la Mujer. |
A propuesta del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de mayo de 2016,
Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Ignacio Tremiño Gómez como Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid, el 20 de mayo de 2016.
FELIPE R.
El Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
ALFONSO ALONSO ARANEGUI | Cese, a petición propia de Ignacio Tremiño Gómez, Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad | A propuesta del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de mayo de 2016,
Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Ignacio Tremiño Gómez como Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid, el 20 de mayo de 2016.
FELIPE R.
El Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
ALFONSO ALONSO ARANEGUI
### RESUMEN: Cese, a petición propia de Ignacio Tremiño Gómez, Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad |
Habiendo sido suscrito el 23 de enero de 2018, el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) y la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, para la integración del ferrocarril a su paso por el núcleo urbano de Orihuela y, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 24 de enero de 2018.–El Presidente de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, Juan Bravo Rivera.
ANEXO
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) y la entidad pública empresarial ADIF-ALTA Velocidad, para la integración del ferrocarril a su paso por el núcleo urbano de Orihuela
En Madrid, a 23 de enero de 2018.
REUNIDOS
Don Emilio Bascuñana Galiano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Orihuela, que actúa en virtud de las competencias en materia de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística y de realización de actividades complementarias propias de las otras Administraciones Públicas (artículos 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las bases de Régimen local).
Don Juan Bravo Rivera, Presidente de la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, en virtud del Real Decreto 504/2016, de 18 de noviembre, actuando en nombre y representación de ADIF-Alta Velocidad en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas por los artículos 23.1 y 2.a) de su Estatuto, aprobado mediante Real Decreto 1044/2013, de 27 de diciembre.
Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen recíprocamente capacidad suficiente para el otorgamiento del presente Convenio y en virtud de ello,
EXPONEN
I. El Ayuntamiento de Orihuela, actúa en virtud de las competencias que la atribuye el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 57 de la misma.
II. Que ADIF-Alta Velocidad es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento, que goza de personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y patrimonio propio, y se rige por lo establecido en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, su reglamento, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, su Estatuto y en la legislación presupuestaria y demás normas de aplicación. En defecto de dichas normas, se le aplicará el ordenamiento jurídico privado.
En el ejercicio de sus funciones, ADIF-Alta Velocidad actúa con autonomía de gestión, dentro de los límites establecidos en la Ley del Sector Ferroviario y en su Estatuto, teniendo en cuenta, en todo caso, la garantía del interés público, la satisfacción de las necesidades sociales con la máxima calidad, la seguridad de los usuarios y la eficacia global del sistema ferroviario.
ADIF-Alta Velocidad está legitimado para proceder a la suscripción del presente Convenio, al amparo de lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1044/2013, de 27 de diciembre, ya citado, que faculta expresamente a esta entidad pública empresarial para poder celebrar convenios con la Administración General del Estado, con otras Administraciones Públicas, así como con cualquier otra entidad pública o privada.
III. El Ministerio de Fomento, dentro de los trabajos para la llegada de la Alta Velocidad a Levante, redactó y tramitó, de acuerdo a la legislación vigente, el «Estudio Informativo del Proyecto de Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Elche-Murcia-Subtramo Elche-Beniel», que fue aprobado definitivamente mediante Resolución del entonces Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento de 6 de julio de 2006. («BOE» núm. 189 de 9 de agosto de 2006).
IV. Que dicho documento recoge que la futura línea ferroviaria discurrirá por el mismo corredor que la línea actual. No obstante, mientras ésta lo hace en superficie, la futura línea lo hace deprimiendo su cota, al objeto de generar los espacios suficientes para implantar la estación de Orihuela y, a la vez, eliminar los pasos a nivel existentes en la travesía ferroviaria.
V. Las obras correspondientes a estas actuaciones fueron adjudicadas el 3 de febrero de 2009, encontrándose actualmente en fase de ejecución por parte de ADIF-Alta Velocidad, según lo contemplado en el «Proyecto de Construcción de Plataforma. Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante Madrid-Castilla-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo. Orihuela-Colada de la Buena Vida».
VI. En el transcurso de la ejecución de las obras del referido Proyecto, el Ayuntamiento de Orihuela, estimó que las mismas resultaban una oportunidad para la integración de la travesía urbana del ferrocarril, aprovechando el descenso de cota del ferrocarril y el cubrimiento del mismo en el núcleo urbano de la ciudad, obteniéndose, de este modo, nuevas superficies para el uso y disfrute de la población de Orihuela, al generarse sobre la losa de cobertura del ferrocarril zonas destinadas a espacios libres públicos, además de los viarios transversales.
Por ello, y a instancia del Ayuntamiento de Orihuela, se adoptó, a través de la oportuna tramitación de la modificación del Proyecto Original, una solución de integración urbana del ferrocarril, consistente en aprovechar el trazado previsto construyendo un tramo soterrado de 783 metros de longitud aproximada, y dos tramos no cubiertos, entre muros pantalla y muros trinchera, de 358 metros y 326 metros de longitud, respectivamente, habilitando sobre la zona de infraestructura ferroviaria soterrada, zonas de paso para vehículos y peatones cuyo acabado es el propio hormigón de la losa de cubrimiento.
Dichas actuaciones de cubrimiento del trazado, ejecutadas a solicitud del Ayuntamiento, tuvieron un coste adicional sobre el Proyecto Original de 998.822,33 euros (IVA incluido).
VII. Por otro lado, durante la ejecución de dichas obras se hizo necesario el desmantelamiento de la pasarela peatonal de titularidad municipal situada a la altura del Punto Kilométrico (P.K) 503+200 del proyecto constructivo de la plataforma ferroviaria de alta velocidad, en la zona llamada «Correntías», que atraviesa el trazado ferroviario por el lado norte de la actuación y la carretera CV-930 a su entrada a la ciudad, que fue sustituida temporalmente mediante la ejecución de una estructura provisional; debiendo reponerse ahora por ADIF-Alta Velocidad, de forma definitiva.
VIII. Estando próximamente prevista la conclusión y recepción de las referidas obras, el Ayuntamiento de Orihuela ha manifestado a ADIF Alta-Velocidad su interés en disponer de la superficie de la losa resultante, en orden a mejorar la permeabilidad transversal en el municipio, a través de la ejecución de obras de urbanización en dicha losa, y la ejecución de dos pasos, por un lado, en las confluencias de las calles Luis Barcala y Avda. Marqués de Molins (lado norte del cubrimiento), hacia la llamada Carretera de Hurchillo y la CV-925 (lado sur del cubrimiento) y, por otro, en la confluencia de las calles Avda. de la Estación con Avda. del Mar (zona norte del cubrimiento), hacia la Senda Cascante (zona sur del cubrimiento).
IX. El artículo 186 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas prevé que, la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma podrán celebrar convenios con otras Administraciones públicas o con personas jurídicas de derecho público o de derecho privado pertenecientes al sector público, con el fin de ordenar las relaciones de carácter patrimonial y urbanístico entre ellas en un determinado ámbito o realizar actuaciones comprendidas en la citada Ley en relación con los bienes y derechos de sus respectivos patrimonios.
A su vez, el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público dispone que son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.
X. Que el presente Convenio ha sido sometido a la tramitación legalmente procedente y a la previa aprobación por los órganos competentes de las partes firmantes.
A la vista de lo anteriormente expuesto, las partes consideran procedente la celebración del presente Convenio, de conformidad con las siguientes:
ESTIPULACIONES
Primera. Objeto del Convenio.
El presente Convenio de colaboración tiene por objeto establecer los compromisos para la cooperación entre ADIF-Alta Velocidad y el Ayuntamiento de Orihuela, para la mejora de la integración urbana del ferrocarril a su paso por el municipio de Orihuela, a través de la ejecución de las actuaciones necesarias para proceder a urbanizar la losa de cubrimiento sobre la zona de infraestructura viaria soterrada, así como otras actuaciones para mejorar la comunicación, la seguridad vial, la adaptación al entorno y el embellecimiento de la zona en su conjunto, a fin de culminar la integración urbana del trazado del AVE a su paso por la ciudad, de tal manera que las actuaciones conjuntas objeto del presente convenio permitan, una vez finalizadas las obras en curso, el aprovechamiento público e inmediato de las nuevas infraestructuras por parte de los vecinos de Orihuela.
Segunda. Definición de las actuaciones y compromisos.
A) Regularización del uso de la losa de cubrimiento del dominio público ferroviario soterrado.
El Ayuntamiento de Orihuela, tramitará las modificaciones de planeamiento necesarias para la incorporación a la trama urbana de la nueva losa de cobertura del trazado ferroviario, con superposición de las adecuadas calificaciones de las mismas en cota urbana de viario, espacios libres públicos y de Sistema General Ferroviario en subsuelo.
El Ayuntamiento de Orihuela se compromete a adquirir durante la vigencia del presente Convenio, la titularidad de las nuevas superficies correspondientes a la losa de cobertura del ferrocarril y destinadas a los usos públicos citados que pasarán a ser de titularidad municipal.
Para ello, ADIF-Alta Velocidad se compromete a iniciar la tramitación del oportuno expediente de declaración de innecesariedad y posterior desafectación de la cara superior de la losa de cobertura del dominio público ferroviario correspondiente al trazado soterrado, previo informe preceptivo del Ministerio de Fomento, conforme a lo previsto en el artículo 27.3 Ley 38/2015, del Sector Ferroviario.
A efectos de la adquisición por el Ayuntamiento y transmisión por ADIF- Alta Velocidad de la cara superior de la losa, se estipula por las partes que el valor de la misma es de 998.822,33 euros más el interés legal, correspondientes al incremento del coste de las actuaciones de cubrimiento del trazado ejecutadas a instancia del Ayuntamiento, respecto de las que el Ayuntamiento asume su financiación conforme a lo previsto en la Estipulación Tercera del presente Convenio.
En el caso de que el Ayuntamiento, pretenda urbanizar antes de su obtención formal, la superficie sobre la losa de cubrimiento, implantando viales, espacios libres u otros usos compatibles con el uso ferroviario en subsuelo, se formalizará un expediente de autorización de obras y de ocupación del dominio público ferroviario.
Dicha ocupación se instrumentará jurídicamente mediante una concesión administrativa demanial de carácter gratuito, conforme a lo previsto en la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, hasta que el Ayuntamiento obtenga la titularidad de la cara superior de la losa los vuelos mencionados, de conformidad con lo establecido en esta Estipulación.
Desde el momento en el que sea otorgada la concesión administrativa que habilite al Ayuntamiento para la urbanización de la losa, el mantenimiento, incluido el de la impermeabilización, de la cara superior de la losa será responsabilidad de éste, siendo responsabilidad de ADIF-Alta Velocidad la responsabilidad del mantenimiento de la estructura propiamente dicha. Las condiciones de éstas obligaciones se recogerán en el correspondiente Convenio de uso y mantenimiento.
En cualquier caso, el planeamiento tendrá en cuenta las franjas de terreno precisas para la adecuada protección legal y efectiva del nuevo trazado ferroviario, de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2015 de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario y demás legislación y normativa sectorial vigentes, teniendo en cuenta especialmente, que no es de aplicación la línea límite de edificación en los túneles y en las líneas férreas soterradas o cubiertas con losas.
B) Ejecución de obras de urbanización en la losa de cubrimiento y en las zonas de paso para vehículos y peatones.
Una vez se formalice el expediente de autorización de obras y de ocupación del dominio público, a través de la concesión administrativa demanial de carácter gratuito anteriormente referida, el Ayuntamiento financiará y ejecutará, por su cuenta y con cargo a su presupuesto, las obras de urbanización sobre la losa de cubrimiento, así como otras actuaciones para mejorar la comunicación, la seguridad vial, la adaptación al entorno y el embellecimiento de la zona en su conjunto, así como las obras en las siguientes zonas de paso para vehículos y peatones:
• Paso sobre la losa de hormigón en la confluencia de las calles Luis Barcala y avenida Marqués de Molins (lado norte del cubrimiento),hacia la llamada Carretera de Hurchillo y la CV- 925 (lado sur del cubrimiento), denominado en el Proyecto como Colada de Hurchillo.
• Paso sobre la losa de hormigón en la confluencia de las calles avenida de la Estación con avenida del Mar (zona norte del cubrimiento), hacia la Senda Cascante (zona sur del cubrimiento). El citado paso, está incluido en el Proyecto Modificado n.º 1.
Los referidos pasos habilitados para vehículos y peatones aparecen debidamente grafiados en el plano anexo I que se adjunta al Convenio.
C) Reposición de la pasarela de titularidad municipal situado a la altura del Punto Kilométrico (P.K) 503+200 del proyecto constructivo de la plataforma ferroviaria de alta velocidad.
Con el objeto de llevar a cabo la reposición de la pasarela peatonal de titularidad municipal situada a la altura del Punto Kilométrico (P.K) 503+200 del proyecto constructivo de la plataforma ferroviaria de alta velocidad, en la zona llamada «Correntías», que ha sido desmantelada durante la ejecución de las obras, ADIF-Alta Velocidad ejecutará, con cargo a su presupuesto, la licitación de la redacción y ejecución del proyecto de reposición de dicha pasarela, debiendo contar, con carácter previo a la aprobación del Proyecto, con la conformidad, sobre el mismo, de los servicios técnicos competentes del Ayuntamiento de Orihuela, dentro de los términos recogidos en correspondiente contrato de redacción de Proyecto.
El presupuesto para la redacción del proyecto y la ejecución material de dicha pasarela se estima en un importe máximo estimado de 1.052.583,67 de euros (IVA incluido) y en un plazo estimado de 26 meses desde la firma del presente Convenio, conforme al siguiente desglose:
Concepto
Plazo estimado de ejecución
(Incluye Licitación)
–
Meses
Presupuesto máximo
(IVA incluido)
–
Euros
Redacción y aprobación del Proyecto
12
252.583,67
Ejecución obras pasarela
14
800.000
Total
26
1.052.583,67
Una vez se concluyan las obras de reposición de la pasarela, el Ayuntamiento de Orihuela y ADIF-Alta Velocidad suscribirán el oportuno Acta de entrega y recepción de la pasarela, asumiendo el Ayuntamiento, a partir de ese momento, la titularidad de la obra ejecutada, así como el mantenimiento y la conservación de la pasarela.
Tercera. Financiación de las Actuaciones.
1. Compromisos financieros del Ayuntamiento de Orihuela:
El Ayuntamiento de Orihuela, se compromete y obliga al pago a ADIF-Alta Velocidad de la cara superior de la losa de cubrición, que ha de adquirir según lo previsto en la Estipulación Segunda, estimándose su valor en el importe de 998.822,33 euros (IVA incluido) más el interés legal, importe correspondiente a las actuaciones de cubrimiento del trazado recogidas en el Modificado n.º 1 del Proyecto Original.
El importe señalado será abonado por el Ayuntamiento, al amparo de lo previsto en el artículo 134 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en un total de diez anualidades presupuestarias sucesivas, por importe de 99.882,23 euros (IVA incluido) anuales incrementado en el interés legal que corresponda en cada ejercicio, realizándose el primer pago en el ejercicio en el que comience la vigencia del presente convenio y los sucesivos dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio. El Ayuntamiento de Orihuela asume, por tanto, el compromiso de dotar anualmente la aplicación presupuestaria adecuada para dar cobertura a esta obligación de pago.
Las anualidades abonadas antes de la necesaria desafectación se considerarán pagos de la efectiva transmisión de la cara superior de la losa, que sólo podrá perfeccionarse una vez se haya declarado su innecesariedad y desafectación conforme a lo señalado en el apartado A) de la Estipulación Segunda.
Las cantidades aplazadas de dicho pago son garantizadas mediante la entrega en este acto de una fianza consistente en un aval bancario a primer requerimiento en favor de ADIF-Alta Velocidad por el importe de la totalidad de éstas (IVA incluido), es decir, por la cantidad de 998.822,33 euros más el interés legal.
El aval ha sido constituido con carácter solidario y a primer requerimiento y extiende sus efectos hasta el buen fin del cumplimiento de las obligaciones que garantiza. ADIF-Alta Velocidad autorizará la reducción de la cuantía del aval conforme el Ayuntamiento efectúe cada pago anual.
• Coste de las obras de urbanización.
El Ayuntamiento de Orihuela se compromete a financiar, con cargo a su presupuesto, las obras de urbanización sobre la losa de cubrimiento, así como otras actuaciones para mejorar la comunicación, la seguridad vial, la adaptación al entorno y el embellecimiento de la zona en su conjunto, así como las obras de paso para vehículos y peatones sobre la losa de hormigón.
2. Compromisos financieros de ADIF-Alta Velocidad:
ADIF-Alta Velocidad se compromete a financiar, con cargo a su presupuesto, los costes de redacción y ejecución material del proyecto de reposición de la pasarela peatonal de titularidad municipal situada a la altura del Punto Kilométrico (P.K) 503+200 del proyecto constructivo de la plataforma ferroviaria de alta velocidad, por un presupuesto máximo estimado de 1.052.583,67 euros (IVA incluido), conforme al siguiente desglose:
Concepto
Presupuesto máximo
(IVA incluido)
–
Euros
Redacción y aprobación del Proyecto
252.583,67
Ejecución obras pasarela
800.000
Total
1.052.583,67
Cuarta. Seguimiento y gestión del Convenio.
Para velar por el fiel y puntual cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, así como por la correcta ejecución de las actuaciones recogidas en el mismo, se creará una Comisión de Seguimiento formada por los siguientes dos representantes de cada una de las partes, o personas que éstos designen:
– Por parte del Ayuntamiento de Orihuela:
El Alcalde-Presidente.
El Secretario General.
– Por parte de ADIF-Alta Velocidad, dos representantes designados por el/la titular de la Dirección General de ADIF-Alta Velocidad.
La Comisión de Seguimiento asumirá las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo el seguimiento de las actuaciones incluidas en el presente Convenio.
b) Informar el contenido de los estudios y Proyectos que desarrollen las actuaciones del Convenio.
c) Promover la coordinación necesaria para la realización de estudios, desarrollando cuantas acciones se estimen necesarias y oportunas para la consecución de los objetivos del Convenio.
d) Velar por el cumplimiento de los plazos que se fijen.
e) Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretación y cumplimiento del presente convenio serán analizadas por la comisión con objeto de encontrar posibles soluciones.
f) Si la extinción fuera por causa diferente a la conclusión de las actuaciones objeto del Convenio, la Comisión de Seguimiento del Convenio propondrá las condiciones para la liquidación de las actuaciones derivadas del presente Convenio que se hallen en ejecución en los términos del artículo 52 de la Ley 40/2015.
Los miembros de la Comisión, o personas que estos designen, se reunirán al menos una vez al trimestre, adoptándose los acuerdos que procedan por unanimidad de los miembros.
La Comisión se reunirá periódicamente, cuando lo requieran los asuntos a tratar o lo solicite alguna de las Partes.
A dicha Comisión se podrán incorporar, por acuerdo de las partes, técnicos del Ayuntamiento de Orihuela (internos o externos) y ADIF-Alta Velocidad, cuya presencia se considere conveniente para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas.
La Comisión de Seguimiento podrá delegar en una Subcomisión Técnica designada al efecto, el estudio de los aspectos técnicos pertinentes de los estudios y Proyectos, reservándose en todo caso la decisión final sobre los mismos.
La representación del Ayuntamiento presidirá la Comisión de Seguimiento del Convenio.
Quinta. Duración y Eficacia.
Duración: Conforme a lo establecido en cuanto al aplazamiento del pago en diez anualidades en el apartado 1 de la Estipulación Tercera, al amparo de lo previsto en el artículo 134 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas en coordinación con lo dispuesto en el artículo 49.h.1.º Ley 40/2015, la duración del presente convenio será de diez años.
Eficacia: El presente Convenio se perfeccionará con su suscripción, adquiriendo el mismo plena validez y eficacia desde el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» e inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Sexta. Extinción.
El presente Convenio podrá extinguirse por alguna de las siguientes causas:
a) El cumplimiento o conclusión de todas las actuaciones contenidas en el mismo.
b) Por incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones establecidas en este Convenio, previamente puesto de manifiesto mediante comunicación escrita fehaciente, y con un plazo de antelación de, al menos, un mes, por la parte a quien le perjudique. A tal efecto, se fija como criterio para determinar las posibles indemnizaciones, los costes en los que hubiera incurrido la parte perjudicada en el momento en que se produzca el eventual incumplimiento, entendiendo comprendida en dichos costes la cantidad de 998.822,33 euros (IVA incluido) ya soportados por ADIF Alta Velocidad, correspondiente a las actuaciones de cubrimiento del trazado.
c) Por mutuo acuerdo de las partes, del que quede la debida constancia en documento elaborado al efecto.
Cualquiera que sea la causa de extinción, la Comisión de Seguimiento del Convenio propondrá, en su caso, las condiciones para la terminación de las obras, así como las condiciones para la liquidación de las actuaciones derivadas del presente Convenio que se hallen en ejecución, en los términos del artículo 52 de la Ley 40/2015.
Séptima. Régimen de modificación del Convenio.
Cuando las circunstancias lo hagan necesario, se procederá a la modificación del presente Convenio, previo acuerdo de ambas entidades firmantes, mediante la suscripción del correspondiente documento de modificación en los términos de la Ley 40/2015.
Octava. Régimen jurídico y jurisdicción.
El presente Convenio tiene carácter administrativo y estará sujeto a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ambas partes acuerdan que las cuestiones que puedan surgir en la interpretación y/o cumplimiento del presente Convenio serán dirimidas en el seno de la Comisión de Seguimiento.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación o en el cumplimiento del presente Convenio se residenciarán en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha del encabezamiento.–El Alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana Galiano.–El Presidente de ADIF-Alta Velocidad, Juan Bravo Rivera. | Convenio Adif-Ayto Orihuela para las obras del paso del AVE. | Habiendo sido suscrito el 23 de enero de 2018, el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) y la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, para la integración del ferrocarril a su paso por el núcleo urbano de Orihuela y, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 24 de enero de 2018.–El Presidente de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, Juan Bravo Rivera.
ANEXO
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) y la entidad pública empresarial ADIF-ALTA Velocidad, para la integración del ferrocarril a su paso por el núcleo urbano de Orihuela
En Madrid, a 23 de enero de 2018.
REUNIDOS
Don Emilio Bascuñana Galiano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Orihuela, que actúa en virtud de las competencias en materia de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística y de realización de actividades complementarias propias de las otras Administraciones Públicas (artículos 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las bases de Régimen local).
Don Juan Bravo Rivera, Presidente de la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, en virtud del Real Decreto 504/2016, de 18 de noviembre, actuando en nombre y representación de ADIF-Alta Velocidad en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas por los artículos 23.1 y 2.a) de su Estatuto, aprobado mediante Real Decreto 1044/2013, de 27 de diciembre.
Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen recíprocamente capacidad suficiente para el otorgamiento del presente Convenio y en virtud de ello,
EXPONEN
I. El Ayuntamiento de Orihuela, actúa en virtud de las competencias que la atribuye el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 57 de la misma.
II. Que ADIF-Alta Velocidad es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento, que goza de personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y patrimonio propio, y se rige por lo establecido en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, su reglamento, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, su Estatuto y en la legislación presupuestaria y demás normas de aplicación. En defecto de dichas normas, se le aplicará el ordenamiento jurídico privado.
En el ejercicio de sus funciones, ADIF-Alta Velocidad actúa con autonomía de gestión, dentro de los límites establecidos en la Ley del Sector Ferroviario y en su Estatuto, teniendo en cuenta, en todo caso, la garantía del interés público, la satisfacción de las necesidades sociales con la máxima calidad, la seguridad de los usuarios y la eficacia global del sistema ferroviario.
ADIF-Alta Velocidad está legitimado para proceder a la suscripción del presente Convenio, al amparo de lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1044/2013, de 27 de diciembre, ya citado, que faculta expresamente a esta entidad pública empresarial para poder celebrar convenios con la Administración General del Estado, con otras Administraciones Públicas, así como con cualquier otra entidad pública o privada.
III. El Ministerio de Fomento, dentro de los trabajos para la llegada de la Alta Velocidad a Levante, redactó y tramitó, de acuerdo a la legislación vigente, el «Estudio Informativo del Proyecto de Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Elche-Murcia-Subtramo Elche-Beniel», que fue aprobado definitivamente mediante Resolución del entonces Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento de 6 de julio de 2006. («BOE» núm. 189 de 9 de agosto de 2006).
IV. Que dicho documento recoge que la futura línea ferroviaria discurrirá por el mismo corredor que la línea actual. No obstante, mientras ésta lo hace en superficie, la futura línea lo hace deprimiendo su cota, al objeto de generar los espacios suficientes para implantar la estación de Orihuela y, a la vez, eliminar los pasos a nivel existentes en la travesía ferroviaria.
V. Las obras correspondientes a estas actuaciones fueron adjudicadas el 3 de febrero de 2009, encontrándose actualmente en fase de ejecución por parte de ADIF-Alta Velocidad, según lo contemplado en el «Proyecto de Construcción de Plataforma. Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante Madrid-Castilla-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo. Orihuela-Colada de la Buena Vida».
VI. En el transcurso de la ejecución de las obras del referido Proyecto, el Ayuntamiento de Orihuela, estimó que las mismas resultaban una oportunidad para la integración de la travesía urbana del ferrocarril, aprovechando el descenso de cota del ferrocarril y el cubrimiento del mismo en el núcleo urbano de la ciudad, obteniéndose, de este modo, nuevas superficies para el uso y disfrute de la población de Orihuela, al generarse sobre la losa de cobertura del ferrocarril zonas destinadas a espacios libres públicos, además de los viarios transversales.
Por ello, y a instancia del Ayuntamiento de Orihuela, se adoptó, a través de la oportuna tramitación de la modificación del Proyecto Original, una solución de integración urbana del ferrocarril, consistente en aprovechar el trazado previsto construyendo un tramo soterrado de 783 metros de longitud apr
### RESUMEN: Convenio Adif-Ayto Orihuela para las obras del paso del AVE. |
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de junio actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 2896-2015, promovido por más de cincuenta diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista, IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Unión Progreso y Democracia y Grupo Mixto del Congreso de los Diputados contra los arts. 19.2, 20.2, 36.2, 36.23, 37.1 en relación con el 30.3, 37.3, 37.7, y la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Madrid, 9 de junio de 2015.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. | El TC admite el recurso de la oposición contra la ley de seguridad ciudadana | El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de junio actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 2896-2015, promovido por más de cincuenta diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista, IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Unión Progreso y Democracia y Grupo Mixto del Congreso de los Diputados contra los arts. 19.2, 20.2, 36.2, 36.23, 37.1 en relación con el 30.3, 37.3, 37.7, y la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Madrid, 9 de junio de 2015.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.
### RESUMEN: El TC admite el recurso de la oposición contra la ley de seguridad ciudadana |
DEPARTAMENTO 2.º
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas del Departamento Segundo de Enjuiciamiento, mediante Providencia de fecha 31 de julio de 2014, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-169/14, Entidades Locales (Diputación de Córdoba), Córdoba, que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro como consecuencia de supuestas irregularidades contables detectadas en la gestión económica del Consorcio Provincial de Prevención de Incendios de la Diputación de Córdoba, lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto.
Madrid, 31 de julio de 2014.- El Secretario, Jaime Vegas Torres. | El Tribunal de Cuentas investiga irregularidades en Consorcio prevención de incendios de Diputación de Córdoba | DEPARTAMENTO 2.º
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas del Departamento Segundo de Enjuiciamiento, mediante Providencia de fecha 31 de julio de 2014, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-169/14, Entidades Locales (Diputación de Córdoba), Córdoba, que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro como consecuencia de supuestas irregularidades contables detectadas en la gestión económica del Consorcio Provincial de Prevención de Incendios de la Diputación de Córdoba, lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto.
Madrid, 31 de julio de 2014.- El Secretario, Jaime Vegas Torres.
### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas investiga irregularidades en Consorcio prevención de incendios de Diputación de Córdoba |
En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden TAS/980/2007, de 2 de abril («Boletín Oficial del Estado» número 90, del 14), por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y en la Resolución de 28 de junio de 2012 («Boletín Oficial del Estado» número 164, de 10 de julio), del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de atención a mayores, durante el año 2012, se ha procedido a la concesión de las subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria 31.32.487.7.9.
Asimismo, mediante comunicación individualizada se ha notificado a los solicitantes las resoluciones adoptadas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las subvenciones concedidas que se acompañan como anexo a esta Resolución.
Madrid, 14 de diciembre de 2012.–El Director General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, César Antón Beltrán.
ANEXO
Área de Atención a Personas Mayores
Actuación Subvencionada: Mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales de entidades de implantación estatal de mayores
Nombre de la entidad
Importe concedido
–
Euros
N.º Identificación Fiscal
Asociación de Amigos de la Universidad de Mayores. Experiencia Recíproca (UMER)
6.485
G-81049058
Asociación de Personas Mayores y Familiares Solidaridad Intergeneracional
67.924
G-49225980
Vida Ascendente
14.500
R-2800599-I
Fundación del Hombre
10.690
G-78052701
Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz
122.519
G-81594962
Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil
19.673
G-20881231
Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España (CONJUPES)
144.650
G-82911306
Confederación de Asociaciones Independientes de Jubilados, Retirados y Pensionistas (CAI)
30.563
G-79044194
Organización Social de Mayores Jubilados y Pensionistas de Izquierda Unida
18.603
G-81881336
Federación Española de Asociaciones NAGUSILAN
22.515
G-83542241
Asociación para la Defensa del Pensionista (ADEPEN).
5.345
G-79819967
Oferta Cultural de Universitarios Mayores (OFECUM)
11.224
G-18487199
Asociación de Profesores Universitarios Jubilados (ASPUR)
15.034
G-78769593
Unión Estatal de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de la UGT
97.683
G-28474898
Fundación Unión para la Asistencia e Integración de la Tercera Edad (UNIATE)
101.885
G-81715534
Asociación Nacional del Alzheimer AFAL-Contigo
6.414
G-79201877
Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CC.OO.
139.829
G-78755683
Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores (CAUMAS)
11.387
G-73366338
Hermandad de Jubilados de los Ministerios de Comercio, Economía y Hacienda
8.124
G-79365177
Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP)
610.014
G-28718310
Asociación Cultural y Social de Policía (ACUSPOL)
8.947
G-79417754
Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE)
40.860
G-28915619
Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil (HERVEFAS)
35.653
G-28239299
Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias (CEAFA)
86.127
G-79462719
Asociación de Prejubilados, Jubilados y Pensionistas M.C.A. (A.P.J.P.)
24.014
G-82308289
Fundación Alzheimer España (FAE)
25.372
G-80158462
Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)
231.670
G-82662743
Hermandad Nacional de la División Azul
3.579
G-82663201
Asociación Española de Palabra Culta y Buenas Costumbres
11.550
G-28705424
Fundación Patronato Europeo del Mayor y de la Solidaridad Intergeneracional (PEM)
6.738
G-80861305
Federación de Asociaciones de Cultura y Ocio de Mayores (FACOM)
42.759
G-82483595
Asociación Grupo Mayores (AGM)
7.311
G-82116542
Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC)
23.736
G-91346940
Confederación de Asociaciones de Jubilados, Pensionistas y Mayores (CAJUMA)
28.363
G-81496358
Total
2.041.740 | Las subvenciones a entidades de atención a mayores caen un 38%. 2 millones en 2012 cuando fueron más de 3 en 2011. | En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden TAS/980/2007, de 2 de abril («Boletín Oficial del Estado» número 90, del 14), por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y en la Resolución de 28 de junio de 2012 («Boletín Oficial del Estado» número 164, de 10 de julio), del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de atención a mayores, durante el año 2012, se ha procedido a la concesión de las subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria 31.32.487.7.9.
Asimismo, mediante comunicación individualizada se ha notificado a los solicitantes las resoluciones adoptadas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las subvenciones concedidas que se acompañan como anexo a esta Resolución.
Madrid, 14 de diciembre de 2012.–El Director General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, César Antón Beltrán.
ANEXO
Área de Atención a Personas Mayores
Actuación Subvencionada: Mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales de entidades de implantación estatal de mayores
Nombre de la entidad
Importe concedido
–
Euros
N.º Identificación Fiscal
Asociación de Amigos de la Universidad de Mayores. Experiencia Recíproca (UMER)
6.485
G-81049058
Asociación de Personas Mayores y Familiares Solidaridad Intergeneracional
67.924
G-49225980
Vida Ascendente
14.500
R-2800599-I
Fundación del Hombre
10.690
G-78052701
Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz
122.519
G-81594962
Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil
19.673
G-20881231
Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España (CONJUPES)
144.650
G-82911306
Confederación de Asociaciones Independientes de Jubilados, Retirados y Pensionistas (CAI)
30.563
G-79044194
Organización Social de Mayores Jubilados y Pensionistas de Izquierda Unida
18.603
G-81881336
Federación Española de Asociaciones NAGUSILAN
22.515
G-83542241
Asociación para la Defensa del Pensionista (ADEPEN).
5.345
G-79819967
Oferta Cultural de Universitarios Mayores (OFECUM)
11.224
G-18487199
Asociación de Profesores Universitarios Jubilados (ASPUR)
15.034
G-78769593
Unión Estatal de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de la UGT
97.683
G-28474898
Fundación Unión para la Asistencia e Integración de la Tercera Edad (UNIATE)
101.885
G-81715534
Asociación Nacional del Alzheimer AFAL-Contigo
6.414
G-79201877
Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CC.OO.
139.829
G-78755683
Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores (CAUMAS)
11.387
G-73366338
Hermandad de Jubilados de los Ministerios de Comercio, Economía y Hacienda
8.124
G-79365177
Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP)
610.014
G-28718310
Asociación Cultural y Social de Policía (ACUSPOL)
8.947
G-79417754
Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE)
40.860
G-28915619
Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil (HERVEFAS)
35.653
G-28239299
Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias (CEAFA)
86.127
G-79462719
Asociación de Prejubilados, Jubilados y Pensionistas M.C.A. (A.P.J.P.)
24.014
G-82308289
Fundación Alzheimer España (FAE)
25.372
G-80158462
Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)
231.670
G-82662743
Hermandad Nacional de la División Azul
3.579
G-82663201
Asociación Española de Palabra Culta y Buenas Costumbres
11.550
G-28705424
Fundación Patronato Europeo del Mayor y de la Solidaridad Intergeneracional (PEM)
6.738
G-80861305
Federación de Asociaciones de Cultura y Ocio de Mayores (FACOM)
42.759
G-82483595
Asociación Grupo Mayores (AGM)
7.311
G-82116542
Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC)
23.736
G-91346940
Confederación de Asociaciones de Jubilados, Pensionistas y Mayores (CAJUMA)
28.363
G-81496358
Total
2.041.740
### RESUMEN: Las subvenciones a entidades de atención a mayores caen un 38%. 2 millones en 2012 cuando fueron más de 3 en 2011. |
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5532-2015, promovido por don Alan Waite y doña Elaine Patricia Waite, representados por la Procuradora de los Tribunales doña Ana Llorens Pardo y asistidos por el Abogado don Jordi Mauri Solé, contra el Auto de 20 de julio de 2015 del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Cartagena (Murcia), que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto en los Autos de ejecución hipotecaria núm. 113-2012. Ha sido parte la entidad Caixabank, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Elena Medina Cuadros y asistida por el Abogado don Antonio Morenilla Moreno. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 2 de octubre de 2015, doña Ana Llorens Pardo, Procuradora de los Tribunales y de don Alan Waite y doña Elaine Patricia Waite, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento.
2. Los hechos en los que se funda la demanda, relevantes para la resolución del caso son los siguientes:
a) En fecha de 7 de marzo de 2012, Caixabank, S.A., interpuso demanda de ejecución hipotecaria frente a los ahora recurrentes en amparo. En ella se hacía constar como domicilio de los demandados la finca hipotecada sita en la urbanización Las Higueras, núm. 47, La Manga Club, Los Belones de Cartagena (Murcia). Este domicilio era el que constaba a efectos de requerimientos y notificaciones en la escritura pública de préstamo hipotecario objeto de ejecución, en la que además figuraba que los Sres. Waite se encontraban «domiciliados en 30 Cobb Close, Strood, Rochester, Kent, ME2 3TY, Reino Unido».
Con carácter previo, la entidad bancaria había remitido a la dirección de los Belones sendos burofaxes (documentos 3 a 8 de la demanda) por los que, ante el impago de ciertas mensualidades del crédito, lo daba por vencido anticipadamente y notificaba a los recurrentes el saldo deudor, requiriéndoles de cumplimiento.
Estos burofaxes, sin embargo, no fueron recibidos por los interesados, dado que, conforme señalaba el acuse de recibo, se encontraban ausentes.
b) Repartida la demanda al Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Cartagena y una vez despachada ejecución por Auto de 20 de abril de 2012, el órgano judicial acordó citar por telegrama a los demandados a fin de que comparecieran ante él para ser notificados de la demanda y requeridos judicialmente de pago.
Los telegramas fueron remitidos en fechas de 20 de abril y 6 de junio de 2012, en ambos casos sin éxito. Según el acuse del último de ellos, los destinatarios se encontraban ausentes.
c) Por diligencia de ordenación de 20 de julio de 2012, el Juzgado resolvió que los demandados fuesen emplazados en la finca hipotecada, por el funcionario de auxilio judicial que correspondiese.
En la diligencia llevada a cabo el 4 de octubre de 2012 aquéllos no fueron hallados, haciendo constar el funcionario que la practicó que, tal y como informaba una empresa gestora de extranjeros, «estas personas nunca han vivido en La Manga; que compraron viviendas para su reventa, pero que no vienen por España y no saben dónde localizarlas».
d) Seguidamente, por diligencia de ordenación de 9 de octubre de 2012, el órgano judicial acordó que la demanda fuese notificada a don Alan y doña Elaine Patricia Waite y que éstos fueran requeridos de pago a través de edictos, los cuales debían ser –y fueron, desde la misma fecha– fijados en el tablón de anuncios del Juzgado.
e) Por Auto de 6 de marzo de 2013, el Juez, previa audiencia al ejecutante, declaró de oficio abusiva la cláusula del préstamo hipotecario relativa a los intereses de demora.
f) El procedimiento de ejecución continuó sin la intervención de los recurrentes, quienes se personaron en él el 9 de octubre de 2014 e interpusieron incidente de nulidad de actuaciones por escrito presentado el 9 de diciembre del mismo año.
Según este último, los Sres. Waite no habían tenido conocimiento del proceso hipotecario, sino a raíz de otro pleito que por su parte mantenían contra Caixabank, en el que el Letrado que allí les defendía supo de esta ejecución y de otra, también hipotecaria, que se seguía por la entidad contra ellos, con el número 114-2012.
Esto se debía –según el escrito– a que el órgano judicial no les había notificado personalmente la demanda de la presente ejecución, sino que les había emplazado y requerido de pago por edictos, pese a que en la escritura de préstamo constaba –además del domicilio a efectos de notificaciones, que el banco, como predisponente, les había obligado a señalar en la finca hipotecada–, su domicilio real en Reino Unido. A este último el Juzgado no se había dirigido en absoluto, como tampoco había tratado, por ninguno de los medios a su alcance, de averiguar un domicilio alternativo en que poder emplazar con efectividad a los ahora recurrentes.
Caixabank, sostenían los ejecutados, tenía perfecto conocimiento de este domicilio en Inglaterra, que constituye la vivienda habitual de los Sres. Waite, pues al mismo había remitido las comunicaciones derivadas del préstamo incluso después de haber iniciado la ejecución en el Juzgado. Con todo –terminaba el escrito– la falta de diligencia era sobre todo imputable al órgano judicial, el cual no debió acudir a la notificación edictal de la demanda, sino después de haber intentado al menos localizar a los demandantes de amparo en este otro domicilio que constaba en las actuaciones, como reiteradamente había exigido el Tribunal Constitucional, del que citaba sus Sentencias 97/1992, de 11 de junio; 193/1993, de 14 de junio; 29/1997, de 24 de febrero; 49/1997, de 11 de marzo; 65/2000, de 13 de marzo, y 254/2000, de 30 de octubre.
En consecuencia –concluía el escrito de interposición del incidente– en las actuaciones judiciales se había ocasionado la indefensión de los recurrentes, quienes, al no tener conocimiento de la ejecución hipotecaria, habían sido privados de la posibilidad de oponerse a ella en la forma y por las causas que la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) permite al deudor, por lo que suplicaba que fuesen declaradas nulas todas ellas desde el Auto que la despachó.
g) El incidente de nulidad, tras ser tramitado en forma, fue desestimado por Auto de 20 de julio de 2015.
Según la resolución judicial, el importe de la deuda había sido notificado conforme al art. 682.2 LEC, en el domicilio señalado a tal fin en la escritura pública de constitución de la hipoteca, sin que los demandados hubieran comunicado a la entidad bancaria el cambio de dicho domicilio con arreglo al art. 683 de la misma Ley. Por esta razón, no cabía entender que se hubiese ocasionado su indefensión: la demanda se había notificado en el único lugar en que, según interpretación que dice es «unánime» de las Audiencias, el órgano judicial debió llevar a cabo el emplazamiento. Como ejemplo, reproduce un Auto de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Quinta, de 6 de febrero de 2007 y otro de su Sección Segunda, de 29 de junio de 2004; así como un Auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valladolid, de 23 de noviembre de 2002, expresándose en este último que no hay indefensión si la parte deja de mostrar la diligencia debida, según la doctrina reiterada de este Tribunal Constitucional. Sin más razonamiento luego de esa transcripción de resoluciones, el Auto desestima el incidente.
3. En la demanda de amparo, la representación de los recurrentes se queja de la indefensión padecida por éstos (lesión del art. 24.1 CE), al haberse tramitado el procedimiento de ejecución hipotecaria de referencia inaudita parte, debido a que, ante el resultado negativo de la única diligencia de notificación personal a los ejecutados y ahora recurrentes llevada a cabo por el órgano judicial, éste acordó que se llevase a cabo por edictos, sin intentar previamente el emplazamiento en su vivienda habitual sita en Inglaterra, de la que tenía conocimiento la entidad actora y que constaba, de hecho, en las actuaciones, en la escritura objeto de ejecución.
Tal supuesto de hecho es idéntico –según la demanda– al que fue objeto de la STC 122/2013, de 20 de mayo, cuyos FFJJ 2, 3 y 5 reproduce, en la que este Tribunal reconoció por esta misma razón que el derecho a la tutela judicial efectiva de los entonces demandantes de amparo había sido vulnerado.
En lógica consecuencia, suplica que se otorgue el amparo a los Sres. Waite, reconociendo que ha sido vulnerado su derecho a no padecer indefensión (art. 24 CE) y declarando la nulidad de las actuaciones a partir del Auto por el que se despachó ejecución, de 20 de abril de 2012, a fin de que éste les fuese notificado en forma.
4. Por diligencia de ordenación, de 4 de noviembre de 2015, la Secretaria de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal acordó, antes de entrar a resolver sobre la admisibilidad del recurso, dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Cartagena a fin de que, a la mayor brevedad posible, remitiera certificación o fotocopia adverada de todas las actuaciones correspondientes al procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 113-2012.
5. En virtud de providencia de 1 de marzo de 2016, la Sección Cuarta de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo, apreciando especial trascendencia constitucional (art. 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC), derivada de que el órgano judicial pudiera haber incurrido en negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)].
Por ello, en aplicación de lo dispuesto por el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se ordenó también dirigir atenta comunicación al mismo Juzgado, a fin de que en plazo que no debía exceder de diez días, emplazase a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que pudieran comparecer, si lo deseaban, en este recurso.
6. Una vez recibidos los escritos de personación, la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, mediante diligencia de ordenación de 12 de abril de 2016, acordó tener como parte en el recurso a Caixabank, S.A., y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas por plazo común de veinte días, conforme al art. 52.1 LOTC, para que pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniera.
7. Evacuando el referido trámite, la representación procesal de Caixabank, S.A., presentó escrito de alegaciones el 13 de mayo de 2016, en el que se solicitaba la desestimación del recurso.
Según la entidad bancaria, ni ésta había ocultado dolosamente al Juzgado el domicilio de los recurrentes en Reino Unido, ni el órgano judicial había incurrido en falta de diligencia alguna al proceder por vía de edictos a la notificación de la demanda y requerimiento de pago. La indefensión, por el contrario, sólo obedecía a la pasividad de los demandantes de amparo, quienes no comunicaron a Caixabank el cambio del domicilio a efectos de notificaciones que se había designado en la escritura de préstamo.
El escrito cita los arts. 682.2 y 683.2 LEC, el primero referido a los requisitos para la procedencia del proceso ejecutivo hipotecario, que incluyen la designación en la escritura de constitución de la hipoteca, de un domicilio a efecto de practicar los oportunos requerimientos y notificaciones; y el segundo, la regulación de los supuestos en que se permite el cambio posterior del domicilio indicado. Asimismo, se invoca el art. 686.3 LEC tras su reforma por la Ley 13/2009, que entiende fue la aplicada al caso, según el cual: «intentado sin efecto el requerimiento en el domicilio que resulte del Registro, no pudiendo ser realizado el mismo con las personas a las que se refiere el apartado anterior, se procederá a ordenar la publicación de edictos en la forma prevista en el artículo 164».
De estos preceptos deduce la representación de Caixabank que el único objetivo de la Ley es evitar la demora de los procesos de ejecución hipotecaria debido a problemas de notificación y requerimiento a los deudores, de forma que aquéllos que hubieran designado un domicilio a efectos de notificaciones en la escritura de constitución de hipoteca están legalmente obligados a comunicar al acreedor su cambio, debiendo pechar en otro caso con la validez de la notificación efectuada en el domicilio inicialmente designado en caso de no ser hallados en él. Es el propio deudor el que debe emprender las actuaciones necesarias para que las notificaciones relativas al contrato puedan llevarse a cabo con éxito y, por tanto, quien debe asumir las consecuencias de que estas notificaciones no puedan efectuarse por causa no imputable al acreedor. La tutela judicial efectiva del ejecutado –añade la entidad en su escrito– queda así garantizada en la propia escritura de préstamo al señalar en ella un domicilio concreto a efectos de notificaciones que, en cualquier momento y a su petición, puede ser modificado.
8. Por escrito de 13 de mayo de 2016, la representación procesal de los demandantes de amparo dio por reproducidos íntegramente los hechos, fundamentos y alegaciones del escrito de demanda y reiteró la petición de estimación del amparo.
9. El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 20 de mayo de 2016, interesó el otorgamiento del amparo solicitado.
Tras exponer los antecedentes de hecho del caso y la pretensión de los demandantes en el presente recurso de amparo, el Fiscal recordó la doctrina de este Tribunal en materia de tutela judicial efectiva y notificación edictal, con cita de la STC 150/2008, de 17 de noviembre, FJ 2, destacando la importancia que tienen los actos de notificación a la parte demandada para que éste conozca la existencia del procedimiento y pueda defenderse en él, debiendo prevalecer en este sentido la notificación personal y sólo de manera supletoria y excepcional, la efectuada a través de edictos. De esto deriva el deber del órgano judicial, añade el Fiscal, de «extremar la diligencia para la averiguación del paradero o domicilio de los interesados, y para ello deberá utilizar los medios de averiguación que estén razonablemente a su alcance», con cita en cuanto a esto último, de la STC 78/2008, de 7 de julio, FJ 2.
No obstante, prosigue diciendo, dado que para hablar de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva se exige la concurrencia de una indefensión material, ésta desaparece, según declara la misma doctrina de este Tribunal, si el interesado llega a tener conocimiento del proceso y no se persona en él, o bien cuando voluntariamente hubiera creado la situación de indefensión, «por ejemplo porque se hubiere constituido a propósito en paradero desconocido», de nuevo con cita de la STC 78/2002, ahora en su fundamento jurídico 3.
Sintetizada esa doctrina, se pregunta el Fiscal de inmediato si su exigencia podría haberse visto afectada por la reforma del art. 686 LEC, llevada a cabo por la Ley 13/2009, de 23 de noviembre, la cual dio nueva redacción a su apartado tercero, que es el «precepto vigente en el momento en que el órgano judicial resolvió la cuestión, tanto al dictar el auto despachando la ejecución, como al denegar el incidente de nulidad» y cuyo texto, acota en su escrito de alegaciones, «parece automatizar la posibilidad de acudir al expediente de citación por la vía edictal cuando, intentada la notificación en el domicilio pactado, esta ha devenido imposible». Así formulado, considera sin embargo el Fiscal que no hay tal afectación de la doctrina referida, pues el propio Tribunal así lo ha descartado al declarar que en caso de duda sobre la idoneidad del domicilio señalado en la escritura de hipoteca para la práctica de las pertinentes notificaciones, el órgano judicial debe agotar su deber de diligencia para intentar el emplazamiento personal del demandado en la ejecución, tal como le impone el art. 24.1 CE. Concretamente así lo ha dicho, precisa, en la STC 122/2013, de 20 de mayo, FJ 5, que al efecto reproduce.
Con traslado de todo ello al proceso de ejecución objeto de la queja, el escrito de alegaciones del Ministerio público concluye que el derecho fundamental de los aquí recurrentes a no padecer indefensión (art. 24 CE) fue vulnerado, pues el órgano judicial, siendo consciente a raíz de las diligencias de notificación personal emprendidas de que el domicilio ofrecido en la demanda de ejecución no era válido para conseguir el conocimiento personal de ésta por los ejecutados, acudió a su notificación edictal de forma inmediata, sin llevar a cabo una mínima diligencia para averiguar un domicilio alternativo al que figuraba en la escritura de préstamo hipotecario y donde realmente pudieran ser hallados los demandados, en una aplicación extremadamente literal de la normativa aplicable.
Observa en todo caso el Fiscal, que la circunstancia de que «el domicilio se encontrara en Inglaterra, y que por tanto su citación en aquel lugar fuera más compleja por su lejanía y diversidad idiomática, no debe ser obstáculo suficiente para considerar que el despliegue de actividad que tuviera que hacer el órgano judicial fuera desmesurado y excediera de lo razonable, pues el acceso a los intervinientes que residen en el extranjero no puede ser hoy en día calificado así». Si bien advierte que tal cosa «no nos consta que se lo hubiere planteado siquiera el órgano judicial, ya que nada ha motivado al respecto».
En consecuencia, el Fiscal interesa que se otorgue el amparo, se reconozca que el derecho de los demandantes ha sido vulnerado y que se les restablezca en el mismo, acordando la nulidad del Auto de 20 de julio de 2015, con retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al requerimiento de pago a los demandantes de amparo para que se les comunique el despacho de la ejecución en legal forma.
10. En la misma fecha en que se admitió a trámite la demanda, el 1 de marzo de 2016, la Sección Cuarta de este Tribunal acordó mediante otra providencia, que se formara la correspondiente pieza separada de suspensión a fin de proveer a la medida solicitada por la parte recurrente por otrosí digo de su demanda. Tras su tramitación, la Sección dictó Auto de 11 de abril de 2016 en el que se ordenó suspender la ejecución del Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Cartagena el 20 de julio de 2015, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 113-2012; con suspensión igualmente del acto de subasta previsto para el día 15 de abril de 2016, y las demás actuaciones relativas a dicha ejecución.
11. Por providencia de 15 de septiembre de 2016, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. El presente recurso de amparo se interpone contra el Auto de 20 de julio de 2015 dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Cartagena, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por los ahora recurrentes en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 113-2012 de dicho Juzgado, al considerar que en él había sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). En dicho incidente y ahora en el presente recurso, se sostiene que no tuvieron conocimiento del desarrollo del proceso y, por lo tanto, no pudieron hacer valer en él los medios de oposición que la Ley les confiere, dado que el órgano judicial les notificó la demanda de ejecución y les requirió de pago por edictos, en lugar de hacerlo en su domicilio real sito en Reino Unido, que constaba en las actuaciones.
En el mencionado Auto el órgano judicial entendió que la indefensión había sido ocasionada sólo por los demandantes de amparo, quienes no notificaron a la entidad ejecutante, con arreglo al art. 686,3 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), el cambio de domicilio a efectos de notificaciones consignado en la escritura de constitución de hipoteca. En consecuencia, puesto que el Juzgado había llevado a cabo la notificación personal de la demanda en el domicilio designado en la escritura, único lugar en el que la Ley exige que sea buscado el ejecutado con carácter previo a la notificación edictal (art. 686.1 y 3 LEC), no cabía considerar que se hubiese incurrido en vulneración alguna de aquel derecho fundamental.
2. Cabe entrar ya en el examen de fondo del recurso debiendo indicarse, como punto previo, que el precepto aplicado por la resolución impugnada y en relación al cual ha de identificarse la doctrina constitucional pertinente, es el apartado tercero del art. 686 LEC, en la redacción dada al mismo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial (art. 15.304 de esta), el cual señala: «intentado sin efecto el requerimiento en el domicilio que resulte del Registro, no pudiendo ser realizado el mismo con las personas a las que se refiere el apartado anterior, se procederá a ordenar la publicación de edictos en la forma prevista en el artículo 164 de esta ley».
A partir de este dato se comprueba que este Tribunal, en su STC 122/2013, de 20 de mayo, se ha ocupado precisamente del problema aquí planteado, en torno a si el art. 686.3 LEC en su redacción por la Ley 13/2009, dispensa al órgano judicial del deber de intentar la notificación personal del demandado en el proceso de ejecución hipotecaria en caso de no ser posible ésta en el domicilio que figure en la escritura de constitución de la hipoteca, pudiendo así acordar la notificación por edictos sin ninguna otra diligencia de averiguación.
En el fundamento jurídico 3 de dicha Sentencia hicimos resumen de nuestra doctrina general en la materia, de acuerdo con la cual:
«[E]l derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) garantiza a todos los que puedan resultar afectados por la decisión que se dicte en un proceso judicial el derecho a conocer su existencia, a fin de que tengan la posibilidad de intervenir en él, ser oídos, y ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Un instrumento capital de esa correcta constitución de la relación jurídico procesal, cuya quiebra puede constituir una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) es, indudablemente, el régimen procesal de emplazamientos, citaciones y notificaciones a las partes de los distintos actos procesales que tienen lugar en el seno de un procedimiento judicial, pues sólo así cabe garantizar los indisponibles principios de contradicción e igualdad de armas entre las partes del litigio. De tal manera que la falta o deficiente realización del emplazamiento a quien ha de ser o puede ser parte en el proceso coloca al interesado en una situación de indefensión, lo que vulnera el referido derecho fundamental (SSTC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2, y 128/2000, de 16 de mayo, FJ 5).
Ello implica que el órgano judicial tiene no sólo el deber de velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación procesal, sino también el de asegurarse de que dichos actos sirven a su propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso. Ello comporta, en lo posible, la exigencia del emplazamiento personal de los afectados y, desde otra perspectiva, la limitación del empleo de la notificación edictal a aquellos supuestos en los que no conste el domicilio de quien haya de ser emplazado o bien se ignore su paradero. En este sentido hemos declarado que, cuando del examen de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación por edictos (por todas, SSTC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 293/2005, de 21 de noviembre, FJ 2, y 245/2006, de 24 de julio, FJ 2).»
Precisando a continuación en ese mismo fundamento jurídico 3, que dicha doctrina había resultado de aplicación también en el procedimiento de ejecución hipotecaria, lo cual significa:
«[Q]ue es necesario que el órgano judicial agote los medios que tenga a su alcance para notificar al ejecutado la existencia del proceso en su domicilio real, de modo que, una vez que surjan dudas razonables de que el domicilio señalado en la escritura del préstamo hipotecario y que figura en el Registro sea el domicilio real del ejecutado, le es exigible que intente, en cumplimiento del deber de diligencia que en orden a la realización de los actos de comunicación procesal le impone el art. 24.1 CE, el emplazamiento personal del ejecutado en el domicilio que figure en las actuaciones, distinto del que consta en la escritura de préstamo hipotecario y en el Registro (SSTC 245/2006, de 24 de julio, FJ 4; 104/2008, de 15 de septiembre, FJ 3, y 28/2010, de 27 de abril, FJ 4).»
Sin que encontráramos motivos para modificar estos criterios, con ocasión de lo previsto en el art. 686.3 LEC (resultante de la Ley 13/2009), pues frente a su literalidad razonamos que debe prevalecer una interpretación sistemática del precepto, que permita su aplicación judicial respetando el deber de averiguación del domicilio real del demandado por los medios que dispone la ley, de no ser posible la comunicación personal en aquel designado en la escritura (fundamento jurídico 5 de la misma STC 122/2013):
«[D]esde una estricta perspectiva constitucional, procede realizar una interpretación secundum constitutionem del art. 686.3 LEC, integrando su contenido, de forma sistemática, con el art. 553 LEC, precepto rector de la llamada al proceso de ejecución hipotecaria, y con la doctrina de este Tribunal en cuanto a la subsidiariedad de la comunicación edictal, la cual tiene su fuente directa en el derecho de acceso al proceso del art. 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal en el procedimiento de ejecución hipotecaria sólo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado.»
Esta doctrina específica ha sido reiterada en las SSTC 131/2014, de 21 de julio, FJ 4; 137/2014, de 8 de septiembre, FJ 3, y 89/2015, de 11 de mayo, FJ 3, todas relativas a procedimientos de ejecución hipotecaria. Por cierto, el precepto en cuestión ha sido objeto de modificación por la posterior Ley 19/2015, de 13 de julio (en su artículo 1.25), que entró en vigor el 15 de octubre de 2015, incluyendo ahora expresamente la necesidad de que se efectúen las averiguaciones para la localización del demandado, en caso de no ser hallado en el domicilio que conste en el Registro de la Propiedad.
3. Con aplicación de esta doctrina al caso de autos, la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva como consecuencia del indebido recurso a la notificación edictal, se desprende con claridad del relato de hechos de esta Sentencia.
Una vez que resultó infructuoso el intento de notificación personal de los ejecutados en el domicilio vigente según el Registro de la Propiedad, el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Cartagena ordenó, sin más trámite, que aquéllos fuesen notificados de la demanda y requeridos de pago por edictos, de los que, no se discute en esta sede, no tuvieron conocimiento.
Pese a que en la escritura de constitución de la hipoteca aportada a los autos constaba el domicilio de los recurrentes en Reino Unido, no se intentó llevar a cabo ninguna notificación en él como tampoco intentó el Juzgado averiguar, por cualquier medio a su alcance, otro domicilio en que poder emplazar a los recurrentes en amparo. Realizando una interpretación literal del art. 686.3 LEC, proscrita por este Tribunal Constitucional –y después derogada la norma por el legislador– como ya se ha dicho, apoyándose el Juzgado en resoluciones de las Audiencias Provinciales que por su antigüedad no podían ni siquiera referirse al precepto aplicado, ordenó, sin más, la notificación edictal de la demanda de ejecución, ocasionando así que los Sres. Waite no tuvieran conocimiento ni, por ende, posibilidad de intervenir en su defensa en el proceso.
Como correctamente afirma el Fiscal en su escrito de alegaciones, al cumplimiento del deber de diligencia que le correspondía al Juzgado no cabe oponer el hecho de que los demandados tuvieran su domicilio real en Inglaterra, pues al margen de la mayor complejidad derivada de tener que acordar la comunicación por los mecanismos de cooperación judicial entre España y el Reino Unido que resultaban de aplicación, tal cosa no entrañaba un despliegue de actividad «desmesurado y [que] excediera de lo razonable». Esto con independencia, como igualmente razona el Fiscal, de que no consta en la resolución impugnada que dicho factor fuese considerado por el Juzgado como ratio decidendi de su decisión, limitándose éste en realidad a aplicar literalmente el entonces vigente art. 686.3 LEC, sin otra consideración.
4. Por razón de todo lo expuesto procede la estimación del recurso de amparo, con nulidad del Auto dictado el 20 de julio de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Cartagena, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 113-2012.
Asimismo, como medida de restablecimiento del derecho, hemos de acordar la retroacción de las actuaciones hasta el momento inmediatamente siguiente al de dictarse el Auto despachando ejecución, a fin de que se provea por el órgano judicial a la notificación de la demanda ejecutiva y el requerimiento de pago a los recurrentes, en términos respetuosos con su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar la presente demanda de amparo interpuesta por don Alan Waite y doña Elaine Patricia Waite y, en su virtud:
1.º Declarar que se ha vulnerado el derecho de los demandantes de amparo a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de prohibición de indefensión (art. 24.1 CE).
2.º Restablecerlos en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del Auto de 20 de julio de 2015 del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Cartagena (proceso de ejecución hipotecaria núm. 113-2012).
3.º Acordar la retroacción de las actuaciones en dicho procedimiento, hasta el momento inmediatamente siguiente al de dictarse el Auto por el que se despachó ejecución, a fin de que se provea por el Juzgado a la notificación de la demanda de ejecución hipotecaria y del requerimiento de pago a los recurrentes, en términos respetuosos con su derecho fundamental.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis.–Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado. | TC tumba ejecución hipotecaria porque no se esforzaron en notificar a los afectados | La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5532-2015, promovido por don Alan Waite y doña Elaine Patricia Waite, representados por la Procuradora de los Tribunales doña Ana Llorens Pardo y asistidos por el Abogado don Jordi Mauri Solé, contra el Auto de 20 de julio de 2015 del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Cartagena (Murcia), que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto en los Autos de ejecución hipotecaria núm. 113-2012. Ha sido parte la entidad Caixabank, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Elena Medina Cuadros y asistida por el Abogado don Antonio Morenilla Moreno. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 2 de octubre de 2015, doña Ana Llorens Pardo, Procuradora de los Tribunales y de don Alan Waite y doña Elaine Patricia Waite, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento.
2. Los hechos en los que se funda la demanda, relevantes para la resolución del caso son los siguientes:
a) En fecha de 7 de marzo de 2012, Caixabank, S.A., interpuso demanda de ejecución hipotecaria frente a los ahora recurrentes en amparo. En ella se hacía constar como domicilio de los demandados la finca hipotecada sita en la urbanización Las Higueras, núm. 47, La Manga Club, Los Belones de Cartagena (Murcia). Este domicilio era el que constaba a efectos de requerimientos y notificaciones en la escritura pública de préstamo hipotecario objeto de ejecución, en la que además figuraba que los Sres. Waite se encontraban «domiciliados en 30 Cobb Close, Strood, Rochester, Kent, ME2 3TY, Reino Unido».
Con carácter previo, la entidad bancaria había remitido a la dirección de los Belones sendos burofaxes (documentos 3 a 8 de la demanda) por los que, ante el impago de ciertas mensualidades del crédito, lo daba por vencido anticipadamente y notificaba a los recurrentes el saldo deudor, requiriéndoles de cumplimiento.
Estos burofaxes, sin embargo, no fueron recibidos por los interesados, dado que, conforme señalaba el acuse de recibo, se encontraban ausentes.
b) Repartida la demanda al Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Cartagena y una vez despachada ejecución por Auto de 20 de abril de 2012, el órgano judicial acordó citar por telegrama a los demandados a fin de que comparecieran ante él para ser notificados de la demanda y requeridos judicialmente de pago.
Los telegramas fueron remitidos en fechas de 20 de abril y 6 de junio de 2012, en ambos casos sin éxito. Según el acuse del último de ellos, los destinatarios se encontraban ausentes.
c) Por diligencia de ordenación de 20 de julio de 2012, el Juzgado resolvió que los demandados fuesen emplazados en la finca hipotecada, por el funcionario de auxilio judicial que correspondiese.
En la diligencia llevada a cabo el 4 de octubre de 2012 aquéllos no fueron hallados, haciendo constar el funcionario que la practicó que, tal y como informaba una empresa gestora de extranjeros, «estas personas nunca han vivido en La Manga; que compraron viviendas para su reventa, pero que no vienen por España y no saben dónde localizarlas».
d) Seguidamente, por diligencia de ordenación de 9 de octubre de 2012, el órgano judicial acordó que la demanda fuese notificada a don Alan y doña Elaine Patricia Waite y que éstos fueran requeridos de pago a través de edictos, los cuales debían ser –y fueron, desde la misma fecha– fijados en el tablón de anuncios del Juzgado.
e) Por Auto de 6 de marzo de 2013, el Juez, previa audiencia al ejecutante, declaró de oficio abusiva la cláusula del préstamo hipotecario relativa a los intereses de demora.
f) El procedimiento de ejecución continuó sin la intervención de los recurrentes, quienes se personaron en él el 9 de octubre de 2014 e interpusieron incidente de nulidad de actuaciones por escrito presentado el 9 de diciembre del mismo año.
Según este último, los Sres. Waite no habían tenido conocimiento del proceso hipotecario, sino a raíz de otro pleito que por su parte mantenían contra Caixabank, en el que el Letrado que allí les defendía supo de esta ejecución y de otra, también hipotecaria, que se seguía por la entidad contra ellos, con el número 114-2012.
Esto se debía –según el escrito– a que el órgano judicial no les había notificado personalmente la demanda de la presente ejecución, sino que les había emplazado y requerido de pago por edictos, pese a que en la escritura de préstamo constaba –además del domicilio a efectos de notificaciones, que el banco, como predisponente, les había obligado a señalar en la finca hipotecada–, su domicilio real en Reino Unido. A este último el Juzgado no se había dirigido en absoluto, como tampoco había tratado, por ninguno de los medios a su alcance, de averiguar un domicilio alternativo en que poder emplazar con efectividad a los ahora recurrentes.
Caixabank, sostenían los ejecutados, tenía perfecto conocimiento de este domicilio en Inglaterra, que constituye la vivienda habitual de los Sres. Waite, pues al mismo había remitido las comunicaciones derivadas del préstamo incluso después de haber iniciado la ejecución en el Juzgado. Con todo –terminaba el escrito– la falta de diligencia era sobre todo imputable al órgano judicial, el cual no debió acudir a la notificación edictal de la demanda, sino después de haber intentado al menos local
### RESUMEN: TC tumba ejecución hipotecaria porque no se esforzaron en notificar a los afectados |
1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre:
Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
1.2) Número de identificación fiscal:
Q4117001J.
1.3) Dirección:
Plaza de España Sector II, 3ª Planta.
1.4) Localidad:
Sevilla.
1.5) Provincia:
Sevilla.
1.6) Código postal:
41071.
1.7) País:
España.
1.8) Código NUTS:
ES618.
1.9) Teléfono:
955637678.
1.10) Fax:
955637999.
1.11) Correo electrónico:
servicio.contratacion@chguadalquivir.es
1.12) Dirección principal:
http://www.chguadalquivir.es
1.13) Dirección del perfil de comprador:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XQbcbQqu8hs%3D
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo:
Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida:
Medio Ambiente.
4. Códigos CPV:
45314000 (Instalación de equipo de telecomunicaciones) y 45000000 (Trabajos de construcción).
5. Lugar del emplazamiento principal de las obras:
ES630.
6. Descripción de la licitación:
Contrato de obras para la implantación de los planes de emergencia de las presas de Renegado e Infierno. Ceuta.
7. Tipo de procedimiento de adjudicación:
Abierto.
9. Criterios de adjudicación:
9.1)
Oferta económica (Ponderación: 55%).
9.2)
Otros criterios distintos al precio (Ponderación: 55%).
9.3)
Oferta técnica (Ponderación: 45%).
10. Fecha de adjudicación:
22 de diciembre de 2020.
11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas:
3.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs:
3.
12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre:
Ingeniería de Instrumentación y Control, S.A.
12.2) Número de identificación fiscal:
A28765881.
12.7) País:
España.
12.13)
El adjudicatario es una PYME.
13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada:
122.028,33 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste:
148.945,99 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste:
0,00 euros.
17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
ID: 2020-206373. Anuncio de Licitación publicado en BOE (19 de septiembre de 2020).
18. Fecha de envío del anuncio:
9 de febrero de 2021.
Sevilla, 9 de febrero de 2021.- Presidente, Joaquin Paez Landa. | Contrato de obras para la implantación de los planes de emergencia de las presas de Renegado e Infierno en Ceuta por importe total de 148.945,99 euros. | 1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre:
Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
1.2) Número de identificación fiscal:
Q4117001J.
1.3) Dirección:
Plaza de España Sector II, 3ª Planta.
1.4) Localidad:
Sevilla.
1.5) Provincia:
Sevilla.
1.6) Código postal:
41071.
1.7) País:
España.
1.8) Código NUTS:
ES618.
1.9) Teléfono:
955637678.
1.10) Fax:
955637999.
1.11) Correo electrónico:
servicio.contratacion@chguadalquivir.es
1.12) Dirección principal:
http://www.chguadalquivir.es
1.13) Dirección del perfil de comprador:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XQbcbQqu8hs%3D
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo:
Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida:
Medio Ambiente.
4. Códigos CPV:
45314000 (Instalación de equipo de telecomunicaciones) y 45000000 (Trabajos de construcción).
5. Lugar del emplazamiento principal de las obras:
ES630.
6. Descripción de la licitación:
Contrato de obras para la implantación de los planes de emergencia de las presas de Renegado e Infierno. Ceuta.
7. Tipo de procedimiento de adjudicación:
Abierto.
9. Criterios de adjudicación:
9.1)
Oferta económica (Ponderación: 55%).
9.2)
Otros criterios distintos al precio (Ponderación: 55%).
9.3)
Oferta técnica (Ponderación: 45%).
10. Fecha de adjudicación:
22 de diciembre de 2020.
11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas:
3.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs:
3.
12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre:
Ingeniería de Instrumentación y Control, S.A.
12.2) Número de identificación fiscal:
A28765881.
12.7) País:
España.
12.13)
El adjudicatario es una PYME.
13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada:
122.028,33 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste:
148.945,99 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste:
0,00 euros.
17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
ID: 2020-206373. Anuncio de Licitación publicado en BOE (19 de septiembre de 2020).
18. Fecha de envío del anuncio:
9 de febrero de 2021.
Sevilla, 9 de febrero de 2021.- Presidente, Joaquin Paez Landa.
### RESUMEN: Contrato de obras para la implantación de los planes de emergencia de las presas de Renegado e Infierno en Ceuta por importe total de 148.945,99 euros. |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y a propuesta del mismo Tribunal en Pleno,
Vengo en nombrar Vicepresidenta del Tribunal Constitucional a doña Encarnación Roca Trías.
Dado en Madrid, el 22 de marzo de 2017.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY | Nombramientos de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional a Encarnación Roca Trías. | De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y a propuesta del mismo Tribunal en Pleno,
Vengo en nombrar Vicepresidenta del Tribunal Constitucional a doña Encarnación Roca Trías.
Dado en Madrid, el 22 de marzo de 2017.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
### RESUMEN: Nombramientos de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional a Encarnación Roca Trías. |
CONVENIO DE NACIONALIDAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FRANCESA
El Reino de España y la República Francesa, en adelante «las Partes»,
Deseando rendir tributo a las relaciones históricas entre los dos países que hunden sus raíces en la misma fundación de ambos y a la existencia de un acervo común entre el Reino de España y la República Francesa,
Atendiendo a la letra y el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por ambos Estados, en cuanto declara que «toda persona tendrá derecho a una nacionalidad»,
Deseando fortalecer los vínculos que unen a las dos naciones y con el fin de garantizar mayores facilidades prácticas a sus nacionales para llegar a ser, respectivamente, franceses o españoles, así como para evitar el riesgo de apatridia, que pudiera suceder por omisión de la legislación de alguno de los dos Estados o de ambos, o por una asimetría entre ambas legislaciones,
Han convenido lo siguiente:
Artículo 1.
Los españoles podrán adquirir la nacionalidad francesa y los franceses podrán adquirir la nacionalidad española, conservando su anterior nacionalidad, española o francesa respectivamente, siempre que cumplan los requisitos que determine la legislación del Estado cuya nacionalidad adquieran. La adquisición de la nacionalidad se inscribirá en el registro que cada legislación establezca.
Artículo 2.
Las personas que se acojan al presente Convenio podrán obtener y renovar sus pasaportes o documentos de identificación según lo dispuesto en la normativa de cada una de las partes.
Artículo 3.
Los españoles y los franceses que, con anterioridad a la vigencia del presente Convenio, hubieran adquirido la nacionalidad francesa o española, respectivamente, perdiendo así de forma automática su nacionalidad anterior, podrán acogerse a lo establecido en el presente Convenio. Las disposiciones de este Convenio les serán aplicables desde la fecha en que se acojan a él.
Artículo 4.
Ambos Gobiernos se consultarán periódicamente con el fin de estudiar y adoptar las medidas apropiadas para la armónica aplicación de este Convenio, así como las eventuales modificaciones y adiciones que, de común acuerdo, se estimen convenientes, especialmente si fuere necesario como consecuencia de la reforma o el desarrollo constitucional en ambos Estados.
Artículo 5.
El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha en que las Partes se hayan notificado la finalización de los procedimientos jurídicos necesarios a tal efecto.
El presente Convenio permanecerá en vigor por un período de tiempo indefinido. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo en cualquier momento. La denuncia deberá ser notificada, por escrito y por vía diplomática, produciendo efectos doce meses después de la recepción de la respectiva notificación.
En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello, firman el presente Convenio.
Hecho en Montauban, el 15 de marzo 2021 en dos ejemplares, en lengua española y francesa, siendo ambos textos igualmente fehacientes.
Por el Reino de España,
Por la República Francesa,
Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Presidente del Gobierno
Emmanuel Macron
Presidente de la República
Jean Castex
Primer Ministro
Jean-Yves Le Drian
Ministro para Europa y de Asuntos Exteriores
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de abril de 2022, primer día del mes siguiente a la fecha en que las Partes se notificaron la finalización de los procedimientos jurídicos necesarios a tal efecto, según se establece en su artículo 5.
Madrid, 23 de marzo de 2022.–La Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez. | Ratificación y próxima entrada en vigor (el 1 de abril) del convenio de doble nacionalidad Francia-España firmado hace un año. Permite tener ambas nacionalidades (también recuperarla si se perdió para tener la del otro país) | CONVENIO DE NACIONALIDAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FRANCESA
El Reino de España y la República Francesa, en adelante «las Partes»,
Deseando rendir tributo a las relaciones históricas entre los dos países que hunden sus raíces en la misma fundación de ambos y a la existencia de un acervo común entre el Reino de España y la República Francesa,
Atendiendo a la letra y el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por ambos Estados, en cuanto declara que «toda persona tendrá derecho a una nacionalidad»,
Deseando fortalecer los vínculos que unen a las dos naciones y con el fin de garantizar mayores facilidades prácticas a sus nacionales para llegar a ser, respectivamente, franceses o españoles, así como para evitar el riesgo de apatridia, que pudiera suceder por omisión de la legislación de alguno de los dos Estados o de ambos, o por una asimetría entre ambas legislaciones,
Han convenido lo siguiente:
Artículo 1.
Los españoles podrán adquirir la nacionalidad francesa y los franceses podrán adquirir la nacionalidad española, conservando su anterior nacionalidad, española o francesa respectivamente, siempre que cumplan los requisitos que determine la legislación del Estado cuya nacionalidad adquieran. La adquisición de la nacionalidad se inscribirá en el registro que cada legislación establezca.
Artículo 2.
Las personas que se acojan al presente Convenio podrán obtener y renovar sus pasaportes o documentos de identificación según lo dispuesto en la normativa de cada una de las partes.
Artículo 3.
Los españoles y los franceses que, con anterioridad a la vigencia del presente Convenio, hubieran adquirido la nacionalidad francesa o española, respectivamente, perdiendo así de forma automática su nacionalidad anterior, podrán acogerse a lo establecido en el presente Convenio. Las disposiciones de este Convenio les serán aplicables desde la fecha en que se acojan a él.
Artículo 4.
Ambos Gobiernos se consultarán periódicamente con el fin de estudiar y adoptar las medidas apropiadas para la armónica aplicación de este Convenio, así como las eventuales modificaciones y adiciones que, de común acuerdo, se estimen convenientes, especialmente si fuere necesario como consecuencia de la reforma o el desarrollo constitucional en ambos Estados.
Artículo 5.
El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha en que las Partes se hayan notificado la finalización de los procedimientos jurídicos necesarios a tal efecto.
El presente Convenio permanecerá en vigor por un período de tiempo indefinido. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo en cualquier momento. La denuncia deberá ser notificada, por escrito y por vía diplomática, produciendo efectos doce meses después de la recepción de la respectiva notificación.
En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello, firman el presente Convenio.
Hecho en Montauban, el 15 de marzo 2021 en dos ejemplares, en lengua española y francesa, siendo ambos textos igualmente fehacientes.
Por el Reino de España,
Por la República Francesa,
Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Presidente del Gobierno
Emmanuel Macron
Presidente de la República
Jean Castex
Primer Ministro
Jean-Yves Le Drian
Ministro para Europa y de Asuntos Exteriores
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de abril de 2022, primer día del mes siguiente a la fecha en que las Partes se notificaron la finalización de los procedimientos jurídicos necesarios a tal efecto, según se establece en su artículo 5.
Madrid, 23 de marzo de 2022.–La Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez.
### RESUMEN: Ratificación y próxima entrada en vigor (el 1 de abril) del convenio de doble nacionalidad Francia-España firmado hace un año. Permite tener ambas nacionalidades (también recuperarla si se perdió para tener la del otro país) |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
c) Número de expediente:
80/14.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicios de colaboración con la IGAE en la realización de las auditorías de las cuentas anuales de varias entidades públicas empresariales.
c) Lote:
3) Auditoría cuentas anuales individuales y consolidadas de ADIF y ADIF - Alta Velocidad.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79212000 (Servicios de auditoría).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOE: 25 de octubre de 2014 y DOUE: 22 de octubre de 2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
1.057.851,24 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 528.925,62 euros. Importe total: 640.000,00 euros.
6. Formalización del contrato:
Lote 3: Auditoría, cuentas anuales individuales y consolidadas de ADIF y ADIF - Alta Velocidad.
a) Fecha de adjudicación: 30 de enero de 2015.
b) Fecha de formalización: 2 de marzo de 2015.
c) Contratista: GRANT THORNTON, S.L.P.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 178.000,00 euros, Importe total: 215.380,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la proposición económicamente más ventajosa con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas han sido admitidas.
Madrid, 3 de marzo de 2015.- Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas. | La auditoría de ADIF y ADIF Alta Velocidad, a cargo de Grant Thornton asesores por importe total de 215.380,00 euros. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
c) Número de expediente:
80/14.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicios de colaboración con la IGAE en la realización de las auditorías de las cuentas anuales de varias entidades públicas empresariales.
c) Lote:
3) Auditoría cuentas anuales individuales y consolidadas de ADIF y ADIF - Alta Velocidad.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79212000 (Servicios de auditoría).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOE: 25 de octubre de 2014 y DOUE: 22 de octubre de 2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
1.057.851,24 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 528.925,62 euros. Importe total: 640.000,00 euros.
6. Formalización del contrato:
Lote 3: Auditoría, cuentas anuales individuales y consolidadas de ADIF y ADIF - Alta Velocidad.
a) Fecha de adjudicación: 30 de enero de 2015.
b) Fecha de formalización: 2 de marzo de 2015.
c) Contratista: GRANT THORNTON, S.L.P.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 178.000,00 euros, Importe total: 215.380,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la proposición económicamente más ventajosa con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas han sido admitidas.
Madrid, 3 de marzo de 2015.- Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas.
### RESUMEN: La auditoría de ADIF y ADIF Alta Velocidad, a cargo de Grant Thornton asesores por importe total de 215.380,00 euros. |
Según lo dispuesto en el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, corresponde a la Secretaría General de Política de Defensa, el impulso de las relaciones institucionales y la difusión de la cultura de seguridad y defensa, así como el fomento de la conciencia de defensa nacional.
La Orden DEF/186/2015, de 9 de febrero («BOE» núm. 36 de 11 de febrero), establece las bases reguladoras de estas subvenciones.
De acuerdo con la citada normativa se publican las normas de procedimiento para la gestión de las subvenciones, correspondientes al año 2016, a las que le serán de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Primero. Objeto y finalidad.
1. Objeto. Por la presente Orden se publican las normas de procedimiento para la gestión de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, como apoyo a la realización de actividades de fomento y difusión de la cultura de defensa, que promuevan el conocimiento de la Defensa como elemento esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de España y de los españoles.
Esta convocatoria se destina a los proyectos o actividades que se realicen desde el 1 de enero hasta el 14 de noviembre de 2016.
2. Finalidad. Las subvenciones reguladas por la presente Orden tienen como finalidad impulsar la realización de las actividades de fomento y difusión de la cultura de defensa que promuevan el conocimiento de la Defensa como elemento esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de España y de los españoles, con el fin de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario mediante el cual las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales.
Segundo. Tipos de actividades y prioridades.
1. Tipos de actividades. Según lo dispuesto en la citada Orden DEF/186/2015 de 9 de febrero, podrán optar a las subvenciones actividades como cursos, seminarios, jornadas de debate y conferencias, exposiciones y otras actividades de carácter divulgativo, que tengan especial incidencia en el ámbito universitario y en la enseñanza primaria y secundaria, sobre:
– La defensa como elemento esencial del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de España y de los españoles.
– El análisis de los riesgos y las amenazas actuales para la seguridad, los instrumentos necesarios para garantizar la defensa (los recursos humanos y materiales y los presupuestos).
– La seguridad compartida con socios y aliados y las misiones de las Fuerzas Armadas.
– Las misiones de las Fuerzas Armadas.
– Los proyectos y actos conmemorativos que pongan en valor la historia militar y el patrimonio cultural de las Fuerzas Armadas españolas.
2. Prioridades. Conforme a lo establecido en el documento de planificación estratégica de subvenciones de la Secretaría General de Política de Defensa de aplicación en el ejercicio 2016, para la valoración de los proyectos en la presente convocatoria, se tendrán en consideración, de forma prioritaria:
– Los proyectos que profundicen en el análisis de los riesgos y amenazas actuales a la seguridad y los instrumentos para contrarrestarlos, de conformidad con las líneas establecidas por la Estrategia de Seguridad Nacional y la Directiva de Defensa Nacional.
– Las actividades organizadas por Universidades y centros asociados a las mismas, instituciones de carácter docente de enseñanza primaria y secundaria, centros de pensamiento, colegios profesionales y entidades de la sociedad civil u otras con proyección social, de forma que se optimice el alcance de la actividad subvencionada y ésta repercuta en sectores destacados de la población.
3. No podrán, sin embargo, optar a subvención:
– La impartición de asignaturas o ciclos formativos pertenecientes a las enseñanzas regladas.
– La edición de publicaciones, salvo que formen parte de la acción divulgativa de la actividad principal.
Tercero. Beneficiarios y requisitos.
1. Podrán obtener la condición de beneficiario:
a) Las personas jurídicas, públicas o privadas, que carezcan de ánimo de lucro, y tengan su domicilio social en España.
b) Las personas físicas que tengan su domicilio en España.
Siempre que, tanto las personas comprendidas en el epígrafe a), como las personas comprendidas en el epígrafe b), cumplan los demás requisitos establecidos en la presente Orden de convocatoria, reúnan las condiciones y la experiencia idóneas para garantizar el cumplimiento del objeto y la finalidad fijados en el apartado primero y no se encuentren incursas en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en los términos previstos en los artículos 18 al 21, ambos inclusive, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
2. Las personas jurídicas, públicas o privadas, deberán estar legalmente constituidas e inscritas en el registro público correspondiente, en la fecha en que se presente la solicitud.
3. Se excluirán como beneficiarios:
a) Las unidades, centros y organismos con dependencia orgánica del Ministerio de Defensa.
b) El personal que dependa orgánica o funcionalmente del órgano concedente de las subvenciones y el personal de los organismos que estén representados en la Comisión de Valoración.
Cuarto. Imputación presupuestaria y cuantía de las subvenciones.
Los créditos presupuestarios a los que se imputan las subvenciones, pertenecen al presupuesto de gastos del Ministerio de Defensa para el año 2016.
La cuantía máxima estimada asciende a ciento treinta y seis mil novecientos treinta y cuatro euros (136.934€), pertenecientes a la aplicación presupuestaria 14.01.121M2.485.03.
Asimismo, se fija una cuantía adicional máxima por el importe de cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta y seis euros (58.686€), con cargo a la misma aplicación presupuestaria, que podrá ser aplicada a la concesión de subvenciones, sin necesidad de nueva convocatoria, en el caso de que finalmente se apruebe la existencia de dicha cuantía, para esta finalidad, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, de acuerdo con el artículo 58 del Reglamento de la LGS.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se hace constar que la concesión de la subvención queda condicionada a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.
En el supuesto de que el crédito presupuestario finalmente aprobado, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016, fuera de superior cuantía, el órgano concedente podrá decidir su aplicación a la convocatoria, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto, antes de la resolución de concesión, sin necesidad de nueva convocatoria.
Quinto. Concurrencia de las subvenciones.
Estas subvenciones son compatibles con otras subvenciones o ayudas procedentes de entes públicos o privados, nacionales o internacionales, siempre que el importe de las mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, no supere el coste de la actividad subvencionada.
Sexto. Régimen de concesión.
La concesión de estas ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, igualdad, no discriminación y publicidad.
Séptimo. Órgano instructor.
El órgano instructor, competente para la ordenación e instrucción del procedimiento, es la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, dependiente de la Secretaría General de Política de Defensa.
Octavo. Instancia, forma y plazo de presentación de las solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención se formalizarán mediante instancia, según modelo oficial que figura como Anexo I (A o B) de la presente Orden, y deberán dirigirse a la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa (Secretaría General de Política de Defensa, Ministerio de Defensa, Paseo de la Castellana, 109, 28071 Madrid).
La instancia, la documentación administrativa y la documentación específica requeridas, así como los anexos, deberán ser cumplimentados y firmados por la persona física que solicite la subvención, o por el representante legal de la entidad en el caso de que el solicitante sea una persona jurídica, no admitiéndose en este caso la solicitud firmada por persona distinta.
En el caso de que el solicitante sea una Universidad se admitirá, como excepción, que pueda actuar en nombre de ella el profesor coordinador o el investigador principal de la actividad, a condición de que aporte una resolución firmada por el representante legal de la Universidad que le habilite para representarle a efectos de esta convocatoria de subvenciones. Dicha resolución especificará, para cada proyecto, si esa delegación comprende sólo la presentación de la solicitud de subvención, o si también será válida para todas las fases posteriores del procedimiento. En todos los escritos que firme el profesor coordinador o el investigador principal de la actividad se hará constar que firma por delegación.
2. Las solicitudes podrán presentarse en la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa [http://sede.defensa.gob.es/acceda], en el Registro General del Ministerio de Defensa (Calle Capitán Haya, nº12, 28071, Madrid) o en cualquiera de los otros registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En cualquier caso, a efectos de determinar la fecha de su presentación, en la solicitud deberá figurar el sello de entrada de la oficina del registro correspondiente.
No se admitirán las solicitudes que no vengan selladas de entrada por un registro público nacional.
3. Plazo de presentación. El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
4. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano instructor recabe telemáticamente de los organismos públicos pertinentes las acreditaciones relativas a las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar en ese caso las certificaciones, según se detalla en el apartado noveno de esta convocatoria.
5. Se podrá consultar una guía de preguntas frecuentes relacionadas con la presente Orden de convocatoria de subvenciones en el Portal de Cultura de Defensa [http://www.portalcultura.mde.es]. Esta guía tiene carácter orientativo y no sustituye a lo dispuesto en la presente Orden, ni a la normativa vigente en materia de subvenciones.
Noveno. Documentación necesaria para la solicitud.
A la solicitud se adjuntará la documentación administrativa y la documentación específica que se relaciona en este apartado noveno, en idioma castellano, o traducido al mismo cuando corresponda.
Cuando un solicitante concurra con más de un proyecto, adjuntará la documentación administrativa común una sola vez. En los demás proyectos presentados, se adjuntará únicamente la documentación específica correspondiente a cada uno de ellos y se hará constar, en cada una de las instancias de solicitud, en qué proyecto han sido incluidos los documentos administrativos.
Todos los documentos que se aporten deberán ser originales, excepto en aquellos casos en que la convocatoria admite la presentación de copias.
Todos los anexos podrán ser descargados en la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa [https://sede.defensa.gob.es/acceda], y en la página web del Portal de Cultura de Defensa [http://www.portalcultura.mde.es].
La comprobación de datos no ajustados a la realidad, en la documentación aportada, podrá comportar la inadmisión de la solicitud de la subvención.
1. Documentación administrativa:
1.1 Las personas físicas deberán presentar:
a) Autorización para que el órgano instructor recabe electrónicamente sus datos de identidad, a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, que figura inserta en el Anexo I.A de la instancia de solicitud. Si el solicitante no consintiese autorizar la consulta, deberá presentar una copia compulsada del DNI.
b) Declaración responsable –original- de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para percibir subvenciones, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, según los criterios establecidos en los artículos 21 y 25 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. La declaración se presentará conforme al modelo que figura como Anexo II.1.A.
c) En caso de que el solicitante no consintiese que el órgano instructor recabe electrónicamente los datos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, los datos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, o ambos datos, deberá declararlo expresamente y presentar las certificaciones administrativas emitidas por las administraciones correspondientes de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que estén en vigor en la fecha de presentación de la solicitud. Las certificaciones deberán ser originales. No obstante, se admitirá la presentación de copias de las mismas, siempre que en ellas conste el Código Seguro de Verificación o la huella electrónica.
1.2 Las personas jurídico-públicas, deberán presentar:
a) Copia de la tarjeta de identificación fiscal, si en el documento consta el Código Seguro de Verificación. Si no consta, copia compulsada.
b) La acreditación de la naturaleza pública de la entidad, mediante reseña del Boletín Oficial en el que se ha publicado la norma de creación de la misma.
c) Declaración responsable –original-, conforme al modelo que figura como Anexo II.1B, donde especifiquen los siguientes puntos:
• El cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
• El hecho de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para percibir subvenciones, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
• El hecho de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, según los criterios establecidos en los artículos 21 y 25 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
d) Documento acreditativo de que la persona que suscribe la solicitud ostenta actualmente la representación legal de la entidad, a tal efecto (original, o copia compulsada). En el caso de que el solicitante sea una Universidad se admitirá, como excepción, que pueda actuar en nombre de ella el profesor coordinador o el investigador principal de la actividad, a condición de que aporte una resolución firmada por el representante legal de la Universidad que le habilite para representarle a efectos de esta convocatoria de subvenciones. Dicha resolución especificará, para cada proyecto, si esa delegación comprende sólo la presentación de la solicitud de subvención, o si también será válida para todas las fases posteriores del procedimiento. En todos los escritos que firme el profesor coordinador o el investigador principal de la actividad se hará constar que firma por delegación.
1.3 Las personas jurídico-privadas, deberán presentar:
a) Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal.
b) Copia compulsada del acta de constitución de la entidad, de los estatutos y de la certificación de inscripción en el registro público correspondiente.
c) Documento acreditativo de que la persona que suscribe la solicitud ostenta actualmente la representación legal de la entidad a tal efecto (original, o copia compulsada). En el caso de que el solicitante sea una Universidad se admitirá, como excepción, que pueda actuar en nombre de ella el profesor coordinador o el investigador principal de la actividad, a condición de que aporte una resolución firmada por el representante legal de la Universidad que le habilite para representarle a efectos de esta convocatoria de subvenciones. Dicha resolución especificará, para cada proyecto, si esa delegación comprende sólo la presentación de la solicitud de subvención, o si también será válida para todas las fases posteriores del procedimiento. En todos los escritos que firme el profesor coordinador o el investigador principal de la actividad se hará constar que firma por delegación.
d) Declaración responsable –original– de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para percibir subvenciones, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, y de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, según los criterios establecidos en los artículos 21 y 25 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. La declaración se ajustará al modelo que figura como Anexo II.1C.
e) En caso de que el solicitante no consintiese que el órgano instructor recabe electrónicamente los datos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, los datos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, o ambos datos, deberá declararlo expresamente y presentar las certificaciones administrativas emitidas por las administraciones correspondientes de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que estén en vigor en la fecha de presentación de la solicitud. Las certificaciones deberán ser originales. No obstante, se admitirá la presentación de copias de las mismas, siempre que en ellas conste el Código Seguro de Verificación o la huella electrónica.
1.4 Cuando el solicitante haya presentado con anterioridad, ante la Secretaría General de Política de Defensa, cualquiera de los siguientes documentos administrativos:
• Documento nacional de identidad en vigor.
• Tarjeta de identificación fiscal.
• Acreditación de la naturaleza pública de la entidad, mediante reseña del Boletín Oficial en el que se ha publicado la norma de creación
• Acta de constitución de la entidad, estatutos y sus posibles modificaciones.
• Documento acreditativo de la representación legal de la entidad.
• La certificación de inscripción en el registro público,
y siempre que no se hayan producido modificaciones en los citados documentos, podrá acogerse al derecho reconocido en el artículo 23.3 de la Ley General de Subvenciones y en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de no volver a presentar dicha documentación, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
En caso de que el solicitante desee acogerse a esta posibilidad, deberá presentar una solicitud, conforme al modelo que figura como Anexo II.2. (A, B o C).
2. Documentación específica.
Tanto las personas físicas como las personas jurídicas, públicas o privadas, que soliciten subvención, deberán presentar, junto con la instancia de solicitud mencionada en el apartado octavo de esta orden, la memoria del proyecto para el que se solicita subvención, realizado conforme al modelo del Anexo III -original-. Este modelo podrá ser ampliado mediante una explicación más detallada del proyecto a desarrollar. Dentro de la memoria del proyecto se incluirá el plan de actuación que contendrá la siguiente información:
• Los recursos humanos y materiales disponibles.
• Calendario de actuación, en el que se detallen las fechas y lugares de realización de las actividades.
• Presupuesto en el que se desglosen los ingresos y gastos que requiera el proyecto. Entre otros, se detallarán los gastos de personal, logísticos y de publicidad. En caso de que en el presupuesto se contemple, como gasto de personal, la comida de los conferenciantes o participantes en la actividad, deberá estimarse su importe, a efectos de acreditar la relación de esos gastos con las actividades subvencionadas.
• Plan de comunicación que garantice la adecuada difusión sobre la celebración de la actividad y el apoyo prestado por el Ministerio de Defensa.
Asimismo, dentro de la memoria del proyecto se detallarán las actividades realizadas en años anteriores por el solicitante en relación con el objeto de estas subvenciones, consignando también cualquier otra circunstancia que sirva para valorar la capacidad y experiencia del solicitante.
Décimo. Verificación del cumplimiento de los requisitos para optar a las subvenciones y procedimiento de subsanación de errores.
1. El órgano instructor verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la documentación aportada y asignará a cada proyecto presentado un código identificativo, que comunicará a los interesados a efectos de las ulteriores notificaciones y comunicaciones que se generen en el procedimiento.
En caso de que el solicitante no reúna los requisitos para poder optar a la concesión estipulados en el apartado tercero de esta Orden, se le notificará la exclusión del procedimiento, dándole un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles para que realice las alegaciones pertinentes. Transcurrido dicho plazo sin haber acreditado que reúne los requisitos exigidos, se procederá a archivar el expediente.
En el supuesto de que se haya presentado la solicitud fuera del plazo fijado en la convocatoria, se notificará al interesado la exclusión del procedimiento, dándole un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles para que realice las alegaciones pertinentes. Transcurrido dicho plazo sin haber acreditado que la solicitud se presentó dentro del plazo estipulado, se procederá a archivar el expediente.
En el caso de que la solicitud y la documentación administrativa y específica aportadas no reunieran los requisitos exigidos en el apartado noveno de esta convocatoria, se notificará al solicitante, para que en un plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos requeridos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, conforme a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La notificación de subsanación de deficiencias y la notificación de exclusión se efectuarán mediante resolución publicada en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa [https://sede.defensa.gob.es/acceda], de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.6. de la Ley 30/1992 y en el artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. El plazo de 10 días se contará a partir del día siguiente a la publicación en el citado Tablón de Anuncios. Adicionalmente, para facilitar su difusión, se publicará en la página web del Portal de Cultura de Defensa [http://www.portalcultura.mde.es].
En el trámite de subsanación, si el documento que debe aportarse es la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias o de las obligaciones con la Seguridad Social, el solicitante deberá aportar necesariamente el certificado original emitido por los organismos públicos pertinentes, no admitiéndose en esta fase una autorización para que el órgano instructor recabe telemáticamente sus datos.
Una vez verificada la documentación que los interesados aporten para subsanar las solicitudes, el órgano instructor dictará una resolución en la que se concrete la relación de proyectos que han subsanado la solicitud, la relación de proyectos que no han subsanado la solicitud y la relación de excluidos, conforme al artículo 71 de la Ley 30/1992. La resolución se publicará en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa [https://sede.defensa.gob.es/acceda], y adicionalmente, en el Portal de Cultura de Defensa.
2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. Los documentos digitalizados y presentados a través de la Sede Electrónica, que no lleven Código Seguro de Verificación o huella electrónica que permita su comprobación, tendrán la consideración de copia simple. A efectos de verificar su autenticidad el órgano instructor podrá requerir a los solicitantes que presenten los documentos originales para su comprobación. Si el solicitante no aportase los documentos originales, o si éstos no concordasen con los documentos digitalizados presentados acompañando a la solicitud, el órgano instructor podrá determinar su exclusión del procedimiento.
3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la concesión de subvenciones, por parte de la Administración Central a Comunidades Autónomas que no se adecúen al objetivo de estabilidad presupuestaria, estará supeditada al informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dicho informe será recabado, en su caso, por el órgano instructor de las subvenciones.
Undécimo. Evaluación de los proyectos presentados.
1. Los proyectos presentados serán evaluados por una Comisión de Valoración, integrada por los siguientes miembros:
Presidente: El Director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa.
Secretario: Un miembro de la Secretaría General de Política de Defensa, con voz pero sin voto.
Vocales titulares: Un representante de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, y tres representantes de la Secretaría General de Política de Defensa.
La Comisión de Valoración podrá recabar cuanta información considere oportuna a los efectos de realizar la evaluación de solicitudes.
2. Nombramiento:
El secretario y los vocales serán nombrados por resolución del Secretario General de Política de Defensa.
Los vocales titulares y el secretario titular podrán ser sustituidos por otras personas, designadas como suplentes, al efecto.
La Comisión quedará válidamente constituida con la asistencia del Presidente, del Secretario y de la mitad de sus miembros, conforme a lo establecido en el artículo 26.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sus acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, según lo previsto en el artículo 26.4 de la citada Ley.
3. Las funciones de la Comisión son informar y evaluar las solicitudes, de acuerdo con los criterios determinados en el punto siguiente, y proponer la adjudicación de las subvenciones.
4. Criterios de valoración.
La evaluación de los proyectos admitidos se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios, teniendo en cuenta que la puntuación máxima que se puede obtener es de 100 puntos:
1. Interés e idoneidad del proyecto. Este criterio supondrá, como máximo, el 50 por ciento de la valoración total. Se valorará:
o La adecuación de la actividad a la finalidad establecida en el punto primero de esta Orden de convocatoria.
o Que el proyecto se ajuste a las líneas de actuación prioritarias descritas en el apartado segundo de esta Orden.
o El alcance geográfico de la actividad propuesta, con el objetivo de que las actividades subvencionadas por el Ministerio de Defensa lleguen a la mayor parte del territorio nacional.
o Que el plan de comunicación permita la difusión adecuada de la actividad y del patrocinio del Ministerio de Defensa.
2. Experiencia, capacidad de gestión y grado de fiabilidad de la entidad solicitante. Este criterio supondrá, como máximo, el 30 por ciento de la valoración total. Se valorará:
o Prioritariamente, las actividades organizadas por Universidades y centros asociados, instituciones de carácter docente, colegios profesionales, centros de pensamiento u otros con proyección social, así como las actividades dirigidas a los estudiantes de enseñanzas no universitarias.
o La experiencia acreditada en la organización y realización de actividades similares del solicitante.
o Que el solicitante cuente con los recursos humanos y materiales suficientes para llevar a cabo directamente el proyecto presentado.
o Que el solicitante pueda acreditar haber realizado actividades de forma continuada, con sus propios recursos, durante un período mínimo de dos años desde su creación.
o Grado de representatividad del solicitante.
o El resultado de la ejecución de las actividades subvencionadas por el Ministerio de Defensa que el solicitante haya realizado en años anteriores. Se tendrá en consideración, negativamente, que el solicitante haya recibido subvención y posteriormente haya renunciado a ella, salvo causa de fuerza mayor.
3. El coste del proyecto: Este criterio supondrá, como máximo, el 20 por ciento de la valoración total. Se valorará la presentación detallada de todas las partidas, con arreglo a los principios de economía y eficiencia.
Duodécimo. Propuesta de resolución definitiva.
1. La Comisión de Valoración emitirá el informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
2. A la vista del informe de la Comisión de Valoración, la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa formulará la propuesta de resolución definitiva que contendrá la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvención, su cuantía y la puntuación obtenida por cada uno de ellos.
3. La propuesta de resolución definitiva no genera derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión, conforme al artículo 24.6 de la Ley General de Subvenciones.
4. Se publicará en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa [https://sede.defensa.gob.es/acceda] y en la página web del Portal de Cultura de Defensa [http://www.portalcultura.mde.es], para conocimiento de los interesados.
Decimotercero. Orden de concesión de las subvenciones.
1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, el Secretario General de Política de Defensa resolverá el procedimiento, conforme a la competencia delegada por el Sr. Ministro de Defensa, regulada en la Orden DEF/186/2015, de 9 de febrero («BOE» núm. 36 de 11 de febrero).
2. La Orden de concesión será motivada, haciendo alusión a los criterios de valoración de las solicitudes, y conforme al artículo 30.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se hará constar: la convocatoria y la identificación de las subvenciones, la finalidad de las mismas, el programa y crédito presupuestario al que se imputan, el nombre o razón social de los beneficiarios, su número de identificación fiscal, el título del proyecto y el importe concedido.
3. La Orden de concesión podrá contener una relación ordenada de suplentes, con los proyectos con mayor puntuación que, habiendo cumplido con las condiciones administrativas y técnicas establecidas para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido atendidos por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria.
4. La Orden de concesión contendrá de manera expresa una desestimación generalizada del resto de las solicitudes que no hayan alcanzado la condición de beneficiario, o de suplente.
5. La Orden de concesión se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», según lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
6. Si alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención concedida, el órgano instructor podrá acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes suplentes siguientes en orden de puntuación, siempre y cuando se haya liberado crédito suficiente para atender, al menos, una de las solicitudes suplentes, y siempre que la realización de dicho proyecto pueda realizarse y justificarse en el plazo comprendido entre el 1 de enero y el 14 de noviembre de 2016.
En este supuesto, el órgano instructor notificará esta opción a los interesados, debiendo prestar su conformidad en el plazo máximo de 10 días hábiles. Una vez aceptada la propuesta, el órgano instructor dictará la Orden de concesión y procederá a su notificación.
7. En caso de que con la renuncia de un beneficiario no se haya liberado crédito suficiente para atender al menos a la primera de las solicitudes suplentes, si el órgano instructor estima que con el crédito liberado el primer suplente podría realizar una parte sustancial del proyecto presentado, podrá comunicar esta opción al interesado, a fin de que, en su caso, acceda a la propuesta de subvención en el mismo plazo referido en el punto precedente. Una vez aceptada la propuesta, el órgano concedente dictará la Orden de concesión y procederá a su notificación.
8. La Orden pondrá fin a la vía administrativa. Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación o al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley.
Asimismo, la citada Orden, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el Ministro de Defensa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
9. Una vez publicada la Orden de concesión, se presumirá que los beneficiarios aceptan la subvención concedida en los términos y con las condiciones que se establezcan en la misma. El beneficiario que desee renunciar a la subvención concedida, deberá comunicarlo por escrito dirigido a la Secretaría General de Política de Defensa, motivando las razones que le inducen a ello. La renuncia se aceptará de plano.
Decimocuarto. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de la ayuda quedarán obligados a:
1. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda, entre el 1 de enero y el 14 de noviembre de 2016, sin que quepa cambio o modificación alguna del objeto o finalidad para la que se concedió.
2. Comunicar al órgano instructor la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma actividad. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca.
3. Justificar ante el órgano instructor el cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad subvencionada.
4. Conservar los documentos justificativos de los pagos efectuados con cargo a los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, para su comprobación y control.
5. Someterse a las actuaciones de comprobación que realice el órgano instructor o el organismo en quien éste delegue, así como a las comprobaciones y control financiero que realicen los órganos de control competentes de este Departamento y del Tribunal de Cuentas.
6. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos legalmente contemplados.
7. Los beneficiarios deberán hacer constar en todos los materiales relacionados con las actividades desarrolladas, especialmente los que se empleen para su publicidad y difusión, que las mismas han sido realizadas con el apoyo de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa. Estarán obligados a incorporar de forma visible en el material que se utilice y en la documentación que se genere el logotipo del Ministerio de Defensa / Secretaría General de Política de Defensa, cuya imagen institucional y la leyenda que debe acompañarlo se recogen en el Anexo V de esta Orden.
8. Cuando se trate de proyectos de investigación, el beneficiario entregará a la Secretaría General de Política de Defensa dos copias del trabajo desarrollado, en soporte electrónico.
9. La aceptación de la subvención concedida conlleva la cesión por parte del beneficiario al Ministerio de Defensa de los derechos de reproducción, comunicación pública y difusión, en internet, de los documentos, ensayos, trabajos de investigación, materiales de difusión, o imágenes resultantes del desarrollo de la actividad subvencionada, de modo que puedan servir para difundir las actividades subvencionadas por el Ministerio de Defensa.
10. Los beneficiarios quedarán sujetos adicionalmente al resto de obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
Decimoquinto. Circunstancias que podrán dar lugar a la modificación de la resolución.
1. Si se produjese alguna circunstancia de las contempladas en el artículo 10 de la Orden DEF/186/2015, de 9 de febrero («BOE» núm. 36 de 11 de febrero), que establece las Bases Reguladoras de estas subvenciones, que alterase las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, como la variación de la fecha o el lugar de realización de la actividad, la concesión de una cuantía inferior a la solicitada o su asignación sólo para determinados conceptos de gasto, el beneficiario podrá solicitar la modificación del proyecto concedido.
2. En todo caso, toda modificación que quiera llevar a cabo el beneficiario deberá ser solicitada al órgano concedente, previamente a su ejecución. La solicitud de modificación, debidamente motivada, incluirá los datos identificativos del solicitante, número de referencia y título del proyecto y será firmada por el representante legal de la entidad beneficiaria. Podrá remitirse, digitalizada, a la dirección de correo electrónico dicoes.culturadefensa@oc.mde.es, por fax al número 912132122, o por correo a la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa (Secretaría General de Política de Defensa), Paseo de la Castellana nº 109, 28071 de Madrid. A la vista de las circunstancias que concurran en cada caso, adecuadamente justificadas por los beneficiarios, y siempre que no se perjudiquen derechos de terceros, el Secretario General de Política de Defensa decidirá si procede otorgar la autorización.
Decimosexto. Gastos subvencionables.
1. Con carácter general, se consideran gastos subvencionables aquéllos que respeten los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, que sean necesarios para la realización de la actividad subvencionada, y cuyo coste no supere el valor de mercado. Estos gastos han de efectuarse entre el 1 de enero y el 14 de noviembre de 2016, período de realización de las actividades. En caso de que la actividad subvencionada finalice más tarde del plazo máximo de realización de actividades, únicamente serán subvencionables los gastos que se realicen y puedan justificarse hasta el 14 de noviembre.
2. Se entenderá como gasto realizado, el gasto pagado.
3. Gastos que se pueden justificar con cargo a la subvención. Esta relación tiene carácter enunciativo y no limitativo:
a) Gastos de personal.
– Comprende, entre otros, arrendamientos de servicios de profesionales para la coordinación de jornadas o exposiciones, pago a conferenciantes y moderadores de seminarios, labores de secretariado, arrendamiento de servicios de intérpretes y empresas de traducción, así como los gastos de viaje, alojamiento y manutención del personal organizador o participante en las actividades objeto de subvención.
– En relación con los gastos de conferenciantes, ponentes o participantes en programas objeto de subvención, cuando se trate de personal destinado en el Ministerio de Defensa y sus organismos dependientes, sólo serán subvencionables los referidos a los conceptos de gastos de viaje, alojamiento y manutención. Estos gastos se ajustarán a las cuantías previstas para el personal de las Administraciones Públicas en el capítulo II, sección 3ª del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y demás normativa aplicable.
– Se podrá imputar la totalidad de los gastos salariales del personal que se contrate de forma temporal y específicamente para la realización de la actividad.
– El IRPF es subvencionable cuando el beneficiario de la subvención no es el sujeto pasivo del impuesto. Así, si el beneficiario de la subvención es una persona jurídica, la retención en concepto del IRPF que realice a conferenciantes, ponentes, etc. es subvencionable, puesto que no se trata de un tributo del beneficiario de la subvención, sino de un gasto de personal, por ser parte de la retribución íntegra que es objeto de retención por el beneficiario en aplicación de la normativa del IRPF, que con carácter general, obliga a retener o ingresar a cuenta, en cuanto satisfagan rentas del trabajo, a las personas jurídicas.
– Para justificar los gastos de alojamiento y manutención es preciso presentar las facturas correspondientes, incluyendo la relación de participantes y los títulos de las ponencias o mesas redondas.
– Para la justificación del alojamiento y la manutención, únicamente se podrán justificar con cargo a la subvención las cuantías previstas para el personal de las Administraciones Públicas en el capítulo II, sección 3ª del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio («BOE» núm. 129, de 30 de mayo de 2002) y demás normativa aplicable.
Los gastos de viaje deberán corresponder a la clase turista o asimilada y el desplazamiento en automóvil particular se indemnizará a razón de 0,19 euros/km.
b) Gastos logísticos.
Comprende los alquileres de locales y de servicios técnicos para la realización de las actividades, además de los gastos generales, como el material de oficina, teléfono, luz, correo o acceso a internet. En estos casos sólo podrá imputarse la parte proporcional que haya sido necesaria para desarrollar la actividad, con un límite máximo del 10 % de la cantidad concedida.
En el caso de que el proyecto consista en la creación y/o mantenimiento de portales web, el límite del 10 % no se aplicará a los gastos de servicios de acceso a internet.
c) Gastos de difusión.
Comprende la publicidad y propaganda de las actividades objeto de subvención.
d) Los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales son subvencionables si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma. La justificación de estos gastos no podrá superar el 10% de la cantidad concedida.
e) En caso de que el proyecto subvencionado consistiese en la elaboración de un proyecto de investigación, solo se podrán justificar los gastos necesarios para la realización del proyecto de investigación, como los desplazamientos, empleo de servicios de reprografía, o adquisición de material fungible.
4. Gastos que no se pueden justificar con cargo a la subvención:
• Gastos de personal.
No se podrán imputar los gastos correspondientes a las retribuciones ordinarias del personal fijo o eventual laboral que tenga una relación laboral dependiente de las entidades beneficiarias. Sin embargo, las gratificaciones o retribuciones extraordinarias que otorgue la entidad beneficiaria de una subvención, a algún miembro integrante de la plantilla de la entidad beneficiaria, en concepto de asistencias o indemnizaciones por la coordinación de congresos o la impartición de conferencias, o por labores de administración específicas de la actividad subvencionada, sí se consideran gasto subvencionable, siempre que dichas indemnizaciones se fijen con arreglo a criterios de economía y eficiencia y se justifique según lo dispuesto en el apartado decimoséptimo.
• Gastos logísticos. No serán justificables los gastos correspondientes a:
• Realización de obras en inmuebles.
• Gastos de adquisición y mantenimiento de maquinaria, mobiliario, equipos informáticos, audiovisuales o fotográficos y aquellos otros que incrementen el patrimonio del beneficiario y que tengan carácter de inventariable.
• Otros gastos no subvencionables:
• El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, conforme al artículo 31.8 de la Ley 37/2003, General de Subvenciones, con la excepción indicada en el apartado decimosexto, punto 3, a) de esta convocatoria.
• Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación. Será responsabilidad del beneficiario señalar si puede recuperarlos, y por tanto, en las cuentas de la justificación deberá contabilizar los importes sin los impuestos indirectos.
• Los premios consistentes en cantidades de dinero, en artículos suntuarios o en aparatos tecnológicos.
• Los intereses deudores de cuentas bancarias, recargos y sanciones administrativas y penales y los gastos de procedimientos judiciales.
Decimoséptimo. Justificación de los proyectos subvencionados.
1. El beneficiario está obligado a realizar íntegramente el proyecto subvencionado y a justificar documentalmente el gasto.
2. La competencia para la comprobación de la realización del proyecto subvencionado y de la justificación del mismo, corresponderá al Secretario General de Política de Defensa.
En el desempeño de la preceptiva comprobación podrán intervenir, a propuesta del Secretario General de Política de Defensa, los organismos del Ministerio de Defensa que se determinen. En el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa y en el Portal de Cultura de Defensa se publicará una relación de beneficiarios, en la que constará, para cada proyecto, la designación de la unidad u organismo del Departamento al que se ha encomendado la comprobación de la justificación.
3. El beneficiario presentará la justificación del proyecto subvencionado ante la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa (Secretaría General de Política de Defensa), Paseo de la Castellana, 109, 28071, Madrid, dentro de los dos meses siguientes a la conclusión del proyecto subvencionado. Podrá presentar la justificación a través de los registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En todo caso, la fecha límite para la presentación de las justificaciones es el 14 de noviembre de 2016.
4. La justificación de las subvenciones se realizará mediante la presentación de la documentación que se relaciona a continuación y deberá remitirse en idioma castellano, o traducida al mismo, firmada por el beneficiario.
Los anexos podrán ser descargados en la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa [https://sede.defensa.gob.es/acceda], y en la página web del Portal de Cultura de Defensa [http://www.portalcultura.mde.es].
Por cada proyecto subvencionado se remitirá al órgano instructor:
a) Certificado del beneficiario respecto de la realización del proyecto subvencionado y del contenido de la justificación presentada, según el modelo correspondiente del Anexo IV.1 (A o B).
b) Memoria justificativa del proyecto realizado, conforme al modelo del anexo IV.2. En esta memoria se describirán las acciones efectivamente realizadas y cómo se ha cumplido la finalidad para la cual fue concedida la subvención.
A esta memoria justificativa se le deberán anexar aquellos documentos, trabajos, dosieres gráficos, trípticos y de otro tipo, que integren o se deriven de las actividades que integran el proyecto.
c) Memoria económica: se realizará según el modelo del Anexo IV.3. En esta memoria se justificará el coste global del proyecto, relacionando, por un lado, los ingresos obtenidos, debiendo identificar la procedencia de los fondos y, por otro, los gastos, desglosados por conceptos.
Se adjuntarán los documentos (facturas o recibos) que acrediten la realización del gasto, por parte del beneficiario.
5. Todos los documentos acreditativos de la justificación, que comprende tanto los certificados como las facturas, recibos y otros documentos justificativos de los gastos, deberán ser originales y cumplir los requisitos establecidos en la normativa fiscal que regula las obligaciones de facturación. No se admite la presentación de copias, aunque estén compulsadas, de las facturas y demás documentos acreditativos para justificar los gastos.
Los justificantes originales presentados, podrán ser marcados con una estampilla, en la que se indique la subvención para cuya justificación han sido presentados, y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención.
El beneficiario podrá solicitar en el Anexo IV.4, la devolución de sus facturas y documentos justificativos originales. Para ello deberá presentar, junto al original, una fotocopia, que se compulsará cuando se compruebe la justificación y quedará en el expediente. El original será devuelto al interesado con un sello acreditativo de que dicha factura ha servido para justificar el gasto de una actividad subvencionada por el Ministerio de Defensa.
6. Los documentos acreditativos del gasto deberán contener, al menos, los siguientes datos:
• número de factura o recibo.
• datos identificativos del emisor: nombre, apellidos o razón social, domicilio y NIF o CIF.
• datos identificativos del destinatario de los servicios.
• descripción detallada y precio unitario de la operación realizada o concepto y su importe total, importe pagado y moneda.
• lugar y fecha de emisión.
• forma de pago.
Deberá consignarse el tipo impositivo del Impuesto del Valor Añadido (IVA), aplicado o el impuesto equivalente que esté en vigor en el país de emisión de la factura. En el caso de que el IVA esté incluido dentro del precio, deberá expresarse así claramente.
7. Los documentos justificativos del gasto deberán tener fechas comprendidas entre el 1 de enero y 14 de noviembre de 2016, período de realización de los proyectos subvencionados.
8. En el caso de haber procedido al pago por medio de transferencia bancaria, a la factura o recibo se adjuntará el comprobante bancario de la transferencia.
Cuando el beneficiario haya efectuado el pago del gasto subvencionable en metálico o mediante cheque, deberá consignar, en la factura o recibo, un recibí, donde figure tanto la firma como el sello del receptor del dinero.
9. Para justificar los gastos de personal, el documento acreditativo deberá contener:
• El nombre y apellidos quien realice el servicio (perceptor).
• NIF del perceptor y su categoría profesional (y, en su caso, número de colegiado).
• Nombre y CIF de la entidad que paga al perceptor.
• Concepto por el que se le paga.
• La retención de IRPF practicada.
• Cuantía recibida –líquido a percibir.
• Fecha y firma.
– En caso de que se efectúe un contrato laboral y se aporte una nómina, éstas deberán ir firmadas por el trabajador y con el sello de la entidad. Deberá figurar claramente la categoría profesional del trabajador y el puesto de trabajo que desempeñe.
– A efectos de poder imputar a la subvención la cuantía que la persona jurídica beneficiaria retenga a cuenta en concepto de IRPF de los profesionales que intervengan en la actividad, para su posterior ingreso en la Administración Tributaria, deberá aportarse el documento acreditativo del ingreso de dichas cantidades a la Administración tributaria.
También, se considera válido un certificado firmado por la autoridad responsable de la gestión económico-financiera de la entidad, que refleje la relación de personas intervinientes en la actividad subvencionada, la cantidad retenida en concepto de IRPF a cada una de ellas, y la declaración expresa de que dichas cantidades han sido ingresadas a la Administración Tributaria.
Igualmente, para poder justificar con cargo a la subvención la cuantía correspondiente a las cotizaciones que se ingresen a la Seguridad Social o Mutualidad correspondiente, deberá aportarse un certificado emitido por la autoridad responsable de la gestión financiera de la entidad beneficiaria que acredite dicho ingreso.
Si no se aportasen los citados documentos acreditativos, la cantidad que se considerará imputable a la subvención es la correspondiente al importe neto.
En caso de estimarlo oportuno para cotejar los datos, el órgano concedente podrá requerir los documentos acreditativos del pago de la Seguridad Social, TC1 y TC2 de los trabajadores cuyas nóminas se presentan.
– Para justificar las gratificaciones o asistencias que otorgue la entidad beneficiaria de una subvención, a algún miembro integrante de la plantilla de la entidad, en concepto de asistencias o indemnizaciones por la coordinación de jornadas, la impartición de conferencias, o apoyos puntuales a la ejecución del proyecto, deberá certificarse que dicha retribución extraordinaria corresponde a un trabajo específico desempeñado para la realización de la actividad subvencionada. En consecuencia, podrá justificarse mediante la aportación de una nómina o de un recibo.
Si se aporta una nómina en la que figure el importe de la retribución extraordinaria, deberá presentarse además un certificado firmado por el representante legal de la entidad beneficiaria, o por quien ostente cargo suficiente a efectos de representación legal en materia económica de conformidad con lo establecido en sus estatutos o norma de creación, en el que se acredite que esa persona (o una relación de varias personas) ha percibido un determinado importe (con desglose de la retención practicada) por su participación en la actividad subvencionada.
También podrá justificarse mediante un recibo firmado por el perceptor del dinero (el profesional que realiza la actividad que devenga la cantidad), que contenga los elementos descritos en este punto 9 para justificar los gastos de personal.
En ambos casos, habrá que adjuntar el documento contable oficial de la entidad beneficiaria, que acredite que se ha realizado dicho pago.
– En el caso de que se hayan formalizado becas, mediante contrato, se deberá aportar la misma documentación que la establecida en el punto anterior. En otro caso, la entidad beneficiaria deberá aportar un certificado acreditativo de la relación de becas otorgadas, beneficiarios (nombre y NIF), y los servicios que se han becado –transporte, p.ej.– junto con su importe. Se adjuntará el justificante de la transferencia bancaria o pago efectivo de estos gastos.
– En relación a la justificación de los gastos de comida o alimentación, en la comprobación de las justificaciones se exigirá que aquellos beneficiarios que hubiesen contemplado en la solicitud de la subvención que se incluyese, como gastos de personal, la comida de los conferenciantes o participantes, deberán aportar una memoria explicativa en la que se exprese que dichos gastos han sido motivados como consecuencia de la realización de la actividad subvencionada, el lugar de celebración e identificación de los participantes. Dicha justificación permitirá verificar no sólo la realización del gasto, sino la existencia de la relación directa de los gastos de comida con las conferencias y actividades subvencionadas.
– En relación con los gastos generados por los conferenciantes, ponentes o participantes en programas objeto de subvención, cuando se trate de personal destinado en el Ministerio de Defensa y sus organismos dependientes, en el apartado decimosexto se establecen determinados tipos de gasto que pueden justificarse con cargo a la subvención concedida. A efectos de justificar la situación del personal destinado en el Ministerio de Defensa y sus organismos dependientes, el beneficiario deberá aportar una declaración responsable firmada por la persona, militar o civil, que participa en la actividad, en la que se exprese cuál es su situación y su destino en la fecha de realización de la actividad subvencionada.
10. Cuando en la comprobación de la justificación se aprecie la existencia de defectos subsanables, se pondrá en conocimiento del interesado, disponiendo éste de un plazo de diez días para su corrección. La comunicación se podrá efectuar por correo electrónico, fax o correo certificado. En caso de no subsanarse la justificación, la liquidación provisional tendrá el carácter de definitiva.
11. En el caso de incumplimiento total de la obligación de justificar el gasto, por parte del beneficiario, el órgano instructor no procederá a gestionar el pago de la subvención concedida.
En el supuesto de incumplimiento parcial, el órgano instructor gestionará el pago parcial de la misma, en función de la parte de la actividad desarrollada y justificada, respecto del proyecto total planteado en la solicitud. Se tendrá en cuenta la adecuación de las actividades desarrolladas al proyecto aprobado.
Decimoctavo. Subcontratación.
1. La subcontratación deberá respetar los requisitos y condiciones que establecen el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. En el supuesto contemplado en el punto 3 del artículo 29 de la Ley antedicha, el beneficiario deberá solicitar por escrito a la Secretaría General de Política de Defensa la preceptiva autorización del órgano concedente.
Decimonoveno. Pago de las subvenciones concedidas.
1. El pago de estas subvenciones se realizará mediante transferencia bancaria una vez dictada la Orden de concesión, cuando se haya realizado la actividad subvencionada, y se haya justificado adecuadamente la misma, conforme a lo establecido en la Orden de convocatoria y en la Orden de concesión.
2. En caso de que el beneficiario incumpla la obligación de desarrollar el proyecto subvencionado según lo previsto en la solicitud y con sujeción a las condiciones impuestas, en su caso, por la Orden de concesión, o incumpla la obligación de justificación conforme a lo señalado en la normativa vigente y en las Órdenes de convocatoria y de concesión, el órgano concedente determinará que no procede el pago de la subvención en caso de incumplimiento total.
Procederá al pago parcial de la misma en el supuesto de incumplimiento parcial, graduándose con arreglo a criterios de proporcionalidad, en función de las actividades realizadas y correctamente justificadas respecto a la totalidad del proyecto.
3. Según lo estipulado en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el momento de proceder al pago, deberán estar vigentes las acreditaciones de que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No podrá realizarse el pago en tanto el beneficiario sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
4. Será condición indispensable que el beneficiario figure dado de alta en la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad, a efectos de su cobro obligatorio por transferencia (Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio). El beneficiario comunicará al órgano instructor, dentro de la justificación del proyecto subvencionado, el número de cuenta bancaria a efectos del cobro de la subvención.
5. De conformidad con lo dispuesto en el apartado quinto de esta convocatoria, referente a la compatibilidad con otras subvenciones, en caso de que el beneficiario obtenga otra subvención para realizar la misma actividad, si se conoce la concesión de la otra ayuda antes de procederse al pago, la Secretaría General de Política de Defensa minorará la cantidad que debe pagarse al beneficiario para que no exceda del coste de la actividad subvencionada.
Vigésimo. Incumplimientos y reintegro.
1. Toda alteración de las condiciones consideradas para la concesión de una subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones otorgadas por organismos públicos o privados para la misma actividad, incumpliendo el régimen previsto en esta Orden o en la Orden de concesión, podrá dar lugar a la modificación de la concesión, o en su caso, a la anulación de la misma.
2. En caso de incumplimiento de las condiciones del proyecto subvencionado, para su graduación se aplicará lo establecido en el apartado decimonoveno, punto 2.
3. Reintegro. Conforme a lo dispuesto en los Títulos II y III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en el desarrollo de las funciones de control financiero los órganos competentes podrán determinar que procede el reintegro de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención, cuando concurran las causas legalmente establecidas.
Lo señalado en el párrafo anterior se aplicará en particular, en los casos en que el beneficiario hubiera obtenido la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello, o hubiese incumplido la finalidad para la que le fue concedida o las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento, o no hubiere justificado adecuadamente el cumplimiento de la finalidad para la que se le otorgó.
Las cantidades a reintegrar tendrán, a efectos de su cobranza, la consideración de ingresos de derecho público.
4. En todo caso, se tendrán en cuenta las siguientes normas:
a) El reintegro será total cuando no se hubieran realizado las actividades comprometidas y cuando se hubiesen realizado parcialmente, será proporcional a la parte no realizada.
b) La obtención concurrente de ayudas y subvenciones que no hayan sido previamente comunicadas dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas, en la cuantía en que se haya superado el coste de la actividad subvencionada y hasta el límite de la cuantía otorgada por estas subvenciones.
Vigesimoprimero. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Asimismo, quedarán sometidos a lo dispuesto en el capítulo II del Título IX de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 67 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Vigesimosegundo. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso administrativo de reposición ante el Ministro de Defensa, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación o al de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Vigesimotercero. Régimen general y normativa aplicable.
En la presente convocatoria serán aplicables: la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y la Orden DEF/186/2015, de 9 de febrero («BOE» núm. 36 de 11 de febrero).
La concurrencia a esta convocatoria implica la aceptación de lo dispuesto en la legislación aplicable y en la presente Orden de convocatoria.
Vigesimocuarto. Relación de anexos.
Con la finalidad de facilitar la labor de los peticionarios, a continuación se detallan los anexos citados en el apartado noveno –documentación necesaria para la solicitud-, agrupados en función de la naturaleza del solicitante, si es persona física, persona jurídico-pública o persona jurídico-privada:
Anexos correspondientes a las personas físicas:
Solicitud:
• Anexo I A. Instancia de solicitud personas físicas.
• Anexo II.1 A. Declaración responsable. Personas físicas.
• Anexo II.2 A (opcional). Solicitud de la entidad solicitante para no aportar determinados documentos. Personas físicas.
• Anexo III. Memoria del proyecto.
Justificación:
• Anexo IV.1 A. Certificado del beneficiario. Personas físicas.
• Anexo IV.2. Memoria justificativa del proyecto realizado.
• Anexo IV.3. Memoria económica.
• Anexo IV.4. Solicitud de devolución de facturas originales.
Anexos correspondientes a las personas jurídico públicas:
Solicitud:
• Anexo I B. Instancia de solicitud personas jurídicas (públicas y privadas).
• Anexo II.1 B. Declaración responsable. Personas jurídico públicas.
• Anexo II.2 B (opcional). Solicitud de la entidad solicitante para no aportar determinados documentos. Personas jurídico – públicas.
• Anexo III. Memoria del proyecto.
Justificación:
• Anexo IV.1 B. Certificado del beneficiario. Personas jurídicas.
• Anexo IV.2. Memoria justificativa del proyecto realizado.
• Anexo IV.3. Memoria económica.
• Anexo IV.4. Solicitud de devolución de facturas originales.
Anexos correspondientes a las personas jurídico privadas:
Solicitud:
• Anexo I B. Instancia de solicitud personas jurídicas (públicas y privadas).
• Anexo II.1 C. Declaración responsable. Personas jurídico privadas.
• Anexo II.2 C (opcional). Solicitud de la entidad solicitante para no aportar determinados documentos. Personas jurídico – privadas.
• Anexo III. Memoria del proyecto.
Justificación:
• Anexo IV.1 B. Certificado del beneficiario. Personas jurídicas.
• Anexo IV.2. Memoria justificativa del proyecto realizado.
• Anexo IV.3. Memoria económica.
• Anexo IV.4. Solicitud de devolución de facturas originales.
Anexo con el logotipo institucional:
• Anexo V. Logotipo de la Secretaría General de Política de Defensa.
Vigesimoquinto. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de septiembre de 2015.–El Ministro de Defensa, P. D. (Orden DEF/186/2015, de 9 de febrero), el Secretario General de Política de Defensa, Alejandro Alvargonzález San Martín.
SUBVENCIONES PARA PROMOVER LA CULTURA DE DEFENSA/2016
ANEXO I.A
Instancia de solicitud de Personas Físicas
ANEXO I.B (2016)
Instancia de solicitud Personas Jurídicas
ANEXO II.1 A (2016)
Declaración responsable
ANEXO II.1 B (2016)
Declaración responsable
ANEXO II.1 C (2016)
Declaración responsable
ANEXO II.2 A
Solicitud del solicitante para no aportar determinados documentos
ANEXO II.2 B (2016)
Solicitud de la entidad solicitante para no aportar determinados documentos
ANEXO II.2 C (2016)
Solicitud de la entidad solicitante para no aportar determinados documentos
ANEXO III (2016)
Memoria del proyecto
ANEXO IV.1 A (2016)
Certificado del beneficiario
ANEXO IV.1 B (2016)
Certificado del beneficiario
ANEXO IV.2 (2016)
Memoria justificativa del proyecto realizado
ANEXO IV.3 (2016)
Memoria económica
ANEXO IV.4 (2016)
Solicitud de devolución de facturas originales
ANEXO V
Logotipo de la Secretaría General de Política de Defensa
Las actividades subvencionadas deberán utilizar con carácter general el modelo de logotipo que figura a continuación:
Pautas para la utilización del logotipo: Se utilizará siempre, en las ampliaciones o reducciones, guardando las proporciones del modelo y las normas de reproducción, debiéndose colocar en el lugar preferencial del soporte a difundir con la misma categoría que el logotipo de la entidad subvencionada.
Leyenda: Además del logotipo, en todos los casos se deberá incluir una leyenda que exprese que la actividad se ha realizado con la ayuda de la Secretaría General de Política de Defensa, similar al enunciado «Esta actividad ha recibido una subvención de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa». | 136.934 euros para proyectos que promuevan la "cultura de la Defensa". | Según lo dispuesto en el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, corresponde a la Secretaría General de Política de Defensa, el impulso de las relaciones institucionales y la difusión de la cultura de seguridad y defensa, así como el fomento de la conciencia de defensa nacional.
La Orden DEF/186/2015, de 9 de febrero («BOE» núm. 36 de 11 de febrero), establece las bases reguladoras de estas subvenciones.
De acuerdo con la citada normativa se publican las normas de procedimiento para la gestión de las subvenciones, correspondientes al año 2016, a las que le serán de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Primero. Objeto y finalidad.
1. Objeto. Por la presente Orden se publican las normas de procedimiento para la gestión de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, como apoyo a la realización de actividades de fomento y difusión de la cultura de defensa, que promuevan el conocimiento de la Defensa como elemento esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de España y de los españoles.
Esta convocatoria se destina a los proyectos o actividades que se realicen desde el 1 de enero hasta el 14 de noviembre de 2016.
2. Finalidad. Las subvenciones reguladas por la presente Orden tienen como finalidad impulsar la realización de las actividades de fomento y difusión de la cultura de defensa que promuevan el conocimiento de la Defensa como elemento esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de España y de los españoles, con el fin de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario mediante el cual las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales.
Segundo. Tipos de actividades y prioridades.
1. Tipos de actividades. Según lo dispuesto en la citada Orden DEF/186/2015 de 9 de febrero, podrán optar a las subvenciones actividades como cursos, seminarios, jornadas de debate y conferencias, exposiciones y otras actividades de carácter divulgativo, que tengan especial incidencia en el ámbito universitario y en la enseñanza primaria y secundaria, sobre:
– La defensa como elemento esencial del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de España y de los españoles.
– El análisis de los riesgos y las amenazas actuales para la seguridad, los instrumentos necesarios para garantizar la defensa (los recursos humanos y materiales y los presupuestos).
– La seguridad compartida con socios y aliados y las misiones de las Fuerzas Armadas.
– Las misiones de las Fuerzas Armadas.
– Los proyectos y actos conmemorativos que pongan en valor la historia militar y el patrimonio cultural de las Fuerzas Armadas españolas.
2. Prioridades. Conforme a lo establecido en el documento de planificación estratégica de subvenciones de la Secretaría General de Política de Defensa de aplicación en el ejercicio 2016, para la valoración de los proyectos en la presente convocatoria, se tendrán en consideración, de forma prioritaria:
– Los proyectos que profundicen en el análisis de los riesgos y amenazas actuales a la seguridad y los instrumentos para contrarrestarlos, de conformidad con las líneas establecidas por la Estrategia de Seguridad Nacional y la Directiva de Defensa Nacional.
– Las actividades organizadas por Universidades y centros asociados a las mismas, instituciones de carácter docente de enseñanza primaria y secundaria, centros de pensamiento, colegios profesionales y entidades de la sociedad civil u otras con proyección social, de forma que se optimice el alcance de la actividad subvencionada y ésta repercuta en sectores destacados de la población.
3. No podrán, sin embargo, optar a subvención:
– La impartición de asignaturas o ciclos formativos pertenecientes a las enseñanzas regladas.
– La edición de publicaciones, salvo que formen parte de la acción divulgativa de la actividad principal.
Tercero. Beneficiarios y requisitos.
1. Podrán obtener la condición de beneficiario:
a) Las personas jurídicas, públicas o privadas, que carezcan de ánimo de lucro, y tengan su domicilio social en España.
b) Las personas físicas que tengan su domicilio en España.
Siempre que, tanto las personas comprendidas en el epígrafe a), como las personas comprendidas en el epígrafe b), cumplan los demás requisitos establecidos en la presente Orden de convocatoria, reúnan las condiciones y la experiencia idóneas para garantizar el cumplimiento del objeto y la finalidad fijados en el apartado primero y no se encuentren incursas en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en los términos previstos en los artículos 18 al 21, ambos inclusive, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
2. Las personas jurídicas, públicas o privadas, deberán estar legalmente constituidas e inscritas en el registro público correspondiente, en la fecha en que se presente la solicitud.
3. Se excluirán como beneficiarios:
a) Las unidades, centros y organismos con dependencia orgánica del Ministerio de Defensa.
b) El personal que dependa orgánica o funcionalmente del órgano concedente de las subvenciones y el personal de los organismos que estén representados en la Comisión de Valoración.
Cuarto. Imputación presupuestaria y cuantía de las subvenciones.
Los créditos presupuestarios a los que se imputan las subvenciones, pertenecen al presupuesto de gastos del Ministerio de Defensa para el año 2016.
La cuantía máxima estimada asciende a ciento treinta y seis mil novecientos treinta y cuatro euros (136.934€), pertenecientes a la aplicación presupuestaria 14.01.121M2.485.03.
Asimismo, se fija una cuantía
### RESUMEN: 136.934 euros para proyectos que promuevan la "cultura de la Defensa". |
La entidad «Apocalipsis Funerarios Reunidos, S.A. de Seguros», inscrita en el Registro administrativo de entidades aseguradoras previsto en el artículo 74.1 del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, ha presentado en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones solicitud de autorización administrativa para ampliar su actividad aseguradora al ramo de defensa jurídica, ramo 17 de la clasificación de los riesgos por ramos prevista en el artículo 6 del citado texto refundido.
De la documentación que se adjunta a la solicitud formulada se desprende que la entidad ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.3 del citado texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y en el artículo 7 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, para la ampliación de la actividad aseguradora al ramo solicitado.
En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, he resuelto:
Autorizar a la entidad «Apocalipsis Funerarios Reunidos, S.A. de Seguros» a operar en el ramo de defensa jurídica, ramo 17 de la clasificación de los riesgos por ramos prevista en el artículo 6 del citado Texto Refundido.
Contra la presente Orden ministerial, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el Sr. Ministro de Economía y Competitividad en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1.a), 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 15 de octubre de 2012.–El Ministro de Economía y Competitividad, P. D. (Orden ECC/1695/2012, de 27 de julio), el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre. | Apocalipsis Funerarios Reunidos ya puede operar en España. | La entidad «Apocalipsis Funerarios Reunidos, S.A. de Seguros», inscrita en el Registro administrativo de entidades aseguradoras previsto en el artículo 74.1 del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, ha presentado en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones solicitud de autorización administrativa para ampliar su actividad aseguradora al ramo de defensa jurídica, ramo 17 de la clasificación de los riesgos por ramos prevista en el artículo 6 del citado texto refundido.
De la documentación que se adjunta a la solicitud formulada se desprende que la entidad ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.3 del citado texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y en el artículo 7 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, para la ampliación de la actividad aseguradora al ramo solicitado.
En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, he resuelto:
Autorizar a la entidad «Apocalipsis Funerarios Reunidos, S.A. de Seguros» a operar en el ramo de defensa jurídica, ramo 17 de la clasificación de los riesgos por ramos prevista en el artículo 6 del citado Texto Refundido.
Contra la presente Orden ministerial, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el Sr. Ministro de Economía y Competitividad en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1.a), 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 15 de octubre de 2012.–El Ministro de Economía y Competitividad, P. D. (Orden ECC/1695/2012, de 27 de julio), el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre.
### RESUMEN: Apocalipsis Funerarios Reunidos ya puede operar en España. |
En el contexto de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) en materia de centralización de contratos de servicios y suministros, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En el citado Real Decreto se crea la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación como órgano directivo adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En ese mismo ámbito de la contratación de servicios y suministros, el propio Informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas planteaba una ampliación del ámbito objetivo de la contratación centralizada proponiendo una serie de categorías de contratos de suministros y servicios susceptibles de centralizar.
En este momento, los análisis realizados por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación permiten proponer nuevas categorías de contratación centralizada. En particular, se propone el suministro de energía eléctrica, si bien, se excluyen del objeto de la centralización aquellos contratos de suministros que pudieran tener la consideración de contratos menores. Esta centralización se tramitará a través del procedimiento especial de adopción de tipo por lo que le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 3 de la orden en relación con la contratación al margen del sistema estatal de contratación centralizada.
Además, se propone la declaración de servicio centralizado de los contratos de servicios de agencias de viajes para la gestión de los desplazamientos y estancias de las personas que viajen con cargo a la Administración General del Estado. En concreto, serán objeto del contrato la gestión de la reserva, emisión, modificación, anulación y entrega de los billetes de transporte aéreo, terrestre y marítimo, la gestión de las reservas de alojamiento, los servicios de alquiler de vehículos y cualquier otro servicio propio del ámbito de actuación de las agencias de viaje, como por ejemplo, la organización de eventos o los seguros de viaje. Esta centralización se realizará a través de la conclusión del correspondiente contrato por lo que le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 de la orden en relación con la contratación al margen del sistema estatal de contratación centralizada.
Asimismo, aparte de analizar nuevas categorías de bienes y servicios, se está procediendo a evaluar el funcionamiento de las categorías de bienes y servicios que se encontraban centralizadas. De este análisis se ha determinado la necesidad de suprimir la centralización de los equipos de climatización, ya que a la vista de las autorizaciones de excepción tramitadas en los últimos años, se deduce que los equipos más demandados quedan fuera del ámbito de contratación centralizada, bien por ser contratos mixtos, bien por ser contratos de obras.
En consecuencia, en tanto se analiza la posibilidad de tramitar un nuevo procedimiento especial de adopción de tipo que aborde de forma eficiente e integral la contratación de las instalaciones de climatización y el suministro de equipos, se considera conveniente descentralizar la adquisición de equipos.
La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, en el ejercicio de las funciones atribuidas en el artículo 22.1.c) del Real Decreto 256/2012, ha tramitado la propuesta para elevar al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la declaración de los contratos citados como contratos centralizados, conforme al artículo 206 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado ha emitido informe a la presente orden conforme a la disposición adicional primera del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En su virtud dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada.
La Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, queda modificada como sigue:
Uno. Se suprime el octavo párrafo del artículo 1 relativo a «Equipos de climatización».
Dos. Se añade un último párrafo al artículo 1, con la siguiente redacción:
«Suministro de energía eléctrica, con exclusión de aquellos suministros que puedan tramitarse mediante contrato menor.»
Tres. Se añade una nueva letra g) al artículo 2 con la siguiente redacción:
«g) Los contratos de servicios de agencias de viajes.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con excepción del apartado uno del artículo único que entrará en vigor en el plazo de un mes desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 25 de julio de 2014.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero. | Pasan a ser de contratación centralizada: electricidad y agencias de viajes Se suman a publicidad, telecomunicaciones y limpieza | En el contexto de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) en materia de centralización de contratos de servicios y suministros, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En el citado Real Decreto se crea la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación como órgano directivo adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En ese mismo ámbito de la contratación de servicios y suministros, el propio Informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas planteaba una ampliación del ámbito objetivo de la contratación centralizada proponiendo una serie de categorías de contratos de suministros y servicios susceptibles de centralizar.
En este momento, los análisis realizados por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación permiten proponer nuevas categorías de contratación centralizada. En particular, se propone el suministro de energía eléctrica, si bien, se excluyen del objeto de la centralización aquellos contratos de suministros que pudieran tener la consideración de contratos menores. Esta centralización se tramitará a través del procedimiento especial de adopción de tipo por lo que le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 3 de la orden en relación con la contratación al margen del sistema estatal de contratación centralizada.
Además, se propone la declaración de servicio centralizado de los contratos de servicios de agencias de viajes para la gestión de los desplazamientos y estancias de las personas que viajen con cargo a la Administración General del Estado. En concreto, serán objeto del contrato la gestión de la reserva, emisión, modificación, anulación y entrega de los billetes de transporte aéreo, terrestre y marítimo, la gestión de las reservas de alojamiento, los servicios de alquiler de vehículos y cualquier otro servicio propio del ámbito de actuación de las agencias de viaje, como por ejemplo, la organización de eventos o los seguros de viaje. Esta centralización se realizará a través de la conclusión del correspondiente contrato por lo que le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 de la orden en relación con la contratación al margen del sistema estatal de contratación centralizada.
Asimismo, aparte de analizar nuevas categorías de bienes y servicios, se está procediendo a evaluar el funcionamiento de las categorías de bienes y servicios que se encontraban centralizadas. De este análisis se ha determinado la necesidad de suprimir la centralización de los equipos de climatización, ya que a la vista de las autorizaciones de excepción tramitadas en los últimos años, se deduce que los equipos más demandados quedan fuera del ámbito de contratación centralizada, bien por ser contratos mixtos, bien por ser contratos de obras.
En consecuencia, en tanto se analiza la posibilidad de tramitar un nuevo procedimiento especial de adopción de tipo que aborde de forma eficiente e integral la contratación de las instalaciones de climatización y el suministro de equipos, se considera conveniente descentralizar la adquisición de equipos.
La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, en el ejercicio de las funciones atribuidas en el artículo 22.1.c) del Real Decreto 256/2012, ha tramitado la propuesta para elevar al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la declaración de los contratos citados como contratos centralizados, conforme al artículo 206 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado ha emitido informe a la presente orden conforme a la disposición adicional primera del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En su virtud dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada.
La Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, queda modificada como sigue:
Uno. Se suprime el octavo párrafo del artículo 1 relativo a «Equipos de climatización».
Dos. Se añade un último párrafo al artículo 1, con la siguiente redacción:
«Suministro de energía eléctrica, con exclusión de aquellos suministros que puedan tramitarse mediante contrato menor.»
Tres. Se añade una nueva letra g) al artículo 2 con la siguiente redacción:
«g) Los contratos de servicios de agencias de viajes.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con excepción del apartado uno del artículo único que entrará en vigor en el plazo de un mes desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 25 de julio de 2014.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.
### RESUMEN: Pasan a ser de contratación centralizada: electricidad y agencias de viajes Se suman a publicidad, telecomunicaciones y limpieza |
El Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales, establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad determinando sus órganos superiores y directivos hasta el nivel orgánico de dirección general.
Por su parte, el Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales, desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Economía y Competitividad determinando sus órganos superiores y directivos hasta el nivel orgánico de subdirección general y definiendo las competencias de cada uno de estos órganos. Por último, el Real Decreto 226/2014, de 4 de abril, modifica la estructura del Ministerio de Economía y Competitividad en lo que respecta a la Secretaría de Estado de Comercio.
La experiencia reciente ha mostrado la importancia que tiene para la economía en su conjunto el contar con una Administración capaz de desarrollar un marco regulatorio y supervisor nacional que garantice la estabilidad del conjunto del sistema financiero, tanto en el contexto del sector bancario, como en el sector asegurador y del mercado de valores, preservando, además, el principio de máxima protección al consumidor y usuario de servicios financieros.
En el actual contexto de consolidación presupuestaria se considera prioritario dotar a la Administración con los medios necesarios que le permitan racionalizar e impulsar la máxima eficiencia en la gestión financiera del Estado. Para lograr este objetivo se crea la Dirección General del Tesoro, con tres campos prioritarios de actuación. En primer lugar, optimizar la gestión de la deuda pública con el objetivo de reducir al máximo la carga de intereses. En segundo lugar, racionalizar y centralizar la gestión de la tesorería del Estado en el marco de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, instrumento que ofrece igualmente la oportunidad de alcanzar un volumen de ahorro significativo. Por último, desempeñar adecuadamente el papel creciente del Tesoro en la gestión de las medidas de apoyo financiero a la economía y, en particular, a la financiación del Fondo de Liquidez Autonómico, establecido mediante Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero y del Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores.
En el sector asegurador, la entrada en vigor en enero de 2016 de la Directiva «Solvencia II» y la Directiva «Ómnibus II» que la completa, implica la introducción de un régimen de solvencia moderno y basado en los riesgos para la industria de seguros en Europa. Para llevar a cabo el nuevo proceso de supervisión y dar cumplimiento a las nuevas funciones encomendadas por la Directiva «Solvencia II», resulta necesario reforzar la capacidad de actuación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de forma que se de respuesta a los retos derivados de esta iniciativa, tanto a nivel regulatorio como de control y supervisión. Por este motivo, se crea en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones una nueva Subdirección General de Solvencia. Por otro lado, se da nueva denominación a la Subdirección General de Seguros y Política Legislativa que se convierte en la Subdirección General de Seguros y Regulación, y a la Subdirección General de Ordenación del Mercado de Seguros, que pasa a denominarse Subdirección General de Ordenación y Mediación en Seguros.
Por último, se aprovecha la asignación de nuevas funciones y la reasignación de competencias dentro de la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa para reorganizar, optimizar y clarificar las funciones de los diferentes centros directivos dependientes de la misma.
Los objetivos y circunstancias expuestos orientan y justifican la necesidad de modificar la estructura de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa prevista en el Real Decreto 1887/2011 de 30 de diciembre.
Con este fin, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera asume parte de las competencias que hasta ahora correspondían a la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional, al tiempo que reorganiza sus funciones en nueve Subdirecciones Generales. De la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera dependen directamente la Subdirección General de Legislación y Política Financiera, la Subdirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, la Subdirección General de Análisis Estratégico y Sistema Financiero Internacional y la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Asimismo, integrada en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, se crea la Dirección General del Tesoro de la que dependen la Subdirección General del Tesoro, la Subdirección General de Financiación y Gestión de la Deuda Pública, la Subdirección de Economía y Financiación Internacional y la Subdirección General de Informática y de Gestión. Por último la Subdirección General de Medidas de Apoyo Financiero, asume nuevas funciones y cambia su denominación a Subdirección General de Coordinación de Emisores Públicos.
Por otro lado, dentro de la Dirección General de Política Económica, la Subdirección General de Ordenamiento Jurídico Económico y la Subdirección General de Competencia y Regulación Económica, pasan a denominarse Subdirección General de Análisis de la Política Económica y Financiación de la Empresa y Subdirección General de Unidad de Mercado, Mejora de la Regulación y Competencia respectivamente, al tiempo que se clarifican las funciones que asumen.
Adicionalmente, dependiente de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional, la Subdirección General de Economía y Financiación Internacional pasa a depender de la Dirección General del Tesoro.
Por último, se recoge la adscripción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Economía y Competitividad, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Publicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de agosto de 2014,
DISPONGO:
Artículo primero. Modificación del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
El artículo 12.1.A) del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales queda redactado como sigue:
«A) La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, de la que dependen los siguientes órganos directivos:
1.º La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, con rango de Subsecretaría, de la que a su vez depende la Dirección General del Tesoro.
2.º La Dirección General de Política Económica.
3.º La Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional.
4.º La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.»
Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales.
El Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales, queda modificado como sigue:
Uno. El apartado 2 del artículo 2 queda redactado en los siguientes términos:
«2. De la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa dependerán directamente los siguientes órganos directivos:
a) La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, con rango de Subsecretaría, de la que a su vez depende la Dirección General del Tesoro.
b) La Dirección General de Política Económica.
c) La Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional.
d) La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.»
Dos. El apartado 6 del artículo 2 queda redactado en los siguientes términos:
«6. Se adscriben al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa:
a) El Instituto Nacional de Estadística.
b) El Instituto de Crédito Oficial.
c) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
d) La Comisión Nacional del Mercado de Valores.»
Tres. El artículo 3 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 3. Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
1. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera tiene las competencias que le atribuye la legislación vigente y, en particular, las siguientes:
a) La gestión de la tesorería del Tesoro público, la ordenación general de pagos, la tramitación de los pagos en el exterior, la acuñación de moneda, la gestión de las relaciones financieras entre el Tesoro público y el Instituto de Crédito Oficial, la canalización de los pagos de la Administración General del Estado a la Unión Europea y de todas aquellas aportaciones que la Unión Europea realice a las Administraciones Públicas para financiar acciones en España, la autorización y control de las cuentas del Tesoro público y la dirección de la gestión recaudatoria de los recursos públicos no tributarios ni aduaneros.
b) La gestión y administración de la Caja General de Depósitos.
c) El impulso y coordinación de las actuaciones de promoción de la educación y la capacitación financieras, así como de la representación española en la Red Internacional de Educación Financiera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
d) El estudio, propuesta y gestión del endeudamiento del Estado, así como de la estructura y riesgos financieros de la cartera de deuda del Estado, y la promoción de la distribución y liquidez de la deuda del Estado.
e) El apoyo y asesoramiento a las actividades propias del Comité Interministerial de Financiación Exterior.
f) La tramitación y gestión de los avales de la Administración General del Estado. En cuanto le estén atribuidas, la autorización y coordinación del endeudamiento de otros entes públicos o con garantía pública, de las sociedades concesionarias de autopistas que disfruten de seguro de cambio y de las emisiones de valores en el mercado español por no residentes.
g) La gestión del pasivo y de la tesorería del Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, así como las funciones que sean atribuidas a la Secretaría General en relación con el endeudamiento de las comunidades autónomas, la aplicación a éstas de la normativa de estabilidad presupuestaria y la fijación del principio de prudencia financiera. Asimismo, le corresponde el apoyo y asesoramiento técnico cuando sea requerido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el marco de las competencias atribuidas a la Secretaría General.
h) El estudio, propuesta y gestión de las medidas de apoyo financiero de carácter excepcional que sean adoptadas, así como la gestión de aquellas otras medidas que le sean encomendadas, en relación con el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF), el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
i) El diseño, desarrollo, contratación y gestión de las aplicaciones informáticas relacionadas con las funciones encomendadas a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, así como las competencias relativas a la gestión de los medios materiales y presupuestarios asignados a la misma, sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Administración General del Estado y a la Dirección de Contratación Centralizada, a la Intervención General de la Administración del Estado en relación con el sistema integrado de información contable y, en todo caso, en coordinación con la Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Subsecretaría.
j) La gestión de los registros oficiales de instituciones, entidades y mercados financieros que le esté encomendada, la tramitación de las autorizaciones relativas a aquéllos, las funciones de gestión y control previo de actividades en los mercados financieros que le estén atribuidas, así como el análisis y seguimiento de la evolución de las instituciones y mercados financieros y la propuesta de ordenación de éstos.
k) El ejercicio de las funciones de inspección financiera que le estén atribuidas.
l) La dirección, desarrollo y ordenación de la política financiera y la elaboración y tramitación de las disposiciones relativas a las entidades financieras y de crédito, a los mercados de valores, a los sistemas e instrumentos de pago, al régimen de sociedades cotizadas y buen gobierno corporativo y de defensa y protección de los usuarios de servicios financieros, así como a los movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior, salvo las disposiciones relativas a inversiones exteriores, en cuyo caso, corresponderá la emisión de informe preceptivo previo sobre su adecuación a la normativa sobre la actividad financiera.
m) La representación de la Administración General del Estado en el Comité Europeo Bancario, en el Comité Europeo de Valores, en el Comité Europeo de Conglomerados Financieros, en el Subcomité Europeo de Moneda y en los grupos de trabajo que dependan de ellos, así como en el Comité de Mercados Financieros y en el Grupo Directivo de Gobierno Corporativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y en los Comités Técnicos de la Unión Europea en materia de entidades de crédito, mercados financieros, instituciones de inversión colectiva y gestión de la Deuda pública y otras materias financieras en el marco de competencias de esta Secretaría General.
n) La investigación e inspección que resulten necesarias para prevenir y corregir las infracciones de las normas sobre régimen jurídico de movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior. La iniciación y tramitación de expedientes sancionadores en materia de movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior en el marco de las competencias que establece la Ley 19/2003, de 4 de julio. Las competencias relativas a las obligaciones de bloqueo, congelación o inmovilización de recursos económicos y otras referentes a transferencias de fondos, derivadas de sanciones financieras y medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea o por organismos internacionales en los que España sea parte.
ñ) Las competencias de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y, en particular, el ejercicio de las funciones de Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, así como la coordinación de la representación de España en los foros internacionales de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
o) El asesoramiento en relación con las inversiones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y la participación en la Comisión de evaluación de los proyectos de fondos de titulización de préstamos a las PYMES (FTPYMES) y el seguimiento de los FTPYMES.
p) La representación de la Administración General del Estado en el Comité de Servicios Financieros de la Unión Europea y en sus grupos de trabajo, así como el impulso de la cooperación entre las autoridades competentes en materia de estabilidad financiera en el marco del Comité de Estabilidad Financiera y la representación de la Administración General del Estado en el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y en sus grupos de trabajo.
q) La elaboración de convenios monetarios con terceros países, salvo aquellos relacionados con la gestión de la deuda que el Estado español ostenta como acreedor, y los aspectos monetarios relacionados con la Unión Monetaria.
r) La representación permanente de España y la coordinación en materia de política económica y financiera ante el Fondo Monetario Internacional, así como la definición de la posición española en esta Institución y la negociación, tramitación y gestión de aportaciones a fondos fiduciarios en la misma. Asimismo, el análisis y seguimiento de la situación internacional en lo relativo al sistema financiero internacional, a las necesidades internacionales de financiación y a la arquitectura financiera internacional. Igualmente, le corresponde la representación de España en el G20 y sus grupos de trabajo dentro del circuito de economía y finanzas.
s) La representación permanente y la coordinación de la política de España en el Grupo del Banco Europeo de Inversiones así como en los fondos multidonantes gestionados o cogestionados por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones.
t) La gestión del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico y la participación en sus órganos rectores.
u) La coordinación y la representación de la Administración General del Estado en el Comité Económico y Financiero de la Unión Europea y en sus grupos de trabajo, participando en los trabajos del Consejo ECOFIN y del Eurogrupo; así como la preparación, coordinación y representación de los intereses españoles en el Foro de Diálogo Económico Asia-Europa (ASEM). Asimismo, le corresponderá la representación externa del euro en los foros internacionales.
v) El seguimiento y análisis de la evolución de los mercados financieros nacionales e internacionales, incluyendo la elaboración de informes periódicos.
w) La negociación, reestructuración, conversión y gestión, bilateral y multilateral, de la deuda externa que el Estado español ostenta como acreedor, así como la representación de España en el Club de París y la definición de la posición española en materia de deuda externa.
x) El análisis y valoración de las condiciones financieras y garantías de la financiación reembolsable otorgada por España, en particular, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) y al Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), para garantizar su coherencia con la política de gestión de la deuda externa.
y) La elaboración y la coordinación de las posiciones del departamento en relación con la política de financiación externa de la Unión Europea, la representación de España en fondos multidonantes de inversión dentro de ese marco, así como la representación con carácter titular en las instancias en el marco de la Convención de Cotonou, que regula las relaciones financieras entre la Unión Europea y los países ACP (África, Caribe y Pacífico).
2. De la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera depende directamente la Dirección General del Tesoro.
3. Asimismo, dependen directamente del Secretario General del Tesoro y Política Financiera las siguientes unidades con nivel de subdirección general:
a) El Gabinete Técnico, como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Secretario General.
b) La Subdirección General de Legislación y Política Financiera, que asumirá las funciones señaladas en los párrafos j), k), l) y m) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, que asumirá las funciones señaladas en el párrafo u), del apartado 1, así como las funciones del párrafo h) en lo que respecta a la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF) y al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
d) La Subdirección General de Análisis Estratégico y Sistema Financiero Internacional que asumirá las competencias señaladas en los párrafos p), q), r) y v), del apartado 1, así como, dentro de las funciones señaladas en el párrafo m), la representación en el Comité de Mercados Financieros.
e) La Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, que asumirá las funciones señaladas en los párrafos n) y ñ) del apartado 1.
4. De la Dirección General del Tesoro dependen directamente las siguientes subdirecciones generales:
a) La Subdirección General del Tesoro, que asumirá las funciones señaladas en los párrafos a) y b) del apartado 1, así como, dentro del párrafo m), la representación en el Subcomité Europeo de Moneda y en los grupos de trabajo que dependan del mismo.
b) La Subdirección General de Financiación y Gestión de la Deuda Pública, que asumirá las funciones señaladas en los párrafos d) y e), así como el párrafo j) en materia de registros, del apartado 1. Asimismo, aquellas del párrafo m) relacionadas con la gestión de la deuda pública.
c) La Subdirección General de Coordinación de Emisores Públicos, que asumirá las funciones señaladas en los párrafos c), f), g), o), s) y t) del apartado 1. Asimismo, asume funciones en materia del seguimiento de la política de endeudamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) previstas en el párrafo h).
d) La Subdirección General de Informática y de Gestión, que asumirá las funciones señaladas en el párrafo i) del apartado 1.
e) La Subdirección General de Economía y Financiación Internacional que asumirá las funciones w), x) e y) del apartado 1.
5. Para el asesoramiento jurídico de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera existirá una Abogacía del Estado, integrada orgánicamente en la del Departamento.
6. En la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera existirá una Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado con nivel orgánico de subdirección general.»
Cuatro. El artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 4. Dirección General de Política Económica.
1. Corresponden a la Dirección General de Política Económica las siguientes funciones:
a) El estudio y análisis de las directrices y orientaciones de la política económica general.
b) El estudio y análisis de la incidencia en la política económica general de la regulación del mercado de trabajo, de la formación profesional, del sistema de pensiones y del sistema de dependencia y otras actuaciones en materia de protección social.
c) El estudio, análisis y seguimiento de la dimensión económica de los siguientes ámbitos: Sistema sanitario, sistema educativo, sistema judicial y seguridad jurídica ex ante. Asimismo, le corresponde la valoración e informe de las propuestas normativas para su reforma.
d) El estudio, análisis y seguimiento de las propuestas y actuaciones dirigidas a mejorar en España el acceso a la financiación de las empresas y el clima de negocios en general. Asimismo, le corresponde la formulación de propuestas para su reforma e informe de las presentadas por otros departamentos.
e) El estudio, análisis e iniciativa de propuestas de reforma de la regulación de las reservas de actividad, las profesiones reguladas y los colegios profesionales.
f) El análisis de las propuestas de financiación de productos farmacéuticos por parte del Sistema Nacional de Salud, así como de los precios industriales máximos de los medicamentos y productos sanitarios que vayan a ser incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, con el objeto de establecer la posición de la Dirección General de Política Económica en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos.
g) Seguimiento de la regulación económica aplicada en el exterior en materia de empleo y mercado de trabajo, financiación de empresas, clima de negocios, servicios profesionales, sanidad y educación, así como de los informes, estudios y recomendaciones que sobre la política económica española se emitan desde la Unión Europea, la OCDE u otro organismo internacional.
h) Velar por la coherencia de las políticas económicas sectoriales con la política económica general, apoyando la coordinación de las diferentes políticas sectoriales.
i) Informar preceptivamente la definición y análisis de mercados de comunicaciones electrónicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sectorial.
j) Proponer conjuntamente con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo los precios de los servicios incluidos dentro del servicio universal de comunicaciones electrónicas.
k) Analizar e informar las propuestas de regulación de la estructura de tarifas, precios y peajes de los productos energéticos, así como de retribución de las actividades llevadas a cabo en el marco del sector energético, de acuerdo con la legislación vigente.
l) Analizar e informar las tarifas del transporte público regular de viajeros por carretera y las tarifas de RENFE-Operadora de transporte de viajeros de cercanías y de media distancia, de acuerdo con la legislación vigente.
m) Con carácter general estudiar y supervisar las acciones de política económica con implicaciones sobre tarifas, precios regulados, otros precios del sector público y sobre el nivel general de precios.
n) Preparar, coordinar, tramitar y supervisar las instrucciones que, conforme al Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, el Gobierno otorga al Instituto de Crédito Oficial.
ñ) Seguimiento de la regulación económica aplicada en el exterior en materia de sectores económicos, así como de los informes, estudios y recomendaciones que sobre la política económica española se emitan desde la Unión Europea, la OCDE u otro organismo internacional.
o) El estudio y fomento de la mejora de la regulación económica, en particular en el sector servicios y en materia de apoyo a la empresa y el seguimiento y participación en iniciativas comunitarias e internacionales relacionadas con la mejora de la regulación económica.
p) La representación de España en el Grupo de Expertos para la implementación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior y seguimiento de las iniciativas acordadas en dicho Grupo.
q) Ejercer las funciones de Secretaría del Comité para la Mejora de la Regulación previsto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
r) El análisis, fomento y propuesta de iniciativas de reducción o eliminación de barreras a la unidad de mercado, en coordinación con la Dirección General de Comercio Interior cuando corresponda, y al acceso y al ejercicio de las actividades económicas. Asimismo, el ejercicio de las funciones de Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado prevista en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
s) La valoración de las concentraciones económicas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
t) La elaboración de las propuestas normativas en materia de defensa de la competencia.
u) La elaboración de informes de valoración relativos a la concesión de ayudas públicas sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
v) La representación de España en el ámbito internacional en materia de competencia sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
2. La Dirección General de Política Económica se estructura en las siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Análisis de la Política Económica y Financiación de la Empresa, que asume las funciones atribuidas en los párrafos a), b), c), d), e), f) y g) del apartado 1, así como la representación de la Administración General del Estado en el Comité de Política Económica de la Unión Europea y en el Comité de Política Económica de la OCDE en lo que respecta a los ámbitos mencionados en el apartado g), sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros departamentos ministeriales.
b) La Subdirección General de Análisis Sectorial, que asume las funciones atribuidas en los párrafos h), i), j), k), l), m), n) y ñ) del apartado 1, así como la representación de la Administración General del Estado en el Comité de Política Económica de la Unión Europea y en el Comité de Política Económica de la OCDE en lo que respecta a los ámbitos mencionados en el apartado h), sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros departamentos ministeriales.
c) La Subdirección General de Unidad de Mercado, Mejora de la Regulación y Competencia, que asume las funciones atribuidas en los párrafos o), p), q), r), s), t), u) y v) del apartado 1.»
Cinco. El artículo 5 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 5. Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional.
1. Corresponden a la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional las siguientes funciones:
a) La elaboración de previsiones macroeconómicas oficiales relativas a la economía española.
b) La elaboración de previsiones sobre los principales indicadores de coyuntura de la economía española.
c) La redacción de informes de riesgos sobre la economía española, que recojan y cuantifiquen adecuadamente tanto aquellos de origen global como domésticos.
d) La formulación de previsiones sobre la zona del euro y otras economías relevantes en la definición del entorno internacional de la economía española.
e) El desarrollo y la adaptación de instrumentos cuantitativos orientados a la previsión económica, de manera especial modelos econométricos tanto univariantes como multivariantes.
f) La representación española en los Grupos de Previsiones a corto plazo de la UE y de la OCDE.
g) La interlocución con los principales organismos y foros internacionales en materia de previsiones económicas.
h) La realización de estudios de carácter estructural sobre la economía española, en particular sobre sus principales desequilibrios macroeconómicos.
i) El análisis de impacto macroeconómico de la política económica, así como la participación en la definición de la estrategia económica desde el punto de vista de las políticas macroeconómicas.
j) La preparación de proyectos normativos en las materias de competencia del centro directivo.
k) El estudio de la incidencia regional de las directrices de política económica y de la evolución de las divergencias macroeconómicas territoriales.
l) El estudio de las principales tendencias a medio y largo plazo de la economía española, en particular de su crecimiento potencial, gasto en envejecimiento y análisis de sostenibilidad de la deuda.
m) El desarrollo y la adaptación de instrumentos cuantitativos orientados al análisis estructural y la simulación.
n) La representación de España, en temas económicos, ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y en particular, en su Comité de Política Económica, sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo f).
ñ) La representación de España en el Comité de Política Económica de la Unión Europea y en sus grupos de trabajo.
o) El mantenimiento y explotación de bases de datos de indicadores económicos a nivel regional, nacional e internacional.
p) La elaboración de las operaciones estadísticas asignadas por el Plan Estadístico Nacional a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, así como la interlocución con el Instituto Nacional de Estadística en el desarrollo del Plan Estadístico Nacional en las materias de competencia de la Dirección General y la propuesta de nuevas operaciones o la mejora de las existentes.
q) El desarrollo y adaptación de instrumentos cuantitativos apropiados para el seguimiento de la coyuntura económica.
r) La elaboración periódica de notas e informes sobre la coyuntura económica nacional e internacional, desde una perspectiva global y de sectores económicos e institucionales.
s) El análisis y seguimiento de la evolución económica de las principales economías extranjeras y de las políticas macroeconómicas que apliquen.
t) La participación en la elaboración y coordinación del programa de trabajo que ha de desarrollar la red de Oficinas Económicas y Comerciales en materia de seguimiento de la actividad y la política económica, en colaboración con la Secretaría de Estado de Comercio.
u) El estudio de la incidencia de las variaciones de precios autorizados.
v) La representación permanente y la coordinación de la política de España en el Grupo del Banco Mundial y ante todos los bancos de desarrollo y otros fondos multilaterales gestionados por los mismos.
w) La negociación, tramitación y gestión de las contribuciones a fondos multidonantes, fondos multibilaterales, fondos de asistencia técnica, fondos de capacitación y otras aportaciones a instituciones financieras multilaterales, así como aquellas destinadas a la promoción de la participación de profesionales españoles en el personal de dichas instituciones, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros departamentos ministeriales y, en concreto, las previstas en el artículo 2.1.d) y desarrolladas en los artículos 5 y 10 de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo.
x) La representación permanente y coordinación de la política de España ante las instituciones financieras de ámbito europeo, exceptuando el Banco Europeo de Inversiones.
2. La Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional se estructura en las siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Análisis Coyuntural y Previsiones Económicas, que asume las funciones atribuidas en los párrafos a), b), c), d), e), f), g), o), p), q), r) y s) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Análisis Macroeconómico y Coordinación Internacional, que asume las funciones atribuidas en el párrafo h), i), j), k), l), m), n), ñ), t) y u) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales, que asume las funciones enumeradas en los párrafos v), w) y x) del apartado 1.»
Seis. El artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 6. Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
1. Corresponden a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones las siguientes funciones:
a) La preparación e impulso de proyectos normativos en las materias de competencia de la Dirección.
b) La coordinación de las relaciones en el ámbito de los seguros y reaseguros privados, mediación de seguros y reaseguros y planes y fondos de pensiones con las instituciones de la Unión Europea, con otros Estados y con organismos internacionales, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
c) La protección administrativa a los asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados y partícipes en planes de pensiones mediante la atención y resolución de las reclamaciones y quejas presentadas contra las entidades y sujetos sometidos a su supervisión.
d) La contestación a las consultas formuladas en materia de seguros y reaseguros privados, mediación en seguros y reaseguros privados y gestoras y planes y fondos de pensiones.
e) La realización de estudios sobre los sectores de seguros y reaseguros privados, mediación de seguros y reaseguros privados, y planes y fondos de pensiones.
f) El análisis de la documentación que deben remitir las entidades aseguradoras y reaseguradoras, los mediadores de seguros y reaseguros privados y las entidades gestoras de fondos de pensiones, a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para facilitar el control de su solvencia y actividad.
g) La supervisión financiera, mediante la comprobación de los estados financieros contables, el análisis económico financiero, la revisión del cumplimiento normativo, y la revisión y evaluación de los riegos y de la solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras.
h) La supervisión por inspección de las operaciones y de la actividad ejercida por las personas y entidades que actúen en el mercado de seguros y reaseguraos, de la mediación de seguros y reaseguros privados y de los planes y fondos de pensiones y de las entidades gestoras de los mismos. Comprenderá la revisión contable, la revisión de la valoración de activos y pasivos, la revisión del cumplimiento normativo general y la revisión y evaluación de los riesgos y de la solvencia.
i) El seguimiento por cualquier medio encomendado a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de las personas y entidades enumeradas en el párrafo f), ya sea previo o después de la inspección, incluyendo los procedimientos de medidas posteriores, e incluso la intervención.
j) La comprobación de los cálculos actuariales aplicados en las operaciones de seguros y reaseguros, y por los planes y fondos de pensiones y entidades gestoras de fondos de pensiones.
k) El seguimiento y la realización de cálculos financieros en relación a los activos y pasivos de entidades aseguradoras y reaseguradoras, a los mediadores de seguros y reaseguros privados, y a los planes y fondos de pensiones y entidades gestoras de fondos de pensiones.
l) El seguimiento y la participación en los grupos y comités internacionales o de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación. En especial el seguimiento activo de los Estándares, Directrices y Recomendaciones.
m) El seguimiento y participación en los Colegios de Supervisores, derivados del régimen de Solvencia II de entidades aseguradoras y reaseguradoras.
n) Los procedimientos de autorización para el cálculo del capital regulatorio basados en modelos internos o parámetros específicos,
ñ) La clasificación de los fondos propios de entidades aseguradoras, y los fondos propios complementarios, de acuerdo con la normativa de Solvencia II.
o) Los procedimientos de las autorizaciones y comunicaciones iniciales relativas al gobierno corporativo en el nuevo régimen de solvencia aplicables a las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
p) Los demás procedimientos de autorización derivados del régimen de solvencia basado en riesgo (Solvencia II).
q) El control del cumplimiento de los requisitos precisos para el acceso y la ampliación de la actividad aseguradora y reaseguradora privadas.
r) El control de los requisitos exigibles a los administradores, socios y directores de las entidades que realizan dicha actividad y a las demás personas físicas y jurídicas sujetas a la regulación de seguros privados.
s) El control en materia de fusiones, agrupaciones, cesiones de cartera, transformaciones, escisiones y otras operaciones entre entidades aseguradoras, y las iniciativas sobre medidas y operaciones que comporten una mejora en la estructura sectorial o en la de alguno de sus ramos; sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
t) El control previo para el acceso a la actividad de mediación en seguros y el desempeño de las demás funciones de vigilancia previstas en la regulación de la mediación.
u) La supervisión de las conductas y prácticas de mercado de las personas y entidades aseguradoras y reaseguradoras, mediadores de seguros y reaseguros privados, que operen en el mercado de seguros.
v) El control del cumplimiento de los requisitos que han de cumplir los planes y fondos de pensiones con arreglo a la regulación de Planes y Fondos de Pensiones.
w) El control del cumplimiento de los requisitos precisos para el acceso a la actividad por entidades gestoras de fondos de pensiones.
x) La participación y colaboración con organismos e instituciones, en relación con la actividad desarrollada en el marco de la previsión social complementaria.
y) El seguimiento y la participación en la elaboración de la normativa europea o internacional referida a planes y fondos de pensiones y a las entidades gestoras.
z) La supervisión de las conductas y prácticas de mercado de las personas y entidades que operen en relación con los planes y fondos de pensiones, así como de las entidades gestoras de fondos de pensiones.
2. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se estructura en las siguientes subdirecciones generales, que tienen encomendadas las funciones que a continuación se especifican correspondientes a las relacionadas en el apartado 1:
a) La Subdirección General de Seguros y Regulación que ejercerá las funciones señaladas en los párrafos a), b), c) y l) y en los párrafos d), e) y f) cuando correspondan a su ámbito funcional.
b) La Subdirección General de Inspección, que ejercerá las funciones señaladas en los párrafos g), h), i), j) y k), y en los párrafos d), e) y f) cuando correspondan a su ámbito funcional; así como la relación con el ICAC en el ejercicio de la regulación e interpretación de las normas contables y de auditoría; y con el Consorcio de Compensación de Seguros en el ejercicio de su actividad liquidadora de entidades aseguradoras.
c) La Subdirección General de Solvencia, que ejercerá las funciones señaladas en los párrafos m), n), ñ), o) y p), y en los párrafos d), e) y f) cuando correspondan a su ámbito funcional.
d) La Subdirección General de Ordenación y Mediación en Seguros, que ejercerá las funciones señaladas en los párrafos q), r), s), t) y u), y en los párrafos d), e) y f) cuando correspondan a su ámbito funcional.
e) La Subdirección General de Planes y Fondos de Pensiones, que ejercerá las funciones señaladas en los párrafos v), w), x), y) y z), y en los párrafos d), e) y f) cuando correspondan a su ámbito funcional.
3. Para el asesoramiento jurídico de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones existirá una Abogacía del Estado, integrada orgánicamente en la del departamento.
4. El Consorcio de Compensación de Seguros se adscribe a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
5. La Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones depende del titular de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.»
Disposición adicional única. Supresión de órganos.
1. Quedan suprimidas las siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Medidas de Apoyo Financiero.
b) La Subdirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea y de la Zona Euro.
c) La Subdirección General de Ordenamiento Jurídico Económico.
d) La Subdirección General de Competencia y Regulación Económica.
e) La Subdirección General de Seguros y Política legislativa.
f) La Subdirección General de Ordenación del Mercado de Seguros.
2. Las referencias en el ordenamiento jurídico y en las disposiciones de delegación de competencias a los órganos señalados en el apartado anterior se entenderán realizadas a los que de acuerdo con este real decreto asumen las correspondientes competencias.
Disposición transitoria única. Subsistencia de órganos y unidades.
Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico de subdirección general o similar y las de nivel inferior existentes en los órganos que se supriman, subsistirán y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios hasta que se apruebe una relación de puestos de trabajo adaptada al presente real decreto.
Disposición final primera. Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se llevarán a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 1 de agosto de 2014.
FELIPE R.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO | Decreto de planes de pensiones. | El Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales, establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad determinando sus órganos superiores y directivos hasta el nivel orgánico de dirección general.
Por su parte, el Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales, desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Economía y Competitividad determinando sus órganos superiores y directivos hasta el nivel orgánico de subdirección general y definiendo las competencias de cada uno de estos órganos. Por último, el Real Decreto 226/2014, de 4 de abril, modifica la estructura del Ministerio de Economía y Competitividad en lo que respecta a la Secretaría de Estado de Comercio.
La experiencia reciente ha mostrado la importancia que tiene para la economía en su conjunto el contar con una Administración capaz de desarrollar un marco regulatorio y supervisor nacional que garantice la estabilidad del conjunto del sistema financiero, tanto en el contexto del sector bancario, como en el sector asegurador y del mercado de valores, preservando, además, el principio de máxima protección al consumidor y usuario de servicios financieros.
En el actual contexto de consolidación presupuestaria se considera prioritario dotar a la Administración con los medios necesarios que le permitan racionalizar e impulsar la máxima eficiencia en la gestión financiera del Estado. Para lograr este objetivo se crea la Dirección General del Tesoro, con tres campos prioritarios de actuación. En primer lugar, optimizar la gestión de la deuda pública con el objetivo de reducir al máximo la carga de intereses. En segundo lugar, racionalizar y centralizar la gestión de la tesorería del Estado en el marco de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, instrumento que ofrece igualmente la oportunidad de alcanzar un volumen de ahorro significativo. Por último, desempeñar adecuadamente el papel creciente del Tesoro en la gestión de las medidas de apoyo financiero a la economía y, en particular, a la financiación del Fondo de Liquidez Autonómico, establecido mediante Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero y del Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores.
En el sector asegurador, la entrada en vigor en enero de 2016 de la Directiva «Solvencia II» y la Directiva «Ómnibus II» que la completa, implica la introducción de un régimen de solvencia moderno y basado en los riesgos para la industria de seguros en Europa. Para llevar a cabo el nuevo proceso de supervisión y dar cumplimiento a las nuevas funciones encomendadas por la Directiva «Solvencia II», resulta necesario reforzar la capacidad de actuación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de forma que se de respuesta a los retos derivados de esta iniciativa, tanto a nivel regulatorio como de control y supervisión. Por este motivo, se crea en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones una nueva Subdirección General de Solvencia. Por otro lado, se da nueva denominación a la Subdirección General de Seguros y Política Legislativa que se convierte en la Subdirección General de Seguros y Regulación, y a la Subdirección General de Ordenación del Mercado de Seguros, que pasa a denominarse Subdirección General de Ordenación y Mediación en Seguros.
Por último, se aprovecha la asignación de nuevas funciones y la reasignación de competencias dentro de la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa para reorganizar, optimizar y clarificar las funciones de los diferentes centros directivos dependientes de la misma.
Los objetivos y circunstancias expuestos orientan y justifican la necesidad de modificar la estructura de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa prevista en el Real Decreto 1887/2011 de 30 de diciembre.
Con este fin, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera asume parte de las competencias que hasta ahora correspondían a la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional, al tiempo que reorganiza sus funciones en nueve Subdirecciones Generales. De la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera dependen directamente la Subdirección General de Legislación y Política Financiera, la Subdirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, la Subdirección General de Análisis Estratégico y Sistema Financiero Internacional y la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Asimismo, integrada en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, se crea la Dirección General del Tesoro de la que dependen la Subdirección General del Tesoro, la Subdirección General de Financiación y Gestión de la Deuda Pública, la Subdirección de Economía y Financiación Internacional y la Subdirección General de Informática y de Gestión. Por último la Subdirección General de Medidas de Apoyo Financiero, asume nuevas funciones y cambia su denominación a Subdirección General de Coordinación de Emisores Públicos.
Por otro lado, dentro de la Dirección General de Política Económica, la Subdirección General de Ordenamiento Jurídico Económico y la Subdirección General de Competencia y Regulación Económica, pasan a denominarse Subdirección General de Análisis de la Política Económica y Financiación de la Empresa y Subdirección General de Unidad de Mercado, Mejora de la Regulación y Competencia respectivamente, al tiempo que se clarifican las funciones que asumen.
Adicionalmente, dependiente de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional, la Subdirección General de Economía y Financiación Internacional pasa a depender de la Dirección General del Tesoro.
Por último, se recoge la adscripción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la
### RESUMEN: Decreto de planes de pensiones. |
La Comunidad Autónoma de Galicia, al amparo del artículo 149.1.28 de la Constitución española y según lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de autonomía, asumió la competencia exclusiva en materia de patrimonio cultural. En ejercicio de esta, se aprueba la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia (en adelante, LPCG)
La LPCG en su artículo 1.1 establece que su objeto es la protección, conservación, acrecentamiento, difusión y fomento del patrimonio cultural de Galicia, de forma que le sirva a la ciudadanía como una herramienta de cohesión social, desarrollo sostenible y fundamento de la identidad cultural del pueblo gallego, así como su investigación, valorización y transmisión a las generaciones futuras. Asimismo, el artículo 1.2 indica que el patrimonio cultural de Galicia está constituido, entre otros, por el patrimonio bibliográfico que deba ser considerado como de interés para la permanencia, reconocimiento e identidad de la cultura gallega a través del tiempo.
Por otra parte, el artículo 8.2 indica que: «Tendrán la consideración de bienes de interés cultural aquellos bienes y manifestaciones inmateriales que, por su carácter más singular en el ámbito de la Comunidad Autónoma, sean declarados cómo tales por ministerio de la ley o mediante decreto del Consello de la Xunta de Galicia, por propuesta de la consellería competente en materia de patrimonio cultural, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta ley. Los bienes de interés cultural pueden ser inmuebles, muebles o inmateriales».
Asimismo, en el artículo 110, referido al patrimonio bibliográfico de Galicia, establece que este patrimonio está constituido por los fondos y colecciones bibliográficas y hemerográficas de especial valor cultural, incluyendo las obras literarias ya sean impresas, manuscritas u otras, de carácter unitario o seriado, en las que concurran, entre otras, una antigüedad anterior a 1901 o que tengan características singulares que les otorguen carácter único (ex libris, expurgaciones, etc.).
El 6 de noviembre de 2020 la Real Academia Gallega (en adelante RAG) presentó una documentación en que solicita y justifica la declaración como bien de interés cultural de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, en sus diferentes localizaciones. La RAG custodia y cuida, tanto del patrimonio cultural como de la producción intelectual y de la memoria de Emilia Pardo Bazán, ya que posee cerca de ocho mil ejemplares de su biblioteca. Además, por decisión de la hija y heredera de la escritora tiene su sede en la que había sido vivienda de la propia escritora en la calle Tabernas de A Coruña, inmueble que comprende la Casa Museo Emilia Pardo Bazán.
La biblioteca de Emilia Pardo Bazán, entendida como una colección bibliográfica fruto de una provisión intencional, reúne las características del patrimonio bibliográfico y un carácter singular por la figura a la que está ligada, y al valor singular de sus componentes en términos de volumen, temática, antigüedad, autoría, singularidad y excepcionalidad, por lo que se estima que es merecedora de su reconocimiento como bien de interés cultural de Galicia. Su carácter disperso en la actualidad y sus características referidas aconsejan, asimismo, la aplicación del régimen de protección establecido para los bienes de interés cultural.
Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente la Dirección General de Patrimonio Cultural publicó en el «Diario Oficial de Galicia», número 238, de 25 de noviembre de 2020, la Resolución de 20 de noviembre de 2020, por la que se incoaba el procedimiento para declarar bien de interés cultural la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, que en su apartado quinto estipula la apertura de un período de exposición publica de un mes para que las personas que lo considerasen conveniente pudiesen presentar alegaciones. Transcurrido este plazo, no se presentó ninguna alegación.
Además y, según lo establecido en el artículo 18.2, de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, se solicitó el parecer de los órganos asesores y consultivos mencionados en el artículo 7 del citado precepto legal, el Consejo de la Cultura Galega, la Real Academia Gallega de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario y la Real Academia Gallega, que fueron favorables a la declaración.
En la tramitación del expediente, por tanto, se cumplieron todos los trámites legalmente preceptivos de acuerdo con las disposiciones vigentes.
En su virtud, por propuesta del conselleiro de Cultura, Educación y Universidad y previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia en su reunión del día veintisiete de enero de dos mil veintidós,
DISPONGO:
Primero.
Declarar bien de interés cultural la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, conforme a lo descrito en el anexo de esta resolución.
Segundo.
Ordenar su inscripción en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Galicia y comunicarla al Registro General de Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado y al Inventario general de bienes muebles de la Administración general del Estado.
Tercero.
Aplicar el régimen de protección que establece la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, para los bienes de interés cultural y para las colecciones de bienes muebles en particular.
Cuarto.
Ordenar la publicación de esta resolución en el «Diario Oficial de Galicia» y en el «Boletín Oficial del Estado». Dado el volumen y extensión de la relación conocida de los registros de esta biblioteca, los anexos II y III se publicarán en la página web de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad, en el siguiente enlace:
https://ficheros.web.xunta.gal/cultura/bic/anexosbibliotecaepb.zip
Quinto. Recursos.
Contra este acto, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación ante el órgano que dictó el acto o, directamente, interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Sexto.
Notificar esta resolución a las personas interesadas.
Disposición última primera. Eficacia.
Este decreto tendrá eficacia desde el día siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial de Galicia».
Ferrol, 27 de enero de 2022.–El Presidente, Alberto Núñez Feijóo.–El Consejero de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez González.
ANEXO I
Descripción del bien
1. Denominación: la biblioteca de Emilia Pardo Bazán.
2. Descripción general:
– Naturaleza: material. Bien mueble.
– Categoría: colección.
– Especialidad: bibliográfica.
3. Localización:
– 7883 libros custodiados en la Real Academia Gallega, calle Tabernas 11, A Coruña.
– 2972 registros (unos 3200 volúmenes) en las Torres de Meirás, en el lugar de Piñeiro de la parroquia de San Martiño de Meirás, Sada (A Coruña).
4. Características generales:
– Descripción histórica.
Emilia Pardo Bazán (1851-1921) fue, y sigue siendo considerada, una figura singular de la cultura gallega, española y europea, que desarrolló su actividad política, de pensamiento, docencia y creación e investigación cultural en múltiples obras, trabajos y actividades. Suele valorarse su figura tanto en el ámbito de la creación literaria como en el propio ejercicio del pensamiento y de la acción política, como una de las pioneras en la vindicación de los derechos de las mujeres y el feminismo.
Su relevancia para la identidad del pueblo gallego y la influencia en el contexto cultural de su época hasta la actualidad, está reflejado en múltiples trabajos, análisis e investigaciones, y su obra es fundamental en la caracterización de la literatura y el pensamiento de su época.
Fruto de su vida es la formalización de una biblioteca excepcional, que es el sustento y herramienta de toda esta actividad. Su concepción está ligada al sitio de las Torres de Meirás y en él estaba por completo (excepto algunos libros localizados en el domicilio familiar de A Coruña) hasta el incendio producido en 1978. Fue Emilia Pardo Bazán quien promueve la transformación de la granja de Meirás con el objeto de disponer de una residencia y de una biblioteca para su espacio privado de estudio y creación.
Según el artículo de Mercedes Fernández-Couto Tella, directora del Archivo de la Real Academia Gallega (RAG), publicado en el número 3 del Cuaderno de Estudios de la Casa Museo Emilia Pardo Bazán, el conjunto de las procedencias es variado si bien en su mayor parte provendrían de las Torres de Meirás, como resultado de su incorporación después del incendio de 1978 y la actuación del Ministerio de Cultura, que propició la donación de unos siete mil quinientos volúmenes.
Asimismo, otra pequeña parte de la colección, algo más de cuatrocientos, correspondería con la propia biblioteca familiar, probablemente en origen localizada en su residencia de la calle Tabernas y en Madrid, con ejemplares también de interés para la conformación del conjunto, volúmenes de literatura de entre finales del siglo XIX y mediados del XX, de temática de ocio y familiar, en la mayor parte posteriores a 1921, y que Blanca Quiroga Pardo-Bazán dona a su muerte a la RAG.
Muchos otros ejemplares permanecerían en Meirás después de esta donación, cuando menos los tres mil doscientos volúmenes que, por sus características, corresponden con la propia biblioteca de Emilia Pardo Bazán que aún permanecerían en las Torres de Meirás, y otros, de número indeterminado, de los que no se conoce la localización. La relación de volúmenes que permanecen en las Torres de Meirás corresponden a 2.792 registros, según la información y resultado del trabajo de seis investigadoras e investigadores que trabajaron en su inventario entre 2017 y 2020 bajo la dirección de Xulia Santiso, conservadora de la Casa Museo, y después de las gestiones de la propia Real Academia Gallega a través del que era de aquella su presidente Xesús Alonso Montero.
– Descripción formal.
La colección personal de libros de Emilia Pardo Bazán, a lo largo de su vida e intensa y relevante actividad intelectual, está en la actualidad disgregada entre su localización mayoritaria en la Biblioteca de la Real Academia Gallega y, otra parte, en las Torres de Meirás, pudiendo existir otros.
A esta circunstancia se añade el propio proceso vital del conjunto, especialmente su disposición y mezcla a partir de 1938 con el uso de las Torres de Meirás por Francisco Franco y posteriormente por su familia, y el incendio que afectó a muchos de los volúmenes. Asimismo, este propio proceso pudo suponer tanto la destrucción irrecuperable de algunos libros y la dispersión en otras localizaciones en este momento desconocidas.
Toda la obra, perteneciente en origen a la colección bibliográfica de Emilia Pardo Bazán, se estima que forma parte de la misma biblioteca, valorada en su conjunto desde la perspectiva de bien de interés cultural.
Según la propia información de la Real Academia Gallega, las bases de datos existentes no diferencian en todos los casos entre títulos, volúmenes y localizaciones, por lo que las cifras serán aproximadas hasta que investigaciones o trabajos más minuciosos lo concreten.
Conforme resulta de la investigación realizada por la RAG, casi que todos los ejemplares pertenecientes a la biblioteca de Emilia Pardo Bazán procedentes en su origen de las Torres de Meirás y los aún localizados en ella poseen un cuño de color rojo completado a la mano con la situación topográfica de los libros, registro encargado por Jaime Quiroga y Pardo Bazán, primogénito de la escritora, y que permite reconstruir la colocación de los volúmenes en las diferentes estancias del edificio. Este cuño corresponde con un fichero alfabético organizado por autores y almacenado en 12 cajones de la biblioteca de la planta baja de las Torres de Meirás, que puede ser la huella más definida de la biblioteca completa. Sin embargo, también existen otros libros con la dedicatoria a la autora que no poseen el citado cuño.
Muchos contienen subrayados y anotaciones en los márgenes con la letra de la autora, o de las personas que a lo largo del tiempo tuvieron responsabilidad en su inventario y firma, tanto en el propio contexto familiar como ya en el propio seno de la Real Academia Gallega.
Los anexos II y III recogen la relación de registros de la biblioteca en la sede de la Real Academia Gallega y en las Torres de Meirás, respectivamente.
5. Estado de conservación:
El estado de conservación de cada uno de los volúmenes es muy dispar. Muchos están en condiciones precarias tanto como resultado del incendio producido en las Torres de Meirás en 1978 y que afectó, en algunos casos incluso con carácter crítico e irrecuperable a algunos de ellos, como por las consecuencias derivadas de este hecho y de su propia localización diversa.
La existencia de información y criterios de identificación científica de la colección bibliográfica, así como su carácter único, prevalece sobre el estado concreto de conservación e integridad material de algunos de sus componentes y, por la misma razón, se estima que su consideración como una colección, fruto de un proceso intencional de agrupación a lo largo de varias generaciones, pero principalmente ligada a la propia vida de Emilia Pardo Bazán, también debe compararse al propio valor individual que algunas de las obras pueden atesorar.
6. Valoración cultural:
El artículo 110, patrimonio bibliográfico de Galicia, declara que este patrimonio está constituido por los fondos y colecciones bibliográficas y hemerográficas de especial valor cultural, incluyendo las obras literarias, históricas, científicas o artísticas, ya sean impresas, manuscritas, fotográficas, cinematográficas, fonográficas o magnéticas, de carácter unitario o seriado, que reúnan los requisitos del punto anterior, en cualquier tipo de soporte e independientemente de la técnica utilizada para su creación o reproducción, en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que, respeto de estas obras, conste la inexistencia de, al menos, tres ejemplares idénticos en bibliotecas o servicios públicos.
b) Que sean anteriores a 1901.
c) Que tengan características singulares que les otorguen carácter único (ex libris, expurgaciones, etc.).
Se estima que la colección bibliográfica reúne en gran parte de sus componentes individuales los criterios recogidos en el citado apartado b) y que, sin duda, acreditan su singularidad y carácter único en relación a la propia figura y posesión de Emilia Pardo Bazán.
Se trata de una colección esencial tanto por ser una biblioteca creada por una intelectual, novelista, inquieta, autodidacta, defensora de la libertad de la mujer y pionera de las ideas feministas y preocupada por la cuestión social, como por ser fruto de sus relaciones con intelectuales contemporáneos, una de las pensadoras más sobresalientes de su contexto y vigente en la actualidad.
Su biblioteca constituye un conjunto singular por su relevancia como autora prestigiosa e influyente en el panorama literario español del siglo XIX, además de concurrir en ella un especial valor cultural, como testigo de un período histórico, al ser un patrimonio material que contribuiría al conocimiento sobre esta etapa de la historia cultural de Galicia.
La gran mayoría de los volúmenes son primeras ediciones, muchos de ellos manuscritos dedicados por sus autores a esta protagonista de la vida intelectual de su época, y abarcan literatura del Siglo de Oro español, del siglo XIX y principios del XX, francesa y española y una buena representación de literatura gallega.
La existencia de subrayados y anotaciones en las márgenes con la letra de la autora y otros elementos como ex libris y dedicatorias personalizadas los convierte en únicos.
Hay también volúmenes de historia, filosofía, sociología, guías de viajes y una amplia representación de la prensa de la época de Pardo Bazán, donde ella solía colaborar. Entre ellos hay tesoros, como el libro de Saavedra Fajardo Empresas políticas (1648) o primeras ediciones de Voltaire del siglo XVIII, a la que alude la autora en su obra Los pazos de Ulloa y de los que seguramente su primer dueño fue su abuelo Miguel Pardo Bazán.
El conjunto de la colección actualmente disponible para el uso público y consulta recibe un alto número de las solicitudes de investigación en la RAG, tanto a la biblioteca (un 10%) como al Archivo de la RAG (un 30% en el último año). Esto colabora a la difusión y al fomento del conocimiento cultural con datos valiosos, tanto en tesis de doctorado como en revistas especializadas de todo el mundo, lo que facilita la comprensión de la intelectualidad cultural de la época de la escritora.
7. Régimen de protección y salvaguarda:
La declaración como bien de interés cultural de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán determina la aplicación del régimen de protección previsto en los títulos II y III de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia (LPCG), y con el que se establece en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español (LPHE), en materia de exportación y expolio.
Este régimen implica su máxima protección y tutela, por lo que su utilización quedará subordinada a que no se pongan en peligro los valores que aconsejan su protección, y además:
– Autorización: las intervenciones que se pretendan realizar tendrán que ser autorizadas por la Consellería de Cultura, Educación y Universidad y su uso había quedará subordinado a que no se pongan en peligro los valores que aconsejan su protección, por lo que los cambios de uso sustanciales deberán ser autorizados por la citada consellería.
– Deber de conservación: las personas propietarias, poseedoras o arrendatarias y, en general, las titulares de derechos reales sobre los bienes, están obligadas a conservarlos, mantenerlos y custodiarlos debidamente y a evitar su pérdida, destrucción o deterioro.
– Acceso: las personas propietarias, poseedoras o arrendatarias y, en general, las titulares de derechos reales sobre los bienes están obligadas a permitirle el acceso al personal habilitado para la función inspectora, al personal investigador y al personal técnico de la Administración en las condiciones legales establecidas. Este acceso podrá ser sustituido para el caso de investigación por su depósito en la institución o entidad que señale la Dirección General del Patrimonio Cultural, y que no podrá superar los dos meses cada cinco años.
– Visita pública: las personas propietarias, poseedoras o arrendatarias y, en general, titulares de derechos reales sobre los bienes, deberán permitir la visita pública en las condiciones establecidas en la normativa vigente, que podrá ser sustituida por el depósito para su exposición durante un período máximo de cinco meses cada dos años.
– Transmisión: toda pretensión de transmisión onerosa de la propiedad o de cualquiera derecho real de disfrute le deberá ser notificada a la Dirección General del Patrimonio Cultural, con indicación del precio y de las condiciones en las que se proponga realizar, y la Administración podrá ejercer los derechos de tanteo o retracto en las condiciones legales establecidas.
– Expropiación: el incumplimiento de los deberes de conservación será causa de interés social para la expropiación forzosa por parte de la Administración competente.
– Traslado: cualquier traslado deberá ser autorizado por la Dirección General del Patrimonio Cultural con indicación del origen y destino, carácter temporal o definitivo y condiciones de conservación, seguridad, transporte y, en su caso, aseguramiento.
– Exportación: su exportación queda prohibida en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la LPHE, sin perjuicio de que pueda ser autorizada por la Administración del Estado su salida temporal en las condiciones que se determinen y tomando en consideración que el incumplimiento de ellas o de su retorno tendrá la consideración de exportación ilícita.
– Colección: puesto que existen los indicios, según el conocimiento experto sobre la materia, de la posibilidad de la existencia de parte de esta colección diseminada en diferentes localizaciones, debe tomarse en cuenta que en la medida en que pueda acreditarse la relación de libros, volúmenes o conjuntos bibliográficos pertenecientes en origen a la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, y que reúnan las características aquí señaladas, podrán ser incorporadas a la relación que conforman los registros integrantes en la actualidad.
La biblioteca de Emilia Pardo Bazán tiene un carácter único como colección y está vinculada en su origen a las Torres de Meirás, permanece en esta localización hasta el incendio de 1978 y posteriormente fue trasladada en su mayor parte a la Real Academia Gallega, quien promueve su conservación y disposición para la sociedad en general de forma ordenada y sistemática en su archivo y biblioteca.
– Según lo manifestado en el artículo 63.2 de la LPCG, las colecciones de bienes muebles de cualquier naturaleza integrantes del patrimonio cultural de Galicia que cómo tales tengan la condición de bienes de interés cultural no pueden ser disgregadas por las personas titulares o poseedoras sin la autorización de la consellería competente en materia de patrimonio cultural.
– En el referido a otros volúmenes que pudieran en origen formar parte de la biblioteca y que se encuentren en la actualidad en otras localizaciones, para su identificación se emplearán criterios como las marcas de propiedad o etiquetas topográficas de su biblioteca. | La biblioteca de Emilia Pardo Bazán ya es bien de interés cultural | La Comunidad Autónoma de Galicia, al amparo del artículo 149.1.28 de la Constitución española y según lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de autonomía, asumió la competencia exclusiva en materia de patrimonio cultural. En ejercicio de esta, se aprueba la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia (en adelante, LPCG)
La LPCG en su artículo 1.1 establece que su objeto es la protección, conservación, acrecentamiento, difusión y fomento del patrimonio cultural de Galicia, de forma que le sirva a la ciudadanía como una herramienta de cohesión social, desarrollo sostenible y fundamento de la identidad cultural del pueblo gallego, así como su investigación, valorización y transmisión a las generaciones futuras. Asimismo, el artículo 1.2 indica que el patrimonio cultural de Galicia está constituido, entre otros, por el patrimonio bibliográfico que deba ser considerado como de interés para la permanencia, reconocimiento e identidad de la cultura gallega a través del tiempo.
Por otra parte, el artículo 8.2 indica que: «Tendrán la consideración de bienes de interés cultural aquellos bienes y manifestaciones inmateriales que, por su carácter más singular en el ámbito de la Comunidad Autónoma, sean declarados cómo tales por ministerio de la ley o mediante decreto del Consello de la Xunta de Galicia, por propuesta de la consellería competente en materia de patrimonio cultural, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta ley. Los bienes de interés cultural pueden ser inmuebles, muebles o inmateriales».
Asimismo, en el artículo 110, referido al patrimonio bibliográfico de Galicia, establece que este patrimonio está constituido por los fondos y colecciones bibliográficas y hemerográficas de especial valor cultural, incluyendo las obras literarias ya sean impresas, manuscritas u otras, de carácter unitario o seriado, en las que concurran, entre otras, una antigüedad anterior a 1901 o que tengan características singulares que les otorguen carácter único (ex libris, expurgaciones, etc.).
El 6 de noviembre de 2020 la Real Academia Gallega (en adelante RAG) presentó una documentación en que solicita y justifica la declaración como bien de interés cultural de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, en sus diferentes localizaciones. La RAG custodia y cuida, tanto del patrimonio cultural como de la producción intelectual y de la memoria de Emilia Pardo Bazán, ya que posee cerca de ocho mil ejemplares de su biblioteca. Además, por decisión de la hija y heredera de la escritora tiene su sede en la que había sido vivienda de la propia escritora en la calle Tabernas de A Coruña, inmueble que comprende la Casa Museo Emilia Pardo Bazán.
La biblioteca de Emilia Pardo Bazán, entendida como una colección bibliográfica fruto de una provisión intencional, reúne las características del patrimonio bibliográfico y un carácter singular por la figura a la que está ligada, y al valor singular de sus componentes en términos de volumen, temática, antigüedad, autoría, singularidad y excepcionalidad, por lo que se estima que es merecedora de su reconocimiento como bien de interés cultural de Galicia. Su carácter disperso en la actualidad y sus características referidas aconsejan, asimismo, la aplicación del régimen de protección establecido para los bienes de interés cultural.
Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente la Dirección General de Patrimonio Cultural publicó en el «Diario Oficial de Galicia», número 238, de 25 de noviembre de 2020, la Resolución de 20 de noviembre de 2020, por la que se incoaba el procedimiento para declarar bien de interés cultural la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, que en su apartado quinto estipula la apertura de un período de exposición publica de un mes para que las personas que lo considerasen conveniente pudiesen presentar alegaciones. Transcurrido este plazo, no se presentó ninguna alegación.
Además y, según lo establecido en el artículo 18.2, de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, se solicitó el parecer de los órganos asesores y consultivos mencionados en el artículo 7 del citado precepto legal, el Consejo de la Cultura Galega, la Real Academia Gallega de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario y la Real Academia Gallega, que fueron favorables a la declaración.
En la tramitación del expediente, por tanto, se cumplieron todos los trámites legalmente preceptivos de acuerdo con las disposiciones vigentes.
En su virtud, por propuesta del conselleiro de Cultura, Educación y Universidad y previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia en su reunión del día veintisiete de enero de dos mil veintidós,
DISPONGO:
Primero.
Declarar bien de interés cultural la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, conforme a lo descrito en el anexo de esta resolución.
Segundo.
Ordenar su inscripción en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Galicia y comunicarla al Registro General de Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado y al Inventario general de bienes muebles de la Administración general del Estado.
Tercero.
Aplicar el régimen de protección que establece la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, para los bienes de interés cultural y para las colecciones de bienes muebles en particular.
Cuarto.
Ordenar la publicación de esta resolución en el «Diario Oficial de Galicia» y en el «Boletín Oficial del Estado». Dado el volumen y extensión de la relación conocida de los registros de esta biblioteca, los anexos II y III se publicarán en la página web de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad, en el siguiente enlace:
https://ficheros.web.xunta.gal/cultura/bic/anexosbibliotecaepb.zip
Quinto. Recursos.
Contra este acto, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación ante el órgano que dict
### RESUMEN: La biblioteca de Emilia Pardo Bazán ya es bien de interés cultural |
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario regulado en la Sección 1.ª del Capítulo II, del Título II, de la Ley, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
El proyecto Actuaciones para el suministro de energía eléctrica en la red ferroviaria prevista en el ámbito de Alicante se encuentra encuadrado en el anexo II, el artículo 7.2, apartado a), los proyectos comprendidos en el anexo II (grupo 4.b) de la Ley de evaluación ambiental.
Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:
1. Objeto, descripción y localización del proyecto. Promotor y órgano sustantivo
Los objetivos del proyecto y las actuaciones que incluye son los siguientes:
Construcción de una nueva subestación en el entorno de Torrellano y sus correspondientes centros de transformación que permitirán alimentar eléctricamente tanto la línea de alta velocidad a Murcia como el tramo de la línea convencional entre Alicante y San Isidro, incluyendo la acometida a la Subestación de Red Eléctrica Española existente en la actualidad.
Electrificación a 25 kV y corriente alterna de la vía única en servicio entre Alicante y San Isidro, para lo que será necesario una zona neutra de transición de alimentación en la conexión con la línea La Encina-Alicante Terminal antes de la entrada al canal de acceso soterrado (actualmente electrificada a 3kV), punto de inicio de la actuación.
Se llevarán a cabo actuaciones complementarias a las anteriores como la creación de dos zonas de acopio y será necesaria la reposición de los servicios que se vean afectados (a definir en proyecto constructivo).
El proyecto se ubica en la provincia de Alicante en los municipios de Alicante, Callosa de Segura, Crevillente, Elche y San Isidro.
El promotor y órgano sustantivo del proyecto es la Subdirección General de Planificación Ferroviaria de la Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento.
2. Tramitación y consultas
Con fecha 20 de octubre de 2014 se recibió el documento ambiental del proyecto Actuaciones para el suministro de energía eléctrica en la red ferroviaria prevista en el ámbito de Alicante para iniciar el procedimiento de evaluación ambiental simplificada.
El 12 de noviembre de 2014 se realizaron las consultas previstas en el artículo 46 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental para decidir si el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o si no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
En la tabla adjunta se han recogido los organismos consultados durante esta fase, señalando con una <X> aquellos que han emitido informe en relación con el documento ambiental:
Relación organismos consultados
Respuestas recibidas
Confederación Hidrográfica del Júcar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
X
Confederación Hidrográfica del Segura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
X
Delegación del Gobierno en Valencia.
X
Subdelegación del Gobierno en Alicante.
X
Diputación Provincial de Alicante.
X
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES).
X
Autoridad Portuaria de Alicante del Ministerio de Fomento.
–
Ayuntamiento de Alicante.
X
Ayuntamiento de Callosa de Segura.
–
Ayuntamiento de Crevillente.
–
Ayuntamiento de Elche.
–
Ayuntamiento de San Isidro.
–
Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.
X
Dirección General de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana.
X
Dirección General de Energía de la Consejería de Economía, Industria, Turismo y Ocupación de la Generalitat Valenciana.
–
Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.
X
Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.
–
Dirección General de Obras Públicas Proyectos Urbanos y Vivienda de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.
–
Accio Ecologista-Agro.
–
Ecologistas en Acción-CODA.
–
Ecologistas en Acción-Colla Ecologista d’Alacant.
–
Red Eléctrica de España.
X
SEO/Birdlife, Delegación de Valencia.
–
Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos (SECEMU) de la Facultad de Biología de Alcalá de Henares (Madrid).
–
Las principales respuestas de carácter ambiental a las consultas son:
La Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejeria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente informa que en caso de que la actuación se someta a evaluación de impacto ambiental será necesario adjuntar un estudio acústico.
La Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de la Consejeria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente informa que las actuaciones no afectan a ningún espacio de la Red Natura 2000 ni a hábitats comunitarios ni a ningún elemento natural protegido; no considera que el proyecto vaya a tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente siempre que se desarrolle de acuerdo a las previsiones del documento ambiental.
La Dirección General de Cultura emite informe favorable.
La Confederación Hidrográfica del Segura informa que no se prevé la existencia de impactos ambientales significativos.
El Área de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Alicante señala que si se toman las adecuadas medidas correctoras y preventivas, puede seguir un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. Sí se debería tomar en consideración, dentro de las medidas correctoras y preventivas, la integración paisajística de la nueva subestación y de los dos centros de autotransformación previstos, siguiendo la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalidad, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, en función del artículo 6 y el anexo II de la citada Ley.
El Ayuntamiento de Alicante solicita al Ministerio de Fomento el desplazamiento de la infraestructura eléctrica a una zona menos urbana y que si se mantiene el emplazamiento previsto, la instalación sea soterrada y por tanto compatible en superficie con un parque urbano.
Red Eléctrica de España (REE) informa que la subestación eléctrica de tracción y acometida SE 331 denominada subestación de Torrellano afecta e interfiere con instalaciones de Red Eléctrica y por tanto REE y ADIF han acordado una nueva implantación de la subestación (se adjunta el plano en la respuesta).
Para que las medidas correctoras sean efectivas es aconsejable redactar un proyecto de restauración paisajística de los espacios afectados por acopios, más los taludes y desmontes originados por las construcciones, junto con otras medidas de integración paisajística.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II, del Título II, según los criterios del anexo III, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Características del proyecto. A continuación se describen las principales características del proyecto:
Subestación de Torrellano e instalaciones de electrificación, van a ser necesarias las siguientes instalaciones:
Acometidas a la subestación de transporte de REE y a la línea aérea de contacto mediante canalizaciones enterradas.
Subestación de tracción 331.SE conforme a la codificación de subestaciones de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante. Se prevé su ubicación próxima a la subestación de transformación de Torrellano de REE, a unos 50-100 metros dirección oeste de ésta; la estación quedará alejada unos 2 km de la plataforma ferroviaria.
Centro de autotransformación final ATF 331.1. Se ubicará en el entorno de la estación de Alicante-Término.
Centro de autotransformación intermedio ATI 331.2. Se ubicará en el punto kilométrico 32+300.
Los tres emplazamientos indicados constituirán el área eléctrica de Torrellano, área 331.
Electrificación a 25 kV CA de la línea actual. Las instalaciones a desarrollar entre Alicante y San Isidro serán las siguientes:
Línea aérea de contacto, incluyendo los siguientes elementos:
Catenaria formada por un cable sustentador, un hilo de contacto y péndolas equipotenciales.
Elementos de sustentación: cimentaciones, postes, pórticos y ménsulas.
Elementos de conexión: seccionadores y cables.
Circuito de retorno y protecciones.
Acometidas de energía desde catenaria o feeder a edificios técnicos, en su caso.
Acometidas de energía desde catenaria o feeder a casetas de comunicaciones móviles de ADIF y de operadores comerciales (BTS y BTO).
La solución propuesta para el sistema de línea aérea de contacto deberá basarse en una catenaria compensada mecánicamente y apta para los requerimientos de la instalación.
Reposición de servicios afectados: Su reposición se va a organizar en coordinación con las compañías titulares del servicio y se incluirán en el proyecto de construcción.
Ubicación del proyecto: El proyecto se ubica en una zona muy antropizada, con terrenos ya degradados, no va a afectar a ningún paisaje protegido ni espacio de Red Natura 2000 ni hábitat de interés comunitario. La mayoría de las actuaciones se restringen al interior del dominio ferroviario.
Características del potencial impacto. Los principales impactos van a ser los siguientes:
Impacto sobre la calidad atmosférica: Durante la construcción va a aumentar la emisión de polvo a la atmósfera.
Impacto sobre la geología y la geomorfología: Las actuaciones no se asientan sobre materiales geológicos de características singulares, ni sobre formaciones geológicas de interés, tampoco se requiere una excavación elevada para su ejecución por lo que no se prevé que el impacto sea significativo.
Impacto sobre la edafología: Este impacto se va a localizar en los terrenos en los que se implantan la subestación de tracción, los acopios y los centros de autotransformación que en la actualidad corresponden a eriales y terrenos incultos. La superficie de ocupación estimada es de 21.729 m2.
En zonas con presencia de tierra vegetal se van a retirar como mínimo los 30 primeros centímetros; el volumen total de tierra vegetal a retirar se estima en 3.373,80 m3.
Impacto sobre la hidrogeología: En este proyecto no se prevén excavaciones profundas que puedan interceptar el nivel freático; existe el riesgo de vertidos accidentales al terreno que pudieran percolar alterando la calidad de las aguas, por lo que se tomarán la medidas preventivas y correctoras precisas para evitar que los posibles vertidos lleguen a las aguas subterráneas.
Impacto sobre la hidrología: Las actuaciones previstas interceptan, entre otros, el río Vinalopó y la rambla de Rambuchar. No se esperan afecciones directas siempre que se lleven a cabo buenas prácticas ambientales que eviten los vertidos accidentales. Se van a aplicar medidas preventivas y correctoras en materia de protección del sistema hidrológico.
Impacto sobre la vegetación: En las actuaciones de implantación de la línea aérea de contacto no se prevé afección a la vegetación al desarrollarse sobre la plataforma ferroviaria existente; en cuanto a la subestación de tracción, los centros de autotransformación, las zonas de acopio y la acometida eléctrica subterránea afectan directamente a eriales, terrenos incultos consistentes en pastizales con matorral disperso.
Impacto sobre la fauna: El principal impacto durante las obras se deberá al ruido generado por la obra; se llevarán a cabo medidas preventivas y correctoras especialmente en la época de reproducción y cría.
Impacto sobre espacios protegidos: El tramo estudiado no atraviesa ningún espacio protegido; la subestación y los centros de autotransformación si sitúan en zonas ya degradadas por la presencia de infraestructuras lineales y alejados de espacios protegidos.
Impacto socioeconómico: Se considera que va a ser un impacto positivo por la creación de puestos de trabajo y la dinamización económica de la zona durante la fase de obra.
Impacto por ruido y vibraciones: Durante la fase de obras se tomarán las medidas preventivas necesarias para que el impacto sea compatible; es un impacto temporal y reversible. Durante la fase de explotación la situación acústica va a ser la misma que la existente en la actualidad.
Impacto sobre el paisaje: El documento ambiental considera que el impacto sobre el paisaje va a ser nulo en cuanto a la línea aérea de contacto y compatible en lo que se refiere a las nuevas edificaciones.
La Diputación Provincial de Alicante solicita que dentro de las medidas correctoras y preventivas se tome en consideración la integración paisajística de la nueva subestación y de los dos centros de autotransformación previstos, en función de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana con la elaboración del correspondiente estudio de integración paisajística, según lo indicado en el artículo 6 y del anexo II de esta ley.
También se debería redactar, para minimizar los impactos sobre el paisaje, un proyecto de restauración paisajística de los espacios afectados por los acopios y movimientos de tierra.
Impacto sobre la permeabilidad territorial y servicios existentes: Se considera que durante la fase de obras se generarán molestias por los desvíos provisionales que habrá que realizar; se realizarán medidas correctoras para paliar las posibles molestias. En cuanto a la fase de explotación el documento ambiental considera que el impacto es nulo.
Impacto sobre el patrimonio arqueológico, arquitectónico, histórico-cultural: No se prevé la afección a ningún elemento patrimonial. Como medida preventiva se contará con la presencia de un arqueólogo a pie de obra durante los movimientos de tierra.
En conclusión, se puede decir que no se prevé que las actuaciones planteadas generen efectos significativos sobre el medio ambiente. La implantación de la subestación y los centros de autotransformación son los que van a generar más impactos como consecuencia de la ocupación permanente de nuevos terrenos y lo que ello implica en cuanto a afección al paisaje, hidrología, vegetación y fauna.
Se ha de tener en cuenta, además de las medidas preventivas y correctoras del documento ambiental, la solicitud de la Diputación Provincial de Alicante de elaborar un estudio de integración paisajística según se indica en el artículo 6 y en el anexo II de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana. Este estudio de integración paisajística tiene que incluirse en el proyecto constructivo.
Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, este Ministerio resuelve de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental simplificada practicada de acuerdo con lo previsto en la Sección 2.ª del Capítulo II, del Título II, y el análisis realizado con los criterios del anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta los principios de prevención y cautela, no es previsible que el proyecto Actuaciones para el suministro de energía eléctrica en la red ferroviaria prevista en el ámbito de Alicante, cumpliendo los requisitos ambientales que se desprenden de la presente Resolución de Informe de Impacto Ambiental y contando con la utilización de buenas prácticas ambientales, vaya a producir impactos adversos significativos, por lo que no se considera necesaria la tramitación prevista en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
Esta Resolución se hará pública a través del «Boletín Oficial del Estado» y de la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (www.magrama.es), debiendo entenderse que no exime al promotor de obtener las autorizaciones ambientales que resulten legalmente exigibles.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.
Madrid, 2 de julio de de 2015.–El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra Inaraja. | Impacto ambiental energía en red ferroviaria de Alicante. Pasa por Elche, pero el ayuntamiento no responde | La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario regulado en la Sección 1.ª del Capítulo II, del Título II, de la Ley, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
El proyecto Actuaciones para el suministro de energía eléctrica en la red ferroviaria prevista en el ámbito de Alicante se encuentra encuadrado en el anexo II, el artículo 7.2, apartado a), los proyectos comprendidos en el anexo II (grupo 4.b) de la Ley de evaluación ambiental.
Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:
1. Objeto, descripción y localización del proyecto. Promotor y órgano sustantivo
Los objetivos del proyecto y las actuaciones que incluye son los siguientes:
Construcción de una nueva subestación en el entorno de Torrellano y sus correspondientes centros de transformación que permitirán alimentar eléctricamente tanto la línea de alta velocidad a Murcia como el tramo de la línea convencional entre Alicante y San Isidro, incluyendo la acometida a la Subestación de Red Eléctrica Española existente en la actualidad.
Electrificación a 25 kV y corriente alterna de la vía única en servicio entre Alicante y San Isidro, para lo que será necesario una zona neutra de transición de alimentación en la conexión con la línea La Encina-Alicante Terminal antes de la entrada al canal de acceso soterrado (actualmente electrificada a 3kV), punto de inicio de la actuación.
Se llevarán a cabo actuaciones complementarias a las anteriores como la creación de dos zonas de acopio y será necesaria la reposición de los servicios que se vean afectados (a definir en proyecto constructivo).
El proyecto se ubica en la provincia de Alicante en los municipios de Alicante, Callosa de Segura, Crevillente, Elche y San Isidro.
El promotor y órgano sustantivo del proyecto es la Subdirección General de Planificación Ferroviaria de la Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento.
2. Tramitación y consultas
Con fecha 20 de octubre de 2014 se recibió el documento ambiental del proyecto Actuaciones para el suministro de energía eléctrica en la red ferroviaria prevista en el ámbito de Alicante para iniciar el procedimiento de evaluación ambiental simplificada.
El 12 de noviembre de 2014 se realizaron las consultas previstas en el artículo 46 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental para decidir si el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o si no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
En la tabla adjunta se han recogido los organismos consultados durante esta fase, señalando con una <X> aquellos que han emitido informe en relación con el documento ambiental:
Relación organismos consultados
Respuestas recibidas
Confederación Hidrográfica del Júcar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
X
Confederación Hidrográfica del Segura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
X
Delegación del Gobierno en Valencia.
X
Subdelegación del Gobierno en Alicante.
X
Diputación Provincial de Alicante.
X
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES).
X
Autoridad Portuaria de Alicante del Ministerio de Fomento.
–
Ayuntamiento de Alicante.
X
Ayuntamiento de Callosa de Segura.
–
Ayuntamiento de Crevillente.
–
Ayuntamiento de Elche.
–
Ayuntamiento de San Isidro.
–
Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.
X
Dirección General de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana.
X
Dirección General de Energía de la Consejería de Economía, Industria, Turismo y Ocupación de la Generalitat Valenciana.
–
Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.
X
Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.
–
Dirección General de Obras Públicas Proyectos Urbanos y Vivienda de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.
–
Accio Ecologista-Agro.
–
Ecologistas en Acción-CODA.
–
Ecologistas en Acción-Colla Ecologista d’Alacant.
–
Red Eléctrica de España.
X
SEO/Birdlife, Delegación de Valencia.
–
Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos (SECEMU) de la Facultad de Biología de Alcalá de Henares (Madrid).
–
Las principales respuestas de carácter ambiental a las consultas son:
La Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejeria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente informa que en caso de que la actuación se someta a evaluación de impacto ambiental será necesario adjuntar un estudio acústico.
La Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de la Consejeria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente informa que las actuaciones no afectan a ningún espacio de la Red Natura 2000 ni a hábitats comunitarios ni a ningún elemento natural protegido; no considera que el proyecto vaya a tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente siempre que se desarrolle de acuerdo a las previsiones del documento ambiental.
La Dirección General de Cultura emite informe favorable.
La Confederación Hidrográfica del Segura informa que no se prevé la existencia de impactos ambientales significativos.
El Área de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Alicante señala que si se toman las adecuadas medidas correctoras y preventivas, puede seguir un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. S
### RESUMEN: Impacto ambiental energía en red ferroviaria de Alicante. Pasa por Elche, pero el ayuntamiento no responde |
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica:
PREÁMBULO
I
El Consejo de Ministros acordó el 26 de octubre de 2012 la creación de una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que debía elaborar un informe con propuestas de medidas que dotaran a la Administración del tamaño, eficiencia y flexibilidad que demandan los ciudadanos y la economía del país.
Con fecha 21 de junio de 2013, el Consejo de Ministros recibió de la Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia, y del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas el citado informe y, por Real Decreto 479/2013, de esa misma fecha, se creó la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, como órgano encargado de la ejecución coordinada, seguimiento e impulso de las medidas incluidas en el mismo, pudiendo proponer nuevas medidas.
Desde la publicación del Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, e incluso con anterioridad, se han ido dictando diversas normas y acuerdos, para la ejecución formal de las propuestas contenidas en el mismo.
El presente texto recoge nuevas medidas normativas que son necesarias para la ejecución de algunas de las propuestas del Informe.
La nueva regulación dada al segundo párrafo del artículo 494 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, supondrá una agilización de los trámites de jubilación del personal al servicio de la Administración de Justicia de los Cuerpos Generales y Especiales además de una organización más eficiente de su gestión.
Efectivamente, siendo las Comunidades Autónomas con competencias transferidas las que gestionan todas las materias relativas a su estatuto jurídico, parece oportuno que sean sus órganos competentes los que acuerden la jubilación, tal y como, además, sucede con el resto del personal perteneciente a la Administración General del Estado en situación de servicio en Comunidades Autónomas.
Por otro lado, en la actualidad la constitución de Tribunales delegados en cada Comunidad Autónoma que oferte sus plazas de modo territorializado es obligada, y se traduce en que una buena parte de los mismos no tienen atribuidas ninguna función propia de carácter selectivo. Las funciones que realizan son de carácter meramente auxiliar y administrativo y pueden realizarse de modo más efectivo y económico por los órganos administrativos ordinarios de la Comunidad.
Con la nueva regulación dada al párrafo primero del artículo 487 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se trata de posibilitar que la constitución de Tribunales delegados en las Comunidades Autónomas y en las pruebas de acceso a los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia pueda responder a criterios de oportunidad y racionalidad y únicamente se constituyan cuando el tipo de pruebas, el contenido de las funciones que han de realizar, así como el número de plazas u otras circunstancias de carácter objetivo, lo aconsejen.
II
Por otra parte, mediante esta Ley Orgánica se introducen algunas modificaciones necesarias en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En primer lugar, se recupera el derogado artículo 118. La Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, derogó el título II del libro II de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la regulación allí contenida pasó a desarrollarse en un nuevo libro VIII denominado «Del Consejo General del Poder Judicial». Esta modificación también afectó a dicho artículo 118, que se derogó sin trasladarse su contenido a la nueva redacción, lo que ha generado un desajuste al tratarse de un precepto necesario, que regulaba –pese a su ubicación en la Ley– la cobertura de destinos cuyos titulares se encuentran en situación de servicios especiales. Resulta conveniente, por tanto, recuperar esta previsión legislativa con un nuevo artículo, con los ajustes y actualizaciones precisas. Tratándose de una ordenación prevista en principio para los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero aplicable en realidad a todos los jueces y magistrados en situación de servicios especiales, el nuevo precepto encuentra mejor acomodo dentro del capítulo VII del libro IV. Y se introducen ciertas mejoras técnicas en relación con el precepto derogado, para adaptar la regulación a lo que viene siendo la práctica en la cobertura de vacantes por situación de servicios especiales.
En segundo lugar, se mejora el régimen de permisos por asuntos propios de la carrera judicial, para la equiparación a la situación de la función pública. La Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, modificó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para adecuar parte de su regulación y ajustarla al grueso de las medidas aplicables a las Administraciones Públicas y a los empleados públicos a su servicio, como consecuencia de las medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad implantadas mediante el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Entre las modificaciones llevadas a cabo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se redujo a tres el número de días de permiso por asuntos propios para jueces y magistrados, con el fin de equiparar este régimen al del resto de la función pública. Posteriormente, la mejora de la situación económica ha permitido recompensar el esfuerzo realizado entonces por el conjunto de los funcionarios públicos con la concesión de días adicionales de permiso. Y esta concesión debe extenderse también a la carrera judicial, lo que exige en este caso una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En consecuencia, se modifica el apartado 4 del artículo 373 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para elevar a cinco el número anual de días de permiso de los jueces y magistrados, y equiparar así el régimen de permisos en la carrera judicial al del resto de la función pública.
III
En cuanto a un aspecto muy puntual del estatuto de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, se introduce un nuevo artículo 584 bis que, reproduciendo el contenido del hasta ahora artículo 628, permite que esta regulación tenga una ubicación sistemáticamente más correcta, tanto por su contenido, como por el carácter orgánico que le debe corresponder. Este nuevo precepto reproduce el contenido del artículo 628 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, si bien eliminando su apartado tercero, pues éste contenía una limitación que estaba generando disfunciones en la práctica, ya que tal limitación sólo se aplicaba a los Vocales sin dedicación exclusiva con funciones en el ámbito público, sin que exista ninguna diferencia, en cuanto a los cometidos a desempeñar, entre los Vocales que no integran la Comisión Permanente en función de la procedencia profesional de los mismos.
IV
El 19 de junio del presente año ha tenido lugar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.
La figura del Rey está constitucionalmente revestida de la inviolabilidad e inmunidad que tanto los antecedentes históricos como el derecho comparado atribuyen al Jefe del Estado, al establecer el apartado 3 del artículo 56 de la Constitución que «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2».
Conforme a los términos del texto constitucional, todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad. Por el contrario, los que realizare después de haber abdicado quedarán sometidos, en su caso, al control jurisdiccional, por lo que, al no estar contemplado en la normativa vigente el régimen que debe aplicársele en relación con las actuaciones procesales que le pudieran afectar por hechos posteriores a su abdicación, se precisa establecer su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En este sentido, el nuevo artículo que se introduce atribuye el conocimiento de las causas civiles y penales que contra él se pudieran dirigir por los referidos hechos al Tribunal Supremo, atendiendo a la dignidad de la figura de quien ha sido el Rey de España, así como al tratamiento dispensado a los titulares de otras magistraturas y poderes del Estado.
Y similares razones concurren en la necesidad de dotar de idéntico aforamiento ante el Tribunal Supremo a la Reina consorte o al consorte de la Reina, a la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como al consorte del Rey o de la Reina que hubiere abdicado.
V
Finalmente, mediante esta Ley Orgánica se introduce una modificación en la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, al objeto de aclarar un aspecto que venía generando dudas interpretativas.
Así, se precisa en el último párrafo de dicha disposición transitoria tercera que, para el cálculo de las cuantías de las retribuciones por sustitución, no se computarán las cuantías que corresponden por circunstancias especiales. El artículo 5 de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal, cuantifica el complemento de destino correspondiente a cada plaza en atención a tres criterios: el grupo de población en el que se integra, las condiciones objetivas de representación vinculadas al cargo y otras circunstancias especiales asociadas al destino. Lo que se pretende con esta modificación es aclarar que ha de quedar excluido el pago de estas últimas (circunstancias especiales asociadas al destino), dado que lo contrario supondría retribuir doblemente ese mismo concepto, el cual se percibe inevitablemente al estar vinculado a la plaza en la que se está destinado.
Con esta regulación se despeja cualquier duda interpretativa y se adecua plenamente el contenido de la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 8/2012 con el del Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo, en su redacción dada recientemente por el Real Decreto 700/2013, de 20 de septiembre.
Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Se incorporan un nuevo artículo 55 bis, un nuevo artículo 355 bis y un nuevo artículo 584 bis, se modifican los artículos 373, 487 y 494 y se suprime el capítulo IV del título V del libro VIII de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, quedando redactados como sigue:
Uno. Se incluye un nuevo artículo 55 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 55 bis.
Además de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas Salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte.»
Dos. Se añade un nuevo artículo 355 bis, con la siguiente redacción:
«1. Los destinos cuyos titulares se encuentren en situación de servicios especiales se podrán cubrir por los mecanismos ordinarios de sustitución, mediante comisiones de servicio con o sin relevación de funciones o a través de los mecanismos ordinarios de provisión, incluso con las promociones pertinentes, para el tiempo que permanezcan los titulares en la referida situación.
2. Si la vacante se cubre mediante los mecanismos ordinarios de provisión, quienes ocupen los referidos destinos quedarán, cuando se reintegre a la plaza su titular, adscritos al Tribunal colegiado en que se hubiera producido la reserva o, si se tratase de un Juzgado, a disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente y sin merma de las retribuciones que vinieren percibiendo. Mientras permanezcan en esta situación prestarán sus servicios en los puestos que determinen las respectivas Salas de Gobierno, devengando las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio cuando éstos se prestaren en lugar distinto del de su residencia, que permanecerá en el de la plaza reservada que hubiere ocupado.
Mientras desempeñan la plaza reservada, una vez transcurrido un año desde que accedieran a la misma, o en cualquier momento cuando se encuentren en situación de adscripción, podrán acceder en propiedad a cualesquiera destinos por los mecanismos ordinarios de provisión y promoción. Ocuparán definitivamente la plaza reservada que sirvieren cuando vaque por cualquier causa. Cuando queden en situación de adscritos, serán destinados a la primera vacante que se produzca en el Tribunal colegiado de que se trate o en los Juzgados del mismo orden jurisdiccional del lugar de la plaza reservada, a no ser que se trate de las plazas de Presidente o legalmente reservadas a Magistrados procedentes de pruebas selectivas, si no reunieren esta condición.
3. Quienes hallándose en una situación administrativa distinta del servicio activo obtuvieran mediante concurso una plaza ofertada al amparo de lo dispuesto en este artículo, necesariamente deberán reincorporarse al servicio activo para proceder al desempeño efectivo de funciones judiciales en dicha plaza.»
Tres. Se modifica el apartado 4 del artículo 373, que queda redactado como sigue:
«4. También podrán disfrutar de hasta cinco días de permiso en el año natural, separada o acumuladamente. Los superiores respectivos solo podrán denegarlos por necesidad del servicio.»
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 487, que queda redactado como sigue:
«1. El desarrollo y calificación de las pruebas selectivas corresponde a los tribunales calificadores que, a tal efecto, se constituyan.
Estos tribunales gozarán de autonomía funcional y responderán de la objetividad del procedimiento y del cumplimiento de las normas contenidas en la convocatoria.»
Cinco. Se modifica el artículo 494, que queda redactado como sigue:
«1. El Ministro de Justicia será competente para el nombramiento de los funcionarios de carrera. Asimismo, será competente para acordar la pérdida de la condición de funcionario, y en su caso la rehabilitación, en los supuestos contemplados en esta Ley Orgánica en la forma y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito o falta cometida.
2. La jubilación voluntaria, forzosa, o por incapacidad permanente, así como la posible prórroga de permanencia en el servicio activo será acordada por el órgano competente del Ministerio de Justicia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma con competencias asumidas. Ello sin perjuicio de que la rehabilitación procedente de jubilación por incapacidad permanente para el personal al servicio de la Administración de Justicia será acordada, en todo caso, por el Ministerio de Justicia, en la forma y de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente.»
Seis. Se introduce un nuevo artículo 584 bis con la siguiente redacción:
«1. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial que desempeñen su cargo con carácter exclusivo percibirán la retribución que se fije como única y exclusiva en atención a la importancia de su función en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2. Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial que no desempeñen su cargo con carácter exclusivo percibirán las dietas por asistencia al Pleno o a las Comisiones que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sin tener derecho a ninguna otra clase de remuneración por el cargo de Vocal, salvo las indemnizaciones que por razón del servicio les puedan corresponder.»
Siete. Se suprime el capítulo IV del título V del libro VIII y, en consecuencia, el artículo 628.
Disposición transitoria única. Procedimientos en trámite.
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del artículo 55 bis continuarán sustanciándose conforme a las disposiciones establecidas en el mismo. Los Tribunales que estén conociendo de los referidos procedimientos suspenderán su tramitación en el estado en que se encuentren, y deberán remitirlos inmediatamente a la Sala competente del Tribunal Supremo.
Disposición final primera. Modificación de la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.
La disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, queda redactada de la siguiente manera:
«Tras la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno procederá a la actualización del régimen y cuantías de las retribuciones previstas en el Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo, para el pago de sustituciones, servicios extraordinarios y participaciones en programas de actuación por objetivos.
En todo caso, la cuantía de la retribución por sustitución, en los casos que reglamentariamente se establezca su procedencia, será igual al 80% del complemento de destino previsto para el desempeño profesional en el órgano que se sustituya, sin computar en el mismo las cuantías que corresponden por circunstancias especiales.»
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Madrid, 11 de julio de 2014.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY | Mañana entra en vigor la Ley Orgánica que convierte en aforado a Juan Carlos I por "la dignidad de la figura". | FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica:
PREÁMBULO
I
El Consejo de Ministros acordó el 26 de octubre de 2012 la creación de una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que debía elaborar un informe con propuestas de medidas que dotaran a la Administración del tamaño, eficiencia y flexibilidad que demandan los ciudadanos y la economía del país.
Con fecha 21 de junio de 2013, el Consejo de Ministros recibió de la Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia, y del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas el citado informe y, por Real Decreto 479/2013, de esa misma fecha, se creó la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, como órgano encargado de la ejecución coordinada, seguimiento e impulso de las medidas incluidas en el mismo, pudiendo proponer nuevas medidas.
Desde la publicación del Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, e incluso con anterioridad, se han ido dictando diversas normas y acuerdos, para la ejecución formal de las propuestas contenidas en el mismo.
El presente texto recoge nuevas medidas normativas que son necesarias para la ejecución de algunas de las propuestas del Informe.
La nueva regulación dada al segundo párrafo del artículo 494 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, supondrá una agilización de los trámites de jubilación del personal al servicio de la Administración de Justicia de los Cuerpos Generales y Especiales además de una organización más eficiente de su gestión.
Efectivamente, siendo las Comunidades Autónomas con competencias transferidas las que gestionan todas las materias relativas a su estatuto jurídico, parece oportuno que sean sus órganos competentes los que acuerden la jubilación, tal y como, además, sucede con el resto del personal perteneciente a la Administración General del Estado en situación de servicio en Comunidades Autónomas.
Por otro lado, en la actualidad la constitución de Tribunales delegados en cada Comunidad Autónoma que oferte sus plazas de modo territorializado es obligada, y se traduce en que una buena parte de los mismos no tienen atribuidas ninguna función propia de carácter selectivo. Las funciones que realizan son de carácter meramente auxiliar y administrativo y pueden realizarse de modo más efectivo y económico por los órganos administrativos ordinarios de la Comunidad.
Con la nueva regulación dada al párrafo primero del artículo 487 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se trata de posibilitar que la constitución de Tribunales delegados en las Comunidades Autónomas y en las pruebas de acceso a los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia pueda responder a criterios de oportunidad y racionalidad y únicamente se constituyan cuando el tipo de pruebas, el contenido de las funciones que han de realizar, así como el número de plazas u otras circunstancias de carácter objetivo, lo aconsejen.
II
Por otra parte, mediante esta Ley Orgánica se introducen algunas modificaciones necesarias en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En primer lugar, se recupera el derogado artículo 118. La Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, derogó el título II del libro II de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la regulación allí contenida pasó a desarrollarse en un nuevo libro VIII denominado «Del Consejo General del Poder Judicial». Esta modificación también afectó a dicho artículo 118, que se derogó sin trasladarse su contenido a la nueva redacción, lo que ha generado un desajuste al tratarse de un precepto necesario, que regulaba –pese a su ubicación en la Ley– la cobertura de destinos cuyos titulares se encuentran en situación de servicios especiales. Resulta conveniente, por tanto, recuperar esta previsión legislativa con un nuevo artículo, con los ajustes y actualizaciones precisas. Tratándose de una ordenación prevista en principio para los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero aplicable en realidad a todos los jueces y magistrados en situación de servicios especiales, el nuevo precepto encuentra mejor acomodo dentro del capítulo VII del libro IV. Y se introducen ciertas mejoras técnicas en relación con el precepto derogado, para adaptar la regulación a lo que viene siendo la práctica en la cobertura de vacantes por situación de servicios especiales.
En segundo lugar, se mejora el régimen de permisos por asuntos propios de la carrera judicial, para la equiparación a la situación de la función pública. La Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, modificó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para adecuar parte de su regulación y ajustarla al grueso de las medidas aplicables a las Administraciones Públicas y a los empleados públicos a su servicio, como consecuencia de las medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad implantadas mediante el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Entre las modificaciones llevadas a cabo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se redujo a tres el número de días de permiso por asuntos propios para jueces y magistrados, con el fin de equiparar este régimen al del resto de la función pública. Posteriormente, la mejora de la situación económica ha permitido recompensar el esfuerzo realizado entonces por el conjunto de los funcionarios públicos con la concesión de días adicionales de permiso. Y esta concesión debe extenderse también a la carrera judicial, lo que exige en este caso una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En consecuencia, se modifica el apartado 4 del artículo 373 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para elevar a cinco el número anual de días de permiso
### RESUMEN: Mañana entra en vigor la Ley Orgánica que convierte en aforado a Juan Carlos I por "la dignidad de la figura". |
Visto el texto del XVI Convenio colectivo de la empresa Petróleos del Norte, S.A. –Petronor– (código de convenio n.º 90006782011991) que fue suscrito con fecha 18 de mayo de 2015, de una parte, por los designados por la Dirección de la empresa en representación de la misma y, de otra, por el Comité de empresa y el delegado de personal en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 21 de agosto de 2015.–El Director General de Empleo, P. S. (Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero), el Subdirector General de Relaciones Laborales, Rafael Martínez de la Gándara.
PETRONOR XVI CONVENIO COLECTIVO 2014-2015
CAPÍTULO I
Artículo 1. Ámbito territorial.
El presente Convenio regula las relaciones de trabajo del personal de Petróleos del Norte, S.A. (PETRONOR) en sus Centros de Trabajo de Muskiz y Madrid.
Artículo 2. Ámbito personal.
El presente Convenio afecta a todo el personal que se halla prestando servicio en la actualidad y al que ingrese durante su vigencia, con excepción de la Alta Dirección, Jefes de Departamento, así como las personas pertenecientes a los grupos profesionales de Técnicos Superiores, Técnicos Medios y Administrativos (a partir del nivel 7) que voluntariamente se hubieren excluido.
La inclusión o exclusión en Convenio de cualquier persona de los grupos profesionales antes citados, deberá ser comunicada en escrito individual a la Dirección de la Compañía, antes del comienzo de la negociación de un nuevo pacto o Convenio.
Artículo 3. Ámbito temporal.
El presente Convenio entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014 y tendrá una duración de dos años, concluyendo el 31 de diciembre de 2015. Se prorrogará por años naturales si por cualquiera de las partes no se hubiere denunciado con tres meses de antelación.
Se acuerda expresamente, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores, que una vez denunciado el Convenio Colectivo y concluida su duración pactada, se mantendrá su aplicación hasta que transcurra un periodo máximo de 12 meses, contados desde la firma del Acuerdo Marco del Grupo Repsol, si ésta es posterior a la extinción de la vigencia del Convenio Colectivo y, como máximo hasta que transcurran 18 meses contados desde la finalización de la vigencia del Convenio Colectivo.
No obstante lo anterior, por acuerdo expreso de la Comisión Negociadora y siempre y cuando las condiciones de negociación del Acuerdo Marco así lo justifiquen a criterio de todas las partes integrantes de la misma, podrá prorrogarse la aplicación de las condiciones pactadas en el Convenio Colectivo vencido más allá del plazo establecido en el párrafo anterior, en los términos y condiciones que en su caso acuerden las partes.
Artículo 4. Revisión y rescisión.
Las normas contenidas en el presente Convenio se considerarán más beneficiosas para el personal que las establecidas en las disposiciones legales de general aplicación actualmente vigentes.
Si se produjera alguna modificación en estas disposiciones que alterase la situación legal en el sentido de aumentar las retribuciones o mejorar las condiciones del personal pactadas en el presente Convenio, se podrá solicitar la revisión de lo pactado, que se llevará a efecto en la medida adecuada. Por tanto, nunca podrá quedar absorbida una mejora recogida en una disposición legal en base a que el presente Convenio supere globalmente las condiciones mínimas legales.
Si la modificación producida en las disposiciones legales de referencia fuese tan sustancial que la simple revisión de lo aquí pactado no pudiera establecer el equilibrio del Convenio, habría lugar a la rescisión del mismo, a petición de partes, siempre que se solicite con tres meses de antelación. Durante los tres meses, ambas partes intentarán la negociación de un nuevo Convenio Colectivo con arreglo a la legislación y circunstancias vigentes en esos momentos.
CAPÍTULO II
Organización del trabajo
Artículo 5. Organización del trabajo.
La organización del trabajo, dentro de las disposiciones legales de carácter general, es facultad de la Dirección de la Empresa. No obstante, ésta informará y oirá previamente al Comité de Empresa en aquellas cuestiones de organización o procedimiento, que afecten directamente a los intereses o al desarrollo profesional de los trabajadores.
En cualquier caso, los progresos técnicos y la mecanización o modernización de los servicios o procedimientos no podrán producir merma ni perjuicio alguno en la situación económica de los trabajadores en general. Por el contrario, se procurará participen en alguna manera en la mejora que de ello pueda derivarse.
Grupos profesionales.
Se establecen, en función de las titulaciones académicas/aptitudes profesionales y contenido general de la prestación, los siguientes grupos profesionales, cuyos niveles salariales se determinan en el Anexo I:
A) Técnico Superior.
Titulación/aptitudes profesionales: Título académico de estudios universitarios superiores o nivel de conocimientos equivalente a juicio de la Dirección.
Contenido de la prestación: Desempeña funciones, con mando o sin él, propias de su titulación o experiencia.
Niveles de entrada, desarrollo y referencia: Del 9 A (entrada) al 9 F (referencia). Los niveles 10 y 11 podrán alcanzarse cuando, a juicio de la Dirección, se acredite el suficiente grado de conocimientos, especialización y experiencia, ejerciendo mando directo sobre otras personas.
B) Técnico Medio.
Titulación/aptitudes profesionales: Título académico de estudios universitarios medios o nivel de conocimientos equivalentes a juicio de la Dirección.
Contenido de la prestación: Desempeña funciones, con mando o sin él, propios de su titulación o experiencia.
Niveles de entrada, desarrollo y referencia: Del 7 A (entrada) al 7 F (referencia). El nivel 8 podrá alcanzarse cuando, a juicio de la Dirección, se acredite el suficiente grado de conocimientos, especialización y experiencia, ejerciendo mando directo sobre otras personas.
C) Mando intermedio.
Titulación/aptitudes profesionales: Título académico de ciclo formativo de grado superior o nivel de conocimientos equivalentes a juicio de la Dirección.
Contenido de la prestación: Tiene mando directo sobre personas del mismo o distinto grupo profesional. Distribuye y controla el trabajo de las personas de su equipo, es responsable de la conservación de las instalaciones, seguridad y disciplina de las personas a sus órdenes, realizando, en su caso, funciones propias de sus conocimientos profesionales.
Le corresponde el nivel 6.
D) Administrativo.
Titulación/aptitudes profesionales: Título académico de ciclo formativo de grado superior o nivel de conocimientos equivalentes a juicio de la Dirección.
Contenido de la prestación: Realiza funciones contables, administrativas y otras análogas utilizando para ello los equipos necesarios para el tratamiento de la información, pudiendo ejercer supervisión sobre los trabajos de otras personas.
Nivel de entrada, desarrollo y referencia: Del 3 A (entrada) al 3 F (referencia). Los niveles 4 al 8 podrán alcanzarse cuando, a juicio de la Dirección, se acredite el suficiente grado de conocimientos, especialización y experiencia, pudiendo ejercer mando directo sobre otras personas del mismo o distinto grupo profesional.
E) Operario de Control.
Titulación/aptitudes profesionales: Título académico de ciclo formativo de grado superior o nivel de conocimientos equivalente a juicio de la Dirección, con conocimiento del panel de control del que es titular y de las unidades bajo el control del panel correspondiente.
Contenido de la prestación: Ejerce sus funciones con conocimiento de las unidades, instalaciones y servicios, trabajando en alguna de las especialidades básicas de la industria del petróleo. Efectúa los trabajos obteniendo y empleando las herramientas, materiales y equipos que se requiera y utilizando el equipo móvil de la empresa en dichas operaciones. Interpreta planos, especificaciones, diagramas y manuales apropiados. Cuida especialmente de la seguridad e higiene, dejando el lugar de trabajo en perfecto estado.
Le corresponde el nivel de referencia 5. Para las situaciones transitorias hasta adecuar la situación actual a este nuevo grupo profesional se estará a lo dispuesto en la disposición transitoria tercera.
F) Operario muy cualificado.
Titulación/aptitudes profesionales: Título académico de ciclo formativo de grado superior o nivel de conocimientos equivalentes a juicio de la Dirección.
Contenido de la prestación: Podrá tener mando directo, de forma permanente o temporal, sobre personas del mismo o distinto grupo profesional y ejerce, a juicio de la Dirección, las funciones propias de su oficio o actividad con un alto grado de conocimientos y experiencia.
Le corresponde el nivel 4.
G) Operario.
Titulación/aptitudes profesionales: Título académico de ciclo formativo de grado superior o nivel de conocimientos equivalente a juicio de la Dirección.
Contenido de la prestación: Ejerce sus funciones con conocimiento de las unidades, instalaciones o equipos de talleres y servicios, trabajando en alguna de las especialidades básicas de la industria del petróleo. Efectúa los trabajos obteniendo y empleando las herramientas, materiales y equipos que se requiera y utilizando el equipo móvil de la empresa en dichas operaciones. Interpreta planos, especificaciones, diagramas y manuales apropiados. Cuida especialmente de la seguridad e higiene, dejando el lugar de trabajo en perfecto estado y obtiene los permisos pertinentes.
Nivel de entrada, desarrollo y referencia: Del 3 A (entrada) al 3 F (referencia).
H) Ayudante Especialista.
Titulación/aptitudes profesionales: Título académico de educación secundaria obligatoria o nivel de conocimientos equivalente a juicio de la Dirección.
Contenido de la prestación: Desempeña funciones concretas y determinadas que no constituyen propiamente un oficio, pero que exigen cierta práctica o especialidad.
Niveles de entrada, desarrollo y referencia: Del 2 A (entrada) al 2 F (referencia).
I) Subalterno.
Titulación/aptitudes profesionales: Conocimientos a nivel de educación primaria o secundaria obligatoria.
Contenido de la prestación: Desempeña sus funciones según instrucciones concretas, con alto grado de dependencia, que requieren preferentemente esfuerzo o atención y para las que no es preciso una formación específica.
Niveles de entrada, desarrollo y referencia: Del nivel 1 A (entrada) al 1 F (referencia).
Artículo 6. Trabajos de grupo profesional inferior.
Si por necesidad justificada, y siempre que dicho trabajo no lo pueda realizar otro trabajador de inferior grupo profesional, se destinase a un empleado a labores pertenecientes a grupo profesional inferior al que esté adscrito, conservará la totalidad de las retribuciones correspondientes a su grupo profesional de origen, no debiendo permanecer en esta situación más de 60 días consecutivos o alternos en el transcurso de un año, excepto en aquellos supuestos expresamente previstos en este Convenio.
Se informará, posteriormente y con la mayor brevedad de esta situación al Comité de Empresa.
Artículo 7. Trabajos de grupo profesional superior.
Todo trabajador que desempeñe un trabajo de grupo profesional superior al que detenta, tendrá desde el primer día hasta el último el salario del grupo profesional que dicho puesto lleve implícito, así como también proporcionalmente en los descansos generados en el periodo en que hubiera ejercido el grupo profesional superior.
Se abonarán los trabajos de grupo profesional superior en relación con el número de horas efectivas que se realicen en el referido grupo profesional.
En el caso de que un trabajador desempeñe trabajos de grupo profesional superior durante más de 420 días consecutivos o alternos de trabajo efectivo durante 4 años, podrá reclamar ante la Empresa la clasificación adecuada.
Los empleados que consigan una promoción por este sistema, hasta que puedan ocupar una vacante del grupo profesional consolidado, podrán desarrollar trabajos de grupo profesional inferior sin estar sujetos a las restricciones recogidas en el presente Convenio, en lo referente al plazo de 60 días.
Artículo 8. Extensión del trabajo.
El personal desempeñará básicamente las funciones propias de su grupo profesional, relacionadas con sus puestos de trabajo.
No obstante, si dichas funciones no ocupasen plenamente su jornada laboral, estará obligado a realizar los trabajos que se le asignen, siempre que se correspondan con los propios de su grupo profesional y especialidad profesional u oficio, de los que se determinan en el Reglamento de Régimen Interior.
Excepcionalmente, en los casos de emergencia, todo el personal deberá realizar cualquier trabajo que se le encomiende.
Durante las paradas periódicas de las instalaciones, el personal de las que queden temporalmente fuera de servicio, colaborará con el personal de Mantenimiento en cuantos trabajos fuese necesario, siempre que no supongan menoscabo o vejación.
Artículo 9. Polivalencia y trabajos especiales.
Se mantiene con carácter de obligatoria y económicamente compensada en los sueldos que se fijen en este Convenio, la polivalencia, tal como está ahora establecida, es decir, la ejecución eventual o sistemática de algunas o de todas las labores que en sentido estricto pertenecen a otra especialidad u oficio del mismo taller al que se pertenece.
Con el fin de incrementar la productividad individual y las posibilidades de formación y realización profesional del personal, se establece el concepto de trabajos especiales consistente en la ejecución de tareas que, además de ser distintas y suplementarias a las que habitualmente se realizan en cada puesto de trabajo, han de corresponder a especialidades u oficios incluidos en talleres distintos a los que se pertenece, cuando así se requiera por el mando correspondiente. A estos efectos el Taller Eléctrico e Instrumentación serán considerados como dos talleres, el de Electricidad y el de Instrumentación.
La empresa organizará los cursillos de formación y entrenamiento profesional que sean precisos, para que todo el personal que, voluntariamente desee obtener la homologación correspondiente, pueda alcanzar la capacitación precisa para ello. Obtenida la homologación para desarrollar o ejercer un oficio distinto al que se ejerce como habitual, será obligatoria la prestación de esos servicios cuando sean requeridos.
La efectiva realización de estos trabajos especiales se remunerará de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.
CAPÍTULO III
Régimen económico
Artículo 10. Sueldo bruto anual.
Se establece para el año 2014 la tabla de sueldos brutos que figura como Anexo I al presente Convenio, de acuerdo con los grupos profesionales que en él se indican.
El personal que perteneciendo a algunos de los ocho primeros niveles salariales tuviera una retribución superior a la asignada al grupo a que pertenece, le será respetada a título personal sin que sea objeto de absorción ni compensación en el presente o ulteriores incrementos manteniendo su situación en calidad de condición más beneficiosa.
El sueldo bruto mensual se obtiene dividiendo el anual por la suma del número de pagas ordinarias y extraordinarias, esto es, por dieciséis.
Artículo 11. Complemento personal de antigüedad.
Todo el personal percibirá, además del sueldo, aumentos periódicos por tiempo de prestación de servicios en la empresa, consistentes en trienios, sin límite de éstos en cuantía de 58,48 euros mensuales por cada trienio para 2014, sin distinción de grupos profesionales, devengándose a partir del día primero del mes en que se cumplan los tres años de servicios en la empresa.
Artículo 12. Cómputo de antigüedad.
A los efectos previstos en el artículo anterior, se considerarán como efectivamente trabajados todos los días por los que el empleado haya percibido su retribución correspondiente o esté en situación de baja por accidente de trabajo o enfermedad.
Igualmente será computado el tiempo de excedencia forzosa por nombramiento para un cargo público o sindical y el de prestación del Servicio Militar. Por el contrario, no se estimará el tiempo en que el interesado permanezca en situación de excedencia voluntaria.
Artículo 13. Complemento de puesto de trabajo por peligrosidad.
El personal que preste sus servicios en el Centro de Trabajo de Muskiz y en la Terminal Marítima, cualquiera que sea su puesto de trabajo, percibirá los mismos meses naturales que los que cobra el sueldo, un plus de peligrosidad cuya cuantía será de 64,38 € mensuales para 2014, sin distinción de grupo profesional.
Artículo 14. Complemento personal por asistencia.
El personal devengará un complemento salarial de 74,27 euros para 2014 por cada mes natural, siempre que acredite haber trabajado todos los días de ese período. Por cada día, completo o parcial, de ausencia al trabajo dentro del período de referencia, cualquiera que sea el motivo de la misma, se descontará de este complemento a razón de 20% el primer día, 15% por cada día segundo, tercero y cuarto, 10% por cada día quinto, sexto y séptimo y 5% por el octavo día.
El anterior sistema de descuentos se mantendrá en vigor durante 2014 y 2015 en el supuesto de que el absentismo por enfermedad no supere el índice de 3,5 durante 2013 y 2014 respectivamente. A estos efectos se computará el absentismo motivado por consulta médica, enfermedad sin baja y la enfermedad con baja hasta un tiempo máximo de tres meses. En caso de ser superado en alguno de los años señalados, cualquier ausencia al trabajo que se compute como absentismo ocurrida durante el año siguiente, provocará la pérdida total del complemento.
El abono de este complemento, en los supuestos en que proceda, se hará en la mensualidad siguiente a la de su devengo.
A los efectos de este complemento, se entiende por día completo de trabajo y por lo tanto, no procederá descuento alguno, en los casos en que la ausencia en una jornada sea igual o inferior a una hora. Los períodos de vacaciones y los de viaje en comisión de servicio, se asimilan a trabajo efectivo.
El montante anual del Plus de Asistencia que los empleados hayan dejado de percibir, por aplicación del sistema de descuentos establecido en este artículo, pasará a engrosar el Fondo que contempla el artículo 54 del Convenio Colectivo.
Esta dotación quedará en suspenso en tanto el saldo de aquél no sea inferior a 60.101,21 euros o se produzca un gasto acumulado en el año, superior al doble de la dotación prevista, en cuyo momento la empresa procedería a realizar la aportación correspondiente.
Artículo 15. Complemento de puesto de trabajo por turnicidad.
El personal que realice un trabajo en régimen de turnos tendrá derecho a percibir un plus por este concepto, como compensación del tiempo invertido en relevos. El tiempo máximo a invertir en los relevos compensados por este plus será de 15 minutos. No obstante, en los casos de prolongación de jornada se computará como tiempo extraordinario desde la hora oficial de salida.
La cuantía diaria de este complemento será para 2014 de 9,96 euros para los grupos profesionales comprendidos en los seis primeros niveles de retribución de la tabla salarial y 13,64 euros para el resto del personal incluido en este Convenio. Estas cantidades y las que resulten de aplicar las revisiones pactadas para 2014 y 2015 serán incrementadas en 0,07 euros por cada trienio y día.
Este plus se percibirá por día efectivo de trabajo. Como excepción, se percibirá en los días de descanso semanal y durante las vacaciones anuales.
Las características especiales de «trabajo continuo» propias de las refinerías de petróleos, recogidas en el artículo 7 de la derogada Ordenanza del Refino y 10 del Reglamento de Régimen Interior, impiden usar de la media hora de descanso por jornada continuada de ocho horas, por lo que al personal que tenga derecho al devengo de horas extraordinarias y trabaje en la modalidad de horario de trabajo a turnos, se le compensará con el importe de media hora ordinaria con un recargo del 50% por cada jornada normal completa, no procediendo su devengo total ni proporcional al personal que no haya trabajado más de siete horas seguidas en su jornada.
Artículo 16. Complemento de puesto de trabajo por nocturnidad.
El personal que trabaje en turnos de noche, entendiéndose por tal el comprendido entre las 22,00 horas y las 6,00 horas percibirá un plus diario para 2014 de 24,73 euros si está comprendido en alguno de los seis primeros niveles de retribución de la tabla salarial y 34,11 euros para el resto del personal incluido en este Convenio. Estas cantidades y las que resulten de aplicar las revisiones pactadas para 2014 y 2015 serán incrementadas en 0,07 euros por cada trienio y día.
Dicho complemento se percibirá, además de por noche trabajada, en parte proporcional al período de vacaciones, esto es, en supuestos normales, siete días más.
Las fracciones de hora a efectos de este plus, se computarán como horas completas.
Tendrá derecho a la percepción de la parte proporcional que le corresponda, según el número de horas nocturnas trabajadas, el personal de jornada normal que en razón de trabajos extraordinarios debiera prestar servicio nocturno.
El personal que trabaje durante la jornada nocturna del 24 y 31 de diciembre, percibirá una compensación adicional de 247,41 euros en el año 2014 por noche o la parte proporcional correspondiente por fracción superior a una hora efectivamente trabajada.
Artículo 17. Pagas extraordinarias.
Como parte integrante de los salarios bases anuales establecidos para cada grupo profesional en la tabla salarial del Anexo I a este Convenio y por el motivo que se establece en el Reglamento de Régimen Interior, PETRONOR abonará en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, una mensualidad del sueldo base a todo el personal más la antigüedad, si la hubiere.
Serán fechas de abono respectivamente el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de Septiembre y el día inmediato anterior hábil al 21 de diciembre.
Cada paga extraordinaria corresponde a cada trimestre natural del año civil, siendo su devengo proporcional al tiempo de permanencia en alta en cada uno de ellos.
Artículo 18. Horas extraordinarias.
1. Definición: Tendrán carácter de horas extraordinarias las que se realicen por el personal después de haber trabajado la jornada ordinaria completa en cualquiera de los horarios de trabajo que están establecidos en la empresa.
2. Límites: Se respetarán los límites señalados en la legislación vigente.
A efectos de llevar un seguimiento de las horas extraordinarias, la Compañía informará mensualmente al Comité de Empresa de las horas extraordinarias realizadas en las distintas secciones o departamentos de la empresa, explicando los motivos de las mismas.
3. Obligatoriedad: Se entenderá que la iniciativa del trabajo en horas extraordinarias corresponderá a la Dirección de la Empresa y la libre aceptación o denegación al trabajador, a excepción de aquellos casos que por considerarse de emergencia, es decir, por averías de reparación perentoria que afecten a la producción, puedan originar notables perjuicios, en cuyo caso será obligatoria la prestación.
La determinación de los casos de emergencia, es decir, qué averías han de ser consideradas como de reparación perentoria, corresponderá a la Dirección de la Empresa. Si el personal afectado considerase que se le irroga perjuicio, podrá reclamar ante el Comité de Empresa, sin perjuicio, naturalmente, de cumplir la orden.
La emergencia será comunicada al operario en el momento que se produzca, por escrito que será firmado por el Jefe de Departamento o persona en quien delegue.
4. Retribución: Las horas extraordinarias se pagarán con el recargo del 75%.
El importe de las horas extraordinarias se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:
VHE =
SBA+A+T+N+P
x (1+Pr)
N.º horas año
VHE = Valor hora extraordinaria.
SBA = Salario Bruto Anual.
A = Antigüedad.
T = Importe anual concepto turnos.
N = Importe anual concepto nocturnos.
P = Importe anual concepto peligrosidad.
Pr = Porcentaje de recargo.
El denominador de la fórmula que sirve para el cálculo del VHE, será el n.º de horas/año que para cada año de vigencia, para cada tipo de jornada y colectivo afectado, se establece en el artículo 42 del Convenio Colectivo.
En las horas extraordinarias de carácter obligatorio se incluirá en el numerador el importe anual del plus de brigadas.
5. Compensación en descanso: Ambas partes se comprometen a reducir el número de horas extraordinarias a las realmente necesarias. En este sentido, las de carácter voluntario se disfrutarán día por día, abonándose el 0,75 de recargo. Asimismo, tanto en este tipo de horas como en las de carácter obligatorio, el trabajador podrá optar por su compensación en descanso con el recargo establecido.
Las fechas de disfrute estarán condicionadas a las necesidades del servicio y al acuerdo entre las partes.
Artículo 19. Trabajos extraordinarios.
Si después de haber abandonado el centro de trabajo por finalización de su jornada, algún trabajador que tenga derecho al devengo económico de horas extraordinarias, fuera llamado para incorporarse de inmediato o en un plazo inferior a 48 horas con el fin de realizar algún servicio no programado con anterioridad, se le abonará como compensación el importe de cuatro horas de trabajo con el recargo del 50% además de las que efectivamente trabaje, siendo para esta última de aplicación en cuanto a sus valores, lo establecido en el artículo anterior.
Será abonada asimismo, una compensación equivalente a dos horas de trabajo con el recargo antes citado, en los casos en que existiendo un aviso para hora fija, sea revocado con posterioridad a las tres primeras horas desde que aquél se hizo, mediando, claro está, la oportuna comunicación al trabajador.
Una vez finalizados los trabajos extraordinarios mediarán como mínimo 12 horas hasta el comienzo de la jornada normal del trabajador.
Artículo 20. Compensación por trabajos especiales.
Los trabajos definidos como especiales en el artículo 9 y realizados, por indicación del mando correspondiente, dentro de la jornada ordinaria, serán compensados además del salario que corresponda, mediante un complemento por hora invertida, según la fórmula:
VHE =
S. B. A.
x 0,50
N.º horas año
Artículo 21. Bolsa de vacaciones.
La compensación que se fija para quienes disfruten sus vacaciones en los períodos comprendidos entre el 1 de enero al 15 de junio y del 16 de septiembre al 31 de diciembre, será de 19,42 euros durante 2014.
Artículo 22. Incremento salarial, cláusula de revisión y retribución variable por objetivos.
Para cada uno de los dos años de vigencia del Convenio Colectivo, se aplicará un incremento del 0,6% en todos los conceptos retributivos (sueldos, complementos fijos, complementos variables y beneficios sociales), tomando como referencia los vigentes al 31/12/2013. A estos efectos, los valores de la tabla salarial del Anexo I y del resto de conceptos retributivos recogidos en el presente convenio ya incluyen el incremento del 0,6% correspondiente al año 2014 y servirán de base para fijar los valores del 2015.
Igualmente, las partes manifiestan que a la hora de fijar las condiciones salariales del próximo Convenio Colectivo deberán tenerse en cuenta, prioritariamente, tanto el comportamiento del IPC durante el periodo de vigencia del presente Convenio Colectivo como la evolución de los resultados del Grupo Repsol, con el objetivo de que el incremento en tablas a considerar en el siguiente Convenio Colectivo refleje objetiva y responsablemente la evolución de la inflación en los periodos de vigencia del Convenio Colectivo (pasado y previsto) y los resultados del Grupo.
En el supuesto de que el incremento del IPC acumulado en los dos años de vigencia del convenio Colectivo fuera superior al 1,2% y si el resultado neto recurrente a CCS acumulado del Grupo Repsol en dicho periodo hubiera sido superior a 3.679 millones de euros (*), se procederá al abono de un pago único no consolidable, por un importe igual a la diferencia entre las cantidades brutas percibidas por cada trabajador por el incremento del 0,6% efectuado en cada uno de los citados años y las que habría percibido en el supuesto de que hubiera sido aplicado, en cada uno de dichos años, un incremento al IPC real.
(*) Importe resultante de incrementar el resultado neto recurrente a CCS de 2013 (1.823 millones de euros) en un 0,6% anual acumulativo en cada uno de los años de vigencia de este Convenio. Tanto el resultado objetivo como el finalmente obtenido en el periodo indicado deben ser homogeneizados, en su caso, detrayendo los resultados asociados a las operaciones inorgánicas significativas realizadas.
1. Retribución variable por objetivos.
La retribución variable por objetivos, que tiene como finalidad potenciar que el compromiso de todas las personas que trabajan en Petronor se oriente hacia la consecución de los objetivos clave, a la vez que se introduce una cultura de medición de la eficiencia de las organizaciones.
La retribución variable así definida se establece como un determinado porcentaje máximo (2,5% en cada uno de los años 2014 y 2015) de los conceptos retributivos salario base, complemento de antigüedad, complemento de peligrosidad, plus de asistencia, complemento de turnicidad, complemento de nocturnidad, plus d.j.c., plus de festivos y plus de brigadas, a percibir una vez finalizados cada uno de los años indicados y en función del grado de consecución de los objetivos establecidos, no teniendo carácter consolidable.
Adicionalmente, en el supuesto de que la suma del resultado neto recurrente a CCS acumulado del Grupo Repsol en los años 2014 y 2015 alcance los 3.924 millones de euros (*), el citado máximo alcanzable se incrementaría, con efectos 1 de Enero de 2015, en un 0,5% adicional, quedando fijado en un 3% para dicho año 2015.
(*) Importe resultante de incrementar al resultado neto recurrente a CCS de 2013 (1.823 millones de euros) en un 5% anual acumulativo en cada uno de los años de vigencia de este Convenio. Tanto el resultado objetivo como el finalmente obtenido en el periodo indicado deben ser homogeneizados, en su caso, detrayendo los resultados asociados a las operaciones inorgánicas significativas realizadas.
Estos objetivos, en número máximo orientativo de cinco, serán definidos anualmente por la dirección de la Compañía, quien propondrá al Comité de Empresa la graduación de la escala de consecución y el peso ponderado de cada uno de ellos, cuya suma global será igual a cien.
En reunión a mantener con el Comité de Empresa, la dirección expondrá de forma detallada y razonada los objetivos definidos y, en su caso, se introducirán las modificaciones que las partes consideren adecuadas en lo referente al peso ponderado y grado de consecución de cada uno de los objetivos.
La definición de los objetivos se realizará considerando que:
– Sean grupales, es decir, definidos para el conjunto de los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo.
– Sean acordes con los objetivos de la Compañía, cuantificables y medibles.
– La representación legal de los trabajadores podrá objetar de forma razonada alguno de los objetivos definidos por la dirección, en el supuesto que entendiera que éste pudiera ir en contra de los intereses de los trabajadores. En este caso las partes deberán alcanzar el correspondiente acuerdo para la resolución de la controversia.
– La puntuación final vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los objetivos, dando lugar al porcentaje de cumplimiento global que determinará el importe de la retribución variable a percibir.
El calendario estimado es el siguiente:
Enero: definición de objetivos, ponderación e indicadores.
Junio: reunión de seguimiento donde se analizará el avance de los objetivos.
Enero-febrero: cierre del ejercicio y evolución del grado de consecución de los objetivos correspondientes al año anterior.
Marzo: a partir de este mes, y como máximo antes de mayo, la nómina incluirá el pago de la retribución variable correspondiente al año anterior.
En el supuesto que durante el año se produjeran hechos o acontecimientos sobrevenidos y ajenos a las partes que pudieran afectar significativamente a los objetivos definidos, se reunirán los representantes de la compañía y de los trabajadores para analizar la situación y, en su caso, propondrán a la dirección la adopción de las medidas que se consideren oportunas en relación con los objetivos afectados.
Al objeto de asegurar la correcta implantación y seguimiento del sistema de retribución variable por objetivos, incluyendo abordar y corregir adecuadamente cualquier posible desajuste que pudiera presentarse, las partes acuerdan:
a) Desarrollar y establecer una adecuada dinámica de exposición, entendimiento y discusión de los objetivos definidos, entendiendo por tal su idoneidad, el escalado del grado de consecución y sus pesos ponderados. En la fase de implantación la dirección presentará los datos relevantes referidos a los objetivos definidos que permitan constatar que dichos objetivos resultan razonables. Esta dinámica debe estar fundamentada en la buena fe de las partes y en el entendimiento entre éstas y debe igualmente permitir asegurar el correcto desarrollo del proceso de fijación y seguimiento en los ejercicios futuros.
b) Además de las reuniones que se derivan del calendario anteriormente detallado y al objeto de realizar un adecuado seguimiento de la implantación de la retribución variable por objetivos, los representantes de la empresa y de los trabajadores se reunirán a petición de cualquiera de las partes cuando existan razones que así lo justifiquen y, en cualquier caso, realizarán una reunión extraordinaria de seguimiento en el mes de septiembre.
c) En el supuesto de que no se hubiera alcanzado un grado de consecución global del conjunto de los objetivos del 50 %, los representantes de la empresa y de los trabajadores se reunirán y analizarán los hechos y circunstancias que han ocurrido y, en su caso, se propondrá a la dirección la adopción de las medidas que pudieran resultar razonables a la vista de las causas que motivaron el insuficiente grado de consecución.
Artículo 23. Cuantía de las dietas y suplidos de viaje.
Se fija para 2014 en 118,08 euros el importe de la dieta por día completo para el personal de los grupos profesionales comprendidos en los ocho primeros niveles de retribución de la tabla salarial del Anexo I y en 153,97 euros para los comprendidos en los niveles nueve al once.
Los importes anteriores se distribuyen así:
5%: Desayuno.
25%: Comida.
25%: Cena.
45%: Alojamiento.
El 45% destinado a alojamiento se podrá sustituir opcionalmente por el sistema de justificación de gastos con la presentación de la factura correspondiente. A estos efectos el hotel no superará la categoría de tres estrellas.
Los desplazamientos en vehículo propio con autorización de la empresa se abonarán a razón de 0,49 euros para 2014.
En el supuesto de salidas al extranjero por cuenta de la Empresa, el régimen a seguir para todo el personal será el de gastos pagados, previa justificación de los mismos.
Artículo 24. Anticipos a cuenta.
Todo el personal, a través de la Jefatura de Relaciones Laborales, tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta hasta el 90% del sueldo mensual ya devengado, descontándose dichos anticipos de la liquidación de haberes.
El anticipo solicitado le será abonado en el plazo máximo de tres días.
Artículo 25. Suplido por desplazamiento.
El personal de Refinería cuyo domicilio exceda en 5 Km. de la Terminal Marítima o de cualquiera de las paradas regulares de los servicios de autobuses que la Empresa tiene concertados, percibirá por día de asistencia al trabajo una ayuda por desplazamiento consistente en 0,17 euros para 2014 hasta la Terminal Marítima o parada más próxima de las referidas líneas de autobuses.
El cambio de domicilio posterior al 23.05.77 no dará derecho a la percepción del referido plus, salvo que el mismo obedezca al matrimonio del trabajador, a su unión como pareja de hecho, a haberse independizado del domicilio en el que vivía con sus padres y en los casos de separación, divorcio o cese en la unión como pareja de hecho, situaciones éstas que deben estar legalmente reconocidas.
Asimismo, la aproximación del domicilio del trabajador receptor de la ayuda por desplazamiento a la Refinería, supondrá la reducción del importe, o bien su supresión si no concurrieran las condiciones señaladas.
El personal del Centro de Trabajo de Madrid percibirá una ayuda por desplazamiento de 2,90 euros para 2014 por día efectivo de asistencia al trabajo.
CAPÍTULO IV
Ingresos, ascensos y cobertura de vacantes
Artículo 26. Periodo de prueba.
La admisión de personal se considerará provisional durante un período que se denomina de prueba y que en modo alguno podrá exceder del señalado en la siguiente escala:
– Técnicos titulados: Seis meses
– Técnicos no titulados, administrativos y operarios de oficio: Tres meses.
– Personal subalterno y no cualificado: Dos semanas.
Dicho período de prueba será interrumpido en caso de devenir el trabajador en situación de Incapacidad Temporal.
Superado el período de prueba se computará dicho período como de servicios prestados a efectos de la antigüedad del trabajador.
Artículo 27. Ascensos.
Los ascensos a grupo profesional superior se realizarán por los sistemas de:
a) Concurso.
b) Concurso-oposición.
c) Libre designación de la Empresa.
Artículo 28. Ascensos por concurso.
Independientemente de lo consignado en el artículo anterior, la Empresa convocará anualmente un concurso de méritos en la forma actualmente establecida y que será supervisado por la Comisión de Formación y Promoción.
Serán considerados como méritos o factores básicos, la cantidad y calidad de trabajo desarrollado en el grupo profesional de origen, así como los conocimientos y adaptación al nuevo grupo profesional al que se intenta promocionar y que pueda evidenciarse, entre otros hechos, por la asistencia a cursillos de formación organizados por la Empresa o por otros centros ajenos a la misma, aprovechamiento obtenido en los mismos, etc. La efectividad de estos ascensos será computada a partir del día 1 de enero.
Artículo 29. Ascensos por concurso-oposición.
Los Ayudantes Especialistas que perciban el nivel 2F podrán optar por adquirir el grupo profesional superior, estando obligada la empresa a realizar cursillos de capacitación y un posterior examen de aptitud. En caso de superar el examen se producirá el ascenso, percibiendo el sueldo correspondiente al nivel 3D. Ahora bien, de no existir vacantes, adquirirán el grupo profesional, aunque seguirán desempeñando las funciones de Ayudante Especialista.
Quedarán sujetos a la realización de pruebas de aptitud que se estimen adecuadas, los Ayudantes Especialistas en su promoción al grupo profesional de operarios, supervisando el proceso la Comisión de Formación y Promoción.
Artículo 30. Ascensos por libre designación.
Serán de libre designación de la Empresa, el nombramiento de cualquier puesto que implique mando de una forma permanente o eventual.
Artículo 31. Naturaleza de las vacantes.
Se entenderá puesto vacante aquél que figure en el organigrama oficial de la Compañía y la Dirección de la Empresa acuerde su provisión.
A estos efectos, las vacantes pueden ser:
a) Definitivas.
b) Temporales.
Artículo 32. Vacantes definitivas.
Son vacantes definitivas aquellas que figuren en el organigrama oficial de la Compañía y se refieren a puestos de trabajo cuyo ocupante haya sido destinado, con carácter de permanencia, a otro puesto de trabajo o haya cesado en la empresa.
Artículo 33. Vacantes temporales.
Son vacantes temporales aquellas que figuren en el organigrama oficial de la Compañía y se refieran a puestos de trabajo cuyo ocupante haya pasado a otro puesto temporalmente o se halle en suspensión de contrato por licencia, enfermedad, servicio militar, maternidad, cargo público, político o sindical que legalmente le confiere el derecho a volver a su anterior puesto de trabajo al cesar dicha causa.
Asimismo, tendrá la consideración de vacante temporal, la producida como consecuencia de adiestramiento en otra dependencia propia de la empresa o ajena a la misma.
Artículo 34. Provisión de vacantes temporales.
La provisión de vacantes temporales se realizará de la forma siguiente:
a) En el caso de que la Empresa considere necesario cubrir una vacante temporal vendrá obligada a cubrirla preferentemente con el personal de la propia empresa, siempre y cuando hubiera personal debidamente cualificado.
b) El trabajador que pase a cubrir una vacante temporal, percibirá las retribuciones asignadas a ésta durante el tiempo que la hubiese ocupado.
c) Cuando el titular del puesto se reincorpore, cesará la sustitución temporal, volviendo a su anterior puesto y retribución.
d) Se entiende por puesto de trabajo todo aquél que figure en el organigrama oficial de la Compañía.
Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, la Dirección de la Compañía publicará anualmente un organigrama oficial en el que se incluirá la totalidad de los puestos de trabajo necesarios en la empresa.
Para la confección de dicho organigrama se tomará como referencia los puestos actuales. En función de las bajas que se produzcan (jubilaciones, bajas incentivadas voluntarias, incapacidades absolutas y por muerte), se irá ajustando el mismo en la vigencia del Convenio.
Las bajas estimadas, indicadas en el párrafo anterior, posibilitarán a la Compañía la reducción de puestos de trabajo a figurar en el Organigrama Oficial.
Previo a la publicación del organigrama modificado, se informará al Comité de Empresa del alcance del mismo, así como de las condiciones técnicas y de formación que avalan las garantías de operatividad y seguridad. Sobre la base de esta información, el Comité de Empresa emitirá las sugerencias que estime oportunas.
El índice de cobertura se establecerá en los términos del apartado d) del artículo 35 del IX Convenio Colectivo, extendiendo el sistema establecido para Procesos a las áreas de Tanques, Cargaderos, Terminal Marítima y URF. Asimismo, el Comité de Empresa estaría dispuesto a estudiar nuevas fórmulas que optimicen la utilización de dicha cobertura.
La Compañía ofrece el abono de un día ordinario en compensación al posible cambio de letra de los Operadores como consecuencia de la disminución de cobertura en el colectivo de Operadores producida por la provisión de una vacante temporal de Jefe de Área o de Turno.
Artículo 35. Sistema de cobertura de vacantes.
Cuando de la publicación del organigrama oficial de la Compañía se derive la existencia de alguna vacante, ésta será cubierta, salvo los supuestos previstos en el artículo 30, mediante el siguiente sistema:
a) En primer lugar, a través de la aplicación del artículo 37.
b) En segundo lugar, a través de la realización de pruebas objetivas por parte de los órganos especializados de la Empresa, supervisando el proceso la Comisión de Formación y Promoción, entre todos aquellos trabajadores de la plantilla que estuvieran interesados y que cumplan las condiciones requeridas.
En este último caso, la Dirección de la Empresa publicará la existencia de la vacante en los tablones de anuncios para general conocimiento.
Artículo 36. Bolsas de empleo y cobertura.
Con objeto de ampliar la bolsa de empleo, para adecuarla a las necesidades derivadas de las prejubilaciones previstas hasta 2019 y a las necesidades de formación para incrementar el índice de conocimiento, se realizarán tres cursos de formación de operadores, que como mínimo supondrá la formación de 75 personas, partiendo de las 35 personas actuales. Año a año el número de personas a integrar a la bolsa se adecuará a las necesidades previstas, a la vista de la experiencia de años anteriores, en relación con el número de contrataciones efectivamente realizadas.
Cuando existan vacantes definitivas, se procurará que la contratación se efectúe entre el personal procedente de la bolsa de empleo.
– Trabajadores procedentes de la bolsa de empleo: En el momento en que el trabajador procedente de la bolsa de empleo adquiera la condición de fijo, se le reconocerá a todos los efectos relacionados con la antigüedad, el tiempo efectivamente trabajado mediante la fórmula de contratación temporal, con excepción de lo establecido en el apartado siguiente.
– Tiempo de permanencia en el Nivel de Entrada: En aquellos casos en que se formalice un contrato de carácter indefinido con un trabajador que previamente hubiera suscrito con PETRONOR uno o varios contratos temporales, se computará a efectos de tiempo de permanencia en el Nivel de Entrada, los períodos de Contrato Temporal, siempre que haya desempeñado funciones similares encuadradas en la misma actividad.
Estas medidas serán de aplicación a las incorporaciones con contrato indefinido, producidas a partir de la firma del presente Convenio Colectivo.
CAPÍTULO V
Cambios de puesto y traslados
Artículo 37. Cambios de puesto.
La Dirección de la Compañía podrá efectuar cambios de puestos de trabajo en el seno de la empresa, dentro del grupo profesional del empleado, de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad del trabajador.
Se entenderá por cambio de puesto toda situación en la que tenga lugar el pase de un puesto de trabajo a otro, pudiendo llevar o no aparejado cambio a grupo profesional superior.
El cambio de puesto de trabajo podrá tener lugar:
– Por petición del trabajador.
– Por mutuo acuerdo.
– Por decisión de la Dirección de la Empresa.
En el primero de los casos citados, de accederse a su petición, el trabajador aceptará las condiciones económicas de trabajo y de grupo profesional inherentes a la nueva situación.
Si el cambio de puesto se efectúa por mutuo acuerdo entre la Empresa y el trabajador, se estará a lo establecido por las partes.
Si el cambio se realiza por decisión unilateral de la Dirección de la Empresa, dentro de su grupo profesional, se respetarán al trabajador, a título personal, las retribuciones en su cuantía total que viniese percibiendo por todos los conceptos, a menos que el cambio de puesto sea debido a prescripción facultativa, a causas imputables al trabajador o a causas ajenas a la Dirección de la Empresa, en cuyo caso el trabajador percibirá la retribución de su grupo profesional y los restantes conceptos retributivos propios del puesto de trabajo que pase a ocupar.
Si, a juicio de la Dirección de la Empresa, el cambio viene motivado por innovaciones tecnológicas o por inversiones encaminadas a las mejoras organizativas y una vez agotadas las posibilidades de que dicho cambio se produzca de mutuo acuerdo, para el caso de la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo profesional, no en caso contrario, sólo será posible si existen, además, razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención. En tal caso la Dirección de la Compañía comunicará su decisión y las razones de ésta a los representantes de los trabajadores.
El personal que pase de turnos a jornada normal percibirá la retribución y restantes conceptos retributivos propios del puesto de trabajo que pase a ocupar. Este personal que durante la vigencia del presente Convenio no será superior a 10 personas garantizándose el mantenimiento de la cobertura especificada en el artículo 34, percibirá los pluses propios del régimen de turnos de forma decreciente hasta su extinción en el plazo de tres años.
Tratándose de trabajadores de más de 40 años de edad, si por disminución de su capacidad laboral hubiera de prescindirse de sus servicios, no teniendo derecho a pensión de jubilación de la Seguridad Social, la Dirección de la Compañía podrá decidir el cambio de puesto de trabajo, adscribiendo al trabajador a otro más apropiado a sus aptitudes personales, respetando la dignidad y el grupo profesional del mismo, así como también su retribución, cuando ésta no fuese mejorada por dicha medida.
Artículo 38. Traslados.
Se entiende por traslado, el cambio de puesto de trabajo que implica para el trabajador un cambio permanente de residencia. En ningún caso se conceptuará traslado la distinta asignación a cada una de las dependencias que la Empresa posea, afectas al Centro de Trabajo de Muskiz.
El traslado podrá realizarse:
– A instancias del interesado.
– Por mutuo acuerdo entre la Empresa y trabajador.
– Por decisión de la Dirección de la Empresa, en el caso de necesidades del servicio.
En el primero de los supuestos, la petición se formulará por escrito y de accederse a ella, el Trabajador no tendrá derecho a indemnización alguna.
Cuando el traslado se efectúe de mutuo acuerdo entre la Empresa y el trabajador, se estará a lo convenido entre ambas partes.
Cuanto el traslado se efectúe por decisión de la Dirección de la Empresa, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido por la legislación vigente, la Empresa se compromete a lo siguiente:
a) Abonará al trabajador todos los gastos que el traslado origine.
b) Abonará una mensualidad completa de su sueldo real neto.
c) Concederá como permiso retribuido, con la totalidad del sueldo real bruto, los días necesarios para efectuar el cambio de residencia.
d) El trabajador optará entre que se le facilite vivienda de categoría similar a la que viniera ocupando de acuerdo con las características de la localidad de su nueva residencia, o recibir una compensación mensual equivalente al 25% de la doceava parte de la retribución anual bruta del nivel 3F de la tabla salarial del Anexo I.
e) Caso de que se produzca vacante a cubrir en el grupo profesional del trasladado en su centro de trabajo de origen, tendrá aquél derecho preferente a cubrir dicha vacante, siempre que se cumpla con los requisitos y exigencias de la misma.
CAPÍTULO VI
Vacaciones, horario, licencias y excedencias
Artículo 39. Vacaciones.
El personal de Petronor disfrutará anualmente de 30 días naturales de vacaciones no siendo computables los días de fiesta no dominicales que tengan tal carácter según el calendario laboral oficial, y que se hallen incluidos en ese período. En los Departamentos en los que no sea posible el disfrute de estos días, se computarán como días festivos extraordinarios. No obstante, el personal a cinco y tres turnos no disfrutará los festivos coincidentes en sus vacaciones, compensando esto con el abono del importe equivalente a ocho horas extraordinarias por cada festivo.
Los programas de vacaciones se confeccionarán con participación del personal afectado, como principio general, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
Las vacaciones se disfrutarán conforme al Anexo II que se acompaña al presente Convenio para cada una de las distintas secciones.
Podrán empezarse en lunes o jueves, con el fin de evitar vacíos entre la terminación de un grupo y el inicio de otro, siendo rotativas anualmente.
El personal a turnos se ajustará al calendario anual establecido a tal fin.
Los calendarios de vacaciones estarán expuestos en los respectivos tablones de anuncios, antes del 31 de marzo de cada año.
Artículo 40. Percepción en caso de vacaciones.
El salario percibido durante el período de vacaciones será el sueldo bruto más la antigüedad y los pluses de peligrosidad, turnicidad, nocturnidad y brigadas. El plus de nocturnidad se percibirá en la parte proporcional que hubiera correspondido trabajar de no hallarse en período de vacaciones y concretamente, el plus de nocturnidad percibido será de siete días.
Artículo 41. Interrupción de vacaciones.
En caso de interrupción de vacaciones por emergencia, la empresa correrá con todos los gastos que implique la incorporación del trabajador al centro de trabajo y que sean debidamente justificados. Una vez terminada dicha emergencia, se le añadirán al trabajador tres días, más los perdidos por emergencia y el desplazamiento.
Las vacaciones quedarán interrumpidas en los supuestos de enfermedad, accidente, maternidad y paternidad en los períodos establecidos legalmente como de baja, dando traslado a la empresa, en período hábil, del oportuno parte de baja y los sucesivos informes sobre la misma.
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
Artículo 42. Jornada y horario de trabajo.
Las jornadas anuales que regirán para los distintos colectivos durante el período de vigencia del presente Convenio, serán las siguientes:
a) Personal en régimen de cinco turnos:
– Año 2014: 1.680 horas.
– Año 2015: 1.680 horas.
b) Personal a jornada normal y resto de modalidades de jornada:
– Año 2014: 1.694 horas.
– Año 2015: 1.694 horas.
1. Centro de Trabajo de Muskiz:
1.1 Personal a jornada normal:
La distribución de la jornada anual de este personal se hará de común acuerdo con la Empresa, de tal forma que, además de las vacaciones establecidas, queden días laborables libres para ser disfrutados de conformidad con las normas que se establecen en este mismo apartado.
El presente Convenio establece que durante su vigencia se dispondrá de diez días laborables libres cada año y además, los días 24 y 31 de diciembre tendrán la consideración de días no laborables. Asimismo, la jornada laboral de los viernes será continuada y finalizará a la hora que se concrete al fijar el calendario laboral.
En cada año de vigencia del Convenio y en acta separada, se señalará el horario diario, el número de días de trabajo anual que corresponde realizar al colectivo afectado, la programación de los días libres y los turnos de disfrute, así como, la proporción entre el número de días de reducción a tomar por cada trabajador y el trabajo efectivo que realice en cómputo anual.
1.2 Personal a turnos:
De la diferencia entre el número de horas anuales resultantes del Calendario Laboral de cinco turnos y las horas pactadas durante la vigencia del Convenio para el personal sujeto al régimen de cinco turnos, se deduce que este personal dispondrá, respecto de dicho Calendario, de once días libres en los años 2014 y 2015, salvo Salud Laboral que dispondrá de nueve días libres. Su disfrute se llevará a cabo previo acuerdo entre las partes y cubiertas las necesidades del servicio y además, se tendrá en cuenta lo siguiente:
– Una Comisión Paritaria será la encargada de analizar la problemática que supone en el turno el disfrute de los once días señalados anteriormente y sistematizar su disfrute, entendiendo que, como mínimo, se partiría de la disposición, por parte del personal, de cuatro días optativos, quedando pendiente de determinar la forma de disfrute de los siete días restantes.
Del número de horas en cómputo anual señalado anteriormente, se trabajarán 16 horas en régimen de jornada normal.
El horario de trabajo en régimen de turnos será de 06,00 horas a 14,00 horas, de 14,00 horas a 22,00 horas y de 22,00 a 06,00 horas del día siguiente.
Ningún trabajador en régimen de turnos podrá abandonar su puesto de trabajo sin que haya sido relevado.
No obstante, la Empresa procurará conseguir la sustitución en cuatro horas realizando las oportunas gestiones para evitar la prórroga de jornada durante todo el relevo.
Si se produjera un cambio de turno, por necesidades del servicio, se estará a lo siguiente:
a) Se procurará mantener la proporcionalidad entre los días trabajados y sus correspondientes descansos, respecto a la cadencia existente en el momento del cambio (6,4/2). Si esto no fuera posible, el exceso de horas trabajadas sobre las establecidas como normales en la cadencia de referencia, tendrán el carácter de extraordinarias.
b) Si se realizara un exceso de horas sobre las establecidas como normales, durante el período que dure el cambio, será obligado su disfrute en los días que se fijen de común acuerdo en el supuesto de que las necesidades del servicio lo permitan. En caso contrario se abonarán aquellas con el carácter de extraordinarias.
c) Si el trabajador dejase de disfrutar un domingo, coincidente con alguno de los días de descanso, se le compensará con el disfrute de otro domingo a convenir de acuerdo con su mando respectivo. Esta compensación sólo se producirá cuando el número de domingos anuales disfrutados resulte inferior a los de su turno de procedencia.
Sin el previo acuerdo entre partes, salvo necesidades urgentes, abandono de áreas y emergencias, no se podrá doblar el relevo dos días consecutivos. Esta circunstancia no será tenida en cuenta durante los períodos de disfrute de vacaciones.
d) El trabajador no sufrirá merma en sus retribuciones (sueldo y complementos), si por el cambio realizado saliera perjudicado.
e) El trabajador será compensado con una jornada laboral que, a opción del mismo, será retribuida en metálico (al valor de la hora ordinaria) o mediante descanso.
2. Otros Centros de Trabajo:
El número de horas de trabajo en cómputo anual para las demás dependencias y Centros de Trabajo que no sea el de Muskiz, será el que se establece en este artículo 42, en razón de la modalidad de jornada, acomodando el horario, de mutuo acuerdo entre la Empresa y trabajadores, a las circunstancias particulares de cada Centro de Trabajo.
3. Flexibilidad horaria:
El personal sujeto a jornada ordinaria que preste servicios directos en actividades flexibilizables podrá solicitar autorización de la dirección de la compañía para desempeñar su trabajo en horario flexible, exponiendo los motivos de su petición y el periodo por el que la solicita que, como mínimo, será de un mes. Se denomina a estos efectos horario flexible el que permite adelantar la entrada o retrasar la entrada hasta una hora desde el comienzo normal de la jornada. En ambos casos se deberá regularizar el tiempo en el mismo día y, tanto si se adelanta como si se retrasa, el desplazamiento será a cargo del empleado quien deberá utilizar medios de transporte propios.
Artículo 43. Cambio de horario provisional.
Provisionalmente y siempre que las necesidades del servicio lo requieran, el personal queda obligado a someterse al régimen de turnos rotativos, con un preaviso mínimo de cinco días, fijando el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de aquel.
Si al producirse un cambio de horario se trabajase algún sábado, domingo o festivo, generando por ello un exceso de jornada respecto de su calendario de jornada normal, dicho exceso no tendrá carácter de horas extraordinarias pero dadas las circunstancias en que se ha originado, será compensado económicamente con el valor que para las mismas se establece en el artículo 18 o con el tiempo equivalente o lo que es lo mismo, con el recargo del 75 % en tiempo.
Cuando se dé un cambio de horario, el trabajador tendrá derecho a una jornada laborable de descanso entre la finalización del horario que tenía y el comienzo del nuevo.
Este cambio de horario, salvo emergencia en que tampoco será preciso el aviso de cinco días, no podrá ser superior a 30 días al año.
Artículo 44. Excedencia voluntaria.
Además de la excedencia prevista en el punto 2 del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, la Compañía concederá excedencia voluntaria a su personal por un plazo no inferior a seis meses ni superior a tres años, siempre que se den al mismo tiempo las condiciones siguientes:
a) Que el motivo de la excedencia responda a fundamentos de orden familiar o estudios. A estos efectos, la pareja de hecho tendrá la consideración de familiar.
b) Que el personal que la solicite lleve más de dos años al servicio de la Compañía.
c) Que no se encuentre el 2% de la plantilla en tal situación o, aunque no se diera la anterior circunstancia, se hallaran disfrutando la excedencia dos trabajadores del mismo Departamento.
La falta de veracidad en la exposición de las circunstancias condicionantes dejará sin efecto la excedencia, por vicio de consentimiento, estando facultada la Compañía para rescindir el contrato de trabajo con el excedente, dando por extinguida toda relación laboral.
Admitiéndose que los motivos de tipo familiar o estudios puedan dar lugar a trabajos por cuenta propia o ajena del excedente, si ellos fueran propios de su profesión, dejarían igualmente sin validez la excedencia, con los efectos señalados en el párrafo anterior.
No se computará a ningún efecto el tiempo transcurrido en esta situación, reservándose la plaza durante la duración exacta de la excedencia, pero con antelación de 30 días naturales a la expiración de la misma, deberá el interesado solicitar documentalmente el reingreso en la empresa. La omisión de esta diligencia en su forma y fondo se interpretará por la Compañía como manifiesto deseo de no reincorporación, pasando a considerar la baja definitiva, a todos los efectos.
Artículo 45. Excedencia forzosa.
Se considera excedencia forzosa la derivada del cumplimiento del Servicio Militar obligatorio o voluntario, Prestación Social Sustitutoria y del desempeño de cargos públicos o sindicales cuando las disposiciones legales vigentes así lo establezcan y durante el tiempo de permanencia en esa situación.
La excedencia forzosa no dará derecho al personal que la disfrute a la percepción de retribución alguna, salvo en el supuesto de Servicio Militar o Prestación Social Sustitutoria.
Concluido el motivo o razón para el que fuera otorgada, el beneficiario podrá incorporarse a su puesto de trabajo de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
El personal en el Servicio Militar o Prestación Social Sustitutoria percibirá durante el período de permanencia en alguna de dichas situaciones, el 50% de la retribución neta del nivel que ostente en el momento de causar baja en la empresa.
Artículo 46. Derechos por maternidad y lactancia.
La mujer trabajadora tendrá derecho a un período de baja maternal de dieciséis semanas ininterrumpidas distribuidas a opción de la interesada, siempre y cuando seis semanas al menos, sean disfrutadas con posterioridad al parto, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo al partir del segundo.
El periodo postnatal será, en todo caso, obligatorio y a él podrá sumarse a petición de la interesada el tiempo no disfrutado antes del parto.
Durante las dieciséis semanas de este descanso, la empresa garantizará la totalidad del sueldo base y la antigüedad correspondiente al grupo profesional de la interesada.
En el caso de que hubiera que recurrir a la suspensión del contrato, por riesgo durante el embarazo, contemplado en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, o por lactancia natural, la empresa complementará la prestación de la Seguridad Social en los términos señalados en el apartado 2 del artículo 51 del Convenio Colectivo.
Artículo 47. Licencias retribuidas.
El trabajador podrá faltar al trabajo, avisando con la mayor antelación posible y debiendo justificar documentalmente el motivo, siendo retribuidas estas ausencias en los siguientes casos:
a) Por contraer matrimonio, en cuyo caso la duración de la licencia será de 15 días naturales.
Esta licencia también podrá disfrutarse en el caso de las parejas de hecho, con las siguientes condiciones:
1) Acreditar la existencia de la pareja de hecho mediante certificación del registro público correspondiente.
2) La persona que disfrute de esta licencia no podrá disfrutarla de nuevo, tanto si contrae matrimonio con la misma persona o si se produce una nueva unión de hecho.
b) Por nacimiento de hijo legalmente reconocido, en cuyo caso la licencia será de 10 días naturales.
c) Por el fallecimiento, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica del cónyuge, hijos, padres y suegros, la duración de la licencia será de cuatro días naturales. Además, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
1) En el caso de hospitalización o intervención quirúrgica, la duración mínima de la licencia será de dos días naturales y hasta un máximo de cuatro días naturales. En consecuencia, se deberá aportar un justificante que indique que el familiar de que se trate ha estado hospitalizado, como mínimo, un día o en su caso, tres, cuatro o más días.
2) El número de días laborables de permiso a los que se tenga derecho podrá disfrutarse, previo acuerdo con la empresa, en las fechas solicitadas por el trabajador, siempre que éstas estén incluidas dentro del período de hospitalización o en el plazo de diez días contados desde el momento en que se produzca el alta hospitalaria.
3) Asimismo, el trabajador dispondrá del tiempo indispensable para acompañar a esos familiares al Servicio de Urgencias de un centro hospitalario, presentando el oportuno justificante de asistencia emitido por dicho servicio. Además del tiempo que haya requerido la atención médica, se dispondrá de dos horas de permiso retribuido para compensar el tiempo invertido en el traslado del familiar y en la incorporación al trabajo.
En caso de fallecimiento, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de hermanos, abuelos y nietos, la licencia será de dos días naturales.
En los dos casos se dispondrá de un día más de licencia, cuando el hecho que haya dado motivo a la misma tenga lugar fuera de la provincia de residencia del trabajador. A estos efectos, el parentesco por afinidad tendrá el mismo tratamiento que el consanguíneo.
d) Por matrimonio de padres, hijos, hermanos y cuñados se otorgará un día de licencia, siendo de un día más si el acontecimiento tiene lugar fuera de las provincias limítrofes.
e) Por bautizos, comuniones y actos similares de otras creencias o religiones de hijos y nietos de empleados, se otorgará un día cuando estas ceremonias se celebren en día de trabajo del afectado.
f) Por el tiempo indispensable necesario para acudir a consulta médica. Cuando del justificante aportado por el trabajador no pueda deducirse el tiempo requerido para realizar esa consulta médica, el tiempo de permiso retribuido será de cuatro horas.
Por otra parte, en el caso de que la consulta médica sea de unas especiales características que pueda exigir más tiempo que las cuatro horas a las que se hace referencia en el párrafo anterior, se trasladará el asunto a la Comisión de Obras Sociales para que, en el seno de la misma, se determine el tiempo de permiso retribuido que corresponda.
Los trabajadores con hijos de edad inferior a dos años, dispondrán también de 16 horas anuales para asistencia a consulta de pediatría.
g) Por exámenes del trabajador para la obtención de un título oficial en que se estará a lo dispuesto en la legislación vigente, previa presentación de justificante de matrícula y participación en los mismos.
h) Por el tiempo indispensable para cumplir con un deber de carácter público inexcusable.
i) En cuanto a las ausencias por el cumplimiento de deberes sindicales, a quienes ostentan cargos electivos de tal carácter, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.
j) Por traslado de su domicilio habitual en que la licencia será de un día, en los términos que determine la legislación vigente.
Lo contemplado en los casos c) y d) para el cónyuge y sus familiares, también será de aplicación para la pareja de hecho y los suyos.
En los casos d) y e) cuando la licencia coincida con trabajo en el turno de noche, se concederá el cambio al turno de tarde, siempre que el cambio no genere día de descanso por cambio de tuno, ni suponga extracoste para la empresa.
Artículo 48. Licencias no retribuidas.
Se otorgarán anualmente por asuntos personales o urgentes, licencias sin retribución hasta un máximo de tres días por año.
Adicionalmente, para el supuesto de acompañamiento en caso de enfermedad grave de cónyuge, hijos, padres, suegros, hermanos, abuelos, nietos a tratamientos de larga duración, después de agotar los días de descanso devengados a que se tuviera derecho, debiendo justificar documentalmente el motivo, con la aprobación del Departamento de Relaciones Laborales, se podrá disponer de hasta un máximo de 10 días no retribuidos. Los días que se concedan por este motivo podrán ser recuperables y retribuidos por mutuo acuerdo entre jefatura y empleado, notificándolo así al Departamento de Relaciones Laborales.
Estas licencias estarán condicionadas al normal funcionamiento de las instalaciones o servicios.
Artículo 49. Conciliación de la vida familiar, laboral y personal.
• Lactancia:
Los trabajadores, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones.
Quien ejerza este derecho podrá sustituirlo por una reducción de su jornada de una hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas, siempre que sea inmediatamente después de concluido el correspondiente periodo de descanso por maternidad.
Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen.
• Guarda legal:
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la Dirección de la Compañía podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada por guarda legal corresponderán al trabajador, dentro de su jornada ordinaria.
• Cuidado de familiares:
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. También tendrán derecho a un período de excedencia de una duración igualmente no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la Dirección de la Compañía podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este apartado será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional equivalente.
• Reducción de jornada fraccionada:
Como medida adicional para la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, el personal sujeto a jornada ordinaria, previa autorización de su jefatura, podrá solicitar al Departamento de Relaciones Laborales el disfrute de uno de los días de reducción de jornada, establecidos en el artículo 42 del presente Convenio, de forma fraccionada, con un mínimo de una hora al día. En estos casos el desplazamiento será a cargo del empleado, quien deberá utilizar medios de transporte propios.
• Teletrabajo:
Las partes se comprometen a firmar el acuerdo para el desarrollo del Teletrabajo, entendiendo las partes firmantes que la regulación de esta forma de trabajar supone una nueva medida de conciliación que los empleados que cumplan los requisitos establecidos podrán solicitar.
CAPÍTULO VII
Beneficios Sociales
Artículo 50. Personal eventual.
El personal que preste sus servicios en Petronor de forma temporal, tendrá derecho a todos los beneficios sociales de la Compañía durante el tiempo que dure el contrato. Como únicas excepciones, podrán optar a los préstamos personales y de vivienda, acomodándose, en tal caso, los importes y plazos de amortización a la efectiva duración de su contrato de trabajo.
De esta regulación se excluye expresamente al personal con contrato de interinaje en aquellos casos en que, dadas las causas o motivos por los que se produce la sustitución con derecho a reserva del puesto de trabajo, sea imposible determinar la fecha de extinción de su contrato de trabajo.
Este personal tendrá derecho a un Seguro de Vida en la cuantía reconocida al personal fijo de su grupo profesional, con anterioridad a la entrada en vigor del Plan de Pensiones.
Artículo 51. Complemento de prestaciones económicas en incapacidad temporal.
1. Enfermedad común o accidente no laboral.
La Empresa complementará desde el primer día de baja, la prestación recibida de la Seguridad Social hasta la totalidad del sueldo base del grupo profesional correspondiente, más el complemento de antigüedad, si lo devengara.
2. Accidente de trabajo o enfermedad profesional.
La Empresa complementará lo establecido para el caso de enfermedad común o accidente no laboral y además, desde el día primero de la baja hasta el trigésimo, hasta la totalidad de la antigüedad, peligrosidad, turnicidad, nocturnidad y brigadas, siempre y cuando el montante de las prestaciones de la Seguridad Social, sobre el que se calcula este complemento, permanezca en los términos de hoy. Esta cláusula de salvaguarda no será de aplicación para el complemento que se establece en el párrafo siguiente.
A partir del trigésimo primer día de baja o desde el primer día de baja en aquellos casos que requieran internamiento en clínica u hospital y durante el tiempo que dure el mismo, se percibirá el total de la retribución, es decir, todo lo señalado en el párrafo anterior más la Falta de D.J.C. y la Compensación de Festivos.
3. Asistencia Sanitaria.
Los trabajadores a los que se hace referencia en este epígrafe, permanecerán dados de alta en el Igualatorio Médico Quirúrgico, mientras se encuentren en situación de Incapacidad Temporal y hasta un máximo de treinta meses contados desde la fecha en que se inició aquella.
4. Servicio Médico de Empresa.
El Servicio Médico de Empresa, en el ejercicio de las funciones que tiene encomendada, a la vista del diagnóstico y en el deseo de colaborar en la solución de la enfermedad, podrá citar a los trabajadores con baja superior a 15 días para que se personen en la empresa. Asimismo, el Servicio Médico o el de Asistencia Social, podrán practicar visitas domiciliarias en los casos que parezca oportuno.
Artículo 52. Incapacidad laboral permanente.
La incapacidad permanente en grado de parcial derivada de accidentes o enfermedad, otorgará al incapacitado superados los trámites de rehabilitación y readaptación, el derecho a ocupar un puesto en la plantilla que más se asemeje al trabajo que venía desarrollando y que sea de acuerdo con sus condiciones físicas.
La incapacidad permanente en grado total, derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, tendrá derecho preferente sobre la incapacidad del mismo grado derivada de enfermedad común o accidente no laboral, en orden a la posible ocupación de un puesto en la plantilla de la empresa, siempre que las condiciones físicas residuales del incapacitado y las exigencias físicas de la vacante existente, sean compatibles.
La empresa reserva el 3% de la plantilla para su personal con incapacidad permanente total para la profesión habitual, a efectos de su readaptación a un puesto adecuado a las condiciones físicas sobrevenidas. De cuantas decisiones se adopten en esta materia se informará al Comité de Empresa.
Artículo 53. Ayudas por nupcialidad y natalidad.
A todo trabajador que contraiga matrimonio, la Empresa le concederá la cantidad de 385,86 euros para 2014, con independencia de la prestación que con el mismo motivo reciba de la Seguridad Social.
La misma cantidad será percibida por las parejas de hecho que se constituyan siempre que se acredite la existencia de dicha pareja de hecho mediante certificación del registro público correspondiente.
Asimismo, abonará la cantidad de 229,02 euros para 2014, por cada hijo nacido o que fallezca durante el parto. En caso de parto múltiple, esta cantidad se abonará por cada hijo.
Artículo 54. Igualatorio médico quirúrgico.
La póliza concertada con el I.M.Q. corresponde a la modalidad «C».
La Empresa se hará cargo del 90% del importe de la póliza, corriendo el trabajador únicamente con el 10% restante correspondiente al Seguro de Enfermedad concertado con esa Entidad. Serán beneficiarios en la referida póliza, las personas que figuran en la cartilla de la Seguridad Social Oficial, además de los cónyuges o su pareja de hecho, en caso de que al trabajar por cuenta ajena, no estuvieran incluidos en aquella.
Los hijos del personal serán beneficiarios hasta la edad de 26 años, siempre que convivan con los padres y no perciban ingresos ni prestaciones de ningún tipo. En el supuesto de que la entidad aseguradora obligase a suscribir nuevas pólizas en las que el hijo o hija pasara a ser titular de la misma, se entiende que el compromiso económico de la Compañía cubre únicamente al titular en el 90% de su prima, pero no a los posibles beneficiarios que puedan incluirse en la nueva póliza.
Se establece un fondo dotado para 2014 con 16.320,30 euros, acumulable cada año de vigencia del Convenio, para la cobertura de casos de tratamiento médico quirúrgico no contemplados en la póliza vigente.
La dotación a dicho Fondo quedará en suspenso en tanto su saldo no disminuya por debajo de 60.101,21 euros o se produzca un gasto acumulado en el año, superior al doble de la dotación prevista, en cuyo momento la empresa procedería a realizar la aportación correspondiente.
Artículo 55. Subvención para préstamos de vivienda.
Petronor subvencionará el 1% de los intereses correspondientes a un préstamo de 73.933,37 euros, a 10 años, que le haya concedido al empleado una entidad bancaria para la adquisición de su vivienda habitual. La empresa también se hará cargo de los gastos de tramitación del préstamo, considerados como tales en un sentido estricto, no de otros como los seguros exigidos, etc.
Dada la finalidad y coste de esta obra social, el empleado que reúna los requisitos exigidos tendrá derecho a un solo préstamo durante su vida laboral en la empresa. Se exceptúan de esta norma general quienes, además de tener tres o más personas a su cargo, tengan una vivienda de menos de 85 m2 útiles, adquirida con un préstamo de la Compañía, concedido al menos con cinco años de antigüedad. Esta excepción será aplicable, con las mismas condiciones, en los casos de separación, divorcio y en el cese de la unión como pareja de hecho, situaciones todas ellas que deberán estar legalmente reconocidas. En estos casos será requisito indispensable la liquidación del préstamo anterior.
Artículo 56. Comedores y subvención comidas.
La Empresa mantendrá a disposición del personal de Refinería el actual servicio de comedor que será igual en calidad, costo, preparación, etc., para todos los trabajadores cualquiera que sea su grupo profesional. Asimismo, se mantendrá el régimen de bocadillos para el personal de turnos, siempre que se mantengan las actuales circunstancias.
El comedor de Refinería también podrá ser utilizado por el personal sujeto al régimen de turnos, exclusivamente cuando trabaje en el turno de mañana y una vez finalizada su jornada laboral, en igualdad de condiciones que el resto del personal sujeto a jornada ordinaria que haga uso de este servicio. Esta posibilidad de utilización del comedor de Refinería será extensiva al personal del turno de tarde, antes de comenzar su jornada, una vez finalizada la remodelación del mismo, prevista en un plazo de seis meses. En estos casos será a cargo del usuario el desplazamiento mediante la utilización de medios de transporte propios.
La Comisión de Obras Sociales supervisará su funcionamiento.
El personal que preste sus servicios en el Centro de Trabajo de Madrid y en la Terminal Marítima, no sujeto a régimen de turnos, percibirá una subvención por comida de 12,24 euros por día efectivo de trabajo, para 2014.
Artículo 57. Subvención para préstamos personales.
Petronor subvencionará el 2% de los intereses correspondientes a un préstamo personal de 22.180,02 euros, a cinco años, que le haya concedido al empleado una entidad bancaria. La empresa también se hará cargo de los gastos de tramitación del préstamo, considerados como tales en un sentido estricto, no de otros como los seguros exigidos, etc.
Los empleados podrán solicitar dos préstamos a la misma o distinta entidad bancaria, que serán subvencionados por Petronor en la forma indicada en el párrafo anterior, siempre y cuando la suma de la cuantía del principal de ambos no exceda de 22.180,02 euros.
La Compañía no avalará ni bonificará al empleado intereses por un nuevo préstamo personal hasta que hayan transcurrido diez años desde la concesión de un préstamo de estas mismas características.
Artículo 58. Ayuda de estudios para empleados.
Durante el primer año de vigencia del presente Convenio se fija en 29.423,26 euros anuales la cantidad que la Empresa tiene asignada para ayuda de estudios a sus trabajadores.
Artículo 59. Ayuda de estudios para hijos de empleados.
Se establecen las siguientes ayudas para 2014:
Guardería 523,51 €
Ed. Infantil y Ed. Primaria (hasta 5.º Curso inclusive) 471,15 €
E. Primaria (6.º Curso) y Primer Ciclo ESO (1.º y 2.º Curso) 523,51 €
Programa de cualificación profesional inicial (PCPI) 523,51 €
Segundo Ciclo ESO (3.º y 4.º Curso) y Bachilleratos 628,21 €
Formación Profesional (Ciclos Formativos de G.M. y G.S) 628,21 €
Grados Universitarios (Plan Bolonia) 942,32 €
Máster Oficial 942,32 €
Diplomaturas, Ingenierías Técnicas y Arquitectura Técnica 707,19 €
Licenciaturas 932,11 €
La ayuda para Máster Oficial se concederá exclusivamente para aquellas titulaciones que lo precisen para el ejercicio de su profesión.
Para estudios de Diplomaturas, Ingenierías Técnicas, Arquitectura Técnica, Licenciaturas, Grados Universitarios y Máster Oficial que no pudieran cursarse en la provincia de residencia del trabajador por carecer en ella de centros adecuados, la cuantía de la ayuda será el doble de la señalada.
La liquidación de las ayudas se realizará al final de cada curso mediante la presentación de los justificantes de matrícula y de las correspondientes calificaciones.
Como principio general, a partir del Segundo Ciclo ESO (3.º y 4.º Cursos) y Bachilleratos, ambos inclusive, será requisito necesario para la concesión de la ayuda el haber superado el curso. A los comprendidos en Educación Primaria (6.º Curso) y Primer Ciclo ESO (1.º y 2.º Cursos), ambos inclusive, se les concederá la ayuda que corresponda en el caso de repetir, pero en una sola ocasión.
En el caso de hijos que precisen de una educación especial por problemas de índole psicosocial, la cuantía de la prestación será de hasta 2.569,06 euros para 2014, previa la oportuna justificación de esta situación y de los gastos incurridos.
Se consideran deficientes psicofísicos los hijos de los trabajadores con un coeficiente intelectual igual o inferior al 0,89%, que deberán acreditar previa presentación de la oportuna certificación expedida por la Jefatura Provincial de Sanidad o de la Unidad de Valoración, según que el hijo del trabajador tenga más o menos de 14 años.
Quedarán equiparados en tratamiento a los deficientes psicofísicos los hijos de los trabajadores que respondan al concepto legal de gran invalidez.
El reconocimiento de cualquiera de estas situaciones exigirá las oportunas averiguaciones por parte de la Empresa.
Artículo 60. Otras cuestiones sociales.
a) Fumaderos: La empresa y los trabajadores mantendrán en las debidas condiciones de Seguridad, locales adecuados para el personal del interior de la Refinería, así como en las nuevas áreas de ampliación.
b) Café y Bebidas: Se mantendrán las máquinas suministradoras de café y bebidas actualmente existentes.
c) Sala de Reuniones y Asambleas: Podrán celebrarse reuniones y asambleas en los comedores de la empresa, de acuerdo con las normas que rigen para la concesión de las mismas.
d) Casetas de Procesos: Se mantendrán en las debidas condiciones las existentes y se implantarán las mejoras que sobre las mismas se acuerden. Durante el año 2015 se tratará de alcanzar un acuerdo para la implantación del modelo de casetas de operadores más adecuado.
e) Autobuses: Se mantendrán en las debidas condiciones de higiene y confort los autobuses que realizan el servicio de jornada normal y jornada de turnos, comprometiéndose la Compañía a estudiar junto con el Comité de Empresa las rutas y necesidad del número de autobuses.
f) Potenciación del Euskara: Además de las clases que se vienen impartiendo al personal en jornada normal y a turnos, la Compañía continuará potenciando paulatinamente la publicación de avisos, reglamentos, etc., en euskara y en castellano.
Se declara expresamente la disposición a estudiar conjuntamente con la Representación de los Trabajadores, fórmulas que potencien el aprendizaje y la utilización del Euskara, basándose en las experiencias adquiridas en la enseñanza del idioma inglés.
g) Jubilación: El personal de la Compañía podrá jubilarse a los 64 años de edad.
h) Economato: La Compañía mantendrá un contrato con una empresa de supermercados que facilite el acceso, al menos, a 17 centros establecidos, con un descuento mínimo del 10%.
En el supuesto de rescisión de contrato con la empresa de economato, la Compañía se compromete a sustituirla por otra de parecidas características y cobertura geográfica y siempre que no suponga extracosto sobre la situación anterior.
Artículo 61. Revisión de beneficios sociales.
Los Beneficios Sociales contenidos en este capítulo serán revisados con la misma fórmula establecida en el artículo 22 para los conceptos salariales y suplidos para 2014 y 2015, aplicándose a todos ellos las retroactividades correspondientes a estas revisiones, con excepción del préstamo de vivienda, cuyos valores recalculados no tendrán carácter retroactivo, siendo estos de aplicación desde el momento de su revisión.
Artículo 62. Personal pasivo.
El personal pasivo tendrá derecho a la Bolsa de Navidad.
CAPÍTULO VIII
Seguridad y salud en el trabajo
Artículo 63. Comité de seguridad, salud laboral y medio ambiente.
Además de las competencias y facultades establecidas en el Reglamento de Funcionamiento del Comité de Seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente, con el objetivo de potenciar su actuación, cuando se estime necesario, se reunirá con el Comité Intercontratas, a fin de tratar temas relacionados con la seguridad, salud laboral y el medio ambiente.
La composición del Comité de Seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente de Petronor será la siguiente:
• Por parte de la Compañía, el Director de Refinería que desempeñará el cargo de Presidente, y seis representantes de la línea de mando designados por la Dirección de la misma.
• Y por la otra, siete representantes de los trabajadores elegidos por el Comité de Empresa.
Los miembros de este Comité que representen a los Trabajadores podrán celebrar una reunión preparatoria previa a la reunión ordinaria o extraordinaria, que tendrá una duración máxima de dos horas y media. Además, dispondrán de hasta 8 horas/mes para la asistencia a cursillos en el exterior, aquellos que no pertenezcan al Comité de Empresa. La Compañía velará por la inclusión efectiva de los delegados de prevención en las acciones formativas, en materia de seguridad y medio ambiente, organizadas por la misma.
Los delegados de prevención formarán parte de la comisión que se cree para revisar la evaluación de riesgos. Cada sección sindical constituida en la empresa designará una persona de entre los miembros del Comité de Seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente para formar parte de dicha comisión. En cualquier caso, el número total de personas designadas no podrá ser superior a cuatro.
Artículo 64. Entrenamiento y brigadas contra incendios.
El servicio contra incendios es permanente y en caso de siniestro todo el personal de la factoría cumplirá las órdenes del Director de la misma o de aquella persona en quien haya delegado, cumpliendo todos aquellos servicios que les sean ordenados sin distinción de grupo profesional ni cargos para colaborar con una mayor eficacia a la extinción de siniestros.
Como compensación a la pertenencia obligatoria a las brigadas contra incendios, se establece un plus de 146,65 euros para 2014 que se percibirá en los meses naturales del año.
Como principio general, todo el personal podrá estar encuadrado en el servicio de brigadas que será rotativo.
Quedarán excluidos de la pertenencia a brigadas, así como del entrenamiento contra incendios, aquellas personas que por razones físicas debidamente comprobadas por el Servicio Médico, o por razones de localización de sus puestos de trabajo, como es el Centro de Trabajo de Madrid están claramente imposibilitadas para formar parte del Servicio y/o acudir a los entrenamientos.
El personal que por razones de operatividad durante las emergencias deba permanecer en sus puestos de trabajo, quedará excluido del servicio de brigadas mientras duren esas circunstancias, pero estará obligado a la realización de los entrenamientos contra incendios. No obstante lo anterior, el personal rebajado por el Servicio Médico deberá acudir a las teóricas de seguridad cuando le corresponda.
El Comité de Seguridad se encargará de estudiar el encuadramiento y organización de todo el personal en el número de brigadas que se estime necesario y su rotación, estableciéndose actualmente en tres brigadas de turnos y doce de jornada normal. A efectos de reforzar la seguridad sobre las instalaciones, se crearán dos grupos de auxilio con contenido específico en caso de siniestro y con derecho a percibir el plus citado en este artículo.
Las brigadas 1, 2 y 3 estarán compuestas por personal de turnos, el resto de brigadas, de la 4 a la 15, por personal del Departamento de Mantenimiento, Fiabilidad, Paradas y Construcción con trabajo habitual en planta y los grupos de auxilio por personal a jornada normal.
Las prácticas contra incendios se realizarán dentro de las horas de trabajo para todo el personal de la empresa, efectuándose en el campo de entrenamiento destinado al efecto y realizándose con fuego real.
El personal no perteneciente a brigadas realizará un máximo de 6 entrenamientos y 12 horas como máximo de dedicación al año.
El personal perteneciente a brigadas realizará un máximo de 11 entrenamientos y 22 horas como máximo al año.
Las prácticas dejadas de realizar por baja de enfermedad, accidente, vacaciones, maternidad o paternidad no serán recuperadas. Asimismo, el personal que no perciba la compensación por la pertenencia a las brigadas contra incendios, establecida en este mismo artículo, quedará exento de la obligatoriedad de la prestación de dicho servicio.
CAPÍTULO IX
Ejercicio de las funciones de representación, reunión y acción sindical en la empresa
Artículo 65. Ejercicio del derecho de representación.
La representación de los trabajadores en la empresa se realizará a través de los siguientes órganos:
– Asamblea de Trabajadores.
– Comité de Empresa.
– Comisiones de Trabajo.
El Comité de Empresa y las Comisiones de Trabajo tendrán las funciones y actuarán conforme se determine en los artículos siguientes:
Artículo 66. Comité de Empresa.
Constituye el órgano fundamental de representación de los trabajadores y se halla constituido por los trabajadores elegidos conforme el procedimiento legalmente establecido.
Puede actuar como tal órgano de representación asistiendo únicamente a sus sesiones los componentes del mismo o bien en reunión conjunta con la Empresa.
Son sus funciones, competencias y garantías, además de las que le atribuye los artículos 64 y 68 del Estatuto de los Trabajadores, las contenidas en el presente Convenio, en el que se recogen asimismo los derechos, atribuciones y garantías que a continuación se relacionan.
Constituirán sus principales funciones las siguientes:
1. En los términos que marquen las leyes, ostentarán la capacidad negociadora de los convenios colectivos y, en general, la representación de los trabajadores ante la Administración Pública, órganos jurisdiccionales y demás entidades laborales o sindicales.
2. Serán informados anualmente por la Dirección de la Empresa sobre el balance, la cuenta de resultados y la memoria de la Sociedad, así como de la marcha general de la Compañía, perspectivas de futuro y alteraciones en la composición de sus socios y participaciones.
3. Serán informados también trimestralmente sobre la situación de producción y ventas de la Empresa y del sector energético, así como sobre la evolución de los negocios y las perspectivas a corto, medio y largo plazo.
4. Información mensual sobre horas extraordinarias, absentismo, índice de frecuencia y gravedad de accidentes, incremento de plantilla y demás incidencias del personal.
5. Será preceptiva la audiencia previa del Comité con una antelación mínima de dos meses para su ejecución, en los supuestos de reestructuración de plantilla, entendiendo por tal aquella reorganización de medios materiales, instrumentales o humanos que supongan una reducción de plantilla en el total de la Compañía y en la que además concurran los condicionantes legalmente establecidos.
6. Propondrá con carácter general cuantas medidas considere adeudadas en materia de organización, de producción o de mejora y en particular, sobre los aspectos siguientes:
a) Relación de puestos de trabajo que consideran apropiados para los trabajadores con capacidad laboral disminuida.
b) Solución respecto a los conflictos que puedan suscitarse en el seno de la empresa.
7. Vigilancia y cumplimiento por parte de la Empresa de las normas laborales vigentes, así como los derechos derivados del Convenio vigente, pactos existentes, etc.
8. Colaborará con la Dirección de la Empresa para conseguir el cumplimiento de cuantas medidas procuren mantener la armonía laboral y la corrección de los abusos que pudieran producirse en la aplicación de las normas laborales.
9. Vigilancia y cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo a través del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, al que informarán con carácter de urgencia, de aquellas situaciones que pudieran producir de manera inmediata riesgos graves de accidente de trabajo.
10. El Comité de Empresa velará por el seguimiento y cumplimiento del Convenio.
11. Cualquier otra atribución de análogo contenido o aquellas otras que expresamente convengan ambas partes y que puedan serle atribuidas.
Asimismo ostentarán los siguientes derechos y garantías:
1. Los miembros del Comité de Empresa tendrán derecho a un máximo de 40 horas mensuales para el ejercicio de su función representativa.
2. Durante el tiempo de permanencia como tales, los miembros del Comité de Empresa no podrán ser objeto de sanción sin previa apertura de expediente con audiencia del Comité de Empresa, extendiéndose esta garantía a dos años después de su cese como representantes de los trabajadores.
El Comité de Empresa celebrará reuniones ordinarias con la Representación de la Compañía con carácter mensual y extraordinarias, a propuesta del Comité de Empresa y previa aceptación de la Dirección, siempre que resulte aconsejable su celebración. Asimismo, el Comité de Empresa y un delegado de personal de las oficinas de Petronor, en Madrid, celebrarán semestralmente una reunión conjunta.
Artículo 67. Comisiones paritarias de trabajo.
A fin de agilizar aquellos asuntos en los que se da participación al Comité de Empresa y simultáneamente conseguir una mayor especialización de los miembros del Comité de Empresa, se crean las siguientes Comisiones Paritarias de Trabajo.
– Comisión de Organización y Relaciones Internas.
– Comisión de Formación y Promoción.
– Comisión de Obras Sociales.
– Comisión Mixta de Interpretación.
– Comisión de Igualdad.
Los componentes de cada una de estas Comisiones deberán serlo del Comité de Empresa y designados por el mismo.
Estas Comisiones de Trabajo se reunirán cuando los asuntos a tratar así lo aconsejen.
Comisión de Organización y Relaciones Internas.
Este Organismo estará constituido por tres representantes de la Dirección y tres representantes de los trabajadores, designados de entre su seno por el Comité de Empresa.
Constituirán sus principales funciones:
1. Otorgar premios por actuación destacada del personal. Las propuestas de adjudicación de los premios procederán, bien de los Jefes de Departamento respectivos o del propio Comité de Empresa que coadyuvará a la instrucción del correspondiente expediente. Esta Comisión propondrá a la Dirección la naturaleza, cuantía y condiciones para optar a estos premios dentro de la vigencia del presente Convenio.
2. Información en las propuestas de sanción por conductas individuales que vulneran las normas de convivencia en la empresa. Toda actuación que presuponga la comisión de falta grave o muy grave, requerirá la apertura de expediente con audiencia del interesado, que formulará el correspondiente pliego de descargos y cuantas alegaciones estime oportunas, en el plazo máximo de 10 días naturales a partir de haber recibido el interesado el pliego de cargos.
Comisión de Obras Sociales.
Estará constituida por cuatro representantes de la Empresa y cuatro de los trabajadores.
Será su principal función el control del funcionamiento del Economato, Comedor, Autobuses, Ayuda de Estudios, Concesión de préstamos, Gestión del fondo de ayuda médica, etc., realizando propuestas de mejora e informando y asesorando sobre el posible establecimiento de nuevas obras sociales.
Comisión de Formación y Promoción.
Estará integrada por cuatro representantes de la Empresa y cuatro de los trabajadores.
Serán las principales finalidades:
1. Asesoramiento en el establecimiento de un plan de formación que concilie las aptitudes de los aspirantes a una formación más integral, con las necesidades de la Empresa en orden a futuras especializaciones que permitirían la promoción interna de los aspirantes.
2. Organización de actividades culturales y recreativas y control del presupuesto asignado por la Compañía al efecto.
3. Proponer cursos de formación para la obtención de la correspondiente homologación para la ejecución de trabajos especiales definidos en el artículo 9.
4. Ser informados en los casos de vacantes que vayan a ser cubiertas y en los supuestos de nueva creación y supervisar la realización de las pruebas para la cobertura de ambas, tanto para el personal fijo como eventual contratado.
5. Estudios, análisis y propuestas para la adaptación en sus puestos de trabajo de los disminuidos físicos.
6. Supervisar los exámenes efectuados en el concurso-oposición regulado en el artículo 29 del Convenio Colectivo.
7. Supervisar la evolución de los concursos.
8. Supervisar los procesos de consolidación del Grupo profesional, según lo dispuesto en el artículo 7 del Convenio Colectivo.
Comisión Mixta de Interpretación.
Se constituye una Comisión Mixta de Interpretación para entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de la interpretación y aplicación de la totalidad de las cláusulas del presente Convenio Colectivo.
Su composición será paritaria, en representación de las partes negociadoras, y estará integrada por cuatro miembros por la representación legal de los trabajadores y otros cuatro miembros por la representación de la dirección de la empresa.
Reunida la Comisión Mixta de Interpretación, ésta deberá pronunciarse en el plazo de siete días, levantado acta en la que conste si se ha producido avenencia o desavenencia sobre la materia objeto de conflicto. Las discrepancias producidas en su seno serán sometidas a los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante acuerdos interprofesionales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores. En el caso de que el conflicto afecte únicamente al centro de trabajo de Bizkaia o a los centros de Bizkaia y Madrid de forma simultánea, las discrepancias se solventarán de acuerdo con los procedimientos de mediación regulados en el II Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales –PRECO II (BOPV de 04/04/2000).
La mediación o la conciliación podrá ser instada por cualquiera de las partes. Para instar el arbitraje, o en su caso la intervención del órgano competente para la resolución de los procedimientos de inaplicación de Convenios Colectivos, será necesario el común acuerdo de ambas partes, en el ámbito de lo dispuesto en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Comisión de Igualdad.
Estará formada por cuatro personas elegidas de entre los miembros del Comité de Empresa e igual número de personas designadas por la Dirección de la Compañía. Una vez aprobado el Plan de Igualdad según lo indicado en la Disposición Transitoria Segunda del presente convenio, sus funciones, cometidos y normas de funcionamiento serán las que en él se hayan establecido.
Artículo 68. Comisión Técnica Mixta.
De conformidad con lo recogido en el Acta Final de la Comisión Negociadora del Convenio 1993-1995, de fecha 23 de Julio de 1993, ambas partes, durante la vigencia del presente Convenio, se comprometen a abordar dentro del seno de esta Comisión Mixta los temas organizativos y de productividad que se han planteado a lo largo de esta negociación colectiva.
Tanto la composición de esta Comisión Técnica Mixta como sus normas de funcionamiento, se determinarán por la Representación de la Compañía y el Comité de Empresa en la primera reunión que se celebre al efecto.
Artículo 69. Ejercicio del derecho de asamblea de trabajadores.
a) La solicitud de celebración de asamblea de trabajadores podrá partir del Comité de Empresa o a solicitud del 20% de la plantilla de la empresa. Asimismo, podrán solicitarla la totalidad de las Secciones Sindicales admitidas en la empresa.
La solicitud deberá ser dirigida a la Dirección de la Compañía, con la indicación del día y la hora de celebración, así como del orden del día de los asuntos a tratar, debiendo presentarse con una antelación mínima de 48 horas.
La Empresa podrá denegar la celebración de la asamblea en la fecha y hora señaladas, cuando de su celebración se derive evidente perjuicio, debiendo motivar las razones de su negativa.
La responsabilidad y el orden de la marcha de la asamblea corresponderán al Comité de Empresa.
En ningún caso, la celebración de la misma podrá interrumpir el funcionamiento de las instalaciones productivas o poner en peligro la seguridad de las personas e instalaciones.
La asamblea podrá celebrarse fuera y, excepcionalmente, dentro de las horas de trabajo, disponiendo en este último caso de un máximo de 12 horas anuales para el ejercicio del citado derecho.
b) Los Grupos y Centrales Sindicales, previa solicitud y con los requisitos legales y convencionales establecidos, dispondrán de seis horas anuales para la celebración de Asambleas.
c) Las personas que por la índole de su trabajo no pudieran acudir a la asamblea, no harán efectivo en metálico el importe de las horas que la Empresa concede para el ejercicio de esta función.
Artículo 70. Acción sindical en la empresa.
a) Se estará, con carácter general, a lo establecido en la vigente Ley Orgánica de Libertad Sindical. (11/85 de 2 de agosto).
b) Delegados Sindicales:
1) Cada Sección Sindical o Candidatura dispondrá de hasta 10 días al año de licencia no retribuida para el caso de que alguno de sus miembros sea convocado por su Central Sindical a reuniones, congresos, etc.
2) Se reconoce el derecho a la acumulación de las horas sindicales de los Delegados Sindicales y miembros del Comité de Empresa de cada Sindicato y la utilización de las mismas para la formación de nuevas comisiones o aquellos grupos de trabajo que la Sección Sindical considere necesario constituir. El ejercicio de este derecho tendrá una organización que posibilite el control horario.
3) El Delegado Sindical dispondrá de la facultad de información directa a los trabajadores en sus puestos de trabajo, que no deberá afectar al normal desarrollo del proceso productivo, se requerirá la autorización expresa del mando correspondiente, que no debe serle denegada, salvo que existan circunstancias especiales que no lo permitan.
CAPÍTULO X
Formación
Artículo 71. Gestión de la formación.
La Dirección y el Comité de Empresa expresan su convicción de que la formación es un elemento básico, tanto para el desarrollo individual y profesional de la plantilla, como para la adaptación de la Compañía al entorno continuamente cambiante, en el que desenvuelve su actividad.
La Dirección de la Empresa presentará anualmente el Plan de Formación a la Comisión de Formación y Promoción con los objetivos y programas del mismo. Estos programas serán elaborados de acuerdo con los mandos respectivos.
En los programas se habrán estimado los tiempos necesarios para la realización de la acción formativa teórica o de entrenamiento en el puesto de trabajo.
El desarrollo de los programas se realizará, dentro del horario de trabajo, siendo compatibles con el desempeño de las funciones de los participantes.
Los Operadores a turnos titulares de una Unidad se formarán en otra Unidad a la vez que atienden a sus responsabilidades de trabajo en los siguientes casos:
* El titular de una Unidad parada en situación de «stand by».
* El titular de una Unidad, en el resto de la Unidad.
En casos excepcionales, cuando para el desarrollo del Programa de Formación sean necesarias actuaciones fuera de jornada, éstas se realizarán con previo conocimiento de la Comisión de Formación y Promoción.
En el supuesto de que estas horas no puedan compensarse con descanso, la compensación económica no tendrá el carácter de horas extraordinarias, aunque su valor será el establecido en el artículo 18.
En cada caso, se articularán los instrumentos que permitan evaluar la adecuación de los programas y el progreso de los participantes.
Disposición adicional primera. Plan de pensiones.
La Compañía se obliga a mantener en vigor el Plan de Pensiones actualmente establecido.
Disposición adicional segunda. Contrataciones de personal.
Durante la vigencia del Convenio Colectivo 1990-91-92 se contrataron tres personas en Procesos como incremento de cobertura. Esta contratación no incrementará el índice 1,1368 en futuras contrataciones ni será absorbida por la Empresa, por no ser contratación a cuenta de posteriores necesidades de nuevas coberturas (creación de nuevos puestos x 1,1368).
Disposición adicional tercera. Órgano competente para conocer los conflictos colectivos.
Ambas partes se comprometen a evaluar en cada caso la posibilidad de dirimir en un proceso extrajudicial la solución de conflictos.
En el supuesto de que por condicionante legal hubiera de conocerse un conflicto colectivo fuera del ámbito territorial del País Vasco, la Compañía abonaría los gastos de desplazamiento a aquéllos que actuaran como demandados, demandantes o testigos.
Disposición adicional cuarta. Parejas de hecho.
El reconocimiento en los derechos recogidos en el presente convenio colectivo para las parejas de hecho, exigirá la acreditación de la real relación de pareja estable mediante la inscripción en el registro municipal creado al efecto, caso de que lo haya, y de no ser así, declaración jurada firmada por la pareja en la que se hagan constar los datos personales del trabajador/a y compañero/a, responsabilizándose ambos en caso de falsedad de los datos declarados.
Asimismo, estas parejas se comprometen a notificar a la empresa el cese de la unión como pareja de hecho.
Las garantías recogidas en esta disposición adicional serán sustituidas por las que en su día recoja la ley reguladora de las parejas de hecho.
Disposición adicional quinta. Trabajos de grupo profesional superior.
Partiendo del principio general de que el personal que realice trabajos de grupo profesional superior está en un nivel de referencia, pasará a percibir las retribuciones del nivel de referencia del grupo profesional superior en el que efectúa esos trabajos, salvo en los casos que se señalan a continuación:
• Los Oficiales que realicen funciones de Encargado percibirán las retribuciones correspondientes al nivel 6.
• Los Oficiales, Operarios, Analistas, Administrativos, etc., de los niveles 3 y 4 y 5 que realicen funciones de Técnico de Grado Medio o Jefes Administrativos de 2.ª, percibirán las retribuciones correspondientes al nivel 7E.
• Los Técnicos de Grado Medio y Jefes Administrativos, de los niveles 7F y 8, que realicen trabajos de Técnico Superior, percibirán las retribuciones correspondientes al nivel 9D.
Disposición adicional sexta. Protocolo de actuación para la prevención de riesgos laborales en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
0. Introducción.
En algunos lugares de trabajo, se dan exposiciones a agentes físicos, químicos, biológicos y otros tipos de situaciones que pueden tener consecuencias negativas en caso de embarazo y periodo de lactancia natural.
El embarazo no es una enfermedad, es una situación fisiológica de gran sensibilidad para múltiples agentes, como los arriba indicados, por lo que se han de extremar las medidas de prevención y protección frente a ellos.
El abordaje de esta situación conviene hacerse de forma precoz, puesto que es, en las primeras semanas del embarazo, cuando el riesgo para el feto puede ser mayor.
1. Objeto.
El objeto de este protocolo es definir las pautas que orienten, en la forma más apropiada, a la prevención y/o eliminación del riesgo detectado adaptando, si fuera posible, el puesto de trabajo o, ante la imposibilidad de dicha adaptación, el cambio del puesto de trabajo de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia a otro sin riesgo para su estado gestacional.
2. Alcance.
El presente protocolo se aplicará en todos los ámbitos y niveles de PETRONOR en los procesos de embarazo y periodo de lactancia.
3. Procedimiento de actuación.
3.1 Información sobre riesgos de embarazo y periodo de lactancia.
Se enviará este protocolo a todas las mujeres, informándoles de los posibles riesgos del trabajo, en caso de embarazo y periodo de lactancia, y de la conveniencia de comunicar esta circunstancia lo antes posible.
A las trabajadoras de nuevo ingreso se les entregará dicho protocolo en el momento del reconocimiento médico de ingreso.
En ambos casos, la trabajadora firmará el «recibí y enterada» del citado documento.
3.2 Comunicación de embarazo y periodo de lactancia.
Como paso previo al inicio de cualquier acción, la mujer embarazada o en periodo de lactancia deberá comunicar al Departamento de Salud Laboral dicha situación, presentando informe escrito del médico que asiste a la trabajadora.
Esta comunicación podrá realizarse directamente por la interesada o por medio de los representantes de los trabajadores.
3.3 Actuaciones.
Del análisis de la evaluación de riesgos se desprende que determinados puestos de trabajo pueden ser no compatibles con la situación de embarazo y periodo de lactancia.
Por tanto, en el caso de que una mujer hubiera comunicado su situación de embarazo y periodo de lactancia, previa revisión de la evaluación del puesto, la Dirección, a la vista de la opinión del responsable del departamento de Salud Laboral y previo acuerdo con los representantes de los trabajadores, determinará si el puesto de trabajo es compatible o no con dicha situación.
En este último caso, tratará de adaptar dicho puesto modificando las condiciones o la jornada de trabajo y, en el caso de que esto no fuera posible, cambiaría a la trabajadora a otro puesto de trabajo compatible con su situación.
Si el cambio de puesto no fuera técnica u objetivamente posible, se recurrirá a la suspensión del contrato de trabajo, por riesgo durante el embarazo y periodo de lactancia, contemplado en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el periodo necesario para la protección de su seguridad o salud y mientras persista la imposibilidad de incorporarse a su puesto de trabajo o a otro puesto compatible con su estado.
En todos los casos, la situación de embarazo y periodo de lactancia natural lleva aparejada una exclusión temporal de las brigadas contra incendios.
Disposición adicional séptima. Condiciones salariales en el retorno al ámbito de aplicación del convenio colectivo.
Cuando una persona solicitara, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, su inclusión en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo, se le fijará el nivel de las tablas salariales que corresponda a la antigüedad de su grupo profesional.
En el caso de que su sueldo base fijo, como excluido de Convenio Colectivo, fuera superior al establecido en el correspondiente nivel de las tablas salariales, la diferencia la percibirá como un complemento personal compensable y absorbible en función de saltos de nivel que se fueran produciendo, de forma que, en todo caso, cuando se alcance el nivel F (o de referencia) dicho complemento será cero.
Disposición adicional octava. Mantenimiento de las condiciones pactadas en el presente convenio colectivo.
Es intención de las partes dar pleno cumplimiento al contenido pactado en este Convenio Colectivo durante toda la vigencia del mismo. Por ello, si excepcionalmente surgiese cualquier posible necesidad de inaplicación del mismo, la empresa iniciará un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores, de duración no superior a quince días, en los términos establecidos en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 41.4 del mismo texto legal, exponiendo dicha circunstancia con la voluntad de buscar soluciones no traumáticas que permitan afrontar la problemática planteada, comprometiéndose ambas partes a poner todos los esfuerzos para alcanzar un acuerdo.
En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la Comisión Mixta de Interpretación, que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera planteada.
Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la Comisión Mixta de Interpretación o esta no se hubiera pronunciado, las partes deberán recurrir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, a los procedimientos establecidos en el PRECO, de mediación o conciliación instados por cualquiera de las partes o en su caso de arbitraje, siempre y cuando éste sea instado de común acuerdo por ambas partes. En el caso de que el conflicto afecte únicamente al centro de trabajo de Bizkaia o a los centros de Bizkaia y Madrid de forma simultánea, las discrepancias se solventarán de acuerdo con los procedimientos de mediación regulados en el II Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales –PRECO II (BOPV de 04/04/2000)
Cuando el periodo de consulta finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los procedimientos anteriores o estos no hubiesen solucionado las discrepancias, únicamente por acuerdo de las partes, se podrá someter la solución de la misma al órgano tripartito competente, conforme lo previsto en el artículo 82.3 párrafo anteúltimo del Estatuto de los Trabajadores, y en el ámbito territorial que fijen las partes.
Disposición transitoria primera. Acuerdo sobre rejuvenecimiento de plantillas (plan de jubilación parcial).
El rejuvenecimiento de la plantilla, mediante la jubilación parcial/contrato de relevo, se producirá en los términos establecidos en el acuerdo colectivo de empresa (Plan de Jubilación Parcial) suscrito el 27 de marzo de 2013 y presentado en el registro del INSS el 9 de abril de 2013.
Disposición transitoria segunda. Plan de igualdad.
Las partes se comprometen a aprobar un plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres durante la vigencia del presente Convenio Colectivo.
A tal fin, se requerirá el asesoramiento de EMAKUNDE para su seguimiento.
Disposición transitoria tercera. Operador de control.
A los efectos de adecuar la situación actual al nuevo grupo profesional de «Operario de Control», creado por el presente Convenio, se procederá de la siguiente forma:
Para cubrir las vacantes de Operadores de Control se fijan los siguientes niveles salariales en función de su nivel de procedencia, con fecha de efectos a partir de la firma del presente Convenio:
– Nivel salarial 3F: pasarán al nivel salarial 4.
– Niveles salariales 3B al 3E: pasarán al nivel inmediatamente superior. Para ascender al siguiente nivel deberán acumular un tiempo de trabajo efectivo equivalente al tiempo que tuvieran pendiente para saltar un nivel en su situación inicial. Alcanzado el nivel 3F deberán permanecer en el mismo un año para pasar al nivel 4, excepto los que procedan en origen del 3E que seguirán lo dispuesto con carácter general.
– Para aquellos que proceden del Nivel 4 o una vez alcanzado el mismo, si conocen todas las unidades controladas desde el panel del que son titulares, se les asigna el nivel 5. A estos efectos se diseñara un plan de formación específico y se requerirá la superación efectiva del mismo.
Todos ellos continuarán realizando tareas de Operador de Campo, sin estar sujetos a las restricciones recogidas en el presente Convenio, en lo referente al plazo de 60 días del artículo 6.
Disposición transitoria cuarta. Sexto turno.
Se acuerda analizar las propuestas para la implantación del sistema de trabajo denominado «Sexto Turno» para el personal sujeto al régimen de tres turnos (M/T/N). Las partes se comprometen a crear una mesa técnica para estudiar todos los aspectos de este nuevo sistema de trabajo.
Disposición final primera. Reglamento de régimen interior.
En todo lo no específicamente regulado en este Convenio, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interior y en la derogada Ordenanza de Trabajo para las industrias del Refino de Petróleo de 1 de Enero de 1972, salvo en aquellas materias que entren en contradicción con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
Disposición final segunda. Niveles de equivalencia.
Se entiende por Niveles Equivalentes los grupos profesionales de Operario con Operario Muy Cualificado, Mando Intermedio y Técnico Medio, y Técnico Medio con Técnico Superior.
ANEXO I
Tablas salariales
(Valores año 2014)
Niveles
Sueldo bruto anual
–
Euros
1A Entrada
20.809,01
1B
22.409,69
1C
25.611,08
1D
28.812,46
1E
30.413,15
1F Referencia
32.013,85
2A Entrada
21.617,06
2B
23.279,91
2C
26.605,62
2D
29.931,32
2E
31.594,14
2F Referencia
33.257,00
3A Entrada
25.495,46
3B
27.456,63
3C
31.378,98
3D
35.301,37
3E
37.262,59
3F Referencia
39.223,75
4
40.246,99
5
42.001,06
6
46.521,92
7A Entrada
33.419,07
7B
35.989,80
7C
41.131,18
7D
46.272,60
7E
48.843,28
7F Referencia
51.413,99
8
54.692,79
9A Entrada
43.215,43
9B
46.539,66
9C
53.188,17
9D
59.836,74
9E
63.160,99
9F Referencia
66.485,25
10
68.582,66
11
72.278,15
Los niveles de entrada, desarrollo y referencia, y los periodos de trabajo efectivo para cada uno de ellos, se establecen de la siguiente manera:
Nivel de Entrada: A.
Dos años: B.
Cuatro años: C.
Seis años: D.
Ocho años: E.
Nueve años: F (Referencia).
Se entiende por trabajo efectivo la prestación real del trabajo, computándose a estos efectos, el tiempo que se haya permanecido en situación de Incapacidad Temporal motivada por accidente laboral y enfermedad profesional, así como en los supuestos de maternidad, paternidad, lactancia natural, suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo y suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante la lactancia natural.
ANEXO II
Plan de vacaciones 2014 y 2015
De conformidad con lo estipulado en el artículo 39 del texto del Convenio se establece que, en cada Departamento o Servicio, se fijen grupos para el disfrute de las vacaciones preferentemente en los meses de verano. En cualquier caso y salvo expresa determinación del mando correspondiente, deberá mediar un día laborable entre la conclusión de las vacaciones de un grupo y el inicio del disfrute del grupo siguiente:
El Plan de Vacaciones será el siguiente:
Producción, seguridad y salud laboral.
El establecido en el calendario de cinco turnos y en vigor desde el 1 de enero.
Laboratorio.
Se podrán disfrutar, por parte del personal, en cinco turnos en el menor tiempo posible. El número de personas presentes en el Laboratorio en cualquier turno, excluyendo los Subalternos y/o Ayudantes Especialistas, no podrá ser inferior a tres personas.
La preferencia para escoger período de disfrute será rotativa, y favorable a quienes dispusieron de peores fechas el pasado año.
Mantenimiento.
Se disfrutarán las vacaciones en cuatro grupos, con el compromiso formal, por parte del personal en convenio a una colaboración con la empresa, con objeto de evitarle acumulación de trabajos en Mantenimiento, clasificados en las solicitudes de trabajo como prioridad (U), o la de aquellos trabajos que aun viniendo en la solicitud de trabajo como prioridad (N) en el momento de su emisión se hubieran transformado en urgentes (U), por no haberlos hecho a su debido tiempo, a causa de la acumulación de trabajos, como consecuencia de la disminución de disponibilidad del personal con motivo de las vacaciones. La definición de estas prioridades será competencia de Operaciones y supervisada por el Jefe de Mantenimiento.
Administración.
Se disfrutarán en tres grupos.
Personal.
Se disfrutarán en cuatro grupos.
Compras y almacén.
Se disfrutarán en cuatro grupos.
Servicios técnicos.
Se disfrutarán como máximo en cuatro grupos.
ANEXO III
Asistencia a reuniones de los miembros del comité de empresa y del comité de seguridad, salud y medio ambiente sujetos a régimen de turnos
1. La asistencia a estas reuniones sólo será posible en el supuesto de que la vacante del puesto pueda ser cubierta por otra persona.
2. La asistencia a reuniones fuera de las horas de la jornada de trabajo, tendrá el carácter de acumulativa, de forma que cuando se complete un total de ocho horas se disfrutará de un día libre. La fijación de este día deberá ser realizada de mutuo acuerdo entre jefe y operario.
3. En los supuestos en que la reunión del Comité de Empresa dure todo el día, es decir, que la reunión de la mañana empiece al menos a las 10,00 horas y finalice con la jornada, los miembros del Comité de Empresa en turno de mañana o de tarde de ese día pasarán a jornada normal. En estos días, la presencia en Refinería de ese personal será la jornada completa. Es obvio que en estos cambios de horario no será nunca de aplicación el contenido del artículo 43 del Convenio Colectivo vigente.
4. En el supuesto anterior, es decir, en el caso de reuniones que se prolonguen durante todo el día, los miembros del Comité de Empresa en turno de noche serán dispensados de asistir al trabajo bien en la noche anterior o posterior, a convenir entre jefe y operario. El tiempo invertido en estas reuniones de jornada completa no será acumulable en el sentido expuesto en el punto 2.
5. En reuniones que se celebren únicamente por la mañana, los miembros del Comité de Empresa en turno de noche serán dispensados de acudir al trabajo en la noche anterior a la reunión. En estos casos, el exceso de horas entre la jornada de trabajo y el tiempo de reunión se deducirá de las horas acumuladas para disfrute de tiempo libre.
6. Si la reunión es de tarde, únicamente los miembros del Comité de Empresa en turno de noche deberán acudir a su trabajo, tanto la noche anterior como la posterior.
7. El Secretario del Comité de Empresa deberá solicitar las reuniones por escrito, al menos con una antelación de dos jornadas laborales. La Compañía comunicará su conformidad por escrito y con la mayor brevedad a todos los miembros del Comité de Empresa, así como a los Jefes de los Departamentos afectados. En las reuniones urgentes el Secretario del Comité de Empresa deberá pedir autorización a Relaciones Laborales, quién de acceder, se pondrá en contacto telefónico con los Jefes de Departamentos afectados, para que en los casos en que no se derive un grave problema organizativo, autoricen el ausentarse de sus puestos de trabajo a los miembros del Comité de Empresa de su Departamento.
Los miembros del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, en régimen de turnos, tendrán igual tratamiento que los miembros del Comité de Empresa.
Se entiende que estas normas tienen vigencia únicamente en situaciones normales. Es decir, quedan en suspenso en los casos de conflicto colectivo o huelga.
ANEXO IV
A los exclusivos efectos de la determinación del concepto de trabajos especiales, definidos en el artículo 9 del presente Convenio, y como consecuencia del desdoble del Taller Eléctrico e Instrumentación en dos talleres, se contienen a continuación las definiciones siguientes:
Instrumentista.
Lee e interpreta planos, croquis, instrucciones y manuales en castellano de elementos o piezas mecánicas, relativos a instrumentos de medida, regulación y control y, repara, calibra y engrasa válvulas de control, circuitos eléctricos, electrónicos, hidráulicos y neumáticos, referentes a la instrumentación y control, así como conjuntos parciales o totales de instrumentos a montar o reparar. En equipos de control e instrumentación ajusta el funcionamiento mecánico, eléctrico, electrónico, hidráulico y neumático, localizando y reparando defectos. Realiza el mantenimiento programado de todo tipo de instrumentos de medidas eléctricas, electrónicas, galvanométricas, electrodinámicas, ópticas y neumáticas, para lo cual usa toda clase de aparatos y herramientas necesarias.
Monta, ajusta y pone a punto todo tipo de instalaciones (salvo lo que corresponda a otros talleres, como bandejas, etc.) de medida, regulación y control, simple o automático de temperaturas, presiones, caudales, niveles, analizadores de gas, poder calorífico, vacío, viscosidad, combustión, ácidos o alcalinidad de fluidos, etc.: también monta, calibra, repara y pone a punto los instrumentos de tipo mecánico, eléctrico, electrónico, neumático, electrodinámico, con sus circuitos de transmisión, empleando herramientas adecuadas e instrumentos «patrones» como analizadores de circuitos y de lámparas electrónicas, etc.
Comprueba la hermeticidad de las uniones de las líneas de instrumentos para detectar averías. Controla, siguiendo órdenes concretas, la automatización de las distintas regulaciones, efectuando comparaciones periódicas entre la lectura de los gráficos e indicación de los aparatos de la instalación con las obtenidas con los aparatos de comprobación, corrigiendo los defectos.
Ajusta y repara los equipos de mandos (como electroválvulas) y sistemas de alarma y fuentes de alimentación Vutronik, para lo cual emplea las herramientas apropiadas.
Cambia las cintas, tampones, etc., y realiza el engrase de todos los tipos de aparatos mediante aceites especiales. Cubre de su puño y letra las fichas de revisión y verificación de cada instrumento reparado para la correcta marcha del servicio.
Electricista.
Es el Operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: Leer e interpretar planos y croquis de instalaciones y máquinas eléctricas y de sus elementos auxiliares y, de acuerdo con ellos, montar y reparar estas instalaciones y máquinas, ejecutar los trabajos que se requieren para la colocación de líneas aéreas y subterráneas de conducción de energía a baja y alta tensión, llevar a cabo bobinados y reparaciones de motores de corriente alterna y continua, transformadores y demás aparatos eléctricos. Hacer el secado de motores y aceites de transformadores, montar y reparar baterías de acumulador. Montar, revisar y reparar equipos de alimentación.
ANEXO V
Protección a las víctimas de la violencia de genero
Se entiende por víctima de violencia ejercida en el entorno familiar la realizada sobre el empleado de Petronor, así como a los hijos que convivan con él, siempre que el agresor sea una persona con quien el empleado, mantenga una relación de parentesco o afectividad (cónyuge, excónyuge, pareja de hecho o familiar de cualquier grado).
Las medidas que en estas circunstancias Petronor pone a disposición de sus empleados consisten en:
Prestación, a su cargo, de los servicios de apoyo que a continuación se detallan con uno o varios Gabinetes, que cubran tanto al empleado de Petronor, como a los hijos que convivan con él, y que garantizando la confidencialidad más estricta, se pueda acudir directamente para que le sean proporcionados.
• Apoyo psicológico, asistencia, información y atención a la víctima, así como orientación familiar.
• Apoyo médico, asistencias recomendadas, entre las que se encuentra el psiquiatra.
• Apoyo jurídico, asistencia jurídica especializada para tramitar actuaciones encaminadas a la protección de las víctimas, tales como la orden de alejamiento, la atribución de la vivienda familiar, la custodia de los hijos, la pensión de alimentos, la obtención de prestaciones o medidas de asistencia social.
Estas medidas tendrán carácter complementario a las que estén establecidas legalmente, o se establezcan en el futuro.
Asimismo se realizará una ayuda económica para los gastos ocasionados por la necesidad de alquiler o compra de vivienda habitual en las siguientes condiciones:
A) Ayuda en los términos recogidos en el art. 38 del Convenio Colectivo en sus apartados a), b) y c).
B) Ayuda para el alquiler de la vivienda habitual, en la cuantía de 411,87 euros brutos/mes, durante todo el período en que la víctima se vea obligada a dejar temporalmente el domicilio habitual, hasta entonces compartido con el agresor.
C) Ayuda a fondo perdido, en la cuantía de 24.709,68 euros brutos, y subvención por préstamo de vivienda, conforme a lo dispuesto en el artículo 55, cuando la víctima opte por la adquisición de una nueva vivienda habitual como mejor solución para resolver su problema.
D) Apoyo laboral ofreciendo la mayor flexibilidad en materia de horarios, jornadas, disfrute de vacaciones, licencias, permisos retribuidos, excedencia o preferencia para ocupar vacantes que supongan movilidad geográfica, en las mismas condiciones que las recogidas en el artículo 38 para cuando se realiza por decisión de la Dirección, según se solicite y mientras sean precisos para su reincorporación normal al trabajo.
Estas condiciones no serán inferiores a las que en cada momento se establezcan legalmente. | Convenios colectivos de Petronor | Visto el texto del XVI Convenio colectivo de la empresa Petróleos del Norte, S.A. –Petronor– (código de convenio n.º 90006782011991) que fue suscrito con fecha 18 de mayo de 2015, de una parte, por los designados por la Dirección de la empresa en representación de la misma y, de otra, por el Comité de empresa y el delegado de personal en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 21 de agosto de 2015.–El Director General de Empleo, P. S. (Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero), el Subdirector General de Relaciones Laborales, Rafael Martínez de la Gándara.
PETRONOR XVI CONVENIO COLECTIVO 2014-2015
CAPÍTULO I
Artículo 1. Ámbito territorial.
El presente Convenio regula las relaciones de trabajo del personal de Petróleos del Norte, S.A. (PETRONOR) en sus Centros de Trabajo de Muskiz y Madrid.
Artículo 2. Ámbito personal.
El presente Convenio afecta a todo el personal que se halla prestando servicio en la actualidad y al que ingrese durante su vigencia, con excepción de la Alta Dirección, Jefes de Departamento, así como las personas pertenecientes a los grupos profesionales de Técnicos Superiores, Técnicos Medios y Administrativos (a partir del nivel 7) que voluntariamente se hubieren excluido.
La inclusión o exclusión en Convenio de cualquier persona de los grupos profesionales antes citados, deberá ser comunicada en escrito individual a la Dirección de la Compañía, antes del comienzo de la negociación de un nuevo pacto o Convenio.
Artículo 3. Ámbito temporal.
El presente Convenio entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014 y tendrá una duración de dos años, concluyendo el 31 de diciembre de 2015. Se prorrogará por años naturales si por cualquiera de las partes no se hubiere denunciado con tres meses de antelación.
Se acuerda expresamente, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores, que una vez denunciado el Convenio Colectivo y concluida su duración pactada, se mantendrá su aplicación hasta que transcurra un periodo máximo de 12 meses, contados desde la firma del Acuerdo Marco del Grupo Repsol, si ésta es posterior a la extinción de la vigencia del Convenio Colectivo y, como máximo hasta que transcurran 18 meses contados desde la finalización de la vigencia del Convenio Colectivo.
No obstante lo anterior, por acuerdo expreso de la Comisión Negociadora y siempre y cuando las condiciones de negociación del Acuerdo Marco así lo justifiquen a criterio de todas las partes integrantes de la misma, podrá prorrogarse la aplicación de las condiciones pactadas en el Convenio Colectivo vencido más allá del plazo establecido en el párrafo anterior, en los términos y condiciones que en su caso acuerden las partes.
Artículo 4. Revisión y rescisión.
Las normas contenidas en el presente Convenio se considerarán más beneficiosas para el personal que las establecidas en las disposiciones legales de general aplicación actualmente vigentes.
Si se produjera alguna modificación en estas disposiciones que alterase la situación legal en el sentido de aumentar las retribuciones o mejorar las condiciones del personal pactadas en el presente Convenio, se podrá solicitar la revisión de lo pactado, que se llevará a efecto en la medida adecuada. Por tanto, nunca podrá quedar absorbida una mejora recogida en una disposición legal en base a que el presente Convenio supere globalmente las condiciones mínimas legales.
Si la modificación producida en las disposiciones legales de referencia fuese tan sustancial que la simple revisión de lo aquí pactado no pudiera establecer el equilibrio del Convenio, habría lugar a la rescisión del mismo, a petición de partes, siempre que se solicite con tres meses de antelación. Durante los tres meses, ambas partes intentarán la negociación de un nuevo Convenio Colectivo con arreglo a la legislación y circunstancias vigentes en esos momentos.
CAPÍTULO II
Organización del trabajo
Artículo 5. Organización del trabajo.
La organización del trabajo, dentro de las disposiciones legales de carácter general, es facultad de la Dirección de la Empresa. No obstante, ésta informará y oirá previamente al Comité de Empresa en aquellas cuestiones de organización o procedimiento, que afecten directamente a los intereses o al desarrollo profesional de los trabajadores.
En cualquier caso, los progresos técnicos y la mecanización o modernización de los servicios o procedimientos no podrán producir merma ni perjuicio alguno en la situación económica de los trabajadores en general. Por el contrario, se procurará participen en alguna manera en la mejora que de ello pueda derivarse.
Grupos profesionales.
Se establecen, en función de las titulaciones académicas/aptitudes profesionales y contenido general de la prestación, los siguientes grupos profesionales, cuyos niveles salariales se determinan en el Anexo I:
A) Técnico Superior.
Titulación/aptitudes profesionales: Título académico de estudios universitarios superiores o nivel de conocimientos equivalente a juicio de la Dirección.
Contenido de la prestación: Desempeña funciones, con mando o sin él, propias de su titulación o experiencia.
Niveles de entrada, desarrollo y referencia: Del 9 A (entrada) al 9 F (referencia). Los niveles 10 y 11 podrán alcanzarse cuando, a juicio de la Dirección, se acredite el suficiente grado
### RESUMEN: Convenios colectivos de Petronor |
El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance n.º C-105/14, en méritos a lo acordado en Providencia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 23 de junio de 2014, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68 en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
HACE SABER: Que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance n.º C-105/14, del ramo de ADMÓN. ESTADO (M.º de Sanidad, Servicios Soc. e Igualdad - 'Instituto Nacional del Consumo' - Defic. Justif. Subv. a FUCI), Madrid, como consecuencia de un presunto alcance originado por las posibles responsabilidades contables que pudieren derivarse de la falta de acreditación de la realización de la actividad subvencionada por el Instituto Nacional del Consumo en el ejercicio 2010, a la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI).
Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto.
Madrid, 25 de junio de 2014.- Director Técnico, Secretario del Procedimiento: Fernando de la Cueva Iranzo. | El Tribunal de Cuentas investiga las subvenciones del Instituto Nacional de Consumo a FUCI por falta de justificación. | El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance n.º C-105/14, en méritos a lo acordado en Providencia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 23 de junio de 2014, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68 en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
HACE SABER: Que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance n.º C-105/14, del ramo de ADMÓN. ESTADO (M.º de Sanidad, Servicios Soc. e Igualdad - 'Instituto Nacional del Consumo' - Defic. Justif. Subv. a FUCI), Madrid, como consecuencia de un presunto alcance originado por las posibles responsabilidades contables que pudieren derivarse de la falta de acreditación de la realización de la actividad subvencionada por el Instituto Nacional del Consumo en el ejercicio 2010, a la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI).
Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto.
Madrid, 25 de junio de 2014.- Director Técnico, Secretario del Procedimiento: Fernando de la Cueva Iranzo.
### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas investiga las subvenciones del Instituto Nacional de Consumo a FUCI por falta de justificación. |
A propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de enero de 2014,
Vengo en disponer el cese de don Luis Valero Artola como Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid, el 31 de enero de 2014.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ | El Gobierno cesa a Luis Valero, secretario general de Industria | A propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de enero de 2014,
Vengo en disponer el cese de don Luis Valero Artola como Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid, el 31 de enero de 2014.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ
### RESUMEN: El Gobierno cesa a Luis Valero, secretario general de Industria |
Las importantes variaciones experimentadas en el precio de los combustibles, especialmente desde comienzos del año 2010, aconseja proceder a la revisión de las tarifas de los servicios públicos regulares permanentes y de uso general de transporte de viajeros por carretera, en ejecución de lo que se dispone en los artículos 19.3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 29 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.
En su virtud, vistos los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y los artículos 28, 29, 86, 87 y 88 de su Reglamento, previo informe del Comité Nacional del Transporte por Carretera, del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, de la Dirección General de Política Económica y previa aprobación de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dispongo:
Primero. Aumento de las tarifas.
Se autoriza un incremento extraordinario, con carácter general, del 3 por ciento de promedio, de las tarifas de los servicios públicos regulares permanentes de uso general de transporte de viajeros por carretera de titularidad de la Administración General del Estado. El incremento individual de las tarifas aplicables a cada uno de los contratos de gestión de servicio público, según fecha de vigencia de cada uno de ellos, se detalla en el anexo de esta orden.
Segundo. Revisión tarifaria.
1. La Dirección General de Transportes por Carretera procederá, de oficio, a partir de la entrada en vigor de la presente orden, en la cuantía establecida en el artículo anterior y particularizada en el anexo, a la revisión, con carácter general, de las tarifas de los servicios públicos regulares permanentes de uso general de transporte de viajeros por carretera.
2. La presente revisión tarifaria, que se realiza conforme a lo establecido en el artículo 19.3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, habrá de efectuarse en relación con las tarifas vigentes a 1 de abril de 2012.
Tercero. Confección de los cuadros tarifarios.
La Dirección General de Transporte Terrestre confeccionará los nuevos cuadros de las tarifas de aplicación a cada uno de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general de su competencia.
Cuarto. Medidas de aplicación.
Se autoriza al Director General de Transporte Terrestre a adoptar las medidas necesarias para la aplicación e interpretación de esta orden.
Quinto. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 de febrero de 2013.–La Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián.
ANEXO
Cuadro de incremento de las tarifas de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general de competencia del Estado
N.º
VAC
Denominación
Incremento
Fecha referencia
1
VAC-010
Aldeanueva del Camino-Madrid con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
2
VAC-017
Teruel-Barcelona con hijuelas a Caspe
3,07
Anterior a 2011.
3
VAC-020
Madrid-Burgo de Osma con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
4
VAC-022
Logroño-Soria-Madrid con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
5
VAC-023
Madrid-Toledo con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
6
VAC-025
Murcia-Sevilla por Granada con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
7
VAC-031
Murcia-Valencia
3,07
Anterior a 2011.
8
VAC-033
Fraga-Binefar-Lérida-Mequinenza-Huesca
3,07
Anterior a 2011.
9
VAC-034
Viella-Lérida con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
10
VAC-043
Lérida-Molina de Aragón con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
11
VAC-044
Madrid-Guadalajara con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
12
VAC-046
Irún-Tuy con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
13
VAC-049
Burgos-Zaragoza con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
14
VAC-050
Madrid-Aranda de Duero
3,07
Anterior a 2011.
15
VAC-051
Madrid-Badajoz-Valencia con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
16
VAC-053
Coria-Salamanca-Barcelona con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
17
VAC-055
Madrid-Alicante con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
18
VAC-056
Almadén-Córdoba
3,07
Anterior a 2011.
19
VAC-057
Madrid-Belmez-Santa Eufemia
3,07
Anterior a 2011.
20
VAC-059
Alicante-Hellín por Tobarra
3,07
Anterior a 2011.
21
VAC-063
Madrid-Toledo por Valmojado con hijuela
3,07
Anterior a 2011.
22
VAC-064
Cuenca-Barcelona con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
23
VAC-066
Badajoz-Sevilla con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
24
VAC-067
Burgos-Poza de la Sal-Frias-Briviesca-Logroño con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
25
VAC-068
Madrid-Jaraiz de la Vera con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
26
VAC-072
Jaen-Benidorm
3,07
Anterior a 2011.
27
VAC-073
Madrid-Navamorcuende con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
28
VAC-074
Eibar-Pamplona
3,07
Anterior a 2011.
29
VAC-075
Barcelona-Huesca con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
30
VAC-076
Soria-Zaragoza con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
31
VAC-077
Albalate de Zorita-Madrid
3,07
Anterior a 2011.
32
VAC-079
Madrid-Sacedón con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
33
VAC-080
Madrid-Ávila con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
34
VAC-082
Madrid-Fuensalida
3,07
Anterior a 2011.
35
VAC-083
Chillón-Puertollano con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
36
VAC-085
Hellín-Las Juntas con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
37
VAC-086
Alcañiz-Tarragona
3,07
Anterior a 2011.
38
VAC-087
Madrid-Miajadas-Don Benito con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
39
VAC-092
Madrid-Granada-Almuñecar
3,07
Anterior a 2011.
40
VAC-093
Madrid-Jaen con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
41
VAC-095
Soria-Calahorra con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
42
VAC-098
Madrid-Málaga-Algeciras
3,07
Anterior a 2011.
43
VAC-099
Madrid-Zaragoza-Barcelona con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
44
VAC-100
Becerreá-Ponferrada con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
45
VAC-101
Badajoz-Irún con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
46
VAC-104
Alicante-Cartagena-Murcia con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
47
VAC-108
Santander-Bilbao-Barcelona con hijuela
3,07
Anterior a 2011.
48
VAC-109
Almería-Cartagena
3,07
Anterior a 2011.
49
VAC-111
Pamplona-Jaca
3,07
Anterior a 2011.
50
VAC-113
Madrid-Lagunilla con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
51
VAC-114
Cuenca-Valencia-Albacete con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
52
VAC-115
Madrid-Segovia con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
53
VAC-116
Madrid-Agudo con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
54
VAC-118
Fuentenebro-Madrid con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
55
VAC-120
Murcia-Almería con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
56
VAC-121
Madrid-Zahorejas con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
57
VAC-124
Huesca-Lérida con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
58
VAC-126
Badajoz-Córdoba con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
59
VAC-127
Madrid-Salamanca-Vigo con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
60
VAC-130
Madrid-Fuente del Arco-Badalona con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
61
VAC-132
Alicante-Murcia con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
62
VAC-133
Zaragoza-Murcia con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
63
VAC-137
Badajoz-Murcia
3,07
Anterior a 2011.
64
VAC-138
Irún-Algeciras
3,07
Anterior a 2011.
65
VAC-139
Gijón-Valladolid-Sevilla
3,07
Anterior a 2011.
66
VAC-140
Salamanca-León-Santander-Toledo
3,07
Anterior a 2011.
67
VAC-144
Sevilla-Mérida con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
68
VAC-145
León-Zaragoza por Valladolid con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
69
VAC-149
Madrid-Molina de Aragón-Teruel-Valencia con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
70
VAC-150
Sevilla-Málaga-Mongat-Manresa con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
71
VAC-151
Plasencia-Madrid con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
72
VAC-152
Madrid-Piedrabuena
3,07
Anterior a 2011.
73
VAC-154
Zaragoza-Castellón de la Plana por Tarragona y Caspe
3,07
Anterior a 2011.
74
VAC-157
Irún-Madrid
3,07
Anterior a 2011.
75
VAC-158
Madrid-Casas Ibañez-Las Lagunas de Ruidera
2,37
14/06/2011.
76
VAC-159
Santiago de Compostela-Gijón-Irún-Barcelona
1,47
13/01/2012.
77
VAC-160
Madrid-León-Gijón
1,15
29/03/2012.
78
VAC-200
La Puerta de Segura (Jaén)-Hellín (Albacete)
3,07
Anterior a 2011.
79
VAC-201
Puente de Génave (Jaén)-Albacete
3,07
Anterior a 2011.
80
VAC-202
Pedro Bernardo (Ávila)-Talavera de la Reina (Toledo)
3,07
Anterior a 2011.
81
VAC-203
La Adrada (Ávila)-Talavera de la Reina (Toledo)
3,07
Anterior a 2011.
82
VAC-205
Orcera (Jaén)- Albacete
3,07
Anterior a 2011.
83
VAC-206
Ferrol-Algeciras
3,07
Anterior a 2011.
84
VAC-207
Zafra (Badajoz)-Barcelona
3,07
Anterior a 2011.
85
VAC-208
Madrid-Pamplona por Burgos y Logroño prolongación
3,07
Anterior a 2011.
86
VAC-209
Hontanares (Ávila)-Talavera de la Reina (Toledo)
3,07
Anterior a 2011.
87
VAC-210
Graus (Huesca)-Lleida-Granja d’Escarp (Lleida)
3,07
Anterior a 2011.
88
VAC-211
Tamarite de Litera (Huesca)-Lleida
3,07
Anterior a 2011.
89
VAC-212
Puertollano-Albacete-Valencia
3,07
Anterior a 2011.
90
VAC-213
Santander-Bilbao-La Manga del Mar Menor (Murcia)
3,07
Anterior a 2011.
91
VAC-214
Madrid-Sevilla-Ayamonte
3,07
Anterior a 2011.
92
VAC-215
Madrid-Córdoba-San Fernando
3,07
Anterior a 2011.
93
VAC-216
Madrid-Almería
3,07
Anterior a 2011.
94
VAC-217
Ayamonte (Huelva)-Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)
2,81
26/02/2011.
95
VAC-218
Casas Bajas (Valencia)-Teruel
2,81
26/02/2011.
96
VAC-219
Vigo-Barcelona-Irún
2,17
30/07/2011.
97
VAC-220
Bilbao-Castro Urdiales (Cantabria)
2,17
30/07/2011.
Promedio
3,00 | Aumento de un 3% de las tarifas de transporte regular de viajeros por carretera por subida de carburantes | Las importantes variaciones experimentadas en el precio de los combustibles, especialmente desde comienzos del año 2010, aconseja proceder a la revisión de las tarifas de los servicios públicos regulares permanentes y de uso general de transporte de viajeros por carretera, en ejecución de lo que se dispone en los artículos 19.3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 29 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.
En su virtud, vistos los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y los artículos 28, 29, 86, 87 y 88 de su Reglamento, previo informe del Comité Nacional del Transporte por Carretera, del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, de la Dirección General de Política Económica y previa aprobación de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dispongo:
Primero. Aumento de las tarifas.
Se autoriza un incremento extraordinario, con carácter general, del 3 por ciento de promedio, de las tarifas de los servicios públicos regulares permanentes de uso general de transporte de viajeros por carretera de titularidad de la Administración General del Estado. El incremento individual de las tarifas aplicables a cada uno de los contratos de gestión de servicio público, según fecha de vigencia de cada uno de ellos, se detalla en el anexo de esta orden.
Segundo. Revisión tarifaria.
1. La Dirección General de Transportes por Carretera procederá, de oficio, a partir de la entrada en vigor de la presente orden, en la cuantía establecida en el artículo anterior y particularizada en el anexo, a la revisión, con carácter general, de las tarifas de los servicios públicos regulares permanentes de uso general de transporte de viajeros por carretera.
2. La presente revisión tarifaria, que se realiza conforme a lo establecido en el artículo 19.3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, habrá de efectuarse en relación con las tarifas vigentes a 1 de abril de 2012.
Tercero. Confección de los cuadros tarifarios.
La Dirección General de Transporte Terrestre confeccionará los nuevos cuadros de las tarifas de aplicación a cada uno de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general de su competencia.
Cuarto. Medidas de aplicación.
Se autoriza al Director General de Transporte Terrestre a adoptar las medidas necesarias para la aplicación e interpretación de esta orden.
Quinto. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 de febrero de 2013.–La Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián.
ANEXO
Cuadro de incremento de las tarifas de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general de competencia del Estado
N.º
VAC
Denominación
Incremento
Fecha referencia
1
VAC-010
Aldeanueva del Camino-Madrid con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
2
VAC-017
Teruel-Barcelona con hijuelas a Caspe
3,07
Anterior a 2011.
3
VAC-020
Madrid-Burgo de Osma con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
4
VAC-022
Logroño-Soria-Madrid con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
5
VAC-023
Madrid-Toledo con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
6
VAC-025
Murcia-Sevilla por Granada con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
7
VAC-031
Murcia-Valencia
3,07
Anterior a 2011.
8
VAC-033
Fraga-Binefar-Lérida-Mequinenza-Huesca
3,07
Anterior a 2011.
9
VAC-034
Viella-Lérida con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
10
VAC-043
Lérida-Molina de Aragón con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
11
VAC-044
Madrid-Guadalajara con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
12
VAC-046
Irún-Tuy con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
13
VAC-049
Burgos-Zaragoza con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
14
VAC-050
Madrid-Aranda de Duero
3,07
Anterior a 2011.
15
VAC-051
Madrid-Badajoz-Valencia con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
16
VAC-053
Coria-Salamanca-Barcelona con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
17
VAC-055
Madrid-Alicante con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
18
VAC-056
Almadén-Córdoba
3,07
Anterior a 2011.
19
VAC-057
Madrid-Belmez-Santa Eufemia
3,07
Anterior a 2011.
20
VAC-059
Alicante-Hellín por Tobarra
3,07
Anterior a 2011.
21
VAC-063
Madrid-Toledo por Valmojado con hijuela
3,07
Anterior a 2011.
22
VAC-064
Cuenca-Barcelona con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
23
VAC-066
Badajoz-Sevilla con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
24
VAC-067
Burgos-Poza de la Sal-Frias-Briviesca-Logroño con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
25
VAC-068
Madrid-Jaraiz de la Vera con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
26
VAC-072
Jaen-Benidorm
3,07
Anterior a 2011.
27
VAC-073
Madrid-Navamorcuende con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
28
VAC-074
Eibar-Pamplona
3,07
Anterior a 2011.
29
VAC-075
Barcelona-Huesca con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
30
VAC-076
Soria-Zaragoza con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
31
VAC-077
Albalate de Zorita-Madrid
3,07
Anterior a 2011.
32
VAC-079
Madrid-Sacedón con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
33
VAC-080
Madrid-Ávila con hijuelas
3,07
Anterior a 2011.
34
VAC-082
Madrid-Fuensalida
3,07
Anterior a 2011.
35
VAC-083
Chillón-Puertollano con hijuelas
3,07
### RESUMEN: Aumento de un 3% de las tarifas de transporte regular de viajeros por carretera por subida de carburantes |
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 3931-2013, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en relación con el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, quién expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. El día 24 de junio de 2013 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional, escrito de la Procuradora de los Tribunales, doña Virginia Aragón Segura por el que, en nombre y representación de más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista, interpone recurso de inconstitucionalidad en relación con el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero.
La demanda comienza por referirse a lo que constituye el contenido del Real Decreto-ley que es objeto del presente recurso de inconstitucionalidad, a constatar el cumplimiento de los requisitos procesales para el planteamiento del recurso, y a efectuar un pormenorizado análisis del contexto general en el que se inserta la disposición impugnada.
El recurrente efectúa a continuación un análisis de la figura del decreto-ley y de lo que considera su abusiva utilización por este Gobierno. Se recoge en este apartado una amplia referencia a la jurisprudencia constitucional relativa al art. 86.1 CE y, en concreto, en relación con: las limitaciones derivadas de la concurrencia de la «extraordinaria y urgente necesidad»; la necesaria «conexión de sentido o relación de adecuación» entre la situación definida como presupuesto habilitante y las medidas contenidas en el decreto-ley para subvenir a la misma, lo que supone la exigencia de que el mismo implique una acción inmediata, y que ésta no pueda conseguirse por los mecanismos legislativos ordinarios en igual plazo de tiempo; la definición de esa situación excepcional, que debe ser «explícita y razonada»; y la no afectación a determinadas materias, entre las que se incluyen «los derechos de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución» (SSTC 111/1983, 137/2011, 182/1997, 29/1982, 68/2007, 11/2002, 1/2012, 137/2003, 237/2012, y 39/2013). Se afirma a continuación que la apelación del Gobierno a esta figura de legislación de urgencia durante la presente legislatura no es en modo alguno excepcional, sino que se ha convertido en la forma ordinaria de legislar, dando lugar a una utilización claramente abusiva de un procedimiento que la Constitución no ha previsto como ordinario y cuyo uso ha sometido a estrictas condiciones que no se pueden desconocer. Esta utilización abusiva desvirtúa los fundamentos de la democracia parlamentaria y del sistema clásico de fuentes del derecho y de división de poderes de nuestro sistema constitucional, además de limitar las facultades que se atribuyen a los diputados y grupos minoritarios, especialmente en una situación de gobierno con mayoría absoluta en las dos Cámaras.
En cuanto a los concretos motivos de inconstitucionalidad que se imputan a la disposición impugnada, la parte recurrente alega que el Decreto-ley no cumple el requisito de la «extraordinaria y urgente necesidad» que exige el art. 86.1 CE, en los términos contemplados por la jurisprudencia constitucional.
Se afirma así el incumplimiento de la exigencia relativa a la necesaria justificación, debidamente razonada y motivada, del presupuesto habilitante. En este sentido, la exposición de motivos de la norma se limita a un exiguo y parco párrafo, insuficiente para avalar su constitucionalidad, pues la situación que justificaría el recurso a una norma excepcional, es la de ofrecer una solución global y completa a los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada que no pueden recuperar sus ahorros.
La cuestión a resolver es, pues, si el Real Decreto-ley 6/2013 responde a esta necesidad urgente de solucionar una situación injusta, si agiliza los mecanismos para que los ciudadanos recuperen sus ahorros. Afirma la demanda, en este sentido, que sólo la adopción de medidas dirigidas a hacer posible la devolución de lo invertido en estos productos de alto riesgo atendería a la situación de extraordinaria y urgente necesidad de los que invirtieron en participaciones preferentes y deuda subordinada, mientras la norma impugnada se limita a establecer dos medidas que no vienen a dar respuesta inmediata a la situación extraordinaria de los inversores minoristas, por lo que no se puede apreciar la constitucionalmente exigida conexión entre la norma urgente y la respuesta que, a través de la misma, da el Gobierno. En primer lugar, crea una comisión de seguimiento de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada, cuyas funciones son básicamente de análisis e informe y, en consecuencia, su trabajo no va a impulsar ni acelerar la solución de la situación de los «preferentistas», por lo que viene simplemente a redundar en lo que ya había decidido el Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB) en su resolución de 22 de marzo de 2013, que obliga a los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada de las entidades financieras del denominado grupo 1, a una conversión obligatoria de sus títulos por acciones muy devaluadas.
En segundo lugar, se señala que para la creación de la comisión no era necesaria una norma con rango de ley, por lo que la aprobación del Decreto-ley resulta innecesaria y desproporcionada, quebrando por este motivo la relación de adecuación que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha de existir entre la urgencia apreciada y las medidas instrumentadas por la norma, dado que la normativa vigente contemplaba ya los mecanismos aquí previstos.
Afirma la demanda que los mecanismos de gestión de estos productos híbridos ya estaban en marcha al aprobarse el Decreto-ley, por lo que no se aprecia avance alguno en la situación de los tenedores de participaciones preferentes, y cita al respecto el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, y la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. El Ministro de Economía y Competitividad, en el debate de convalidación de la presente norma, habría reconocido que los procedimientos de arbitraje para dirimir las controversias derivadas de la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada se estaban aplicando en las entidades afectadas, por lo que la normativa vigente ya contemplaba los mecanismos a que se refiere el Decreto-ley.
Por otro lado, considera la demanda que la justificación que se incluye en la exposición de motivos de la norma, en relación con la extraordinaria y urgente necesidad, ha sido desmentida por el propio Ministro de Economía y Competitividad. Así, en la exposición de motivos se aludía al «cumplimiento de los compromisos adquiridos de conformidad con el Memorando de Entendimiento firmado para la asistencia financiera europea a la citada reestructuración». Pues bien, el Ministro habría reconocido que esta norma no es consecuencia del memorando, «no tiene que ver con el MOU [memorando de entendimiento, por sus siglas en inglés]».
En definitiva, no se ha producido como consecuencia del Decreto-ley 6/2013 una alteración de la situación preexistente, no se ha aportado solución alguna, ni impulsado o acelerado las ya existentes, por lo que no se cumple la exigencia reflejada en la STC 29/1982, donde se afirma que no concurre el presupuesto habilitante si la norma no contiene disposiciones que «por su estructura misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la situación jurídica existente». Por todo ello, se afirma que el Real Decreto-ley no cumple el requisito de la «extraordinaria y urgente necesidad» que exige el art. 86.1 CE, en los términos exigidos por la doctrina de este Tribunal.
2. El Pleno del Tribunal, a propuesta de la Sección Tercera y por providencia de 11 de julio de 2013, admitió a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad, acordando dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran pertinentes; y se acuerda asimismo publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado».
3. En fecha 19 de julio de 2013, el Abogado del Estado se persona en el recurso, en nombre del Gobierno y solicita una prórroga de ocho días en el plazo concedido para formular alegaciones. El Pleno del Tribunal, en providencia de 22 de julio, acuerda la concesión de la prórroga solicitada.
4. La Mesa del Congreso de los Diputados, por escrito de su Presidente de 24 de julio de 2013, acuerda dar por personada a la Cámara en este procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En idéntico sentido se pronuncia la Mesa del Senado, en escrito de 3 de septiembre siguiente.
5. En fecha 12 septiembre de 2013 tiene entrada en el Registro de este Tribunal el escrito de alegaciones que formula el Abogado del Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, en el que solicita que se inadmita el recurso respecto del artículo 2, las disposiciones adicionales primera y segunda, la disposición derogatoria única y las disposiciones finales primera a sexta del Real Decreto-ley 6/2013 y se desestime el recurso en lo demás.
El Abogado del Estado se refiere, en primer término, al contenido del Real Decreto-ley, mediante una extensa cita de lo señalado en su preámbulo, y afirma a continuación que la demanda solicita la declaración de inconstitucionalidad de la totalidad del mismo por un único motivo; en concreto, porque faltaría la necesaria conexión entre la medidas recogidas en el texto y la situación de extraordinaria y urgente necesidad a que trata de atender, siendo así que solo se argumenta sobre esta desconexión en relación con el artículo 1 de la norma, sin que se efectúe mención ni argumentación alguna respecto del art. 2, las disposiciones adicionales, finales y derogatorias del mismo. Respecto de estos últimos preceptos, el recurso no levanta la carga de fundamentar su pretensión y colaborar con la justicia del Tribunal, en los términos exigidos por la doctrina constitucional, por lo que solicita la inadmisión del recurso en relación con los mismos.
A continuación, efectúa el Abogado del Estado una extensa cita de la doctrina constitucional sobre la concurrencia del presupuesto habilitante para el dictado de la norma de urgencia regulada en el art. 86 CE, recordando que el Tribunal tiene declarada la especial aptitud del real decreto-ley para atender a coyunturas económicas problemáticas (SSTC 6/1983, 111/1983, 29/1986, 60/1986, 23/1993, 182/1997, 137/2003), llegando a identificar la «extraordinaria y urgente necesidad» con «situaciones de necesidad relativas». Declara así la especial aptitud del decreto-ley para subvenir a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las Leyes» (SSTC 6/1983, 11/2002, 137/2003 y 189/2005). En definitiva, el canon de enjuiciamiento del presupuesto habilitante se ciñe a corregir una eventual valoración abusiva o arbitraria por parte de los poderes políticos, de la necesidad concurrente.
A juicio del representante estatal, la propia demanda acepta que la situación de los preferentistas a que pretende atender el Real Decreto-ley 6/2013 «justificaría» el recurso a la norma de urgencia y, por tanto, que la atención a esta situación reunía los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad, si bien entiende que la solución que da la norma no es «global y completa» y no les permitiría «recuperar sus ahorros». Continúa señalando además la demanda, que «solo la adopción de medidas dirigidas a hacer posible la devolución de lo invertido en estos productos de alto riesgo atendería a la situación de extraordinaria y urgente necesidad de los que invirtieron en participaciones preferentes y deuda subordinada». Por tanto, la demanda acepta que existe una situación de urgente y extraordinaria necesidad, pero considera que el Gobierno y el Congreso de los Diputados no han acertado con las medidas adoptadas para solventar tal situación de necesidad.
En definitiva, la demanda admite la extraordinaria y urgente necesidad de atender a la situación de los tenedores de preferentes y deuda subordinada; sin embargo, se pretende que el Tribunal realice un juicio puramente político de si las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley atienden eficazmente a paliar esa necesidad, en cuanto considera que solo las medidas que garantizaran la plena devolución de lo invertido serían eficaces. A juicio del Abogado del Estado, la justicia constitucional puede y debe valorar si entre la necesidad de las medidas adoptadas en la norma de urgencia existe un mínimo grado de conexión lógica que permita definir a éstas como respuesta –acertada o no, este ya es un juicio político– a aquella necesidad. Lo que no puede demandarse del Tribunal es que dirima entre el Gobierno/mayoría parlamentaria y los Sres. Diputados de la oposición sobre qué medidas son más eficaces para solventar la necesidad apreciada en común por todo el arco parlamentario. Estas consideraciones entran dentro del juicio político de la eficacia en la actuación de los órganos políticos y, por tanto, de una de las funciones políticas que incumben a las Cortes Generales y a los ciudadanos titulares de la soberanía. La doctrina constitucional ha declarado que la Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo, y, por tanto, muy diversas líneas de actuación política, cuya eficacia e idoneidad podrán ser objeto de crítica y debate político, más no constitucional.
Afirma el representante estatal que con estos razonamientos bastaría para dar respuesta a la demanda y para proceder a la íntegra desestimación del recurso. No obstante lo cual se procede a continuación a hacer las siguientes consideraciones:
a) Exteriorización de la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad.
Además de la justificación que aporta el preámbulo de la norma, el Abogado del Estado hace una extensa referencia literal a las manifestaciones efectuadas por el Ministro de Economía y Competitividad en el debate de convalidación, resaltando que se trataba de dar solución a la situación en la que se encuentran más de 300.000 tenedores de estos productos financieros complejos, y de impulsar las medidas a través de las cuales se pretendía atender a esa necesidad. La demanda sigue discrepando, desde la perspectiva política, de la solución adoptada por el Gobierno en el artículo 1 del Real Decreto-ley, en el que se crea la comisión de seguimiento de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada, pero no hace mención alguna a las restantes medidas, sobre las cuales se desconoce los motivos por las que la parte recurrente las considera desconectadas de la necesidad apreciada y compartida incluso por los recurrentes.
b) Conexión lógica entre la medida discutida por la demanda y la necesidad que se pretende subsanar.
Reitera en este punto el Abogado del Estado que la demanda pretende imponer al Gobierno una determinada línea de actuación (plena «devolución de lo invertido»), que habrá quienes la consideren deseable, pero que no convierte en inconstitucionales otras medidas que cabe adoptar dentro del amplio marco que fija nuestra Constitución. Además, y, al margen de la crítica política, la demanda únicamente hace alguna referencia a la medida recogida en el artículo 1, respecto de la cual afirma, que para crear la comisión de seguimiento no es necesaria una norma con rango de ley. A este respecto se recuerda que el artículo 103.2 CE establece una «reserva relativa» de ley en la creación de los órganos de la Administración del Estado, previsión que no exige que todos los órganos de la Administración se creen por ley, sino que ésta regule los elementos estructurales y esenciales de la organización administrativa general (STC 60/1986), por lo que puede resultar razonable que el legislador de urgencia considere oportuno crear ex novo por una norma de rango legal un órgano carente de toda disciplina en la normativa administrativa general, lo que permite cubrir la reserva de ley en la organización administrativa, esto es, la Ley 50/1997, del Gobierno, o la Ley 6/1997, de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado.
Pero, además, en nuestro Derecho no existe la llamada «reserva reglamentaria», por lo que no hay ningún impedimento constitucional para que otra norma de rango legal –el decreto-ley– regule materias que, en principio, pudieran no estar materialmente reservadas a la ley. En el presente caso, considera el representante estatal, es absolutamente razonable que se otorgue rango legal a un órgano que se pretende que actúe como organismo supervisor de los procedimientos para la solución de las controversias entre los tenedores de productos financieros complejos y las entidades de crédito emisoras.
Se analiza a continuación la última cuestión que plantea la demanda; en concreto, que los mecanismos de gestión de estos productos híbridos ya se estaban llevando a cabo. A juicio del Abogado del Estado, la Ley 9/2012 no establecía marco alguno en el que se articulara e hiciera un seguimiento y control de los procedimientos arbitrales para la solución de controversias entre los tenedores de títulos y las entidades emisoras, por lo que no cabe afirmar que el artículo 1 del Real Decreto-ley no innove la situación preexistente, sino que, muy al contrario, crea el entramado institucional encargado de la supervisión del principal procedimiento arbitral, con directa incidencia en el éxito del proceso de reestructuración del sector financiero que se está llevando a cabo con el apoyo de la Unión Europea.
6. Por providencia de 3 de febrero de 2015 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 5 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. El presente proceso constitucional tiene por objeto resolver el recurso de inconstitucionalidad formulado por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en relación con el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero.
La impugnación formulada se dirige contra la totalidad del Real Decreto-ley y se fundamenta por los diputados recurrentes en la no concurrencia del requisito de la «extraordinaria y urgente necesidad» enunciado por el art. 86.1 CE, como presupuesto habilitante del real decreto-ley. Afirma el recurrente que el Real Decreto-ley 6/2013 no responde a la necesidad urgente de solucionar la situación de quiénes invirtieron en participaciones preferentes y deuda subordinada, pues se limita a establecer dos medidas que no dan respuesta inmediata a la situación de extraordinaria necesidad de los inversores minoristas: por un lado, crea la comisión de seguimiento de los instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada, cuyas funciones son básicamente de análisis e informe, por lo que no va a impulsar la solución de la situación de los «preferentistas»; y, por otro, acude a una figura normativa, el decreto-ley, que resulta innecesaria y desproporcionada, dado que la normativa vigente ya contemplaba los mecanismos aquí previstos, por lo que no contribuye a aportar solución alguna.
El Abogado del Estado refuta, como más ampliamente se expone en los antecedentes, estos argumentos y defiende que la aprobación del Real Decreto-ley 6/2013 se llevó a cabo con pleno respeto a los requisitos formales del art. 86 CE, concurriendo en el mismo tanto el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, en los términos plasmados en el preámbulo de la norma y en el debate de convalidación, como la conexión de sentido entre dicho presupuesto habilitante y las medidas adoptadas, por lo que solicita la desestimación total del recurso.
2. Delimitado el objeto del recurso, y con carácter previo al examen de fondo, debemos pronunciarnos sobre la concurrencia de la causa de inadmisión parcial que plantea el Abogado del Estado.
Considera el representante estatal que el texto de la demanda solicita la declaración de inconstitucionalidad de la totalidad de la norma, pero únicamente argumenta sobre la inconstitucionalidad del artículo 1 del Real Decreto-ley, sin que se efectúe mención ni argumentación alguna respecto del artículo 2, ni las disposiciones adicionales, finales y derogatoria del mismo, preceptos en relación con los cuales el recurrente no habría levantado la carga de fundamentar su pretensión ni colaborar con la justicia del Tribunal en los términos exigidos por la jurisprudencia constitucional. En consecuencia, solicita la inadmisión del recurso de inconstitucionalidad en relación con dichos preceptos.
Pues, bien, hemos de coincidir en este punto con lo señalado por el Abogado del Estado, pues la lectura de los términos en que está formulada la impugnación pone de manifiesto que la misma se dirige, con carácter exclusivo y único, a lo dispuesto en el art. 1 del Real Decreto-ley 6/2013, esto es, la creación de la comisión de seguimiento de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada. El texto de la demanda comienza por referirse al contenido del Real Decreto-ley, haciendo mención exclusiva a lo dispuesto en su artículo 1 e ignorando el resto de sus preceptos, para, seguidamente, desarrollar sus argumentos únicamente en relación a ese artículo 1, sin que se efectúe mención alguna al resto del articulado.
La omisión absoluta de cualquier alegación en relación con los restantes preceptos del Real Decreto-ley 6/2013, que preceptivamente debería acompañar la denuncia de inconstitucionalidad, impide que el Tribunal pueda entrar a pronunciarse sobre los mismos. Así lo hemos reiterado en numerosas ocasiones, pues «la impugnación de normas debe ir acompañada con una fundamentación que permita a las partes, a las que asiste el derecho de defensa (en este caso, al Abogado del Estado), así como a este Tribunal que ha de pronunciar Sentencia, conocer las razones por las cuales los recurrentes entienden que las disposiciones cuestionadas vulneran el orden constitucional. Cuando lo que se encuentra en juego es la depuración del ordenamiento jurídico resulta carga de los recurrentes, no sólo abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también colaborar con la justicia del Tribunal mediante un pormenorizado análisis de las cuestiones que se suscitan, por lo cual, si no se atiende esta exigencia, se falta a la diligencia procesalmente requerida. En suma la presunción de constitucionalidad de normas con rango de ley no puede desvirtuarse sin una argumentación suficiente, no siendo admisibles las impugnaciones globales carentes de un razonamiento desarrollado que las sustente» (por todas, STC 101/2013, de 23 de abril, FJ 11).
En consecuencia, procede desestimar el recurso en relación con el artículo 2; las disposiciones adicionales primera y segunda; la disposición derogatoria única; y las disposiciones finales primera a sexta.
3. En cuanto al fondo del asunto, el recurso de inconstitucionalidad formulado se fundamenta en un único motivo de inconstitucionalidad, consistente en la infracción del art. 86.1 CE, por estimar los recurrentes que no concurre, en el supuesto examinado, el presupuesto de «extraordinaria y urgente necesidad» que habilita la utilización de la figura normativa del decreto-ley.
Este Tribunal tiene una doctrina consolidada sobre el presupuesto que, según el art. 86.1 CE, habilita al Gobierno para dictar la legislación de urgencia que se manifiesta a través de la figura del decreto-ley. Dicho presupuesto habilitante, «no es, en modo alguno, una cláusula o expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico a la actuación mediante decretos-leyes», razón por la cual, este Tribunal puede, «en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una situación determinada como de `extraordinaria y urgente necesidad´ y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad por inexistencia del presupuesto habilitante» (SSTC 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; y 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5, entre otras).
La apreciación de la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad constituye un juicio político que corresponde efectuar al Gobierno (titular constitucional de la potestad legislativa de urgencia) y al Congreso (titular de la potestad de convalidar, derogar o tramitar el texto como proyecto de ley). El Tribunal controla que ese juicio político no desborde los límites de lo manifiestamente razonable, pero «el control jurídico de este requisito no debe suplantar a los órganos constitucionales que intervienen en la aprobación y convalidación de los Reales Decretos-Leyes» (SSTC 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 5 y 1/2012, de 13 de enero, FJ 6), por lo que la fiscalización de este órgano constitucional es «un control externo, en el sentido de que debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno» (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3).
Este control externo que al Tribunal corresponde realizar se concreta en los siguientes aspectos: en primer lugar, comprobar «que la definición por los órganos políticos de una situación de extraordinaria y urgente necesidad sea explícita y razonada», y, además «que exista una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación definida que constituye el presupuesto y las medidas que en el Decreto- Ley se adoptan (STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3), de manera que estas últimas guarden una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar» (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3).
En cuanto al primero de estos aspectos –la definición de la situación de urgencia–, nuestra doctrina ha precisado que no es necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de contenerse siempre en el propio Real Decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. A este respecto, conviene recordar que el examen de la concurrencia del citado presupuesto habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que son, básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo largo del debate parlamentario de convalidación, y en el propio expediente de elaboración de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).
En cuanto a la segunda dimensión del presupuesto habilitante de la legislación de urgencia –conexión de sentido entre la situación de necesidad definida y las medidas que en el Real Decreto-ley se adoptan–, nuestra doctrina ha afirmado un doble criterio o perspectiva para valorar su existencia: el contenido, por un lado, y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley controvertido. Así, ya en la STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3, excluimos a este respecto aquellas disposiciones «que, por su contenido y de manera evidente, no guarden relación alguna, directa ni indirecta, con la situación que se trata de afrontar ni, muy especialmente, aquéllas que, por su estructura misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la situación jurídica existente» (STC 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9).
Conviene recordar, asimismo, que la doctrina de este Tribunal ha venido admitiendo la aptitud del decreto-ley para atender lo que hemos denominado como «coyunturas económicas problemáticas», entre ellas, «la apreciación de la urgencia hecha por el Gobierno en casos de modificaciones tributarias que afectaban a las haciendas locales (STC 6/1983, de 4 de febrero), de situación de riesgo de desestabilización del orden financiero (STC 111/1983, de 2 de diciembre), de adopción de planes de reconversión industrial (STC 29/1986, de 20 de febrero), de medidas de reforma administrativa adoptadas tras la llegada al poder de un nuevo Gobierno (STC 60/1986, de 20 de mayo), de modificaciones normativas en relación con la concesión de autorizaciones para instalación o traslado de empresas (STC 23/1993, de 21 de enero), de medidas tributarias de saneamiento del déficit público (STC 182/1997, de 28 de octubre) o, en fin, de necesidad de estimular el mercado del automóvil (STC 137/2003, de 3 de Julio)» (STC 68/2007, de 28 de marzo, FJ 6). Hemos considerado asimismo que «la necesidad de consolidar el crecimiento de la actividad económica permite también al Gobierno el recurso al decreto-ley como instrumento normativo adecuado para adoptar medidas de política económica general fundamentadas en garantizar la permanencia en el tiempo de una preexistente fase de expansión económica, lo que habrá de valorarse en atención a las circunstancias que concurran en cada caso concreto» (STC 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6).
En definitiva, «la necesidad justificadora de los Decretos-leyes no se puede entender como una necesidad absoluta que suponga un peligro grave para el sistema constitucional o para el orden público entendido como normal ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y normal funcionamiento de los servicios públicos, sino que hay que entenderlo con mayor amplitud como necesidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» (STC 6/1983, FJ 5).
4. De acuerdo con la doctrina constitucional expuesta, debemos examinar seguidamente si en el art. 1 del Real Decreto-ley impugnado concurre el presupuesto habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» exigido por el art. 86.1 CE.
El artículo 1 del Real Decreto-ley 6/2013, que es objeto de la presente impugnación, tiene por objeto la creación de la comisión de seguimiento de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada, como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Las funciones que se atribuyen al citado órgano en dicho precepto son:
a) El análisis de los factores que han motivado la presentación de reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los titulares de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada frente a las entidades de crédito en la que el Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB) tenga participación.
b) La remisión al Congreso de los Diputados, con carácter trimestral, de un informe relativo a los aspectos fundamentales de las reclamaciones a las que se refiere el apartado anterior, sin perjuicio de las competencias que sobre esta materia correspondan a otros órganos, organismos o instituciones.
c) En su caso, la elevación de propuestas a las autoridades competentes con la finalidad de mejorar la protección del adquirente de este tipo de productos.
Adicionalmente, la comisión determinará los criterios básicos que habrán de emplear las entidades participadas por el FROB al objeto de ofrecer a sus clientes el sometimiento a arbitraje de las controversias que surjan en relación con instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada, con el fin de que éstos queden adecuadamente compensados del perjuicio económico soportado, en caso de laudo estimatorio. Asimismo, y dentro de los criterios anteriores, la comisión especificará criterios para designar al colectivo de clientes cuyas reclamaciones, en atención a la especial dificultad de sus circunstancias personales o familiares, deberán recibir una tramitación prioritaria por parte de las entidades participadas por el FROB. La comisión trasladará estos criterios al FROB, que dará las instrucciones necesarias para que sus entidades participadas los adopten.
A juicio de los recurrentes, el Decreto-ley impugnado no cumple el requisito de la extraordinaria y urgente necesidad, en los términos contemplados por la jurisprudencia constitucional, pues la exposición de motivos de la norma se limita a una «exiguo y parco párrafo», insuficiente para avalar su constitucionalidad. Se añade que la situación que justificaría el recurso a una norma excepcional, sería la de ofrecer una solución global y completa a los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada, que no pueden recuperar sus ahorros, lo que no se hace.
A la vista de lo expuesto, es preciso comenzar por el examen de las razones o motivos determinantes de la aprobación de este precepto, que se especifican en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 6/2013:
«En los últimos años ha crecido el número de reclamaciones por parte de clientes de entidades financieras que habían adquirido instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada. En este punto, se considera necesario crear un órgano con la más alta representación institucional que coordine e impulse los trabajos necesarios para hacer un seguimiento de determinadas incidencias que hayan podido derivarse de la comercialización de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada. Dentro de estos trabajos, y con pleno respeto a las competencias que, en materia de supervisión financiera y protección de consumidores y usuarios, ostenten otros organismos y el poder judicial, la Comisión hará un análisis de los factores generadores de las reclamaciones judiciales y extrajudiciales, así como del resultado de éstas, relativas a la comercialización de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada por parte de las entidades participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, realizando informes sobre su evolución, que serán remitidos al Congreso de los Diputados. Además, determinará los criterios básicos para fijar en el caso de entidades participadas por el FROB, en qué casos debe ofrecer a sus clientes la sumisión a arbitraje. Dicho análisis se realizará sin injerencia alguna en la debida independencia e imparcialidad con la que, conforme a la legislación vigente, deben desarrollarse los procedimientos tanto judiciales como arbitrales en materia de consumo y sin que suponga carga adicional de trabajo para los órganos jurisdiccionales o no, competentes para su tramitación, ni para el Consejo General del Poder Judicial.»
En otros apartados, la exposición de motivos, viene a añadir que «resulta necesario hacer un seguimiento de las eventuales reclamaciones que los clientes pueden dirigir a las entidades financieras por razón de la comercialización de estos productos complejos, y facilitar en determinados casos mecanismos ágiles de resolución de controversias, principalmente por medio del arbitraje». Y concluye afirmando que «las medidas anteriores se enmarcan en un contexto de urgente y extraordinaria necesidad derivado de la inminencia de sus efectos sobre el proceso de reestructuración de entidades de crédito acometido en España, y para el cumplimiento de los compromisos adquiridos, de conformidad con el Memorando de Entendimiento firmado para la asistencia financiera europea a la citada reestructuración».
Lo señalado en la exposición de motivos de la norma impugnada debe ser completado, además, con el examen de los argumentos expuestos por el Ministro de Economía y Competitividad, en el debate de convalidación del Real Decreto-ley 6/2013 («Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados», núm. 103, de 11 de abril de 2013, págs. 31-55):
«Con la aprobación de este real de decreto-ley el Gobierno da un paso más en el conjunto de iniciativas que ha adoptado desde el inicio de la legislatura para proteger a los pequeños ahorradores que han sufrido la mala comercialización de unos productos de inversión de gran complejidad; … la venta de participaciones preferentes y deuda subordinada entre inversores minoristas se realizaron de forma masiva durante los años 2008 y 2009 … la comercialización se realizó sin las precauciones debidas para un tipo de productos que, por su complejidad, no deberían haberse distribuido entre ahorradores y pequeños inversores, ya que estaban destinados fundamentalmente a inversores institucionales. Desde el primer momento el Gobierno ha buscado fórmulas que compatibilicen la compensación a los afectados por esta comercialización con la normativa comunitaria de ayudas de Estado, los planes de reestructuración y resolución de las entidades financieras, aprobados por la Comisión Europea y el respeto al principio de reducir el coste para el contribuyente.
[H]a sido voluntad de este Gobierno el impulso de unos procedimientos de arbitraje para dirimir las controversias derivadas de la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada … el sistema arbitral de consumo es una solución extrajudicial y voluntaria de resolución de conflictos de carácter vinculante y ejecutivo para las partes … Consideramos que es una vía rápida, eficaz y menos costosa que un procedimiento judicial … Más de 16.000 casos en Novacaixagalicia y casi 10.000 en Catalunya Banc han sido resueltos y los ahorradores han podido recuperar su dinero. Como ven, con unos resultados positivos; el arbitraje ofrece una solución inmediata y a unos costes asequibles para los ahorradores, que evitan así tener que emprender un proceso judicial largo y costoso…»
Para atender a la situación de urgente necesidad de los pequeños ahorradores afectados, «este real decreto-ley… contiene dos medidas fundamentales: en primer lugar, se crea una Comisión de seguimiento al más alto nivel que estará presidida por la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y cuya vicepresidencia corresponde al subgobernador del Banco de España… La citada Comisión tendrá como principales propósitos los siguientes: establecer las directrices de la ejecución de los procedimientos de arbitraje y hacer un seguimiento de los problemas sociales derivados de la comercialización de participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos de capital… El Gobierno no pretende crear un órgano más sino que persigue que esta Comisión actúe como un verdadero organismo supervisor que ejerza un auténtico control de manera transparente y eficaz y, por eso, entre las funciones que se le han encomendado a esta Comisión están las siguientes: En primer lugar, analizar las causas que generan las reclamaciones judiciales y extrajudiciales relativas a la comercialización de instrumentos híbridos de las entidades controladas por el FROB; en segundo lugar y como muestra de que queremos que sea un órgano transparente, tendrá que informar de dichos procedimientos a esta Cámara trimestralmente, y, en tercer lugar, tendrá que elevar propuestas de mejora para la protección del inversor en la comercialización de este tipo de productos … En definitiva, señorías, con este real decreto-ley el Gobierno habilita una vía rápida y sencilla que tiene como prioridad aquellos ahorradores en circunstancias más vulnerables, bien por su situación familiar o económica».
De lo transcrito cabe deducir que la situación de urgencia a la que la presente norma pretende subvenir es la de atender a una problemática económica desfavorable, notoriamente conocida, que ha afectado a un gran número de personas, inversores minoristas, en su gran mayoría en situación de especial vulnerabilidad, que han sufrido las consecuencias negativas derivadas de una incorrecta comercialización de unos productos de inversión de carácter complejo, las participaciones preferentes y deuda subordinada, y que se han visto abocados a soportar especiales dificultades económicas para recuperar su inversión. Y ello, mediante fórmulas que tratan de hacer compatible la compensación de los afectados, con los planes de reestructuración de las entidades financieras, aprobados por la Comisión Europea, haciendo posible, por un lado, el establecimiento de un mecanismo para dotar de liquidez a los titulares de participaciones preferentes que reciban acciones en sustitución de éstas y, por otro, contemplando un cauce institucional de resolución de controversias a través del arbitraje, más rápido y menos costoso que los procedimientos judiciales tradicionales.
El Real Decreto-ley 6/2013 tiene pues por objeto atender a lo que cabe calificar como una «coyuntura económica problemática», en los términos expresamente aceptados por la doctrina constitucional, concretada en la instrumentación de medidas dirigidas a compensar las consecuencias negativas que han afectado a las inversiones realizadas por un conjunto de inversores minoristas, especialmente vulnerables, mediante la agilización de los procedimientos previstos para la recuperación de las cantidades invertidas.
A la vista de lo transcrito, la definición de la extraordinaria y urgente necesidad, que justifica este Real Decreto-ley, es explícita y razonada, conforme al análisis externo que nos corresponde. Cabe afirmar pues que no estamos ante una descripción mediante fórmulas rituales o genéricas, aplicables a todo tipo de realidades de un modo intercambiable, sino ante una referencia a una concreta coyuntura económica, que afecta a la liquidez de las acciones que los tenedores de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada recibirán en canje de sus títulos, correspondientes a entidades emisoras que no cotizan en un mercado oficial, y que no tienen previsto hacerlo en el marco de los planes de reestructuración aprobados por la Comisión Europea.
Los concretos reproches que los recurrentes formulan respecto a la definición de la situación de extraordinaria y urgente necesidad, no pueden, por tanto, ser acogidos. De un lado, la explicación razonadamente fundada de los argumentos que avalan el recurso a este instrumento legislativo extraordinario, permite desechar la calificación que le atribuyen los recurrentes, que consideran dicha justificación como «parca y exigua»; de otro, los propios recurrentes reconocen la existencia de una situación extraordinaria y urgente, al considerar que «solo la adopción de medidas dirigidas a hacer posible la devolución de lo invertido en estos productos de alto riesgo atendería a la situación de extraordinaria y urgente necesidad de los que invirtieron en participaciones preferentes y deuda subordinada».
El fundamento sobre el que se asienta el recurso no es pues, la negación de la existencia de esa situación de necesidad, sino la discrepancia respecto de las medidas adoptadas en la norma impugnada para subvenir dicha situación de urgencia.
Siendo precisamente ésa la discrepancia, y no tanto la constatación de las excepcionalidad de la situación, lo que se demandaría de este Tribunal no es sino un juicio sobre la oportunidad y suficiencia de las medidas reguladas para atender la situación de excepcionalidad planteada, pretensión que queda extramuros al control externo y objetivo del cumplimiento de los requisitos materiales previstos en el art. 86.1 CE, y que constituye el objeto propio de esta impugnación. Por otro lado, y como reiteradamente hemos tenido ocasión de señalar, «no corresponde al Tribunal Constitucional enjuiciar la oportunidad o conveniencia de la elección hecha por el legislador para valorar si es la más adecuada o la mejor de las posibles (entre otras muchas, STC 60/1991, de 14 de marzo, FJ 5), pues debemos respetar las opciones legislativas siempre que las mismas se ajusten al texto constitucional» (STC 198/2012, de 6 de noviembre, FJ 11).
Por todo ello, debemos declarar que los órganos políticos, al explicitar la situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que responde el Real Decreto-ley 6/2013, que es la de crear un cauce institucional que contribuya a agilizar los procedimientos dirigidos a la protección del inversor en la comercialización de esos productos financieros complejos, no hace un uso abusivo o arbitrario de la potestad normativa excepcional conferida al Gobierno, por lo que concurre, en el presente supuesto, la primera dimensión del presupuesto habilitante exigido por el art. 86.1 CE.
5. En cuanto a la segunda dimensión del presupuesto habilitante de la legislación de urgencia –conexión de sentido entre la situación de necesidad definida y las medidas que en el Real Decreto-ley se adoptan–, la demanda sustenta sus alegaciones, únicamente, en dos aspectos: por un lado, la creación de la comisión de seguimiento de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada, que efectúa el art. 1 del Real Decreto-ley, no precisa de una norma con rango de ley, por lo que su aprobación mediante el presente Decreto-ley es «innecesaria y desproporcionada»; y por otro, la creación de la mencionada comisión no implica avance alguno en la situaciones de los tenedores de participaciones preferentes, pues los mecanismos de gestión de estos productos híbridos ya estaban en marcha, fundamentalmente, a través de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
Ahora bien, las medidas instrumentadas por el Real Decreto-ley 6/2013 van dirigidas a la aplicación de fórmulas que compatibilicen la compensación a los afectados por las inversiones en este tipo de instrumentos financieros, con la normativa comunitaria de ayudas al Estado y los planes de reestructuración de las entidades financieras, aprobados por la Comisión Europea. Para el cumplimiento de esta finalidad, el artículo 1 de la disposición impugnada contempla la creación de una comisión de seguimiento al más alto nivel, con el fin de establecer las directrices para la ejecución de los procedimientos de arbitraje y hacer un seguimiento de los problemas sociales derivados de la comercialización de participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos de capital; es decir, un órgano que actúe como supervisor, y que eleve propuestas dirigidas a agilizar los procedimientos establecidos para la protección del inversor.
La creación y regulación de la comisión no puede calificarse así de «innecesaria» o «desproporcionada», pues supervisar, a través de un órgano independiente, las relaciones entre los inversores y comercializadores de estos productos financieros y el desarrollo de los procesos dirigidos a garantizar la protección de los inversores minoristas, prestando especial atención a los afectados que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, así como proponer medidas o criterios alternativos que agilicen los procedimientos dirigidos a obtener la devolución de las cantidades procedentes, pueden considerarse instrumentos que contribuyen de manera efectiva a la introducción de «mejoras regulatorias» en los mecanismos de protección de quienes han resultado afectados por los errores en la comercialización de estos productos financieros, por lo que existen una conexión de sentido entre las medidas adoptadas y la concreta urgencia invocada. Hay pues una coyuntura económica problemática, que en el precepto examinado se pretende atender mediante la creación de un organismo encargado de velar por la transparencia del proceso, y la promoción de criterios dirigidos a favorecer la agilización, mediante el recurso a procedimientos arbitrales. Cabría recordar, a efectos analógicos, lo señalado en la reciente STC 142/2014, de 11 de septiembre, en la que se vino a considerar conforme con el orden constitucional de competencias, la previsión de la oficina de información, atención y arbitraje para el consumidor de productos energéticos, por vía de decreto-ley.
En lo que respecta a las concretas alegaciones formuladas por el recurrente, hemos de coincidir con el Abogado del Estado, en que no existe en nuestro Derecho la denominada reserva reglamentaria, y, en consecuencia, no hay impedimento constitucional para que una norma de rango legal –incluido el decreto-ley– pueda entrar en la regulación de materias que en principio no se encuentran reservadas a la ley. Como hemos señalado reiteradamente, «no cabe deducir de la Constitución la existencia de una reserva reglamentaria, de manera que el legislador no tiene vedada la regulación de materias que no le estén materialmente reservadas, de suerte que, dentro del marco de la Constitución y respetando sus específicas limitaciones, la ley puede tener en nuestro ordenamiento cualquier contenido y en modo alguno le está vedada la regulación de materias antes atribuidas al poder reglamentario» (por todas, STC 120/2014, de 17 de julio, FJ 8).
Este Tribunal en la STC 33/2005, de 17 de diciembre, FJ 7, vino a reconocer expresamente que «nuestro sistema de fuentes no contempla reservas de reglamento, lo cual implica que a la ley no le está vedada la regulación de materias atribuidas anteriormente al poder reglamentario … Aunque en la mayoría de los supuestos nos hemos referido a leyes formales, esta doctrina también nos ha llevado en el pasado a aceptar la posibilidad de que los decretos-leyes eleven y congelen el rango normativo de materias que anteriormente estaban deslegalizadas (STC 60/1986, de 20 de mayo, FJ 2)». En este pronunciamiento se viene a reconocer la aptitud del Decreto-ley para abordar una regulación que podría haberse incluido en una norma reglamentaria, siempre que la exigencia de sistematicidad en la regulación de la materia haga aconsejable su regulación conjunta a través del Decreto-ley, pues «lo que este Tribunal ha declarado inconstitucional, por contrario al art. 86.1, son las remisiones reglamentarias exclusivamente deslegalizadoras carentes de cualquier tipo de plazo [SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 6, y 29/1986, de 28 de febrero, FJ 2 c)], y no las habilitaciones reglamentarias relacionadas con cambios organizativos (STC 23/1993, de 13 de febrero, FJ 6) o necesarias, dada la imposibilidad técnica de proceder a una aplicación inmediata de los preceptos del decreto-ley».
Así ocurre en el presente supuesto, en el que la regulación que se aborda pretende adoptar un conjunto de medidas de amplio alcance, que exceden de lo que podría considerarse como un mero cambio organizativo. Suponen la creación de una comisión al más alto nivel, presidida por la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y cuya vicepresidencia corresponde al Subgobernador del Banco de España, a la que corresponde hacer un seguimiento de los problemas derivados de la comercialización de participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos de capital, informar de dichos procedimientos al Congreso de los Diputados con carácter trimestral, y elevar propuestas para la protección de inversor en la comercialización de este tipo de productos. Adicionalmente, corresponde, además a la comisión, determinar los criterios básicos que deberán emplear las entidades participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria al objeto de ofrecer a sus clientes el sometimiento a arbitraje de las controversias que surjan en relación con los instrumentos híbridos de capital y trasladar dichos criterios al FROB, que dará las instrucciones necesarias para que sus entidades participadas los adopten; y la comisión adoptará los criterios anteriores en su reunión constitutiva y podrá revisarlos trimestralmente.
La naturaleza de sus órganos directivos, la transcendencia de las funciones que se atribuyen a la comisión y la inmediatez de las medidas a adoptar por la misma, ante «la inminente realización de los ejercicios de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada» –tal y como señala la exposición de motivos de la norma–, justifican en este supuesto, el recurso a una norma de naturaleza extraordinaria, como es el decreto-ley.
Respecto de la segunda de las cuestiones planteadas –que la creación de la mencionada comisión no implica avance alguno en la situaciones de los tenedores de participaciones preferentes, pues los mecanismos de gestión de estos productos híbridos ya estaban en marcha, fundamentalmente, a través de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito– cabe recordar que la Ley 9/2012, a la que hace referencia el texto de la demanda, no viene a establecer el marco normativo dirigido al seguimiento y control de los procedimientos arbitrales para la solución de controversias entre los tenedores de títulos y las entidades emisoras. Es la norma que se impugna la que viene a articular la necesidad de un cauce normativo formal, mediante la creación de un órgano del máximo nivel que supervise el proceso y que imponga a las entidades que han necesitado fondos públicos los criterios para llevar a cabo estos procedimientos arbitrales. Son pues los criterios fijados por la comisión de seguimiento de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada los que habrán de aplicarse por las entidades participadas por el FROB, para ofrecer a sus clientes el sometimiento a arbitraje de las controversias que surjan. Asimismo, corresponde a la comisión especificar los criterios para designar al colectivo de clientes cuyas reclamaciones, en atención a la especial dificultad de sus circunstancias personales o familiares, deberán recibir una tramitación prioritaria por parte de las entidades participadas por el FROB. Las anteriores funciones ponen por tanto de manifiesto que el art. 1 del Real Decreto-ley 6/2013 viene a innovar la situación jurídica preexistente, creando un marco institucional encargado de la supervisión del procedimiento arbitral y con incidencia directa en el proceso de reestructuración del sector financiero.
6. Hemos de concluir, por todo lo señalado que, en relación con el art. 1 del Real Decreto-ley 6/2013, objeto de este proceso constitucional, el Gobierno ha aportado justificación suficiente que permite apreciar la existencia de la situación habilitante exigida por el art. 86.1 CE, y que las medidas adoptadas en el mencionado precepto guardan conexión de sentido con la situación de extraordinaria y urgente necesidad descrita en la norma.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a cinco de febrero de dos mil quince.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez respecto de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 3931-2013
En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y desde el máximo respeto a la opinión expresada por la mayoría del Pleno, formulo el presente Voto particular discrepante por las razones que expuse durante la deliberación, y que resumo seguidamente.
Disiento del criterio de la Sentencia en lo relativo a la concurrencia del presupuesto habilitante exigido por el art. 86.1 CE en el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero. Como tuve ocasión de manifestar durante la deliberación de esta Sentencia, entiendo que el artículo 1 de dicha norma no supera dicha exigencia y es, por tanto, contrario a la Constitución.
Ante todo, y en relación específicamente con la falta de concurrencia del presupuesto habilitante exigido por el art. 86.1 CE me remito con carácter general al Voto particular formulado por el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré.
Pero, sin perjuicio de lo anterior, mi discrepancia alcanza también a un aspecto más concreto que creo que merecía una consideración distinta por parte de este Tribunal. Una de las quejas de los Diputados recurrentes se basaba en la consideración de que para la creación de la comisión prevista en el artículo 1 no era necesaria una norma con rango de ley, por lo que la aprobación del decreto-ley resultaba innecesaria y desproporcionada ya que una norma de rango reglamentario hubiera sido suficiente para conseguir el mismo efecto que logra el real decreto-ley.
Se planteaba así una cuestión a la que el Tribunal no ha dado, en mi opinión, una respuesta clara, pues no creo que puedan considerarse tales las manifestaciones de la STC 60/1986, de 20 de mayo, FJ 2, ni tampoco las de la STC 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 7. En ambos casos se examina la cuestión desde la perspectiva de la elevación de rango normativo de una materia que con anterioridad estaba deslegalizada, pero presentaba indudables conexiones con la regulación legal preexistente. En la segunda de ellas, aprecia que «debe reconocerse un amplio margen a los criterios de oportunidad a la hora de decidir el rango de las normas que disciplinan una actividad en los supuestos en que no entra en juego ninguna reserva de ley», pero no sin antes señalar que «tal posibilidad puede constituir un indicio de la inexistencia de un supuesto de extraordinaria y urgente de necesidad». Es más, en una de sus reflexiones, admite la constitucionalidad del art. 8.3 del Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes en el sector de las telecomunicaciones, con el argumento de que ese precepto no congelaba el rango normativo, afirmando que «En el caso del art. 8, cabe tener en cuenta, en cambio, que se modifican material y también formalmente determinados incisos de los arts. 3 y 13 del Real Decreto 1987/1985. Pero a diferencia de los dos preceptos anteriores, en este caso no se produce una congelación del rango, puesto que el propio art. 8.3 del Real Decreto-ley vuelve a deslegalizar inmediatamente la materia al prever que “Reglamentariamente se podrá modificar lo dispuesto en el presente artículo”».
Es decir, como la mera lectura de la STC 332/2005 pone de manifiesto, el Tribunal admite la posibilidad de regular por decreto-ley lo que antes era materia reglamentaria pero, en lo que ahora importa, la somete a límites, como la existencia de razones de conexión sistemática y oportunidad, permitiendo que «se aproveche la aprobación de un decreto-ley de carácter liberalizador para reformar aspectos reglamentarios que teóricamente tienen esta misma intención».
No creo que esa conexión, en términos de exigencia de sistematicidad, exista aquí pues el Gobierno ha creado ex novo un órgano, la denominada comisión de seguimiento de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada, a la que atribuye determinadas funciones de informe, seguimiento y propuesta, en ningún caso ejecutivas, en relación con la situación en la que se encontraban los tenedores de las denominadas participaciones preferentes. Funciones de las que, por lo demás, la Sentencia de la que discrepo da cuenta con gran profusión descriptiva, exponiendo argumentos que, en todo caso, hubieran debido ser aportados por el autor de la norma y no por su juzgador.
Por el contrario, en nuestra tarea de examinar si ese objetivo justificaba el recurso a la legislación de urgencia, creo que era necesario partir, como afirmación de principio, de que el ámbito de regulación del decreto-ley ha de ser el propio de la Ley, bien por tratarse de materias a ella reservadas o bien por serlo al haber sido regulada ya la cuestión en norma de ese rango. En suma, allí donde existe una ley para regular una materia es posible la intervención del legislador de urgencia, con respeto a los límites que derivan del art. 86.1 CE, pues tal precepto constitucional habilita que, con los requisitos en él previstos las decisiones del Gobierno desplacen lo dispuesto en las leyes. Es evidente que el hecho de que la potestad legislativa resida en las Cortes Generales no impide que el Gobierno esté constitucionalmente habilitado para dictar normas con rango de ley, pero tal posibilidad ha de tener presente que, en nuestro sistema, la inexistencia de espacios exentos a una posible regulación legal se predica del Parlamento y no creo que deba ser entendida en el sentido de aumentar acríticamente el campo de actuación del Gobierno en el uso de un instrumento normativo que, por su propia naturaleza, debería ser excepcional. No cabe en principio recurrir a esta forma normativa para regular materia que puede ser disciplinada por reglamento, que es la vía ordinaria del Gobierno para aprobar normas. El decreto-ley puede ser necesario para modificar una materia regulada por ley pero lo es menos en materias que tienen un mero nivel reglamentario, ya que la innovación normativa puede hacerse mediante reglamentos.
La idea de que únicamente es admisible la adopción de un decreto-ley si es inaplazable modificar una materia regulada mediante ley en un tiempo inferior al necesario para la aprobación de una ley formal por las Cortes Generales está, a mi juicio, sólidamente asentada en la doctrina del Tribunal. Como acertadamente indica la STC 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4, con cita de la STC 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 4, «… no conviene olvidar que la Constitución reconoce a las Cortes Generales como “las depositarias de la potestad legislativa en su ejercicio ordinario”, ya que son ellas las que representan al pueblo español (art. 66.1 CE). El Gobierno ejerce la iniciativa legislativa, de conformidad con el art. 87.1 CE, por lo que la potestad que ostenta para dictar reales decretos-leyes, en virtud del art. 86.1 CE, se configura “como una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de las leyes y en consecuencia está sometida en cuanto a su ejercicio a la necesaria concurrencia de determinados requisitos que lo legitiman” (STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 1; doctrina que reitera la STC 182/1997, de 8 de octubre, FJ 3).»
De hecho, nuestra doctrina proporciona numerosos ejemplos de lo que expongo. Así, la STC 29/1982, de 31 de mayo, caracteriza al decreto-ley como «una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de las leyes» (FJ 1). En el mismo sentido la STC 111/1983, de 2 de diciembre, se señala (FJ 4) que en el art. 86.1 CE «se admite y regula la figura del decreto-ley dentro del marco parlamentario y como instrumento equivalente en cuanto a su fuerza a la ley, y utilizable cuando una necesidad calificada por las notas de lo «extraordinario» y lo «urgente» reclama una acción normativa que, por lo ordinario, compete al legislador, pero que precisamente por esa necesidad, que no puede ser atendida por una acción normativa emanada de las Cortes Generales, se autoriza al Gobierno, con un carácter de provisionalidad hasta tanto obtiene la convalidación y, en su caso, la conversión en Ley, que dicen sucesivamente los apartados 2 y 3 del indicado artículo 86». La STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3, considera que el decreto-ley «supone la sustitución del Parlamento por el Gobierno, constituye una excepción al procedimiento legislativo ordinario y a la participación de las minorías que éste dispensa». En fin, entre las más recientes, la STC 183/2014, de 6 de noviembre, FJ 4, señala que el fin de la norma de urgencia «no es otro que subvenir a “situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.” (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6; y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8)». En parecidos términos se pronuncia la STC 96/2014, de 12 de junio, FJ 5.
Soy consciente, pese a todo, de los límites que en todo momento han presidido la interpretación del art. 86.1 CE por parte de este Tribunal y que han hecho del nuestro un control externo que debe reconocer el peso que en la apreciación del supuesto de hecho habilitante de los reales decretos-leyes debe concederse al juicio puramente político (por todas, SSTC 29/1982, de 21 de mayo, FJ 3; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 3). Estos límites deben presidir nuestro control jurídico centrado en el análisis de la motivación aportada por el Gobierno a la hora de reaccionar ante una situación que se entiende calificada por las notas de urgencia y extraordinaria necesidad, rechazando la definición que los órganos políticos hagan de una determinada situación únicamente en el caso que se trate de un uso abusivo o arbitrario de dicha facultad. El empleo de esta intensidad de control implica resolver sobre la previa decisión política que supone el recurso al decreto-ley atendiendo a criterios estrictamente jurídico-constitucionales, cimentados sobre la necesidad de determinar si se han respetado o no los requisitos exigidos en la Constitución para que el Gobierno pueda ejercitar la potestad normativa excepcional de dictar decretos-leyes. Para ello tomamos en consideración, especialmente, dos elementos, el control de los hechos de los que se ha inferido el presupuesto habilitante de la extraordinaria urgencia, así como la motivación o justificación de la necesidad de la concreta medida adoptada, directamente relacionada con la forma de responder a esos hechos que se califican de extraordinaria urgencia.
Con tales parámetros de control, no cabe cuestionar que el decreto-ley sea una figura normalmente integrada en el sistema de fuentes del Derecho en la medida en que cuenta con reconocimiento constitucional expreso, pero, puesto que supone una excepción a la regla general del procedimiento legislativo ordinario, no puede presentarse como un recurso cuasi habitual de intervención normativa en manos del Ejecutivo. El decreto-ley es una norma dotada con fuerza y valor de ley pero no es equivalente a una ley formal del Parlamento, sino solamente, y no es poco, un producto del ejercicio de la potestad normativa extraordinaria que al Gobierno le reconoce la Constitución y sólo en los limitados términos allí previstos. En consecuencia, y sensu contrario, si el Gobierno puede atender la situación de urgencia con el ejercicio de las facultades normativas que le son propias, esto es, ejerciendo la potestad reglamentaria, no es constitucionalmente lícito que se sirva de facultades excepcionales que habilitan para dictar normas que valen como leyes únicamente en la medida estrictamente necesaria y determinada por la concurrencia de la situación de urgencia que constituye su presupuesto. Está en juego, nada más y nada menos, que la conveniencia de no alterar el orden constitucional normal de elaboración de las normas, impidiendo tanto que se soslaye el procedimiento ordinario de elaboración de las leyes a través de una utilización abusiva del decreto-ley, como que se utilice el privilegio de la ley en ámbitos materiales en los que ese uso no ha sido decidido por el propio legislador. De ahí la importancia de que esa potestad normativa excepcional que el Gobierno ostenta no se vea sometida a límites tan tenues que posibiliten su intervención en cualquier situación. A diferencia del legislador ordinario, el Gobierno no puede regular por decreto-ley cualquier materia y en cualquier circunstancia.
A mi entender, la consecuencia de lo anterior no puede ser otra que considerar que si a la urgencia acreditada de la adopción de una norma se provee suficientemente con la emanación de un real decreto, es decir, si el Gobierno puede subvenir a la situación de urgencia con el ejercicio de sus facultades normativas propias, las de regulación reglamentaria, no es constitucionalmente lícito que se sirva de facultades de las que sólo debe disponer cuando la intervención normativa necesaria lo es sobre un terreno ocupado por el legislador. Máxime cuando, como en el caso, no había quedado acreditado que el Gobierno no hubiera podido conseguir el mismo objetivo actuando a través de sus potestades ordinarias y en uso de uno de sus instrumentos típicos, como el reglamento. No es descartable, a priori, que un decreto-ley pueda regular materias previamente ordenadas mediante normas de rango reglamentario, pero creo que, en ese caso, es preciso que el Gobierno sea particularmente cuidadoso con la justificación de la concurrencia del presupuesto habilitante, en la medida en que resulta evidente que los reglamentos pueden ser, llegado el caso, normas de elaboración muy ágil.
Por esa razón no entiendo por qué aquí es posible, en términos constitucionales, acudir a la vía del tratamiento de esta cuestión en el decreto-ley, puesto que, entre otras razones, en este caso no se puede inferir la extraordinaria urgencia y necesidad como causa para impedir el ejercicio de la potestad reglamentaria en la respuesta a la situación planteada. Nota esta última de la necesidad de la regulación que en nuestra Constitución aparece reforzada con los caracteres de extraordinaria y urgente. Atendiendo a las circunstancias que examinábamos en la Sentencia, considero que no ha quedado acreditado que la urgencia de la situación que se trata de atender pudiera hacer ineficaz el ejercicio de la potestad reglamentaria, impidiendo la emanación de una norma de tal rango y exigiendo, por el contrario, la existencia de una norma de rango legal.
Por eso, la argumentación de la Sentencia, centrada en la inexistencia de una reserva reglamentaria, es irrelevante a estos efectos, pues no se trata de la ley ni del legislador que son quienes no tienen más limite respecto a lo que deciden regular que el respeto a la Constitución, sino de una norma excepcional, que no es ley, sino que se le equipara, y que es adoptada por quien no es el titular ordinario de la potestad legislativa, sino de la reglamentaria. En un caso como éste, resultaba preciso exigir al Gobierno, y no a la Sentencia, que hubiera siquiera explicitado las razones por las que ha acudido al rango legal para regular una cuestión que hubiera podido abordar en sede reglamentaria. Esto es, la exigencia de la urgente necesidad debería haber llevado a exigir al Gobierno que probase que la tramitación de un reglamento no permitía resolver dicha situación de urgencia, pues la prudencia que en estos casos ha de guiar el enjuiciamiento de este Tribunal no debe ser confundida con deferencia hacia el Ejecutivo. De hecho, nada se explica en las argumentaciones del Gobierno acerca de la necesidad, o simple conveniencia, de adoptar un instrumento normativo con rango de ley para la regulación de un órgano administrativo. Antes al contrario, la sustitución de la potestad reglamentaria por la legislación de urgencia y la consiguiente ocupación por el decreto-ley del espacio del reglamento afecta a valores protegidos constitucionalmente como la audiencia de los ciudadanos en la elaboración de disposiciones de carácter general [arts. 23 y 105 a) CE] o el control jurisdiccional de la actuación administrativa, con los evidentes perjuicios que de ello pueden derivar para la defensa de los derechos de los particulares ante la jurisdicción contencioso-administrativa (arts. 24 y 106 CE). A mi juicio, solo si se demuestra que el decreto-ley es un instrumento más idóneo que un simple real decreto desde el punto de vista de la urgencia reguladora, o se manifiesta motivadamente la intención de elevar el rango legal de la materia objeto de regulación el decreto-ley cumpliría los requisitos de idoneidad exigibles por la Constitución a esta forma extraordinaria de legislar.
En definitiva, la construcción de la Sentencia, al no cuestionar la existencia de una situación de urgencia como la que constitucionalmente requiere el uso de la potestad prevista en el art. 86 CE, viene a dejar al arbitrio del Gobierno, sin límite alguno, la decisión de regular con valor de ley una materia que admite la disciplina reglamentaria. De hecho, lo que ha quedado acreditado en este supuesto es que al Gobierno le parecía conveniente regular esta cuestión por decreto-ley, pero no que fuera necesario hacerlo. Como puede advertirse, con esta forma de razonar, que la Sentencia convalida, la distinción entre lo necesario, que es lo exigible en términos del art. 86.1 CE, y lo simplemente conveniente, deviene en irrelevante.
En suma, por las razones que acabo de exponer, estimo que difícilmente podía predicarse del art. 1 del Real Decreto-ley 6/2013 la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad, con lo que hubiera sido preciso concluir que, en ejercicio de la competencia que al Tribunal Constitucional compete para controlar el uso abusivo del decreto-ley, dicho precepto no superaba el canon de verificación de la regularidad constitucional de la cláusula de la «extraordinaria y urgente necesidad», por lo que debió ser declarada su inconstitucionalidad y consiguiente nulidad.
Y en tal sentido emito mi Voto particular.
Madrid, a cinco de febrero de dos mil quince.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 3931-2013
1. Como manifesté durante la deliberación del presente proceso constitucional, disiento de la decisión mayoritariamente adoptada. Dentro del máximo respeto hacia el parecer mayoritario de mis compañeros, entiendo que el fallo debió de declarar la nulidad del art. 1 del Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero, por vulneración del art. 86.1 CE.
Antes de ofrecer las razones en las que sustento esta discrepancia, no me parece impertinente destacar que el objeto del presente proceso constitucionalidad ha quedado ceñido al art.1 de la norma combatida. A pesar de que la parte recurrente reprochó a la integridad del contenido normativo del Real Decreto-ley 6/2013 la inobservancia del presupuesto habilitante para el válido ejercicio por el Gobierno del poder normativo excepcional que le confiere el art. 86.1 CE, es lo cierto que las argumentaciones por ella formuladas se circunscribieron única y exclusivamente a aquel concreto pasaje legal. Como en su momento fue alegado por el Abogado del Estado y ahora confirma la Sentencia de la mayoría (FJ 2), aplicando una consolidada jurisprudencia de este Tribunal, a las impugnaciones genéricas de normas con rango de ley, privadas de fundamentación suficiente, no cabe reconocerlas la capacidad de desvirtuar la presunción de constitucionalidad que tales normas poseen. En consecuencia, mi disenso sobre la decisión adoptada en la parte dispositiva, en la que se desestima el presente recurso de inconstitucionalidad, ha de entenderse complementada con la interpretación que el fundamento jurídico 6 hace del propio fallo.
Por lo demás y en contra de lo que pudiera parecer en una primera impresión, el anterior recordatorio adquiere, como tendré ocasión de razonar más adelante, una notable relevancia, ya que viene a introducir una insoslayable exigencia de congruencia procesal entre el objeto del recurso, tal y como el mismo ha sido delimitado, y el canon o parámetro de obligado uso para su enjuiciamiento.
2. El dictado por el Gobierno de una norma que, pese a no proceder del único órgano al que corresponde, en un Estado democrático de Derecho, la titularidad originaria del poder legislativo, tiene rango y fuerza de ley se encuentra sujeto a un serie de límites, destinados todos ellos a garantizar el uso adecuado y no abusivo de este poder normativo excepcional. En lo que ahora interesa destacar, un singular relieve ha de atribuirse al concurso de una particular situación, constitucionalmente calificada como «extraordinaria y urgente necesidad». Conforme se encargó de precisar este Tribunal desde sus momentos fundacionales, esta noción no constituye «una expresión vacía de contenido» dentro de la cual pueda moverse sin restricción alguna el Gobierno (STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3); se trata, antes al contrario, de un requisito dotado de un contenido complejo, que se erige adicionalmente como presupuesto habilitante del ejercicio regular de esta potestad y cuya ausencia, tras la obligada verificación por la jurisdicción constitucional, determina la nulidad de la norma aprobada.
Como recuerda el fundamento jurídico 3 de la Sentencia de la mayoría, la validación constitucional de una norma aprobada al amparo de lo establecido en el art. 86.1 CE queda sujeto a un doble escrutinio. El primero consiste en la identificación por el Gobierno de manera clara, explícita y razonada de la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad, determinante de la aparición del presupuesto que le habilita para dictar con carácter ocasional unas normas dotadas, como ya se ha hecho constar, de los atributos del rango y de la fuerza propios de las leyes formales. El segundo se concreta en la existencia de una conexión de sentido o relación de adecuación entre esa singular situación y las medidas contenidas en la norma de urgencia, de modo que éstas, como igualmente ha razonado la jurisprudencia constitucional, han de guardar «una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar» (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3).
Mi disentimiento se traduce, precisamente, en relación con la aplicación que el parecer mayoritario efectúa del primero de los escrutinios de necesario empleo para verificar la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad en relación con el único precepto legal contestado. En todo caso, una exacta inteligencia de los razonamientos conducentes a fundamentar con la obligada consistencia jurídico-constitucional la violación denunciada por la recurrente y rechazada por la presente resolución pide, como preliminar útil, efectuar dos observaciones.
Por lo pronto, y como ha tenido oportunidad de señalar la jurisprudencia constitucional (entre otras muchas SSTC 29/1989, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3), la justificación formal de la presencia de la urgente y extraordinaria necesidad puede haber quedado reflejada y, por consiguiente, deducirse del examen de la exposición de motivos de la norma, del debate parlamentario de su convalidación y del propio expediente de elaboración de la misma, señaladamente de la memoria. En el caso ahora a discusión, la Sentencia de la que discrepo invoca tanto la exposición de motivos del Real Decreto-ley 6/2013 como los argumentos expuestos por el Ministro de Economía y Competitividad durante el debate de su convalidación (FJ 4). Por consiguiente, la existencia o no de la explicitación formal de la urgente y extraordinaria necesidad ha de inferirse de estas dos fuentes, sin necesidad de manejar ninguna otra.
Por otra parte y como dijera la STC 68/2007, de 28 de marzo, FJ 7 –y entro en la segunda observación–, las razones explicativas de la urgente y extraordinaria necesidad pueden clasificarse en dos grandes grupos: básicas e instrumentales. La diferencia entre uno y otro reside en su ámbito de afectación: mientras la básica ofrece la motivación genérica o general, aplicable a la norma de urgencia en su conjunto, las razones instrumentales pretenden justificar la presencia del presupuesto habilitante en relación con los bloques normativos en que dicha norma se estructura.
En línea de coherencia con esta exigencia, en aquellos casos en los que, como sucede en el aquí examinado, la censura de la ausencia de la extraordinaria y urgente necesidad se vierte no sobre la norma en su totalidad sino, de manera más restringida, sobre el precepto que se encarga de regular una concreta medida, cual es la creación de la denominada «Comisión de seguimiento de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada», perfectamente diferenciada de las restantes que fueron finalmente incorporadas al contenido normativo del Real Decreto-ley censurado, el juicio sobre la justificación de la motivación ha de resultar plenamente congruente con el objeto del proceso. Y es esta congruencia la que, como he de razonar en breve, ha sido relegada por la sentencia de la que me aparto, que termina descartando la violación denunciada mediante razonamientos de dimensión general, extensibles, sin matización alguna, a todo el articulado del Real Decreto-ley 6/2013; o, por expresar la misma idea desde otro alguno, de imposible predicamento al único pasaje legal aquí discutido.
3. La argumentación utilizada por la Sentencia de la mayoría a fin de razonar la observancia por el Gobierno del requisito consistente en la explicitación formal del presupuesto habilitante para el ejercicio de ese poder legislativo excepcional regulado por el art. 86.1 CE se basa en una doble y combinada confusión.
La primera equivocación reside en deducir el concurso de esta formalidad de una inteligencia en la que se renuncia a articular distinción alguna entre dos tipos de alegatos: de un lado, el alusivo a los objetivos de la norma impugnada y al contenido de las reglas, primarias o secundarias, instituidas por la misma y, de otro, el referente a la justificación de las razones que amparan la urgente y extraordinaria necesidad.
Este equívoco se detecta sin esfuerzo alguno del análisis que la Sentencia objetada lleva a cabo del preámbulo de la norma censurada, del que se infiere la pertinente explicitación del presupuesto habilitante mediante el auxilio de tres concretas referencias de las que solo a una de ellas, la mencionada en último lugar, puede reconocérsela, con un mínimo de rigor no solo sistemático sino, más sencillamente, lexicológico, una función justificativa de la existencia de la urgente y extraordinaria necesidad.
La primera de esas referencias, en efecto, se limita a transcribir un inciso del párrafo tercero del apartado II del preámbulo, dedicado a describir el objeto del art. 1 (recte: del capítulo I) del Real Decreto-ley 6/2013, que es el que regula la ya citada comisión de seguimiento. La segunda de las menciones reproduce el párrafo tercero del apartado I, que declara ser necesario, de una parte, «hacer un seguimiento de las eventuales reclamaciones que los clientes pueden dirigir a las entidades financieras por razón de la comercialización de estos productos complejos» y, de otra, «facilitar en determinados casos mecanismos ágiles de resolución de controversias, principalmente por medio de arbitraje». Una inteligencia meramente literal de esta expresión –«resulta necesario»– evidencia, sin sombra alguna de vacilación, que su propósito no reside en identificar formalmente los motivos que aportan consistencia constitucional al presupuesto habilitante; con bastante menor ambición, su pretensión es dotar de visibilidad material al doble objetivo que cumple la propia norma aprobada. En resumen, el giro gramatical empleado no confiere a la actividad de seguimiento de las reclamaciones judiciales o extrajudiciales promovidas por los afectados por la comercialización de unos concretos productos financieros de las notas de urgencia e inmediatez; su finalidad va dirigida a declarar que dicha actividad ha de estar revestida con los atributos propios de las reglas imperativas, y no ya de las meramente programáticas, instrumentadas mediante una variada gama de vías, reconducibles a fórmulas del derecho suave u orientativo (soft law). En fin, solamente la tercera de las citas del preámbulo traídas a colación, contenida en la parte de cierre de la exposición de motivos, puede proporcionar, con criterios de razonabilidad, cierto fundamento y sostén de la concurrencia de una urgente y extraordinaria necesidad.
Esta concreta aclaración reza del tenor siguiente:
«Las medidas anteriores se enmarcan en un contexto de urgente y extraordinaria necesidad derivado de la inminencia de sus efectos sobre el proceso de reestructuración de entidades de crédito acometido en España, y para el cumplimiento de los compromisos adquiridos de conformidad con el Memorando de Entendimiento firmado para la asistencia financiera europea a la citada reestructuración.»
Conforme se confiesa de manera paladina, la urgente y extraordinaria necesidad, justificativa del dictado del Real Decreto-ley 6/2013, trae causa en la vinculación existente entre los efectos de las medidas que la norma regula y el proceso de reestructuración de las entidades financieras, en buena parte sustentado por decisiones adoptadas en el ámbito de la Unión Europea. Es esta confesión la que conduce de manera directa, a la Sentencia de la mayoría, a la segunda equivocación.
Como ya he tenido oportunidad de recordar, la jurisprudencia de este Tribunal exige que, cuando la presunta ausencia del presupuesto habilitante ex art. 86.1 CE se refiera no a la totalidad del articulado de la norma de urgencia sino, con menor extensión, a un singular precepto o a una pluralidad de preceptos, la verificación del concurso de este requisito ha de ser deducido de una particularizada explicitación, no superando el oportuno escrutinio el recurso a razonamientos de carácter genérico. Tal es, precisamente, la segunda confusión en que incurre la resolución de mi discrepancia, tal y como se infiere de la lectura del texto que se viene de reproducir.
Las sumarias alusiones que en el mismo se efectúan despliegan, en efecto, un alcance global. Así se confirma de manera indubitada de la simple lectura de la locución con la que se inicia el texto evocado, que no utiliza una fórmula en singular sino en plural; a saber: «las medidas anteriores». A la luz de esta literalidad, la tarea de inferir de este concreto pasaje de la exposición de motivos una justificación formal que permita detectar una situación de urgente y extraordinaria necesidad en la creación de la comisión de seguimiento de los instrumentos de capital y deuda subordinada carece del menor soporte interpretativo; es el resultado, antes al contrario, de un alegato voluntarista, bien alejado de la doctrina elaborada por este Tribunal.
4. Una vez intentada, sin la debida densidad argumentativa, la demostración de que el preámbulo surte la obligada explicitación formal del presupuesto que habilita ex art. 86.1 CE la aprobación por el Gobierno de una norma con rango y fuerza de ley –en el caso a discusión, el Real Decreto-ley 6/2013–, la Sentencia de la que me separo, en ese mismo fundamento jurídico 4 y sin solución de continuidad, se empeña en completar esta tarea justificativa mediante el examen de los argumentos expuestos por el Ministro de Economía y Competitividad, con ocasión del debate de convalidación habido, en fecha 11 de abril de 2013, en el Congreso de los Diputados.
A diferencia de lo razonado en relación con la anterior fuente de análisis, con la exposición de motivos de la norma impugnada, el escrutinio que la Sentencia lleva a cabo respecto de esta segunda fuente ya no incurre en la denunciada doble confusión. Y no lo hace por una sencilla razón; a saber: por cuanto la totalidad de las argumentaciones suministradas por el Sr. Ministro y ahí reproducidas constituye una simple narración de los objetivos perseguidos con el dictado de la norma de urgencia así como de las medidas que la propia norma incorpora a su articulado.
A una mera manifestación de objetivos responden, de manera ejemplar, los dos primeros párrafos que se traen a colación, en los que el interviniente en el debate parlamentario asigna a la norma que presenta, entre otras, las siguientes finalidades: i) avanzar («dar un paso más») en el conjunto de iniciativas adoptadas por el Gobierno «para proteger a los pequeños ahorradores que han sufrido la mala comercialización de unos productos de inversión de gran complejidad»; ii) buscar fórmulas que compatibilicen la compensación a los afectados por esa comercialización con la normativa comunitaria de ayudas al estado, los planes de reestructuración y resolución de las entidades financieras, aprobados por la Comisión Europea; iii) respetar el «principio de reducir el coste para el contribuyente» y, por último, iv) impulsar «unos procedimientos de arbitraje para dirimir las controversias derivadas de la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada», procedimientos éstos que, a su juicio, ofrecen «una vía rápida, eficaz y menos costosa» que los judiciales.
De su lado, es el tercero de los párrafos que transcriben el alegato del responsable político del Departamento de Economía y Competitividad el que procede a delimitar el contenido normativo del Real Decreto-ley 6/2013, enunciando al efecto «dos medidas fundamentales» una de las cuales, en lo que aquí interesa hacer constar, reside precisamente en la creación «de una Comisión de seguimiento al más alto nivel que estará presidida por la Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y cuya vicepresidencia corresponde al Subgobernador del Banco de España…».
Tras esta declaración, la intervención oral a enjuiciamiento se detiene a enumerar «las funciones que se le han encomendado a esta Comisión», citándose, de entre las mencionadas de manera expresa en el artículo 1.2 de la norma de urgencia, tres en concreto: analizar las causas que generan las reclamaciones judiciales y extrajudiciales relativa a la tan citada comercialización; informar trimestralmente al Congreso de los Diputados y, en fin, elevar propuestas de mejora para la protección del inversor. Por lo demás, la exposición del sr. Ministro se cierra con la siguiente conclusión: «en definitiva, señorías, con este Real Decreto-ley el Gobierno habilita una vía rápida y sencilla que tiene como prioridad aquellos ahorradores en circunstancias más vulnerables, bien por su situación familiar o económica».
Como puede deducirse de una superficial lectura de las diferentes partes del discurso reproducido por la Sentencia de mi disentimiento, la intervención del representante gubernamental prescinde por completo de ofrecer una justificación, incluso de manera muy indirecta o colateral, de los motivos que pudieran haber amparado el ejercicio por el Gobierno del poder legislativo excepcional contemplado en el art. 86.1 CE. La integridad del discurso transcrito –y es esta una conclusión extensible sin reserva alguna a la parte no manejada– no otro propósito tiene que el proporcionar cobertura política a la decisión normativa adoptada, cobertura ésta que en modo alguno puede satisfacer los requerimientos constitucionales. En ese discurso, en suma, no es posible vislumbrar el menor intento o el más liviano empeño por explicitar la concurrencia de una necesidad urgente y extraordinaria en la constitución de la tan mencionada comisión de seguimiento.
5. La obligada conclusión que es dable obtener de los razonamientos que se vienen de exponer es de fácil enunciado: la adopción por el Gobierno del Real Decreto-ley 6/2013 ha vulnerado de manera frontal el requisito que, en el decir de la doctrina de este Tribunal, actúa como presupuesto habilitante del dictado de un poder legislativo excepcional; esto es, la explicitación formal de la urgente y extraordinaria necesidad. Incumplido este primer requisito, no es ya necesario entrar a examinar la existencia de una conexión de sentido entre dicho presupuesto y la creación de una comisión de seguimiento de instrumentos híbridos de capital y deuda subsidiaria.
Por lo expuesto, entiendo que la presente Sentencia debió declarar inconstitucional y nulo el art. 1 del Real Decreto-ley 6/2013.
Y en este sentido emito mi Voto particular discrepante.
Madrid, a cinco de febrero de dos mil quince.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Firmado y rubricado. | El TC rechaza recurso PSOE contra decreto-ley preferentes de marzo de 2013 | El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 3931-2013, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en relación con el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, quién expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. El día 24 de junio de 2013 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional, escrito de la Procuradora de los Tribunales, doña Virginia Aragón Segura por el que, en nombre y representación de más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista, interpone recurso de inconstitucionalidad en relación con el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero.
La demanda comienza por referirse a lo que constituye el contenido del Real Decreto-ley que es objeto del presente recurso de inconstitucionalidad, a constatar el cumplimiento de los requisitos procesales para el planteamiento del recurso, y a efectuar un pormenorizado análisis del contexto general en el que se inserta la disposición impugnada.
El recurrente efectúa a continuación un análisis de la figura del decreto-ley y de lo que considera su abusiva utilización por este Gobierno. Se recoge en este apartado una amplia referencia a la jurisprudencia constitucional relativa al art. 86.1 CE y, en concreto, en relación con: las limitaciones derivadas de la concurrencia de la «extraordinaria y urgente necesidad»; la necesaria «conexión de sentido o relación de adecuación» entre la situación definida como presupuesto habilitante y las medidas contenidas en el decreto-ley para subvenir a la misma, lo que supone la exigencia de que el mismo implique una acción inmediata, y que ésta no pueda conseguirse por los mecanismos legislativos ordinarios en igual plazo de tiempo; la definición de esa situación excepcional, que debe ser «explícita y razonada»; y la no afectación a determinadas materias, entre las que se incluyen «los derechos de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución» (SSTC 111/1983, 137/2011, 182/1997, 29/1982, 68/2007, 11/2002, 1/2012, 137/2003, 237/2012, y 39/2013). Se afirma a continuación que la apelación del Gobierno a esta figura de legislación de urgencia durante la presente legislatura no es en modo alguno excepcional, sino que se ha convertido en la forma ordinaria de legislar, dando lugar a una utilización claramente abusiva de un procedimiento que la Constitución no ha previsto como ordinario y cuyo uso ha sometido a estrictas condiciones que no se pueden desconocer. Esta utilización abusiva desvirtúa los fundamentos de la democracia parlamentaria y del sistema clásico de fuentes del derecho y de división de poderes de nuestro sistema constitucional, además de limitar las facultades que se atribuyen a los diputados y grupos minoritarios, especialmente en una situación de gobierno con mayoría absoluta en las dos Cámaras.
En cuanto a los concretos motivos de inconstitucionalidad que se imputan a la disposición impugnada, la parte recurrente alega que el Decreto-ley no cumple el requisito de la «extraordinaria y urgente necesidad» que exige el art. 86.1 CE, en los términos contemplados por la jurisprudencia constitucional.
Se afirma así el incumplimiento de la exigencia relativa a la necesaria justificación, debidamente razonada y motivada, del presupuesto habilitante. En este sentido, la exposición de motivos de la norma se limita a un exiguo y parco párrafo, insuficiente para avalar su constitucionalidad, pues la situación que justificaría el recurso a una norma excepcional, es la de ofrecer una solución global y completa a los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada que no pueden recuperar sus ahorros.
La cuestión a resolver es, pues, si el Real Decreto-ley 6/2013 responde a esta necesidad urgente de solucionar una situación injusta, si agiliza los mecanismos para que los ciudadanos recuperen sus ahorros. Afirma la demanda, en este sentido, que sólo la adopción de medidas dirigidas a hacer posible la devolución de lo invertido en estos productos de alto riesgo atendería a la situación de extraordinaria y urgente necesidad de los que invirtieron en participaciones preferentes y deuda subordinada, mientras la norma impugnada se limita a establecer dos medidas que no vienen a dar respuesta inmediata a la situación extraordinaria de los inversores minoristas, por lo que no se puede apreciar la constitucionalmente exigida conexión entre la norma urgente y la respuesta que, a través de la misma, da el Gobierno. En primer lugar, crea una comisión de seguimiento de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada, cuyas funciones son básicamente de análisis e informe y, en consecuencia, su trabajo no va a impulsar ni acelerar la solución de la situación de los «preferentistas», por lo que viene simplemente a redundar en lo que ya había decidido el Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB) en su resolución de 22 de marzo de 2013, que obliga a los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada de las entidades financieras del denominado grupo 1, a una conversión obligatoria de sus títulos por acciones muy devaluadas.
En segundo lugar, se señala que para la creación de la comisión no era nec
### RESUMEN: El TC rechaza recurso PSOE contra decreto-ley preferentes de marzo de 2013 |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo-Agència Valenciana del Turisme.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Contratación.
c) Número de expediente:
14/12.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.contratacion.gva.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Mixto, prevaleciendo las prestaciones propias del contrato de suministro.
b) Descripción:
Fabricación, montaje y desmontaje de un stand ferial destinado a presentar la oferta turística de la Comunitat Valenciana en la feria Fitur'2013.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
39154100
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Urgente y anticipada.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
509330,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 509330.00 euros. Importe total: 616289.30 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
20 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato:
28 de diciembre de 2012.
c) Contratista:
Publicidad Alicantina, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 459700.00 euros. Importe total: 556237.00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
La oferta presentada por la empresa adjudicataria ha resultado la más ventajosa por la aplicación de los criterios establecidos para la adjudicación del contrato.
Valencia, 16 de enero de 2013.- La Subsecretaria de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Sonia Morales Ariza. | La Comunitat Valenciana contrata el montaje de su stand en Fitur por importe total de 616.289,30 euros | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo-Agència Valenciana del Turisme.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Contratación.
c) Número de expediente:
14/12.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.contratacion.gva.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Mixto, prevaleciendo las prestaciones propias del contrato de suministro.
b) Descripción:
Fabricación, montaje y desmontaje de un stand ferial destinado a presentar la oferta turística de la Comunitat Valenciana en la feria Fitur'2013.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
39154100
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Urgente y anticipada.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
509330,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 509330.00 euros. Importe total: 616289.30 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
20 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato:
28 de diciembre de 2012.
c) Contratista:
Publicidad Alicantina, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 459700.00 euros. Importe total: 556237.00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
La oferta presentada por la empresa adjudicataria ha resultado la más ventajosa por la aplicación de los criterios establecidos para la adjudicación del contrato.
Valencia, 16 de enero de 2013.- La Subsecretaria de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Sonia Morales Ariza.
### RESUMEN: La Comunitat Valenciana contrata el montaje de su stand en Fitur por importe total de 616.289,30 euros |
De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto 536/2013, de 12 de julio («Boletín Oficial del Estado» n.º 167, de 13 de julio), por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y de conformidad con el procedimiento establecido en el capítulo II del título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones («Boletín Oficial del Estado» número 276, de 18 de noviembre); el capítulo II del título I del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, («Boletín Oficial del Estado» número 176, de 25 de julio), y los principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 de noviembre), procede efectuar la correspondiente convocatoria.
En atención a lo expuesto, he tenido a bien disponer:
Primero. Convocatoria.
La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, con cargo al crédito ampliable 26.16.231F.484 consignado en los Presupuestos Generales del Estado con un importe de 101.647.730 euros, convoca la concesión de subvenciones estatales, en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El crédito disponible en esta convocatoria puede verse incrementado en una cuantía adicional que se estima en 119.087.580,30 euros, procedente de la entonces cantidad total asignada para otros fines de interés social en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del periodo impositivo 2012, si bien, esa cuantía podría ser superior una vez conocida la cuantía resultante de la liquidación definitiva del citado periodo impositivo. La efectividad de dicha cuantía adicional depende de la declaración de disponibilidad del crédito derivado de la ampliación, previa aprobación de la modificación presupuestaria, que ha de tener lugar antes de la resolución de concesión.
Segundo. Objeto y finalidad.
1. El objeto de estas subvenciones es la financiación de programas de interés general, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de la competencia propia de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en los que concurra alguno de los siguientes requisitos:
a) Que se trate de programas cuya ejecución corresponda a la Administración General del Estado, bien por referirse a una materia cuya competencia de ejecución es del Estado, o bien porque concurra en el programa considerado en cada caso el requisito de la supraterritorialidad.
b) Que se trate de programas en los que el Estado ostente competencia para establecer las bases y se acredite alguna de las siguientes circunstancias: que resulten imprescindibles para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación del sector, o para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, o bien para evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector.
2. Serán subvencionables en esta convocatoria, los programas para la atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria, los programas para la atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral y los programas para el fomento de la seguridad ciudadana y la prevención de la delincuencia, cuya definición, prioridades y requisitos específicos para su cumplimiento, figuran en el Anexo A de esta Resolución.
Tercero. Entidades Beneficiarias.
1. Podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Resolución las entidades que tengan la consideración de entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración General del Estado, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, así como Cruz Roja Española y las entidades u organizaciones no gubernamentales que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas y, cuando proceda, debidamente inscritas en el correspondiente registro administrativo dentro del plazo de presentación de las solicitudes de subvención.
b) Carecer de fines de lucro. A estos efectos se considerarán también entidades sin fines de lucro aquéllas que desarrollen actividades de carácter comercial, siempre que los beneficios resultantes de las mismas se inviertan en su totalidad en los fines sociales previstos en el artículo 3 del Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, por el que se establecen los requisitos y procedimientos para solicitar ayudas para fines de interés social, derivadas de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
c) Tener fines institucionales adecuados para la realización de las actividades consideradas financiables en el apartado segundo, punto 2.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
e) Haber justificado, en su caso, suficientemente las ayudas económicas recibidas con anterioridad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de los entonces Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Ministerio de Sanidad y Política Social, Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (antes Ministerio de Asuntos Sociales).
f) Disponer de la estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines, acreditando la experiencia operativa necesaria para ello.
2. También podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las agrupaciones de organizaciones, sin personalidad jurídica.
Estas agrupaciones deberán indicar los compromisos asumidos por cada uno de sus miembros y el importe de la subvención a aplicar a cada uno de ellos. Asimismo, deberán nombrar un representante con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como entidad beneficiaria, corresponden a la agrupación. La agrupación no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. No se entenderán incluidas dentro de la tipología de estas entidades u organizaciones no gubernamentales las entidades de derecho público, los partidos políticos, las universidades, las sociedades civiles, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las organizaciones empresariales y los sindicatos y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente.
No podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente norma las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Cuarto. Solicitud y documentación.
1. Solicitud
1.1 Modelo y presentación de solicitudes: Las solicitudes de subvención se formalizarán en el impreso normalizado que figura como anexo I a esta resolución, debiendo relacionarse en el mismo todos los programas para los que la entidad solicita subvención.
Las entidades interesadas en participar en la realización de programas destinados a paliar situaciones de emergencia deberán manifestarlo en la solicitud.
Los modelos de impresos están disponibles en la página web cuya dirección es www.msssi.gob.es.
Asimismo, existe una aplicación informática para la cumplimentación de la solicitud de subvención, a la que se podrá acceder en la página web citada en el párrafo anterior.
Las solicitudes, dirigidas a la persona titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, podrán ser presentadas en la sede central del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Paseo del Prado números 18-20, 28071 Madrid, en las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno, así como en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
También podrá realizarse la solicitud por medios electrónicos, de conformidad con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Cualquier información sobre esta convocatoria podrá ser obtenida en la Subdirección General de Organizaciones no Gubernamentales y Voluntariado a través de los siguientes medios:
Teléfono: 91 822 66 04.
Fax: 91 209 03 88.
Correo electrónico: ongv@msssi.es.
1.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Memorias
2.1 Deberá acompañarse a la solicitud una memoria explicativa de las características sustanciales de la entidad solicitante, así como otra memoria por cada uno de los programas para los que se solicita subvención. Dichas memorias se formalizarán en los modelos que figuran como anexos II, III y IV a esta resolución, y están disponibles en la página web citada en el punto 1.1 de este apartado.
2.2 Los requisitos específicos de los programas establecidos en el anexo A de esta resolución que no queden acreditados a través de la documentación referida en el punto 3.2 de este apartado, así como los datos no cumplimentados en los anexos citados en el punto anterior, no podrán ser tenidos en cuenta a efectos de su valoración.
3. Documentación que deberá acompañarse a la solicitud y a las memorias
La solicitud, además de las citadas memorias, deberá acompañarse de los documentos que a continuación se detallan, que han de ser originales o fotocopias compulsadas, teniendo en cuenta que la comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en las memorias o en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la inadmisión a trámite de la solicitud, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse.
3.1 Documentación relativa a la entidad solicitante:
3.1.1 Documento acreditativo de la personalidad del solicitante, así como poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación de la persona jurídica solicitante.
No será necesario presentar el documento acreditativo de la identidad cuando el interesado manifieste expresamente su consentimiento para que sus datos sean recabados por la Subdirección General de Organizaciones no Gubernamentales y Voluntariado, según modelo facilitado por la misma.
3.1.2 Tarjeta de identificación fiscal.
3.1.3 Estatutos debidamente legalizados.
3.1.4 Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el registro administrativo correspondiente, cuando dicha inscripción sea preceptiva.
3.1.5 Certificación en la que conste la identificación de los directivos de la entidad, miembros de su patronato u órgano directivo, así como la fecha de su nombramiento y modo de elección. En esta certificación deberá acreditarse la presentación de dichos datos en el registro administrativo correspondiente.
3.1.6 Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la entidad solicitante de que ésta se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según establece el artículo 24, punto 7, del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Asimismo, cuando las entidades solicitantes sean federaciones, confederaciones, uniones o personas jurídicas similares que integren en su seno a varias entidades miembros deberán presentar, además, declaración responsable de que las entidades a las que proponen como ejecutantes de los programas se hallan al corriente de sus respectivas obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
3.1.7 Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la entidad solicitante de que ésta se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de acuerdo con lo previsto por el artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Asimismo, cuando las entidades solicitantes sean federaciones, confederaciones, uniones o personas jurídicas similares que integren en su seno a varias entidades miembros deberán presentar, además, declaración responsable de que las entidades a las que proponen como ejecutantes de los programas se hallan al corriente en el pago de sus respectivas obligaciones por reintegro de subvenciones.
3.1.8 Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la entidad solicitante de que, tanto ésta, como las entidades miembros que proponen como ejecutantes, no se encuentran incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarios de subvenciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
De acuerdo con el artículo 35, c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las entidades y organizaciones solicitantes tendrán derecho obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.
Las entidades y organizaciones que hubieran resultado beneficiarias según la última convocatoria, podrán sustituir los documentos exigidos en los puntos 3.1.1 a 3.1.5 por una declaración responsable acreditativa del mantenimiento de las condiciones que motivaron la concesión de la subvención en la convocatoria del año anterior.
Asimismo, no será necesario presentar los documentos exigidos en los puntos 3.1.1 a 3.1.5, cuando éstos no hayan sufrido modificación y estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo caso la entidad solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siempre que se haga constar, por escrito, la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir a la entidad solicitante su presentación, o en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
3.2 Documentación relativa a los programas: Deberá aportarse toda la documentación acreditativa de los requisitos que, respecto de los correspondientes programas, se señalan en el Anexo A.
Quinto. Cuantía de la subvención.
Para la determinación de la cuantía individualizada de la subvención se tendrán en cuenta las características de las entidades solicitantes y de los programas presentados que sean relevantes a efectos de que la subvención cumpla adecuadamente su finalidad.
Sexto. Instrucción del procedimiento.
El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Subdirección General de Organizaciones no Gubernamentales y Voluntariado de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, quien a la vista de todo lo actuado y del informe del órgano colegiado, formulará la oportuna propuesta de resolución.
El órgano colegiado al que se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, es la Comisión de Evaluación y estará constituida de la siguiente forma:
Presidente: La persona titular de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Vicepresidente: La persona titular de la Dirección de Gabinete de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Vocales: Una persona funcionaria, al menos, de nivel 28, designada por la persona titular de los siguientes centros directivos:
a) Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia.
b) Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
c) Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
d) Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
e) Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación de entre las personas funcionarias adscritas a la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA.
f) Instituto de la Mujer.
g) Instituto de la Juventud.
h) Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Asimismo, formará parte de la Comisión de Evaluación como Vocal la persona titular de la Subdirección General de Organizaciones no Gubernamentales y Voluntariado.
Además, actuarán como expertos las personas funcionarias designadas por las personas titulares de la Dirección General de Migraciones, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio del Interior.
Secretario: Una persona funcionaria, al menos, de nivel 26, de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, designada por la persona titular de la citada Dirección General, que actuará con voz pero sin voto.
Cuando la persona que ostente la presidencia de la Comisión de Evaluación estime necesario su asesoramiento podrán asistir a las reuniones, con voz pero sin voto, funcionarios de los centros o unidades del Departamento con competencias en las áreas a que afecte la evaluación.
Corresponde a la Subdirección General de Organizaciones no Gubernamentales y Voluntariado de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.
Séptimo. Criterios objetivos de valoración.
La Subdirección General de Organizaciones no Gubernamentales y Voluntariado de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia formulará la oportuna propuesta de resolución teniendo en cuenta los criterios objetivos de valoración y la ponderación de los mismos.
Los criterios objetivos de valoración de las entidades solicitantes y de los programas y la ponderación de los mismos se determinan en el artículo 8, puntos 1 y 2, respectivamente, del Real Decreto de bases.
Octavo. Resolución.
La propuesta de resolución se notificará a las entidades propuestas como beneficiarias, a fin de que comuniquen la aceptación de la subvención propuesta, según establece el artículo 24.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y reformulen su solicitud para ajustar los compromisos y las condiciones a la propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.1 de la misma Ley. Para la reformulación de las solicitudes, se cumplimentará una memoria adaptada de los programas con propuesta de subvención en el modelo normalizado que se facilitará por parte de la Subdirección General de Organizaciones no Gubernamentales y Voluntariado de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia.
Si dentro del plazo previsto para la reformulación de las solicitudes, la entidad beneficiaria no comunicara la aceptación de la subvención, la Subdirección General de y Voluntariado de la Dirección General de Servicios Sociales para la Familia y la Infancia realizará propuesta de subvención a favor del solicitante o los solicitantes siguientes en orden a la puntuación de los programas, siempre que el crédito liberado resulte suficiente.
Una vez que la memoria adaptada merezca la conformidad del órgano colegiado, de conformidad con el artículo 27.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se remitirá a la persona titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad para que dicte la correspondiente resolución.
Las resoluciones serán motivadas, debiendo en todo caso quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 25 de la citada Ley.
Las resoluciones se dictarán y notificarán a los solicitantes en el plazo máximo de seis meses, contados desde la fecha de publicación de la convocatoria, según lo dispuesto en los artículos 25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Excepcionalmente, podrá acordarse una ampliación del referido plazo máximo de resolución y notificación, en los términos y con las limitaciones establecidos en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, comunicándose dicho acuerdo a las entidades solicitantes.
Estas resoluciones pondrán fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra las mismas el recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, o bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Transcurrido el plazo máximo establecido, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se podrá entender desestimada por silencio administrativo la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Las subvenciones concedidas se harán públicas en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos establecidos en el artículo 30 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Noveno. Gastos financiables.
Serán subvencionables aquellos gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y que resulten estrictamente necesarios, y que se efectúen durante el año 2015, y se abonen con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de la justificación de la subvención establecido en el apartado siguiente.
Podrán justificarse con cargo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, hayan podido efectuarse durante el año 2014, siempre que se refieran a costes reales de las actividades incluidas en los programas subvencionados en la presente convocatoria. En el caso de que los programas subvencionados sean de continuidad, únicamente se admitirán con cargo a la subvención los gastos producidos desde la fecha de finalización de la ejecución real del programa subvencionado en la convocatoria anterior.
Décimo. Justificación de los gastos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto de bases, las entidades podrán optar, a su elección, por realizar la justificación a través de la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, regulada en el artículo 72 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, o bien a través de la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, regulada en el artículo 74 del mismo texto legal.
El plazo de presentación de la justificación es el 29 de febrero de 2016, si es por la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, y el 31 de marzo de 2016, si la opción se ejercitara por la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor.
Undécimo. Logotipo.
Las entidades que resulten subvencionadas deberán incorporar de forma visible en el material que se utilice el logotipo que figura en el Anexo B de esta resolución, a efectos de difusión de los programas financiados.
Madrid, 14 de abril de 2014.–La Secretaria de Estado de Servicios Sociales de Igualdad, Susana Camarero Benítez.
ANEXO A
Relación de programas, prioridades y requisitos de la convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Año 2014
I. Programas de Atención a las personas con necesidades de atención integral sociosanitaria
1. Programas de urgencia
Descripción: Los programas tienen como objetivo atender las necesidades básicas y urgentes de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social para garantizar su salud.
Prioridades:
1.1 Programas destinados al establecimiento y/o mantenimiento de comedores sociales.
1.2 Programas destinados a la cobertura de necesidades básicas de las personas y familias más necesitadas entre otros: entrega de alimentos y ropa y productos de higiene; ayuda para el pago de recibos de suministros, transporte y gastos sanitarios.
1.3 Programas de mediación para el alquiler de viviendas; apoyo y asesoramiento para las familias más vulnerables con el fin de prevenir la exclusión residencial que puedan derivar en situaciones de extrema necesidad, así como el pago de recibos de alquileres y de estancias cortas en alojamientos (hostales, pensiones).
1.4 Programas destinados al apoyo a la infancia en edad escolar mediante la financiación de libros, uniformes y material escolar, así como gastos de comedor y transporte escolar.
1.5 Programas de voluntariado dirigidos a la atención de personas sin apoyo familiar con enfermedades crónicas y/o larga duración en hospitales, centros residenciales o servicios domiciliarios.
1.6 Programas para la formación de voluntariado para paliar las situaciones de urgencia social.
En el programa 1.1. podrá financiarse la dotación de equipamiento básico. Los requisitos y documentación a presentar para ello, se determinan en el apartado IV de este anexo.
Requisitos:
Los programas deberán describir ampliamente las actuaciones concretas destinadas a las personas afectadas.
Los programas, deberán incluir también acciones de acompañamiento para la inclusión social de las personas destinatarias de las ayudas.
Los programas deberán acreditar de forma explícita y por escrito, su colaboración con los Servicios Sociales Públicos municipales o autonómicos de la zona de actuación, salvo en los casos de programas de voluntariado.
Los programas deberán concretar los perfiles de exclusión de las personas usuarias de los mismos y los criterios establecidos para su selección.
2. Programas de intervención para familias con necesidades especiales de atención integral socio sanitaria
Descripción: Los programas contemplan actuaciones de intervención sociosanitaria para familias que se encuentren en las siguientes situaciones:
Familias que hayan sido víctimas de acciones violentas o en cuyo seno se produzca violencia familiar, dando preferencia a la intervención con las víctimas, con especial atención a los menores afectados.
Familias en las que convivan personas con necesidades especiales de cuidado, especialmente niños, niñas y adolescentes.
Prioridades:
2.1 Los programas que se realicen en zonas o barrios desfavorecidos.
2.2 Los programas que prevean actuaciones con familias que presenten alto riesgo de exclusión social.
2.3 Los programas que establezcan mecanismos de coordinación con los servicios sociales y otros recursos existentes en la zona.
2.4 Formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Los programas deberán contemplar intervenciones sociosanitarias de carácter integral individualizadas por grupo familiar.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
3. Programas de promoción de relaciones familiares saludables mediante la prevención y gestión de la conflictividad familiar
Descripción: Los programas están dirigidos a facilitar pautas y recursos a las familias que se enfrentan a situaciones de conflictividad generada por las interacciones entre sus miembros, que contribuyan a prevenir situaciones de riesgo o reducir los efectos negativos sobre la salud de los mismos. Se destinan prioritariamente a familias que por sus bajos ingresos no pueden acceder a la oferta privada existente.
Prioridades:
3.1 Programas de orientación a las familias sobre las relaciones de pareja, las relaciones entre padres e hijos y las relaciones intergeneracionales, con el fin de prevenir situaciones de riesgo que puedan generar un deterioro del bienestar emocional y físico de los miembros de la unidad familiar, de la convivencia familiar o desintegración familiar.
3.2 Programas de mediación familiar como proceso de negociación no conflictiva en las situaciones de ruptura de la pareja y otros supuestos de conflictividad familiar donde esté indicada, primando en todo el proceso el interés de los menores.
3.3 Programas para la promoción de los Puntos de Encuentro Familiar para fomentar los espacios de encuentro adecuados para el ejercicio de los derechos y deberes parentales después de la ruptura de pareja, u otras situaciones derivadas de sentencias judiciales o resoluciones administrativas en las que deba facilitarse el encuentro entre el menor y el progenitor no custodio y/o la familia biológica, en un entorno seguro que garantice el bienestar emocional y físico de los mismos.
3.4 Programas de terapia familiar que tengan por objeto la intervención psicoterapéutica a familias con problemática específica con el fin de tratar situaciones de conflictividad familiar y su repercusión sobre el bienestar físico y emocional de sus integrantes.
Requisitos:
Los programas se dirigirán preferentemente a familias desfavorecidas o en situación de conflicto, y se garantizará en todo caso la gratuidad para aquellas unidades familiares con ingresos inferiores al doble del IPREM (Indicador público de renta de efectos múltiples).
Las intervenciones serán, en todo caso, individualizadas por núcleo familiar.
Los profesionales que lleven a cabo estos programas deberán contar con la experiencia y formación adecuada al tipo de intervención que realicen y formar parte de un equipo multidisciplinar, en especial en los programas de puntos de encuentro familiares, con el fin de poder intervenir en situaciones de alta conflictividad familiar y visitas tuteladas.
Los programas deben contar con el visto bueno de las Comunidades Autónomas en donde vayan a desarrollarse.
Los puntos de encuentro familiar deben contar con un protocolo de actuación específico para los casos de violencia de género.
4. Programas de apoyo a la crianza saludable y positiva de los hijos
Descripción: Estos programas deberán estar orientados a fortalecer la capacidad y la responsabilidad familiar y comunitaria para mejorar las condiciones de salud, promoviendo estilos de vida familiares saludables y facilitando a las personas que ejercen responsabilidades parentales pautas de crianza positivas de los niños y adolescentes a su cargo, atendiendo a su interés superior, en un entorno no violento.
Prioridades:
4.1 Actividades que se desarrollen en zonas desfavorecidas o en el ámbito rural o que incluyan intervenciones en entornos familiares de especial vulnerabilidad o dificultad social.
4.2 Los proyectos que contemplen actuaciones en las áreas de salud, seguimiento escolar, pautas de crianza y socialización, entre otras.
4.3 Intervenciones a cargo de profesionales especializados en educación familiar o social realizadas mediante visitas domiciliarias al núcleo familiar o intervenciones grupales.
4.4 Actuaciones dirigidas a la difusión, sensibilización o promoción de la parentalidad positiva.
Requisitos:
Los profesionales que lleven a cabo estos programas deberán contar con la experiencia y formación adecuada al tipo de intervención que vayan a desarrollar.
5. Programas de prevención y promoción de la salud dirigidos a la población inmigrante
5.1 Programas de prevención e información dirigidos a la vacunación infantil.
5.2 Programas dirigidos a la población inmigrante de salud sexual y reproductiva.
5.3 Programas de investigación o análisis sobre la prevalencia de determinadas enfermedades en la población de origen inmigrante y sobre los determinantes de salud de esta población.
5.4 Programas que supongan la realización de talleres de formación y el diseño de materiales con el fin de erradicar la mutilación genital.
5.5 Programas que fomenten la mediación socio sanitaria.
5.6 Programas que fomenten la formación de profesionales de la salud en el ámbito intercultural.
Requisitos:
Los profesionales que lleven a cabo estos programas deberán contar con la experiencia y formación adecuada a la atención que vayan a desarrollar.
6. Programas de atención sociosanitaria destinados a personas sin hogar y sin alojamiento digno
Descripción: Los programas tienen como objetivo establecer estrategias de carácter integral para favorecer la rehabilitación y la progresiva incorporación social del grupo vulnerable de personas sin hogar.
Prioridades:
6.1 Programas dirigidos al establecimiento de equipos multidisciplinares ambulantes de atención sociosanitaria en la calle que favorezcan también el acceso al sistema de salud normalizado.
6.2 Programas de creación de dispositivos de acogida en periodo de convalecencia para personas sin hogar con alta hospitalaria y personas con enfermedades terminales, que carezcan de vivienda y otras redes de apoyo.
6.3 Programas de mantenimiento de pisos tutelados y centros de día, centros de acogida y alojamiento de media y larga estancia, que proporcionen alojamiento temporal a personas sin hogar con el fin de prevenir o paliar su deterioro físico y problemas de salud especialmente la enfermedad mental, alcoholismo, adicciones y otros estados asociados a su situación de sin hogar.
6.4 Programas piloto de innovación social con el objeto de que, una vez probada su eficacia, puedan transferirse como buenas prácticas para su aplicación como modelo de intervención favoreciendo así la transformación y el cambio en el ámbito social.
6.5 Programas para la formación y promoción del voluntariado en atención a estas personas.
En los programas citados anteriormente, se financiará la adecuación y mejora de centros, así como la dotación de equipamiento. Los requisitos y documentación a presentar para ello se determinan en el apartado IV de este anexo.
Requisitos:
Los programas deberán acreditar, por escrito, su colaboración con los Servicios Sociales Públicos municipales o autonómicos de la zona de actuación.
Los programas, deberán concretar el número de personas beneficiarias directas, las características de las mismas en relación a las acciones a desarrollar y los criterios establecidos para su selección.
Los programas deberán recoger ampliamente las acciones concretas para la inclusión social de sus personas destinatarias.
En los programas dirigidos a los enfermos terminales y convalecientes, deberán acreditar su colaboración con los servicios sanitarios.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
7. Programas de promoción y educación para la salud de la población gitana, con especial incidencia en las mujeres
Descripción: Los programas van destinados a mejorar la situación de salud de la población gitana, en especial de las mujeres, con el fin de reducir las desigualdades en salud respecto a la población general.
Prioridades:
7.1 Programas de información y sensibilización en materia de salud, que contengan aspectos educativos y de adquisición de habilidades relacionadas con el desarrollo de hábitos de vida saludables y preventivos.
7.2 Programas de formación de mujeres gitanas como agentes de salud, en los ámbitos de los cuidados infantiles, higiene y alimentación y prevención de enfermedades y adicciones, así como en el uso adecuado de los recursos sanitarios.
7.3 Programas de formación en mediación intercultural en el ámbito de la salud destinados a profesionales del ámbito socio sanitario.
7.4 Formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Los programas deberán concretar el número de personas beneficiarias directas, especificar los perfiles de exclusión de las personas usuarias de los mismos y los criterios establecidos para su selección. Los horarios de las actividades deberán ser diseñados de acuerdo con las necesidades e intereses de las mujeres.
Los profesionales que lleven a cabo estos programas, deberán acreditar experiencia y formación adecuada al tipo de intervención y/o formación que realicen.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
8. Programas de atención integral dirigidos a la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad
Descripción: Programas sociosanitarios dirigidos a mejorar la calidad de vida, la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad favoreciendo su permanencia en el entorno en que desarrollan su vida.
Prioridades:
8.1 Programas dirigidos a mujeres con discapacidad, especialmente a aquéllas con cargas familiares, o que vivan en el medio rural.
8.2 Programas de atención integral que faciliten a las personas con discapacidad su autonomía personal a través de la utilización de tecnologías, productos o servicios relacionados con la información y la comunicación u otros servicios que faciliten dicha autonomía personal, su permanencia en el domicilio y en su entorno social y familiar, incluidos aquellos relacionados con la accesibilidad de cualquier tipo a entornos, servicios y productos.
8.3 Programas que fomenten el apoyo al envejecimiento activo de las personas con discapacidad.
8.4 Programas que promuevan la prevención, identificación y diagnóstico precoz de deficiencias.
8.5 Programas de apoyo a las personas con discapacidad para promover su autonomía personal en el ejercicio de su capacidad jurídica.
8.6 Programas que promuevan la autonomía personal facilitando la comunicación, la movilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad.
8.7 Programas culturales, deportivos y de participación en general en los que se favorezca la presencia conjunta de personas con y sin discapacidad.
8.8 Programas de investigación en el ámbito sociosanitario que permitan mejorar la autonomía personal de las personas con discapacidad.
8.9 Programas de creación de sistemas de información y estadísticos que permitan la evaluación de la situación de las personas con discapacidad para poder mejorar su calidad de vida.
8.10 Programas que favorezcan la autonomía personal del alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad, mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
8.11 Formación y promoción del voluntariado en estos programas.
8.12 Proyectos de transporte y movilidad puerta a puerta para fomento de la autonomía.
Requisitos:
Deberán estar establecidos los criterios sociales a aplicar para la selección de los usuarios y el régimen de aportación económica por los servicios que se vayan a recibir. Los programas que incluyan productos de apoyo o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana y acceso a la información, deberán tener previsto el retorno de los instrumentos suministrados para su reutilización, siempre que su naturaleza lo permita.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
9. Programas de promoción y adecuación de centros y unidades de atención a personas mayores y a personas con discapacidad
Descripción: Los programas tienen como objetivo la terminación de programas o proyectos de inversión financiados en convocatorias anteriores que estén pendientes de conclusión, así como el equipamiento y las obras de adaptación y rehabilitación de los centros y unidades de atención para personas mayores y para personas con discapacidad.
Prioridades
9.1 Los programas o proyectos de inversión que hayan sido financiados en convocatorias anteriores y estén pendientes de conclusión y hasta la conclusión de las mismas.
9.2 La realización de obras de adaptación para adecuar las infraestructuras de los centros para personas en situación de dependencia a la normativa vigente.
Requisitos y documentación a presentar:
Los que se determinan en el apartado IV de este anexo.
10. Programas de apoyo y descanso para familiares cuidadores de personas con discapacidad
Descripción: Los programas tienen como objetivo el apoyo y el descanso para las familias cuidadoras que tienen a su cargo personas con discapacidad, favoreciendo su permanencia en el domicilio familiar.
Prioridades:
10.1 Programas que promuevan el desarrollo de las habilidades y competencias adecuadas en las familias y personas cuidadoras para el ejercicio de cuidado, apoyo, atención y educación de las personas con discapacidad que tienen a su cargo.
10.2 Programas que promuevan la participación de las personas con discapacidad en las actividades de ocio, tiempo libre, o de disfrute del medio natural.
10.3 Programas que fomenten iniciativas informativas y formativas sociosanitarias dirigidas a las familias y personas cuidadoras de personas con discapacidad.
10.4 Programas que promuevan servicios transitorios de alojamiento de familias desplazadas por motivos médicos y en periodos de convalecencia.
10.5 Programas de ayuda mutua familiar.
10.6 Programas referidos a servicios de respiro, tales como servicios de acompañamiento circunstancial diurno, nocturno, en tiempo libre, en fines de semana, en periodos vacacionales, descansos en postoperatorios, y otros servicios transitorios análogos.
10.7 Programas dirigidos a familias que tienen a su cargo personas con discapacidad en situación de dependencia.
10.8 Programas dirigidos a familias monoparentales, a mujeres con discapacidad, a familias cuyo progenitor sea persona con discapacidad y a familias en el medio rural, que tienen a su cargo personas con discapacidad.
10.9 Formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Que estén establecidos los criterios sociales a aplicar para la selección de las personas usuarias y el régimen de aportación económica por los servicios que se vayan a recibir.
Los programas de voluntariado deberán concretar el número de personas voluntarias y de beneficiarias atendidas.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
11. Programas dirigidos a promover la salud integral de las mujeres
Descripción: Programas que fortalezcan la salud de las mujeres durante todo su ciclo vital y en situaciones de especial vulnerabilidad.
Prioridades:
11.1 Programas dirigidos a la educación de la salud sexual y reproductiva en todo el ciclo vital (menores, mujeres en edad fértil, mayores, en el ámbito de la promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad.
11.2 Programas dirigidos a proporcionar el bienestar de las mujeres embarazadas y menores en gestación y a las madres en situación de postparto y lactancia.
11.3 Programas dirigidos a la prevención de los problemas de salud específicos de mujeres (menopausia, oncológicos, etc.).
11.4 Programas integrales de atención a la salud de las mujeres víctimas de las distintas formas de violencia contra la mujer, y de sus hijas e hijos.
11.5 Programas integrales de atención a la salud de mujeres en situación de prostitución.
11.6 Programas integrales de atención a la salud de las mujeres que se encuentran en situaciones vulnerables y/o de exclusión social.
11.7 Programas de promoción de hábitos de vida saludables mediante la intervención socioeducativa que fomente la participación de las mujeres a través de actividades formativas y la participación de las mujeres a través de actividades culturales y de tiempo libre, con especial repercusión en su salud y en la de su familia.
11.8 Programas de formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Los programas deberán concretar los perfiles de exclusión social y los criterios establecidos para la selección de las mujeres con dicho perfil.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
Los programas deberán contemplar un sistema de evaluación de resultados.
La entidad solicitante presentará una declaración en la que manifieste su intención de colaborar con los servicios públicos competentes.
12. Programas de atención sociosanitaria dirigida a personas reclusas, exreclusas y sometidas a medidas alternativas.
Descripción:
Programas de atención sanitaria y rehabilitación a personas con adicciones.
Programas de atención sociosanitaria a personas afectadas por el VIH/SIDA y otras enfermedades.
Programas de atención sociosanitaria a personas con discapacidad física o intelectual.
Prioridades:
12.1 Prevención, Educación para la salud-Formación de mediadores, Reducción de daños, Deshabituación, Incorporación social.
12.2 Plazas en régimen de internado a pacientes terminales, Apoyo e información, Prevención, Educación para la salud-Mediadores de salud, apoyo a enfermos crónicos, Atención a enfermos con necesidad de cuidados paliativos, Atención a enfermos mentales, Atención a reclusos y exreclusos con patología dual, Apoyo a la rehabilitación psiquiátrica.
12.3 Formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Los programas deben especificar el Centro Penitenciario y/o provincia de actuación.
Los programas deben adaptarse a las instrucciones de intervención de Organizaciones no Gubernamentales y entidades colaboradoras dictadas por las Administraciones Penitenciarias competentes. Debe acompañarse de memoria de evaluación de los resultados obtenidos en el caso de programas que hayan estado en funcionamiento con anterioridad, y no debe constar informe desfavorable de los mismos por parte de los centros penitenciarios donde se hayan llevado a cabo.
En el caso de los programas de atención sociosanitaria a personas afectadas por el VIH/SIDA y otras enfermedades, son requisitos: Que los programas faciliten la excarcelación de estos reclusos a través de casas de acogida y/o apoyo domiciliario. Que los programas favorezcan la excarcelación y contemplen unidades para cuidados paliativos con atención sanitaria y social. Que los programas de atención a enfermos mentales, personas con discapacidad intelectual y patología dual, deben conectar a los internos y/o sus familiares con los recursos del entorno (salud mental, ONG, UTT, CC.SS.MM., centros residenciales), coordinándose con los mismos con el fin de conseguir una continuidad de la intervención.
En los programas de atención a personas con discapacidad física, intelectual y sensorial, es requisito que contemplen una atención integral, tanto en el interior del centro penitenciario como en el exterior del mismo, contando en caso de necesidad con acogida en la excarcelación.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
13. Programas de atención sociosanitaria dirigidos a jóvenes
Descripción: Los programas tienen como objetivo desarrollar actitudes de prevención ante los riesgos contra la salud y de promoción de hábitos de vida saludable.
Prioridades:
13.1 Programas de educación para la salud que establezcan actuaciones en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, trastornos de la conducta alimentaria, y embarazos no deseados.
13.2 Programas de educación vial que contemplen actuaciones encaminadas a la sensibilización y prevención de accidentes de tráfico entre los jóvenes.
13.3 Programas dirigidos preferentemente a jóvenes desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.
13.4 Programas que propicien la participación y formación de voluntarios.
Requisitos:
Los programas deberán disponer de sistemas internos de seguimiento y evaluación.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número y su formación.
14. Programas de atención integral a las personas mayores a través de servicios que faciliten su permanencia en el domicilio y en su entorno social y familiar, así como los dirigidos al apoyo de sus familias y cuidadores
Descripción: Programas dirigidos a personas mayores, que requieran de una atención sociosanitaria y cuyas necesidades no estén siendo atendidas en esos momentos por otros recursos públicos, y comprenden:
Ayudas técnicas y cuidados a través de las nuevas tecnologías, que permitan un mayor grado de autonomía.
Atención personal de carácter temporal, en postoperatorio.
Apoyo y formación sanitaria a personas cuidadoras.
Servicios de acompañamiento para la realización de visitas médicas.
Atención y cuidado personal en el domicilio y asistencia doméstica, incluidos suministros externos de comida y lavandería.
Atención socio sanitaria en centros de día y centros de noche.
Prioridades:
14.1 Programas dirigidos a personas mayores con cargas familiares o que vivan solas.
14.2 Programas dirigidos a personas mayores dependientes.
14.3 Programas dirigidos a personas mayores que vivan en grandes ciudades y en municipios del ámbito rural y que estén en situación de especial dificultad.
14.4 Programas dirigidos a personas mayores incapacitadas legalmente.
14.5 Programas de apoyo a las familias y a los cuidadores, preferentemente a los cuidadores familiares.
14.6 Formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Los programas que incluyan ayudas técnicas deberán tener previsto el retorno de los aparatos suministrados para su reutilización.
Deberán incorporar indicadores de calidad y de cumplimiento de objetivos.
Los programas de atención en centros de día y centros de noche deberán comprender las áreas de atención social y sanitaria, así como el personal específico, cualificado y suficiente para el desarrollo de los mismos.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
15. Programas de apoyo al mantenimiento de redes de servicios de atención sociosanitaria a personas con adicciones
Descripción:
Programas dirigidos a la prevención de las adicciones o al aumento en la edad de inicio en el consumo de sustancias adictivas.
Programas dirigidos a la promoción de estilos de vida saludables entre menores con consumos problemáticos de sustancias o conductas adictivas.
Programas dirigidos a la atención de las adicciones desde un modelo de atención bio-psico-social.
Programas de inserción sociolaboral de pacientes adictos.
Prioridades:
15.1 Aquellos programas que desarrollen las acciones incluidas en el Plan de Acción 2013-2016 de la Estrategia Nacional sobre Drogas.
15.2 Aquellos programas dirigidos a la prevención y tratamiento de la ludopatía.
15.3 Formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Los programas deberán contener acciones de formación sociosanitaria general y específica, orientadas a la adquisición de los conocimientos técnicos y de las habilidades adecuadas, cuando éste sea un elemento esencial para la consecución de los objetivos y resultados previstos.
Los programas deberán concretar las acciones a desarrollar y las evidencias científicas que los sustentan, el número de personas voluntarias, y el número de personas beneficiarias directas, especificando las personas atendidas más vulnerables.
Los programas deberán disponer de sistemas internos de seguimiento y evaluación de resultados.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
16. Programas de apoyo al mantenimiento de servicios de atención a personas con VIH y Sida
Descripción: Estos programas tienen como finalidad dar continuidad a los programas de atención sociosanitaria a personas con VIH y Sida.
Prioridades:
16.1 Programas de mantenimiento de pisos de acogida para personas con VIH/Sida en situación de exclusión social y/o procesos inmunológicos severos.
16.2 Programas de apoyo integral – bio-psico-social a personas con VIH/ Sida.
16.3 Programas de intervención asistencial y seguimiento de la adherencia al tratamiento antirretroviral en personas VIH/Sida.
16.4 Las establecidas en el Plan Estratégico de prevención y control de VIH y otras infecciones de trasmisión sexual, 2013 - 2016.
16.5 Formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Los pisos y/o casas de acogida contarán con la estructura necesaria y adecuada para la consecución de los objetivos.
Los programas deberán contener acciones de formación sociosanitaria general y específica, orientadas a la adquisición de los conocimientos técnicos y de las habilidades adecuadas, cuando éste sea un elemento esencial para la consecución de los objetivos y resultados previstos.
Los programas deberán concretar las acciones a desarrollar y las evidencias científicas que los sustentan, y el número de personas beneficiarias directas, especificando las personas atendidas más vulnerables.
Los programas deberán disponer de sistemas internos de seguimiento y evaluación de resultados.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
II. Programas de Atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral
17. Programas de promoción de la educación, sanidad y calidad de vida infantil y protección de los derechos de la infancia
Descripción: Los programas pretenden promover el desarrollo educativo y socio-sanitario de los niños, fundamentalmente a través de actividades educativas, culturales y de tiempo libre, que fomenten hábitos de vida saludable, favorezcan la participación infantil, inclusión y/o ayuden a la sensibilización sobre los derechos de la infancia, así como facilitar el intercambio de información institucional que posibilite la relación de los niños y las familias, apoyando acciones que permitan cubrir las necesidades alimentarias de menores en riesgo de exclusión que participan en estos programas.
Prioridades:
17.1 Programas que se desarrollen en zonas de riesgo social y que propongan acciones preventivas y de intervención, complementarias de los servicios normalizados educativos y de servicios sociales.
17.2 Programas que se desarrollen en servicios educativos o de tiempo libre en áreas desfavorecidas, mediante colaboración de entidades y municipios, una vez finalizadas las actividades escolares diarias y aquéllos que prevean actuaciones que faciliten la conciliación de la actividad laboral de las familias durante los periodos vacacionales de los niños, que favorezcan la participación y responsabilidad de los niños.
17.3 Programas que realicen actuaciones de integración para menores en situación de riesgo o desventaja social, especialmente en centros de educación infantil.
17.4 Programas para el desarrollo de la línea telefónica de Apoyo al Menor, 116.111.
17.5 Formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Deben existir espacios, personal y actividades diferenciadas según los diferentes tramos de edad.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
18. Programas de atención integral educativa y socio-sanitaria en servicios residenciales para menores en situación de dificultad social
Descripción: Los programas ofrecen atención educativa y socio-sanitaria a los menores que están alojados y conviven en servicios residenciales (centros, pisos o mini-residencias) de protección a la infancia, potenciando factores de desarrollo personal y habilidades sociales para su integración y/o reinserción social.
En estos programas se tendrán especialmente en cuenta las circunstancias de los menores extranjeros no acompañados, por requerir una atención específica para facilitar su integración.
Prioridades:
18.1 Los programas innovadores que contemplen criterios de calidad, evaluación y buenas prácticas para la mejora de los servicios residenciales.
18.2 Programas de mediación intercultural que permitan la mejor adaptación del menor al centro, así como, la relación de los técnicos con las familias.
Requisitos:
Los centros, pisos o mini-residencias contarán con la estructura necesaria y adecuada para la consecución de los objetivos. Los centros contarán con módulos diferenciados.
Los programas, aunque sólo contemplen gastos de inversión, deberán ir acompañados del proyecto educativo, así como los objetivos que persigue. Además, los programas de inversión han de reunir los requisitos y presentar la documentación que se determina en el apartado IV de este Anexo.
Deberán contar con la autorización de las comunidades autónomas donde vayan a desarrollarse. Este extremo deberá acreditarse documentalmente en el momento de presentar la solicitud.
19. Programas de fomento de la atención a menores con necesidades educativas y socio-sanitarias, promocionando su necesidad de integración en un medio familiar, mediante la adopción y el acogimiento
Descripción: Los programas de atención educativa y socio-sanitaria a través de la adopción, están dirigidos a menores con necesidades especiales, favoreciendo su integración en ese nuevo medio familiar, (niños mayores, grupos de hermanos, menores con discapacidades físicas o psíquicas) que se encuentran tutelados por las entidades públicas competentes en materia de protección.
Los programas de atención educativa y socio-sanitaria a través del acogimiento familiar, están dirigidos a menores que están bajo la guarda o tutela de las entidades públicas competentes en materia de protección, ofreciéndoles esta atención en un nuevo medio familiar, como alternativa al internamiento en centros de menores.
Prioridades:
19.1 Acogimientos familiares de menores hasta seis años y principalmente hasta tres años.
19.2 Programas que incluyan actividades de preparación y/o apoyo post adoptivo a las familias y a los niños.
19.3 Programas de buenas prácticas que, bajo la evidencia científica, contemplen criterios de calidad y evaluación en el acogimiento familiar.
Requisitos:
Los programas deberán contar con el visto bueno de las Comunidades Autónomas donde vayan a desarrollarse. Este extremo deberá justificarse documentalmente en el momento de presentar la solicitud.
20. Programas para la prevención y atención educativa y socio-sanitaria ante la violencia hacia la infancia
Descripción: Estos programas pretenden que se lleven a cabo acciones que permitan la prevención, detección e intervención educativa y socio-sanitaria, en su caso, del maltrato y de la explotación infantil, así como de la violencia entre iguales. En el caso de menores extranjeros no acompañados, se tendrán en cuenta las especiales circunstancias de los mismos por requerir una atención específica.
Prioridades:
20.1 Actuaciones con familias y/o menores en situación de riesgo de maltrato infantil.
20.2 Actuaciones dirigidas a la prevención e intervención del abuso y la explotación sexual infantil.
20.3 Actuaciones dirigidas a la prevención, detección y/o intervención del maltrato en las redes sociales.
20.4 Actuaciones dirigidas a la prevención, detección, atención y seguimiento al maltrato infantil en el ámbito educativo y de servicios sociales.
20.5 Actuaciones dirigidas a la prevención, detección y lucha contra la violencia entre iguales.
20.6 Formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Los programas deberán contar con el visto bueno de las Comunidades autónomas donde vayan a desarrollarse. Este extremo deberá justificarse documentalmente en el momento de presentar la solicitud.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
21. Programas de inserción laboral de jóvenes en situación de dificultad social, que hayan estado bajo una medida de protección
Descripción: Su objetivo es promover la integración laboral y social de los jóvenes, mayores de 16 años, en situación de dificultad social, que estén o hayan estado bajo una medida de protección y que se encuentran en centros, pisos asistidos o minirresidencias, facilitándoles, a la vez que el alojamiento y convivencia, los instrumentos y habilidades necesarias para promover su autonomía personal.
Prioridades:
21.1 Programas de acompañamiento psicopedagógico en los itinerarios de inserción laboral.
21.2 Pisos asistidos o de emancipación.
21.3 Programas de desarrollo de actividades formativas y seguimiento laboral de los jóvenes contratados.
21.4 Formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Los jóvenes con los que tiene lugar la intervención y apoyo han debido tener una medida de protección de menores.
Los programas deberán contar con el visto bueno de las Comunidades Autónomas donde vayan a desarrollarse. Este extremo deberá justificarse documentalmente en el momento de presentar la solicitud.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
22. Programas dirigidos a facilitar la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal
Descripción: Su objetivo es extender la oferta de servicios que presten atención socioeducativa a niños/as menores de tres años que, contemplando un proyecto socioeducativo adecuado, posibiliten la inserción socio laboral de las personas con responsabilidades familiares mediante una mejor conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.
Asimismo, podrán incluirse servicios destinados a prestar apoyo directo a las familias con menores de 3 años, relacionados con pautas de crianza, para cubrir necesidades puntuales de conciliación, espacios de juego, de encuentro familiar o servicios de respiro, apoyo socioeducativo a la primera infancia en el ámbito rural, atención domiciliaria y otros de análoga naturaleza.
Prioridades:
22.1 Servicios con comedor para hijos/as de padres y madres trabajadores/as.
22.2 Servicios sin comedor complementarios de las funciones de cuidado que realiza la familia.
22.3 Servicios de atención socioeducativa a niños/as y familias del medio rural y población dispersa, llevados a cabo en la propia casa o en otro espacio autorizado por la Administración competente.
22.4 Servicios que se presten en zonas de fuerte crecimiento demográfico o de nueva creación con población socialmente desfavorecida o en zonas rurales, así como aquéllas que requieran un refuerzo en la dotación de servicios para consolidar el asentamiento de su población.
22.5 Formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Los servicios con horario amplio y comedor deben estar abiertos un mínimo de ocho horas al día durante cinco días a la semana.
Los servicios complementarios del cuidado de la familia deben atender a los/as niños/as durante un mínimo de tres horas diarias y realizar una tarea socioeducativa con sus familias durante tres horas semanales como mínimo.
Los servicios deberán contar con la autorización de la Administración Pública competente o acreditar que se encuentran en trámite de obtenerla.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
23. Programas de inserción laboral para familias que se encuentran en situación de especial dificultad
Descripción: Los programas deberán contemplar actuaciones de intervención orientadas a facilitar la inserción laboral en familias que se encuentren en las siguientes situaciones:
Familias en situación de dificultad o exclusión social.
Familias en situación de riesgo.
Familias numerosas y familias monoparentales en situación de dificultad social y bajos ingresos.
Prioridades:
23.1 Los programas que se realicen en zonas o barrios desfavorecidos o de riesgo social y que propongan acciones preventivas y de intervención, complementarias de los servicios normalizados educativos y de servicios sociales.
23.2 Los programas que prevean actuaciones con familias que presenten alto riesgo de exclusión social.
23.3 Los programas que establezcan mecanismos de coordinación con los servicios sociales y otros recursos existentes en la zona, como los de reinserción laboral, formación laboral, etc.
23.4 Formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Los programas deberán contemplar intervenciones psicosociales de carácter integral individualizadas por grupo familiar.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
24. Programas de acceso al empleo para personas en situación o en riesgo de exclusión
Descripción: Los programas tienen como objetivo la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de personas en situación o en riesgo de exclusión, que no acceden a las acciones formativas o al mercado de trabajo normalizados. Las actividades subvencionables serán las de acompañamiento, formación y capacitación para la inserción laboral adaptadas a las necesidades de las personas con especiales dificultades.
Prioridades:
24.1 Programas que combinen actividades de diferente naturaleza: información, orientación y asesoramiento, formación, conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, práctica laboral e itinerario personalizado de acompañamiento y seguimiento en el proceso de inserción laboral.
24.2 Programas que favorezcan el establecimiento de estructuras-puente hacia el mercado de trabajo normalizado, en colaboración con los distintos agentes sociales, y servicios de intermediación laboral.
24.3 Programas para favorecer el autoempleo de las personas en situación de riesgo o de exclusión social, a través del acceso al microcrédito. Se incluye el asesoramiento para la solicitud del mismo y la puesta en marcha del proyecto, así como el apoyo al emprendimiento laboral, a través de la creación de dispositivos de formación especifica para el autoempleo y gestión de la empresa.
24.4 Programas piloto de innovación social para acceder al mercado laboral con el objeto de que, una vez probada su eficacia, puedan transferirse como buenas prácticas para su aplicación como modelo de intervención favoreciendo así la transformación y el cambio en el ámbito social.
En los programas citados anteriormente, se financiará la adecuación y mejora de centros, así como la dotación de equipamiento. Los requisitos y documentación a presentar para ello se determinan en el apartado IV de este Anexo.
24.5 Programas de formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Los programas deberán acreditar, por escrito, su colaboración con los Servicios Sociales Públicos municipales o autonómicos de la zona de actuación.
Los programas deberán recoger ampliamente las acciones concretas de adquisición de hábitos sociales y laborales, formación y capacitación para la inserción laboral adecuadas a las necesidades del mercado y de los propios beneficiarios.
Los programas deberán concretar el número de personas beneficiarias directas, las características de las mismas en relación a las acciones a desarrollar y los criterios establecidos para su selección.
Los programas deberán recoger ampliamente las acciones concretas para la inserción laboral de sus beneficiarios, indicando la denominación de la actividad, número de horas, número de participantes en la misma y las materias a impartir.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
25. Programas integrales dirigidos a fomentar la inclusión activa (acceso al mercado laboral, garantía de ingresos mínimos y acceso a servicios de calidad como educación, sanidad y vivienda) de las personas en situación o en riesgo de exclusión social, que contribuyan a alcanzar los objetivos prioritarios de empleo, educación e inclusión social de la Estrategia Europa 2020
Descripción: Los programas deberán contemplar acciones de carácter integral destinadas a un territorio concreto, con el fin de favorecer la inclusión activa, de aquellas personas en situación o en riesgo de exclusión social que lo habitan, a través del acceso al empleo y a servicios de calidad como educación, sanidad y vivienda, incluyendo también aquellos otros servicios que inciden en la exclusión sociolaboral. Se tendrán en cuenta especialmente a las personas en situación o riesgo de exclusión múltiple.
En estos programas se establecerán, así mismo, mecanismos de coordinación y cooperación con las diferentes administraciones públicas, servicios sociales y agentes económicos y sociales de las zonas de actuación.
Prioridades:
25.1 Programas que contemplen actuaciones destinadas a las personas, en riesgo o situación de exclusión sociolaboral, que habiten en la zona o territorio en el que se desarrolla la intervención, y que conlleven actuaciones conjuntas en las áreas de empleo, prioritariamente, y en las áreas de salud, vivienda, educación, así como información y asesoramiento para poder acceder a los demás servicios de protección social.
25.2 Programas piloto de innovación social basados en el concepto de inclusión activa con el objeto de que, una vez probada su eficacia, puedan transferirse como buenas prácticas para su aplicación como modelo de intervención favoreciendo así la transformación y el cambio en el ámbito social.
En todos estos programas, se financiará la adecuación y mejora de centros, así como la dotación de equipamiento. Los requisitos y documentación a presentar para ello se determinan en el apartado IV de este Anexo.
25.3 Formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Los programas deberán acreditar, por escrito, su colaboración con los Servicios Sociales Públicos municipales o autonómicos de la zona de actuación.
Los programas deberán realizarse en zonas que cuenten con una elevada presencia de personas en situación de exclusión social, en las que los riesgos de exclusión social sean crecientes, Esta situación deberá ser expuesta en la memoria explicativa del programa.
Los programas deberán concretar el número de personas beneficiarias directas, las características de las mismas en relación a las acciones a desarrollar y los criterios establecidos para su selección.
Los programas deberán recoger ampliamente las acciones concretas para la inserción socio-laboral de sus beneficiarios, indicando la denominación de la actividad, número de horas, número de participantes en la misma y las materias a impartir.
Los programas de voluntariado deberán concretar el número de personas voluntarias y de beneficiarias atendidas.
26. Programas de inserción sociolaboral y educativa dirigidos a la población gitana
Descripción: Los programas tienen como finalidad la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de aquellos grupos de la comunidad gitana en situación de exclusión que no pueden acceder a las acciones formativas o al mercado de trabajo normalizados, en colaboración con la red pública de servicios sociales y/o de empleo, contemplándose la perspectiva de género y la igualdad entre hombres y mujeres.
Prioridades:
26.1 Programas de formación dirigidos a potenciar el acceso de las personas gitanas al empleo tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.
26.2 Programas de formación empresarial destinados al mantenimiento sostenible de las actividades de autoempleo de la población gitana, tales como la venta ambulante.
26.3 Programas de formación de mediadores y mediadoras interculturales en los ámbitos del empleo, acción social, educación, vivienda y salud.
26.4 Programas para fomentar la educación infantil, la escolarización obligatoria, y la continuidad y permanencia en los estudios en los niveles medios y superiores.
26.5 Programas de prevención del absentismo y abandono escolar y/o apoyo y refuerzo educativo extraescolar.
26.6 Programas de alfabetización de adultos, que incluyan actividades de aprendizaje para la participación social y faciliten el acceso y el conocimiento de las tecnologías de la información y comunicación.
26.7 Programas integrales para las mujeres gitanas, que incluyan necesariamente actividades de alfabetización, formación básica y habilidades sociales.
26.8 Programas que promuevan la sensibilización y la convivencia intercultural, así como la igualdad de trato y la no discriminación de la población gitana y la asistencia a las víctimas de discriminación.
26.9 Programas socio-formativos destinados a personas gitanas internadas en centros penitenciarios, con especial incidencia en la población gitana femenina reclusa para fomentar la reestructuración familiar y el arraigo social.
26.10 Programas de acompañamiento social a familias gitanas en actuaciones de realojamiento o de acceso a vivienda normalizada.
26.11 Formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Los programas de formación para el empleo deberán incluir materias en las áreas de formación básica y ocupacional, formación profesional general y/o especializada y actividades complementarias.
En los programas de inserción laboral el número de alumnos/as estará comprendido entre 15 y 25.
Los horarios de clase deberán ser diseñados de acuerdo con los intereses y necesidades de las mujeres.
Los programas de apoyo y seguimiento en las etapas de educación infantil y obligatoria y los de prevención del absentismo escolar, deberán acreditar la coordinación con los centros escolares de la localidad en que se realicen.
En los programas para facilitar la continuidad y permanencia en los estudios deberán aportarse datos relativos a los potenciales usuarios/as: estudios que cursan, zonas de donde proceden, circunstancias sociales, etc.
El profesorado que imparta la formación para la formación laboral y para adultos y mujeres gitanas deberá acreditar la titulación adecuada para trabajar en este ámbito.
Los programas que se realicen en centros penitenciarios deberán contar con la preceptiva autorización de la dirección de los centros de que se trate.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
27. Programas dirigidos a promover la inserción sociolaboral de los jóvenes y personas desempleadas de larga duración
Descripción: Su objetivo es promover la integración sociolaboral de los jóvenes y personas desempleadas de larga duración, mediante el diseño y realización de acciones integrales de orientación laboral e itinerarios personalizados de inserción laboral.
Prioridades:
27.1 Programas dirigidos a la búsqueda de empleo de jóvenes y personas desempleadas de larga duración mediante la adquisición de valores, competencias y habilidades.
27.2 Programas que promuevan la igualdad en el empleo entre la población juvenil.
27.3 Programas para jóvenes que cumplan con los objetivos del Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil.
27.4 Programas que desarrollen sistemas de reconocimiento formal o no formal de competencias y habilidades que puedan ser obtenidas mediante la acción voluntaria.
27.5 Programas de formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Los programas de empleo dirigidos a jóvenes estarán entre 14 y 30 años.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
28. Programas que fomenten la cultura emprendedora, la creación de empresas y el autoempleo, especialmente entre los jóvenes
Descripción: Programas cuyo objeto sea la trasmisión de conocimientos y habilidades en la creación de empresas y autoempleo o la creación y desarrollo de estructuras de asesoramiento para el autoempleo, mediante el reforzamiento de los equipos técnicos de intervención directa con personas desempleadas, o mediante el acompañamiento de personas voluntarias.
Prioridades:
28.1 Programas que fomenten la cultura emprendedora entre los jóvenes.
28.2 Los programas de voluntariado que favorezcan el desarrollo intergeneracional y, en especial, la colaboración de los mayores voluntarios y los jóvenes en la creación de empresas.
28.3 Programas que contengan acciones de información, motivación y asesoramiento en la elaboración de proyectos empresariales.
28.4 Programas que desarrollen acciones formativas a emprendedores y emprendedoras.
28.5 Programas de formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Los programas que fomenten la cultura emprendedora se dirigirán a jóvenes entre 14 y 30 años.
En los casos de programas de voluntariado: Los programas deberán concretar las acciones a desarrollar, el número de voluntarios que colaboren y tener en cuenta la formación necesaria.
29. Programas educativos para la trasmisión de valores solidarios entre los jóvenes
Descripción: Programas dirigidos a transmitir entre las personas jóvenes, a través de la educación formal y no formal, los valores del compromiso solidario con las personas más desfavorecidas y desarrollar acciones preventivas contra el racismo, la xenofobia y todo tipo de discriminación de las personas por razón de sexo, origen racial o étnico, nacionalidad, religión o creencias, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Prioridades:
29.1 Programas que elaboren o desarrollen contenidos educativos o experiencias que favorezcan valores de solidaridad, convivencia, tolerancia y participación entre los jóvenes, y contribuyan a prevenir y luchar contra el racismo, la xenofobia y todo tipo de discriminación de las personas por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
29.2 Programas de voluntariado, en espacios de educación formal o no formal, que elaboren o desarrollen contenidos educativos o experiencias que favorezcan los valores de la solidaridad, inclusión educativa y la participación comprometida de los jóvenes.
29.3 Programas de voluntariado que favorezcan el compromiso de los profesores y de la dirección de los centros escolares en la programación de actividades escolares.
Requisitos:
En el caso de programas para jóvenes: Los programas deberán concretar acciones a desarrollar y disponer de sistemas internos de seguimiento y evaluación de resultados.
En los casos de programas de voluntariado que se desarrollen en instituciones educativas deberán contar con su colaboración y autorización.
30. Programas para la inserción sociolaboral de las mujeres
Descripción: Programas dirigidos a impulsar la incorporación y mantenimiento de las mujeres en el mercado laboral, especialmente las que se encuentran en situaciones de más vulnerabilidad, así como a facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
Prioridades:
30.1 Programas de formación en nuevos sectores de empleo (medio ambiente, nuevas tecnologías, desarrollo sostenible, etc.) o que impliquen acuerdos con empresas que garanticen la inserción profesional de un número de mujeres por programa o por empresa.
30.2 Programas de formación a colectivos con especiales dificultades o que incluyan itinerarios de inserción, especialmente prácticas en empresas, y diversificación profesional (mujeres jóvenes, mujeres mayores de 45 años, mujeres con discapacidad, mujeres transexuales y mujeres que vivan en el ámbito rural).
30.3 Programas que ofrezcan oportunidades de empleo y autoempleo a mujeres que vivan en el mundo rural (formación en nuevas tecnologías, asesoramiento para la distribución de sus productos a través de redes comerciales, ferias, medio ambiente, desarrollo rural, diversificación de actividades, etc.).
30.4 Programas de promoción de la actividad empresarial de las mujeres (asesoramiento, contacto entre redes empresariales de mujeres, etc.).
30.5 Programas dirigidos a vigilar el cumplimiento de la normativa laboral en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, especialmente, la igualdad salarial.
30.6 Programas que faciliten la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar.
30.6.1 Los que faciliten la reincorporación al trabajo de las mujeres, tras un periodo de inactividad por cuidado de familia.
30.6.2 Los que faciliten la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el trabajo.
30.6.3 Los que fomenten la integración de la perspectiva de género en la actividad profesional, mediante actuaciones de sensibilización y formación en las empresas, medidas de conciliación, etc.
30.7 Programas que fomenten la integración personal, social y laboral de mujeres en situación de exclusión social y/o de especial vulnerabilidad.
30.8 Programas que fomenten la integración personal, social y laboral de mujeres víctimas de delitos relacionados con todas las forma de violencia contra la mujer.
30.9 Formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Los programas deberán concretar las acciones a desarrollar, así como los criterios de selección de las mujeres de los colectivos con especiales dificultades.
Los programas deberán incluir un sistema de evaluación de resultados.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
31. Programas dirigidos a favorecer la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad
Descripción: Programas que tengan por objeto promover el acceso a servicios de formación y orientación profesionales al empleo ordinario de las personas con discapacidad.
Prioridades:
31.1 Programas que combinen actividades de diferente naturaleza: información, orientación y asesoramiento, habilidades sociales y técnicas de comunicación, formación, práctica laboral e itinerario personalizado de acompañamiento, seguimiento en el proceso de inserción laboral, y atención al alumnado en situación o riesgo de exclusión social que finalice el programa de tránsito a la vida adulta y laboral (PTVAL) en los centros de educación especial.
31.2 Programas que posibiliten la inserción laboral de las personas con discapacidad de acceso al empleo a través del conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
31.3 Programas que faciliten el establecimiento por cuenta propia de personas con discapacidad.
31.4 Programas de información de las condiciones, obligaciones y beneficios de la contratación de personas con discapacidad a pequeñas y medianas empresas.
31.5 Formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Los programas deberán recoger ampliamente las acciones concretas de formación y capacitación para la inserción laboral adecuadas a las necesidades del mercado y de los propios beneficiarios tales como servicios de intermediación laboral que desarrollen un conjunto de acciones cuyo fin último sea contribuir a la capacitación e inserción laboral de personas con discapacidad en entornos normalizados.
Los programas, deberán concretar el número de beneficiarios directos, especificar los perfiles de exclusión de los usuarios de los mismos y los criterios establecidos para su selección.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
32. Programas para la inserción sociolaboral de personas reclusas, exreclusas y sometidas a medidas alternativas
Descripción: Programas para la integración social y laboral de internos en régimen ordinario y cerrado.
Prioridades:
32.1 Formación ocupacional y para el empleo, Talleres ocupacionales, Orientación laboral, Acompañamiento y seguimiento para la inserción laboral, Habilidades sociales y técnicas de comunicación.
32.2 Asesoramiento personal y jurídico, Desarrollo personal, Pisos de acogida para permisos de salida, Creación de Unidades Dependientes, Salidas programadas de tipo terapéutico, Programas de igualdad.
Descripción: Programas para la colaboración en la suspensión y sustitución de la ejecución de las penas privativas de libertad.
Prioridades:
Apoyo en el tratamiento de la deshabituación al consumo de drogas, Apoyo a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, de tratamiento psicológico con especial atención al tratamiento a maltratadotes por violencia de género, en el ámbito familiar, agresores sexuales y otros similares
Descripción: Programas formativos, educativos, culturales y deportivos para internos en régimen ordinario y cerrado.
Prioridades:
Educación para la salud, Idiomas. Fomento de la lectura y escritura, Informática y talleres de nuevas tecnologías, Educación medioambiental, Educación vial, Formación en igualdad y Derechos Humanos, Talleres formativos con especial incidencia de la relación intergeneracional, Actividades ocupacionales, Talleres de cine, teatro y música, Salidas culturales y deportivas, Deporte de recreación, de competición y escuelas deportivas, Actividades lúdicas, de ocio y ocupación del tiempo libre.
Descripción: Programas para la inserción laboral de internos en el medio abierto y los liberados condicionales.
Prioridades:
Formación ocupacional y para el empleo, Talleres ocupacionales, Orientación laboral, Técnicas de búsqueda de empleo, Acompañamiento y seguimiento para la inserción laboral.
Descripción: Programas para la integración social de internos en el medio abierto y los liberados condicionales
Prioridades:
Asesoramiento personal y jurídico, Acogida para personas con VIH y Sida y otras enfermedades, Atención a personas con discapacidad sensorial y/o física, Violencia de género, en el ámbito doméstico y agresores sexuales, Mediación penitenciaria y justicia retributiva, Desarrollo personal, competencia y habilidades sociales, Pisos de acogida para liberados condicionales y definitivos, Unidades dependientes.
Descripción: Programas sanitarios y con drogodependientes para internos en el medio abierto y los liberados condicionales.
Prioridades:
Atención a personas con adicciones, personas con VIH y Sida y otras patologías polivalentes, Atención a personas con enfermedades mentales y personas con discapacidad intelectual, apoyo psicológico, Apoyo a personas mayores, personas con enfermedades crónicas y con necesidad de cuidados paliativos.
Descripción: Programas formativos y educativos para internos en el medio abierto.
Prioridades:
Programas formativos de idiomas, informática y actividades ocupacionales, Programas deportivos, Programas de actividades lúdicas, de ocio y ocupación del tiempo libre.
Descripción: Programas de atención al colectivo específico de extranjeros.
Prioridades:
Asesoramiento personal y jurídico, Programas de integración en los valores del sistema democrático y en los valores de la cultura occidental, Enseñanza del idioma español para personas extranjeras y de las lenguas oficiales de las autonomías en que se encuentren.
Descripción: Programas de atención al colectivo específico de mujeres.
Prioridades:
Programas de orientación e inserción laboral dirigidos específicamente a mujeres, Programas de desarrollo personal, mejora de autoestima, promoción de hábitos saludables y similares, Programas de prevención de violencia de género y tratamiento de víctimas, Programas socioeducativos, formativos y de ocupación del tiempo libre.
Descripción: Programas de atención al colectivo específico de niños residentes en Centros Penitenciarios o Unidades de Madres.
Prioridades:
Salidas programadas con niños destinadas a favorecer su integración en el entorno social, Vacaciones programadas de los/as niños/as y sus madres, Salidas de fin de semana de los niños, Celebración de festividades para favorecer la relación grupal en un clima lúdico y festivo, Programas de intervención con los/as niños/as y con sus madres, Guarderías durante la celebración de comunicaciones.
Descripción: Programas de atención al colectivo específico de personas internas jóvenes.
Prioridades:
Programas de inserción y orientación laboral para jóvenes, Programas de sensibilización y prevención de la violencia de género y de otras conductas antisociales, Programas de fomento de hábitos saludables, educación sexual, educación medioambiental y similares, Programas de intervención socioeducativa que incluyen actuaciones individualizadas de apoyo psicológico y emocional, Programas de educación en valores que fomenten la convivencia y la tolerancia.
Descripción: Programas de atención al colectivo específico de personas internas mayores.
Prioridades:
Apoyo, información, asesoramiento personal y jurídico, Apoyo a personas mayores, personas con enfermedades crónicas y con necesidad de cuidados paliativos, Programas de intervención socioeducativa que incluyen actuaciones individualizadas de apoyo psicológico y emocional.
Descripción: Programas para la colaboración en el cumplimiento de penas privativas de derechos. Los trabajos en beneficio de la comunidad en fórmulas de cumplimiento mediante programa o talleres reeducativos.
Descripción: Programas de voluntariado con las personas más vulnerables.
Prioridades:
Formación de las personas voluntarias.
Programas de acompañamiento sociolaboral, formativos, educativos, culturales y deportivos para internos en régimen ordinario y cerrado.
Requisitos:
Los programas deben especificar el Centro Penitenciario y/o provincia de actuación.
Los programas deben adaptarse a las instrucciones de intervención de Organizaciones no Gubernamentales y entidades colaboradoras dictadas por las Administraciones Penitenciarias competentes.
Debe acompañarse de memoria de evaluación de los resultados obtenidos en el caso de programas que hayan estado en funcionamiento con anterioridad, y no debe constar informe desfavorable de los mismos por parte de los centros penitenciarios donde se hayan llevado a cabo.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
33. Programas para la inserción sociolaboral de las personas migrantes
Descripción: El objeto de estas subvenciones será la realización de programas que fomenten la integración sociolaboral, el retorno, la reagrupación familiar, los procesos de acogida e integración, de las personas inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional, en situación de vulnerabilidad, así como asistencia a los emigrantes españoles que retornan a nuestro país para facilitarles su reingreso en la sociedad española.
Prioridades:
33.1 Programas de información, orientación social y cívica, formación, asesoramiento legal, traducción e interpretación, mediación social e intercultural dirigidos a inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional, que tengan como objetivo proporcionar y favorecer el acceso a los servicios sociales generales y la cobertura de las necesidades personales, laborales y sociales que promuevan la igualdad de trato y la convivencia ciudadana. Así como, cursos de español que favorezcan la inserción social de los recién llegados.
33.2 Programas para la mediación social e intercultural ámbito educativo, sanitario, vecinal y social y/o promuevan la participación social.
33.3 Programas de acogida integral para la atención de las necesidades básicas y de apoyo a la inserción a personas inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional que incluyan la creación o mantenimiento de plazas de acogida que proporcionen recursos de alojamiento y manutención. Estos programas podrán contemplar también obras de adaptación, equipamiento y reposición de mobiliario y enseres de los distintos alojamientos.
33.4 Programas que promuevan el trabajo en red y el partenariado entre organizaciones del Tercer Sector, administraciones públicas del ámbito local, regional y/o central, personas expertas, etc., con el fin de mejorar el conocimiento de la situación de la población inmigrante encaminados a la atención integral, la intervención comunitaria y la eficiencia de recursos.
33.5 Programas de información, orientación y asesoramiento sociolaboral a través de itinerarios personalizados de acompañamiento, intermediación y seguimiento en el proceso de inserción laboral y búsqueda de empleo.
33.6 Programas de formación destinados a potenciar el acceso al empleo y la promoción de la cultura emprendedora entre las personas inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional.
33.7 Programas que tengan como objetivo facilitar y favorecer la reagrupación familiar de personas inmigrantes.
33.8 Programas que tengan como objetivo el retorno voluntario de las personas inmigrantes a sus países de origen y que favorezcan la reinserción social, priorizando a los colectivos de inmigrantes de especial vulnerabilidad y mujeres víctimas de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones.
33.9 Programas de apoyo y facilitación de la movilidad geográfica de los trabajadores inmigrantes dentro de todo el territorio nacional.
33.10 Programas dirigidos a la asistencia de emigrantes españoles retornados a nuestro país, durante el tiempo necesario para poder acogerse a los sistemas generales de atención.
33.11 Programas que promuevan la sensibilización, la igualdad de oportunidades, la lucha contra el racismo y la xenofobia y la convivencia intercultural en barrios con una presencia significativa de población inmigrante.
33.12 Programas destinados a la población inmigrante en situación de desempleo para que mejores sus posibilidades de acceso al mercado de trabajo, a través de cursos formativos y búsqueda de empleo con el acompañamiento y seguimiento de los técnicos.
33.13 Programas destinados al pago de los costes de trámites en los consulados de los países de origen, así como los desplazamientos de los usuarios para la obtención de los elementos imprescindibles para su normalización documental en España.
33.14 Formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Que los programas de orientación, información y acogida integral, sean subsidiarios y/o complementarios de aquellos que tengan establecidos las autoridades competentes con carácter general para toda la población.
Que los beneficiarios necesiten una acción compensatoria frente a las dificultades específicas derivadas de formar parte de los colectivos citados.
Que los programas guarden relación con aquellas situaciones en las que las Administraciones Públicas consideren urgente su intervención.
Que en los programas referidos a la mejora de las condiciones de habitabilidad los beneficiarios acrediten la titularidad o derecho suficiente sobre la vivienda o alojamiento o, en su caso, la autorización del arrendador, propietario o titular del derecho, siendo obligación de las entidades solicitantes la comprobación de tales extremos. Igualmente, deberá constar el compromiso de la entidad solicitante de exigir la acreditación de la residencia efectiva, así como, en su caso, de obtener las licencias y permisos pertinentes para la ejecución de la obra.
Que los programas de reagrupación familiar, contemplen dispositivos de información sobre acogida y/o módulos informativos introductorios con antelación o con posterioridad a la llegada de los familiares reagrupados.
Que los beneficiarios de programas de retorno voluntario no estén incursas en ninguno de los supuestos de prohibición de salida de España previstos en la legislación de extranjería, que acepten el compromiso de no retornar a España en el plazo de tres años, a partir del momento de su salida para realizar una actividad lucrativa o profesional por cuenta propia o ajena, y en el caso de los programas de ayuda al viaje que complementen el Plan de Retorno Voluntario mediante el abono anticipado y acumulado de la prestación contributiva por desempleo, tengan reconocido este derecho por el Servicio Público de Empelo Estatal y haber recibido el primer pago de dicha prestación.
Que en los programas de movilidad geográfica, los inmigrantes estén en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social y que favorezcan la inserción laboral y/o social de los trabajadores inmigrantes y sus familias.
Que los programas dirigidos a la asistencia y acogida temporal de los retornados estén coordinados con los Servicios Sociales de carácter público.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
Que los programas de interpretación y traducción sean prestados por entidades que cuenten con profesionales de experiencia y capacidad suficiente para facilitar la prestación de estos servicios con garantía de calidad.
34. Programas de inserción sociolaboral para personas con infección VIH/Sida
Descripción: Tienen como finalidad la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de las personas con VIH y Sida.
Prioridades:
34.1 Programas de apoyo y acompañamiento en la búsqueda de empleo en su proceso de inserción laboral.
34.2 Programas de coordinación entre entidades, empresas y sindicatos para búsqueda de puesto de trabajo.
34.3 Programas de formación dirigida, capacitación y búsqueda activa de empleo para potenciar el acceso y la inserción laboral.
34.4 Formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Los programas deberán contemplar itinerarios de integración laboral personalizados.
Los programas deberán disponer de sistemas internos de seguimiento y evaluación de resultados.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
III. Programas para el Fomento de la Seguridad Ciudadana y Prevención de la Delincuencia
35. Programas residenciales para menores en situación de conflicto social
Descripción: Estos programas pretenden ofrecer alojamiento y convivencia en centros, pisos o mini-residencias, a menores que se encuentran cumpliendo una medida dictada por los jueces de menores, promoviendo su educación e inserción social.
Prioridades:
35.1 Los programas innovadores que contemplen criterios de calidad, evaluación y que incorporen las buenas prácticas sobre las que existe un consenso para la mejora de los servicios residenciales.
35.2 Programas que contemplen la mediación intercultural con las familias cuyos menores se encuentren en algún tipo de dispositivo de acogida y los técnicos de los centros y organismos públicos.
Requisitos:
Los centros, pisos o mini-residencias contarán con la estructura necesaria y adecuada para la consecución de los objetivos. Los centros contarán con módulos diferenciados.
Los programas, aunque sólo contemplen gastos de inversión, deberán ir acompañados del proyecto educativo/objetivos que persigue. Además, los programas de inversión han de reunir los requisitos y presentar la documentación que se determina en el apartado IV de este anexo.
Deberán contar con el visto bueno de la comunidad autónoma donde vayan a desarrollarse. Este extremo deberá justificarse documentalmente en el momento de presentar la solicitud.
36. Programas para la ejecución de medidas en medio abierto para menores infractores, que sean susceptibles de materialización por las organizaciones no gubernamentales
Descripción: Los programas tienen por objetivo la intervención con menores que se encuentren cumpliendo una medida alternativa al internamiento dictada por los jueces de menores, que sea susceptible de materialización por las Organizaciones No Gubernamentales, así como las actuaciones derivadas de las reparaciones extrajudiciales.
Prioridades:
36.1 Programas que establezcan mecanismos de coordinación que hagan más eficaz la integración de los menores en el contexto familiar, social y laboral.
36.2 Formación y promoción del voluntariado en estos programas.
Requisitos:
Los programas deberán contar con el visto bueno de la comunidad autónoma donde van a desarrollarse. Este extremo deberá justificarse documentalmente en el momento de presentar la solicitud.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
37. Programas para la prevención de delitos relacionados con todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la protección integral de sus víctimas
Descripción: Programas que tengan por objeto la prevención de delitos relacionados con todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la protección integral de sus víctimas y sus hijos e hijas: violencia de género, trata con fines de explotación sexual, delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonios forzados, etc.
Prioridades:
37.1 Programas de información, formación y sensibilización dirigidos a prevenir la comisión de delitos de violencia contra las mujeres, cualquiera que sea su expresión.
37.2 Programas que coadyuven a la seguridad y protección integral de sus víctimas y sus hijos e hijas, incluido el alojamiento para facilitar el desplazamiento de un territorio a otro.
37.3 Programas dirigidos a grupos especialmente vulnerables (mujeres con discapacidad, mujeres del medio rural, mujeres mayores, mujeres inmigrantes, entre otros).
37.4 Programas de promoción y formación del voluntariado para el acompañamiento y apoyo a las víctimas de delitos relacionados con la violencia contra las mujeres.
Requisitos:
Los programas deberán incorporar indicadores de calidad y de cumplimiento de objetivos.
Los profesionales que lleven a cabo estos programas deberán contar con la experiencia y formación adecuada al tipo de intervención que realicen y formar parte de un equipo multidisciplinar.
Los programas en que se contemplen actuaciones con menores deberán garantizar la atención especializada a los mismos.
En los programas en los que se prevea la participación de personal voluntario deberá concretarse su número.
38. Programas destinados a reforzar la asistencia y orientación a víctimas de discriminación
Descripción: Los programas tienen como objetivo asistir y orientar a las víctimas y potenciales víctimas de discriminación directa, incluido el acoso discriminatorio, o indirecta por razón de sexo, origen racial o étnico, discapacidad, religión o creencias, orientación o identidad sexual, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como a las víctimas de los crímenes de odio y discriminación.
Prioridades:
Programas destinados a prestar asistencia social y jurídica directa a personas que sufran, hayan sufrido o conozcan situaciones de discriminación, mediante atención presencial, telefónica y en línea.
Programas de formación, información y sensibilización de los profesionales del ámbito social que propicien el conocimiento y la implantación del principio de la igualdad de trato y no discriminación de las personas.
Programas para que la ciudadanía sirva de antena en la detección de los casos de discriminación, conociendo los recursos y los organismos competentes en esta materia para visibilizarlos.
Requisitos:
La población destinataria será el conjunto de la ciudadanía, entendiendo por ello que las actividades de formación, información y sensibilización podrán dirigirse a todo tipo de público. En relación con la asistencia a víctimas de discriminación, ésta podrá dirigirse tanto a la persona o grupo víctima potencial de una discriminación como a sus familiares, conocidos/as, amigos/as, etc.
Se entenderá por discriminación directa la situación en que se encuentra una persona o grupo en que se integra que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otras en situación análoga o comparable. Se entenderá por discriminación indirecta la producida cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasiona o puede ocasionar a una o varias personas una desventaja particular con respecto a otras.
Se entenderá por crímenes de odio aquellos delitos o faltas cometidos por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, la enfermedad que padezca o su discapacidad y aquellos delitos contenidos en el código penal destinados a la represión de las formas más agravadas de discriminación y de odio.
Los programas de asistencia deberán contemplar la realización de las averiguaciones necesarias para determinar las circunstancias en las que se produjo el incidente discriminatorio, la indicación y en su caso derivación a los recursos sociales públicos que corresponda, la redacción de escritos y asistencia jurídica con el objeto de restablecer y reparar los derechos supuestamente vulnerados y la resolución de conflictos, con el consentimiento de las partes, a través de mecanismos de mediación.
Los programas de asistencia exigirán la cumplimentación de un formulario por cada incidente discriminatorio e informes trimestrales de actividades y casos atendidos, recogiendo, al menos, datos relativos a la edad, sexo de la víctima, motivo(s) de discriminación, origen geográfico, ámbito en que se produce la discriminación (empleo, educación, vivienda, sanidad, etc.), agente discriminador (personas física o jurídica) y derechos vulnerados, además de resultados de las actividades de asistencia, descripción de las actuaciones llevadas a cabo, análisis de los factores favorables y desfavorables que incidieron en las actuaciones y valoración del grado de satisfacción de las personas usuarias del servicio.
Los programas de asistencia incluirán un plan de trabajo global que incluya un catálogo de servicios a prestar.
Los programas de asistencia incluirán las actividades formativas necesarias para el personal que realice el servicio, de acuerdo con la metodología y protocolos facilitados por Dirección General para la Igualdad de Oportunidades.
Los programas de formación, información y sensibilización incluirán la presentación de un plan de actuaciones que detalle la programación de actividades, propuesta metodológica y perfil de destinatarios.
IV. Requisitos y documentación a presentar en los programas que incluyan inversiones
Requisitos:
El proyecto objeto de financiación deberá haber sido financiado en convocatorias anteriores con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y además deberá presentar la documentación a la que se hace referencia en el apartado siguiente.
No se exige el requisito de que el proyecto haya sido financiado en convocatorias anteriores cuando se trate de financiar el equipamiento y las obras de adaptación y rehabilitación de centros y unidades de atención social y sociosanitaria, necesarias para su puesta en funcionamiento y/o para poder prestar a las personas una atención adecuada y de calidad.
Acreditar cofinanciación, salvo cuando se trate de equipamiento.
En el supuesto de que el programa presentado suponga disponibilidad de nuevas plazas, deberá documentarse la fórmula prevista para la financiación de estas plazas o, en su caso, para el mantenimiento del centro y unidad de atención social y sociosanitaria.
Documentación a presentar:
Cuando se trate de proyectos de inversión financiados en convocatorias anteriores, declaración del representante de la entidad en la que conste que el proyecto no ha sufrido reformas ni revisiones o variaciones en el precio inicial.
La documentación inicial y complementaria del proyecto exigida en la solicitud del proyecto financiado anteriormente, no será necesario presentarla cuando no hayan sufrido modificación y estuvieran en poder del órgano instructor actuante, en cuyo caso el representante legal de la entidad hará constar, por escrito, la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados.
Cuando se trate de proyectos de inversión financiados en convocatorias anteriores, certificado del director facultativo relativo a la ejecución de la obra realizada o, en otro caso, del representante legal de la entidad ejecutante relativo a las actuaciones realizadas. En ambos casos, los datos serán referidos a los gastos realizados con cargo a la convocatoria anterior, concretando las anualidades objeto de financiación.
Cuando se trate de proyectos de inversión financiados en convocatorias anteriores, memoria sobre la ejecución de las inversiones y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, a la fecha de publicación de esta convocatoria.
Documento acreditativo de que se dispone de titularidad suficiente sobre el inmueble o, caso de que sean inmuebles arrendados o cedidos, contrato de arrendamiento o documento acreditativo de cesión al menos por 20 años, y autorización del propietario.
Anteproyecto presupuestado o proyecto de obras, ajustado a la normativa vigente y con las especificaciones técnicas y arquitectónicas adecuadas a los usuarios del centro. Cuando se trate de obras de menor cuantía (conservación y reparaciones de menor cuantía) deberá presentarse, en su lugar, presupuesto detallado y memoria firmada por el Contratista.
Informe sobre viabilidad urbanística y acreditación de la posibilidad legal de obtener las licencias y permisos necesarios.
Cuando el coste de la obra supere los 50.000 euros, deberán aportarse como mínimo tres ofertas distintas, debiendo justificarse la elección de una de ellas.
En el supuesto de adquisición de equipamiento, presupuesto de la casa suministradora, con indicación del coste por unidad y del importe total de las adquisiciones que se pretenden realizar.
Cuando el coste del equipamiento supere los 18.000 euros, deberán aportarse como mínimo tres ofertas distintas, debiendo justificarse la elección de una de ellas.
En el supuesto de que el programa presentado suponga disponibilidad de nuevas plazas, deberá documentarse la fórmula prevista para la financiación de estas plazas o, en su caso, para su mantenimiento.
Los criterios sociales a aplicar para la selección de las personas usuarias y el régimen de aportación económica por los servicios que se vayan a recibir.
ANEXO B
Logotipo
El logotipo que deberá utilizarse para la difusión de los programas subvencionados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la convocatoria –IRPF 2014–, será el siguiente:
Para su reproducción, en color o en blanco y negro, las entidades subvencionadas deberán solicitarlo en la dirección de correo electrónico ongv@ msssi.es.
Pautas para su utilización: Se utilizará siempre guardando las proporciones del modelo, en las ampliaciones o las reducciones, sin que sea preciso que figure recuadrado, debiéndose colocar en el lugar preferencial del soporte a difundir con la misma categoría que el logotipo de la organización o entidad subvencionada. | Convocatoria para repartir la casilla de fines sociales. | De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto 536/2013, de 12 de julio («Boletín Oficial del Estado» n.º 167, de 13 de julio), por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y de conformidad con el procedimiento establecido en el capítulo II del título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones («Boletín Oficial del Estado» número 276, de 18 de noviembre); el capítulo II del título I del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, («Boletín Oficial del Estado» número 176, de 25 de julio), y los principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 de noviembre), procede efectuar la correspondiente convocatoria.
En atención a lo expuesto, he tenido a bien disponer:
Primero. Convocatoria.
La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, con cargo al crédito ampliable 26.16.231F.484 consignado en los Presupuestos Generales del Estado con un importe de 101.647.730 euros, convoca la concesión de subvenciones estatales, en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El crédito disponible en esta convocatoria puede verse incrementado en una cuantía adicional que se estima en 119.087.580,30 euros, procedente de la entonces cantidad total asignada para otros fines de interés social en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del periodo impositivo 2012, si bien, esa cuantía podría ser superior una vez conocida la cuantía resultante de la liquidación definitiva del citado periodo impositivo. La efectividad de dicha cuantía adicional depende de la declaración de disponibilidad del crédito derivado de la ampliación, previa aprobación de la modificación presupuestaria, que ha de tener lugar antes de la resolución de concesión.
Segundo. Objeto y finalidad.
1. El objeto de estas subvenciones es la financiación de programas de interés general, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de la competencia propia de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en los que concurra alguno de los siguientes requisitos:
a) Que se trate de programas cuya ejecución corresponda a la Administración General del Estado, bien por referirse a una materia cuya competencia de ejecución es del Estado, o bien porque concurra en el programa considerado en cada caso el requisito de la supraterritorialidad.
b) Que se trate de programas en los que el Estado ostente competencia para establecer las bases y se acredite alguna de las siguientes circunstancias: que resulten imprescindibles para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación del sector, o para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, o bien para evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector.
2. Serán subvencionables en esta convocatoria, los programas para la atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria, los programas para la atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral y los programas para el fomento de la seguridad ciudadana y la prevención de la delincuencia, cuya definición, prioridades y requisitos específicos para su cumplimiento, figuran en el Anexo A de esta Resolución.
Tercero. Entidades Beneficiarias.
1. Podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Resolución las entidades que tengan la consideración de entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración General del Estado, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, así como Cruz Roja Española y las entidades u organizaciones no gubernamentales que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas y, cuando proceda, debidamente inscritas en el correspondiente registro administrativo dentro del plazo de presentación de las solicitudes de subvención.
b) Carecer de fines de lucro. A estos efectos se considerarán también entidades sin fines de lucro aquéllas que desarrollen actividades de carácter comercial, siempre que los beneficios resultantes de las mismas se inviertan en su totalidad en los fines sociales previstos en el artículo 3 del Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, por el que se establecen los requisitos y procedimientos para solicitar ayudas para fines de interés social, derivadas de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
c) Tener fines institucionales adecuados para la realización de las actividades consideradas financiables en el apartado segundo, punto 2.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
e) Haber justificado, en su caso, suficientemente las ayudas económicas recibidas con anterioridad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de los entonces Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Ministerio de Sanidad y Política Social, Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (antes Ministerio de Asuntos Sociales).
f) Disponer de la estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines, acreditando la experiencia operativa necesaria para ello.
2. También podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las agrupaciones de organizaciones, sin personalidad jurídica.
Estas agrup
### RESUMEN: Convocatoria para repartir la casilla de fines sociales. |
I
El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial flexibilizó el régimen de los convenios pre-concursales de acuerdo con algunas premisas básicas. La primera de ellas es considerar que la continuidad de las empresas económicamente viables es beneficiosa no sólo para las propias empresas, sino para la economía en general y, muy en especial, para el mantenimiento del empleo. La segunda de las premisas era acomodar el privilegio jurídico a la realidad económica subyacente, pues muchas veces el reconocimiento de privilegios carentes de fundamento venía a ser el obstáculo principal de los acuerdos pre-concursales. La tercera de las premisas era respetar en la mayor medida posible la naturaleza jurídica de las garantías reales (pero siempre, y tomando en cuenta la segunda premisa, de acuerdo con su verdadero valor económico).
Este real decreto-ley aborda la extensión de las premisas anteriores al propio convenio concursal.
II
Además de lo anterior, se adoptan una serie de medidas para flexibilizar la transmisión del negocio del concursado o de alguna de sus ramas de actividad, ya que en la actualidad existen algunas trabas, que, bien durante la tramitación del proceso concursal, bien cuando la liquidación del concursado sea inevitable, están dificultando su venta.
Desde esta perspectiva, las modificaciones que se introducen en esta materia tienen en última instancia la misma finalidad que las relativas al convenio concursal: facilitar en la mayor medida posible la continuación de la actividad empresarial, lo cual ha de redundar no sólo en beneficio de la propia empresa, sino también de sus empleados y acreedores y de la economía en general.
III
La parte dispositiva de este real decreto-ley consta de un único artículo, dividido a su vez en tres apartados, en cuya virtud se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, Ley Concursal) relativos al convenio concursal y a la fase de liquidación, así como a otros preceptos de la misma ley íntimamente relacionados con dichos aspectos.
Respecto al convenio concursal, se introducen, en primer lugar, previsiones análogas a las de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal (en redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo) relativas a la valoración de las garantías sobre las que recae el privilegio especial. Para ello se modifican los artículos 90 y 94 de la Ley Concursal. De este modo se sigue manteniendo una regla que parece no solo la más razonable desde el punto de vista económico sino que también es una síntesis de las reglas vigentes en nuestro derecho acerca de la purga de las garantías posteriores, del mantenimiento de las preferentes y de la atribución del eventual sobrante en caso de ejecución por parte de alguno de los titulares de garantías reales. Parece, en efecto, difícil cuestionar que para obtener el verdadero valor de una garantía es necesario deducir del valor razonable del bien sobre el que ésta recae el importe de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien. También parece una regla de prudencia reducir dicho valor razonable en un diez por ciento por cuanto la garantía, de hacerse efectiva, requerirá la ejecución del bien o derecho sobre el que esté constituida, lo cual entraña unos costes y dilaciones que reducen el valor de la garantía en, al menos, dicho porcentaje.
Piénsese que de no adoptarse una medida como la presente resulta que los créditos privilegiados pueden multiplicarse ad infinitum cuando su garantía recae sobre un mismo bien, sin que el valor de dicho bien se vea en absoluto incrementado. Por poner un ejemplo práctico, hoy por hoy es posible tener cinco hipotecas de 100 sobre un bien que vale 100, llegándose así al absurdo de tener un pasivo privilegiado a efectos concursales por 500 garantizados por un bien que vale 100. No debe olvidarse, por otro lado, que uno de los principios que debe necesariamente regir el concurso es el de pars conditio creditorum y que la extensión indefinida de los privilegios es una contradicción palmaria de dicho principio. Además, el resultado práctico es que los acreedores que se benefician de dichas garantías únicamente tendrán un derecho de abstención que en nada beneficiará al convenio y a la continuidad de la empresa, y que en ningún caso garantizará el cobro efectivo de su deuda, menos aún si el concursado debe ir a liquidación. Téngase en cuenta que, en caso de liquidación o incluso de ejecución singular del bien hipotecado, el acreedor recibirá como mucho el valor de la garantía. Del resto de crédito no cubierto por la garantía, no cobrará más que aquella parte que hubiera quedado indemne en el convenio, aunque muy probablemente menos en un contexto de liquidación y no de empresa en funcionamiento.
Tampoco puede considerarse que la determinación del valor de la garantía sea un recorte del crédito garantizado. Es simplemente una valoración diferenciada del derecho principal y del derecho accesorio. No se pone en cuestión el derecho principal, sino que se permite aclarar qué parte del mismo se beneficiará del derecho accesorio y cuál no, debiendo en la segunda recibir el mismo trato que corresponda al crédito según su naturaleza.
En segundo lugar, otra modificación relevante en materia de convenios concursales es la ampliación del quórum de la junta de acreedores, atribuyendo derecho de voto a algunos acreedores que hasta ahora no lo tenían. Si las medidas adoptadas en materia de valoración de garantías deben conducir ya de por sí a la ampliación de dicho quórum, también deberán hacerlo las medidas que reconocen derecho de voto en general a los acreedores que hubiesen adquirido sus derechos de crédito con posterioridad a la declaración de concurso (exceptuando siempre a los que tengan una vinculación especial con el deudor). Hasta ahora sólo se les reconocía derecho de voto cuando la adquisición hubiese sido a título universal, como consecuencia de una realización forzosa, o (a partir de 2012) cuando se tratase de entidades financieras sujetas a supervisión.
La prevención que existía anteriormente respecto a estos acreedores es que dicha adquisición podía esconder algún tipo de fraude que se quería desincentivar mediante la privación del derecho de voto. Pero el fraude no puede estar en adquirir algo (en este caso un derecho de crédito) a un precio menor que aquél por el que se pretenda vender o realizar, puesto que esto es al fin y al cabo lo propio de la actividad económica de mercado. El verdadero problema estriba en que el adquirente se haya concertado con el deudor para defraudar al resto de acreedores. Por ello se reforma no solamente el artículo 122 sino también el 93 para hacer un listado más amplio de personas especialmente vinculadas con el deudor que, por esta razón, tendrán la condición de acreedores subordinados y carecerán en consecuencia de voto en la junta de acreedores.
El atribuir derecho de voto a los acreedores que adquieran sus créditos con posterioridad a la declaración de concurso tiene un efecto adicional que debe reputarse beneficioso para el resto de acreedores: fomentar la existencia de un mercado de dichos créditos que les permita obtener liquidez, en una situación de concurso de su deudor, sin tener que esperar a la liquidación final. Será el propio acreedor cedente el que valore si el sacrificio o descuento exigido para ello es aceptable y será el acreedor cedido, habitualmente especializado en este tipo de adquisiciones, el que sufra el riesgo que la adquisición y subsiguiente tramitación del concurso conllevan.
En tercer lugar, se introducen determinadas previsiones adicionales respecto a los efectos del convenio en el artículo 100. Al igual que se hace en la disposición adicional cuarta, se señala que los acuerdos de aumento de capital requeridos cuando se trate de capitalización se adoptarán con las mismas mayorías previstas en dicha disposición adicional. También se efectúa una remisión al régimen general de transmisión de unidades productivas a lo dispuesto en el artículo 146 bis, lo que implica, con determinadas excepciones, su adquisición libre de obligaciones preexistentes impagadas. Además se facilita la cesión en pago de bienes con determinadas cautelas destinadas a evitar comportamientos fraudulentos.
El cuarto aspecto de las modificaciones de los convenios concursales se refiere a las votaciones y mayorías en el convenio y a la ampliación de la capacidad de arrastre de los acreedores disidentes en determinadas circunstancias. Se levanta la limitación general que con anterioridad existía para los efectos del convenio (quitas del 50 por ciento y esperas de cinco años) pero para superar dichos límites se exige una mayoría reforzada del 65 por ciento. Se introduce igualmente la regla ya aprobada respecto a los convenios pre-concursales en lo referente a las mayorías máximas exigibles para los pactos de sindicación, que será del 75 por ciento (artículo 121.4).
Y finalmente se introduce una previsión novedosa (nuevo artículo 134.3), que también tiene precedente en el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, sobre la posibilidad de arrastre de determinados créditos con privilegio general o especial, incluso en la parte cubierta por el valor de la garantía. Aunque para ello se exige un doble requisito: además de unas mayorías aún más reforzadas, el que el acuerdo sea adoptado por acreedores de la misma clase, introduciéndose por primera vez en nuestro ámbito concursal esta consideración que ya tiene precedentes en derecho comparado, y en los acuerdos pre-concursales de la disposición adicional cuarta que afectan a los acreedores de pasivos financieros. Para ello se distinguen cuatro clases de acreedores, cada uno de los cuales reúne características propias que justifican un tratamiento específico en el seno del concurso. En primer lugar, los acreedores de derecho laboral; en segundo lugar, los acreedores públicos; en tercer lugar, los acreedores financieros; y finalmente, el resto (entre los cuales deberán incluirse de forma principal a los acreedores comerciales).
La decisión adoptada por las mayorías cualificadas exigidas puede verse como un sacrificio del acreedor que se ve arrastrado, lo cual es cierto, pero también desde un punto de vista positivo como un menor sacrificio del resto de acreedores que acuerdan el arrastre. Lo amplio de las mayorías cualificadas exigidas implica necesariamente que se trate de acuerdos fundamentados y acordes con la realidad del concursado y de sus acreedores. Piénsese además que si el 60 o 75 por ciento de los acreedores (según los casos) acuerdan para sus créditos privilegiados determinados sacrificios que parezcan imprescindibles para la viabilidad de la empresa y para recobrar la mayor parte posible del crédito pendiente, dichas medidas habrán de ser tanto más duras si el 40 o 25 por ciento restante de los acreedores, respectivamente, no resultan vinculados por el acuerdo mayoritario. Parece que lo cualificado de las mayorías y el hecho de que cada uno acordará para sí mismo el menor de los sacrificios posibles es garantía suficiente de que los acuerdos no se adoptarán con la finalidad de lesionar los intereses de estos acreedores. Esta imposibilidad de lesión se ve reforzada por el establecimiento de las cuatro clases de acreedores antes citadas de manera que en ningún caso podrán imaginarse concertaciones de unos acreedores para perjudicar los de otra clase, especialmente los laborales o los públicos que, por su naturaleza, merecen una especial tutela.
Al igual que en el apartado 11 de la disposición adicional cuarta y con el fin de respetar en la mayor medida posible el verdadero valor de la garantía, se establece en el artículo 140 que si, llegado el caso, el acreedor con privilegio (que hubiera votado a favor de un convenio o se hubiera visto arrastrado por él) tiene que ejecutar la garantía, se hará con el montante total obtenido que no exceda del crédito originario. Hay que insistir en el hecho de que todas las medidas introducidas en este real decreto-ley y en el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, respecto al valor de las garantías tienen su efectividad en relación con el procedimiento concursal pero no implican alteración de las garantías registradas ni de las reglas establecidas para su ejecución fuera del concurso.
Adicionalmente, se introducen determinadas especialidades en materia de insolvencia de empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las administraciones públicas. En la actualidad existe un gran número de empresas adjudicatarias de contratos administrativos en situación concursal. Razones urgentes de interés público orientadas al aseguramiento y mantenimiento de la prestación de los servicios públicos hacen necesario articular soluciones que permitan dar continuidad a la actividad objeto del contrato, en beneficio de los adjudicatarios, los terceros que se benefician de la ejecución de los contratos administrativos y de la administración pública. Estas soluciones pasan por arbitrar una fórmula conjunta para todos los procesos concursales que implica la presentación de propuestas de convenio que puedan afectar a todas estas entidades. En este sentido, razones de agilidad y economía procesal y de consecución de una garantía de éxito de la solución concebida, aconsejan la tramitación acumulada de todos los procesos concursales declarados en relación con tales entidades.
Las especialidades de la legislación administrativa de contratos del sector público, tanto general como sectorial, y la necesaria interrelación con las formas de desenvolvimiento y terminación del procedimiento concursal establecidas en la Ley Concursal, hacen necesario que se establezca un régimen especial aplicable a los concursos de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos y contratistas de la administración pública, cuya ubicación legislativa debe situarse tanto en la legislación administrativa reguladora de los contratos administrativos (tanto general como específica), como en la Ley Concursal, a través de una nueva disposición adicional segunda.ter que recoge las especialidades concursales en la materia.
La propia Ley Concursal, en su artículo 67, remite los efectos de la declaración de concurso en el caso de los contratos administrativos celebrados por el deudor con las administraciones públicas a su legislación específica. Asimismo, debe recordarse que las competencias del juez del concurso y su preceptiva intervención en el procedimiento concursal deben respetar las competencias de los órganos administrativos en lo relativo a este tipo de contratos y los procedimientos de carácter administrativo con ellos relacionados.
IV
En materia de liquidación se modifican determinados preceptos del capítulo II del título V de la Ley Concursal con el objeto de facilitar el desarrollo de esta fase de procedimiento concursal. Se trata, como se ha expuesto previamente, de garantizar en lo posible la continuación de la actividad empresarial, facilitando, fundamentalmente, la venta del conjunto de los establecimientos y explotaciones del concursado o de cualesquiera otras unidades productivas.
Así, se introduce la subrogación ipso iure del adquirente en los contratos y licencias administrativas de que fuera titular el cedente (artículo 146 bis) y se arbitran los mecanismos de exención de responsabilidad por deudas previas, salvo en determinados casos especiales que por su singularidad siguen mereciendo una especial tutela, como es el caso de las deudas frente a la Seguridad Social o a los trabajadores.
También se introducen en el artículo 148 previsiones adicionales respecto a la cesión en pago o para pago y una previsión novedosa consistente en que el juez pueda acordar la retención de un diez por ciento de la masa activa destinado a satisfacer futuras impugnaciones. Esta previsión debería conducir a una agilización de la fase de liquidación.
El artículo 149 también resulta modificado, con el fin de introducir determinadas reglas supletorias relativas a la enajenación de unidades productivas, especialmente en lo referente a las reglas de purga o subsistencia de las posibles garantías reales a las que pudiesen estar sujetos todos o algunos de los bienes incluidos en dicha unidad.
V
Por último, se aborda una modificación del artículo 167 que clarifica las dudas interpretativas existentes en torno al término «clase». Este término puede implicar en una interpretación estricta, una referencia a la «clasificación legal» de los respectivos créditos, en los términos establecidos en los artículos 89 a 92 de la Ley Concursal, de suerte que solamente cuando todos y cada uno de los acreedores clasificados en el proceso concursal de la misma manera queden afectados por las quitas y esperas inferiores a lo que dispone el precepto, no procederá la formación de la sección de calificación. Sin embargo, la práctica judicial ha venido a darle un sentido más genérico, incluyendo en tal «clase» a un grupo de acreedores que reúnan características comunes aunque tal grupo no comprenda a todos los de la misma clasificación concursal, a los efectos del tratamiento otorgable en la sección de calificación respecto a propuestas de convenio no gravosas.
Habida cuenta que el artículo 94.2, en la redacción dada por este real decreto-ley, incorpora una nueva definición del término «clase» aplicable, conforme al artículo 134, a los supuestos en que el convenio llegara a arrastrar a acreedores privilegiados y no exclusivamente a los ordinarios, es imprescindible aclarar, para evitar mayores dudas, que la mención que se efectúa en el artículo 167 debe entenderse también referida a esta definición, que afecta a una pluralidad de acreedores beneficiados por la solución concursal lo suficientemente amplia como para hacer equivalente el tratamiento a efectos de la sección de calificación.
VI
La parte final de este real decreto-ley consta de cuatro disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y cinco disposiciones finales.
La disposición adicional primera aclara que las actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo 5 bis y de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal tendrán la consideración de medidas de saneamiento a los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo.
La disposición adicional segunda prevé la creación de un portal de acceso telemático para facilitar la enajenación de empresas que se encuentren en liquidación o de sus unidades productivas.
La disposición adicional tercera establece la creación de una Comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de sobreendeudamiento, con funciones de verificación del cumplimiento de las medidas adoptadas por este real decreto-ley y de propuesta al Gobierno de modificaciones normativas para facilitar la reestructuración preconcursal o concursal de deuda de empresas económicamente viables.
La disposición adicional cuarta resuelve las dudas interpretativas sobre la negociación de los valores emitidos por un fondo de titulización de activos dirigidos exclusivamente a inversores institucionales, que sólo podrán ser objeto de negociación en un sistema multilateral de negociación en el que la suscripción y negociación de valores esté restringida a inversores cualificados.
Las disposiciones transitorias primera a tercera regulan el régimen transitorio de determinados preceptos contenidos en este real decreto-ley.
La disposición transitoria cuarta determina los procedimientos de ejecución en tramitación a los que resultan aplicables las modificaciones introducidas por la disposición final tercera en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
La disposición final primera amplía, ante su inminente finalización, la vacatio legis prevista en la disposición transitoria del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, respecto al derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos.
La disposición final segunda matiza, con el objeto de evitar interpretaciones restrictivas, que los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) se tendrán en consideración a efectos del cómputo de las mayorías necesarias para adoptar los acuerdos regulados en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal.
La disposición final tercera modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para adaptarla a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014. Con ello, el deudor hipotecario podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución, si ésta se fundaba en la existencia de una cláusula contractual abusiva que constituya el fundamento de la ejecución o la cantidad exigible.
Por último, las disposiciones finales cuarta y quinta regulan, respectivamente, los títulos competenciales en virtud de los cuales se adopta el real decreto-ley, y su entrada en vigor, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
VII
En las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución como presupuesto habilitante para recurrir a esta figura normativa.
La urgencia viene determinada por la necesidad de garantizar la plena coherencia del conjunto de la normativa concursal después de las novedades introducidas en el régimen de los acuerdos de refinanciación por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo.
Al igual que en la fase preconcursal, la viabilidad futura de parte del tejido empresarial que está o que estará de forma inminente en concurso depende, en gran medida, de la flexibilización del convenio concursal tanto por lo que se refiere a su contenido como por la extensión de sus efectos. Con las modificaciones introducidas, las empresas y sus acreedores contarán con más instrumentos de reestructuración y refinanciación de la deuda. Además, la extensión de efectos a todos los acreedores privilegiados, si concurren las mayorías previstas por clases, garantizará un sacrificio proporcional de todos ellos facilitando el saneamiento financiero de las empresas que podrán de este modo continuar con su actividad empresarial.
De no abordarse esta modificación, se mantendrá el concurso como lo que es en la actualidad en la mayoría de los casos, es decir, un proceso de liquidación ordenada del patrimonio del deudor y no una alternativa real para reestructurar la deuda y asegurar la viabilidad de las empresas.
También resulta imprescindible acometer con la mayor celeridad posible las modificaciones que introduce este real decreto-ley en la fase de liquidación concursal. La eliminación de determinados obstáculos que están surgiendo en la transmisión de las unidades productivas, supondrá un incentivo inmediato para la adquisición de empresas o ramas de negocio permitiéndose así el mantenimiento de la actividad empresarial y, por ende, de puestos de trabajo.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de septiembre de 2014,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se modifica en los siguientes términos:
Uno. Modificaciones en materia de convenio.
1. Se añade un apartado 3 en el artículo 90, en los siguientes términos:
«3. El privilegio especial solo alcanzará la parte del crédito que no exceda del valor de la respectiva garantía que conste en la lista de acreedores, calculada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 94. El importe del crédito que exceda del reconocido como privilegiado especial será calificado según su naturaleza.»
2. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 93, que quedan redactados en los siguientes términos:
«1. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural:
1.º El cónyuge del concursado o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, su pareja de hecho inscrita o las personas que convivan con análoga relación de afectividad o hubieran convivido habitualmente con él dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.
2.º Los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de las personas a que se refiere el número anterior.
3.º Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del concursado.
4.º Las personas jurídicas controladas por el concursado o por las personas citadas en los números anteriores o sus administradores de hecho o de derecho. Se presumirá que existe control cuando concurra alguna de las situaciones previstas en el artículo 42.1 del Código de Comercio.
5.º Las personas jurídicas que formen parte del mismo grupo de empresas que las previstas en el número anterior.
6.º Las personas jurídicas de las que las personas descritas en los números anteriores sean administradores de hecho o de derecho.
2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica:
1.º Los socios y, cuando éstos sean personas naturales, las personas especialmente relacionadas con ellos conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares directa o indirectamente de, al menos, un 5 por ciento del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10 por ciento si no los tuviera.
2.º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. Salvo prueba en contrario, no tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación previsto por el artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad.
3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios comunes, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º de este apartado.»
3. Se modifica el apartado 2 y se añade un apartado 5 en el artículo 94 con la siguiente redacción:
«2. La relación de los acreedores incluidos expresará la identidad de cada uno de ellos, la causa, la cuantía por principal y por intereses, fechas de origen y vencimiento de los créditos reconocidos de que fuere titular, sus garantías personales o reales y su calificación jurídica, indicándose, en su caso, su carácter de litigiosos, condicionales o pendientes de la previa excusión del patrimonio del deudor principal. Los acreedores con privilegio general o especial respectivamente, deberán estar incluidos en las siguientes clases:
1.º Laborales, entendiéndose por tales los acreedores de derecho laboral. Quedan excluidos los vinculados por la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección en lo que exceda de la cuantía prevista en el artículo 91.1.º
2.º Públicos, entendiéndose por tales los acreedores de derecho público.
3.º Financieros, entendiéndose por tales los titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera.
4.º Resto de acreedores, entre los cuales se incluirán los acreedores por operaciones comerciales y el resto de acreedores no incluidos en las categorías anteriores.
Se harán constar expresamente, si las hubiere, las diferencias entre la comunicación y el reconocimiento y las consecuencias de la falta de comunicación oportuna.
Cuando el concursado fuere persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se relacionarán separadamente los créditos que solo pueden hacerse efectivos sobre su patrimonio privativo y los que pueden hacerse efectivos también sobre el patrimonio común.»
«5. A los efectos del artículo 90.3, se expresará el valor de las garantías constituidas en aseguramiento de los créditos que gocen de privilegio especial. Para su determinación se deducirán, de los nueve décimos del valor razonable del bien o derecho sobre el que esté constituida la garantía, las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser inferior a cero, ni superior al valor del crédito privilegiado ni al valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado.
A estos exclusivos efectos se entiende por valor razonable:
a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado o de instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido negociados en uno o varios mercados regulados en el último trimestre anterior a la fecha de declaración de concurso, de conformidad con la certificación emitida por la sociedad rectora del mercado secundario oficial o del mercado regulado de que se trate.
b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España.
c) En caso de bienes distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de informe emitido por experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración generalmente reconocidos para esos bienes.
Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido determinado por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de declaración de concurso, ni cuando se trate de efectivo, cuentas corrientes, dinero electrónico o imposiciones a plazo fijo.
Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de los bienes, deberá aportarse nuevo informe de experto independiente.
En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumará la resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla prevista en el primer párrafo de este apartado, sin que el valor conjunto de las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito del acreedor correspondiente.
En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la garantía correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total del privilegio especial la proporción que en el mismo corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el proindiviso.»
4. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 100, que quedan redactados en los siguientes términos:
«1. La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo acumular ambas.
2. La propuesta de convenio podrá contener, además, proposiciones alternativas para todos o algunos de los acreedores, con excepción de los acreedores públicos. Entre las proposiciones alternativas, se podrán incluir las ofertas de conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, obligaciones convertibles, créditos subordinados, en créditos participativos, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original.
En caso de conversión del crédito en acciones o participaciones, el acuerdo de aumento de capital del deudor necesario para la capitalización de créditos deberá suscribirse por la mayoría prevista, respectivamente, para las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas en los artículos 198 y 201.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del artículo 301.1 del citado texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se entenderá que los pasivos son líquidos, están vencidos y son exigibles.
También podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 146 bis.
Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte. En estos casos, deberán ser oídos los representantes legales de los trabajadores.
3. En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del concursado para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de créditos establecida por la ley, ni de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las quitas que pudieran acordarse y de la posibilidad de fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo de la persona jurídica concursada.
Sólo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los bienes o derechos cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial y que su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94, sea igual o inferior al crédito que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se deberá integrar en la masa activa. Si se tratase de bienes afectos a garantía, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 155.4.
En ningún caso se impondrá la cesión en pago a los acreedores públicos.»
5. Se añade un párrafo final al apartado 4 del artículo 121, en los siguientes términos:
«En caso de acuerdos que, tras la declaración del concurso, sigan sujetos a un régimen o pacto de sindicación, se entenderá que los acreedores votan a favor del convenio cuando voten a su favor los que representen al menos el 75 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo en régimen de sindicación, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última. Esta previsión se aplicará para el cómputo de las mayorías necesarias para la aprobación del convenio y para la extensión de sus efectos a acreedores no participantes o disidentes.»
6. Se modifica el apartado 1 del artículo 122, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. No tendrán derecho de voto en la junta los titulares de créditos subordinados incluidas, en particular, las personas especialmente relacionadas que hubiesen adquirido su crédito por actos entre vivos después de la declaración de concurso.»
7. Se modifica el artículo 124, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 124. Mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de convenio.
1. Para que una propuesta de convenio se considere aceptada por la junta serán necesarias las siguientes mayorías:
a) Si hubiera votado a favor del mismo, al menos, un 50 por ciento del pasivo ordinario, quedarán sometidos a las quitas iguales o inferiores a la mitad del importe del crédito; a las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años; o, en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, a la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago íntegro de los créditos ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos con quita inferior al veinte por ciento, será suficiente que vote a su favor una porción del pasivo superior a la que vote en contra. A estos efectos, en los supuestos de propuesta anticipada y de tramitación escrita, los acreedores deberán, en su caso, manifestar su voto en contra con los mismos requisitos previstos para las adhesiones en el artículo 103 y en los plazos, según sea el caso, de los artículos 108 y 115 bis.
b) Si hubiera votado a favor del mismo un 65 por ciento del pasivo ordinario, quedarán sometidos a las esperas con un plazo de más de cinco años, pero en ningún caso superior a diez; a las quitas superiores a la mitad del importe del crédito, y, en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, a la conversión de deuda en préstamos participativos por el mismo plazo y a las demás medidas previstas en el artículo 100.
2. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las mayorías adicionales que, para la extensión de sus efectos a acreedores privilegiados, sean exigibles conforme a lo previsto en el artículo 134.»
8. Se añade un apartado 3 al artículo 134, en los siguientes términos:
«3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los acreedores privilegiados quedarán también vinculados al convenio cuando concurran las siguientes mayorías de acreedores de su misma clase, según definición del artículo 94.2:
a) Del 60 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.a).
b) Del 75 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.b).
En el caso de acreedores con privilegio especial, el cómputo de las mayorías se hará en función de la proporción de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas dentro de cada clase.
En el caso de los acreedores con privilegio general, el cómputo se realizará en función del pasivo aceptante sobre el total del pasivo que se beneficie de privilegio general dentro de cada clase.»
9. El apartado 4 del artículo 140 queda redactado en los siguientes términos:
«4. La declaración de incumplimiento del convenio supondrá la resolución de éste y la desaparición de los efectos sobre los créditos a que se refiere el artículo 136.
No obstante lo anterior, si el incumplimiento afectase a acreedores con privilegio especial que hubiesen quedado vinculados al convenio por aplicación de lo dispuesto en el artículo 134.3 o que se hubiesen adherido voluntariamente al mismo, podrán iniciar o reanudar la ejecución separada de la garantía desde la declaración de incumplimiento y con independencia del eventual inicio de la fase de liquidación. En este caso, el acreedor ejecutante hará suyo el montante resultante de la ejecución en cantidad que no exceda de la deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la masa activa del concurso.»
10. Se introduce una disposición adicional segunda ter en los siguientes términos:
«Disposición adicional segunda ter. Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las administraciones públicas.
En los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las administraciones públicas, se aplicarán las especialidades que se hallen establecidas en la legislación de contratos del sector público y en la legislación específica reguladora de cada tipo de contrato administrativo.
Asimismo, en estos concursos se acordará la acumulación de los procesos concursales ya iniciados cuando se formulen propuestas de convenio que afecten a todos ellos, pudiendo ser presentadas las propuestas de convenio por las administraciones públicas, incluidos los organismos, entidades y sociedades mercantiles vinculadas o dependientes de ellas. Podrá condicionarse la aprobación de la propuesta de convenio presentada en cada uno de los procedimientos concursales a la aprobación de las propuestas de convenio presentadas en los restantes procedimientos concursales acumulados según lo establecido en esta disposición.
La competencia para la tramitación de los concursos acumulados a los que se refiere esta disposición se regulará conforme al artículo 25 bis.3 de la presente ley.»
Dos. Modificaciones en materia de liquidación.
1. Se añade un último párrafo en el artículo 43.3, que queda redactado en los siguientes términos:
«En el caso de transmisión de unidades productivas de bienes o servicios pertenecientes al concursado se estará a lo dispuesto por el artículo 146 bis.»
2. Se añade un número 5.º al apartado 2 del artículo 75, en los siguientes términos:
«5.º Valoración de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas que la integran bajo la hipótesis de continuidad de las operaciones y liquidación.»
3. Se añade un artículo 146 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 146 bis. Especialidades de la transmisión de unidades productivas.
1. En caso de transmisión de unidades productivas, se cederán al adquirente los derechos y obligaciones derivados de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no hubiera sido solicitada. El adquirente se subrogará en la posición contractual de la concursada sin necesidad de consentimiento de la otra parte. La cesión de contratos administrativos se producirá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
2. También se cederán aquellas licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o profesional e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el adquirente continuase la actividad en las mismas instalaciones.
3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores no será aplicable a aquellas licencias, autorizaciones o contratos en los que el adquirente haya manifestado expresamente su intención de no subrogarse. Ello sin perjuicio, a los efectos laborales, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de sucesión de empresa.
4. La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la hubiera asumido expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2.
La exclusión descrita en el párrafo anterior no se aplicará cuando los adquirentes de las unidades productivas sean personas especialmente relacionadas con el concursado.»
4. Se añaden los apartados 5 y 6 al artículo 148 con el siguiente contenido:
«5. Salvo para los acreedores públicos, en el plan de liquidación podrá preverse la cesión de bienes o derechos en pago o para pago de los créditos concursales, con las limitaciones y el alcance previsto, respecto a los bienes afectos a una garantía, en el apartado 4 del artículo 155.
6. El juez, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar la retención de hasta un 10 por ciento de la masa activa del concurso en una cuenta del juzgado. Este montante, que se utilizará para hacer frente a las cantidades que resulten a deber a determinados acreedores, según los pronunciamientos judiciales que se emitan en los recursos de apelación que pudieran interponerse frente a actos de liquidación. Dicha cantidad se liberará cuando los recursos de apelación hayan sido resueltos o cuando el plazo para su interposición haya expirado. La parte del remanente que haya quedado libre tras la resolución o expiración del plazo de interposición de los recursos, será asignada de acuerdo con el orden de prelación legalmente establecido, teniendo en cuenta la parte de créditos que ya hubieren sido satisfechos.»
5. Se modifica el artículo 149, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 149. Reglas legales supletorias.
1. De no aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el aprobado, las operaciones de liquidación se ajustarán a las siguientes reglas:
1.ª El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un todo, salvo que, previo informe de la administración concursal, el juez estime más conveniente para los intereses del concurso su previa división o la realización aislada de todos los elementos componentes o sólo de algunos de ellos.
La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se hará mediante subasta. No obstante, el juez podrá acordar la realización a través de enajenación directa o a través de persona o entidad especializada cuando la subasta quedare desierta o cuando, a la vista del informe de la administración concursal, considere que es la forma más idónea para salvaguardar los intereses del concurso. La transmisión mediante entidad especializada se realizará con cargo a las retribuciones de la administración concursal.
Las resoluciones que el juez adopte en estos casos deberán ser dictadas previa audiencia, por plazo de quince días, de los representantes de los trabajadores y cumpliendo, en su caso, lo previsto en el apartado 4 del artículo 148. Estas resoluciones revestirán la forma de auto y contra ellas no cabrá recurso alguno.
2.ª En el caso de que las operaciones de liquidación supongan la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos y la suspensión o extinción colectivas de las relaciones laborales, se estará a lo dispuesto en el artículo 64.
3.ª Los bienes a que se refiere la regla 1.ª, así como los demás bienes y derechos del concursado se enajenarán, según su naturaleza, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. Para los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se aplicará lo dispuesto en el artículo 155.4, salvo que estuviesen incluidos en los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor que se enajenen en conjunto, en cuyo caso se estará a las siguientes reglas:
a) Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, corresponderá a los acreedores privilegiados la parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho sobre el que se ha constituido la garantía suponga respecto a valor global de la empresa o unidad productiva transmitida.
Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94 será necesario que manifiesten su conformidad a la transmisión los acreedores con privilegio especial que tengan derecho de ejecución separada, que representen al menos el 75 por ciento del pasivo de esta naturaleza afectado por la transmisión y que pertenezcan a la misma clase, según determinación del artículo 94.2. En tal caso, la parte del valor de la garantía que no quedase satisfecha tendrá la calificación crediticia que le corresponda según su naturaleza.
Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el consentimiento de los acreedores privilegiados afectados.
b) Si se transmitiesen con subsistencia de la garantía, subrogándose el adquirente en la obligación del deudor, no será necesario el consentimiento del acreedor privilegiado, quedando excluido el crédito de la masa pasiva. El juez velará por que el adquirente tenga la solvencia económica y medios necesarios para asumir la obligación que se transmite.
4.ª En caso de enajenación del conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas de la misma mediante subasta se fijará un plazo para la presentación de ofertas de compra de la empresa, que deberán incluir una partida relativa a los gastos realizados por la empresa declarada en concurso para la conservación en funcionamiento de la actividad hasta la adjudicación definitiva, así como la siguiente información:
a) Identificación del oferente, información sobre su solvencia económica y sobre los medios humanos y técnicos a su disposición.
b) Designación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o autorizaciones incluidos en la oferta.
c) Precio ofrecido, modalidades de pago y garantías aportadas. En caso de que se transmitiesen bienes o derechos afectos a créditos con privilegio especial, deberá distinguirse en la oferta entre el precio que se ofrecería con subsistencia o sin subsistencia de las garantías.
d) Incidencia de la oferta sobre los trabajadores.
Si la transmisión se realizase mediante enajenación directa, el adquirente deberá incluir en su oferta el contenido descrito en esta regla 4.ª
5.ª No obstante lo previsto en la regla 1.ª, entre ofertas cuyo precio no difiera en más del 10 por ciento de la inferior, podrá el juez acordar la adjudicación a esta cuando considere que garantiza en mayor medida la continuidad de la empresa, o en su caso de las unidades productivas, y de los puestos de trabajo, así como la mejor satisfacción de los créditos de los acreedores.
2. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo.
3. En el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, el juez acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial conforme al artículo 90 y se hayan transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen.»
6. Se modifica el artículo 155.2, que quedará redactado en los siguientes términos:
«2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en tanto no transcurran los plazos señalados en el apartado 1 del artículo 56 o subsista la suspensión de la ejecución iniciada antes de la declaración de concurso, conforme al apartado 2 del mismo artículo, la administración concursal podrá comunicar a los titulares de estos créditos con privilegio especial que opta por atender su pago con cargo a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. Comunicada esta opción, la administración concursal habrá de satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortización e intereses vencidos y asumirá la obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa y en cuantía que no exceda del valor de la garantía, calculado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94. En caso de incumplimiento, se realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer los créditos con privilegio especial.»
Tres. Modificaciones en materia de calificación.
1. Se modifica el artículo 167, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. La formación de la sección sexta se ordenará en la misma resolución judicial por la que se apruebe el convenio, el plan de liquidación o se ordene la liquidación conforme a las normas legales supletorias.
Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no procederá la formación de la sección de calificación del concurso cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que resulte incumplido.
La sección se encabezará con testimonio de la resolución judicial y se incorporarán a ella testimonios de la solicitud de declaración de concurso, la documentación aportada por el deudor, el auto de declaración de concurso y el informe de la administración.
2. En caso de reapertura de la sección de calificación por incumplimiento de convenio, se procederá del siguiente modo, a los efectos de determinar las causas del incumplimiento y las responsabilidades a que hubiere lugar:
1.º Si se hubiere dictado auto de archivo o sentencia de calificación, en la misma resolución judicial que acuerde la apertura de la liquidación por razón del incumplimiento del convenio se ordenará la reapertura de la sección, con incorporación a ella de las actuaciones anteriores y de la propia resolución.
2.º En otro caso, la referida resolución judicial ordenará la formación de una pieza separada dentro de la sección de calificación que se hallare abierta, para su tramitación de forma autónoma y conforme a las normas establecidas en este capítulo que le sean de aplicación.»
Disposición adicional primera. Medidas de saneamiento en situaciones preconcursales.
A los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, las actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo 5 bis y de la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán la consideración de medidas de saneamiento. Serán de aplicación a estas actuaciones los mismos efectos que establece para la apertura de concurso el capítulo II del título I de dicho Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo.
Disposición adicional segunda. Establecimiento de un portal de acceso telemático.
En el plazo de seis meses, se creará en el «Boletín Oficial de Estado» un portal de acceso telemático en el que figurará una relación de las empresas en fase de liquidación concursal y cuanta información resulte necesaria para facilitar su enajenación.
Disposición adicional tercera. Comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de sobreendeudamiento.
1. Se crea la comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y concursales.
2. La comisión estará integrada por los siguientes miembros permanentes:
a) Dos nombrados por el Ministerio de Economía y Competitividad, uno de los cuales asumirá la presidencia.
b) Dos nombrados por el Ministerio de Justicia, uno de los cuales asumirá las funciones de secretaría.
c) Uno nombrado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
d) Uno nombrado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
e) Uno nombrado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
f) Uno nombrado por el Banco de España.
g) Un juez nombrado por el Consejo General del Poder Judicial.
3. El presidente de la comisión, en atención a las materias a tratar en las reuniones, requerirá, por propia iniciativa o a solicitud de cualquiera de los miembros de la comisión, la intervención de representantes de otros departamentos ministeriales que pudieran resultar interesados, de los sectores que se vean afectados por las medidas o de otras personas que, por en atención a sus conocimientos técnicos, se estime precedente.
4. La comisión tendrá atribuidas las siguientes funciones:
a) Realizar un seguimiento de la efectividad de las medidas adoptadas por este real decreto-ley en materia concursal y de refinanciación preconcursal de deuda y sobre la evolución del endeudamiento del sector privado y sus implicaciones macroeconómicas.
b) Evaluar su aplicación y, en su caso, proponer al Gobierno las reformas que resulte conveniente acometer para facilitar la reestructuración preconcursal o concursal de deuda de empresas económicamente viables.
c) Verificar el cumplimiento de los códigos de buenas prácticas que se puedan adoptar en materia de refinanciación preconcursal de deudas.
5. La comisión de seguimiento determinará sus normas de funcionamiento y se reunirá cada vez que sea convocada por su presidente, por propia iniciativa o a instancia de cuatro de sus miembros. Estará, asimismo, facultada para establecer su propio régimen de convocatorias.
6. La comisión podrá solicitar, directamente o a través de alguno de sus miembros, la información relativa a acuerdos de refinanciación y reestructuración preconcursales y procesos concursales que considere necesaria para el adecuado ejercicio de esta función.
7. Con periodicidad anual, la comisión elaborará un informe sobre el resultado del ejercicio de sus funciones que deberá remitirse al Gobierno y a la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados.
Disposición adicional cuarta. Negociación en sistemas multilaterales de negociación de los fondos de titulización de activos dirigidos a inversores institucionales.
Cuando los valores emitidos por un fondo de titulización de activos se dirijan exclusivamente a inversores institucionales, la transmisión de los mismos sólo se podrá realizar entre inversores pertenecientes a dicha categoría, y solo podrán ser objeto de negociación en un sistema multilateral de negociación en el que la suscripción y negociación de valores esté restringida a inversores cualificados.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
1. Lo dispuesto en los números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del apartado uno y en los números 2, 5 y 6 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya emitido el informe de la administración concursal.
2. Lo dispuesto en los números 1, 3 y 4 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya iniciado la fase de liquidación.
3. Lo dispuesto en el número 5 del apartado uno del artículo único y en el número 1 del apartado tres del artículo único será de aplicación a todos los procedimientos concursales en tramitación en los que no se hubiese votado una propuesta de convenio.
4. Lo dispuesto en el número 10 del apartado uno del artículo único resultará de aplicación a todos los contratos administrativos que no se hayan extinguido, cualquiera que sea su fecha de adjudicación, con independencia de la fase en que se hallen los procedimientos concursales.
Igualmente, lo dispuesto en el número 8 del apartado uno del artículo único será aplicable a los procedimientos concursales a que se refiere el párrafo anterior en los que no se hubiera abierto la fase de liquidación.
Cuando en los procedimientos a que se refiere este apartado hubiera precluido el plazo legalmente establecido para presentar propuesta de convenio pero aún no se hubiera abierto la fase de liquidación, o se hubiera iniciado el cómputo de dicho plazo, el Juez del concurso dictará resolución concediendo nuevo plazo para presentar propuestas de convenio.
Disposición transitoria segunda. Limitación a la homologación judicial.
A los deudores que hubieran celebrado acuerdos de refinanciación homologados judicialmente durante el año anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley, no les será de aplicación la limitación de un año prevista en el apartado 12 de la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para solicitar una nueva homologación judicial.
Disposición transitoria tercera. Régimen de los convenios concursales.
1. Los convenios concursales aprobados en aplicación de la normativa que deroga este real decreto-ley deberán cumplirse íntegramente.
2. En caso de incumplimiento en los dos años siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, el deudor o los acreedores que representen al menos el 30 por ciento del pasivo total existente al tiempo del incumplimiento podrán solicitar la modificación del convenio con aplicación de las medidas introducidas por este real decreto-ley. La solicitud deberá acompañarse de una propuesta de modificación.
3. De la solicitud se dará traslado, según los casos, al deudor y a los acreedores que no la hubieran formulado para que en el plazo de diez días manifiesten si aceptan o se oponen a la modificación propuesta. Para entenderse aceptada la modificación, deberán adherirse los acreedores que representen las siguientes mayorías de pasivo:
a) En el caso de acreedores ordinarios:
1.º El 60 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.a).
2.º El 75 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.b).
b) En el caso de acreedores privilegiados:
1.º El 65 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2 para la modificación de las medidas previstas en el apartado a) 1.º anterior.
2.º El 80 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2, para la modificación de las medidas previstas en el apartado a) 2.º anterior.
El cómputo de las anteriores mayorías se calculará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 134.
4. El juez dictará sentencia aprobando o denegando la modificación del convenio en el plazo de 10 días. Solo podrá aprobar la modificación cuando las medidas propuestas garanticen la viabilidad del concursado.
Si se aprobase la modificación, sus efectos se extenderán a los acreedores con créditos privilegiados u ordinarios que no se hubiesen manifestado a favor de la misma y a los acreedores subordinados.
5. Lo previsto en esta disposición no será aplicable a los acreedores públicos, que quedarán excluidos del cómputo y de las mayorías previstas en este precepto.
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio en los procedimientos de ejecución.
1. La modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, introducidas por la disposición final tercera del presente real decreto-ley serán de aplicación a los procedimientos de ejecución iniciados a su entrada en vigor que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. En todo caso, en los procedimientos de ejecución en curso a la entrada en vigor de este real decreto-ley en los que se hubiere dictado el auto desestimatorio a que se refiere el párrafo primero del apartado 4 del artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por este real decreto-ley, las partes ejecutadas dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para formular recurso de apelación basado en la existencia de las causas de oposición previstas en el apartado 7.º del artículo 557.1 y en el apartado 4.º del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho plazo se computará desde el día siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
3. La publicidad de la presente disposición tendrá el carácter de comunicación plena y válida a los efectos de notificación y cómputo de los plazos previstos en el apartado 2 de esta disposición, no siendo necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
La disposición transitoria del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, queda redactada en los siguientes términos:
«Se suspende, hasta el 31 de diciembre de 2016, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 348 bis de esta ley.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
Se añade una nueva letra k) al artículo 36.4 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, con la siguiente redacción:
«k) Los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria se tendrán en cuenta, a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal, aun cuando la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria tuviera la consideración de persona especialmente relacionada con el deudor conforme al apartado 2 del artículo 93 de la Ley Concursal.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
El apartado 4 del artículo 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado en los siguientes términos:
«4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución, la inaplicación de una cláusula abusiva o la desestimación de la oposición por la causa prevista en el apartado 1.4.º anterior, podrá interponerse recurso de apelación.
Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten.»
Disposición final cuarta. Título competencial.
1. La modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, contenida en el artículo único de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación mercantil y de legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
2. Las disposiciones adicionales primera a cuarta se dictan al amparo del artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia legislación mercantil, de ordenación de crédito, banca y seguros y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
3. Las demás modificaciones de textos legales contenidas en las disposiciones finales primera a tercera del presente real decreto-ley se amparan en el título competencial establecido en la norma objeto de modificación.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 5 de septiembre de 2014.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY | Real Decreto Ley que vuelve a reformar la ley concursal | I
El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial flexibilizó el régimen de los convenios pre-concursales de acuerdo con algunas premisas básicas. La primera de ellas es considerar que la continuidad de las empresas económicamente viables es beneficiosa no sólo para las propias empresas, sino para la economía en general y, muy en especial, para el mantenimiento del empleo. La segunda de las premisas era acomodar el privilegio jurídico a la realidad económica subyacente, pues muchas veces el reconocimiento de privilegios carentes de fundamento venía a ser el obstáculo principal de los acuerdos pre-concursales. La tercera de las premisas era respetar en la mayor medida posible la naturaleza jurídica de las garantías reales (pero siempre, y tomando en cuenta la segunda premisa, de acuerdo con su verdadero valor económico).
Este real decreto-ley aborda la extensión de las premisas anteriores al propio convenio concursal.
II
Además de lo anterior, se adoptan una serie de medidas para flexibilizar la transmisión del negocio del concursado o de alguna de sus ramas de actividad, ya que en la actualidad existen algunas trabas, que, bien durante la tramitación del proceso concursal, bien cuando la liquidación del concursado sea inevitable, están dificultando su venta.
Desde esta perspectiva, las modificaciones que se introducen en esta materia tienen en última instancia la misma finalidad que las relativas al convenio concursal: facilitar en la mayor medida posible la continuación de la actividad empresarial, lo cual ha de redundar no sólo en beneficio de la propia empresa, sino también de sus empleados y acreedores y de la economía en general.
III
La parte dispositiva de este real decreto-ley consta de un único artículo, dividido a su vez en tres apartados, en cuya virtud se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, Ley Concursal) relativos al convenio concursal y a la fase de liquidación, así como a otros preceptos de la misma ley íntimamente relacionados con dichos aspectos.
Respecto al convenio concursal, se introducen, en primer lugar, previsiones análogas a las de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal (en redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo) relativas a la valoración de las garantías sobre las que recae el privilegio especial. Para ello se modifican los artículos 90 y 94 de la Ley Concursal. De este modo se sigue manteniendo una regla que parece no solo la más razonable desde el punto de vista económico sino que también es una síntesis de las reglas vigentes en nuestro derecho acerca de la purga de las garantías posteriores, del mantenimiento de las preferentes y de la atribución del eventual sobrante en caso de ejecución por parte de alguno de los titulares de garantías reales. Parece, en efecto, difícil cuestionar que para obtener el verdadero valor de una garantía es necesario deducir del valor razonable del bien sobre el que ésta recae el importe de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien. También parece una regla de prudencia reducir dicho valor razonable en un diez por ciento por cuanto la garantía, de hacerse efectiva, requerirá la ejecución del bien o derecho sobre el que esté constituida, lo cual entraña unos costes y dilaciones que reducen el valor de la garantía en, al menos, dicho porcentaje.
Piénsese que de no adoptarse una medida como la presente resulta que los créditos privilegiados pueden multiplicarse ad infinitum cuando su garantía recae sobre un mismo bien, sin que el valor de dicho bien se vea en absoluto incrementado. Por poner un ejemplo práctico, hoy por hoy es posible tener cinco hipotecas de 100 sobre un bien que vale 100, llegándose así al absurdo de tener un pasivo privilegiado a efectos concursales por 500 garantizados por un bien que vale 100. No debe olvidarse, por otro lado, que uno de los principios que debe necesariamente regir el concurso es el de pars conditio creditorum y que la extensión indefinida de los privilegios es una contradicción palmaria de dicho principio. Además, el resultado práctico es que los acreedores que se benefician de dichas garantías únicamente tendrán un derecho de abstención que en nada beneficiará al convenio y a la continuidad de la empresa, y que en ningún caso garantizará el cobro efectivo de su deuda, menos aún si el concursado debe ir a liquidación. Téngase en cuenta que, en caso de liquidación o incluso de ejecución singular del bien hipotecado, el acreedor recibirá como mucho el valor de la garantía. Del resto de crédito no cubierto por la garantía, no cobrará más que aquella parte que hubiera quedado indemne en el convenio, aunque muy probablemente menos en un contexto de liquidación y no de empresa en funcionamiento.
Tampoco puede considerarse que la determinación del valor de la garantía sea un recorte del crédito garantizado. Es simplemente una valoración diferenciada del derecho principal y del derecho accesorio. No se pone en cuestión el derecho principal, sino que se permite aclarar qué parte del mismo se beneficiará del derecho accesorio y cuál no, debiendo en la segunda recibir el mismo trato que corresponda al crédito según su naturaleza.
En segundo lugar, otra modificación relevante en materia de convenios concursales es la ampliación del quórum de la junta de acreedores, atribuyendo derecho de voto a algunos acreedores que hasta ahora no lo tenían. Si las medidas adoptadas en materia de valoración de garantías deben conducir ya de por sí a la ampliación de dicho quórum, también deberán hacerlo las medidas que reconocen derecho de voto en general a los acreedores que hubiesen adquirido sus derechos de crédito con posterioridad a la declaración de concurso (exceptuando siempre a los que tengan una vinculación especial con el deudor). Hasta ahora sólo se les reconocía derecho de voto cuando la adquisición hubiese sido a título universal, como consecue
### RESUMEN: Real Decreto Ley que vuelve a reformar la ley concursal |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Dirección General de Infraestructura.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Sección Económico Financiera.
2) Domicilio:
Paseo de la Castellana, 109.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28046.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.contrataciondelestado.es.
d) Número de expediente:
1/00/42/13/0690.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministros.
b) Descripción:
Licencias corporativas Microsoft.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Urgente.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe total: 2.291.279,50 euros.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
28 de junio de 2013 hasta las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro General del Ministerio de Defensa.
2) Domicilio:
Paseo de la Castellana, 109 (entrada C/ Capitán Haya).
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28046.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Salón de actos de la Dirección General de Infraestructura.
b) Dirección:
Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad y código postal:
Madrid, 28046.
d) Fecha y hora:
12 de julio de 2013, a las 10:00 horas.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
27 de mayo de 2013.
Madrid, 28 de mayo de 2013.- El Jefe de la Sección Económico Financiera. | Contrato para la compra de licencias Microsoft para el Ministerio de Defensa por importe total de 2.291.279,50 euros. | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Dirección General de Infraestructura.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Sección Económico Financiera.
2) Domicilio:
Paseo de la Castellana, 109.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28046.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.contrataciondelestado.es.
d) Número de expediente:
1/00/42/13/0690.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministros.
b) Descripción:
Licencias corporativas Microsoft.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Urgente.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe total: 2.291.279,50 euros.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
28 de junio de 2013 hasta las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro General del Ministerio de Defensa.
2) Domicilio:
Paseo de la Castellana, 109 (entrada C/ Capitán Haya).
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28046.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Salón de actos de la Dirección General de Infraestructura.
b) Dirección:
Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad y código postal:
Madrid, 28046.
d) Fecha y hora:
12 de julio de 2013, a las 10:00 horas.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
27 de mayo de 2013.
Madrid, 28 de mayo de 2013.- El Jefe de la Sección Económico Financiera.
### RESUMEN: Contrato para la compra de licencias Microsoft para el Ministerio de Defensa por importe total de 2.291.279,50 euros. |
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de noviembre de 2021.
Madrid, 28 de diciembre de 2021.–El Interventor General de la Administración del Estado, Pablo Arellano Pardo. | La ejecución del presupuesto a 30/11. | En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de noviembre de 2021.
Madrid, 28 de diciembre de 2021.–El Interventor General de la Administración del Estado, Pablo Arellano Pardo.
### RESUMEN: La ejecución del presupuesto a 30/11. |
A propuesta del Presidente del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de mayo de 2021,
Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Daniel Fuentes Castro como Director del Departamento de Información Económica de la Secretaría de Estado de Comunicación, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid, el 11 de mayo de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN | Dimisión de Daniel Fuentes Castro como director del departamento de información económica de la Secretaría de Estado de Comunicación | A propuesta del Presidente del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de mayo de 2021,
Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Daniel Fuentes Castro como Director del Departamento de Información Económica de la Secretaría de Estado de Comunicación, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid, el 11 de mayo de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
### RESUMEN: Dimisión de Daniel Fuentes Castro como director del departamento de información económica de la Secretaría de Estado de Comunicación |
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 10 de junio de 2014, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la legalidad de las actuaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, de los Fondos de Garantía de Depósitos y del Banco de España relacionadas con la reestructuración bancaria, referida al periodo 2009-2012:
ACUERDA
Instar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a:
1. Mantener, en el eventual caso de la apertura de un nuevo proceso de apoyo a las entidades financieras, la extrema diligencia en la adopción de todas las medidas que la normativa le permite (tanto la de carácter general que gobierna el régimen societario como la específica que regula los procesos de reestructuración y resolución), con objeto de asegurar la defensa del interés público en las entidades participadas o apoyadas por el Fondo.
2. Extremar la diligencia en adoptar todas las medidas que la normativa le permite con objeto de asegurar la defensa del interés público en las entidades participadas o apoyadas por el Fondo.
3. Establecer mecanismos claros y transparentes de seguimiento, control e información de los apoyos financieros públicos empleados o comprometidos en la reestructuración de entidades financieras, así como de la gestión de esos apoyos por parte de las entidades financieras destinatarias.
4. Emprender todas las actuaciones judiciales precisas para la recuperación de los recursos que hayan podido sustraerse de las entidades de crédito beneficiarias de apoyos financieros por sus directivos y administradores de una forma no ajustada a derecho.
Instar al Gobierno de la Nación a:
5. Continuar fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y adecuada rendición de cuentas sobre la utilización de los diferentes instrumentos de reestructuración y resolución de entidades de crédito, y, en particular, aquellos en los que haya de emplearse alguna forma de ayuda financiera pública. Todo ello en línea con el trabajo ya adelantado en España en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito y al hilo del proceso de transposición de la normativa europea sobre la materia.
Instar al Tribunal de Cuentas a:
6. Realizar los informes de fiscalización relacionados con el sistema financiero mejorando la sistemática en la elaboración que evite la agregación y exposición conjunta de conceptos de distinta naturaleza y en coherencia con los criterios técnicos establecidos para el análisis de los aspectos de registro de operaciones financieras, analizando otros posibles aspectos adicionales de manera independiente y de conformidad con criterios objetivamente evaluables.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2014- El Presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Ricardo Tarno Blanco.–La Secretaria Primera de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Celia Alberto Pérez. | Tribunal de Cuentas instó al FROB en junio a emprender acciones legales para recuperar lo robado por directivos | La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 10 de junio de 2014, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la legalidad de las actuaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, de los Fondos de Garantía de Depósitos y del Banco de España relacionadas con la reestructuración bancaria, referida al periodo 2009-2012:
ACUERDA
Instar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a:
1. Mantener, en el eventual caso de la apertura de un nuevo proceso de apoyo a las entidades financieras, la extrema diligencia en la adopción de todas las medidas que la normativa le permite (tanto la de carácter general que gobierna el régimen societario como la específica que regula los procesos de reestructuración y resolución), con objeto de asegurar la defensa del interés público en las entidades participadas o apoyadas por el Fondo.
2. Extremar la diligencia en adoptar todas las medidas que la normativa le permite con objeto de asegurar la defensa del interés público en las entidades participadas o apoyadas por el Fondo.
3. Establecer mecanismos claros y transparentes de seguimiento, control e información de los apoyos financieros públicos empleados o comprometidos en la reestructuración de entidades financieras, así como de la gestión de esos apoyos por parte de las entidades financieras destinatarias.
4. Emprender todas las actuaciones judiciales precisas para la recuperación de los recursos que hayan podido sustraerse de las entidades de crédito beneficiarias de apoyos financieros por sus directivos y administradores de una forma no ajustada a derecho.
Instar al Gobierno de la Nación a:
5. Continuar fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y adecuada rendición de cuentas sobre la utilización de los diferentes instrumentos de reestructuración y resolución de entidades de crédito, y, en particular, aquellos en los que haya de emplearse alguna forma de ayuda financiera pública. Todo ello en línea con el trabajo ya adelantado en España en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito y al hilo del proceso de transposición de la normativa europea sobre la materia.
Instar al Tribunal de Cuentas a:
6. Realizar los informes de fiscalización relacionados con el sistema financiero mejorando la sistemática en la elaboración que evite la agregación y exposición conjunta de conceptos de distinta naturaleza y en coherencia con los criterios técnicos establecidos para el análisis de los aspectos de registro de operaciones financieras, analizando otros posibles aspectos adicionales de manera independiente y de conformidad con criterios objetivamente evaluables.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2014- El Presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Ricardo Tarno Blanco.–La Secretaria Primera de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Celia Alberto Pérez.
### RESUMEN: Tribunal de Cuentas instó al FROB en junio a emprender acciones legales para recuperar lo robado por directivos |
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dispone que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, hombres y mujeres, actuarán de uniforme o sin él, en función del destino que ocupen y del servicio que desempeñen.
El Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas generales relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía, constituye la disposición básica en materia de uniformidad, completada por varias órdenes ministeriales y diversas resoluciones, normativa en la que se regulan los diferentes tipos de uniforme, los servicios que los utilizan, las prendas que los conforman, sus características técnicas, así como el lugar en el que se deben colocar los distintivos, divisas y condecoraciones.
Esta orden tiene por objeto regular la uniformidad en el Cuerpo Nacional de Policía, haciendo uso de la autorización al Ministro del Interior para dictar las disposiciones que requiera el desarrollo del Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, contenida en la disposición final segunda del mismo. Ello se lleva a cabo refundiendo en un único texto las diversas órdenes ministeriales vigentes en materia de uniformidad de tal institución, tales como la Orden de 8 de febrero de 1988 por la que se establecen los distintivos, el carnet profesional, la placa emblema y las divisas del Cuerpo Nacional de Policía, modificada por la Orden de 24 de noviembre de 1988; la Orden INT/2160/2008, de 17 de julio, por la que se regulan determinados aspectos de la uniformidad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía; la Orden de 1 de octubre de 1992 por la que se complementan diversos aspectos de la regulación sobre la uniformidad y distintivos del Cuerpo Nacional de Policía y la Orden INT/1376/2009, de 25 de mayo, por la que se complementa la regulación sobre distintivos del Cuerpo Nacional de Policía.
El tiempo transcurrido desde la implantación de la referida uniformidad, la diversidad de normativa vigente sobre la materia y la conveniencia de introducir cambios en el sistema de divisas y distintivos del Cuerpo Nacional de Policía constituyen factores que exigen que se proceda a una adecuación de la uniformidad del Cuerpo Nacional de Policía, que si bien mantenga los rasgos y características de la imagen ya consolidada, incorpore nuevos elementos que contribuyan a mejorar la visibilidad de la misma.
En la tramitación de esta orden ministerial ha informado el Consejo de Policía.
En virtud de cuanto acontece, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Obligatoriedad de las normas sobre uniformidad.
1. El Cuerpo Nacional de Policía es un cuerpo uniformado. Sus miembros actuarán de uniforme o sin él en función del destino que ocupen y del servicio que desempeñen, y observarán las normas de uniformidad previstas en esta orden y demás disposiciones que regulen la materia.
2. Los superiores jerárquicos velarán por que los subordinados cumplan con la obligación de vestir debidamente el uniforme policial, tomando las medidas correctoras o disciplinarias que procedan, en caso de incumplimiento de las normas de uniformidad, incurriendo en la misma responsabilidad que los autores de la infracción aquellos que, en su caso, las toleren o no procedan a corregirlas.
CAPÍTULO II
Uniformidad
Artículo 2. Uniformes, función y exclusividad de uso.
1. Los uniformes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía estarán constituidos por las prendas que se relacionan en esta orden, además de por aquellas otras que, para determinadas unidades especiales y servicios específicos, puedan establecerse.
2. El uso del uniforme por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía acreditará su condición de agentes de la autoridad, sin perjuicio de la obligación que tienen de exhibir el carné profesional cuando sean requeridos por los ciudadanos para identificarse, con motivo de sus actuaciones policiales.
3. Con independencia de lo previsto en los artículos siguientes, el uniforme de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía será de utilización por los integrantes del mismo mientras se encontraren de servicio, salvo el de gran gala que podrá usarse en determinados actos sociales relevantes que no menoscaben el prestigio del Cuerpo Nacional de Policía.
4. Queda prohibido el uso del uniforme del Cuerpo Nacional de Policía, así como el de otros similares que por sus características puedan inducir a error o confusión, por personas, colectivos o cuerpos diferentes.
Artículo 3. Tipos de uniformes.
1. En el Cuerpo Nacional de Policía existirán los uniformes de trabajo, de representación, de gala y de gran gala que se relacionan en el anexo I, así como los uniformes de las unidades especiales y servicios específicos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.
2. Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía vienen obligados a vestir el tipo y modalidad de uniforme en los términos previstos en esta orden, quedando prohibidos la combinación de prendas de uno u otro que no esté autorizada expresamente.
Artículo 4. Uniforme de trabajo y uniforme de representación.
1. Tiene la consideración de uniforme de trabajo el utilizado por los miembros del Cuerpo Nacional de Policía para los servicios más usuales en los que no se haya preceptuado de forma concreta otro uniforme distinto.
2. El uniforme de representación será utilizado por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía cuando, en función del puesto de trabajo que desempeñen, deban realizar funciones de representación así como para la asistencia a reuniones o actos de carácter institucional, cuando así se determine por la superioridad.
3. Tanto el uniforme de trabajo como el uniforme de representación tendrán las modalidades de invierno/verano.
4. Con el uniforme de trabajo se podrán utilizar, indistintamente, zapatos técnicos en lugar de botas negras en aquellos servicios no operativos, puestos fronterizos, oficinas de denuncias y atención al ciudadano y, en su caso, para las áreas de gestión y similares. Asimismo, serán de uso potestativo por los funcionarios las prendas de abrigo y agua en todos los uniformes, siempre que correspondan con la tipología del mismo.
5. La autorización para los cambios de modalidad invierno/verano, atendiendo a las distintas condiciones climatológicas de cada región policial, corresponde concederla a los jefes superiores de policía, salvo en el ámbito de los servicios centrales y la Jefatura Superior de Madrid que le corresponde al Director Adjunto Operativo. Estos determinarán las fechas y periodos de uso de las modalidades de invierno y verano.
6. La variación de la modalidad del uniforme deberá afectar a todos los funcionarios de la región policial obligados al uso de uniforme, salvo cuando la climatología de alguna localidad difiera notablemente de la del resto de la región, o cuando las condiciones ambientales de alguna dependencia así lo requieran.
7. Los cambios obedecerán a variaciones de temperatura que no sean de carácter esporádico, y siempre se comunicarán a los funcionarios con la suficiente antelación para que adopten las previsiones oportunas.
Artículo 5. Uniforme de las unidades especiales y servicios específicos.
1. A los exclusivos efectos de esta orden, tienen la consideración de unidades especiales y servicios específicos: el Grupo Especial de Operaciones (GEO), los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), los TEDAX-NRBQ, las Unidades de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Caballería, la Unidad de Guías Caninos, la Unidad de Subsuelo y Protección Ambiental, las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), y el Servicio de Medios Aéreos.
2. La descripción del uniforme de las unidades especiales y servicios específicos se recogerá en su normativa específica.
Artículo 6. Uniforme de gala y de gran gala.
1. Los uniformes de gala y de gran gala se vestirán en los actos oficiales y públicos que así lo exijan, y en las actividades policiales de marcada significación que se determinen por la Dirección General de la Policía.
2. Los componentes de las unidades especiales y servicios específicos enumerados en el artículo anterior, podrán utilizar como prenda de cabeza en la modalidad de gala la boina si así estuviese determinado para su uniformidad especial.
Artículo 7. Uniformidad en la Escuela Nacional de Policía, Centro de Altos Estudios Policiales y Centro de Actualización y Especialización.
1. El alumnado de la Escuela Nacional de Policía, del Centro de Altos Estudios Policiales y del Centro de Actualización y Especialización vestirá el uniforme de trabajo, salvo las excepciones de los párrafos b) y c) del artículo 9.2.
2. El Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento, a propuesta de los directores de dichos centros, y para cada uno de ellos, podrá establecer, la utilización del uniforme de trabajo o de representación de forma unitaria para todo el centro.
Artículo 8. Uniformidad en el extranjero.
1. Los funcionarios que presten servicio en el extranjero vestirán el tipo de uniforme equivalente al que lleven los cuerpos policiales del país en el que se preste servicio, permitiendo adecuar su uso al servicio que se esté prestando en cada momento.
2. Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que participen en operaciones de paz en el ámbito de la ONU, portarán el mismo uniforme de trabajo que se lleva en el territorio nacional, con la única diferencia de la boina azul y el distintivo de Naciones Unidas, que se colocará en el brazo derecho y la leyenda «España» en el brazo izquierdo sobre el distintivo genérico del Cuerpo Nacional de Policía.
3. Cuando participen de uniforme en el ámbito de la Unión Europea, portarán boina azul cobalto, con doce estrellas doradas y el distintivo de la Unión Europea, que se colocará en el brazo derecho y la leyenda «España» en el brazo izquierdo sobre el distintivo genérico del Cuerpo Nacional de Policía.
Artículo 9. Excepciones y particularidades en el uso del uniforme.
1. El Director General de la Policía, a propuesta del Director Adjunto Operativo, Subdirectores Generales, comisarios generales y jefes de división, a nivel central, y de los jefes superiores, a nivel periférico, determinará aquellos destinos y servicios en los que resulte aconsejable no utilizar el uniforme. En todo caso, se exceptúa de la obligación de uso del uniforme:
a) A los funcionarios dedicados a la investigación que se hallen prestando servicio en áreas de Información, Policía Judicial y Extranjería, así como en Protección de Personas.
b) A los funcionarios que se hallen prestando servicio en Unidades o Grupos de Seguridad Ciudadana, que por necesidades del servicio, deban vestir de paisano, siempre bajo el superior criterio del jefe de la dependencia respectiva.
c) Al personal de Taller y Depósito del Servicio de Armamento, y los Mecánicos en todas sus especialidades de Servicios de Automoción, que irán provistos de mono de trabajo.
d) A la Banda Sinfónica de Música, que utilizará en sus actuaciones públicas, con carácter general, el uniforme de gala.
Sobre las prendas reseñadas en los párrafos c) y d) habrán de exhibirse las divisas correspondientes a la categoría que se ostente.
2. Se podrá excepcionar el uso de uniforme en los siguientes casos:
a) Al personal que acuda a reuniones institucionales en representación del Cuerpo Nacional de Policía, tanto dentro de España como fuera del país, cuando así se determine por el organismo convocante, o por el jefe de su dependencia.
b) Al personal que tenga algún impedimento físico, transitorio o permanente, debidamente justificado con prescripción médica.
c) A las mujeres en periodo de gestación, que podrán prescindir del uniforme a partir del tercer mes de embarazo o antes si las circunstancias así lo aconsejan.
3. La División de Formación y Perfeccionamiento determinará la obligatoriedad de asistir con uniforme o sin él a los cursos que imparte, atendiendo a los criterios establecidos en esta orden.
Con ocasión de la asistencia a cursos o conferencias en calidad de ponente, en representación del Cuerpo Nacional Policía, se deberá asistir al mismo debidamente uniformado, salvo que se determine lo contrario por la autoridad, organismo o entidad convocante.
4. Los jefes de prensa y personal encargado de las relaciones con los medios de comunicación de los gabinetes de prensa de los distintos órganos del Cuerpo Nacional de Policía, tanto centrales como periféricos, deberán comparecer ante estos medios, debidamente uniformados.
5. El personal femenino utilizará el pantalón o la falda del uniforme de gala, atendiendo a la convocatoria del acto. Los servicios de protocolo podrán llevar el uniforme de representación con falda, cuando la naturaleza del acto así lo requiera.
6. Podrán hacer uso de bata, sobre el uniforme de trabajo, cuando éste sea preceptivo, el personal destinado en:
a) Servicios de Informática y Telecomunicaciones.
b) Policía Científica, Laboratorios y Servicios Médicos.
c) Especialistas de Armamento.
d) Jefes de Taller.
e) Profesores de Seguridad Vial del Servicio de Automoción.
f) Todo aquel que debido a las condiciones del puesto de trabajo o por razón del manejo de aparatos o instrumental, así lo hiciera aconsejable, siempre y cuando se siga un criterio uniforme en cuanto a su utilización.
Sobre la bata habrán de exhibirse las divisas correspondientes a la Categoría que se ostente.
Artículo 10. Otra indumentaria.
Cuando la prestación de determinados servicios así lo requiera, el Director General de la Policía, atendiendo al criterio de la Comisión Técnica de Uniformidad, Vestuario y Equipamiento, previo informe de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial, podrá establecer el uso de equipamiento personal, indumentaria complementaria o especial, sin que los mismos formen parte de la uniformidad reglamentaria.
CAPÍTULO III
Divisas y Distintivos
Sección 1.ª De las divisas
Artículo 11. Divisas.
1. Todas las divisas tienen integrado en su soporte como elemento principal la Corona Real de España forrada de gules o rojo.
2. El diseño, contenido, descripción y características técnicas de las divisas, serán las que se determinan en el anexo II.
Artículo 12. Ubicación de las divisas.
1. Con carácter general, las divisas se portarán en el uniforme sobre las hombreras de la prenda superior, así como en el lugar específico que para otras prendas se determine en esta orden y en las disposiciones de desarrollo, en su caso. En el uniforme de gran gala, las divisas irán situadas en la bocamanga de la guerrera.
2. En las prendas de uniformidad exteriores como el anorak y en aquellas otras complementarias como la bata y el mono de trabajo, irán colocadas sobre una base de fieltro en PVC, en la parte superior izquierda, por encima de la línea de los tedios.
Sección 2.ª De los distintivos genéricos de identificación de uso preceptivo
Artículo 13. Carné profesional.
Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía usarán el carné profesional como documento identificador de acuerdo con las previsiones establecidas en el Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas generales relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía y demás normas concordantes. Su diseño, características técnicas y funciones se regulan en la Orden INT/761/2007, de 20 de marzo, por la que se aprueba el modelo de carné profesional de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y otros documentos identificativos para determinado personal que presta sus servicios en la Dirección General de Policía y de la Guardia Civil.
Artículo 14. Placa-emblema de identificación profesional.
1. La placa-emblema es un distintivo de identificación de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Los elementos que la componen formarán el escudo nacional y llevarán la leyenda Cuerpo Nacional de Policía y el número de identificación personal, troquelado en la base del conjunto.
2. El diseño y las características técnicas de la placa emblema, y de la cartera porta-carné, serán las que se establecen en el anexo III.
Artículo 15. Distintivo general de brazo.
El distintivo de brazo forma parte de la uniformidad reglamentaria y por tanto su uso es obligatorio. Está compuesto por la bandera nacional, el emblema-escudo del Cuerpo Nacional de Policía y bordeándolo la leyenda: Cuerpo Nacional de Policía, con el diseño y características que se señalan en el anexo IV.
Artículo 16. Distintivo de identificación personal.
El distintivo de identificación persona consiste en un soporte en el que va grabado el número de identidad personal correspondiente al del carné profesional de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con unas dimensiones de 30 × 10 mm, siendo incompatible su uso con la utilización de la placa-emblema, al llevar ya ésta el número de identificación troquelado.
Su exhibición será obligatoria para todos los funcionarios que vistan uniforme, mono de trabajo o ambos, y estará colocado en la prenda de vestir correspondiente, centrado e inmediatamente debajo del lugar de ubicación del emblema del Cuerpo Nacional de Policía.
Sección 3.ª De los distintivos del cargo
Artículo 17. Distintivos del cargo.
1. Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que componen la junta de gobierno y los jefes superiores de policía, en sustitución de las divisas correspondientes a su escala y categoría, portarán las divisas distintivas del cargo correspondientes a los puestos directivos que a continuación se citan:
a) Director Adjunto Operativo.
b) subdirectores generales.
c) comisarios generales y jefes de división.
d) jefes superiores de Policía.
2. Con carácter general, su exhibición se efectuará en las hombreras de la prenda exterior del uniforme reglamentario, así como en el lugar específico que para otras prendas se determine en esta orden y en las disposiciones de desarrollo, en su caso. En el uniforme de gran gala, estas divisas distintivas irán situadas en la bocamanga de la guerrera.
3. Su diseño, contenido, descripción y características técnicas, serán las que se recogen en el anexo V.
4. A fin de reconocer el desempeño realizado en altos puestos de responsabilidad policial, el Director General de la Policía podrá autorizar un distintivo acreditativo de permanencia en dichos cargos.
Artículo 18. Bastón de mando.
1. El bastón de mando es un atributo de los titulares de la Dirección Adjunta Operativa, las subdirecciones generales, comisarías generales, divisiones, jefaturas superiores de policía, comisarías provinciales y comisarías locales.
2. Se llevará de forma natural con el brazo izquierdo extendido y sujeto por la mano sin cerrar el puño, en línea paralela al eje del cuerpo y ligeramente en oblicuo. La zona de sujeción será la parte superior, dejando ver el extremo ornamentado del bastón, conforme se indica en el anexo VI.
3. Se empleará, como símbolo de autoridad y dignidad del cargo en relación con la seguridad ciudadana, durante la conmemoración de efemérides relevantes de la vida policial y con ocasión de actos solemnes de representación del Cuerpo Nacional de Policía como Institución. Será portado, únicamente, por el máximo representante de entre todos los asistentes del cuerpo.
Sección 4.ª De los distintivos específicos
Artículo 19. Definición.
Se consideran distintivos específicos aquellos que identifican la especialidad o la relevancia en la función, de los policías destinados en determinadas unidades o servicios, así como el haber estado destinado en ellos.
Artículo 20. Distintivos de especialidad.
1. Los distintivos de especialidad identifican visualmente a aquellas unidades o servicios policiales que, mediante normativa específica, tienen reconocida la especialidad. Su exhibición en los uniformes caracteriza a los policías integrantes de dichas unidades o servicios.
2. Se crearán por resolución del Director General de la Policía, en la que se establecerá su diseño, autorización y normas de uso y exhibición.
Artículo 21. Distintivos de determinados destinos.
1. Los distintivos de determinados destinos identifican visualmente a aquellos miembros del Cuerpo Nacional de Policía integrantes en determinadas unidades o servicios, dependientes o no de la Dirección General de la Policía. Su exhibición en el uniforme caracteriza a los policías destinados en dichos puestos.
2. Se crearán por resolución del Director General de la Policía, en la que se establecerá su diseño, autorización y normas de uso y exhibición.
3. Aquellos distintivos cuya creación sea de órgano distinto a la Dirección General de la Policía, podrán ser exhibidos de conformidad con la norma que los regule, previa autorización del Director General de la Policía, o del organismo o unidad policial delegada al efecto.
Artículo 22. Derecho de uso de los distintivos.
1. Los distintivos regulados en esta Sección pueden ser:
a) Distintivo de función, que se adquiere mientras se está desempeñando el destino específico que da lugar al uso del mismo en una unidad o servicio.
b) Distintivo de permanencia, que se adquiere cuando, conforme a su normativa específica de creación, tras un período de servicio en las unidades o dependencias establecidas, ya no se está destinado en éstas, y se autoriza su uso.
2. En la modalidad de pecho se podrán acreditar, con carácter voluntario, los años de antigüedad en el destino, unidad o servicio.
3. El distintivo de función no precisará autorización.
4. La autorización para ostentar el distintivo de permanencia y/o las barras correspondientes a los años de antigüedad, se realizará de oficio por la División de Personal. Anualmente, durante el mes de enero, se formalizarán los expedientes para el reconocimiento del distintivo y/o barras a que hayan sido acreedores los funcionarios durante el año inmediatamente anterior, para su posterior publicación en la Orden General de la Dirección General de la Policía mediante Resolución del Director General de la Policía.
5. No podrán exhibirse, simultáneamente, los distintivos con derecho de uso de función y de permanencia de un mismo destino, unidad o servicio.
Artículo 23. Modalidades.
1. La modalidad brazo se usará para el distintivo de función.
2. La modalidad pecho se usará tanto para el distintivo de función como para el de permanencia.
Artículo 24. Lugar de exhibición.
1. El distintivo de función de modalidad brazo se exhibirá integrado en la manga derecha de las prendas superiores específicas de la especialidad, y en algunas unidades, en el uniforme de trabajo a una altura similar a la del escudo-emblema del Cuerpo Nacional de Policía situado en la manga izquierda.
2. El distintivo de función y el distintivo de permanencia de modalidad pecho se exhibirán, exclusivamente, en la tabla central del bolsillo superior izquierdo de los uniformes de representación y de gala. Nunca se exhibirán en el de gran gala.
3. En el bolsillo izquierdo no se podrán exhibir más de tres distintivos específicos, ya sean de función y/o de permanencia, con arreglo a la distribución prevista en el anexo VII.
4. De acuerdo con lo anterior, el distintivo de función se exhibirá con prevalencia respecto al resto y su posición será conforme a lo previsto en el anexo VIII.
5. En el caso de estar en posesión de más de tres distintivos de permanencia, se podrá elegir cuáles exhibir.
6. Cuando en el uniforme de gala se deba exhibir una o más condecoraciones de categoría placa, los distintivos específicos no podrán situarse en el bolsillo izquierdo; debiendo colocarse en el derecho, teniendo en cuenta que:
a) El distintivo de función, conforme a las reglas anteriores, deberá exhibirse teniendo prevalencia respecto del resto.
b) El número de distintivos no podrá superar el total de tres.
c) Cuando la exhibición de distintivos sea superior, sin contradecir lo anterior, se podrá elegir cuáles exhibir dentro de un mismo tipo.
7. No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, el derecho al uso del distintivo de Casa de Su Majestad el Rey se regirá por su normativa propia. En lo que respecta a su lugar de ubicación en el uniforme, efectuará con arreglo a las siguientes normas: el distintivo de función se llevará situado por encima de la placa emblema, con orientación hacia el hombro, el distintivo de permanencia a la misma altura que el anterior pero en el lado izquierdo, conforme a lo previsto en el anexo IX.
Artículo 25. Descripción.
1. El diseño del distintivo específico deberá ser único para la unidad, servicio o destino, independientemente de su despliegue geográfico.
2. El diseño podrá contener el acrónimo de la unidad, servicio o destino, evitando referencias al indicativo de servicio que lo identifica dentro del organigrama operativo del Cuerpo Nacional de Policía.
3. Preferentemente, el diseño será igual tanto para el distintivo de función como para el de permanencia, si bien éste último se podrá caracterizar por contener un rafagado dorado o plateado.
4. La acreditación de los años de antigüedad en el destino se realizará adosando, en la parte inferior de los distintivos, una barra azur (azul) fileteada de oro por cada dos años y una barra de gules (rojo) fileteada de oro por cada cinco años. La suma total de años resultará de la combinación de ambos tipos de barras, conforme a lo establecido en el anexo X.
Artículo 26. Composición.
1. La modalidad de brazo será de PVC inyectado sobre una base de fieltro o tejido similar con el fondo de color azul marino. Su fijación será por termo-fusión, velcro o cosido.
2. La modalidad de pecho será sobre base metálica, esmaltada en sus colores y con un sistema de fijación en su parte posterior por imperdible o presillas.
3. Los años de antigüedad se fijarán mediante un doble sistema de sujeción de rosca pasante en ambos laterales inferiores para las barras adicionales u otro equivalente.
Artículo 27. Proporciones y medidas.
1. La modalidad de brazo se corresponderá con el escudo de armas español, figura compleja que resulta de recortar un rectángulo, de proporciones cinco es a seis, por un semicírculo inscrito entre los dos lados mayores y uno de los menores: Anchura 65 mm., altura 78 mm., y parte 13 mm.
2. La modalidad de pecho, preferentemente, será igual a la de brazo con las siguientes medidas: Ancho 25-35 mm., altura 30-40 mm., y parte 5 mm.
3. Las barras adicionales serán de 3.5 mm. de alto, por 25 mm. de ancho.
Sección 5.ª De los distintivos de cursos, titulaciones, méritos y de participación en eventos extraordinarios
Artículo 28. Definición y exhibición.
1. Este tipo de distintivos hacen referencia a la superación de cursos, obtención de títulos, acreditación de méritos y participación en eventos especiales; todos ellos relacionados con la función policial.
2. Este tipo de distintivos se crearán por resolución del Director General de la Policía, en la que se establecerá su diseño, autorización y normas de uso y exhibición.
3. Su exhibición requerirá solicitud por parte del interesado, inscripción en su expediente y la debida autorización por parte del Director General de la Policía, o del organismo o unidad policial delegada al efecto.
4. Se exhibirán, exclusivamente y con independencia de su tamaño, en la tabla central del bolsillo superior derecho del uniforme de representación o del uniforme de gala. Nunca se exhibirán en la guerrera del uniforme de gran gala.
5. En el bolsillo, el número máximo de distintivos no podrá superar un total de tres, con arreglo a la siguiente distribución:
a) Un distintivo: Centrado, sobre la costura del bolsillo derecho de la guerrera o en la tabla del bolsillo derecho de la camisa de verano del uniforme de representación.
b) Dos distintivos: Centrados, uno por encima del otro, sobre la costura de la guerrera o en la tabla de la camisa.
c) Tres distintivos: En triángulo inverso (dos en una línea superior y uno en una línea inferior a modo de vértice). El vértice se situará sobre la costura o en la tabla de la camisa, y los otros dos se colocarán paralelos, a la misma altura y a la misma distancia respecto de la costura o la tabla del bolsillo.
Cuando se esté en posesión de más de tres distintivos de cursos, titulaciones, méritos o eventos especiales, será de elección personal, cuáles exhibir.
En el caso de exhibir condecoración de categoría placa, el distintivo de función, de tipo pecho, tendrá prevalencia respecto a los distintivos de cursos, titulaciones, méritos o eventos especiales.
Artículo 29. Otros.
Si tras realizar y aprobar un curso de especialidad, no se obtiene plaza en esa especialidad o no se cumple el tiempo de permanencia mínimo, el distintivo de función de la misma se podrá exhibir a modo de distintivo de curso, en el lugar preceptivo conforme se indica en los artículos anteriores de esta sección.
CAPÍTULO IV
Condecoraciones
Artículo 30. Derecho a la exhibición de las condecoraciones.
1. Con independencia de las condecoraciones que conforman la Orden al Mérito Policial, reguladas por la Ley 5/1964, de 29 de abril, y de la Condecoración a la Dedicación al Servicio Policial, creada por la Orden INT/1409/2011, de 10 de mayo, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía podrán exhibir las condecoraciones que les hayan sido otorgadas a título individual por entidades u organismos del Estado Español y de estados extranjeros, previa constancia del título de otorgamiento en el expediente personal.
Igualmente, se tendrá derecho a exhibir en el uniforme las condecoraciones que hayan sido otorgadas a título individual por organizaciones de derecho público internacional o por instituciones públicas de reconocido prestigio social, previa autorización de la Dirección General de la Policía.
2. Respecto de las distinciones y condecoraciones otorgadas al Cuerpo Nacional de Policía, a sus órganos o unidades, sólo podrán ser exhibidas en el uniforme por sus máximos responsables directos, exclusivamente, con ocasión del acto de su concesión, salvo que la regulación propia de la distinción o condecoración contemple expresamente la concesión a sus integrantes.
Artículo 31. Modo de exhibición de las condecoraciones.
1. Las condecoraciones se exhibirán con carácter potestativo, exclusivamente, en los uniformes de representación, de gala y de gran gala, conforme se representa gráficamente en anexo XI.
2. El lugar de colocación de las condecoraciones será el delantero superior izquierdo de la prenda superior de los uniformes citados en el apartado anterior o pendiendo del cuello en el caso de las veneras y encomiendas.
3. Cuando se exhiba más de una condecoración, se colocarán de conformidad a su orden de precedencia, categoría o grado y fecha de concesión.
4. En la guerrera del uniforme de representación y de gala las condecoraciones se exhibirán, respectivamente, mediante el pasador forrado con la cinta de la medalla que representa y en su tamaño normal.
5. En la camisa de verano del uniforme de representación se exhibirán únicamente con pasadores.
6. En la guerrera del uniforme de gran gala se exhibirán en miniatura o en su tamaño normal, según corresponda a la categoría o grado de las condecoraciones.
Artículo 32. Exhibición con pasadores.
1. Se colocarán por encima de la línea del bolsillo superior izquierdo de la guerrera o camisa, centrados en el espacio formado por ésta y la de los hombros, conforme a lo establecido en el anexo XI.
2. Podrán ir conformando líneas de cuatro condecoraciones cuya precedencia será desde la línea de botones al brazo izquierdo y de arriba hacia abajo.
3. No hay límite en el número total de pasadores exhibidos, pudiéndose repetir tantas veces como se repitan las condecoraciones que representan.
Artículo 33. Exhibición en su tamaño normal.
1. Las condecoraciones correspondientes a cruces y medallas que cuelguen en cinta, sólo podrán exhibirse hasta un máximo de ocho. De poseer más, se podrá elegir cuáles exhibir y siempre se colocarán conforme al orden de precedencia.
2. Serán situadas por encima de la línea del bolsillo izquierdo, en una o dos filas según el número de ellas que se posean, con arreglo al siguiente cuadro:
N.º medallas/cruces
N.º filas
N.º condecoraciones/fila
De 1 a 4
1
1, 2, 3 ó 4
5
2
3, 2
6
2
3, 3
7
2
4, 3
8
2
4, 4
Las cruces y medallas de la fila más baja descansarán sobre la cartera del bolsillo y las de la fila superior sobre las cintas de las condecoraciones inferiores.
Se permite repetir una misma condecoración siempre y cuando el total no supere las ocho autorizadas. En el supuesto de llegar a este número máximo, la repetición de una misma condecoración se representará superponiendo sobre la cinta de la medalla correspondiente un rectángulo de metal dorado o un pasador en el que podrá figurar el año de las sucesivas concesiones.
3. Las condecoraciones que correspondan a placas, se llevarán centradas sobre el bolsillo izquierdo del pecho o lugar equivalente, y en ningún caso compartirán lugar con un distintivo. Se exhibirán hasta un máximo de cuatro de acuerdo a la siguiente distribución:
a) Una: Centrada.
b) Dos: A la misma altura.
c) Tres: Dos arriba y una abajo.
d) Cuatro: En forma de cruz.
De poseer más, se podrá elegir cuáles exhibir.
4. Las condecoraciones que correspondan a veneras y encomiendas, se exhibirán en el cuello y sólo podrá exhibirse una, a elección, salvo orden expresa en sentido contrario.
Podrán portarse, con la cinta por debajo del cuello de la camisa y la venera sobre el nudo de la corbata, o bien la cinta por debajo del cuello de la guerrera cerrada y la venera sobre el primer botón de dicha prenda, o bien la cinta sobre la sujeción de la corbata y la venera, centrada, cubriendo el ángulo inferior de dicha prenda.
5. Cuando se vista uniforme de gran gala, en la guerrera se exhibirá una reproducción en miniatura de las condecoraciones correspondientes a cruces y medallas, formando un máximo de dos filas.
6. En el uniforme de gran gala, las categorías de placa, venera y encomienda, irán en su tamaño normal y en el lugar que les corresponda. Se exhibirán un máximo de cuatro y una, respectivamente.
7. La exhibición de las condecoraciones en su tamaño natural queda reservada, salvo excepción expresa del Director General de la Policía o de las directrices protocolarias determinadas para el acto en concreto, a los actos de jura de cargo, entrega de condecoraciones del Cuerpo Nacional de Policía, celebración de la Fiesta Nacional y celebración del Patrón de la Policía.
8. Cuando se acuda a un acto en el que se vaya a recibir una condecoración, no se exhibirá ninguna otra condecoración anterior, como señal de respeto y cortesía con la que se le va a imponer.
Artículo 34. Orden de precedencia.
1. El orden de precedencia para la exhibición de las condecoraciones del Cuerpo Nacional de Policía y de las representativas concedidas por instituciones o entidades ajenas, es el siguiente:
a) Insigne Orden del Toisón de Oro.
b) Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.
c) De otras altas instituciones del Estado.
d) Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo.
e) Medalla de Oro al Mérito Policial.
f) Medalla de Plata al Mérito Policial.
g) Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo.
h) Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco.
i) Placa a la Dedicación al Servicio Policial.
j) Encomienda a la Dedicación al Servicio Policial.
k) Cruz a la Dedicación al Servicio Policial.
l) Medalla a la Dedicación al Servicio Policial.
m) Orden de Mérito de la Guardia Civil.
n) Restantes órdenes civiles.
o) Órdenes y condecoraciones Militares.
p) De entidades u organismos de las administraciones públicas españolas.
q) De organismos de derecho público internacional.
r) De entidades u organismos de las administraciones públicas extranjeras.
s) De instituciones públicas, nacionales o extranjeras, de reconocido prestigio social.
t) De instituciones privadas, nacionales o extranjeras, de reconocida utilidad pública.
2. En el orden de precedencia se deberá tener en cuenta, a su vez, el orden que exista dentro de un mismo tipo, categoría o grado de la condecoración y fecha de concesión.
Disposición transitoria única. Implantación progresiva.
La implantación de las divisas de la categoría que se ostenta, se llevará a efecto por la Dirección General de la Policía conforme lo vayan permitiendo las disponibilidades presupuestarias.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las siguientes órdenes:
1. Orden INT/1376/2009, de 25 de mayo, por la que se complementa la regulación sobre distintivos en el Cuerpo Nacional de Policía.
2. Orden INT/2160/2008, de 17 de julio, por la que se regulan determinados aspectos de la uniformidad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
3. Orden de 1 de octubre de 1992, del Ministro del Interior, por la que se complementan diversos aspectos de la regulación sobre uniformidad y distintivos del Cuerpo Nacional de Policía.
4. Orden de 8 de febrero de 1988, por la que se establecen los distintivos, carné profesional, placa-emblema y divisas del Cuerpo Nacional de Policía.
Igualmente queda derogada, toda normativa que contradiga en todo o en parte lo establecido en esta Orden, debiéndose acomodar su contenido a lo referido en este texto.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
La Dirección General de la Policía adoptará las resoluciones necesarias que requiera la aplicación de esta orden, en particular:
a) Las medidas encaminadas a preservar la dignidad y el decoro en el uso de las prendas de uniformidad.
b) Establecer los distintivos cuya creación se prevé en esta Orden, y, en su caso, los distintivos de aquellos destinos, servicios o unidades que en razón de su función lo requieran.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 10 de marzo de 2014.–El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
ANEXO I
1. Uniforme de trabajo.
2. Uniforme de representación.
3. Uniforme de gala (hombre).
4. Uniforme de gala (mujer).
5 Uniforme de gran gala.
6. Prendas de cabeza.
7. Descripción de prendas
ANEXO II
Divisas del Cuerpo Nacional de Policía
1. Descripción.
Las divisas de cada categoría se organizan como se describe, excepto cuando vayan situadas en prendas de uniformes especiales, en que lo harán según lo previsto para dichas prendas, debiendo estar colocadas, en todo caso, en lugar visible y de fácil identificación.
Su diseño y proporciones se exponen a continuación, con indicación de las medidas de referencia en milímetros.
2. Componentes de las divisas.
Todas las divisas tienen integrado en su soporte como elemento principal la Corona Real de España, forrada de gules, constituida por un círculo de color oro engastado de piedras preciosas, sumado de ocho florones de hojas de acanto de color oro (visibles cinco), interpoladas de perlas de cuyas hojas salen otras tantas diademas de color oro, sumadas de perlas que convergen un mundo con el ecuador y el simimeridiano de color oro.
Las diferentes divisas estarán constituidas por la agrupación de uno o varios de los siguientes componentes:
De escala
2.1. Entorchado compuesto por una línea doble de hojas de laurel nervadas en la base de la hombrera.
2.2 Serreta y galón recto en la base de la hombrera.
2.3. Galón recto en la base de la hombrera.
2.4. Hombrera sencilla.
De categoría
2.5. Bastón de mando orlado de dos ramas de laurel nervadas y frutadas, unidas por sus troncos.
2.6. Corona de laurel formada por dos ramas de laurel nervadas y frutadas, unidas por sus troncos.
2.7. Rama de laurel nervada y frutada.
2.8. Galón en ángulo de 120 grados .
Atendiendo a razones de funcionalidad, tipo de soporte u otras, todos los anteriores elementos podrán ser de PVC inyectado, metálicos, de bordado industrial o similar, en color oro viejo y gules (rojo).
3. Diseño.
3.1. En la prenda superior (hombrera):
A) Escala Superior.
1. El elemento distintivo de esta escala es el entorchado (descrito en el punto 2.1), situado en la base de la hombrera.
2. Sus dos categorías se distinguirán por conjuntos, colocados en línea y centrados respecto a los ejes longitudinal y transversal, de un bastón de mando orlado (descrito en el punto 2.5.), quedando la empuñadura del bastón hacia el interior de la hombrera y la unión de las ramas hacia el hombro.
a) Comisario Principal.–Tres bastones de mando orlados (Figura 1)
b) Comisario.–Dos bastones de mando orlados (Figura 2)
B) Escala Ejecutiva.
1. El elemento distintivo de esta escala es la serreta y el galón recto (descritos en el punto 2.2.), situados en la base de la hombrera. Excepcionalmente, la categoría de inspector jefe exhibirá un entorchado (descrito en el punto 2.1.).
2. Sus dos categorías se distinguirán por conjuntos, centrados verticalmente, de los siguientes elementos:
– Bastón de mando orlado (descrito en el punto 2.5.), quedando la empuñadura del bastón hacia el interior de la hombrera y la unión de las ramas hacia el hombro.
– Corona de laurel (descrita en el punto 2.6), quedando la unión de las ramas hacia el hombro.
a) Inspector Jefe.–Un bastón de mando orlado, con su base hacia el borde interior del entorchado. (Figura 3).
b) Inspector.–Tres coronas de laurel formando sus centros un triángulo equilátero, con su base hacia el borde interior de la serreta. (Figura 4).
3. Durante el período de formación para esta escala, las divisas serán las siguientes:
a) Inspector alumno en prácticas.–Dos coronas de laurel situadas en paralelo e interiormente a la serreta. (Figura 5).
b) Inspector alumno de 2.º año.–Una corona de laurel, cuya unión estará situada interiormente a la serreta. (Figura 6).
c) Inspector alumno de 1.er año.–No existirán ningún elemento distintivo, salvo la serreta y galón de la escala. (Figura 7).
C) Escala de Subinspección.
1. El elemento distintivo de esta escala es el galón recto (descrito en el punto 2.3.), situado en la base de la hombrera.
2. Su única categoría estará compuesta por los siguientes elementos, colocados en línea y centrados respecto a los ejes longitudinal y transversal:
a) Subinspector.–Una corona de laurel (descrita en el punto 2.6.), cuya unión estará situada interiormente al galón recto y tres galones en ángulo (del tipo descrito en el punto 2.8.) que estarán unidos y con sus vértices orientados hacia el cuello. Se situarán interiormente respecto a la corona de laurel. (Figura 8).
C) Escala Básica.
1. Esta Escala no tiene ningún elemento distintivo, por lo que su hombrera será simple.
2. Sus dos categorías se distinguirán por conjuntos, colocados en línea, de los siguientes elementos:
– Rama de laurel nervada (descrita en el punto 2.7.), con la base de la rama orientada hacia el exterior de la hombrera y la parte superior hacia el cuello. Estará centrada, formando un ángulo de 45 grados con respecto a los ejes longitudinal y transversal.
– Galón en ángulo (descrito en el punto 2.8.), cuyo vértice se orienta hacia el hombro.
a) Oficial de Policía.–Una rama de laurel y, exteriormente a ésta, tres galones en ángulo separados entre sí. (Figura 9).
b) Policía.–Una rama de laurel y, exteriormente a ésta, dos galones en ángulo separados entre sí. (Figura 10).
3. Durante el período de formación para esta Escala, las divisas serán las siguientes:
Policía alumno en prácticas.–Una rama de laurel. (Figura 11).
Policía alumno.–No existirá ningún elemento distintivo. (Figura 12).
3.2. En la prenda de agua (anorak), y otras prendas en que reglamentariamente se determine (“galleta”).
Las divisas se componen de iguales elementos que las de la prenda superior anteriormente descritas (hombreras), si bien algunos de ellos verán modificada su posición relativa y su orientación, atendiendo a razones de funcionalidad, a las dimensiones del soporte u otras.
Estas mismas razones serán las que determinen el material a utilizar en el diseño.
3.3. En la guerrera del uniforme de gran gala (bocamanga).
Se componen de iguales elementos que en las divisas de las hombreras anteriormente descritas si bien algunos de ellos verán modificada su posición relativa y su orientación, atendiendo a razones de funcionalidad u otras.
Estarán centradas en la bocamanga, con la diferencia que, preferentemente, irán bordadas con hilo de oro y seda de color rojo.
Así mismo, existirá un ribeteado con cordón trenzado dorado de 5 milímetros de ancho y llevará un botón pequeño dorado por encima del remate en la parte posterior.
FIGURAS
Todas las imágenes de hombreras y bocamangas son las del lado izquierdo.
Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4
Figura 5
Figura 6
Figura 7
Figura 8
Figura 9
Figura 10
Figura 11
Figura 12
ANEXO III
ANEXO IV
Distintivo de brazo
1. Descripción.–Su diseño, forma y proporciones se corresponden con los de la figura adjunta, con las medidas de referencia en milímetros.
2. Características.–La base o soporte será de PVC inyectado, tejido o similar, de color azul marino. La fijación será por termo-fusión, pegado o cosido.
3. Situación.–En la manga izquierda. La parte superior del distintivo se encontrará a 50 mm de la costura de unión de la manga o caída de ésta.
ANEXO V
Divisas distintivas del cargo
Las divisas distintivas del cargo se organizarán como se describe a continuación.
Todas las divisas tienen integrado en su soporte como elemento principal la Corona Real de España, forrada de gules (rojo), constituida por un círculo de color oro engastado de piedras preciosas, sumado de ocho florones de hojas de acanto de color oro (visibles cinco), interpoladas de perlas de cuyas hojas salen otras tantas diademas de color oro, sumadas de perlas que convergen un mundo con el ecuador y el simimeridiano de color oro.
Su diseño y proporciones se exponen en las correspondientes imágenes. En éstas se indican las medidas de referencia en milímetros.
Atendiendo a razones de funcionalidad, tipo de soporte u otras, los elementos que las componen podrán ser de PVC inyectado, metálicos, de bordado industrial o similar, en color oro viejo y rojo.
1. Jefe Superior.
Conjunto colocado en línea horizontal sobre el eje longitudinal, formado por los siguientes componentes:
a) En hombrera:
De escala
• Un entorchado compuesto por una línea doble de hojas de laurel nervadas y con la unión de las hojas hacia el pecho. Situado en la base de la hombrera.
De alto cargo.
• Dos bastones de mando cruzados entre sí, cuyas empuñaduras estarán orientadas hacia el cuello.
Los bastones estarán situados en la base de la corona, entre ésta y el entorchado.
b) En la prenda de agua (anorak), y otras prendas en que reglamentariamente se determine (“galleta”).
Las divisas se componen de iguales elementos que las de la prenda superior anteriormente descritas (hombreras), si bien algunos de ellos verán modificada su posición relativa y su orientación, atendiendo a razones de funcionalidad, a las dimensiones del soporte u otras.
Estas mismas razones serán las que determinen el material a utilizar en el diseño.
c) En la guerrera del uniforme de Gran Gala (bocamanga).
Se componen de iguales elementos que en las divisas de las hombreras anteriormente descritas si bien algunos de ellos verán modificada su posición relativa y su orientación, atendiendo a razones de funcionalidad u otras.
Estarán centradas en la bocamanga, con la diferencia que, preferentemente, irán bordadas con hilo de oro y seda de color rojo.
Así mismo, existirá un ribeteado con cordón trenzado dorado de 5 milímetros de ancho y llevará un botón pequeño dorado por encima del remate en la parte posterior.
2. Comisario General y Jefe de División.
El diseño y orientaciones serán los descritos en el apartado 1, si bien existirá otro entorchado más entre los componentes de escala y de alto cargo.
3. Subdirector General.
El diseño y orientaciones serán los descritos en el apartado 1, si bien existirán dos entorchados más entre los componentes de escala y de alto cargo.
4. Director Adjunto Operativo.
El diseño y orientaciones serán los descritos en el apartado 1, si bien existirán otros tres entorchados más entre los componentes de escala y de alto cargo.
1. JEFE SUPERIOR
a) En las hombreras:
b) En la prenda de agua (anorak), y otras prendas en que reglamentariamente se determine («galleta»).
c) En la guerrera del uniforme de Gran Gala (bocamanga).
2. COMISARIO GENERAL Y JEFE DE DIVISIÓN
a) En las hombreras.
b) En la prenda de agua (anorak), y otras prendas en que reglamentariamente se determine («galleta»).
c) En la guerrera del uniforme de Gran Gala (bocamanga).
3. SUBDIRECTOR GENERAL
a) En las hombreras:
b) En la prenda de agua (anorak), y otras prendas en que reglamentariamente se determine («galleta»).
c) En la guerrera del uniforme de Gran Gala (bocamanga).
4. DIRECTOR ADJUNTO OPERATIVO
a) En las hombreras.
b) En la prenda de agua (anorak), y otras prendas en que reglamentariamente se determine («galleta»).
c) En la guerrera del uniforme de Gran Gala (bocamanga).
ANEXO VI
Distintivo del cargo «Bastón de Mando»
Forma de portarlo
ANEXO VII
Exhibición de los distintivos específicos
«De función» y «De permanencia» modalidad de pecho
La distribución de los distintivos de función y de permanencia será la siguiente:
N.º de Distintivos
Distribución
UNO
Centrado, sobre la costura del bolsillo izquierdo de la guerrera o en la tabla del bolsillo izquierdo de la camisa de verano del uniforme DE REPRESENTACIÓN.
DOS
Centrados, uno por encima del otro, sobre la costura de la guerrera o en la tabla de la camisa.
TRES
En triángulo inverso (DOS en una línea superior y UNO en una línea inferior a modo de vértice). El vértice se situará sobre la costura o en la tabla de la camisa, y los otros dos se colocarán paralelos, a la misma altura y a la misma distancia respecto de la costura o la tabla del bolsillo.
ANEXO VIII
Orden de prelación
POSICIÓN DE LOS DISTINTIVOS ESPECÍFICOS DE MODALIDAD DE PECHO
Dos (1-1) El «de función» se situará en la parte inferior.
Tres (1-2) El «de función» será el vértice del triángulo invertido.
ANEXO IX
Posición de los Distintivos de Casa de S. M. el Rey
«De función»
«De permanencia»
ANEXO X
Exhibición de las barras de antigúedad en los distintivos de función y de permanencia
ANEXO XI
Exhibición de las condecoraciones
1) EN EL UNIFORME DE REPRESENTACIÓN.
A. Exhibición con pasadores.–Tanto en la camisa como en la guerrera.
Distribución de los pasadores.–Bolsillo izquierdo.
Lugar de colocación.
B. Exhibición en su tamaño normal.–Exclusivamente en la guerrera.
Cruces y Medallas
Placas
Encomiendas
2) EN EL UNIFORME DE GALA.
Se exhibirán conforme a lo indicado en el apartado b) del UNIFORME DE REPRESENTACIÓN.
3) EN EL UNIFORME DE GRAN GALA.
a. Exhibición en miniatura.
Cruces y Medallas
b. Exhibición en su tamaño normal.
Placas y Encomiendas | Orden que añade corona real y galones a divisas de la policía | La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dispone que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, hombres y mujeres, actuarán de uniforme o sin él, en función del destino que ocupen y del servicio que desempeñen.
El Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas generales relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía, constituye la disposición básica en materia de uniformidad, completada por varias órdenes ministeriales y diversas resoluciones, normativa en la que se regulan los diferentes tipos de uniforme, los servicios que los utilizan, las prendas que los conforman, sus características técnicas, así como el lugar en el que se deben colocar los distintivos, divisas y condecoraciones.
Esta orden tiene por objeto regular la uniformidad en el Cuerpo Nacional de Policía, haciendo uso de la autorización al Ministro del Interior para dictar las disposiciones que requiera el desarrollo del Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, contenida en la disposición final segunda del mismo. Ello se lleva a cabo refundiendo en un único texto las diversas órdenes ministeriales vigentes en materia de uniformidad de tal institución, tales como la Orden de 8 de febrero de 1988 por la que se establecen los distintivos, el carnet profesional, la placa emblema y las divisas del Cuerpo Nacional de Policía, modificada por la Orden de 24 de noviembre de 1988; la Orden INT/2160/2008, de 17 de julio, por la que se regulan determinados aspectos de la uniformidad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía; la Orden de 1 de octubre de 1992 por la que se complementan diversos aspectos de la regulación sobre la uniformidad y distintivos del Cuerpo Nacional de Policía y la Orden INT/1376/2009, de 25 de mayo, por la que se complementa la regulación sobre distintivos del Cuerpo Nacional de Policía.
El tiempo transcurrido desde la implantación de la referida uniformidad, la diversidad de normativa vigente sobre la materia y la conveniencia de introducir cambios en el sistema de divisas y distintivos del Cuerpo Nacional de Policía constituyen factores que exigen que se proceda a una adecuación de la uniformidad del Cuerpo Nacional de Policía, que si bien mantenga los rasgos y características de la imagen ya consolidada, incorpore nuevos elementos que contribuyan a mejorar la visibilidad de la misma.
En la tramitación de esta orden ministerial ha informado el Consejo de Policía.
En virtud de cuanto acontece, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Obligatoriedad de las normas sobre uniformidad.
1. El Cuerpo Nacional de Policía es un cuerpo uniformado. Sus miembros actuarán de uniforme o sin él en función del destino que ocupen y del servicio que desempeñen, y observarán las normas de uniformidad previstas en esta orden y demás disposiciones que regulen la materia.
2. Los superiores jerárquicos velarán por que los subordinados cumplan con la obligación de vestir debidamente el uniforme policial, tomando las medidas correctoras o disciplinarias que procedan, en caso de incumplimiento de las normas de uniformidad, incurriendo en la misma responsabilidad que los autores de la infracción aquellos que, en su caso, las toleren o no procedan a corregirlas.
CAPÍTULO II
Uniformidad
Artículo 2. Uniformes, función y exclusividad de uso.
1. Los uniformes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía estarán constituidos por las prendas que se relacionan en esta orden, además de por aquellas otras que, para determinadas unidades especiales y servicios específicos, puedan establecerse.
2. El uso del uniforme por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía acreditará su condición de agentes de la autoridad, sin perjuicio de la obligación que tienen de exhibir el carné profesional cuando sean requeridos por los ciudadanos para identificarse, con motivo de sus actuaciones policiales.
3. Con independencia de lo previsto en los artículos siguientes, el uniforme de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía será de utilización por los integrantes del mismo mientras se encontraren de servicio, salvo el de gran gala que podrá usarse en determinados actos sociales relevantes que no menoscaben el prestigio del Cuerpo Nacional de Policía.
4. Queda prohibido el uso del uniforme del Cuerpo Nacional de Policía, así como el de otros similares que por sus características puedan inducir a error o confusión, por personas, colectivos o cuerpos diferentes.
Artículo 3. Tipos de uniformes.
1. En el Cuerpo Nacional de Policía existirán los uniformes de trabajo, de representación, de gala y de gran gala que se relacionan en el anexo I, así como los uniformes de las unidades especiales y servicios específicos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.
2. Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía vienen obligados a vestir el tipo y modalidad de uniforme en los términos previstos en esta orden, quedando prohibidos la combinación de prendas de uno u otro que no esté autorizada expresamente.
Artículo 4. Uniforme de trabajo y uniforme de representación.
1. Tiene la consideración de uniforme de trabajo el utilizado por los miembros del Cuerpo Nacional de Policía para los servicios más usuales en los que no se haya preceptuado de forma concreta otro uniforme distinto.
2. El uniforme de representación será utilizado por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía cuando, en función del puesto de trabajo que desempeñen, deban realizar funciones de representación así como para la asistencia a reuniones o actos de carácter institucional, cuando así se determine por la superioridad.
3. Tanto el uniforme de trabajo como el uniforme de representación tendrán las modalidades de invierno/verano.
4. Con el uniforme de trabajo se podrán utilizar, indistintamente, zapatos técnicos en lugar de botas negras en aquellos servicios no operativos, puestos fronterizos, oficinas de denuncias y atención al ciudadano y, en su caso, para las áreas de gestión y similares. Asimismo, serán de uso potestativo por los funcionarios las prendas de abrigo y agua en todos los uniformes, siempre
### RESUMEN: Orden que añade corona real y galones a divisas de la policía |
De conformidad con lo establecido en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, modificada por los Reales Decretos-Leyes 2/1999, de 29 de enero y 8/2007 de 14 de septiembre; en el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, modificado por los Reales Decretos 938/1997, de 20 de junio, 1123/2001, de 19 de octubre, 4/2008, de 11 de enero y 1628/2009 de 30 de octubre; en la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada; en la Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de 12 de noviembre, por la que se determinan los programas de formación del personal de Seguridad Privada; en el Real Decreto 938/1997, de 20 de junio, por el que se completa la regulación de los requisitos de autorización de empresas de seguridad y los de habilitación de seguridad privada.
Teniendo en cuenta asimismo, lo establecido en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada; en la Orden del Ministerio del Interior, de 14 de enero de 1999, por la que se aprueban los modelos de informes de aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada, así como la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social; en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda Pública, modificada por la de 11 de diciembre de 2001; y demás normativa aplicable con carácter directo o supletorio,
Esta Secretaría de Estado ha resuelto:
Primero.
Aprobar para el año 2014 las convocatorias de pruebas de selección para vigilante de seguridad y sus especialidades, cuya superación habilitará para el ejercicio de las correspondientes profesiones, previa expedición de la tarjeta de identidad profesional, con arreglo a la bases, que en anexo a la presente resolución se aprueban y publican, y que serán comunes y únicas para cada una de las convocatorias, sin perjuicio de las posibles modificaciones que pudiera sufrir la legislación vigente, en cuyo caso se estaría a lo dispuesto en ellas.
Segundo.
Por la Dirección General de la Policía se adoptarán las disposiciones necesarias para que, por su órgano encargado de la formación, se lleve a cabo el desarrollo y ejecución de los procesos selectivos convocados, de acuerdo con las bases del anexo a esta resolución.
Madrid, 12 de diciembre de 2013.–El Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez.
ANEXO
Bases de convocatoria
1. Destinatarios y requisitos de participación
1.1 Destinatarios. Podrán participar en las pruebas y son destinatarios de la presente convocatoria:
a) Los aspirantes a vigilante de seguridad y sus especialidades (escolta privado y/o vigilante de explosivos) que acrediten haber superado el curso o cursos correspondientes en los centros de formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad.
b) Los aspirantes a las especialidades de escolta privado y/o vigilante de explosivos que ya sean vigilante de seguridad y acrediten haber superado el curso o cursos correspondientes en los centros de formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad.
c) El personal de seguridad privada debidamente habilitado que, habiendo permanecido inactivo más de dos años, deba someterse a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias, conforme al artículo 10.6 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.
1.2 Requisitos Generales. En la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes para participar en cada una de las convocatorias, a que se refiere el punto 2.1. de las presentes, los aspirantes habrán de reunir los siguientes requisitos generales:
a) Ser mayor de edad y no haber cumplido cincuenta y cinco años.
b) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o bien que le sea aplicable lo dispuesto en la legislación sobre régimen comunitario conforme al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.
d) Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones de vigilante de seguridad y reunir los requisitos necesarios para prestar servicios de seguridad privada, a tenor de lo dispuesto al efecto en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada.
e) Carecer de antecedentes penales.
f) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.
g) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia de seguridad.
h) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
i) No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la solicitud.
j) Poseer diploma o certificación acreditativa de haber superado el curso o cursos correspondientes en los centros de formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad.
1.3 Requisitos específicos. Además de los requisitos generales que se determinan en el apartado anterior, los aspirantes a la especialidad de escolta privado habrán de tener una estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 metros las mujeres.
1.4 Carencia de requisitos. Si en algún momento del procedimiento, desde la publicación de la lista de convocados hasta la publicación de la lista de los declarados aptos, se tuviere conocimiento de que algún aspirante no posee la totalidad de los requisitos exigidos por las presentes bases de convocatoria, el Tribunal Calificador acordará su exclusión, comunicando, en su caso, a la Secretaría de Estado de Seguridad, las inexactitudes o falsedades que hubiera podido cometer, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiera lugar.
2. Instancias de solicitud, liquidación de las tasas y convocatoria a pruebas
2.1 Plazos.
Los que para cada convocatoria se indican a continuación:
01/2014 Diez días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
02/2014 Del 18 al 27 de febrero de 2014.
03/2014 Del 21 al 30 de abril de 2014.
04/2014 Del 27 de mayo al 5 de junio de 2014.
05/2014 Del 2 al 11 de septiembre de 2014.
06/2014 Del 21 al 30 de octubre de 2014.
Quienes deseen tomar parte en las pruebas de selección, para cada una de las convocatorias cursarán su solicitud cumplimentando el modelo oficial que se reproduce como Apéndice V, por alguno de los siguientes procedimientos:
A) A través de la página Web, www.policia.es, rellenando el formulario que se indica en la misma, que permite la cumplimentación automática del modelo oficial de solicitud (Apéndice V) y del impreso modelo 790, Código de Tasa 015.
Una vez cumplimentados los datos de dicho formulario, se imprimirán la solicitud y el impreso 790, éste por triplicado («ejemplar para la Administración», «ejemplar para el interesado», y «ejemplar para la entidad colaboradora»).
Los originales (no admitiéndose fotocopias) de los tres ejemplares del modelo 790, cumplimentados en la forma descrita, se presentarán en cualquier entidad de depósito de las mencionadas en la base 2.2 para hacer efectivo el pago de la tasa dentro de los respectivos plazos de presentación de solicitudes señalados en la base 2.1.
Una vez efectuado el pago de la tasa, y siempre dentro del plazo de presentación de solicitudes, el «ejemplar para la Administración», del modelo 790, con la validación por la entidad colaboradora, deberá presentarse junto con la solicitud y firmados ambos documentos, directamente en la División de Formación y Perfeccionamiento, del Cuerpo Nacional de Policía, Avda. de Pío XII, núm. 50, 28071 –Madrid–, o en cualquier Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, o en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
B) A través de la página Web, www.policia.es, pulsando en el enlace «Sede electrónica», mediante un procedimiento íntegramente electrónico, que implica los siguientes pasos:
1. Cumplimentar el formulario electrónico que aparece en la misma.
2. Realizar el pago electrónico de la tasa mediante la opción incluida al efecto.
3. Firmar, electrónicamente, la solicitud y, en su caso, la autorización para solicitar de oficio el certificado de antecedentes penales.
4. Enviar la solicitud al Registro Electrónico, mediante la opción incluida al efecto, e imprimir el justificante devuelto por dicho Registro.
Requisitos para el pago telemático:
1. Disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF) o de un Código de Identificación Fiscal (CIF), según corresponda.
2. Disponer de Documento Nacional de Identidad electrónico o de firma electrónica avanzada basada en un certificado de usuario admitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria como medio de identificación y autenticación en sus relaciones telemáticas con los contribuyentes. A estos efectos, serán válidos los certificados de usuario X.509.V3 expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, al amparo de la normativa tributaria, así como los emitidos por las autoridades de certificación publicadas en la página Web de la Agencia Tributaria (oficina virtual), admitidos para el uso de firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, según se establece en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de marzo, por la que se establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
3. Tener una cuenta abierta en una entidad colaboradora en la gestión recaudatoria que se haya adherido al sistema previsto en la Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos, en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios, y que aparezca en la relación de entidades que se muestre en la opción de pago de la «oficina virtual» de la página Web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Pago de las tasas por vía telemática.
1. El modelo de autoliquidación se ajustará a los formatos establecidos en la Orden de 4 de junio de 1998, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda Pública, modificada por la de 11 de diciembre de 2001 (modelo 790).
Dichos modelos se encuentran a disposición de los interesados en la página Web de la Dirección General de la Policía: www.policia.es.
2. El pago telemático de estas tasas tendrá siempre carácter voluntario y alternativo, en su caso, al procedimiento ordinario de pago, que seguirá realizándose mediante ingreso en efectivo en cualquier entidad de depósito (Bancos, Cajas de Ahorro, etc.) que preste servicios de colaboración en la recaudación de las tasas que constituyen recursos de los Presupuestos del Estado. Si se opta por el pago de la vía telemática, previamente se deberán cumplir los requisitos establecidos en el apartado tercero 2.d de la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se establecen los supuestos y las condiciones generales para el pago por vía telemática de las tasas que constituyen recursos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, requisitos que se detallan en el apartado cuarto.
3. Para realizar el pago telemático de estas tasas autoliquidables, el obligado al pago o sujeto pasivo deberá entrar en la página Web de la Dirección General de la Policía, cumplimentar el formulario correspondiente, y realizar el pago conforme a lo establecido en el apartado cuarto de la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo.
4. Los servicios telemáticos de la Dirección General de la Policía, conectarán al interesado a través de su pasarela de pagos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para que lleve a cabo todos los pasos necesarios para completar el pago.
5. Una vez efectuado el pago, la entidad colaboradora generará el Número de Referencia Completo (NRC) que será enviado a la Dirección General de la Policía, que generará, para que el interesado lo pueda imprimir, el modelo de autoliquidación cumplimentado y pagado, en el que figurará el Número de Referencia Completo (NRC) y que le servirá como justificante del pago de la tasa.
6. El importe pagado se ingresará a través de cuentas restringidas abiertas en las entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria que tiene encomendada la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los términos establecidos en la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
C) Únicamente cuando sea imposible la conexión con la página Web, www.policia.es, la solicitud se formalizará en el modelo oficial (Apéndice V), que podrá obtenerse por reproducción en fotocopia u otros medios.
En este caso el impreso 790, Código de Tasa 015, podrá obtenerse en cualquiera de las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía mencionadas anteriormente.
Ambos impresos, firmados por el interesado, el de solicitud y el «ejemplar para la Administración» del 790, cumplimentados a máquina o a mano con letras mayúsculas, y ya efectuado el pago de la tasa en la forma descrita en el apartado a) anterior, se presentarán juntos dentro del respectivo plazo en cualquiera de las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía antes citadas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La solicitud sólo producirá efectos una vez presentado en plazo el «ejemplar para la Administración» del modelo 790 con la tasa pagada.
2.2 Tasas por Prestación de Servicios y Actividades en materia de Seguridad Privada.
La cuantía de la Tasa por participación en los exámenes y pruebas previas a la habilitación de vigilante de seguridad y sus especialidades, prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, es de veintiún euros y noventa y nueve céntimos (21,99 euros) (Tarifa duodécima). Por compulsa de documentos es de tres euros y sesenta y nueve céntimos (3,69 euros) (Tarifa decimocuarta), que se incrementará en un euro y ochenta y tres céntimos (1,83 euros) por cada página que complete el documento a compulsar. Una vez publicada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, la cuantía de estas tasas será la establecida en ésta.
La cuantía de dichas tasas será satisfecha mediante ingreso en efectivo en cualquier entidad de depósito (Bancos, Cajas de Ahorro, etc.) que presten servicios de colaboración en la recaudación de las tasas que constituyen recursos del presupuesto del Estado, utilizando para ello el impreso a que hace referencia la Base 2.1., teniendo en cuenta que en el importe (casilla inferior derecha del impreso) se deberá expresar el total resultante, señalando con «X» la casilla correspondiente a la tarifa satisfecha.
Únicamente procederá la devolución de las tasas exigidas cuando no se realice el hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo; por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión del proceso selectivo por causa imputable al interesado. La exclusión por no cumplir los requisitos o no aportar los documentos exigidos en la convocatoria, no dará lugar a la devolución de los derechos de examen.
En los casos en que proceda la devolución de tasas abonadas, será necesaria para dicho reintegro la solicitud del interesado, en la que deberán figurar inexcusablemente los siguientes datos: Nombre y apellidos, número de identificación fiscal, domicilio, cuenta donde ha de realizarse la transferencia bancaria de devolución, con indicación del Código Cuenta Cliente expresado con 20 dígitos y aportando a la solicitud el original del «ejemplar para el interesado» del impreso modelo 790, Código de tasa 015, ya mencionado. Los ciudadanos extranjeros consignarán en esta solicitud los mismos datos con expresión del Número de Identidad de Extranjero (N.I.E.).
2.3 Convocatoria a pruebas.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes a que se refiere la base 2.1, el Tribunal Calificador aprobará, mediante Acuerdo, la lista de participantes convocados a la realización de las pruebas, con indicación de la sede asignada a cada uno de ellos y la fecha de celebración de las mismas. Los interesados podrán obtener esta información en la Subdirección General de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo y Atención Ciudadana del Ministerio del Interior, c/ Amador de los Ríos, núm. 8, de Madrid, teléfono 902.15.00.02; en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, c/ María de Molina, núm. 50, de Madrid, teléfono 060; y en el Servicio de Atención al Público de la División de Formación y Perfeccionamiento, teléfonos 91.322.75.97 y 91.322.75.98, o consultando las direcciones de Internet: www.policia.es y www.interior.gob.es.
3. Lugares y fechas de celebración de las pruebas
3.1 Lugares. Las pruebas podrán realizarse en las ciudades de Ávila, A Coruña, Barcelona, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Palma de Mallorca, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zaragoza. No obstante, el Tribunal, en cada convocatoria, podrá designar otras ciudades como sedes para la realización de las pruebas y podrá suprimir alguna o algunas de las anteriormente citadas cuando así lo aconsejen razones de economía de medios, eficacia o funcionalidad. Asimismo, podrá descentralizar la mera ejecución de pruebas o parte de las mismas.
En el Acuerdo por el que se apruebe la lista de participantes convocados a pruebas en cada una de las convocatorias, se indicará el lugar y la fecha de realización de las mismas.
No obstante, el Tribunal, para favorecer el desarrollo de las pruebas, podrá disponer que todas ellas se realicen en la misma fecha, y excepcionalmente, por causas justificadas, alterar el orden de determinados ejercicios. Sin embargo, sólo se entrará a evaluar cada una respecto de quienes hayan aprobado la anterior.
3.2 Llamamiento. Los participantes serán convocados en un único llamamiento, siendo excluidos de las pruebas quienes no comparezcan al mismo, sea cual fuere la causa que pudiera alegarse al respecto.
3.3 Identificación de los participantes. Los participantes deberán comparecer a las diferentes pruebas provistos del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte, Carné de Conducir, los españoles, y de la Tarjeta o Autorización de Residencia o de Identidad en vigor, o en su defecto, del Pasaporte, los extranjeros. La presentación de estos documentos podrá ser exigida por el Tribunal durante el desarrollo de las pruebas y la no presentación de los mismos llevará aparejada la no admisión a su realización y la exclusión del proceso.
3.4 Orden de actuación. El orden de actuación ante el Tribunal, cuando a ello haya lugar, será alfabético, comenzando por la letra «A», de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, de 6 de febrero de 2013,(BOE núm. 37, del 12 de marzo), por la que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, celebrado el 6 de febrero de 2013.
4. Pruebas de aptitud
4.1 Descripción de las pruebas:
4.1.1 Vigilante de Seguridad. Los convocados a examen para vigilante de seguridad, así como aquellos a que se refiere la base 1.1.c), realizarán las siguientes pruebas de carácter eliminatorio:
a) Primera (de aptitud física).
Consistirá en la realización de todos los ejercicios que se describen en el Apéndice I, debiendo igualar o superar las marcas e igualar o reducir los tiempos establecidos en el mismo, teniendo en cuenta que la no superación de algún ejercicio supondrá su eliminación. La calificación de esta prueba será de «Apto» o «No apto».
Para la realización de la prueba, los aspirantes deberán presentarse provistos de atuendo deportivo, y entregar al Tribunal un certificado médico expedido dentro del período de tiempo comprendido entre la fecha de comienzo del plazo de presentación de instancias de la correspondiente convocatoria y el día de realización de las citadas pruebas de aptitud física, en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las referidas pruebas deportivas. La no presentación de dicho documento supondrá la exclusión del aspirante del proceso selectivo.
La ejecución de esta prueba será pública, y no se permitirá su grabación por medio audiovisual alguno que pudiera afectar a la seguridad, al derecho a la intimidad personal y a la propia imagen de los participantes, miembros del Tribunal o colaboradores en la misma.
b) Segunda (de conocimientos teórico-prácticos).
Consistirá en la contestación por escrito, en cincuenta minutos, a un cuestionario de ochenta preguntas ajustadas al programa que se acompaña como Apéndice II. Esta prueba se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de cinco para aprobar.
4.1.2 Escolta privado. Los aspirantes a escolta privado deberán contestar por escrito, en quince minutos, a un cuestionario de veinte preguntas ajustadas al programa que se acompaña como Apéndice III. Esta prueba se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de cinco para aprobar.
4.1.3 Vigilante de explosivos. Los aspirantes a vigilante de explosivos deberán contestar por escrito, en quince minutos, a un cuestionario de veinte preguntas ajustadas al programa que se acompaña como Apéndice IV. Esta prueba se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de cinco para aprobar.
Los que se presenten en la misma convocatoria a las pruebas para vigilante de seguridad y a las de alguna o algunas de sus especialidades, realizarán todas las previstas para las que hayan sido convocados, debiendo superar las de vigilante de seguridad para que le sean calificadas las de las especialidades.
Los interesados dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al de realización de estas pruebas, para impugnar cualquiera de las preguntas integrantes del cuestionario de conocimientos, a través del correo electrónico: secretariaprocesos.dfp@policia.es.
4.2 Corrección de la/s hoja/s de respuestas normalizadas.
Los resultados obtenidos en las pruebas de conocimiento en las que se utilicen hojas de respuestas normalizadas, corresponderán con la lectura automatizada que se realizará con una lectora óptica de datos aplicada a la/s hoja/s de respuesta de cada aspirante.
Para cumplimentar los datos y responder a las pruebas, el aspirante deberá rellenar el círculo correspondiente, con bolígrafo azul o negro, tal y como se indicará tanto en la lectura de las instrucciones como en las indicaciones que figuran en el reverso de la propia hoja de respuestas normalizada.
La posibilidad de no concordancia entre los datos que le constarán al aspirante en la hoja autocopiativa de su examen (copia amarilla), y los resultados que se publicarán por Acuerdo del Tribunal Calificador, serán consecuencia de no haber cumplimentado de manera correcta, y conforme a las instrucciones impartidas, la referida hoja de respuestas.
4.3 Acuerdo del Tribunal Calificador. Finalizadas las pruebas de aptitud, en cada una de las convocatorias a que se refiere el punto 2.1, se hará público el Acuerdo del Tribunal Calificador con la relación de participantes que las hayan superado. Los interesados podrán obtener esta información en los teléfonos y lugares señalados en la base 2.3.
5. Acreditación de requisitos
5.1 Presentación de documentos. En el plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del Acuerdo del Tribunal por el que se haga pública la relación de participantes que hayan superado las pruebas de aptitud, éstos deberán presentar directamente, o remitir a la División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía, o cursar a través de Dependencias Policiales o de las referidas en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes documentos:
A) Vigilante de seguridad:
a) Los aspirantes extranjeros deberán aportar fotocopia compulsada de la Tarjeta o Autorización de Residencia o de Identidad en vigor, o en su defecto, del Pasaporte.
b) Certificado original de antecedentes penales, expedido por el Registro Central de Penados para los españoles y extranjeros residentes en España, y documento original equivalente que surta los mismos efectos para los solicitantes extranjeros no residentes. Estarán exentos de presentarlo aquellos que en su instancia hayan autorizado expresamente su petición de oficio al Registro Central de Penados y Rebeldes.
c) Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.
d) Aquellos aspirantes que hubieran cursado sus estudios en un sistema educativo distinto al sistema educativo general español, deberán acreditar los mismos mediante certificación u homologación, en su caso, expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en aplicación de la normativa sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros y reconocimiento de cualificaciones profesionales.
e) Informe original de la aptitud psicofísica necesaria para prestar servicios de seguridad privada.
f) Certificado o diploma acreditativo de haber superado el curso correspondiente a los módulos profesionales de formación de vigilante de seguridad, expedido por un centro de formación de seguridad privada autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad.
g) Declaración jurada o promesa de cumplir los requisitos establecidos en los apartados f), g), h), e i) de la base 1.2 de la presente convocatoria. La referida declaración deberá ajustarse al modelo que figura en el Apéndice VI, que podrá obtenerse mediante la reproducción por fotocopia u otros sistemas, del modelo citado.
B) Escolta privado:
a) Certificado o diploma que acredite la superación de los módulos profesionales complementarios y específicos de formación de escolta privado, en el curso impartido en un centro de formación de seguridad privada autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad.
b) Certificado médico oficial que acredite la estatura del aspirante.
C) Vigilante de explosivos:
a) Certificado o diploma que acredite la superación de los módulos profesionales complementarios y específicos de formación de vigilante de explosivos, en el curso impartido en un Centro de Formación de seguridad privada autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad.
Quienes hayan superado en la misma convocatoria las pruebas de aptitud para vigilante de seguridad, y las de alguna o algunas de las especialidades, deberán aportar los documentos correspondientes a que se refieren los apartados anteriores.
Los documentos acreditativos de los requisitos exigidos, tanto originales como, en su caso, las copias de los mismos, deberán ser acompañados de la traducción autenticada al castellano, si estuvieran redactados en otros idiomas.
En todo caso, cuando los documentos presentados sean fotocopia del original, deberán ser debidamente autorizados o compulsados, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Dirección General de la Policía, de 11 de marzo de 1997, sobre compulsas de documentos que haya de surtir efectos en materia de seguridad privada, y previo ingreso de la Tasa (Tarifa decimocuarta), conforme se determina en la Base 2.2 de esta convocatoria.
La compulsa deberá afectar, en su caso, a la totalidad de las páginas del documento y, cuando proceda, a las dos caras de las mismas, no considerándose válida cuando carezca de la identificación personal y firma del funcionario que la extienda. A estos efectos, no se aceptarán los documentos transmitidos por telefax u otros sistemas análogos.
Cuando se aleguen equivalencias u homologaciones de títulos obtenidos o estudios cursados, dicha circunstancia deberá, asimismo, acreditarse por el interesado. En otro caso, no será tenida en cuenta.
Quienes dentro del plazo de diez días naturales concedidos para la presentación de documentos, y salvo los casos de fuerza mayor, no presenten la documentación, o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no obtendrán la habilitación correspondiente, aún habiendo superado las pruebas, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud inicial.
5.2 Exenciones de acreditación de requisitos.
a) El requisito de no haber cumplido los cincuenta y cinco años de edad, establecido en la base 1.2. de la convocatoria, no se exigirá a los aspirantes a las especialidades de escolta privado y/o vigilante de explosivos que se encuentren ya habilitados como vigilante de seguridad por haber superado pruebas de selección anteriores o por haber canjeado sus anteriores títulos-nombramientos, licencias, tarjetas de identidad o acreditaciones por la Tarjeta de Identidad Profesional de vigilante de seguridad, regulada en la Orden INT/318/2011 de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada.
b) El personal de seguridad privada que haya permanecido inactivo más de dos años y deba superar nuevas pruebas, y el que no haya canjeado sus anteriores títulos-nombramientos de vigilante jurado, no necesitará acreditar la obtención del diploma o certificación establecido en el apartado j) de la base 1.2 de la presente convocatoria, ni se les exigirá el requisito de no haber cumplido cincuenta y cinco años, estando eximidos de acreditar la titulación a que se refiere el subapartado c) del Apartado A) de la Base 5.1 de la presente convocatoria. Sin embargo, sí será necesario que presente certificación de su nombramiento anterior, expedida por la Unidad Central de Seguridad Privada, o por la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente.
c) El requisito de no haber cumplido los cincuenta y cinco años de edad, establecido en la base 1.2 de la convocatoria, no se exigirá a los aspirantes a vigilante de seguridad que bajo las denominaciones de guarda de seguridad, controlador u otras de análoga significación, hubiera venido desempeñando funciones de vigilancia y de control en el interior de inmuebles con anterioridad al día 31 de enero de 1996, lo que puede acreditarse mediante copia compulsada del contrato de trabajo o informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social o cualquier otro documento que, a juicio del Tribunal, se estime acredita suficientemente aquella circunstancia.
5.3 Relación de participantes declarados aptos.
El Tribunal Calificador aprobará mediante Acuerdo las listas de participantes que, habiendo superado las pruebas y reunidos los requisitos, son declarados aptos en las respectivas modalidades. A través de la Dirección General de la Policía se elevará dicho Acuerdo al Secretario de Estado de Seguridad para la Resolución pertinente. Los interesados también podrán obtener esta información en los lugares y teléfonos señalados en la base 2.3.
6. Tribunal calificador
6.1 Designación: El Tribunal calificador estará constituido por los siguientes miembros del Cuerpo Nacional de Policía:
Titulares:
Presidente: D. Rafael Abeledo López, Comisario Principal.
Vocales: D. Jesús María Marín Zabala, Comisario; D. Antonio Pérez Jiménez, D. Andrés del Río Liquete, D. José Agustín Pascual Estruch, D. Domingo Sánchez Navarro, D. Fernando Holgado González, D. Gonzalo Sánchez Caño, D. Claudio Esteban Bravo, Inspectores Jefes; D.ª María del Carmen Carrión Tapia, Inspectora.
Suplentes:
Presidente: D. Florentino Villabona Madera, Comisario Principal.
Vocales: D. Esteban Gándara Trueba, Comisario; D. Luis González Pernía, D. Anselmo Murillo Pozo, D. Rafael Fausto Navarro García, Inspectores Jefes; D. Pedro Palmero Armendáriz, D. José David Molano Margallo, D.ª Gema Rayo Titos, D. Columbiano Roldán Lozano y D. Luis Calleja Saiz, Inspectores.
En la sesión constitutiva el Tribunal designará de entre sus miembros un secretario titular y otro suplente.
6.2 Sede del Tribunal. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía, Avenida de Pío XII, núm. 50, 28071 Madrid, teléfonos: 91.322.75.97 y 91.322.75.98.
6.3 Actuación del Tribunal. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar, para sesiones de valoración de pruebas, sin la presencia de, al menos, cinco miembros. Para sesiones de simple ejecución de pruebas, o cuando éstas deban llevarse a cabo por asesores especialistas, bastará la intervención de un miembro del Tribunal, comisionado por éste, para asegurar su correcta realización y trasladarle los resultados de las pruebas.
Al Tribunal le corresponde el desarrollo y calificación de las pruebas y resolver cuantas dudas puedan surgir en la aplicación de estas bases, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos en ellas. De cada sesión del Tribunal se extenderá el acta correspondiente.
Los errores de hecho podrán subsanarse por el Tribunal o, en su defecto, por la Secretaría de Estado de Seguridad, de oficio o a instancia de parte, en cualquier fase del procedimiento.
6.4 Nombramiento de asesores y colaboradores. El Tribunal podrá designar, para la realización de las pruebas a los asesores especialistas y personal colaborador y auxiliar que estime necesario, los cuales se limitarán al ejercicio de las funciones que les sean encomendadas.
6.5 Abstención y recusación. Deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento los miembros del Tribunal, asesores y colaboradores en los que concurra alguno de los supuestos de abstención previstos en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los participantes en las pruebas podrán recusar a los miembros del Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la mencionada Ley.
6.6 Asistencias y retribuciones. Los miembros del Tribunal y asesores tendrán derecho al cobro de las asistencias de la categoría tercera, según lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y los colaboradores al percibo de las retribuciones que pudiera corresponderles.
7. Superación de las pruebas
Por Resolución de esta Secretaría de Estado de Seguridad se hará pública la relación de aspirantes que habiendo superado las pruebas son declarados aptos para la habilitación en el ejercicio de las correspondientes profesiones, previa expedición de la tarjeta de identidad profesional, que deberán solicitar antes de tres meses. Transcurrido este plazo, deberán acreditar nuevamente los requisitos b) y e) de la base 5.1 A), y, en todo caso, transcurridos dos años sin solicitar la Tarjeta de Identidad Profesional (T.I.P.), deberán superar nuevas pruebas en el expediente que se instruya a instancia de los propios interesados o, en su caso, la habilitación múltiple a que se refiere el artículo 62 del Reglamento de Seguridad Privada.
Los interesados podrán conocer el contenido de dicha Resolución en los lugares y teléfonos que se citan en la base 2.3 de esta convocatoria.
8. Norma final
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la Secretaría de Estado de Seguridad en el plazo de un mes, en los términos establecidos por el artículo 116 y concordantes de aquella Ley o contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, según lo establecido en los artículos 11.1.a) y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.
APÉNDICE I
Pruebas de aptitud física para vigilante de seguridad (descripción de las pruebas)
1. Potencia tren superior.
1.1 Flexión de brazos en suspensión pura (hombres).
Lugar: Gimnasio o campo de deportes.
Material: Barra fija.
Explicación del ejercicio:
a) Posición de partida: Suspensión pura con palmas al frente y total extensión de brazos.
b) Flexión de brazos, evitando el balanceo del cuerpo y/o ayudarse con movimientos de piernas. Se considera una flexión cuando la barbilla asome por encima de la barra, partiendo siempre de la posición de suspensión pura.
c) Se contará el número de flexiones completas.
d) Se permiten dos intentos sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero, considerándose como tal cualquier incidencia en su ejecución (resbalón, caída, etc…) a valorar por el miembro del Tribunal o colaborador.
1.2 Lanzamiento de balón medicinal (mujeres de todas las edades y hombres desde 40 años).
Lugar: Campo de deportes.
Material: Balón medicinal de 3 kilogramos.
Explicación del ejercicio:
a) Posición de partida detrás de una línea marcada en el suelo, pies separados y simétricos, balón sostenido con ambas manos por encima y por detrás de la cabeza.
b) Ejecución: Lanzar el balón medicinal sujeto con ambas manos y por encima de la cabeza tan lejos como se pueda.
Reglas:
1.ª El lanzamiento se hace con los pies simétricamente colocados, impulsando el balón con las dos manos a la vez por encima de la cabeza.
2.ª No se pueden levantar los pies del suelo. Se permite elevar los talones y plantas, siempre que las puntas de los pies estén en contacto con el suelo.
3.ª Ninguna parte del cuerpo puede tocar o rebasar la línea marcada en el suelo.
4.ª El lanzamiento se mide desde la línea marcada hasta el punto de caída del balón más próximo a la citada línea.
5.ª El intento que no cumpla alguna de las reglas se considerará nulo.
6.ª Se permiten dos intentos sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.
2. Potencia tren inferior.
2.1 Salto vertical (hombres y mujeres).
Lugar: Gimnasio, frontón o lugar similar de suelo horizontal con una pared vertical y lisa.
Explicación del ejercicio:
a) Posición de partida: En pie, de costado junto a una pared vertical, con un brazo totalmente extendido hacia arriba y sin levantar los talones del suelo, el candidato marcará con los dedos, totalmente extendidos, a la altura que alcance en esta posición.
b) Ejecución: El candidato se separará un mínimo de 20 centímetros de la pared o aparato, saltará tan alto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
c) Se acredita la distancia entre la marca hecha desde la posición de partida y la conseguida en el salto.
Reglas:
1.ª Se pueden mover los brazos y flexionar el tronco y las rodillas, pero no se puede separar del suelo parte alguna de los pies antes de saltar.
2.ª Hay que realizar el salto con los dos pies a la vez.
3.ª Se permiten dos intentos sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.
3. Carrera (hombres y mujeres).
Lugar: Pista de atletismo o lugar llano y de suelo compacto y liso.
Explicación de la prueba de 400 metros lisos:
a) Posición de salida: En pie.
b) Ejercicio: Correr la distancia de 400 metros en los tiempos exigidos.
c) Tomar el tiempo invertido.
d) Sólo se permite un intento.
Tablas de función
Edad
Sexo
Flexiones
Balón medicinal
Salto vertical
Carrera
(400 metros)
De 18 a 25 años
Hombres
4
44 cm
1’16’’
Mujeres
4,75 m.
36 cm
1’35’’
De 26 a 32 años
Hombres
3
42 cm
1’22’’
Mujeres
4,25 m.
34 cm
1’44’’
De 33 a 39 años
Hombres
2
40 cm
1’30’’
Mujeres
4,00 m.
32 cm
1’55’’
De 40 a 50 años
Hombres
7,00 m.
36 cm
1’42’’
Mujeres
3,75 m.
28 cm
2’06’’
≥ 51 años
Hombres
6,50 m.
34 cm
1’57’’
Mujeres
3,50 m.
25 cm
2’18’’
APÉNDICE II
Módulos profesionales de formación del vigilante de seguridad
Temas comunes a las distintas modalidades de vigilante de seguridad
Área Jurídica
Módulo de Derecho Constitucional:
Tema 1. La Constitución Española, Estructura y características de la Constitución Española. Derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución. Especial referencia a los derechos relacionados con la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas.
Tema 2. La Unión Europea. El derecho derivado. Principales Instituciones de la Unión Europea.
Módulo de Derecho Penal:
Tema 1. La infracción penal: Definición y breve descripción de sus notas constitutivas. Dolo o imprudencia. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. El uso de instrumentos de defensa (incluidas armas de fuego) dentro de la legítima defensa, estado de necesidad, miedo insuperable, cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho, oficio o cargo.
Tema 2. Las personas criminalmente responsables de los delitos y las faltas.
Tema 3. Homicidio y sus formas. Lesiones.
Tema 4. Delitos contra las libertades: Detenciones ilegales, secuestros, amenazas y coacciones. Violencia de género.
Tema 5. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: Robo, hurto, daños, receptación y otras conductas afines.
Tema 6. Delitos de falsedades documentales.
Tema 7. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución.
Tema 8. Delitos contra la intimidad, el derecho a la imagen y la inviolabilidad del domicilio: Domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público. Omisión del deber de socorro.
Tema 9. Delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la Autoridad y sus agentes.
Módulo de Derecho Procesal Penal:
Tema 1. Noción de derecho procesal penal. La jurisdicción: Concepto y competencia. La denuncia. Concepto, elementos y obligación de denunciar: Delitos públicos y delitos no públicos.
Tema 2. La detención: Concepto y duración. Facultades atribuidas a este respecto por nuestro ordenamiento jurídico a las personas no revestidas de los atributos de agente de policía judicial. Especial referencia a lo que las leyes y jurisprudencia establecen respecto a cacheos y registros. Delito flagrante y persecución del delincuente.
Tema 3. El personal de seguridad privada como auxiliar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el campo de la persecución de las infracciones penales: Pautas de actuación. Especial referencia a su labor en la preservación de instrumentos de prueba.
Tema 4. Los derechos del detenido según nuestro ordenamiento jurídico y su tramitación por parte del sujeto activo de la detención.
Módulo de Derecho Administrativo Especial:
Tema 1. Autoridades competentes en materia de seguridad. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas, y de las Corporaciones Locales. Descripción elemental de su estructura y competencias. Normativa reguladora de la policía estatal y de las policías autonómicas.
Tema 2. Ley de Seguridad Privada. Notas características. Servicios y actividades autorizados a las empresas de seguridad. Ley Orgánica 1/1992: Aspectos penales y administrativos de la tenencia y consumo ilícito de drogas.
Tema 3. Personal de seguridad privada: Clasificación, requisitos y procedimiento de habilitación. Funciones de los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos y escoltas privados. Uniformidad, distintivos y armamento. Régimen sancionador.
Tema 4. Protección de datos de carácter personal. Normativa básica reguladora. Especial referencia al tratamiento y custodia de las imágenes.
Módulo de Derecho Laboral:
Tema 1. Concepto de contrato laboral. Concepto de derecho de negociación colectiva. Derecho de huelga según el ordenamiento jurídico español: Limitaciones o restricciones en su ejercicio.
Tema 2. El marco laboral en el sector de seguridad privada: El convenio laboral.
Tema 3. Prevención de riesgos laborales. Normativa básica. Participación de los empresarios y trabajadores. Derechos y obligaciones. Formación. Consulta y participación de los trabajadores: Órganos de representación.
Módulo de Práctica Jurídica:
Tema 1. Confección de documentos y escritos. Redacción de informes y partes diarios: Contenido. Redacción de informes de incidencias: Contenido y puntos esenciales de los mismos.
Tema 2. Escritos de denuncia: Contenido y puntos esenciales.
Área Socio-profesional
Tema 1. Identificación. Técnicas de descripción de personas y cosas. Especial referencia a este respecto a la atención, percepción y memoria.
Tema 2. Las relaciones humanas y la seguridad. El sentimiento de inseguridad. La actitud e imagen del vigilante de seguridad privada ante la seguridad e inseguridad. Técnicas de comunicación dirigidas a la resolución de conflictos.
Tema 3. La deontología profesional. Ética y conducta del personal de seguridad privada. Las relaciones profesionales con: Personal protegido, medios de comunicación, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y público en general.
Tema 4. Las relaciones profesionales en la empresa. Relaciones jerárquicas. Comunicación interpersonal: Tipos y factores modificantes.
Tema 5. El autocontrol. El pánico y sus efectos. El miedo. El estrés. Técnicas de autocontrol.
Área Técnico-profesional
Tema 1. La seguridad. Nociones generales. Seguridad individual y seguridad colectiva. La inseguridad. Inadaptación, marginalidad y delincuencia: Clases de delincuencia. El sistema integral de seguridad. Teoría esférica de la seguridad. Zonas y áreas de seguridad.
Tema 2. Los medios técnicos de protección (I). Elementos pasivos: La seguridad física. Sistemas de cierre perimetral. Muros, vallas, puertas, cristales blindados, esclusas y otros elementos. Fiabilidad y vulnerabilidad al sabotaje.
Tema 3. Los medios técnicos de protección (II). Elementos activos: Seguridad electrónica. Detectores de interiores y exteriores. El circuito cerrado de televisión. Fiabilidad y vulnerabilidad al sabotaje.
Tema 4. La central de control de alarmas. Organización y funciones. Los sistemas de control y alarmas. Concepto de alarma falsa y alarma real. Sistemas de verificación de las alarmas. Servicio de respuesta y de custodia de llaves. Procedimiento de reacción ante alarmas: El enlace con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Tema 5. La autoprotección. Técnicas y procedimiento de autoprotección personal: En el trabajo, en el domicilio, en los desplazamientos, en otros lugares.
Tema 6. La protección de edificios: En domicilios, establecimientos, grandes superficies y centros de concentración de masas por espectáculos públicos.
Tema 7. El control de accesos. Finalidad. Organización: Medios humanos y materiales. Procedimiento de actuación: Identificación, autorización, tarjeta acreditativa y registro documental de acceso.
Tema 8. La protección de polígonos industriales y urbanizaciones. Características de estas zonas. Rondas de vigilancia a pie y en vehículo. Recorridos y frecuencias. Procedimientos de actuación: Identificación de personas.
Tema 9. La protección de fondos, valores y objetos valiosos (I). El transporte de estos materiales: Características de los medios humanos y materiales. Medidas de seguridad antes, durante y después del servicio. Técnicas de protección. Ofensivas y defensivas.
Tema 10. La protección de fondos, valores y objetos valiosos (II). Protección del almacenamiento. Recuento y clasificación. Medios técnicos empleados en cámaras acorazadas.
Tema 11. La protección de pruebas e indicios. Procedimiento de protección. La recogida de pruebas e indicios con carácter excepcional.
Tema 12. La falsificación de documentos y monedas. La falsificación de documentos: Documento nacional de identidad, pasaporte, carnet de conducir. La falsificación de monedas: Billetes de banco y monedas.
Tema 13. La protección ante artefactos explosivos. Actuación ante amenaza de colocación de un artefacto explosivo. Planes de emergencia y evacuación. Concepto. Clases. El control de personal y objetos: Paquetería y correspondencia. Control y requisa de vehículos.
Tema 14. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Área Instrumental
Tema 1. Los sistemas de comunicación. Las telecomunicaciones. Los radioteléfonos. El teléfono. El telefax. Introducción a las redes informáticas y tipos. Los navegadores Web: Conocimiento básico. El correo electrónico.
Tema 2. Partes y funciones básicas de un ordenador. Los sistemas operativos: definición y conocimiento básico. Aplicaciones informáticas: Tratamiento de texto, hoja de cálculo, bases de datos.
Tema 3. Medios de detección. La utilización de detectores de metales, explosivos y elementos radiactivos. Manejo y precauciones.
Tema 4. La protección contra incendios. Sistemas de detección: Detectores y avisadores. Mecanismo de extinción de incendios. Agentes extintores. Mangueras. Extintores. Prácticas de manejo de mangueras y extintores.
Tema 5. Técnicas de primeros auxilios (I). Concepto. Contenido de las técnicas. Limitaciones. Concepto de urgencia. Orden de prioridad para la asistencia. El control de hemorragia. Técnica de respiración artificial y reanimación cardiovascular. El desfibrilador externo semiautomático.
Tema 6. Técnicas de primeros auxilios (II). El traslado de heridos: A pie, en camilla, en vehículos. Primeras actuaciones en caso de accidente con traumatismos: Craneoencefálico, torácicos, abdominales, de columna vertebral, fracturas y luxaciones.
Tema 7. La preparación física. Entrenamiento para superar las pruebas de: Flexión de brazos en suspensión pura, lanzamiento de balón medicinal, salto vertical y carrera (400 metros).
Tema 8. La defensa personal (I). Fundamentos. Posiciones fundamentales de defensa, ataque y desplazamientos. Técnicas de bloqueo y percusión. Técnicas de luxación: Muñeca, codo y hombro.
Tema 9. La defensa personal (II). Defensa contra los ataques a órganos de frente, espalda y brazos. Las estrangulaciones. Defensa contra ataques de puño y pierna.
Tema 10. La defensa personal (III). Defensa contra arma blanca y arma de fuego. Reducciones. Cacheos y esposamientos.
Tema 11. Técnicas de empleo de la defensa. Característica de la defensa. Casuística de su utilización.
Tema 12. Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por el vigilante de seguridad. Estudio de las armas reglamentarias. Cartuchería y munición. Conservación y limpieza. Su tratamiento en el Reglamento de Armas.
Tema 13. Normas de seguridad en el manejo de armas. Generales y específicas. El principio de proporcionalidad.
Tema 14. Tiro de instrucción. Prácticas de fuego real y/o de fogueo o en simulador homologado, con las armas reglamentarias.
APÉNDICE III
Módulos profesionales complementarios y específicos de formación de escolta privado
Módulo jurídico:
Tema 1. Derecho Administrativo especial. El escolta privado: Naturaleza. Requisitos para la obtención de la habilitación.
Tema 2. Funciones a desempeñar por el escolta privado.
Tema 3. Porte y depósito del arma de fuego.
Módulo técnico:
Tema 1. La protección. Fuentes y fundamentos de peligro. La protección integral.
Tema 2. Protección dinámica (I). Teoría esférica de la protección. Teoría de los círculos concéntricos. Escalones y niveles de seguridad. Evaluación de dispositivos. Coordinación con el Departamento de Seguridad.
Tema 3. Protección dinámica (II). Técnicas de protección en movimiento. Interior de edificios. Escaleras y ascensores. Líneas de recibimiento y control. Evacuaciones.
Tema 4. Protección estática. En el domicilio. En el lugar de trabajo. Coordinación de servicios.
Tema 5. Técnicas de seguridad en vehículos. Características del vehículo y de los conductores. Cápsulas de seguridad sobre vehículos. Conducción evasiva: Defensiva y ofensiva. Contramedidas electrónicas: Inhibidores de frecuencias, y perturbadores.
Tema 6. Caravanas e itinerarios. Clasificación de las caravanas. Itinerarios: Principal, alternativo, de evacuación, y de fuga. Funciones y competencias atribuidas a los escoltas privados en los apartados anteriores. Dispositivos de localización y seguimiento vía satélite. Sistemas de posicionamiento global (GPS).
Tema 7. Técnicas de información y observación. La información como elemento imprescindible en la protección. La observación como fuente de información y técnica disuasoria.
Tema 8. Los procedimientos del agresor. Métodos de actuación. El atentado. El secuestro. La amenaza. La extorsión.
Tema 9. Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por escoltas privados. Estudio de las armas reglamentarias. Cartuchería y munición. Conservación y limpieza.
Tema 10. Teoría del tiro. Balística interna. Balística externa. Balística de efectos.
Tema 11. Normas de seguridad en el manejo de armas. Generales y específicas.
Tema 12. Tiro de instrucción. Prácticas de fuego real y/o de fogueo o en simulador homologado, con las armas reglamentarias.
APÉNDICE IV
Módulos profesionales complementarios y específicos de vigilante de explosivos
Módulo jurídico:
Tema 1. Derecho Administrativo especial. El vigilante de explosivos: Naturaleza. Requisitos para la obtención de la habilitación; funciones a desempeñar.
Tema 2. El Reglamento de Explosivos: Artículos que especialmente le afectan. Real Decreto 563/2010, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería: Artículos que especialmente le afectan. Ley y Reglamento de Minas. Reglamento Nacional del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, Ferrocarril y Vía Aérea: Artículos que especialmente le afectan.
Tema 3. Derecho Penal Especial. El delito de tenencia ilícita de explosivos.
Módulo técnico:
Tema 1. Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por el vigilante de explosivos. Estudio de las armas reglamentarias. Cartuchería y munición. Conservación y limpieza.
Tema 2. Teoría del tiro. Balística interna. Balística externa. Balística de efectos.
Tema 3. Normas de seguridad en el manejo de las armas (arma corta y arma larga utilizada en la custodia de transportes). Generales y específicas.
Tema 4. Tiro de instrucción. Prácticas con fuego real con las armas reglamentarias, tanto con el arma corta, como el arma larga utilizada en la custodia de transportes.
Tema 5. Los explosivos. Naturaleza. Características. Clasificación. Explosivos industriales.
Tema 6. Los iniciadores. Naturaleza y clasificación. Efectos de las explosiones. La destrucción de explosivos.
Tema 7. La cartuchería y pirotecnia. Características. Clasificación.
Tema 8. Medidas de seguridad a adoptar en la manipulación y custodia de los explosivos, cartuchería y material pirotécnico. Depósitos y almacenamientos especiales.
Tema 9. Medidas de seguridad a adoptar en el transporte para diferentes medios, carga y descarga de explosivos, cartuchería y material pirotécnico. | Pruebas vigilantes privados: Suben la altura mínima pero mantienen los pobres requisitos penales. | De conformidad con lo establecido en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, modificada por los Reales Decretos-Leyes 2/1999, de 29 de enero y 8/2007 de 14 de septiembre; en el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, modificado por los Reales Decretos 938/1997, de 20 de junio, 1123/2001, de 19 de octubre, 4/2008, de 11 de enero y 1628/2009 de 30 de octubre; en la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada; en la Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de 12 de noviembre, por la que se determinan los programas de formación del personal de Seguridad Privada; en el Real Decreto 938/1997, de 20 de junio, por el que se completa la regulación de los requisitos de autorización de empresas de seguridad y los de habilitación de seguridad privada.
Teniendo en cuenta asimismo, lo establecido en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada; en la Orden del Ministerio del Interior, de 14 de enero de 1999, por la que se aprueban los modelos de informes de aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada, así como la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social; en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda Pública, modificada por la de 11 de diciembre de 2001; y demás normativa aplicable con carácter directo o supletorio,
Esta Secretaría de Estado ha resuelto:
Primero.
Aprobar para el año 2014 las convocatorias de pruebas de selección para vigilante de seguridad y sus especialidades, cuya superación habilitará para el ejercicio de las correspondientes profesiones, previa expedición de la tarjeta de identidad profesional, con arreglo a la bases, que en anexo a la presente resolución se aprueban y publican, y que serán comunes y únicas para cada una de las convocatorias, sin perjuicio de las posibles modificaciones que pudiera sufrir la legislación vigente, en cuyo caso se estaría a lo dispuesto en ellas.
Segundo.
Por la Dirección General de la Policía se adoptarán las disposiciones necesarias para que, por su órgano encargado de la formación, se lleve a cabo el desarrollo y ejecución de los procesos selectivos convocados, de acuerdo con las bases del anexo a esta resolución.
Madrid, 12 de diciembre de 2013.–El Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez.
ANEXO
Bases de convocatoria
1. Destinatarios y requisitos de participación
1.1 Destinatarios. Podrán participar en las pruebas y son destinatarios de la presente convocatoria:
a) Los aspirantes a vigilante de seguridad y sus especialidades (escolta privado y/o vigilante de explosivos) que acrediten haber superado el curso o cursos correspondientes en los centros de formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad.
b) Los aspirantes a las especialidades de escolta privado y/o vigilante de explosivos que ya sean vigilante de seguridad y acrediten haber superado el curso o cursos correspondientes en los centros de formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad.
c) El personal de seguridad privada debidamente habilitado que, habiendo permanecido inactivo más de dos años, deba someterse a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias, conforme al artículo 10.6 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.
1.2 Requisitos Generales. En la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes para participar en cada una de las convocatorias, a que se refiere el punto 2.1. de las presentes, los aspirantes habrán de reunir los siguientes requisitos generales:
a) Ser mayor de edad y no haber cumplido cincuenta y cinco años.
b) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o bien que le sea aplicable lo dispuesto en la legislación sobre régimen comunitario conforme al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.
d) Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones de vigilante de seguridad y reunir los requisitos necesarios para prestar servicios de seguridad privada, a tenor de lo dispuesto al efecto en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada.
e) Carecer de antecedentes penales.
f) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.
g) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia de seguridad.
h) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
i) No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la solicitud.
j) Poseer diploma o certificación acreditativa de haber superado el curso o cursos correspondientes en los centros de formación de seguridad privada
### RESUMEN: Pruebas vigilantes privados: Suben la altura mínima pero mantienen los pobres requisitos penales. |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y con el previo conocimiento del Consejo de Ministros en su reunión de 14 de marzo pasado, vengo a nombrar a doña María Asunción Oltra Torres como Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Madrid, 15 de marzo de 2014.–La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato Adrover. | Mato nombra directora de gabinete de la Secr. Estado de Servicios Sociales a María Asunción Oltra Torres | De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y con el previo conocimiento del Consejo de Ministros en su reunión de 14 de marzo pasado, vengo a nombrar a doña María Asunción Oltra Torres como Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Madrid, 15 de marzo de 2014.–La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato Adrover.
### RESUMEN: Mato nombra directora de gabinete de la Secr. Estado de Servicios Sociales a María Asunción Oltra Torres |
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García y don Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3766-2015 promovido por doña Patricia del Pozo Fernández, representada por el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal y asistida por la Abogada doña María Dolores Martínez Pérez, contra la decisión del Presidente de la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía, celebrada el 16 de abril de 2015, por la que se proclamó a los tres Secretarios de la Mesa. Han intervenido el Parlamento de Andalucía y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 25 de junio de 2015, doña Patricia del Pozo Fernández, diputada del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Andalucía, representada por el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal y asistida por la Abogada doña María Dolores Martínez Pérez, interpuso demanda de amparo contra la decisión del Presidente de la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía a la que se hace referencia en el encabezamiento.
2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son los que siguen:
a) El 22 de marzo de 2015 se celebraron las elecciones al Parlamento de Andalucía y el 16 de abril de ese mismo año la Cámara celebró su sesión constitutiva, presidida, de acuerdo con el art. 3 del Reglamento del Parlamento de Andalucía (RPA), por el diputado electo de mayor edad (que resultó ser don Luis Pizarro Medina, diputado electo del PSOE) asistido, en calidad de Secretarios, por los dos diputados más jóvenes (que resultaron ser también dos diputados del PSOE). Una vez declarada abierta la sesión y tras dar lectura al Decreto de convocatoria y a la relación de diputados electos, se procedió a la elección de la Mesa del Parlamento (compuesta por el Presidente, tres Vicepresidentes y tres Secretarios, según establece el art. 27.2 RPA), de acuerdo con el procedimiento regulado en los arts. 33 y 34 RPA, a los que se remite el art. 3.2 RPA.
En lo que importa al presente recurso de amparo, el art. 33.4 RPA determina que «las votaciones de Presidente o Presidenta, Vicepresidentes y Secretarios se harán sucesivamente», y el art. 34 RPA establece lo siguiente:
«1. Para la elección de Presidente o Presidenta, cada miembro del Parlamento escribirá un solo nombre en la papeleta, y resultará elegido el que obtenga la mayoría absoluta. Si no la hubiera, se repetirá la elección entre los dos Diputados que se hayan acercado más a la mayoría, y resultará elegido quien obtenga el mayor número de votos. En caso de empate, se celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos igualados en votos y, si el empate persistiera después de cuatro votaciones, se considerará elegido el candidato o candidata propuesto individual o conjuntamente por los partidos, coaliciones o grupos con mayor respaldo electoral, atendiendo, incluso, al criterio de lista más votada en las elecciones.
2. Para la elección de los tres Vicepresidentes, cada Diputado o Diputada escribirá un nombre en la papeleta y resultarán elegidos quienes por orden correlativo obtengan la mayoría de votos.
3. De la misma forma serán elegidos los tres Secretarios.
4. Si en alguna votación se produjese empate, se celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos igualados en votos hasta que el empate quede dirimido.
5. Ningún partido, federación, coalición o agrupación de electores podrá presentar más de un candidato o candidata para cada uno de los puestos de la Mesa.»
b) En aplicación de los preceptos indicados, en la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía se procedió a la elección del Presidente conforme al procedimiento regulado en el art. 34.1 RPA, resultando elegido, en segunda votación, el candidato propuesto por el PSOE, por mayoría de 47 votos. A continuación, siguiendo el procedimiento previsto en el art. 34.2 RPA, se procedió a la elección de los tres Vicepresidentes; de los 109 votos emitidos, la candidata propuesta por el PSOE obtuvo 47 votos, siendo proclamada Vicepresidenta primera; la candidata propuesta por el PP obtuvo 33 votos, siendo proclamada Vicepresidenta segunda; el candidato propuesto por Podemos obtuvo 15 votos, siendo proclamado Vicepresidente tercero.
Tal y como consta en el «Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía» núm. 1, de 16 de abril de 2015, p. 22, tras ser elegidos los Vicepresidentes, el Presidente de la sesión constitutiva se dirigió a la Cámara en los siguientes términos: «a continuación, de la misma forma que se ha procedido para la elección de los Vicepresidentes, corresponde en este momento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 34.3 del Reglamento de la Cámara, que el Pleno proceda a la elección de los tres Secretarios. Al igual que en la ocasión anterior, cada diputado o diputada escribirá un nombre en la papeleta. Resultarán elegidos los que, por orden correlativo, obtengan la mayoría de votos». Asimismo añadió: «Debo aclarar, en cumplimiento de lo previsto en el art. 37 del Reglamento, el derecho de cada grupo a un miembro en la Mesa, así como la exigencia del respeto al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres. Puede ser necesaria la intervención de la Mesa resolviendo de oficio los procedentes para dar cumplimiento a dicha normativa».
A los efectos del presente recurso de amparo interesa señalar que, tal como se desprende de la lectura íntegra de la intervención del Presidente de la sesión constitutiva, ha de entenderse que su referencia al art. 37 RPA lo es en realidad al art. 36 RPA, que establece que «todos los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las mismas representación suficiente para constituir Grupo parlamentario, tendrán derecho a estar presentes en la Mesa».
Seguidamente el Presidente de la sesión constitutiva pasó a preguntar a los distintos grupos parlamentarios los nombres de los diputados propuestos para ocupar uno de los puestos de Secretario en la Mesa. Una vez efectuada la votación el resultado del escrutinio fue el siguiente: de un total de 109 votos emitidos, la candidata propuesta por el PSOE obtuvo 47 votos; la candidata propuesta por el PP (doña Patricia del Pozo Fernández, recurrente en amparo) obtuvo 33 votos; el candidato de Ciudadanos (C’s) obtuvo 9 votos y el candidato de Izquierda Unida (IU) 5 votos, emitiéndose 15 votos en blanco (Podemos no presentó ningún candidato).
A continuación el Presidente de la sesión constitutiva expuso lo siguiente: «como todas las fuerzas políticas significativas tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta, en caso de que ello no fuera posible, con arreglo a criterios de proporcionalidad pura cederá un puesto la propuesta … que, teniendo ya asegurada la elección de un miembro de la Mesa, obtenga en esa tercera votación menor número de votos» («Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía», núm. 1, de 16 de abril de 2015, p. 27). En aplicación de lo manifestado, que deriva de la interpretación que el Presidente de la sesión constitutiva hace del art. 36 RPA, proclamó como Secretaria primera a la candidata propuesta por el PSOE; como Secretario segundo al candidato de C’s; y como Secretario tercero al candidato de IU. Quedó excluida, por tanto, la recurrente en amparo.
En el «Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía» (núm. 1, de 16 de abril de 2015, pp. 32 y 33) se refleja también que el Sr. Rojas García, diputado del PP, manifestó su discrepancia respecto de la decisión tomada por el Presidente de la sesión constitutiva, aduciendo que este no tiene ninguna facultad para interpretar el Reglamento de la Cámara, debiendo aplicarse exclusivamente a la elección de Secretarios de la Mesa lo dispuesto en los arts. 33 y 34 RPA, a los que se remite el art. 3.2 RPA.
3. Recurre en amparo doña Patricia del Pozo Fernández, diputada del Parlamento de Andalucía y candidata del PP al cargo de Secretaria de la Mesa del Parlamento. La demanda se plantea al amparo del art. 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y en ella se solicita la nulidad de la decisión del Presidente de la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía de 16 de abril de 2015 por la que se proclamó a los tres Secretarios de la Mesa del Parlamento sin respetar, aun exigiéndolo el Reglamento de la Cámara, los resultados de la votación previa, vulnerando el derecho fundamental de la diputada recurrente, elegida para ocupar la Secretaría segunda de la Mesa, a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes.
Según la recurrente, siguiendo el procedimiento del art. 34 RPA el Presidente de la sesión constitutiva estaba obligado a proclamar Secretarios de la Mesa a aquellos Diputados propuestos que por orden correlativo hubiesen obtenido la mayoría de votos, es decir, Secretario primero al candidato del PSOE, que obtuvo 47 votos; Secretaria segunda a la recurrente, con 33 votos, y Secretario tercero al candidato de C’s, con 9 votos. Sin embargo el Presidente de la sesión constitutiva decidió unilateralmente y sin base jurídica alguna excluir a la representante del PP y nombrar como Secretario de la Mesa al representante de IU, que solo obtuvo 5 votos. Para la recurrente dicha decisión vulnera su derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE), por las siguientes razones.
Se vulnera el derecho a la predeterminación normativa del procedimiento de acceso a los cargos públicos, porque la decisión impugnada es arbitraria y se aparta del procedimiento establecido en el Reglamento del Parlamento de Andalucía, al imponer el Presidente de la sesión constitutiva un criterio para la composición de la Mesa del Parlamento que sólo se hizo público una vez conocido el resultado del escrutinio.
El Presidente de la sesión constitutiva carece de competencia para interpretar el Reglamento de la Cámara, pues el art. 29 RPA solo atribuye dicha facultad al Presidente del Parlamento. El art. 3.2 RPA se remite exclusivamente a los arts. 33 y 34 RPA para proceder a la elección de los miembros de la Mesa y, sin embargo, el Presidente de la sesión constitutiva aplicó el art. 36 RPA, estableciendo criterios para solventar una supuesta contradicción entre preceptos reglamentarios y sin hacer públicos esos criterios hasta conocer el resultado de la votación, lo que impidió que ocupara el puesto de Secretaria segunda de la Mesa la recurrente, quien había obtenido el cargo de manera legítima y democrática.
La interpretación realizada por el Presidente de la sesión constitutiva es en cualquier caso incorrecta y vulnera el derecho fundamental a acceder y ejercer en condiciones de igualdad a los cargos públicos representativos, toda vez que el art. 36 RPA resultaría imposible de aplicar cuando el número de grupos parlamentarios supere el de miembros de la Mesa (que son siete). Hay que entender que ese precepto se refiere al derecho de los grupos parlamentarios a designar un vocal para poder estar presente en las reuniones de la Mesa, tal y como ha ocurrido en otras legislaturas. No obstante lo anterior, expone la recurrente que, aunque se admitiese el criterio de una mayor representación de grupos parlamentarios en la Mesa, una distribución ajustada al principio de proporcionalidad en atención a los resultados obtenidos llevaría a la conclusión de que no sería al PP sino al PSOE al que correspondería ceder un representante en la Mesa.
Por todo ello solicita la recurrente que se le otorgue el amparo por vulneración del art. 23.2 CE y que, en consecuencia, se declare la nulidad de la decisión impugnada y se reconozca su derecho a ocupar el cargo de Secretaria segunda de la Mesa del Parlamento de Andalucía, como consecuencia del resultado de la votación celebrada en la sesión constitutiva de 16 de abril de 2015, con efectos desde esa fecha.
4. La Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 11 de abril de 2016, acordó admitir a trámite la demanda de amparo, apreciando que concurre una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)]. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, acordó requerir al Presidente del Parlamento de Andalucía la remisión del testimonio de las actuaciones, acompañándose copia de la demanda a los efectos de su personación en el presente proceso.
5. El Letrado del Parlamento de Andalucía presentó escrito el 28 de abril de 2016 solicitando que se le tuviera por personado en la representación que ostenta.
6. La Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 3 de mayo de 2016, acordó tener por personado y parte al Letrado del Parlamento de Andalucía y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 LOTC.
7. El Letrado del Parlamento de Andalucía, mediante escrito registrado el 8 de junio de 2016, formuló sus alegaciones solicitando la desestimación del recurso de amparo, al entender que el acuerdo impugnado no vulnera el art. 23 CE, toda vez que fue adoptado en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Cámara.
El Letrado del Parlamento de Andalucía comienza sus alegaciones afirmando que la cuestión de fondo que se plantea se centra en determinar cuáles son las funciones o facultades que corresponden al Presidente de la Mesa de Edad en el desarrollo de la sesión constitutiva. En este sentido, afirma que la dirección parlamentaria del desarrollo del proceso de elección de los miembros de la Mesa y la resolución de cuantas cuestiones se planteen al respecto, hasta culminar efectivamente con la considerada elección y la ocupación de sus puestos por los elegidos, ha de recaer sobre quien ostente la presidencia de la sesión, lo que le lleva a concluir que al Presidente de la Mesa de Edad ha de corresponder, por una parte, la dirección del proceso de elección y el mantenimiento del orden en el desarrollo del mismo y, por otra parte, resolver lo procedente respecto de esa elección, interpretando, en su caso, los preceptos que resulten de aplicación. Afecta, por tanto, al Presidente de la Mesa de edad el art. 29.2 RPA, que otorga al Presidente del Parlamento la facultad de «cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión», en cuanto resulte preciso para resolver las cuestiones o incidencias que se planteen durante la sesión y que efectivamente deban resolverse de modo inmediato. Quedaría así justificada la interpretación del Reglamento de la Cámara por el Presidente de la Mesa de edad, con la finalidad de garantizar que en la sesión constitutiva del Parlamento sean elegidos y ocupen sus puestos los miembros de la Mesa.
Asimismo, considera que en la demanda de amparo se traslada incorrectamente la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el acceso a la función pública que se desprende, entre otras, de la STC 48/1998, de 2 de marzo, y que la necesidad de predeterminación normativa que invoca la recurrente no es aplicable al caso; esa doctrina constitucional se refiere a los requisitos de mérito y capacidad previstos en el art. 103.3 CE, lo que no es trasladable al supuesto de acceso a los cargos públicos representativos. En todo caso, entiende que no vulnera el art. 23.2 CE la circunstancia de que el criterio aplicado para la distribución de los cargos de Secretarios de la Mesa se diera a conocer después de la votación, pues la interpretación realizada resulta jurídicamente posible sin alterar las reglas del razonamiento lógico, sin que pueda el Tribunal Constitucional sustituir a los órganos parlamentarios en la tarea interpretativa de las normas jurídicas que deben aplicar, ni juzgar su acierto, porque ello supondría vulnerar el principio de autonomía parlamentaria.
Por último el Letrado señala que tras la reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía que tuvo lugar en el año 1996 y que introduce el actual artículo 36, es la primera vez en la historia del Parlamento de Andalucía que se plantea un supuesto análogo al que nos ocupa, pues nunca hasta ahora había sido precisa la aplicación de dicho precepto como consecuencia de los resultados de las votaciones, pues en las legislaturas anteriores todas las formaciones habían obtenido, al menos, un miembro de la Mesa. En este caso, en la sesión constitutiva del Parlamento quedó elegida la Mesa cumpliendo lo establecido en el art. 36 RPA, de forma que, aunque cabe sostener que podían existir otras soluciones a la cuestión planteada que hubieran sido asimismo razonables y lógicas, la decisión impugnada es conforme al Reglamento del Parlamento de Andalucía y no vulnera el derecho fundamental reconocido por el art. 23.2 CE.
8. La representación procesal de la recurrente en amparo presentó su escrito de alegaciones en este Tribunal el 9 de junio de 2016, en el que reitera lo expuesto en la demanda de amparo, poniendo de relieve, asimismo, la legitimación pasiva del Parlamento de Andalucía en el presente proceso, de acuerdo con lo previsto en el art. 41.2 LOTC, pese a que los actos recurridos se producen durante la sesión constitutiva del Parlamento.
9. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones en este Tribunal el 13 de junio de 2016, en el que interesa que se dicte Sentencia estimando el recurso de amparo y, en consecuencia, que se declare la nulidad de la decisión impugnada y se retrotraigan las actuaciones relativas a la elección de los Secretarios de la Mesa al momento en el que se hizo el escrutinio de la votación para estos cargos, con proclamación de este resultado.
Tras exponer detalladamente los antecedentes de los que trae causa el recurso, así como los principales argumentos contenidos en la demanda de amparo, el Fiscal aduce que la privación del cargo de Secretaria de la Mesa que sufrió la recurrente se produjo por decisión del Presidente de la sesión constitutiva al constatar que el resultado de las votaciones para la elección de los miembros la Mesa del Parlamento dejaba fuera al Diputado propuesto por el grupo de IU. Resolvió aplicar el art 36 RPA con un criterio que no está expresamente contemplado en la norma reglamentaria, ni había sido aprobado por los órganos de la Cámara en la legislatura precedente, ni consta que hubiera sido objeto de informe por los servicios jurídicos de la Cámara. Señala el Fiscal que el cargo de Presidente de la sesión constitutiva no es electivo, sino que, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Parlamento de Andalucía, es desempeñado por el Diputado de mayor edad y su función está limitada, a los efectos que aquí interesan, a dar paso al proceso de constitución de la Mesa del Parlamento con la elección de sus miembros mediante el procedimiento previsto en los arts. 33 y 34 RPA.
Para el Fiscal lo relevante es que el Presidente de la sesión constitutiva no tiene atribuidas en el Reglamento del Parlamento de Andalucía facultades para interpretar o integrar las disposiciones reglamentarias, sino que dicha función es atribuida, exclusivamente, de acuerdo con lo dispuesto en el art 29.2 RPA, al Presidente del Parlamento. Asimismo, el Fiscal recuerda la doctrina de las SSTC 226/2004 y 227/2004 según la cual si bien es posible la interpretación y la integración de las disposiciones de los Reglamentos parlamentarios con normas interpretativas o supletorias, esta función corresponde exclusivamente a los órganos rectores o de gobierno de la Cámara y siempre con el límite del propio Reglamento, que no podrá resultar modificado o contradicho. En este sentido, concluye que el Presidente de la sesión constitutiva se arrogó funciones de integración del Reglamento parlamentario que no le corresponden y estableció un criterio interpretativo de la previsión del art 36 RPA en contra de lo previsto en los arts. 33 y 34 RPA. Alteró así el resultado de la votación para la elección de los tres Secretarios de la Mesa vulnerando el derecho fundamental de la recurrente (art. 23.2 CE en conexión con el art. 23.1 CE) a acceder en condiciones de igualdad al cargo de Secretaria de la Mesa, para el que fue propuesta por su grupo parlamentario y resultó elegida por votación conforme al procedimiento previsto en el Reglamento del Parlamento de Andalucía.
10. Por providencia de 24 de noviembre de 2016, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 28 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Como se ha expuesto con mayor detalle en los antecedentes, la cuestión suscitada en el presente recurso de amparo se contrae a determinar si la decisión del Presidente de la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía, celebrada el 16 de abril de 2015, por la que se proclamó a los tres Secretarios de la Mesa del Parlamento de Andalucía, vulnera el derecho de la demandante a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos reconocido en el art. 23.2 CE, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes, garantizado en el art. 23.1 CE.
La recurrente, diputada del Parlamento andaluz y candidata propuesta por el grupo parlamentario del PP al cargo de Secretaria de la Mesa, alega que el Presidente de la sesión constitutiva se apartó del procedimiento establecido en los arts. 33 y 34 del Reglamento del Parlamento de Andalucía (RPA), al que remite expresa y taxativamente el art. 3.2 RPA. De acuerdo con él resultaría obligado proclamar como Secretarios de la Mesa a aquellos diputados que, por orden correlativo, hubiesen obtenido la mayoría de votos. Conforme a los resultados de la votación celebrada el 16 de abril de 2015, debió pues ser proclamada Secretaria primera (como lo fue) la candidata del PSOE, que obtuvo 47 votos; Secretaria segunda a la recurrente, con 33 votos; y Secretario tercero el candidato de Ciudadanos (C’s), con 9 votos (finalmente proclamado como Secretario segundo). Sin embargo, el Presidente de la sesión constitutiva del Parlamento decidió unilateralmente y sin base jurídica alguna excluir a la diputada recurrente y nombrar como Secretario de la Mesa (Secretario tercero) al diputado propuesto por Izquierda Unida (IU), que solo obtuvo 5 votos. Esa decisión la llevó a cabo mediante una interpretación arbitraria del art. 36 RPA, sin que, como Presidente de la sesión constitutiva, tuviera competencia para interpretar el Reglamento de la Cámara, sin respetar el principio de proporcionalidad y fijando un criterio para la composición de la Mesa que solo hizo público tras conocerse los resultados de la votación para la elección de Secretarios de la Mesa.
Por su parte, el Letrado del Parlamento de Andalucía solicita la desestimación del recurso de amparo al entender, como se expone con más detalle en los antecedentes, que el Presidente de la sesión constitutiva ejerció legítimamente sus facultades y llevó a cabo una correcta labor interpretativa del Reglamento de la Cámara, sin que pueda considerarse que vulnera el art. 23.2 CE la circunstancia de que el criterio aplicado para la distribución de los cargos de Secretarios de la Mesa se diera a conocer después de la votación. La interpretación realizada resultaría jurídicamente posible sin alterar las reglas del razonamiento lógico y no podría el Tribunal Constitucional sustituir a los órganos parlamentarios en la tarea interpretativa de las normas jurídicas que deben aplicar, ni juzgar su acierto, porque sería vulnerar el principio de autonomía parlamentaria.
El Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso de amparo en los términos que han quedado reflejados en los antecedentes, al considerar que el Presidente de la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía se arrogó funciones de integración del Reglamento de la Cámara que no le otorga esta norma. Habría establecido, sin informe previo ni consulta a los órganos rectores del Parlamento, una norma de integración de la previsión del art 36 RPA que modifica lo dispuesto en los arts. 33 y 34 RPA sobre la elección de los miembros de la Mesa; dejó así sin efecto el resultado de la votación para el cargo de Secretario segundo, que había recaído en la diputada recurrente.
2. Aunque ninguna de las partes que comparecen en este proceso de amparo ha puesto en duda la especial trascendencia constitucional de este recurso, que es requisito para su admisión de conformidad con los arts. 49.1 y 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y, por consiguiente, requisito de orden público procesal (STC 113/2012, de 24 de mayo, FJ 2, y las allí citadas), lo cierto es que exigencias de certeza y buena administración de la justicia (STEDH de 20 de enero de 2015, asunto Arribas Antón c. España, § 46) conducen a hacer explícito el cumplimiento de ese requisito para conocer los criterios empleados al efecto por el Tribunal Constitucional.
En el presente caso, este Tribunal decidió admitir a trámite la demanda de amparo, por providencia de 11 de abril de 2016, apreciando que concurre una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el asunto suscitado no afecta solo al caso concreto sino que podría tener consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)]; a lo que cabe añadir –como se desprende, entre otras, de la STC 200/2014, de 15 de diciembre, FJ 2– que los amparos parlamentarios (art. 42 LOTC) tienen una particularidad respecto del resto de los recursos de amparo en cuanto al marco de garantías del que disponen los eventuales recurrentes para invocar sus derechos fundamentales: la ausencia de una vía jurisdiccional previa al amparo constitucional en la que postular la reparación de los derechos vulnerados y que se retrotrae, en origen, a la doctrina de los interna corporis acta. De acuerdo con ella los actos parlamentarios resultan infiscalizables por los tribunales ordinarios, circunstancia que ha de conjugarse con el ejercicio del ius in officium por parte de los representantes políticos sin perturbaciones ilegítimas y, en última instancia, con el derecho de los propios ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante sus representantes (art. 23.1 CE). Esta circunstancia sitúa a los amparos parlamentarios en una posición especial a la hora de valorar la especial trascendencia constitucional (STC 155/2009, FJ 2), dada la repercusión general que tiene el ejercicio de la función representativa, que excede del ámbito particular del parlamentario y del grupo en el que se integra. Esto no significa que tales factores, relevantes para decidir la admisión del recurso, deban trasladarse al núcleo de la decisión sobre el fondo del asunto, como ya tuvo ocasión de aclarar este Tribunal (SSTC 9/2015, de 2 de febrero, FJ 3, y 242/2015, de 30 de noviembre, FJ 2, entre otras).
3. Entrando ya en el análisis de la queja que se formula en la demanda de amparo, resulta oportuno traer a colación la doctrina constitucional sobre los derechos fundamentales invocados, en conexión con el contenido y finalidad del acuerdo parlamentario impugnado.
Así, deber recordarse que el art. 23.2 CE, que reconoce el derecho de los ciudadanos «a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes», no sólo garantiza el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también que los que hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos y los desempeñen de conformidad con lo que la ley disponga (SSTC 5/1983, de 4 de febrero, FJ 3; 10/1983, de 21 de febrero, FJ 2; 28/1984, de 28 de febrero, FJ 2; 32/1985, de 6 de marzo, FJ 3; 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6; 40/2003, de 17 de febrero, FJ 2, y 1/2015, de 19 de enero, FJ 3, entre otras). Esta garantía resulta de particular relevancia cuando, como ocurre en el presente caso, la petición de amparo es aducida por un representante parlamentario en defensa del ejercicio de sus funciones, ya que en tal supuesto resulta también afectado el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes, reconocido en el art. 23.1 CE (SSTC 161/1988, FJ 6; 181/1989, de 3 de noviembre, FJ 4; 205/1990, de 13 de diciembre, FJ 4; 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 40/2003, FJ 2, y 1/2015, FJ 3, entre otras muchas).
En una línea jurisprudencial que se inicia con las citadas SSTC 5/1983 y 10/1983, este Tribunal ha establecido una conexión directa entre el derecho de los parlamentarios (art. 23.2 CE) y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE), pues «puede decirse que son primordialmente los representantes políticos de los ciudadanos quienes dan efectividad a su derecho a participar en los asuntos públicos. De suerte que el derecho del art. 23.2 CE, así como, indirectamente, el que el art. 23.1 CE reconoce a los ciudadanos, quedaría vacío de contenido, o sería ineficaz, si el representante político se viese privado del mismo o perturbado en su ejercicio» (SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ 2; 107/2001, de 23 de abril, FJ 3; 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 40/2003, de 17 de febrero, FJ 2, y 1/2015, de 19 de enero, FJ 3, entre otras muchas).
Ha de recordarse asimismo, como inequívocamente se desprende del inciso final del propio art. 23.2 CE, que se trata de un derecho de configuración legal, que corresponde a los reglamentos parlamentarios, a los que compete fijar y ordenar los derechos y atribuciones propios de los parlamentarios. Estos, una vez creados, quedan integrados en el estatuto propio de su cargo, con la consecuencia de que podrán sus titulares, al amparo del art. 23.2 CE, reclamar la protección del ius in officium que consideren ilegítimamente constreñido o ignorado por actos del poder público, incluidos los provenientes del propio órgano en el que se integren y, en concreto, hacerlo ante este Tribunal por el cauce del recurso de amparo, según lo previsto en el art. 42 LOTC (SSTC 161/1988, FJ 7; 38/1999, FJ 2; 27/2000, de 31 de enero, FJ 4; 107/2001, FJ 3; 203/2001, FJ 2; 177/2002, FJ 3; 40/2003, de 17 de febrero, FJ 2, y 1/2015, de 19 de enero, FJ 3, entre otras muchas).
En este sentido, este Tribunal ha venido reiterando que no cualquier acto del órgano parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officium resulta lesivo del derecho fundamental. Sólo poseen relevancia constitucional, a estos efectos, los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria, siendo vulnerado el art. 23.2 CE si los propios órganos de las Asambleas legislativas impiden o coartan su práctica o adoptan decisiones que contraríen la naturaleza de la representación o la igualdad de los representantes. Tales circunstancias imponen a los órganos parlamentarios una interpretación restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos derechos o atribuciones que integran el estatuto constitucionalmente relevante del representante público y a motivar las razones de su aplicación. De lo contrario, no solo vulneran el derecho fundamental del representante de los ciudadanos a ejercer su cargo (art. 23.2 CE), sino que también infringen el de estos a participar en los asuntos públicos ex art. 23.1 CE (SSTC 38/1999, FJ 2; 107/2001, FJ 3; 40/2003, FJ 2; 1/2015, FJ 3, y 23/2015, de 16 de febrero, FJ 3, entre otras muchas).
Esta doctrina ha sido aplicada por este Tribunal en relación con el ejercicio de diversos derechos de los parlamentarios. Entre otros supuestos, y sin ánimo exhaustivo, cabe recordar los siguientes: constitución de grupos parlamentarios (STC 64/2002, de 16 de abril); solicitud de sesión extraordinaria (STC 81/1991, de 22 de abril); participación en comisiones de investigación (ATC 215/2000, de 21 de septiembre); presentación de candidaturas de senadores autonómicos (STC 76/1989, de 27 de abril); solicitudes de información (STC 203/2001, de 15 de octubre); presentación de proposiciones de ley (STC 242/2006, de 22 de marzo); solicitud de comparecencias (STC 23/2015, de 16 de febrero); formulación de preguntas (STC 1/2015, de 19 de enero); y presentación de proposiciones no de ley (STC 200/2014, de 15 de diciembre).
La referida doctrina constitucional es de aplicación al caso que nos ocupa, pues no cabe duda de que corresponde a los diputados el derecho a formar parte de la Mesa de la Cámara, con los requisitos que el Reglamento de la misma determine, y que dicha facultad pertenece al núcleo de la función representativa parlamentaria, dada la naturaleza y la importante función que le corresponde a la Mesa en los actuales Parlamentos y su imprescindible labor técnico-jurídica, «dirigida a ordenar y racionalizar el funcionamiento de las Cámaras para su mayor eficiencia, como foro de debate y participación en la cosa pública» (STC 38/1999, FJ 3).
4. Expuesto lo anterior, debemos recordar también que cuando se reclama la tutela de derechos o facultades que pertenecen al núcleo de la función representativa parlamentaria frente a posibles vulneraciones de los órganos de la Cámara correspondiente, este Tribunal debe ser especialmente cuidadoso en la identificación, en primer lugar, de la base normativa del derecho alegado (toda vez que estamos ante un derecho fundamental de configuración legal, como se ha dicho) y, en segundo lugar, en la identificación de la regulación reglamentaria de las facultades del órgano de la Cámara al que se imputa la vulneración.
En este sentido, dentro del título preliminar del Reglamento del Parlamento andaluz, el art. 2 RPA dispone que la sesión constitutiva de la Cámara será presidida inicialmente por el Diputado electo de mayor edad de los presentes (asistido por los dos más jóvenes, en calidad de Secretarios). Una vez declarada abierta la sesión y tras dar lectura al Decreto de convocatoria y a la relación de diputados electos, «procederá seguidamente a la elección de la Mesa del Parlamento, de acuerdo con el procedimiento regulado en los arts. 33 y 34 de este Reglamento» (art. 3.2 RPA). En lo que importa al presente recurso de amparo, ese procedimiento previsto en los arts. 33 y 34 RPA (ubicados en la Sección Segunda del capítulo primero del título tercero RPA, bajo el epígrafe «de la elección de los miembros de la Mesa»), en lo que atañe a los tres Secretarios, consiste en que cada diputado escribirá un solo nombre en la papeleta de entre los candidatos propuestos por los grupos parlamentarios y resultarán elegidos quienes por orden correlativo obtengan la mayoría de votos.
Así pues, ni el art. 3.2 RPA se refiere al art. 36 RPA cuando determina el procedimiento a seguir para la elección de la Mesa del Parlamento, ni este último precepto se menciona en ningún momento en el título preliminar RPA, dedicado a la sesión constitutiva del Parlamento. La aplicación del art. 36 RPA («Todos los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las mismas representación suficiente para constituir grupo parlamentario, tendrán derecho a estar presentes en la Mesa»), en la interpretación que del mismo realizó el Presidente de la sesión constitutiva, resultó determinante para que la diputada recurrente fuera excluida del cargo de Secretaria de la Mesa, pese a que fue la segunda en número de votos.
La recurrente sostiene, en primer término, que el Presidente de la sesión constitutiva carece de competencia para interpretar el Reglamento de la Cámara, porque el art. 29 RPA solo atribuye dicha facultad de manera expresa al Presidente del Parlamento. Esta tacha debe ser rechazada, pues no cabe negar al Presidente de la sesión constitutiva esa facultad de interpretación, en tanto que órgano directamente responsable de la aplicación de una previsión reglamentaria. Como acertadamente señala el Letrado del Parlamento de Andalucía, al Presidente de la sesión constitutiva le compete dirigir el proceso de elección y mantener el orden en el desarrollo del mismo, así como resolver lo procedente respecto de esa elección, interpretando, en su caso, los preceptos del Reglamento de la Cámara que resulten aplicables.
Ciertamente, lo dispuesto en el art. 36 RPA puede suscitar, como ha sucedido en el presente asunto, dificultades interpretativas en su aplicación, teniendo en cuenta lo previsto en los arts. 33 y 34 RPA, a los que se remite el art. 3.2 RPA, en cuanto al procedimiento de elección de los miembros de la Mesa del Parlamento andaluz. Así, sin ánimo de agotar todas las hipótesis, en caso de que se entendiera que el art. 36 RPA está reconociendo el derecho de todo grupo parlamentario a tener, al menos, un representante en la Mesa, se ofrece la dificultad de determinar cómo se materializará este derecho cuando –como ocurrió en este caso–, no resulte compatible con la aplicación de lo dispuesto en el art. 34 RPA, que establece un criterio claro, expreso y taxativo para la elección del Presidente, de los tres Vicepresidentes y de los tres Secretarios. Otro tanto sucedería si el número de grupos parlamentarios fuera superior al de miembros de la Mesa, que en la actualidad es de siete (art. 27.2 RPA).
Por otro lado, del tenor literal del art. 36 RPA no se desprende que el Reglamento de la Cámara esté haciendo referencia a la posibilidad de que los grupos parlamentarios sin representación en la Mesa designen Vocales; figura que desapareció tras la reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada el 16 de julio de 1996 («Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía» núm. 27, de 18 de julio de 1996; corrección de errores en «Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía» núm. 43, de 24 de septiembre de 1996). Tampoco sería descartable que el art. 36 RPA esté simplemente reconociendo el derecho de todo grupo parlamentario a presentar candidatos para poder formar parte de la Mesa, lo que es algo muy distinto a reconocer automáticamente un puesto en la Mesa para cada grupo.
Lo que resulta innegable, sin embargo, es que, sea cual fuere el alcance que deba darse a lo dispuesto en el art. 36 RPA, norma que presenta un carácter abierto, el Reglamento de la Cámara andaluza es taxativo cuando determina el modo en que el Pleno debe proceder, en la sesión constitutiva a la elección de los miembros de la Mesa, esto es, «de acuerdo con el procedimiento regulado en los artículos 33 y 34 de este Reglamento» (art. 3.2 RPA). Igualmente cuando establece, en el art. 34.3 RPA, que los tres Secretarios de la Mesa serán elegidos de la misma forma que los tres Vicepresidentes: «cada diputado o diputada escribirá un nombre en la papeleta y resultarán elegidos quienes por orden correlativo obtengan la mayoría de votos».
Desde la limitada perspectiva de control que puede desarrollar este Tribunal en esta jurisdicción de amparo parlamentario, con respeto a la autonomía de la Cámara en el ejercicio de sus funciones de interpretación de su propia normativa, hay que concluir que no nos corresponde determinar cuál sea la solución más adecuada para conciliar las previsiones del art. 36 RPA con lo dispuesto en los arts. 33 y 34 RPA, en cuanto al procedimiento de elección de los miembros de la Mesa. Nuestro control de constitucionalidad debe limitarse a comprobar si la aplicación en el presente caso del art. 36 RPA, en la interpretación que del mismo llevó a cabo el Presidente de la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía celebrada el 16 de abril de 2015, respetó el derecho de la diputada recurrente a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE), pues, como antes quedó expuesto, no cabe duda de que el derecho de los diputados a formar parte de la Mesa de la Cámara, con arreglo a los requisitos que el Reglamento de la misma establezca, pertenece al núcleo esencial de la función representativa parlamentaria.
5. Sentado lo anterior, conviene recordar que, tal y como se ha reproducido en los antecedentes y consta en el «Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía» (núm. 1, de 16 de abril de 2015), reunido el Parlamento en sesión constitutiva el día 16 de abril de 2015, se procedió a la elección de los miembros de la Mesa. Tras ser elegido el Presidente y los Vicepresidentes, se procedió a la elección de los tres Secretarios. Una vez efectuada la votación, el resultado del escrutinio fue: de un total de 109 votos emitidos la candidata propuesta por el PSOE obtuvo 47 votos; la candidata propuesta por el PP, hoy recurrente en amparo, obtuvo 33 votos; el candidato de C’s obtuvo 9 votos y el candidato de IU 5 votos, emitiéndose 15 votos en blanco. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 34.3 RPA, en relación con el art. 34.2 RPA, debía ser proclamada Secretaria primera (como efectivamente lo fue) la candidata del PSOE; Secretaria segunda la recurrente, candidata propuesta por el PP; y Secretario tercero el candidato de C’s. Sin embargo, el Presidente de la sesión constitutiva del Parlamento, aludiendo a lo dispuesto en el art. 36 RPA, decidió excluir de la Mesa a la diputada recurrente y proclamar como Secretario tercero al diputado propuesto por IU (pasando el candidato de C’s a ser designado Secretario segundo).
Esa decisión del Presidente de la sesión constitutiva, fundada en una interpretación del art. 36 RPA que deja sin efectividad en el caso concreto el procedimiento de elección de los Secretarios de la Mesa establecido en el art. 34 RPA, priva injustificadamente a la diputada recurrente de su derecho a formar parte como Secretaria de la Mesa del Parlamento de Andalucía. Esto, como ya se ha expuesto, pertenece al núcleo de su función representativa parlamentaria, impidiéndole ejercer las funciones inherentes al cargo que le habría correspondido ocupar, conforme a lo establecido en el art. 34.3 RPA (en relación con el art. 34.2 RPA), por haber obtenido mayor número de votos que los candidatos propuestos por los grupos de C’s y de IU. Resulta así que la decisión impugnada del Presidente de la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía, por la que se proclamó a los tres Secretarios de la Mesa sin atenerse a los resultados de la votación celebrada según lo dispuesto en el art. 34.3 RPA, no puede considerarse respetuosa con el derecho de la diputada recurrente a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
De conformidad con los razonamientos precedentes procede otorgar el amparo solicitado. Esto comporta, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 55.1 LOTC, que restablezcamos a la recurrente en la integridad del derecho fundamental vulnerado, anulando la decisión del Presidente de la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía de 16 de abril de 2015 por la que se proclamó a los tres Secretarios de la Mesa del Parlamento, en cuanto excluye a la recurrente, y declarando que esta tiene derecho a formar parte de la Mesa en calidad de Secretaria segunda, debiendo el Parlamento de Andalucía arbitrar las medidas oportunas para hacer efectivo este derecho.
Asimismo es necesario precisar que, en virtud del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), el alcance de nuestro fallo no afecta a los actos, acuerdos y decisiones de la Mesa del Parlamento de Andalucía adoptados con anterioridad a la publicación de esta Sentencia.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Patricia del Pozo Fernández y, en su virtud:
1.º Declarar que ha sido vulnerado su derecho a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
2.º Restablecer a la recurrente en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la decisión del Presidente de la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía celebrada el 16 de abril de 2015 por la que se proclamó a los tres Secretarios de la Mesa, en cuanto excluye a la recurrente, y reconocer su derecho a formar parte de la Mesa del Parlamento de Andalucía como Secretaria segunda, todo ello con los efectos indicados en el fundamento jurídico quinto de esta Sentencia.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado. | Sentencia del TC en la que anula la composición de la mesa del Parlamento de Andalucía tras recurso del PP | La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García y don Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3766-2015 promovido por doña Patricia del Pozo Fernández, representada por el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal y asistida por la Abogada doña María Dolores Martínez Pérez, contra la decisión del Presidente de la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía, celebrada el 16 de abril de 2015, por la que se proclamó a los tres Secretarios de la Mesa. Han intervenido el Parlamento de Andalucía y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 25 de junio de 2015, doña Patricia del Pozo Fernández, diputada del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Andalucía, representada por el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal y asistida por la Abogada doña María Dolores Martínez Pérez, interpuso demanda de amparo contra la decisión del Presidente de la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía a la que se hace referencia en el encabezamiento.
2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son los que siguen:
a) El 22 de marzo de 2015 se celebraron las elecciones al Parlamento de Andalucía y el 16 de abril de ese mismo año la Cámara celebró su sesión constitutiva, presidida, de acuerdo con el art. 3 del Reglamento del Parlamento de Andalucía (RPA), por el diputado electo de mayor edad (que resultó ser don Luis Pizarro Medina, diputado electo del PSOE) asistido, en calidad de Secretarios, por los dos diputados más jóvenes (que resultaron ser también dos diputados del PSOE). Una vez declarada abierta la sesión y tras dar lectura al Decreto de convocatoria y a la relación de diputados electos, se procedió a la elección de la Mesa del Parlamento (compuesta por el Presidente, tres Vicepresidentes y tres Secretarios, según establece el art. 27.2 RPA), de acuerdo con el procedimiento regulado en los arts. 33 y 34 RPA, a los que se remite el art. 3.2 RPA.
En lo que importa al presente recurso de amparo, el art. 33.4 RPA determina que «las votaciones de Presidente o Presidenta, Vicepresidentes y Secretarios se harán sucesivamente», y el art. 34 RPA establece lo siguiente:
«1. Para la elección de Presidente o Presidenta, cada miembro del Parlamento escribirá un solo nombre en la papeleta, y resultará elegido el que obtenga la mayoría absoluta. Si no la hubiera, se repetirá la elección entre los dos Diputados que se hayan acercado más a la mayoría, y resultará elegido quien obtenga el mayor número de votos. En caso de empate, se celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos igualados en votos y, si el empate persistiera después de cuatro votaciones, se considerará elegido el candidato o candidata propuesto individual o conjuntamente por los partidos, coaliciones o grupos con mayor respaldo electoral, atendiendo, incluso, al criterio de lista más votada en las elecciones.
2. Para la elección de los tres Vicepresidentes, cada Diputado o Diputada escribirá un nombre en la papeleta y resultarán elegidos quienes por orden correlativo obtengan la mayoría de votos.
3. De la misma forma serán elegidos los tres Secretarios.
4. Si en alguna votación se produjese empate, se celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos igualados en votos hasta que el empate quede dirimido.
5. Ningún partido, federación, coalición o agrupación de electores podrá presentar más de un candidato o candidata para cada uno de los puestos de la Mesa.»
b) En aplicación de los preceptos indicados, en la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía se procedió a la elección del Presidente conforme al procedimiento regulado en el art. 34.1 RPA, resultando elegido, en segunda votación, el candidato propuesto por el PSOE, por mayoría de 47 votos. A continuación, siguiendo el procedimiento previsto en el art. 34.2 RPA, se procedió a la elección de los tres Vicepresidentes; de los 109 votos emitidos, la candidata propuesta por el PSOE obtuvo 47 votos, siendo proclamada Vicepresidenta primera; la candidata propuesta por el PP obtuvo 33 votos, siendo proclamada Vicepresidenta segunda; el candidato propuesto por Podemos obtuvo 15 votos, siendo proclamado Vicepresidente tercero.
Tal y como consta en el «Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía» núm. 1, de 16 de abril de 2015, p. 22, tras ser elegidos los Vicepresidentes, el Presidente de la sesión constitutiva se dirigió a la Cámara en los siguientes términos: «a continuación, de la misma forma que se ha procedido para la elección de los Vicepresidentes, corresponde en este momento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 34.3 del Reglamento de la Cámara, que el Pleno proceda a la elección de los tres Secretarios. Al igual que en la ocasión anterior, cada diputado o diputada escribirá un nombre en la papeleta. Resultarán elegidos los que, por orden correlativo, obtengan la mayoría de votos». Asimismo añadió: «Debo aclarar, en cumplimiento de lo previsto en el art. 37 del Reglamento, el derecho de cada grupo a un miembro en la Mesa, así como la exigencia del respeto al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres. Puede ser necesaria la intervención de la Mesa resolviendo de oficio los procedentes para dar cumplimiento a dicha normativa».
A los efectos del presente recurso de amparo interesa señalar que, tal como se desprende de la lectura íntegra de la intervención del Presidente de la sesión constitutiva, ha de entenderse que su referencia al art. 37 RPA lo es en realidad al art. 36 RPA, que establece que «todos los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran ob
### RESUMEN: Sentencia del TC en la que anula la composición de la mesa del Parlamento de Andalucía tras recurso del PP |
1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre:
Instituto Nacional de Estadística INE.
1.2) Número de identificación fiscal:
Q2826039F.
1.3) Dirección:
Paseo de la Castellana 183.
1.4) Localidad:
Madrid.
1.5) Provincia:
Madrid.
1.6) Código postal:
28046.
1.7) País:
España.
1.8) Código NUTS:
ES300.
1.11) Correo electrónico:
mesacon@ine.es
1.12) Dirección principal:
http://www.ine.es
1.13) Dirección del perfil de comprador:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nGgJs0%2B1wXw%3D
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo:
Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida:
Economía y Hacienda.
4. Códigos CPV:
64212000 (Servicios de telefonía móvil).
5. Lugar principal de prestación de los servicios:
ES300.
6. Descripción de la licitación:
Servicio de elaboración de información agregada y anonimizada para el análisis de la movilidad durante la vuelta a la normalidad tras el Estado de Alarma por Covid-19 (Estudio de movilidad EM-3) a partir de la base de datos Luca Transit.
7. Tipo de procedimiento de adjudicación:
Negociado sin publicidad.
9. Criterios de adjudicación:
Proposición económica (Ponderación: 100%).
10. Fecha de adjudicación:
27 de septiembre de 2020.
11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas:
1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs:
1.
12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre:
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.
12.2) Número de identificación fiscal:
A78053147.
12.3) Dirección:
Ronda de la Comunicación (Ed Norte I), SN.
12.4) Localidad:
Madrid.
12.6) Código postal:
28050.
12.7) País:
España.
12.13)
El adjudicatario es una PYME.
13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada:
123.000,00 euros.
16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
16.1.1) Nombre:
Registro del INE.
16.1.2) Dirección:
Estebanez Calderon 2.
16.1.3) Localidad:
Madrid.
16.1.5) Código postal:
28046.
16.1.6) País:
España.
18. Fecha de envío del anuncio:
4 de noviembre de 2020.
Madrid, 4 de noviembre de 2020.- El Presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poo. | Contrato con Telefónica para el tercer estudio de movilidad del INE por importe total de 123.000,00 euros. | 1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre:
Instituto Nacional de Estadística INE.
1.2) Número de identificación fiscal:
Q2826039F.
1.3) Dirección:
Paseo de la Castellana 183.
1.4) Localidad:
Madrid.
1.5) Provincia:
Madrid.
1.6) Código postal:
28046.
1.7) País:
España.
1.8) Código NUTS:
ES300.
1.11) Correo electrónico:
mesacon@ine.es
1.12) Dirección principal:
http://www.ine.es
1.13) Dirección del perfil de comprador:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nGgJs0%2B1wXw%3D
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo:
Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida:
Economía y Hacienda.
4. Códigos CPV:
64212000 (Servicios de telefonía móvil).
5. Lugar principal de prestación de los servicios:
ES300.
6. Descripción de la licitación:
Servicio de elaboración de información agregada y anonimizada para el análisis de la movilidad durante la vuelta a la normalidad tras el Estado de Alarma por Covid-19 (Estudio de movilidad EM-3) a partir de la base de datos Luca Transit.
7. Tipo de procedimiento de adjudicación:
Negociado sin publicidad.
9. Criterios de adjudicación:
Proposición económica (Ponderación: 100%).
10. Fecha de adjudicación:
27 de septiembre de 2020.
11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas:
1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs:
1.
12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre:
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.
12.2) Número de identificación fiscal:
A78053147.
12.3) Dirección:
Ronda de la Comunicación (Ed Norte I), SN.
12.4) Localidad:
Madrid.
12.6) Código postal:
28050.
12.7) País:
España.
12.13)
El adjudicatario es una PYME.
13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada:
123.000,00 euros.
16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
16.1.1) Nombre:
Registro del INE.
16.1.2) Dirección:
Estebanez Calderon 2.
16.1.3) Localidad:
Madrid.
16.1.5) Código postal:
28046.
16.1.6) País:
España.
18. Fecha de envío del anuncio:
4 de noviembre de 2020.
Madrid, 4 de noviembre de 2020.- El Presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poo.
### RESUMEN: Contrato con Telefónica para el tercer estudio de movilidad del INE por importe total de 123.000,00 euros. |
En virtud de lo prevenido en el artículo 65, apartado 2, de la Constitución, y conforme a lo dispuesto en los artículos 10.1 y 9.3 del Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo,
Vengo en nombrar Interventora de Mi Casa a doña Beatriz Rodríguez Alcobendas.
Dado en Madrid, el 27 de febrero de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY | Nombramiento de Beatriz Rodríguez Alcobendas como INterventora. | En virtud de lo prevenido en el artículo 65, apartado 2, de la Constitución, y conforme a lo dispuesto en los artículos 10.1 y 9.3 del Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo,
Vengo en nombrar Interventora de Mi Casa a doña Beatriz Rodríguez Alcobendas.
Dado en Madrid, el 27 de febrero de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
### RESUMEN: Nombramiento de Beatriz Rodríguez Alcobendas como INterventora. |
Los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus sesiones de 18 y 24 de abril de 2013, respectivamente, aprobaron el Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2010, así como los Acuerdos anejos, de conformidad con las normas de las Mesas del Congreso y del Senado sobre la tramitación de la Cuenta General del Estado de 1 de marzo de 1984.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.–El Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno.–El Presidente del Senado, Pío García-Escudero Márquez.
Los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus sesiones de 18 y 24 de abril de 2013, respectivamente, han aprobado el Dictamen de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2010 (núm. expte. Congreso 250/3 y núm. expte. Senado 770/2), adoptando los siguientes
ACUERDOS
Primero.
Aprobar la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2010, integrada por la Cuenta General del Sector Público Administrativo, la Cuenta General del Sector Público Empresarial y la Cuenta General del Sector Público Fundacional.
Segundo.
Se aprueba la siguiente Resolución adoptada, en su día, por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2010, con el siguiente tenor:
I. Aprobar la Cuenta General del Estado, correspondiente al ejercicio 2010, tomando nota de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas en la Declaración emitida sobre la misma, que limitan y afectan a su representatividad.
II. Instar al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias para que la Cuenta General del Estado y las cuentas individuales de las entidades integrantes del Sector Público estatal se ajusten a la legislación aplicable, y pongan de manifiesto adecuadamente la ejecución presupuestaria, la situación financiera y patrimonial y los resultados de la actividad.
En particular, debiera ponerse particular cuidado en la rendición en plazo de la totalidad de las cuentas individuales y en la puntual publicación de los resúmenes de las mismas.
Por lo que se refiere a la publicación, sería más acorde con los tiempos actuales la publicación íntegra de las cuentas en un portal al efecto donde se recogiera la totalidad de las entidades del Sector Público y la Cuenta General del Estado, con el fin de promover la transparencia.
2. Avanzar en la presentación consolidada de la Memoria de la Cuenta General del Estado, con la finalidad de que sea posible valorar la actividad económico-financiera sobre la base de sólo dos conjuntos de cuentas: las cuentas consolidadas, de los sectores administrativo, empresarial y fundacional, así como las del conjunto del Sector Público estatal, y las cuentas individuales. La Memoria, al presentar estados agregados, no se puede comparar con los datos consolidados adecuadamente.
3. Mejorar la contabilidad del inmovilizado y completar y mantener actualizado el Inventario General de Bienes y Derechos, los inventarios de cada Ministerio y los restantes inventarios, de otras instituciones y entidades, potenciando su utilización como instrumentos de gestión, con el fin de mejorar la asignación de recursos en el Sector Público estatal.
4. Hacer uso de las prerrogativas que corresponden al Gobierno con el fin de modificar de inmediato la contabilidad de aquellas entidades que reciben informes con salvedades de la IGAE, o en los que se deniega la opinión, o disponer los medios necesarios para que se corrijan las deficiencias.
5. Procurar una gestión óptima de las necesidades reales de tesorería de las entidades del Sector Público estatal, a fin de racionalizar las mismas y reducir el coste financiero global.
6. Impulsar que todas las entidades citadas en el artículo 129 de la Ley General Presupuestaria, empresas, fundaciones y otras, sujetas al Plan General de Contabilidad vigente para las empresas privadas, elaboren y rindan el Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asumen por pertenecer al sector público, de acuerdo con lo previsto en la normativa de desarrollo aprobada por el Ministerio de Hacienda.
7. Avanzar en la mejora de la planificación, presupuestación y rendición de cuentas del Sector Público empresarial y fundacional. En particular, mejorar la elaboración y rendición de los presupuestos aprobados para cada ejercicio.
8. Regular de forma sistemática la presupuestación, el control y la rendición de cuentas de las entidades participadas de forma paritaria por varios niveles territoriales del Sector Público y realizar la consolidación de las cuentas de los Consorcios en cuya gestión participen de manera conjunta varios niveles territoriales.
9. Mejorar la contabilidad patrimonial, de los deudores y del remanente de tesorería en las entidades de la Seguridad Social, de acuerdo con lo indicado por el Tribunal de Cuentas.
10. Adoptar las medidas necesarias para que la Cuenta General del Estado se ajuste a la legislación aplicable y refleje adecuadamente la actividad económico-financiera del Sector Público estatal llevada a cabo en el ejercicio, sus resultados y la situación patrimonial al cierre del ejercicio, subsanando las deficiencias que se incluyen en las Conclusiones de la Declaración del Tribunal de Cuentas y se desarrollan en su Fundamentación.
11. Exigir que todos los órganos integrantes del Sector Público administrativo, todas las empresas del Sector Público empresarial y todas las entidades del Sector Público fundacional legalmente obligadas a ello, rindan sus cuentas al Tribunal de Cuentas, y que ésta se produzca dentro del plazo legalmente establecido.
12. Vigilar la adecuada publicación en el Boletín Oficial del Estado de los resúmenes de las Cuentas anuales de las entidades públicas de los sectores públicos administrativo y empresarial y que dicho resumen recoja la información suficiente y adecuada para conocer la actividad y la situación de la correspondiente Entidad.
13. Adoptar las medidas correctoras oportunas que permitan subsanar las deficiencias observadas en las Cuentas anuales de las entidades públicas que presentan informes de auditoría con opinión favorable con salvedades, con opinión desfavorable y con opinión denegada.
14. Incrementar paulatinamente el contenido de los inventarios de la Administración General del Estado, del Inventario General de Bienes y Derechos de la Seguridad Social, y de los inventarios de los Organismos autónomos del Estado y otros organismos públicos, comprensivos de los elementos que integran su inmovilizado material, garantizando su integridad y su conciliación contable, lo que con independencia de asegurar su intangibilidad podría contribuir a evitar la actual infradotación de su amortización.
15. Adaptar la financiación temporal del Estado a la Seguridad Social a la situación real de los gastos que deben ser financiados a través de ese sistema, para impedir que el actual desfase siga produciendo un incremento del déficit de financiación afectada, circunstancia que puede dificultar a medio plazo el objetivo de separación de fuentes de financiación en el Sistema de la Seguridad Social y que, a corto plazo, podría generar tensiones de liquidez en el ámbito de la Seguridad Social.
16. Avanzar en la utilización exhaustiva de los remanentes de tesorería de los organismos del Sector Público administrativo y de las entidades del Sector Público empresarial, prosiguiendo en la línea de su rigurosa presupuestación y de una ajustada política de transferencias entre el Estado y aquéllos, para evitar los actuales elevados excedentes de tesorería y la escasa rentabilidad obtenida de ellos.
17. Impulsar la liquidación definitiva de los tres Centros mancomunados de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social que, sin personalidad jurídica propia, continúan pendientes de liquidación.
Instar a la colaboración de las distintas instituciones y organismos públicos que pudieran estar afectados en el proceso de liquidación.
18. Que adopte las medidas necesarias tendentes a evitar que en el futuro se vuelvan a producir situaciones de incumplimiento, por parte de entidades tanto del Sector Público administrativo como empresarial o fundacional, de sus obligaciones de rendición de cuentas en los plazos legalmente establecidos, exigiendo, en su caso, las responsabilidades que procedan a los gestores de tales entidades, especialmente cuando el incumplimiento se reitera en ejercicios sucesivos.
19. Dictar las normas oportunas para que la elaboración de los presupuestos de los organismos autónomos estatales se efectúe con el máximo rigor, que permita reducir las transferencias del Estado mediante la utilización preferente de los remanentes de tesorería existentes en cada uno de tales organismos.
20. Que todas las entidades del sector público estatal procedan a la rendición de cuentas dentro del plazo legalmente establecido y con el contenido mínimo de las mismas previsto en la normativa.
21. Que se realice la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los resúmenes de las cuentas anuales de las entidades del Sector Público estatal obligadas a ello, con el contenido mínimo previsto en la normativa, que permitan conocer su situación financiera y patrimonial, los resultados de su actividad, la liquidación de sus presupuestos y el estado de flujos de efectivo de aquellas entidades.
22. Que la Administración General del Estado, los organismos públicos y las Entidades del Sistema de la Seguridad Social mantengan adecuadamente actualizados los inventarios de sus bienes inmuebles y del resto de los elementos del inmovilizado.
23. Impulsar de manera definitiva la liquidación de los centros mancomunados, sin personalidad jurídica propia, de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social que aún se encuentren pendientes de liquidar.
24. Adoptar las medidas oportunas para que las cuentas individuales o consolidadas que integran la Cuenta General del Estado se ajusten a la normativa aplicable en lo relativo a su contenido y estructura, de manera que representen fielmente la situación financiera y patrimonial, los resultados de la actividad, el estado de flujos de efectivo y, en su caso, la liquidación de los presupuestos de las Entidades que conforman el Sector Público estatal.
25. Llevar a cabo las medidas oportunas para la integración en la Cuenta General del Estado del mayor número posible de cuentas individuales o consolidadas de las Entidades del sector público estatal, procurando especialmente que la remisión de tales cuentas a la Intervención General de la Administración del Estado se efectúe dentro de los plazos necesarios para que se pueda proceder a dicha integración.
26. Estudiar las fórmulas que permitan proceder a la definitiva cancelación de los derechos de la Administración General del Estado, y de las consiguientes obligaciones del Sistema de la Seguridad Social, correspondientes al traspaso de funciones y servicios en materia de asistencia sanitaria y de servicios sociales a favor de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, por un importe conjunto superior a 9.000 millones de euros.
27. Promover la clarificación de las adecuadas fuentes de financiación de la sanidad marítima del Instituto Social de la Marina.
28. Promover que los organismos públicos utilicen en mayor medida el remanente de tesorería como un recurso para la financiación de su presupuesto, tanto inicial como para sus modificaciones, reduciéndose de esta manera la necesidad de efectuar transferencias del Estado a favor de los organismos.
29. Evitar que los organismos y entidades del Sector Público administrativo dispongan de excedentes de tesorería muy elevados respecto a las obligaciones a abonar a corto plazo, así como promover la obtención de una adecuada rentabilidad de los recursos líquidos que conserven.
30. Adoptar las medidas necesarias para que la Cuenta General del Estado y las cuentas que la conforman se ajusten a la legislación aplicable y refleje adecuadamente la actividad económico-financiera del Sector Público estatal llevada a cabo en el ejercicio, sus resultados y la situación patrimonial al cierre del ejercicio, subsanando las deficiencias que se incluyen en las conclusiones de la declaración del Tribunal de Cuentas.
31. Exigir que todos los órganos integrantes del Sector Público administrativo, todas las empresas del Sector Público empresarial y todas las entidades del Sector Público fundacional legalmente obligadas a ello rindan sus cuentas al Tribunal de Cuentas, y que lo hagan en el plazo legalmente establecido. Ello resulta especialmente relevante para las entidades del sector público empresarial, en materia de ejecución presupuestaria, ya que un elevado número de estas no presenta suficiente información.
III. Instar al Tribunal de Cuentas a:
32. Efectuar un análisis del contenido de otra información económico-financiera relevante que las empresas, consorcios y fundaciones puedan hacer pública, como Informes de Gobierno corporativo, Informes de sostenibilidad, Informes de Gestión, etc.
33. Que la Declaración de la Cuenta General del Estado o en informes específicos proceda a la evaluación de los Planes del Gobierno contra la crisis, tanto los de estímulo económico como los de reformas de los sectores económicos.
34. Seguir potenciando la colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado para incrementar la rendición de cuentas y del resto de la documentación exigida utilizando medios telemáticos, con el objetivo final de reducir los plazos de rendición, incrementar el número de cuentas individuales rendidas en plazo, y potenciar el tratamiento informatizado de las cuentas rendidas.
35. Que en futuras Declaraciones sobre la Cuenta General del Estado se formule una opinión sobre si los sistemas de gestión y control de los gastos públicos proporcionan información suficiente sobre el cumplimiento de los programas y objetivos propuestos, las desviaciones que pudieran haberse producido y sus causas, como exige el artículo 70 de la LGP, y que, en todo caso, en la Declaración y su Fundamentación se facilite mayor información sobre los aspectos más significativos de las desviaciones negativas entre los créditos autorizados y las obligaciones reconocidas al final del ejercicio, con el desglose suficiente que permita conocer los programas y objetivos afectados dentro de la correspondiente política de gasto a la vista de la constatación de los menores gastos sobre los inicialmente previstos de las políticas 45 «infraestructuras» (menor gasto del 34 %) y 46 «Investigación, desarrollo e innovación» (menor gasto del 27 %), precisamente las políticas que suponen un mayor apoyo para la recuperación de nuestro potencial de crecimiento.
36. Que en futuras Declaraciones sobre la Cuenta General la opinión del Tribunal sobre el adecuado reflejo en la Cuenta de la actividad económico-financiera del sector público, de sus resultados y de la situación patrimonial al cierre del ejercicio, con las excepciones, limitaciones y salvedades que les afecten y la valoración que merezcan, se exponga de forma claramente separada de la restante información relevante incluida en la propia Declaración y en su Fundamentación y Desarrollo, de tal manera que incluso lectores no especializados puedan discernir entre los incumplimientos presupuestarios o contables y la restante información de ejecución presupuestaria que se incluye a efectos meramente explicativos.
37. A la vista de la importancia creciente de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores, entre los que más del 90 % corresponden a la carga financiera derivada de la deuda del Estado, efectuar un análisis de su antigüedad, vida media, riesgo de refinanciación, y si su distribución atendiendo a su destino fue la financiación del déficit no financiero o del déficit financiero.
38. Formular una opinión sobre el saldo de obligaciones pendientes de pago, que a 31 de diciembre de 2010 se eleva a 32.797.695 miles de euros, especificando que parte de dicho saldo deudor se encuentra incurso en morosidad.
39. Continuar intensificando los contactos con la Intervención General de la Administración del Estado, conducentes a analizar las causas de las principales deficiencias que se recogen reiteradamente en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado, y a promover su corrección.
40. Proseguir en futuras Declaraciones sobre la Cuenta General del Estado con el seguimiento de las operaciones de ejercicios anteriores pendientes de regularizar, incluyendo propuestas para su definitiva subsanación.
41. Continuar efectuando en futuras Declaraciones sobre la Cuenta General del Estado el seguimiento sobre el grado de cumplimiento de las resoluciones de los Plenos del Congreso y del Senado y de la propia Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.
42. Continuar potenciando la redistribución de los actuales recursos humanos de los Departamentos de la Sección de Enjuiciamiento con el objetivo de sustanciar las actuaciones derivadas de los informes emitidos por el propio Tribunal.
IV. Instar a la Intervención General de la Administración del Estado a:
43. Avanzar en el grado de homogeneidad de los criterios aplicados para la elaboración de los estados contables por las distintas entidades que forman el sector público administrativo, así como en la eliminación de inconsistencias internas entre los importes contabilizados por unas entidades y sus recíprocos registrados por otras.
44. Incrementar la información de la Memoria, tanto del Sector Público administrativo como del Sector Público empresarial, a fin de que puedan ser adecuadamente interpretados los saldos contables incorporados al balance, a la cuenta del resultado económico-patrimonial y al estado de liquidación del presupuesto.
45. Seguir avanzando en el proceso de mejora de las Cuentas Generales del Sector Público empresarial y del Sector Público fundacional con la inclusión de todas las cuentas de sociedades y fundaciones.
46. Procurar, en el ejercicio de sus atribuciones, que se subsanen, por parte de las Entidades del sector público estatal, las limitaciones, salvedades y deficiencias que puedan dar lugar a que la opinión de los correspondientes informes de auditoría sea negativa o resulte denegada.
47. Llevar a cabo las actuaciones necesarias para que las Entidades del Sector Público Administrativo registren contablemente la totalidad de los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
48. Recoger en la memoria de la Cuenta General del Sector Público Administrativo la información necesaria para la adecuada interpretación de los restantes estados de la mencionada Cuenta, especialmente en aspectos como las causas de las variaciones de saldos contables del balance y de la cuenta del resultado económico-patrimonial respecto al ejercicio precedente y de las desviaciones respecto a las magnitudes previstas, o los principales hechos posteriores al cierre del ejercicio.
49. Promover que el informe previsto en el artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria, que deben rendir las Entidades de los Sectores Públicos Empresarial y Fundacional, contenga de forma completa la información preceptiva, en particular, en materias como la ejecución presupuestaria, la contratación pública y las garantías recibidas o concedidas a otras entidades del sector público estatal. | Que dice el Tribunal de Cuentas que la cuenta general del estado de 2010 es un desastre, que se ajusten a la ley. | Los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus sesiones de 18 y 24 de abril de 2013, respectivamente, aprobaron el Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2010, así como los Acuerdos anejos, de conformidad con las normas de las Mesas del Congreso y del Senado sobre la tramitación de la Cuenta General del Estado de 1 de marzo de 1984.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.–El Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno.–El Presidente del Senado, Pío García-Escudero Márquez.
Los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus sesiones de 18 y 24 de abril de 2013, respectivamente, han aprobado el Dictamen de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2010 (núm. expte. Congreso 250/3 y núm. expte. Senado 770/2), adoptando los siguientes
ACUERDOS
Primero.
Aprobar la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2010, integrada por la Cuenta General del Sector Público Administrativo, la Cuenta General del Sector Público Empresarial y la Cuenta General del Sector Público Fundacional.
Segundo.
Se aprueba la siguiente Resolución adoptada, en su día, por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2010, con el siguiente tenor:
I. Aprobar la Cuenta General del Estado, correspondiente al ejercicio 2010, tomando nota de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas en la Declaración emitida sobre la misma, que limitan y afectan a su representatividad.
II. Instar al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias para que la Cuenta General del Estado y las cuentas individuales de las entidades integrantes del Sector Público estatal se ajusten a la legislación aplicable, y pongan de manifiesto adecuadamente la ejecución presupuestaria, la situación financiera y patrimonial y los resultados de la actividad.
En particular, debiera ponerse particular cuidado en la rendición en plazo de la totalidad de las cuentas individuales y en la puntual publicación de los resúmenes de las mismas.
Por lo que se refiere a la publicación, sería más acorde con los tiempos actuales la publicación íntegra de las cuentas en un portal al efecto donde se recogiera la totalidad de las entidades del Sector Público y la Cuenta General del Estado, con el fin de promover la transparencia.
2. Avanzar en la presentación consolidada de la Memoria de la Cuenta General del Estado, con la finalidad de que sea posible valorar la actividad económico-financiera sobre la base de sólo dos conjuntos de cuentas: las cuentas consolidadas, de los sectores administrativo, empresarial y fundacional, así como las del conjunto del Sector Público estatal, y las cuentas individuales. La Memoria, al presentar estados agregados, no se puede comparar con los datos consolidados adecuadamente.
3. Mejorar la contabilidad del inmovilizado y completar y mantener actualizado el Inventario General de Bienes y Derechos, los inventarios de cada Ministerio y los restantes inventarios, de otras instituciones y entidades, potenciando su utilización como instrumentos de gestión, con el fin de mejorar la asignación de recursos en el Sector Público estatal.
4. Hacer uso de las prerrogativas que corresponden al Gobierno con el fin de modificar de inmediato la contabilidad de aquellas entidades que reciben informes con salvedades de la IGAE, o en los que se deniega la opinión, o disponer los medios necesarios para que se corrijan las deficiencias.
5. Procurar una gestión óptima de las necesidades reales de tesorería de las entidades del Sector Público estatal, a fin de racionalizar las mismas y reducir el coste financiero global.
6. Impulsar que todas las entidades citadas en el artículo 129 de la Ley General Presupuestaria, empresas, fundaciones y otras, sujetas al Plan General de Contabilidad vigente para las empresas privadas, elaboren y rindan el Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asumen por pertenecer al sector público, de acuerdo con lo previsto en la normativa de desarrollo aprobada por el Ministerio de Hacienda.
7. Avanzar en la mejora de la planificación, presupuestación y rendición de cuentas del Sector Público empresarial y fundacional. En particular, mejorar la elaboración y rendición de los presupuestos aprobados para cada ejercicio.
8. Regular de forma sistemática la presupuestación, el control y la rendición de cuentas de las entidades participadas de forma paritaria por varios niveles territoriales del Sector Público y realizar la consolidación de las cuentas de los Consorcios en cuya gestión participen de manera conjunta varios niveles territoriales.
9. Mejorar la contabilidad patrimonial, de los deudores y del remanente de tesorería en las entidades de la Seguridad Social, de acuerdo con lo indicado por el Tribunal de Cuentas.
10. Adoptar las medidas necesarias para que la Cuenta General del Estado se ajuste a la legislación aplicable y refleje adecuadamente la actividad económico-financiera del Sector Público estatal llevada a cabo en el ejercicio, sus resultados y la situación patrimonial al cierre del ejercicio, subsanando las deficiencias que se incluyen en las Conclusiones de la Declaración del Tribunal de Cuentas y se desarrollan en su Fundamentación.
11. Exigir que todos los órganos integrantes del Sector Público administrativo, todas las empresas del Sector Público empresarial y todas las entidades del Sector Público fundacional legalmente obligadas a ello, rindan sus cuentas al Tribunal de Cuentas, y que ésta se produzca dentro del plazo legalmente establecido.
12. Vigilar la adecuada publicación en el Boletín Oficial del Estado de los resúmenes de las Cuentas anuales de las entidades públicas de los sectores públicos administrativo y empresarial y que dicho resumen recoja la información suficiente y adecuada para conocer la actividad y la situación de la correspondiente Entidad.
13. Adoptar las medidas correctoras oportunas que permit
### RESUMEN: Que dice el Tribunal de Cuentas que la cuenta general del estado de 2010 es un desastre, que se ajusten a la ley. |
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Paolo de Castro, a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de diciembre de 2013,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario.
Dado en Madrid, el 13 de diciembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
MIGUEL ARIAS CAÑETE | Cañete concede cruz mérito agrario a exministro de Agricultura italiano | En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Paolo de Castro, a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de diciembre de 2013,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario.
Dado en Madrid, el 13 de diciembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
MIGUEL ARIAS CAÑETE
### RESUMEN: Cañete concede cruz mérito agrario a exministro de Agricultura italiano |
La Comunidad Autónoma de Galicia, al amparo del artículo 149.1.28 de la Constitución española y según lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de autonomía, asumió la competencia exclusiva en materia de patrimonio cultural. En su ejercicio, se aprueba la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia (en adelante, LPCG).
La LPCG en su artículo 1.1 establece que su objeto es la protección, conservación, acrecentamiento, difusión y fomento del patrimonio cultural de Galicia, de forma que le sirva a la ciudadanía como una herramienta de cohesión social, desarrollo sostenible y fundamento de la identidad cultural del pueblo gallego, así como su investigación, valorización y transmisión a las generaciones futuras. Asimismo, el artículo 1.2 indica que el patrimonio cultural de Galicia está constituido, entre otros, por el patrimonio bibliográfico que deba ser considerados como de interés para la permanencia, reconocimiento e identidad de la cultura gallega a través del tiempo.
Por otra parte, el artículo 8.2 indica que: «Tendrán la consideración de bienes de interés cultural aquellos bienes y manifestaciones inmateriales que, por su carácter más singular en el ámbito de la Comunidad Autónoma, sean declarados cómo tales por ministerio de la ley o mediante decreto del Consello da Xunta de Galicia, a propuesta de la consellería competente en materia de patrimonio cultural, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta ley. Los bienes de interés cultural pueden ser inmuebles, muebles o inmateriales».
Asimismo, en el artículo 110, referido al patrimonio bibliográfico de Galicia, se recoge que este patrimonio está constituido por los fondos y colecciones bibliográficas y hemerográficas de especial valor cultural, incluyendo las obras literarias ya sean impresas, manuscritas u otras, de carácter unitario o seriado, en las que concurran, entre otras, una antigüedad anterior a 1901 o que tengan características singulares que les otorguen carácter único (ex libris, expurgaciones, etc.).
El 6 de noviembre de 2020 la Real Academia Gallega (en adelante RAG) presentó una documentación con la que solicita y justifica la declaración como bien de interés cultural de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, en sus diferentes localizaciones.
La RAG custodia y cuida, tanto del patrimonio cultural como de la producción intelectual y de la memoria de Emilia Pardo Bazán, ya que posee cerca de ocho mil ejemplares de su biblioteca. Además, por decisión de la hija y heredera de la escritora tiene su sede en la que había sido vivienda de la propia escritora en la calle Tabernas de A Coruña, inmueble que comprende la Casa Museo Emilia Pardo Bazán.
La biblioteca de Emilia Pardo Bazán, entendida como una colección bibliográfica fruto de una provisión intencional, reúne las características del patrimonio bibliográfico y un carácter singular por la figura a la que está ligada, y al valor singular de sus componentes en términos de volumen, temática, antigüedad, autoría, singularidad y excepcionalidad, por lo que se estima que puede ser merecedora de su reconocimiento como bien de interés cultural de Galicia. Su carácter disperso en la actualidad y sus características referidas aconsejan, asimismo, la aplicación del régimen de protección establecido para los bienes de interés cultural.
La directora general de Patrimonio Cultural vista la información que se junta al expediente, en el ejercicio de la competencia que le atribuye a la persona titular de la Dirección General de Patrimonio Cultural la estructura orgánica de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 y siguientes de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, resuelve:
Primero.
Incoar el procedimiento para declarar bien de interés cultural la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, conforme a lo descrito en los anexos de esta resolución y proceder con los trámites para su declaración.
Segundo.
Ordenar que se anote esta incoación de forma preventiva en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Galicia y que se le comunique al Registro General de Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado.
Tercero.
Aplicar de forma inmediata y provisional el régimen de protección que establece la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, para los bienes de interés cultural y para los bienes muebles en particular. El expediente deberá resolverse en el plazo máximo de veinticuatro (24) meses, desde la fecha de esta resolución, o se producirá su caducidad y el final del régimen provisional establecido.
Cuarto.
Ordenar la publicación de esta resolución en el «Diario Oficial de Galicia» y en el «Boletín Oficial del Estado». Dado el volumen y extensión de la relación conocida de los registros de esta Biblioteca, los anexos II e III se publicarán en la página web de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad, en el siguiente enlace: https://ficheiros-web.xunta.gal/cultura/bic/anexosbibliotecaepb.zip
Quinto.
Abrir un período de información pública durante el plazo de un mes, que comenzará a contar desde el día siguiente al de su publicación, con el fin de que las personas que puedan alegar lo que consideren conveniente.
Sexto.
Notificar esta resolución a las personas interesadas.
Santiago de Compostela, 20 de noviembre de 2020.–La Directora General de Patrimonio Cultural, M.ª Carmen Martínez Ínsua.
ANEXO I
Descripción del bien
1. Denominación: biblioteca de Emilia Pardo Bazán.
2. Descripción general:
– Natureza: material. Bien mueble.
– Categoría: colección.
– Especialidad: bibliográfica.
3. Localización:
– 7883 libros custodiados en la Real Academia Gallega, rúa Tabernas 11, A Coruña
– 2972 registros (unos 3200 volúmenes) en las Torres de Meirás, en el lugar de Piñeiro de la parroquia de San Martiño de Meirás, Sada (A Coruña).
– Un número desconocido en otras localizaciones.
4. Características generales:
– Descripción histórica.
Emilia Pardo Bazán (1851-1921) fue y sigue siendo considerada una figura singular de la cultura gallega, española y europea, que desarrolló su actividad política, de pensamiento, docencia y creación e investigación cultural en múltiples obras, trabajos y actividades. Suele valorarse su figura tanto en el ámbito de la creación literaria como en el propio ejercicio del pensamiento y de la acción política, como una de las pioneras en la vindicación de los derechos de las mujeres y el feminismo.
Su relevancia para la identidad del pueblo gallego y la influencia en el contexto cultural de su época hasta la actualidad, está reflejado en múltiples trabajos, análisis e investigaciones, y su obra es fundamental en la caracterización de la literatura y el pensamiento de su época.
Fruto de su vida es la formalización de una biblioteca excepcional, que es el sustento y herramienta de toda esta actividad. Su concepción está ligada al sitio de las Torres de Meirás y estuvo íntegramente allí (salvo algunos libros ubicados en la casa familiar de A Coruña) hasta el incendio de 1978. Fue Emilia Pardo Bazán quien impulsó la transformación de la granja de Meirás con el fin de disponer de una residencia y una biblioteca para su espacio privado de estudio y creación.
Según el artículo de Mercedes Fernández-Couto Teja, directora del Archivo de la Real Academia Gallega (RAG), publicado en el número 3 del Caderno de Estudos de la Casa Museo Emilia Pardo Bazán, el conjunto de las procedencias es variado si bien en su mayor parte provendrían de las Torres de Meirás, como resultado de su incorporación después del incendio de 1978 y la actuación del Ministerio de Cultura, que propició la donación de unos siete mil quinientos volúmenes.
Asimismo, otra pequeña parte de la colección, algo más de cuatrocientos, correspondería con la propia biblioteca familiar, probablemente en origen localizada en su residencia de la calle Tabernas y en Madrid, con ejemplares también de interés para la conformación del conjunto, volúmenes de literatura entre finales del siglo XIX y mediados del XX, de temática de ocio y familiar, en la mayor parte posteriores a 1921, y que Blanca Quiroga Pardo-Bazán dona a su muerte a la RAG.
Muchos otros ejemplares permanecerían en Meirás después de esta donación, por lo menos los tres mil doscientos volúmenes que por sus características corresponden con la propia biblioteca de Emilia Pardo Bazán que aún permanecerían en las Torres de Meirás, y otros de número indeterminado de los que no se conoce la localización. La relación de volúmenes que permanecen en las Torres de Meirás corresponden a 2.792 registros según la información y resultado del trabajo de seis investigadoras e investigadores que trabajaron en su inventario entre 2017 y 2020 bajo a dirección de Xulia Santiso, conservadora de la Casa Museo, y después de las gestiones de la propia Real Academia Gallega a través del que era de aquella su presidente Xesús Alonso Montero.
– Descripción formal.
La colección personal de libros de Emilia Pardo Bazán, a lo largo de su vida e intensa y relevante actividad intelectual, esta en la actualidad disgregada entre su localización mayoritaria en la biblioteca de la Real Academia Gallega y otra parte en las Torres de Meirás, pudiendo existir otros.
A esta circunstancia se añade el propio proceso vital del conjunto, especialmente su disposición y mezcla a partir de 1938 con el uso de las Torres de Meirás por Francisco Franco y posteriormente por su familia, y el incendio que afectó a muchos de los volúmenes. Asimismo, este propio proceso pudo suponer tanto la destrucción irrecuperable de algunos libros y la dispersión en otras localizaciones en este momento desconocidas.
Toda la obra, perteneciente en origen a la colección bibliográfica de Emilia Pardo Bazán, se estima que forma parte de la misma biblioteca, valorada en su conjunto desde la perspectiva de bien de interés cultural.
Según la propia información de la Real Academia Gallega, las bases de datos existentes no diferencian en todos los casos entre títulos, volúmenes y localizaciones, por lo que las cifras serán aproximadas hasta que investigaciones o trabajos más minuciosos lo concreten.
Según resulta de la investigación realizada por la RAG, casi todos los ejemplares pertenecientes a la Biblioteca de Emilia Pardo Bazán procedentes en su origen de las Torres de Meirás y los aún localizados en ella poseen un cuño de color rojo completado a mano con la situación topográfica de los libros, registro encargado por Jaime Quiroga y Pardo Bazán, primogénito de la escritora, y que permite reconstruir la colocación de los volúmenes en las diferentes estancias del edificio. Este cuño corresponde con un fichero alfabético organizado por autores y almacenado en 12 cajones de la biblioteca de la planta baja de las Torres de Meirás, que puede ser la huella más definida de la biblioteca completa. Sin embargo, también existen otros libros con la dedicatoria a la autora que no poseen dicho cuño.
Muchos contienen subrayados y anotaciones en las márgenes con la letra de la autora, o de las personas que a lo largo del tiempo tuvieron responsabilidad en su inventario y signatura, tanto en el propio contexto familiar como ya en el propio seno de la Real Academia Gallega.
Los anexos II e III recogen la relación de registros de la biblioteca en la sede de la Real Academia Gallega y en las Torres de Meirás, respectivamente.
5. Estado de conservación:
El estado de conservación de cada uno de los volúmenes es muy dispar. Muchos están en condiciones precarias como resultado del incendio producido en las Torres de Meirás en 1978 y que afectó, en algunos casos mismo con carácter crítico e irrecuperable, a algunos de ellos, como por las consecuencias derivadas de este hecho y de su propia localización diversa.
La existencia de información y criterios de identificación científica de la colección bibliográfica, así como su carácter único, prevalece sobre el estado concreto de conservación e integridad material de algunos de sus componentes y, por la misma razón, se estima que su consideración como una colección, fruto de un proceso intencional de agrupación a lo largo de varias generaciones pero principalmente ligada a la propia vida de Emilia Pardo Bazán, también debe confrontarse al propio valor individual que algunas de las obras pueden atesorar.
6. Valoración cultural:
El artículo 110, patrimonio bibliográfico de Galicia, declara que este patrimonio está constituido por los fondos y colecciones bibliográficas y hemerográficas de especial valor cultural, incluyendo las obras literarias, históricas, científicas o artísticas, ya sean impresas, manuscritas, fotográficas, cinematográficas, fonográficas o magnéticas, de carácter unitario o seriado, que reúnan los requisitos del punto anterior, en cualquier tipo de soporte e independientemente de la técnica utilizada para su creación o reproducción, en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que, respeto de estas obras, conste la inexistencia de, al menos, tres ejemplares idénticos en bibliotecas o servicios públicos.
b) Que sean anteriores a 1901.
c) Que tengan características singulares que les otorguen carácter único (ex libris, expurgaciones, etc.).
Se estima que la colección bibliográfica reúne en gran parte de sus componentes individuales los criterios recogidos en el citado apartado b), y que, sin duda, acreditan su singularidad y carácter único en relación a la propia figura y posesión de Emilia Pardo Bazán.
Se trata de una colección esencial tanto por ser una biblioteca creada por una intelectual, novelista, inquieta, autodidacta, defensora de la libertad de la mujer y pionera de las ideas feministas y preocupada por la cuestión social, como por ser fruto de sus relaciones con intelectuales contemporáneos, una de las pensadoras más sobresalientes de su contexto y vigente en la actualidad.
Su biblioteca constituye un conjunto singular por su relevancia como autora prestigiosa e influyente en el panorama literario español del siglo XIX, además de concurrir en ella un especial valor cultural, como testimonio de un período histórico, al ser un patrimonio material que contribuiría al conocimiento sobre esta etapa de la historia cultural de Galicia.
La gran mayoría de los volúmenes son primeras ediciones, muchos de ellos manuscritos dedicados por sus autores a esta protagonista de la vida intelectual de su época, y abarcan literatura del Siglo de Oro español, del siglo XIX y principios del XX, francesa y española y una buena representación de literatura gallega.
La existencia de subrayados y anotaciones en las márgenes con la letra de la autora y otros elementos como ex libris y dedicatorias personalizadas los convierte en únicos.
Hay también volúmenes de historia, filosofía, sociología, guías de viajes y una amplia representación de la prensa de la época de Pardo Bazán, donde ella solía colaborar. Entre ellos hay tesoros, como el libro de Saavedra Fajardo Empresas políticas (1648) o primeras ediciones de Voltaire del siglo XVIII, a las que alude la autora en su obra Los pazos de Ulloa y de los que seguramente su primer dueño fuera su abuelo Miguel Pardo Bazán.
El conjunto de la colección actualmente disponible para el uso público y consulta recibe un alto número de las solicitudes de investigación en la RAG, tanto a la Biblioteca (un 10%) como al Archivo de la RAG (un 30% en el último año), lo que colabora a la difusión y fomento del conocimiento cultural con datos valiosos, tanto en tesis de doctorado como en revistas especializadas de todo el mundo, lo que facilita la comprensión de la intelectualidad cultural de la época de la escritora.
7. Régimen de protección y salvaguarda provisional.
La incoación para declarar bien de interés cultural a biblioteca de Emilia Pardo Bazán, determinará la aplicación inmediata, aunque provisional, del régimen de protección previsto en la presente ley para los bienes ya declarados, según el artículo 17.4 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia (LPCG) y con el que se establece en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español (LPHE) en materia de exportación y expolio.
Este régimen implica su máxima protección y tutela, por lo que su utilización quedará subordinada a que no se pongan en peligro los valores que aconsejan su protección, y además:
Autorización: las intervenciones que se pretendan realizar tendrán que ser autorizadas por la Consellería de Cultura, Educación y Universidad y su uso quedará subordinado a que no se pongan en peligro los valores que aconsejan su protección, por lo que los cambios de uso sustanciales deberán ser autorizados por la citada consellería.
Deber de conservación: las personas propietarias, poseedoras o arrendatarias y, en general, las titulares de derechos reales sobre los bienes, están obligadas a conservarlos, mantenerlos y custodiarlos debidamente y a evitar su pérdida, destrucción o deterioro.
Acceso: las personas propietarias, poseedoras o arrendatarias y, en general, las titulares de derechos reales sobre los bienes están obligadas a permitirle el acceso al personal habilitado para la función inspectora, al personal investigador y al personal técnico de la Administración en las condiciones legales establecidas. Este acceso podrá ser sustituido para el caso de investigación por su depósito en la institución o entidad que señale la Dirección General del Patrimonio Cultural, y que no podrá superar los dos meses cada cinco años.
Visita pública: las personas propietarias, poseedoras o arrendatarias y, en general, titulares de derechos reales sobre los bienes, deberán permitir la visita pública en las condiciones establecidas en la normativa vigente, que podrá ser sustituida por el depósito para su exposición durante un período máximo de cinco meses cada dos años.
Transmisión: toda pretensión de transmisión onerosa de la propiedad o de cualquiera derecho real de disfrute deberá ser notificada a la Dirección General del Patrimonio Cultural, con indicación del precio y de las condiciones en las que se proponga realizar, y la Administración podrá ejercer los derechos de tanteo o retracto en las condiciones legales establecidas.
Expropiación: el incumplimiento de las obligaciones de conservación será causa de interés social para la expropiación forzosa por parte de la Administración competente.
Traslado: cualquier traslado deberá ser autorizado por la Dirección General del Patrimonio Cultural con indicación del origen y destino, carácter temporal o definitivo y condiciones de conservación, seguridad, transporte y, en su caso, aseguramiento.
Exportación: su exportación queda prohibida en aplicación del dispuesto en el artículo 5.3 de la LPHE, sin perjuicio de que pueda ser autorizada por la Administración del Estado su salida temporal en las condiciones que se determinen y tomando en consideración que el incumplimiento de ellas o de su retorno tendrá la consideración de exportación ilícita.
Colección: puesto que existen los indicios, según el conocimiento experto sobre la materia, de la posibilidad de la existencia de parte de esta colección diseminada en diferentes localizaciones, debe tomarse en cuenta que en la medida en que pueda acreditarse la relación de libros, volúmenes o conjuntos bibliográficos pertenecientes en origen a la Biblioteca de Emilia Pardo Bazán, y que reúnan las características aquí señaladas, podrán ser incorporadas a la relación que conforman los registros integrantes en la actualidad.
La biblioteca de Emilia Pardo Bazán tiene un carácter único como colección y está vinculada originalmente a las Torres de Meirás, permaneció en este lugar hasta el incendio de 1978 y luego fue trasladada en su mayor parte a la Real Academia Galega, quien promueve su conservación y disposición para la sociedad en general de manera ordenada y sistemática en su archivo y biblioteca.
Según lo recogido en el artículo 63.2 de la LPCG, las colecciones de bienes muebles de cualquier naturaleza integrantes del patrimonio cultural de Galicia que como tales tengan la condición de bienes de interés cultural no pueden ser disgregadas por las personas titulares o poseedoras sin la autorización de la consellería competente en materia de patrimonio cultural. | Arranca el proceso para declarar bien de interés cultural la biblioteca de Emilia Pardo Bazán. Y, mientras se aprueba (2 años máximo), se protege de forma inmediata y provisional | La Comunidad Autónoma de Galicia, al amparo del artículo 149.1.28 de la Constitución española y según lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de autonomía, asumió la competencia exclusiva en materia de patrimonio cultural. En su ejercicio, se aprueba la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia (en adelante, LPCG).
La LPCG en su artículo 1.1 establece que su objeto es la protección, conservación, acrecentamiento, difusión y fomento del patrimonio cultural de Galicia, de forma que le sirva a la ciudadanía como una herramienta de cohesión social, desarrollo sostenible y fundamento de la identidad cultural del pueblo gallego, así como su investigación, valorización y transmisión a las generaciones futuras. Asimismo, el artículo 1.2 indica que el patrimonio cultural de Galicia está constituido, entre otros, por el patrimonio bibliográfico que deba ser considerados como de interés para la permanencia, reconocimiento e identidad de la cultura gallega a través del tiempo.
Por otra parte, el artículo 8.2 indica que: «Tendrán la consideración de bienes de interés cultural aquellos bienes y manifestaciones inmateriales que, por su carácter más singular en el ámbito de la Comunidad Autónoma, sean declarados cómo tales por ministerio de la ley o mediante decreto del Consello da Xunta de Galicia, a propuesta de la consellería competente en materia de patrimonio cultural, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta ley. Los bienes de interés cultural pueden ser inmuebles, muebles o inmateriales».
Asimismo, en el artículo 110, referido al patrimonio bibliográfico de Galicia, se recoge que este patrimonio está constituido por los fondos y colecciones bibliográficas y hemerográficas de especial valor cultural, incluyendo las obras literarias ya sean impresas, manuscritas u otras, de carácter unitario o seriado, en las que concurran, entre otras, una antigüedad anterior a 1901 o que tengan características singulares que les otorguen carácter único (ex libris, expurgaciones, etc.).
El 6 de noviembre de 2020 la Real Academia Gallega (en adelante RAG) presentó una documentación con la que solicita y justifica la declaración como bien de interés cultural de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, en sus diferentes localizaciones.
La RAG custodia y cuida, tanto del patrimonio cultural como de la producción intelectual y de la memoria de Emilia Pardo Bazán, ya que posee cerca de ocho mil ejemplares de su biblioteca. Además, por decisión de la hija y heredera de la escritora tiene su sede en la que había sido vivienda de la propia escritora en la calle Tabernas de A Coruña, inmueble que comprende la Casa Museo Emilia Pardo Bazán.
La biblioteca de Emilia Pardo Bazán, entendida como una colección bibliográfica fruto de una provisión intencional, reúne las características del patrimonio bibliográfico y un carácter singular por la figura a la que está ligada, y al valor singular de sus componentes en términos de volumen, temática, antigüedad, autoría, singularidad y excepcionalidad, por lo que se estima que puede ser merecedora de su reconocimiento como bien de interés cultural de Galicia. Su carácter disperso en la actualidad y sus características referidas aconsejan, asimismo, la aplicación del régimen de protección establecido para los bienes de interés cultural.
La directora general de Patrimonio Cultural vista la información que se junta al expediente, en el ejercicio de la competencia que le atribuye a la persona titular de la Dirección General de Patrimonio Cultural la estructura orgánica de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 y siguientes de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, resuelve:
Primero.
Incoar el procedimiento para declarar bien de interés cultural la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, conforme a lo descrito en los anexos de esta resolución y proceder con los trámites para su declaración.
Segundo.
Ordenar que se anote esta incoación de forma preventiva en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Galicia y que se le comunique al Registro General de Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado.
Tercero.
Aplicar de forma inmediata y provisional el régimen de protección que establece la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, para los bienes de interés cultural y para los bienes muebles en particular. El expediente deberá resolverse en el plazo máximo de veinticuatro (24) meses, desde la fecha de esta resolución, o se producirá su caducidad y el final del régimen provisional establecido.
Cuarto.
Ordenar la publicación de esta resolución en el «Diario Oficial de Galicia» y en el «Boletín Oficial del Estado». Dado el volumen y extensión de la relación conocida de los registros de esta Biblioteca, los anexos II e III se publicarán en la página web de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad, en el siguiente enlace: https://ficheiros-web.xunta.gal/cultura/bic/anexosbibliotecaepb.zip
Quinto.
Abrir un período de información pública durante el plazo de un mes, que comenzará a contar desde el día siguiente al de su publicación, con el fin de que las personas que puedan alegar lo que consideren conveniente.
Sexto.
Notificar esta resolución a las personas interesadas.
Santiago de Compostela, 20 de noviembre de 2020.–La Directora General de Patrimonio Cultural, M.ª Carmen Martínez Ínsua.
ANEXO I
Descripción del bien
1. Denominación: biblioteca de Emilia Pardo Bazán.
2. Descripción general:
– Natureza: material. Bien mueble.
– Categoría: colección.
– Especialidad: bibliográfica.
3. Localización:
– 7883 libros custodiados en la Real Academia Gallega, rúa Tabernas 11, A
### RESUMEN: Arranca el proceso para declarar bien de interés cultural la biblioteca de Emilia Pardo Bazán. Y, mientras se aprueba (2 años máximo), se protege de forma inmediata y provisional |
Visto el fallo de la Sentencia de fecha 12 de mayo de 2015 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo –recurso de casación n.º 153/2014–, y en el que se estiman en parte los recursos de casación formulados por la Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo del sindicato Comisiones Obreras (FECOHT-CC.OO.), la Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) y la Federación Estatal de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego del sindicato Unión General de Trabajadores (CHTJ-U.G.T.), contra la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de fecha 13 de noviembre de 2013, recaída en el procedimiento n.º 278/2013, publicada en el BOE de 19-12-2013 y relativa al Convenio colectivo estatal de grandes almacenes (código de convenio n.º 99002405011982),
Y teniendo en consideración los siguientes
Antecedentes de Hecho
Primero. En el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de abril de 2013 se publicó la resolución de la Dirección General de Empleo, de 8 de abril de 2013, en la que se ordenaba inscribir en el Registro Oficial de Convenios Colectivos y publicar en el «Boletín Oficial del Estado», el Convenio colectivo estatal de grandes almacenes (Código de convenio n.º 99002405011982).
Fundamentos de Derecho
Primero. De conformidad con lo establecido en el artículo 166.3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE del 11), cuando la sentencia sea anulatoria, en todo o en parte, del Convenio colectivo impugnado y éste hubiera sido publicado, también se publicará en el «Boletín Oficial» en que aquél se hubiere insertado.
En consecuencia, esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción en el correspondiente Registro de convenios de este órgano directivo de la citada Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 12 de mayo de 2015, dictada en el recurso de casación n.º 153/2014 y relativa al Convenio colectivo estatal de grandes almacenes.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 18 de diciembre de 2015.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Sentencia núm.:
Recurso núm.: Casación/153/2014.
Ponente Excmo. Sr. D.: Miguel Ángel Luelmo Millán.
Votación: 05/05/2015.
Excmos. Sres.:
D. José Luis Gilolmo López.
D. José Manuel López García de la Serrana.
D.ª Rosa María Virolés Piñol.
D. Miguel Ángel Luelmo Millán.
D. Jesús Souto Prieto.
En la Villa de Madrid, a doce de Mayo de dos mil quince. Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recursos de casación, formulados por el Letrado Don Ángel Martín Aguado, en nombre y representación de la Federación de Comercio Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras (FECOHT-CCOO), por el Letrado D. Justo Caballero Ramos, en nombre y representación de la Federación de Asociaciones Sindicales FASGA, por el Letrado D. Antonio María de los Mozos Villar en nombre y representación de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), y por el Letrado D. Javier Jiménez de Eugenio, en nombre y representación de la Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de la Unión General de Trabajadores (CHTJ-UGT), contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional de fecha 13 de noviembre de 2013, aclarada por auto de fecha 2 de diciembre de 2013, en actuaciones seguidas por FECHT-CC.OO. y FECHT-UGT, contra ANGED, FETICO, FASGA, CIG, LAB y Ministerio Fiscal, sobre Conflicto Colectivo.
Ha comparecido ante esta Sala en concepto de parte recurrida, la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), representada y defendida por el Letrado D. José Manuel González de Eiris Delgado y Ministerio Fiscal.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Luelmo Millán.
Antecedentes de Hecho
Primero.
La Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras (FECOHT) y la Federación de Comercio Hostelería, Turismo y Juego de la Unión General de Trabajadores, formularon demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sobre impugnación de convenio colectivo, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaron de aplicación, terminaban suplicando se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de los contenidos y preceptos del convenio impugnado, que se relacionan y concretan en los hechos segundo a décimo séptimo de la presente demanda y referidos a los siguientes preceptos convencionales: arts. 4, 5.2, 7.1, 8, 9.A3, 10B, 12.3.2 a), 27.3, 6 y 8, 28.2, 39 VI, 49, 66, 67, 87.1, 5º, Disposición Transitoria Quinta y Disposición Adicional.
Segundo.
Admitida a trámite la demanda, se celebró el acto del juicio, previo intento fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el acta levantada al efecto.
Tercero.
Con fecha 13 de noviembre de 2013, se dictó sentencia por la Audiencia Nacional, cuya parte dispositiva dice: «Fallamos: En la demanda de impugnación de convenio, promovida por CC.OO. y UGT, a la que se adhirió CIG, rechazamos las excepciones de Litispendencia y cosa juzgada. Estimamos parcialmente la demanda de impugnación de convenio y declaramos la nulidad de las siguientes disposiciones Convencionales:
– Del art. 4.2 del Convenio Colectivo en cuanto reserva a su propia unidad de negociación la estructura de la negociación colectiva en el sector de los grandes almacenes y con exclusión de cualquier otra.
– Del art. 7.
– Del art. 12, apartado 3.2 a) porque impide, de forma directa o indirectamente, a las mujeres un desarrollo profesional en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores de la plantilla al imponer unos criterios de evaluación para los ascensos profesionales discriminatorios.
– Del inciso final del párrafo quinto del art. 49 del Convenio, cuando dice «los sindicatos firmantes del convenio».
– Art. 49 La Comisión “Comisión para la Igualdad de Oportunidades y la no Discriminación (CIOND), así designada por el art. 49 del Convenio no puede estar solamente integrada por la representación empresarial y los sindicatos firmantes del Convenio.
– Art. 67: limitación temporal “hasta un máximo de un añoˮ de la acumulación de exceso de jornada.
– Art. 87.5 del Convenio en cuanto permite a la Comisión Mixta, dentro de sus funciones, la creación de nuevos puestos y funciones.
También declaramos la anulabilidad del apartado III de la D A. del Convenio en cuanto las medidas de flexibilidad interna si no se siguen por un acuerdo conforme al procedimiento del art. 82.3. Y respecto al que el órgano competente no será en todo caso el Comité intercentros. Condenamos a ANGED, FETICO y FASGA a estar y pasar por la nulidad de los preceptos citados, absolviéndoles de los demás pedimentos de la demanda».
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, dictó Auto en fecha 2 de diciembre de 2013, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «Parte dispositiva: la Sala acuerda estimar parcialmente el recurso de aclaración, formalizado por CCOO contra nuestra sentencia de 13-11-2013, por lo que precisamos que se anula únicamente el apartado segundo del art. 7, confirmando la sentencia en todo lo demás».
Cuarto.
En la anterior sentencia se declararon probados los siguientes hechos: «Primero.–Por Resolución de 8 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, se publica el Convenio colectivo estatal de grandes almacenes suscrito, con fecha 30 de enero de 2013, por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) en representación de las empresas del sector, y por los sindicatos FASGA y FETICO en representación de los trabajadores, y se ordenó la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con notificación a la Comisión Negociadora, precediéndose a su publicación en el “Boletín Oficial del Estadoˮ de fecha 22 de abril de dos mil trece. Se han cumplido las previsiones legales».
Quinto.
Preparado recurso de casación por la Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras, fue formalizado ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, consignándose los siguientes motivos: Primero a cuarto.–Al amparo del art. 207.e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social por infracción del art. 9.3, 37, 38 y 129.2 de la Constitución, arts. 3, 12, 17, 34,2 y 8, 37.6, 41, 64 y 82.3 del Estatuto de los Trabajadores y arts. 1256, 1258 del Código Civil, Directivas Europeas 76/207/CEE, 92/85/CEE y 97/80/CEE, art. 8 de la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961 y Convenio 183 de la OIT sobre protección de la maternidad.
En el recurso de casación formalizado por la Federación de Asociaciones Sindicales FASGA, se consignan los siguientes motivos: Primero a séptimo.–Al amparo del art. 207.e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social por infracción del art. 4.1.b), 12.4 apartados d) y f), 37, 38, último párrafo del art. 68, 85, 91.1 del Estatuto de los Trabajadores, art. 2.d) de la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto de Libertad Sindical, art. 1255 del Código Civil.
En el recurso de casación formalizado por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), se consignan los siguientes motivos: Primero a séptimo.–Al amparo del art. 207.e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social por infracción del arts. 12.2.a), 4, y 87.5 del convenio colectivo de Grandes Almacenes, art. 41, 68.e) 82.1 y 3, 83.2, 84.3, 85.1 y 85.3.e), del Estatuto de los Trabajadores, art. 3, 1281 y concordantes del mismo, 1283, 1285 del Código Civil.
En el recurso de casación formalizado por la Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT, se consignan los siguientes motivos: infracción de derecho sustantivo y de la jurisprudencia de conformidad con lo previsto por el art. 205 y siguientes de la Ley de Procedimiento. Primero.–En referencia a la cosa juzgada y art. 27.6 del convenio de aplicación. Segundo.–Infracción del art. 3 del Estatuto de los trabajadores y arts. 1256, 1258 y concordantes del Código Civil. Tercero.–Se adhiere al recurso interpuesto por Comisiones Obreras.
Sexto.
Transcurrido el plazo concedido para la impugnación del recurso, se emitió informe por el Ministerio Fiscal, en el sentido de que interesa la declaración de improcedencia de los recursos interpuestos, con excepción del primer motivo del recurso formalizado por CC.OO., y de los motivos cuarto y sexto de los recursos interpuestos por FASG y ANGED cuya estimación se propone.
Séptimo.
En Providencia de fecha 8 de abril de 2015, se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día 5 de mayo de 2015, fecha en que tuvo lugar.
Fundamentos de Derecho
Primero.
La demanda interpuesta en estos autos por La Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo del sindicato Comisiones Obreras (FECOHT, en adelante CCOO) y la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego del sindicato Unión General de Trabajadores (en adelante, UGT) tenía por objeto, según su suplico, que se declarase la nulidad de los arts 4, 5.2, 7.1, 8, 9.A3, 10B, 12.3.2.a), 27.3, 6 y 8, 28.2, 39VI, 49, 66, 67 y 87.1.5º y Disposición Transitoria Quinta y Disposición Adicional del convenio colectivo de grandes almacenes publicado en el BOE de 22 de abril de 2013.
La sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 13 de noviembre de 2013, tras rechazar las excepciones de litispendencia y cosa juzgada planteadas por la parte demandada, concluye estimando parcialmente dicha demanda, declarando la nulidad de los arts 4.2, 7, 12.3.2 a), 49, 67, 87.5 y apartado III de la Disposición Adicional del referido convenio en los términos que concreta, condenando a los demandados a estar y pasar por dicha declaración y absolviéndoles de los demás pedimentos de demanda, lo que posteriormente se aclaró por auto de 2 de diciembre de 2013 en relación con el art. 7 en el sentido de que «se anula únicamente el apartado segundo del art. 7, confirmando la sentencia en todo lo demás».
Recurren en casación, y separadamente, CCOO y UGT de un lado, y Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA) y Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) de otro, habiendo impugnado la Federación Estatal de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO) los recursos sindicales y ANGED el de UGT, así como UGT el de ANGED.
El Ministerio Fiscal ha emitido informe que concluye interesando «la declaración de improcedencia de los recursos interpuestos, con excepción del primer motivo del recurso formalizado por CCOO y de los motivos cuarto y sexto de los recursos interpuestos por FASGA y ANGED cuya estimación se propone».
Segundo.
El primero en la relación es el de CCOO, que consta de cuatro motivos, y que siguiendo ese orden, ha de ser también el primero en su examen (por lo que el siguiente, en lógica expositiva y perspectiva, aun cuando no ocupe igual lugar, ha de ser el del otro sindicato recurrente), señala en el motivo inicial, referente al art. 9.A) 3 del convenio litigioso, que se conculcan los arts 9.3 de la Constitución Española (CE), 3, 12 y 41 del ET y 1256 y 1258 del CC, así como la jurisprudencia representada por la STS de 27 de enero de 2004. Argumenta al respecto dicha parte, en sustancia y resumen, que el precepto convencional antedicho constituye una «invasión de la esfera de la autonomía de la voluntad (que) no supone en ningún caso un desarrollo del art. 12 b) del ET...sino por el contrario, una clara y directa infracción del meritado precepto legal», así como del art. 3.1 del Estatuto y de la jurisprudencia referida.
Lo que el art. 9 dispone en su apartado A es: «Contrato de trabajo a tiempo parcial: Se estará a lo dispuesto en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores», precisando en su apartado A3 que «La jornada inicialmente contratada podrá ampliarse temporalmente cuando se den los supuestos que justifican la contratación temporal. En la ampliación deberán concretarse las causas de la ampliación temporal». Se parte, pues, de una sumisión expresa y una remisión de igual clase al art. 12 del ET, al que se reconoce, por ello, como norma de referencia por su carácter de derecho necesario, cuyo apartado 4 regula el contrato a tiempo parcial, que no contempla, en ninguno de sus subapartados, la ampliación temporal de jornada en los términos a que se refiere el precepto convencional sino que en su apartado e) en la redacción vigente en el momento de interposición de la demanda y de dictarse sentencia (la actual entró posteriormente en vigor el 22 de diciembre de 2013 y fue introducida por el artículo 1.1 del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre) disponía que «la conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial y viceversa tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador y no se podrá imponer de forma unilateral...». En consecuencia, no cabe entender que la genérica previsión convencional de que la jornada «podrá ampliarse temporalmente cuando se den los supuestos de la contratación temporal» sea conforme al precepto estatutario de ese momento, ya que no es posible, según el mismo, dicha ampliación por la mera decisión empresarial, ni siquiera, en su caso, una modificación colectiva al respecto acordada con los representantes de los trabajadores, sino que tal precepto exige el acuerdo entre las dos partes del contrato, por y con respeto a la autonomía de la voluntad individual del trabajador, por lo que el motivo ha de acogerse.
Tercero.
El segundo entiende vulnerados por la sentencia recurrida los arts 3, 12, 17, 34.2, 8 y 41 del ET y 1256 y 1258 del CC en relación con el art. 14 de la CE y con el criterio jurisprudencial recogido en las sentencias de esta Sala que cita y de la STC 58/85, de 30 de abril, impugnando el art. 27.3 y 8 del convenio colectivo con el razonamiento de que «la instancia, al analizar el precepto convencional mencionado, desconoce que el mismo recoge un régimen de distribución irregular de la jornada y además incluye el porcentaje legal de horas previsto exclusivamente para los supuestos en que no se haya producido pacto o acuerdo convencional, contraviniendo así el contenido del precepto legal; de otra parte, la posibilidad de variar las planificaciones de la jornada por las empresas del sector y por tiempo indeterminados, por causas tan vagas, genéricas e inconcretas como la atención de imprevistos, incurre en directa infracción de los arts 34.8 y 41 del ET, así como de los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral y lesiona el principio de seguridad jurídica del trabajador», añadiendo que el contenido convencional denunciado hace decaer una condición más beneficiosa inveterada y pacífica e invade la esfera de la autonomía individual y que la circunstancia adicional recogida en el convenio de que sólo cuando suponga una modificación del régimen actual las empresas hayan de acudir al art. 41 del ET mediante un procedimiento previsto en aquél, «se aparta y contraviene el régimen previsto en dicho precepto legal».
Lo que el convenio colectivo de aplicación establece en sus precitados precepto y apartados es:
«Artículo 27. Distribución de la jornada.
... 3. Efectuada la planificación de la jornada, las empresas la podrán variar para atender imprevistos como ausencias no previstas de trabajadores para su sustitución. La comunicación del cambio se efectuará en el mismo momento en el que la empresa conozca la existencia del imprevisto, y se dará cuenta a la representación legal de los trabajadores. La suma de estas horas y las contempladas en el punto anterior no podrán exceder anualmente del porcentaje contenido en el artículo 34.2 del ET.
... 8. La prestación de trabajo cualquier día de la semana será exigible a todos los trabajadores a fin de repartir equitativamente la carga de trabajo, independientemente de que tuvieran o no compromiso personal de trabajo todos los días. Para la aplicación de esta medida, cuando suponga modificación del régimen actual, las empresas deberán proceder a modificar las condiciones de trabajo conforme a lo dispuesto en el artículo 41.3 o 5 del E.T., y mediante el procedimiento previsto en la Transitoria Quinta de este Convenio, siendo causa justificativa de la misma el reparto solidario del trabajo y la consecución del objetivo previsto en la misma.»
El art. 34.2 del ET dispone que «Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jornada de trabajo.
Dicha distribución deberá respetar en todo caso los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la Ley y el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de aquélla».
Se fía, pues, legalmente, a esta vía de negociación o pacto entre la empresa y la representación de los trabajadores la mencionada distribución irregular de la jornada, sin que en nada perturbe este principio en la materia como causa justificativa de esa clase de distribución el hecho de precisarse en el n.º3 del precepto convencional el sobrevenimiento de un determinado imprevisto pues, a pesar de la indeterminación que tal concepto supone, ya se adelanta un primer supuesto siquiera sea a título de ejemplo (ausencias no previstas de trabajadores) estableciéndose, aun cuando a posteriori y como no podría ser de otro modo dada su naturaleza, un mecanismo de control cual es el de la exigencia de dar cuenta (inmediata, en función igualmente de su aparición inesperada) a la representación legal de los trabajadores, que precisamente por tratarse de un acontecimiento de tal índole y con esa repercusión, no tienen reducido su cometido al respecto a limitarse a darse por enterados de ello sino que, sin detener la decisión empresarial inherente a su poder de dirección, podrán, no obstante, exigir su acreditación y términos de concurrencia para, en su caso, oponerse al mantenimiento de la medida, ejercitando, si procediere, las acciones oportunas en orden a su inaplicación, modificación u otros posibles efectos.
Otro tanto acontece en cuanto al punto 8 del precepto convencional, no pudiendo sostenerse al respecto una genérica tesis de defensa de una asimismo genérica condición más beneficiosa que, si derivase de cada cláusula contractual individual referente a la jornada de trabajo, cabría señalar en términos igualmente generales, a falta de una precisión probatoria específica, que lo que se suele introducir en el contrato es una cláusula referente a la jornada ordinaria, que no excluye, en consecuencia, una posible jornada irregular legalmente admitida, de manera que en ese punto no se contradice el propio contrato sino que se puede entender que éste no contiene una concreta previsión al respecto, por lo que no existe condición más beneficiosa en ese particular. Por otra parte, ésta no se predica, en principio, con carácter general sino individual, como condición «ad personam», a menos que resulte de un tipo de convenio cuyas normas paccionadas son superadas, en beneficio de los trabajadores, por la práctica empresarial, lo que, en ese caso, tendría que alegarse y acreditarse, sin que nada semejante se haya efectuado. Y si al mencionarse tal condición se está haciendo referencia no a cada contrato de trabajo y su específico clausulado o a un determinado convenio sino a un hipotético origen normativo en este punto (legislación anterior), debe entenderse que la nueva disposición ha de aplicarse también a los trabajadores cuyo contrato se hallaban en curso en el momento de su entrada en vigor, salvo previsión en contrario en la propia norma mediante disposición de derecho transitorio que prolongue los efectos de la anterior, lo que no sucede en este caso.
El art. 41.1.a) del ET, en fin, considera modificación sustancial de las condiciones de trabajo las relativas a la jornada laboral, precisando su n.º 2 que tales modificaciones «podrán afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por éstos en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos, añadiendo en su n.º 4 que “sin perjuicio de los procedimientos específicos que puedan establecerse en la negociación colectiva...ˮ, de modo que se reconoce expresamente tal posibilidad, exigiéndose únicamente la existencia de un período de consultas previo con los representantes legales de los trabajadores que la Disposición transitoria quinta del convenio también reconoce expresamente cuando dice que «las empresas, al objeto de dar cumplimiento a la nueva jornada máxima y a la aplicación del sistema de reparto solidario de la distribución del trabajo a lo largo de todos los días de la semana, procederán a la apertura de un período de consultas conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del estatuto de los Trabajadores...», sin que, en fin, y por principio, pueda aceptarse que lo establecido en el convenio «se aparta y contraviene en el régimen previsto en dicho precepto legal» señalando únicamente al respecto que las razones esgrimidas en dicho convenio sobre el particular son «tan genéricas e indeterminadas como el reparto solidario del trabajo y la consecución del objetivo previsto en la misma, es decir, causas no objetivas que, por tanto desnaturalizan el precepto legal...», porque ello puede considerarse una causa organizativa tal y como la última de las disposiciones convencionales referidas señala, aun cuando pueda cuestionarse que desde un principio se considere dicha causa «probada», como dice, si bien este concreto extremo no es objeto de debate en el motivo, sin perjuicio de lo que al respecto pueda volverse a razonar ulteriormente.
De todo ello se infiere que tampoco el referido n.º 8 del art. 27 convencional, en los términos en que está concebido, es contrario a la legislación aplicable.
Consecuentemente con cuanto se viene de expresar, este motivo no puede prosperar.
Cuarto.
El tercero percibe como infringidos los arts 17 y 37.6 del ET en relación con el 14 de la CE, las Directivas 76/207/CEE, 92/85/CEE y 97/80/CEE, art. 8 de la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961 y Convenio 183 de la OIT, todos los cuales considera en contradicción con el art. 39 VI del convenio colectivo combatido y con las limitaciones que dice que dicho precepto convencional establece, sosteniendo, en definitivas, que se trata de condiciones y limitaciones al derecho de concreción horaria que, en los términos en que se hacen, «afectan de forma directa y grave al ejercicio del derecho a la reducción de jornada por guarda legal».
El referido art. 39 VI del convenio colectivo dispone:
VI. Guarda legal: De conformidad con lo establecido en el artículo 37.5 y 35.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y de la Ley 39/1999, de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, y atendiendo a la variación de los ritmos de trabajo existentes en el Sector, dada la concentración de la venta en determinados períodos y momentos del día, o la semana, y para hacer posible la combinación de los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar de todos los trabajadores con las necesidades organizativas y de atención a la venta de las empresas, para facilitar la determinación de la concreción horaria prevista en el apartado 6º del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, deberá tenerse en cuenta los siguientes parámetros:
1. El trabajador/a, salvo casos de fuerza mayor, habrá de solicitar la modificación horaria al menos con quince días de antelación al momento en que debiera iniciarse, indicando también el momento de su finalización si estuviese previsto.
2. En los supuestos en los que el trabajador/a solicite la concreción horaria en el marco de su régimen de trabajo ordinario, sin variación de turno y/o sistema de rotación, la Empresa concederá el horario solicitado, salvo imposibilidad organizativa conforme lo previsto en el apartado 4, que habrá de notificarse al solicitante y al Comité de Empresa.
3. En aquellas otras situaciones en las que un trabajador/a solicite la concreción horaria en un marco distinto a su turno ordinario y jornada ordinaria, la empresa, con el fin de hacer posible la conciliación de la vida familiar y laboral en los términos solicitados, analizará la posibilidad de concederlo tanto en su propio puesto, como habilitando un cambio de área/departamento/división, e incluso, si ello lo hiciese posible, el cambio de centro de trabajo. De no ser posible en este caso la concesión en los términos solicitados, se expresará la causa organizativa o productiva que no lo permite y se ofrecerán las alternativas que resulten viables en la empresa.
En los supuestos de cambio de área/departamento/división, o centro de trabajo, el trabajador/a, mientras dure la situación de guarda legal se adaptará a las condiciones de trabajo del nuevo puesto o función.
4. Dados los diferentes modelos de organización de recursos humanos y de atención al servicio, para la determinación de la posibilidad organizativa del otorgamiento de la concreción horaria en situaciones de guarda legal deberá tenerse en cuenta el índice de cobertura de necesidades en el caso de que se establezca por acuerdo con la representación de los trabajadores a nivel de empresa.
5. Cuando la concreción solicitada se haga sobre un turno que ya tenga ese índice de desviación en la cobertura programada, la empresa habrá de ofrecer un puesto alternativo que habilite el horario, si la solicitud se hace en su régimen de turno y horario ordinario. En otro caso procederá conforme se regula en el punto 3 anterior, con el fin de permitir equilibrar los intereses de conciliación del trabajador con el correcto funcionamiento de la empresa».
Como pone de manifiesto el M.º Fiscal en su preceptivo informe y coincide FETICO en su escrito de impugnación, se trata de un motivo que adolece a priori de un defectuoso planteamiento en tanto en cuanto «el recurrente se limita a consideraciones genéricas con cita de numerosos preceptos infringidos por la sentencia sin concreción alguna, en un ámbito de generalidad pero sin precisar la infracción específica de la sentencia», lo que contraviene lo establecido en el art. 210.2 de la LRJS.
Asimismo, esta Sala tiene reiteradamente señalado (por todas, nuestra sentencia de 9 de diciembre de 2010 y las que en ella se citan), «el recurso de casación es un recurso extraordinario que, como tal, cuando denuncia una infracción jurídica amparada en el apartado e) del artículo 205 de la Ley de Procedimiento Laboral del mismo texto legal (vigente art. 207 e) de la LRJS) tiene necesariamente que invocar como causa de impugnación la infracción de una norma del ordenamiento jurídico -sea ésta un precepto constitucional, una disposición legal o reglamentaria, un convenio colectivo estatutario- o una doctrina jurisprudencial (sentencias de 19 de febrero de 2001, 31 de mayo de 2004 y las que en ella se citan). Por otra parte la Sala ha precisado también que la exigencia de fundar la infracción legal que se alega «no se cumple con sólo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denunciaˮ (sentencias de 25 de abril de 2002, 13 de julio de 2007 y 22 de octubre de 2008, entre otras). Así se deduce no sólo del artículo 205 de la Ley de Procedimiento Laboral, sino también de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 477.1 prescribe que “el recurso habrá de fundarse en la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del procesoˮ, mientras que el artículo 481.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil impone que en el escrito de interposición deberán exponerse, con la necesaria extensión, los fundamentos del recurso».
Incumplida, pues, tal exigencia, basta para desestimar el motivo, pues de otro modo se podría generar la indefensión que alega la mencionada entidad impugnante.
Por otra parte y en cualquier caso, es igualmente cierto que se obvia la literalidad de la legislación vigente, representada al respecto por el art. 34.8 del ET, que deja a la negociación colectiva, en general, la adaptación de la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo el derecho del trabajador/a a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, o, alternativamente, al acuerdo a que llegue con el empresario «respetando, en su caso, lo previsto en aquélla», y el 37.6, referente a la concreción horaria de la reducción de jornada, que aun reconociendo ese derecho en primer lugar al trabajador, permite que los convenios colectivos establezcan criterios al respecto, sin perjuicio de que las discrepancias (concretas) surgidas entre empresario y trabajador puedan dirimirse ante esta jurisdicción, lo que no alcanza para una exposición global como la efectuada en función de genéricas infracciones como las denunciadas, donde sin descender a la previsión concreta de la normativa que ciñe su oposición a los n.º 2, 4 y 5 de ese apartado y precepto convencional en tanto en cuanto se refieren a la excepción en el primero de la «imposibilidad organizativa» que menciona (2), al «índice de cobertura de necesidades» a que alude el segundo (4) y al «índice de desviación» que señala el tercero y último (5), todo lo cual considera que supone limitaciones y condicionantes al ejercicio de derechos relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar, sin que la sentencia de instancia haya analizado «la repercusión e impacto que la regulación convencional limitativa de los derechos de reducción de jornada y concrección horaria por guarda legal tiene sobre las mujeres trabajadoras y el trato desigual e injustificado que sobre dicho colectivo se produce a través de dicha regulación», constituyendo, en fin, y según entiende, manifestaciones de discriminación indirecta, en tanto en cuanto el criterio convencional plasmado, aparentemente neutro, «afecta a un porcentaje considerablemente mayor de personas de un solo sexo», por tratarse, el de las mujeres, un colectivo mayoritario y especialmente afectado en la materia.
El reproche que efectúa a la sentencia recurrida no puede acogerse desde el momento en que se refiere a un planteamiento que a quien incumbe efectuar y concretar es a la propia parte que denuncia su ausencia, y desde ésta, la Sala no puede llegar apriorísticamente a la misma conclusión sin matices, aunque pueda admitirse que el colectivo afectado es fundamentalmente femenino. A ello se añade que el texto convencional establece en cada apartado precisiones y matices y avanza soluciones a las diferentes posibilidades que puedan darse, como cuando la imposibilidad organizativa a que hace mención en su apartado 2 (como excepción a la regla general de la concesión del horario solicitado, no se olvide) la remite a la regulación del apartado 4 donde se establece que para la determinación de la posibilidad «deberá tenerse en cuenta el índice de cobertura de necesidades en el caso de que se establezca por acuerdo con la representación de los trabajadores a nivel de empresa», de manera que aun percibiendo la sutil distinción entre la formulación positiva del concepto (apartado 2) y la negativa (4), que no podría llevar a soluciones favorables a la decisión de la empresa sin justificación suficiente, la hermenéutica integrada de ambos apartados parece conducir a entender que siendo, como se ha dicho, la regla o principio general la del reconocimiento referido, será necesario tener en cuenta el referido índice de cobertura en el caso de que se establezca por acuerdo con la mencionada representación de los trabajadores a nivel de empresa, de modo que si no se ha producido tal acuerdo y, como consecuencia, no se ha elaborado dicho índice de cobertura, no habrá medio de medir la imposibilidad de la concesión interesada, constituyendo aquél, por otra parte, un sistema o medio de control a utilizar por ambas partes.
De otro lado, en fin, el apartado 5 prevé dos situaciones y dos soluciones alternativas a la imposibilidad del reconocimiento correspondiente cuando dice, en primer lugar, que «cuando la concreción solicitada se haga sobre un turno que ya tenga ese índice de desviación en la cobertura programada la empresa habrá de ofrecer un puesto alternativo que habilite el horario, si la solicitud se hace en su régimen de turno y horario ordinario»., es decir, que, de todos modos, se habilitará el horario pretendido, siquiera sea en un puesto alternativo, con lo que, en todo caso, la conciliación de la vida familiar y laboral que se dice conculcada queda salvada. En segundo lugar, prevé que «en otro caso procederá conforme se regula en el punto 3 anterior, con el fin de permitir equilibrar los intereses de conciliación del trabajador con el correcto funcionamiento de la empresa», indicando ese apartado 3, como ya se ha recogido, que «en aquellas otras situaciones en las que un trabajador/a solicite la concreción horaria en un marco distinto a su turno ordinario y jornada ordinaria, la empresa, con el fin de hacer posible la conciliación de la vida familiar y laboral en los términos solicitados, analizará la posibilidad de concederlo tanto en su propio puesto, como habilitando un cambio de área/departamento/división, e incluso, si ello lo hiciese posible, el cambio de centro de trabajo. De no ser posible en este caso la concesión en los términos solicitados, se expresará la causa organizativa o productiva que no lo permite y se ofrecerán las alternativas que resulten viables en la empresa»., de modo que no se cierra de antemano la posibilidad del reconocimiento del derecho ejercitado tanto en el propio puesto como, en su defecto, habilitando un cambio ubicativo, requiriendo el precepto una justificación de la negativa a la solicitud del trabajador/a en tal sentido que se establece como último recurso del precepto, con oferta, además, de otras alternativas empresariales que, como en los supuestos anteriores, siempre podrá debatirse en cada caso concreto ante esta jurisdicción, por lo que la previsión convencional, en la triple formulación de los apartados referidos, no puede desautorizarse por principio, lo que lleva a la desestimación del motivo.
Quinto.
El cuarto y último, en fin, alega el quebranto de los arts 41, 64 y 82.3 del ET y 37, 38, 129.2 de la C.E. por la sentencia de instancia en su análisis de la Disposición transitoria quinta del tan repetido convenio colectivo por recoger ésta «un mecanismo o procedimiento sui generis y obligatorio para todas las empresas del sector en orden a la aplicación del art. 41 del ET por razones ajenas a las previstas por el legislador» y conectadas a la aplicación de la nueva jornada máxima establecida en dicho convenio y del denominado «sistema de reparto solidario de la distribución del trabajo a lo largo s los días de la semana», porque considera que con ello lo que se consigue es «dejar a unos trabajadores como estaban con la obligación de trabajar en esos días y suprimir o despojar a otros la condición más beneficiosa que de forma inveterada y pacífica venían disfrutando», y manifestando que lo que se produce es «una clara muestra de autoritarismo convencional», concluye que en los términos establecidos, el período de consultas ex art. 41 del ET nace ya viciado y vacío de contenido «al haber preconstituído el convenio sectorial una causa organizativa probada para todas las empresas, que obviamente impide o hace innecesaria la negociación en donde debe producirse, es decir, en las empresas».
De antemano cabe reproducir lo expresado con carácter previo en el fundamento precedente, en tanto en cuanto el motivo adolece del mismo defecto procesal que el anterior, igualmente reseñado por FETICO en su escrito de impugnación.
Ello sentado, puede añadirse que en nuestro precedente tercer fundamento de derecho se transcribe ya parcialmente la referida Disposición transitoria quinta y se razona lo correspondiente en relación con lo planteado al respecto en el segundo motivo del recurso, cabiendo ahora, no obstante, su completa reproducción, dada su considerable extensión, superadora ampliamente de lo ya recogido, para un mejor entendimiento de lo concerniente a la misma, que es el objeto nuclear del motivo. Dicha disposición dice textualmente así: «las empresas, al objeto de dar cumplimiento a la nueva jornada máxima y a la aplicación del sistema de reparto solidario de la distribución del trabajo a lo largo de todos los días de la semana, procederán a la apertura de un período de consultas conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, en la medida en la que, para poder cumplir con lo previsto en el presente convenio, es necesaria una redistribución ordenada de la jornada anual, por lo que para llevarla a cabo sin pérdida de jornada anual y de la debida atención al cliente, las empresas, teniendo en cuenta los períodos del año y/o días de la semana donde se produce una mayor actividad, habrán de acometer los cambios necesarios en los cuadros horarios de los trabajadores afectados, conforme la tramitación prevista en el artículo 41 del ET, en el caso de que la modificación resultara sustancial.
En orden a la tramitación de esta modificación, será competencia del Comité Intercentros el conocimiento tratamiento, negociación y aprobación en su caso de los criterios generales para el establecimiento de las modificaciones necesarias.
La concreción práctica de los criterios generales tras el proceso de consultas con el comité intercentros y el alcance de tales modificaciones a nivel de centro serán objeto de comunicación a la representación legal de los trabajadores en el mismo, previamente a su aplicación, y sin necesidad de reabrir un nuevo proceso de consulta en tal ámbito.
Los cambios producidos serán comunicados en los términos y plazos previstos legalmente a los trabajadores afectados.
En todo caso se establece al efecto de facilitar y homogeneizar dicho procedimiento: a) que, por el necesario respeto al reparto equitativo del trabajo establecido en el artículo 27 de este convenio y al sistema de distribución pactado concurre probada razón organizativa para ello; b) que estas modificaciones contribuyen a mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral de la mayoría de los trabajadores del sector y a mejorar la situación de las empresas a través de una más adecuada organización de sus recursos; y c) que las empresas respetarán los siguientes límites para estas modificaciones que se realicen por vía del artículo 41 E.T., dando con ello cumplimiento a la atenuación de las consecuencias para los trabajadores afectados a que se refiere el párrafo primero del punto 4. del citado artículo 41 del ET:
En la distribución del tiempo de trabajo en el ámbito de las empresas en los centros comerciales abiertos al público, los trabajadores con más de tres días de promedio anual de trabajo a la semana no tendrán obligación de prestar servicios más que hasta el 55% de los domingos y festivos anuales autorizados de apertura, siempre que el número resultante sea superior a 9. A efectos del cálculo del número de domingos o festivos, la fracción resultante se elevará al entero.
Dada la fecha de entrada en vigor de la nueva jornada, con efectos de 1 de enero de 2013, a lo largo del calendario correspondiente a 2013 se compensarán las horas que efectivamente deben realizarse en cómputo anual, distribuyéndolas durante el resto del año.
Las discrepancias que puedan surgir con motivo de la tramitación de las modificaciones a que se refiere esta Transitoria se resolverán por la Comisión Mixta del Convenio con arreglo al procedimiento previsto en los artículos 87 y siguientes del mismo.
La tramitación de las discrepancias no paralizará la decisión empresarial tras el período de consultas, por lo que la resolución de la Comisión o del árbitro, que será ejecutiva, surtirá efectos a los quince días desde su comunicación a las partes».
De todo ello resulta que la concreción práctica de los criterios generales en la materia se efectuará tras el proceso de consultas con el comité intercentros a quien previamente incumbe «el conocimiento tratamiento, negociación y aprobación en su caso de los criterios generales para el establecimiento de las modificaciones necesarias» y que «las discrepancias que puedan surgir con motivo de la tramitación de las modificaciones a que se refiere esta Transitoria se resolverán por la Comisión Mixta del Convenio con arreglo al procedimiento previsto en los artículos 87 y siguientes del mismo», así como que «la concreción práctica de los criterios generales tras el proceso de consultas con el comité intercentros y el alcance de tales modificaciones a nivel de centro serán objeto de comunicación a la representación legal de los trabajadores en el mismo, previamente a su aplicación» las empresas respetarán los límites para estas modificaciones que se realicen por vía del artículo 41 E.T (las sustanciales). A partir de ahí, todo eso y el resto de la disposición interpretado conforme a las reglas de la buena fe, cuya observancia se impone como principio (vid., p.e., art. 20.2, in fine, del ET y, en el concreto ámbito de la negociación colectiva y su desarrollo, por el art. 89.1 del mismo texto legal) y en virtud de la cual dicha hermenéutica reclama que los criterios relacionados en el precepto sean objeto de una restrictiva valoración en lo que de favorable únicamente al poder de dirección de la empresa pudiese deducirse y derivarse en sentido, por otra parte, limitativo de los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral, lleva a entender que la concurrencia de la «probada» razón organizativa (a) no puede implicar una presunción indiscutible al respecto sino que tan solo se estima de antemano acreditado que la razón existente para la medida es de esa índole (organizativa) y que, en principio, concurre, y que las modificaciones, en tanto en cuanto se admitan o no se evidencie otra cosa, contribuyen a mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral de la mayoría de los trabajadores del sector y la situación de las empresas a través de una más adecuada organización de sus recursos (b) y todo ello, en fin, sin perjuicio de las específicas acciones que, dado el caso, pudiesen ejercitarse en supuesto de disconformidad y claro perjuicio de parte como último mecanismo de control al respecto, donde en un procedimiento con las debidas garantías para ambas partes, se determinaría si resulta realmente existente la causa alegada y si con la medida adoptada se contribuye, o no, realmente a mejorar la mencionada conciliación, siendo posible admitir, en fin, con la sentencia recurrida que «no se trata de dejar vacío de contenido el trámite del art. 41 del ET sino que lo que aparece en la D.T. son una serie de cautelas y límites que concretan la tramitación de dicho artículo» y que «no cabea priori entender que la redacción de esa Disposición Transitoria sea contraria a las normas sobre modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, que sólo serían susceptibles de ser apreciadas cuando efectivamente se lleven a cabo». O como señala el Mº Fiscal en su informe: «el convenio recoge una previsión lícita, que la distribución del trabajo se lleve a cabo a través de la norma de derecho necesario que contempla esa posibilidad: el art. 41 del ET; la norma se cuida de establecer que el trámite indicado se seguirá en el caso de que la modificación fuera sustancial, causa legal que la habilita para la viabilidad jurídica de la medida, cuyo control de existencia, razonabilidad y proporcionalidad corresponde al órgano judicial».
Por todo cuanto se ha expresado, no procede acoger el motivo, resultando finalmente estimado en parte el recurso.
Sexto.
El de UGT consta de tres motivos, relativo el primero al art. 27.6 del convenio colectivo en litigio, el segundo al n.º 8 de dicho precepto convencional y el tercero carece de contenido como tal, al no constituir propiamente un recurso sino una adhesión a otro, el que se viene de examinar, al que hace una remisión genérica y en bloque. Y puesto que el mencionado apartado 8 del art. 27 ha sido igualmente objeto de examen en el segundo fundamento de esta sentencia, ha de hacerse remisión y darse por reproducido lo en él razonado, así como lo que acerca de la disposición transitoria quinta del convenio señalada en aquél se argumenta en el fundamento precedente en cuanto tiene relación con dicho apartado precisamente por citar esa disposición, de tal manera que cabe considerar desestimado el primero de tales motivos de este recurso y que el tercero sigue la suerte del recurso de CCOO, ya establecida.
Consecuentemente, no resta sino abordar lo referente al primer motivo de este segundo recurso que alega «la infracción de derecho sustantivo y de la jurisprudencia aplicables a la solución del supuesto debatido, de conformidad con lo previsto y permitido por el art. 205 y siguientes de la Ley de Procedimiento».
Partiendo de que la norma procesal aplicable no es la indicada sino el art. 207 e) de la vigente LRJS, debe dejarse constancia de que lo que establece ese número o apartado 6 es que «por acuerdo con la representación de los trabajadores en el ámbito de la empresa se podrá excepcionar a los trabajadores a tiempo parcial que presten su servicio en las líneas de caja de la adscripción a los cuadros horarios a que se refiere el punto 1 de este artículo, si bien en todo caso deberán conocer los horarios mensuales al menos con diez días naturales de antelación al inicio del mes», disponiendo previamente el referido punto o apartado 1 que «La distribución de la jornada se efectuará a nivel de empresa con carácter general.
Durante el primer trimestre del año natural, o en el momento que este establecido a nivel de empresa, las empresas facilitarán a los representantes legales de los trabajadores los modelos de cuadros horarios laborales generales anuales.
Como mínimo trimestralmente, o con la antelación y periodicidad que esté establecida por acuerdo a nivel de empresa, los trabajadores conocerán el momento en que deben prestar el trabajo, en dicha distribución se podrá tener en cuenta la mayor intensidad en la actividad comercial en determinados días de la semana y momentos del año, pudiendo ampliarse el número de horas ordinarias diarias, respetando en todo caso el descanso entre jornadas».
Lo que al respecto se argumenta en el recurso es que, según la parte que lo formula, la sentencia de instancia desestima la excepción de cosa juzgada en su primer fundamento de derecho y que, sin embargo, la acepta en el noveno y que desde la STS de 11 de abril de 2006 que desestimó la impugnación del texto convencional, «ha transcurrido un tiempo considerable para lo referente al derecho laboral y con la aparición en ese tiempo de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (por lo que) entendemos que la cuestión ha cambiado» y que «estando así las cosas, no podemos dejar de analizar la sentencia del TC 3/2007, de 15 de enero de 2007», la cual transcribe parcialmente recogiendo en ella la cita de otras del mismo Tribunal y del TJCE, finalizando con que «hay nuevos elementos de valoración que deben necesariamente ser tenidos en cuenta y, por tanto, enjuiciarse de nuevo, a la luz de las pruebas aportadas y a la luz de la Ley y la sentencia 3/2007; se discrimina sin causa objetiva a los tiempos parciales de línea de cajas que, además, según la prueba aportada, son en un 90% mujeres».
Concebido en estos términos el motivo, lo primero que debe señalarse independientemente ya de la cuestión de la cosa juzgada, que se revela instrumental en orden a la verdadera denuncia del mismo consistente en la discriminación que aprecia en el precepto y apartado del reiterado convenio, es que los «nuevos elementos de valoración» a que alude respecto de dicha discriminación y que dice que «deben ser tenidos en cuenta y, por tanto, enjuiciarse de nuevo», lo son, en primer lugar, «a la luz de las pruebas aportadas» y ni concreta cuáles sean esos «nuevos elementos» ni especifica cuáles las tales pruebas, en relación con las cuales, además, tendría, en su caso, que haber propuesto la revisión fáctica correspondiente, si es que nada se dice en el relato de la sentencia recurrida respecto de las mismas o lo que se consigna resulta, según dicha parte, erróneo. Con ello basta para desestimar el motivo.
Por otra parte, ni en el primer fundamento de derecho de la sentencia de instancia se dice nada acerca de la cosa juzgada (es el segundo, que no se menciona) ni en el noveno se alude expresamente al acogimiento de tal excepción que, por el contrario, es desestimada de ese modo en el segundo, donde se dice al respecto que no concurren en el caso los requisitos del art. 222.4 de la LEC, señalando en ese sentido en dicho fundamento que «supuesto el enfrentamiento entre el principio de igualdad y los efectos de la cosa juzgada material, no se puede concluir con sujeción a una buena doctrina que prime una solución que respete el principio de la cosa juzgada para sustentar una desigualdad de trato en un mismo colectivo» dejando establecido en concordancia con lo ya reproducido, que «la excepción de cosa juzgada no podría admitirse en aquellos artículos que aunque se evidencie tienen el mismo redactado que el correspondiente al juicio anterior, se vea comprometido el principio de igualdad», con lo que se refuerza dialécticamente y se cierra, en definitiva, la tesis adoptada de no acoger la excepción mencionada, con independencia de lo que seguidamente añade para concluir y tras reproducir el texto de los n.º 1, 2 y 4 del mencionado art. 222 de la LEC, con cita, comentario e incluso transcripción parcial de alguna de nuestras sentencias en la materia. Por su parte, en el fundamento noveno y como ya se ha dicho, no se sostiene que se ha producido cosa juzgada sino que refiriéndose y transcribiendo los n.º 3, 6 y 8 del art. 29 del convenio y abordando cada uno de ellos separadamente, dice respecto del apartado 6 que se acogen, en definitiva, los argumentos de las sentencias que menciona «aceptando la adecuación a la legalidad vigente de la redacción de este punto sexto del art. 27» de manera que aun reconociendo una cierta paradoja en la dialéctica empleada en uno y otro fundamento y siquiera sea de un modo un tanto dificultoso tratando de armonizar lo recogido en cada uno de ellos, la conclusión que finalmente se impone es que se considera que no hay cosa juzgada pero que los argumentos dados en las sentencias que se mencionan son extrapolables al caso presente y en virtud de los mismos se entiende que el referido apartado 6 del art. 27 del convenio es conforme a derecho, conclusión que es posible mantener en tanto en cuanto no se ha explicado suficientemente ni se han dado argumentos bastantes ni justificado en ningún momento la discriminación teórica sostenida por la parte recurrente, que, por otro lado, podría ser objeto, en su caso, de la específica acción al respecto en el momento en que aplicada la previsión convencional, así se pudiese concluir en una igualmente específica situación, que, se reitera, no se aprecia a priori en el texto referido en relación con el aludido apartado 1, que parte ya de la garantía del acuerdo con la representación de los trabajadores se podrá excepcionar a los trabajadores a tiempo parcial, lo cual, en principio, no constituye discriminación, dada la propia diferencia contractual que comporta en los trabajadores a tiempo parcial una menor jornada, siendo precisamente ésta (la jornada) el elemento nuclear de la fluctuación contemplada en el precepto, constituyendo, en fin, una mera posibilidad («se podrá tener en cuenta») la ampliación del número de horas ordinarias diarias, que prevé el n.º 1 del precepto convencional (al que no se hace referencia en el recurso), condicionada, de antemano, a la mayor intensidad en la actividad comercial en determinados días de la semana y momentos del año, con los límites que el mismo precepto impone («respetando en todo caso el descanso entre jornadas») y con los controles que del mismo cabría deducir.
El motivo, en consecuencia, no es atendible.
Séptimo.
El recurso de FASGA, primero de las dos asociaciones demandadas recurrentes, contiene siete motivos, el primero de los cuales denuncia la vulneración del art. 85 del ET por declarar la sentencia recurrida la nulidad del párrafo segundo del art. 4 del convenio colectivo que dice: «En consecuencia, y al objeto de establecer para el ámbito de actuación del presente Convenio una estructura racional y homogénea, evitando los efectos de la desarticulación y dispersión, las partes legitimadas en el ámbito de aplicación del presente Convenio acuerdan que la estructura de la negociación colectiva en el sector de grandes almacenes quede integrada por esta unidad de negociación de ámbito estatal, con expresa exclusión de cualquier otra y en su caso por el desarrollo de la misma en el seno de cada empresa, con respeto en todo caso a la legislación vigente».
Por su parte, el recurso de ANGED contiene un primer motivo de igual objeto pero denunciando la infracción de los arts 84.3 y 83.2 del ET, por lo que son susceptibles de tratamiento conjunto, cabiendo responder a ambos con cuanto sigue.
En el tercer fundamento de derecho de la referida sentencia se declara, en efecto, nulo dicho art. 4.2 «en cuanto reserva a su propia unidad renegociación la estructura de la negociación colectiva en el sector de los grandes almacenes y con exclusión de cualquier otra» y congruentemente con ello, en su fallo declara la nulidad de tal precepto en los términos mencionados.
El art. 85 del ET no se refiere a la cuestión litigiosa, al centrarse en el contenido del convenio, pero si la primera de las entidades recurrentes parte de la idea de que el art. 4.2 del convenio se supedita «en todo caso al respeto a la legislación vigente» de manera que «la exclusiva unidad de negociación pactada requiere que ésta no colisione con otras unidades de negociación indisponibles para las partes como puedan ser los convenios de empresa», aunque, continúa, «de igual manera nada impide que si tal colisión no existe con otras unidades de negociación posibles los firmantes del convenio colectivo de grandes (almacenes) estén en su legítima facultad de establecer la unidad de negociación que estimen conveniente», la conclusión que se impone es que, evidentemente, ello es posible, de acuerdo también con lo que argumenta el recurso de ANGED, que asimismo reitera que en el art. 4.2 convencional se hace una referencia in fine, con sumisión expresa, al respeto a la legislación vigente, «ya que, obviamente, a nivel de sector, no se puede, por ley, interferir la negociación de convenios colectivos de ámbito de empresa en las materias contenidas en el art. 84.2 del ET».
Pero lo que de todos modos es oportuno señalar es que ese art. (84.2 del ET) no es el que prioritariamente ha de tenerse en cuenta en la materia sino el art. 83 del mismo texto legal, en cuanto regula específicamente la unidades de negociación, disponiendo al respecto dicho precepto que: «1. Los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden.
2. Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de carácter estatal o de Comunidad Autónoma, podrán establecer, mediante acuerdos interprofesionales, cláusulas sobre la estructura de la negociación colectiva, fijando, en su caso, las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito.
Estas cláusulas podrán igualmente pactarse en convenios o acuerdos colectivos sectoriales, de ámbito estatal o autonómico, por aquellos sindicatos y asociaciones empresariales que cuenten con la legitimación necesaria, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.
3. Dichas organizaciones de trabajadores y empresarios podrán igualmente elaborar acuerdos sobre materias concretas. Estos acuerdos, así como los acuerdos interprofesionales a que se refiere el apartado 2 de este artículo, tendrán el tratamiento de esta Ley para los convenios colectivos.»
De conformidad con lo precedentemente subrayado, esa norma es de carácter especial e incluso antecede ordinalmente a la que cita la sentencia (art. 84.2), relativa a la concurrencia, a la que también y precisamente alude el n.º 2 del propio art. 83, refiriéndose el 84 específicamente en el apartado mencionado (2), a la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, en una, no por genérica, menos clara alusión al contenido de las materias objeto de negociación en un convenio de esa clase, como por otra parte queda manifiesto con la relación que efectúa de tales materias, lo que es distinto de las mencionadas unidades de negociación. Por otro lado, se justifica la solución acordada para el diseño de la estructura de la negociación colectiva en el sector en la idea de establecer para el ámbito de actuación del convenio una estructura racional y homogénea, evitando los efectos de la desarticulación y dispersión, no cabiendo olvidar que según el n.º 1 de ese art. 84, un convenio colectivo no podrá ser afectado durante su vigencia por otros convenios de ámbito distinto, «salvo pacto en contrario, negociado conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del art. 83», de modo que todo nos reconduce a este último precepto, conforme al cual se redacta el art. 4.2 del convenio, reiterándose dicho pacto en el art. 84.3 para oponerse a acuerdos o convenios en el ámbito autonómico que afecten a lo dispuesto en los de ámbito estatal, por todo lo cual, la anulación del referido precepto convencional por la sentencia de instancia ha de considerarse improcedente, lo que comporta la estimación de los motivos mencionados.
Octavo.
Igualmente, los respectivos motivos segundo de los recursos de FASGA y de ANGED son susceptibles de tratamiento conjunto, al versar ambos sobre la nulidad declarada por la sentencia de instancia del apartado segundo del art. 7 del convenio sectorial de aplicación, señalando la primera entidad recurrente que con ello se atenta contra los arts 12.4, apartados d) y f), 37, 38 y 85 del ET y la segunda la conculcación de los arts 3, 1281 y concordantes del CC. El art. 7 en cuestión es del siguiente tenor:
La contratación de trabajadores se ajustará a las normas legales generales sobre colocación vigentes en cada momento.
Serán de aplicación a las diferentes modalidades de contratación los siguientes apartados:
1.º Las condiciones pactadas en el presente Convenio colectivo se refieren a la realización de la jornada máxima ordinaria pactada en su artículo 26, por lo que se aplicarán proporcionalmente en función de la jornada efectiva que se realice.
2.º Todos los trabajadores disfrutarán de las mismas licencias o permisos, vacaciones retribuidas, regímenes de libranza semanal, pagas extraordinarias, opción a cursos de formación, mismo régimen de comisiones sobre ventas, etc., siempre que sean compatibles con la naturaleza de su contrato en proporción al tiempo efectivamente trabajado y del carácter divisible o indivisible de las prestaciones que pudieran corresponderles.
La sentencia de instancia únicamente expresa sobre el particular el escueto argumento de que «la redacción actual del precepto, en cuanto establece un listado limitativo, entendemos que vulnera el art. 34 del ET».
Reproduciendo FASGA este último párrafo en su recurso, arguye que lo que hace dicho texto es incorporar al convenio el principio de igualdad de derechos entre los trabajadores a tiempo parcial y tiempo completo así como el principio de proporcionalidad en función del tiempo trabajado cuando así corresponda a su naturaleza porque, de otro modo, resultaría incomprensible por lo ilógico que sería a contrario sensu «que no todos los trabajadores pudieran disfrutar de las mismas licencias o vacaciones...o, en el otro extremo, cobrasen igual salario con distinta jornada contratada», a lo que por su parte ANGED añade que la eliminación del art. 7.2.º, sobre afectar negativamente al antedicho principio de proporcionalidad, lo sujeta al carácter divisible o indivisible de las prestaciones que pudieran corresponder al trabajador con jornada reducida o parcial, todo lo cual supone, a su entender, una eliminación preceptual «excesivamente rigorista» ya que lo que procedería, en su caso, es efectuar una interpretación del mismo que mantenga el texto del convenio fruto de la voluntad de las partes.
Conforme a lo prevenido en el art. 12.4.d) del ET «los trabajadores a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo. Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los convenios colectivos de manera proporcional, en función del tiempo trabajado «, y según el apartado f) del mismo precepto y norma, «los convenios colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso efectivo de los trabajadores a tiempo parcial a la formación profesional continua, a fin de favorecer su progresión y movilidad profesionales», refiriéndose los arts 37 y 38 al descanso semanal, fiestas y permisos (37) y a las vacaciones anuales (38) respectivamente, en términos generales uno y otro que no excluyen la proporcionalidad antedicha, de manera que si el enunciado primero del apartado y artículo convencional en discusión sienta de antemano un principio de igualdad y generalidad («todos los trabajadores disfrutarán de las mismas....») en proporción al tiempo trabajado y teniendo en cuenta el carácter divisible o indivisible de las prestaciones que corresponda percibir, no se sienta, en principio y a salvo lo que la aplicación del principio objeto de declaración pueda revelar en el caso concreto, ninguna clase de discriminación en el texto convencional sino que tan solo se tiene presente la naturaleza y alcance de los distintos contratos en razón de su jornada por lo que de la duración de la misma pudiera seguirse, lo que es factible en función de la declaración contenida al respecto en el art. 85.1 del ET, pero siempre sobre la base de un punto de partida común cual es el de que «todos» los trabajadores han de tener acceso a las «mismas» prestaciones, únicamente moduladas en aplicación del principio de proporcionalidad en relación con la dimensión del deber laboral que, como contrapartida, las origina, en lo que no se puede ver, a priori, y como ya se adelantaba, ni injustificada desigualdad ni discriminación alguna.
El motivo, por tanto, ha de atenderse.
Noveno.
El tercero de FASGA se opone a la anulación que hace la sentencia de instancia del art. 12.3.2.a) del convenio porque considera que con ello se atenta contra el art. 4.1.b) del ET, sosteniendo lo mismo ANGED en su tercer motivo de recurso, si bien situando tal vulneración de los arts 3 y 1281 y 1285 del CC, por lo que igualmente merecen una misma respuesta, que parte de la transcripción del referido precepto convencional y continúa por lo razonado al respecto en la sentencia de instancia, señalándose en aquél que «El ascenso al Grupo de profesionales tendrá lugar por una evaluación y el transcurso del tiempo, considerándose a estos efectos plazos de años y meses completos, contados de fecha a fecha desde el inicio de la relación laboral en el Grupo de personal de base.
Si no hubiera evaluación, se producirá el ascenso al Grupo de profesionales cuando, transcurridos cinco años desde la fecha de inicio de la relación laboral, en cada uno de los cuales haya realizado un mínimo de 450 horas de promedio anual de trabajo efectivo, el trabajador haya desarrollado las correspondientes habilidades en los distintos puestos de trabajo que le permitan adquirir una polivalencia y multifuncionalidad en todas las posiciones susceptibles de ser cubiertas mediante este Grupo Profesional. La realización de las 450 horas de promedio anual deberá efectuarse sin interrupciones superiores a dos meses. En el caso de que existieran interrupciones superiores a dos meses, no se computará el período anterior a la interrupción a los efectos de alcanzar el promedio de 450 horas.
Se entiende que la experiencia debe ser desarrollada necesariamente de manera continuada, entendiendo por tal, a estos efectos, la que se efectúa sin interrupciones superiores a un año, dado que la interrupción de la prestación laboral, con baja en la empresa por más de un año, aleja al empleado de las constantes innovaciones en las técnicas y sistemas de organización específicos de cada una de las empresas cuyo conocimiento resulta determinante de la pertenencia al Grupo de profesionales, por lo que en estos casos, la nueva relación laboral que se produzca transcurrido un año de desvinculación iniciará de nuevo el cómputo para el ascenso de Grupo profesional.
En el caso de que el trabajador no superase la evaluación tendrá derecho, previa solicitud, a la repetición de la misma cada tres años».
La sentencia, por su parte, en su octavo fundamento de derecho, arguye sobre el particular que «hemos de poner en relación la exigencia del desarrollo de 450 horas de promedio anual de trabajo efectivo que establece el art. 12.3.2 a) con el requisito de que deba efectuarse sin interrupciones superiores a dos meses, y la consecuencia, penosa, de que para el caso de que existieran interrupciones superiores a dos meses no se compute el período anterior a la interrupción a los efectos de alcanzar el promedio de las 450 horas. Entendemos que esta exigencia supone una acción directa e indirecta de discriminación para las mujeres embarazadas o con suspensión del contrato por parto, por lactancia e incluso en los supuestos que el propio convenio establece en el art. 39 cuando prevé que se puedan unir el tiempo de vacaciones con el de maternidad dentro del año natural, (art.39.ll) en relación con el art. 39 III. Directa, por la inclusión de una sanción claramente discriminatoria con el colectivo femenino del Sector de los Grandes Almacenes, e indirecta en cuanto trasposición de la misma a otros ámbitos de la normativa convencional a los que hemos hecho mención anteriormente y ello por las razones que pasamos a exponer a continuación:
La finalidad que la Ley de Igualdad de 6 de febrero de dos mil seis, dice querer cumplir es hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación contra la mujer en cualesquiera ámbitos de la vida, y, en particular, en las esferas política, civil, económica, social y cultural para, en desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.
Este principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, bien sea directa o indirectamente, y en particular en lo referido a la maternidad, a la asunción de obligaciones familiares y al estado matrimonial o familiar.
1. La discriminación directa por razón de sexo es la situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de sexo.
2. La discriminación indirecta por razón de sexo es la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.
Desde esta perspectiva legal, hemos de concluir que la norma convencional examinada supone una vulneración de los preceptos denunciados por cuanto impide de forma directa o indirectamente a las mujeres un desarrollo profesional en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores de la plantilla al establecer unos criterios de evaluación para los ascensos profesionales que resultan discriminatorios».
Procede ratificar dicho razonamiento en tanto que no se contemplan como excepción al cómputo horario que en principio el precepto menciona como uno de los dos requisitos (someterse a una evaluación y el transcurso del tiempo) para posibilitar el ascenso al Grupo de profesionales los períodos relacionados con la maternidad lato sensu considerada (embarazo, parto y lactancia), lo que sitúa a la mujer en clara desventaja para alcanzar el mínimo cronológico necesario.
No cabe duda de que el factor referido (promedio anual de ejercicio de la actividad) es de indudable carácter objetivo, pero su concurso con el primero (la evaluación) parece ya condicionar la toma en consideración del resultado de éste y se llega incluso en la formulación del precepto a tener a aquél como único («si no hubiera evaluación», lo que, al parecer, se deja a discreción de la empresa) cuando todo indica que lo que debe perseguirse para el ascenso es la mayor «polivalencia y multifuncionalidad», que si fruto, en efecto, en la generalidad de los casos, de la práctica laboral continuada, no resulta, de todos modos, absolutamente irremplazable (al menos parcialmente) en algunos, en que por la especial dotación o habilidad del trabajador/a, la propia evaluación (debidamente efectuada con plenas garantías) podría evidenciar que no requiere el tiempo mínimo exigido como requisito, y si de antemano se prevé que aquélla puede no tener lugar, el factor tiempo se erige en el árbitro exclusivo de la promoción profesional, con los resultados perjudiciales de género anteriormente mencionados, sobre todo por el hecho de que se exija la realización de las 450 horas de promedio anual sin interrupciones superiores a dos meses, con la igualmente negativa precisión, a estos efectos, de que en el caso de que existieran tales interrupciones superiores, no se computará el período anterior a la misma a los efectos de alcanzar el citado promedio.
Consecuentemente, y sobre todo cuando, después, el art. 49 del convenio, al que se hace referencia en el próximo fundamento de derecho, dispone, con carácter general pero expresamente, que « Se pondrá especial atención en cuanto al cumplimiento de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en: El acceso al empleo, promoción profesional, la formación, estabilidad en el empleo, y la igualdad salarial en trabajos de igual valor»., se podría haber habilitado un sistema más sensible al hecho diferencial humano que tuviera en consideración la desigualdad natural de las personas por razón de su sexo de algún modo que respetase de mejor forma no ya sólo el principio de igualdad y no discriminación del art. 14 de la CE sino también la finalidad de normas como la Ley de Igualdad que cita la sentencia recurrida (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) y el espíritu de preceptos de derecho necesario y relacionados con la materia como el art. 37 del ET,
Y al no haberlo entendido así la parte recurrente, por más que sus argumentos no se hallen exentos de razonabilidad, no puede acogerse el motivo.
Décimo.
El cuarto motivo de cada uno de los recursos referidos está dedicado al art. 49 del convenio colectivo de aplicación, cuya anulación, según FASGA, supone la conculcación del art. 85 del ET y según ANGED la de los arts 3, 1281 y 1283 del CC en relación con los arts 82.1 y 85.3.e) del ET, así como de la jurisprudencia ordinaria y constitucional que cita.
El referido art. 49 establece: «Principios generales, Plan de Igualdad y Comisión sectorial.
Las partes firmantes de este Convenio declaran su voluntad de respetar el principio de igualdad de trato en el trabajo a todos los efectos, no admitiéndose discriminaciones por razón de sexo, estado civil, edad, raza o etnia, religión o convicciones, discapacidad, orientación sexual, ideas políticas, afiliación o no aun sindicato, etc.
Se pondrá especial atención en cuanto al cumplimiento de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en:
El acceso al empleo, promoción profesional, la formación, estabilidad en el empleo, y la igualdad salarial en trabajos de igual valor.
En el caso de las empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres a través de la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, deberán ser negociadas con los representantes legales de los trabajadores en el ámbito de toda la empresa. A tal efecto las empresas que no lo hubieran realizado deberán poner en marcha el correspondiente diagnóstico dentro del primer año desde la publicación del convenio en el BOE.
En el mes siguiente al de la publicación de este Convenio, se creará la “Comisión para la Igualdad de Oportunidades y la no Discriminación (CIOND), integrada por la representación empresarial y los sindicatos firmantes del Convenio.
Para el adecuado desempeño de sus cometidos, la Comisión se dotará de un Reglamento Interno de funcionamiento.
Serán funciones de esta comisión las siguientes:
1. Velar para que tanto las mujeres como los hombres gocen de igualdad de oportunidades en cuanto a empleo, formación, promoción y el desarrollo de su trabajo.
2. Velar para que las mujeres trabajadoras tengan la misma equiparación que los hombres en todos los aspectos salariales, de manera que a igual trabajo y condiciones las mujeres siempre tengan igual retribución.
3. Velar para que las mujeres trabajadoras en el sector, en igualdad de condiciones, tengan las mismas oportunidades que los varones en casos de ascensos y funciones de mayor responsabilidad.
4. Con el objetivo de lograr una participación más equilibrada de hombres y mujeres en todos los grupos profesionales, la Comisión estudiará y propondrá para su incorporación al convenio, medidas de aplicación en las acciones de movilidad funcional para la cobertura de puestos de carácter indefinido.
5. Realizará un estudio sobre la evolución del empleo con especificación del sexo en contacto con el observatorio de empleo y la igualdad de oportunidades en el sector y en base a ello realizará políticas activas que eliminen las eventuales discriminaciones que pudieran detectarse por razón de sexo, estado civil, edad, procedencia territorial y demás circunstancias que pudieran originar discriminación o quiebra del principio de igualdad de oportunidades.
6. Elaborará una guía de buena conducta en el sentido recogido en este apartado.»
La sentencia recurrida sostiene, en relación con el mismo, que «la pretensión (de demanda) ha de tener favorable acogida por las razones que exponemos a continuación.
1. El art. 49 del actual convenio, está redactado de forma igual, en lo que a la constitución de la comisión sectorial del convenio sobre igualdad, al art. 54 del Convenio de 2009/2012.
2. La Comisión “Comisión para la Igualdad de Oportunidades y la no Discriminación (CIOND), así designada por el art. 49 del Convenio no puede estar solamente integrada por la representación empresarial y los sindicatos firmantes del Convenio, porque se trata de una Comisión que no tiene como objetivo la administración del Convenio. Se trata, por el contrario de una comisión negociadora y por lo tanto tienen derecho a estar presentes en la misma los sindicatos más representativos, es decir, los sindicatos con legitimación para negociar.
Así lo declara el Tribunal Supremo en la Sentencia de 11 de julio de 2000, cuando afirma que dejar a un sindicato con representatividad en el Sector fuera de la Comisión negociadora vulnera el derecho a la libertad sindical».
Este razonamiento no resulta aceptable porque de la relación precitada de funciones no se deduce el carácter negociador de la referida Comisión, que, por el contrario y según lo que resulta de aquélla, ostenta unos cometidos de seguimiento u observación del propio convenio y de estudio y orientación que se ubican en un plano diferente, sin que se imponga el resultado de todo ello desde el texto convencional en el marco estricto del binomio derechos-deberes de las partes de la relación laboral, de manera que se trata de una comisión que nace de la negociación y que aplica su mandato, pero que no tiene la calidad mencionada sino meramente informadora e investigadora, por lo que su composición puede circunscribirse a la representación empresarial y a la de los sindicatos firmantes del convenio sin por ello producirse menoscabo del principio de libertad sindical del art. 28 de la CE ni de la LOLS.
Como ya tiene declarado esta Sala en su sentencia de 13 de abril de 2010 (rc 60/2009), «El tema que se debate ya ha sido resuelto por consolidada doctrina de esta Sala, que parte de las afirmaciones llevadas a cabo -entre otras- por las SSTC 73/1984 [27/Junio] y 184/1991 [30/Septiembre], en las que se distingue entre Comisiones “negociadorasˮ y meramente “aplicadorasˮ. Las primeras son las constituidas para modificar las condiciones de trabajo pactadas, estableciendo nuevas reglas -normas- para regir las relaciones laborales en el ámbito de aplicación del convenio; en este caso se trata de una negociación, cualquiera que sea el nombre que se les dé; por lo que deben aplicarse las reglas generales de legitimación y en consecuencia considera el Tribunal Constitucional que todos los Sindicatos que tengan la necesaria representatividad tienen derecho a formar parte de la Comisión “negociadoraˮ y que su exclusión atenta al principio de libertad sindical. Las Comisiones «aplicadoras» son las que tienen por objeto la interpretación o aplicación de alguna de las cláusulas del convenio colectivo, la adaptación de alguna de ellas a un problema no previsto o la adaptación de su contenido según datos objetivos y prefijados (en tan sentido, las SSTS 21/12/94 - rco 2734/93 -; 28/01/00 -rco 1760/99 -; 11/07/00 -rco 3314/00 -; 29/01/04 -rco 18/03 -; 24/05/01 -rco 3816/00 -; 08/04/02 -rco 1201/01 -; 06/07/06 -rco 212/04 -; 26/12/06 -rco 14/06 -; 28/12/06 -rco 140/05 -; 01/06/07 -rco 7/06 -; y 15/01/08 -rco 59/06).
... Y en aplicación de tal doctrina, sostiene la Sala: a) que la exclusión de un Sindicato de algunas comisiones creadas por un pacto que ni firmó, ni asumió después por adhesión, puede llegar a constituir lesión del derecho de libertad sindical, si ello implica un desconocimiento, o al menos, una limitación del derecho a la negociación colectiva; b) que esta «limitación inconstitucional del derecho del sindicato a participar en una comisión determinada se produce cuando concurren dos circunstancias: de una parte, que el sindicato esté legitimado para negociar y, de otra, que se trate de comisiones con función negociadora, entendiendo por tal la capacidad de establecer modificaciones del convenio o nuevas normas no contenidas en el mismo; y c) que cuando no concurran los anteriores datos, los signatarios de un convenio colectivo, en uso de la autonomía colectiva, pueden prever la creación de comisiones reservadas a quienes suscribieron el convenio, en tanto que no tengan funciones reguladoras en sentido propio, pero sin que hayan de restringirse tampoco, a la mera función de interpretación o administración de la regla establecida en convenio colectivo (así, por ejemplo, las SSTS de 29/01/04 -rco 18/03 -; 06/07/06 -rco 212/04 -; 26/12/06 - rco 14/06 -; 28/12/06 -rco 140/05 -; y 10/06/09 -rco 105/08 -).
... La precedente doctrina determina que el recurso no deba prosperar, habida cuenta de los incuestionados -al menos formalmente- hechos que la sentencia recurrida ha declarado probados: a) la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo había acordado -con el voto favorable de todos sus doce miembros, a excepción del representante de CGT- la constitución de diversas Comisiones [sobre consolidación de horas; adecuación funciones/categorías; sistema de incentivos; formación; y plan de igualdad]; b) la CGT no participa en dichas Comisiones, “por no ser firmante del Convenioˮ; c) “las conclusiones, estudios y deliberaciones habidas en el seno de dichas comisiones son sometidas a la consideración del Comité Intercentros, el cual, en definitiva es el que decide sobre la admisión o rechazo de las propuestasˮ; y d) en el Comité Intercentros “participa la CGTˮ.
Pues bien, si las Comisiones -cuya nulidad demanda la CGT, que se negó a firmar el Convenio Colectivo- no tienen cualidad negociadora, porque así se declara probado en la sentencia recurrida y esta afirmación no trata de rebatirse en el correspondiente apartado revisorio [no cabe que el Sindicato cuestione argumentalmente tal dato, sino que previamente debiera haber instado -y obtenido- su modificación por el cauce adecuado del art. 205.d) LPL, de error en la apreciación de la prueba], sino que su finalidad es de simple estudio y formulación de propuestas al Comité Intercentros, que es quien las acepta o rechaza, y que de este Comité sí forma parte la CGT [junto con UGT y CCOO], es claro que no puede apreciarse la limitación del derecho de libertad sindical por el que se acciona y que, por lo mismo, no puede accederse a la nulidad de las diversas Comisiones creadas y al reconocimiento de una indemnización privada -por lo dicho- de todo fundamento».
En corolario, también ha de acogerse este motivo de ambos recursos.
Decimoprimero
El quinto de FASGA alude al art. 67 del convenio colectivo y a la frase «hasta el máximo de un año» contenida en el mismo que la sentencia de la Sala de instancia anula, lo que, según dicha parte, vulnera los arts 68, último párrafo, y 85.1 del ET, 2.d) de la LOLS y 1255 del CC, constituyendo igualmente el objeto de igual ordinal del recurso de ANGED, que menciona la infracción del art. 68 e) del ET.
El texto paccionado expresa sobre el particular: «Sistemas de acumulación de horas.
Para facilitar la representación a nivel superior de centro de trabajo, los sindicatos con presencia en el Comité Intercentros podrán utilizar el sistema de acumulación de horas a nivel de toda la empresa.
Los delegados o miembros de Comité, podrán renunciar a todo o parte del crédito de horas que la Ley en cuestión les reconozca, en favor de otro u otros delegados o miembros del Comité o delegado Sindical. Para que ello surta efecto, la cesión de horas habrá de ser presentada por escrito, en la que figurarán los siguientes extremos: nombre del cedente y del cesionario, número de horas cedidas y período por el que se efectúa la cesión, que habrá de ser por meses completos, hasta un máximo de un año, y siempre por anticipado a la utilización de las horas por el cesionario o cesionarios».
La limitación subrayada no se explica, pues únicamente se da una justificación al hecho mismo de la utilización del sistema de acumulación de horas, no estableciendo el art. 68 e) del ET más que el derecho de los miembros del comité de empresa y de los delegados de personal a disponer de un crédito de horas mensuales retribuídas para el ejercicio de sus funciones de representación, a lo que en su último párrafo añade dicho precepto que podrá pactarse en convenio colectivo la acumulación de horas de los distintos miembros del comité de empresa y, en su caso, de los delegados de personal en uno o varios de sus componentes «sin rebasar el máximo total», de manera que es ésta la única cota que impone en la materia el mencionado precepto. Y si se tiene en cuenta que el crédito horario constituye una garantía del ejercicio de las funciones representativas, cualquier impedimento o restricción, en y por principio, si no es de antemano rechazable, ha de hallarse, cuanto menos, plenamente justificada, de manera que se hace bueno lo que sucintamente expresa sobre el particular la sentencia recurrida cuando dice, partiendo de que el art. 68 del ET no establece límite temporal alguno, que «tal inclusión supone una extralimitación convencional de los límites marcados en la Ley», de modo que aunque teóricamente se trate de un procedimiento que en opinión de la propia parte recurrente (FASGA) resulta «razonable y proporcionado al fin perseguido» consistente en la operativa gestión del crédito horario, ello no deja de ser una limitación que carece apoyo legal y, por tanto, inatendible.
Los motivos mencionados, por tanto, deben desestimarse.
Decimosegundo.
El sexto de ambos recursos se refiere al art. 87.5 del convenio, cuya supresión consideran atentatoria de los arts 85 y 91.1 del ET y 1255 del CC (FASGA) y 82.1 y 85.3.e) del ET (ANGED). El mencionado art. 87 se integra entre los reguladores de la Comisión Mixta, dentro del Capítulo I del Título IV del convenio, referente a la interpretación del convenio y resolución voluntaria de conflictos colectivos, señalando el art. 85 de dicho texto convencional que «ambas partes negociadoras acuerdan establecer una Comisión Mixta como órgano de interpretación y vigilancia del cumplimiento del presente Convenio colectivo». Sobre esta base, el art. 87.5 del mismo dispone, como una de las funciones dicha Comisión, que «si en el futuro se crearan puestos o funciones sobre los que existieran discrepancias en orden a su actividad prevalente para el encuadramiento de la misma en uno de los Grupos Profesionales, será igualmente competente la Comisión Mixta para resolverlas».
Según el tenor literal de dicho precepto, se trata de resolver discrepancias respecto al encuadramiento de la actividad profesional prevalente, es decir, de realizar una labor estrictamente hermenéutica, determinándose antes que el cometido de dicha Comisión es el interpretativo y de vigilancia de cumplimiento del convenio, por lo que puede considerarse aquélla si no plenamente auténtica, puesto que no procede de quien creó la norma, resulta, cuanto menos, oficial, en cuanto nacida de un órgano ad hoc que, a su vez, ha sido concebido en el propio seno de la negociación, de manera que esa Comisión Mixta carece de carácter negocial en este punto, porque no se trata como en principio apunta la sentencia recurrida en su décimoquinto fundamento de derecho de «la creación de nuevos puestos o funciones», sino, como acto seguido precisa, de «solucionar los problemas de encuadramiento dentro de un grupo profesional» y ésta, como reconoce expresamente dicha resolución, «no es negocial», por lo que desde esa afirmación y la que luego establece de que solamente son legales aquellas funciones que se limitan al encuadramiento dentro de uno de los grupos profesionales, la solución que debiera haber adoptado no sería la anulatoria del referido art. 87.5 convencional, en correcto desarrollo y aplicación del art. 22 del ET, siendo de tener presente, en fin, que conforme al art. 85 del propio convenio, la Comisión Mixta es una comisión paritaria (La Comisión Mixta estará integrada paritariamente....»), a la que el art. 91 del ET otorga capacidad para resolver las discrepancias producidas en la aplicación e interpretación de los convenios colectivos, por lo que aquélla no altera, en este punto, la prescripción legal.
El motivo, por tanto, ha de prosperar.
Decimotercero.
El séptimo y último, también común, en fin, está concebido en torno a la anulación del apartado III de la Disposición Adicional del convenio, que se refiere al Pacto sectorial por el empleo y el mantenimiento de la demanda interna en un entorno de crisis, concretando en ese apartado que intitula «Resolución mediante flexibilidad interna de las situaciones de crisis» lo que sigue:
«Empresas con centros de trabajo en crisis: El anterior compromiso no alcanzará a aquellas empresas que se encuentren inmersas en las causas que justifican la adopción de otras medidas sobre el empleo.
Ello no obstante a fin de evitar medidas de reducción estructural de empleo, o de inaplicación del convenio por la vía del artículo 82.3 del ET, en aquellos centros en los que arrastren o se den situaciones persistentes de descenso de ventas (descenso anual continuado de ventas a lo largo de los tres años anteriores del 9% de promedio anual en el citado periodo) o similares caídas de resultados en igual período en el citado ámbito, las empresas aplicarán preferentemente medidas de flexibilidad interna consistentes en primer lugar en movilidad funcional o geográfica como el cambio de centro con carácter temporal o definitivo, a fin de atender las necesidades en centros de trabajo en un perímetro no superior a cincuenta kilómetros desde el domicilio del trabajador cuando estén fuera del área metropolitana.
A estos solos efectos se entiende como disminución persistente del nivel de ventas, o de resultados el contemplado a nivel de centro en el párrafo anterior y calculado a superficie comparable.
Solo en segundo lugar podrá aplicarse en tales centros una reducción temporal de los salarios base de convenio de hasta un 5 por ciento, y como máximo durante un año, prorrogable por períodos iguales siguiendo el procedimiento aquí establecido, siempre que la adopción de esta medida sirva para preservar el mayor empleo posible, si bien con carácter previo deberán agotar las vías de flexibilidad interna previstas en este Pacto Sectorial.
La aplicación de esta medida que necesariamente tendrá carácter temporal y tiene su fundamento en lo dispuesto en el inicio del párrafo primero del número 4 del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, se efectuará siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 41, 4 y 5 del Estatuto de los trabajadores y justificándose con la acreditación de la concurrencia de la causa contemplada.
Para conservar la necesaria homogeneidad de la medida a nivel de empresa el órgano competente será en todo caso el Comité Intercentros.
También antes de afectar de manera coyuntural o estructural al empleo deberán adoptarse medidas de flexibilidad interna adicionales como la modificación de las condiciones de trabajo superiores a las contempladas como mínimas por el presente convenio Colectivo.
Las discrepancias en la aplicación de estas medidas hasta aquí descritas, dado que derivan de un procedimiento extraordinario de aplicación del Convenio que tiene su origen en el mismo, se resolverán necesariamente mediante los procedimientos previstos en los artículos 86 y concordantes de este Convenio.
En todo caso las empresas podrán acudir a medidas coyunturales sobre el empleo o a las contempladas en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, cuando concurran las circunstancias en el descritas, siguiendo el procedimiento allí previsto y desarrollado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 83.2 del mismo, en el Capítulo II del Título IV de este Convenio.»
Según entienden las recurrentes, la anulación de dicho punto se manifiesta opuesta al art. 85 del ET y 1255 del CC (FASGA) y al art. 82.3 y 41 del ET, de un lado, y a los arts 85.1 y 82.1 y 2 del ET, de otro (ANGED). Como sostiene el Mº Fiscal en este punto, no se puede asumir el razonamiento de aquéllas de que no se trata de inaplicar el convenio sino de aplicar medidas de flexibilidad, porque éste es «un concepto claramente indeterminado en el que se pueden englobar diversas medidas, pues significa que no se sujeta a normas estrictas (y) si esa medida de flexibilidad comporta una reducción salarial, rebasa los lindes de la aplicación del convenio, decisión trascendente y relevante que no debe tener encaje en el procedimiento del art. 41 sino en el más garantista del repetido art. 83.2» (en realidad, 82.3). Consecuentemente, la tesis de la sentencia recurrida expresada en su décimo séptimo fundamento de derecho, que se da por reproducido, es compartida por la esta Sala y debe, por tanto, confirmarse.
Los motivos en cuestión han de seguir, pues, suerte adversa.
De cuanto se ha expresado hasta ahora se deduce la estimación parcial de los recursos interpuestos en los concretos términos que se indican a continuación.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
FALLAMOS
Estimar en parte los recursos de casación, formulados por la Federación de Comercio Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras (FECOHT-CCOO), la Federación de Asociaciones Sindicales FASGA, por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), y la Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de la Unión General de Trabajadores (CHTJ-UGT), contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional de fecha 13 de noviembre de 2013, aclarada por auto de fecha 2 de diciembre de 2013, en actuaciones seguidas por FECHT- CC.OO. y FECHT-UGT, contra ANGED, FETICO, FASGA, CIG, LAB y MINISTERIO FISCAL, sobre Conflicto Colectivo. Declaramos la nulidad del art. 9.A.3) del convenio colectivo de grandes almacenes y la vigencia del párrafo segundo del art. 4, del apartado segundo del art. 7, del art. 49, y de su art. 87.5, manteniendo la sentencia recurrida en el resto de sus pronunciamientos. Sin costas.
Devuélvanse las actuaciones al Organismo Jurisdiccional correspondiente, con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. | Audiencia Nacional tumba parte del convenio grandes almacenes por discriminatorio con las mujeres en ascensos | Visto el fallo de la Sentencia de fecha 12 de mayo de 2015 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo –recurso de casación n.º 153/2014–, y en el que se estiman en parte los recursos de casación formulados por la Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo del sindicato Comisiones Obreras (FECOHT-CC.OO.), la Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) y la Federación Estatal de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego del sindicato Unión General de Trabajadores (CHTJ-U.G.T.), contra la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de fecha 13 de noviembre de 2013, recaída en el procedimiento n.º 278/2013, publicada en el BOE de 19-12-2013 y relativa al Convenio colectivo estatal de grandes almacenes (código de convenio n.º 99002405011982),
Y teniendo en consideración los siguientes
Antecedentes de Hecho
Primero. En el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de abril de 2013 se publicó la resolución de la Dirección General de Empleo, de 8 de abril de 2013, en la que se ordenaba inscribir en el Registro Oficial de Convenios Colectivos y publicar en el «Boletín Oficial del Estado», el Convenio colectivo estatal de grandes almacenes (Código de convenio n.º 99002405011982).
Fundamentos de Derecho
Primero. De conformidad con lo establecido en el artículo 166.3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE del 11), cuando la sentencia sea anulatoria, en todo o en parte, del Convenio colectivo impugnado y éste hubiera sido publicado, también se publicará en el «Boletín Oficial» en que aquél se hubiere insertado.
En consecuencia, esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción en el correspondiente Registro de convenios de este órgano directivo de la citada Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 12 de mayo de 2015, dictada en el recurso de casación n.º 153/2014 y relativa al Convenio colectivo estatal de grandes almacenes.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 18 de diciembre de 2015.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Sentencia núm.:
Recurso núm.: Casación/153/2014.
Ponente Excmo. Sr. D.: Miguel Ángel Luelmo Millán.
Votación: 05/05/2015.
Excmos. Sres.:
D. José Luis Gilolmo López.
D. José Manuel López García de la Serrana.
D.ª Rosa María Virolés Piñol.
D. Miguel Ángel Luelmo Millán.
D. Jesús Souto Prieto.
En la Villa de Madrid, a doce de Mayo de dos mil quince. Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recursos de casación, formulados por el Letrado Don Ángel Martín Aguado, en nombre y representación de la Federación de Comercio Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras (FECOHT-CCOO), por el Letrado D. Justo Caballero Ramos, en nombre y representación de la Federación de Asociaciones Sindicales FASGA, por el Letrado D. Antonio María de los Mozos Villar en nombre y representación de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), y por el Letrado D. Javier Jiménez de Eugenio, en nombre y representación de la Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de la Unión General de Trabajadores (CHTJ-UGT), contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional de fecha 13 de noviembre de 2013, aclarada por auto de fecha 2 de diciembre de 2013, en actuaciones seguidas por FECHT-CC.OO. y FECHT-UGT, contra ANGED, FETICO, FASGA, CIG, LAB y Ministerio Fiscal, sobre Conflicto Colectivo.
Ha comparecido ante esta Sala en concepto de parte recurrida, la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), representada y defendida por el Letrado D. José Manuel González de Eiris Delgado y Ministerio Fiscal.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Luelmo Millán.
Antecedentes de Hecho
Primero.
La Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras (FECOHT) y la Federación de Comercio Hostelería, Turismo y Juego de la Unión General de Trabajadores, formularon demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sobre impugnación de convenio colectivo, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaron de aplicación, terminaban suplicando se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de los contenidos y preceptos del convenio impugnado, que se relacionan y concretan en los hechos segundo a décimo séptimo de la presente demanda y referidos a los siguientes preceptos convencionales: arts. 4, 5.2, 7.1, 8, 9.A3, 10B, 12.3.2 a), 27.3, 6 y 8, 28.2, 39 VI, 49, 66, 67, 87.1, 5º, Disposición Transitoria Quinta y Disposición Adicional.
Segundo.
Admitida a trámite la demanda, se celebró el acto del juicio, previo intento fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el acta levantada al efecto.
Tercero.
Con fecha 13 de noviembre de 2013, se dictó sentencia por la Audiencia Nacional, cuya parte dispositiva dice: «Fallamos: En la demanda de impugnación de convenio, promovida por CC.OO. y UGT, a la que se adhirió CIG, rechazamos las excepciones de Litispendencia y cosa juzgada. Estimamos parcialmente la demanda de impugnación de convenio y declaramos la nulidad de las siguientes disposiciones Convencionales:
– Del art. 4.2 del Convenio Colectivo en cuanto reserva a su propia unidad de negociación la estructura de la negociación colectiva en el sector de los grandes almacenes y con exclusión de cualquier otra.
– Del art. 7.
– Del art. 12, apartado 3.2 a
### RESUMEN: Audiencia Nacional tumba parte del convenio grandes almacenes por discriminatorio con las mujeres en ascensos |
El Real Decreto 711/1982, de 1 de marzo, aprobó el Reglamento de la Medalla al Mérito en el Trabajo, una condecoración mediante la cual se ha reconocido en las últimas cuatro décadas el valor extraordinario, la dedicación y el mérito en el trabajo realizado por numerosas personas trabajadoras, en ocasiones anónimas, en ocasiones con recorridos profesionales de relevancia pública y social.
El presente real decreto es una norma de continuidad de la medalla al mérito en el trabajo, que es una condecoración con un extenso recorrido histórico. Se creó por el Real Decreto de 22 de enero de 1926, desapareció durante la Segunda República, y se volvió a instaurar por Decreto de 14 de marzo de 1942, al inicio de la dictadura franquista. Posteriormente, se reguló por el Decreto 1817/1960, de 21 de septiembre, que derogó el de 1942. En la democracia se mantuvo la medalla y se estableció una nueva regulación, por medio del citado Real Decreto 711/1982, de 1 de marzo. A través de las normas que han venido regulando este reconocimiento se han ido reflejando, a lo largo de los años, los trabajos y trayectorias profesionales merecedores de reconocimiento público conforme a los valores vinculados a cada momento histórico.
Desde la promulgación del Real Decreto 711/1982, de 1 de marzo, hasta la actualidad se han producido una serie de importantes cambios sociológicos y profesionales que hacen necesaria una revisión de las premisas y criterios relacionados con el ámbito laboral, que deben ser objeto de especial valoración y de reconocimiento social a través del otorgamiento de la medalla, y que incluirían la posibilidad de establecer una concesión de la distinción a título póstumo.
La integración de España en la Unión Europea ha supuesto una nueva concepción del trabajo y de los derechos laborales. Las garantías sociales y laborales han ido progresivamente aumentando y consolidándose en la Unión, configurando una forma común de entender el trabajo de calidad que actualmente tiene entidad propia, como evidencia el Pilar Europeo de Derechos Sociales.
Existe, en definitiva, una nueva concepción del mérito en el trabajo del siglo XXI, que gravita en torno al trabajo de calidad y que se sustenta en entornos laborales saludables. Es un valor del trabajo merecedor de reconocimiento que se manifiesta tanto en el propio trabajo como en la contribución de personas y entidades colectivas a la configuración y consolidación de un trabajo digno, capaz de garantizar la igualdad de trato y no discriminación entre las personas y de promover un efectivo avance social.
Asimismo, debe tenerse en cuenta en la actual regulación de la medalla al mérito en el trabajo, particularmente en lo relacionado con su revocación, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura.
También resultaba necesario adaptar los criterios de concesión e incluso el formato de las condecoraciones a un contexto diferente al que inspiró la configuración del régimen de concesión de la medalla cuando esta se creó en 1926. Por ello, se establece específicamente el derecho a una placa de reconocimiento cuando quien recibe la distinción es una entidad de carácter colectivo; se regulan tres modalidades de medalla o placa y se eliminan las tres categorías de la medalla establecidas en el reglamento que se deroga; se configura la posibilidad de conceder anualmente la medalla y la placa de categoría especial, en cada una de las modalidades, y se determina el procedimiento de concesión. Todo ello resulta más consecuente con la nueva finalidad del galardón, que no se refiere solo al trabajo meritorio de personas trabajadoras concretas, sino a la contribución al trabajo digno y de calidad en términos sociales por parte de personas y entidades colectivas.
Este real decreto se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, la norma responde a la necesidad de adecuar la Medalla al Mérito en el Trabajo a las imprescindibles exigencias democráticas, cívicas y sociales actuales, así como a la congruencia de su regulación con el ordenamiento jurídico vigente. Por ello, se adecúa igualmente a los principios de proporcionalidad y eficacia, por cuanto supone el único instrumento posible que garantiza el cumplimiento de los mencionados objetivos perseguidos, justificados en base al interés general.
Igualmente, el real decreto se alinea con el principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico, ya que establece un marco normativo actualizado, estable, integrado y claro, en particular respecto a los procedimientos de revocación de las medallas concedidas. Además, durante el procedimiento de elaboración de la norma, se han formalizado los trámites de consulta pública previa e información pública que establece la Ley en cumplimiento del principio de transparencia. Por último, y en virtud del principio de eficiencia, la norma no impone cargas administrativas innecesarias a los ciudadanos.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de febrero de 2022,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento de la Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo.
Se aprueba el Reglamento de la Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo, cuyo texto se incluye a continuación.
Disposición transitoria única. Régimen aplicable a las medallas concedidas y a los procedimientos de concesión iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto.
1. Lo establecido en el presente real decreto se entenderá sin perjuicio de los derechos adquiridos con anterioridad a su entrada en vigor, con la salvedad de lo establecido en la disposición adicional única del reglamento que se aprueba.
2. Los procedimientos de concesión iniciados con anterioridad a su entrada en vigor se regirán por la normativa prevista en este real decreto y en el reglamento que se aprueba.
3. A efectos del inicio del procedimiento de concesión, podrán tenerse en cuenta las propuestas presentadas hasta la entrada en vigor del reglamento que se aprueba.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 711/1982, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Medalla al Mérito en el Trabajo, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el presente real decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 22 de febrero de 2022.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Segunda del Gobierno
y Ministra de Trabajo y Economía Social,
YOLANDA DÍAZ PÉREZ
REGLAMENTO DE LA MEDALLA Y LA PLACA AL MÉRITO EN EL TRABAJO
Artículo 1. Concepto de Medalla al Mérito en el Trabajo y de Placa al Mérito en el Trabajo.
1. La Medalla al Mérito en el Trabajo es una condecoración civil que la Administración General del Estado concede a personas trabajadoras y a profesionales por la excelencia en el ejercicio de su trabajo o por su contribución al incremento de la dignidad, la igualdad y la calidad del trabajo. Podrá concederse a título póstumo.
2. La Placa al Mérito en el Trabajo es una condecoración civil que la Administración General del Estado concede a asociaciones, corporaciones, empresas, organismos públicos y entidades defensoras o representativas de intereses colectivos en reconocimiento de la excelencia en el ejercicio de su función o por su contribución al incremento de la dignidad, la igualdad y la calidad del trabajo.
Artículo 2. Modalidades y categorías.
1. La Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo tendrán las siguientes tres modalidades:
a) Medalla y Placa al Mérito en el Trabajo: modalidad «Excelencia».
b) Medalla y Placa al Mérito en el Trabajo: modalidad «Igualdad».
c) Medalla y Placa al Mérito en el Trabajo: modalidad «Salud Laboral».
2. En cada una de las tres modalidades podrá otorgarse cada año la medalla o la placa de categoría especial, en aquellos casos en que la correspondiente contribución revista una especial notoriedad, bien por la actividad desarrollada o por los resultados obtenidos.
Artículo 3. Descripción de la condecoración.
1. La Medalla al Mérito en el Trabajo tendrá la forma de un óvalo alargado en sentido perpendicular, de cuya parte superior, y de la anilla que forman los tallos, caerán dos guirnaldas de roble que enlazarán en la parte inferior.
2. En el anverso, la parte superior del óvalo, lo constituirá el escudo constitucional en sus colores, bajo el cual aparecerán los emblemas del trabajo intelectual y del trabajo manual. El óvalo del anverso tendrá una faja de esmalte, bordeada de plata sobredorada. El color del esmalte será azul, y sobre este, en blanco, llevará la inscripción «Al Mérito en el Trabajo».
En el reverso, aparecerán los atributos de la Industria, del Comercio y de la Agricultura, y en semicírculo la fecha del real decreto que aprueba el presente Reglamento. En la parte inferior del reverso aparecerá la mención a la modalidad correspondiente y, en su caso, la referencia a que se trata de categoría especial.
3. El metal en que estarán elaboradas las medallas será de plata sobredorada. La cinta de la que ha de pender la medalla será de moaré azul.
4. La Placa al Mérito en el Trabajo consistirá en una lámina lisa de metal plateado de 20 × 15 cm, en vertical, llevando en su parte superior sobrepuesto el motivo del anverso de la medalla en esmalte y debajo dedicatoria grabada en bajorrelieve, donde conste la modalidad y, en su caso, la referencia a la categoría especial. Dicha placa irá sobrepuesta sobre un fondo de madera barnizada en medidas de 27 × 22 cm, en vertical.
Artículo 4. Derechos inherentes.
1. La Medalla al Mérito en el Trabajo quedará equiparada a la categoría de Comendador o Comendadora con placa o de número.
2. La Medalla al Mérito en el Trabajo de categoría especial quedará equiparada a la categoría de Gran Cruz.
3. La concesión de la medalla o la placa llevará anejo el derecho a su exhibición. Los entes titulares de la placa podrán asimismo hacer constar su distinción en sus respectivos impresos, documentos, anuncios y en sus actuaciones de publicidad institucional.
4. Las condecoraciones reguladas en este reglamento tendrán carácter exclusivamente honorífico, por lo que no conllevarán prestación económica alguna.
Artículo 5. Requisitos y criterios de concesión.
1. La Medalla o la Placa al Mérito en el Trabajo en su modalidad «Excelencia» se concederá en atención a la calidad del trabajo realizado, teniendo en cuenta la dedicación, el esfuerzo y la contribución social que implique el mismo.
2. La concesión de la Medalla o la Placa al Mérito en el Trabajo en su modalidad «Igualdad» se concederá en atención a la contribución realizada a favor de modelos laborales más justos e igualitarios y a la lucha contra la discriminación en el trabajo. Se concederá, asimismo, en atención a la contribución realizada a la consolidación de entornos laborales inclusivos.
3. La Medalla o la Placa al Mérito en el Trabajo en su modalidad «Salud Laboral» se concederá en atención a la contribución en la consolidación de condiciones de trabajo y entornos laborales seguros y sanos.
4. La concesión de la condecoración de categoría especial reconocerá el desempeño de una actividad o la realización de una contribución en condiciones, circunstancias, con méritos excepcionales y con alta estima social.
5. La concesión de las condecoraciones tendrá en cuenta, además de la atención a su trayectoria profesional, la conducta cívica de la persona o entidad candidata de acuerdo con los valores, principios y derechos constitucionales, y particularmente implicará la imposibilidad de su adjudicación a aquellas personas respecto de las que, de manera directa o indirecta, quede acreditado que hubieran realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos, y especialmente de los derechos laborales y sociales.
6. Las autoridades, los representantes legales de corporaciones, asociaciones y entidades y las personas trabajadoras de una empresa, cuando se trate de una integrante de la misma, podrán presentar propuestas de concesión.
No se admitirá la propuesta del propio candidato o candidata.
7. En la concesión de las distinciones al Mérito en el Trabajo se tendrá en cuenta el principio de composición equilibrada en los términos establecidos en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 6. Órganos competentes para su concesión.
La medalla y la placa serán otorgadas mediante orden de la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La medalla y la placa de categoría especial serán otorgadas mediante real decreto a propuesta de la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En este último caso, la concesión será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 7. Procedimiento de concesión de la medalla y de la placa.
1. El procedimiento de concesión se iniciará de oficio, por la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, una vez que tuviere conocimiento de las conductas o hechos objeto de este procedimiento, incluida la relación de propuestas de concesión presentadas en el Departamento, de conformidad con el artículo 5.6.
2. La tramitación del procedimiento de concesión corresponderá a la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social, que instruirá el expediente, en el que incorporará:
a) Los méritos y circunstancias que concurren en la persona o entidad candidata, indicando especialmente aquellos que se juzguen más significativos.
b) El informe del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social O.A.
c) Los informes adicionales que, en cada caso, se estime oportuno recabar para valorar la oportunidad de la distinción, incluida, en su caso, la realidad de los hechos de las propuestas de concesión presentadas.
3. En caso de que alguna propuesta de concesión de medalla o placa recaiga en personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera, el Ministerio de Trabajo y Economía Social efectuará consulta al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acerca de la propuesta de distinción.
4. Una vez valorados los méritos concurrentes se formulará, si procede, la oportuna propuesta favorable al órgano competente para la concesión, conforme al artículo 6. Esta propuesta deberá ir acompañada de una memoria en la que se hagan constar los méritos que concurren en las personas o entidades candidatas que justifiquen la concesión de la distinción, su modalidad y categoría.
5. El plazo máximo para dictar y notificar o, en su caso, publicar la resolución que ponga fin al procedimiento, contado a partir de la incoación, será de seis meses.
Artículo 8. Periodicidad e imposición de la condecoración.
1. Con carácter ordinario, se concederá anualmente la Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo y, preferentemente, con ocasión de la Fiesta del Trabajo.
2. Corresponde efectuar la imposición de la condecoración a la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social o a la autoridad en quien esta delegue.
3. La imposición de la condecoración implicará la expedición de un diploma acreditativo de la misma en el cual se realizará referencia a la fecha de la disposición por la cual se efectúe la concesión de la medalla o la placa, la modalidad y categoría de las distinciones, y los datos personales o institucionales de la persona o entidad galardonada. Dicho diploma acreditativo se expedirá en papel, en virtud de su naturaleza y de conformidad con lo previsto en el artículo 26.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 9. Registro de Concesiones.
1. Por el Ministerio de Trabajo y Economía Social se llevará un Registro de Concesiones de esta condecoración, con diferenciación de sus modalidades y categorías.
2. En este Registro, que tendrá carácter electrónico, se hará constar la fecha del acuerdo de iniciación de oficio del expediente correspondiente; la persona o entidad peticionaria; el nombre de la persona o entidad galardonada; la disposición que la otorgase y su fecha; la fecha de publicación de la indicada disposición; la categoría de la condecoración concedida; la fecha de expedición del Diploma y todos los demás datos que se estimen convenientes o necesarios.
Artículo 10. Revocación de condecoraciones.
1. La Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo podrán ser objeto de revocación en los siguientes supuestos:
a) Cuando quede acreditado que la conducta y trayectoria de la persona o entidad condecorada sea incompatible con la ejemplaridad cívica y profesional exigida para la obtención del galardón, y, particularmente cuando quede acreditado que el beneficiario, antes o después de la concesión, hubiera sido declarado responsable de actos constitutivos de delito o infracción administrativa que, por su naturaleza y gravedad, resulten incompatibles con la citada ejemplaridad cívica y profesional.
b) Cuando quede acreditado que la persona beneficiaria, antes o después de la concesión, con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista, hubiera realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos.
c) En cualesquiera otros supuestos y procedimientos de revisión de condecoraciones previstos en el ordenamiento legal.
2. La prescripción de los delitos y de las penas o de las infracciones administrativas y de las sanciones, en los supuestos previstos en el apartado 1 no impedirá la sustanciación del procedimiento administrativo de revocación de las condecoraciones en los términos definidos por este Reglamento.
Artículo 11. Procedimiento de revocación.
1. En caso de que los titulares de la Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo incurriesen en cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 10.1, se iniciará de oficio el procedimiento de revocación de la condecoración, a iniciativa de la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, una vez que se tuviere conocimiento de la concurrencia de dichas circunstancias.
2. La tramitación del procedimiento de revocación de la condecoración corresponderá a la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social.
3. Este procedimiento se regirá en todo caso por las disposiciones generales sobre procedimiento administrativo común contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con las siguientes especialidades:
a) El acuerdo de iniciación del procedimiento, que contendrá las circunstancias que motivan el mismo, se notificará a la persona o entidad beneficiaria de la condecoración o a sus representantes legales. Este acuerdo será además notificado a las autoridades y representantes legales de las corporaciones, asociaciones, empresas, entidades y personas trabajadoras de una empresa que hubieran presentado la propuesta para la concesión de la condecoración. Frente a dicho acuerdo, la persona o entidad beneficiaria de la condecoración y las personas o entidades interesadas podrán formular aquellas alegaciones o proponer aquellas pruebas que estimen oportunas.
b) Se dará trámite de audiencia a la persona o entidad beneficiaria de la condecoración y a las personas o entidades interesadas, salvo en el supuesto previsto en el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
c) Si a la vista de lo actuado se estimara que los hechos que motivan el inicio del procedimiento de revocación no quedan acreditados, se procederá al archivo del expediente, notificándose a la persona o entidad beneficiaria de la condecoración y a las personas o entidades interesadas.
d) Una vez concluida la instrucción del procedimiento, la persona titular de la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social dictará propuesta de resolución en la que se harán constar de forma motivada los hechos que se consideren probados y que justifiquen la revocación de la medalla o la placa. Esta propuesta de resolución se elevará al órgano que otorgó la condecoración, al que corresponderá resolver sobre su revocación.
e) El plazo máximo para dictar y notificar o, en su caso, publicar la resolución de revocación de la medalla y la placa por el órgano competente será de seis meses, desde la iniciación del procedimiento. El vencimiento de dicho plazo producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de la potestad de incoar uno nuevo en los términos previstos en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 12. Efectos de la revocación.
La revocación de la Medalla o de la Placa al Mérito en el Trabajo, mediante orden ministerial o, en su caso, real decreto, será notificada o, en su caso, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y producirá los siguientes efectos:
a) Anotación de la orden ministerial o, en su caso, real decreto de revocación en el Registro de Concesiones de esta condecoración, que hará constar la fecha de su aprobación y de su notificación o, en su caso, publicación en el «Boletín Oficial del Estado», así como los demás datos del procedimiento revocatorio que se consideren pertinentes o necesarios.
b) Obligación de devolver la medalla o la placa al Ministerio de Trabajo y Economía Social.
c) Prohibición a la persona o entidad interesada de utilizar o exhibir la medalla o la placa o de hacer mención a la posesión de la misma en cualquier acontecimiento de naturaleza pública o privada, o de acompañarla al resto de sus datos personales en documentos en los que apareciese mencionado su nombre o razón social o corporativa.
Disposición adicional única. Revocación de medallas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de este reglamento.
Las Medallas al Mérito en el Trabajo concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de este reglamento podrán revocarse por el mismo órgano competente para su concesión, en los supuestos, mediante el procedimiento y con los efectos previstos en los artículos 10 a 12. | Nuevo reglamento de la medalla al mérito en el trabajo, que permite quitársela a quienes, antes o después de su concesión, hayan atacado los valores democráticos o los DDHH, incluido formar parte de la dictadura franquista, claro. | El Real Decreto 711/1982, de 1 de marzo, aprobó el Reglamento de la Medalla al Mérito en el Trabajo, una condecoración mediante la cual se ha reconocido en las últimas cuatro décadas el valor extraordinario, la dedicación y el mérito en el trabajo realizado por numerosas personas trabajadoras, en ocasiones anónimas, en ocasiones con recorridos profesionales de relevancia pública y social.
El presente real decreto es una norma de continuidad de la medalla al mérito en el trabajo, que es una condecoración con un extenso recorrido histórico. Se creó por el Real Decreto de 22 de enero de 1926, desapareció durante la Segunda República, y se volvió a instaurar por Decreto de 14 de marzo de 1942, al inicio de la dictadura franquista. Posteriormente, se reguló por el Decreto 1817/1960, de 21 de septiembre, que derogó el de 1942. En la democracia se mantuvo la medalla y se estableció una nueva regulación, por medio del citado Real Decreto 711/1982, de 1 de marzo. A través de las normas que han venido regulando este reconocimiento se han ido reflejando, a lo largo de los años, los trabajos y trayectorias profesionales merecedores de reconocimiento público conforme a los valores vinculados a cada momento histórico.
Desde la promulgación del Real Decreto 711/1982, de 1 de marzo, hasta la actualidad se han producido una serie de importantes cambios sociológicos y profesionales que hacen necesaria una revisión de las premisas y criterios relacionados con el ámbito laboral, que deben ser objeto de especial valoración y de reconocimiento social a través del otorgamiento de la medalla, y que incluirían la posibilidad de establecer una concesión de la distinción a título póstumo.
La integración de España en la Unión Europea ha supuesto una nueva concepción del trabajo y de los derechos laborales. Las garantías sociales y laborales han ido progresivamente aumentando y consolidándose en la Unión, configurando una forma común de entender el trabajo de calidad que actualmente tiene entidad propia, como evidencia el Pilar Europeo de Derechos Sociales.
Existe, en definitiva, una nueva concepción del mérito en el trabajo del siglo XXI, que gravita en torno al trabajo de calidad y que se sustenta en entornos laborales saludables. Es un valor del trabajo merecedor de reconocimiento que se manifiesta tanto en el propio trabajo como en la contribución de personas y entidades colectivas a la configuración y consolidación de un trabajo digno, capaz de garantizar la igualdad de trato y no discriminación entre las personas y de promover un efectivo avance social.
Asimismo, debe tenerse en cuenta en la actual regulación de la medalla al mérito en el trabajo, particularmente en lo relacionado con su revocación, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura.
También resultaba necesario adaptar los criterios de concesión e incluso el formato de las condecoraciones a un contexto diferente al que inspiró la configuración del régimen de concesión de la medalla cuando esta se creó en 1926. Por ello, se establece específicamente el derecho a una placa de reconocimiento cuando quien recibe la distinción es una entidad de carácter colectivo; se regulan tres modalidades de medalla o placa y se eliminan las tres categorías de la medalla establecidas en el reglamento que se deroga; se configura la posibilidad de conceder anualmente la medalla y la placa de categoría especial, en cada una de las modalidades, y se determina el procedimiento de concesión. Todo ello resulta más consecuente con la nueva finalidad del galardón, que no se refiere solo al trabajo meritorio de personas trabajadoras concretas, sino a la contribución al trabajo digno y de calidad en términos sociales por parte de personas y entidades colectivas.
Este real decreto se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, la norma responde a la necesidad de adecuar la Medalla al Mérito en el Trabajo a las imprescindibles exigencias democráticas, cívicas y sociales actuales, así como a la congruencia de su regulación con el ordenamiento jurídico vigente. Por ello, se adecúa igualmente a los principios de proporcionalidad y eficacia, por cuanto supone el único instrumento posible que garantiza el cumplimiento de los mencionados objetivos perseguidos, justificados en base al interés general.
Igualmente, el real decreto se alinea con el principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico, ya que establece un marco normativo actualizado, estable, integrado y claro, en particular respecto a los procedimientos de revocación de las medallas concedidas. Además, durante el procedimiento de elaboración de la norma, se han formalizado los trámites de consulta pública previa e información pública que establece la Ley en cumplimiento del principio de transparencia. Por último, y en virtud del principio de eficiencia, la norma no impone cargas administrativas innecesarias a los ciudadanos.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de febrero de 2022,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento de la Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo.
Se aprueba el Reglamento de la Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo, cuyo texto se incluye a continuación.
Disposición transitoria única
### RESUMEN: Nuevo reglamento de la medalla al mérito en el trabajo, que permite quitársela a quienes, antes o después de su concesión, hayan atacado los valores democráticos o los DDHH, incluido formar parte de la dictadura franquista, claro. |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
c) Número de expediente:
16C311.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Privado.
b) Descripción:
Contratación del espectáculo 'Lord of the Rings. The two towers' (El Señor de los anillos. Las dos torres) a interpretar por la OCNE en el Auditorio Nacional de Música.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
92310000 (Servicios de creación e interpretación de obras artísticas y literarias).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato:
100.761,36 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 100.761,36 euros. Importe total: 120.261,25 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
10 de junio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato:
10 de junio de 2016.
c) Contratista:
CAMI Music (Columbia Artist Music, LLC).
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 100.761,36 euros. Importe total: 120.261,25 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Único empresario por motivos artísticos según art 170.d del TRLCSP.
Madrid, 27 de junio de 2016.- Directora General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. | Contrato para que la Orquesta y Coro Nacional interpreten El Señor de los Anillos en el Auditorio Nacional por importe total de 120.261,25 euros. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
c) Número de expediente:
16C311.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Privado.
b) Descripción:
Contratación del espectáculo 'Lord of the Rings. The two towers' (El Señor de los anillos. Las dos torres) a interpretar por la OCNE en el Auditorio Nacional de Música.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
92310000 (Servicios de creación e interpretación de obras artísticas y literarias).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato:
100.761,36 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 100.761,36 euros. Importe total: 120.261,25 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
10 de junio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato:
10 de junio de 2016.
c) Contratista:
CAMI Music (Columbia Artist Music, LLC).
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 100.761,36 euros. Importe total: 120.261,25 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Único empresario por motivos artísticos según art 170.d del TRLCSP.
Madrid, 27 de junio de 2016.- Directora General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
### RESUMEN: Contrato para que la Orquesta y Coro Nacional interpreten El Señor de los Anillos en el Auditorio Nacional por importe total de 120.261,25 euros. |
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de mayo actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 2192-2016, promovido por el Gobierno de Aragón contra las disposiciones adicional quinta, transitoria única, derogatoria única y finales primera y segunda de la Ley 21/2015, de 20 de julio, que modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Madrid, 10 de mayo de 2016.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. | Andalucía y Aragón recurren la reforma de la Ley de Montes | El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de mayo actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 2192-2016, promovido por el Gobierno de Aragón contra las disposiciones adicional quinta, transitoria única, derogatoria única y finales primera y segunda de la Ley 21/2015, de 20 de julio, que modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Madrid, 10 de mayo de 2016.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.
### RESUMEN: Andalucía y Aragón recurren la reforma de la Ley de Montes |
A propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de septiembre de 2013,
Vengo en nombrar Directora General del Instituto de Turismo de España a doña Marta Blanco Quesada.
Dado en Madrid, el 27 de septiembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ | Nombramiento de Marta Blanco Quesada como Directora General del Instituto de Turismo de España | A propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de septiembre de 2013,
Vengo en nombrar Directora General del Instituto de Turismo de España a doña Marta Blanco Quesada.
Dado en Madrid, el 27 de septiembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ
### RESUMEN: Nombramiento de Marta Blanco Quesada como Directora General del Instituto de Turismo de España |
El Ayuntamiento de Málaga ha venido desarrollando desde 2019 un proceso de reflexión y llevando a cabo una serie de actuaciones de cara a que la mencionada ciudad pudiera ser elegida como sede de la celebración de una exposición internacional en el año 2027. Dicho proceso culminó el 26 de noviembre del año 2021 cuando el Pleno del Ayuntamiento de Málaga acordó, por unanimidad, solicitar la celebración en dicha ciudad en el año 2027 de una Exposición Internacional con el tema «La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible».
La creciente preocupación por el clima hace oportuna la reflexión en torno a cómo las ciudades del futuro han de trabajar para ser más sostenibles y habitables, en todos los sentidos. Ante problemas que afectan a la globalidad de los territorios, las soluciones también han de buscarse de forma conjunta y con perspectiva global.
«La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible» es una propuesta de reflexión en torno a uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad contemporánea a medio y largo plazo: hacer compatibles el crecimiento demográfico y el desarrollo urbanístico con la protección del medioambiente y la adopción de soluciones innovadoras que garanticen una mejora de la calidad de vida de los residentes en las ciudades.
En ese sentido, la propuesta enlaza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030; en particular, con el de desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación (9); conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (11); garantizar las pautas de consumo y producción sostenibles (12); tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (13); conservar y utilizar de forma sostenible océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible (14) y proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra y frenar la pérdida de diversidad biológica (15).
El Ayuntamiento de Málaga ha manifestado su legítima aspiración, que comparten la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga, a organizar la Exposición Internacional en el año 2027 sobre el tema «La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible», como foro para intercambiar conocimientos, experiencias y soluciones diversas para hacer de las ciudades entornos amables de residencia y convivencia; aspiración que el Gobierno se propone respaldar.
El proyecto, que cuenta con el consenso de las instituciones públicas andaluzas, recibió el pleno apoyo del Gobierno de la Nación, que, mediante Acuerdo de 14 de diciembre de 2021, encomendó al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación la coordinación de la preparación de la candidatura y su presentación en tiempo oportuno a la Oficina Internacional de Exposiciones (Bureau International des Expositions, BIE), con sede en París, y decidió, asimismo, la creación de una Comisión Nacional que coordine todas las actuaciones dirigidas al logro de la candidatura de Málaga.
En consecuencia, este real decreto tiene por objeto la creación y regulación de la mencionada Comisión Nacional que, como órgano colegiado, se regirá por lo establecido en sus normas de funcionamiento interno y, en lo no previsto por ellas, por el título preliminar, capítulo II, sección 3.ª, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Este real decreto se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se ha respetado el principio de necesidad, dado el interés general en el que se fundamenta el objeto que se persigue con su aprobación y se han identificado los fines que se tratan de lograr.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad, pues contiene la regulación imprescindible, sin incremento de gasto público y sin restringir derechos de los ciudadanos ni imponerles obligaciones directas de ningún tipo.
Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el ordenamiento jurídico y, en particular, con la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Respecto al principio de transparencia, este real decreto cumple con dicho principio debido a que esta norma define claramente sus objetivos, que se reflejan tanto en su preámbulo como en la Memoria que lo acompaña.
Finalmente, en relación con el principio de eficiencia, este real decreto es adecuado a dicho principio en tanto en cuanto no crea cargas administrativas ni afecta a las existentes y racionaliza en su aplicación la gestión de los recursos públicos.
En la tramitación de la norma se ha solicitado informe a la Abogacía del Estado, a la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa y al Ministerio de Política Territorial.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de enero de 2022,
DISPONGO:
Artículo 1. Creación de la Comisión Nacional para la candidatura de Málaga como sede de una Exposición Internacional en el año 2027.
Se crea la Comisión Nacional para la candidatura de Málaga como sede de una Exposición Internacional en el año 2027, sobre el tema «La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible», como órgano colegiado adscrito al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Artículo 2. Funciones.
La Comisión Nacional tendrá como finalidad la realización de cuantas actividades preparatorias sean necesarias para que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en nombre del Gobierno español, notifique la candidatura a que se refiere el artículo anterior ante la Oficina Internacional de Exposiciones, y para que se proceda a la adecuada tramitación e inscripción de la citada candidatura.
Adicionalmente, entre las funciones de la Comisión están:
a) Impulsar la campaña de Málaga como sede de la EXPO Málaga 2027, a fin de lograr que España consiga que Málaga sea la ciudad elegida como sede para la Expo Internacional 2027.
b) Mantener las relaciones necesarias con la Oficina Internacional de Exposiciones.
c) Articular la participación de todas las administraciones públicas en la preparación de la EXPO Málaga 2027.
d) Recabar la colaboración del sector privado, así como de otros actores cuando se estime conveniente.
e) Cualquier otra que se considere necesaria para sus fines generales.
Artículo 3. Presidencia de la Comisión Nacional.
La Comisión Nacional estará presidida por la persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que podrá ser sustituida por la persona titular de la Vicepresidencia del Pleno de la Comisión.
Artículo 4. Pleno de la Comisión Nacional.
1. El Pleno estará compuesto por la persona titular de la Presidencia de la Comisión Nacional y por los siguientes miembros:
a) Vicepresidencia: corresponderá a la persona titular de la Delegación del Gobierno en Andalucía.
b) Vocales:
1.º Dos personas representantes, con rango de Director general, pertenecientes al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y designadas por su titular.
2.º Diez personas representantes con rango de Director general, cada una de ellas designada por la persona titular de los siguientes departamentos ministeriales: Hacienda y Función Pública; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Educación y Formación Profesional; Industria, Comercio y Turismo; Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Política Territorial; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Cultura y Deporte; Derechos Sociales y Agenda 2030; y Ciencia e Innovación.
3.º Cuatro personas representantes de la Junta de Andalucía, designadas por dicha institución.
4.º Cuatro personas representantes de la Diputación Provincial de Málaga, designadas por dicha institución.
5.º Cuatro personas representantes del Ayuntamiento de Málaga, designadas por dicha institución.
Por cada vocal del Pleno será designado, por el mismo procedimiento utilizado para su nombramiento, un suplente, con nivel administrativo mínimo de Subdirector general o equivalente.
c) Secretaría: que actuará con voz, pero sin voto, y que corresponderá a una persona, con rango al menos de Subdirector general o equivalente, designada por la Presidencia de la Comisión Nacional.
La persona titular de la Presidencia de la Comisión Nacional podrá convocar a las reuniones de la Comisión a representantes de otros departamentos ministeriales, de otras administraciones públicas o de cualquier otra entidad pública o privada que permita la participación de diferentes miembros de la sociedad civil, cuando así lo aconseje la naturaleza de los asuntos a tratar, quienes participarán en calidad de expertos.
2. Son competencias del Pleno:
a) Aprobar el programa de actuaciones de la Comisión Nacional.
b) Supervisar la ejecución del programa de actuaciones.
c) Recabar la colaboración de los departamentos ministeriales, de otras administraciones públicas, y de organismos o entidades, públicas o privadas, para el cumplimiento de sus funciones, objetivos y proyectos.
d) Coordinar, apoyar e impulsar las actividades de otros organismos o entidades públicas y privadas y particulares que considere adecuadas para la consecución de sus objetivos.
e) Proponer a la Presidencia de la Comisión Nacional la designación de los miembros del Comité Ejecutivo y de sus respectivos suplentes.
f) Elaborar las normas de funcionamiento interno de la Comisión Nacional.
Artículo 5. El Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional.
1. Para asegurar la debida ejecución y seguimiento de los acuerdos de la Comisión Nacional, se crea un Comité Ejecutivo, presidido por la persona titular de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que estará integrado por los siguientes miembros, de entre los integrantes del Pleno de la Comisión Nacional:
a) Una persona representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, designada por su titular.
b) Una persona representante del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, designada por su titular.
c) Una persona representante del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, designada por su titular.
d) Una persona representante del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, designada por su titular.
e) Una persona representante de la Junta de Andalucía, designada por esta institución.
f) Una persona representante de la Diputación Provincial de Málaga, designada por esta institución.
g) Una persona representante del Ayuntamiento de Málaga, designada por esta institución.
h) La persona que ocupe la Secretaría de la Comisión Nacional, que actuará con voz, pero sin voto, y que ejercerá la Secretaría de la Comisión Ejecutiva.
Por cada vocal del Comité Ejecutivo será designado, por el mismo procedimiento utilizado para su nombramiento, un suplente, con nivel administrativo mínimo de Subdirector general o equivalente.
2. Será competencia del Comité Ejecutivo impulsar los programas de actuación aprobados por el Pleno de la Comisión Nacional, así como cualquier otro cometido que le encomiende este órgano.
Artículo 6. Régimen de funcionamiento.
El régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional se regirá por las normas de funcionamiento interno que apruebe el Pleno, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.f) de este real decreto y, en lo no previsto por dichas normas de funcionamiento, por lo establecido en el título preliminar, capítulo II, sección 3.ª, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 7. Extinción de la Comisión Nacional.
La Comisión Nacional dejará de desempeñar sus funciones y se considerará extinguida una vez cumplidos los objetivos que determinan su creación.
Disposición adicional única. Gasto público.
La constitución y funcionamiento de la Comisión Nacional no supondrá incremento del gasto público. Su constitución y funcionamiento se atenderá con los medios materiales y personales de que dispone actualmente el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Todos los cargos de la Comisión Nacional tendrán carácter honorífico, no percibiendo retribución alguna, salvo, en su caso, las compensaciones que les correspondan en aplicación de lo previsto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en el Consulado General de España en San Juan de Puerto Rico, el 25 de enero de 2022.
FELIPE R.
El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO | Creación de una comisión para coordinar la candidatura de Málaga para ser sede de una exposición internacional en 2027. | El Ayuntamiento de Málaga ha venido desarrollando desde 2019 un proceso de reflexión y llevando a cabo una serie de actuaciones de cara a que la mencionada ciudad pudiera ser elegida como sede de la celebración de una exposición internacional en el año 2027. Dicho proceso culminó el 26 de noviembre del año 2021 cuando el Pleno del Ayuntamiento de Málaga acordó, por unanimidad, solicitar la celebración en dicha ciudad en el año 2027 de una Exposición Internacional con el tema «La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible».
La creciente preocupación por el clima hace oportuna la reflexión en torno a cómo las ciudades del futuro han de trabajar para ser más sostenibles y habitables, en todos los sentidos. Ante problemas que afectan a la globalidad de los territorios, las soluciones también han de buscarse de forma conjunta y con perspectiva global.
«La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible» es una propuesta de reflexión en torno a uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad contemporánea a medio y largo plazo: hacer compatibles el crecimiento demográfico y el desarrollo urbanístico con la protección del medioambiente y la adopción de soluciones innovadoras que garanticen una mejora de la calidad de vida de los residentes en las ciudades.
En ese sentido, la propuesta enlaza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030; en particular, con el de desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación (9); conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (11); garantizar las pautas de consumo y producción sostenibles (12); tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (13); conservar y utilizar de forma sostenible océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible (14) y proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra y frenar la pérdida de diversidad biológica (15).
El Ayuntamiento de Málaga ha manifestado su legítima aspiración, que comparten la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga, a organizar la Exposición Internacional en el año 2027 sobre el tema «La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible», como foro para intercambiar conocimientos, experiencias y soluciones diversas para hacer de las ciudades entornos amables de residencia y convivencia; aspiración que el Gobierno se propone respaldar.
El proyecto, que cuenta con el consenso de las instituciones públicas andaluzas, recibió el pleno apoyo del Gobierno de la Nación, que, mediante Acuerdo de 14 de diciembre de 2021, encomendó al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación la coordinación de la preparación de la candidatura y su presentación en tiempo oportuno a la Oficina Internacional de Exposiciones (Bureau International des Expositions, BIE), con sede en París, y decidió, asimismo, la creación de una Comisión Nacional que coordine todas las actuaciones dirigidas al logro de la candidatura de Málaga.
En consecuencia, este real decreto tiene por objeto la creación y regulación de la mencionada Comisión Nacional que, como órgano colegiado, se regirá por lo establecido en sus normas de funcionamiento interno y, en lo no previsto por ellas, por el título preliminar, capítulo II, sección 3.ª, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Este real decreto se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se ha respetado el principio de necesidad, dado el interés general en el que se fundamenta el objeto que se persigue con su aprobación y se han identificado los fines que se tratan de lograr.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad, pues contiene la regulación imprescindible, sin incremento de gasto público y sin restringir derechos de los ciudadanos ni imponerles obligaciones directas de ningún tipo.
Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el ordenamiento jurídico y, en particular, con la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Respecto al principio de transparencia, este real decreto cumple con dicho principio debido a que esta norma define claramente sus objetivos, que se reflejan tanto en su preámbulo como en la Memoria que lo acompaña.
Finalmente, en relación con el principio de eficiencia, este real decreto es adecuado a dicho principio en tanto en cuanto no crea cargas administrativas ni afecta a las existentes y racionaliza en su aplicación la gestión de los recursos públicos.
En la tramitación de la norma se ha solicitado informe a la Abogacía del Estado, a la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa y al Ministerio de Política Territorial.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de enero de 2022,
DISPONGO:
Artículo 1. Creación de la Comisión Nacional para la candidatura de Málaga como sede de una Exposición Internacional en el año 2027.
Se crea la Comisión Nacional para la candidatura de Málaga como sede de una Exposición Internacional en el año 2027, sobre el tema «La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible», como órgano colegiado adscrito al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Artículo 2. Funciones.
La Comisión Nacional tendr
### RESUMEN: Creación de una comisión para coordinar la candidatura de Málaga para ser sede de una exposición internacional en 2027. |
El artículo 10.3 de la Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se convocan los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria destinados a quienes hayan concluido estudios en el curso académico 2011-2012 (BOE de 9 de marzo), establece que el plazo de resolución será como máximo de seis meses.
El elevado número de solicitudes presentadas y la complejidad que implica la verificación del cumplimiento de los requisitos de las mismas, así como la valoración de los méritos académicos y científicos de los solicitantes, han dado lugar a una demora en la tramitación de los expedientes que han impedido la resolución anterior del procedimiento con los medios materiales y humanos existentes.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, resuelvo:
Artículo único.
Se amplía 3 meses el plazo para resolver la convocatoria de los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria destinados a quienes hayan concluido estudios en el curso académico 2011-2012, y publicar la correspondiente resolución, hasta el día 9 de diciembre de 2015.
Madrid, 1 de septiembre de 2015.–El Director General de Política Universitaria, Jorge Sainz González. | Aplazan otros 3 meses la resolución para conceder los Premios Nacionales de Fin de Carrera de 2011-2012 | El artículo 10.3 de la Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se convocan los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria destinados a quienes hayan concluido estudios en el curso académico 2011-2012 (BOE de 9 de marzo), establece que el plazo de resolución será como máximo de seis meses.
El elevado número de solicitudes presentadas y la complejidad que implica la verificación del cumplimiento de los requisitos de las mismas, así como la valoración de los méritos académicos y científicos de los solicitantes, han dado lugar a una demora en la tramitación de los expedientes que han impedido la resolución anterior del procedimiento con los medios materiales y humanos existentes.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, resuelvo:
Artículo único.
Se amplía 3 meses el plazo para resolver la convocatoria de los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria destinados a quienes hayan concluido estudios en el curso académico 2011-2012, y publicar la correspondiente resolución, hasta el día 9 de diciembre de 2015.
Madrid, 1 de septiembre de 2015.–El Director General de Política Universitaria, Jorge Sainz González.
### RESUMEN: Aplazan otros 3 meses la resolución para conceder los Premios Nacionales de Fin de Carrera de 2011-2012 |
I
La disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/692, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019 por la que se modifica la Directiva 2009/73/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural. La citada Directiva tiene como objeto reducir los obstáculos a la plena realización del mercado interior de gas natural que se derivan de la inaplicabilidad de las normas del mercado de la Unión a los gasoductos de transporte con destino u origen en países no pertenecientes a la Unión Europea. De esta forma la Directiva prevé la aplicación de las normas que rigen el mercado interior de gas natural entre dos Estados miembros a las interconexiones de transporte entre un Estado miembro y un país no perteneciente a la Unión Europea.
Con el fin de respetar los derechos de aquellas infraestructuras de interconexión con países no pertenecientes a la Unión Europea y que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva ya habían sido concluidas, la Directiva establece la posibilidad de que los Estados miembros en cuestión concedan excepciones respecto a determinadas obligaciones en lo referente a separación de actividades, acceso de terceros y acceso regulado a las citadas instalaciones.
El artículo cuarto del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, exceptúa al gasoducto de transporte Magreb-Europa (GME en lo sucesivo) que transcurre por las aguas territoriales españolas hasta la terminal de recepción situada en Tarifa (Cádiz), de lo establecido en los artículos 63.3, 63 bis, 63 ter y 70 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, durante un periodo de catorce meses, a contar desde el 24 de mayo de 2020. Asimismo, establece que la citada exención podrá verse extendida por orden del titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previa solicitud motivada del titular o titulares, que deberá ser presentada ante el citado órgano con al menos seis meses de antelación a la finalización del periodo de la exención temporal otorgada. Lo anterior encuentra su justifica en la idoneidad de evaluar convenientemente la información remitida con carácter previo a la toma de decisiones.
El artículo 71 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, establece que los titulares de los gasoductos de transporte con destino u origen en países no pertenecientes a la Unión Europea podrán solicitar la exención al titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, siempre y cuando se justifique por razones objetivas como permitir la recuperación de la inversión realizada, por motivos de seguridad del suministro, el funcionamiento efectivo del mercado interior del gas en la Unión Europea y cuando la exención no sea perjudicial para la competencia.
Asimismo, determina que el titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico resolverá, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en relación al eventual impacto sobre la competencia o el funcionamiento efectivo del mercado interior del gas en la Unión Europea, otorgando o denegando la exención en función de la verificación del cumplimiento de las razones objetivas mencionadas en el párrafo anterior. La resolución de la prórroga de exención podrá establecer limitaciones que contribuyan a la consecución de los objetivos citados.
II
Con fecha 25 de enero de 2021, Europe Magreb Pipeline Limited (EMPL) ha remitido escrito a este Ministerio en el que manifiesta su interés en obtener una exención para el Gasoducto Magreb Europa hasta el 31 de octubre de 2021, de lo establecido en los artículos 63.3, 63.3 bis, 63 ter y 70 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Asimismo, indican en su escrito que en caso de obtener la renovación del derecho de tránsito más allá de esa fecha, sería solicitada nuevamente una extensión de la exención para el citado gasoducto.
EMPL (77,2% Naturgy y 22,8% y Galp Energía) es titular del derecho de utilización de la sección marroquí del GME en virtud de la Convención firmada con el Gobierno del Reino de Marruecos el 17 de julio de 1992. El derecho de utilización expira el próximo 31 de octubre de 2021, no obstante, EMPL manifiesta en su solicitud que está negociando con el organismo público marroquí Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), propietario de la citada sección del GME, la extensión de dicho derecho.
El gasoducto GME, entró en operación en noviembre del año 1996, y se divide en tres tramos: El tramo marroquí (539 km), Frontera Argelia-Tánger, Terrestre; Paso del Estrecho (47 km), Tánger-Zahara de los Atunes, Submarino; y la Conexión con Europa (274 km), Zahara de los Atunes-Córdoba, Terrestre. Los dos primeros tramos son propiedad del Gobierno de Marruecos, excepto el tramo situado en las aguas territoriales españolas, que es propiedad de Enagás Transporte S.A.U. La parte de gasoducto GME que opera Enagás en territorio español está sometida al acceso de terceros, pero naturalmente condicionado por el acceso al gasoducto aguas arriba (punto de origen del gasoducto) y las contrataciones fuera del territorio europeo, lo que impide que se pueda dar una acceso regulado, transparente y no discriminatorio a su parte de las instalaciones. Se considera, por tanto, que la exención del acceso de terceros solicitado por EMPL no puede más que referirse al punto de entrada al tramo español.
La decisión de acometer la inversión de GME fue adoptada con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva 2019/692, de 17 de abril, momento en el cual no existían normas específicas de la Unión Europea aplicables a los gasoductos de transporte con destino u origen en terceros países.
En relación a las implicaciones que la exención puede tener sobre la seguridad de suministro cabe decir que, los suministros recibidos a través del gasoducto GME han supuesto alrededor del 11 por ciento del consumo nacional en el año 2020. Dichas importaciones contribuyen tanto a la seguridad de suministro del sistema gasista español como al portugués, ya que parte de las importaciones son realizadas en tránsito con destino a ese mercado. Por otra parte, hay que destacar que el sistema gasista cuenta además de con el gasoducto GME, con seis plantas de regasificación, así como otra conexión por gasoducto con el norte de África, junto con las existentes con Francia y Portugal, lo que supone otras alternativas de suministro al sistema gasista para los comercializadores.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 71 bis.3 esta orden ha sido informada favorablemente por la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con fecha 13 de mayo de 2021.
En su informe, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera que la extensión de la exención no tiene un efecto perjudicial sobre la seguridad del suministro, ni sobre el correcto funcionamiento del sistema gasista español. Asimismo, a la vista de la capacidad contratada del gasoducto, y considerando los años de exención de este gasoducto, el número de usuarios y las otras fuentes de aprovisionamiento alternativas, concluye que la exención no ha resultado perjudicial para la competencia y, por tanto, tampoco lo haría su extensión.
Todo ello pone de manifiesto que, la exención del gasoducto GME no pone en peligro la seguridad del sistema ni es perjudicial para la competencia.
Por todo lo expuesto, debe entenderse que concurre la justificación objetiva de la exención prevista en el artículo 71 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.
La propuesta de orden ha sido sometida a trámite de audiencia de la empresa solicitante con fecha 26 de mayo de 2021, sin que la misma haya presentado alegaciones a la propuesta.
Ha emitido informe favorable la Abogacía del Estado con fecha 29 de junio de 2021 con N/Exp: 415/2021.
A la vista de todo lo anterior resuelvo:
Primero.
La entrada al tramo español del gasoducto de transporte de gas natural denominado Magreb-Europa (GME), queda exceptuado de lo establecido en el artículo 70 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, hasta el 31 de octubre de 2021, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.bis de la citada ley.
Segundo.
La capacidad no utilizada del gasoducto deberá ser ofrecida en el mercado de forma transparente, objetiva y no discriminatoria.
Tercero.
Los usuarios de la infraestructura tendrán derecho a vender la capacidad contratada en el mercado secundario.
Cuarto.
EMPL deberá remitir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, con anterioridad al 1 de abril de cada año, un informe anual con el detalle de las capacidades contratadas, utilización de la capacidad durante el año natural inmediatamente anterior, empresas que han accedido a las instalaciones con las cantidades transportadas por cada una de ellas, precios de acceso, cuentas anuales así como cualquier otra información que los citados organismos soliciten.
Quinto.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su aprobación y será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra esta orden que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en los artículo 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la orden en el «Boletín Oficial del Estado», si bien, en caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Madrid, 5 de julio de 2021.–La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez. | Orden ministerial permiten mantener cerrados a otros operadores el gasoducto de Magreb (con participación de Naturgy). | I
La disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/692, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019 por la que se modifica la Directiva 2009/73/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural. La citada Directiva tiene como objeto reducir los obstáculos a la plena realización del mercado interior de gas natural que se derivan de la inaplicabilidad de las normas del mercado de la Unión a los gasoductos de transporte con destino u origen en países no pertenecientes a la Unión Europea. De esta forma la Directiva prevé la aplicación de las normas que rigen el mercado interior de gas natural entre dos Estados miembros a las interconexiones de transporte entre un Estado miembro y un país no perteneciente a la Unión Europea.
Con el fin de respetar los derechos de aquellas infraestructuras de interconexión con países no pertenecientes a la Unión Europea y que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva ya habían sido concluidas, la Directiva establece la posibilidad de que los Estados miembros en cuestión concedan excepciones respecto a determinadas obligaciones en lo referente a separación de actividades, acceso de terceros y acceso regulado a las citadas instalaciones.
El artículo cuarto del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, exceptúa al gasoducto de transporte Magreb-Europa (GME en lo sucesivo) que transcurre por las aguas territoriales españolas hasta la terminal de recepción situada en Tarifa (Cádiz), de lo establecido en los artículos 63.3, 63 bis, 63 ter y 70 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, durante un periodo de catorce meses, a contar desde el 24 de mayo de 2020. Asimismo, establece que la citada exención podrá verse extendida por orden del titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previa solicitud motivada del titular o titulares, que deberá ser presentada ante el citado órgano con al menos seis meses de antelación a la finalización del periodo de la exención temporal otorgada. Lo anterior encuentra su justifica en la idoneidad de evaluar convenientemente la información remitida con carácter previo a la toma de decisiones.
El artículo 71 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, establece que los titulares de los gasoductos de transporte con destino u origen en países no pertenecientes a la Unión Europea podrán solicitar la exención al titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, siempre y cuando se justifique por razones objetivas como permitir la recuperación de la inversión realizada, por motivos de seguridad del suministro, el funcionamiento efectivo del mercado interior del gas en la Unión Europea y cuando la exención no sea perjudicial para la competencia.
Asimismo, determina que el titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico resolverá, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en relación al eventual impacto sobre la competencia o el funcionamiento efectivo del mercado interior del gas en la Unión Europea, otorgando o denegando la exención en función de la verificación del cumplimiento de las razones objetivas mencionadas en el párrafo anterior. La resolución de la prórroga de exención podrá establecer limitaciones que contribuyan a la consecución de los objetivos citados.
II
Con fecha 25 de enero de 2021, Europe Magreb Pipeline Limited (EMPL) ha remitido escrito a este Ministerio en el que manifiesta su interés en obtener una exención para el Gasoducto Magreb Europa hasta el 31 de octubre de 2021, de lo establecido en los artículos 63.3, 63.3 bis, 63 ter y 70 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Asimismo, indican en su escrito que en caso de obtener la renovación del derecho de tránsito más allá de esa fecha, sería solicitada nuevamente una extensión de la exención para el citado gasoducto.
EMPL (77,2% Naturgy y 22,8% y Galp Energía) es titular del derecho de utilización de la sección marroquí del GME en virtud de la Convención firmada con el Gobierno del Reino de Marruecos el 17 de julio de 1992. El derecho de utilización expira el próximo 31 de octubre de 2021, no obstante, EMPL manifiesta en su solicitud que está negociando con el organismo público marroquí Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), propietario de la citada sección del GME, la extensión de dicho derecho.
El gasoducto GME, entró en operación en noviembre del año 1996, y se divide en tres tramos: El tramo marroquí (539 km), Frontera Argelia-Tánger, Terrestre; Paso del Estrecho (47 km), Tánger-Zahara de los Atunes, Submarino; y la Conexión con Europa (274 km), Zahara de los Atunes-Córdoba, Terrestre. Los dos primeros tramos son propiedad del Gobierno de Marruecos, excepto el tramo situado en las aguas territoriales españolas, que es propiedad de Enagás Transporte S.A.U. La parte de gasoducto GME que opera Enagás en territorio español está sometida al acceso de terceros, pero naturalmente condicionado por el acceso al gasoducto aguas arriba (punto de origen del gasoducto) y las contrataciones fuera del territorio europeo, lo que impide que se pueda dar una acceso regulado, transparente y no discriminatorio a su parte de las instalaciones. Se considera, por tanto, que la exención del acceso de terceros solicitado por EMPL no puede más que referirse al punto de entrada al tramo español.
La decisión de acometer la inversión de GME fue adoptada con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva 2019/692, de 17 de abril, momento en el cual no existían normas específicas de la Unión Europea aplicables a los gasoductos de transporte con destino u origen en terceros países.
En relación a las implicaciones que la exención puede tener sobre la seguridad de suministro cabe decir que, los suministros recibidos a través del gas
### RESUMEN: Orden ministerial permiten mantener cerrados a otros operadores el gasoducto de Magreb (con participación de Naturgy). |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Dirección del Museo Nacional del Prado.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección del Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente:
12AA0285.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministros.
b) Descripción:
Suministro de uniformidad 2012-2013 para el MNP.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
18100000 (Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
130.953,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 130.953,00 euros. Importe total: 154.524,54 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
8 de octubre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato:
25 de 0ctubre de 2012.
c) Contratista:
El Corte Inglés, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 120.866,00 euros. Importe total: 146.247,86 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Por ser la oferta más ventajosa para el MNP.
Madrid, 29 de octubre de 2012.- Director Adjunto de Administración. | Licitación para el suministro de uniformidad 2012-2013 para el personal del Museo del Prado por importe total de 154.524 euros | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Dirección del Museo Nacional del Prado.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección del Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente:
12AA0285.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministros.
b) Descripción:
Suministro de uniformidad 2012-2013 para el MNP.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
18100000 (Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
130.953,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 130.953,00 euros. Importe total: 154.524,54 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
8 de octubre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato:
25 de 0ctubre de 2012.
c) Contratista:
El Corte Inglés, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 120.866,00 euros. Importe total: 146.247,86 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Por ser la oferta más ventajosa para el MNP.
Madrid, 29 de octubre de 2012.- Director Adjunto de Administración.
### RESUMEN: Licitación para el suministro de uniformidad 2012-2013 para el personal del Museo del Prado por importe total de 154.524 euros |
La presente orden tiene como objeto determinar la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos correspondientes a la Línea COVID de ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) y empresas prevista en el título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, en adelante, Real Decreto-ley. A tal fin, resulta necesario concretar los criterios de asignación previstos en el apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley.
De acuerdo con el Real Decreto-ley, la Línea COVID se configura como una dotación de carácter presupuestario, cuyo objeto es la canalización de ayudas directas a autónomos y empresas, para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.
Con este fin, el Real Decreto-ley prevé que se efectuarán las correspondientes transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla con cargo a dos créditos extraordinarios que se conceden en las siguientes aplicaciones presupuestarias:
– 37.01.941O.450 «Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. Transferencias a las Comunidades Autónomas, excluidas Baleares y Canarias, y a las Ciudades de Ceuta y Melilla», por importe de 5.000 millones de euros.
– 37.01.941O.451 «Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. Transferencias a las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias», por importe de 2.000 millones de euros.
Estos créditos se dotan con los recursos que se integran en los dos compartimentos que componen la Línea COVID, los cuales deben repartirse sobre la base de los indicadores recogidos en el apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley, cuya concreción y aplicación es objeto de esta orden.
Por lo que se refiere a la habilitación normativa para dictar esta orden, el apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto-ley atribuye a la persona titular del Ministerio de Hacienda la potestad para concretar las cuestiones necesarias para la aplicación de este título y, en particular, para determinar la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos de ambos compartimentos.
En su virtud, dispongo:
Apartado uno. Concreción de los criterios de asignación entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla previstos en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
1. Conforme al apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, la distribución territorial de los recursos asignados a cada compartimento se realizará sobre la base de los criterios de distribución previstos en el apartado 2 del artículo 2 del citado Real Decreto-ley, de acuerdo con las reglas señaladas en los dos apartados siguientes.
2. Los recursos del primer compartimento, definido en la letra a) del apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto-ley, se distribuyen entre las Comunidades Autónomas, a excepción de Baleares y Canarias, y a Ceuta y Melilla, en base a los siguientes indicadores, actualizados a fecha de publicación del Real Decreto-ley, de acuerdo con la ponderación que los mismos tienen en la asignación del REACT EU:
a) Dos terceras partes de su importe se distribuyen según el peso relativo del indicador de renta de cada Comunidad Autónoma y Ciudad, que mide la caída del PIB en 2020, moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas. A tal efecto, el indicador de renta de cada Comunidad y Ciudad es la cifra resultante de dividir las siguientes variables:
– El peso relativo de cada Comunidad Autónoma y Ciudad en la caída del PIB en 2020, en relación con 2019. El PIB de 2019 de cada Comunidad y Ciudad considerado es el dato de avance del PIB regional publicado por el INE en diciembre de 2020. El PIB de 2020 de cada Comunidad y Ciudad considerado es el resultado de aplicar al dato de 2019 las estimaciones de evolución calculadas sobre la base de los datos publicados por la AIReF en febrero de 2021, así como el deflactor implícito del PIB publicado por Eurostat. En concreto, en relación con los datos publicados por la AIReF, la evolución del PIB se calcula teniendo en cuenta la variación del promedio anual de los índices de volumen trimestral del PIB de los años 2019 y 2020, corregidos de variaciones estacionales y calendario, para cada Comunidad Autónoma, salvo en el caso de Ceuta y Melilla, para las cuales se emplean los datos previstos para el conjunto nacional. En el caso del deflactor implícito, se toman los datos anuales de 2019 y 2020 corregidos de variaciones estacionales y calendario.
– La prosperidad relativa de cada Comunidad Autónoma, medida a través de su renta per cápita respecto de la renta per cápita nacional. La renta per cápita se calculará a partir del promedio anual de los datos para el trienio 2017-2019, correspondientes a cada Comunidad Autónoma y Ciudad. A tal efecto, se consideran los datos de PIB regional a precios corrientes de mercado, en paridad de poder adquisitivo respecto a la media española, y los datos relativos a los niveles de población, publicados en ambos casos por Eurostat.
b) Dos novenas partes de su importe se distribuyen conforme al indicador de desempleo, que considera la media ponderada entre el peso de la Comunidad Autónoma y Ciudad en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro registrado nacional en 2020. A estos efectos, el indicador de desempleo de cada Comunidad Autónoma y Ciudad es el resultante de sumar:
– El 75 por ciento del peso relativo de cada Comunidad Autónoma y Ciudad en el paro registrado a fecha 31 de enero de 2020, según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal.
– El 25 por ciento del peso relativo de cada Comunidad Autónoma y Ciudad en el incremento del paro registrado entre el 31 de enero de 2020 y el valor medio, a último día de mes, de octubre, noviembre y diciembre de 2020, según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal.
c) Una novena parte de su importe se distribuye conforme al indicador de desempleo juvenil (16-25 años) que, análogamente al criterio anterior, considera la media ponderada entre el peso de la Comunidad Autónoma o Ciudad en el total de jóvenes parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro juvenil nacional registrado en 2020. Este indicador se define bajo los mismos criterios y requisitos recogidos en el reparto b) anterior, considerando en este caso únicamente al paro registrado de mayores de 16 años y menores de 25 años.
Los cálculos obtenidos considerando a todas las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, se ajustarán para determinar la participación de cada Comunidad y Ciudad en el primer compartimento sin considerar a las Comunidades Autónomas del segundo compartimento.
3. Los recursos del segundo compartimento, definido en la letra b), del apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto-ley, se repartirán entre las Comunidades de Canarias y Baleares de forma proporcional a su peso relativo en la caída en 2020 de los afiliados en términos netos. Se entenderá por caída de afiliados en términos netos de cada Comunidad, la reducción del número medio anual de afiliados en alta entre 2019 y 2020, descontando el efecto del número de trabajadores en ERTE medios en 2020, según el certificado emitido al efecto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que figura en el anexo.
Apartado dos. Distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
1. Los cálculos efectuados por aplicación de los criterios previstos en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de acuerdo con las reglas previstas en el apartado anterior y sobre la base de los datos publicados y de los datos certificados que figuran en el anexo, implican la siguiente distribución territorial de recursos:
a) Con cargo a la aplicación presupuestaria 37.01.941O.450 «Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. Transferencias a las Comunidades Autónomas, excluidas Baleares y Canarias, y a las Ciudades de Ceuta y Melilla» corresponde la siguiente distribución:
Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla
Reparto compartimento 1 (miles de euros)
Cataluña.
993.282,41
Galicia.
234.470,88
Andalucía.
1.109.244,34
Principado de Asturias.
107.765,40
Cantabria.
55.363,82
La Rioja.
32.511,75
Región de Murcia.
142.522,91
C. Valenciana.
647.081,98
Aragón.
141.348,90
Castilla-La Mancha.
206.342,55
Extremadura.
106.466,13
Madrid.
679.287,79
Castilla y León.
232.560,23
País Vasco.
217.997,30
Navarra.
67.620,09
Ceuta.
13.862,52
Melilla.
12.271,00
Total.
5.000.000,00
b) Con cargo a la aplicación presupuestaria 37.01.941O.451 «Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. Transferencias a las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias» corresponde la siguiente distribución:
Comunidades Autónomas
Reparto compartimento 2 (miles de euros)
Canarias.
1.144.262,08
Illes Balears.
855.737,92
Total.
2.000.000,00
2. El Ministerio de Hacienda efectuará la transferencia de estos recursos a las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla dentro de los diez días siguientes a la fecha en que adquiera eficacia el Convenio que se celebre con cada una de ellas, de acuerdo a lo establecido en el apartado 4 del artículo 4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla puedan solicitar que el libramiento material de los fondos se realice con posterioridad.
Apartado tres. Eficacia.
La presente orden surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 25 de marzo de 2021.–La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.
ANEXO
Certificado emitido por el Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones
En las dos tablas siguientes se recogen, para las Canarias y Baleares, los datos del número medio anual de afiliados en alta de 2019 y 2020, así como los datos del número de trabajadores en ERTE medios en 2020, conforme al certificado, referido al día 17 de marzo de 2021, del Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.
Afiliados medios total Sistema
Comunidades Autónomas
2019
2020
Canarias.
812.081,99
779.417,36
Illes Balears.
513.149,71
464.908,42
Comunidades Autónomas
N.º trabajadores en ERTE medios 2020
Canarias.
133.478,58
Illes Balears.
76.009,13
Distribución de los recursos de los compartimentos de la Línea COVID
En las dos tablas siguientes se recogen los pesos relativos de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla en cada uno de los compartimentos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas.
Compartimento 1
Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla
Indicador de renta
Indicador de desempleo
Indicador de desempleo juvenil
Peso relativo total
Peso relativo compartimento 1
Cataluña.
20,56%
13,04%
10,92%
17,81%
19,87%
Galicia.
4,30%
4,63%
2,78%
4,21%
4,69%
Andalucía.
16,96%
25,27%
26,72%
19,89%
22,18%
Principado de Asturias.
1,93%
2,02%
1,78%
1,93%
2,16%
Cantabria.
0,98%
1,02%
1,01%
0,99%
1,11%
La Rioja.
0,64%
0,48%
0,42%
0,58%
0,65%
Región de Murcia.
2,18%
3,09%
3,76%
2,56%
2,85%
C. Valenciana.
11,69%
11,29%
11,73%
11,61%
12,94%
Aragón.
2,68%
2,08%
2,56%
2,54%
2,83%
Castilla-La Mancha.
3,25%
4,38%
5,03%
3,70%
4,13%
Canarias.
6,02%
7,18%
5,96%
6,27%
Extremadura.
1,41%
2,66%
3,42%
1,91%
2,13%
Illes Balears.
4,73%
2,36%
3,41%
4,05%
Madrid.
12,70%
11,42%
10,59%
12,18%
13,59%
Castilla y León.
4,13%
4,14%
4,46%
4,17%
4,65%
País Vasco.
4,20%
3,37%
3,28%
3,91%
4,36%
Navarra.
1,27%
1,02%
1,27%
1,21%
1,35%
Ceuta.
0,18%
0,33%
0,48%
0,25%
0,28%
Melilla.
0,18%
0,23%
0,43%
0,22%
0,25%
Total.
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Compartimento 2
Comunidades Autónomas
Peso relativo compartimento 2
Canarias.
57,21%
Illes Balears.
42,79%
Total.
100,00% | Detalles del cálculo para repartir entre las comunidades autónomas los 7.000 millones de ayudas directas. | La presente orden tiene como objeto determinar la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos correspondientes a la Línea COVID de ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) y empresas prevista en el título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, en adelante, Real Decreto-ley. A tal fin, resulta necesario concretar los criterios de asignación previstos en el apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley.
De acuerdo con el Real Decreto-ley, la Línea COVID se configura como una dotación de carácter presupuestario, cuyo objeto es la canalización de ayudas directas a autónomos y empresas, para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.
Con este fin, el Real Decreto-ley prevé que se efectuarán las correspondientes transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla con cargo a dos créditos extraordinarios que se conceden en las siguientes aplicaciones presupuestarias:
– 37.01.941O.450 «Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. Transferencias a las Comunidades Autónomas, excluidas Baleares y Canarias, y a las Ciudades de Ceuta y Melilla», por importe de 5.000 millones de euros.
– 37.01.941O.451 «Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. Transferencias a las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias», por importe de 2.000 millones de euros.
Estos créditos se dotan con los recursos que se integran en los dos compartimentos que componen la Línea COVID, los cuales deben repartirse sobre la base de los indicadores recogidos en el apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley, cuya concreción y aplicación es objeto de esta orden.
Por lo que se refiere a la habilitación normativa para dictar esta orden, el apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto-ley atribuye a la persona titular del Ministerio de Hacienda la potestad para concretar las cuestiones necesarias para la aplicación de este título y, en particular, para determinar la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos de ambos compartimentos.
En su virtud, dispongo:
Apartado uno. Concreción de los criterios de asignación entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla previstos en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
1. Conforme al apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, la distribución territorial de los recursos asignados a cada compartimento se realizará sobre la base de los criterios de distribución previstos en el apartado 2 del artículo 2 del citado Real Decreto-ley, de acuerdo con las reglas señaladas en los dos apartados siguientes.
2. Los recursos del primer compartimento, definido en la letra a) del apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto-ley, se distribuyen entre las Comunidades Autónomas, a excepción de Baleares y Canarias, y a Ceuta y Melilla, en base a los siguientes indicadores, actualizados a fecha de publicación del Real Decreto-ley, de acuerdo con la ponderación que los mismos tienen en la asignación del REACT EU:
a) Dos terceras partes de su importe se distribuyen según el peso relativo del indicador de renta de cada Comunidad Autónoma y Ciudad, que mide la caída del PIB en 2020, moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas. A tal efecto, el indicador de renta de cada Comunidad y Ciudad es la cifra resultante de dividir las siguientes variables:
– El peso relativo de cada Comunidad Autónoma y Ciudad en la caída del PIB en 2020, en relación con 2019. El PIB de 2019 de cada Comunidad y Ciudad considerado es el dato de avance del PIB regional publicado por el INE en diciembre de 2020. El PIB de 2020 de cada Comunidad y Ciudad considerado es el resultado de aplicar al dato de 2019 las estimaciones de evolución calculadas sobre la base de los datos publicados por la AIReF en febrero de 2021, así como el deflactor implícito del PIB publicado por Eurostat. En concreto, en relación con los datos publicados por la AIReF, la evolución del PIB se calcula teniendo en cuenta la variación del promedio anual de los índices de volumen trimestral del PIB de los años 2019 y 2020, corregidos de variaciones estacionales y calendario, para cada Comunidad Autónoma, salvo en el caso de Ceuta y Melilla, para las cuales se emplean los datos previstos para el conjunto nacional. En el caso del deflactor implícito, se toman los datos anuales de 2019 y 2020 corregidos de variaciones estacionales y calendario.
– La prosperidad relativa de cada Comunidad Autónoma, medida a través de su renta per cápita respecto de la renta per cápita nacional. La renta per cápita se calculará a partir del promedio anual de los datos para el trienio 2017-2019, correspondientes a cada Comunidad Autónoma y Ciudad. A tal efecto, se consideran los datos de PIB regional a precios corrientes de mercado, en paridad de poder adquisitivo respecto a la media española, y los datos relativos a los niveles de población, publicados en ambos casos por Eurostat.
b) Dos novenas partes de su importe se distribuyen conforme al indicador de desempleo, que considera la media ponderada entre el peso de la Comunidad Autónoma y Ciudad en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro registrado nacional en 2020. A estos efectos, el indicador de desempleo de cada Comunidad Autónoma y Ciudad es el resultante de sumar:
– El 75 por ciento del peso relativo de cada Comunidad Autónoma y Ciudad en el paro registrado a fecha 31 de enero de 2020, según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal.
–
### RESUMEN: Detalles del cálculo para repartir entre las comunidades autónomas los 7.000 millones de ayudas directas. |
El presente reglamento pretende ser un instrumento eficaz en la consecución de los principios que inspiraron la modificación de la legislación de costas, a saber, la protección del litoral y la seguridad jurídica.
Para conseguirlo, revisa determinados aspectos del Reglamento de 1989 tales como los criterios técnicos que resultan necesarios para la determinación del dominio público marítimo-terrestre, basados en un amplio debate técnico y en la experiencia acumulada en la realización de los deslindes. En relación con el nuevo régimen de los terrenos inundados, se introducen garantías para que los terrenos que, habiendo sido humedales conforme a la legislación de aguas, han dejado de serlo por vaciamiento de los acuíferos, no queden excluidos del dominio público.
Por otra parte, se regula la intervención del Registro de la Propiedad y el Catastro en los deslindes. Al mismo tiempo, desarrolla elementos novedosos como son el régimen aplicable a los tramos en situación de regresión grave, o los diferentes requisitos de ocupación según las playas sean naturales o urbanas.
Desde 1989 se han promulgado diversas normas que necesariamente han de tenerse presentes tanto en la redacción como en la posterior aplicación de este reglamento. Siendo el dominio público marítimo terrestre una parte esencial de nuestro patrimonio natural, este no puede regularse ni gestionarse sin tener presente otra normativa que le es de aplicación; en particular, la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino, así como las futuras normas que habrán de dictarse en transposición de la Directiva 2014/89/UE, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, respecto de la cual no debe olvidarse que está en vigor, desde marzo de 2011, el Protocolo para la Gestión Integrada de Zonas Costeras. Asimismo, con un ámbito de aplicación que excede del dominio público marítimo terrestre, pero igualmente relevantes, también deben tenerse en cuenta la Ley 42/2007, de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y Biodiversidad, el Mandato de Yakarta de 1995 y el Convenio Europeo del Paisaje.
Asimismo este Reglamento General de Costas desarrolla con detalle el régimen de la prórroga extraordinaria de las concesiones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas –pieza clave de la reforma de 2013–, fijando, en el caso de las concesiones ordinarias, el plazo máximo de duración de la prórroga en función de los usos, que en ningún caso podrá exceder de los setenta y cinco años.
En definitiva, este nuevo reglamento tiene la inequívoca vocación de colaborar con la ley para proteger el dominio público marítimo-terrestre.
Como cuestiones de forma destacables, el reglamento titula cada uno de los artículos y, con carácter meramente indicativo, señala el artículo de la ley que reproduce, aunque no en todos los casos sea de manera literal.
Durante su tramitación, este reglamento se ha sometido a información pública, en la que han participado numerosos sectores, organismos y entidades afectados. Asimismo, se ha solicitado informe a los departamentos ministeriales afectados y se ha sometido a deliberación del Consejo Asesor de Medioambiente.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de octubre de 2014,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento General de Costas.
Se aprueba el Reglamento General de Costas cuyo texto figura a continuación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, y cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en el reglamento que este real decreto aprueba.
Disposición final primera. Título competencial para la aprobación del Reglamento General de Costas.
La presente norma se aprueba al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1.ª y 23.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.
No obstante, los capítulos V, VI y VII del título III, la disposición adicional octava, las disposiciones transitorias primera a quinta, decimotercera a decimoséptima, vigesimotercera, vigesimoquinta y vigesimosexta constituyen legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, y se dictan al amparo de los establecido en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
La disposición adicional séptima se dicta al amparo de la competencia atribuida al Estado en materia de legislación civil por la cláusula 8.ª del artículo 149.1 de la Constitución.
Disposición final segunda. No incremento de gasto público.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 10 de octubre de 2014.
FELIPE R.
La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS
[indice]Título preliminar. Objeto y finalidades (art. 1 y 2).
Título I. Bienes de dominio público marítimo-terrestre.
Capítulo I. Clasificación y definiciones (art. 3 a 9).
Capítulo II. Indisponibilidad.
Sección 1.ª Prevalencia del dominio público (art. 10 a 13).
Sección 2.ª Potestades de la administración (art. 14 a 16).
Capítulo III. Deslindes.
Sección 1.ª Objeto y principios generales (art. 17 y 18).
Sección 2.ª Procedimiento (art. 19 a 29).
Sección 3.ª Efectos (art. 30 a 32).
Sección 4.ª Inmatriculación de fincas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre (art. 33 a 36).
Capítulo IV. Afectación y desafectación (art. 37 a 39).
Título II. Limitaciones de la propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar por razones de protección del dominio público marítimo-terrestre.
Capítulo I. Objetivos y disposiciones generales (art. 40 a 43).
Capítulo II. Servidumbres legales.
Sección 1.ª Servidumbre de protección (art. 44 a 51).
Sección 2.ª Servidumbre de tránsito (art. 52).
Sección 3.ª Servidumbre de acceso al mar (art. 53 a 56).
Capítulo III. Otras limitaciones de la propiedad (art. 57 a 58).
Capítulo IV. Zona de influencia (art. 59).
Título III. Utilización del dominio público marítimo-terrestre.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Sección 1.ª Régimen general de utilización (art. 60 a 64).
Sección 2.ª Régimen de utilización de las playas (art. 65 a 74).
Sección 3.ª Otros principios comunes (art. 75 a 84).
Capítulo II. Proyectos y obras (art. 85 a 101).
Capítulo III. Reservas y adscripciones.
Sección 1.ª Reservas (art. 102 y 103).
Sección 2.ª Adscripciones (art. 104 a 109).
Capítulo IV. Autorizaciones.
Sección 1.ª Disposiciones generales (art. 110 a 112).
Sección 2.ª Servicios de temporada de playas (art. 113 y 114).
Sección 3.ª Vertidos (art. 115 a 125).
Sección 4.ª Extraccion de aridos y dragados (art. 126 a 130).
Capítulo V. Concesiones (art. 131 a 150).
Capítulo VI. Disposiciones comunes a autorizaciones y concesiones.
Sección 1.ª Pliegos de condiciones generales (art. 151).
Sección 2.ª Tramitación (art. 152 a 157).
Sección 3.ª Concursos para el otorgamiento (art. 158 a 160).
Sección 4.ª Condiciones de otorgamiento (art. 161).
Sección 5.ª Modificación (art. 162).
Sección 6.ª Extinción (art. 163 a 171).
Capítulo VII. Prórroga de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior a la ley 2/2013, de 29 de mayo (art. 172 a 178).
Título IV. Régimen económico-financiero de la utilización del dominio público marítimo-terrestre.
Capítulo I. Financiación de obras y otras actuaciones (art. 179 a 180).
Capítulo II. Cánones (art. 181 a 184).
Capítulo III. Fianzas (art. 185 a 189).
Capítulo IV. Valoración de rescates (art.190).
Título V. Infracciones y sanciones.
Capítulo I. Infracciones (art. 191 a 195).
Capítulo II. Sanciones.
Sección 1.ª Disposiciones generales (art. 196 a 200).
Sección 2.ª Multas (art. 201 a 206).
Sección 3.ª Restitución y reposición e indemnización (art. 207).
Sección 4.ª Abono de las multas e indemnizaciones (art. 208).
Capítulo III. Procedimiento y medios de ejecución.
Sección 1.ª Procedimiento (art. 209 a 214).
Sección 2.ª Ejecución forzosa (art. 215 a 218).
Sección 3.ª Accion pública (art. 219).
Título VI. Competencias administrativas.
Capítulo I. Competencias de la administración general del estado (art. 220 a 223).
Capítulo II. Competencias de las comunidades autónomas. (art. 224).
Capítulo III. Competencias municipales (art. 225).
Capítulo IV. Relaciones interadministrativas (art. 226 a 227).
Capítulo V. Impugnación de actos y acuerdos (art. 228).
Disposiciones adicionales.
Primera. Desarrollo disposición adicional tercera Ley 22/1988, de 28 de julio.
Segunda. Desarrollo apartado 1 disposición adicional décima Ley 22/1988, de 28 de julio.
Tercera. Desarrollo disposición adicional undécima Ley 22/1988, de 28 de julio.
Cuarta. Desarrollo disposición adicional segunda Ley 2/2013, de 29 de mayo.
Quinta. Desarrollo disposicion adicional tercera Ley 2/2013, de 29 de mayo.
Sexta. Desarrollo de la disposición adicional cuarta Ley 2/2013, de 29 de mayo.
Séptima. Desarrollo de las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
Octava. Régimen de las concesiones o autorizaciones otorgadas por las comunidades autónomas en puertos e instalaciones portuarias estatales transferidos.
Novena. Concepto de interesado de acuerdo con la ley 27/2006, de 18 de julio.
Décima. Competencia de los Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Disposiciones transitorias.
Primera. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria primera Ley 22/1988, de 28 de julio.
Segunda. Desarrollo apartado 2 disposición transitoria primera Ley 22/1988, de 28 de julio.
Tercera. Desarrollo apartado 3 disposición transitoria primera Ley 22/1988, de 28 de julio.
Cuarta. Desarrollo apartado 4 disposición transitoria primera Ley 22/1988, de 28 de julio.
Quinta. Desarrollo apartado 5 disposición transitoria primera Ley 22/1988, de 28 de julio.
Sexta. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria segunda Ley 22/1988, de 28 de julio.
Séptima. Desarrollo apartados 2 y 3 disposición transitoria segunda Ley 22/1988, de 28 de julio.
Octava. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria tercera Ley 22/1988, de 28 de julio.
Novena. Desarrollo apartado 2 disposición transitoria tercera Ley 22/1988, de 28 de julio.
Décima. Desarrollo apartado 3 disposición transitoria tercera Ley 22/1988, de 28 de julio.
Undécima. Adecuación de las normas de protección de la ordenación del territorio y urbanísticas.
Duodécima. Desarrollo apartados 5 y 6 disposición transitoria tercera Ley 22/1988, de 28 de julio.
Decimotercera. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria cuarta Ley 22/1988, de 28 de julio.
Decimocuarta. Desarrollo apartado 2 disposición transitoria cuarta Ley 22/1988, de 28 de julio.
Decimoquinta. Desarrollo apartado 3 disposición transitoria cuarta Ley 22/1988, de 28 de julio.
Decimosexta. Régimen de la revisión de concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
Decimoséptima. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria sexta Ley 22/1988, de 28 de julio.
Decimoctava. Desarrollo apartado 2 disposición transitoria sexta Ley 22/1988, de 28 de julio.
Decimonovena. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria séptima Ley 22/1988, de 28 de julio.
Vigésima. Desarrollo apartado 2 disposición transitoria séptima Ley 22/1988, de 28 de julio.
Vigesimoprimera. Desarrollo apartado 3 disposición transitoria séptima Ley 22/1988, de 28 de julio.
Vigesimosegunda. Desarrollo disposición transitoria primera Ley 2/2013, de 29 de mayo.
Vigesimotercera. Aplicación transitoria de los requisitos para ser concesionarios.
Vigesimocuarta. Plazo para la delimitación de los tramos naturales y urbanos de las playas.
Vigesimoquinta. Adaptación de los titulos concesionales prorrogados a las disposiciones de este reglamento.
Vigesimosexta. Ocupaciones existentes procedentes de titulos extinguidos o en tramitación.[fin indice]
[encabezado]TÍTULO PRELIMINAR
Objeto y finalidades
Artículo 1. Objeto.
El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo y la ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para la determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar.
Artículo 2. Fines.
La actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre perseguirá los siguientes fines:
a) Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.
b) Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo-terrestre, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas.
c) Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico.
d) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar (artículo 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
TÍTULO I
Bienes de dominio público marítimo-terrestre
CAPÍTULO I
Clasificación y definiciones
Artículo 3. Bienes de dominio público marítimo-terrestre por determinación de la Constitución y la Ley de Costas.
Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución y 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio:
1. La ribera del mar y de las rías, que incluye:
a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que establece el artículo 4 de este reglamento o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.
Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, las partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.
No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio público. A estos efectos, se entenderá que un terreno ha sido inundado artificial y controladamente cuando para su inundación se haya requerido la realización de obras o instalaciones amparadas por el correspondiente título administrativo, a la finalización de las cuales los terrenos no queden comunicados con el mar de manera permanente o queden comunicados con el mar de manera controlada.
b) Las playas o zonas de depósitos de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas. Estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.
2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su legislación específica.
3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y regulados por su legislación específica.
4. A los efectos de esta norma se entiende por:
a) Albufera: cuerpos de aguas costeras que quedan físicamente separados del océano, en mayor o menor extensión por una franja de tierra.
b) Berma: parte casi horizontal de la playa, interior al escarpe o talud de fuerte pendiente causada por el oleaje.
c) Dunas: depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de arena, tengan o no vegetación, que se alimenten de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino o por otras causas. A efectos de la determinación del dominio público marítimo-terrestre se diferenciarán los distintos tipos de duna:
Duna en desarrollo o embrionaria. Duna con muy pequeña cobertura vegetal.
Duna en desplazamiento o evolución. Duna poco o nada vegetada, formada por arena suelta, que avanza desde la costa hacia tierra adentro por la acción del viento marino.
Duna primaria. Duna con cobertura parcial de vegetación.
Duna secundaria. Duna no estabilizada o en desplazamiento con cobertura de vegetación herbácea que puede alcanzar hasta el cien por ciento y/o vegetación leñosa arbustiva o arbórea que puede alcanzar hasta el setenta y cinco por ciento de su superficie.
Duna estabilizada. Duna estable, colonizada por vegetación leñosa arbustiva o arbórea, en más del setenta y cinco por ciento de su superficie.
Duna relicta. Duna formada en otro tiempo geológico que ha quedado aislada tierra adentro o colgada sobre una costa rocosa, sin vinculación con ninguna playa.
Para el cálculo de los porcentajes fijados se utilizará la totalidad de la superficie de la duna. El porcentaje de vegetación se entiende referido a la proyección de la parte aérea del árbol o arbusto sobre el suelo. En el cálculo del porcentaje no se computarán las revegetaciones realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
d) Escarpe: escalón vertical en la playa formado por la erosión de la berma.
e) Estero: caños en una marisma.
f) Marisma: terreno muy llano y bajo que se inunda periódicamente como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas o de la filtración del agua del mar.
g) Marjal: terreno bajo cubierto por un manto de agua que da soporte a abundante vegetación.
Artículo 4. Criterios técnicos para la determinación de la zona marítimo-terrestre y de la playa.
En la determinación de la zona marítimo-terrestre y de la playa, con arreglo a las definiciones contenidas en el artículo anterior, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Para fijar el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, se considerarán las variaciones del nivel del mar debidas a las mareas y el oleaje. Dicho límite será el alcanzado al menos en 5 ocasiones en un periodo de 5 años, salvo en aquellos casos excepcionales en que la mejor evidencia científica existente demuestre la necesidad de utilizar otro criterio.
Para calcular el alcance de un temporal se utilizarán las máximas olas registradas con boyas o satélites o calculadas a través de datos oceanográficos o meteorológicos.
b) Las variaciones del nivel del mar debidas a las mareas incluirán los efectos superpuestos de las astronómicas y de las meteorológicas. No se tendrán en cuenta las ondas de mayor periodo de origen sísmico o de resonancia cuya presentación no se produzca de forma secuencial.
c) Se considerará que son necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa las dunas que estén en desarrollo, desplazamiento o evolución debida a la acción del mar o del viento marino, las dunas primarias y las dunas secundarias hasta su borde interior. Se entiende que no son necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa las dunas relictas y las dunas estabilizadas, salvo en aquellos casos excepcionales en que la mejor evidencia científica disponible demuestre que la duna estabilizada es necesaria para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.
Artículo 5. Bienes de dominio público marítimo-terrestre por determinación legal.
Pertenecen, asimismo, al dominio público marítimo-terrestre estatal:
1. Las accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales o por retirada del mar, cualesquiera que sean las causas.
2. Los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras y los desecados en su ribera.
3. Los terrenos cuya superficie sea invadida por el mar, siempre y cuando la invasión tenga lugar por causas distintas a las previstas en el último párrafo del artículo 3.1 letra a) de este reglamento y, en todo caso, siempre que los terrenos inundados sean navegables.
4. Los acantilados sensiblemente verticales, que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio público marítimo-terrestre, hasta su coronación.
A estos efectos, se consideran acantilados sensiblemente verticales aquellos cuyo paramento, como promedio, pueda ser asimilado a un plano que forme un ángulo con el plano horizontal igual o superior a 60 grados sexagesimales. Se incluirán en su definición las bermas o escalonamientos existentes antes de su coronación.
5. Los terrenos deslindados como dominio público que por cualquier causa han perdido sus características naturales de playa, acantilado, o zona marítimo-terrestre, salvo lo previsto en los artículos 18 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 38 de este reglamento.
6. Los islotes en aguas interiores y mar territorial.
7. Los terrenos incorporados por los concesionarios para completar la superficie de una concesión de dominio público marítimo-terrestre que les haya sido otorgada, cuando así se establezca en las cláusulas de la concesión.
Estos terrenos de propiedad particular quedarán incorporados al dominio público a partir de la fecha en que se suscriba la correspondiente acta de entrega por el concesionario y por el representante del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A estos efectos, el concesionario deberá aportar la documentación acreditativa de su dominio.
8. Los terrenos colindantes con la ribera del mar que se adquieran para su incorporación al dominio público marítimo-terrestre.
9. Las obras e instalaciones construidas por el Estado en dicho dominio.
10. Las obras e instalaciones de iluminación de costas y señalización marítima, construidas por el Estado, cualquiera que sea su localización, así como los terrenos afectados al servicio de las mismas, que se regularán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
11. Los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal, que se regularán por su legislación específica.
Artículo 6. Disposiciones adicionales sobre los bienes de dominio público marítimo-terrestre por determinación legal.
1. Lo establecido en el artículo anterior se aplicará también a las rías y desembocaduras de los ríos hasta donde sea sensible el efecto de las mareas.
2. Los terrenos no comprendidos en el artículo 9 de este reglamento y en la disposición transitoria primera, apartado cinco, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, naturalmente inundables, cuya inundación por efecto de las mareas haya sido impedida por medios artificiales, tales como muros, terraplenes, compuertas u otros sistemas semejantes, forman parte del dominio público marítimo-terrestre, conforme a lo establecido en los artículos 3.1 a) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento.
3. Los puertos e instalaciones portuarias de competencia de las comunidades autónomas se regularán por su legislación específica, sin perjuicio de la titularidad estatal sobre los bienes adscritos conforme a lo previsto en el artículo 49.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y sobre los espacios de dominio público marítimo-terrestre que se otorguen en concesión, de acuerdo con lo previsto en los artículos 64 y 65 de la citada ley, para servir de soporte a una concesión de competencias de aquéllas.
Artículo 7. Islas.
Son también de dominio público estatal las islas que estén formadas o se formen por causas naturales, en el mar territorial o en aguas interiores o en los ríos hasta donde se hagan sensibles las mareas, salvo las que sean de propiedad privada de particulares o entidades públicas o procedan de la desmembración de esta, en cuyo caso serán de dominio público su zona marítimo-terrestre, playas y demás bienes que tengan este carácter conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio (artículo 5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 8. Otros bienes de dominio público marítimo-terrestre.
Formarán, asimismo, parte del dominio público marítimo-terrestre estatal, de la clase de pertenencia que corresponda en cada caso por aplicación de lo establecido en los artículos anteriores:
a) Los espacios que deban tener ese carácter en virtud de lo previsto en las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio y concordantes de este reglamento.
b) Los terrenos del Patrimonio del Estado que se afecten al uso propio del dominio público conforme a lo previsto en los artículos 17 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 37 de este reglamento.
c) Los terrenos de propiedad particular que se incorporen al dominio público marítimo-terrestre por cesión, expropiación, afectación o cualquier otro tipo de adquisición, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento, una vez que se proceda a la aceptación expresa de la entrega de los mismos por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Artículo 9. Obras de defensa.
1. Los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podrán construir obras de defensa, previa autorización o concesión, siempre que no perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo-terrestre, ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes.
2. En otro caso, los terrenos invadidos pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, según resulte del correspondiente deslinde (artículo 6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. Todo ello se entiende sin perjuicio de la aplicación del artículo 13 bis de la Ley 22/1988, de 28 de julio, cuando proceda.
4. Será precisa la obtención de autorización cuando las obras hayan de emplazarse en terrenos privados afectados por las servidumbres y del título administrativo correspondiente cuando las mismas hayan de ocupar el dominio público.
5. Las obras a realizar no deberán interrumpir la servidumbre de tránsito, a no ser que motivadamente se justifique su necesidad, garantizando, en cualquier caso, una localización alternativa de dicha servidumbre, fuera de la ribera del mar.
6. La tramitación de las solicitudes podrá suspenderse mientras se encuentre pendiente de resolución el expediente de deslinde del tramo de costa correspondiente, salvo que se trate de bienes que tengan el carácter indubitado de dominio público marítimo-terrestre o de las obras de emergencia previstas en los artículos 12.7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 20.3 de este reglamento.
7. En caso de emergencia, el Servicio Periférico de Costas podrá autorizar la adopción de medidas provisionales de defensa, previa formalización de las garantías económicas que, en su caso, procedan, conforme a lo establecido en los artículos 36 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 78 de este reglamento, y compromiso del interesado de solicitar en el plazo de un mes desde dicha autorización de medidas provisionales la concesión o autorización pertinente, y de cumplir la resolución que se derive del expediente que se instruya.
CAPÍTULO II
Indisponibilidad
Sección 1.ª Prevalencia del dominio público
Artículo 10. Inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público marítimo-terrestre.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 132.1 de la Constitución, los bienes de dominio público marítimo-terrestre son inalienables, imprescriptibles e inembargables (artículo 7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 11. Derechos sobre los bienes de dominio público marítimo-terrestre.
A los efectos del artículo anterior, no se admitirán más derechos que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, careciendo de todo valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad (artículo 8 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 12. Continuidad del dominio público marítimo-terrestre.
1. No podrán existir terrenos de propiedad distinta de la demanial del Estado en ninguna de las pertenencias del dominio público marítimo-terrestre, ni aun en el supuesto de terrenos ganados al mar o desecados en su ribera, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 49 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 104 de este reglamento.
2. Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos que infrinjan lo dispuesto en el apartado anterior (artículo 9 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. Los actos de particulares en fraude del mencionado precepto no impedirán la debida aplicación del mismo.
Artículo 13. Acciones de protección del dominio público marítimo-terrestre.
La Administración General del Estado estará obligada a ejercer las acciones necesarias para la integridad y protección del dominio público marítimo-terrestre, no pudiendo allanarse a las demandas que afecten a la titularidad de los bienes que lo integran.
Sección 2.ª Potestades de la administración
Artículo 14. Potestades de la Administración General del Estado sobre los bienes de dominio público marítimo-terrestre.
1. La Administración General del Estado tiene el derecho y el deber de investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre, a cuyo efecto podrá recabar todos los datos e informes que considere necesarios y promover la práctica del correspondiente deslinde.
2. Asimismo tendrá la facultad de recuperación posesoria, de oficio y en cualquier tiempo, sobre dichos bienes según el procedimiento establecido en el artículo 16 de este reglamento.
3. No se admitirán medidas cautelares contra las resoluciones dictadas por la Administración General del Estado en ejercicio de las competencias configuradas en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de acuerdo con el procedimiento establecido (artículo 10 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 15. Procedimiento de investigación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre.
1. La potestad de investigación se ejercerá por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de oficio o a instancia de cualquier persona, a la que se notificará, en su caso, la incoación del expediente.
2. Iniciado el expediente de investigación, el Servicio Periférico de Costas practicará las pruebas que considere pertinentes para la constatación de las características físicas y de la situación jurídica de los bienes investigados, pudiendo abrir, si lo considera oportuno, un periodo de información pública por el plazo de un mes. Por causas excepcionales debidamente motivadas dicho plazo podrá reducirse hasta los 15 días.
3. Concluida la investigación se adoptará la resolución que resulte procedente entre las siguientes:
a) Promover expediente de recuperación posesoria.
b) Iniciar el correspondiente deslinde.
c) Archivar las actuaciones.
Dicha resolución habrá de ser en todo caso motivada y comunicada a la persona que instara su inicio, en su caso.
Artículo 16. Procedimiento de recuperación posesoria de los bienes de dominio público marítimo-terrestre.
1. La potestad de recuperación posesoria se ejercerá por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de oficio o a instancia de cualquier persona.
2. Dicha potestad podrá ejercerse en todo caso respecto de bienes incluidos en el dominio público en virtud de deslinde. Cuando no exista deslinde solo podrá referirse a porciones del dominio público marítimo-terrestre, respecto de las que pueda acreditarse de forma plena e indubitada su carácter demanial.
3. Iniciado el expediente mediante acuerdo del Servicio Periférico de Costas, se notificará al ocupante para que en el plazo de ocho días alegue cuanto estime conveniente en su defensa.
4. La resolución y ejecución corresponderá al Servicio Periférico de Costas, que podrá solicitar del Delegado o Subdelegado del Gobierno la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cuando sea necesario el desahucio se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 108 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 218 de este reglamento.
5. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la imposición de las sanciones administrativas que puedan resultar procedentes y de que la usurpación se ponga en conocimiento de la autoridad judicial cuando presente indicios racionales de ser susceptible de responsabilidad criminal.
CAPÍTULO III
Deslindes
Sección 1.ª Objeto y principios generales
Artículo 17. Determinación del dominio público marítimo-terrestre.
1. Para la determinación del dominio público marítimo-terrestre se practicarán por la Administración General del Estado los oportunos deslindes, ateniéndose a las características de los bienes que la integran conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento.
2. Practicado el deslinde, la Administración General del Estado deberá inscribir los bienes de dominio público marítimo-terrestre, de acuerdo con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (artículo 11 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente llevará el archivo actualizado de documentos y planos de los deslindes del dominio público marítimo-terrestre, con fichas individuales, que podrán sustituirse por un banco de datos susceptible de tratamiento informático, que contendrán los emplazamientos y clases de bienes que lo integran. Dicho instrumento será público para aquellos datos que deban tener esa naturaleza en aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
4. En los puertos e instalaciones portuarias, cualquiera que sea su titularidad, se practicará el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, con sujeción a lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento, sea o no coincidente con la delimitación de la zona de servicio portuaria. La definición de la zona de servicio se ajustará a lo dispuesto en la legislación específica aplicable.
Artículo 18. Determinación del límite del dominio público marítimo-terrestre.
1. El deslinde determinará siempre el límite interior del dominio público marítimo-terrestre, sin perjuicio de que se puedan delimitar también las distintas clases de pertenencias que lo integran. Cuando el mencionado límite interior no coincida con el de la ribera del mar, se fijará en el plano, en todo caso, el de esta última, además de aquel. No obstante, el amojonamiento solo reflejará el límite interior del dominio público.
2. En el plano correspondiente se fijará el límite del dominio público mediante una línea poligonal que una los distintos puntos utilizados como referencia, rectificando, en su caso, las curvas naturales del terreno.
3. En el mismo plano se señalará siempre el límite interior de la zona de servidumbre de protección.
Sección 2.ª Procedimiento
Artículo 19. Incoación.
1. El deslinde se incoará de oficio o a petición de cualquier interesado, y será aprobado por la Administración General del Estado. El plazo para notificar la resolución de los procedimientos de deslinde será de veinticuatro meses desde la fecha de publicación del acuerdo de incoación del expediente de deslinde (artículo 12.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. En caso de iniciación a instancia de parte, esta deberá abonar las tasas que correspondan. Estos deslindes se tramitarán con carácter preferente.
3. A efectos de la incoación del expediente, el Servicio Periférico de Costas remitirá a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar una propuesta que contendrá un plano de delimitación provisional del dominio público y de la zona de servidumbre de protección, acompañada de cuantas fotografías y datos sean necesarios para la justificación de la propuesta.
A la vista de dicha propuesta, se ordenará, si se estima procedente, la incoación del expediente.
Artículo 20. Efectos de la incoación.
1. La incoación del expediente de deslinde facultará a la Administración General del Estado para realizar o autorizar, incluso en terreno privado, trabajos de toma de datos y apeos necesarios, sin perjuicio de las indemnizaciones que sean procedentes por los daños y perjuicios causados y a resultas del deslinde que se apruebe definitivamente (artículo 12.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. El acuerdo de incoación del expediente de deslinde implicará la suspensión del otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre y en su zona de servidumbre de protección, a cuyo efecto deberá publicarse acompañada de plano en que se delimite provisionalmente la superficie estimada de aquél y de ésta (artículo 12.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Esta suspensión no se aplicará al otorgamiento de concesiones y autorizaciones para ocupación de bienes que tengan el carácter indubitado de dominio público marítimo-terrestre.
La resolución del expediente de deslinde llevará implícito el levantamiento de la suspensión.
3. No obstante, podrán realizarse, previa autorización de la Administración General del Estado o por ésta, obras de emergencia para prevenir o reparar daños conforme al artículo 9.6 de este reglamento.
4. Las facultades que el presente artículo atribuye a la Administración General del Estado se ejercerán por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través del Servicio Periférico de Costas.
Artículo 21. Procedimiento.
1. En el procedimiento serán oídos los propietarios que se encuentren incluidos en el dominio público marítimo terrestre y los colindantes, previa notificación, así como las personas que acrediten la condición de interesados, teniendo tal consideración las organizaciones legitimadas al amparo del artículo 2.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio.
2. El Servicio Periférico de Costas, una vez elaborado el plano de delimitación provisional de la zona de dominio público y de la de servidumbre de protección, y obtenidos de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro los planos catastrales y las certificaciones catastrales descriptivas y gráficas de los inmuebles afectados, donde consten la referencia catastral y los datos de identificación de los titulares catastrales y colindantes, procederá en el plazo de quince días desde la incoación del expediente a:
a) La publicación del anuncio de incoación del expediente en el Boletín Oficial de la Provincia, en su propio tablón de anuncios y en un diario de los de mayor circulación en la provincia, así como en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con el fin de que, en el plazo de un mes, cualquier interesado pueda comparecer en el expediente, examinar el plano de delimitación provisional de la zona de dominio público y de la de servidumbre de protección y formular las alegaciones que considere oportunas.
b) La solicitud de informe a la comunidad autónoma y al Ayuntamiento respectivos, remitiéndoles a tal efecto copia de los planos de emplazamiento y delimitación provisional del dominio público y de la zona de servidumbre de protección y de la documentación catastral. Transcurrido el plazo de un mes sin que se reciba el informe se entenderá que es favorable. En la solicitud que se curse al Ayuntamiento se incluirá la petición de suspensión cautelar del otorgamiento de licencias de obra en el ámbito afectado por el deslinde.
c) La notificación al Registro de la Propiedad del acuerdo de incoación del expediente de deslinde, acompañado del plano del área a deslindar y de la relación de propietarios, interesando la certificación de dominio y cargas de las fincas inscritas a nombre de los propietarios incluidos en el expediente y de cualesquiera otras que colinden o intersecten con el dominio público marítimo-terrestre, según resulten del plano aportado y de los planos catastrales, así como la constancia de la incoación del expediente en el folio de cada una de ellas.
Dicha certificación habrá de expedirse en el plazo de un mes, prorrogable hasta un máximo de dos meses por causa justificada y previa petición del registrador de la propiedad.
El plano del área afectada por el deslinde deberá constar debidamente georreferenciado, con identificación de las parcelas, acompañándose de la referida documentación catastral a fin de que el Registrador de la Propiedad, al expedir la certificación, verifique la correspondencia de dicha relación de propietarios con el contenido de los asientos registrales o ponga de manifiesto las discrepancias que resulten de los mismos. Si en el expediente se incluyesen fincas no inscritas, el Servicio Periférico de Costas podrá solicitar simultáneamente que con carácter previo se tome anotación preventiva por falta de inscripción previa.
3. Con carácter simultáneo a la expedición de la referida certificación, el Registrador extenderá nota marginal en el folio de las fincas de las que certifique, en la que hará constar:
a) La iniciación del expediente de deslinde, con indicación de los datos que permitan su identificación así como la fecha del acuerdo de incoación del deslinde y de su publicación.
b) La expedición de la certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas por el deslinde.
c) La advertencia de que dichas fincas pueden quedar afectadas por el deslinde y en consecuencia ser incorporadas, en todo o en parte, al dominio público marítimo-terrestre o resultar incluidas total o parcialmente en la zona de servidumbre de protección o tránsito.
d) La circunstancia de que la resolución aprobatoria del procedimiento de deslinde servirá de título para rectificar las situaciones jurídico-registrales contradictorias con el deslinde.
Esta nota marginal se cancelará al practicar la inscripción o anotación de la resolución por la que se aprueba el expediente de deslinde. Igualmente podrá cancelarse a solicitud del Servicio Periférico de Costas o por resolución judicial, y en cualquier caso por caducidad, una vez transcurridos tres años desde su fecha, si bien podrá solicitarse la prórroga de su vigencia por un plazo máximo de otros tres años, que habrá de hacerse constar en el folio por nota marginal con anterioridad a la expiración del plazo inicial.
Todas las comunicaciones y remisión de documentos e información entre los Servicios Periféricos de Costas y el Registro de la Propiedad se realizarán preferentemente por medios electrónicos a través de la Sede Electrónica de los Registros.
4. En todo caso, se garantizará la adecuada coordinación entre los planos topográficos empleados en la tramitación del procedimiento y la cartografía catastral.
5. Cuando el deslinde afecte al dominio público portuario estatal, se remitirá el expediente de deslinde, antes de su aprobación, al Ministerio de Fomento para que, en el plazo de dos meses, emita un informe sobre las materias que afecten a sus competencias. En caso de discrepancia entre ambos Ministerios sobre el deslinde del dominio público portuario, decidirá el Consejo de Ministros (artículo 12.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 22. Apeo del deslinde.
Obtenida la información a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, el Servicio Periférico de Costas citará sobre el terreno, con una antelación mínima de diez días, conjuntamente o agrupados por tramos del deslinde, a los propietarios que se encuentren incluidos en el dominio público marítimo terrestre y los colindantes, individualmente o a los representantes de las comunidades de propietarios cuando estuvieran constituidos, y a los que hayan acreditado su condición de interesados personándose en el expediente de deslinde, teniendo tal consideración las organizaciones legitimadas al amparo del artículo 2.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, así como al Ayuntamiento y a la comunidad autónoma correspondientes, para mostrarles la delimitación provisional del dominio público mediante su apeo, pudiendo dicho Servicio levantar acta. Los propietarios e interesados que en cualquier caso podrán concurrir al acto de apeo y alegar lo que proceda, dispondrán de un plazo de quince días para formular alegaciones y proponer motivadamente una delimitación alternativa.
Artículo 23. Nuevas fincas registrales afectadas por el deslinde.
1. Si durante la tramitación del expediente se tuviera conocimiento de la existencia de nuevas fincas registrales afectadas por el deslinde, no incluidas en la certificación, se solicitará del registrador que proceda a la expedición de certificación de dominio y cargas de las mismas y a extender en el folio de la finca la nota marginal prevista en el artículo 21.3 de este reglamento.
2. Dicha actuación podrá ser practicada igualmente de oficio, cuando la omisión de la finca afectada en la certificación expedida para la incoación del expediente de deslinde sea apreciada por el propio registrador de la propiedad, circunstancia que será notificada tanto al Servicio Periférico de Costas, como a todos los titulares que tengan algún derecho inscrito, en la forma establecida en el artículo 31.2.b) de este reglamento, al objeto de que puedan comparecer en el expediente, debiendo quedar constancia en el folio registral de la práctica de dichas notificaciones.
3. En toda información registral referida a fincas que, según la cartografía catastral, intersecten o colinden con el dominio público marítimo terrestre, se pondrá de manifiesto tal circunstancia como información territorial asociada y se incluirán los datos identificativos del expediente de deslinde cuando conste su iniciación por nota indicativa y los efectos que pueden derivarse del mismo.
Dicha información habrá de ser igualmente consignada en las notas de calificación o despacho respecto de los documentos que se presenten con posterioridad a la nota marginal de la incoación del expediente de deslinde.
La misma publicidad se producirá respecto a fincas afectadas por la zona de servidumbre de protección y tránsito.
Artículo 24. Proyecto de deslinde.
1. Practicadas las actuaciones previstas en los artículos 21, 22 y 23 de este reglamento, el Servicio Periférico de Costas formulará el proyecto de deslinde, que comprenderá:
a) Memoria, con descripción de las actuaciones practicadas e incidencias producidas y con justificación de la línea de deslinde propuesta y demás delimitaciones previstas en el artículo 18 de este reglamento, en función de aquellas y de los informes emitidos y alegaciones presentadas.
b) Planos topográficos a escala no inferior a 1/1.000, con el trazado de la línea de deslinde y las delimitaciones indicadas, debidamente recogidas en los planos catastrales.
c) Pliego de condiciones para el replanteo y posterior amojonamiento del deslinde.
d) Presupuesto estimado.
2. El proyecto y su ejecución deberán cumplir las instrucciones técnicas que, en su caso, se aprueben por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, incluyendo los modelos de hitos de deslinde y de otras señales o referencias.
3. El expediente de deslinde, con el proyecto y el acta de replanteo, será elevado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su aprobación mediante orden ministerial.
Artículo 25. Modificación sustancial del proyecto de deslinde.
Cuando el proyecto de deslinde suponga modificación sustancial de la delimitación provisional realizada previamente, se abrirá un nuevo periodo de información pública y de los organismos anteriormente indicados, que se tramitará simultáneamente con la audiencia, previa notificación, a los propietarios que se encuentren incluidos en el dominio público marítimo terrestre y los colindantes, así como a los que hayan acreditado su condición de interesados, personándose en el expediente, teniendo tal consideración las organizaciones legitimadas al amparo de artículo 2.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio.
El registrador de la propiedad procederá en la forma establecida en el artículo 21.2.c) y 3, en relación con las fincas que resulten afectadas por la modificación.
Artículo 26. Aprobación del deslinde.
1. La orden de aprobación del deslinde deberá especificar los planos que se aprueban, que han de permitir georreferenciar en la cartografía catastral el límite interior del dominio público marítimo-terrestre, así como el de la ribera del mar cuando no coincida con aquel. Además, se hará constar la geolocalización de las servidumbres impuestas a los terrenos colindantes.
2. Dicha orden se notificará a los propietarios que se encuentren incluidos en el dominio público marítimo terrestre y los colindantes, y a quienes hayan comparecido en el expediente acreditando su condición de interesados, teniendo tal consideración las organizaciones legitimadas al amparo del artículo 2.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, así como a la comunidad autónoma, al ayuntamiento, al Catastro y al Registro de la Propiedad, y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» no incluirá necesariamente los planos del deslinde, pero indicará el modo en que estos son accesibles.
3. La notificación al Registro de la Propiedad se llevará a efecto preferentemente mediante documento electrónico que comprenda la base grafica del plano de deslinde, al objeto de su incorporación al sistema informático registral para la identificación de las fincas sobre la cartografía catastral, practicándose los asientos que procedan en la forma establecida en el artículo 31 de este reglamento. Será título inscribible la certificación de la resolución por la que se apruebe el expediente de deslinde, expedida por el órgano competente, en la que se han de relacionar las fincas que resulten afectadas. Igualmente deberá constar la forma en la que se ha realizado la notificación del expediente de deslinde a todos los propietarios e interesados a que se hace referencia en el artículo 21.1 de este reglamento. La comunicación al Catastro se realizará de acuerdo con lo dispuesto por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Artículo 27. Revisión del deslinde.
1. Los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo-terrestre. La incoación del expediente de deslinde tendrá los efectos previstos en el artículo 12 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. La revisión del deslinde se tramitará de conformidad con lo previsto en esta sección.
a) Los deslindes de zona marítimo-terrestre vigentes se revisarán en caso de que, aplicando los criterios indicados en el artículo 4.a) de este reglamento, con datos obtenidos a partir de la entrada en vigor del presente reglamento, la línea de la zona marítimo-terrestre resultante quede ubicada tierra adentro de la vigente, pasando los terrenos inundados a formar parte del dominio público marítimo-terrestre.
b) Igualmente se revisarán los deslindes de zona marítimo-terrestre vigentes, desplazando dicho límite hacia el mar, si se demuestra que un temporal, con periodo de retorno de 50 años, no alcanza el límite fijado en dicho deslinde Para dicho cálculo no se tendrán en cuenta las obras que hayan podido realizarse para disminuir el alcance del oleaje.
c) En los supuestos de incorporación de terrenos previstos en los apartados 7 y 8 del artículo 5 de este reglamento y en los de desafectación recogidos en el artículo 38 de este reglamento, no será necesario tramitar un nuevo deslinde, sino que será suficiente con rectificar el deslinde existente con información pública y solicitud de informes al Ayuntamiento y la comunidad autónoma, de forma que se adapte la línea definitoria del dominio público marítimo-terrestre al resultado de tales mutaciones demaniales.
d) El acuerdo de iniciación de revisión del deslinde se notificará al Registro de la Propiedad al objeto de que se expida certificación y extienda la nota marginal, de acuerdo con el artículo 21.2.c) y 3 de este reglamento, practicándose la inscripción o anotación de la resolución aprobatoria de la revisión, de acuerdo con el artículo 26.3 de este reglamento.
2. Los titulares de los terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al dominio público marítimo-terrestre pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento, a cuyo efecto la Administración otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia expresa del interesado.
La concesión se otorgará por setenta y cinco años, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon. Dicha orden se notificará a los interesados que hayan comparecido en el expediente, así como a la comunidad autónoma, al ayuntamiento, a la Dirección General del Catastro, para la incorporación de la alteración sobre la titularidad de los inmuebles correspondientes, y al Registro de la Propiedad.
El plazo de la concesión otorgada computará a partir de la fecha en que se practicó el deslinde. Esta misma fecha será la que se tenga en cuenta para el reconocimiento de los usos y aprovechamientos existentes.
3. Los titulares de las obras e instalaciones que, tras la revisión del deslinde, se incorporen al dominio público marítimo-terrestre o a la zona de servidumbre de protección, podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie.
A estos efectos, se entenderá por obras de reparación, mejora, consolidación y modernización aquellas que se definen en la disposición transitoria decimocuarta.2 de este reglamento.
Estas obras deberán suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto y cuando les resulte aplicable, tendrán que obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes.
Asimismo, en estas obras, cuando proceda, se emplearán los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.
4. Las circunstancias a las que se refiere el apartado anterior deberán acreditarse ante el Servicio Periférico de Costas o ante la Administración Autonómica, según se ubiquen en dominio público marítimo-terrestre o servidumbre de protección, mediante una declaración responsable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con carácter previo a la autorización urbanística que proceda. En caso de que las obras o instalaciones afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá que, con carácter previo, la Administración General del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria decimocuarta, apartado 5, de este reglamento. Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, excepto en los supuestos previstos en la disposición transitoria decimocuarta, apartado 1.b, de este reglamento. Si en dicho plazo no se emitiera, se entenderá que tiene carácter favorable.
La declaración responsable deberá contener, al menos, la documentación acreditativa de la personalidad del peticionario y la declaración expresa de que las obras a realizar cumplen lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento.
Artículo 28. Requisitos para la inscripción de las declaraciones de obra nueva.
Con independencia de lo dispuesto en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y de las autorizaciones recogidas en los artículos 49.4 y 51.3 de este reglamento, para la inscripción en el Registro de la Propiedad de las declaraciones de obra nueva y sus modificaciones en las zonas de dominio público marítimo-terrestre y de servidumbre de protección, en los supuestos legalmente admitidos, habrá de acreditarse la presentación de la declaración responsable recogida en el artículo anterior, o el título necesario, salvo que tal extremo resulte de la licencia urbanística que autorice la construcción o la adecuación del uso al destino previsto en la norma de planeamiento. Tratándose de edificaciones o construcciones ubicadas en la servidumbre de transito será exigible el informe favorable, en los términos previstos en el artículo anterior, salvo que se acredite su obtención por silencio o resulte de la propia licencia de edificación.
Artículo 29. Terrenos en situación de regresión grave.
1. La Administración General del Estado podrá declarar en situación de regresión grave aquellos tramos del dominio público marítimo-terrestre en los que se verifique un retroceso de la línea de orilla superior a 5 metros al año, en cada uno de los últimos cinco años, siempre que se estime que no puedan recuperar su estado anterior por procesos naturales.
Se entenderá por línea de orilla la línea de corte del plano de pleamar máxima viva equinoccial con el terreno.
2. En los terrenos declarados en situación de regresión grave no podrá otorgarse ningún nuevo título de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
3. Excepcionalmente, y en las zonas en las que no exista riesgo cierto de inundación en los próximos cinco años, la declaración podrá prever motivadamente que se otorguen derechos de ocupación destinados a servicios públicos acordes con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. Estas ocupaciones no podrán otorgarse por un plazo que exceda de cinco años, prorrogables por períodos iguales dentro del máximo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio.
4. Las construcciones amparadas por un derecho de ocupación, existentes en los terrenos declarados en situación de regresión grave, se mantendrán, siempre que el mar no les alcance o exista riesgo cierto de que lo haga, en los términos de este artículo.
En caso contrario, el derecho de ocupación se extinguirá de acuerdo con lo previsto en el artículo 78 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 163 de este reglamento.
5. En los terrenos declarados en situación de regresión grave, la Administración General del Estado podrá realizar actuaciones de protección, conservación o restauración. En este caso podrá imponer contribuciones especiales de acuerdo con lo previsto en el artículo 87 bis de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
6. La declaración de situación de regresión grave se hará por orden ministerial, previo sometimiento al trámite de información pública así como a informe de la comunidad autónoma y ayuntamientos correspondientes y trámite de alegaciones de quienes acrediten la condición de interesado personándose en el expediente. La orden ministerial se publicará en el Boletín Oficial del Estado, así como en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Del mismo modo, se dará traslado de dicha Orden al Registro de la Propiedad, preferentemente mediante documento electrónico que comprenda la base gráfica del tramo declarado en regresión, al objeto de su incorporación al sistema informático registral sobre la cartografía catastral, dándose publicidad de esta limitación como información territorial asociada.
7. Si las circunstancias que motivaron la declaración de situación de regresión grave desaparecieran, por orden ministerial se podrá revocar tal declaración, cesando todos sus efectos.
Sección 3.ª Efectos
Artículo 30. Efectos del deslinde.
1. El deslinde aprobado, al constatar la existencia de las características físicas relacionadas en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y concordantes de este reglamento, declara la posesión y la titularidad dominical a favor del Estado, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados (artículo 13.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. La aprobación del deslinde llevará implícita el levantamiento de la suspensión del otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre y en su zona de servidumbre de protección, conforme a lo previsto en los artículos 12.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 20.2 de este reglamento.
3. También llevará implícita la cancelación de las notas marginales practicadas en el Registro de la Propiedad con motivo del deslinde, relativas a fincas o a la parte de las mismas que no hayan resultado incluidas en el dominio público marítimo-terrestre en virtud de aquel, la cual se llevará a efecto bien mediante certificación expedida por el Servicio Periférico de Costas, con referencia expresa a la situación de la finca en relación con las servidumbres de protección y tránsito, bien al practicar la inscripción o anotación de la resolución de aprobación del deslinde.
4. El amojonamiento se hará mediante la colocación de hitos que permitan identificar sobre el terreno el límite interior perimetral del dominio público marítimo-terrestre. Los hitos se sustituirán por otras señales o referencias que hagan posible dicha identificación, cuando así lo aconsejen las circunstancias físicas de su lugar de ubicación.
Artículo 31. Rectificación de las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde.
1. La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar, en la forma y condiciones que se determinan en este artículo, las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. Dicha resolución será título suficiente, asimismo, para que la administración proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público. En todo caso los titulares inscritos afectados podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos, siendo susceptible de anotación preventiva la correspondiente reclamación judicial (artículo 13.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Para la rectificación de las inscripciones registrales contradictorias sobre bienes y derechos afectados por un deslinde aprobado tras la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, y cuyos titulares hayan sido incluidos en el expediente y notificados del mismo o bien hayan adquirido con posterioridad a la nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas de las fincas inscritas a que se refiere el artículo 21. 3 de este reglamento, se aplicará el siguiente procedimiento:
a) La aprobación del deslinde será título suficiente para su anotación preventiva, con indicación de la naturaleza del dominio público de los bienes o parte de los mismos incluidos en aquél. Dicha anotación tendrá un plazo de vigencia de cinco años y no impedirá la práctica de asientos posteriores, si bien en todo caso los mismos quedarán supeditados a las resultas de la firmeza del deslinde, extremo que será consignado expresamente en el asiento que se practique y advertido por el registrador de la propiedad en toda la información registral que emita, así como en las notas de despacho o calificación que extienda.
b) La práctica de dicha anotación se notificará por el Registrador de la propiedad a los titulares de dominio y demás derechos inscritos que puedan resultar afectados, mediante comunicación dirigida al domicilio que conste en el expediente o en el registro, y de no ser conocido o resultar infructuosa, a través del boletín oficial de la provincia, insertando además edictos en el tablón de anuncios del Registro de la Propiedad y en el Ayuntamiento respectivo, así como en la sede electrónica de los registros. La práctica de la notificación se hará constar por nota marginal en la finca afectada.
c) Si en el plazo de cinco años y un mes desde la fecha de aprobación del deslinde no se produce el acceso al registro de las anotaciones preventivas de demandas derivadas de las acciones promovidas por los titulares inscritos, la anotación del deslinde se convertirá directamente en inscripción definitiva de dominio, debiendo proceder de oficio el registrador de la propiedad a la rectificación o cancelación de las inscripciones existentes contradictorias con el dominio público, conforme a lo previsto en la legislación hipotecaria. En otro caso se estará al resultado del juicio correspondiente, quedando automáticamente prorrogada la vigencia de la anotación preventiva de deslinde hasta la conclusión del mismo, una vez se haya tomado anotación de la demanda interpuesta.
3. Tratándose de inscripciones contradictorias sobre fincas que, no obstante estar afectadas por un expediente de deslinde, no se haya hecho constar, por cualquier circunstancia, la incoación del mismo por nota marginal, así como la expedición de la correspondiente certificación de titularidad y cargas, a los efectos de su notificación por la administración, solo procederá su cancelación si media el consentimiento del titular registral o resolución judicial firme, salvo que se acredite su intervención en el procedimiento o la notificación personal en tiempo del mismo, de modo que haya podido ejercer sus derechos en la forma prevista legalmente, exigencia que es igualmente aplicable para los titulares de derechos constituidos sobre la finca y que hayan de cancelarse por ser incompatibles con el dominio público.
4. Para la inmatriculación de bienes de dominio público marítimo-terrestre en el Registro de la Propiedad se estará a lo previsto en la legislación hipotecaria, siendo la resolución aprobatoria del deslinde, acompañada del correspondiente plano individualizado de la finca, título suficiente para practicarla, sin necesidad de ningún trámite adicional posterior.
5. Las fincas que, a resultas del expediente de deslinde, hayan de ser incorporadas al dominio público marítimo-terrestre, se inscribirán a favor del Estado conforme a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
Artículo 32. Prescripción de las acciones civiles sobre derechos relativos a terrenos incluidos en el dominio público deslindado.
Las acciones civiles sobre derechos relativos a terrenos incluidos en el dominio público deslindado prescriben a los cinco años, computados a partir de la fecha de la aprobación del deslinde (artículo 14 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Sección 4.ª Inmatriculación de fincas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre
Artículo 33. Inmatriculación e inscripción de los excesos de cabida en fincas situadas en la zona de servidumbre de protección.
1. El registrador denegará en todo caso la inmatriculación o la inscripción del exceso de cabida solicitado cuando la zona del dominio público marítimo terrestre con la que intersecte la finca sea la resultante de un expediente de deslinde ya aprobado e inscrito o anotado en el Registro de la Propiedad.
2. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar trasladará a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para su incorporación al Sistema Informático Registral, la representación grafica georreferenciada en la cartografía catastral, tanto de la línea de dominio público marítimo terrestre, como de las servidumbres de transito y protección. Dicha información gráfica será suministrada en soporte electrónico.
Únicamente se procederá a la inmatriculación o inscripción de excesos de cabida respecto de fincas que intersecten con la zona de servidumbre de protección, cuando se acredite en el procedimiento registral la no colindancia o invasión del dominio público marítimo-terrestre, conforme a lo establecido en esta Sección.
Artículo 34. Comprobaciones registrales previas a la inmatriculación o inscripción del exceso de cabida de las fincas situadas en servidumbre de protección y su descripción registral.
1. El registrador de la propiedad, salvo que justifique las razones por las que no es posible, ha de proceder a identificar gráficamente las fincas que intersecten con la zona de servidumbre de protección y a verificar que no colindan o invaden el dominio público marítimo terrestre, como requisito previo a la práctica de la inmatriculación o exceso de cabida solicitada. Cuando alguna finca colinde o intersecte con la zona de dominio público marítimo terrestre, conforme a la representación grafica suministrada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y cuyo deslinde no figure inscrito o anotado, el registrador suspenderá la inscripción solicitada y lo comunicará el mismo día al Servicio Periférico de Costas, así como al presentante y al titular, tomando en su lugar anotación preventiva de la suspensión por noventa días y reflejando por nota marginal la fecha de la recepción de dicha notificación en el Servicio Periférico de Costas.
El Servicio Periférico de Costas expedirá certificación en el plazo de un mes desde la recepción de la petición del registrador, pronunciándose sobre si la finca objeto de anotación invade el dominio público marítimo terrestre, e incorporando el plano catastral de la finca que determine su relación con la línea del dominio público marítimo terrestre y las servidumbres de protección y tránsito. Transcurrido dicho plazo sin que se haya recibido contestación, se procederá a la conversión de la anotación en inscripción, extremo que se notificará al Servicio Periférico de Costas, dejando constancia de tal actuación en el folio de la finca.
Cuando la certificación resulte la invasión del dominio público marítimo-terrestre, el registrador denegará la inscripción del título y cancelará la anotación preventiva de suspensión.
2. Si la zona a la que se refiere la solicitud de inmatriculación o de inscripción del exceso de cabida no estuviera deslindada, se iniciará el correspondiente deslinde dentro de un plazo que no podrá ser superior a tres meses desde la correspondiente solicitud, quedando entre tanto en suspenso la inscripción solicitada.
El Servicio Periférico de Costas comunicará esta circunstancia al Registro de la Propiedad dentro del mes siguiente a la recepción de la petición del registrador y se prorrogará la anotación de suspensión hasta un máximo de cuatro años, con solicitud de la expedición de la certificación de titularidad y cargas a que se refiere el artículo 21.3 de este reglamento, lo que se reflejará por nota marginal, quedando el asiento practicado supeditado a la resolución del expediente de deslinde. Iniciado el expediente el Servicio Periférico de Costas notificará al registro la fecha del acuerdo de incoación y de su publicación, así como el plano con la delimitación provisional afectante a la finca, indicándose tales circunstancias por nota marginal tal como establece el artículo 21.3. El titular a cuyo favor resulte anotado el dominio habrá de ser notificado en el expediente de deslinde.
Igualmente se podrá tomar anotación preventiva de la suspensión, con los mismos efectos y vigencia, cuando el expediente se haya iniciado a solicitud del propietario, quien asumirá los costes del mismo. Será título formal para practicar la referida anotación, que deberá acompañar al título o documento cuya inscripción se solicite, la certificación expedida por el Servicio Periférico de Costas en la que consten los datos del expediente, la descripción de la finca afectada y su representación grafica conforme al plano provisional tenido en cuenta para la iniciación del expediente, debiendo proceder el registrador en la forma establecida en el artículo 21.2.c) y 3 de este reglamento.
4. El registrador, no obstante, practicará la inscripción solicitada cuando el Título presentado testimonie o se acompañe de certificación expedida por el Servicio Periférico de Costas, acreditando que la finca no invade el dominio público marítimo terrestre, reflejando mediante técnicas de geolocalización su situación con relación a la zona de dominio público y las servidumbres de protección y tránsito, siempre que ello no contradiga ningún asiento de deslinde inscrito o anotado, en cuyo caso será necesario proceder previa o simultáneamente a su rectificación conforme al procedimiento legalmente establecido.
Artículo 35. Descripción registral de las fincas que intersecten con la zona de servidumbre de tránsito o protección.
1. Tanto el título como la descripción registral de las fincas que intersecten con la zona de servidumbre de protección, contendrá expresa mención sobre su colindancia o no con respecto al dominio público marítimo-terrestre. Cuando la manifestación negativa vertida por las partes en el título sea coincidente con el contenido de la representación gráfica suministrada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el registrador llevará a efecto la inscripción solicitada, siempre que no tenga duda debidamente motivada sobre tal extremo, se trate de un tramo ya deslindado y el título incorpore el plano individualizado del deslinde de la finca totalmente coincidente con la descripción literaria de la misma, que permita su localización en la cartografía catastral.
2. Cuando el título presentado no contenga referencia alguna a la colindancia de la finca con la zona de dominio público marítimo-terrestre, el registrador, una vez identificada gráficamente la misma, procederá a practicar la inscripción solicitada en los términos que resultan del apartado anterior, siempre que resulte acreditada la no colindancia o intersección con el dominio público marítimo-terrestre. Cuando según la documentación aportada al Registro de la Propiedad no sea posible la identificación gráfica de la finca en la cartografía catastral o existan dudas razonadas sobre su ubicación real, que deberá ser debidamente motivado por el registrador, éste suspenderá la inscripción y notificará tal circunstancia al titular para que pueda comparecer en el procedimiento registral durante los diez días siguientes a la recepción de la notificación, y hacer las manifestaciones y aportación de documentos que procedan en relación con la identificación gráfica de la finca.
Determinada la no colindancia con el dominio público marítimo-terrestre, se practicará la inscripción en la forma establecida en el párrafo anterior. En caso contrario, se tomará anotación preventiva de la suspensión y se notificará al Servicio Periférico de Costas en la forma establecida en el artículo 34.1 de este reglamento.
3. Siempre que el título registral contenga la indicación de que la finca linda con el mar, la colindancia se entenderá referida al límite interior de la ribera del mar, incluso en los casos de exceso de cabida.
4. En el caso de que el dominio público marítimo-terrestre incluya alguna pertenencia distinta de la ribera del mar, la colindancia a que se refiere el párrafo anterior se entenderá que lo es con respecto al límite interior de dicho dominio.
5. Si de la identificación de la finca, conforme a lo dispuesto en el apartado 1, resultara que esta se ubica en las zonas de servidumbre de tránsito o protección, se practicará la inscripción, indicando tal circunstancia, salvo que se trate de un acto o negocio que vulnere las limitaciones a que están afectas estas zonas.
6. Lo dispuesto en los artículos anteriores se aplicará igualmente a los excesos de cabida, salvo que se trate de fincas de linderos fijos o de tal naturaleza que excluyan la posibilidad de invasión del dominio público marítimo-terrestre.
Artículo 36. Normas aplicables a las segundas y posteriores inscripciones.
En relación con las segundas y posteriores inscripciones sobre fincas que intersecten o colinden con el dominio público marítimo-terrestre, se aplicaran las siguientes reglas:
1.ª El registrador denegará la práctica de cualquier asiento cuando la finca intersecte con el dominio público marítimo-terrestre a resultas de expediente de deslinde inscrito o anotado en el Registro de la Propiedad sobre otras fincas incluidas en la misma zona deslindada, actuación que será comunicada al Servicio Periférico de Costas, para que proceda a solicitar la rectificación de los asientos contradictorios con el mismo.
2.ª Si la finca intersecta o colinda con una zona de dominio público marítimo-terrestre conforme a la representación grafica suministrada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el registrador suspenderá la inscripción solicitada y tomará anotación preventiva por noventa días, notificando tal circunstancia al Servicio Periférico de Costas para que, en el plazo de un mes desde la recepción de la petición, certifique si la finca invade el dominio público marítimo-terrestre y su situación en relación con las servidumbres de protección y transito. Transcurrido dicho plazo sin recibir la referida certificación, el registrador convertirá la anotación de suspensión en inscripción de dominio, lo que notificará al servicio periférico de costas, dejando constancia en el folio de la finca.
3.ª Cuando de la certificación resulte que la finca intersecta con el dominio público marítimo-terrestre según deslinde ya aprobado por orden ministerial, el registrador denegará la inscripción solicitada y cancelará la anotación de suspensión, debiendo procederse por el Servicio Periférico de Costas a solicitar la anotación de la resolución aprobatoria de deslinde.
4.ª Cuando la finca intersecte o colinde, según la certificación, con zonas de dominio público marítimo-terrestre pendientes de deslinde, el registrador practicará la inscripción solicitada y lo comunicará al Servicio Periférico de Costas, dejando constancia de ello por nota marginal en el folio real, haciendo constar, tanto en el asiento practicado como en la nota de despacho, que el mismo queda supeditado a las resultas del expediente de deslinde. Caso de estar ya iniciado el deslinde, el Servicio Periférico de Costas solicitará del registrador la expedición de certificación de titularidad y cargas y la constancia por nota marginal de todos los extremos recogidos en el artículo 21.3. En otro caso, tales datos se le notificarán una vez se haya acordado la iniciación del expediente.
5.ª Cuando la finca solo intersecte parcialmente con el dominio público marítimo-terrestre, las anteriores limitaciones solo procederán en la parte que resulte afectada, debiendo adecuarse la descripción del título al contenido de la resolución aprobatoria del deslinde, al objeto de proceder a la inscripción o anotación del dominio público marítimo-terrestre en favor del Estado.
6.ª El registrador de la propiedad, con ocasión de la emisión de cualquier forma de publicidad registral, informará en todo caso de la situación de la finca en relación con las servidumbres de protección y tránsito conforme a la representación gráfica obrante en el registro, suministrada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
CAPÍTULO IV
Afectación y desafectación
Artículo 37. Afectación de terrenos.
1. Los terrenos del Patrimonio del Estado colindantes con el dominio público marítimo-terrestre o emplazados en su zona de influencia que resulten necesarios para la protección o utilización de dicho dominio, serán afectados al uso propio del mismo, en la forma prevista en la legislación del Patrimonio del Estado. No se podrá proceder a su enajenación sin previa declaración de innecesariedad a los mencionados efectos (artículo 17 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. La declaración de innecesariedad se hará por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y deberá ser motivada.
Artículo 38. Desafectación de terrenos.
1. Solo podrá procederse a la desafectación de terrenos en el supuesto del apartado 5 del artículo 4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento, previo informe preceptivo del Ayuntamiento y de la comunidad autónoma afectados y previa declaración de innecesariedad a los efectos previstos en el artículo anterior.
La desafectación de bienes de dominio público marítimo-terrestre que tengan la consideración de dominio público portuario estatal se regirá por lo dispuesto en su legislación específica.
2. La declaración de innecesariedad para la protección o utilización del dominio público marítimo-terrestre tendrá carácter excepcional y sólo procederá en aquellos supuestos en que resulte inviable la recuperación de los terrenos o la utilización de los mismos para usos relacionados con la protección y utilización del dominio público marítimo-terrestre. Una vez declarada la innecesariedad de los terrenos podrá solicitarse su desafectación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los términos de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
La declaración de innecesariedad de bienes de dominio público marítimo-terrestre requerirá informe del Ministerio de Defensa en relación con los intereses públicos tutelados por dicho Ministerio.
3. La desafectación deberá ser expresa y antes de proceder a ella habrán de practicarse los correspondientes deslindes y cumplirse las restantes condiciones exigidas por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
4. La desafectación se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación patrimonial.
Artículo 39. Cesión gratuita de los terrenos desafectados.
Los terrenos desafectados conforme a lo previsto en el artículo anterior podrán ser objeto de cesión gratuita en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
TÍTULO II
Limitaciones de la propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar por razones de protección del dominio público marítimo-terrestre
CAPÍTULO PRIMERO
Objetivos y disposiciones generales
Artículo 40. Alcance de la protección del dominio público marítimo-terrestre.
La protección del dominio público marítimo-terrestre comprende la defensa de su integridad y de los fines de uso general a que está destinado; la preservación de sus características y elementos naturales y la prevención de las perjudiciales consecuencias de obras e instalaciones, en los términos de la Ley 22/1988, de 28 de julio (artículo 20 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 41. Limitaciones y servidumbres de los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre.
1. A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre estarán sujetos a las limitaciones y servidumbres que se determinan en el presente título, prevaleciendo sobre la interposición de cualquier acción. Las servidumbres serán imprescriptibles en todo caso.
2. Se exceptúan de esta sujeción los terrenos expresamente declarados de interés para la seguridad y la defensa nacional, conforme a su legislación específica.
3. Las disposiciones de este título tienen el carácter de regulación mínima y complementaria de las que dicten las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias (artículo 21 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 42. Disposiciones especiales para la protección de determinados tramos de costa.
1. Mediante orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se dictarán normas para la protección de determinados tramos de costa en desarrollo de lo previsto en los artículos 23, 25, 27.2, 28.1 y 29 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. Las órdenes contendrán como anexos los planos y demás información que se considere relevante para la identificación del ámbito afectado y, en general, para asegurar su eficacia.
2. La longitud de costa a incluir en las normas deberá referirse, como mínimo, a una unidad fisiográfica o morfológica relativa a la dinámica litoral o al territorio, respectivamente, o, en su caso, a uno o varios términos municipales colindantes completos.
Artículo 43. Consultas previas a las Comunidades autónomas y a los Ayuntamientos.
1. Antes de la aprobación definitiva de las normas a que se refiere el artículo anterior, se someterán a informe de las comunidades autónomas y de los Ayuntamientos a cuyo territorio afecten para que los mismos puedan formular las objeciones que deriven de sus instrumentos de ordenación aprobados o en tramitación. Cuando se observen discrepancias sustanciales entre el contenido de las normas proyectadas y las objeciones formuladas por las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, se abrirá un periodo de consulta entre las tres administraciones para resolver de común acuerdo las diferencias manifestadas (artículo 22.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Transcurrido tres meses sin que se alcance un acuerdo entre las Administraciones afectadas se podrá continuar con la tramitación de la norma.
2. Los informes a que se refiere el apartado anterior serán emitidos en el plazo de un mes.
CAPÍTULO II
Servidumbres legales
Sección 1.ª Servidumbre de protección
Artículo 44. Extensión de la zona de servidumbre de protección.
1. La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.
2. La extensión de esta zona podrá ser ampliada por la Administración General del Estado, de acuerdo con la comunidad autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, hasta un máximo de otros 100 metros, cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la servidumbre, en atención a las peculiaridades del tramo de costa de que se trate (artículo 23 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. La ampliación a que se refiere el apartado anterior será determinada en el procedimiento de deslinde o, previo informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por las normas de protección y por el planeamiento territorial o urbanístico.
4. La anchura de la zona de servidumbre de protección se reducirá en los casos a que se refieren el artículo 23.3 y la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y el artículo 44.7 y disposiciones transitorias octava y novena de este reglamento.
5. Los terrenos afectados por la modificación, por cualquier causa, de las zonas de servidumbre de tránsito y protección, incluyendo la variación de la delimitación de la ribera del mar, quedarán en situación análoga a la prevista en las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento, o quedarán liberados de dichas servidumbres, según sea el sentido que tenga dicha modificación.
En estos casos no será necesario tramitar un nuevo expediente de deslinde, sino uno de rectificación del existente, con información pública y solicitud de informes al Ayuntamiento y la comunidad autónoma.
La cesión al dominio público marítimo-terrestre de terrenos de propiedad particular que no reúnan las características recogidas en el artículo 3 de este reglamento se regulará por lo dispuesto en el apartado siguiente.
6. Las urbanizaciones marítimo-terrestres quedarán reguladas según lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y segunda de este reglamento.
La realización de otro tipo de obras, que den origen a la invasión por el mar o por las aguas de los ríos, hasta donde se haga sensible el efecto de las mareas, de terrenos que, con anterioridad a dichas obras, no sean de dominio público marítimo-terrestre, producirá los siguientes efectos:
a) El terreno invadido se incorporará al dominio público marítimo-terrestre.
b) La servidumbre de protección preexistente con anterioridad a las obras, mantendrá su vigencia.
c) En los terrenos que no sean objeto de la servidumbre a que se refiere la letra b) anterior no se generará una nueva servidumbre de protección en torno a los espacios invadidos, sino que, exclusivamente, será de aplicación, en ese caso, la servidumbre de tránsito.
d) En cualquier caso, dichas obras precisarán del correspondiente título administrativo para su realización.
7. En las márgenes de los ríos hasta donde sean sensibles las mareas la extensión de esta zona podrá reducirse por la Administración General del Estado, de acuerdo con la comunidad autónoma y Ayuntamiento correspondiente, hasta un mínimo de 20 metros, en atención a las características geomorfológicas, a sus ambientes de vegetación, y a su distancia respecto de la desembocadura conforme a los siguientes criterios (artículo 23.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio):
a) Sólo se podrá reducir la servidumbre de protección en aquellos terrenos que estén ubicados a más de 500 metros de la desembocadura a mar abierto más cercana.
b) No podrá aplicarse dicha reducción, cuando se trate de zonas sujetas a cualquier régimen de protección, zonas que contengan playas o zonas de depósito de arenas o zonas con vegetación halófila o subhalófila.
c) La servidumbre de protección reducida será como mínimo 5 veces la anchura del cauce, medida entre las líneas de ribera, hasta un máximo de 100 metros.
Artículo 45. Actuaciones no sujetas a autorización.
1. En los terrenos comprendidos en la zona afectada por la servidumbre de protección se podrán realizar, sin necesidad de autorización, cultivos y plantaciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
2. En los primeros 20 metros de esta zona se podrán depositar temporalmente objetos o materiales arrojados por el mar y realizar operaciones de salvamento marítimo.
Los daños que se ocasionen por las ocupaciones a que se refiere el párrafo anterior serán objeto de indemnización según lo previsto en la Ley de expropiación forzosa.
3. En dichos 20 metros están prohibidas las instalaciones a que se refieren los artículos 44.6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 96 de este reglamento.
Artículo 46. Prohibiciones en la zona de servidumbre de protección.
En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos:
a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación, incluyendo las hoteleras, cualquiera que sea su régimen de explotación. Se excluirán de esta prohibición las acampadas y los campamentos o campings debidamente autorizados con instalaciones desmontables.
Se entenderá por acampada la instalación de tiendas de campaña o de vehículos o remolques habitables. Se entenderá por campamento o camping la acampada organizada dotada de los servicios y suministros establecidos por la normativa vigente.
b) La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas cuyo trazado discurra longitudinalmente a lo largo de la zona de servidumbre de protección, quedando exceptuadas de dicha prohibición aquellas otras en las que su incidencia sea transversal, accidental o puntual y las de intensidad de tráfico superior a 500 vehículos/día de media anual en el caso de carreteras así como de sus áreas de servicio.
c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos naturales o no consolidados, entendiéndose por tales los lugares donde existen acumulaciones de materiales detríticos tipo arenas o gravas.
No se entenderá incluido en la prohibición de destrucción de yacimientos de áridos, el aprovechamiento de los mismos para su aportación a las playas.
d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión.
e) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración.
f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales.
No se considerarán incluidos en esta prohibición los supuestos del artículo 81.4 de este reglamento, siempre que sea compatible con la protección del dominio público marítimo-terrestre (artículo 25.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 47. Actuaciones sujetas a autorización.
1. Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquéllos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas.
2. La ejecución de terraplenes y desmontes deberá cumplir las siguientes condiciones para garantizar la protección del dominio público (artículo 25.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio):
a) Sólo podrá permitirse la ejecución de desmontes y terraplenes previa autorización.
b) Sólo podrá autorizarse cuando la altura de aquéllos sea inferior a 3 metros, no perjudique al paisaje y se realice un adecuado tratamiento de sus taludes con plantaciones y recubrimientos.
c) A partir de dicha altura, deberá realizarse una previa evaluación de su necesidad y su incidencia sobre el dominio público marítimo-terrestre y sobre la zona de servidumbre de protección.
3. La tala de árboles se podrá permitir siempre que sea compatible con la protección del dominio público, cuando exista autorización previa del órgano competente en materia forestal y no merme significativamente las masas arboladas, debiendo recogerse expresamente en la autorización la exigencia de reforestación eficaz con especies autóctonas, que no dañen el paisaje y el equilibrio ecológico.
4. Sólo se autorizarán los cerramientos relativos a:
a) Las paredes de las edificaciones debidamente autorizadas.
b) Los vallados perimetrales de cierre de parcelas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre, que se podrán ejecutar de conformidad con lo determinado en el planeamiento urbanístico municipal, con la salvedad de que solo podrán ser totalmente opacos hasta una altura máxima de un metro.
c) Los vinculados a las concesiones en dominio público marítimo-terrestre con las características que se determinen en el título concesional.
En todo caso deberá quedar libre la zona afectada por la servidumbre de tránsito.
Artículo 48. Autorización excepcional del Consejo de Ministros.
1. Excepcionalmente, y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros podrá autorizar las actividades e instalaciones a que se refieren las letras b) y d) del artículo 46 de este reglamento.
2. En la misma forma podrán ser autorizadas las edificaciones a que se refiere la letra a) del artículo 46 de este reglamento y las instalaciones industriales en la que no concurran los requisitos de los artículos 25.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 47.1 de este reglamento, que sean de excepcional importancia y que, por razones económicas justificadas, sea conveniente su ubicación en el litoral, siempre que en ambos casos se localicen en zonas de servidumbre correspondientes a tramos de costa que no constituyan playa ni zonas húmedas u otros ámbitos sujetos a cualquier régimen de protección (artículo 25.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. Las actuaciones que se autoricen conforme a lo previsto en este artículo deberán acomodarse al planeamiento urbanístico que se apruebe por las Administraciones competentes.
4. En aquellos casos en que la autorización por el Consejo de Ministros de las actividades o instalaciones a que se refiere este artículo se ampare en una competencia exclusiva del Estado o en los que el Consejo de Ministros haga uso de la facultad que le confiere la disposición adicional décima del texto refundido de la ley del suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, el acuerdo otorgando la autorización será título suficiente para iniciar la actuación de que se trate, sin perjuicio de la tramitación del expediente de modificación o revisión del planeamiento, que se iniciará simultáneamente.
Artículo 49. Autorizaciones de las comunidades autónomas.
1. Los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección estarán sujetos a autorización de la comunidad autónoma correspondiente, que se otorgará con sujeción a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en las normas que se dicten, en su caso, de conformidad con lo previsto en los artículos 22 de la citada Ley y 42 y 43 de este reglamento, pudiéndose establecer las condiciones que se estimen necesarias para la protección del dominio público.
2. Si la actividad solicitada estuviese vinculada directamente a la utilización del dominio público marítimo-terrestre será necesario, en su caso, disponer previamente del correspondiente título administrativo otorgado conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio (artículo 26 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. Las autorizaciones que se otorguen deberán respetar el planeamiento urbanístico en vigor. En defecto de ordenación, podrá condicionarse su otorgamiento a la previa aprobación del planeamiento.
4. No podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad las obras y construcciones realizadas en la zona de servidumbre de protección sin que se acredite la autorización a que se refiere este artículo. Para determinar si la finca está o no incluida en la zona, se aplicarán, con las variaciones pertinentes, las reglas establecidas en relación con las inmatriculaciones de fincas incluidas en la zona de servidumbre de protección.
Artículo 50. Informe previo de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
1. El órgano competente de la comunidad autónoma que tramite las solicitudes de autorización a que se refiere el artículo anterior solicitará, con carácter previo a su resolución, informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en cuanto a la delimitación del límite interior de la ribera del mar, línea de deslinde, mantenimiento de las servidumbres de tránsito y acceso al mar e incidencia de las construcciones y de las actividades que las mismas generen sobre la integridad del dominio público, la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.
2. El informe a que se refiere el apartado anterior se emitirá por el Servicio Periférico de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el plazo de un mes, a cuyos efectos se le remitirá el proyecto básico de las obras e instalaciones. Transcurrido dicho plazo sin haberse evacuado, se proseguirá la tramitación del expediente.
3. En el caso de que las obras, instalaciones o actividades objeto de la solicitud de autorización incidan además sobre terrenos sometidos a la servidumbre de tránsito, se dictará una resolución única por parte del órgano competente de la comunidad autónoma, que deberá recoger preceptivamente las observaciones que, a dichos efectos, y en su caso, haya formulado el Servicio Periférico de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al emitir el informe a que se refiere el apartado 1.
4. El órgano competente de la comunidad autónoma deberá dar traslado de la resolución adoptada al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la forma establecida en el artículo 226 de este reglamento.
5. De conformidad con las disposición adicional cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, las autorizaciones deberán ejercitarse en el plazo señalado para ello, que no podrá exceder de dos años, transcurrido el cual quedarán sin efecto, salvo cuando la falta de ejercicio sea imputable a la Administración.
Artículo 51. Procedimiento de autorización excepcional del Consejo de Ministros.
1. Para el otorgamiento de las autorizaciones a que se refieren los artículos 25.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 48 de este reglamento se observará el siguiente procedimiento:
a) Presentación en el Servicio Periférico de Costas de tres ejemplares del proyecto básico de las obras o instalaciones, acompañados de la declaración motivada de su utilidad pública, realizada por el órgano competente de la comunidad autónoma o, en su caso, por el competente por razón de la materia.
b) El expediente deberá incluir, en todo caso, los informes de la comunidad autónoma y Ayuntamiento respectivos. Dichos informes deberán emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse formulado, se entenderán favorables.
c) Elevación del expediente, con su informe, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su tramitación.
d) Elevación del expediente al Consejo de Ministros para su resolución a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que previamente y a estos efectos, podrá recabar cuantos datos e informes considere oportunos. En el supuesto de que la solicitud proceda de otro Departamento de la Administración General del Estado, la propuesta deberá ser realizada conjuntamente por ambos ministros.
2. Salvo en los casos a que se refiere el artículo 48.4 de este reglamento, las actuaciones a autorizar habrán de sujetarse al planeamiento vigente.
3. No podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad las obras y construcciones realizadas en la zona de servidumbre de protección a que se refiere este precepto sin que se acredite el otorgamiento de la autorización por el Consejo de Ministros. Para determinar si la finca está o no incluida en la zona, se aplicarán, con las variaciones pertinentes, las reglas establecidas en relación con las inmatriculaciones de fincas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre.
Sección 2.ª Servidumbre de tránsito
Artículo 52. Extensión y régimen de la servidumbre de tránsito.
1. La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de seis metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios sujetos a cualquier régimen de protección.
2. En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte necesario, hasta un máximo de veinte metros.
3. Esta zona podrá ser ocupada excepcionalmente por obras a realizar en el dominio público marítimo-terrestre. En tal caso se sustituirá la zona de servidumbre por otra nueva en condiciones análogas, en la forma que se señale por la Administración General del Estado. También podrá ser ocupada para la ejecución de paseos marítimos (artículo 27 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
4. La competencia para ampliar o sustituir la zona afectada por la servidumbre de tránsito o autorizar su ocupación con paseos marítimos, en los supuestos a que se refieren los apartados 2 y 3, corresponden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, previo informe de la comunidad autónoma. Dicho informe deberá emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse evacuado, se proseguirá la tramitación del expediente.
En el supuesto a que se refiere el apartado 3, se instruirá un solo expediente y dictará una resolución única para la ocupación del dominio público, en su caso, y para la sustitución de la servidumbre de tránsito.
La ampliación se llevará a cabo, en su caso, de conformidad con lo previsto en las normas de protección o, en su defecto, en el planeamiento territorial o urbanístico. La localización alternativa se ubicará fuera del dominio público marítimo-terrestre y, preferentemente, dentro de la zona de servidumbre de protección de forma que se garantice la continuidad del tránsito.
5. Los cultivos en esta zona no impedirán el ejercicio de la servidumbre. Los daños que puedan producirse no serán objeto de indemnización.
6. La obligación de dejar expedita la zona de servidumbre de tránsito se refiere tanto al suelo como al vuelo y afecta a todos los usos que impidan la efectividad de la servidumbre. Se entiende que no impiden la efectividad de la servidumbre las canalizaciones subterráneas de servicios, siempre que no puedan tener otra ubicación.
Sección 3.ª Servidumbre de acceso al mar
Artículo 53. Extensión de la servidumbre de acceso al mar.
1. La servidumbre de acceso público y gratuito al mar recaerá, en la forma que se determina en los apartados siguientes, sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre, en la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso.
2. Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, los planes y normas de ordenación territorial y urbanística del litoral establecerán, salvo en espacios sujetos a cualquier régimen de protección, la previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del dominio público marítimo-terrestre. A estos efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico rodado deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros. Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos al uso público a su terminación (artículo 28 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. Se entenderá por terminación la finalización de la ejecución de los accesos, con independencia del momento de su recepción por el Ayuntamiento respectivo. En las urbanizaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se estará a lo dispuesto en las disposiciones transitorias tercera, apartados 5 y 6, de dicha Ley y duodécima de este reglamento.
4. La obtención de los terrenos que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2, sean necesarios para la efectividad de la servidumbre de acceso al mar, se realizará por los mecanismos previstos en la legislación urbanística.
Artículo 54. Accesos públicos al mar y aparcamientos.
1. Se declaran de utilidad pública, a efectos de la expropiación o de la imposición de la servidumbre de paso por la Administración General del Estado, los terrenos necesarios para la realización o modificación de otros accesos públicos al mar y aparcamientos, no incluidos en el apartado 2 del artículo anterior (artículo 28.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Para la realización o modificación de los accesos públicos y aparcamientos indicados en el apartado anterior, el Servicio Periférico de Costas formulará el correspondiente proyecto y lo someterá a información pública durante treinta días y a informe de la comunidad autónoma y del Ayuntamiento respectivos en igual plazo. Por causas excepcionales debidamente motivadas, dichos plazos podrán reducirse hasta los quince días. En caso de que no se evacuara dichos informes en el plazo señalado, se entenderán favorables.
La aprobación del mismo llevará implícita la declaración de necesidad de ocupación, procediéndose a continuación conforme a lo previsto en la legislación de expropiación forzosa.
Artículo 55. Prohibición de obras e instalaciones.
No se permitirán en ningún caso obras o instalaciones que interrumpan el acceso al mar sin que se proponga por los interesados una solución alternativa que garantice su efectividad en condiciones análogas a las anteriores, a juicio de la Administración General del Estado (artículo 28.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 56. Competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Las competencias atribuidas a la Administración General del Estado en esta sección corresponden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Los terrenos expropiados se incorporarán al dominio público marítimo-terrestre.
CAPÍTULO III
Otras limitaciones de la propiedad
Artículo 57. Limitaciones sobre los áridos.
1. En los tramos finales de los cauces deberá mantenerse la aportación de áridos a sus desembocaduras. Para autorizar su extracción, hasta la distancia que en cada caso se determine, se necesitará el informe favorable de la Administración General del Estado, en cuanto a su incidencia en el dominio público marítimo-terrestre (artículo 29.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. El Organismo de Cuenca o la Administración Hidráulica competente, previamente a la resolución de un expediente de extracción de áridos en cauce público, o a la ejecución de un proyecto de acondicionamiento de cauces, solicitará informe del correspondiente Servicio Periférico de Costas, cuando la distancia, medida a lo largo del cauce, entre los puntos de extracción y desembocadura en el mar sea inferior a la que se haya fijado para cada cauce por acuerdo entre ambos organismos. De la resolución recaída se dará traslado a dicho servicio.
3. Los informes del Servicio Periférico de Costas previstos en el apartado anterior, deberán emitirse en función de las necesidades de aportación de áridos a las playas.
Artículo 58. Limitaciones sobre los yacimientos de áridos.
1. Los yacimientos de áridos, emplazados en la zona de influencia, quedarán sujetos al derecho de tanteo y retracto en las operaciones de venta, cesión o cualquier otra forma de transmisión onerosa ínter vivos, a favor del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para su aportación a las playas. Con esta misma finalidad, dichos yacimientos se declaran de utilidad pública a los efectos de su expropiación total o parcial en su caso por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la ocupación temporal de los terrenos necesarios (artículo 29.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Para el ejercicio del derecho de tanteo establecido en el apartado 1, los propietarios de los terrenos afectados deberán notificar al Servicio Periférico de Costas su propósito de llevar a cabo su transmisión, con expresión del adquirente, precio y forma de pago previstos. Dicho servicio elevará una propuesta motivada a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, para que éste adopte la resolución que proceda, en el plazo de un mes desde dicha notificación, sin que pueda llevarse a efecto la transmisión hasta tanto transcurra dicho plazo, siempre que durante el mismo no se haya notificado el ejercicio del derecho de tanteo.
3. En todo caso el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá ejercitar el derecho de retracto dentro de los nueve días siguientes a la inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad o a la notificación que en todo caso ha de hacer el transmitente dentro del mes siguiente a la formalización del contrato, adjuntando copia del mismo. Dicho retracto podrá ejercitarse en cualquier momento en defecto de notificación o cuando el precio efectivo de la transmisión hubiera sido inferior en más de un 20 por ciento al expresado en la notificación o en la copia del título traslativo aportado.
El registrador de la propiedad, una vez practicada la inscripción advirtiendo expresamente de la posibilidad del retracto, notificará el mismo día telemáticamente tal circunstancia al Servicio Periférico de Costas, que elevará una propuesta motivada al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su resolución, caso de ser el retracto procedente. El retracto afectará a los adquirentes de derechos posteriores a la inscripción durante un plazo de tres meses a contar desde su fecha, siendo cancelada de oficio cualquier mención al mismo una vez transcurrido dicho plazo sin haber sido presentada en el Registro de la Propiedad la documentación acreditativa de su ejercicio.
CAPÍTULO IV
Zona de influencia
Artículo 59. Extensión y régimen de la zona de influencia.
1. La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona, cuya anchura se determinará en los instrumentos correspondientes y que será como mínimo de 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar, respetará las exigencias de protección del dominio público marítimo-terrestre a través de los siguientes criterios:
a) En tramos con playa y con acceso a tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito.
b) Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística. Se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes sin que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o equivalente, de acuerdo con la normativa autonómica, en el término municipal respectivo. Se entenderá por densidad de edificación la edificabilidad definida en el planeamiento para los terrenos incluidos en la zona.
2. Para el otorgamiento de las licencias de obra o uso que impliquen la realización de vertidos al dominio público marítimo-terrestre se requerirá la previa obtención de la autorización de vertido correspondiente (artículo 30 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
TÍTULO III
Utilización del dominio público marítimo-terrestre
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Sección 1.ª Régimen general de utilización
Artículo 60. Utilización del dominio público marítimo-terrestre.
1. La utilización del dominio público marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera será libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio.
2. Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones, sólo podrán ampararse en la existencia de reserva, adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en otras especiales, en su caso, sin que pueda invocarse derecho alguno en virtud de usucapión, cualquiera que sea el tiempo transcurrido (artículo 31 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. En la aplicación e interpretación de los artículos contenidos en el presente título se velará por la aplicación de la normativa vigente que tiene por objeto la conservación y el uso sostenible de la costa y del mar.
Artículo 61. Ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
1. Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación (artículo 32.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Las actividades o instalaciones a que se refiere el apartado anterior son:
a) Las que desempeñan una función o presten un servicio que, por sus características, requiera la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
b) Las de servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio.
3. En todo caso la ocupación deberá ser la mínima posible.
Artículo 62. Exclusión de usos en el dominio público marítimo-terrestre.
1. A los efectos del apartado 1 del artículo anterior, y cualquiera que sea el título habilitante de la ocupación y la Administración que lo otorgue, quedarán expresamente excluidas las utilizaciones mencionadas en los artículos 25.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 46 de este reglamento, excepto las de la letra b), previa declaración de utilidad pública por el Consejo de Ministros, y el vertido de escombros utilizables en rellenos, debidamente autorizados.
2. Lo establecido en el apartado anterior se aplicará a todos los bienes de dominio público marítimo-terrestre y a todos los regímenes de utilización del mismo, incluyendo reservas, adscripciones, concesiones y autorizaciones, cualquiera que sea la Administración competente.
Artículo 63. Eliminación de aguas residuales.
Previamente al otorgamiento del título administrativo habilitante para la ocupación del dominio público, deberá quedar garantizado el sistema de eliminación de aguas residuales, de acuerdo con las disposiciones vigentes. El posterior incumplimiento de esta obligación dará lugar a la declaración de caducidad del título administrativo y al levantamiento de las instalaciones, sin perjuicio de la sanción que, en su caso, corresponda (artículo 32.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 64. Usos e instalaciones de embarque.
1. Los embarcaderos, rampas u otros tipos de atraques a utilizar por embarcaciones de líneas regulares de tráfico de pasajeros en régimen de explotación comercial, temporal o permanente no podrán ubicarse fuera de la zona de servicio de los puertos.
2. Cuando, por causas debidamente justificadas, las instalaciones a que se refiere el apartado anterior deban situarse fuera de una zona de servicio portuaria existente, deberá estar aprobada, con anterioridad al inicio de las obras, la ampliación de la zona de servicio portuaria, de forma que incluya el dominio público marítimo-terrestre afectado. Dichas instalaciones se ubicarán preferentemente fuera de las playas y previa evaluación de sus efectos sobre las condiciones de protección del entorno.
3. La autorización del emplazamiento de puntos de atraque, de embarque o desembarque o de aproximación a la costa para embarcaciones destinadas a excursiones marítimas turísticas costeras fuera de la zona de servicio de los puertos corresponderá al Servicio Periférico de Costas y será previa a la que deba emitir el órgano competente del Ministerio de Fomento en materia de Marina Mercante.
Sección 2.ª Régimen de utilización de las playas
Artículo 65. Utilización y ocupación de playas.
1. Las playas no serán de uso privado, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el presente reglamento sobre las reservas demaniales.
2. Las instalaciones que en ellas se permitan, además de cumplir con lo establecido en el artículo anterior, serán de libre acceso público, salvo que por razones de policía, de economía u otras de interés público, debidamente justificadas, se autoricen otras modalidades de uso.
3. Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella, con las dimensiones y distancias que se recogen en los artículos siguientes atendiendo a su naturaleza (artículo 33.1, 2 y 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Cuando, a juicio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no fuera posible ubicar las edificaciones de servicio fuera de la playa, sobre el paseo marítimo o los terrenos colindantes, se podrán situar adosadas al límite de aquélla.
Artículo 66. Eventos de interés general con repercusión turística.
1. En los tramos urbanos de las playas podrá autorizarse la celebración de aquellos eventos de interés general con repercusión turística que cumplan los requisitos previstos en este artículo.
En todo caso, una vez finalizada la ocupación, se procederá de manera inmediata al levantamiento de las instalaciones, a la completa limpieza del terreno ocupado y a la ejecución de las demás actuaciones precisas para asegurar la íntegra conservación de la playa.
2. Se considerarán eventos de interés general con repercusión turística los que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos:
a) Los declarados como de interés turístico internacional, nacional, regional o local, por el órgano competente.
b) Los eventos deportivos o culturales que, aun celebrándose de forma esporádica, tengan repercusión nacional o internacional.
3. Para la celebración de estos eventos la Administración local habrá de solicitar autorización con informe favorable del órgano competente de la comunidad autónoma, acompañada de una memoria técnica que disponga, al menos, de los siguientes documentos:
a) Documentación justificativa en la que se describan las características del evento a desarrollar, con justificación expresa de:
1.º El objeto del evento, con mención expresa a las características de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre (superficie, instalaciones, tiempo y estimación de ocupantes).
2.º Justificación de la declaración del acto pretendido como evento a los efectos de la Ley 22/1988, de 28 de julio y de este reglamento.
3.º Las medidas preventivas a adoptar por el solicitante tendentes a evitar cualquier afección ambiental y a garantizar el restablecimiento del tramo de playa al estado anterior a la ocupación.
4.º Compromiso de proceder de manera inmediata, y una vez finalizada la ocupación, al levantamiento de las instalaciones, a la completa limpieza del terreno ocupado y a la ejecución de las demás actuaciones precisas para asegurar la íntegra conservación de la playa.
b) Documentación gráfica del objeto de la ocupación, incluyendo plano de situación, a escala mínima 1:5000 y planos de detalle, a escala mínima 1:500.
c) Estudio económico financiero según lo previsto en el artículo 89 de este reglamento.
4. El título que se otorgue fijará las condiciones pertinentes de la ocupación. En todo caso, incluirán las relativas a la superficie y tiempo de ocupación física, así como la adopción de todas las medidas preventivas tendentes a evitar cualquier afección ambiental y a garantizar el mantenimiento del tramo de playa en el estado anterior a la ocupación. Así mismo, establecerá la garantía que el promotor deberá depositar para asegurar el cumplimiento de dichas medidas preventivas y, en su caso, la ejecución subsidiaria de los trabajos de levantamiento de las instalaciones, limpieza completa del terreno ocupado y demás actuaciones precisas para asegurar la integridad de la playa.
5. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también para la celebración de los eventos recogidos en el apartado 2 en dominio público marítimo-terrestre que no tenga la condición de playa siempre que se prevea una afección a las mismas.
Artículo 67. Catalogación de los tramos naturales y urbanos de las playas.
La catalogación de los tramos naturales y urbanos de las playas se establecerá por la Administración competente en materia de ordenación del territorio, que deberá tener en cuenta el carácter urbanizado o rural de los terrenos contiguos a cada uno de los tramos, así como su grado de protección medioambiental.
Artículo 68. Ocupaciones en los tramos naturales de las playas.
Las ocupaciones en los tramos naturales de las playas deberán observar los siguientes requisitos:
1. Las actividades e instalaciones se someterán a las siguientes reglas:
a) Podrán autorizarse las actividades o instalaciones a las que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 61.
b) La ocupación de los establecimientos expendedores de comidas y bebidas no excederá de 70 metros cuadrados, de los cuales, 20, como máximo, podrán destinarse a instalación cerrada. Estas instalaciones serán de temporada y desmontables en todos sus elementos.
La distancia entre estos establecimientos no podrá ser inferior a 300 metros.
2. La superficie de cada una de esas ocupaciones será la mínima posible y la ocupación total no podrá, en ningún caso, exceder del 10 por ciento de la superficie de la playa en pleamar.
La distribución de tales instalaciones se propondrá por el Ayuntamiento según el procedimiento recogido en el artículo 113 de este reglamento.
3. Todas las conducciones de servicio a estas instalaciones deberán ser subterráneas.
4. El sistema de saneamiento garantizará una eficaz eliminación de las aguas residuales, así como la ausencia de malos olores. Con este objeto, las instalaciones deberán conectarse a la red de saneamiento general, si ésta existe, quedando en todo caso prohibidos los sistemas de drenaje o absorción que puedan afectar a la arena de las playas o a la calidad de las aguas de baño.
5. En todo caso, el levantamiento de cualquiera de las ocupaciones o usos referidos en los puntos anteriores llevará implícita la obligación para el beneficiario del título administrativo habilitado al efecto de reponer la playa a su estado natural anterior a la ocupación o uso.
Artículo 69. Ocupaciones en los tramos urbanos de las playas.
Las ocupaciones en los tramos urbanos de las playas deberán observar los siguientes requisitos, quedando garantizado en todo caso el uso público, libre y gratuito de los recursos naturales:
1. Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella, con las dimensiones y distancias que se recogen en los apartados siguientes. Cuando, a juicio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no fuera posible ubicar estas edificaciones sobre el paseo marítimo o fuera de la playa, se podrán ubicar en su límite interior o, en el caso en que la anchura de la playa así lo permita, a una distancia mínima de 70 metros desde la línea de pleamar, siempre que no se perjudique la integridad del dominio público marítimo-terrestre ni su uso.
2. Además de las ocupaciones previstas para los tramos naturales de las playas, los tramos urbanos de las mismas podrán disponer de instalaciones fijas destinadas a establecimientos expendedores de comidas y bebidas, con una ocupación máxima, salvo casos excepcionales debidamente justificados, de 200 metros cuadrados, de los cuales 150 metros cuadrados podrán ser de edificación cerrada y el resto terraza cerrada mediante elementos desmontables que garanticen la permeabilidad de vistas. A esta superficie se podrá añadir otros 70 metros cuadrados de ocupación abierta y desmontable más una zona de aseo, que no podrá superar los 30 metros cuadrados, siempre que ésta sea de uso público y gratuito.
La distancia entre estos establecimientos no podrá ser inferior a 150 metros.
3. Las instalaciones desmontables destinadas a establecimientos expendedores de comidas y bebidas se situarán con una separación mínima de cien metros de otras que presten un servicio de igual naturaleza ubicadas en dominio público marítimo-terrestre. Si la superficie cerrada supera los 20 metros cuadrados deberán contar con un título concesional.
4. Las distancias a las que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo podrán reducirse a la mitad entre actividades no similares.
5. Las distancias y superficies recogidas en los párrafos anteriores no serán de aplicación entre terrazas sobre paseos marítimos vinculadas a establecimientos ubicados fuera del dominio público, que podrán situarse junto a sus respectivos establecimientos, siempre y cuando no se obstruya el paso y uso público.
6. Todas las conducciones de servicio a estas instalaciones deberán ser subterráneas.
7. El sistema de saneamiento garantizará una eficaz eliminación de las aguas residuales, así como la ausencia de malos olores. Con este objeto, las instalaciones deberán conectarse a la red de saneamiento general, quedando en todo caso prohibidos los sistemas de drenaje o absorción que puedan afectar a la arena de las playas o a la calidad de las aguas de baño.
8. La superficie de cada una de las ocupaciones será la mínima posible y la ocupación total de todas ellas, independientemente de uso al que estén destinadas, no podrá, en ningún caso, exceder del 50 por ciento de la superficie de la playa en pleamar.
La distribución de tales instalaciones se establecerá por la Administración autonómica competente en materia de ordenación del litoral o, en su defecto, se realizará de forma homogénea a lo largo de la playa.
9. Las superficies y distancias recogidas en los apartados anteriores no serán de aplicación para edificaciones ya existentes que hayan revertido al dominio público marítimo-terrestre y sobre las que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente decida expresamente su mantenimiento por sus características singulares.
10. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a las ocupaciones en dominio público marítimo-terrestre que no tenga la naturaleza de ribera del mar.
Artículo 70. Instalaciones destinadas a actividades deportivas de carácter náutico federado.
1. Las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público para instalaciones destinadas a actividades deportivas de carácter náutico federado, que únicamente podrán otorgarse en tramos urbanos de playa, además de cumplir las disposiciones que les sean aplicables con carácter general y las específicas reguladoras de su actividad, deberán ajustarse a los siguientes criterios:
a) Las instalaciones se ubicarán, preferentemente, fuera de la playa. Cuando esto no sea posible, se situarán en los extremos de la playa, adosadas al límite de aquélla.
b) Los usos permitidos en estas instalaciones serán los estrictamente necesarios para realizar la actividad deportiva náutica.
c) Las instalaciones deberán estar adaptadas al entorno en que se encuentren situadas y no podrán exceder de 300 metros cuadrados, excluida la superficie ocupada por la zona de varada.
d) En ningún caso se permitirán instalaciones destinadas a actividades deportivas no náuticas.
2. Con el fin de ordenar la existencia de estas instalaciones y racionalizar su necesidad y ubicación en el litoral, la solicitud de título administrativo deberá ir acompañada de informe de la Federación correspondiente. El informe deberá pronunciarse sobre la dimensión de las instalaciones fijas y, en su caso, la zona de varada.
Con el mismo fin se solicitará informe del órgano competente de la Administración autonómica y, en su caso, de la Autoridad Portuaria correspondiente, que deberán pronunciarse expresamente sobre la posible incidencia con el funcionamiento de puertos deportivos o de otras instalaciones de carácter náutico de su competencia. Si en el plazo de un mes no se emite informe, este se entenderá favorable.
La superficie destinada a zona de varada se determinará en función del tramo de costa en que se ubique, sin que pueda impedir el uso público de la playa para el resto de los fines recogidos en el artículo 31 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. En todo caso, la superficie computará a efectos del máximo del 50 por ciento de la superficie de la playa en pleamar.
De conllevar la actividad náutica deportiva el lanzamiento o varada de embarcaciones, deberá dejarse libre permanentemente una franja de 15 metros, como mínimo, desde la orilla en pleamar. Además, deberá hacerse a través de canales debidamente señalizados situados en las proximidades. De no existir canales debidamente autorizados en las proximidades, el proyecto deberá contemplar el canal correspondiente. Las características técnicas y ubicación del mismo deberán ser informadas favorablemente por Puertos del Estado, previamente a su instalación.
3. Todas las conducciones de servicio a estas instalaciones deberán ser subterráneas.
4. El sistema de saneamiento garantizará una eficaz eliminación de las aguas residuales, así como la ausencia de malos olores. Con este objeto, las instalaciones deberán conectarse a la red de saneamiento general, si ésta existe, quedando en todo caso prohibidos los sistemas de drenaje o absorción que puedan afectar a la arena de las playas o a la calidad de las aguas de baño.
Artículo 71. Tendidos aéreos en las playas.
No se permitirán en las playas los tendidos aéreos, salvo imposibilidad material debidamente justificada.
Artículo 72. Usos prohibidos de estacionamiento, circulación de vehículos, campamentos y acampadas.
1. Quedarán prohibidos el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos, así como los campamentos y acampadas (artículo 33.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Dichas prohibiciones se aplicarán a todo el dominio público marítimo-terrestre, salvo la de estacionamiento y circulación de vehículos, que afectará solamente a las playas.
3. Se entenderá por acampada la instalación de tiendas de campaña o de vehículos o remolques habitables. Se entenderá por campamento la acampada organizada dotada de los servicios y suministros establecidos por la normativa vigente.
4. Quienes vulneren las prohibiciones establecidas en este artículo deberán desalojar de inmediato, a requerimiento verbal de los Agentes de la Administración, el dominio público ocupado, sin perjuicio de la instrucción de expediente sancionador cuando sea procedente. El Servicio Periférico de Costas podrá interesar del Delegado del Gobierno la colaboración de la fuerza pública cuando ello sea necesario.
Artículo 73. Usos prohibidos en zonas de baño.
1. En las zonas de baño debidamente balizadas estará prohibida la navegación deportiva y de recreo, y la utilización de cualquier tipo de embarcación o medio flotante movido a vela o motor. El lanzamiento o varada de embarcaciones deberá hacerse a través de canales debidamente señalizados, según lo establecido en el artículo 70.2 de este reglamento.
2. En los tramos de costa que no estén balizados como zona de baño se entenderá que ésta ocupa una franja de mar contigua a la costa de una anchura de 200 metros en las playas y 50 metros en el resto de la costa.
Dentro de estas zonas no se podrá navegar a una velocidad superior a tres nudos, debiendo adoptarse las precauciones necesarias para evitar riesgos a la seguridad de la vida humana en el mar. Estará prohibido cualquier tipo de vertido desde las embarcaciones.
Artículo 74. Normas generales para la ocupación de las playas.
En defecto de planeamiento, la ocupación de la playa por instalaciones de cualquier tipo, incluso las correspondientes a servicios de temporada, deberá observar, además de lo indicado en los artículos anteriores, las siguientes determinaciones:
a) Se dejará libre permanentemente una franja de seis metros, como mínimo, desde la orilla en pleamar.
b) Las longitudes de los tramos libres de ocupación deberán ser, como mínimo, equivalentes a las que se prevé en explotación, sin que estas últimas puedan superar los 100 metros, salvo que la configuración de la playa aconseje otra distribución.
c) Las zonas de lanzamiento y varada se situarán preferentemente en los extremos de la playa o en otras zonas donde se minimice su interferencia con los usos comunes a que se refiere el artículo 60.1 de este reglamento y en conexión con accesos rodados y canales balizados.
Sección 3.ª Otros principios comunes
Artículo 75. Denegación de las solicitudes de utilización del dominio público marítimo-terrestre.
1. Las solicitudes de utilización del dominio público marítimo-terrestre que se opongan de manera notoria a lo dispuesto en la normativa en vigor se denegarán en el plazo máximo de dos meses, sin más trámite que la audiencia previa al peticionario.
Se considerará que se opone de manera notoria a la normativa en vigor la utilización del dominio público marítimo-terrestre para usos no permitidos por la Ley 22/1988, de 28 de julio, o que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el dominio público marítimo-terrestre.
Si se tratare de deficiencias susceptibles de subsanación se procederá en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo siguiente.
2. Transcurrido el plazo máximo para tramitarse la solicitud de utilización del dominio público marítimo-terrestre sin haberse notificado resolución expresa al interesado o interesados deberá entenderse desestimada por silencio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 76. Subsanación de deficiencias.
1. La Administración competente comunicará las deficiencias observadas a los peticionarios, para que éstos formulen sus alegaciones o subsanen las mismas en el plazo de diez días, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, dando traslado de la resolución que así lo acuerde a los interesados, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. Cuando sea competente la Administración General del Estado, corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Servicio Periférico de Costas, el ejercicio de las facultades previstas en el apartado anterior.
Artículo 77. No obligación de otorgamiento de títulos.
La Administración no está obligada a otorgar los títulos de utilización del dominio público marítimo-terrestre que se soliciten con arreglo a las determinaciones del plan o normas aprobadas, pudiendo ser denegadas por razones de interés público debidamente motivadas (artículo 35.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 78. Exigencia de garantías.
1. En los supuestos de usos que puedan producir daños y perjuicios sobre el dominio público o privado, la Administración General del Estado estará facultada para exigir al solicitante la presentación de cuantos estudios y garantías económicas se determinan en el apartado siguiente para la prevención de aquéllos, la reposición de los bienes afectados y las indemnizaciones correspondientes (artículo 36 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Para el establecimiento de las garantías económicas indicadas en el apartado anterior se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Serán determinadas por el órgano competente de la Administración General del Estado para el otorgamiento del título, una vez prestada conformidad a los estudios presentados, los cuales deberán contemplar las medidas correctoras adecuadas para la prevención de los daños y la reposición de los bienes.
b) Podrán formalizarse por cualquiera de los sistemas admitidos por la normativa vigente, tendrán carácter irrevocable, serán de ejecución automática y se extenderán hasta el plazo de vencimiento.
Para la ejecución forzosa, en su caso, se estará a lo dispuesto en la sección 2.ª del capítulo tercero del título V de este reglamento.
c) La posible afección sobre el dominio privado y las indemnizaciones correspondientes serán determinadas por la Administración, de oficio o a instancia del posible perjudicado debidamente justificada, sin perjuicio de las acciones judiciales que el mismo pueda ejercer.
Artículo 79. Facultades de la Administración General del Estado sobre el dominio público marítimo-terrestre.
1. La ocupación del dominio público no implicará en ningún caso la cesión de éste, ni su utilización significará la cesión de las facultades demaniales de la Administración General del Estado, ni la asunción por ésta de responsabilidades de ningún tipo respecto al titular del derecho a la ocupación o a terceros. El mencionado titular será responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionar las obras y actividades al dominio público y al privado, salvo en el caso en que aquéllos tengan su origen en alguna cláusula impuesta por la Administración al titular y que sean de ineludible cumplimiento por éste.
2. La Administración General del Estado conservará en todo momento las facultades de tutela y policía sobre el dominio público afectado, quedando obligado el titular de la ocupación o actividad a informar a aquélla de las incidencias que se produzcan en relación con dichos bienes y a cumplir las instrucciones que le dicte (artículo 37 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las facultades de gestión de las comunidades autónomas respecto de aquellas actividades que correspondan a materias de su competencia que se desarrollen sobre el dominio público.
Artículo 80. Registro de usos del dominio público marítimo-terrestre.
1. La Administración competente llevará, actualizado, el Registro de usos del dominio público marítimo-terrestre, en el que se inscribirán de oficio, en la forma en que se determina en este artículo, las reservas, adscripciones y concesiones, así como las autorizaciones de vertidos contaminantes, revisando, al menos anualmente, el cumplimiento de las condiciones estipuladas, así como los efectos producidos. Dichos registros tendrán carácter público, pudiendo interesarse las oportunas certificaciones sobre su contenido, y siendo las mismas medio de prueba de la existencia y situación del correspondiente título administrativo, sin perjuicio de su inscripción en el Registro de la Propiedad a los efectos prevenidos en la Ley Hipotecaria. Los cambios de titularidad y de características que puedan producirse deberán reflejarse, asimismo, en el asiento correspondiente.
2. Cuando se trate de usos cuya autorización corresponda a la Administración General del Estado, el Registro estará formado por fichas individuales debidamente numeradas y autenticadas y podrá sustituirse por un banco de datos susceptible de tratamiento informático. La Administración competente podrá dictar instrucciones sobre su contenido.
A estos efectos, se elaborarán fichas de cada uno de los usos indicados anteriormente, que contendrán, como mínimo, los siguientes datos: provincia, término municipal, emplazamiento, destino, titular, superficie otorgada, plazo, canon y, en su caso, modificaciones de titularidad y de características, prórrogas y sanciones firmes por infracciones graves.
3. Las certificaciones sobre el contenido del Registro de usos serán solicitadas a la Administración competente.
4. El Registro se llevará por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las certificaciones sobre su contenido serán solicitadas al Servicio Periférico de Costas. A estos efectos, dicho Servicio llevará un duplicado actualizado del Registro para los títulos radicados en su circunscripción territorial, que podrá sustituirse por una conexión informática con el banco de datos.
5. El Registro de usos del dominio público marítimo-terrestre será público. Las solicitudes de información ambiental que se realicen sobre su contenido se regirán por lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Artículo 81. Publicidad.
1. Está prohibida la publicidad permanente a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales.
Excepcionalmente, y en las condiciones que se establecen en los apartados siguientes, se podrá autorizar la publicidad siempre que sea parte integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas en el dominio público marítimo-terrestre y siempre que sea compatible con su protección (artículo 38.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Se podrá autorizar la publicidad cuando sea compatible con la protección del dominio público marítimo-terrestre y no menoscabe su uso ni implique riesgo para la vida, salud o seguridad para las personas.
3. No se podrá autorizar la publicidad por medios acústicos o audiovisuales cuando interfiera o menoscabe los usos comunes del dominio público marítimo-terrestre.
4. Se podrá permitir, con carácter excepcional, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1, en los siguientes supuestos:
a) Rótulos indicadores de establecimientos debidamente autorizados, siempre que se coloquen en su fachada y no supongan una reducción del campo visual generado por el volumen de la propia edificación o instalación. En las mismas condiciones, podrán admitirse rótulos o carteles de otras marcas expedidas en el establecimiento
b) En las vallas cuya colocación resulte necesaria para la funcionalidad de la instalación o para el desarrollo de actividades.
c) Elementos publicitarios de los patrocinadores de las actividades lúdicas o deportivas que estén debidamente autorizadas, siempre que se integren o acompañen a los elementos autorizados para su realización.
Los medios publicitarios utilizados no podrán implicar una reducción adicional del campo visual, producir ruido ni vibraciones ni romper la armonía del paisaje.
5. También estará prohibido, cualquiera que sea el medio de difusión empleado, el anuncio de actividades en el dominio público marítimo-terrestre que no cuenten con el correspondiente título administrativo o que no se ajuste a sus condiciones (artículo 38.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 82. Exigencia de título para el suministro de energía eléctrica, agua, gas y telefonía.
1. Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía exigirán para la contratación de sus respectivos servicios la presentación del título administrativo requerido según la Ley 22/1988, de 28 de julio, para la realización de las obras o instalaciones en las playas, zona marítimo-terrestre o mar (artículo 39 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Las empresas suministradoras conservarán una copia de la concesión o autorización correspondiente para su exhibición a requerimiento de la Administración competente.
Artículo 83. Sanción de utilizaciones no autorizadas previamente.
Las utilizaciones no autorizadas previamente, conforme a lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, serán sancionadas con arreglo a lo previsto en el título V, sin perjuicio de su legalización cuando sea posible y se estime conveniente, en cuyo caso, se seguirá el procedimiento y los criterios establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento para el otorgamiento del título correspondiente (artículo 40 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 84. Disposición por la Administración del dominio público ocupado en caso de estados de necesidad o excepcionales.
1. En caso de tempestad, grave riesgo, catástrofe o calamidad pública o cualquier otro estado de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, la Administración competente podrá disponer, inmediatamente y sin tramitación ni indemnización previa, del dominio público ocupado y de las obras e instalaciones concedidas o autorizadas, en la medida que juzgue necesaria para la protección y seguridad de los bienes y personas afectadas. Para las indemnizaciones correspondientes se estará a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (artículo 41 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. La Administración competente podrá cerrar temporalmente el dominio al uso público, cuando las circunstancias así lo aconsejen, para evitar riesgos a la seguridad o salud de los usuarios o en otras situaciones anómalas o excepcionales, sin que este cierre pueda dar lugar a ningún tipo de indemnización.
CAPÍTULO II
Proyectos y obras
Artículo 85. Proyecto para la ocupación o utilización del dominio público marítimo-terrestre.
1. Para que la Administración competente resuelva sobre la ocupación o utilización del dominio público marítimo-terrestre, se formulará el correspondiente proyecto básico, en el que se fijarán las características de las instalaciones y obras, la extensión de la zona de dominio público marítimo-terrestre a ocupar o utilizar y las demás especificaciones que se determinan en el artículo 88 de este reglamento. Con posterioridad, y antes de comenzarse las obras, se formulará el proyecto de construcción, sin perjuicio de que, si lo desea, el peticionario pueda presentar éste y no el básico acompañando a su solicitud (artículo 42.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
La variable del cambio climático, se introducirá en la toma de la decisión sobre la ocupación o utilización del dominio público marítimo-terrestre.
2. Cuando las actividades proyectadas pudieran producir una alteración importante del dominio público marítimo-terrestre, se requerirá además una previa evaluación de sus efectos sobre el mismo, que comprenderá el estudio de la incidencia de las actividades proyectadas sobre el dominio público marítimo-terrestre, tanto durante su ejecución como durante su explotación, debiendo incluir, en su caso, las medidas correctoras necesarias.
Artículo 86. Sometimiento del proyecto a información pública.
El proyecto se someterá preceptivamente a información pública, salvo que se trate de autorizaciones o de actividades relacionadas con la defensa nacional o por razones de seguridad (artículo 42.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 87. Estudio económico-financiero.
Cuando no se trate de utilización por la Administración, se acompañará un estudio económico-financiero cuyo contenido será el definido en el artículo 89 de este reglamento y el presupuesto estimado de las obras emplazadas en el dominio público marítimo-terrestre (artículo 42.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 88. Documentos a aportar con el proyecto básico.
El proyecto básico, que deberá estar suscrito por técnico competente, contendrá los siguientes documentos:
a) Memoria justificativa y descriptiva con anejos, en su caso, que deberá contener la declaración a que se refiere el artículo 97 de este reglamento, así como las especificaciones señaladas en el artículo 85 de este reglamento y otros datos relevantes, tales como los criterios básicos del proyecto, el programa de ejecución de los trabajos y, en su caso, el sistema de evacuación de aguas residuales.
b) Planos: De situación, a escala conveniente de emplazamiento, con representación del deslinde y de la zona a ocupar, a escala no inferior a 1/5.000 con la clasificación y usos urbanísticos del entorno, topográfico del estado actual, a escala no inferior a 1/1.000; de planta general, en que se representen las instalaciones y obras proyectadas, que incluirá el deslinde y la superficie a ocupar o utilizar en el dominio público marítimo-terrestre, líneas de orilla, zonas de servidumbre de tránsito, protección y accesos y, cuando proceda, restablecimiento de las afectadas y terrenos a incorporar al dominio público marítimo-terrestre; de alzados y secciones características, cuando resulten necesarios para su definición, con la geometría de las obras e instalaciones.
c) Información fotográfica de la zona.
d) Presupuesto con la valoración de las unidades de obra y partidas más significativas.
e) Determinación de la posible afección a espacios de la Red Natura 2000 o cualesquiera otros dotados de figuras de protección ambiental. En aquellos proyectos en que se pueda producir la citada afección, el proyecto incluirá el necesario estudio bionómico referido al ámbito de la actuación prevista además de una franja del entorno del mismo de al menos 500 metros de ancho.
Artículo 89. Contenido del estudio económico-financiero.
En el caso de que no se prevea la gestión directa por la Administración el estudio económico-financiero a que se refiere el artículo 87 de este reglamento desarrollará la evolución previsible de la explotación, considerando diversas alternativas de plazo de amortización acordes con las disposiciones de este reglamento, y contendrá:
a) Relación de ingresos estimados, con tarifas a abonar por el público y, en su caso, descomposición de sus factores constitutivos como base para futuras revisiones.
b) Relación de gastos, incluyendo los de proyectos y obras y los de cánones y tributos a satisfacer, así como los de conservación, consumos energéticos, de personal y otros necesarios para la explotación.
Además se incluirán, cuando éstos existan, los costes derivados de las medidas correctoras a imponer, así como los gastos derivados del plan de seguimiento para la comprobación de la efectividad de dichas medidas.
c) Evaluación de la rentabilidad neta, antes de impuestos.
Artículo 90. Ejecución de las obras.
1. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto de construcción que en cada caso se apruebe, que completará al proyecto básico (artículo 43 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. La dirección de las obras será ejercida por técnico competente.
Artículo 91. Contenido del proyecto.
1. Los proyectos se formularán conforme al planeamiento que, en su caso, desarrollen, y con sujeción a las normas generales, específicas y técnicas que apruebe la Administración competente, en función del tipo de obra y de su emplazamiento (artículo 44.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas y, en su caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta (artículo 44.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra realizada, según se establece en el artículo 92 de este reglamento.
3. Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona marítimo-terrestre, deberá comprender un estudio básico de la dinámica litoral referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de este reglamento (artículo 44.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
4. Para la creación y regeneración de playas se deberá considerar prioritariamente la actuación sobre los terrenos colindantes, la supresión o atenuación de las barreras al transporte marino de áridos, la aportación artificial de éstos, las obras sumergidas en el mar y cualquier otra actuación que suponga la menor agresión al entorno natural (artículo 44.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 92. Contenido de la evaluación de los efectos del cambio climático.
1. La evaluación de los efectos del cambio climático incluirá la consideración de la subida del nivel medio del mar, la modificación de las direcciones de oleaje, los incrementos de altura de ola, la modificación de la duración de temporales y en general todas aquellas modificaciones de las dinámicas costeras actuantes en la zona, en los siguientes periodos de tiempo:
a) En caso de proyectos cuya finalidad sea la obtención de una concesión, el plazo de solicitud de la concesión, incluidas las posibles prórrogas.
b) En caso de obras de protección del litoral, puertos y similares, un mínimo de 50 años desde la fecha de solicitud.
2. Se deberán considerar las medidas de adaptación que se definan en la estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, establecida en la disposición adicional octava de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
Artículo 93. Contenido del estudio básico de dinámica litoral.
El estudio básico de dinámica litoral a que se refiere el artículo 91.3 de este reglamento se acompañará como anejo a la Memoria, y comprenderá los siguientes aspectos:
a) Estudio de la capacidad de transporte litoral.
b) Balance sedimentario y evolución de la línea de costa, tanto anterior como previsible.
c) Clima marítimo, incluyendo estadísticas de oleaje y temporales direccionales y escolares.
d) Dinámicas resultantes de los efectos del cambio climático.
e) Batimetría hasta zonas del fondo que no resulten modificadas, y forma de equilibrio, en planta y perfil, del tramo de costas afectado.
f) Naturaleza geológica de los fondos.
g) Condiciones de la biosfera submarina y efectos sobre la misma de las actuaciones previstas en la forma que señala el artículo 88 e) de este reglamento.
h) Recursos disponibles de áridos y canteras y su idoneidad, previsión de dragados o trasvases de arenas.
i) Plan de seguimiento de las actuaciones previstas.
j) Propuesta para la minimización, en su caso, de la incidencia de las obras y posibles medidas correctoras y compensatorias.
Artículo 94. Disminución de la superficie de playa existente.
La disminución significativa de la superficie de playa existente, causada por las actividades proyectadas, deberá, en su caso, ser compensada con otra equivalente, a crear o regenerar en la zona, sin que esta compensación sea condición suficiente para que, en su caso, el título se otorgue.
Artículo 95. Localización de los paseos marítimos.
1. Los paseos marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar y serán preferentemente peatonales (artículo 44.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. En el caso de modificación de las características de paseos marítimos existentes no se admitirán vías rodadas en los mismos, salvo que no exista posibilidad de situar otras vías alternativas en las proximidades.
Artículo 96. Instalaciones de tratamiento de aguas residuales.
1. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se emplazarán fuera de la ribera del mar y de los primeros veinte metros de la zona de servidumbre de protección. No se autorizará la instalación de colectores paralelos a la costa dentro de la ribera del mar ni de los primeros veinte metros de los terrenos colindantes (artículo 44.6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. No se entenderá incluida en los supuestos de prohibición del apartado anterior la reparación de colectores existentes, así como su construcción cuando se integren en paseos marítimos u otros viales pavimentados.
Artículo 97. Cumplimiento de las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y demás normativa.
1. Los proyectos contendrán la declaración expresa de que cumplen las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de las normas generales y específicas que se dicten para su desarrollo y aplicación (artículo 44.7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Los autores responderán de la exactitud y veracidad de los datos técnicos y urbanísticos consignados.
Artículo 98. Tramitación de los proyectos.
1. La tramitación de los proyectos de la Administración General del Estado se realizará conforme a lo dispuesto en este artículo, con sometimiento en su caso, a información pública y a informe de los Departamentos y organismos que se determinen. Si, como consecuencia de las alegaciones formuladas en dicho trámite se introdujeran modificaciones sustanciales en el proyecto se abrirá un nuevo período de información (artículo 45.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Lo establecido en este artículo para los proyectos a realizar por la Administración General del Estado será de aplicación a los de las obras de interés general a que se refieren los artículos 111 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 221 de este reglamento.
3. Los proyectos deberá contener los documentos señalados en la legislación de contratos del Sector público.
4. La tramitación de los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación comprenderá:
a) La fase de información pública, en su caso, con plazo de veinte días.
b) Informe de la comunidad autónoma.
c) Informe del Ayuntamiento en cuyo término se emplacen las obras.
d) Informe favorable del Ministerio de Fomento o de las Capitanías Marítimas en el caso de las obras que puedan suponer un riesgo para la seguridad marítima, de la navegación y de la vida humana en el mar, así como en orden a la prevención de la contaminación del medio marino.
e) Informe del órgano competente en materia de costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuando se trate de proyectos de otros órganos o Departamentos Ministeriales.
f) Informe del Ministerio de Defensa cuando puedan afectar a los intereses públicos tutelados por dicho Ministerio.
5. Los informes podrán ser recabados durante el plazo de información pública, debiendo emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse evacuado, se proseguirá la tramitación del expediente.
6. Quedarán excluidos de la tramitación anterior los proyectos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de escasa entidad, o de obras de reparaciones menores o de conservación y mantenimiento.
Artículo 99. Necesidad de ocupación de bienes y derechos que resulte necesario expropiar.
1. La aprobación de dichos proyectos llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos que, en su caso, resulte necesario expropiar. A tal efecto, en el proyecto deberá figurar la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, con la descripción material de los mismos (artículo 45.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. A los efectos del apartado anterior, el proyecto deberá incluir un anejo de expropiaciones que comprenderá, además de lo especificado en dicho apartado, los siguientes datos:
a) Plano parcelario, con las fincas individualizadas y titulares afectados, debiendo figurar la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre.
b) Valoración económica de los bienes y derechos afectados, que deberá realizarse de conformidad con lo regulado en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo.
Artículo 100. Necesidad de ocupación de otros bienes y derechos.
La necesidad de ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obra que puedan aprobarse posteriormente, con los mismos requisitos señalados en los artículos anteriores (artículo 45.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 101. Planes de obras y de otras actuaciones.
Con el fin de garantizar la integridad del dominio público marítimo-terrestre y la eficacia de las medidas de protección sobre el mismo, la Administración General del Estado podrá aprobar planes de obras y de otras actuaciones de su competencia (artículo 46 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
CAPÍTULO III
Reservas y adscripciones
Sección 1.ª Reservas
Artículo 102. Reserva de utilización de determinadas pertenencias del dominio público marítimo-terrestre.
1. La Administración General del Estado podrá reservarse la utilización total o parcial de determinadas pertenencias del dominio público marítimo-terrestre exclusivamente para el cumplimiento de fines de su competencia, siempre que concurran las circunstancias prevenidas en los artículos 32 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 61 y 62 de este reglamento.
2. La reserva podrá ser para la realización de estudios e investigaciones, o para obras, instalaciones o servicios. Su duración se limitará al tiempo necesario para el cumplimiento de los fines a que se refiere el apartado anterior.
3. La declaración de zona de reserva se hará por acuerdo del Consejo de Ministros. Prevalecerá frente a cualquier otra utilización y llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación, a efectos expropiatorios de los derechos preexistentes que resulten incompatibles con ella (artículo 47 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
4. La solicitud de reserva deberá ir acompañada del proyecto de las obras e instalaciones o, en caso de inexistencia de las mismas, de la definición de usos o actividades que se van a desarrollar sobre la zona afectada.
5. La solicitud de declaración de zona de reserva deberá ser sometida a informe de la comunidad autónoma y, conforme a lo establecido en los artículos 115 b) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 225 b) de este reglamento, de los Ayuntamientos afectados. Asimismo, deberá someterse a informe preceptivo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuando la misma se realice a favor de otro Departamento ministerial. Estos informes deberán emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse evacuado, se proseguirá la tramitación del expediente.
6. La propuesta será elevada al Consejo de Ministros por el titular del Departamento ministerial a cuyo favor se realice la reserva.
7. Declarada la reserva, se suscribirá un acta y plano por representantes del Departamento ministerial afectado y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
8. Las obras e instalaciones, o los usos o actividades, para los que se declaró la reserva, no podrán ser modificados durante la duración de la misma. Su modificación tendrá idéntica tramitación que la solicitud inicial.
Artículo 103. Utilización o explotación de las zonas de reserva.
1. La utilización o explotación de las zonas de reserva podrá ser realizada por cualquiera de las modalidades de gestión directa o indirecta previstas en el artículo 277 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
2. La reserva no podrá amparar en ningún caso la realización de otros usos o actividades distintas de las que justificaron la declaración (artículo 48.1 y 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Sección 2.ª Adscripciones
Artículo 104. Adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las comunidades autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte.
1. La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las comunidades autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquéllas, o de ampliación o modificación de los existentes, se formalizará por la Administración General del Estado. La porción de dominio público adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la comunidad autónoma la utilización y gestión de la misma, adecuadas a su finalidad y con sujeción a las disposiciones pertinentes. En todo caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos, incluidas las prórrogas, no podrá ser superior al plazo máximo de vigencia establecido en la legislación estatal para las concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés general.
2. La adscripción se limitará a la superficie de dominio público marítimo-terrestre ocupada por la zona de servicio portuaria o por la vía de transporte.
Artículo 105. Usos permitidos en la zona de servicio portuaria de los bienes de dominio público marítimo-terrestre.
1. En la zona de servicio portuaria de los bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos, que no reúnan las características del artículo 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y artículo 3 de este reglamento, además de los usos necesarios para el desarrollo de la actividad portuaria, se podrán permitir usos comerciales y de restauración, siempre que no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre ni la actividad portuaria y se ajusten a lo establecido en el planeamiento urbanístico. En todo caso, se prohíben las edificaciones destinadas a residencia o habitación.
2. La superficie máxima permitida para los usos previstos en el apartado anterior deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) Será inferior al 16 por ciento de la lámina de agua comprendida por los diques del puerto.
b) Será inferior al 10 por ciento de la superficie de tierra del puerto.
c) Será inferior a 20 metros cuadrados por amarre.
3. Su planificación y ubicación se subordinará a las necesidades de la actividad portuaria, no debiendo interferir, afectar o perjudicar a la misma.
Artículo 106. Proyectos de las comunidades autónomas.
1. A los efectos previstos en el artículo 104, los proyectos de las comunidades autónomas deberán contar con el informe favorable de la Administración General del Estado en cuanto a la delimitación del dominio público estatal susceptible de adscripción, usos previstos, incluida la determinación concreta de la superficie y ubicación que vaya a destinarse a los usos autorizados por el artículo 49. 4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 105 de este reglamento, y medidas necesarias para la protección del dominio público, sin cuyo requisito aquéllos no podrán entenderse definitivamente aprobados.
2. Los proyectos de las comunidades autónomas habrán de contener, además, una evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre los terrenos donde se vayan a situar las obras, de acuerdo con el artículo 44.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 92 de este reglamento.
3. La aprobación definitiva de los proyectos llevará implícita la adscripción del dominio público en que estén emplazadas las obras y la delimitación de una nueva zona de servicio portuaria o la ampliación o modificación de la existente, con la distribución de superficie y usos prevista en el apartado 1 de este artículo. La adscripción se formalizará mediante acta suscrita por representación de ambas Administraciones.
4. La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las comunidades autónomas no devengará canon a favor de la Administración General del Estado. Las concesiones o autorizaciones que las comunidades autónomas otorguen en el dominio público marítimo-terrestre adscrito devengarán el correspondiente canon de ocupación en favor de la Administración General del Estado, sin perjuicio de los que sean exigibles por aquellas.
Artículo 107. Procedimiento de adscripción.
La adscripción se formalizará mediante el siguiente procedimiento:
a) La comunidad autónoma interesada remitirá el proyecto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su informe, con anterioridad a su aprobación definitiva.
El informe deberá emitirse en el plazo de dos meses contados a partir del momento en que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente disponga de la documentación necesaria. Transcurrido dicho plazo sin haberse evacuado, éste se entenderá favorable
b) Aprobado definitivamente el proyecto por la comunidad autónoma, ésta notificará al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dicha resolución, tras lo que se suscribirá acta y plano de adscripción por representantes de ambas Administraciones.
c) Las obras no podrán iniciarse hasta que no se haya formalizado la adscripción.
Artículo 108. Balizamiento de los puertos de competencia de las comunidades autónomas.
1. El balizamiento de los puertos de competencia de las comunidades autónomas deberá realizarse de conformidad con la normativa, características técnicas y ubicación de los dispositivos que hayan sido aprobados por Puertos del Estado, previo dictamen de la Comisión de Faros.
2. Las Capitanías Marítimas, por razones de seguridad para la navegación, podrán decretar el cierre del puerto al tráfico marítimo si no se cumplen las referidas instrucciones respecto al balizamiento, previo requerimiento y audiencia a la comunidad autónoma.
Artículo 109. Reversión de bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos.
1. Los bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos a una comunidad autónoma que no sean utilizados para el cumplimiento de los fines a los que se adscribieran o que sean necesarios para la actividad económica o el interés general según los artículos 131 y 149 de la Constitución, revertirán al Estado, previa audiencia de la comunidad autónoma, por el procedimiento que se determina en el apartado siguiente, y se les dará el destino que en cada caso resulte procedente (artículo 50 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. En el supuesto de incumplimiento de los fines que justificaron la adscripción, la reversión se ajustará al siguiente procedimiento:
a) El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente solicitará el preceptivo informe de la comunidad autónoma, que se emitirá en el plazo de un mes, sobre la utilización o no de los terrenos para el cumplimiento de los fines para los que fueron adscritos.
b) Si la comunidad autónoma manifestara su conformidad con la continuación del procedimiento, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente propondrá al Consejo de Ministros la reversión de los terrenos adscritos.
c) Si la comunidad autónoma manifestara su discrepancia, se procederá a abrir un período de consulta entre ambas Administraciones para resolver de común acuerdo las diferencias.
3. Cuando la reversión se inste por la comunidad autónoma, la propuesta se elevará al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
4. En los demás supuestos, la reversión requerirá la previa comunicación a la comunidad autónoma de las razones que la justifiquen, para que aquélla pueda formular, en el plazo de un mes, cuantas alegaciones estime pertinentes. Dichas alegaciones se incorporarán a la propuesta que se eleve al Consejo de Ministros.
5. En todo caso, la reversión surtirá efectos desde la fecha en que se acuerde por el Consejo de Ministros y se formalizará mediante acta que será suscrita por los representantes de ambas Administraciones.
CAPÍTULO IV
Autorizaciones
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 110. Actividades y ocupaciones sujetas a autorización administrativa previa.
1. Estarán sujetas a previa autorización administrativa las actividades en las que, aun sin requerir obras o instalaciones de ningún tipo, concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y, asimismo, la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles.
2. Se entenderán por instalaciones desmontables aquéllas que:
a) Precisen a lo sumo obras puntuales de cimentación, que, en todo caso, no sobresaldrán del terreno.
b) Estén constituidas por elementos de serie prefabricados, módulos, paneles o similares, sin elaboración de materiales en obra ni empleo de soldaduras.
c) Se monten y desmonten mediante procesos secuenciales, pudiendo realizarse su levantamiento sin demolición y siendo el conjunto de sus elementos fácilmente transportable (artículo 51 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. Se entenderá que concurren circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad cuando en las actividades se den, respectivamente, alguna de las siguientes:
a) Que no sean compatibles con las actividades contempladas en los artículos 31.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 60.1 de este reglamento.
b) Que su ejercicio signifique un peligro o riesgo para la integridad de personas o bienes.
c) Que la utilización del dominio público marítimo-terrestre sea un factor determinante de la rentabilidad económica de la actividad.
4. Se entenderá por ocupación con bienes muebles la producida por su ubicación en el dominio público marítimo-terrestre de forma continuada o, en todo caso, por plazo superior a un día.
Artículo 111. Solicitudes de autorización.
1. Las solicitudes de autorización sólo podrán referirse a las instalaciones y actividades previstas en el artículo 32, apartados 1 y 2, y 33.6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
2. Las solicitudes podrán ser sometidas a información pública, según se determina en el artículo 152.8 de este reglamento.
3. Las autorizaciones se otorgarán con carácter personal e intransferible inter vivos, salvo en el caso de vertidos, y no serán inscribibles en el Registro de la Propiedad.
4. El plazo de vencimiento será el que se determine en el título correspondiente, y no podrá exceder de cuatro años.
5. Las solicitudes de autorización se otorgarán, en su caso, con los criterios establecidos con carácter general en este reglamento para cada tipo de instalaciones o actividades y de acuerdo con el planeamiento aplicable.
Artículo 112. Revocación de autorizaciones y retirada de instalaciones.
1. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración General del Estado en cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público, o menoscaben el uso público, cuando los terrenos ocupados soporten un riesgo cierto de que el mar les alcance y cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad. En este último caso, sólo se revocará la autorización, si en el plazo de tres meses desde que le fuera comunicada tal circunstancia a su titular, éste no hubiera adaptado su ocupación a la nueva normativa o la adaptación no fuera posible física o jurídicamente (artículo 55.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Si la revocación se produce con base en normativa aprobada con posterioridad que deba ser ejecutada por la comunidad autónoma o cuando corresponda a la competencia de la misma apreciar las razones de mayor interés público de otras actividades, el expediente se incoará a iniciativa de ésta.
2. Extinguida la autorización, el titular tendrá derecho a retirar fuera del dominio público y de sus zonas de servidumbre las instalaciones correspondientes y estará obligado a dicha retirada cuando así lo determine la Administración competente, en la forma y plazo que le fije la Administración a partir de la extinción de la autorización, que no sobrepasará los quince días.
En todo caso, estará obligado a restaurar la realidad física alterada.
4. De no llevarse a cabo la retirada en el plazo o condiciones fijados, la Administración procederá a su ejecución subsidiaria, aplicando para ello la garantía establecida al respecto. De ser insuficiente la misma, se requerirá el abono de la diferencia en el plazo de diez días, procediéndose, en otro caso, a la vía de apremio.
Sección 2.ª Servicios de temporada en playas
Artículo 113. Autorizaciones de explotación de servicios de temporada.
1. Las autorizaciones cuyo objeto sea la explotación de servicios de temporada en las playas que sólo requieran instalaciones desmontables, serán otorgadas a los Ayuntamientos que lo soliciten, en la forma que se determina en los apartados siguientes.
2. En ningún caso el otorgamiento de estas autorizaciones podrá desnaturalizar el principio del uso público de las playas (artículo 53 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. En el último trimestre del año, el Servicio Periférico de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se dirigirá a los Ayuntamientos costeros de su ámbito territorial, fijándose un plazo, que no superará los dos meses, para que soliciten, con carácter preferente, las autorizaciones para la explotación de los servicios de temporada del ejercicio o ejercicios siguientes.
Los servicios de temporada podrán contar con una autorización por un plazo máximo de cuatro años, si bien las instalaciones deberán desmontarse una vez finalizada cada una de las temporadas incluidas en el plazo de duración de la autorización.
4. Los Ayuntamientos interesados en la explotación de los referidos servicios, deberán presentar la solicitud de la correspondiente autorización directamente en el Servicio Periférico de Costas o a través de la comunidad autónoma, dentro del plazo establecido anteriormente, acompañada de la propuesta de delimitación de zonas a ocupar por aquéllos, de los planos de las instalaciones y servicios cuya definición así lo requiera y del estudio económico-financiero.
5. Otorgada la autorización por el Servicio Periférico de Costas, los Ayuntamientos, previo abono del canon de ocupación correspondiente, podrán proceder a su explotación, por sí o por terceros.
6. En caso de explotación por terceros, el Servicio Periférico de Costas incluirá, entre las cláusulas de la autorización, la obligación del Ayuntamiento de exigirles la constitución de un depósito previo a disposición de aquél en la Caja General de Depósitos, para responder de los gastos de la ejecución subsidiaria del levantamiento de las instalaciones si las mismas no se levantan, en el plazo que se fije por dicho Servicio.
El Ayuntamiento comunicará al Servicio Periférico de Costas la relación nominal de los terceros encargados de la explotación, previamente al inicio de la misma. Los Ayuntamientos garantizarán que en los procedimientos para licitar la prestación del servicio de temporada en playas se atenderá al mayor interés y utilidad pública de las propuestas, que se valorarán en función de criterios que deberán ser especificados por los Ayuntamientos en los correspondientes pliegos de condiciones, con respeto a los principios de publicidad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva. Estos pliegos se publicarán en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma.
El plazo de explotación por terceros no podrá exceder el plazo de la autorización otorgada al Ayuntamiento.
7. Una vez terminada su instalación, el Ayuntamiento requerirá del Servicio Periférico de Costas la práctica de su reconocimiento, a fin de comprobar su coincidencia con la autorización otorgada.
8. El Servicio Periférico de Costas podrá otorgar la autorización a otras personas físicas o jurídicas, previa comunicación al Ayuntamiento y tramitación conforme al procedimiento establecido en este reglamento, en los siguientes casos:
a) Cuando no se hubiera producido la solicitud del Ayuntamiento durante el plazo a que se refiere el apartado 3.
b) Cuando dicha solicitud resultase legalmente inaceptable.
c) Cuando el Ayuntamiento hubiere incurrido en incumplimiento de las condiciones del título en la temporada anterior, desatendiendo el requerimiento expreso de dicho Servicio.
En su caso, el Servicio Periférico de Costas podrá celebrar concurso para su otorgamiento, conforme a lo establecido en el artículo 158 de este reglamento, a los que podrá presentarse el Ayuntamiento en paridad con los demás concursantes.
9. Para los artefactos flotantes de recreo explotados comercialmente se deberá obtener por los interesados la autorización del Servicio Periférico de Costas para el emplazamiento de las zonas de lanzamiento y varada dentro de las delimitadas para los servicios de temporada, previamente a la de funcionamiento a otorgar por la Capitanías Marítimas; en esta última autorización se controlará que el balizamiento de las zonas de baño y de los canales de lanzamiento y varada de los citados artefactos se ejecute de acuerdo con las características técnicas y ubicación de los dispositivos que hayan sido aprobados por el Organismo público Puertos del Estado.
Artículo 114. Otorgamiento de la explotación total o parcial de los servicios de temporada.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrá otorgarse la explotación total o parcial de los servicios de temporada a los titulares de concesiones de creación, regeneración o acondicionamiento de playas, en los términos que se establezcan en el título correspondiente (artículo 54 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Sección 3.ª Vertidos
Artículo 115. Disposiciones generales.
1. Las disposiciones de la presente sección son de aplicación a los vertidos, tanto líquidos como sólidos, cualquiera que sea el bien de dominio público marítimo-terrestre en que se realicen.
2. Los vertidos al mar desde buques y aeronaves se regularán por su legislación específica.
3. Estará prohibido el vertido de residuos sólidos y escombros al mar y su ribera, así como a la zona de servidumbre de protección, excepto cuando éstos sean utilizables como rellenos y estén debidamente autorizados (artículo 56 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 116. Autorización y limitación de vertidos.
1. Todos los vertidos requerirán autorización de la Administración competente, que se otorgará con sujeción a la legislación estatal y autonómica aplicable, sin perjuicio de la concesión de ocupación de dominio público, en su caso.
2. En el caso de vertidos contaminantes será necesario que el peticionario justifique previamente la imposibilidad o dificultad de aplicar una solución alternativa para la eliminación o tratamiento de dichos vertidos. No podrán verterse sustancias ni introducirse formas de energía que puedan comportar un peligro o perjuicio superior al admisible para la salud pública y el medio natural, con arreglo a la normativa vigente.
3. En función de los objetivos de calidad fijados para el medio receptor de contaminación, los vertidos se limitarán en la medida que lo permitan el estado de la técnica, las materias primas y, especialmente, en virtud de la capacidad de absorción de la carga contaminante, sin que se produzca una alteración significativa de dicho medio (artículo 57 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 117. Condiciones de las autorizaciones de vertido.
1. Entre las condiciones a incluir en las autorizaciones de vertido deberán figurar las relativas a:
a) Plazo de vencimiento, no superior a treinta años.
b) Instalaciones de tratamiento, depuración y evacuación necesarias, estableciendo sus características y los elementos de control de su funcionamiento, con fijación de las fechas de iniciación y terminación de su ejecución, así como de su entrada en servicio.
c) Volumen anual de vertido.
d) Límites cualitativos del vertido y plazos, si proceden, para la progresiva adecuación de las características del efluente a los límites impuestos.
e) Evaluación de los efectos sobre el medio receptor, objetivos de calidad de las aguas en la zona receptiva y previsiones que, en caso necesario, se hayan de adoptar para reducir la contaminación.
f) Canon de vertido.
2. La Administración competente podrá modificar las condiciones de las autorizaciones de vertido, sin derecho a indemnización, cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubiesen alterado, o bien sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos. Si la Administración competente lo considera necesario, podrá suspender los efectos de la autorización hasta que se cumplan las nuevas condiciones establecidas.
3. En caso de que el titular de la autorización no realice las modificaciones en el plazo que al efecto le señale la Administración competente, ésta podrá declarar la caducidad de la autorización de vertido, sin perjuicio de la imposición de las sanciones oportunas (artículos 58.1, 2 y 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
4. La Administración otorgante de la autorización de vertido controlará el estado de las obras que le sirven de soporte, obligando, en su caso, a la realización de las necesarias para asegurar que aquél funcione en las condiciones establecidas en la misma.
El incumplimiento de esta obligación, que figurará en el condicionado de la autorización, será causa de caducidad en los términos previstos en la misma.
Artículo 118. Extinción de la autorización de vertido.
1. La extinción de la autorización de vertido, cualquiera que sea la causa, llevará implícita la de la inherente concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre (artículo 58.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. A tal efecto, la Administración que haya declarado extinguida la autorización lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para que éste proceda a la extinción de la concesión de ocupación sin más trámite.
Artículo 119. Inspección del vertido por la Administración competente.
La Administración competente podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización del vertido (artículo 58.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 120. Participación de empresa colaboradora.
Cuando la importancia o complejidad de la instalación de tratamiento así lo aconseje, entre las condiciones de la autorización se podrá incluir la exigencia de que la dirección de la explotación se lleve a cabo por técnico competente o que intervenga una empresa colaboradora especializada para su mantenimiento, con la presentación de certificados periódicos sobre su funcionamiento, así como su aseguramiento.
Artículo 121. Constitución de Juntas de Usuarios.
1. Podrán constituirse Juntas de Usuarios para el tratamiento conjunto y vertido final de efluentes líquidos (artículo 58.6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. La regulación de la composición y funcionamiento de la Junta de Usuarios, así como las causas y forma de su variación o disolución, serán aprobadas por la Administración otorgante de su autorización, a petición de los propios usuarios, o, en su defecto, cuando aquélla lo estime necesario para asegurar el cumplimiento en forma debida de los términos de la autorización.
Artículo 122. Estudio hidrogeológico del vertido.
En aquellos casos en que el vertido pueda propiciar la infiltración o almacenamientos de sustancias susceptibles de contaminar las aguas o capas subterráneas, se requerirá la previa realización de un estudio hidrogeológico que justifique su inocuidad (artículo 59 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 123. Medios para prevenir y combatir la contaminación por vertidos de hidrocarburos al mar.
1. Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes específicas y de las exigencias que comporten los programas de control y reducción de la contaminación por vertidos de hidrocarburos al mar, las refinerías de petróleo, factorías químicas y petroquímicas e instalaciones de abastecimiento de combustibles líquidos que posean terminales de carga y descarga de hidrocarburos en los puertos, mar territorial y aguas interiores, deberán disponer, en las cercanías de los terminales, las instalaciones de recepción de los residuos de hidrocarburos y cuantos otros medios que, para prevenir y combatir los derrames, establecen las disposiciones vigentes en materia de contaminación de las aguas del mar. Asimismo, las plataformas e instalaciones dedicadas a la prospección de hidrocarburos en el mar, su explotación o almacenamiento, deberán contar con los medios precisos para prevenir y combatir los derrames que puedan producirse (artículo 60 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. La disposición de los elementos de recepción de residuos y demás medios de prevención será exigida por la Administración competente para autorizar el funcionamiento de las instalaciones a que se refiere el apartado anterior.
Artículo 124. Otorgamiento condicionado de determinadas autorizaciones administrativas.
Las autorizaciones administrativas sobre establecimiento, modificación o traslado de instalaciones o industrias que originen o puedan originar vertidos al dominio público marítimo-terrestre se otorgarán condicionadas a la obtención de las correspondientes autorizaciones de vertido y concesiones de ocupación de dicho dominio (artículo 61 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 125. Prohibición de procesos industriales con riesgo de contaminación superior a la admisible.
La Administración competente podrá prohibir, en zonas concretas, aquellos procesos industriales cuyos efluentes, a pesar del tratamiento a que sean sometidos, puedan constituir riesgo de contaminación superior a la admisible, según la normativa vigente, para el dominio público marítimo-terrestre, tanto en su funcionamiento como en situaciones excepcionales previsibles (artículo 62 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Sección 4.ª Extracción de áridos y dragados
Artículo 126. Autorizaciones de extracciones de áridos y dragados.
1. Para otorgar las autorizaciones de extracciones de áridos y dragados será necesaria la evaluación de sus efectos sobre el dominio público marítimo-terrestre, referida tanto al lugar de extracción o dragado como al de descarga, en su caso. Se salvaguardará la estabilidad de la playa, considerándose preferentemente sus necesidades de aportación de áridos.
2. Quedarán prohibidas las extracciones de áridos para la construcción, salvo para la creación y regeneración de playas (artículo 63.1 y 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. Se entenderán incluidos en la prohibición del apartado anterior los dragados o extracciones de áridos en el mar.
4. La extracción de áridos y dragados para la ejecución de obras en los puertos de interés general y el vertido de los productos de dragado en el dominio público portuario estatal se regirá por lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
Artículo 127. Condiciones de la autorización de extracciones de áridos y dragados.
1. Entre las condiciones de la autorización deberán figurar las relativas a:
a) Plazo por el que se otorga.
b) Volumen a extraer, dragar o descargar al dominio público marítimo-terrestre, ritmo de estas acciones y tiempo hábil de trabajo.
c) Procedimiento y maquinaria de ejecución.
d) Destino y, en su caso, lugar de descarga en el dominio público de los productos extraídos o dragados.
e) Medios y garantías para el control efectivo de estas condiciones (artículo 63.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Asimismo, se incluirá, como causa específica de revocación, la establecida en el artículo 129 de este reglamento, con los efectos allí previstos.
Artículo 128. Competencia para el otorgamiento de las autorizaciones de extracciones de áridos y dragados.
1. La competencia para el otorgamiento de las autorizaciones a que se refiere esta sección será ejercida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de los Servicios Periféricos de Costas.
2. La tramitación de las autorizaciones se ajustará al procedimiento general establecido en el artículo 152 de este reglamento, adecuando el contenido del proyecto básico al objeto de la solicitud.
Las solicitudes de dragados para la extracción de áridos serán sometidas a informe de los órganos competentes de la Administración General del Estado en materia de Pesca, Seguridad de la navegación y de la vida humana en el mar y Medio Ambiente, Protección de pecios de buques de Estado y Patrimonio arqueológico subacuático.
3. En todo caso se tendrán especialmente en cuenta, tanto en el proyecto que acompañe a la solicitud como en la resolución que se adopte, los posibles efectos de la actuación sobre la estabilidad de la playa, los efectos del cambio climático, la dinámica litoral y la biosfera submarina, los buques naufragados o hundidos y sus restos y el patrimonio arqueológico subacuático.
Artículo 129. Modificación y revocación de la autorización para las extracciones de áridos y dragados.
1. En el caso de que se produjeran efectos perjudiciales para el dominio público y su uso, la Administración otorgante podrá modificar las condiciones iniciales para corregirlos o incluso revocar la autorización, sin derecho a indemnización alguna para su titular (artículo 63.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. En tales casos se resolverá sin más trámite que la audiencia previa al interesado.
Artículo 130. Declaración de zonas de prohibición de extracción de áridos y dragados.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá declarar zonas de prohibición de extracción de áridos y dragados por razones de protección de las playas y de la biosfera submarina, sin perjuicio de las prohibiciones que resultaren de la aplicación de otras leyes.
CAPÍTULO V
Concesiones
Artículo 131. Ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre sujeta a concesión administrativa.
1. Toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras e instalaciones no desmontables estará sujeta a previa concesión otorgada por la Administración General del Estado (artículo 64.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Asimismo necesitará el otorgamiento de concesión la ocupación del dominio público marítimo-terrestre por instalaciones desmontables que por su naturaleza, finalidad u otras circunstancias requieran un plazo de ocupación superior a cuatro años.
3. La competencia para el otorgamiento de concesiones de ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, salvo lo previsto en el artículo 223 de este reglamento. La de otorgamiento de concesiones en el dominio público adscrito a una comunidad autónoma corresponderá a ésta.
Artículo 132. Uso del objeto de la concesión.
1. El concesionario tendrá derecho al uso privativo de los bienes objeto de concesión. En todo caso y de acuerdo con lo que se disponga en los apartados siguientes, se garantizará en estos terrenos el libre acceso y tránsito de las autoridades y funcionarios competentes cuando fuera necesario por razones de defensa nacional, salvamento, seguridad marítima, represión del contrabando, para el ejercicio de las funciones de policía de dominio público marítimo-terrestre y para el cumplimiento de las demás funciones que tengan atribuidas.
En caso de accidente en el mar, o cuando por razones de seguridad en el tráfico marítimo sea necesario para la salvaguardia de las personas y las embarcaciones, se podrán depositar en los terrenos objeto de concesión, las embarcaciones y sus pertrechos (artículo 64.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Para ello las autoridades y funcionarios de la Administración competente se identificarán e indicarán el motivo del acceso o tránsito, levantando acta de comparecencia.
Para la efectividad del acceso y tránsito previsto en el apartado primero el órgano competente interesará, cuando sea necesario, la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sin perjuicio de las sanciones que puedan proceder.
3. Si la concesión se ubica en playa será de aplicación lo previsto en el artículo 33 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 65 de este reglamento.
4. En todo caso, deberán quedar garantizadas las servidumbres establecidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio, para que se pueda materializar dicho uso privativo de la concesión.
Artículo 133. Necesidad de obtención de otras concesiones y autorizaciones.
1. El otorgamiento de la concesión a que se refiere el artículo anterior no exime a su titular de la obtención de las concesiones y autorizaciones que sean exigibles por otras Administraciones públicas en virtud de sus competencias en materia de puertos, vertidos u otras específicas (artículo 65.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a las concesiones y autorizaciones que deban otorgar los Departamentos de la Administración General del Estado en virtud de sus respectivas competencias.
Artículo 134. Limitaciones a la condición de titular de concesiones.
En ningún caso podrán ser titulares de concesiones las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Cuando posteriormente al otorgamiento de la concesión el titular incurra en alguna de las prohibiciones de contratar se producirá la extinción de la concesión.
En caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase de liquidación, no se producirá la extinción de la concesión, si su titular prestare las garantías suficientes, a juicio de la Administración, para continuar con la ocupación en los términos previstos en el título concesional (artículo 65.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Estas limitaciones no serán de aplicación a las concesiones otorgadas al amparo del régimen regulado en la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, aunque sí a la prórroga regulada en el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
Artículo 135. Duración de la concesión.
1. Las concesiones se otorgarán sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos preexistentes (artículo 66.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. El plazo será el que se determine en el título correspondiente. En ningún caso estos plazos podrán exceder de setenta y cinco años (artículo 66.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. Los plazos máximos se fijarán teniendo en cuenta tanto el objeto de la solicitud como las circunstancias que se indican en este artículo.
4. De acuerdo con el objeto de la solicitud, los plazos máximos por los que se podrán otorgar las concesiones son los siguientes:
a) Usos destinados a actuaciones ambientales: hasta un máximo de 75 años.
b) Usos que desempeñan una función o presten un servicio que, por su naturaleza, requiera la ocupación del dominio público marítimo-terrestre: hasta un máximo de 50 años.
c) Usos que presten un servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio: hasta un máximo de 30 años.
5. El título otorgado podrá fijar un plazo de duración inferior y prever, a su vez, prórrogas sucesivas dentro del límite temporal máximo de setenta y cinco años en el que queda integrado el tiempo de duración de la concesión y las posibles prórrogas.
En todos estos casos, para la determinación de los plazos se tendrá en cuenta la adecuación al medio de la instalación, el grado de interés que represente para el dominio público marítimo-terrestre o sus usuarios, su ubicación en ribera del mar o fuera de la misma y el contenido del estudio económico-financiero o, en su defecto, el volumen de la inversión a amortizar.
Asimismo, la determinación del plazo de la concesión tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a) El impacto paisajístico del objeto de la concesión que se solicita.
b) La protección ecológica de la interacción mar-tierra derivada de la aplicación de las normas de gestión integral costera o de protección marina.
c) Los efectos del objeto de la concesión que se solicita en los planes de ordenación de los recursos naturales cuando las construcciones o instalaciones derivadas de las concesiones hubieran quedado fuera de ordenación o figura equivalente, o fueran, en general, contrarias a los criterios informadores de dichos planes.
d) Los efectos del objeto de la concesión que se solicita en la planificación de conjuntos históricos BIC cuando las construcciones o instalaciones derivadas de las concesiones hubieran quedado fuera de ordenación o figura equivalente, o fueran, en general, contrarias a la protección prevista en el correspondiente plan o en la declaración del BIC.
En el caso de las concesiones a las que se refieren las letras b) y c) del apartado 4, los plazos máximos previstos para cada uso podrán ser ampliados en una quinta parte del plazo máximo previsto para cada uno de esos usos cuando el solicitante hubiera presentado un proyecto para la regeneración de playas y lucha contra la erosión y los efectos del cambio climático que fuera expresamente aprobado por la Administración, lo que se hará constar en el correspondiente título.
Artículo 136. Actividades amparadas por otra concesión de explotación.
Cuando el objeto de una concesión extinguida fuese una actividad amparada por otra concesión de explotación de recursos mineros o energéticos otorgada por la Administración General del Estado por un plazo superior, su titular tendrá derecho a que se le otorgue una nueva concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre por un plazo igual al que reste de vigencia a la concesión de explotación, sin que en ningún caso pueda exceder de setenta y cinco años (artículo 66.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 137. Tramitación de la solicitud de la concesión.
1. Previamente a la resolución sobre la solicitud de la concesión habrá información pública y oferta de condiciones de la Administración General del Estado al peticionario, sin cuya aceptación no será otorgada. Cumplidos estos trámites, la resolución correspondiente será dictada, discrecionalmente, por el Departamento ministerial competente y deberá hacerse pública. Si el concesionario impugna las cláusulas que fueron aceptadas por él, la Administración estará facultada para declarar extinguido el título, salvo cuando aquéllas fueren ilegales (artículo 67 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
En los supuestos en que la concesión se solicite para un proyecto relativo a una materia de competencia autonómica y que cuente con el pronunciamiento favorable de la comunidad autónoma, la Administración General del Estado sólo podrá denegar la concesión por razones de degradación o de expoliación del dominio público o que se encuadren en materias en las que el Estado ostente una competencia propia.
2. El procedimiento para la tramitación de concesiones será el que se regula con carácter general en el artículo 152 de este reglamento.
Artículo 138. Ocupación o expropiación forzosa de bienes y derechos.
1. El otorgamiento de la concesión podrá implicar, según se determina en los apartados siguientes, la declaración de utilidad pública por el Departamento ministerial o comunidad autónoma competente, a efectos de ocupación temporal o expropiación forzosa de los bienes o derechos afectados por el objeto de aquélla (artículo 68 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. La necesidad de ocupación temporal o de expropiación forzosa de bienes y derechos afectados por el objeto de la concesión podrá solicitarse en forma justificada por el peticionario.
3. La Administración podrá asimismo declarar, de oficio y motivadamente, la necesidad de la incorporación, temporal o permanente, al dominio público objeto de la solicitud, de terrenos privados colindantes que no sean propiedad del peticionario.
4. En los casos previstos en los apartados 2 y 3 anteriores, el proyecto básico a presentar por el peticionario deberá incorporar un anejo de expropiación o de ocupación temporal, con la relación de bienes o derechos afectados, para lo cual, en el supuesto que sea a requerimiento de la Administración, dicha incorporación deberá formalizarse en el plazo máximo de un mes.
5. La no aceptación por parte del peticionario de la inclusión de bienes o derechos a expropiar, o la no cumplimentación en plazo del requerimiento de la Administración para que presente el anejo al que se refiere el apartado anterior, implicará el archivo de las actuaciones sin más trámite que la audiencia previa al mismo.
6. El peticionario deberá presentar en el Servicio Periférico de Costas el resguardo del depósito constituido en la Caja General de Depósitos a disposición del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que, de acuerdo con el proyecto básico, sea necesario para poder indemnizar los derechos y bienes expropiados o su ocupación temporal, conjuntamente con la aceptación de la oferta de condiciones a que se refiere el artículo 137 de este reglamento. En todo caso será a cargo del peticionario el pago total del justiprecio por la expropiación u ocupación necesarias para la concesión.
7. Aceptadas las condiciones, la Administración dictará la resolución correspondiente. En caso de otorgamiento de la concesión, su eficacia quedará demorada hasta la finalización de los expedientes de expropiación que, en su caso, sea necesario tramitar.
Artículo 139. Incorporación al dominio público marítimo-terrestre de los bienes y derechos expropiados.
1. Los bienes y derechos expropiados se incorporarán al dominio público marítimo-terrestre desde su ocupación, en la forma prevista en el título concesional, sin que el concesionario esté obligado al abono del canon de ocupación por los terrenos expropiados a su costa para su incorporación a la concesión (artículo 69 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Los terrenos aportados por los concesionarios para completar la superficie de una concesión, cuya descripción deberá figurar en el proyecto básico, se incorporarán al dominio público marítimo-terrestre en la forma prevista en el artículo 5.7 de este reglamento antes del replanteo de las obras e instalaciones.
Artículo 140. Inscripción de las concesiones en el Registro de la Propiedad.
1. Las concesiones serán inscribibles en el Registro de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria. Extinguida la concesión, la inscripción será cancelada a petición de la Administración o del interesado, siempre que tal circunstancia resulte acreditada. El vencimiento del plazo de duración de la concesión implicará igualmente su extinción, pudiéndose proceder a la cancelación del asiento de inscripción conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento Hipotecario.
2. La resolución firme en la vía administrativa que declare su extinción será causa para la cancelación de la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad. Estos extremos serán comunicados por el Servicio Periférico de Costas al Registrador y la cancelación se llevará a efecto en los términos exigidos por la legislación hipotecaria, al igual que los asientos posteriores, siempre que sus titulares hayan sido notificados en el expediente y se acredite la consignación a su favor de las cantidades que puedan corresponder al concesionario como indemnización, rescate o cualquier otro concepto.
Artículo 141. Transmisión de las concesiones.
1. Las concesiones serán transmisibles por actos ínter vivos y mortis causa en los términos previstos en los apartados siguientes de este artículo.
2. La transmisión ínter vivos sólo será válida si con carácter previo la Administración reconoce el cumplimiento, por parte del adquirente, de las condiciones establecidas en la concesión.
De acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 142 de este reglamento, podrán formalizarse contratos de arrendamiento sobre las concesiones otorgadas al amparo de lo previsto en la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que podrán ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad con los requisitos establecidos por la legislación hipotecaria.
3. En caso de fallecimiento del concesionario, sus causahabientes, a título de herencia o de legado, podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de aquél, siempre que en el plazo de cuatro años desde el fallecimiento, comuniquen expresamente a la Administración este hecho y la voluntad de subrogarse. A lo largo de ese plazo, mientras no se produzca la referida comunicación, la comunidad hereditaria resultará responsable de modo solidario de todas las obligaciones del causante. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera hecho la comunicación, la concesión quedará extinguida.
4. La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre las concesiones transmisibles, así como el embargo de las mismas, deberán ser comunicados previamente a la Administración concedente por la persona o entidad a cuyo favor se constituye el derecho o, en su defecto, por la persona o entidad que promueva la inscripción.
5. La celebración de cualquier contrato que implique la participación de un tercero en la explotación de la concesión deberá notificarse al Servicio Periférico de Costas. Dicha participación podrá ser prohibida en el citado título, salvo cuando se trate de concesiones inherentes a la prestación de un servicio público.
6. Cuando el concesionario sea una persona jurídica cuya actividad consista en el disfrute de la concesión, se considerará transmisión cualquier cambio en la titularidad de las acciones o participaciones que suponga sustitución de los socios o accionistas que lo fueren al tiempo del otorgamiento de la concesión, en porcentaje igual o superior al 50 por ciento del capital social, así como también se considerarán transmisión el resto de los casos de pérdida de control societario previstos en los artículos 42 y siguientes del Código de Comercio.
7. No se inscribirá en el Registro de la Propiedad la transmisión de las concesiones o la constitución de derechos reales sobre las mismas, sin que se acompañe certificación del Servicio Periférico de Costas acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo y de las cláusulas de la concesión, y, en el caso de embargos, la previa notificación a la Administración concedente.
Artículo 142. Formalización de la transmisión ínter vivos de las concesiones.
1. La formalización de la transmisión ínter vivos de la concesión exigirá:
a) El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, para lo que el solicitante deberá aportar: la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos para ser titular de concesiones, conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el artículo 134 de este reglamento; la declaración del cumplimiento de las condiciones establecidas en el título concesional; y la documentación en la que conste el tracto sucesivo en la titularidad de la concesión hasta el transmitente.
Examinada la documentación a que se hace referencia en el párrafo anterior, y previo informe de la Abogacía del Estado, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar dictará resolución sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión, según lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 141 de este reglamento.
b) La notificación de la resolución al solicitante del reconocimiento previo al que se refiere el artículo 70.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
Cuando la resolución reconozca la validez de la transmisión declarará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el título concesional y autorizará dicha transmisión. En caso de que haya habido incumplimiento del título concesional, no se autorizará su transmisión. Se deberá dar traslado a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del documento en el que conste la transmisión de la concesión, a los efectos de la anotación del cambio de titular en el registro de usos del dominio público marítimo-terrestre a que se refiere el artículo 80.1 de este reglamento.
2. La transmisión de la concesión no eximirá al nuevo titular del cumplimiento de sus deberes como concesionario ni tendrá el efecto de convalidar los incumplimientos que se hayan producido del título concesional, conservando, en todo momento, la Administración General del Estado las facultades de tutela y policía sobre el dominio público afectado.
3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tendrá derecho de tanteo y retracto en las transmisiones por actos ínter vivos de las concesiones. El derecho de tanteo podrá ejercerse en el plazo de tres meses y el de retracto en el de un año, ambos a contar desde la comunicación prevista en el apartado anterior, a cuyo efecto deberá también comprender las condiciones esenciales de la transmisión de acuerdo con las normas civiles. El ejercicio del derecho de tanteo y retracto llevará implícita la extinción de la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
Artículo 143. Procedimiento para la transmisión mortis causa de las concesiones.
1. El procedimiento para transferir la concesión mortis causa será el siguiente:
a) Los causahabientes, a título de herencia o de legado, deberán comunicar expresamente a la Administración el fallecimiento y la voluntad de subrogarse, para lo cual deberán aportar, junto a su solicitud, el certificado de defunción del concesionario y la documentación acreditativa de la condición de heredero o legatario, acreditando documentalmente la entrega del bien legado, o la escritura o sentencia que apruebe el cuaderno particional, así como la documentación que garantice el tracto sucesivo desde el último titular de la concesión y el justificante de estar al corriente del pago del canon.
b) Por parte de la Administración se levantará acta a fin de determinar el cumplimiento de lo establecido en el título concesional y en la Ley 22/1988, de 28 de julio.
c) Recibida la documentación, se remitirá a informe preceptivo de la Abogacía del Estado.
d) Una vez recibido el informe de la Abogacía del Estado, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dictará resolución formalizando, en su caso, el cambio de titularidad de la concesión.
2. Si la Administración hubiera tenido conocimiento del fallecimiento del titular de la concesión, requerirá a los interesados la presentación de la declaración de fallecimiento del titular y la voluntad de subrogación en los derechos y obligaciones del título concesional en el plazo de tres meses.
3. La transmisión de la concesión no eximirá al nuevo titular del cumplimiento de sus deberes como concesionario ni tendrá el efecto de convalidar los incumplimientos que se hayan producido del título concesional, conservando, en todo momento, la Administración General del Estado las facultades de tutela y policía sobre el dominio público afectado.
Artículo 144. Divisibilidad de las concesiones otorgadas para una pluralidad de usos.
1. Las concesiones otorgadas para una pluralidad de usos, con instalaciones separables, serán, en su caso, divisibles, con la conformidad de la Administración concedente y en las condiciones que ésta dicte (artículo 71.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. La petición de conformidad será dirigida a la Administración concedente por el titular o titulares de la concesión.
3. Previamente a la resolución sobre la solicitud de división habrá oferta de condiciones de la Administración a los peticionarios, sin cuya aceptación no se producirá la conformidad. El plazo no podrá ser superior al que reste de la concesión primitiva.
4. Aceptadas las condiciones, la resolución correspondiente será dictada, discrecionalmente, por la Administración concedente, quedando, en su caso, constituidas las nuevas concesiones.
5. En caso de denegación de la división, se mantendrá la concesión primitiva en los términos en que fue otorgada.
Artículo 145. Juntas de Titulares.
En el caso de concesiones que, por sus características estén divididas entre diversos titulares, siendo, sin embargo, su ubicación y destino sensiblemente coincidentes, la Administración podrá interesar la constitución de una Junta de Titulares, en cuyo caso ésta les representará a todos los efectos derivados de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento.
Artículo 146. Renuncia a la ocupación de parte del dominio público marítimo-terrestre.
1. El concesionario podrá renunciar en cualquier momento a la ocupación de la parte del dominio público incluida en el perímetro de la concesión que no resulte necesaria para su objeto, con la conformidad de la Administración concedente.
2. La declaración de utilidad pública, a efectos del rescate de la concesión, incluso con declaración de urgencia, en su caso, corresponderá al Departamento ministerial concedente (artículo 71.2 y 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Si se trata de una concesión otorgada para llevar a cabo un proyecto de competencia de una comunidad autónoma y aprobado por ésta, la declaración de utilidad pública, a efectos del rescate de la concesión, se realizará por iniciativa de aquélla, salvo en los casos en los que tal declaración se haga para atender fines de competencia estatal o para preservar el dominio público.
3. A los efectos de lo establecido en los artículos 74.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 155.2 de este reglamento, se considerará con carácter preferente la solicitud de concesión formulada como justiprecio del rescate de otra de la que sea titular el peticionario.
Artículo 147. Mantenimiento o retirada de las obras e instalaciones del dominio público marítimo-terrestre.
1. En todos los casos de extinción de una concesión, la Administración General del Estado decidirá sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones o su levantamiento y retirada del dominio público y de su zona de servidumbre de protección por el interesado y a sus expensas. Dicha decisión se adoptará de oficio o a instancia de aquél, a partir del momento anterior al vencimiento que se determina en el apartado siguiente en caso de extinción normal por cumplimiento del plazo, y en los demás supuestos de extinción en el momento de la resolución del correspondiente expediente (artículo 72.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Si se trata de una concesión otorgada para llevar a cabo un proyecto de competencia de una comunidad autónoma y aprobado por ésta, se solicitará informe a la misma, relativo al mantenimiento o levantamiento de las obras e instalaciones, con carácter previo a la adopción de la decisión a que se refiere el párrafo anterior. Dicho informe deberá emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse evacuado, se entenderá que no formula observaciones al respecto.
2. En caso de extinción por vencimiento del plazo concesional, el momento al que se refiere el apartado anterior será el correspondiente a haber transcurrido las cuatro quintas partes de dicho plazo y, en todo caso, seis meses antes de que se produzca el vencimiento.
A partir de este momento, si la Administración no se pronuncia en el plazo de tres meses, se entenderá que opta por la demolición, sin perjuicio de que en cualquier momento pueda manifestarse explícitamente.
Artículo 148. Obligaciones del titular de la concesión.
1. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, el titular de la concesión constituirá el depósito suficiente para responder de los gastos de levantamiento de las obras o instalaciones y retirada fuera del dominio público marítimo-terrestre y su zona de servidumbre de protección, o de reparación de aquéllas, de acuerdo con la resolución adoptada y la tasación ejecutoria señalada por la Administración y a resultas de la liquidación que proceda (artículo 72.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. El plazo para constituir el depósito será de quince días a partir de la notificación de la decisión o, en caso de silencio administrativo, del final del plazo establecido en el apartado 2 del artículo anterior.
Artículo 149. Ejecución subsidiaria.
1. Una vez haya transcurrido el plazo de vencimiento de la concesión, salvo en el caso de haberse optado por su mantenimiento, el titular retirará las obras e instalaciones en el plazo que le hubiera fijado la Administración. Este plazo no será superior a tres meses, salvo casos excepcionales debidamente justificados.
2. De no haberse llevado a cabo por el titular la demolición, retirada o reparación de las instalaciones, o de que se haya realizado defectuosamente, una vez transcurrido el plazo correspondiente, la Administración ejecutará subsidiariamente los trabajos que no hubiera efectuado.
3. En caso de haber optado por el mantenimiento el titular procederá a la reparación de las mismas en el plazo y condiciones que le hubiese indicado la Administración. Dicho plazo no podrá exceder de tres meses.
Artículo 150. Explotación o utilización por la Administración de las obras e instalaciones revertidas.
1. En el caso del apartado 3 del artículo anterior, en la fecha de extinción de la concesión revertirán a la Administración General del Estado gratuitamente y libres de cargas todas las obras e instalaciones. La Administración podrá continuar la explotación o utilización de las instalaciones, según se determina en el apartado siguiente (artículo 72.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. La continuación de la explotación o utilización de las instalaciones se llevará a cabo por cualquiera de los procedimientos de gestión establecidos en la legislación de Costas o en la legislación de Contratos del Sector Público.
CAPÍTULO VI
Disposiciones comunes a autorizaciones y concesiones
Sección 1.ª Pliegos de condiciones generales
Artículo 151. Aprobación de los pliegos de condiciones generales para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones.
1. La Administración competente aprobará pliegos de condiciones generales para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones (artículo 73 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas).
2. La aprobación de los referidos pliegos para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se hará por Orden, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Para el resto de concesiones y autorizaciones la competencia recaerá en la Administración otorgante de las mismas, según lo dispuesto en este reglamento o en su legislación específica.
3. Previamente a la aprobación de los pliegos, se requerirá el informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los términos previstos en la legislación de Patrimonio del Estado.
Sección 2.ª Tramitación
Artículo 152. Tramitación de las solicitudes de autorizaciones y concesiones.
1. Las solicitudes acompañadas del proyecto básico o de construcción, conforme a lo previsto en el artículo 42 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento, y del resguardo acreditativo de la constitución de las fianzas que, en su caso, correspondan, se tramitarán en la forma que se determina en los apartados siguientes, con las fases de información pública, de informe de los organismos que deban ser consultados, y de confrontación previa del proyecto (artículo 74.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. En las concesiones y autorizaciones a otorgar por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el procedimiento de tramitación se ajustará a lo dispuesto en los apartados siguientes.
La tramitación de las restantes concesiones o autorizaciones, competencia de otros Departamentos ministeriales, se regirá por su legislación específica, y, subsidiariamente, por lo dispuesto en este reglamento.
3. Las solicitudes de concesiones y autorizaciones de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se dirigirán al Servicio Periférico de Costas, junto con dos ejemplares en formato papel y un ejemplar en formato digital del proyecto básico o de construcción, el resguardo acreditativo de la fianza provisional y documentación justificativa de la personalidad del peticionario y del compareciente, y de la representación en que éste actúa y la documentación acreditativa de que el peticionario no incurre en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
4. El Servicio Periférico de Costas examinará el proyecto presentado, previo abono de las tasas que procedan, para comprobar si su contenido es acorde con lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento, requiriendo al peticionario, en otro caso, para que subsane los defectos observados.
Hecho lo cual, procederá a la confrontación del proyecto sobre el terreno, a fin de determinar su adecuación al mismo, así como su viabilidad.
5. Si el contenido del proyecto recoge alguno de los usos prohibidos expresamente en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento se aplicará lo previsto en los artículos 35.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 75 y 76 de este reglamento.
6. Para continuar la tramitación, el Servicio Periférico de Costas requerirá el informe de los Departamentos ministeriales y Administraciones públicas de carácter territorial que se citan a continuación, además de los previstos en este reglamento para supuestos específicos:
Autorizaciones:
a) Ayuntamientos en cuyo término se pretenda desarrollar o que puedan resultar afectados por el objeto de la autorización.
b) Comunidad autónoma.
c) Ministerio de Defensa, en cuanto puedan afectar a las zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional o sus zonas de seguridad, a la vigilancia, seguridad y defensa de los espacios marítimos y a la protección de los buques de Estado naufragados o hundidos.
Concesiones:
a) Ayuntamientos en cuyo término se pretenda desarrollar o que puedan resultar afectados por el objeto de la concesión.
b) Comunidad autónoma.
c) Las Capitanías Marítimas competentes por razón del lugar en materia de navegación y Puertos del Estado, en lo que afecta a señalización marítima, si el objeto de la concesión es una obra fija en el mar que pueda suponer un riesgo para la seguridad marítima. Estos informes tendrán carácter vinculante.
d) El Ministerio de Defensa, en cuanto puedan afectar a las zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional o sus zonas de seguridad, a la vigilancia, seguridad y defensa de los espacios marítimos y a la protección de los buques de Estado naufragados o hundidos.
e) Otros Organismos cuyo informe se estime conveniente.
7. Las autorizaciones y concesiones que deban otorgar otros Departamentos ministeriales en el dominio público marítimo-terrestre requerirá el informe previo favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que deberá emitirse en el plazo de un mes.
8. El trámite de información pública, durante el plazo de veinte días, será obligatorio:
a) En los procedimientos de concesiones.
b) En los procedimientos de autorizaciones que se refieran a vertidos industriales y contaminantes desde tierra al mar y a las extracciones de áridos y dragados, así como en las autorizaciones con plazo superior a un año y en los demás supuestos en los que se estime conveniente.
9. El trámite de información pública se llevará a cabo simultáneamente con la petición de los informes citados en el apartado 6.
10. Practicada la fase de información a que se refiere el apartado anterior, el órgano competente resolverá sobre la solicitud, previa audiencia, en su caso, a los interesados en el expediente.
En el caso de autorizaciones, este órgano será el Servicio Periférico de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Si se trata de concesiones, dicho Servicio elevará el expediente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con su informe y propuesta.
11. En caso de que se decida acceder al otorgamiento de la concesión, se comunicarán al peticionario las condiciones en que podría serle otorgada aquélla, dándole un plazo de diez días para que manifieste si las acepta. Si no hiciere manifestación alguna en tal plazo, o no aceptara las condiciones ofertadas, se declarará concluido el expediente por desistimiento del peticionario, con pérdida de la fianza constituida.
12. En caso de ser aceptadas las condiciones en el plazo estipulado, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, resolverá, discrecionalmente, sobre el otorgamiento de la concesión. Si se produce el otorgamiento, el Servicio Periférico de Costas remitirá la resolución para su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
13. Los plazos máximos para resolver y notificar los expedientes de autorización y concesión serán, respectivamente, de cuatro y seis meses, transcurridos los cuales, sin que haya recaído resolución expresa, podrá entenderse desestimada la correspondiente solicitud.
14. Las resoluciones relativas a autorizaciones son susceptibles de recurso de alzada ante el Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Las resoluciones relativas a concesiones ponen fin a la vía administrativa, y serán impugnables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 153. Otorgamiento de concesiones o autorizaciones a extranjeros no nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea.
1. El otorgamiento de concesiones o autorizaciones a extranjeros estará condicionado a la prueba de reciprocidad en sus países de origen para los nacionales españoles. En todo caso, deberán concurrir los siguientes requisitos:
a) Tener domicilio fiscal en España.
b) Cumplir las condiciones que la legislación de contratos del Estado requiere para contratar con extranjeros.
c) Manifestar su sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales españoles para todas las incidencias derivadas del título administrativo que se le otorgue.
2. Lo dispuesto en este reglamento se entenderá sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones a extranjeros.
Artículo 154. Otorgamiento de concesiones o autorizaciones a miembros de la Unión Europea.
Se exceptúan de lo establecido en el artículo anterior los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, a reserva de las limitaciones que por razones de orden público, seguridad y salud pública puedan establecerse (artículo 74.2, párrafo 2º, de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 155. Preferencia en el otorgamiento de los títulos solicitados.
1. En el otorgamiento de los títulos solicitados, tendrán preferencia las solicitudes que comporten mayor utilidad pública. Sólo en caso de identidad entre varias solicitudes se tendrá en cuenta la prioridad en la presentación. En el procedimiento de otorgamiento de títulos cuyas solicitudes se refieran a actividades de servicios, se respetarán los principios de publicidad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva.
2. Asimismo, deberá tenerse en cuenta la preferencia establecida en el artículo 146.3 de este reglamento.
Artículo 156. Procedimiento de otorgamiento de autorizaciones o concesiones de competencia de las Comunidades autónomas que requieren concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre por la Administración General del Estado.
1. El otorgamiento de autorizaciones o concesiones de competencia de las comunidades autónomas, que requieran la concesión o autorización del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, a efectos de coordinación administrativa, se ajustará a lo establecido en los apartados siguientes.
2. Se presentará ante el órgano competente de la comunidad autónoma la solicitud de autorización o concesión de su competencia, así como la de concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre dirigida al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Ambas solicitudes serán acompañadas de la documentación requerida en uno y otro caso.
3. El órgano competente de la comunidad autónoma tramitará el proyecto, recabando los informes que resulten preceptivos de acuerdo con lo establecido en este reglamento.
4. En todo caso, el preceptivo informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuya solicitud supondrá la conformidad inicial de la comunidad autónoma al proyecto de que se trate, se emitirá en el plazo de dos meses, contados a partir del momento en que disponga de toda la documentación necesaria para ello.
El informe incluirá su pronunciamiento sobre la viabilidad de la ocupación, así como las condiciones en que ésta, en su caso, se otorgaría, en lo que se refiere al ámbito de sus competencias.
5. El órgano competente de la comunidad autónoma ofertará al peticionario, conjuntamente con las condiciones en que, en su caso, accedería a la solicitud que se formula, las que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente haya establecido para el otorgamiento de la concesión de ocupación del dominio público.
6. En caso de ser aceptadas las referidas condiciones en su totalidad, el órgano competente de la comunidad autónoma remitirá el expediente, con su propuesta, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a los efectos de que otorgue, en su caso, la oportuna concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
7. Una vez otorgada la concesión de ocupación, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente devolverá el expediente, junto con el título concesional, al órgano remitente, para que otorgue la concesión o autorización de su competencia, de cuya resolución dará traslado a aquél.
Artículo 157. Plazo de emisión de informe.
Los informes a los que se refieren los artículos 152.6 y 7 y 156.3 de este reglamento se deberán emitir en el plazo de un mes, salvo para aquellos casos en los que se ha establecido expresamente otro distinto. Transcurrido dicho plazo sin haberse evacuado, se proseguirá la tramitación del expediente.
Sección 3.ª Concursos para el otorgamiento
Artículo 158. Concurso para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones.
1. La Administración podrá convocar concursos para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre. En el procedimiento de otorgamiento de autorizaciones y concesiones relativas a actividades de servicios, se respetarán los principios de publicidad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva.
2. Si la convocatoria del concurso se produjese durante la tramitación de una solicitud de concesión o autorización, el interesado tendrá derecho, en caso de no resultar adjudicatario del título, al cobro de los gastos del proyecto, en la forma que se determina en el apartado 4.
3. La convocatoria del concurso suspenderá la tramitación de los expedientes de concesión o autorización que resulten afectados.
4. Los gastos del proyecto se determinarán según la tarifa oficial que le corresponda y serán tasados en las bases del concurso. En caso de no existir tarifa oficial, se valorarán los que efectivamente se hayan producido, según estimación que efectuará la Administración.
Dichos gastos serán satisfechos por el adjudicatario, para cuya constatación le será requerido el justificante de su abono, previamente al inicio de la tramitación del título.
Artículo 159. Declaración de concurso desierto.
El concurso podrá declararse desierto si ninguna de las ofertas presentadas reúne las condiciones adecuadas (artículo 75.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 160. Contenido de los pliegos de bases de los concursos.
1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá regular los concursos de su competencia mediante pliegos de bases. La regulación se aprobará por Orden Ministerial, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Los pliegos de bases contendrán, al menos, los siguientes extremos:
a) Plazo de terminación de las obras e instalaciones.
b) Régimen de utilización de las mismas.
c) Plazo de vencimiento del título.
d) Criterios para su resolución; entre los que podrán incluirse la mejora del canon, la reducción del plazo de vencimiento y de las tarifas a establecer para el uso o servicio público, así como la experiencia justificada en actividades análogas.
3. Los proyectos se expondrán a información pública y los seleccionados se tramitarán de acuerdo con lo establecido en este reglamento.
Sección 4.ª Condiciones de otorgamiento
Artículo 161. Condiciones de los títulos de otorgamiento.
1. En todo título de otorgamiento, que tendrá carácter de público, se fijarán las condiciones pertinentes y, en todo caso, las siguientes:
a) Objeto y extensión de la ocupación.
b) Obras o instalaciones a realizar por el adjudicatario con referencia al proyecto respectivo y plazo de comienzo y terminación de aquéllas.
c) Plazo de otorgamiento y posibilidad de prórroga, si procede.
d) Cánones y tasas a abonar por el adjudicatario.
e) Régimen de utilización, privada o pública; incluyendo, en su caso, las tarifas a abonar por el público con descomposición de sus factores constitutivos como base de futuras revisiones.
f) En los casos de utilización lucrativa, obligación del adjudicatario de facilitar cuanta información le solicite la Administración sobre los resultados económicos de la explotación.
g) Condiciones que, como resultado de la evaluación de efectos, se consideren necesarias para no perjudicar al medio.
h) Señalización marítima y de las zonas de uso público.
i) Obligación del adjudicatario de mantener en buen estado el dominio público, obras e instalaciones.
j) Obligación del adjudicatario de constituir un depósito suficiente para los gastos de reparación o levantamiento y retirada, parcial o total, de las obras e instalaciones, a su costa, a la extinción del título correspondiente, salvo decisión en contrario de la Administración competente.
k) Causas de caducidad, conforme a las establecidas en los artículos 79 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 165 de este reglamento.
l) Prescripciones técnicas al proyecto, en su caso.
m) Obligación del adjudicatario de adoptar las medidas requeridas por la Administración de adaptación a la subida del nivel de mar, los cambios del oleaje u otros efectos del cambio climático (artículo 76 de la Ley 22/1988, de 28 de julio,).
2. Deberán incluirse, además, las siguientes condiciones:
a) En su caso, terrenos aportados por el adjudicatario para incorporar al dominio público marítimo-terrestre.
b) Replanteo de las obras e instalaciones, previo a la ejecución del título.
c) Reconocimiento final de las mismas, previo a su utilización.
3. A los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1, se entenderá por utilización lucrativa el pago de cualquier cantidad por los usuarios de las obras o instalaciones o la obtención de recursos de cualquier tipo por su utilización, sea cual sea el destino de los fondos recaudados. No obstante, cuando el adjudicatario sea otra Administración pública, no se considerará utilización lucrativa el pago de las posibles contribuciones especiales para la financiación de la ejecución de las obras o el pago por los usuarios de las tarifas que no tengan por objeto la obtención de beneficios económicos sino contribuir al mantenimiento, y la protección del dominio público marítimo-terrestre.
Sección 5.ª Modificación
Artículo 162. Supuestos de modificación de las autorizaciones y concesiones.
1. Las autorizaciones y concesiones podrán ser modificadas:
a) Cuando se hayan alterado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
b) En casos de fuerza mayor, a petición del titular.
c) Cuando lo exija su adecuación a los planes o normas correspondientes.
Sólo en el supuesto c) del apartado 1, el concesionario perjudicado tendrá derecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 190 de este reglamento o supletoriamente en la legislación general de expropiación forzosa (artículo 77 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. A los efectos de la letra b) del apartado anterior, se entenderá como fuerza mayor la regresión no prevista de la costa que no esté originada por las obras objeto de concesión, los movimientos sísmicos o maremotos, los temporales imprevisibles superiores a los de cálculo, los incendios no provocados y cualquier otra causa excepcional similar.
3. La Administración otorgante podrá autorizar modificaciones de las características de una concesión. Cuando la modificación sea sustancial, la solicitud deberá someterse al procedimiento establecido en este reglamento para el otorgamiento de concesiones. Se considerará, en todo caso, modificación sustancial, el aumento en más de un 10 por ciento del volumen o superficie sobre lo reconocido en el título otorgado, ya sea alcanzado este porcentaje en una o más actuaciones, así como el cambio de uso para el que se le otorgó dicho título.
Sección 6.ª Extinción
Artículo 163. Extinción del derecho a la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
1. El derecho a la ocupación del dominio público se extinguirá por:
a) Vencimiento del plazo de otorgamiento.
b) Revisión de oficio en los casos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
c) Revocación por la Administración, cuando se trate de autorizaciones.
d) Revocación de las concesiones por alteración de los supuestos físicos existentes en el momento del otorgamiento, cuando no sea posible la modificación del título.
e) Renuncia del adjudicatario, aceptada por la Administración, siempre que no tenga incidencia negativa sobre el dominio público o su utilización o cause perjuicios a terceros.
f) Mutuo acuerdo entre la Administración y el adjudicatario.
g) Extinción de la concesión de servicio público del que el título demanial sea soporte.
h) Caducidad.
i) Rescate.
j) Incurrir en prohibición de contratar, de acuerdo con el artículo 65.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
k) La falta de la comunicación expresa prevista en el artículo 70.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, en los casos de transmisión mortis causa de las concesiones.
l) La falta de reconocimiento previo por la Administración previsto en el segundo párrafo del artículo 70.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
m) Revocación de la concesión cuando las obras e instalaciones soporten un riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar (artículo 78.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Las actuaciones pertinentes en los supuestos de extinción contemplados en el apartado anterior se iniciarán y tramitarán por el Servicio Periférico de Costas, correspondiendo su resolución al órgano otorgante, salvo en el caso de la letra a), en que se aplicará lo previsto en el artículo 81 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 170 de este reglamento.
3. En los supuestos de extinción anticipada de la concesión, el expediente deberá someterse a dictamen del Consejo de Estado, previamente a su resolución, de acuerdo con lo previsto en el apartado 12 del artículo 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
4. El abono de cánones, tasas y cualesquiera tributos con posterioridad a la extinción del título no presupone su vigencia, sin perjuicio del derecho a su devolución en los casos que proceda.
Artículo 164. Obligaciones de la Administración a la extinción del derecho a la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
1. Extinguido el derecho a la ocupación del dominio público, la Administración no asumirá ningún tipo de obligación laboral del titular de la actividad afectada (artículo 78.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Tampoco asumirá la Administración ninguna obligación económica del titular, vinculada o no, a la actividad desarrollada en los terrenos e instalaciones objeto del título extinguido.
3. El plazo para la resolución y notificación de la extinción del derecho de ocupación del dominio público marítimo terrestre será de dieciocho meses.
Artículo 165. Supuestos de caducidad de las autorizaciones y concesiones.
1. La Administración, previa audiencia del titular, declarará la caducidad en los siguientes casos:
a) No iniciación, paralización o no terminación de las obras injustificadamente durante el plazo que se fije en las condiciones del título.
b) Abandono o falta de utilización durante un año sin que medie justa causa.
c) Impago del canon o tasas en plazo superior a un año.
d) Alteración de la finalidad del título.
e) Incumplimiento de las condiciones que se hubieran establecido como consecuencia de la previa evaluación de sus efectos sobre el dominio público marítimo-terrestre.
f) El incumplimiento de las condiciones b) y d) de los artículos 63.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 127.1 de este reglamento para las extracciones de áridos y dragados.
g) Privatización de la ocupación cuando la misma estuviere destinada a la prestación de servicios al público.
h) Invasión del dominio público no otorgado.
i) Aumento de la superficie construida, volumen o altura máxima en más del 10 por ciento sobre el proyecto autorizado.
j) No constitución del depósito requerido por la Administración para la reparación o el levantamiento de las obras e instalaciones.
k) Obstaculización del ejercicio de las servidumbres sobre los terrenos colindantes con el dominio público o la aplicación de las limitaciones establecidas sobre la zona de servidumbre de protección y de influencia.
l) En general, por incumplimiento de otras condiciones cuya inobservancia esté expresamente sancionada con la caducidad en el título correspondiente, y de las básicas o decisorias para la adjudicación, en su caso, del concurso convocado, según el artículo 75 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento (artículo 79.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. A los efectos de la letra g) del apartado anterior, se entenderá por privatización de la ocupación la modificación de las condiciones de utilización de los servicios autorizados que dificulten el libre acceso público.
Artículo 166. Otros supuestos de caducidad.
En los demás supuestos de incumplimiento o en caso de infracción grave conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, la Administración podrá declarar la caducidad, previa audiencia del titular y demás trámites reglamentarios (artículo 79.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 167. Procedimiento para la declaración de la caducidad.
1. En los casos cuya competencia corresponda al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el procedimiento para declarar la caducidad será el siguiente:
a) Constatada la existencia de los supuestos referidos, el Servicio Periférico de Costas, tras dictar acuerdo de incoación de expediente, lo pondrá en conocimiento del titular, al que se le concederá un plazo de ocho días para que formule las alegaciones que estime convenientes.
b) Formuladas las alegaciones o transcurrido el plazo para formularlas, el Servicio Periférico de Costas resolverá el expediente cuando tenga delegada la competencia; en el resto de casos, lo elevará a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con su propuesta de resolución.
c) Cuando se trate de concesiones de ocupación de dominio público marítimo-terrestre que sirvan de soporte a actividades objeto de concesión o autorización por otros Departamentos ministeriales o por las comunidades autónomas, previamente se solicitará su informe.
d) Cuando se trate de concesiones, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado en todos los casos de nulidad, interpretación, modificación y extinción, cuando se formule oposición por parte del concesionario, de acuerdo con el apartado 12 del artículo 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
e) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución que ponga fin al expediente será de 18 meses. Dicha resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrán interponerse los recursos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. Las autorizaciones de vertido y las concesiones que no sean de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se regirán, en cuanto a la tramitación del expediente de caducidad, por su normativa específica y, subsidiariamente, por lo establecido en este artículo.
3. En ningún caso procederá la rehabilitación del título.
Artículo 168. Efectos de la incoación del expediente de caducidad.
1. Incoado el expediente de caducidad, la Administración podrá disponer la paralización de las obras, o la suspensión del uso y explotación de las instalaciones, previa audiencia, en este último caso, del titular afectado y una vez desestimadas sus alegaciones.
2. En el escrito de notificación a que se refiere el apartado 1. a), del artículo anterior, se incluirá la orden de paralización de las obras o la iniciación del expediente de suspensión del uso y explotación de las instalaciones, según proceda. El trámite de audiencia, así como la resolución de suspensión, corresponden al Servicio Periférico de Costas.
Artículo 169. Efectos de la declaración de caducidad y de la suspensión de la ejecución.
1. La declaración de caducidad comportará la pérdida de la fianza si la hubiere.
2. Para la suspensión de la ejecución de la caducidad, el interesado quedará obligado al depósito previo del importe que se fije en cada caso (artículo 80.2 y 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. El importe del depósito previo no podrá ser superior al 30 por ciento del valor actualizado de las obras e instalaciones que figure en el proyecto que sirvió de base a su otorgamiento.
Artículo 170. Vencimiento del plazo del título de otorgamiento.
1. El plazo de vencimiento será improrrogable, salvo que en el título de otorgamiento se haya previsto expresamente lo contrario, en cuyo caso, a petición del titular y a juicio de la Administración competente, podrá ser prorrogado siempre que aquél no haya sido sancionado por infracción grave y que no se superen en total los plazos máximos reglamentarios (artículo 81.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Las concesiones cuyo plazo de duración inicial sea de setenta y cinco años no podrán ser prorrogadas.
2. En los supuestos de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Servicio Periférico de Costas comunicará al titular el vencimiento de la concesión y le citará en el lugar de la obra o instalación para llevar a cabo el acta de reversión. En la misma se formalizará la recepción por la Administración en las condiciones exigibles, según la decisión adoptada conforme a lo establecido en el artículo 72.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 147 de este reglamento.
En el caso de que se observaran deficiencias en las condiciones de entrega de los bienes en cuestión, la Administración señalará un plazo para su subsanación en dicha acta, que no excederá de lo establecido en el artículo 149.3 de este reglamento. De no llevarla a cabo en el referido plazo, se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del interesado.
Artículo 171. Toma de posesión de las instalaciones.
A la extinción de la autorización o concesión, la Administración General del Estado, sin más trámite, tomará posesión de las instalaciones, pudiendo obtener de las Empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía la suspensión del suministro (artículo 81.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
CAPÍTULO VII
Prórroga de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior a la Ley 2/2013, de 29 de mayo
Artículo 172. Prórroga de las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
1. Las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, podrán ser prorrogadas, a instancia de su titular, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.
La prórroga se aplicará igualmente a los titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento amparado por la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, previa solicitud de la correspondiente concesión.
Esta prórroga no será de aplicación a las concesiones que amparen ocupaciones y actividades en la zona de servicio de los puertos (artículo segundo.1 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo).
No se consideran incluidas en el supuesto del párrafo precedente aquellas concesiones reguladas en la disposición transitoria segunda, apartado segundo, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, que fueron otorgadas fuera de los puertos pero que, con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, han sido incorporadas a la zona de servicio de alguno de ellos manteniendo el régimen de plazos regulado en la citada Ley 22/1988, de 28 de julio, en su redacción original, sin perjuicio de que, en lo demás, se sigan rigiendo íntegramente por la legislación estatal sobre puertos de interés general. No obstante lo anterior, en estos casos se les aplicará el régimen de prórrogas previsto en este reglamento. El otorgamiento de la correspondiente prórroga será de competencia de la Administración u organismo portuario.
2. El concesionario podrá solicitar la prórroga de la concesión desde la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo y, en todo caso, antes de los seis meses previos a la fecha de extinción del plazo para el que fue inicialmente concedida.
El plazo de la prórroga se computará desde la fecha de su solicitud, con independencia del plazo que reste para la extinción de la concesión que se prorroga.
Si se solicita la prórroga dentro de los seis meses anteriores a la extinción del plazo de la concesión, el plazo de la prórroga se computará desde la fecha de extinción del título.
3. Las prórrogas solicitadas se otorgarán siempre que no se aprecien causas de caducidad del título vigente o se esté tramitando un procedimiento de caducidad del título concesional, en cuyo caso el procedimiento de prórroga se dejará en suspenso.
4. Las concesiones así prorrogadas, excepto aquellas a las que se refiere el último párrafo del apartado 1, se regirán en todo lo demás por lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento.
Artículo 173. Plazo para la petición de la prórroga de los titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento amparado por la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
En el caso de las concesiones que se otorguen a los titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento amparado por la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se tendrá derecho a solicitar la prórroga regulada en el artículo anterior desde la fecha de notificación de la resolución de otorgamiento de la concesión.
Artículo 174. Fijación del plazo máximo de las prórrogas.
La duración de esta prórroga en ningún caso excederá de setenta y cinco años.
Para la fijación del plazo máximo de las prórrogas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. El plazo por el que se prorrogarán las concesiones otorgadas en virtud de las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio, excepto aquéllas a las que se refiere el artículo 172.1 último párrafo de este reglamento, a las que será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, será de 75 años.
2. El plazo por el que se prorrogarán las concesiones ordinarias se establecerá de acuerdo con los siguientes usos:
a) Destinados a vivienda y zonas asociadas: Hasta un máximo de 75 años.
b) Destinados a actuaciones ambientales: Hasta un máximo de 75 años
c) Destinados a restauración: Hasta un máximo de 30 años.
d) Destinados a actividades de explotación económica distintas a la de restauración: Hasta un máximo de 50 años.
e) Destinados a infraestructura de servicios urbanos, actividades sociales o comunitarias y dotacionales: Hasta un máximo de 50 años.
f) Destinados a instalaciones marítimas: Hasta un máximo de 50 años.
g) Otros usos no incluidos en los apartados anteriores: Hasta un máximo de 30 años.
La resolución por la que se otorgue la prórroga de concesiones ordinarias reducirá el plazo máximo previsto en los apartados anteriores en una quinta parte cuando las instalaciones se ubiquen en ribera del mar.
Artículo 175. Criterios para la graduación de los plazos máximos de las prórrogas.
1. Los plazos máximos previstos para cada uso en el artículo anterior, excepto las concesiones a las que se refiere el artículo 172.1, último párrafo, de este reglamento, podrán ampliarse dentro de ese límite de setenta y cinco años en una quinta parte en los siguientes supuestos:
a) Que el concesionario financie proyectos de regeneración de playas o de lucha contra la erosión y los efectos del cambio climático que sean aprobados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
b) Que el concesionario se comprometa a llevar a cabo sobre el espacio concedido una inversión añadida a la prevista en la concesión inicial que sea de interés para mejorar la actividad vinculada en cuanto a la eficiencia energética, de ahorro en el consumo del agua o la calidad ambiental, y siempre que el concesionario no esté legalmente obligado a ello. Dicho compromiso se incluirá entre las cláusulas de la resolución que otorgue la prórroga.
c) Que el concesionario financie y ejecute, en el ámbito de la concesión o de su entorno, actuaciones adicionales a las previstas en la concesión inicial vinculadas al tratamiento del borde marítimo para facilitar su utilización pública gratuita o de mejora de la accesibilidad pública. Dichas actuaciones deberán ser aprobadas previamente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
d) Que tras el otorgamiento de una concesión que ampare la ocupación para una actividad del sector de la acuicultura, el concesionario se adhiera, con carácter permanente y continuado, al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS) o se comprometa a disponer de un sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:1996.
2. Tratándose de concesiones que originariamente hubieran sido otorgadas en retribución de la ejecución de una obra pública, la fijación de la duración de la prórroga se realizará teniendo en cuenta el plazo establecido en el título originario, respetando los plazos máximos señalados en el artículo anterior.
Artículo 176. Documentación exigida para la tramitación de la prórroga.
Para la tramitación de la prórroga, el titular de la concesión deberá presentar la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la identidad del peticionario y, en su caso, del compareciente y del poder de representación en que este actúa.
b) Declaración responsable de que las instalaciones, así como las obras o modificaciones que, en su caso, se hayan realizado durante la vigencia del título concesional, se ajustan a lo previsto en su objeto, condiciones y prescripciones.
c) Proyectos o compromisos previstos en el artículo 175 de este reglamento, adjuntando en este caso fianza provisional de las obras.
Artículo 177. Concesiones que amparan ocupaciones para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
En el caso de concesiones que amparen ocupaciones para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, la prórroga será concedida previo informe del órgano ambiental de la comunidad autónoma en la que radique la ocupación. El informe determinará los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá, en los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente.
Cuando se haya otorgado la autorización ambiental integrada a la instalación e industria amparadas por la concesión cuya prórroga se solicite, el informe se limitará a determinar los efectos y a fijar las condiciones que resulten plenamente compatibles con el contenido de la autorización.
Este informe tendrá carácter determinante. Si la Administración General del Estado se aparta de su contenido deberá motivar las razones de interés general por las que lo hace en la resolución por la que se acuerde cada uno de los periodos que integra la prórroga, o en la resolución por la que se deniegue la misma.
Lo dispuesto en el apartado anterior ha de entenderse exclusivamente referido al procedimiento de concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre, y sin perjuicio de la exigibilidad de contar con la autorización ambiental integrada de competencia autonómica o del cumplimiento de las restantes autorizaciones o exigencias ambientales que sean de aplicación.
Si el informe del órgano ambiental autonómico no fuera emitido en el plazo de tres meses se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La solicitud del informe producirá la suspensión del plazo para resolver y notificar la resolución, de acuerdo con lo previsto en la letra c) del artículo 42.5 de la citada ley.
Artículo 178. Canon de las concesiones prorrogadas.
1. Las prórrogas de las concesiones reguladas en este título estarán sujetas al pago del canon calculado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y la normativa que lo desarrolle, excepto aquellas a las que se refiere el artículo 172.1, último párrafo, de este reglamento, que devengarán a favor de la Autoridad Portuaria competente las tasas o tarifa portuarias que procedan.
2. Las concesiones a las que se refiere el apartado 2 de la disposición transitoria segunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se regirán de acuerdo con lo establecido en el título concesional.
TÍTULO IV
Régimen Económico-Financiero de la utilización del dominio público Marítimo-Terrestre
CAPÍTULO I
Financiación de obras y otras actuaciones
Artículo 179. Financiación de las obras de competencia del Estado.
Las obras de competencia del Estado se financiarán con cargo a los correspondientes créditos presupuestarios y, en su caso, con las aportaciones de las comunidades autónomas, corporaciones locales, organismos internacionales y particulares (artículo 82 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 180. Acuerdos de financiación compartida.
1. Cuando la financiación sea compartida, la aportación correspondiente a cada partícipe se fijará de común acuerdo, detallándose la cuantía y modalidad de los compromisos asumidos.
2. Estos acuerdos podrán referirse también a la elaboración del planeamiento y de los proyectos de obras correspondientes (artículo 83 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. Los acuerdos de financiación compartida se establecerán mediante convenios, debiendo, cada una de las Administraciones o particulares que participan en la financiación de la obra de que se trate, garantizar su aportación.
Los convenios podrán incluir la financiación de estudios y de trabajos de planeamiento y proyectos, así como compromisos que se refieran a la aportación de los terrenos, conservación y explotación de las obras.
CAPÍTULO II
Cánones
Artículo 181. Canon de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre.
1. Toda ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en virtud de una concesión o autorización, cualquiera que fuere la Administración otorgante, devengará el correspondiente canon a favor de la Administración General del Estado, sin perjuicio de los que sean exigibles por aquélla.
2. Están obligados al pago del canon, en la cuantía y condiciones que se determinan en la Ley 22/1988, de 28 de julio, los titulares de las concesiones y autorizaciones antes mencionadas (artículos 84.1 y 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. Para la determinación de la cuantía del canon se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:
a) Ocupación del dominio público marítimo-terrestre:
1.º Por ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre, la valoración del bien ocupado se determinará por equiparación al mayor de los tres valores siguientes: El valor catastral, el comprobado por la Administración a efectos de cualquier tributo, o el precio, contraprestación o valor de adquisición declarados por los sujetos pasivos, aplicables a los terrenos contiguos a sus zonas de servidumbre que tengan un aprovechamiento similar a los usos que se propongan para el dominio público.
En caso de que no se disponga del valor catastral de las zonas de dominio público, el Catastro informará sobre el valor del suelo de la zona colindante.
En caso de no existir un aprovechamiento similar, se tomará la media de los valores utilizados para la determinación de los cánones devengados por las concesiones otorgadas en el dominio público marítimo-terrestre en ese término municipal.
El valor resultante será incrementado con el importe medio estimado de los beneficios netos anuales, antes de impuestos, que sea previsible obtener en la utilización del dominio público durante un período de diez años. Si la duración de la concesión tuviera un plazo inferior a diez años, esa estimación será por todo el período concesional.
La estimación de dichos beneficios se realizará teniendo en cuenta los estudios económicos que facilite el solicitante de la concesión o autorización, así como las informaciones que pueda recabar y las valoraciones que pueda efectuar la Administración otorgante, directamente o por comparación con otras concesiones existentes. En ningún caso esta estimación será inferior al 20 por 100 del importe de la inversión a realizar por el solicitante.
Se tomará como valor de la inversión el presupuesto material de ejecución de las obras e instalaciones en dominio público marítimo-terrestre actualizado.
2.º Para las ocupaciones de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, electricidad y comunicaciones, de interés general, la valoración del bien ocupado será de 0,006 euros por metro cuadrado de superficie ocupada, incrementada en los rendimientos que sea previsible obtener en la utilización de dicho dominio. En ningún caso esta estimación será inferior al 20 por ciento del importe de la inversión a realizar por el solicitante (artículo 84.3.1.b) de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3.º En el caso de ocupaciones de obras e instalaciones ya existentes, la base imponible se calculará sumando lo dispuesto en los apartados 1.º, 2.º o 4.º de este apartado, según proceda, al valor material de dichas obras e instalaciones (artículo 84.3.1.c) de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Para calcular el valor material de las obras e instalaciones a ocupar se dividirá el plazo de la concesión a otorgar por el periodo máximo de amortización publicado en las tablas del anexo al Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, y se multiplicará por el presupuesto de ejecución material de las obras e instalaciones actualizado. Si el periodo que resta por amortizar es inferior al plazo a otorgar se tomará dicho periodo para efectuar el cálculo anterior. Si las obras e instalaciones están completamente amortizadas se considerará nulo el valor de ocupación de las mismas, salvo que la Administración justifique la existencia de un valor residual en cuyo caso se adoptará este.
4.º En los supuestos de ocupaciones de obras e instalaciones en el mar territorial, la valoración del bien ocupado será de 0,006 euros por metro cuadrado de superficie ocupada, a la que se sumará lo dispuesto en el apartado 1º, párrafos tercero y cuarto. En el caso de que estas ocupaciones se destinen a la investigación o explotación de recursos mineros y energéticos, se abonará un canon de 0,006 euros por metro cuadrado de superficie ocupada (artículo. 84.3.1.d) de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
b) Por aprovechamiento de bienes de dominio público marítimo-terrestre, el valor del bien será el de los materiales aprovechados a precios medio de mercado (artículo 84.3.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
4. En el caso de cultivos marinos la base imponible del canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre se calculará con arreglo a las siguientes reglas:
a) Se considerará como valor de los bienes ocupados la cantidad de 0,006 euros por metro cuadrado.
b) En cuanto a los rendimientos que se prevé obtener en la utilización del dominio público marítimo-terrestre, se considerarán los siguientes coeficientes:
Tipo 1. Cultivos marinos en el mar territorial y aguas interiores: 0,4 €/m2.
Tipo 2. Cultivos marinos en la ribera del mar y de las rías: 0,16 €/m2.
Tipo 3. Estructuras para las tomas de agua de mar y desagües desde cultivos marinos localizados en tierra: 5 €/m2.
Estas cantidades se revisarán por orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, teniendo en cuenta la variación experimentada por el Índice General Nacional del sistema de Índices de Precios de Consumo (artículo 84.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
5. El tipo de gravamen anual será del 8 por ciento sobre el valor de la base, salvo en el caso de aprovechamiento, que será del 100 por ciento (artículo 84.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
A efectos del cálculo del gravamen anual, la base será la descrita en cada uno de los apartados anteriores.
6. El canon de ocupación a favor de la Administración General del Estado que devengarán las concesiones que las comunidades autónomas otorguen en dominio público marítimo-terrestre adscrito para la construcción de puertos deportivos o pesqueros, se calculará según lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en su normativa de desarrollo. La estimación del beneficio que se utilice para obtener la base imponible del canon, en ningún caso podrá ser inferior al 3,33 por ciento del importe de la inversión a realizar por el solicitante (artículo 84.6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 182. Supuestos de reducción del canon.
1. El canon podrá reducirse un 90 por ciento en los supuestos de ocupaciones destinadas al uso público gratuito.
2. En los títulos otorgados a entidades náutico-deportivas para el desarrollo de sus actividades de carácter no lucrativo, el importe del canon de ocupación podrá reducirse un 75 por ciento. Para la obtención de dicha reducción será preciso que la Federación deportiva correspondiente certifique que las respectivas entidades se encuentren debidamente inscritas y que ejercen exclusivamente la actividad náutico-deportiva.
En el caso de que estas entidades destinen una parte de sus ocupaciones objeto de concesión a actividades distintas de la náutico-deportiva y que tengan carácter lucrativo, el canon que generen esas ocupaciones se determinará según las reglas generales recogidas en los apartados anteriores.
3. Con objeto de incentivar mejores prácticas medioambientales en el sector de la acuicultura, el canon se reducirá un 40 por ciento en el supuesto de concesionarios adheridos, con carácter permanente y continuado, al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS). Si no estuvieran adheridos a dicho sistema de gestión pero dispusieran del sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:1996, los concesionarios tendrán una reducción del 25 por ciento (artículo 84.7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
4. Las comunidades autónomas, las entidades locales y las entidades de derecho público dependientes de ellas estarán exentos del pago del canon de ocupación en las concesiones o autorizaciones que se les otorguen para el ejercicio de sus competencias, siempre que aquéllas no sean objeto de explotación lucrativa, directamente o por terceros. Igualmente quedarán exentos del pago de este canon los supuestos previstos en el artículo 54.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio (artículo 84.8 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 183. Devengo del canon.
1. El devengo del canon, calculado de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos anteriores, tendrá carácter anual y se producirá con el otorgamiento inicial de la concesión o autorización. Será exigible en la cuantía que corresponda y en los plazos que se señalen en las condiciones de dicha concesión o autorización. En el caso previsto en el artículo 181.3 b), el devengo se producirá cuando el aprovechamiento se lleve a cabo.
2. En el supuesto de autorizaciones y concesiones de duración superior a un año, cuyo canon se haya establecido o haya sido revisado, aplicando la Orden de 30 de octubre de 1992, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por la que se determina la cuantía del canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, el mismo quedará actualizado anualmente, de forma automática, incrementando o minorando la base del vigente mediante la aplicación a la misma de la variación experimentada por el Índice General Nacional del sistema de Índices de Precios de Consumo en los últimos doce meses, según los datos publicados anteriores al primer día de cada nuevo año o cualquier índice que lo sustituya. El devengo del canon, cuya base se haya actualizado conforme a lo expuesto, será exigible en los plazos fijados en las condiciones establecidas en cada título.
3. En el caso de las concesiones de duración superior a un año, cuyo canon no se haya establecido o revisado aplicando la mencionada Orden Ministerial de 30 de octubre de 1992, previamente se procederá a su revisión conforme a la misma. Una vez realizada esta revisión quedará actualizado anualmente tal como establece el párrafo anterior (artículo 84.9 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 184. Criterios para la fijación del canon.
1. A los efectos de fijación del canon por ocupación y aprovechamiento del dominio público, la ocupación alcanzará, además de a la ocupación física, a los espacios demaniales en los que se establezcan limitaciones a otros usos u ocupaciones.
Para el caso concreto de ocupaciones de lámina de agua, la superficie ocupada será la del polígono obtenido uniendo los puntos de anclaje, si se trata de sistemas flotantes, o los puntos más exteriores de la instalación o de sus elementos de sustentación, para el caso de sistemas apoyados, más los espacios en los que se establezcan medidas de protección o de limitación a la navegación o al fondeo.
2. A los mismos efectos, la ocupación o utilización de dominio público marítimo-terrestre se computará en metros cuadrados. Cuando esta ocupación se efectúe mediante cañerías, líneas, canalizaciones y otros elementos de similar carácter y escasa anchura, se considerará una anchura mínima de un metro, salvo que la misma, teniendo en cuenta los criterios expuestos en el párrafo anterior, sea mayor a la mínima citada.
CAPÍTULO III
Fianzas
Artículo 185. Prestación de fianza provisional por los peticionarios de concesiones y autorizaciones.
Los peticionarios de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre reguladas por la Ley 22/1988, de 28 de julio, acreditarán ante la Administración competente, al presentar la solicitud, la prestación de la fianza provisional, por un importe del 2 por ciento del presupuesto de las obras o instalaciones a realizar en el dominio público de que se trate, en la forma prevista en la normativa vigente, siendo irrevocable y de ejecución automática por resolución del órgano a favor del cual se constituyó, quien ordenará asimismo su devolución si se deniega la solicitud presentada.
Artículo 186. Constitución de fianza definitiva.
1. Otorgada la concesión o autorización, se constituirá la fianza definitiva, elevando la provisional al 5 por ciento del presupuesto correspondiente de las obras o instalaciones. Si el peticionario hubiera prestado fianza por la solicitud de otras concesiones o autorizaciones a otorgar por la Administración General del Estado, que sean exigibles para la realización de la actividad que motiva la solicitud de ocupación del dominio público, la cuantía total acumulada de dichas fianzas no podrá exceder del 5 por ciento del referido presupuesto (artículo 88.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. En el caso de que sean exigibles diversas fianzas para la realización de la actividad, a efectos de lo previsto en el apartado anterior, sólo se tendrán en cuenta las fianzas que se hayan prestado por plazo igual o superior al exigible por el título demanial.
3. Si, a juicio de la Administración competente, el presupuesto de las obras e instalaciones no respondiera a la realidad, aquélla valorará ejecutoriamente éstas, a los efectos de la determinación de las fianzas.
Artículo 187. Pérdida de la fianza al desistimiento de la petición o renuncia del título.
Si el interesado desistiera de la petición o renunciara al título, perderá la fianza constituida (artículo 88.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 188. Fianza complementaria en los supuestos de vertidos.
1. En el caso de vertidos, la Administración competente podrá exigir la constitución de una fianza complementaria para responder del cumplimiento de las condiciones de aquél, en cuantía equivalente al importe de un semestre del canon de vertido, siendo susceptible de revisiones periódicas en función de las variaciones de éste (artículo 88.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Dicha fianza se constituirá a favor de la Administración competente, tendrá carácter irrevocable y será de ejecución automática por orden de dicha Administración, que asimismo ordenará su devolución en la cuantía y forma que proceda.
Artículo 189. Devolución de la fianza definitiva.
1. La fianza definitiva será devuelta al año de la aprobación del reconocimiento de las obras, en caso de concesión o de autorización con plazo de vencimiento superior al año, y en otro caso, a su vencimiento, salvo en los supuestos de renuncia y caducidad, con deducción de las cantidades que, en su caso, deban hacerse efectivas en concepto de penalidades y responsabilidades en que haya podido incurrir el concesionario.
2. El derecho a la devolución de la fianza prescribirá si no ha sido solicitada en el plazo de cinco años, a partir del momento en que sea procedente (artículos 88.5 y 6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
CAPÍTULO IV
Valoración de rescates
Artículo 190. Valoración de los rescates de las concesiones.
1. La valoración de las concesiones, en caso de rescate total o parcial, se atendrá a las siguientes reglas:
a) Se indemnizará por el valor de las obras no amortizadas, incluidas en el acta de reconocimiento de la concesión, suponiendo una amortización lineal para el período de duración de aquélla, actualizando los precios del proyecto, incluso honorarios del mismo y dirección de obras, con arreglo a las normas oficiales y considerando el estado de las obras (artículo 89.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
b) Se indemnizará también por la pérdida de beneficios en el ejercicio económico o año en curso, en el que se realiza el rescate, debidamente justificada con las declaraciones presentadas a efectos fiscales (artículo 89.2 de la Ley 22/19888, de 28 de julio).
A estos efectos, el Servicio Periférico de Costas interesará del concesionario, para determinar el beneficio medio anual, los datos de las declaraciones presentadas en los cinco años anteriores. Cuando se observe diferencia entre los beneficios declarados y los comprobados por la Administración Tributaria, se estará a estos últimos.
c) En cualquier caso, no se tendrán en cuenta las obras e instalaciones realizadas por el concesionario sin previa autorización, que pasarán al dominio público sin derecho a indemnización (artículo 89.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Asimismo se indemnizará por los siguientes motivos:
a) Por las cantidades abonadas por los bienes expropiados e incorporados al dominio público marítimo-terrestre, en aplicación de lo previsto en el artículo 138 de este reglamento, suponiendo una amortización lineal para el plazo concesional y aplicando los tipos de interés legal que correspondan.
b) Por el valor de los bienes incorporados al dominio público marítimo-terrestre, a los que se refiere el artículo 5.7 de este reglamento, y no amortizados, determinado de acuerdo con los criterios del artículo 84.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, suponiendo una amortización lineal para el plazo concesional.
3. En ningún caso serán indemnizables los derechos derivados de las relaciones a que se refiere el artículo 141.5 de este reglamento, ni las plusvalías que sean consecuencia de las obras realizadas por la Administración, salvo cuando se hayan repercutido en el canon.
4. En las concesiones otorgadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la valoración se realizará por el Servicio Periférico de Costas y se someterá a conocimiento del concesionario para que manifieste su conformidad o exponga las alegaciones que estime oportunas, previamente a su aprobación por el citado Ministerio.
TÍTULO V
Infracciones y sanciones
CAPÍTULO I
Infracciones
Artículo 191. Infracciones graves.
1. Las infracciones se clasificarán en leves y graves.
2. Se considerarán infracciones graves conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, las siguientes:
a) La alteración de hitos de los deslindes.
b) La ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la conducta abusiva.
c) La ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, así como el aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre los autorizados.
d) La extracción no autorizada de áridos.
e) El incumplimiento de las limitaciones a la propiedad sobre los áridos establecidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio.
f) La interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito.
g) La realización de construcciones no autorizadas en las zonas de servidumbre de protección y tránsito y acceso al mar.
h) Las acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las personas, siempre que no constituyan delito y, en todo caso, el vertido no autorizado de aguas residuales.
i) La utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para los usos no permitidos por la Ley 22/1988, de 28 de julio.
j) La realización, sin título administrativo exigible conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de cualquier tipo de obras o instalaciones en las zonas de servidumbre definidas en la Ley, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la conducta abusiva o que, habiéndose notificado la incoación de expediente sancionador, se hubiere persistido en tal conducta.
k) Las acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el dominio público marítimo-terrestre o supongan grave obstáculo al ejercicio de las funciones de la Administración.
l) El falseamiento de la información suministrada a la Administración.
m) La reincidencia por comisión, en el término de dos años, de más de una infracción de carácter leve cuando así haya sido declarado por resolución firme (artículo 90 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 192. Infracciones leves.
Tendrán el carácter de infracciones leves las acciones u omisiones, además de las que no estén comprendidas en los artículos 90 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 191 de este reglamento, las siguientes:
a) La ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre no constitutivas de infracción grave.
b) La ejecución de trabajos, vertidos, cultivos, plantaciones o talas en el dominio público marítimo-terrestre sin el debido título administrativo.
c) Las acciones u omisiones que causen daños o menoscabo a los bienes del dominio público marítimo-terrestre o a su uso.
d) El incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbres y de las determinaciones contenidas en las normas aprobadas conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio.
e) El incumplimiento de las condiciones de los correspondientes títulos administrativos, sin perjuicio de su caducidad.
f) La publicidad no autorizada en el dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre de protección.
g) El anuncio de actividades a realizar en el dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre sin el debido título administrativo o en pugna con sus condiciones.
h) La obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la Administración.
i) La omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio (artículo 91 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 193. Declaración responsable.
A los efectos de lo establecido en el título V de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento, se entenderá como título administrativo la declaración responsable prevista en la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y artículo 27 y disposición transitoria decimoquinta de este reglamento.
Artículo 194. Plazo de prescripción de las infracciones y sanciones.
1. El plazo de prescripción de las infracciones será de dos años para las graves y de seis meses para las leves, contados a partir de su total consumación. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al presunto responsable (artículo 92.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. El plazo de prescripción de las sanciones será de dos años para las graves y de un año para las leves, contados a partir del día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si tal procedimiento estuviera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al infractor (artículo 92.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. El cómputo del plazo se iniciará en la fecha en que se hubiese cometido la infracción o, cuando se trate de una actividad continuada, a su finalización. En el caso de que el hecho o actividad constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará cuando éstos se manifiesten.
4. Se considerará que una construcción o instalación está totalmente terminada cuando estuviera dispuesta para servir al fin previsto, sin necesidad de ninguna actuación posterior. A tal efecto, se considerará como fecha de terminación la comprobada por el órgano sancionador y, subsidiariamente y por este orden, la de licencia, permiso o autorizaciones de funcionamiento o servicio, o el certificado final de obra suscrito por técnico competente.
Artículo 195. Responsables de la infracción.
1. Serán responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siguientes:
a) En el caso de incumplimiento de las condiciones de un título administrativo, el titular de éste.
b) En otros casos, el promotor de la actividad, el empresario que la ejecuta y el técnico director de la misma, así como cualquier otro sujeto que intervenga por acción u omisión en la comisión del hecho constitutivo de la infracción.
c) En las infracciones derivadas del otorgamiento de títulos administrativos que resulten contrarios a lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y cuyo ejercicio ocasione daños graves al dominio público o a terceros, serán igualmente responsables:
1.º Los funcionarios o empleados de cualquier Administración pública que informen favorablemente el otorgamiento del correspondiente título, que serán sancionados por falta grave en vía disciplinaria, previo el correspondiente expediente.
2.º Las autoridades y los miembros de órganos colegiados de cualesquiera corporaciones o entidades públicas que resuelvan o voten a favor del otorgamiento del título, desoyendo informes preceptivos y unánimes en que se advierta expresamente de la ilegalidad, o cuando no se hubieran recabado dichos informes. La sanción será de multa por la cuantía que corresponda en cada caso por aplicación de los criterios de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento.
La procedencia de indemnización por los daños y perjuicios que sufran los particulares en los supuestos contemplados en este apartado se determinará conforme a las normas que regulan con carácter general la responsabilidad de la Administración. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado (artículo 93.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. En el caso de existir más de un sujeto responsable de la infracción, las consecuencias derivadas de ésta se exigirán con carácter solidario (artículo 93.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. Los títulos administrativos a que se refiere el apartado 1.c) anterior serán todos aquellos que amparen la actuación ilegal, cualquiera que sea su normativa reguladora y la Administración que los otorgue.
CAPÍTULO II
Sanciones
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 196. Sanción de las infracciones.
1. Toda acción u omisión que sea constitutiva de infracción será sancionada con la multa que proceda según los artículos 97 y 98 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento.
2. En el caso de que un mismo infractor cometa diversas acciones u omisiones susceptibles de ser consideradas como varias infracciones se impondrán tantas sanciones como infracciones se hubieran cometido.
En el caso de que un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, se tomará en consideración únicamente aquella que comporte mayor sanción.
En el caso de que unos hechos fueran constitutivos de una infracción calificable como medio o instrumento para asegurar la comisión de otros hechos, también constitutivos de infracción, de modo que estos deriven necesariamente de aquellos, se impondrá la sanción más grave de las dos en su mitad superior.
No obstante, los titulares de concesiones otorgadas con arreglo a la Ley 22/1988, de 28 de julio, podrán ser siempre sancionados por las infracciones que en ella se establecen, con independencia de otras responsabilidades que, en su caso, sean exigibles.
3. Cuando, a juicio de la Administración, la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, el órgano administrativo dará traslado al Ministerio Fiscal, absteniéndose aquél de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa.
4. En caso de reincidencia en infracciones graves se podrá declarar la inhabilitación para ser titular de autorizaciones y concesiones por un plazo de uno a tres años (artículo 94 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 197. Obligación de restitución de las cosas y reposición a su estado anterior y de devolución del beneficio obtenido de forma ilícita.
1. Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, el infractor estará obligado a la restitución de las cosas y reposición a su estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente (artículo 95.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Esta obligación prescribirá a los quince años desde que la Administración acuerde su imposición, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de la imprescriptibilidad de los bienes de dominio público marítimo terrestre y de las servidumbres en los terrenos colindantes.
2. En todo caso, la restitución incluye la obligación de devolver a la Administración la totalidad del beneficio obtenido de forma ilícita.
3. Las obligaciones de restitución, reposición y devolución son exigibles cualquiera que sea el sujeto responsable de la infracción.
Artículo 198. Caducidad del título administrativo.
1. Cuando la infracción derive del incumplimiento de las condiciones del título administrativo se declarará su caducidad, cuando sea procedente, conforme a lo previsto en los artículos 79 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 165 y 166 de este reglamento (artículo 95.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Asimismo se iniciarán los procedimientos de suspensión de los efectos y anulación de los actos administrativos en los que presuntamente pudiera ampararse la actuación ilegal (artículo 95.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 199. Notificación al Registro de la Propiedad de las resoluciones administrativas que ordenen la reposición o restitución.
El Servicio Periférico de Costas notificará al Registro de la Propiedad las resoluciones administrativas que ordenen la reposición o restitución para que aquél tome la correspondiente nota marginal respecto a las construcciones o instalaciones afectadas que hayan podido ser objeto de inmatriculación. Cuando la resolución sea firme se procederá a la cancelación del asiento correspondiente.
Artículo 200. Publicación de las sanciones.
Las sanciones impuestas por infracciones graves, una vez firmes, se harán públicas en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma correspondiente con carácter trimestral y contendrán los siguientes datos: Importe de la sanción, nombre del infractor o infractores, tipificación de la infracción, localización del hecho sancionado y, en su caso, obligación de restitución e indemnización.
Sección 2.ª Multas
Artículo 201. Multas por infracciones graves.
Para las infracciones graves, la sanción será:
a) En los supuestos de los apartados a), f), h), i) y k) del artículo 90.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 191.2 de este reglamento: Multa de hasta 300.000 euros. Para el cálculo de la cuantía de la multa se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1.º En el caso de alteración de hitos: 1.000 euros por hito afectado.
2.º En el caso de interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito: Entre 1.000 y 5.000 euros por cada día en que el acceso o el tránsito se encuentre interrumpido de acuerdo con los siguientes criterios: Naturaleza del dominio público marítimo-terrestre afectado; si se trata de un tramo natural o urbano de la playa; longitud y superficies afectadas; la existencia de otros accesos alternativos; y el tipo o naturaleza de la interrupción.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
3.º En el caso de acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las personas, la cuantía mínima será de 3.000 euros. Para calcular la sanción se tendrán en cuenta los siguientes criterios: La magnitud del riesgo producido, la cuantía de los daños ocasionados y el grado de intencionalidad apreciable en el infractor
En el caso de incumplimiento de las normas de balizamiento marítimo: 300 euros diarios.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
En el supuesto de vertidos no autorizados de aguas residuales, el coste del tratamiento de vertido que hubiera sido impuesto, en su caso, para otorgar la autorización.
4.º En el supuesto de la utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para usos no permitidos por la legislación de Costas no contemplados en otros apartados, el beneficio estimado que obtenga el infractor y cuando éste no sea cuantificable, el valor de los daños y perjuicios causados al dominio público, estableciéndose un mínimo de 150 euros.
En el caso de acampada: 40 euros por metro cuadrado ocupado y día, siendo esta la sanción mínima.
En el caso de la acampada las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
En el caso de estacionamiento o circulación no autorizada de vehículos: Entre 50 y 150 euros, en función de los riesgos o daños causados a personas, bienes o derechos y del lugar de la comisión de la infracción.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
5.º En el supuesto de acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el dominio público o supongan grave obstáculo del ejercicio de las funciones de la Administración no contemplados en otros apartados, la cuantía de la multa se graduará en función de la gravedad de la acción u omisión, con un mínimo de 600 euros. Para su cálculo se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 100.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
b) En el supuesto de la ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la conducta abusiva, multa equivalente a 120 euros por metro cuadrado y día.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
c) En los supuestos de los apartados c), g) y j) del artículo 90.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento: Multa del 50 por ciento del valor de las obras e instalaciones cuando estén en dominio público o en la zona de servidumbre de tránsito o de acceso al mar, y del 25 por ciento en el resto de la zona de servidumbre de protección, con un mínimo de 300 euros.
d) En el supuesto de la extracción no autorizada de áridos, multa equivalente a 20 euros por metro cúbico, siendo ésta la sanción mínima.
e) En el supuesto del incumplimiento de las limitaciones a la propiedad sobre los áridos establecidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio: 10 por ciento del valor de la transmisión.
f) En el supuesto de la reincidencia por comisión, en el término de dos años, de más de una infracción de carácter leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme, la multa se obtendrá de la suma de las establecidas para cada una de las infracciones leves, considerando únicamente, en su caso, la reducción de la cuantía hasta la mitad, para la primera de ellas, el haber procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento.
g) En los supuestos de publicidad prohibida, por no estar excepcionada en los artículos 46 y 81 de este reglamento: Multa de 250 euros, cuando la publicidad se realice por medios audiovisuales, y de 100 euros por metro cuadrado, cuando sea a través de vallas o carteles.
h) En los supuestos de falseamiento de la información suministrada a la Administración: 300 euros, incrementada en el beneficio obtenido por el infractor (artículo 97.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 202. Multa para las infracciones leves.
1. Para las infracciones leves la sanción será de multa, en la cuantía que se determine reglamentariamente para cada tipo de infracción, aplicando los criterios del artículo anterior, de modo que aquélla no sea superior a la mitad de la que resultaría con arreglo a dichos criterios ni, en todo caso, a 60.000 euros (artículo 97.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. En los casos siguientes la sanción será:
a) En los supuestos del anuncio de actividades a realizar en el dominio público y sus zonas de servidumbre sin el debido título administrativo o en pugna con sus condiciones, con un mínimo de 50 euros, se calculará con arreglo a los siguientes criterios: El 25 por ciento del coste del anuncio, cuando se trate de actividades sin el debido título administrativo y, cuando sea en contra de las condiciones establecidas en dicho título, la que se prevea en las cláusulas concesionales.
b) En los supuestos de la obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la Administración, la multa mínima, por obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la Administración, será de 300 euros, incrementada en el beneficio obtenido por el infractor.
c) En los supuestos de daños al dominio público marítimo-terrestre no constitutivos de infracción grave, la multa será equivalente al valor del daño causado.
En caso de ocupación o utilización sin título, no constitutiva de infracción grave: Multa de 20 euros por metro cuadrado y día.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
d) En los supuestos de cultivos, plantaciones o talas: Multa de 120 euros por metro cuadrado.
e) En los supuestos de incumplimiento de las condiciones del título: Multa de 200 euros por cada incumplimiento.
f) Para el incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbre, que no constituya infracción grave de acuerdo con lo establecido en el artículo 90.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 191 de este reglamento: Multa de 150 euros por incumplimiento.
En el supuesto de que se trate de obras o instalaciones en zonas de servidumbre no constitutivos de infracción grave, la cuantía de la sanción se determinará aplicando los criterios establecidos en los artículos 97.1 c) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 201 c) de este reglamento, de modo que no sea superior a la mitad de la que resultaría con arreglo a los mismos.
g) En los supuestos de publicidad realizada sin el debido título administrativo o con incumplimiento de las condiciones establecidas en dicho título, de acuerdo con los supuestos recogidos en los artículos 46 y 81 de este reglamento: Multa de 100 euros, cuando la publicidad se realice por medios audiovisuales, y de 50 euros por metro cuadrado, cuando sea a través de vallas o carteles.
Artículo 203. Obligación de entregar a la Administración la totalidad del beneficio obtenido.
La imposición de la multa, cualquiera que sea su cuantía, no excluirá la obligación de entregar a la Administración la totalidad del beneficio obtenido.
Artículo 204. Consideración de circunstancia atenuante.
1. Se considerará como circunstancia atenuante, pudiendo reducirse la cuantía de la multa hasta la mitad, el haber procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción, en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento (artículo 97.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. El requerimiento al interesado se efectuará en la propia notificación de la incoación del expediente sancionador.
Artículo 205. Multa a empresas suministradoras de servicios por incumplimiento de obligaciones
1. El incumplimiento por parte de las empresas suministradoras de servicios de las obligaciones establecidas en los artículos 39 y 103 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 82 y 211 de este reglamento, dará lugar a que la Administración competente imponga una multa del tanto al quíntuplo del importe de la acometida, sin perjuicio de otras sanciones que resultasen procedentes (artículo 98 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Para su fijación se tendrá en cuenta el número de requerimientos anteriores desatendidos, el tiempo transcurrido en materializar la interrupción del suministro y los perjuicios causados por la demora.
3. Se entenderá por Administración competente la facultada para sancionar la infracción principal que motiva la interrupción del suministro.
Artículo 206. Competencia para la imposición de las multas.
1. La imposición de las multas corresponderá a la Administración competente por razón de la materia. Cuando lo sea la Administración General del Estado, estarán facultados, con arreglo a los límites que se fijan a continuación, los siguientes órganos:
a) Jefe del Servicio Periférico: Hasta 60.000 euros.
b) Director General: Hasta 300.000 euros.
c) Ministro: Hasta 1.200.000 euros.
d) Consejo de Ministros: Más de 1.200.000 euros.
2. Las comunidades autónomas podrán imponer multas de hasta 1.200.000 de euros en el ámbito de su competencia de ejecución de la legislación estatal en materia de vertidos industriales y contaminantes.
3. Los Alcaldes, en materia de competencia municipal según la Ley 22/1988, de 28 de julio, podrán imponer multas de hasta 12.000 euros (artículo 99 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Sección 3.ª Restitución y reposición e indemnización
Artículo 207. Indemnización por daños y perjuicios al dominio público marítimo-terrestre.
1. Cuando la restitución y reposición a que se refiere el artículo 95.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 197 de este reglamento no fueran posibles y, en todo caso, cuando subsistan daños irreparables y perjuicios, los responsables de la infracción deberán abonar las indemnizaciones que procedan, fijadas ejecutoriamente por la Administración.
2. Cuando los daños fueren de difícil evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Coste teórico de la restitución y reposición.
b) Valor de los bienes dañados.
c) Coste del proyecto o actividad causante del daño.
d) Beneficio obtenido con la actividad infractora.
3. Cuando el beneficio sea superior a la indemnización se tomará para ésta, como mínimo, la cuantía de aquél (artículo 100 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
4. La valoración de los daños se realizará por el órgano sancionador. Para su cuantificación, en el caso de tener que aplicar las previsiones del apartado 2, se optará por el mayor valor entre los que resulten de aplicar los criterios establecidos en el mismo.
Sección 4.ª Abono de las multas e indemnizaciones
Artículo 208. Abono de las cantidades procedentes de multas.
1. El abono de cantidades procedentes de multas, devolución de beneficios obtenidos con la actividad infractora e indemnizaciones impuestas por la Administración General del Estado, derivadas de las responsabilidades exigibles en virtud de la aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento, se efectuará en el Tesoro Público, debiendo presentarse los justificantes de su pago en el organismo sancionador.
2. El ingreso se hará en el plazo que se fije en la resolución correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Recaudación.
3. Los ingresos que se produzcan por los conceptos establecidos en el apartado primero de este artículo generarán automáticamente un incremento en el crédito del capítulo presupuestario de inversiones en la costa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
CAPÍTULO III
Procedimiento y medios de ejecución
Sección 1.ª Procedimiento
Artículo 209. Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento para sancionar las infracciones previstas en el presente reglamento será el regulado por el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes.
2. Los funcionarios y autoridades correspondientes estarán obligados a formular las denuncias, tramitar las que se presenten y resolver las de su competencia, imponiendo las sanciones procedentes (artículo 101.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. A los efectos indicados, los funcionarios y agentes de la Administración estarán facultados para acceder a los terrenos de propiedad privada en que hubieren de realizarse las comprobaciones y actuaciones correspondientes (artículo 101.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
4. Cuando los particulares o las administraciones públicas formulen una denuncia deberán fundamentar suficientemente los hechos denunciados para que pueda tramitarse la misma. En este caso, se les comunicará la iniciación del expediente sancionador, si éste procede.
Artículo 210. Incoación del expediente sancionador.
Advertida la existencia de una posible infracción, el órgano competente, previas las diligencias oportunas, incoará al presunto infractor expediente sancionador y le notificará el pliego de cargos para que aquél formule las alegaciones que estime oportunas, comunicándole seguidamente la resolución (artículo 102, párrafo 1.º, de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 211. Tramitación del procedimiento sancionador, paralización de obras ilegales y suspensión de explotaciones.
1. Cuando se trate de obras ilegales en curso de ejecución, el órgano competente ordenará su paralización en el momento de la incoación del expediente sancionador. Cuando se trate de instalaciones en explotación, dispondrá la suspensión del uso o actividades indebidos, una vez desestimadas, en su caso, las alegaciones pertinentes. En ambos casos se podrá proceder al precinto de las obras o instalaciones.
2. Las empresas de servicios a que se refieren los artículos 39 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 82 de este reglamento suspenderán el suministro a requerimiento de la Administración (artículo 103 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. En caso de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la incoación del expediente corresponderá al Jefe del Servicio Periférico de Costas, por iniciativa propia, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.
4. No constituirá impedimento para incoar expediente sancionador la presentación de licencias, permisos u otras autorizaciones otorgadas al amparo de otras disposiciones legales, así como tampoco el que se solicite o se encuentre en tramitación un título administrativo exigible de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento.
5. Acordada la incoación del expediente, el órgano competente nombrará Instructor y Secretario. En su caso, ordenará la paralización de las obras ilegales advirtiendo que, en otro caso, se adoptarán las medidas previstas en los artículos 104 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 212 de este reglamento e indicará la posibilidad de considerar la circunstancia atenuante prevista en los artículos 97.3 y 204.1, respectivamente, de los citados ley y reglamento, fijando el plazo correspondiente. Dichos extremos serán notificados a los presuntos responsables.
6. El Instructor, cuando lo estime necesario para el esclarecimiento de los hechos, practicará las diligencias y pruebas convenientes y solicitará los informes que resulten imprescindibles.
7. El Instructor formulará el pliego de cargos que contendrá una exposición de los hechos imputados, los preceptos supuestamente infringidos, los daños causados y las sanciones que proceden, así como el resultado de las pruebas, en el caso de que se hubiesen practicado.
Cuando no se lleven a cabo las actuaciones previstas en el número anterior, el pliego de cargos se notificará conjuntamente con la incoación del expediente sancionador.
8. El presunto infractor dispondrá de un plazo de quince días para formular las alegaciones al pliego de cargos y proponer, en su caso, la práctica de nuevas pruebas que sean pertinentes para la determinación de los hechos. Será de aplicación en materia de prueba lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
9. Cuando se trate de instalaciones ilegales en explotación y las alegaciones formuladas al pliego de cargos sean desestimadas, el Instructor, sin perjuicio de continuar el expediente, comunicará las actuaciones al órgano que acordó incoar el expediente sancionador, con el fin de que disponga la suspensión del uso o actividad indebidos e indique el recurso que proceda, sin perjuicio de la inmediata ejecutividad de la suspensión.
10. Una vez contestado el pliego de cargos, o transcurrido el plazo para ello, el Instructor del expediente formulará propuesta de resolución, que remitirá al órgano que ordenó la iniciación del mismo, para su resolución o elevación al órgano competente, previa audiencia del interesado por un plazo de quince días.
11. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento.
12. El órgano competente dictará resolución que será motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.
13. La incoación del procedimiento podrá ser considerada propuesta de resolución, conforme a lo previsto en los artículos 18 y 19 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, cuando no se formulen alegaciones dentro del plazo concedido al efecto.
El acuerdo de incoación se podrá tomar como propuesta de resolución, cuando el presunto infractor no haya presentado alegaciones al acuerdo de incoación.
14. La resolución fijará, en su caso, los plazos para hacer efectivas las sanciones, así como, cuando proceda, las condiciones y plazos para la restitución de las cosas y reposición a su anterior estado o, de ser ello imposible, la indemnización por daños irreparables y perjuicios causados.
En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de instrucción del procedimiento, salvo los que resulten, en su caso, de la aplicación de lo previsto en el apartado 11 de este artículo, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes, concediéndosele un plazo de quince días.
15. En el caso de que la determinación de las indemnizaciones procedentes no se hubiesen fijado en la resolución del expediente sancionador, se tramitará en expediente independiente, con audiencia al infractor, en el que únicamente podrá cuestionarse la cuantía de los daños.
16. Si en la fase de alegaciones a que se refiere el apartado 8, se acreditara que está pendiente de resolución una solicitud de un título administrativo exigible de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento, se proseguirán todas las actuaciones señaladas con anterioridad, finalizándose el expediente, en su caso, con la imposición de la multa pertinente. El resto de las medidas sobre restitución, reposición e indemnización quedarán pospuestas a la resolución del expediente sobre la mencionada solicitud. En el caso de que la resolución fuese denegatoria, la misma deberá incluir las medidas correspondientes.
17. La suspensión del suministro a que se refiere el apartado 2 se realizará a requerimiento de la Administración que instruya el expediente sancionador.
18. Cuando la Administración General del Estado sea competente por razón de la materia para la imposición de la sanción, el plazo máximo para resolver será de doce meses.
De no recaer resolución en los plazos establecidos procederá la declaración de caducidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
19. Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán inmediatamente ejecutivas y contra las mismas podrán interponerse los recursos administrativos que procedan de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en los términos dispuestos por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
En la Administración General del Estado ponen fin a la vía administrativa las resoluciones adoptadas por el Ministro y el Consejo de Ministros.
Artículo 212. Colaboración de la fuerza pública. Incumplimiento de la orden de paralización.
1. Para la efectividad de la paralización, prohibición o suspensión previstas en el artículo anterior, así como para la recuperación de oficio del dominio público a que se refieren los artículos 10.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 14.2 de este reglamento, el órgano competente interesará, cuando sea necesario, la colaboración de la fuerza pública.
2. Cuando el interesado hubiese incumplido la orden de paralización, se procederá al precinto o la retirada de los materiales preparados para ser utilizados en las obras y la maquinaria afecta a las mismas. En este último caso el interesado podrá recuperar los materiales retirados, previo abono de los gastos de transporte y custodia (artículo 104 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 213. Ejecución subsidiaria por la Administración de la corrección de deficiencias en el tratamiento en los supuestos de tratamiento y depuración de vertidos.
Cuando no fuera procedente la paralización o suspensión de una instalación de tratamiento y depuración de vertidos y se derivasen graves inconvenientes del incumplimiento de las condiciones estipuladas, la Administración, previo requerimiento al titular para que corrija las deficiencias en el plazo que se le indique, y en caso de que no las corrigiese, procederá a su ejecución subsidiaria a costa de aquél (artículo 105 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 214. Obligaciones laborales durante la paralización, prohibición o suspensión de la actividad afectada.
Durante el tiempo de paralización, prohibición o suspensión, la Administración no asumirá ningún tipo de obligación laboral del titular de la actividad afectada, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de prevención de riesgos laborales o en la normativa que, en su caso, se dicte al respecto (artículo 106 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Sección 2.ª Ejecución forzosa
Artículo 215. Ejecución forzosa.
1. Tanto el importe de las multas como el de las responsabilidades administrativas podrán ser exigidos por la vía administrativa de apremio.
2. En el caso de que se acuerde la suspensión de la ejecución de la multa o de la reparación, el interesado estará obligado a garantizar su importe para que la suspensión sea efectiva (artículo 107.1 y 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. En el supuesto de competencia de la Administración General del Estado, la garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos, a disposición del órgano sancionador, mediante fianza o aval, por la cuantía de la multa y demás obligaciones.
Artículo 216. Multas coercitivas.
Los órganos sancionadores podrán imponer multas coercitivas cuando transcurran los plazos señalados en el requerimiento correspondiente, conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La cuantía de cada una de ellas no superará el 20 por ciento de la multa fijada para la infracción cometida (artículo 107.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 217. Ejecución subsidiaria por cuenta del infractor.
Asimismo, podrá procederse a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa (artículo 107.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 218. Desahucio administrativo.
1. El desahucio administrativo de quienes ocupen de forma indebida y sin título bastante bienes del dominio público marítimo-terrestre se decretará por el órgano competente, previo requerimiento al usurpador para que cese en su actuación, con un plazo de ocho días para que pueda presentar alegaciones, y en caso de resistencia activa o pasiva a dicho requerimiento. Los gastos que se causen serán a cuenta de los desahuciados (artículo 108 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. El órgano competente para sancionar acordará el desahucio. Cuando pertenezca a la Administración General del Estado, solicitará del Delegado o Subdelegado del Gobierno la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando sea necesario.
Sección 3.ª Acción pública
Artículo 219. Acción pública.
1. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales la observancia de lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y aplicación.
2. La Administración, comprobada la existencia de la infracción y siempre que el hecho denunciado no sea materia de un expediente sancionador ya finalizado o en trámite, abonará a los particulares denunciantes los gastos justificados en que hubieran incurrido (artículo 109 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. Para que pueda darse la tramitación oportuna a la acción pública ejercida por los particulares, éstos deberán fundamentar suficientemente los hechos que supongan infracción de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de este reglamento o de otras disposiciones que se dicten para su desarrollo.
Si la Administración considera que no existen pruebas suficientes, se archivará el expediente sin más trámite, excepto cuando los hechos manifestados por el interesado se imputen al mismo órgano en el que se presentan, que en este caso lo elevará al inmediato superior.
TÍTULO VI
Competencias administrativas
CAPÍTULO I
Competencias de la Administración General del Estado
Artículo 220. Competencias de la Administración General del Estado.
1. Corresponde a la Administración General del Estado, en los términos establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio:
a) El deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, así como su afectación y desafectación, y la adquisición y expropiación de terrenos para su incorporación a dicho dominio.
b) La gestión del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo el otorgamiento de adscripciones, concesiones y autorizaciones para su ocupación y aprovechamiento, la declaración de zonas de reserva, las autorizaciones en las zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, así como las de instalaciones marítimas menores, tales como embarcaderos, pantalanes, varaderos y otras análogas que no formen parte de un puerto o estén adscritas al mismo.
c) La tutela y policía del dominio público marítimo-terrestre y de sus servidumbres, así como la vigilancia del cumplimiento de las condiciones con arreglo a las cuales hayan sido otorgadas las concesiones y autorizaciones correspondientes. Cuando esta competencia se desarrolle en zona de servidumbre de protección, su ejercicio por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se dirigirá a la persecución de las conductas infractoras que atenten contra la integridad del dominio público o el mantenimiento de las servidumbres de tránsito y acceso al mar, sin perjuicio de las competencias que las comunidades autónomas ostenten por razón de la materia, tanto en el dominio público como en las zonas de servidumbre.
d) El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de los yacimientos de áridos y, en su caso, la expropiación de los mismos.
e) La realización de mediciones y aforos, estudios de hidráulica marítima e información sobre el clima marítimo.
f) La aprobación de las normas elaboradas conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 42 de este reglamento.
g) Las obras y actuaciones de interés general o las que afecten a más de una comunidad autónoma.
h) La elaboración y aprobación de las disposiciones sobre vertidos, seguridad humana en lugares de baño y salvamento marítimo.
i) La iluminación de costas y señales marítimas.
j) La prestación de toda clase de servicios técnicos relacionados con el ejercicio de las competencias anteriores y el asesoramiento a las comunidades autónomas, corporaciones locales y demás entidades públicas o privadas y a los particulares que lo soliciten.
k) La ejecución de los acuerdos y convenios internacionales en las materias de su competencia.
l) La implantación de un Banco de Datos Oceanográficos que sirva para definir las condiciones de clima marítimo en la costa española, para lo cual las distintas Administraciones públicas deberán suministrar la información que se les recabe.
2. El contenido del Banco de Datos Oceanográficos se desarrollará por el Ministerio de Fomento, a través del Organismo Público Puertos del Estado, quien publicará los datos obtenidos a través de su portal de internet.
3. El ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado relacionadas en el apartado 1 corresponde al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, salvo las atribuidas en este reglamento a los titulares de otros Departamentos Ministeriales de acuerdo con el artículo 223 de este reglamento.
Artículo 221. Calificación de obras de interés general.
1. Tendrán la calificación de obras de interés general y serán competencia de la Administración General del Estado:
a) Las que sean necesarias para la protección, defensa y conservación del dominio público marítimo-terrestre, así como su uso, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que lo integren.
b) Las de creación, regeneración y recuperación de playas, incluyendo los trabajos de dragado, en su caso, necesarios.
c) Las de acceso público al mar no previstas en el planeamiento urbanístico.
d) Las emplazadas en el mar y aguas interiores, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, en su caso.
e) Las de iluminación de costas y señales marítimas (artículo 111.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
El ejercicio de esta competencia corresponde al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, salvo las relativas a las obras de puertos de interés general y de iluminación y señalización marítima, que corresponden al Ministro Ministerio de Fomento.
2. La ejecución de estas obras públicas de interés general no estará sometida a licencia o cualquier otro acto de control por parte de las Administraciones locales.
3. Su ejecución no podrá ser suspendida por otras Administraciones públicas, sin perjuicio de la interposición de los recursos que procedan.
4. Para la ejecución de dichas obras de interés general se solicitará informe a la comunidad autónoma y Ayuntamiento en cuyos ámbitos territoriales incidan para que, en el plazo de un mes, notifiquen la conformidad o disconformidad de la obra con instrumentos de planificación del territorio, cualquiera que sea su denominación y ámbito, que afecten al litoral y con el planeamiento urbanístico en vigor. En el caso de no emitirse, dichos informes se considerarán favorables. En caso de disconformidad, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente elevará el expediente al Consejo de Ministros, que decidirá si procede ejecutar el proyecto y, en este caso, ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del planeamiento, conforme a la tramitación establecida en la legislación correspondiente.
En el supuesto de que no existan los instrumentos antes citados o la obra de interés general no esté prevista en los mismos, el proyecto se remitirá a la comunidad autónoma y Ayuntamiento afectados para que redacten o revisen el planeamiento con el fin de acomodarlo a las determinaciones del proyecto, en el plazo máximo de seis meses desde su aprobación. Transcurrido el plazo sin que la adaptación del planeamiento se hubiera efectuado, se considerará que no existe obstáculo alguno para que pueda ejecutarse la obra (artículo 111.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
5. Cuando las obras de interés general a las que se refiere el apartado 1 afecten a los recursos marinos vivos, la Secretaría General de Pesca informará preceptivamente en el plazo de un mes.
Cuando afecten a la vigilancia de los espacios marítimos o a buques naufragados informará preceptivamente el Ministerio de Defensa en el plazo de un mes.
Artículo 222. Supuestos de informe preceptivo y vinculante de la Administración General del Estado.
1. Corresponde también a la Administración General del Estado emitir informe en los siguientes supuestos:
a) Planes y normas de ordenación territorial o urbanística y su modificación o revisión, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de este reglamento y de las normas que se dicten para su desarrollo y aplicación. Se entienden incluidos todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, sea cual sea su denominación, incluyendo los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano y los Estudios de Detalle u otros de similar contenido, que incidan sobre el dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre.
b) Planes y autorizaciones de vertidos al mar desde tierra, a efectos del cumplimiento de la legislación estatal y de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
c) Proyectos de construcción de nuevos puertos y vías de transporte de competencia de las comunidades autónomas, ampliación de los existentes o de su zona de servicio y modificación de su configuración exterior, conforme a lo previsto en el artículo 49 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento.
d) Declaraciones de zonas de interés para cultivos marinos, concesiones y autorizaciones, de acuerdo con la legislación específica.
2. Los informes indicados en el apartado 1, que se limitarán a los aspectos relacionados con la gestión y protección del dominio público marítimo-terrestre basados en el ejercicio de competencias propias, serán emitidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la forma y plazo establecidos en los artículos correspondientes de este reglamento.
En el caso de que se solicite documentación o información complementaria, se interrumpirá el cómputo de dichos plazos.
Cuando el informe se refiera al supuesto contemplado en la letra d) del apartado anterior, se incorporará lo indicado por la Secretaría General de Pesca en el ámbito de sus competencias.
3. El informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente será vinculante en los siguientes aspectos:
a) En los supuestos de las letras a) y d) del apartado 1, cuando el informe proponga objeciones basadas en el ejercicio de facultades propias, bien derivadas de la titularidad demanial, como son las orientadas por la necesidad de asegurar la protección de la integridad del dominio público y su libre utilización, o bien derivadas de otras competencias sectoriales de la Administración General del Estado.
b) En los supuestos de la letra b) del apartado 1, cuando el informe contenga objeciones determinadas por la necesidad de preservar la integridad física de los bienes de dominio público afectados.
c) En los supuestos de la letra c) del apartado 1, cuando el contenido del informe se refiera a los aspectos a que se refiere el artículo 106.1 de este reglamento.
4. En el caso de las concesiones y autorizaciones a que se refieren las letras b) y d) del apartado 1, cuando no se den los supuestos previstos en el artículo 131 de este reglamento, el informe favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente supondrá el otorgamiento de la autorización necesaria para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
Artículo 223. Ejercicio de las competencias por la Administración General del Estado.
1. Las competencias que la Ley 22/1988, de 28 de julio, y el presente reglamento atribuyen a la Administración General del Estado serán ejercidas por los titulares de los Departamentos ministeriales correspondientes a través de la estructura administrativa que se determine en sus disposiciones orgánicas respectivas (artículo 113 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Las funciones de la Administración General del Estado en el mar territorial, aguas interiores, zona económica y plataforma continental en materia de defensa, pesca y cultivos marinos, salvamento, lucha contra la contaminación, seguridad de la vida humana en el mar, extracciones de restos, protección del patrimonio arqueológico español, investigación y explotación de recursos u otras no reguladas en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento, se ejercerán en la forma y por los Departamentos u organismos que las tengan encomendadas.
3. Lo dispuesto en el presente reglamento se entiende sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero.
Corresponde al Ministerio de Defensa la autorización de usos y actividades en los terrenos de dominio público marítimo-terrestre afectos a la Defensa Nacional, a través del citado Departamento.
El Ministerio de Defensa ejercerá, asimismo, la vigilancia de los espacios marítimos en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, y cuantas otras competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre le atribuya la legislación vigente.
4. Corresponde al Ministerio de Fomento el ejercicio de las funciones relativas a puertos de interés general, iluminación de costas y señales marítimas, navegación, lucha contra la contaminación y la seguridad humana y salvamento en el mar, así como las previstas en la disposición adicional octava de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y las de ejecución de los acuerdos y convenios internacionales en estas materias.
La utilización del dominio público marítimo-terrestre para la explotación de los servicios de telecomunicaciones se regirá por su legislación específica, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento.
5. El servicio público de salvamento de la vida humana en el mar y de la lucha contra la contaminación del medio marino se prestará por la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Fomento, así como por las restantes Administraciones competentes, de acuerdo con el principio de coordinación, que se instrumentará a través de los planes y programas correspondientes.
CAPÍTULO II
Competencias de las Comunidades Autónomas
Artículo 224. Competencias de las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas ejercerán las competencias que, en las materias de ordenación territorial y del litoral, puertos, urbanismo, vertidos al mar y demás relacionadas con el ámbito de la Ley 22/1988, de 28 de julio, tengan atribuidas en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía (artículo 114 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
CAPÍTULO III
Competencias Municipales
Artículo 225. Competencias municipales.
Las competencias municipales, en los términos previstos por la legislación que dicten las comunidades autónomas, podrán abarcar los siguientes extremos:
a) Informar los deslindes del dominio público marítimo-terrestre.
b) Informar las solicitudes de reservas, adscripciones, autorizaciones y concesiones para la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre.
c) Explotar, en su caso, los servicios de temporada que puedan establecerse en las playas por cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta previstas en la legislación de régimen local.
d) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración General del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas (artículo 115 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
CAPÍTULO IV
Relaciones interadministrativas
Artículo 226. Deberes de información mutua, coordinación y respeto entre las Administraciones públicas.
1. Las Administraciones públicas cuyas competencias incidan sobre el ámbito espacial contemplado en la Ley 22/1988, de 28 de julio, ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a aquéllas (artículo 116 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. A estos efectos, el otorgamiento de toda clase de títulos administrativos por la Administración General del Estado, comunidades autónomas y Ayuntamientos sobre el dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre se notificará por la Administración otorgante a las otras Administraciones.
3. La notificación deberá hacerse en el plazo de diez días. Cuando sea de un Ayuntamiento y corresponda recibirla al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se realizará a través del Servicio Periférico de Costas.
Artículo 227. Tramitación del planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral.
1. En la tramitación de todo planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral, el órgano competente, para su aprobación inicial, deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del proyecto correspondiente a la Administración General del Estado para que ésta emita, en el plazo de un mes, informe comprensivo de las sugerencias y observaciones que estime convenientes.
2. Concluida la tramitación del plan o normas de que se trate, e inmediatamente antes de la aprobación definitiva, la Administración competente dará traslado a la Administración General del Estado del contenido de aquél para que en el plazo de dos meses se pronuncie sobre el mismo. En caso de que el informe no sea favorable en aspectos de su competencia, se abrirá un período de consultas, a fin de llegar a un acuerdo. Si, como resultado de este acuerdo, se modificara sustancialmente el contenido del plan o normas, deberá someterse nuevamente a información pública y audiencia de los organismos que hubieran intervenido preceptivamente en la elaboración (artículo 117.1 y 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. El cumplimiento de los trámites a que se refiere el apartado anterior interrumpirá el cómputo de los plazos que, para la aprobación de cualquier instrumento de ordenación territorial o urbanística, se establecen en la legislación urbanística.
4. Los informes a que se refieren los apartados 1 y 2 se tramitarán en la forma siguiente:
a) La documentación deberá remitirse, en todo caso, al Servicio Periférico de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, precisando la fase del procedimiento en la que se encuentra el expediente. Se enviará un ejemplar completo del instrumento de ordenación territorial y urbanística objeto del informe, debidamente diligenciado.
En los planos correspondientes deberán estar representadas las líneas de ribera del mar, de deslinde del dominio público marítimo-terrestre, de servidumbre de protección, de servidumbre de tránsito, de zona de influencia y de servidumbre de acceso al mar, definidas conforme lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio.
En caso de que se incumplan las condiciones anteriores, el órgano que emita el informe lo comunicará al remitente, no iniciándose el cómputo del plazo para su emisión hasta que la documentación se remita en forma.
b) El Servicio Periférico de Costas emitirá el informe cuando se trate de Estudios de Detalle, Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano u otros instrumentos de similar contenido.
c) En los demás casos, el Servicio Periférico de Costas elevará el expediente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que éste emita el preceptivo informe.
CAPÍTULO V
Impugnación de actos y acuerdos
Artículo 228. Impugnación de actos y acuerdos que infrinjan la Ley 22/1988, de 28 de julio, su reglamento y demás normas aprobadas conforme a la misma.
1. Se declaran contrarios al interés general los actos y acuerdos que infrinjan la Ley 22/1988, de 28 de julio, este reglamento o las normas aprobadas conforme a la misma, y podrán ser impugnados directamente por la Administración General del Estado, autonómica o local, ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, con petición expresa de suspensión. El Tribunal se pronunciará sobre dicha suspensión en el primer trámite siguiente a la petición de la misma.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, y de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Delegado del Gobierno, a instancia del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, podrá suspender los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección que supongan una infracción manifiesta de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 22/1988, de 28 de julio (artículo 119 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Disposición adicional primera. Desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
1. Se declaran de utilidad pública, a efectos de expropiación, los terrenos de propiedad particular a que se refiere la disposición transitoria segunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio, así como los incluidos en la zona de servidumbre de protección que se estimen necesarios para la defensa y el uso del dominio público marítimo-terrestre.
2. El justiprecio de las expropiaciones que se realicen al amparo de lo previsto en el apartado anterior se determinará exclusivamente por aplicación de los criterios de valoración establecidos en la legislación de suelo estatal.
3. La Administración General del Estado tendrá derecho de tanteo y retracto en las transmisiones onerosas ínter vivos de los bienes mencionados en el apartado 1, a cuyo efecto deberá ser notificada por escrito. El derecho de tanteo podrá ejercerse en el plazo de tres meses y el de retracto en el de un año, ambos a contar desde la correspondiente notificación, que comprenderá las condiciones esenciales de la transmisión (disposición adicional tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
4. Para el ejercicio del derecho de tanteo establecido en el apartado anterior, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente hará público en el Boletín Oficial de la provincia e igualmente notificará al Registro de la Propiedad las áreas en que los propietarios de terrenos deberán notificar al Servicio Periférico de Costas su propósito de enajenarlos, notificación que deberá incluir el precio y forma de pago previstos. El Servicio elevará al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente propuesta motivada, debiendo adoptarse la resolución que proceda en el plazo señalado.
5. A estos efectos, el Registrador de la Propiedad tras presentar el título y el transmitente deberán notificar al Servicio Periférico de Costas las condiciones en que se haya realizado la enajenación y el nombre del adquirente. El Servicio elevará al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente propuesta motivada para su resolución.
Disposición adicional segunda. Desarrollo del apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
1. Son urbanizaciones marítimo-terrestres los núcleos residenciales en tierra firme dotados de un sistema viario navegable, construido a partir de la inundación artificial de terrenos privados (disposición adicional décima, 1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. El sistema viario deberá estar constituido por un canal principal y una serie de al menos seis canales secundarios. A estos efectos, se considerará canal cuando dé acceso a estacionamientos náuticos individuales o colectivos de la misma urbanización.
3. Las urbanizaciones marítimo-terrestres deberán contar con un instrumento de ordenación territorial o urbanística que se ajuste a las prescripciones que, en materia de dominio público marítimo-terrestre, se establecen en esta disposición y en sus normas de desarrollo (disposición adicional décima, 2, de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
4. La realización de las obras para construir los canales navegables de la urbanización marítimo-terrestre que dan lugar a la invasión por el mar o por las aguas de los ríos, hasta donde se haga sensible el efecto de las mareas, de terrenos que antes de dichas obras no sean de dominio público marítimo-terrestre, ni estén afectados por la servidumbre de protección, producirán los siguientes efectos:
a) El terreno inundado se incorporará al dominio público marítimo-terrestre. No obstante, no se incluirán en el dominio público marítimo-terrestre los terrenos de propiedad privada colindantes a la vivienda y retranqueados respecto del canal navegable que se destinen a estacionamiento náutico individual y privado. Tampoco se incorporarán al dominio público marítimo-terrestre los terrenos de titularidad privada colindantes con el canal navegable e inundados como consecuencia de excavaciones, que se destinen a estacionamiento náutico colectivo y privado.
b) La servidumbre de protección preexistente con anterioridad a las obras mantendrá su vigencia. No se generará una nueva servidumbre de protección ni de tránsito, en torno a los espacios inundados.
c) El instrumento de ordenación territorial o urbanística deberá garantizar a través de viales el tránsito y acceso a los canales en la forma que se establece en el apartado siguiente (disposición adicional décima, 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
5. El instrumento de ordenación territorial o urbanística deberá garantizar la existencia de:
a) Acceso público a los canales al menos cada 100 metros, con una anchura mínima de 3 metros.
b) Tránsito peatonal y rodado, paralelo al canal, en una anchura no inferior a 3 metros colindantes con la lámina de agua.
6. Los propietarios de las viviendas contiguas a los canales navegables tendrán un derecho de uso de los amarres situados frente a las viviendas. Este derecho está vinculado a la propiedad de la vivienda y solo será transmisible junto a ella (disposición adicional décima, 4, de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
7. Las obras para la construcción de los canales navegables y los estacionamientos náuticos a los que se refiere el apartado 3 a), precisarán del correspondiente título administrativo para su realización y en ningún caso afectarán a tramos de costa que constituyan playa o espacios protegidos, de acuerdo con lo que se establece en este reglamento (disposición adicional décima, 5, de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
8. A los proyectos de urbanizaciones marítimo-terrestres les será íntegramente de aplicación lo establecido en los artículos 85 y siguientes de este reglamento.
9. En las urbanizaciones marítimo-terrestres existentes a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) A efectos de aplicación de lo establecido para los estacionamientos náuticos individuales o colectivos y privados en la letra a) del apartado 4, el propietario colindante deberá acreditar la existencia de título de propiedad, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
b) Se presumirá la existencia del título administrativo necesario según la legislación de puertos y costas, a los efectos previstos en la letra a) del apartado 4, salvo prueba en contrario, para las construcciones existentes a la entrada en vigor de este Reglamento.
c) Las distancias establecidas en el apartado 5 para el acceso público y el tránsito podrán variarse en aquellos casos en que la exigencia de estas distancias supusiera una división de las fincas urbanas edificadas.
Disposición adicional tercera. Desarrollo de la disposición adicional undécima de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
1. Los bienes inmuebles declarados de interés cultural situados en dominio público marítimo-terrestre quedarán sujetos al régimen concesional previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, a cuyo efecto la Administración General del Estado otorgará la correspondiente concesión, previa solicitud de la misma, en el plazo de un año a contar desde la fecha de la declaración de interés cultural.
2. A los bienes a los que se refiere el apartado anterior que se encuentren situados en el dominio público marítimo-terrestre, la zona de servidumbre de tránsito, de servidumbre de protección o de influencia, se les aplicarán las medidas derivadas de dicho régimen con preferencia a las contenidas en esta Ley, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria tercera.3. 3ª de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
3. Las obligaciones que la legislación de patrimonio cultural o artístico imponga a los propietarios o poseedores de los bienes a los que se refiere el apartado 1 deberán ser cumplidas por el concesionario, y así lo recogerá el correspondiente título de ocupación.
En ausencia de concesionario, será la Administración promotora de la declaración la responsable de cumplir con las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior.
4. La concesión que se otorgue amparará los usos y obras que resulten compatibles con la declaración por la que se otorgue protección cultural o histórica al bien, salvo que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre, o a la servidumbre de tránsito, en cuyo caso podrán ser limitados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el título concesional.
5. La Administración competente en materia de patrimonio cultural notificará al Servicio Periférico de Costas la incoación del expediente de declaración de bien de interés cultural de los que se encuentren situados en dominio público marítimo-terrestre. Igualmente le informará de las modificaciones de su régimen de protección.
6. En caso de que el mal estado del inmueble pueda causar daños o afectar a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o la servidumbre de tránsito, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar podrá adoptar de forma urgente las medidas necesarias para evitarlas, poniéndolas en conocimiento de la Administración competente en materia de patrimonio cultural, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pueda incurrir el titular de la concesión.
7. En caso de que se deje sin efecto la declaración de bien de interés cultural, la Administración General del Estado tomará de forma inmediata posesión del bien, al que se aplicará el régimen general previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio.
Disposición adicional cuarta. Desarrollo de la disposición adicional segunda de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
La revisión de los deslindes de zona marítimo-terrestre que se vean afectados como consecuencia de la aprobación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en el artículo 27 de este reglamento.
Disposición adicional quinta. Desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
1. La línea exterior de los paseos marítimos construidos por la Administración General del Estado o por otras Administraciones Públicas con la autorización de aquella, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la ley 22/1988, de 28 de julio, y la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, se entenderá a todos los efectos como línea interior de la ribera del mar. La Administración General del Estado podrá desafectar los terrenos situados al interior de los paseos marítimos, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el 38 de este reglamento.
2. A efectos de esta disposición no se considerarán paseos marítimos aquellas instalaciones que no hayan supuesto una alteración del terreno que les sirve de soporte, tales como las pasarelas o los caminos de madera apoyados sobre el terreno o sobre pilotes (disposición adicional tercera de la ley 2/2013, de 29 de mayo).
3. En todos estos casos no será necesario tramitar un nuevo expediente de deslinde, sino uno de rectificación del existente, con información pública, informes de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento afectado, y audiencia a los interesados.
Disposición adicional sexta. Desarrollo de la disposición adicional cuarta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
1. Con carácter excepcional, y debido a la especial configuración geomorfológica de la isla de Formentera, respecto de ella se entenderá que queda incluido en el dominio público marítimo-terrestre:
a) El espacio de territorio que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales ordinarios en donde no lo sean. A estos efectos, se entiende que son temporales ordinarios los que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco años inmediatamente anteriores al momento en que se inicie el deslinde.
b) Las playas, entendiendo por tales las riberas del mar o de las rías formadas por arenales o pedregales en superficie casi plana, con vegetación nula o escasa y característica.
2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la citada ley, la Administración General del Estado practicará el correspondiente deslinde, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.
3. A las construcciones e instalaciones emplazadas en la zona de servidumbre de tránsito o protección, les será de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
La servidumbre de protección tendrá una extensión de cien metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
4. Aquellas personas que son propietarias, con título inscrito en el Registro de la Propiedad antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de terrenos que tras el deslinde previsto en el apartado 2 de esta disposición dejen de formar parte del dominio público, serán reintegrados en el dominio de aquellos bienes (disposición adicional cuarta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo).
Lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la reinscripción en el Registro de la Propiedad de dichos terrenos, que deberán ser reintegrados a nombre de las personas que figuren como titulares en la última inscripción del dominio anterior a su afectación al dominio público o bien a la inscripción a favor de sus causahabientes, siendo título inscribible la certificación de la resolución firme que acuerde el reintegro de dichos bienes, que deberán ser descritos conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria e identificados mediante plano catastral que determine su relación respecto de las servidumbres de protección y tránsito. La inscripción a favor de los causahabientes del titular registral requiere que acrediten ante el Registrador su respectivo título de adquisición, y, en su caso, que con carácter previo se reanude el tracto sucesivo interrumpido, bien mediante la inscripción de los títulos intermedios, bien mediante el correspondiente expediente de dominio.
En caso de que el dominio de los titulares registrales a que se refiere el párrafo primero de esta disposición estuviese afecto a cargas o derechos inscritos en el momento de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, la reinscripción de estos últimos, en su caso, requerirá el acuerdo de los respectivos titulares actuales del dominio y de tales cargas o derechos o, en su defecto, la oportuna resolución judicial.
5. El resto de los terrenos que no se encontrasen en el supuesto previsto en el apartado cuarto de esta disposición y hubieran quedado fuera del deslinde previsto en el mismo, mantendrán la consideración de bienes de titularidad de la Administración General del Estado y se entenderán afectados al uso propio del dominio público marítimo-terrestre conforme al artículo 17 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, sin perjuicio de que posteriormente pueda procederse a su desafectación, de acuerdo con el artículo 18 de la misma ley y el 38 de este reglamento.
Disposición adicional séptima. Desarrollo de las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
Lo dispuesto en las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, dará lugar a la inscripción en el Registro de la Propiedad de los terrenos que deberán ser reintegrados a nombre de las personas que figuren como titulares en la última inscripción de dominio anterior a su afectación al dominio público, o bien a la inscripción a favor de sus causahabientes siendo título inscribible la certificación de la resolución firme que acuerde el reintegro de dichos bienes, que deberán ser descritos conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria e identificados mediante plano catastral que determine su relación respecto de las servidumbres de protección y tránsito. La inscripción a favor de los causahabientes del titular registral requiere que acrediten ante el registrador su respectivo título de adquisición, y, en su caso, que con carácter previo se reanude el tracto sucesivo interrumpido, bien mediante la inscripción de los títulos intermedios, bien mediante la inscripción de los títulos intermedios, bien mediante el correspondiente expediente de dominio.
En caso de que el dominio de los titulares registrales a que se refiere el párrafo primero de esta disposición estuviese afecto a cargas o derechos inscritos en el momento de la entrada en vigor de la Ley 22/1988 de 28 de julio, la reinscripción de estos últimos, en su caso, requerirá el acuerdo de los respectivos titulares actuales del dominio y de tales cargas o derechos o, en su defecto, la oportuna resolución judicial.
El resto de los terrenos que no se encontrasen en el supuesto previsto en el apartado primero de las disposiciones quinta y sexta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, y hubieran quedado fuera del deslinde previsto en el mismo, mantendrán la consideración de bienes de titularidad de la Administración General del Estado y se entenderán afectados al uso propio del dominio público marítimo-terrestre conforme al artículo 17 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, sin perjuicio de que posteriormente pueda procederse a su desafectación de acuerdo con el artículo 18 de la misma ley y 38 de este reglamento.
Disposición adicional octava. Régimen de las concesiones o autorizaciones otorgadas por las comunidades autónomas en los puertos e instalaciones portuarias estatales que les fueron transferidos.
Las concesiones o autorizaciones que las comunidades autónomas otorguen en los puertos e instalaciones portuarias estatales que les fueron transferidos y figuran expresamente relacionados en los correspondientes reales decretos de traspasos en materia de puertos, no devengarán el canon de ocupación a favor de la Administración General del Estado a que se refiere el artículo 106.4 de este reglamento.
Disposición adicional novena. Concepto de interesado de acuerdo con la Ley 27/2006 de 18 de julio.
Tendrán la consideración de interesados, cuando se personen en alguno de los procedimientos que afectan al medio ambiente, regulados en este reglamento, las organizaciones legitimadas al amparo del artículo 2.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Disposición adicional décima. Competencia de los Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Las referencias efectuadas en el Reglamento a los servicios periféricos de Costas se entenderán hechas a los Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3 del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno.
Disposición transitoria primera. Desarrollo del apartado 1 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución, los titulares de espacios de la zona marítimo-terrestre, playa y mar territorial que hubieran sido declarados de propiedad particular por sentencia judicial firme anterior a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, a cuyo efecto deberán solicitar la correspondiente concesión en el plazo de un año a contar desde la mencionada fecha. La concesión se otorgara por treinta años, prorrogables por otros treinta, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon, y se inscribirá en el registro a que se refieren los artículos 37.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 80.1 de este reglamento (disposición transitoria primera. 1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que se haya solicitado la concesión, la misma se otorgará de oficio por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, salvo renuncia expresa del interesado. El plazo de la concesión computará desde el 29 de julio de 1989.
3. La concesión se otorgará con arreglo a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, aunque limitada a los usos y aprovechamientos existentes a la entrada en vigor de la misma, quedando el resto de la superficie de antigua propiedad privada sujeto al régimen general de utilización del dominio público marítimo-terrestre. La prórroga por un nuevo plazo de treinta años deberá ser solicitada por el interesado, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento, y se otorgará salvo que, a través del procedimiento establecido al efecto, se hubiese declarado la caducidad de la concesión.
4. El anterior propietario tendrá derecho preferente, durante un periodo de sesenta años, para la obtención de las concesiones para nuevos usos o aprovechamientos que puedan otorgarse sobre la totalidad de la superficie de antigua propiedad privada. Dichas concesiones se ajustarán íntegramente a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento, incluyendo la limitación de plazo y la obligación de abonar canon.
Disposición transitoria segunda. Desarrollo del apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
1. Los titulares de los terrenos de la zona marítimo-terrestre o playa que no hayan podido ser ocupados por la Administración al practicar un deslinde anterior a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, por estar inscritos en el Registro de la Propiedad y amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre por treinta años, respetando los usos y aprovechamientos existentes, a cuyo efecto deberán solicitar la correspondiente concesión.
No obstante lo anterior, si los terrenos se destinaran a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, la concesión se otorgará previo informe del órgano ambiental de la comunidad autónoma en la que radique la ocupación. El informe determinará los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá, en los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente. Este informe tendrá carácter determinante. Si la Administración General del Estado se aparta de su contenido deberá motivar las razones de interés general por las que lo hace en la resolución por la que se otorgue o deniegue la concesión.
Lo dispuesto en el apartado anterior ha de entenderse exclusivamente referido al procedimiento de concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre y sin perjuicio de la exigibilidad de contar con la autorización ambiental integrada de competencia autonómica o del cumplimiento de las restantes autorizaciones o exigencias ambientales que sean de aplicación.
Si el informe del órgano ambiental autonómico no fuera emitido en el plazo de tres meses se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La solicitud del informe producirá la suspensión del plazo para resolver y notificar la resolución, de acuerdo con lo previsto en la letra c) del artículo 42.5 de la citada ley.
Todo ello se entiende sin perjuicio de las acciones civiles que aquéllos puedan ejercitar en defensa de sus derechos.
2. Si la inscripción registral del último titular de los terrenos no puede practicarse por afectación de la finca al dominio público marítimo-terrestre, y así se acredita por certificación del Registro de la Propiedad, no será obstáculo para la tramitación de la concesión siempre que los titulares de los terrenos justifiquen la posesión de los mismos mediante escritura pública que acredite la condición de heredero, legatario o cualquier otra transmisión de derecho.
3. En el caso de que la concesión, sujeta al régimen general establecido para la utilización del dominio público, no hubiera sido solicitada en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se otorgará de oficio por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, salvo renuncia expresa del interesado. El plazo de la concesión otorgada computará desde el 29 de julio de 1989 y amparará exclusivamente los usos y aprovechamientos existentes a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
4. Las situaciones que, en su caso, resulten incompatibles con la Ley 22/1988, de 28 de julio, se acomodarán a lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la misma y decimocuarta de este reglamento.
Disposición transitoria tercera. Desarrollo del apartado 3 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
1. En los tramos de costa en que el dominio público marítimo-terrestre no esté deslindado o lo esté parcialmente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se procederá a la práctica del correspondiente deslinde, cuya aprobación surtirá los efectos previstos en el artículo 13 de dicha ley para todos los terrenos que resulten incluidos en el dominio público, aunque hayan sido ocupados por obras, si bien los titulares registrales de los terrenos amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que resulten comprendidos en el deslinde practicado, pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos en el apartado segundo de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y disposición transitoria segunda de este reglamento (disposición transitoria primera. 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Los titulares a que se refiere este apartado también tendrán un derecho preferente, durante un periodo de diez años, para la obtención de las concesiones para nuevos usos o aprovechamientos que puedan otorgarse sobre la totalidad de la superficie a que se refiera la inscripción amparada en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Dichas concesiones se ajustarán íntegramente a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento, incluyendo la limitación de plazo y la obligación de abonar canon.
2. Se considerará parcial el deslinde cuando no se hubieran incluido en él todos los bienes calificados como dominio público según la Ley 28/1969, de 26 de abril, sobre Costas.
3. Los anteriores titulares registrales de aquellos terrenos que, de haberse practicado un deslinde por la Administración conforme a la Ley 28/1969, de 26 de abril, hubieran quedado excluidos del dominio público marítimo-terrestre, pasarán a tener un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, respetando los usos y aprovechamientos existentes en el momento de la aprobación del deslinde, en los términos previstos en el apartado cuarto de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
4. Aquellos titulares de terrenos que, tras emprender acciones legales, vean reconocida, mediante sentencia judicial firme, su titularidad con anterioridad a la aprobación del deslinde que los incluye en dominio público marítimo-terrestre, obtendrán los derechos establecidos en el apartado cuarto de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, en lo referente al plazo de la concesión, la exención del abono de canon y el derecho preferente. En idéntica situación se hallarán los titulares de terrenos que, teniendo inscripción registral anterior a la entrada en vigor de la Ley de Puertos de 1880, acrediten la existencia del tracto registral ininterrumpido desde entonces.
5. La solicitud de concesión deberá realizarse dentro del plazo de un año a partir de la fecha de aprobación del correspondiente deslinde. En este caso, el plazo de la concesión otorgada computará a partir de la fecha de su otorgamiento. En caso contrario, el cómputo de este plazo se iniciará a partir de la fecha de aprobación del deslinde.
6. Las obras e instalaciones ilegales quedarán sujetas a lo establecido en la disposición transitoria cuarta. 1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y decimotercera de este reglamento. Se considerarán, en todo caso, ilegales las construidas con infracción de lo previsto en la disposición transitoria segunda del Reglamento de Costas, aprobado por Real Decreto 1088/1980, de 23 de mayo.
7. Las obras e instalaciones legalmente construidas o que puedan construirse en el dominio público y en la zona de servidumbre de protección, que resulten contrarias a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, quedarán sujetas al régimen que en cada caso corresponde conforme a lo previsto en la disposición transitoria cuarta. 2 de la citada ley y decimocuarta de este reglamento.
Disposición transitoria cuarta. Desarrollo del apartado 4 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
1. En los tramos de costa en que esté completado el deslinde del dominio público marítimo-terrestre a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, pero haya de practicarse uno nuevo para adecuarlo a las características establecidas en aquella para los distintos bienes, los terrenos que resulten comprendidos entre la antigua y la nueva delimitación quedaran sujetos al régimen establecido en la disposición transitoria primera de este reglamento, computándose el plazo de un año para la solicitud de la concesión a que el mismo se refiere, a partir de la fecha de aprobación del correspondiente deslinde (disposición transitoria primera. 4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Transcurrido dicho plazo sin que se solicite la concesión ésta se otorgará de oficio, previa oferta de condiciones por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, salvo que medie renuncia expresa del interesado, computando el plazo de la concesión otorgada a partir de la fecha de aprobación del deslinde. Si la solicitud de concesión se hubiera realizado dentro del plazo de un año a partir de la fecha de aprobación del deslinde, el plazo de la concesión computará a partir de la fecha de su otorgamiento.
3. La concesión se otorgará respetando los usos y aprovechamientos existentes en el momento de la aprobación del deslinde, quedando el resto de la superficie de antigua propiedad privada sujeto al régimen general de utilización del dominio público marítimo-terrestre. La prórroga por un nuevo plazo de treinta años deberá ser solicitada por el interesado, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento, y se otorgará salvo que, a través del procedimiento establecido al efecto, se hubiese declarado la caducidad de la concesión
4. El anterior propietario tendrá derecho preferente, durante un periodo de sesenta años, para la obtención de las concesiones para nuevos usos o aprovechamientos que puedan otorgarse sobre la totalidad de la superficie de antigua propiedad privada, en los términos establecidos en el apartado 4 de la disposición transitoria primera de este reglamento.
Disposición transitoria quinta. Desarrollo del apartado 5 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
1. No obstante lo dispuesto en las disposiciones anteriores, si los terrenos a que se refieren hubieran sido inundados artificial y controladamente como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto y estuvieran destinados a actividades de cultivo marino o a salinas marítimas, se excluirán del dominio público marítimo-terrestre, aun cuando sean naturalmente inundables en la actualidad como consecuencia de las obras realizadas.
A estos terrenos les será de aplicación el régimen dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, para la zona de servidumbre de protección.
2. Los interesados deberán acreditar que:
a) Los terrenos inundados eran de propiedad privada antes del 29 de julio de 1988, mediante la correspondiente inscripción registral.
b) La existencia de las actividades a que se refiere el apartado anterior antes del 29 de julio de 1988, mediante el título o certificación del órgano competente que pruebe la legalidad de tal circunstancia.
3. Esta exclusión no se aplicará cuando las obras e instalaciones realizadas para inundar los terrenos se hubieran hecho con infracción de la normativa vigente en aquel momento y así constara a la Administración General del Estado.
4. La exclusión de estos terrenos del dominio público marítimo-terrestre tendrá efectos desde la revisión de los deslindes correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
5. En caso de que no proceda la exclusión de los bienes del dominio público marítimo-terrestre, los titulares de las concesiones vigentes podrán solicitar la prórroga de éstas, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
Disposición transitoria sexta. Desarrollo del apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
1. Los terrenos sobrantes y desafectados del dominio público marítimo, conforme a lo previsto en el artículo 5.2 de la Ley de Costas de 26 de abril de 1969, que no hayan sido enajenados o recuperados por sus antiguos propietarios a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y los del Patrimonio del Estado en que concurran las circunstancias previstas en los artículos 17 de la misma y 37 de este reglamento, serán afectados al dominio público marítimo-terrestre, de acuerdo con lo establecido en los citados artículos, una vez que se proceda a la actualización del deslinde, no pudiendo, mientras tanto, ser enajenados ni afectados a otras finalidades de uso o servicio público (disposición transitoria segunda. 1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. La aprobación del expediente de afectación llevará implícita la actualización del deslinde, sin necesidad de tramitar un nuevo expediente.
Disposición transitoria séptima. Desarrollo de los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria segunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
1. Los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud de cláusula concesional establecida con anterioridad a la promulgación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, serán mantenidos en tal situación jurídica, si bien sus playas y zona marítimo-terrestre continuarán siendo de dominio público, en todo caso. Los terrenos ganados al mar y los desecados en su ribera sin título administrativo suficiente continuarán siendo de dominio público.
2. Los islotes de propiedad particular con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, conservarán esta condición, si bien sus playas y zona marítimo-terrestre seguirán siendo de dominio público en todo caso (disposición transitoria segunda. 2 y 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. Lo establecido en el apartado 1 de esta disposición se entiende referido exclusivamente a concesiones en las que las cláusulas concesionales recogen expresamente la previsión de entrega en propiedad de los terrenos afectados. En el caso de las concesiones a perpetuidad será de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria decimosexta 1 de este reglamento.
Disposición transitoria octava. Desarrollo del apartado 1 de la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
1. Las disposiciones contenidas en el título II sobre las zonas de servidumbre de protección y de influencia serán aplicables a los terrenos que a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, estuviesen clasificados como suelo urbanizable no programado y suelo no urbanizable. Las posteriores revisiones de la ordenación que prevean la futura urbanización de dichos terrenos y su consiguiente cambio de clasificación deberán respetar íntegramente las citadas disposiciones (disposición transitoria tercera. 1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Las servidumbres de tránsito y acceso al mar y las demás limitaciones de la propiedad establecidas en el capítulo III del título II serán aplicables, en todo caso, cualquiera que sea la clasificación del suelo.
3. En los municipios que carezcan de instrumentos de ordenación se aplicaran íntegramente las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento sobre las zonas de servidumbre de protección y de influencia, salvo que se acredite que en la fecha de entrada en vigor de la citada ley los terrenos reunían los requisitos exigidos por la legislación urbanística para su clasificación como suelo urbano.
Disposición transitoria novena. Desarrollo del apartado 2 de la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
1. En los terrenos que, a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, estuvieran clasificados como suelo urbanizable programado o apto para la urbanización, se mantendrá el aprovechamiento urbanístico que tengan atribuido, aplicándose las siguientes reglas:
a) Si no cuentan con plan parcial aprobado definitivamente, dicho plan deberá respetar íntegramente y en los términos de la disposición transitoria anterior las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, siempre que no se de lugar a indemnización de acuerdo con la legislación urbanística.
b) Si cuentan con plan parcial aprobado definitivamente, se ejecutaran las determinaciones del plan respectivo, con sujeción a lo previsto en la disposición transitoria décima, apartado 1, de este reglamento, para el suelo urbano. No obstante, los planes parciales aprobados definitivamente con posterioridad al 1 de enero de 1988 y antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, que resulten contrarios a lo previsto en ella, deberán ser revisados para adaptarlos a sus disposiciones, siempre que no se dé lugar a indemnización de acuerdo con la legislación urbanística. La misma regla se aplicará a los planes parciales cuya ejecución no se hubiera llevado a efecto en el plazo previsto por causas no imputables a la Administración, cualquiera que sea la fecha de su aprobación definitiva (disposición transitoria tercera. 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, sólo se tendrán en consideración las disminuciones o reducciones del aprovechamiento urbanístico que, resultando exigibles por la estricta aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, supondrían una modificación del planeamiento vigente indemnizable, con arreglo a la legislación urbanística. En consecuencia, no serán obstáculo para la aplicación de la citada Ley las indemnizaciones que, en su caso, sean exigibles por los gastos realizados en la redacción de planes o proyectos, expedición de licencias u otros derivados del cumplimiento de obligaciones impuestas por la normativa vigente.
3. A los mismos efectos, la aplicación de las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, podrá hacerse de forma gradual, de tal modo que, atendidas las circunstancias del caso, la anchura de la zona de protección, aunque inferior a cien metros, sea la máxima posible, dentro del respeto al aprovechamiento urbanístico atribuido por el planeamiento.
4. La revisión de los planes parciales, cuya ejecución no se lleve a efecto por causas no imputables a la Administración, se referirá tanto a los aprobados definitivamente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, como a los que lo sean posteriormente.
5. La revisión del planeamiento, en lo que afecta al cumplimiento de la presente disposición, se ajustara a las siguientes reglas:
a) La Administración urbanística competente, de oficio o a instancia del Servicio Periférico de Costas o del promotor del plan, determinará, motivadamente y teniendo en cuenta, en todo caso, los criterios del apartado 3, si la revisión es o no posible sin dar lugar a indemnización.
b) En caso de que se determine la imposibilidad, la resolución correspondiente pondrá fin al procedimiento. En otro caso, se continuara la tramitación con arreglo a la legislación urbanística.
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de que por las Administraciones urbanísticas puedan acordar la revisión o modificación del planeamiento en ejercicio de sus competencias respectivas, aunque se diera lugar a indemnización.
Disposición transitoria décima. Desarrollo del apartado 3 de la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
1. Los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, estarán sujetos a las servidumbres establecidas en ella, con la salvedad de que la anchura de la servidumbre de protección será de veinte metros. No obstante, se respetarán los usos y construcciones existentes, así como las autorizaciones ya otorgadas, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento. Asimismo, se podrán autorizar nuevos usos y construcciones de conformidad con los planes de ordenación en vigor, siempre que se garantice la efectividad de la servidumbre y no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre, según se establece en los apartados siguientes. El señalamiento de alineaciones y rasantes, la adaptación o reajuste de los existentes, la ordenación de los volúmenes y el desarrollo de la red viaria, se llevara a cabo mediante estudios de detalle y otros instrumentos urbanísticos adecuados, que deberán respetar las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y las determinaciones de las normas que se aprueben con arreglo a la misma.
2. Las normas urbanísticas podrán autorizar el cambio de uso de edificios existentes a la entrada en vigor Ley 22/1988, de 28 de julio, aun cuando no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 25.2 de la Ley, siempre que se garantice la efectividad de la servidumbre y no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre.
3. Para la autorización de nuevos usos y construcciones, de acuerdo con los instrumentos de ordenación en los términos del apartado anterior, se aplicarán las siguientes reglas:
1.ª Cuando se trate de usos y construcciones no prohibidas en el artículo 25 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y reúnan los requisitos establecidos en el apartado 2 del mismo, se estará al régimen general en ella establecido y a las determinaciones del planeamiento urbanístico.
2.ª Cuando se trate de edificaciones destinadas a residencia o habitación, o de aquellas otras que, por no cumplir las condiciones establecidas en el artículo 25. 2 de la Ley, no puedan ser autorizadas con carácter ordinario, sólo podrán otorgarse autorizaciones de forma excepcional, previa aprobación del Plan General de Ordenación, Normas Subsidiarias u otro instrumento urbanístico específico, en los que se contenga una justificación expresa del cumplimiento de todos y cada uno de los siguientes requisitos indispensables para el citado otorgamiento:
a) Que con las edificaciones propuestas se logre la homogeneización urbanística del tramo de fachada marítima al que pertenezcan.
b) Que exista un conjunto de edificaciones, situadas a distancia inferior a 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar, que mantenga la alineación preestablecida por el planeamiento urbanístico.
c) Que en la ordenación urbanística de la zona se den las condiciones precisas de tolerancia de las edificaciones que se pretendan llevar a cabo.
d) Que se trate de edificación cerrada, de forma que, tanto las edificaciones existentes, como las que puedan ser objeto de autorización, queden adosadas lateralmente a las contiguas.
e) Que la alineación de los nuevos edificios se ajuste a la de los existentes.
f) Que la longitud de las fachadas de los solares, edificados o no, sobre los que se deba actuar para el logro de la pretendida homogeneidad, no supere el 25 por ciento de la longitud total de fachada del tramo correspondiente.
El propio planeamiento urbanístico habrá de proponer el acotamiento de los tramos de fachada marítima cuyo tratamiento homogéneo se proponga obtener mediante las actuaciones edificatorias para las que se solicite autorización.
3.ª En los núcleos que han sido objeto de una declaración de conjunto histórico o de otro régimen análogo de especial protección, serán de aplicación las medidas derivadas de dicho régimen con preferencia a las contenidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio.
3. A los efectos de la aplicación del apartado 1 anterior, sólo se considerará como suelo urbano el que tenga expresamente establecida esta clasificación en los instrumentos de ordenación vigentes en la fecha de entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, salvo que se trate de áreas urbanas en que la edificación estuviera consolidada o los terrenos dispusieran de los servicios exigidos en la legislación urbanística en la citada fecha y la Administración urbanística competente les hubiera reconocido expresamente ese carácter.
Disposición transitoria undécima. Adecuación de las normas de protección de la ordenación del territorio y urbanísticas.
Sin perjuicio de los dispuesto en las disposiciones anteriores, la ordenación territorial y urbanística del litoral existente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, deberá adecuarse a las normas que se aprueben conforme a lo previsto en los artículos 22 de la citada ley y 42 y 43 de este reglamento.
Disposición transitoria duodécima. Desarrollo de los apartados 5 y 6 de la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
1. Las servidumbres de paso al mar actualmente existentes se mantendrán en los términos en que fueron impuestas.
2. Los accesos públicos al mar actualmente existentes y los construidos en virtud de planeamiento urbanístico aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, permanecerán destinados al uso público, abriéndose al mismo cuando no lo estuvieren (disposición transitoria tercera. 5 y 6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. En los tramos de costa en que no estuviesen abiertos al público accesos suficientes para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 53.2 de este reglamento sobre distancias máximas entre aquellos, los Servicios Periféricos de Costas procederán al señalamiento de los que hayan de servir a dicha finalidad. Cuando se trate de viales que aun no hayan sido recibidos por los Ayuntamientos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá asumir la carga de la conservación de aquéllos hasta que se produzca dicha recepción. Cuando no existan viales suficientes para hacer efectivo el acceso en los términos expuestos, se actuará conforme a lo previsto en los artículos 28.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 54.1 de este reglamento.
Disposición transitoria decimotercera. Desarrollo del apartado 1 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
1. Las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas entonces vigente, serán demolidas cuando no proceda su legalización por razones de interés público (disposición transitoria cuarta. 1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. El procedimiento para la legalización será el que corresponda según la clase de autorización o concesión de que se trate, respetando los usos existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio. La autoridad competente para resolver en cada caso deberá apreciar, motivadamente, las razones que concurren para adoptar una u otra resolución. Para la legalización, que podrá ser total o parcial, las razones de interés público deberán ser apreciadas por acuerdo entre las tres Administraciones (estatal, autonómica y local), a cuyo efecto el órgano competente para dictar la resolución recabará el informe de las otras Administraciones, que se entenderá desfavorable a la legalización si no se emite en el plazo de un mes.
Podrán apreciarse las razones de interés público cuando la legalización sea compatible con la protección del dominio público marítimo-terrestre. Las obras e instalaciones de que se trate no podrán ubicarse en un tramo declarado en situación de regresión grave y deberá acreditarse que la demolición de las obras e instalaciones no produciría un beneficio significativo al uso del dominio público marítimo-terrestre.
3. Cuando se trate de obras o instalaciones construidas sin licencia municipal en la franja comprendida entre los 20 y 100 metros de la zona de protección, el procedimiento de legalización se tramitará por la Corporación o autoridad correspondiente, conforme a lo establecido en la legislación urbanística, y se iniciará de oficio o a instancia del órgano competente de la comunidad autónoma o del Servicio Periférico de Costas.
Disposición transitoria decimocuarta. Desarrollo del apartado 2 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
1. En las obras e instalaciones legalizadas conforme a lo previsto en la disposición transitoria anterior, así como en las construidas o que puedan construirse al amparo de licencia municipal y, cuando fuera exigible, autorización de la Administración General del Estado otorgada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, para los usos recogidos en el artículo 25.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Si ocupan terrenos de dominio público marítimo-terrestre, serán demolidas al extinguirse la concesión, salvo que se otorgue la prórroga prevista en el artículo segundo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Mientras la concesión esté vigente, sus titulares podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes.
b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, los titulares de las construcciones e instalaciones podrán realizar las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. Tales obras no podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente, sin que con carácter previo, la Administración General del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada. Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud. Si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable. No será necesaria la emisión de este informe cuando se trate de obras de pequeña reparación que únicamente suponga cambio de elementos accesorios y las que exija la higiene, ornato y conservación, siempre que no supongan modificación del uso al que se encuentran destinados ni incremento relevante del valor de la edificación.
c) En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, podrán realizarse, obras de reparación y mejora, consolidación y modernización, siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
2. A los efectos previstos en el apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se entenderá por:
a) Obras de reparación: Intervenciones que, siendo su finalidad la conservación y el mantenimiento del inmueble o construcción, conllevan la sustitución o transformación de materiales, elementos o partes de los mismos, sin alterar su estructura y volumetría ni incidir en la estabilidad.
b) Obras de modernización y mejora: Todas las que, sin modificar elementos estructurales, puedan realizarse dentro y fuera de una construcción, instalación o edificación y que incrementen la calidad y accesibilidad de la misma.
c) Obras de consolidación: Obras de carácter estructural, que tengan por objeto el afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos dañados de la estructura portante del edificio por otros iguales o de características similares que permitan mantener la estabilidad del inmueble siempre que el edificio no se encuentre en estado de ruina de acuerdo con lo dispuesto en la legislación urbanística.
d) Volumen: Espacio delimitado por los paramentos exteriores de una construcción, edificación o instalación, independientemente de que estén construidas por encima o por debajo de la rasante, y de que su interior pueda estar vinculado a un uso determinado o sea un espacio no utilizable.
A estos efectos, no computará como aumento de volumen:
1.º) Los cierres de los paramentos frontales de terrazas y balcones que no se realicen con elementos opacos o de fábrica.
2.º) La instalación de toldos sobre el terreno, las terrazas o en fachadas, cuando se realice mediante estructuras ligeras desmontables y sin cerramientos laterales.
3.º) Cuando quede suficientemente acreditada su necesidad, y con la menor incidencia posible:
La ejecución de obras e instalaciones tendentes a la adecuación a la normativa de accesibilidad, incluyendo la instalación de nuevos ascensores y sus casetas de operaciones en las azoteas de los edificios.
Las obras e instalaciones que garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa sismorresistente y de protección de incendios.
Las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos básicos relacionados en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
e) Altura: Dimensión vertical medida desde la rasante de cada punto del perímetro de la proyección horizontal de las construcciones, edificaciones e instalaciones existentes hasta su punto más alto, excluidos los elementos técnicos de las instalaciones.
f) Superficie: Proyección horizontal de todos y cada uno de los planos que constituyen las diferentes plantas de las construcciones, edificaciones o instalaciones existentes sobre la parcela, incluyendo los cuerpos volados, buhardillas, altillos, porches, trasteros, garajes y demás construcciones, edificaciones e instalaciones complementarias que estén cubiertas, ya sea mediante forjados fijos o desmontables e independientemente de que estén construidos por encima o por debajo de la rasante.
g) Demolición: Derribo o desaparición total o parcial de una construcción existente por cualquier causa. No tendrá la consideración de demolición parcial el derribo de los elementos estrictamente necesarios para realizar las actuaciones de reparación, mejora, consolidación y modernización, siempre que se realicen simultáneamente en el mismo proyecto de obra.
En todo caso, de llegar a producirse una disminución del volumen de las construcciones, edificaciones e instalaciones existentes reguladas en el apartado 2 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, su restablecimiento computará como nueva construcción, por lo que se deberá estar a lo establecido en las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento.
3. La prohibición de aumento de volumen, altura y superficie de las construcciones existentes, contenida en el apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, es de aplicación a la totalidad de la unidad edificatoria, independientemente de la parte de la construcción sobre la que se pretenda actuar. La actuación sobre una parte no implicará el reconocimiento de la legalidad del resto de la unidad parcelaria.
Se entenderá por unidad edificatoria el conjunto de elementos arquitectónicos, estructural y funcionalmente relacionados, que forman un cuerpo constructivo independiente.
Se entenderá por unidad parcelaria la finca o superficie de terreno que constituye una unidad física e inscrita como tal en Registro público.
4. Lo establecido en la letra a) del apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, será también aplicable a las concesiones que se otorguen en cumplimiento de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y a las otorgadas con anterioridad a la misma, según los procedimientos establecidos en esta disposición.
Las obras de mejora, consolidación o modernización podrán suponer la necesidad de revisar el clausulado concesional, incluido el canon. Al objeto de que el concesionario conozca, con anterioridad a la ejecución de las obras, dicha circunstancia, podrá solicitar ante el Servicio Periférico de Costas informe sobre el alcance de la revisión o modificación del título concesional, incorporando a su petición el proyecto sobre la obra a realizar.
5. A los efectos previstos en la letra b) del apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se considerará que la servidumbre de tránsito queda garantizada si se encuentra total y permanentemente desocupada en al menos tres metros de anchura desde la ribera del mar, con un gálibo libre en altura de, al menos, 3 metros, de tal forma que, además del paso público peatonal, quede también garantizado el de los vehículos de vigilancia y salvamento. Ante imposibilidad justificada de lo anterior, podrá admitirse una localización alternativa de la servidumbre, con la misma anchura mínima libre anterior, lo más cercana posible a la ribera del mar, preferentemente dentro de la servidumbre de protección o del dominio público marítimo-terrestre degradado, pero en ningún caso dentro de la ribera del mar. No se admitirán como alternativa ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre que carezcan de título habilitante.
6. El Servicio Periférico de Costas podrá solicitar del Registrador de la Propiedad que haga constar mediante nota marginal la situación jurídica de los inmuebles afectados conforme a las previsiones establecidas en la disposición transitoria cuarta de la Ley, remitiendo a tal fin certificación de la resolución firme que determine el régimen jurídico aplicable a la finca afectada, que deberá estar identificada y su titular haber sido notificado en el expediente.
Disposición transitoria decimoquinta. Desarrollo del apartado 3 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
1. Las obras a las que se refiere el apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, cuando les sea aplicable, deberán:
a) Suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto, tendrán que obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto, 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes.
b) Emplear los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.
No podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente sin que los titulares de las concesiones acrediten haber presentado ante la Administración General del Estado y los de las construcciones e instalaciones, ante los órganos competentes de las comunidades autónomas, una declaración responsable en la que, de manera expresa y clara, manifiesten que tales obras no supondrán un aumento del volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y que cumplen con los requisitos establecidos anteriormente sobre eficiencia energética y ahorro de agua, cuando les sean de aplicación. La declaración responsable se ajustará a lo dispuesto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (disposición transitoria cuarta, 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Para las obras a realizar en el ámbito de lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley, que se ubiquen en dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre de tránsito y no incidan en el resto de la de protección, la declaración responsable deberá presentarse ante el Servicio Periférico de Costas.
3. A la declaración responsable deberá adjuntarse la documentación acreditativa de la personalidad del peticionario y la declaración expresa de que las obras a realizar cumplen lo establecido en los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento.
En el caso de que la declaración responsable deba presentarse ante la Administración General del Estado, si no se ajusta a los requisitos establecidos en esta disposición o resulta inexacta de acuerdo con los datos disponibles, el Servicio Periférico de Costas requerirá al interesado para que en el plazo de diez días la subsane. Transcurrido dicho plazo se le tendrá por desistido de su petición de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
4. La declaración responsable tendrá validez para la ejecución de las obras indicadas durante el plazo de un año.
5. En el caso de que la declaración responsable deba presentarse ante la Administración General del Estado, podrá ajustarse al modelo normalizado que estará disponible en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como en las sedes de los correspondientes Servicios Periféricos de Costas.
6. En aplicación del artículo 116 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, la Administración que reciba la declaración responsable deberá remitir al resto de las Administraciones una copia de la misma, junto con la documentación que se presente e incorpore, en el plazo de diez días desde su recepción.
7. Lo dispuesto en esta disposición transitoria y en la anterior ha de entenderse sin perjuicio de las exigencias establecidas por la normativa autonómica y, en particular, de las normas adicionales de protección del medio ambiente que resulten de aplicación.
Disposición transitoria decimosexta. Régimen de la revisión de concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
1. Se considerará en todo caso incompatible con los criterios de ocupación del dominio público establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio, el mantenimiento de concesiones a perpetuidad, por tiempo indefinido o sin plazo limitado. En todo caso, se entenderá que las concesiones vigentes antes del 29 de julio de 1988 fueron otorgadas por un plazo máximo de 30 años a contar desde esa fecha, sin perjuicio de que puedan ser prorrogadas de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
2. En los demás casos, la revisión de las cláusulas concesionales requerirá la tramitación de un expediente con audiencia al interesado y oferta de condiciones revisadas adaptadas a los criterios de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento, formulada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Si el concesionario no acepta las nuevas condiciones se procederá a la revocación total o parcial de la concesión, tramitándose en pieza separada el correspondiente expediente indemnizatorio.
3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente resolverá sobre el mantenimiento o la revocación de las concesiones otorgadas en precario. En caso de que opte por el mantenimiento deberá otorgar una concesión firme con arreglo a los criterios y al procedimiento establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el presente reglamento.
4. Las concesiones otorgadas para la construcción de accesos artificiales a islas o islotes de propiedad particular por medio de obras de rellenos o de fábrica, se revisarán de oficio por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que dichos accesos queden abiertos al uso público gratuito en las mismas condiciones de utilización que se haya establecido para acceder a las propiedades privadas, de forma que se garantice el acceso al dominio público marítimo-terrestre insular y a los espacios sometidos a la servidumbre de tránsito. Esta modificación de sus condiciones no dará lugar a indemnización.
5. Los titulares de creación, regeneración o acondicionamiento de playas podrán solicitar la revisión de sus cláusulas para incluir en ellas la previsión contenida en los artículos 54 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 114 de este reglamento.
Disposición transitoria decimoséptima. Desarrollo del apartado 1 de la disposición transitoria sexta de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
En ningún caso podrá otorgarse prórroga del plazo de concesión existente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, en condiciones que se opongan a lo establecido en la misma o en las disposiciones que la desarrollen (disposición transitoria sexta, 1, de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Disposición transitoria decimoctava. Desarrollo del apartado 2 de la disposición transitoria sexta de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
Extinguidas las concesiones otorgadas con anterioridad a la Ley 22/1988, de 28 de julio, y que no resulten contrarias a lo dispuesto en ella, la Administración competente resolverá sobre el mantenimiento o levantamiento de las instalaciones. En caso de que se opte por el mantenimiento será de aplicación lo previsto en los artículos 72.3 de la citada ley y 150.1 de este reglamento (disposición transitoria sexta, 2, de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Disposición transitoria decimonovena. Desarrollo del apartado 1 de la disposición transitoria séptima de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
1. En los supuestos de obras, instalaciones o actividades en zona de servidumbre de protección en tramos de costa no deslindados conforme a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, la comunidad autónoma correspondiente exigirá la autorización a que se refiere el artículo 49 de este reglamento, a cuyo efecto solicitará, previamente, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que facilite, en el plazo de un mes, la definición provisional de la línea probable de deslinde y la extensión de la zona de servidumbre. No obstante, en caso de discrepancia, el otorgamiento de la autorización quedará condicionado a la aprobación previa o simultánea del deslinde, que se tramitará con carácter preferente.
2. Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación a los supuestos de obras e instalaciones en zona de servidumbre de protección sujetos a la obligación de presentación de declaración responsable.
Disposición transitoria vigésima. Desarrollo del apartado 2 de la disposición transitoria séptima de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
1. En los casos en que se pretenda la ocupación de terrenos de dominio público todavía no deslindados conforme a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, el peticionario deberá solicitar el deslinde, a su costa, simultáneamente con la solicitud de concesión o autorización, pudiendo tramitarse al mismo tiempo ambos expedientes de deslinde y concesión. En caso de solicitud de concesión, su otorgamiento no podrá ser previo a la aprobación del deslinde.
Igualmente, las obras a realizar por las Administraciones públicas no podrán ejecutarse sin que exista deslinde aprobado (disposición transitoria séptima, 2, de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Se entenderá que un tramo de costa no está deslindado conforme a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, cuando no exista deslinde o no incluya todos los bienes que pertenecen al dominio público marítimo-terrestre en virtud de aquélla.
3. Los informes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre planes y normas de ordenación territorial y urbanística, que afecten a tramos de costa no deslindados conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, se emitirán previa delimitación de la línea probable de deslinde por el Servicio Periférico de Costas competente.
Disposición transitoria vigesimoprimera. Desarrollo del apartado 3 de la disposición transitoria séptima de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
1. Los artículos 44.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 95 de este reglamento no serán de aplicación a las zonas clasificadas como urbanas a la promulgación de dicha ley, en casos debidamente justificados.
2. Lo establecido en el apartado anterior se referirá a los paseos marítimos ya construidos y en servicio y a los que estuviesen en construcción de conformidad con el planeamiento urbanístico. En los demás casos, la justificación de la excepción deberá hacerse en el instrumento de planeamiento correspondiente o en su modificación o revisión.
Disposición transitoria vigesimosegunda. Desarrollo de la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se podrá instar que el régimen previsto en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se aplique igualmente a los núcleos o áreas que, a su entrada en vigor, no estuvieran clasificados como suelo urbano pero que, en ese momento, reunieran alguno de los siguientes requisitos:
a) En municipios con planeamiento, los terrenos que, o bien cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en dos terceras partes de su superficie, de conformidad con la ordenación de aplicación.
b) En municipios sin planeamiento, los terrenos que, o bien cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en la mitad de su superficie (disposición transitoria primera. 1 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo).
2. La solicitud a que se refiere el apartado anterior se deberá presentar por la Administración urbanística competente para la delimitación del núcleo o área.
3. Esta disposición se aplicará a los núcleos o áreas delimitados por el planeamiento existente y, en defecto de éste, serán delimitados por la Administración urbanística competente, en ambos casos previo informe favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que deberá pronunciarse sobre la delimitación y compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa del dominio público marítimo-terrestre. Este informe deberá emitirse en el plazo de dieciocho meses desde que haya sido solicitado por la Administración urbanística. En caso de que no se emitiera en este plazo, se entenderá que es favorable (disposición transitoria primera, 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo).
4. El informe al que se refiere la disposición transitoria primera, 3, de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, deberá emitirse en el plazo de dieciocho meses desde que haya sido solicitado. En caso de que no se emitiera en ese plazo se entenderá que es favorable.
5. Para los núcleos o áreas ya delimitados por el planeamiento urbanístico, que a estos efectos se considerará el aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 2/2013, de 29 de mayo, se deberán aportar los planos del planeamiento aprobado que haya delimitado los correspondientes núcleos, aportando copia compulsada de los planos originales.
Para los municipios que no dispongan de planeamiento, se deberán delimitar los núcleos o áreas mediante documentación técnica suficiente que defina la delimitación exterior del núcleo o área, su antigüedad y las características que justifiquen tal delimitación.
6. Al objeto de acreditar que los terrenos disponían de la consolidación o los servicios exigidos en el apartado primero de esta disposición, se deberá presentar, al menos, la siguiente documentación:
a) Memoria descriptiva y justificativa, que debe contener como mínimo lo siguiente:
1.º) Descripción y justificación de la delimitación del núcleo o área, indicando la fecha y el instrumento de planeamiento urbanístico en que dicho núcleo o área fue delimitado.
2.º) Superficie total del área y clasificación de los terrenos incluidos en la delimitación del núcleo en el planeamiento vigente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
3.º) Número de parcelas edificables y construidas, número de parcelas edificadas con destino a vivienda y su tipología y número de viviendas, a fecha 29 de julio de 1988.
4.º) Superficie máxima y mínima de parcela, del núcleo objeto de modificación, según el planeamiento vigente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
5.º) Justificación del grado de consolidación del núcleo o área a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, según los criterios establecidos en la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Para obtener el cálculo del grado de consolidación, deberá ponerse en relación la suma de superficies de las parcelas consolidadas por la edificación en el año 1988, con la superficie total del ámbito, tras descontar los viales y zonas verdes existentes en dicha fecha.
6.º) Justificación acreditativa del grado de ejecución de los servicios requeridos en la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
b) Documentación gráfica, que deberá constar de:
1.º) Plano de situación y localización del núcleo o área dentro del municipio.
2.º) Planos a escala no inferior a 1/2.000, donde figure:
2.1 Delimitación del núcleo o área, de las parcelas existentes y de las edificadas a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
2.2 Líneas vigentes del deslinde del dominio público marítimo-terrestre, ribera del mar y su servidumbre de protección y línea propuesta de reducción de la anchura de la zona de servidumbre de protección.
2.3 Planos de servicios urbanísticos a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
2.4 Plano de clasificación del suelo en el planeamiento vigente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el planeamiento actual.
2.5 Plano de clasificación y calificación del suelo en el planeamiento actual o en el instrumento urbanístico en que dicho núcleo o área fue delimitado.
3.º) Documentación acreditativa de la existencia de consolidación a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio: Fotografías aéreas de los terrenos a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y/o anteriores.
4.º) Ortofotografía actual del núcleo o área.
7. El transcurso del plazo para resolver el procedimiento se suspenderá por el tiempo que medie entre el requerimiento a la Administración competente de la subsanación de deficiencias y su efectivo cumplimiento por el interesado.
8. No obstante, en los núcleos o áreas a los que se refiere la presente disposición, no se podrán autorizar nuevas construcciones de las prohibidas en el artículo 25 de la Ley 22/1988, de 28 de julio (disposición transitoria primera, 4, de la Ley 2/2013, de 29 de mayo).
Respetando el límite a que se refiere el párrafo anterior, podrán autorizarse obras complementarias e instalaciones accesorias respecto a las edificaciones preexistentes. Estas obras complementarias e instalaciones accesorias podrán ser autorizadas siempre y cuando se encuentren vinculadas directamente a las edificaciones preexistentes y cumplan la normativa urbanística en vigor.
Disposición transitoria vigesimotercera. Aplicación transitoria de los requisitos para ser concesionarios.
Lo dispuesto en el artículo 134 de este reglamento se aplicará a las concesiones otorgadas con posterioridad al 31 de mayo de 2013 y a los concesionarios que incurrieran en prohibición de contratar con posterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento.
Disposición transitoria vigesimocuarta. Plazo para la delimitación de los tramos naturales y urbanos de las playas.
La Administración competente en materia de ordenación del territorio, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este reglamento, deberá delimitar los tramos de las playas de acuerdo con el artículo 67.
En tanto la Administración competente delimita los tramos de las playas, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar se pronunciará provisionalmente sobre el carácter natural o urbano del tramo de la playa a efectos de tramitación y otorgamiento de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
Para otorgar los títulos de ocupación, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar considerará tramos urbanos de las playas aquéllos que, no habiendo sido declarados de especial interés ambiental, paisajístico, arqueológico o similar, que los haga merecedores de protección de acuerdo con la legislación territorial, estén integrados en áreas urbanas que reúnan alguna de las siguientes características:
a) Estén clasificadas como urbanos o consolidados por la edificación en al menos un cincuenta por ciento de su longitud.
b) Se encuentren dotadas en condiciones efectivas, al menos, de los siguientes servicios:
1.º Acceso peatonal y rodado, debiendo estar abierto al uso público y en condiciones efectivas, en los términos exigidos por este reglamento.
2.º Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudales y potencia suficientes para los usos previstos. Igualmente, deberá disponer de alumbrado en, al menos, un tercio de su longitud.
3.º Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado.
Disposición transitoria vigesimoquinta. Adaptación de los títulos concesionales prorrogados a las disposiciones de este reglamento.
Los títulos concesionales prorrogados al amparo del artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, habrán de adaptarse a las prescripciones de este reglamento en el primer tercio del plazo previsto en la prórroga del título concesional. Si transcurrido este plazo no se hubiera procedido a la adaptación, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar acordará la caducidad del título.
Los establecimientos expendedores de comidas y bebidas, podrán mantener las superficies reconocidas en el título por el que se otorgó la concesión.
Disposición transitoria vigesimosexta. Ocupaciones existentes procedentes de títulos extinguidos o en tramitación.
1. Los ocupantes de terrenos de dominio público marítimo-terrestre destinados a las actividades o instalaciones a las que se refiere el artículo 61.2 de este reglamento, cuya concesión se hubiera extinguido por el vencimiento del plazo para el que se hubiera otorgado, o estuviera en tramitación, que a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, mantuvieran su actividad o instalación abierta, tendrán preferencia para obtener la correspondiente concesión siempre que la soliciten en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este reglamento.
El procedimiento para tramitar esta solicitud será el previsto con carácter general en este reglamento para el otorgamiento de concesiones.
Las condiciones de la ocupación deberán adaptarse a las prescripciones de este reglamento en el primer tercio del plazo por el que se otorgue la concesión. Si transcurrido este plazo no se hubiera procedido a la adaptación la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar acordará la caducidad del título
2. Las instalaciones expendedoras de comidas y bebidas que se hubieran ubicado en tramos naturales de playas, con superficies superiores a las recogidas en el artículo 68 de este reglamento, previo el otorgamiento del correspondiente título administrativo, y hayan desempeñado su actividad hasta, al menos, un año antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, podrán ser objeto de concesión por un plazo de cuatro años, con las superficies que les fueron reconocidas, y dentro de los límites del presente reglamento, siempre que se justifique la necesidad por razones de servicio público y no se produzcan daños al dominio público marítimo-terrestre, para lo que se podrán establecer en el correspondiente título las condiciones adicionales que resulten necesarias. Transcurrido dicho plazo se podrán otorgar nuevas concesiones, por el mismo plazo, y con los mismos requisitos.
3. Las instalaciones existentes destinadas a actividades deportivas de carácter náutico federado se podrán acoger a lo dispuesto en el apartado 1, cumpliendo con los siguientes requisitos:
a) La solicitud de título administrativo deberá ir acompañada de informe de la Federación correspondiente. El informe deberá pronunciarse sobre la dimensión de las instalaciones fijas y, en su caso, la zona de varada.
b) En la tramitación se solicitará informe del órgano competente de la Administración autonómica y, en su caso, de la Autoridad Portuaria correspondiente, que deberán pronunciarse expresamente sobre la posible incidencia con el funcionamiento de puertos deportivos o de otras instalaciones de carácter náutico de su competencia. Si en el plazo de un mes no se emite informe, este se entenderá favorable.
c) De conllevar la actividad náutica deportiva el lanzamiento o varada de embarcaciones, deberá dejarse libre permanentemente una franja de 15 metros, como mínimo, desde la orilla en pleamar. Excepcionalmente, en casos debidamente justificados por la configuración de la costa, esta distancia mínima podrá reducirse hasta los 6 metros. Además, deberá hacerse a través de canales debidamente señalizados situados en las proximidades. De no existir canales debidamente autorizados en las proximidades, el proyecto deberá contemplar el canal correspondiente. Las características técnicas y ubicación del mismo deberán ser informadas favorablemente por Puertos del Estado, previamente a su instalación. | El Reglamento General de Costas, que desarrolla reforma de 2013 de la ley, entra en vigor mañana. | El presente reglamento pretende ser un instrumento eficaz en la consecución de los principios que inspiraron la modificación de la legislación de costas, a saber, la protección del litoral y la seguridad jurídica.
Para conseguirlo, revisa determinados aspectos del Reglamento de 1989 tales como los criterios técnicos que resultan necesarios para la determinación del dominio público marítimo-terrestre, basados en un amplio debate técnico y en la experiencia acumulada en la realización de los deslindes. En relación con el nuevo régimen de los terrenos inundados, se introducen garantías para que los terrenos que, habiendo sido humedales conforme a la legislación de aguas, han dejado de serlo por vaciamiento de los acuíferos, no queden excluidos del dominio público.
Por otra parte, se regula la intervención del Registro de la Propiedad y el Catastro en los deslindes. Al mismo tiempo, desarrolla elementos novedosos como son el régimen aplicable a los tramos en situación de regresión grave, o los diferentes requisitos de ocupación según las playas sean naturales o urbanas.
Desde 1989 se han promulgado diversas normas que necesariamente han de tenerse presentes tanto en la redacción como en la posterior aplicación de este reglamento. Siendo el dominio público marítimo terrestre una parte esencial de nuestro patrimonio natural, este no puede regularse ni gestionarse sin tener presente otra normativa que le es de aplicación; en particular, la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino, así como las futuras normas que habrán de dictarse en transposición de la Directiva 2014/89/UE, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, respecto de la cual no debe olvidarse que está en vigor, desde marzo de 2011, el Protocolo para la Gestión Integrada de Zonas Costeras. Asimismo, con un ámbito de aplicación que excede del dominio público marítimo terrestre, pero igualmente relevantes, también deben tenerse en cuenta la Ley 42/2007, de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y Biodiversidad, el Mandato de Yakarta de 1995 y el Convenio Europeo del Paisaje.
Asimismo este Reglamento General de Costas desarrolla con detalle el régimen de la prórroga extraordinaria de las concesiones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas –pieza clave de la reforma de 2013–, fijando, en el caso de las concesiones ordinarias, el plazo máximo de duración de la prórroga en función de los usos, que en ningún caso podrá exceder de los setenta y cinco años.
En definitiva, este nuevo reglamento tiene la inequívoca vocación de colaborar con la ley para proteger el dominio público marítimo-terrestre.
Como cuestiones de forma destacables, el reglamento titula cada uno de los artículos y, con carácter meramente indicativo, señala el artículo de la ley que reproduce, aunque no en todos los casos sea de manera literal.
Durante su tramitación, este reglamento se ha sometido a información pública, en la que han participado numerosos sectores, organismos y entidades afectados. Asimismo, se ha solicitado informe a los departamentos ministeriales afectados y se ha sometido a deliberación del Consejo Asesor de Medioambiente.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de octubre de 2014,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento General de Costas.
Se aprueba el Reglamento General de Costas cuyo texto figura a continuación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, y cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en el reglamento que este real decreto aprueba.
Disposición final primera. Título competencial para la aprobación del Reglamento General de Costas.
La presente norma se aprueba al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1.ª y 23.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.
No obstante, los capítulos V, VI y VII del título III, la disposición adicional octava, las disposiciones transitorias primera a quinta, decimotercera a decimoséptima, vigesimotercera, vigesimoquinta y vigesimosexta constituyen legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, y se dictan al amparo de los establecido en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
La disposición adicional séptima se dicta al amparo de la competencia atribuida al Estado en materia de legislación civil por la cláusula 8.ª del artículo 149.1 de la Constitución.
Disposición final segunda. No incremento de gasto público.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 10 de octubre de 2014.
FELIPE R.
La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS
[indice]Título preliminar. Objeto y finalidades (art. 1 y 2).
Título I.
### RESUMEN: El Reglamento General de Costas, que desarrolla reforma de 2013 de la ley, entra en vigor mañana. |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Régimen Jurídico y de Asuntos Generales de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
c) Número de expediente:
12 021 SR JD AB ON42.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicios de telecomunicaciones corporativo para el Gobierno de Canarias.
c) Lote:
II (Telecomunicaciones Móviles).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 6.400.000,00 euros. Importe total: 6.400.000,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
4 de septiembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato:
24 de septiembre de 2012.
c) Contratista:
U.T.E. Telefónica de España, S.A.U./Telefónica Móviles España, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 5.085.708,48 euros. Importe total: 5.441.708,07 (Igic incluido).
Santa Cruz de Tenerife, 19 de octubre de 2012.- Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. | El gobierno canario pagará 5.441.708,07 euros a Telefónica por servicios de telecomunicaciones. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Régimen Jurídico y de Asuntos Generales de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
c) Número de expediente:
12 021 SR JD AB ON42.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicios de telecomunicaciones corporativo para el Gobierno de Canarias.
c) Lote:
II (Telecomunicaciones Móviles).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 6.400.000,00 euros. Importe total: 6.400.000,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
4 de septiembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato:
24 de septiembre de 2012.
c) Contratista:
U.T.E. Telefónica de España, S.A.U./Telefónica Móviles España, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 5.085.708,48 euros. Importe total: 5.441.708,07 (Igic incluido).
Santa Cruz de Tenerife, 19 de octubre de 2012.- Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
### RESUMEN: El gobierno canario pagará 5.441.708,07 euros a Telefónica por servicios de telecomunicaciones. |
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de marzo de 2015.
Madrid, 28 de abril de 2015.–El Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández. | Ejecución del presupuesto a 31 de marzo. | En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de marzo de 2015.
Madrid, 28 de abril de 2015.–El Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández.
### RESUMEN: Ejecución del presupuesto a 31 de marzo. |