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El artículo 36 apartado 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, dispone que el procedimiento por el que se regirá la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se establecerá por orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. De conformidad con la Ley, la presente Orden ministerial dicta las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2016. En la misma se establecen los criterios generales de presupuestación, el ámbito institucional de los presupuestos, y la composición y funciones de los órganos participantes en su proceso de elaboración. Asimismo, la Orden ministerial regula la tramitación del anteproyecto de presupuestos, estableciendo los plazos y documentación para la elaboración, y detalla el contenido de las estructuras presupuestarias. Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 se elaboran en el marco normativo de referencia en materia presupuestaria constituido por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y por la nueva Gobernanza europea que ha establecido calendarios presupuestarios comunes para los Estados miembros de la Unión Europea. En virtud de lo expuesto, dispongo: Artículo 1. Criterios generales de presupuestación. Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 se orientarán a la consecución de los objetivos de la política económica del Gobierno y adecuarán sus ingresos y gastos al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprueben las Cortes Generales para el sector público estatal. Las directrices para la distribución del gasto y los criterios de asignación de los recursos se determinarán por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en coherencia con la actualización del Programa de estabilidad aprobada por el Gobierno. Asimismo los Presupuestos Generales del Estado para 2016 tendrán en consideración las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea formuladas tanto en el marco del Semestre europeo como del procedimiento de déficit excesivo en el que España se encuentra inmersa. El Presupuesto del Estado para 2016 deberá ajustarse al límite de gasto no financiero que establezca el Gobierno de forma consistente con el objetivo de estabilidad aprobado para dicho ejercicio en el Estado y a la regla de gasto prevista en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Artículo 2. Ámbito institucional. 1. Ámbito de los Presupuestos Generales del Estado. Los Presupuestos Generales del Estado comprenderán: a) El presupuesto del Estado. b) Los presupuestos de los organismos autónomos de la Administración General del Estado. c) El presupuesto de la Seguridad Social. d) Los presupuestos de las agencias estatales. e) Los presupuestos de los organismos públicos estatales cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos. f) Los presupuestos de los consorcios y de las restantes entidades del sector público administrativo estatal. g) Los presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. h) Los presupuestos de las sociedades mercantiles estatales. i) Los presupuestos de las fundaciones del sector público estatal. j) Los presupuestos de las entidades públicas empresariales y restantes entes públicos de esta naturaleza. 2. Incorporación a efectos informativos de los presupuestos de determinadas entidades. 2.1 Los presupuestos de los consorcios, adscritos a la administración pública estatal no sujetos a su poder de decisión por no concurrir ninguna de las circunstancias previstas en las letras a) a e) del punto 2 de la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acompañarán a los Presupuestos Generales del Estado a efectos informativos. 2.2 Los presupuestos del resto de entidades a los que se refiere la disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria acompañarán, a efectos informativos, a los Presupuestos Generales del Estado. Artículo 3. Unidad de presupuestación. Los Presupuestos Generales del Estado se elaborarán expresados en miles de euros, con dos decimales. Artículo 4. Comisiones participantes en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. 1. Comisión de Políticas de Gasto. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, las directrices para la distribución del gasto, estableciendo los criterios de elaboración de las propuestas de presupuestos y sus límites cuantitativos con las prioridades y limitaciones que deban respetarse, se determinarán por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Con este fin se constituirá la Comisión de Políticas de Gasto que estará presidida por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y, en su ausencia, por el titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, y estará integrada por los titulares de los departamentos ministeriales. La presidencia de la Comisión de Políticas de Gasto podrá convocar a otros gestores de gasto, así como al personal asesor que estime necesario. La Comisión de Políticas de Gasto, que tendrá el funcionamiento propio de un grupo de trabajo, realizará las siguientes funciones: a) Concretar las prioridades de gasto a las que se ha de ajustar la elaboración de las propuestas de los centros gestores, teniendo en cuenta los objetivos de política presupuestaria del Gobierno. b) Analizar el contenido presupuestario de las políticas y actuaciones públicas de gasto y, teniendo en cuenta los objetivos a alcanzar y los recursos de que se dispone para ello, proponer los criterios de asignación de las dotaciones entre las distintas políticas de gasto. En este análisis se priorizarán aquellos proyectos que sean susceptibles de obtener financiación procedente de los Fondos Estructurales, Fondo de Cohesión u otros mecanismos de ayuda procedentes de la Unión Europea o de otras fuentes de financiación ajenas. 2. Comisiones de Análisis de Programas. Las Comisiones de Análisis de Programas son los grupos de trabajo en cuyo seno tendrá lugar la discusión sobre la adecuación y validez de los programas de gasto respecto de los objetivos perseguidos por los mismos, y sus necesidades financieras, conforme a las prioridades de las políticas de gasto y dentro de las disponibilidades financieras establecidas. Se constituirá, en su caso, una Comisión de Análisis de Programas para cada uno de los departamentos ministeriales, con la siguiente composición: a) El titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. b) El titular de la Dirección General de Presupuestos. c) El titular de la Subsecretaría del departamento ministerial. d) El Jefe de la Oficina Presupuestaria del departamento ministerial. Actuará como presidente de las Comisiones de Análisis de Programas el titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y, en su ausencia, el Director General de Presupuestos. El Presidente de las Comisiones de Análisis de Programas podrá convocar a otros gestores de gasto, así como al personal asesor que estime necesario. Artículo 5. Proceso de elaboración y tramitación del anteproyecto. La Dirección General de Presupuestos elaborará los estados de gastos del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 teniendo en cuenta las orientaciones de política económica, el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado aprobado por las Cortes Generales, las prioridades formuladas por la Comisión de Políticas de Gasto, las conclusiones resultantes, en su caso, de las Comisiones de Análisis de Programas y las propuestas remitidas por los distintos centros gestores. La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos coordinará las propuestas de los centros directivos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de aquellos centros directivos de otros Departamentos Ministeriales con competencias en materia de ingresos para la realización de previsiones y estimaciones que han de ser tenidas en cuenta por la Dirección General de Presupuestos en la elaboración de los estados de ingresos del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Una vez elaborados los estados de gastos e ingresos, éstos se elevarán al titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, quien someterá al acuerdo del Gobierno el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Con los mismos criterios, la Dirección General de Presupuestos elaborará los anteproyectos de presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales a partir de las propuestas remitidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Formados ambos anteproyectos, la Dirección General de Presupuestos los enviará al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su integración en el anteproyecto de presupuesto de la Seguridad Social. Por su parte, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social unirá los anteproyectos de presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales a los del resto de las Entidades Gestoras, Servicio Común y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para formar el anteproyecto de presupuesto de la Seguridad Social, que se remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que los titulares de ambos Ministerios lo eleven conjuntamente al Gobierno para su aprobación e inclusión en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Artículo 6. Estructura de los Presupuestos Generales del Estado. 1. Estructura general del presupuesto de gastos de los agentes integrantes del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo. El presupuesto de gastos de los agentes a los que se refiere el artículo 2.1 letras a) a e) de la presente Orden se estructura teniendo en cuenta: las finalidades u objetivos que el presupuesto pretende conseguir, la organización de los distintos entes integrantes del sector público administrativo estatal y la naturaleza económica de los gastos. Adicionalmente, informará de la distribución territorial de las inversiones reales. 1.1 Estructura de programas. La asignación de recursos se efectuará dentro de una estructura de programas de gasto, que será adecuada a los contenidos de las políticas de gasto que delimitan y concretan las distintas áreas de actuación del presupuesto, y permitirá a los centros gestores agrupar los créditos presupuestarios atendiendo a los objetivos a conseguir. La estructura de programas diferenciará los programas de gasto de carácter finalista de los programas instrumentales y de gestión. Los programas finalistas son aquellos a los que se puede asignar objetivos cuantificables e indicadores de ejecución mensurables. Los objetivos se expresarán en unidades físicas cuando ello sea posible lo que, unido al establecimiento de los oportunos indicadores, permitirá efectuar un seguimiento de su grado de realización durante el ejercicio presupuestario. Los programas instrumentales y de gestión son los que tienen por objeto alguna de las siguientes finalidades: la administración de los recursos necesarios para la ejecución de actividades generales de ordenación, regulación y planificación; la ejecución de una actividad que se perfecciona por su propia realización, sin que sea posible proceder a una cuantificación material de sus objetivos; o el apoyo a un programa finalista. Los programas de gasto se estructuran en grupos de programas, políticas de gasto y áreas de gasto de acuerdo con la clasificación que contiene el anexo I de la presente orden. La Dirección General de Presupuestos podrá autorizar, a iniciativa propia o a propuesta de los centros gestores, modificaciones en el código, denominación y contenido de los programas de gasto, para adaptar la clasificación por programas a las necesidades de la gestión pública. De conformidad con la disposición adicional quincuagésima sexta de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, las memorias explicativas de los programas de gasto detallarán, cuando proceda, las inversiones previstas desagregadas por proyectos, provincias y comunidades autónomas, así como las inversiones externalizadas o diferidas en el tiempo y los préstamos o aportaciones patrimoniales que el Estado concede a terceros para operaciones de capital o adquisición de activos de capital. 1.2 Estructura orgánica. Las dotaciones consignadas en los programas de gasto se distribuirán por centros gestores, que son aquellas unidades orgánicas con diferenciación presupuestaria y responsabilidad en la gestión de los mismos. La clasificación orgánica de los créditos y dotaciones se realizará en función de los subsectores que se indican a continuación: a) El Estado, que se dividirá en secciones y éstas a su vez en servicios. b) Los organismos autónomos de la Administración General del Estado. c) La Seguridad Social. d) Las agencias estatales. e) Los organismos públicos estatales cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos. Los organismos y entidades mencionadas en los apartados b), d) y e) anteriores, se agruparán según el Ministerio al que estén adscritos. 1.3 Estructura económica. Los créditos incluidos en los estados de gastos del presupuesto se ordenarán según su naturaleza económica, con arreglo a la clasificación por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos que se detalla en el anexo II, y se agruparán separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. La creación de conceptos y subconceptos en los capítulos correspondientes a gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios e inversiones reales, que no figuren tipificados en el anexo II será aprobada por la Dirección General de Presupuestos a propuesta, en su caso, de los centros gestores interesados, y tendrán la consideración de no tipificados. 1.4 Estructura territorial. Los proyectos de inversión se detallarán en el anexo al Presupuesto, con su clasificación territorial por comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias, y la indicación del año en que se inicia el proyecto, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 37 apartado 2 letra d) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 2. Estructura general del presupuesto de ingresos de los agentes integrantes del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo. El presupuesto de ingresos de los agentes a que se refiere el artículo 2.1 letras a) a e) de la presente Orden, se estructura siguiendo las clasificaciones orgánica y económica. 2.1 Estructura orgánica. La clasificación orgánica distinguirá los ingresos correspondientes al Estado, a la Seguridad Social y a cada uno de los organismos autónomos, agencias estatales y organismos públicos cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos. 2.2 Estructura económica. Los recursos incluidos en los estados de ingresos del presupuesto se ordenarán, según su naturaleza económica, con arreglo a la clasificación por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos, que se adjunta como anexo III a la presente orden, y se agruparán separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras. 3. Estructuras específicas. 3.1 De la Seguridad Social. La Seguridad Social presentará su presupuesto en el marco del procedimiento previsto en el artículo 36 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con arreglo a su estructura orgánica y acompañado, a efectos de su presentación integrada, de un documento de equivalencias entre la estructura por programas de su presupuesto y la definida con carácter general en el apartado 1.1 anterior. 3.2 De los consorcios y de las restantes entidades del sector público administrativo estatal. Los consorcios adscritos a la administración pública estatal y las restantes entidades del sector público administrativo estatal, cuyo presupuesto de gastos no tiene carácter limitativo, elaborarán presupuestos de explotación y de capital. 3.3 De los fondos carentes de personalidad jurídica. Los fondos carentes de personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 2.1 letra g) de la presente Orden elaborarán presupuestos de explotación y de capital, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 3.4 De las entidades del sector público empresarial estatal. Las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles estatales y el resto de entidades del sector público empresarial del Estado, elaborarán presupuestos de explotación y de capital, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 3.5 De las fundaciones del sector público estatal. Las fundaciones del sector público estatal elaborarán presupuestos de explotación y de capital, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 3.6 Del resto de entidades a las que se refiere la disposición adicional novena de la Ley General Presupuestaria. El resto de entidades a las que se refiere la disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, elaborarán presupuestos de explotación y de capital. Artículo 7. Documentación y plazos para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. 1. Estado, organismos autónomos, agencias estatales y organismos públicos cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos. Los centros gestores incluidos en los subsectores a que se refiere el artículo 6 apartado 1.2 letras a), b), d) y e) de esta Orden, utilizarán para la justificación de sus propuestas la documentación que se detalle en la resolución que al efecto establezca la Dirección General de Presupuestos. Todos los documentos a cumplimentar por los centros gestores deberán ser remitidos a la Dirección General de Presupuestos a través de las oficinas presupuestarias. Dichas oficinas, durante todo el proceso, coordinarán y tramitarán la información elaborada por los mencionados centros, así como la que se reciba del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que afecte a los mismos. Las propuestas de los centros gestores se remitirán a la Dirección General de Presupuestos antes del 19 de junio de 2015. Asimismo los centros gestores remitirán a la Dirección General de Fondos Comunitarios, antes del 26 de junio de 2015, una relación de los proyectos de inversión y otras partidas de gasto que sean susceptibles de ser financiados con fondos de la Unión Europea. Los documentos contenidos en el anexo IV de la presente Orden, relativos a los Fondos de Compensación Interterritorial, que cumplimenten las distintas comunidades autónomas afectadas, se remitirán por éstas a la Dirección General de Fondos Comunitarios antes del 19 de junio de 2015. 2. Seguridad Social. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad remitirá a la Dirección General de Presupuestos las propuestas de presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, de acuerdo con la documentación que a tal efecto se establezca por dicha Dirección General, antes del 19 de junio de 2015. Por su parte, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el anteproyecto de presupuesto de la Seguridad Social, acompañado de la documentación que se señala en el artículo 37 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y de un anexo de equivalencias entre la estructura de programas de su presupuesto y la definida con carácter general antes del 26 de junio de 2015. 3. Consorcios y restantes entidades del sector público administrativo estatal que no tienen presupuesto limitativo. Los consorcios adscritos a la administración pública estatal y las restantes entidades del sector público administrativo estatal, cuyo presupuesto de gastos no tiene carácter limitativo, cumplimentarán y remitirán a la Dirección General de Presupuestos, a través de la oficina presupuestaria del departamento ministerial del que dependan y antes del 26 de junio de 2015, sus propuestas de presupuestos de explotación y de capital, acompañados de la memoria explicativa de sus contenidos, la ejecución de los presupuestos del ejercicio anterior y la previsión de la ejecución de los del ejercicio corriente. Adicionalmente, remitirán una descripción de las inversiones que vayan a realizar en el ejercicio, con expresión de los objetivos que se pretenden conseguir, así como un anexo de sus proyectos de inversión territorializados por provincias, con indicación del año de inicio del proyecto. Esta documentación, junto con los estados financieros complementarios, se ajustará a los formatos que se detallen en la Resolución que al efecto establezca la Dirección General de Presupuestos. 4. Fondos carentes de personalidad jurídica. Los fondos carentes de personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 2.1 letra g) de la presente Orden, cumplimentarán y remitirán a la Dirección General de Presupuestos, a través de la oficina presupuestaria del departamento ministerial del que dependan y antes del 26 de junio de 2015, sus propuestas de presupuestos de explotación y de capital, en consonancia con el contenido de sus cuentas anuales definidas por la Intervención General de la Administración del Estado acompañados de la memoria explicativa de sus contenidos, la ejecución de los presupuestos del ejercicio anterior y la previsión de la ejecución de los del ejercicio corriente. Esta documentación, junto con los estados financieros complementarios, se ajustará a los formatos que se detallen en la Resolución que al efecto establezca la Dirección General de Presupuestos. 5. Entidades del sector público empresarial estatal. Las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales y otras entidades del sector público empresarial del Estado, cumplimentarán y remitirán a la Dirección General de Presupuestos, a través de la oficina presupuestaria del departamento ministerial del que dependan antes del 26 de junio de 2015, sus propuestas de presupuestos de explotación y de capital, acompañados de la memoria explicativa de sus contenidos, la ejecución de los presupuestos del ejercicio anterior y la previsión de la ejecución de los del ejercicio corriente. Adicionalmente, las sociedades y entidades que integran el sector público empresarial del Estado remitirán una descripción de las inversiones que vayan a realizar en el ejercicio, con expresión de los objetivos que se pretenden conseguir, así como un anexo de sus proyectos de inversión territorializados por provincias, con indicación del año en que se inicia el proyecto. Las entidades comprendidas en este artículo remitirán, en su caso, sus programas de actuación plurianual, a que se refiere el artículo 65 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, conjuntamente con sus presupuestos de explotación y de capital. Estos programas reflejarán los datos económico-financieros previsionales correspondientes los ejercicios 2016, 2017 y 2018, según las líneas estratégicas y objetivos definidos para cada entidad. Esta documentación, junto con los estados financieros complementarios, se ajustará a los formatos que se detallen en la Resolución que al efecto establezca la Dirección General de Presupuestos. Asimismo las sociedades y entidades que integran el sector público empresarial del Estado remitirán a la Dirección General de Fondos Comunitarios, antes del 26 de junio de 2015, una relación de los proyectos de inversión y otras partidas de gasto que sean susceptibles de ser financiados con fondos de la Unión Europea. 6. Fundaciones del sector público estatal. Las fundaciones del sector público estatal remitirán a la Dirección General de Presupuestos, a través del departamento ministerial al que estén adscritas, y antes del 26 de junio de 2015, sus propuestas de presupuestos de explotación y de capital, acompañados de la memoria explicativa de sus contenidos, la ejecución de los presupuestos del ejercicio anterior, la previsión de la ejecución de los del ejercicio corriente, y la descripción de sus inversiones públicas con el anexo de su territorialización por provincias a que se refiere el punto anterior de esta Orden. Esta documentación, junto con los estados financieros complementarios, se ajustará a los formatos que se detallen en la Resolución que al efecto establezca la Dirección General de Presupuestos. 7. Articulado del anteproyecto de Ley. Los Ministerios deberán remitir a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, antes del 19 de junio de 2015, exclusivamente por medios electrónicos, las propuestas de normas de contenido presupuestario cuya inclusión en el articulado del anteproyecto de la Ley de Presupuestos consideren procedente, acompañadas de una memoria explicativa de la conexión del articulado propuesto con las habilitaciones de gasto, las previsiones de ingreso o la política económica del Gobierno, cuantificando, en su caso, el efecto de la norma propuesta sobre las cifras de ingresos o gastos que se han de presupuestar. 8. Informe de impacto de género. Los departamentos ministeriales remitirán a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos un informe analizando el impacto de género de sus programas de gasto, en los términos que se establezcan al efecto por la citada Secretaría de Estado. Dichos informes constituirán la base para la formulación por parte de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Informe de Impacto de Género, a cuyos efectos se constituirá un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Dirección General de Presupuestos para conformar la redacción final del Informe del Impacto de Género que acompañará al anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas la Orden HAP/988/2014, de 12 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden. Disposición final primera. Funcionamiento de las Comisiones de Análisis de Programas. Se autoriza a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos para adaptar el funcionamiento de las Comisiones de Análisis de Programas a que se refiere el artículo 4 apartado 2 de esta Orden a las necesidades del proceso presupuestario. Disposición final segunda. Tratamiento de la información. En el ejercicio de su función de coordinación en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, la Dirección General de Presupuestos llevará a cabo el tratamiento de toda la información necesaria para la obtención del documento final del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. La Intervención General de la Administración del Estado, de acuerdo con las directrices funcionales de la Dirección General de Presupuestos, asumirá el soporte informático de los Presupuestos Generales del Estado mediante el mantenimiento, desarrollo y explotación de los sistemas informáticos que sean necesarios. Disposición final tercera. Remisión de las cuentas anuales e informes de auditoría correspondientes al ejercicio 2014. Las entidades a que se hace referencia en los apartados 3, 5 y 6 del artículo 7 de esta Orden remitirán a la Dirección General de Presupuestos antes del 31 de julio de 2015, y por los medios electrónicos mencionados en la disposición final segunda, copia de las cuentas anuales y del informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2014. Igual obligación incumbe a las entidades gestoras de los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el apartado 4 del artículo 7 de esta Orden. Disposición final cuarta. Autorizaciones a la Dirección General de Presupuestos. Se autoriza a la Dirección General de Presupuestos para: a) Dictar las normas y realizar las modificaciones que procedan en lo referente a las estructuras por programas y económica, así como a los criterios de imputación de gastos e ingresos. b) Recabar los informes y estados justificativos necesarios para determinar con exactitud la realidad económico-financiera de los centros gestores incluidos en el Presupuesto. c) Establecer los soportes de recogida de información y el formato de la documentación a que se hace referencia en el artículo 7 de la presente Orden. d) Dictar las instrucciones necesarias para que los Ministerios remitan a la misma las fichas de parametrización de gastos corrientes, en desarrollo de lo previsto en la medida 0.00.002 del Proyecto CORA. Disposición final quinta. Presupuestos del resto de entidades a las que se refiere la disposición adicional novena de la Ley General Presupuestaria. El resto de entidades a las que se refiere la disposición adicional novena de la Ley General Presupuestaria, deben remitir la misma información y en los mismos términos que, según su naturaleza, los previstos para las entidades a las que se refieren los artículos 7.3, 7.4, 7.5 o 7.6 de esta orden, así como copia de sus cuentas anuales y de la liquidación de su presupuesto. Disposición final sexta. Entrada en vigor. La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado.» Madrid, 29 de mayo de 2015.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero. ANEXO I Clasificación por programas de gasto Clasificación por programas de gasto De acuerdo con el artículo 6 apartado 1.1 de la presente Orden, la estructura de programas diferenciará los programas de carácter finalista de los programas instrumentales y de gestión. Esta diferenciación se establece con el cuarto carácter del código de programas: las letras «A» a «L» identifican a los programas finalistas y las letras «M» a «Z» a los instrumentales y de gestión. Área de gasto 1: servicios públicos básicos 11 Justicia. 111 Administración General de Justicia. 111 M Gobierno del Poder Judicial. 111 N Dirección y Servicios Generales de Justicia. 111 O Selección y formación de jueces. 111 P Documentación y publicaciones judiciales. 111 Q Formación del Personal de la Administración de Justicia. 111 R Formación de la Carrera Fiscal. 112 Administración de Justicia. 112 A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal. 113 Registros. 113 M Registros vinculados con la Fe Pública. 12 Defensa. 121 Administración General de Defensa. 121 M Administración y Servicios Generales de Defensa. 121 N Formación del Personal de las Fuerzas Armadas. 121 O Personal en reserva. 122 Fuerzas Armadas. 122 A Modernización de las Fuerzas Armadas. 122 B Programas especiales de modernización. 122 M Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas. 122 N Apoyo Logístico. 13 Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias. 131 Administración General de Seguridad y Protección Civil. 131 M Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil. 131 N Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 131 O Fuerzas y Cuerpos en reserva. 131 P Derecho de asilo y apátridas. 132 Seguridad y Orden Público. 132 A Seguridad ciudadana. 132 B Seguridad vial. 132 C Actuaciones policiales en materia de droga. 133 Instituciones Penitenciarias. 133 A Centros e Instituciones Penitenciarias. 134 Protección Civil. 134 M Protección Civil. 135 Protección de datos. 135 M Protección de datos de carácter personal. 14 Política Exterior. 141 Administración General de Relaciones Exteriores. 141 M Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores. 142 Acción Diplomática y Consular. 142 A Acción del Estado en el exterior. 142 B Acción diplomática ante la Unión Europea. 143 Cooperación para el Desarrollo. 143 A Cooperación para el desarrollo. 144 Cooperación, Promoción y Difusión Cultural y Educativa en el Exterior. 144 A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior. 144 B Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior. Área de gasto 2: actuaciones de protección y promoción social 21 Pensiones. 211 Pensiones contributivas. 211 M Pensiones contributivas de la Seguridad Social. 211 N Pensiones de Clases Pasivas. 211 O Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas. 212 Pensiones no contributivas. 212 M Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales. 212 N Pensiones de guerra. 212 O Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones. 219 Gestión de pensiones. 219 M Gestión de las prestaciones económicas de Seguridad Social. 219 N Gestión de pensiones de Clases Pasivas. 22 Otras prestaciones económicas. 221 Prestaciones económicas de la Seguridad Social. 221 M Subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social. 222 Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo. 222 M Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo. 223 Prestaciones de garantía salarial. 223 M Prestaciones de garantía salarial. 224 Otras prestaciones económicas. 224 M Prestaciones económicas por cese de actividad. 23 Servicios Sociales y Promoción Social. 231 Acción social. 231 A Plan Nacional sobre Drogas. 231 B Acciones en favor de los emigrantes. 231 C Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad. 231 D Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas mayores. 231 E Otros servicios sociales de la Seguridad Social. 231 F Otros servicios sociales del Estado. 231 G Atención a la infancia y a las familias. 231 H Acciones en favor de los inmigrantes. 231 I Autonomía personal y Atención a la Dependencia. 232 Promoción social. 232 A Promoción y servicios a la juventud. 232 B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 232 C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género. 239 Gestión de servicios sociales. 239 M Gestión de los servicios sociales de la Seguridad Social. 24 Fomento del Empleo. 241 Promoción del empleo y de la inserción laboral. 241 A Fomento de la inserción y estabilidad laboral. 241 N Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas. 25 Desempleo. 251 Asistencia al desempleo. 251 M Prestaciones a los desempleados. 26 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación. 261 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación. 261 N Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda. 261 O Ordenación y fomento de la edificación. 261 P Urbanismo y política del suelo. 29 Gestión y administración de la Seguridad Social. 291 Gestión, inspección y control de la Seguridad Social y protección social. 291 A Inspección y control de Seguridad y Protección Social. 291 M Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social. Área de gasto 3: producción de bienes públicos de carácter preferente 31 Sanidad. 311 Administración General de Sanidad. 311 M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 311 O Políticas de Salud y Ordenación Profesional. 312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. 312 A Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas. 312 B Atención primaria de salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 312 C Atención especializada de salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 312 D Medicina marítima. 312 E Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo. 312 F Atención primaria de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina. 312 G Atención especializada de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina. 313 Acciones públicas relativas a la salud. 313 A Prestaciones sanitarias y farmacia. 313 B Salud pública, sanidad exterior y calidad. 313 C Seguridad alimentaria y nutrición. 313 D Donación y trasplante de órganos, tejidos y células. 32 Educación. 321 Administración General de Educación. 321 M Dirección y Servicios Generales de Educación, Cultura y Deporte. 321 N Formación permanente del profesorado de Educación. 322 Enseñanza. 322 A Educación infantil y primaria. 322 B Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. 322 C Enseñanzas universitarias. 322 E Enseñanzas artísticas. 322 F Educación en el exterior. 322 G Educación compensatoria. 322 I Enseñanzas especiales. 322 K Deporte en edad escolar y en la Universidad. 322 L Otras enseñanzas y actividades educativas. 323 Promoción educativa. 323 M Becas y ayudas a estudiantes. 324 Servicios complementarios de la enseñanza. 324 M Servicios complementarios de la enseñanza. 33 Cultura. 332 Bibliotecas y archivos. 332 A Archivos. 332 B Bibliotecas. 333 Museos y artes plásticas. 333 A Museos. 333 B Exposiciones. 334 Promoción cultural. 334 A Promoción y cooperación cultural. 334 B Promoción del libro y publicaciones culturales. 334 C Fomento de las industrias culturales. 335 Artes escénicas. 335 A Música y danza. 335 B Teatro. 335 C Cinematografía. 336 Deportes y educación física. 336 A Fomento y apoyo de las actividades deportivas. 337 Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico. 337 A Administración del Patrimonio Histórico-Nacional. 337 B Conservación y restauración de bienes culturales. 337 C Protección del Patrimonio Histórico. Área de gasto 4: actuaciones de carácter económico 41 Agricultura, Pesca y Alimentación. 412 Mejoras de las estructuras agrarias y de los sistemas productivos. 412 C Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios. 412 D Competitividad y calidad de la sanidad agraria. 412 M Regulación de los mercados agrarios. 413 Competitividad industrial agroalimentaria y calidad alimentaria. 413 A Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria. 414 Desarrollo rural. 414 A Gestión de recursos hídricos para el regadío. 414 B Desarrollo del medio rural. 414 C Programa de Desarrollo Rural Sostenible. 415 Protección y desarrollo de recursos pesqueros y mejora de estructuras. 415 A Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible. 415 B Mejora de estructuras y mercados pesqueros. 416 Previsión de riesgos en las producciones agraria y pesquera. 416 A Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras. 42 Industria y Energía. 421 Actuaciones administrativas sobre la industria. 421 M Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía. 421 N Regulación y protección de la propiedad industrial. 421 O Calidad y seguridad industrial. 422 Reconversión y desarrollo industrial. 422 A Incentivos regionales a la localización industrial. 422 B Desarrollo industrial. 422 M Reconversión y reindustrialización. 423 Fomento de la minería y de las comarcas mineras. 423 M Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón. 423 N Explotación minera. 424 Protección y Seguridad Nuclear. 424 M Seguridad nuclear y protección radiológica. 425 Ordenación y eficiencia energética. 425 A Normativa y desarrollo energético. 43 Comercio, Turismo y Pymes. 431 Comercio. 431 A Promoción comercial e internacionalización de la empresa. 431 N Ordenación del comercio exterior. 431 O Ordenación y modernización de las estructuras comerciales. 432 Ordenación y promoción turística. 432 A Coordinación y promoción del turismo. 433 Desarrollo empresarial. 433 M Apoyo a la pequeña y mediana empresa. 44 Subvenciones al transporte. 441 Subvenciones al transporte. 441 M Subvenciones y apoyo al transporte terrestre. 441 N Subvenciones y apoyo al transporte marítimo. 441 O Subvenciones y apoyo al transporte aéreo. 441 P Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías. 45 Infraestructuras. 451 Administración general de Infraestructuras. 451 M Estudios y servicios asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo. 451 N Dirección y Servicios Generales de Fomento. 451 O Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 452 Recursos hidráulicos. 452 A Gestión e infraestructuras del agua. 452 M Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos. 453 Infraestructuras del transporte terrestre. 453 A Infraestructura del transporte ferroviario. 453 B Creación de infraestructura de carreteras. 453 C Conservación y explotación de carreteras. 453 M Ordenación e inspección del transporte terrestre. 454 Infraestructuras del transporte marítimo. 454 M Regulación y seguridad del tráfico marítimo. 455 Infraestructuras del transporte aéreo. 455 M Regulación y supervisión de la aviación civil. 456 Actuaciones medioambientales. 456 A Calidad del agua. 456 B Protección y mejora del medio ambiente. 456 C Protección y mejora del medio natural. 456 D Actuación en la costa. 456 M Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático. 457 Actuaciones en comarcas mineras del carbón. 457 M Infraestructuras en comarcas mineras del carbón. 46 Investigación, desarrollo e innovación. 462 Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos generales. 462 M Investigación y estudios sociológicos y constitucionales. 462 N Investigación y estudios estadísticos y económicos. 463 Investigación básica. 463 A Investigación científica. 463 B Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica. 464 Investigación y desarrollo relacionados con la defensa. 464 A Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas. 464 B Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa. 465 Investigación y desarrollo relacionados con la salud. 465 A Investigación sanitaria. 466 Investigación y desarrollo relacionados con la educación. 466 A Investigación y evaluación educativa. 467 Investigación y desarrollo en otros sectores. 467 A Astronomía y astrofísica. 467 B Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras. 467 C Investigación y desarrollo tecnológico-industrial. 467 D Investigación y experimentación agraria. 467 E Investigación oceanográfica y pesquera. 467 F Investigación geológico-minera y medioambiental. 467 G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información. 467 H Investigación energética, medioambiental y tecnológica. 467 I Innovación tecnológica de las telecomunicaciones. 49 Otras actuaciones de carácter económico. 491 Comunicaciones. 491 M Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 491 N Servicio postal universal. 492 Defensa de la competencia. 492 M Defensa de la competencia en los mercados y regulación de sectores productivos. 492 N Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado de Tabacos. 492 O Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios. 493 Ordenación del sector financiero. 493 M Dirección, control y gestión de seguros. 493 O Regulación contable y de auditorías. 494 Relaciones laborales. 494 M Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo. 495 Cartografía, meteorología y metrología. 495 A Desarrollo y aplicación de la información geográfica española. 495 B Meteorología. 495 C Metrología. 496 Ordenación del sector del juego. 496 M Regulación del juego. 497 Servicios Marítimos. 497 M Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar. Área de gasto 9: actuaciones de carácter general 91 Alta dirección. 911 Alta Dirección del Estado. 911 M Jefatura del Estado. 911 N Actividad legislativa. 911 O Control externo del Sector Público. 911 P Control Constitucional. 911 Q Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado. 912 Alta Dirección del Gobierno. 912 M Presidencia del Gobierno. 912 N Alto asesoramiento del Estado. 912 O Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección. 912 P Asesoramiento del Gobierno en materia social, económica y laboral. 912 Q Asesoramiento para la protección de los intereses nacionales. 92 Servicios de carácter general. 921 Administración General. 921 N Dirección y organización de la Administración Pública. 921 O Formación del personal de las Administraciones Públicas. 921 P Administración periférica del Estado. 921 Q Cobertura informativa. 921 R Publicidad de las normas legales. 921 S Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado. 921 T Servicios de transportes de Ministerios. 921 U Publicaciones. 921 V Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo. 921X Evaluación de la transparencia de la actividad pública. 922 Coordinación y organización territorial del Estado. 922 M Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración. 922 N Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales. 923 Administración General de Economía y Hacienda. 923 A Gestión del Patrimonio del Estado. 923 C Elaboración y difusión estadística. 923 M Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Públicas. 923 N Formación del personal de Economía y Hacienda. 923 O Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado. 923 P Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales. 923 Q Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad. 923 R Contratación Centralizada. 924 Participación ciudadana. 924 M Elecciones y Partidos Políticos. 929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. 929 M Imprevistos y funciones no clasificadas. 929 N Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. 93 Administración financiera y tributaria. 931 Política Económica y Fiscal. 931 M Previsión y política económica. 931 N Política presupuestaria. 931 O Política tributaria. 931 P Control interno y Contabilidad Pública. 931 Q Control y Supervisión de la Política Fiscal. 932 Gestión del Sistema Tributario. 932 A Aplicación del sistema tributario estatal. 932 M Gestión del catastro inmobiliario. 932 N Resolución de reclamaciones económico-administrativas. 94 Transferencias a otras administraciones públicas. 941 Transferencias a Comunidades Autónomas. 941 M Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado. 941 N Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial. 941 O Otras transferencias a Comunidades Autónomas. 941 P Transferencias a Comunidades Autónomas por coste de servicios asumidos. 942 Transferencias a Entidades Locales. 942 A Cooperación económica local del Estado. 942 M Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado. 942 N Otras aportaciones a Entidades Locales. 943 Relaciones financieras con la Unión Europea. 943 M Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea. 943 N Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desarrollo. 95 Deuda pública. 951 Deuda pública. 951 M Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros. 951 N Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera. ANEXO II Clasificación económica del gasto En aquellos supuestos en que se prevé el desarrollo por sectores de un concepto, éstos quedarán identificados por los siguientes dígitos. 0 Administración del Estado. 1 Organismos Autónomos. 2 Seguridad Social. 3 Agencias estatales y otros Organismos Públicos. 4 Sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector público. 5 Comunidades Autónomas. 6 Corporaciones Locales. 7 Empresas privadas. 8 Familias e instituciones sin fines de lucro. 9 Exterior. Clasificación económica del presupuesto de gastos. 1 Gastos de personal. 10 Altos cargos. 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. 00. Retribuciones básicas. 01. Retribuciones complementarias. 107 Contribuciones a planes de pensiones. 11 Personal eventual. 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. 00. Retribuciones básicas. 01. Retribuciones complementarias. 02. Otras remuneraciones. 117 Contribuciones a planes de pensiones. 12 Funcionarios. 120 Retribuciones básicas. 00. Sueldos del grupo A1 y grupo A. 01. Sueldos del grupo A2 y grupo B. 02. Sueldos del grupo C1 y grupo C. 03. Sueldos del grupo C2 y grupo D. 04. Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E. 05. Trienios. 06. Pagas extraordinarias. 07. Otras retribuciones básicas. 10. Sueldos de tropa y marinería profesional permanente. 11. Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente. 121 Retribuciones complementarias. 00. Complemento de destino. 01. Complemento específico. 02. Indemnización por residencia. 03. Otros complementos. 09. Complemento de destino de tropa y marinería profesional. 10. Complemento específico de tropa y marinería profesional. 11. Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional. 12. Indemnización reservistas voluntarios. 122 Retribuciones en especie. 00. Casa vivienda. 01. Vestuario. 02. Bonificaciones. 09. Otras. 123 Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero. 00. Indemnización por destino en el extranjero. 01. Indemnización por educación. 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas. 00. Sueldos del grupo A1 y grupo A. 01. Sueldos del grupo A2 y grupo B. 02. Sueldos del grupo C1 y grupo C. 03. Sueldos del grupo C2 y grupo D. 04. Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E. 05. Trienios. 06. Pagas extraordinarias. 07. Retribuciones complementarias. 127 Contribuciones a planes de pensiones. 13 Laborales. 130 Laboral fijo. 00. Retribuciones básicas. 01 Otras remuneraciones. 131 Laboral eventual. 132 Retribuciones en especie. 00. Casa vivienda. 01. Vestuario. 02. Bonificaciones. 09. Otras. 137 Contribuciones a planes de pensiones. 14 Otro personal. 143 Otro personal. 147 Contribuciones a planes de pensiones. 15 Incentivos al rendimiento. 150 Productividad. 151 Gratificaciones. 153 Complemento de dedicación especial. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 160 Cuotas sociales. 00. Seguridad Social. 01. MUFACE. 02. ISFAS. 03. MUGEJU. 09. Otras. 162 Gastos sociales del personal. 00. Formación y perfeccionamiento del personal. 01. Economatos y comedores. 02. Transporte de personal. 04. Acción social. 05. Seguros. 09. Otros. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios. 20 Arrendamientos y cánones. 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales. 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 204 Arrendamientos de medios de transporte. 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres. 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información. 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material. 209 Cánones. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 210 Infraestructura y bienes naturales. 212 Edificios y otras construcciones. 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje. 214 Elementos de transporte. 215 Mobiliario y enseres. 216 Equipos para procesos de la información. 218. Bienes situados en el exterior. 219 Otro inmovilizado material. 22 Material, suministros y otros. 220 Material de oficina. 00. Ordinario no inventariable. 01. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 02. Material informático no inventariable. 15. Material de oficina en el exterior. 221 Suministros. 00. Energía eléctrica. 01. Agua. 02. Gas. 03. Combustible. 04. Vestuario. 05. Alimentación. 06. Productos farmacéuticos y material sanitario. 07. Suministros de carácter militar y policial. 08. Suministros de material deportivo, didáctico y cultural. 09. Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre. 11. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte. 12. Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones. 15. Suministros en el exterior. 99. Otros suministros. 222 Comunicaciones. 00. Servicios de Telecomunicaciones. 01. Postales y mensajería. 15. Comunicaciones en el exterior. 99. Otras. 223 Transportes. 224 Primas de seguros. 225 Tributos. 00. Estatales. 01. Autonómicos. 02. Locales. 15. Tributos en el exterior. 226 Gastos diversos. 01. Atenciones protocolarias y representativas. 02. Publicidad y propaganda. 03. Jurídicos, contenciosos. 06. Reuniones, conferencias y cursos. 07. Oposiciones y pruebas selectivas. 08. Gastos reservados. 09. Actividades culturales y deportivas. 15. Gastos diversos en el exterior. 99. Otros. 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 00. Limpieza y aseo. 01. Seguridad. 02. Valoraciones y peritajes. 04. Custodia, depósito y almacenaje. 05. Procesos electorales y consultas populares. 06. Estudios y trabajos técnicos. 07. Para la contratación del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de interés público. 15. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior. 99. Otros. 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 230 Dietas. 231 Locomoción. 232 Traslado. 233 Otras indemnizaciones. 24 Gastos de publicaciones. 240 Gastos de edición y distribución. 25 Conciertos de asistencia sanitaria. 250 Con la Seguridad Social. 251 Con entidades de seguro libre. 259 Otros conciertos de asistencia sanitaria. 27 Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad. 3 Gastos financieros. 30 De deuda pública en euros. 300 Intereses. 301 Gastos de emisión, modificación y cancelación. 303 Rendimientos implícitos. 309 Otros gastos financieros. 31 De préstamos en euros. 310 Intereses. 311 Gastos de emisión, modificación y cancelación. 313 Rendimientos implícitos. 319 Otros gastos financieros. 32 De deuda pública en moneda extranjera. 320 Intereses. 321 Gastos de emisión, modificación y cancelación. 322 Diferencias de cambio. 323 Rendimientos implícitos. 329 Otros gastos financieros. 33 De préstamos en moneda extranjera. 330 Intereses. 331 Gastos de emisión, modificación y cancelación. 332 Diferencias de cambio. 333 Rendimientos implícitos. 339 Otros gastos financieros. 34 De depósitos y fianzas. 340 Intereses de depósitos. 341 Intereses de fianzas. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 352 Intereses de demora. 359 Otros gastos financieros. 4 Transferencias corrientes. 40 A la Administración del Estado. 41 A organismos autónomos. 42 A la Seguridad Social. 43 A Agencias Estatales y Otros Organismo Públicos. 44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de Entes del Sector Público. 45 A Comunidades Autónomas. 46 A Entidades Locales. 47 A empresas privadas. 48 A familias e instituciones sin fines de lucro. 49 Al exterior. 5 Fondo de contingencia y otros imprevistos. 50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestarias. 500 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria. Artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 6 Inversiones reales. 60 Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general. 600 Inversiones en terrenos. 601 Otras. 61 Inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general. 610 Inversiones en terrenos. 611 Otras. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial. 640 Gastos de inversiones de carácter inmaterial. 65 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes. 650 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes. 66 Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios. 660 Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. 67 Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial. 670 Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial. 7 Transferencias de capital. 70 A la Administración del Estado. 71 A Organismos Autónomos. 72 A la Seguridad Social. 73 A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos. 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de Entes del Sector Público. 75 A Comunidades Autónomas. 76 A Entidades Locales. 77 A empresas privadas. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro. 79 Al exterior. 8 Activos financieros. 80 Adquisición de deuda del Sector Público. 800 Adquisición de deuda del Sector Público a corto plazo. 801 Adquisición de deuda del Sector Público a largo plazo. 81 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del Sector Público. 810 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del Sector Público a corto plazo. 811 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del Sector Público a largo plazo. 82 Concesión de préstamos al Sector Público. 820 Préstamos a corto plazo. 821 Préstamos a largo plazo. 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público. 830 Préstamos a corto plazo. 831 Préstamos a largo plazo. 84 Constitución de depósitos y fianzas. 840 Depósitos. 00. A corto plazo. 01. A largo plazo. 841 Fianzas. 00. A corto plazo. 01. A largo plazo. 85 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público. 850 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público. 86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del Sector Público. 860 De empresas nacionales o de la Unión Europea. 861 De otras empresas. 87 Aportaciones patrimoniales. 870 Aportaciones patrimoniales. 89 Suscripción de acciones y aportaciones de fondos a organismos internacionales. 890 Suscripción de acciones y aportaciones de fondos a organismos internacionales. 9 Pasivos financieros. 90 Amortización de deuda pública en euros. 900 Amortización de deuda pública en euros a corto plazo. 901 Amortización de deuda pública en euros a largo plazo. 91 Amortización de préstamos en euros. 910 Amortización de préstamos a corto plazo de entes del Sector Público. 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público. 912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público. 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público. 92 Amortización de deuda pública en moneda extranjera. 920 Amortización de deuda pública en moneda extranjera a corto plazo. 921 Amortización de deuda pública en moneda extranjera a largo plazo. 93 Amortización de préstamos en moneda extranjera. 930 Amortización de préstamos en moneda extranjera a corto plazo. 931 Amortización de préstamos en moneda extranjera a largo plazo. 94 Devolución de depósitos y fianzas. 940 Devolución de depósitos. 941 Devolución de fianzas. 95 Puesta en circulación de moneda metálica. 951 Puesta en circulación negativa de moneda metálica. ANEXO III Clasificación económica de los ingresos Clasificación económica del presupuesto de ingresos. 1 Impuestos directos y cotizaciones sociales. 10 Sobre la renta. 100 De las personas físicas. 00. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 101 De sociedades. 00. Impuesto sobre Sociedades. 102 De no residentes. 00 Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 11 Sobre el capital. 119 Otros impuestos sobre el capital. 12 Cotizaciones sociales. 120 Cotizaciones de los regímenes especiales de funcionarios. 00. Cuotas de Derechos Pasivos. 01. Cuotas de funcionarios a Mutualidades. 02. Aportación obligatoria del Estado a las Mutualidades de funcionarios. 129 Otras cotizaciones. 00. Cuota de desempleo. 01. Cuota de formación profesional. 02. Cuotas empresariales al Fondo de Garantía Salarial. 13 Sobre la producción y almacenamiento de energía eléctrica y combustible. 130 Sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. 131 Sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica. 132 Sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas. 19 Otros impuestos directos. 190 Otros impuestos directos. 2 Impuestos indirectos. 21 Sobre el Valor Añadido. 210 Impuesto sobre el valor añadido. 00. IVA sobre importaciones. 01. IVA sobre operaciones interiores. 22 Sobre consumos específicos. 220 Impuestos especiales. 00. Sobre el alcohol y bebidas derivadas. 01. Sobre cerveza. 03. Sobre labores de tabaco. 04. Sobre hidrocarburos. 06. Sobre productos intermedios. 07. Sobre la electricidad. 08. Sobre carbón. 99. Otros. 23 Sobre tráfico exterior. 230 Derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente establecidos para la importación o exportación de mercancías. 231 Exacciones reguladoras y otros gravámenes agrícolas. 28 Otros impuestos indirectos. 280 Cotización, producción y almacenamiento de azúcar e isoglucosa. 281 Impuesto sobre las Primas de Seguros. 283 Impuesto sobre actividades de juego. 00. De apuestas mutuas deportivas. 01. De apuestas deportivas de contrapartida. 02. De otros juegos. 285 Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 289 Otros impuestos indirectos. 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 30 Tasas. 300 Derechos por expedición de tarjetas de identidad profesional a trabajadores extranjeros. 301 Canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre. 302 Tasa por dirección e inspección de obras. 303 Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. 304 Tasas de expedición DNI y Pasaportes. 01. DNI. 02. Pasaportes. 305 Tasas consulares. 306 Canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica. 307 Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. 308 Tasas seguridad aeroportuaria. 309 Otras tasas. 00. Tasa por acreditación catastral. 01. Tasas del juego. 02. Tasa por reconocimientos, autorizaciones y concursos. 03. Tasa por prestación de servicios y realización de actividades en materia de navegación aérea. 04. Tasa por prestación de servicios por la Dirección General de Marina Mercante. 05. Tasa General de Telecomunicaciones. 06. Tasa de Regularización Catastral. 07 Tasas por controles de sanidad exterior realizadas a carnes y productos de origen animal de países no comunitarios. 08 Tasa por derechos de examen. 11. Tasa por la gestión administrativa del juego (artículo 49 Ley 13/2011). 99. Otras. 31 Precios Públicos. 310 Derechos de matrícula en cursos y seminarios. 311 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos, etc. 319 Otros precios públicos. 32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios. 320 Comisiones por avales y seguros operaciones financieras. 322 De la Administración financiera. 01. Administración y cobranza. 02. Compensación por gastos de percepción de recursos propios tradicionales de la Unión Europea. 99. Otros. 329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios. 33 Venta de bienes. 330 Venta de publicaciones propias. 332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía. 333 Venta de medicamentos. 334 Venta de productos agropecuarios. 335 Venta de material de desecho. 336 Ingresos procedentes del Fondo regulado por la Ley 17/2003. 339 Venta de otros bienes. 38 Reintegros de operaciones corrientes. 380 De ejercicios cerrados. 381 Del presupuesto corriente. 39 Otros ingresos. 391 Recargos y multas. 00. Recargos del periodo ejecutivo. 01. Intereses de demora. 02. Multas y sanciones. 03. Recargo sobre autoliquidaciones. 99. Otros. 392 Diferencias de cambio. 393 Diferencias entre los valores de reembolso y emisión. 394 Reintegros de cantidades abonadas a los trabajadores por cuenta de las empresas (Fondo de Garantía Salarial). 399 Ingresos diversos. 00. Compensaciones de servicios prestados por funcionarios públicos. 01. Recursos eventuales. 02. Ingresos procedentes de organismos suprimidos. 99. Otros ingresos diversos. 4 Transferencias corrientes. 40 De la Administración del Estado. 400 Del departamento a que está adscrito. 401 De otros departamentos ministeriales. 41 De Organismos autónomos. 410 Transferencias corrientes de organismos autónomos. 42 De la Seguridad Social. 43 De Agencias estatales y otros Organismos Públicos. 430 De Agencias estatales. 431 De otros Organismos Públicos. 44 De Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entes del Sector Público. 440 De sociedades mercantiles estatales. 441 De entidades públicas empresariales. 442 De Fundaciones Públicas. 449 Del resto del sector público. 45 De Comunidades Autónomas. 450 Contribuciones Concertadas. 00. Cupo del País Vasco. 01. De Navarra. 459 Otras transferencias corrientes. 46 De Entidades Locales. 460 De Ayuntamientos. 461 De Diputaciones y Cabildos Insulares. 469 Otras transferencias corrientes. 47 De empresas privadas. 48 De familias e instituciones sin fines de lucro. 49 Del exterior. 490 Del Fondo Social Europeo. 491 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). 492 Otras transferencias de la Unión Europea. 493 Aportaciones derivadas de convenios internacionales de cooperación. 499 Otras transferencias corrientes. 5 Ingresos patrimoniales. 50 Intereses de títulos y valores. 500 Del Estado. 501 De organismos autónomos. 504 De sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entes del Sector Público. 505 De Comunidades Autónomas. 506 De Entidades Locales. 507 De empresas privadas. 51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos. 510 Al Estado. 511 A organismos autónomos. 512 A la Seguridad Social. 513 A Agencias Estatales. 514 A sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entes del Sector Público. 01. ICO. 99. Otros. 515 A Comunidades Autónomas. 516 A Entidades Locales. 517 A empresas privadas. 518 A familias e instituciones sin fines de lucro. 519 Al exterior. 52 Intereses de depósitos. 520 Intereses de cuentas bancarias. 00. Intereses de las consignaciones judiciales. 09. Intereses de la cuenta del Tesoro en el Banco de España. 99. Otros intereses de cuentas bancarias. 529 Intereses de otros depósitos. 53 Dividendos y participaciones en beneficios. 531 De organismos autónomos. 534 De Sociedades, Entidades Públicas Empresariales y resto de entes del Sector Público. 03. Banco de España. 04. Instituto de Crédito Oficial. 06. Real Casa de la Moneda. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 09. Entidad Pública Empresarial ENAIRE. 10. Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 11. Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). 12. Otras Sociedades Estatales del Grupo Patrimonio. 99. Otras participaciones en beneficios. 537 De empresas privadas. 54 Rentas de bienes inmuebles. 540 Alquiler y productos de inmuebles. 00. Alquiler de viviendas. 10. Alquiler de locales. 99. Otros productos de inmuebles. 541 Arrendamientos de fincas rústicas. 549 Otras rentas. 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales. 550 De concesiones administrativas. 551 Aprovechamientos agrículas y forestales. 557 Subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 559 Otras concesiones y aprovechamientos. 59 Otros ingresos patrimoniales. 591 Beneficios por realización de inversiones financieras. 599 Otros. 6 Enajenación de inversiones reales. 60 De terrenos. 600 Venta de solares. 601 Venta de fincas rústicas. 61 De las demás inversiones reales. 619 Venta de otras inversiones reales. 68 Reintegros por operaciones de capital. 680 De ejercicios cerrados. 681 Del presupuesto corriente. 7 Transferencias de capital. 70 De la Administración del Estado. 700 Del departamento a que está adscrito. 701 De otros departamentos ministeriales. 71 De organismos autónomos. 710 Transferencias de capital de organismos autónomos. 72 De la Seguridad Social. 720 Transferencias de capital de la Seguridad Social. 73 De Agencias estatales y Otros Organismos Públicos. 730 Transferencias de capital de Agencias estatales y Otros Organismos Públicos. 74 Sociedades Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entes del Sector Público. 740 Sociedades mercantiles estatales. 741 Entidades públicas empresariales. 749 Del Resto de entidades del Sector Público. 75 De Comunidades Autónomas. 76 De Entidades Locales. 760 De Ayuntamientos. 761 De Diputaciones y Cabildos Insulares. 769 Otras transferencias de capital. 77 De empresas privadas. 78 De familias e instituciones sin fines de lucro. 79 Del exterior. 790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 791 Fondo de Cohesión. 792 Fondo Europeo de la Pesca y otros recursos agrícolas y pesqueros. 793 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 795 Otras transferencias de la Unión Europea. 799 Otras transferencias. 8 Activos financieros. 80 Enajenación de deuda del Sector Público. 800 Enajenación de deuda del Sector Público a corto plazo. 801 Enajenación de deuda del Sector Público a largo plazo. 81 Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del Sector Público. 810 Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del Sector Público a corto plazo. 811 Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del Sector Público a largo plazo. 82 Reintegros de préstamos concedidos al Sector Público. 820 Reintegros de préstamos concedidos al Sector Público a corto plazo. 821 Reintegros de préstamos concedidos al Sector Público a largo plazo. 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público. 830 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto plazo. 831 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largo plazo. 84 Devolución de depósitos y fianzas. 840 Devolución de depósitos. 841 Devolución de fianzas. 85 Enajenación de acciones y participaciones y devolución de aportaciones del Sector Público. 850 Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público Nacional. 851 Enajenación de acciones y devolución de aportaciones del Sector Público en Organismos Internacionales. 852 Otras enajenaciones o devoluciones. 86 Enajenación de acciones y participaciones de fuera del Sector Público. 860 De empresas nacionales o de la Unión Europea. 861 De otras empresas. 87 Remanente de tesorería. 870 Remanente de tesorería. 88 Devolución de aportaciones patrimoniales. 880 Devolución de aportaciones patrimoniales. 9 Pasivos financieros. 90 Emisión de deuda pública en euros. 900 Emisión de deuda pública en euros a corto plazo. 901 Emisión de deuda pública en euros a largo plazo. 91 Préstamos recibidos en euros. 910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del Sector Público. 911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del Sector Público. 912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público. 913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público. 92 Emisión de deuda pública en moneda extranjera. 920 Emisión de deuda pública en moneda extranjera a corto plazo. 921 Emisión de deuda pública en moneda extranjera a largo plazo. 93 Préstamos recibidos en moneda extranjera. 930 Préstamos recibidos en moneda extranjera a corto plazo. 931 Préstamos recibidos en moneda extranjera a largo plazo. 94 Depósitos y fianzas recibidos. 940 Depósitos recibidos. 941 Fianzas recibidas. 95 Puesta en circulación de moneda metálica. 951 Puesta en circulación positiva de moneda metálica. ANEXO IV Documentación a cumplimentar por las comunidades autónomas beneficiarias de los fondos de compensación interterritorial

Normas de los presupuestos de 2016. Fechas límite para que todos envíen datos: 19 de junio de 2015 y 26 de junio de 2015

El artículo 36 apartado 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, dispone que el procedimiento por el que se regirá la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se establecerá por orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. De conformidad con la Ley, la presente Orden ministerial dicta las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2016. En la misma se establecen los criterios generales de presupuestación, el ámbito institucional de los presupuestos, y la composición y funciones de los órganos participantes en su proceso de elaboración. Asimismo, la Orden ministerial regula la tramitación del anteproyecto de presupuestos, estableciendo los plazos y documentación para la elaboración, y detalla el contenido de las estructuras presupuestarias. Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 se elaboran en el marco normativo de referencia en materia presupuestaria constituido por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y por la nueva Gobernanza europea que ha establecido calendarios presupuestarios comunes para los Estados miembros de la Unión Europea. En virtud de lo expuesto, dispongo: Artículo 1. Criterios generales de presupuestación. Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 se orientarán a la consecución de los objetivos de la política económica del Gobierno y adecuarán sus ingresos y gastos al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprueben las Cortes Generales para el sector público estatal. Las directrices para la distribución del gasto y los criterios de asignación de los recursos se determinarán por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en coherencia con la actualización del Programa de estabilidad aprobada por el Gobierno. Asimismo los Presupuestos Generales del Estado para 2016 tendrán en consideración las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea formuladas tanto en el marco del Semestre europeo como del procedimiento de déficit excesivo en el que España se encuentra inmersa. El Presupuesto del Estado para 2016 deberá ajustarse al límite de gasto no financiero que establezca el Gobierno de forma consistente con el objetivo de estabilidad aprobado para dicho ejercicio en el Estado y a la regla de gasto prevista en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Artículo 2. Ámbito institucional. 1. Ámbito de los Presupuestos Generales del Estado. Los Presupuestos Generales del Estado comprenderán: a) El presupuesto del Estado. b) Los presupuestos de los organismos autónomos de la Administración General del Estado. c) El presupuesto de la Seguridad Social. d) Los presupuestos de las agencias estatales. e) Los presupuestos de los organismos públicos estatales cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos. f) Los presupuestos de los consorcios y de las restantes entidades del sector público administrativo estatal. g) Los presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. h) Los presupuestos de las sociedades mercantiles estatales. i) Los presupuestos de las fundaciones del sector público estatal. j) Los presupuestos de las entidades públicas empresariales y restantes entes públicos de esta naturaleza. 2. Incorporación a efectos informativos de los presupuestos de determinadas entidades. 2.1 Los presupuestos de los consorcios, adscritos a la administración pública estatal no sujetos a su poder de decisión por no concurrir ninguna de las circunstancias previstas en las letras a) a e) del punto 2 de la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acompañarán a los Presupuestos Generales del Estado a efectos informativos. 2.2 Los presupuestos del resto de entidades a los que se refiere la disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria acompañarán, a efectos informativos, a los Presupuestos Generales del Estado. Artículo 3. Unidad de presupuestación. Los Presupuestos Generales del Estado se elaborarán expresados en miles de euros, con dos decimales. Artículo 4. Comisiones participantes en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. 1. Comisión de Políticas de Gasto. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, las directrices para la distribución del gasto, estableciendo los criterios de elaboración de las propuestas de presupuestos y sus límites cuantitativos con las prioridades y limitaciones que deban respetarse, se determinarán por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Con este fin se constituirá la Comisión de Políticas de Gasto que estará presidida por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y, en su ausencia, por el titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, y estará integrada por los titulares de los departamentos ministeriales. La presidencia de la Comisión de Políticas de Gasto podrá convocar a otros gestores de gasto, así como al personal asesor que estime necesario. La Comisión de Políticas de Gasto, que tendrá el funcionamiento propio de un grupo de trabajo, realizará las siguientes funciones: a) Concretar las prioridades de gasto a las que se ha de ajustar la elaboración de las propuestas de los centros gestores, teniendo en cuenta los objetivos de política presupuestaria del Gobierno. b) Analizar el contenido presupuestario de las políticas y actuaciones pú ### RESUMEN: Normas de los presupuestos de 2016. Fechas límite para que todos envíen datos: 19 de junio de 2015 y 26 de junio de 2015

Por Resolución de 24 de junio de 2014 de la Entidad Pública Empresarial Red.es, se efectuó la convocatoria para la selección de los ayuntamientos participantes en la «Primera convocatoria de ciudades inteligentes de la Agenda Digital para España», publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 156, de 27 de junio de 2014. Mediante la Resolución del Director General de Red.es de 3 de febrero de 2015, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 38, de 13 de febrero de 2015, se resolvió la citada convocatoria, concediéndose la ayuda solicitada a las iniciativas con mayor puntuación y estableciéndose, en virtud de la Base Duodécima, un registro de reserva por comunidad autónoma y orden de prelación, para el caso de posibles renuncias o revocaciones de las entidades beneficiarias. De acuerdo con lo anterior, el Director General de Red.es, quien ostenta facultades suficientes para este acto, de acuerdo con lo dispuesto en la base duodécima, resuelve: Primero. Cancelar la concesión de la ayuda en especie otorgada al siguiente beneficiario de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, debido a la renuncia a la misma: Ayuntamiento Nombre de la iniciativa Presupuesto Ciudad Real. Ciudad Real: Ciudad y Destino Inteligente y Sostenible. 832.800,23 € Puesto que no se han realizado las inversiones objeto de la ayuda, se acepta la solicitud de renuncia se la entidad local mencionada, resolviéndose de mutuo acuerdo el Convenio asociado a la concesión de la ayuda, sin proceder reintegro alguno. Segundo. Como consecuencia de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en la Base Duodécima, conceder la ayuda a la siguiente entidad local, primera clasificada por orden de prelación en el registro de reserva de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha según la Resolución del Director General de Red.es de 3 de febrero de 2015: Ayuntamiento Nombre de la iniciativa Presupuesto Valdepeñas. Smartdepeñas. 800.000 € Madrid, 30 de octubre de 2015.–El Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, Daniel Noguera Tejedor.

Como Ciudad Real ha renunciado, Valdepeñas se lleva los 800.000 euros de ayuda para proyectos de smart cities

Por Resolución de 24 de junio de 2014 de la Entidad Pública Empresarial Red.es, se efectuó la convocatoria para la selección de los ayuntamientos participantes en la «Primera convocatoria de ciudades inteligentes de la Agenda Digital para España», publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 156, de 27 de junio de 2014. Mediante la Resolución del Director General de Red.es de 3 de febrero de 2015, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 38, de 13 de febrero de 2015, se resolvió la citada convocatoria, concediéndose la ayuda solicitada a las iniciativas con mayor puntuación y estableciéndose, en virtud de la Base Duodécima, un registro de reserva por comunidad autónoma y orden de prelación, para el caso de posibles renuncias o revocaciones de las entidades beneficiarias. De acuerdo con lo anterior, el Director General de Red.es, quien ostenta facultades suficientes para este acto, de acuerdo con lo dispuesto en la base duodécima, resuelve: Primero. Cancelar la concesión de la ayuda en especie otorgada al siguiente beneficiario de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, debido a la renuncia a la misma: Ayuntamiento Nombre de la iniciativa Presupuesto Ciudad Real. Ciudad Real: Ciudad y Destino Inteligente y Sostenible. 832.800,23 € Puesto que no se han realizado las inversiones objeto de la ayuda, se acepta la solicitud de renuncia se la entidad local mencionada, resolviéndose de mutuo acuerdo el Convenio asociado a la concesión de la ayuda, sin proceder reintegro alguno. Segundo. Como consecuencia de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en la Base Duodécima, conceder la ayuda a la siguiente entidad local, primera clasificada por orden de prelación en el registro de reserva de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha según la Resolución del Director General de Red.es de 3 de febrero de 2015: Ayuntamiento Nombre de la iniciativa Presupuesto Valdepeñas. Smartdepeñas. 800.000 € Madrid, 30 de octubre de 2015.–El Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, Daniel Noguera Tejedor. ### RESUMEN: Como Ciudad Real ha renunciado, Valdepeñas se lleva los 800.000 euros de ayuda para proyectos de smart cities

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Xunta de Galicia. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de Medios (Subdirección General de Régimen Jurídico y Gestión de Medios Audiovisuales). c) Número de expediente: PN 2/2012. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=17675. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Contratación de servicios para el desarrollo de campañas publicitarias sobre la promoción de las iniciativas de la Xunta de Galicia en materia de identidad, galleguidad y fechas de especial sensibilidad social. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341000-6 Servicios de publicidad. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 4. Valor estimado del contrato: 1.308.641,03 €. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 712.015,74 euros. Importe total: 840.178,57 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 20 de junio de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 9 de julio de 2012. c) Contratista: 'Grupo Bap & Conde, S.A.'. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 697.584,88 euros. Importe total: 823.150,16 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa de acuerdo con los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Santiago de Compostela, 17 de diciembre de 2012.- El Secretario General de Medios.

Campañas publicitaria sobre promoción iniciativas de la Xunta de Galicia en materia de identidad y galleguidad por importe total de 823.150,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Xunta de Galicia. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de Medios (Subdirección General de Régimen Jurídico y Gestión de Medios Audiovisuales). c) Número de expediente: PN 2/2012. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=17675. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Contratación de servicios para el desarrollo de campañas publicitarias sobre la promoción de las iniciativas de la Xunta de Galicia en materia de identidad, galleguidad y fechas de especial sensibilidad social. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341000-6 Servicios de publicidad. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 4. Valor estimado del contrato: 1.308.641,03 €. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 712.015,74 euros. Importe total: 840.178,57 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 20 de junio de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 9 de julio de 2012. c) Contratista: 'Grupo Bap & Conde, S.A.'. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 697.584,88 euros. Importe total: 823.150,16 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa de acuerdo con los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Santiago de Compostela, 17 de diciembre de 2012.- El Secretario General de Medios. ### RESUMEN: Campañas publicitaria sobre promoción iniciativas de la Xunta de Galicia en materia de identidad y galleguidad por importe total de 823.150,00 euros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 327.3, último párrafo de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 23 de marzo de 2017, Vengo en decretar la pérdida del derecho de don Alberto Benéitez Antón a servir el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Lugo, que había obtenido por concurso. Dado en Madrid el 31 de marzo de 2017. FELIPE R. El Ministro de Justicia, RAFAEL CATALÁ POLO

Alberto Benéitez Antón pierde el cambio de plaza.

De conformidad con lo establecido en el artículo 327.3, último párrafo de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 23 de marzo de 2017, Vengo en decretar la pérdida del derecho de don Alberto Benéitez Antón a servir el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Lugo, que había obtenido por concurso. Dado en Madrid el 31 de marzo de 2017. FELIPE R. El Ministro de Justicia, RAFAEL CATALÁ POLO ### RESUMEN: Alberto Benéitez Antón pierde el cambio de plaza.

La Ley 2/2012, de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, establece que, a lo largo del presente año, no se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal, exceptuándose de la citada limitación una serie de sectores y administraciones que se contemplan en el artículo 23 de la citada norma, respecto de los cuales se determina que se aplicará una tasa de reposición del 10 por ciento. El apartado Tres del citado artículo 23, indica que corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la aprobación de la oferta de empleo público de los sectores señalados en el indicado artículo que corresponda a la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes públicos estatales. Igualmente, el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, junto con la previsión de determinación del Órgano competente para aprobar las ofertas de empleo público que, para el ámbito de la Administración General del Estado es el Gobierno como se indica en el párrafo anterior, establece que el correspondiente real decreto por el que se apruebe la Oferta de Empleo Público podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos. En este sentido merece especial mención la promoción interna que, la citada Ley 7/2007, de 12 de abril, configura como una de las medidas de planificación de recursos humanos que tiene como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y que debe ser facilitada por la Administración como vía para la adquisición de las correspondientes competencias y requisito necesario para la progresión en la carrera profesional desde niveles inferiores a los superiores. Todo ello sin desconocer la actual situación económica que obliga a aplicar, también en este ámbito, criterios de austeridad y de restricción en esta materia de gastos de personal. El presente real decreto, por tanto, tiene como finalidad dar cumplimiento a lo indicado, así como establecer los principios que han de regir la planificación de los recursos humanos y los criterios que deben orientar los procesos de selección de los candidatos que mejor se ajusten a las necesidades de la Administración General del Estado. Igualmente, el citado artículo indica que corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorizar, sólo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal laboral de las entidades públicas empresariales y entes del sector público estatal, pero manteniendo el principio de no ingreso de nuevo personal en los citados ámbitos. En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, oída la Comisión Superior de Personal y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de diciembre de 2012, DISPONGO: Artículo 1. Aprobación de la oferta de empleo público y planificación de recursos humanos. 1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 23 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, se aprueba la oferta de empleo público para 2012 en los términos que se establecen en este real decreto. 2. De conformidad con lo previsto en el artículo 70.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, la planificación de los recursos humanos en la Administración General del Estado se vinculará al cumplimiento de los siguientes objetivos de la política de empleo: la atención a los sectores que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, el adecuado dimensionamiento del volumen de efectivos, la austeridad y la eficiencia de las políticas de recursos humanos y la eficacia en la distribución territorial. Artículo 2. Cuantificación de la oferta de empleo público. 1. La oferta de empleo público 2012 incluye las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso. Tal como establece el Estatuto Básico del Empleado Público, la oferta de empleo público, como instrumento de planificación de los recursos humanos disponibles, define y cuantifica los efectivos en función de las necesidades y prioridades derivadas de la planificación general de los recursos humanos. Dicha distribución, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el articulado y en los anexos del presente real decreto. En anexo I se incluyen las plazas que se autorizan en la Administración General del Estado para ingreso de nuevo personal con especificación de los cuerpos y escalas de personal funcionario o Convenio Colectivo en el caso de personal laboral, distribuyendo el número de plazas y cupos para cada uno de los colectivos mencionados. En el anexo II se incluyen las plazas de personal estatutario para la Red Hospitalaria de la Defensa. Por último en el anexo III se incluyen las plazas que se autorizan por promoción interna, detallando su distribución entre los cuerpos de funcionarios de la Administración del Estado que se mencionan. 2. De acuerdo con el apartado anterior se aplicará el criterio de la reposición selectiva de bajas, lo que supone que los nuevos ingresos se dirigirán a los sectores, funciones y territorios más necesitados de efectivos. Así pues, se dará preferencia en la reposición a los sectores y a las actividades y funciones esenciales de la organización. Asimismo, se buscará la mejora en la distribución funcional y territorial de la plantilla, favoreciendo la incorporación de nuevos efectivos en los territorios con mayores necesidades, reforzando especialmente la presencia de la Administración General del Estado en el territorio y racionalizando los servicios comunes y unidades horizontales de los Departamentos, con el objetivo de lograr su adecuado redimensionamiento. Artículo 3. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. 1. Las necesidades de personal en las distintas unidades de cada Departamento, Organismo autónomo, Agencia o Entidad gestora y servicio común de la Seguridad Social, se proveerán preferentemente mediante el cambio de adscripción de puestos entre las mismas, la redistribución de efectivos, la atribución temporal de funciones y figuras similares existentes para el personal laboral. Con este fin, las Subsecretarías y el resto de Centros Directivos competentes, promoverán la utilización de la Relación de Puestos de Trabajo especial prevista en el apartado tercero del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de julio de 2010, por el que se aprueban determinadas medidas de austeridad y eficiencia en materia de empleo público. 2. La movilidad, los reingresos al servicio activo y los procesos de promoción interna de los empleados públicos, se orientarán a la cobertura de puestos vacantes ocupados por personal interino o, en su defecto, puestos cuya cobertura resulte imprescindible para el buen funcionamiento de la organización y la prestación de los servicios públicos en el marco de la planificación general de los recursos humanos que se determinen por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas así como por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, en el ámbito de sus respectivas competencias. 3. Los concursos de méritos que autorice la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas irán dirigidos a la consecución de los fines señalados en el apartado anterior. Sus bases tendrán como finalidad facilitar la movilidad, entre los diferentes ámbitos de la Administración del Estado, de funcionarios que ya desempeñan puestos del mismo nivel de responsabilidad de los convocados. Igualmente podrá preverse la no incorporación de nuevo personal a través de concursos en los Departamentos u Organismos que no tengan la consideración de prioritarios. Artículo 4. Criterios generales de aplicación en los procesos selectivos y sobre la publicidad y gestión de los mismos. 1. A los procesos selectivos de personal funcionario de carrera, derivados de la presente oferta de empleo público, les será de aplicación la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, modificada por Orden PRE/2061/2009, de 23 de junio. 2. Las convocatorias deberán ser informadas favorablemente por la Dirección General de la Función Pública. Cuando el Órgano convocante remita a la Dirección General de la Función Pública las respectivas convocatorias a efectos de que, por esta, se emita el informe indicado en el apartado anterior, las mismas deberán contener una referencia a la composición numérica, distribuida por sexo, de los cuerpos y escalas o grupos de titulación objeto de la correspondiente convocatoria. 3. Los Departamentos utilizarán los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las convocatorias y adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas. Igualmente garantizarán que la información se efectúa en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio de diseño para todos, de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad. 4. Las convocatorias de personal laboral, se regirán por su normativa específica. 5. En aquellos procesos selectivos en los que existan pruebas físicas, éstas, establecerán baremos diferentes para mujeres y hombres, cuando la naturaleza de las pruebas lo requiera o exista alguna justificación legítima y proporcionada del diferente trato. Todo ello, en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en todo caso la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo. 6. Con carácter general, en los procesos selectivos derivados de la presente oferta de empleo público, las bases de convocatoria podrán establecer la conservación de la nota de los ejercicios, siempre que dicha nota supere el 60 por ciento de la calificación máxima. La validez de esta medida será aplicable a la convocatoria inmediata siguiente, siempre y cuando ésta sea análoga en el contenido y en la forma de calificación. 7. En los procesos selectivos en los que exista una fase de concurso, se contemplará específicamente, entre otros méritos, la valoración de la experiencia acreditada por los candidatos que, con carácter interino o temporal, hubieran desempeñado funciones análogas. 8. Se harán públicas en el plazo máximo de 48 horas, a contar desde la finalización de la prueba específica, las plantillas correctoras de aquellos procesos selectivos que incluyan la realización de pruebas con respuestas alternativas. 9. Los temarios de pruebas selectivas derivados de esta oferta incluirán, en los temas relativos a las políticas públicas, especial referencia a las políticas sociales, entre ellas las políticas de igualdad y contra la violencia de género, así como de aquellas dirigidas a la atención a personas discapacitadas y/o dependientes. 10. La composición de los Órganos de selección se atendrá a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 7/2007, y se garantizará la paridad entre mujeres y hombres. Esta medida se tendrá en cuenta a la hora de nombrar los miembros que ostentarán las presidencias y secretarías de aquellos. Se promoverá la participación en Tribunales y Órganos de selección de personas con discapacidad en aquellos procesos en los que exista turno de reserva para este colectivo. No podrán formar parte de Órganos de selección, para ingreso en cuerpos o escalas de funcionarios o en categorías de personal laboral, quienes tengan la consideración de Alto Cargo de acuerdo con lo establecido en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Los Órganos de selección aplicarán en su actuación principios de austeridad y agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los procesos selectivos, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de actuación de conformidad con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. 11. Las convocatorias de los procesos selectivos de personal funcionario, juntamente con sus bases, se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado». De las convocatorias de personal laboral de la Administración General del Estado se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» una reseña que contendrá, al menos, el número de plazas por categorías y el lugar o lugares en que figuren expuestas las bases completas de las convocatorias. En ambos casos, además, se difundirán utilizándose a este fin las páginas web de los Departamentos y Organismos así como la página web www.060.es. Se aprovecharán las posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos en el ámbito de los procesos selectivos, potenciando la presentación electrónica de solicitudes y facilitando información a través de internet. A estos efectos, los distintos Ministerios y Organismos que oferten plazas incluirán, en su página web, una dirección dedicada a procesos selectivos, en la que recogerán cada una de las convocatorias y los actos que se deriven de ellas, incorporando, cuando ello sea posible, las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos, así como las relaciones de aprobados en cada uno de los ejercicios de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos. 12. La presentación de instancias y, en su caso, el pago de la correspondiente tasa, se realizará de forma telemática en aquellos Departamentos ministeriales y Organismos públicos que dispongan de dicha posibilidad en sus registros electrónicos. Los Departamentos ministeriales y los Organismos públicos que no dispongan de registro electrónico para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en las pruebas selectivas, podrán establecer convenios de encomienda de gestión con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para facilitar que aquélla se realice a través del portal 060.es. 13. Las convocatorias de procesos selectivos, derivadas de la presente oferta, podrán establecer la obligatoriedad de que los aspirantes que superen dichas pruebas soliciten destino utilizando exclusivamente medios electrónicos cuando se den las condiciones pertinentes, a la vista de lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 14. Las convocatorias de los procesos selectivos y sus bases, así como todas las informaciones que afecten a las convocatorias y al desarrollo de todos los procesos selectivos, sea cuales quiera el carácter de la relación vinculante con la Administración, serán remitidas al buzón empleopublico@correo.gob.es por el Órgano convocante, con el fin de permitir el mayor seguimiento posible a través de los canales de atención al ciudadano, así como la publicación, en el portal 060.es, de la información relativa a convocatorias, sus bases y otra información relacionada con los procesos selectivos, a excepción de los de promoción interna que se publicarán en el Portal Funciona. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará, que sea el propio Tribunal u Órgano de selección, quien se suscriba al 060 para recibir las alertas a través de los canales habilitados con el fin de analizar la adecuación de la información suministrada. El tratamiento de la información por medios telemáticos tendrá en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 15. En las bases de convocatoria se tendrá en cuenta la necesaria minoración de cargas administrativas al ciudadano, facilitando y simplificando las relaciones entre la Administración convocante y los aspirantes. 16. Los Departamentos podrán implantar medidas de carácter económico para facilitar la preparación tales como ayudas o becas, así como otro tipo de medidas que se arbitrarán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y las medidas vigentes de contención del gasto público. Igualmente respetarán los principios constitucionales de acceso a la Función Pública y el apoyo a la promoción interna. 17. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos vinculados o dependientes, no se requerirá fotocopia del documento acreditativo de identidad o tarjeta equivalente en la presentación de solicitudes para participar en procesos selectivos. 18. Con objeto de reducir los plazos de incorporación del personal funcionario interino, se aprovecharán, con carácter general, las actuaciones ya realizadas en procesos selectivos ordinarios, de acuerdo con la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 24 de febrero de 2009, por la que se establece el procedimiento de aprobación y gestión de listas de candidatos de los cuerpos de la Administración General del Estado, cuya selección se encomienda a la Comisión Permanente de Selección. Para el resto de los cuerpos y escalas será necesaria autorización de la Dirección General de la Función Pública. Artículo 5. Acceso y promoción para personas con discapacidad. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se reservará un 7 por ciento de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las funciones, de modo que, progresivamente, se alcance el 2 por ciento de los efectivos totales en la Administración General del Estado. 2. La reserva del 7 por ciento indicado en el apartado anterior, se realizará de manera que el 2 por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el 5 por ciento de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. 3. Al contenido de este artículo le será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 4. En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o periodos de prácticas, se establecerán, para las personas con discapacidad anteriormente definidas que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad. 5. Las plazas reservadas para personas con discapacidad podrán convocarse conjuntamente con las plazas ordinarias o mediante convocatoria independiente a la de los procesos libres, garantizándose, en todo caso, el carácter individual de los procesos. Las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual se convocarán en un turno independiente, excepto las de promoción interna que se convocarán conjuntamente con el resto de la misma. 6. En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se hubiera presentado por el cupo de reserva superase los ejercicios y no obtuviese plaza en el citado cupo, siendo su puntuación superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso general, éste será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general. 7. En los anexos del presente real decreto figura la reserva de plazas en cuerpos, escalas o categorías cuyas actividades o funciones son compatibles, en mayor medida, con la posible existencia de una discapacidad. El número de plazas reservadas quedarán recogidas en las correspondientes bases específicas de las convocatorias. 8. Las plazas reservadas para las personas con discapacidad que queden desiertas en los procesos de acceso libre, no se podrán acumular al turno general. 9. En los procesos de promoción interna, las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden desiertas se acumularán a las del turno general de estos procesos de promoción interna. Artículo 6. Promoción interna. 1. En el marco de la legislación reguladora de los procesos de promoción interna se convocan las plazas para los distintos grupos y subgrupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera, con la distribución por cuerpos y escalas que figuran en el Anexo III Estos procesos selectivos de promoción interna se podrán convocar conjuntamente con las convocatorias ordinarias de nuevo ingreso, o mediante convocatoria independiente. 2. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como los contemplados en el artículo 55.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. De acuerdo con la disposición transitoria segunda de la citada ley, el personal laboral fijo que a la entrada en vigor de la misma esté desempeñando funciones de personal funcionario, o pase a desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podrán seguir desempeñándolos. Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, en aquellos cuerpos y escalas a los que figuren adscritos las funciones o puestos que desempeñe, de forma conjunta con el personal funcionario. Tanto el personal laboral como el funcionario, deberá estar en posesión de la titulación exigida, tener una antigüedad de al menos dos años de servicio activo en el grupo profesional o subgrupo desde el que se promociona, cumplir el resto de los requisitos que se exijan y superar las correspondientes pruebas selectivas. Serán las bases específicas de cada convocatoria las que determinarán los colectivos que podrán participar en cada proceso y las características y condiciones del mismo. Al personal laboral fijo que participe en estos procesos se le valorarán como mérito en la fase de concurso los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo, así como las pruebas selectivas superadas para acceder a esa condición. Asimismo se facilitará la formación específica teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y las medidas vigentes de contención del gasto público. Artículo 7. Contratación laboral fija en las entidades públicas empresariales y entes públicos Con objeto de posibilitar la adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el sector público, las entidades públicas empresariales y entes públicos podrán contratar, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas, a personal funcionario o laboral fijo con destino en Departamentos u Organismos públicos incluidos en el ámbito de la oferta de empleo público definido en el artículo 23 Tres, párrafo primero de la Ley 2/2012, de 29 de junio. El citado Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, determinará el procedimiento por el cual se garantizará la publicidad y libre concurrencia en el mismo. El anuncio de los procedimientos a que se hacen referencia en el párrafo anterior, se publicará, al menos, en un periódico de ámbito nacional e incluirá, como mínimo, el número de plazas y la categoría objeto de la convocatoria, así como el lugar o lugares en que se encuentren expuestas las bases completas y serán remitidas igualmente a través del buzón empleopublico@correo.gob.es. Artículo 8. Personal estatutario para la Red Hospitalaria de la Defensa. En el Anexo II se incluyen las plazas de personal estatutario que se autorizan al Ministerio de Defensa para prestar sus servicios en los centros de la Red Hospitalaria del citado Departamento ministerial Artículo 9. Encomienda de Gestión 1. En el supuesto de que no existieran listas de candidatos procedentes de los procesos selectivos ordinarios, en el marco de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por razones de eficacia y previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, podrá encomendarse la gestión material de pruebas selectivas de personal funcionario interino a los Ministerios u Organismos de los que dependan los puestos de trabajo que deban ser cubiertos por personal funcionario interino. 2. La competencia para la convocatoria y resolución de pruebas selectivas para personal laboral fijo, por los procedimientos de promoción interna y acceso libre en el ámbito del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, corresponde a la Dirección General de la Función Pública, que podrá encomendar la gestión a los distintos Departamentos ministeriales, según lo establecido en el artículo 30.1 del citado Convenio 3. La gestión material que se encomienda en los dos apartados anteriores se concretará en las siguientes actividades: recepción de solicitudes de participación en las pruebas selectivas; propuesta de las resoluciones por las que se declaren aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se señalen el lugar y la fecha de comienzo del primer ejercicio, así como la relación de aspirantes excluidos, con indicación de las causas de exclusión; propuesta de los miembros que han de formar los tribunales calificadores de las pruebas; gestión de la operativa necesaria para el desarrollo material de los ejercicios; recepción de los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las convocatorias a las que hace referencia el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y cualquier otro trámite relacionado con las actividades del proceso selectivo cuya gestión se encomienda, siempre que no suponga alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. 4. Los gastos originados por la gestión material objeto de estas encomiendas correrán a cargo de la sección presupuestaria del Ministerio u Organismo al que se encomiende la gestión. 5. El plazo de vigencia de las encomiendas de gestión deberá constar en el instrumento de formalización de la misma. 6. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. Es responsabilidad del órgano competente, o en quien éste haya delegado, dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico que den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de la presente encomienda de gestión. Disposición adicional única. Oferta de Empleo de las Corporaciones Locales Las Corporaciones Locales que aprueben su oferta de empleo público deberán remitir los acuerdos aprobatorios de la misma a la Administración General del Estado a los efectos de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, respetando los criterios señalados en el artículo 23 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado seis del mismo. Disposición final única. Entrada en vigor El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 21 de diciembre de 2012. JUAN CARLOS R. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. CRISTÓBAL MONTORO ROMERO ANEXO I NUEVO INGRESO ANEXO II ANEXO III PROMOCIÓN INTERNA

Oferta de empleo público para 2012 para el Ministerio de Hacienda

La Ley 2/2012, de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, establece que, a lo largo del presente año, no se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal, exceptuándose de la citada limitación una serie de sectores y administraciones que se contemplan en el artículo 23 de la citada norma, respecto de los cuales se determina que se aplicará una tasa de reposición del 10 por ciento. El apartado Tres del citado artículo 23, indica que corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la aprobación de la oferta de empleo público de los sectores señalados en el indicado artículo que corresponda a la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes públicos estatales. Igualmente, el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, junto con la previsión de determinación del Órgano competente para aprobar las ofertas de empleo público que, para el ámbito de la Administración General del Estado es el Gobierno como se indica en el párrafo anterior, establece que el correspondiente real decreto por el que se apruebe la Oferta de Empleo Público podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos. En este sentido merece especial mención la promoción interna que, la citada Ley 7/2007, de 12 de abril, configura como una de las medidas de planificación de recursos humanos que tiene como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y que debe ser facilitada por la Administración como vía para la adquisición de las correspondientes competencias y requisito necesario para la progresión en la carrera profesional desde niveles inferiores a los superiores. Todo ello sin desconocer la actual situación económica que obliga a aplicar, también en este ámbito, criterios de austeridad y de restricción en esta materia de gastos de personal. El presente real decreto, por tanto, tiene como finalidad dar cumplimiento a lo indicado, así como establecer los principios que han de regir la planificación de los recursos humanos y los criterios que deben orientar los procesos de selección de los candidatos que mejor se ajusten a las necesidades de la Administración General del Estado. Igualmente, el citado artículo indica que corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorizar, sólo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal laboral de las entidades públicas empresariales y entes del sector público estatal, pero manteniendo el principio de no ingreso de nuevo personal en los citados ámbitos. En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, oída la Comisión Superior de Personal y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de diciembre de 2012, DISPONGO: Artículo 1. Aprobación de la oferta de empleo público y planificación de recursos humanos. 1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 23 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, se aprueba la oferta de empleo público para 2012 en los términos que se establecen en este real decreto. 2. De conformidad con lo previsto en el artículo 70.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, la planificación de los recursos humanos en la Administración General del Estado se vinculará al cumplimiento de los siguientes objetivos de la política de empleo: la atención a los sectores que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, el adecuado dimensionamiento del volumen de efectivos, la austeridad y la eficiencia de las políticas de recursos humanos y la eficacia en la distribución territorial. Artículo 2. Cuantificación de la oferta de empleo público. 1. La oferta de empleo público 2012 incluye las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso. Tal como establece el Estatuto Básico del Empleado Público, la oferta de empleo público, como instrumento de planificación de los recursos humanos disponibles, define y cuantifica los efectivos en función de las necesidades y prioridades derivadas de la planificación general de los recursos humanos. Dicha distribución, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el articulado y en los anexos del presente real decreto. En anexo I se incluyen las plazas que se autorizan en la Administración General del Estado para ingreso de nuevo personal con especificación de los cuerpos y escalas de personal funcionario o Convenio Colectivo en el caso de personal laboral, distribuyendo el número de plazas y cupos para cada uno de los colectivos mencionados. En el anexo II se incluyen las plazas de personal estatutario para la Red Hospitalaria de la Defensa. Por último en el anexo III se incluyen las plazas que se autorizan por promoción interna, detallando su distribución entre los cuerpos de funcionarios de la Administración del Estado que se mencionan. 2. De acuerdo con el apartado anterior se aplicará el criterio de la reposición selectiva de bajas, lo que supone que los nuevos ingresos se dirigirán a los sectores, funciones y territorios más necesitados de efectivos. Así pues, se dará preferencia en la reposición a los sectores y a las actividades y funciones esenciales de la organización. Asimismo, se buscará la mejora en la distribución funcional y territorial de la plantilla, favoreciendo la incorporación de nuevos efectivos en los territorios con mayores necesidades, reforzando especialmente la presencia de la Administración General del Estado en el territorio y racionalizando los servicios comunes y unidades horizontales de los Departamentos, con el objetivo de lograr su adecuado redimensionamiento. Artículo 3. Provisión de puestos de tra ### RESUMEN: Oferta de empleo público para 2012 para el Ministerio de Hacienda

El Premio Nacional de Ingeniería Civil del Ministerio de Fomento correspondiente al año 2012 fue convocado mediante la Orden FOM/1841/2012, de 23 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 22 de agosto). Una vez presentadas las candidaturas a dicho Premio, cumplidos los trámites establecidos y reunido el Jurado, se ha acordado por unanimidad la concesión del Premio Nacional de Ingeniería Civil del Ministerio de Fomento correspondiente al año 2012 a D. Juan Miguel Villar Mir, Dr. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, y Licenciado en Derecho, en reconocimiento a su densa y fructífera trayectoria profesional, forjada alrededor de un carácter marcadamente emprendedor y una reconocida constancia y dedicación al trabajo, características ambas que le han llevado a figurar de forma muy destacada en todos los ámbitos en los que ha intervenido a lo largo de su dilatada carrera. Junto a su brillante faceta académica y de servicio a la función pública y a sus instituciones, es su dimensión como ingeniero empresario la que le ha llevado a crear uno de los más importantes grupos empresariales españoles y con una mayor proyección en el mercado internacional, lo que en su conjunto le hacen muy merecido acreedor de esta distinción. Conforme establecen las bases que rigen la convocatoria en su cláusula séptima, esta Presidencia ha resuelto hacer pública la concesión de dicho Premio mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 19 de noviembre de 2012.–El Presidente del Jurado del Premio Nacional de Ingeniería Civil, Rafael Catalá Polo.

Premio de ingeniería, de 33.000 euros para Juan Miguel Villar Mir

El Premio Nacional de Ingeniería Civil del Ministerio de Fomento correspondiente al año 2012 fue convocado mediante la Orden FOM/1841/2012, de 23 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 22 de agosto). Una vez presentadas las candidaturas a dicho Premio, cumplidos los trámites establecidos y reunido el Jurado, se ha acordado por unanimidad la concesión del Premio Nacional de Ingeniería Civil del Ministerio de Fomento correspondiente al año 2012 a D. Juan Miguel Villar Mir, Dr. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, y Licenciado en Derecho, en reconocimiento a su densa y fructífera trayectoria profesional, forjada alrededor de un carácter marcadamente emprendedor y una reconocida constancia y dedicación al trabajo, características ambas que le han llevado a figurar de forma muy destacada en todos los ámbitos en los que ha intervenido a lo largo de su dilatada carrera. Junto a su brillante faceta académica y de servicio a la función pública y a sus instituciones, es su dimensión como ingeniero empresario la que le ha llevado a crear uno de los más importantes grupos empresariales españoles y con una mayor proyección en el mercado internacional, lo que en su conjunto le hacen muy merecido acreedor de esta distinción. Conforme establecen las bases que rigen la convocatoria en su cláusula séptima, esta Presidencia ha resuelto hacer pública la concesión de dicho Premio mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 19 de noviembre de 2012.–El Presidente del Jurado del Premio Nacional de Ingeniería Civil, Rafael Catalá Polo. ### RESUMEN: Premio de ingeniería, de 33.000 euros para Juan Miguel Villar Mir

I El preámbulo del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social, dejaba constancia de la intención del Gobierno de cumplir con el compromiso comunicado a la Comisión Europea dentro del Plan Presupuestario 2020 del Reino de España de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas a través de una actualización de las pensiones del 0,9 por ciento desde el 1 de enero de 2020. Sin embargo, ante la limitación de actuaciones del Gobierno en funciones prevista en el artículo 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, resultó inevitable posponer la aplicación de esta medida hasta la formación de un nuevo Gobierno que se hallara en pleno uso de su capacidad propositiva y normativa, de conformidad con el artículo 22 de la citada ley. Con efectos de 1 de enero de 2020, este real decreto-ley establece una revalorización de las pensiones y otras prestaciones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva y no contributiva, así como de Clases Pasivas del Estado, del 0,9 por ciento, no siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y en el artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. Como complemento a esta previsión, el real decreto-ley incorpora un anexo en el que se recogen las cuantías de las pensiones mínimas, de otras pensiones y prestaciones públicas, así como los haberes reguladores de las pensiones de Clases Pasivas y las cuantías aplicables a las pensiones especiales de guerra para el año 2020. Por otro lado, se contempla igualmente la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en caso de que la inflación en 2020 sea superior al incremento previsto del 0,9 por ciento. II Este real decreto-ley se estructura en dos artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y tres disposiciones finales. El artículo primero versa sobre la determinación y revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas, estableciendo con carácter general un incremento del 0,9 por ciento cuyos efectos se retrotraen al 1 de enero de 2020. Igualmente se especifican aquellas otras pensiones públicas que no se ven afectadas por este incremento. Por su parte, el artículo segundo consagra una garantía de mantenimiento del poder adquisitivo durante el año 2020 en caso de que el valor medio de los incrementos porcentuales interanuales del IPC de los meses de diciembre de 2019 a noviembre de 2020 sea superior al 0,9 por ciento. La disposición adicional única establece que la revalorización de las pensiones se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del presente real decreto-ley, no siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. La disposición transitoria retrotrae los efectos económicos de las disposiciones previstas en este real decreto-ley a 1 de enero de 2020. Las disposiciones finales se destinan a establecer el título competencial, habilitación normativa y entrada en vigor, respectivamente. Por último, el anexo establece las cuantías de las pensiones y prestaciones públicas y límites de ingresos aplicables en 2020. III El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional en interpretación del artículo 86 de la Constitución (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F.5; 11/2002, de 17 de enero, F.4, 137/2003, de 3 de julio, F.3, y 189/2005, de 7 julio, F.3; 68/2007, F.10, y 137/2011, F.7), el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes. La actual situación de prórroga presupuestaria, unida a la decisión de posponer la revalorización de las pensiones recogida en el Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social, justifican la aprobación de la presente norma con el fin de evitar el perjuicio que para el colectivo de pensionistas supondría, en términos de pérdida de poder adquisitivo, que la revalorización no fuera efectiva hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020. Concurren, por tanto, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad propias de un real decreto-ley de acuerdo con nuestro texto constitucional. IV Cabe señalar que en este real decreto-ley se da cumplimiento a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la norma es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto que con ella se consigue el fin perseguido, la revalorización con carácter general del 0,9 por ciento de las pensiones y otras prestaciones públicas, no tratándose de una norma restrictiva de derechos o que imponga obligaciones a los interesados. Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto nacional como de la Unión Europea, sus objetivos se encuentran claramente definidos y no impone nuevas cargas administrativas, cumpliendo así los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En su virtud, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de enero de 2020, DISPONGO: Artículo 1. Normas sobre determinación y revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas. 1. En tanto se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2020, el contenido del título IV y de las disposiciones adicionales concordantes de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, así como de sus disposiciones de desarrollo, mantendrá su vigencia en 2020, con las modificaciones y excepciones que se establecen en este artículo. 2. Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así como de Clases Pasivas del Estado, se incrementarán un 0,9 por ciento, sin perjuicio de las excepciones y especialidades contenidas en los apartados siguientes y respetando los importes de garantía de las pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial de guerra que figuran en el apartado 6. También se incrementarán según lo dispuesto en el párrafo anterior los importes de los haberes reguladores aplicables para la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de las pensiones especiales de guerra. El límite máximo establecido para la percepción de pensiones públicas para 2020 será de 2.683,34 euros mensuales o 37.566,76 euros anuales. 3. Los importes de las pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, de las pensiones no contributivas y del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no concurrentes, así como las pensiones del SOVI concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, de las prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo con dieciocho o más años y con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento y del subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte se incrementarán en 2020 en un 0,9 por ciento sobre las cuantías mínimas de pensión correspondientes al año 2019. Las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra la mujer, previstas en el tercer párrafo del artículo 224.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y reconocidas durante el año 2019, experimentarán en 2020 un incremento igual al que se apruebe para el salario mínimo interprofesional para dicho año, no siendo de aplicación la revalorización prevista en el párrafo anterior. 4. La cuantía del límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos para mínimos y de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo y por familia numerosa experimentará un incremento del 0,9 por ciento sobre la cuantía vigente en 2019. 5. El importe de las prestaciones económicas de gran invalidez del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de las reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional, así como los importes mensuales de las ayudas sociales reconocidas en favor de las personas contaminadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), establecidas en los párrafos b), c) y d) del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, por el que se conceden ayudas a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema sanitario público, se incrementará en un 0,9 por ciento sobre la cuantía fijada en 2019. 6. Las pensiones en favor de familiares concedidas al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social en favor de las viudas, y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil, y de la Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana, con excepción de las pensiones causadas por el personal no funcionario en favor de huérfanos no incapacitados, así como de la Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los mutilados civiles de guerra, y las pensiones de viudedad del título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República, cualquiera que sea su fecha inicial de abono, no podrán ser inferiores a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social. Asimismo, las pensiones en favor de causantes reconocidas al amparo del título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, no podrán ser inferiores a la cuantía mínima de las pensiones de jubilación, con cónyuge a cargo, de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social, cualquiera que sea su fecha inicial de abono. 7. Las pensiones abonadas con cargo a los regímenes o sistemas de previsión enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, no indicadas en los párrafos anteriores, experimentarán en el año 2020 el incremento que en su caso proceda, según su normativa reguladora, sobre las cuantías que hubieran percibido a 31 de diciembre de 2019. 8. Quedan exceptuadas del incremento establecido en el apartado 2 las pensiones públicas siguientes: a) Las pensiones abonadas con cargo a cualquiera de los regímenes o sistemas de previsión enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, cuyo importe íntegro mensual, sumado, en su caso, al importe íntegro mensual de las otras pensiones públicas percibidas por su titular, exceda del límite mensual de percepción de las pensiones públicas establecido en el anexo de este real decreto-ley. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las pensiones extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de la Seguridad Social originadas por actos terroristas, ni a las pensiones reconocidas al amparo del Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio, sobre pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas, ni a las pensiones reconocidas en virtud de la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. b) Las pensiones reguladas en el título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, que se adaptarán a los importes que correspondan conforme a su legislación propia. c) Las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a favor de los Camineros del Estado causadas con anterioridad a 1 de enero de 1985, con excepción de aquellas cuyo titular sólo percibiera esta pensión como tal Caminero. d) Las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, cuando entren en concurrencia con otras pensiones públicas, excepto cuando concurran con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, o con alguna de estas pensiones y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad. A estos efectos, no se considerarán pensiones concurrentes la prestación económica reconocida al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, ni la pensión percibida por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado por causa de la pasada guerra civil española, cualquiera que fuese la legislación reguladora, ni el subsidio por ayuda de tercera persona previsto en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, ni las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la suma de todas las pensiones concurrentes y las del citado Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, una vez revalorizadas aquellas, sea inferior a la cuantía fijada en 2020 para la pensión de tal seguro no concurrente, calculadas unas y otras en cómputo anual, la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se revalorizará en un importe igual a la diferencia resultante. Esta diferencia no tiene carácter consolidable, siendo absorbible con cualquier incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto de revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico. e) Las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que, a 31 de diciembre de 2020, hubieran ya alcanzado las cuantías correspondientes al 31 de diciembre de 1973. f) Las pensiones de las Mutualidades, Montepíos o Entidades de Previsión Social referidas en el artículo 40.dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 9. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta, apartado uno, del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, las pensiones de las mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, cuando hubieran sido causadas con posterioridad a 31 de diciembre de 2014, experimentarán el 1 de enero del año 2020 una reducción, respecto de los importes percibidos en 31 de diciembre de 2019, del 20 por ciento de la diferencia entre la cuantía correspondiente a 31 de diciembre de 1978 –o tratándose del Montepío de Funcionarios de la Organización Sindical, a 31 de diciembre de 1977– y la que correspondería en 31 de diciembre de 1973. 10. A efectos de lo dispuesto en este artículo, las cuantías de las pensiones y prestaciones públicas y límites de ingresos aplicables en 2020 serán las que figuran en el anexo. Artículo 2. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. 1. Los perceptores de pensiones del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas que hayan sido revalorizadas en 2020, recibirán, antes de 1 de abril de 2021 y en un único pago, una cantidad equivalente a la diferencia entre la pensión percibida en 2020 y la que hubiere correspondido de haber aplicado a las cuantías de 2019 un incremento porcentual igual al valor medio de los incrementos porcentuales interanuales del IPC de los meses de diciembre de 2019 a noviembre de 2020, siempre que el valor medio resultante sea superior al 0,9 por ciento. A estos efectos, el límite de pensión pública durante el año 2020 será el equivalente a incrementar la cuantía de dicho límite a 31 de diciembre de 2019 en el porcentaje indicado en el párrafo anterior. Lo previsto en el párrafo primero será igualmente de aplicación a los pensionistas del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, con pensiones causadas durante 2020, que hubieran percibido la cuantía correspondiente al límite máximo de percepción de las pensiones públicas fijado para el citado año. De igual modo, será de aplicación a los beneficiarios en dicho ejercicio de las ayudas sociales por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de las reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo. Asimismo, serán de aplicación las reglas precedentes respecto de las pensiones de Clases Pasivas, con fecha inicial de abono durante 2020, para cuya determinación se hubieran tenido en cuenta haberes reguladores susceptibles de actualización en el mencionado ejercicio. 2. Los pensionistas perceptores durante 2020 de pensiones mínimas, pensiones no contributivas de la Seguridad Social, de pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no concurrentes, así como concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, los perceptores de prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo con 18 o más años de edad y un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100 y del subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte, recibirán, en un único pago, una cantidad equivalente a la diferencia entre la pensión que perciba en 2020 y la que hubiere correspondido de haber aplicado a las cuantías de 2019 un incremento porcentual igual al valor medio de los incrementos porcentuales interanuales del IPC de los meses de diciembre de 2019 a noviembre de 2020, siempre que el valor medio resultante sea superior al 0,9 por ciento. 3. Para la determinación inicial de las pensiones de Clases Pasivas con fecha de efectos económicos de 2020, los valores consignados en el capítulo II del título I del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, se incrementarán según lo dispuesto en el artículo 1.2. Disposición adicional única. Suspensión del artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y del artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. En 2020 la revalorización de las pensiones se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de este real decreto-ley, no siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. Disposición transitoria única. Efectos económicos de las disposiciones contempladas en esta norma. La revalorización y el incremento de las pensiones contempladas en esta norma tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2020. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen económico de la Seguridad Social. Disposición final segunda. Habilitación normativa. Se autoriza al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para dictar las disposiciones de carácter general que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto-ley. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 14 de enero de 2020. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN ANEXO Cuantías de pensiones y prestaciones públicas aplicables en 2020 I. Complementos por mínimos 1. Cuantías mínimas de las pensiones de la modalidad contributiva del Sistema de la Seguridad Social para el año 2020: Clase de pensión Titulares Con cónyuge a cargo – Euros/año SIn cónyuge: Unidad económica unipersonal – Euros/año Con cónyuge no a cargo – Euros/año Jubilación Titular con sesenta y cinco años. 11.807,60 9.569,00 9.081,80 Titular menor de sesenta y cinco años. 11.069,80 8.953,00 8.461,60 Titular con sesenta y cinco años procedente de gran invalidez. 17.711,40 14.354,20 13.623,40 Incapacidad Permanente Gran invalidez. 17.711,40 14.354,20 13.623,40 Absoluta. 11.807,60 9.569,00 9.081,80 Total: Titular con sesenta y cinco años. 11.807,60 9.569,00 9.081,80 Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años. 11.069,80 8.953,00 8.461,60 Total: Derivada de enfermedad común menor de sesenta años. 7.054,60 7.054,60 6.993,00 Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular con sesenta y cinco años. 11.807,60 9.569,00 9.081,80 Viudedad Titular con cargas familiares. – 11.069,80 – Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100. – 9.569,00 – Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años. – 8.953,00 – Titular con menos de sesenta años. – 7.249,20 – Clase de pensión Euros/año Orfandad Por beneficiario. 2.924,60 Por beneficiario menor de 18 años con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100. 5.754,00 En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 7.249,20 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios. Prestación de orfandad Un beneficiario. 8.820,00 Varios beneficiarios: a repartir entre número de beneficiarios 100. 14.868,00 En favor de familiares Por beneficiario. 2.924,60 Si no existe viudo ni huérfano pensionistas: Un solo beneficiario con sesenta y cinco años. 7.067,20 Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años. 6.661,20 Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 4.324,60 euros/año entre el número de beneficiarios. Límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos por mínimos: – En 2020: • Sin cónyuge a cargo: 7.638,00 euros/año. • Con cónyuge a cargo: 8.909,00 euros/año. 2. Cuantías mínimas de las pensiones de Clases Pasivas para el año 2020: Clase de pensión Importe Con cónyuge a cargo – Euros/año Sin cónyuge: unidad económica unipersonal – Euros/año Con cónyuge no a cargo – Euros/año Pensión de jubilación o retiro. 11.807,60 9.569,00 9.081,80 Pensión de viudedad. 9.569,00 Pensión familiar distinta de la de viudedad, siendo N el número de beneficiarios de la pensión o pensiones*. 9.328,20 N * En el supuesto de que existan varios beneficiarios, el importe de la pensión individual será el resultado de dividir dicha cantidad entre el número de perceptores; quedando garantizando el mínimo por beneficiario en 208,90 €/mes o 411,00 €/mes si es huérfano menor de 18 años y con una discapacidad igual o superior al 65 por 100. Límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos para mínimos: – En 2020: 7.638,00 euros/año. II. Cuantías de otras pensiones y prestaciones públicas 1. Límite máximo de percepción de pensión pública: 2.683,34 euros/mes o 37.566,76 euros/año. 2. Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI): – Pensiones del SOVI no concurrentes: 6.127,80 euros/año. – Pensiones del SOVI concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social o con alguna de estas pensiones y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad: 5.947,20 euros/año. 3. Pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva: 5.538,40 euros/año. – Complemento de pensión para el alquiler de vivienda: 525 euros anuales. 4. Prestaciones familiares de la Seguridad Social: – Asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad: 341 euros/año. Sin perjuicio de lo anterior, la cuantía de la asignación económica será en cómputo anual de 588 euros en los casos en que los ingresos sean inferiores al límite previsto en la siguiente escala: H = Hijos a cargo del beneficiario menores de 18. N = número de menores de 14 años en el hogar. M = número de personas de 14 o más años en el hogar. Integrantes de hogar Intervalo de ingresos Asignación integra anual Personas >=14 años (M) Personas <14 años (N) 1 1 4.723,00 o menos 588 x H 1 2 5.812,00 o menos 588 x H 1 3 6.902,00 o menos 588 x H 2 1 6.539,00 o menos 588 x H 2 2 7.629,00 o menos 588 x H 2 3 8.718,00 o menos 588 x H 3 1 8.355,00 o menos 588 x H 3 2 9.445,00 o menos 588 x H 3 3 10.534,00 o menos 588 x H M N 3.633,00 + [(3.633,00 x 0,5 x (M-1)) + (3.633,00 x 0,3 x N)] o menos 588 x H – Asignación económica por hijo o menor a cargo con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento: 1.000,00 euros/año. – Asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad: • Con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento: 4.747,20 euros/año. • Con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por ciento y con necesidad de concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida: 7.120,80 euros/año. – Prestación por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres con discapacidad establecida en el artículo 357 y cuya cuantía se recoge en el artículo 358 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social: 1.000,00 euros. – Límite de ingresos para el reconocimiento de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo: • Cuantía a la que se refiere el párrafo primero del artículo 352.1.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (hijos o menor a cargo sin discapacidad): 12.424,00 euros/año. • Cuantía a la que se refiere el párrafo segundo del artículo 352.1.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (familia numerosa): 18.699,00 euros/año, incrementándose en 3.029,00 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido. 5. Subsidios económicos del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobados por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre: – Subsidio de garantía de ingresos mínimos: 149,86 euros/mes. – Subsidio por ayuda de tercera persona: 58,45 euros/mes. – Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte: 68,10 euros/mes. 6. Pensiones asistenciales de la Ley 45/1960, de 21 de julio y Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio: 149,86 euros/mes. 7. Cuantía de la prestación económica establecida por la Ley 3/2005, de 18 de marzo: 7.507,83 euros/año. 8. Cuantía de las ayudas sociales reconocidas a los afectados por el VIH al amparo del Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de mayo: 639,33 euros/mes. III. Haberes reguladores de las pensiones de Clases Pasivas y cuantías aplicables a las pensiones especiales de guerra aplicables en 2020 1. Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado. a) Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones señaladas al amparo del título I del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. – Haberes reguladores para el personal ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con posterioridad a 1 de enero de 1985: Grupo/Subgrupo EBEP Haber regulador – Euros/año A1 42.184,02 A2 33.199,88 B 29.071,88 C1 25.498,08 C2 20.173,20 E (Ley 30/84) y Agrupaciones profesionales (EBEP) 17.199,27 – Haberes reguladores para el personal ingresado con anterioridad a 1 de enero de 1985: ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO Índice de proporcionalidad Haber regulador – Euros/año 10 42.184,02 8 33.199,88 6 25.498,08 4 20.173,20 3 17.199,27 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Índice multiplicador Haber regulador – Euros/año 4,75 42.184,02 4,50 42.184,02 4,00 42.184,02 3,50 42.184,02 3,25 42.184,02 3,00 42.184,02 2,50 42.184,02 2,25 33.199,88 2,00 29.071,88 1,50 20.173,20 1,25 17.199,27 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Cuerpo Haber regulador – Euros/año Secretario General. 42.184,02 De Letrados. 42.184,02 Gerente. 42.184,02 CORTES GENERALES Cuerpo Haber regulador – Euros/año De Letrados. 42.184,02 De Archiveros-Bibliotecarios. 42.184,02 De Asesores Facultativos. 42.184,02 De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. 42.184,02 Técnico-Administrativo. 42.184,02 Administrativo. 25.498,08 De Ujieres. 20.173,20 b) Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones señaladas al amparo del título II del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. Haberes reguladores ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO Índice de proporcionalidad Grado Grado especial Importe por concepto de sueldo y grado en cómputo anual/euros 10 (5,5) 8 – 28.279,11 10 (5,5) 7 – 27.501,91 10 (5,5) 6 – 26.724,74 10 (5,5) 3 – 24.393,12 10 5 – 23.996,29 10 4 – 23.219,14 10 3 – 22.441,95 10 2 – 21.664,69 10 1 – 20.887,50 8 6 – 20.179,01 8 5 – 19.557,39 8 4 – 18.935,71 8 3 – 18.314,05 8 2 – 17.692,42 8 1 – 17.070,75 6 5 – 15.372,71 6 4 – 14.906,60 6 3 – 14.440,58 6 2 – 13.974,44 6 1 (12 por 100) 15.073,41 6 1 – 13.508,33 4 3 – 11.375,06 4 2 (24 por 100) 13.573,25 4 2 – 11.064,25 4 1 (12 por 100) 12.009,07 4 1 – 10.753,42 3 3 – 9.821,58 3 2 – 9.588,50 3 1 – 9.355,46 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Índice multiplicador Importe por concepto de sueldo en cómputo anual/euros 4,75 46.180,60 4,50 43.750,04 4,00 38.888,89 3,50 34.027,78 3,25 31.597,25 3,00 29.166,68 2,50 24.305,56 2,25 21.875,00 2,00 19.444,46 1,50 14.583,34 1,25 12.152,79 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Cuerpo Importe por concepto de sueldo en cómputo anual/euros Secretario General. 43.750,04 De Letrados. 38.888,89 Gerente. 38.888,89 CORTES GENERALES Cuerpo Importe por concepto de sueldo en cómputo anual/euros De Letrados. 25.450,40 De Archiveros-Bibliotecarios. 25.450,40 De Asesores Facultativos. 25.450,40 De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. 23.371,45 Técnico-Administrativo. 23.371,45 Administrativo. 14.075,12 De Ujieres. 11.133,58 Trienios ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO Índice de proporcionalidad Valor unitario del trienio en cómputo anual/euros 10 913,55 8 730,86 6 548,09 4 365,44 3 274,07 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Índice multiplicador Valor unitario del trienio en cómputo anual/euros 3,50 1.701,39 3,25 1.579,87 3,00 1.458,34 2,50 1.215,25 2,25 1.095,25 2,00 972,24 1,50 729,17 1,25 607,66 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Cuerpo Valor unitario del trienio en cómputo anual/euros Secretario General. 1.701,39 De Letrados. 1.701,39 Gerente. 1.701,39 CORTES GENERALES Cuerpo Valor unitario del trienio en cómputo anual/euros De Letrados. 1.040,62 De Archiveros-Bibliotecarios. 1.040,62 De Asesores Facultativos. 1.040,62 De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. 1.040,62 Técnico-Administrativo. 1.040,62 Administrativo. 624,38 De Ujieres. 416,23 2. Cuantías aplicables para la determinación inicial de las pensiones especiales de guerra. Clase Importe referido a 12 mensualidades Pensión de mutilación reconocida al amparo de la Ley 35/1980. 5.212,64 euros Suma de remuneraciones básica, sustitutoria de trienios y suplementaria en compensación de retribuciones no percibidas de la Ley 35/1980. 14.058,35 euros Retribución básica reconocida al amparo de la Ley 6/1982. 9.840,84 euros Pensiones reconocidas al amparo del Decreto 670/1976. 6.245,40 euros La cuantía de las pensiones de orfandad en favor de huérfanos no incapacitados causadas por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, y 35/1980, de 26 de junio, será de 1.916,40 euros anuales, referido a doce mensualidades.

Decreto-Ley de subida de las pensiones un 0,9%, retroactivo a 1 de enero. No aplica a orfandad por violencia de género (subirá lo que suba el SMI) o las extraordinarias por víctimas del terrorismo (con su propia legislación), entre otras.

I El preámbulo del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social, dejaba constancia de la intención del Gobierno de cumplir con el compromiso comunicado a la Comisión Europea dentro del Plan Presupuestario 2020 del Reino de España de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas a través de una actualización de las pensiones del 0,9 por ciento desde el 1 de enero de 2020. Sin embargo, ante la limitación de actuaciones del Gobierno en funciones prevista en el artículo 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, resultó inevitable posponer la aplicación de esta medida hasta la formación de un nuevo Gobierno que se hallara en pleno uso de su capacidad propositiva y normativa, de conformidad con el artículo 22 de la citada ley. Con efectos de 1 de enero de 2020, este real decreto-ley establece una revalorización de las pensiones y otras prestaciones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva y no contributiva, así como de Clases Pasivas del Estado, del 0,9 por ciento, no siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y en el artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. Como complemento a esta previsión, el real decreto-ley incorpora un anexo en el que se recogen las cuantías de las pensiones mínimas, de otras pensiones y prestaciones públicas, así como los haberes reguladores de las pensiones de Clases Pasivas y las cuantías aplicables a las pensiones especiales de guerra para el año 2020. Por otro lado, se contempla igualmente la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en caso de que la inflación en 2020 sea superior al incremento previsto del 0,9 por ciento. II Este real decreto-ley se estructura en dos artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y tres disposiciones finales. El artículo primero versa sobre la determinación y revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas, estableciendo con carácter general un incremento del 0,9 por ciento cuyos efectos se retrotraen al 1 de enero de 2020. Igualmente se especifican aquellas otras pensiones públicas que no se ven afectadas por este incremento. Por su parte, el artículo segundo consagra una garantía de mantenimiento del poder adquisitivo durante el año 2020 en caso de que el valor medio de los incrementos porcentuales interanuales del IPC de los meses de diciembre de 2019 a noviembre de 2020 sea superior al 0,9 por ciento. La disposición adicional única establece que la revalorización de las pensiones se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del presente real decreto-ley, no siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. La disposición transitoria retrotrae los efectos económicos de las disposiciones previstas en este real decreto-ley a 1 de enero de 2020. Las disposiciones finales se destinan a establecer el título competencial, habilitación normativa y entrada en vigor, respectivamente. Por último, el anexo establece las cuantías de las pensiones y prestaciones públicas y límites de ingresos aplicables en 2020. III El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional en interpretación del artículo 86 de la Constitución (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F.5; 11/2002, de 17 de enero, F.4, 137/2003, de 3 de julio, F.3, y 189/2005, de 7 julio, F.3; 68/2007, F.10, y 137/2011, F.7), el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes. La actual situación de prórroga presupuestaria, unida a la decisión de posponer la revalorización de las pensiones recogida en el Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social, justifican la aprobación de la presente norma con el fin de evitar el perjuicio que para el colectivo de pensionistas supondría, en términos de pérdida de poder adquisitivo, que la revalorización no fuera efectiva hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020. Concurren, por tanto, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad propias de un real decreto-ley de acuerdo con nuestro texto constitucional. IV Cabe señalar que en este real decreto-ley se da cumplimiento a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la norma es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto que con ella se consigue el fin perseguido, la revalorización con carácter general del 0,9 por ciento de las pensiones y otras prestaciones públicas, no tratándose de una norma restrictiva de derechos o que imponga obligaciones a los interesados. Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto nacional como de la Unión Europea, sus objetivos se encuentran claramente ### RESUMEN: Decreto-Ley de subida de las pensiones un 0,9%, retroactivo a 1 de enero. No aplica a orfandad por violencia de género (subirá lo que suba el SMI) o las extraordinarias por víctimas del terrorismo (con su propia legislación), entre otras.

El Pleno del Tribunal, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1021-2004, interpuesto por el Presidente del Gobierno, y en su representación por el Abogado del Estado, contra el art. 10.2 y 3, y el inciso «ni para la realización de actividades por cuenta de aquéllos, correspondientes a su profesión» del art. 11 de la Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales. Ha comparecido y formulado alegaciones el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, representado por su Letrado. Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco José Hernando Santiago, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Con fecha 20 de febrero de 2004 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional, escrito del Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, por el que interpone recurso de inconstitucionalidad en relación con el art. 10.2 y 3, y el inciso «ni para la realización de actividades por cuenta de aquéllos, correspondientes a su profesión» del art. 11 de la Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales. En su escrito desarrolla dos impugnaciones autónomas, que son las siguientes: a) El art. 10.2 y 3 incorpora un apartado 2 bis al art. 5 y una disposición transitoria segunda, a la Ley 2/2003, de 17 de marzo, de medios de comunicación social asturiana, que viene a desarrollar un procedimiento excepcional de elección del consejo de administración del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, consistente en su elección por mayoría absoluta del Pleno de la Junta General del Principado, en el supuesto de que aquél no se hubiese constituido al inicio de cada legislatura de conformidad con el procedimiento ordinario previsto en el art. 5, apartado 1, de la Ley 2/2003, de 17 de marzo. A juicio del Abogado del Estado, este procedimiento resulta incompatible y contradictorio con lo previsto en la legislación estatal básica en materia de medios de comunicación social, que exige mayoría de dos tercios para la elección de los miembros del consejo de administración. Afirma el Abogado del Estado que, de conformidad con el régimen de distribución de competencias en materia de medios de comunicación social, que deriva de lo dispuesto en el art. 149.1.27 CE y en el art. 17 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, y con lo señalado en la STC 10/1982, de 23 de marzo, la Ley 4/1980, de 10 de enero, reguladora del estatuto de la radio y televisión, tiene el carácter de norma básica en esta materia. El art. 2.3 del estatuto establece que la organización y control parlamentario del tercer canal regional, así como la radiodifusión y televisión en el mismo ámbito territorial, se articulará orgánica y funcionalmente de acuerdo con los criterios establecidos en los arts. 5 a 12 y 26 del citado estatuto, y según ley de la Comunidad Autónoma. Y en el art. 7.1 del estatuto, al determinar la composición del consejo de administración del ente público Radiotelevisión Española, se establece con carácter básico, la elección de sus miembros mediante mayoría de dos tercios de la Cámara, entre personas de relevantes méritos profesionales. A la vista de lo anterior, la previsión autonómica es contraria a los criterios establecidos con carácter básico en el estatuto de la radio y la televisión (arts. 5 a 12), a los que debe sujetarse la regulación del tercer canal (art. 2.3); sin olvidar que la adecuación a estos artículos de la Ley 4/1980, de 10 de enero, proviene, asimismo, de lo dispuesto en la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal (art. 8). La impugnación del precepto deriva, en consecuencia, de la vulneración de las normas básicas estatales en materia de medios de comunicación social, sin que pueda justificarse la introducción por la legislación autonómica de una excepción a las citadas normas básicas, pues la doctrina constitucional (STC 146/1993, de 29 de abril) considera que las excepciones a la reglas básicas, aun cuando sean excepciones temporales, deben ser igualmente básicas y únicamente corresponde establecerlas al legislador estatal. b) El art. 11 de la ley recurrida establece dos causas de exención de la colegiación obligatoria para el personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos, cualquiera que sea la naturaleza de su relación de servicio. De conformidad con dicho precepto, el personal no necesitará estar incorporado al colegio profesional correspondiente «para el ejercicio de funciones administrativas, ni para la realización de actividades por cuenta de aquéllos, correspondientes a su profesión». La primera de las excepciones se refiere al «ejercicio de funciones administrativas» y, a juicio del Abogado del Estado, aunque no se especifiquen, tales funciones habrán de ser las típicas del ejercicio de las potestades administrativas, por lo que, en este caso, dicho personal no actúa en el ámbito del ejercicio de una profesión, sino en el ámbito del desempeño de las funciones propias de cuerpo, puesto o cargo, que le corresponde en la organización administrativa, y el control, la organización y la fiscalización de esa actividad se encuentran regulados en la normativa administrativa y se lleva a efecto mediante los propios órganos administrativos creados para esta finalidad. De lo anterior deduce que resulta razonable que esta actividad, ya sea funcionarial o laboral, quede fuera del requisito de la colegiación, dado, además, que la propia normativa básica estatal también prevé esta posibilidad. La segunda causa de exención de la colegiación –que constituye el objeto del presente recurso de inconstitucionalidad– se refiere a «la realización de actividades por cuenta de aquéllos, correspondientes a su profesión». Y si bien el inciso no especifica quién será el destinatario directo de esa actividad profesional, debe entenderse que serán los ciudadanos o terceros distintos de la Administración del Principado de Asturias, dado que la primera de las exenciones de colegiación se refiere al supuesto de las funciones que tienen por destinatarias a las Administraciones públicas, por lo que dicha previsión vulnera la normativa básica estatal, dictada en ejercicio de las competencias en materia de colegios profesionales. La materia «colegios profesionales» no se encuentra incluida en el listado de competencias reservadas al Estado, total o parcialmente, en el art. 149.1 CE, y sí se contempla en el art. 11.9 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, que atribuye a éste competencia de desarrollo legislativo y ejecución, en el marco de la legislación básica del Estado, y, en su caso, en los términos que la misma establezca, en materia de colegios profesionales; lo anterior determina que la competencia autonómica en esta materia haya de enmarcarse en lo dispuesto por la legislación básica estatal dictada en ejercicio de las competencias que derivan de lo señalado en el art. 149.1.18 CE, por el carácter semipúblico de los colegios profesionales, y de lo dispuesto en el art. 149.1.1 CE, por ser la colegiación requisito para el ejercicio del derecho que consiste en llevar acabo la actividad propia de una profesión titulada. La incidencia de la competencia estatal prevista en el art. 149.1.18 CE, deriva del carácter público de los colegios profesionales y de su similitud, aunque no sea total, con las Administraciones públicas, y ha sido reconocida en las SSTC 76/1983, 20/1988 y 87/1989; y respecto a la cuestión de si la citada competencia estatal puede alcanzar al régimen de obligatoriedad de colegiación para el ejercicio de las profesiones colegiadas y sus excepciones, el Abogado del Estado recuerda que la STC 330/1994, de 15 de diciembre, estableció que una de las materias de competencia del Estado es el régimen de colegiación de los profesionales, reconociendo expresamente, incluso en el caso de la máxima reducción competencial del Estado, que la determinación de si es o no necesaria la colegiación para ejercer la correspondiente profesión, constituye una base de la regulación, que es competencia estatal en virtud del título del art. 149.1.18 CE. Además del mencionado título competencial, la competencia estatal prevista en el art. 149.1.1 CE tiene, en esta materia, una doble proyección. Por una parte, la obligatoriedad o libertad de colegiación incide directamente en el derecho a elegir y, lógicamente, ejercer, una actividad profesional o empresarial, poniéndose en relación, por tanto, con el derecho previsto en el art. 35.1 CE; y, de otro, la colegiación supone una garantía en el ejercicio de las profesiones que inciden sobre bienes jurídicos de la máxima relevancia, como la vida, la integridad corporal, la libertad o la seguridad, lo que justifica, incluso constitucionalmente, la figura penal del intrusismo profesional, que trata de asegurar que los ciudadanos sean atendidos por los profesionales correspondientes (STC 150/1997, de 29 de septiembre), de donde concluye que en la exigencia de colegiación incide también la competencia estatal exclusiva sobre las condiciones básicas para el ejercicio de derechos constitucionales (art. 149.1.1 CE) y, de no admitirse esta tesis, podría ocurrir que la posición básica de los profesionales fuese distinta en cada una de las Comunidades Autónomas, conculcando el principio general de promoción de la igualdad, que se contempla en el art. 9.2 CE. Todo lo anterior viene a confirmar que corresponde al Estado la competencia para establecer con carácter básico el régimen de colegiación obligatoria y sus excepciones. Dicho régimen se encuentra contenido en la Ley sobre colegios profesionales de 13 de febrero de 1974, modificada por Ley de 26 de diciembre de 1978, que establece, como bases del régimen de colegiación, la colegiación obligatoria en su art. 3.2; regla general que encuentra su excepción en el número 3 del art. 1 de la Ley de 1974, precepto que ha sido interpretado en el sentido de que la base estatal reconoce expresamente que cuando el funcionario actúa dentro del ámbito de su función pública y, por lo tanto, bajo el régimen de organización, control y disciplina administrativa, queda excluido de estar sujeto a los fines y a las funciones de los colegios profesionales, pues será la propia Administración con sus medios personales, orgánicos y funcionales la que velará por el adecuado desempeño de las funciones públicas, siendo éste el criterio recogido en la doctrina de este Tribunal, entre otras, en la STC 131/1989, de 17 de julio. Por el contrario, la exención de colegiación, en relación con la realización de actividades propias de su profesión, del personal al servicio de la Administración del Principado, supone que el personal funcionario o laboral va a prestar sus servicios directamente a los ciudadanos u otros terceros aunque por cuenta de la Administración a la que pertenece; de este modo, su actividad sale del ámbito propio de la Administración porque se proyecta directamente sobre otras personas físicas o jurídicas, lo que impide que pueda incluirse en el supuesto de exclusión previsto en la base estatal y únicamente referido al ejercicio de competencias administrativas internas. En el supuesto controvertido, la exención de colegiación requeriría de una norma estatal que así lo disponga, en virtud de la competencia en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas (art. 149.1.18 CE) y de garantía de la igualdad en el régimen de ejercicio de las profesiones colegiadas (art. 149.1.1 CE). 2. Este Tribunal, mediante providencia de la Sección Tercera de 13 de abril de 2004, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno, y en su representación y defensa por el Abogado del Estado, acordando dar traslado de las actuaciones, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno del Principado de Asturias, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes; se acordó asimismo tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, conforme al art. 30 LOTC, produjo la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados; así como publicar la incoación del recurso y la suspensión acordada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias». 3. La Mesa del Senado, por escrito de su Presidente de 28 de abril de 2004, acordó dar por personada a esa Cámara y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. 4. La Mesa del Congreso de los Diputados, por escrito de su Presidente de 30 de abril de 2004, acordó no personarse en el proceso ni formular alegaciones. 5. La Junta General del Principado de Asturias, representada por su Letrado Mayor, por escrito de 3 de mayo de 2004, acordó su personación en el proceso, sin formular alegaciones, y ofrecer su colaboración a efectos del art. 88.1 LOTC. 6. El Abogado del Estado, por escrito de 5 de mayo de 2004, al amparo de lo establecido en el art. 86 LOTC y con remisión al art. 80 de la misma, solicitó de este Tribunal que acordase tener por desistido parcialmente al Presidente del Gobierno, en relación con la impugnación dirigida contra los números 2 y 3 del art. 10 de la Ley 6/2003, de 30 de diciembre. 7. La Sección Tercera del Tribunal, en providencia de 5 de mayo siguiente, acordó incorporar a los autos del escrito presentado por el Abogado del Estado y oír a la Junta General y al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, para que, en el plazo de cinco días, expusieren lo que estimasen conveniente sobre el desistimiento parcial del recurso. Y, en escrito de 12 de mayo de 2004, la Letrada del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en nombre y representación del Consejo de Gobierno, manifestó su conformidad con el desistimiento parcial, e interesa del Tribunal el levantamiento de la suspensión en relación a los preceptos que no han sido objeto de desistimiento. 8. En fecha 13 de mayo de 2004 tuvo entrada en el Tribunal el escrito de alegaciones de la Letrada del servicio jurídico del Principado de Asturias, en el que se solicita la desestimación del presente recurso de inconstitucionalidad por las razones que a continuación se exponen resumidamente. a) Considera la representación procesal de la Comunidad Autónoma que los apartados 2 y 3 del art. 10 de la Ley 6/2003, de 30 de diciembre, encuentran amparo en las competencias que a la misma atribuye el art. 17 del Estatuto de Autonomía, pues la Ley 4/1980, de 10 de enero, del estatuto de la radio y la televisión y la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de televisión, no son normas atributivas de competencias, sino que se trata de normas delimitadoras o definidoras, que constituyen el marco legislativo estatal de carácter básico dentro del cual pueden asumirse las competencias en los Estatutos de Autonomía y pueden ejercerse las competencias autonómicas, en virtud de la propia remisión que hace el art. 17 del Estatuto de Autonomía y sobre la base de lo dispuesto en el art. 149.1.27 CE. En este marco, el art. 2.3 de la Ley 4/1980 prevé que las Comunidades Autónomas dispongan la organización y funcionamiento del tercer canal regional y de la radiodifusión sonora y la televisión de acuerdo con los criterios con los que se organiza y funciona el ente público Radio Televisión Española (RTVE), que se contienen en las secciones I a V del capítulo II al que se remite; de este modo el propio art. 2.3 expresa, de manera muy indeterminada, que el contenido de estas secciones contiene «criterios» que, si bien, tienen carácter básico, en cuanto tales criterios no son ni pueden ser absolutos, completos y exhaustivos, sino que requieren adaptación e interpretación para ajustar unas normas que han sido concebidas para un organismo específico, como es el ente público RTVE, a la realidad de las Comunidades Autónomas. En este contexto y con respecto a la designación de los miembros del Consejo de Administración, las Comunidades Autónomas pueden llevar a cabo una adaptación de los criterios básicos, en la que tienen cabida ciertas diferencias respecto al régimen contenido en la Ley 4/1980, por lo que no es posible proclamar la taxatividad de lo dispuesto en los arts. 5 a 12 de la Ley 4/1980; y el propio Tribunal ha reconocido que existen dos niveles de intensidad en la delimitación por parte del Estado del ámbito de ejercicio de las competencias autonómicas para organizar su sistema institucional de medios de comunicación social (SSTC 10/1982, FJ 2 y 146/1993, FJ 2). El criterio básico estatal, asumido como procedimiento ordinario y general en la designación del Consejo de Administración del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, no impide que las Comunidades Autónomas puedan desarrollarlo y disponer regulaciones extraordinarias que lo complementen en situaciones excepcionales, que no han sido previstas en dichos criterios básicos de carácter general, siempre y cuando se encuentren debidamente fundamentadas y justificadas, como es el caso del art. 10 de la Ley autonómica. Se afirma, finalmente, en relación con la afirmación contenida en la demanda de que el carácter básico se extiende tanto a la ordenación ordinaria de una materia como a las excepciones que el propio Estado establezca de la misma, que esto no implica que las Comunidades Autónomas no puedan introducir una ordenación extraordinaria en ejercicio de sus competencias de desarrollo sobre la ordenación ordinaria que se haya establecido con carácter básico. b) En lo que respecta a la supuesta inconstitucionalidad del art. 11 de la Ley autonómica, en el inciso impugnado, considera el representante autonómico que no resulta aceptable la interpretación que el Abogado del Estado efectúa de los dos supuestos reguladores contenidos en el precepto, pues considera que la excepción a la regla general de colegiación es una y única para todos los empleados públicos, e incluye con carácter general la totalidad de los servicios susceptibles de ser prestados por dichos empleados; esto es, la excepción de colegiación comprende a todos los empleados públicos de la Administración del Principado, cuando actúan en el ejercicio de su función o empleo de carácter público para esta Administración, por lo que la regulación recurrida no incide en la obligatoriedad de la colegiación con alcance general en profesiones concretas y fuera del espacio de las relaciones de servicio de la Administración del Principado de Asturias con su personal. A juicio del Letrado autonómico, el carácter básico o esencial de la obligatoriedad de colegiación de los empleados públicos no se deduce ni del art. 36 ni del art. 149 CE, ni de ninguna disposición en la que el Estado haya hecho uso de tal potestad normativa. A mayor abundamiento, la Ley 7/1997, de 14 de abril, de modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de colegios profesionales, en su disposición adicional segunda precisa cuáles son los artículos de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, que tienen el carácter de legislación básica dictada al amparo de las cláusulas 1 y 18 del art. 149.1 CE, y en la relación de preceptos básicos no aparece incluido el art. 1.3, por lo que al amparo del art. 149.1.18 CE no puede añadirse más espacio a la reserva estatal del contenido de la disposición final segunda. A juicio del representante autonómico, la potestad normativa sobre la colegiación de los empleados públicos no sólo reside en el título competencial sobre «colegios profesionales», sino que dicho título se complementa con el título competencial sobre «función pública», lo que implica que sobre la colegiación del personal al servicio de la Administración del Estado corresponderá decidir al legislador estatal, y sobre la colegiación del personal al servicio de las Comunidades Autónomas, al legislador autonómico, dentro del respeto a las bases del régimen jurídico de los empleados públicos cuya competencia ostenta el Estado y en la que no se encuentra referencia alguna a la colegiación obligatoria para ninguna profesión. La competencia estatal sobre las «bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas» (art. 149.1.18) se circunscribe a la fijación de los criterios básicos en materia de organización y competencia de los colegios profesionales (SSTC 20/1998, de 27 de enero, 76/1983, de 5 de agosto y 87/1989, de 11 de mayo). Y en cuanto a la alegada aplicación del art. 149.1.1 CE, considera el Letrado autonómico que resulta difícil entender que la determinación de la no obligatoriedad de colegiación obstaculice el ejercicio del derecho contemplado en el art. 35 CE, pues, en su caso, podría defenderse lo contrario, pero lo que nunca puede asumirse es que el levantamiento de un obstáculo legal para el ejercicio profesional pueda incidir en las condiciones básicas de ejercicio de un derecho. Pone de relieve la representación autonómica que, cuando el Estado ha tenido oportunidad de determinar «las condiciones básicas del ejercicio del derecho» ha omitido tal posibilidad, lo que no es sino una demostración de la inexistencia de tal competencia estatal, poniendo como ejemplo la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de selección y provisión de plazas de personal estatutario de los servicios de salud, que excluyó la exigencia de colegiación como requisito necesario para obtener el nombramiento como personal estatutario fijo del Sistema Nacional de Salud, o la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, que ha omitido cualquier exigencia de colegiación obligatoria en orden a la adquisición de la condición de personal estatutario fijo. No puede defenderse, por tanto, que nos hallemos ante un supuesto de garantía de igualdad en las condiciones básicas para el ejercicio de los derechos, cuando expresamente se excepcionan colectivos (así, médicos militares), y el hecho de que otras normas autonómicas, como las de Cantabria, País Vasco y La Rioja no hayan sido impugnadas, abona también esta idea. Corresponde, pues, al legislador y a la Administración pública competente por razón de la relación funcionarial, determinar con carácter general en qué supuestos y condiciones puede excluirse la obligación de colegiación, por tratarse de un ejercicio profesional al servicio de la propia Administración e integrado en una organización administrativa con su inseparable carácter público. El texto de las alegaciones concluye con la solicitud, en otrosí, de que se acuerde el inmediato levantamiento de la suspensión de la disposición impugnada, sin perjuicio de las alegaciones que, con mayor fundamento, se realicen en el momento procesal adecuado. 9. Próximo a finalizar el plazo de los cinco meses que señala el art. 161.2 CE desde que se produjo la suspensión de los preceptos impugnados en este recurso de inconstitucionalidad, la Sección Tercera acordó, mediante providencia de 25 de mayo de 2004, conceder a las partes personadas un plazo de cinco días para que expusieran lo que considerasen conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Evacuando el trámite conferido, el Abogado del Estado presentó, el 1 de junio de 2004, escrito en el que se recuerda que en fecha 4 de mayo fue presentado por esa representación escrito solicitando se acordase tener por desistido al Presidente del Gobierno de la Nación en lo relativo a los números 2 y 3 del art. 10 de la Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, y se señala que no se formulan alegaciones sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión, ni sobre el referido precepto pendiente de acuerdo de desistimiento, ni sobre el inciso recurrido del art. 11 de la ley autonómica. En fecha 3 de junio de 2004, tuvo entrada el escrito de la Letrada del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, que postulaba el levantamiento de la suspensión. 10. Mediante el ATC 234/2004, de 7 de junio, el Tribunal acordó tener por desistido parcialmente al Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, de la impugnación de los números 2 y 3 del art. 10 de la Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales, y dejar sin efecto la suspensión de la aplicación y vigencia de los mencionados apartados del citado precepto legal, manteniéndose el recurso de inconstitucionalidad en cuanto a la impugnación del inciso «ni para la realización de actividades por cuenta de aquéllos, correspondientes a su profesión» de su art. 11. Esta decisión fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 de junio de 2004. En el posterior ATC 240/2004, de 29 de junio, el Tribunal acordó levantar la suspensión de la vigencia y aplicación del mencionado inciso del art. 11 de la Ley, decisión que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de julio de 2004. 11. Por providencia de 26 de febrero de 2013 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 28 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy. II. Fundamentos jurídicos 1. Tras haberse producido el desistimiento parcial que se refleja en los antecedentes de esta resolución, el presente recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación, se dirige contra el inciso final del art. 11 de la Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre. El precepto dispone: «El personal al servicio de la Administración Pública del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos, cualquiera que sea la naturaleza de su relación de servicio, no necesitará estar incorporado al colegio profesional correspondiente para el ejercicio de sus funciones administrativas, ni para la realización de actividades por cuenta de aquéllos, correspondientes a su profesión». La impugnación se ciñe al inciso «ni para la realización de actividades por cuenta de aquéllos». El Abogado del Estado considera que el inciso impugnado, en cuanto exime de colegiación a los empleados públicos autonómicos para el ejercicio de actividades profesionales por cuenta de la Administración del Principado, pero dirigidas a ciudadanos o terceros destinatarios, vulnera la competencia que corresponde al Estado, en virtud de lo dispuesto en el art. 149.1.1 y 18 de la Constitución para establecer con carácter básico los supuestos de colegiación profesional obligatoria y sus excepciones, así como la legislación básica estatal en la materia. La representación procesal de la Comunidad Autónoma afirma, por el contrario, que el inciso impugnado regula la actuación profesional de los empleados públicos autonómicos cuando ejercen funciones o desarrollan su actividad en el ámbito del servicio público y bajo dependencia de la Administración autonómica, por lo que la competencia ejercida es la que corresponde a la Comunidad Autónoma en materia de función pública, dentro del respeto a las bases estatales en materia de régimen jurídico de los empleados públicos, siendo así que en las bases estatales dictadas en esta materia no se encuentra referencia alguna a la colegiación obligatoria, por lo que no se ha producido la mencionada invasión competencial. 2. Una vez expuestas sintéticamente las posiciones de las partes que se enfrentan en este proceso, resulta conveniente realizar algunas precisiones de orden procesal, antes de proceder al examen de la cuestión de fondo. En lo que respecta a la pervivencia del proceso, debe señalarse que la Ley 6/2003, de 30 de diciembre, fue modificada por la disposición final primera de la Ley asturiana 6/2004, de 28 de diciembre, únicamente en lo relativo a su denominación, que pasó a ser la de «Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2004»; y ha sido asimismo objeto de algunas reformas puntuales que no han afectado al art. 11, objeto del presente recurso, el cual mantiene su redacción original, por lo que subsiste la controversia en los términos en que ha sido planteada. Tratándose de un recurso en el que se ventilan únicamente cuestiones de índole competencial, es necesario tener en cuenta que, de acuerdo con nuestra doctrina sobre el ius superveniens en procesos de naturaleza competencial, nuestro control ha de hacerse de acuerdo con el bloque de constitucionalidad y con las demás normas que operan como parámetro de enjuiciamiento que estén vigentes en el momento de dictar sentencia (por todas, STC 148/2012, de 5 de julio, FJ 2). En este sentido, hemos de tener presente que la Ley estatal 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales, invocada por el Abogado del Estado como norma básica de contraste, ha sido reformada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, disposición esta última que deviene, pues, en parámetro para resolver la controversia planteada. 3. También con carácter previo al examen de fondo, debemos dar respuesta a la alegación formulada por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias sobre la inexistencia de una auténtica controversia competencial que sustente el presente recurso de inconstitucionalidad. Para el Abogado del Estado, la exención de colegiación resulta admisible en lo que respecta al ejercicio por los empleados públicos de funciones administrativas propias del puesto o cargo y que se realicen bajo la tutela de la Administración pública, pero no puede extenderse al ejercicio por los empleados públicos de una actividad profesional por cuenta de la Administración pública que tenga como objeto a terceros destinatarios del servicio público, siendo este último supuesto el que determina la vulneración de las competencias estatales. La representación autonómica considera que el inciso impugnado admite una interpretación conforme con lo señalado por el representante estatal, en cuanto entiende que la excepción a la regla de colegiación que el precepto contiene es una y única para todos los empleados públicos e incluye la totalidad de los servicios susceptibles de ser prestados por dichos empleados públicos cuando actúan en el ejercicio de una función o empleo de carácter público para dicha Administración, por lo que dicha regulación no afecta a la obligatoriedad de colegiación para el ejercicio profesional fuera del espacio de las relaciones de servicio de la Administración autonómica con su personal y, en consecuencia, no se produce la alegada vulneración competencial. Este planteamiento ha sido expresamente rechazado por este Tribunal en la reciente STC 3/2013, de 17 de enero, entendiendo que «con independencia de la interpretación que se haga, … lo que está en discusión es la competencia de la Comunidad Autónoma … para eximir de la colegiación a los funcionarios, personal estatutario y laboral que realizan su actividad profesional al servicio exclusivo de las Administraciones autonómicas, cuando dicha actividad va destinada a terceros usuarios del servicio público. Es ésta la competencia que la Comunidad Autónoma afirma tener, y que el Estado rechaza. Existe, pues, un debate competencial» (FJ 4). 4. Entrando en el examen de la cuestión de fondo, y tratándose de un recurso de carácter fundamentalmente competencial, debemos comenzar por el encuadramiento competencial del precepto controvertido. Ambas partes coinciden en considerar que la materia regulada se inserta en el ámbito de las competencias sobre «colegios profesionales», si bien la Comunidad Autónoma afirma, además, que dicho título se interfiere y complementa con el referente a la «función pública». En la antes citada STC 3/2013, de 17 de enero, ya afirmamos que la materia regulada se inserta en el título competencial relativo a «colegios profesionales», en cuanto «contiene … la excepción a una regla general que sirve como elemento definitorio de la institución colegial a la que se pertenece en razón de la actividad profesional que se realiza. Por ello debe quedar encuadrado en el título competencial al que responde dicha normativa, es decir, el de colegios profesionales», y descartamos su inserción en el ámbito material de la función pública, pues «el título competencial sobre función pública debe considerarse meramente incidental, no sólo porque, como es jurisprudencia de este Tribunal, debe primar la regla competencial específica sobre la más genérica (SSTC 87/1987, FJ 2; 152/2003, FJ 7; y 212/2005, FJ 3, entre otras) –si bien a este criterio no se le puede atribuir un valor absoluto (SSTC 197/1996, FJ 4; y 14/2004, FJ 5)– sino también porque el título de función pública solo sería de aplicación preferente en el caso de los Colegios Profesionales integrados exclusivamente por funcionarios públicos o por quienes ejercen funciones públicas (STC 87/1989, FJ 3), lo que no ocurre en el presente caso» (FJ 5). La competencia autonómica en esta materia se contiene en el art. 11.9 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, conforme al cual, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a ésta el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de «Corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales. Ejercicio de profesiones tituladas». La competencia del Estado para regular los colegios profesionales –en los términos señalados en el mismo fundamento jurídico de la STC 3/2013, de 17 de enero– «viene dada por el art. 149.1.18 CE, que le permite fijar los principios y reglas básicas de este tipo de entidades corporativas … Aun cuando los colegios profesionales se constituyen para defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, tiene también una dimensión pública que les equipara a las Administraciones Públicas de carácter territorial aunque a los solos aspectos organizativos y competenciales en los que ésta se concreta y singulariza [SSTC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 26; 20/1988, de 18 de febrero, FJ 4; 87/89, de 11 de mayo, FJ 3 b)]. En definitiva, corresponde al Estado fijar las reglas básicas a que los colegios profesionales han de ajustar su organización y competencias, aunque con menor extensión e intensidad que cuando se refiere a las Administraciones públicas en sentido estricto (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 71)». A partir de lo anterior, procede pues contrastar el inciso impugnado con lo establecido en la Ley estatal reguladora de los colegios profesionales que, como hemos señalado, es la Ley 2/1974, de 13 de febrero –en la redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio– cuyo art. 3.2 establece: «Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al colegio profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal». Y en el art. 1.3, también en su redacción vigente, se dispone que «son fines esenciales de estas Corporaciones la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón de la relación funcionarial». Conforme a la disposición final primera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, la modificación de la Ley sobre colegios profesionales se realiza al amparo del art. 149.1.18 y 30 de la Constitución. La cuestión a dilucidar se centra pues, esencialmente, en determinar si la excepción prevista con carácter básico en el art. 1.3 de la ley estatal, ampara el ejercicio profesional de los funcionarios y empleados públicos siempre y cuando actúen por cuenta de la Administración pública, y aun en el supuesto de que sus destinatarios sean terceros usuarios de los servicios públicos. A esta cuestión da respuesta la repetida STC 3/2013, de 17 de enero, cuando afirma que «el art. 1.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de colegios profesionales, no contiene una excepción a la regla de colegiación forzosa para los profesionales que ejercen su actividad al servicio de la Administración pública, cuando ésta resulte exigible, pues ello no se desprende del tenor literal del precepto ni obedece al concepto de colegio profesional que acogió la Ley 2/1974, de 13 de febrero, y hoy se mantiene para los colegios profesionales de colegiación obligatoria». Añadiendo más adelante que «la expresión “sin perjuicio de la competencia de la Administración pública por razón de la relación funcionarial”, no contiene una exclusión del régimen de colegiación obligatoria de los funcionarios públicos sino, al contrario, una cautela dirigida a garantizar que el ejercicio de las competencias colegiales de ordenación de la profesión que se atribuyen, en exclusiva a los colegios profesionales y, por tanto, a los propios profesionales, no desplaza o impide el ejercicio de las competencias que, como empleadora, la Administración ostenta sin excepción sobre todo su personal, con independencia de que éste realice o no actividades propias de profesiones colegiadas. Una cautela especialmente necesaria en cuanto que la función de ordenación del ejercicio de la profesión que se atribuye a los colegios profesionales en el art. 1.3, no se limita al “ejercicio libre” de la profesión, sino que se extiende “al ejercicio de la profesión” con independencia de que se realice por cuenta propia o ajena» (FJ 6). El anterior razonamiento permite concluir –siguiendo los postulados de la Sentencia– que, dado que el art. 1.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, no exime a los empleados públicos de colegiarse cuando realizan las actividades propias de una profesión para cuyo ejercicio se exige la colegiación, la exención del deber de colegiación de los funcionarios, personal estatutario y personal laboral al servicio de las Administraciones públicas del Principado de Asturias, para la realización de actividades por cuenta de la Administración, correspondientes a su profesión, que se contiene en el inciso impugnado, «vulnera lo establecido en el art. 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, que exige la colegiación forzosa para las profesiones que determine una ley del Estado». 5. Constatada la concurrencia de un supuesto de inconstitucionalidad mediata, o de contradicción de la norma autonómica impugnada con la legislación del Estado, la adecuación de la norma de contraste (la Ley 25/2009, de 22 de diciembre) a las competencias estatales en la materia, es objeto de examen en el texto de la STC 3/2013, de 17 de enero, en la que, por remisión a su vez a lo dispuesto en la STC 330/1994, de 15 de diciembre, FJ 9, viene a concluir que la normativa estatal encuentra cobertura en el art. 149.1.18 CE y en el desarrollo legislativo del art. 36 del texto fundamental, siendo así que «la determinación del régimen de colegiación tiene carácter básico, pues es una condición esencial de la conformación de cada colegio profesional: Ahora bien, dado que en la Ley se limita considerablemente la dimensión pública que tenían estos colegios, sustituyendo sus facultades de autorización y control por la que realicen los organismos competentes de la Administración pública, paralelamente el nivel de lo básico debe ser reducido y, por tanto, de la ordenación dispuesta en el art. 31 sólo han de considerarse básicos la denominación, la ausencia de obligatoriedad en su adscripción y la existencia de un consejo general». Se afirma asimismo que «el carácter forzoso de la colegiación, como excepción a la libertad general de asociación, debe venir justificado por la relevancia del fin público que se persigue, así como por la dificultad de obtener ese fin sin recurrir a la adscripción forzosa al ente corporativo». En definitiva, «la competencia estatal para fijar las bases deriva … de la configuración de los colegios profesionales como corporaciones de Derecho público y de la atribución a los mismos de funciones públicas de mayor o menor relevancia para la profesión, y dado que el art. 36 CE no hace reserva de la institución colegial a las profesiones tituladas, la competencia del Estado para definir el modelo de colegio profesional para las profesiones reguladas no tituladas encuentra los mismos límites que cuando la ejerce para las profesiones tituladas (STC 330/1994, FJ 9)» (FJ 7). Por otro lado y en relación con la invocación que realiza el Abogado del Estado a lo dispuesto en el art. 149.1.1 CE, hemos señalado que «resulta necesario analizar si … la exigencia de colegiación forzosa y la determinación de las excepciones que puedan imponerse a la misma, puede considerarse una condición básica en los términos que ésta ha sido definida por la doctrina constitucional», y, en relación con ello, consideramos que «la colegiación obligatoria para el ejercicio de determinadas profesiones constituye, en definitiva, un límite que se impone al contenido primario del derecho del art. 35.1 CE por ser un requisito necesario para su ejercicio; es también … un límite esencial en la medida en que su exigencia supone la excepción, para quienes eligen una determinada profesión, del derecho fundamental de asociación en su vertiente negativa y, finalmente, resulta imprescindible, pues no se garantizaría el ejercicio del derecho del art. 35.1 CE en condiciones de igualdad, si el resultado del juicio que necesariamente debe realizarse a la vista de los concretos intereses públicos que concurren en cada caso, en cada profesión, y la obligación de elegir la alternativa menos gravosa entre las permitidas en el art. 36 CE, fuera distinta dependiendo del lugar de establecimiento o prestación» (FJ 8). Todo lo expuesto, lleva a la conclusión de que «el inciso impugnado, al eximir de la colegiación obligatoria a los empleados públicos, cuando ejercen la profesión por cuenta de la Administración, establece una excepción no contemplada en la Ley estatal de colegios profesionales …. Siendo competente el Estado para establecer la colegiación obligatoria, lo es también para establecer las excepciones que afectan a los empleados públicos a la vista de los concretos intereses generales que puedan verse afectados» (STC 3/2013, de 17 de enero, FJ 8), motivo por el cual hemos de concluir que el inciso impugnado ha vulnerado las competencias estatales y ello determina, por tanto, su inconstitucionalidad. F A L L O En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Estimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 1021-2004, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra el inciso «ni para la realización de actividades por cuenta de aquéllos, correspondientes a su profesión» del art. 11 de la Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales, y, en consecuencia, declarar su inconstitucionalidad y nulidad. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a veintiocho de febrero de dos mil trece.–Pascual Sala Sánchez.–Ramón Rodríguez Arribas.–Manuel Aragón Reyes.–Pablo Pérez Tremps.–Francisco José Hernando Santiago.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Firmado y rubricado.

El Tribunal Constitucional anula la colegiación voluntaria del personal al servicio de la administración en Asturias

El Pleno del Tribunal, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1021-2004, interpuesto por el Presidente del Gobierno, y en su representación por el Abogado del Estado, contra el art. 10.2 y 3, y el inciso «ni para la realización de actividades por cuenta de aquéllos, correspondientes a su profesión» del art. 11 de la Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales. Ha comparecido y formulado alegaciones el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, representado por su Letrado. Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco José Hernando Santiago, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Con fecha 20 de febrero de 2004 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional, escrito del Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, por el que interpone recurso de inconstitucionalidad en relación con el art. 10.2 y 3, y el inciso «ni para la realización de actividades por cuenta de aquéllos, correspondientes a su profesión» del art. 11 de la Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales. En su escrito desarrolla dos impugnaciones autónomas, que son las siguientes: a) El art. 10.2 y 3 incorpora un apartado 2 bis al art. 5 y una disposición transitoria segunda, a la Ley 2/2003, de 17 de marzo, de medios de comunicación social asturiana, que viene a desarrollar un procedimiento excepcional de elección del consejo de administración del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, consistente en su elección por mayoría absoluta del Pleno de la Junta General del Principado, en el supuesto de que aquél no se hubiese constituido al inicio de cada legislatura de conformidad con el procedimiento ordinario previsto en el art. 5, apartado 1, de la Ley 2/2003, de 17 de marzo. A juicio del Abogado del Estado, este procedimiento resulta incompatible y contradictorio con lo previsto en la legislación estatal básica en materia de medios de comunicación social, que exige mayoría de dos tercios para la elección de los miembros del consejo de administración. Afirma el Abogado del Estado que, de conformidad con el régimen de distribución de competencias en materia de medios de comunicación social, que deriva de lo dispuesto en el art. 149.1.27 CE y en el art. 17 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, y con lo señalado en la STC 10/1982, de 23 de marzo, la Ley 4/1980, de 10 de enero, reguladora del estatuto de la radio y televisión, tiene el carácter de norma básica en esta materia. El art. 2.3 del estatuto establece que la organización y control parlamentario del tercer canal regional, así como la radiodifusión y televisión en el mismo ámbito territorial, se articulará orgánica y funcionalmente de acuerdo con los criterios establecidos en los arts. 5 a 12 y 26 del citado estatuto, y según ley de la Comunidad Autónoma. Y en el art. 7.1 del estatuto, al determinar la composición del consejo de administración del ente público Radiotelevisión Española, se establece con carácter básico, la elección de sus miembros mediante mayoría de dos tercios de la Cámara, entre personas de relevantes méritos profesionales. A la vista de lo anterior, la previsión autonómica es contraria a los criterios establecidos con carácter básico en el estatuto de la radio y la televisión (arts. 5 a 12), a los que debe sujetarse la regulación del tercer canal (art. 2.3); sin olvidar que la adecuación a estos artículos de la Ley 4/1980, de 10 de enero, proviene, asimismo, de lo dispuesto en la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal (art. 8). La impugnación del precepto deriva, en consecuencia, de la vulneración de las normas básicas estatales en materia de medios de comunicación social, sin que pueda justificarse la introducción por la legislación autonómica de una excepción a las citadas normas básicas, pues la doctrina constitucional (STC 146/1993, de 29 de abril) considera que las excepciones a la reglas básicas, aun cuando sean excepciones temporales, deben ser igualmente básicas y únicamente corresponde establecerlas al legislador estatal. b) El art. 11 de la ley recurrida establece dos causas de exención de la colegiación obligatoria para el personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos, cualquiera que sea la naturaleza de su relación de servicio. De conformidad con dicho precepto, el personal no necesitará estar incorporado al colegio profesional correspondiente «para el ejercicio de funciones administrativas, ni para la realización de actividades por cuenta de aquéllos, correspondientes a su profesión». La primera de las excepciones se refiere al «ejercicio de funciones administrativas» y, a juicio del Abogado del Estado, aunque no se especifiquen, tales funciones habrán de ser las típicas del ejercicio de las potestades administrativas, por lo que, en este caso, dicho personal no actúa en el ámbito del ejercicio de una profesión, sino en el ámbito del desempeño de las funciones propias de cuerpo, puesto o cargo, que le corresponde en la organización administrativa, y el control, la organización y la fiscalización de esa actividad se encuentran regulados en la normativa administrativa y se lleva a efecto mediante los propios órganos administrativos creados para esta finalidad. De lo anterior deduce que resulta razonable que esta actividad, ya sea funcionarial o laboral, quede fuera del requisito de la colegiación, dado, además, que la propia normativa básica estatal también prevé esta posibilidad. La se ### RESUMEN: El Tribunal Constitucional anula la colegiación voluntaria del personal al servicio de la administración en Asturias

Primero. Por Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril, se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical. Segundo. Por Resolución de 28 de mayo de 2012, se convocó para el ejercicio 2012 la concesión del tipo de subvenciones citado en el apartado anterior, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.01.291M.48900, del presupuesto de gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tercero. El Real Decreto 1971/2008, de 28 de noviembre, regula la concesión de forma directa de subvenciones a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo e Inmigración (hoy Empleo y Seguridad Social), de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.01.291M.48000, del presupuesto de gastos del hoy Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se procede a la publicación de las subvenciones concedidas con cargo a las aplicaciones presupuestarias 19.01.291M.48900 y 19.01.291M.48000, del presupuesto de gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social durante el ejercicio 2012. En su virtud, esta Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, acuerda: Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» las subvenciones otorgadas durante el año 2012, detalladas en el Anexo I de la presente resolución. Madrid, 23 de julio de 2013.–El Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro. ANEXO I Relación de subvenciones concedidas por la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social durante el año 2012 1. Aplicación presupuestaria: 19.01.291M.48900. Finalidad: Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical. Convocatoria: Resolución de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social de 28 de mayo de 2012 («BOE» de 9 de junio). Entidad sindical Subvención (en euros) SINDICATO LIBRE DE TRANSPORTE. 7.987,73 SINDICATO LIBRE DE TRABAJADORES DE MADRID. 1.425,04 AGRUPACIO DE METGES I ENFERMERES DE CATALUNYA. 150,00 ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA. 2.850,08 CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS. 353.897,78 EZKER SINDIKALAREN KONBERGENTZIA. 10.200,30 CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE CAJAS Y AFINES. 23.288,18 FRENTE SINDICAL OBRERO DE CANARIAS. 9.862,79 SINDICATO FERROVIARIO. 2.700,08 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ESPAÑA. 4.173.308,70 SINDICATO DE EMPLEADOS DE BANESTO. 2.137,56 INTERSINDICAL CANARIA. 41.063,69 ASOCIACION SINDICAL SOLIDARI. 1.725,05 FEDERACIÓN INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL CRÉDITO. 15.262,94 CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES. 14.025,41 SINDICATO ESPAÑOL DE MAQUINISTAS Y AYUDANTES FERROVIARIOS. 6.075,18 AFAPNA-SINDICATO. 2.212,56 ASOCIACIÓN SINDICAL ESPAÑOLA DE TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO. 787,52 UNIÓN SINDICAL OBRERA. 396.574,02 EUSKAL LANGILEEN ALKARTASUNA. 346.847,57 FEDERACIÓN ANDALUZA DE SINDICATOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA. 10.237,80 COORDINADORA ESTATAL DE TRABAJADORES DEL MAR. 6.525,19 SINDICATO DE PERIODISTAS DE MADRID. 2.625,08 ERTZAINEN NAZIONAL ELKARTASUNA. 1.237,54 CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL DE CAJAS. 18.263,03 SINDICAT DE PERIODISTES DE CATALUNYA. 3.225,09 UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE GALICIA. 2.475,07 SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS. 1.725,05 SINDICATO AUTÓNOMO DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE SEGURIDAD. 4.125,12 CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL. 53.251,55 METGES DE CATALUNYA. 9.937,79 SINDICATO MÉDICO DE EUSKADI. 1.462,54 SINDICATO INDEPENDIENTE DE POLICÍA LOCAL DE ASTURIAS. 1.312,54 CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS. 4.409.303,06 SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS LOCALES Y BOMBEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 7.425,22 SINDICATO INDEPENDIENTE. 39.151,14 CONFEDERACIÓN DE CUADROS Y PROFESIONALES. 20.588,10 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE EUSKADI-EUSKADIKO IRAKASKUNTZAKO LANGILEEN SINDIKATOA. 6.862,70 CONFEDERACIÓN ESTATAL DE SINDICATOS MÉDICOS. 5.737,67 FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA DEL ESTADO ESPAÑOL. 142.129,13 SINDICATO DE TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA. 5.025,15 SINDICATO DE CIRCULACIÓN FERROVIARIO. 2.887,58 SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS. 1.762,55 SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES. 8.475,25 CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA. 186.830,43 SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA. 1.687,55 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES OBRERAS SINDICALES-LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK. 159.717,14 SINDICATO PROFESIONAL DE VIAJES. 8.962,76 FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE EDUCACIÓN Y SANIDAD. 50.363,96 CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO. 169.167,41 SINDICATO DE ENFERMERÍA (SATSE). 21.075,61 CONVERGENCIA ESTATAL DE MÉDICOS Y DE ENFERMERÍA (CEMSATSE). 9.712,78 UNIÓN SINDICAL Y AUXILIARES DE ENFERMERÍA. 26.213,26 FEDERACIÓN DE SINDICATOS CATÓLICOS. 2.025,06 SINDICATO UNITARIO DE HUELVA. 2.662,58 FEDERACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE COMERCIO. 154.466,99 SINDICATO DE XORNALISTAS DE GALICIA. 562,47 SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS LOCALES DE CASTILLA LA MANCHA. 1.875,05 ASOCIACIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE POLICÍAS DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE CANARIAS. 1.050,03 CONFEDERACIÓN INDEPENDIENTE DE SINDICATOS DE ASTURIAS. 3.300,10 INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA. 16.162,97 COALICIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE MADRID (CSIT UNIÓN PROFESIONAL). 16.162,97 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRANSPORTES DE LA CSI. 562,52 PLATAFORMA POR LA HOMOLOGACIÓN DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA EN ANDALUCÍA. 4.050,12 SINDICATO INDEPENDIENTE DE LA ENERGÍA. 5.550,16 SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS. 1.837,55 SINDICATO DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA. 375,01 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES SINDICALES FASGA. 62.176,81 SINDICATO INDEPENDIENTE DE BOMBEROS FORESTALES DE CASTILLA-LA MANCHA. 375,01 INTERSINDICAL-CONFEDERACIÓN SINDICAL DE CATALUNYA. 10.350,30 ASOCIACIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE LA ENERGÍA. 2.437,57 ASOCIACIÓN SINDICAL CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDA. 4.312,63 SINDICATO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. 2.700,08 2. Aplicación Presupuestaria: 19.01.291M.48000 Finalidad: Real Decreto 1971/2008, de 28 de noviembre, por el que se regula la concesión de forma directa de subvenciones a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo e Inmigración (hoy Empleo y Seguridad Social), de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social. Convocatoria: Real Decreto 1971/2008, de 28 de noviembre. Asociación Sindical u Organización Empresarial Subvención (en euros) CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES. 1.516.212,14 FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DE BIZKAIA. 1.559,95 CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA. 51.831,51 CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS. 784.684,12 UNIÓN SINDICAL OBRERA. 1.972,01 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ESPAÑA. 894.616,45 FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DE GUIPUZKOA. 1.559,95 FEDERACIÓN NACIONAL DE COFRADÍAS DE PESCADORES. 40.646,99 EUSKAL LANGILEEN ALKARTASUNA. 43.619,7 COLEGIO OFICIAL DE LA MARINA MERCANTE ESPAÑOLA. 1.972,01 COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS-INICIATIVA RURAL DEL ESTADO ESPAÑOL. 35.878,85

Subvenciones a sindicatos por estar en órganos consultivos del ministerio de trabajo. Destacan UGT con 894.616 euros; CCOO con 784.684 euros y CEOE 1.516.212 euros.

Primero. Por Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril, se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical. Segundo. Por Resolución de 28 de mayo de 2012, se convocó para el ejercicio 2012 la concesión del tipo de subvenciones citado en el apartado anterior, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.01.291M.48900, del presupuesto de gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tercero. El Real Decreto 1971/2008, de 28 de noviembre, regula la concesión de forma directa de subvenciones a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo e Inmigración (hoy Empleo y Seguridad Social), de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.01.291M.48000, del presupuesto de gastos del hoy Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se procede a la publicación de las subvenciones concedidas con cargo a las aplicaciones presupuestarias 19.01.291M.48900 y 19.01.291M.48000, del presupuesto de gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social durante el ejercicio 2012. En su virtud, esta Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, acuerda: Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» las subvenciones otorgadas durante el año 2012, detalladas en el Anexo I de la presente resolución. Madrid, 23 de julio de 2013.–El Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro. ANEXO I Relación de subvenciones concedidas por la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social durante el año 2012 1. Aplicación presupuestaria: 19.01.291M.48900. Finalidad: Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical. Convocatoria: Resolución de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social de 28 de mayo de 2012 («BOE» de 9 de junio). Entidad sindical Subvención (en euros) SINDICATO LIBRE DE TRANSPORTE. 7.987,73 SINDICATO LIBRE DE TRABAJADORES DE MADRID. 1.425,04 AGRUPACIO DE METGES I ENFERMERES DE CATALUNYA. 150,00 ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA. 2.850,08 CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS. 353.897,78 EZKER SINDIKALAREN KONBERGENTZIA. 10.200,30 CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE CAJAS Y AFINES. 23.288,18 FRENTE SINDICAL OBRERO DE CANARIAS. 9.862,79 SINDICATO FERROVIARIO. 2.700,08 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ESPAÑA. 4.173.308,70 SINDICATO DE EMPLEADOS DE BANESTO. 2.137,56 INTERSINDICAL CANARIA. 41.063,69 ASOCIACION SINDICAL SOLIDARI. 1.725,05 FEDERACIÓN INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL CRÉDITO. 15.262,94 CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES. 14.025,41 SINDICATO ESPAÑOL DE MAQUINISTAS Y AYUDANTES FERROVIARIOS. 6.075,18 AFAPNA-SINDICATO. 2.212,56 ASOCIACIÓN SINDICAL ESPAÑOLA DE TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO. 787,52 UNIÓN SINDICAL OBRERA. 396.574,02 EUSKAL LANGILEEN ALKARTASUNA. 346.847,57 FEDERACIÓN ANDALUZA DE SINDICATOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA. 10.237,80 COORDINADORA ESTATAL DE TRABAJADORES DEL MAR. 6.525,19 SINDICATO DE PERIODISTAS DE MADRID. 2.625,08 ERTZAINEN NAZIONAL ELKARTASUNA. 1.237,54 CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL DE CAJAS. 18.263,03 SINDICAT DE PERIODISTES DE CATALUNYA. 3.225,09 UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE GALICIA. 2.475,07 SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS. 1.725,05 SINDICATO AUTÓNOMO DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE SEGURIDAD. 4.125,12 CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL. 53.251,55 METGES DE CATALUNYA. 9.937,79 SINDICATO MÉDICO DE EUSKADI. 1.462,54 SINDICATO INDEPENDIENTE DE POLICÍA LOCAL DE ASTURIAS. 1.312,54 CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS. 4.409.303,06 SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS LOCALES Y BOMBEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 7.425,22 SINDICATO INDEPENDIENTE. 39.151,14 CONFEDERACIÓN DE CUADROS Y PROFESIONALES. 20.588,10 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE EUSKADI-EUSKADIKO IRAKASKUNTZAKO LANGILEEN SINDIKATOA. 6.862,70 CONFEDERACIÓN ESTATAL DE SINDICATOS MÉDICOS. 5.737,67 FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA DEL ESTADO ESPAÑOL. 142.129,13 SINDICATO DE TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA. 5.025,15 ### RESUMEN: Subvenciones a sindicatos por estar en órganos consultivos del ministerio de trabajo. Destacan UGT con 894.616 euros; CCOO con 784.684 euros y CEOE 1.516.212 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Agencia Estatal de Administración Tributaria. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Subdirección General de Adquisiciones y Contratación. 2) Domicilio: Calle Lérida, 32-34. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28020. 4) Teléfono: Información Administrativa: 915831186, Técnica: 915831385. 5) Telefax: 915831352 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http:// www.contrataciondel estado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 8 de junio de 2013. d) Número de expediente: 13700026100 - AV 15/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Contratación de suministro 34.000.000 de sobres para campañas tributarias ejercicios 2013 y 2014. e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la firma del contrato 1 año. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 794.600,00 euros. Importe total: 961.466,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según PCAP. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Agencia Estatal de Administración Tributaria, Registro General (de lunes a viernes en horario de 9:00 a 17:30 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas). 2) Domicilio: Calle Lérida, 32-34. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28020. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura de ofertas económicas o comunicación de defectos. b) Dirección: Calle Lérica, 32-34- Salón de Actos. c) Localidad y código postal: Madrid, 28020. d) Fecha y hora: 12 de junio de 2013, doce y diez horas. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 26 de abril de 2013. Madrid, 29 de abril de 2013.- El Director del Servicio de Gestión Económica, don Pedro Gómez Hernández.

Contrato de hacienda para la compra de 34 millones de sobres para campañas de la renta 2013/2014. Importe total de 961.466 euros. Sale cada sobre a 3 céntimos de euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Agencia Estatal de Administración Tributaria. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Subdirección General de Adquisiciones y Contratación. 2) Domicilio: Calle Lérida, 32-34. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28020. 4) Teléfono: Información Administrativa: 915831186, Técnica: 915831385. 5) Telefax: 915831352 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http:// www.contrataciondel estado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 8 de junio de 2013. d) Número de expediente: 13700026100 - AV 15/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Contratación de suministro 34.000.000 de sobres para campañas tributarias ejercicios 2013 y 2014. e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la firma del contrato 1 año. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 794.600,00 euros. Importe total: 961.466,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según PCAP. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Agencia Estatal de Administración Tributaria, Registro General (de lunes a viernes en horario de 9:00 a 17:30 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas). 2) Domicilio: Calle Lérida, 32-34. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28020. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura de ofertas económicas o comunicación de defectos. b) Dirección: Calle Lérica, 32-34- Salón de Actos. c) Localidad y código postal: Madrid, 28020. d) Fecha y hora: 12 de junio de 2013, doce y diez horas. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 26 de abril de 2013. Madrid, 29 de abril de 2013.- El Director del Servicio de Gestión Económica, don Pedro Gómez Hernández. ### RESUMEN: Contrato de hacienda para la compra de 34 millones de sobres para campañas de la renta 2013/2014. Importe total de 961.466 euros. Sale cada sobre a 3 céntimos de euros.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. PREÁMBULO La Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión, previó la existencia de un Consejo Asesor para asistir al Delegado Territorial de RTVE en las Comunidades Autónomas, cuya composición se determinaría por Ley Territorial. En cumplimiento de este mandato, la Ley 5/1984, de 7 de marzo, reguladora del Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en la Comunidad de Madrid, creó el Consejo Asesor de RTVE en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con la naturaleza de «órgano del Ente público RTVE, con el doble carácter de órgano del Delegado Territorial de RTVE en la Comunidad de Madrid y de representante de los intereses de ésta en el Ente público de ámbito nacional». La Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión Estatal, derogó la Ley 4/1980, de 10 de enero, y disolvió el «Ente Público RTVE» creando en su lugar la «Corporación RTVE». La nueva estructura organizativa de la Corporación RTVE no contempla la figura del Delegado Territorial de RTVE, sin el cual no tiene sentido la existencia del Consejo Asesor como «órgano de asistencia del Delegado Territorial de RTVE en la Comunidad Autónoma». Habiéndose derogado la Legislación Estatal de la que trae causa la normativa autonómica reguladora del Consejo Asesor de RTVE, para evitar la existencia de disposiciones materialmente vaciadas de contenido, es necesario que el Legislador Autonómico derogue la Ley en su ámbito competencial. Por este motivo, diversas Comunidades Autónomas ya han procedido a derogar las leyes reguladoras del Consejo Asesor de RTVE en su ámbito territorial. A todo lo anterior hay que añadir que, en épocas de crisis como la que estamos pasando, es necesario aplicar con todas sus consecuencias el rigor presupuestario que consiste en gastar en la medida de lo que se ingresa; por tanto, cuando los ingresos bajan, hay que reducir los gastos; es preciso cumplir con el objetivo de reducción de déficit. Y, en esta línea de austeridad que conlleva la reducción de gastos, es necesario reducir en la medida de lo posible el sector público eliminando organismos sin que se resientan los servicios públicos esenciales para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. Con la finalidad de contribuir al adelgazamiento de gastos que el Gobierno está aplicando en todas las esferas de la Administración, el Grupo Parlamentario Popular propone la supresión del Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de Madrid. Artículo único. Se deroga la Ley 5/1984, de 7 de marzo, reguladora del Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en la Comunidad de Madrid. Disposición adicional única. Remanente de Tesorería. El remanente de Tesorería del Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en la Comunidad de Madrid a 31 de diciembre de 2012 se incorporará al presupuesto de la Asamblea de Madrid. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2013. Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar. Madrid, 20 de diciembre de 2012.–El Presidente, Ignacio González González. (Publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 308, de 27 de diciembre de 2012)

Madrid elimina el consejo asesor de RTVE en la comunidad

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. PREÁMBULO La Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión, previó la existencia de un Consejo Asesor para asistir al Delegado Territorial de RTVE en las Comunidades Autónomas, cuya composición se determinaría por Ley Territorial. En cumplimiento de este mandato, la Ley 5/1984, de 7 de marzo, reguladora del Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en la Comunidad de Madrid, creó el Consejo Asesor de RTVE en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con la naturaleza de «órgano del Ente público RTVE, con el doble carácter de órgano del Delegado Territorial de RTVE en la Comunidad de Madrid y de representante de los intereses de ésta en el Ente público de ámbito nacional». La Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión Estatal, derogó la Ley 4/1980, de 10 de enero, y disolvió el «Ente Público RTVE» creando en su lugar la «Corporación RTVE». La nueva estructura organizativa de la Corporación RTVE no contempla la figura del Delegado Territorial de RTVE, sin el cual no tiene sentido la existencia del Consejo Asesor como «órgano de asistencia del Delegado Territorial de RTVE en la Comunidad Autónoma». Habiéndose derogado la Legislación Estatal de la que trae causa la normativa autonómica reguladora del Consejo Asesor de RTVE, para evitar la existencia de disposiciones materialmente vaciadas de contenido, es necesario que el Legislador Autonómico derogue la Ley en su ámbito competencial. Por este motivo, diversas Comunidades Autónomas ya han procedido a derogar las leyes reguladoras del Consejo Asesor de RTVE en su ámbito territorial. A todo lo anterior hay que añadir que, en épocas de crisis como la que estamos pasando, es necesario aplicar con todas sus consecuencias el rigor presupuestario que consiste en gastar en la medida de lo que se ingresa; por tanto, cuando los ingresos bajan, hay que reducir los gastos; es preciso cumplir con el objetivo de reducción de déficit. Y, en esta línea de austeridad que conlleva la reducción de gastos, es necesario reducir en la medida de lo posible el sector público eliminando organismos sin que se resientan los servicios públicos esenciales para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. Con la finalidad de contribuir al adelgazamiento de gastos que el Gobierno está aplicando en todas las esferas de la Administración, el Grupo Parlamentario Popular propone la supresión del Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de Madrid. Artículo único. Se deroga la Ley 5/1984, de 7 de marzo, reguladora del Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en la Comunidad de Madrid. Disposición adicional única. Remanente de Tesorería. El remanente de Tesorería del Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en la Comunidad de Madrid a 31 de diciembre de 2012 se incorporará al presupuesto de la Asamblea de Madrid. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2013. Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar. Madrid, 20 de diciembre de 2012.–El Presidente, Ignacio González González. (Publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 308, de 27 de diciembre de 2012) ### RESUMEN: Madrid elimina el consejo asesor de RTVE en la comunidad

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en las personas que a continuación se relacionan, a propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de junio de 2021, Vengo en conceder la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco a las siguientes personas: General de División del Cuerpo de la Guardia Civil don Ángel Alonso Miranda. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Ignacio Olazábal Elorz. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Enrique Campo Loarte. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Joaquín Broch Hueso. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Ramón Armada Vázquez. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Vicente Torres Vázquez. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Félix Abad Alonso. General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra don Jesús Carlos Gómez Pardo. General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don José Luis García Castell. General de Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad don Antonio Lobato Muñoz. Doña María José Gualda Romero. Don Ángel Losada Fernández. Don José María Ferré de la Peña. Don Antonio Garamendi Lecanda. Dado en Madrid, el 15 de junio de 2021. FELIPE R. La Ministra de Defensa, MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ

Medallas de Defensa. Antonio Garamendi, entre otros, se lleva la Gran cruz del mérito militar.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en las personas que a continuación se relacionan, a propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de junio de 2021, Vengo en conceder la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco a las siguientes personas: General de División del Cuerpo de la Guardia Civil don Ángel Alonso Miranda. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Ignacio Olazábal Elorz. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Enrique Campo Loarte. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Joaquín Broch Hueso. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Ramón Armada Vázquez. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Vicente Torres Vázquez. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Félix Abad Alonso. General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra don Jesús Carlos Gómez Pardo. General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don José Luis García Castell. General de Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad don Antonio Lobato Muñoz. Doña María José Gualda Romero. Don Ángel Losada Fernández. Don José María Ferré de la Peña. Don Antonio Garamendi Lecanda. Dado en Madrid, el 15 de junio de 2021. FELIPE R. La Ministra de Defensa, MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ ### RESUMEN: Medallas de Defensa. Antonio Garamendi, entre otros, se lleva la Gran cruz del mérito militar.

Con fecha 16 de noviembre de 2011 el Secretario de Estado de Economía, por delegación de la Vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y Ministra de Economía y Hacienda dictó Orden Ministerial resolviendo el expediente de referencia IE/CA-1/2010, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 7 de julio de 2010, entre otros, a don Juan Ojeda Sanz, doña María de los Ángeles Delgado Uceda, don Francisco Pulido Aguilar, don Francisco Cárdenas Martínez, don Andrés Germán Hens Muñoz, don Juan Pablo Durán Sánchez, don Salvador Blanco Rubio, doña María Josefa Lara González, doña Encarnación Ortiz Sánchez, don José Luis Bergillos López, doña Luisa Ruiz Fernández y don Andrés Ocaña Rabadán. La referida Orden Ministerial fue confirmada por Resolución Ministerial de 18 de enero de 2012, desestimatoria del recurso de reposición formulado por los interesados. La Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, ha dictado sentencia firme de fecha 22 de mayo de 2013, desestimando el recurso contencioso-administrativo número 128/2012 formulado por los expedientados citados anteriormente. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 27.5 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, procede dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» de las siguientes sanciones de multa, por la comisión de infracciones muy graves, impuestas, entre otras, en dicha Orden Ministerial. – Respecto de don Juan Ojeda Sanz, se impone: Sanción de multa por importe de cincuenta y cuatro mil euros (54.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca». – Respecto de doña María de los Ángeles Delgado Uceda, se impone: Sanción de multa por importe de treinta y nueve mil euros (39.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca». – Respecto de don Francisco Pulido Aguilar, se impone: Sanción de multa por importe de cincuenta y un mil euros (51.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca». – Respecto de don Francisco Cárdenas Martínez, se impone: Al amparo de lo previsto en el artículo 12.1.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en su redacción vigente hasta el 31 de diciembre de 2007, una sanción de multa por importe de veinte mil euros (20.000 euros), por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito o el grupo consolidable o el conglomerado financiero a que pertenezca deficiencias en la organización administrativa y contable, o en procedimientos de control interno, incluidos los relativos a la gestión de los riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o el conglomerado financiero a que pertenezca». – Respecto de don Andrés Germán Hens Muñoz, se impone: Sanción de multa por importe de cuarenta y seis mil euros (46.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca». – Respecto de don Juan Pablo Durán Sánchez, se impone: Sanción de multa por importe de cuarenta y cuatro mil euros (44.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca». – Respecto de don Salvador Blanco Rubio, se impone: Sanción de multa por importe de cincuenta y seis mil euros (56.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca». – Respecto de doña María José Lara González, se impone: Sanción de multa por importe de veintiséis mil euros (26.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca». – Respecto de doña Encarnación Ortiz Sánchez, se impone: Sanción de multa por importe de trece mil euros (13.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca». – Respecto de don José Luis Bergillos López, se impone: Sanción de multa por importe de trece mil euros (13.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca». – Respecto de doña Luisa Ruiz Fernández, se impone: Sanción de multa por importe de diez mil euros (10.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca». – Respecto de don Andrés Ocaña Rabadán, se impone: Sanción de multa por importe de cuarenta y un mil euros (41.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca». Madrid, 27 de septiembre de 2013.–El Secretario General del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez.

Desestimados los recursos, las multas ya son firmes. Desde los 10000 hasta los 56000 euros.

Con fecha 16 de noviembre de 2011 el Secretario de Estado de Economía, por delegación de la Vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y Ministra de Economía y Hacienda dictó Orden Ministerial resolviendo el expediente de referencia IE/CA-1/2010, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 7 de julio de 2010, entre otros, a don Juan Ojeda Sanz, doña María de los Ángeles Delgado Uceda, don Francisco Pulido Aguilar, don Francisco Cárdenas Martínez, don Andrés Germán Hens Muñoz, don Juan Pablo Durán Sánchez, don Salvador Blanco Rubio, doña María Josefa Lara González, doña Encarnación Ortiz Sánchez, don José Luis Bergillos López, doña Luisa Ruiz Fernández y don Andrés Ocaña Rabadán. La referida Orden Ministerial fue confirmada por Resolución Ministerial de 18 de enero de 2012, desestimatoria del recurso de reposición formulado por los interesados. La Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, ha dictado sentencia firme de fecha 22 de mayo de 2013, desestimando el recurso contencioso-administrativo número 128/2012 formulado por los expedientados citados anteriormente. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 27.5 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, procede dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» de las siguientes sanciones de multa, por la comisión de infracciones muy graves, impuestas, entre otras, en dicha Orden Ministerial. – Respecto de don Juan Ojeda Sanz, se impone: Sanción de multa por importe de cincuenta y cuatro mil euros (54.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca». – Respecto de doña María de los Ángeles Delgado Uceda, se impone: Sanción de multa por importe de treinta y nueve mil euros (39.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca». – Respecto de don Francisco Pulido Aguilar, se impone: Sanción de multa por importe de cincuenta y un mil euros (51.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca». – Respecto de don Francisco Cárdenas Martínez, se impone: Al amparo de lo previsto en el artículo 12.1.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en su redacción vigente hasta el 31 de diciembre de 2007, una sanción de multa por importe de veinte mil euros (20.000 euros), por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito o el grupo consolidable o el conglomerado financiero a que pertenezca deficiencias en la organización administrativa y contable, o en procedimientos de control interno, incluidos los relativos a la gestión de los riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o el conglomerado financiero a que pertenezca». – Respecto de don Andrés Germán Hens Muñoz, se impone: Sanción de multa por importe de cuarenta y seis mil euros (46.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca». – Respecto de don Juan Pablo Durán Sánchez, se impone: Sanción de multa por importe de cuarenta y cuatro mil euros (44.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo ### RESUMEN: Desestimados los recursos, las multas ya son firmes. Desde los 10000 hasta los 56000 euros.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el conflicto positivo de competencia núm. 1037-2000 interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra diversos preceptos del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios. Ha formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 24 de febrero de 2000 la Letrada de la Generalitat de Cataluña, en la representación que ostenta, promueve conflicto positivo de competencias frente al Gobierno de la Nación contra diversos preceptos del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios. El conflicto se fundamenta en los motivos que, resumidamente, se exponen a continuación: Tras delimitar el objeto del conflicto a los arts. 5.1; 6, apartados 1 y 2; 7; 8, apartados 1, 4, 5, 6 y 7; 10; 11; 12; 14, apartados 2 a 4; 15; 16 y disposición final primera del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre y hacer referencia al cumplimiento de los presupuestos procesales exigidos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para la promoción de un conflicto positivo de competencia, señala que el mismo versa sobre un punto muy importante del sistema educativo como es el relativo a la obligatoria prueba que han de realizar los estudiantes para acceder a los estudios universitarios, prueba en la que se reclama la intervención normativa y ejecutiva de la Generalitat de Cataluña, en tanto que Administración educativa competente. Por otra parte, en ejercicio de sus competencias en materia de coordinación universitaria, destaca que la Generalitat ha ordenado la intervención de las universidades en este proceso, especialmente a través del Decreto 334/1996, de 29 de octubre, por el que se crea la oficina de coordinación de la supervisión del curso de orientación universitaria y de organización de las pruebas de acceso a la universidad de Cataluña. En dicho marco, la representación procesal de la Generalitat estima que la regulación estatal derivada del art. 29.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo (LOGSE) debería limitarse a los que estrictamente pueda considerarse la prueba de acceso como un elemento abstracto de «ordenación general del sistema educativo» sistema establecido en la LOGSE y en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria (LRU) y ya desarrollado por normas autonómicas de manera que el reglamento estatal de la prueba, de existir, debería ser mínimo y dejar espacio suficiente a las administraciones educativas mas próximas para que, junto con las universidades, completaran el ciclo formativo de la educación secundaria. Por el contrario, estima la Letrada de la Generalitat que el Real Decreto 1640/1999 implanta un esquema rígido que obvia la existencia de distintas Administraciones educativas con competencias. El escrito de interposición se refiere seguidamente al reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de educación, señalando que, en esta materia, corresponde al Estado ex art. 149.1.30 CE la competencia para establecer la ordenación general del sistema educativo en la que se ampara el Real Decreto 1640/1999, conforme a su disposición final primera. A este respecto indica que, como se desprende del contenido material de lo que se impugna, la habilitación competencial que fundamentaría la intervención estatal sería la de «normas básicas para el desarrollo del art. 27 CE» materia que ha sido objeto de diversas leyes orgánicas que realizan la delimitación de lo que ha de ser considerado básico e incardinándose en el bloque de la constitucionalidad de conformidad con el art. 28 LOTC. Al respecto considera la representación procesal de la Generalitat que la norma impugnada parte de una consideración amplísima de lo que deba entenderse por «ordenación general del sistema educativo» al que se refiere la Ley Orgánica 8/1985 reguladora del derecho a la educación, cuando la concurrencia de competencias estatales y autonómicas en el sistema educativo requiere una precisión de los que deba considerarse básico impidiendo al reglamento invocar tal calificación mas allá de lo previsto en la previa ley habilitante y evitando que las competencias autonómicas queden vacías de contenido. Así considera que la regulación estatal de la prueba de acceso va mas allá de lo que pueda derivarse del art. 29.2 LOGSE, vaciando de contenido la competencia autonómica ejercida a través de diversas disposiciones legislativas que han tenido su correspondiente desarrollo reglamentario conformando un sistema educativo determinado en el que ha de encajar con naturalidad la prueba de acceso a la universidad, lo cual solamente será posible si se deja a la Administración educativa competente su regulación y ejecución, aplicando a tal efecto las previsiones de la Ley de ordenación general del sistema educativo y de la Ley de reforma universitaria. En cuanto a la primera de las citadas señala que menciona la prueba de acceso en su art. 29.2 vinculándola estrechamente a los estudios de bachillerato así como, dada su finalidad de acceso a los estudios universitarios, estableciendo la necesaria participación de las universidades en la organización de la misma. Desde ambos aspectos la competente para regular la prueba de acceso sería la Generalitat de Cataluña. Así, por lo que respecta al bachillerato y a partir de las bases estatales, la Comunidad Autónoma ha establecido los contenidos y la forma de evaluación del bachillerato cuya superación constituye también un requisito para el acceso a la Universidad hasta el punto de que pesa más la evaluación realizada conforme a las normas autonómicas que la nota obtenida en la prueba de acceso. De esta manera la Letrada de la Generalitat entiende que si la competencia plena autonómica en materia de educación le permite determinar como evaluar el bachillerato, otro tanto debe ocurrir con la prueba de acceso que versa sobre los conocimientos y la madurez adquiridos en esa etapa educativa, sin que, por lo demás, exista en la Ley de ordenación general del sistema educativo atribución expresa al Gobierno para establecerla o regularla sino que, para justificar esa regulación de detalle, se remite a un concepto jurídico indeterminado, el de «ordenación general del sistema educativo», contemplado con carácter general en la Ley Orgánica 8/1985 reguladora del derecho a la educación y concretado, como señala la STC 147/1992, de 16 de octubre, en la LOGSE. Es por ello que la regulación estatal debería consistir en el establecimiento de la existencia de la prueba de acceso y una estructura mínima que permita asegurar la evaluación de los contenidos del bachillerato fijados por el Estado así como los aspectos reglamentarios que pudieran derivar de las previsiones del art. 26.1 LRU. Tampoco consideraciones basadas en la movilidad de los estudiantes pueden servir para justificar la existencia de una prueba como la prevista pues tal posibilidad solamente requiere la existencia de pruebas equivalentes en la misma medida que se ha cursado un bachillerato equivalente en todo el territorio. De todo ello resulta que el Real Decreto 1640/1999 vulnera la doctrina constitucional respecto a la noción de bases (SSTC 103/1997, de 20 de mayo, o 50/1999, de 6 de abril) pues no respeta el espacio normativo autonómico, sin que pueda inferirse su carácter básico del art. 29.2 LOGSE ni conecte con las competencias estatales previstas en el art. 149.1.30 CE. En cuanto a la regulación de la Ley de reforma universitaria, destaca que la misma remite la regulación de los requisitos necesarios para el acceso a la universidad a lo que disponga una ley de las Cortes Generales, correspondiendo al Gobierno el establecimiento de los procedimientos de selección para el ingreso en centros universitarios. Así, el Gobierno ha regulado separadamente la prueba de acceso, prevista en el Real Decreto 1640/1999, objeto del presente conflicto, mientras que, en el Real Decreto 69/2000, se regulan los procedimientos de selección para el ingreso en los centros universitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios para el acceso a la universidad. Esta diversa habilitación legal que apunta a la presencia activa de las universidades en el proceso no ha de operar en detrimento de las competencias autonómicas pues, de hecho, la Administración de la Generalitat ha sido siempre muy consciente de la presencia y protagonismo universitarios en las pruebas de acceso y así el Decreto 334/1996, de 29 de octubre, crea la oficina de coordinación de la supervisión del curso de orientación universitaria y de organización de las pruebas de acceso a la universidad dependiente del Consejo Interuniversitario de Cataluña estableciendo una detallada regulación al respecto que se completa con diversas resoluciones administrativas. De esta manera, la prueba de acceso a la universidad se establece y organiza en Cataluña por la Generalitat y las universidades coordinando todos los aspectos para conseguir el máximo grado de efectividad y objetividad, respetando tanto la autonomía de las universidades como el ejercicio de las competencias estatales y autonómicas. Por todo lo expuesto, la Letrada de la Generalitat de Cataluña, entiende que, como ha señalado la propia doctrina constitucional [STC 26/1987, de 27 de febrero, FJ 10 a)], el esquema a seguir en la prueba de acceso no puede ser otro que el de bases mínimas estatales con el necesario desarrollo y ejecución autonómica sin que el real decreto impugnado se ajuste en absoluto a ese orden de reparto competencial pues el detalle de su regulación impide el desarrollo reglamentario autonómico en especial en los cuatro aspectos que cuestiona. Así, en primer lugar, en relación a los arts. 5, 10, 11, 12, 15 y 16.2 del Real Decreto 1640/1999, la Letrada de la Generalitat considera que la regulación de una comisión organizadora de la prueba y la determinación de sus funciones es competencia de la Administración educativa de suerte que su previsión en la norma estatal, la asignación de funciones y el establecimiento de un informe preceptivo anual al Ministerio de Educación y Cultura vulnerarían las competencias autonómicas en materia de autoorganización reconocidas también por la doctrina constitucional (STC 50/1999, de 6 de abril) en la medida en que la Generalitat ya tiene creada una estructura administrativa en relación con la prueba de acceso y sus funciones que no tienen una coincidencia exacta con lo previsto en la norma objeto del conflicto, como la definición de los criterios para la elaboración de las propuestas de examen o el establecimiento de los criterios generales para la evaluación de las pruebas, que están asignados a otros órganos distintos. Así señala que la Generalitat ha creado un órgano específico para organizar administrativamente las pruebas estableciendo una comisión coordinadora del curso de orientación universitaria y de las pruebas de acceso, de composición mayoritaria de las universidades, que lleva a cabo la política de definición de criterios, decisiones todas ellas que se ven cercenadas por el real decreto impugnado en cuanto impone una estructura y organización concretas, cercenando y anulando esas competencias. Por último, en cuanto al art. 5.2 respecto al preceptivo informe que ha de elaborar la comisión organizadora, estima que el mismo no se justifica en las funciones de alta inspección asignadas a los órganos estatales. Por su parte a los arts. 6, 7, 8 y 14 del Real Decreto 1640/1999 les reprocha que su regulación de la estructura de la prueba agota todos los espacios normativos de la misma e impide totalmente su adecuación a las peculiaridades autonómicas. Así la Letrada de la Generalitat de Cataluña considera que exceden de las competencias básicas estatales la regulación de detalle de cada una de las partes de la misma, estableciendo el número de ejercicios y de materias de cada una de ellas (art. 6.1 y 7) así como su duración (art. 6.2), que estos ejercicios hayan de realizarse en una sola propuesta (art. 7.1) y la regulación de la materia, diseño y duración de cada uno de ellos en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del art. 7. Asimismo, en cuanto se remiten a esa relación exhaustiva de las dos partes de la prueba, invaden las competencias autonómicas los apartados 2, 3 y 4 del art. 14, referidos a las calificaciones y nota media de cada uno de los ejercicios y materias de cada parte de la prueba. De hecho la Letrada de la Generalitat señala que la falta de conexión entre las enseñanzas de secundaria, sus diversas opciones o distintas posibilidades de diseño, diferentes en cada Comunidad Autónoma, no permiten, por su propia naturaleza, la imposición de un modelo único de prueba de forma que ésta solo puede ser jurídica y efectivamente realizada por las Administraciones educativas competentes, puesto que son ellas las que han implantado las enseñanzas en el territorio. Así estima incongruente considerar norma básica los plazos de cada prueba y ejercicio, el tiempo máximo diario y el tiempo total, extremos todos ellos que han de poder ser valorados por la Generalitat de Cataluña. Finalmente, respecto a la segunda parte de la prueba, estima la Letrada de la Generalitat de Cataluña que excede de la competencia básica estatal determinar el número de materias sobre las que debe recaer esta parte de la prueba (arts. 6.1 in fine, 8.4 y 7), el número de ejercicios y el número y contenido de propuestas que deben constar en cada uno de ellos (arts. 8.1 y 8.5) así como la duración de los mismos (art. 8.6). Por otra parte, la Letrada autonómica entiende que el art. 16 del Real Decreto 1640/1999, regulador de las reclamaciones y de la doble corrección, impide los procedimientos más garantistas establecidos por la Generalitat puesto que el plazo de cinco días hábiles anula la posibilidad de realizar el sistema de corrección de los exámenes sometidos a revisión establecido por la Generalitat en el que se preveía la participación de los vocales del centro de procedencia del alumno. Ello pone de manifiesto la contradicción existente entre los preceptos del real decreto impugnado que imponen opciones generales sin tener en cuenta las decisiones autonómicas adoptadas en ejercicio de sus plenas competencias en materia de educación. Por último, el escrito de interposición del conflicto entiende que la disposición final primera del Real Decreto 1640/1999 no respeta el orden competencial al declararlo norma básica en su integridad pues una regulación de detalle como la que realiza la norma impugnada excede lo que pueda considerarse por ordenación general de la educación, concepto jurídico indeterminado que debe ser interpretado en relación al reparto de competencias en esta materia entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 2. Por providencia de la Sección Segunda del Tribunal Constitucional de 14 de marzo de 2000 se acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia en relación con los arts. 5.1; 6, apartados 1 y 2; 7; 8, apartados 1, 4, 5, 6 y 7; 10; 11; 12; 14, apartados 2 a 4; 15; 16 y disposición final primera del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno, por conducto de su Presidente, para que en el plazo de veinte días y, por medio de la representación procesal que determina el art. 82.2 LOTC, aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes. Igualmente se acordó comunicar la incoación del conflicto a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por si ante la misma estuviera impugnado o se impugnare el referido real decreto, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, según dispone el art. 61.2 LOTC, así como publicar la incoación del conflicto en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña». 3. El Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, se personó en el proceso por escrito registrado el día 23 de marzo de 2000 solicitando una prórroga del plazo inicialmente concedido para la formulación de alegaciones, prorroga que le fue concedida por providencia de la Sección Segunda de 27 de marzo de 2000. El Abogado del Estado cumplimentó el trámite de alegaciones el día 18 de abril de 2000 instando la desestimación del conflicto conforme a los siguientes argumentos. El representante del Gobierno alude, en primer lugar, al contenido de los preceptos objeto del conflicto en los que se reclama la declaración de que ha existido una extralimitación de las competencias estatales. Así señala que el art. 5.1 tiene por objeto garantizar la existencia de un órgano administrativo que se encargue, en todas las pruebas de acceso a la universidad, de determinadas cuestiones que constituyen el mínimo organizativo de las mismas sin que persiga la creación de un órgano determinado, estableciendo su composición y su nombre, sino garantizar que, con carácter previo a la celebración del examen, se adopten determinadas decisiones sobre su configuración al objeto de asegurar una mínima estructura formal de la prueba. Los arts. 6.1 y 2; 7 y 8 persiguen establecer un régimen mínimo y básico de la estructura del examen de manera que ha establecido una organización y estructura uniforme en todo el territorio del Estado sin perjuicio de permitir que los contenidos de los ejercicios se adapten por cada administración educativa a sus programas. El art. 10 se limita a establecer una previsión para garantizar que los estudiantes discapacitados puedan examinarse en las condiciones más favorables. El art. 11 persigue garantizar que los tribunales estén formados por especialistas; el art. 12 regula las actuaciones esenciales y mínimas de los tribunales referidas a su constitución, información de los criterios de evaluación, coordinación cuando hay más de un tribunal, criterios de calificación y evaluación del informe sobre resultado e incidencias; el art. 14 se refiere a la regulación uniforme de la calificación de los ejercicios; el art. 15 establece una previsión que persigue evitar desviaciones significativas entre las calificaciones de la prueba de acceso y las del expediente académico del estudiante y el art. 16 establece una regulación del derecho a reclamar que ha de entenderse como mínima en cuanto garantía para el estudiante, de modo que cabe la posibilidad de que la Administración educativa prevea otro más garantista. El Abogado del Estado hace referencia a continuación a la distribución de competencias en materia de educación señalando que la competencia autonómica en la materia vendrá delimitada, en todo caso, por el ámbito competencial estatal que se enmarca en dos campos diferentes: el desarrollo por Ley Orgánica del derecho a la educación y el ejercicio de las competencias previsto en los números 1 y 30 del art. 149.1 CE. De esta manera al Estado le corresponde desarrollar el derecho a la educación, mediante Ley Orgánica, y, por otro lado, establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en su ejercicio (art. 149.1.1 CE) así como dictar las normas básicas para el desarrollo del art. 27 CE a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Este sistema de reparto competencial ha dado lugar a una extensa doctrina constitucional (con cita de las SSTC 137/1986, de 6 de noviembre; 77/1985, de 27 de junio y 26/1987, de 27 de febrero). Conforme a esta doctrina entiende el Abogado del Estado que en esta materia corresponde al Estado, además de desarrollar por ley orgánica los derechos fundamentales previstos en el art. 27 CE, establecer la ordenación del sistema educativo. De este modo la Constitución atribuye al Estado la competencia para configurar un sistema educativo básico dirigido a la finalidad de asegurar la igualdad y la uniformidad en el ejercicio del derecho a la educación de manera que podrá elegir el sistema que considere oportuno siempre que no se exceda o desvíe en el cumplimiento de los objetivos previstos constitucionalmente. En este caso la configuración elegida se ha centrado en la regulación de la prueba de acceso a la universidad para garantizar igualdad de trato a los alumnos que optan a ella. En conclusión, señala el Abogado del Estado, la regulación objeto del presente conflicto se enmarca en la competencia reconocida al Estado para garantizar que el derecho a la educación, en su vertiente de acceso a la universidad, se ejerza con igualdad y uniformidad en todo el territorio del Estado, objetivo que se hace efectivo mediante la homologación de las pruebas correspondientes en cuanto a su preparación, su celebración y su valoración para evitar que se produzcan discriminaciones o diferencias de trato inconstitucionales como consecuencia de la configuración de las pruebas por cada Administración educativa. Indica a continuación que del escrito de planteamiento del conflicto se deduce que la Generalitat considera que el instrumento adecuado para ejercer la competencia estatal debe ser una ley orgánica admitiendo que ésta prevea el desarrollo reglamentario pero si no es así el Estado solamente podría establecer su existencia y una estructura que permita asegurar la evaluación de los contenidos mínimos del bachillerato. Por otra parte también se duda, desde el punto de vista formal, de que la regulación objeto del conflicto pueda tener carácter básico por estar aprobada mediante un real decreto. Señala el Abogado del Estado, por un lado, que sobre ambas cuestiones se ha pronunciado la doctrina constitucional, con cita de la STC 131/1996, de 11 de julio, y, por otro, que en este caso existe la atribución expresa al Estado para establecer la ordenación general del sistema educativo en el apartado 2 a) de la disposición adicional primera LOGSE así como la previsión del art. 26 LRU en el sentido de que «corresponde al Gobierno, oído el Consejo de Universidades, establecer los procedimientos de selección para el ingreso en los centros universitarios». Por ello estima que, como en el precedente de la STC 131/1996, ha de declararse la constitucionalidad de los preceptos impugnados en lo que respecta a su rango normativo y su carácter básico. Examinando ya los concretos preceptos impugnados destaca, respecto a la regulación de la comisión organizadora y sus funciones (art. 5 en relación con los arts. 10, 11, 12, 15 y 16.2), que no se vulnera la competencia autonómica en materia de autoorganización pues los preceptos impugnados no imponen un órgano administrativo a la Comunidad Autónoma sino que se limitan a establecer que las funciones de preparación y valoración de la prueba y las garantías mínimas de los estudiantes se realicen por una comisión con objeto de garantizar que tales funciones se lleven a cabo y puedan ser controladas y revisadas por los interesados con todas las garantías. En cuanto a las funciones, establecidas con carácter mínimo, estima el Abogado del Estado que constituyen las garantías mínimas que han de tener los alumnos para ser tratados con igualdad. Así, el art. 5.1 se refiere a la preparación y valoración del ejercicio con anterioridad a su celebración para evitar actuaciones sorpresivas. El art. 10 establece la obligatoriedad de las medidas para garantizar la adaptación de alumnos discapacitados. El art. 11 garantiza que todos los ejercicios se califiquen por vocales especialistas y plantea la posibilidad de incorporar profesores del centro en el que los alumnos hayan realizado el segundo curso de bachillerato. El art. 12 determina las actuaciones mínimas de los tribunales calificadores como garantía de los estudiantes. El art. 15 establece una medida para corregir posibles desviaciones entre calificaciones medias del estudiante y las de la prueba, lo que resultaría amparado por la competencia de ordenación general del sistema educativo y la alta inspección. Finalmente, el art. 16.2 establece un mínimo de garantía para el estudiante que es compatible con cualquier otro régimen más garantista en materia de corrección y revisión de la prueba. Finalmente, en cuanto al informe previsto en el art. 5.2, el Abogado del Estado entiende que, además de ser constitucional por prever una medida de garantía de objetividad de las pruebas, que la alegación es improcedente por cuanto el art. 5.2 no ha sido objeto de conflicto ni del requerimiento de incompetencia. En lo que respecta a la regulación de la estructura de la prueba (arts. 6, 7, 8 y 14) argumenta el Abogado del Estado que este grupo de preceptos tiene por objeto la homogeneización de la prueba de acceso para garantizar la igualdad de trato de todos los estudiantes de modo que el resultado pueda homologarse en las diversas Comunidades Autónomas. Para conseguir este objetivo se establece el número y duración de los ejercicios, así como las especialidades educativas a las que deben referirse. Disposiciones que tienen el carácter de condiciones básicas para el ejercicio del derecho a acceder a la educación universitaria pues pretenden garantizar la uniformidad de las pruebas para verificar los conocimientos mínimos de los estudiantes para pasar al nivel universitario. En cuanto a la calificación, a la que se refiere el art. 14, apartados 2, 3 y 4, no es más que un complemento de lo anterior pues, si no se homologa la forma de calificar, la uniformidad de la estructura de la prueba no podría producir el efecto deseado. En cuanto a la regulación de las reclamaciones y la doble corrección del art. 16 el Abogado del Estado indica que la Generalitat se limita a señalar que el mismo no se adapta al régimen por ella establecido fundamentalmente por la brevedad del plazo de cinco días para llevar a cabo el procedimiento de revisión, alegación que no tiene ningún efecto en el ámbito competencial ni tampoco responde a la realidad ya que en ese plazo cabe perfectamente cumplir con los requisitos y fórmulas previstas por la Generalitat, además de que el precepto queda, desde el punto de vista competencial, amparado por la competencia del Estado en materia de regulación de las condiciones que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho a acceder a estudios universitarios. 4. Por providencia de 13 de noviembre de 2012 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 14 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. La presente resolución ha de resolver el conflicto positivo de competencia planteado por la Generalitat de Cataluña contra diversos preceptos del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios. Como ha quedado expuesto en los antecedentes el Gobierno de la Generalitat de Cataluña considera que determinados preceptos del citado real decreto resultan contrarios al orden constitucional de distribución de competencias pues estima que, conforme al art. 149.1.30 CE y a las previsiones del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la regulación estatal contenida en los arts. 5; 6, apartados 1 y 2; 7; 8, apartados 1, 4, 5, 6 y 7; 10; 11; 12; 14, apartados 2 a 4; 15; 16 y disposición final primera del Real Decreto 1640/1999 excedería, por su minuciosidad y detalle, de lo que puede considerarse básico en esta materia ya que agotaría completamente el espacio normativo respecto a la regulación de las pruebas de acceso a la universidad. Al anterior planteamiento se ha opuesto el Abogado del Estado señalando que la regulación objeto del presente conflicto se enmarcaría en la competencia reconocida al Estado para garantizar que el derecho a la educación, en su vertiente de acceso a la universidad, se ejerza con igualdad y uniformidad en cualquier parte del territorio del Estado. En suma, el conflicto suscitado gira en torno a la delimitación de las competencias del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña respecto a la regulación de la prueba de acceso a los estudios universitarios a la que hacia referencia tanto el art. 26.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo (LOGSE) como el art 26.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria (LRU), preceptos ambos vigentes en el momento de promoverse el presente conflicto. 2. Expuestas las posiciones de las partes en el proceso respecto a la discrepancia puramente competencial que se plantea y antes de resolverla debemos despejar tres órdenes de cuestiones. En primer lugar resulta preciso considerar la incidencia que pueda tener en el proceso el hecho de que el Real Decreto 1640/1999, objeto del conflicto, no se encuentre en vigor en el momento de dictar la presente Sentencia, consecuencia de las diversas modificaciones que la normativa estatal relativa a la regulación del acceso a la universidad ha sufrido desde el planteamiento del presente conflicto. Así, el impugnado Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, vino a regular, en desarrollo del art. 26.2 LOGSE, el sistema de prueba de acceso, siendo modificado en algunos de sus aspectos por el Real Decreto 990/2000, de 2 de junio. Con posterioridad, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación, estableció en su artículo 37.4 un nuevo sistema de acceso a los estudios universitarios, en el que se eliminó la prueba de acceso y se permitió a las universidades establecer procedimientos de admisión, nuevo sistema que, sin embargo, no llegó a ser aplicado. Así el Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, que lo desarrolló, se vio afectado, en primer término, por la modificación del calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo derivado de la mencionada Ley Orgánica 10/2002, calendario inicialmente establecido por el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio y modificado por Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo. Finalmente, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, reintrodujo la prueba de acceso en su art. 38, precepto cuyo apartado 3 atribuye al Gobierno el establecimiento de sus características básicas, previa consulta a las Comunidades Autónomas e informe previo del Consejo de Coordinación Universitaria. Así conforme al art. 17 del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, el Gobierno, antes del comienzo del curso 2008-2009, había de establecer las características básicas de la prueba de acceso a la universidad, a fin que las Administraciones educativas la organizasen a partir del año académico 2009-2010 para los alumnos que hayan cursado las enseñanzas de bachillerato reguladas por la Ley Orgánica 2/2006. Dicha regulación se adoptó por el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo), norma aplicable a partir del año académico 2009-2010, rigiendo hasta esa fecha de forma transitoria lo previsto en el Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre. Constatada así la pérdida de vigencia de la norma impugnada, la STC 33/2005, de 17 de febrero, FJ 2, recuerda nuestra doctrina respecto a la trascendencia que haya de otorgarse a este hecho en un proceso como el conflicto positivo de competencias, destacando: «[E]ste Tribunal sólo está llamado a pronunciarse sobre la titularidad de una competencia en la medida en que se trate de una competencia controvertida o de que la disputa esté todavía viva, pero debe inevitablemente resolver los términos de un conflicto mientras la esfera respectiva de competencias no resulte pacífica y aunque la disposición sobre la que se trabó el conflicto resulte luego derogada o modificada. En efecto, la controversia constitucional no puede quedar automáticamente enervada por la simple modificación de las disposiciones cuya adopción dio origen al conflicto, cuando las partes demanden todavía una determinación jurisdiccional de sus competencias que constate si se verificó o no la extralimitación competencial denunciada. Por tanto, hay que huir de todo automatismo en los efectos que en los procesos conflictuales quepa conceder a las modificaciones sobrevenidas de las disposiciones discutidas, y estar sustancialmente a la persistencia o no de la controversia competencial, esto es, a si la disputa sobre la titularidad competencial sigue o no viva entre las partes (entre otras, STC 147/1998, de 2 de julio, FJ 3).» Junto al criterio que se acaba de reproducir, hay que tener en cuenta que «en las controversias de alcance competencial es necesario apreciar los efectos que tiene sobre el conflicto la entrada en vigor de nueva normativa reguladora de algunos de los aspectos en discusión, operación que debe realizarse atendiendo en cada caso a las circunstancias concretas y, ante todo, a la pervivencia de la controversia competencial, esto es, a si la disputa sobre la titularidad competencial sigue o no viva entre las partes, de modo que si la normativa en torno a la cual se trabó el conflicto resulta parcialmente modificada por otra que viene a plantear los mismos problemas competenciales la consecuencia necesaria será la no desaparición del conflicto.» (STC 134/2012, de 19 de junio, FJ 2). En este caso es patente la pervivencia de la causa petendi del presente proceso pues la misma se centra en la delimitación de las competencias estatales y autonómicas en torno a la regulación de la prueba de acceso a los estudios universitarios. Junto a ello el examen del vigente Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, pone de relieve que el mismo reproduce, aun con algunos matices, las cuestiones objeto de controversia en el presente proceso. Por tanto, ha de alcanzarse la conclusión de que, pese a su derogación, el conflicto de competencias promovido frente al Real Decreto 1640/1999 mantiene vivo su objeto, de manera que, al resolverlo, deberemos apreciar si hubo o no la invasión de las competencias que se denuncia por el promotor del conflicto y declarar la titularidad de las mismas. Señalado lo anterior hemos de delimitar el objeto del conflicto pues tiene razón el Abogado del Estado al señalar que el art. 5.2 del Real Decreto 1640/1999 no ha de formar parte del presente conflicto en tanto que no ha sido objeto del preceptivo requerimiento de incompetencia, referido, al igual que el suplico del escrito de planteamiento del conflicto, únicamente al apartado 1 del citado precepto reglamentario. Pese a ello en el cuerpo del citado escrito de planteamiento del conflicto se formulan alegaciones en relación con el art. 5.2, alegaciones que, sin embargo, no han de tomarse en consideración pues es reiterada nuestra doctrina según la cual, de acuerdo con el art. 63.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se han de hacer constar con claridad en el requerimiento los preceptos de la disposición viciados de incompetencia, de manera que hay que entender que sobre los preceptos no mencionados en el mismo no se ha planteado un conflicto de competencia. Del mismo modo también ha reiterado nuestra doctrina que el examen que se demanda a este Tribunal debe contraerse exclusivamente a las disposiciones que se contienen en el suplico de la demanda, en la que tampoco aparece mención alguna al art. 5.2 del Real Decreto 1640/1999. Por todo ello hemos de entender que el citado precepto no debe ser enjuiciado en el presente conflicto de competencias. Finalmente, en tercer lugar, también deberemos tener en cuenta que la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, ha entrado en vigor con posterioridad a la admisión a trámite de este conflicto de competencia, por lo que, nuevamente de acuerdo con nuestra doctrina [STC 134/2011, de 20 de julio, FJ 2 d)], las cuestiones que se controvierten se decidirán teniendo en cuenta las prescripciones del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña que puedan ser de aplicación. 3. Centrados así los términos del debate procesal hemos de considerar ahora la cuestión relativa al encuadramiento de los preceptos controvertidos en el sistema material de distribución de competencias. En dicha tarea tendremos presente que la caracterización a efectos competenciales de las disposiciones en conflicto se ha de realizar, según doctrina ya reiterada de este Tribunal, atendiendo, sobre todo, al sentido y finalidad propia con que los varios títulos de competencia se han recogido en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, y teniendo presente, junto a ello, tanto el carácter de las disposiciones y actos traídos al conflicto (STC 87/1987, de 2 de junio, FJ 2) como el objetivo predominante de los mismos (STC 88/1986, de 1 de julio, FJ 4) a fin de determinar la categoría, de entre las referidas en la Constitución y en los Estatutos, a la que primordialmente se reconducen las competencias controvertidas. En tal operación partiremos del examen de la norma reglamentaria de la que forman parte los preceptos impugnados en el presente proceso. Así, el art. 1 del Real Decreto 1640/1999 señalaba que la superación de la prueba prevista en el mismo era requisito necesario para el acceso a los estudios universitarios de aquellos estudiantes que estuvieran en posesión del título de bachiller (art. 2), mientras que los preceptos traídos a este proceso constitucional establecen determinadas previsiones en materia de organización de la referida prueba de acceso (arts. 5, 10, 11, 12 15 y 16.2), regulan su estructura (6, 7, 8 y 14) y fijan el procedimiento para la resolución de las reclamaciones surgidas en el curso de las pruebas (art. 16). Como resulta del contenido de los preceptos impugnados, la materia competencial en la que debe encuadrarse la regulación cuestionada es, pues, la relativa a la enseñanza superior o universitaria ya que es indudable que la norma regula uno de los requisitos para poder acceder a este nivel educativo. En esta materia el Estado tiene atribuida, ex art. 149.1.30 CE –además de la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos– la competencia para dictar «normas básicas para el desarrollo del art. 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia». Por su parte, conforme dispone el Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en el año 2006, la Generalitat ostenta competencia compartida, conforme al art. 172.2 d), sobre «la regulación del régimen de acceso a las universidades», competencia compartida cuyos términos han de entenderse en el sentido que ya expresamos en la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 60. A partir de ambas previsiones normativas no puede sino concluirse que el Estado, como ya señalamos en la STC 26/1987, de 27 de febrero, FJ 10 a), ostenta competencia para establecer la prueba de acceso de los estudiantes a los centros universitarios, pero dicha competencia ha de entenderse, conforme al marco constitucional y estatutario al que acabamos de aludir, circunscrita al contenido básico de la misma. Así el Estado, desde la competencia reconocida por el art. 149.1.30 CE, puede sin duda establecer condiciones básicas relativas a la prueba de acceso a los estudios universitarios aunque, ciertamente, debe tener presente, a la hora de establecer esas bases, que tales pruebas se refieren o afectan a tres ámbitos diversos: la aludida competencia del Estado para establecer las condiciones o normas básicas de selección para el ingreso en los centros universitarios; las competencias autonómicas en materia de educación para desarrollar las citadas condiciones o normas básicas y, finalmente, éstas deben respetar las atribuciones que corresponden a las universidades ubicadas en su territorio, en tanto que la admisión de los estudiantes y la verificación de sus conocimientos forma parte del contenido esencial de la autonomía universitaria constitucionalmente reconocida (artículo 27.10 CE). Doctrina sobre la extensión de la competencia estatal relativa a los procedimientos para la admisión de alumnos en los centros universitarios que hemos confirmado en la STC 184/2012, de 17 de octubre, [FJ 6 e)], al examinar el art. 37.1 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación. Lo que acabamos de exponer ha de llevarnos ya a descartar los reproches que, relativos al rango de la norma, se han formulado por la Generalitat de Cataluña pues los preceptos objeto del conflicto han sido formalmente declarados básicos por la disposición final primera de la norma cuestionada y, desde la perspectiva material, los mismos constituyen un desarrollo de las previsiones que en esta materia contenían la Ley de ordenación general del sistema educativo y la Ley de reforma universitaria, previsiones que, con un tenor similar pueden encontrarse ahora en las vigentes Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (art. 38), y Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (art. 42). Estamos, pues, ante uno de los supuestos en los que, conforme a nuestra doctrina (por todas STC 131/1996, de 11 de junio, FJ 2), resulta posible el recurso a normas reglamentarias para la regulación de cuestiones que, por su carácter, resulten impropias de una disposición legal y que constituyen un complemento necesario de las previsiones legislativas básicas. También procede ya desechar la impugnación de la disposición final primera del Real Decreto 1640/1999 pues, establecido que el Estado ostenta competencias en relación con la prueba de acceso a los estudios universitarios, ningún reproche puede dirigirse a la referida disposición por el hecho de que afirme el carácter básico de la norma, sin perjuicio, claro está, de la concreta valoración que, desde la perspectiva de su proclamado carácter básico, hayan de merecer los concretos preceptos del Real Decreto 1640/1999 que han sido impugnados en este proceso constitucional. 4. Encuadrados los preceptos objeto de conflicto, y a efectos de completar su canon de enjuiciamiento desde su perspectiva material, debemos partir de la necesidad, ya señalada por nuestra doctrina (STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 28 in fine), de que el sistema educativo esté homologado en cualquier parte del territorio nacional (art. 27.8 CE), homologación en la que se incluyen necesariamente los requisitos básicos del acceso de un nivel educativo a otro y del tránsito de un tipo de enseñanzas a otras. Resulta así que la educación superior que suponen las enseñanzas universitarias ha de prestarse en condiciones homologables en cualquier parte del territorio nacional lo que, sin duda, incluye la determinación de los requisitos para poder acceder a esa educación superior en el ámbito del sistema universitario nacional, requisitos entre los cuales ocupa un lugar destacado la prueba de acceso cuya estructura ahora se cuestiona. Establecida ya en nuestra doctrina la competencia estatal para regular la prueba de acceso en sus aspectos básicos, es inherente a ese sistema universitario nacional la existencia de un régimen uniforme sobre determinados aspectos de la estructura de la prueba dado que se trata de un proceso selectivo que surte efectos en cualquier parte del territorio nacional, lo que implica que su configuración haya de responder a unas pautas o criterios comunes en atención a las competencias básicas que en esta materia ostenta el Estado, aspectos sin los cuales no se produciría la homologación nacional requerida. Con ello se garantiza la mínima igualdad en el acceso a la enseñanza superior y se evita la producción de disparidades en las posibilidades de los estudiantes en cuanto a su acceso a dicho nivel de enseñanza. Resulta, por tanto, que la homologación del sistema educativo a que se refiere el art. 27.8 CE y la competencia que reserva al Estado el art. 149.1.30 CE son los medios constitucionalmente previstos para obtener la homogeneidad de tratamiento de la prueba de acceso a los estudios universitarios de suerte que quede garantizada la objetividad de trato en la medida en que sus efectos para el acceso a los estudios universitarios en todo el territorio nacional, ha de ser también conciliada, en los términos que antes hemos expuesto, con nuestro sistema de autonomías territoriales, que encomienda a las Comunidades Autónomas la gestión del sistema educativo en tanto que la educación en todos sus niveles es una materia en la que el Estado y las Comunidades Autónomas ostentan competencias así como con la autonomía universitaria que goza, asimismo, de reconocimiento constitucional y tiene plasmación en este concreto ámbito, como ha señalado nuestra doctrina [STC 26/1987, FJ 10 a)]. Esta homogeneidad de tratamiento adopta algunas decisiones esenciales que deben enmarcar nuestro análisis: la exigencia de una prueba de acceso en todo el territorio nacional; la regulación por parte del Estado de los aspectos básicos de la misma, concretadas, en su caso, por las Comunidades Autónomas y la remisión de la realización concreta de las pruebas, con las garantías inherentes de objetividad, a las universidades. La finalidad de la competencia estatal responde, por tanto, a conseguir, mediante el diseño de una prueba con una estructura común, unos parámetros comunes para la evaluación de todos los estudiantes que persigan el acceso a la universidad. Unidad y homogeneidad de la prueba que justifican su establecimiento por el Estado pero que no implica, ni, por lo demás, ha implicado nunca, identidad absoluta de los contenidos concretos del examen a superar por los estudiantes; cuestión ésta de la diversidad de pruebas concretas que, por lo demás, reconoce implícitamente la norma estatal cuando, entre las funciones de la comisión organizadora de ámbito autonómico definidas en el art. 5, incluye la relativa a la «definición de criterios para la elaboración de las propuestas de examen». Así pues, la aludida finalidad que justifica la competencia estatal determina que hayan de quedar comprendidos en ella todos aquellos aspectos de la estructura de la prueba que resulten necesarios para obtener ese nivel mínimo de homogeneidad necesario para que consiga el objetivo pretendido por la norma básica, esto es, la valoración objetiva de la madurez académica y los conocimientos adquiridos en el bachillerato (art. 1 del Real Decreto 1640/1999 y, en un sentido similar, art. 1 del Real Decreto 1892/2008) teniendo además presente que la prueba en cuestión tiene validez para el acceso a las distintas titulaciones de las universidades españolas, tal como expresamente afirma en la actualidad el art. 38.2 de la vigente Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de educación, extremo ratificado por el art. 42.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en la redacción dada a este precepto por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. Ello sin perjuicio de que el Estado, al establecer el común denominador normativo que encierran las bases en esta materia, haya de tener en cuenta la necesidad de reconocer un margen de actuación autonómico en atención a las competencias que ostenta y a las que ya hemos aludido. Si bien, en aspectos puntuales de la materia objeto de la competencia estatal, en este caso la educación superior o universitaria, el Estado pudiera agotar su regulación siempre que ello fuese justificado en orden a la salvaguarda, en este caso, de la homogeneidad del sistema educativo nacional. Así pues, la cuestión planteada en el presente conflicto de competencia se centra primordialmente en determinar si los preceptos cuestionados han ido más allá de lo que, ex art. 149.1.30 CE, puede considerarse básico en el ámbito de la enseñanza universitaria invadiendo con ello la competencia compartida que el Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la Generalitat. Es decir, pese a que la Generalitat basa sus argumentos en el carácter excesivamente detallado de la regulación, en realidad, conforme al canon que acabamos de exponer, lo que debemos analizar es si los aspectos controvertidos en este proceso son una exigencia inexcusable para el mantenimiento de un sistema homogéneo en todo el territorio nacional de la realización de las pruebas de acceso a los estudios universitarios. Para dar respuesta a tal cuestión analizaremos los preceptos traídos a este proceso constitucional agrupándolos en tres bloques ateniéndonos a tales efectos al orden que se contiene en el escrito de interposición del conflicto. Examinaremos en primer lugar los reproches que se formulan a los arts. 5.1, 10, 11, 12, 15 y 16.2, relativos todos ellos a la denominada comisión organizadora de las pruebas de acceso a los estudios universitarios; en segundo lugar enjuiciaremos las tachas de inconstitucionalidad formuladas respecto a la estructura de la prueba, tal como la misma se regula en los arts. 6, 7, 8 y, por referencia a los citados, 14, y, finalmente, examinaremos las quejas deducidas frente a la regulación del régimen de reclamaciones y de doble corrección previsto en el art. 16. 5. Señalado lo anterior cumple examinar en primer lugar los reproches que la Letrada de la Generalitat de Cataluña dirige a los preceptos que regulan la obligación de constituir, en los respectivos ámbitos de gestión de las administraciones educativas, la denominada comisión organizadora de la pruebas, encargada de las funciones previstas en el impugnado art. 5.1, precepto en el que la recurrente centra las tachas de incompetencia que denuncia dado que los arts. 10, 11, 12, 15 y 16.2 se controvierten solamente en virtud de las menciones que los mismos contienen a la aludida comisión organizadora de la prueba de acceso. El cuestionado art. 5.1 dispone: «1. Las Administraciones educativas, sin perjuicio de las competencias propias derivadas de la autonomía universitaria, constituirán en sus respectivos ámbitos de gestión una comisión organizadora de la prueba de acceso a estudios universitarios, a la que, entre otras, se le atribuirán las siguientes funciones: a) Definición de los criterios para la elaboración de las propuestas de examen. b) Establecimiento de los criterios generales de evaluación de las pruebas. c) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los ejercicios realizados por los alumnos. d) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 6.3 de este Real Decreto. e) Coordinación con los centros en los que se imparta Bachillerato. f) Designación y constitución de los tribunales. g) Resolución de reclamaciones.» Para la representación procesal del Gobierno de la Generalitat estas previsiones vulneran la potestad de autoorganización de la Comunidad Autónoma en relación con las competencias educativas autonómicas, competencias que habrían sido además ejercidas, en este caso, mediante la aprobación del Decreto 334/1996, de 29 de octubre, por el que se crea la Oficina de coordinación de la supervisión del curso de orientación universitaria y de organización de las pruebas de acceso a la universidad de Cataluña. Por su parte el Abogado del Estado niega que se produzca vulneración competencial alguna puesto que no se impone ni el nombre ni la organización de la citada comisión y se establecen sus funciones con un carácter de mínimo. Enjuiciando ya el precepto cuestionado hemos de señalar, en primer lugar, por lo que respecta a la alegada contradicción con lo previsto en disposiciones autonómicas anteriores, que, sin perjuicio de lo que se dirá al examinar los concretos preceptos controvertidos, de la misma forma que las competencias estatales no pueden ejercerse vaciando de contenido las autonómicas que con ellas se relacionen, tampoco puede pretenderse que el previo ejercicio de una competencia autonómica en una materia como la educación, compartida entre el Estado y las Comunidad Autónoma conforme a lo dispuesto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, impida o limite al Estado el pleno ejercicio de sus competencias, a las cuales se alude, por lo demás, en el art. 172.2 d) EAC al calificar la competencia autonómica como compartida. Competencia autonómica que ha de ejercerse, conforme a lo que dispone el propio precepto estatutario, dentro de las orientaciones básicas que el Estado disponga con plena libertad de configuración [en tal sentido, por referencia a la agricultura, SSTC 158/2011, de 19 de octubre, FJ 8, y 99/2012, de 8 de mayo, FJ 2 b)], siempre que, claro está, la actuación estatal pueda entenderse ajustada al orden constitucional de distribución de competencias, extremo que, precisamente, ha de ser dilucidado en el presente proceso constitucional. Por otra parte, en cuanto a la vulneración de las potestades autonómicas de autoorganización, resulta que el precepto estatal nada dice con respecto a cuál haya de ser la composición, denominación o incardinación en el aparato administrativo autonómico de la comisión organizadora de las pruebas de acceso, con lo que difícilmente le es reprochable vaciamiento alguno de dicha potestad autonómica en los términos en que dicha potestad se ha entendido por nuestra doctrina, ya que no impide a la Comunidad Autónoma «conformar libremente la estructura orgánica de su aparato administrativo» (STC 165/1986, de 18 de diciembre, FJ 6). Por el contrario, constituye una mínima previsión organizativa relativa a la necesaria existencia de una estructura administrativa para llevar a cabo la organización de la prueba en atención a su carácter de pieza esencial del sistema educativo y con la finalidad de asegurar un tratamiento uniforme en todo el territorio nacional. Con ello se concilia, sin que quede enervada la competencia de la Comunidad Autónoma en materia de autoorganización, la realización de esa prueba en la forma que las Administraciones educativas estimen más conveniente con el respeto al marco predeterminado por las bases estatales para establecer las condiciones para el ingreso en los centros universitarios. Lo mismo cabe decir de las funciones asignadas al órgano encargado de la organización de las pruebas pues, amén de que nada en concreto se alega frente a ellas por la representación procesal de la Generalitat de Cataluña, la norma impugnada las define con un grado de generalidad suficiente para permitir su concreción por las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias en esta materia (así, en el Decreto de la Generalitat de Cataluña 107/2001, de 17 de abril, que crea y regula la Comisión coordinadora de las pruebas de acceso a las universidades de Cataluña), sin que, claro está, nada impida tampoco la asignación a este órgano colegiado de funciones adicionales distintas de las previstas en la norma estatal. Desechada en los términos que acabamos de exponer la impugnación del art. 5.1 la misma suerte han de correr las de los arts. 10, 11, 12, 15 y 16.2, pues ya hemos indicado que todos ellos han sido cuestionados únicamente en razón de las menciones que los mismos contienen a la referida comisión organizadora de las pruebas de acceso, sin que, además, se hayan formulado por la Letrada de la Generalitat de Cataluña reproches concretos a cada uno de los preceptos citados. 6. Procede ya examinar el segundo grupo de preceptos impugnados, arts. 6, 7 y 8 y, por remisión a los mismos art. 14, apartados 2, 3 y 4, relativos todos ellos a la regulación de los contenidos y estructura de la prueba de acceso a estudios universitarios. Los impugnados arts. 6, 7 y 8 disponían lo siguiente: «Artículo 6. Estructura general de la prueba de acceso. 1. La prueba de acceso a los estudios universitarios constará de dos partes. La primera, de carácter general, versará sobre las materias comunes del bachillerato y constará de tres ejercicios. En el caso de que la prueba se celebre en Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá establecerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un ejercicio referido a la lengua cooficial. La segunda parte, de carácter específico, versará sobre las materias de modalidad establecidas en el Real Decreto 1700/1991, de 29 de noviembre, y el estudiante realizará examen de tres de estas materias. 2. La prueba de acceso, para cada estudiante, tendrá una duración de tres días, con un máximo de cuatro horas y media diarias. Esta duración deberá ampliarse cuando sea preciso por acceder el estudiante por una segunda vía o cuando por la especial naturaleza de algún ejercicio se acuerde facilitar a los alumnos que la realicen un tiempo superior al establecido con carácter general. 3. Para la realización de los ejercicios, los alumnos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en la que se halle el centro en el que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana, lengua cooficial propia de la Comunidad Autónoma e idioma extranjero deberán desarrollarse en las respectivas lenguas. Artículo 7. Primera parte de la prueba. 1. Tendrá como objetivo apreciar la madurez y la formación general del estudiante y estará concebida para evaluar destrezas académicas básicas, como la comprensión de conceptos, el uso del lenguaje, las capacidades para analizar, relacionar, sintetizar, expresar ideas y el conocimiento de una lengua extranjera. Comprenderá tres ejercicios, o cuatro en el caso de que deba incluirse la lengua cooficial propia de la Comunidad Autónoma, y en cada uno de ellos se entregará a los estudiantes una sola propuesta. 2. Primer ejercicio: composición de un texto sobre un tema o cuestión de tipo histórico o filosófico a partir del análisis de diferentes fuentes de información (textos, tablas, gráficos, imágenes y otras similares) incluidas en la propuesta de examen. La composición deberá integrar los conocimientos del alumno y la información facilitada. 3. Segundo ejercicio: análisis de un texto de un idioma extranjero, del lenguaje común, no especializado. A partir del texto propuesto el estudiante realizará un comentario personal y responderá a cuestiones relacionadas con el texto, que serán planteadas y respondidas por escrito en el mismo idioma, sin ayuda de diccionario ni de ningún otro material didáctico. 4. Tercer ejercicio: análisis y comprensión de un texto en lengua castellana. La propuesta constará de tres partes, en las que se medirá: a) Capacidad de análisis y síntesis del contenido del texto mediante la elaboración de un resumen y/o esquema del mismo. b) Comentario crítico sobre el contenido del texto. c) Respuestas a cuestiones de lengua y literatura relacionadas con el texto. 5. En su caso, un cuarto ejercicio sobre la lengua cooficial cuyo contenido será establecido por la Administración educativa competente. 6. La duración de cada uno de los ejercicios será de una hora y media. Artículo 8. Segunda parte de la prueba. 1. Tendrá como objetivo apreciar los conocimientos específicos de las materias propias de modalidad –establecidas en el Real Decreto 1700/1991, de 29 de noviembre– relacionadas con los estudios universitarios posteriores. Evaluará los conocimientos adquiridos en el bachillerato y destrezas básicas de la especialidad, como comprensión de conceptos, el manejo del lenguaje científico, la resolución de problemas y las capacidades de analizar, relacionar y sintetizar. Esta parte constará de tres ejercicios, en cada uno de los cuales se entregará al alumno dos propuestas diferenciadas, entre las que elegirá una. 2. Para realizar la prueba de acceso, los estudiantes pueden concurrir por alguna de las siguientes vías de acceso: Científico-Tecnológica, Ciencias de la Salud, Humanidades, Ciencias Sociales, Artes. 3. Corresponderá al Ministro de Educación y Cultura, previo informe del Consejo de Universidades, la determinación, revisión y modificación de los títulos universitarios relacionados con cada una de las vías anteriores. 4. Esta segunda parte versará sobre tres materias propias de modalidad. Entre ellas, necesariamente deberán incluirse las dos materias vinculadas a cada vía de acceso; la tercera será elegida libremente por el estudiante entre las propias de modalidad. Las materias vinculadas a las vías de acceso serán las siguientes: a) Vía Científico-Tecnológica: Matemáticas y Física. b) Vía Ciencias de la Salud: Biología y Química. c) Vía Humanidades: Latín e Historia de la Filosofía. d) Vía Ciencias Sociales: Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales y Geografía. e) Vía Artes: Dibujo Artístico e Historia del Arte. 5. Las propuestas de examen de cada una de las materias podrán incluir textos, cuestiones, preguntas, repertorios de problemas y análisis de diferentes fuentes de información que permitan al alumno demostrar sus conocimientos. 6. La duración de cada ejercicio será de hora y media. En el caso de que algunas de las materias relacionadas con el dibujo y la expresión plástica requieran una mayor duración, a juicio de la Comisión, ese tiempo podrá ampliarse. 7. Para la superación de la prueba, los estudiantes podrán presentarse por una o dos de las vías de acceso previstas. En este último caso deberán examinarse de las cuatro materias vinculadas a las vías de acceso elegidas y de una sola materia elegida libremente por el estudiante entre las propias de modalidad.» A tales preceptos les reprocha la Letrada de la Generalitat de Cataluña su carácter excesivamente detallado, de manera que agotaría el espacio normativo en la materia haciendo imposible la adecuación de la norma a las peculiaridades autonómicas con el consiguiente menoscabo de las competencias de la Generalitat. Por su parte el Abogado del Estado considera que estas disposiciones tienen el carácter de condiciones básicas para el ejercicio del derecho a acceder a la educación universitaria pues pretenden garantizar la uniformidad de las pruebas para verificar los conocimientos mínimos de los estudiantes para pasar al nivel universitario. El enjuiciamiento de estos preceptos debemos realizarlo atendiendo a lo que ya hemos expuesto en relación al carácter y las finalidades que ha de cumplir la prueba de acceso y con el criterio que, respecto a la extensión de las bases estatales en esta materia, ya expresamos en la ya citada STC 26/1987, de 27 de febrero, en cuanto a las condiciones o normas básicas de selección que han de ser establecidas con tal carácter en todo el Estado y respetadas por las Administraciones educativas competentes a las que corresponde organizar la prueba en su respectivo ámbito territorial. De acuerdo con ello podemos considerar ahora que han de tener naturaleza básica todos aquellos aspectos que bien se relacionen directamente con la evaluación de la madurez académica, los conocimientos y la capacidad de los estudiantes para seguir con éxito las enseñanzas universitarias (objetivos que persigue la prueba de acceso vigente) bien persigan garantizar la imprescindible y necesaria homogeneidad de las pruebas. De este modo, en un contexto en el que corresponde a las Administraciones autonómicas y a las Universidades, en sus respectivos ámbitos, la organización y realización de las pruebas, el Estado asegura un tratamiento uniforme de los estudiantes en su acceso a la enseñanza superior evitando así disparidades en la medida en que la norma básica proporciona tanto parámetros que garanticen el cumplimiento de la finalidad pretendida como la objetividad en la valoración. Es necesario advertir finalmente que debe exigirse a este sistema de acceso una coherencia en su regulación, de forma que se evite que determinados requisitos que puedan tener una pretendida función homogeneizadora se puedan convertir en requisitos de desigualdad al estar combinados con las decisiones que se puedan adoptar por los distintos órganos que concurren en la definición y realización de estas pruebas de acceso. Cumple advertir ahora que, para garantizar la uniformidad de dichas pruebas en el conjunto de la Comunidad Autónoma, confluyen en su organización tanto la administración educativa como las propias universidades de Cataluña. Confluencia que se pone de manifiesto en la existencia de diversos acuerdos del Consejo Interuniversitario de Cataluña sobre la organización de las pruebas de acceso a la universidad, hechos públicos por resolución de 31 de octubre de 1997 («Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» de 17 de noviembre de 1997), extremos que se confirman en el Decreto 107/2001, ya mencionado y en la propia Ley 1/2003, de 19 de febrero, de universidades de Cataluña, cuyo art. 32 establece que el acceso al sistema universitario público de Cataluña debe respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, señalando que corresponde a las universidades, de acuerdo con la normativa vigente, la admisión de los estudiantes (apartado 1); por su parte, conforme al apartado 2, el Departamento competente en materia de universidades debe adoptar las medidas pertinentes para que las universidades puedan actuar coordinadamente en materia de acceso a la universidad, con el fin de garantizar que los estudiantes concurran a los procesos de acceso en igualdad de oportunidades. Con esta finalidad, también según el citado apartado 2, el Consejo Interuniversitario de Cataluña debe ofrecer procesos de acceso para que las universidades se acojan a éstos, los cuales deben ser respetuosos con la autonomía universitaria. Todo ello se traduce en que la organización de las pruebas corresponde a la Comisión coordinadora de las pruebas de acceso a las universidades de Cataluña, a través de la Oficina de organización de pruebas de acceso a la universidad, dependiente del Consejo Interuniversitario de Cataluña, una de cuyas comisiones permanentes es la de acceso y asuntos estudiantiles a la que corresponde entre otras funciones, aprobar y supervisar el proceso de organización de las pruebas de acceso a las universidades de Cataluña así como su calendario y el presupuesto (art. 4.2 de la resolución IUE/1355/2007, de 27 de abril, por la que se regulan las comisiones de carácter permanente del Consejo Interuniversitario de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» de 11 de mayo de 2007). Por tanto, conforme a cuanto acabamos de exponer, procede ahora analizar los reproches dirigidos a los concretos preceptos impugnados. Así, al art. 6.1, y por conexión con el mismo, a los arts. 7.1 y 8.1, se les imputa que determinan el número de ejercicios o de materias de las que ha de constar cada una de las dos partes en las que se divide la prueba de acceso, determinación que el Estado puede establecer por cuanto se trata de una previsión normativa que tiende a garantizar el carácter único de la prueba en lo que respecta a su estructura. Lo anterior conduce también a desestimar las quejas dirigidas contra el art. 14 pues, correspondiendo al Estado la determinación de la estructura de la prueba, la forma de calificarla se relaciona directamente con la finalidad perseguida por la normación básica en el sentido de establecer una mínima homogeneidad en atención a que va a surtir efectos en la totalidad del sistema universitario nacional. En el artículo 6.2 hay una previsión general de garantía de la dimensión temporal global de las pruebas y de racionalidad y proporcionalidad del esfuerzo exigible a los alumnos en su realización que son predicables de una uniformidad de trato. Igualmente hay una exigencia de alteración de esta uniformidad formal cuando razones concretas, que debe determinar la autoridad docente encargada de la realización de las pruebas, requieren un resultado material que encuentre, en su diferencia de trato, la solución a una desigual dificultad o circunstancia. Alteraciones permitidas por el segundo inciso del precepto, que, en todo caso, consienten un desarrollo normativo por parte de las Comunidades Autónomas en el que se expresen sus peculiaridades u opciones de política educativa. Por lo que no cabe reprochar a este precepto exceso competencial. Las tachas de incompetencia formuladas al art. 7, que versan sobre la prueba específicamente dirigida a valorar la madurez y formación general, se concretan en la exhaustiva regulación tanto de los contenidos de la primera parte de la prueba de acceso como de la materia, diseño y duración de cada uno de los ejercicios que la integran lo que excedería del contenido material de las bases que puede fijar el Estado. Dicha tacha ha de ser examinada en relación con cada uno de los apartados de este precepto. Así, respecto al art. 7.1, apreciamos que no vulnera el orden competencial, en tanto que garantía de la homogeneidad de la prueba, el hecho de que el Estado establezca el número de ejercicios que integran esta primera parte de la prueba así como las materias (en el caso de la norma impugnada historia o filosofía, idioma extranjero y lengua castellana, en todo caso, con posibilidad de incluir la lengua cooficial propia de la Comunidad Autónoma) sobre las que los ejercicios deben versar. Igualmente la determinación del número de propuestas diferenciadas de examen a entregar al alumno es una cuestión que repercute directamente en el nivel de dificultad o exigencia de la prueba de acceso y, por tanto, guarda directa relación con las condiciones de realización que, en atención a la finalidad de la prueba, el Estado puede establecer. Tampoco incurren en infracción competencial alguna las referencias a la finalidad perseguida por el examen en el sentido de que con el mismo se persigue la evaluación de destrezas académicas básicas, pues con ello se está determinando la naturaleza del examen y, en todo caso, la alusión a tales destrezas académicas básicas, conforme al propio tenor literal del precepto, un carácter meramente ejemplificativo. Por el contrario, son contrarios al orden competencial los incisos «a partir del análisis de diferentes fuentes de información (textos, tablas, gráficos, imágenes y otras similares) incluidas en la propuesta de examen» y «La composición deberá integrar los conocimientos del alumno y la información facilitada» del art. 7.2 pues, en ambos casos, se trata de previsiones excesivamente detalladas, incompatibles con su condición básica, sin que tampoco se advierta que se trate de una regulación imprescindible para garantizar la ya aludida homogeneidad en el sistema de acceso a la educación superior. En cuanto al art. 7.3 es contrario al orden competencial el inciso «A partir del texto propuesto el estudiante realizará un comentario personal y responderá a cuestiones relacionadas con el texto, que serán planteadas y respondidas por escrito», ya que, por su carácter excesivamente pormenorizado respecto a la forma del examen, no puede ser calificado como básico. Calificación que ha de otorgarse, por el contrario, al hecho de la prueba en cuestión que haya de realizarse en el mismo idioma y sin la ayuda de diccionario o material didáctico alguno, pues ello afecta a su necesaria homogeneidad en cuanto a su nivel de dificultad. Del art. 7.4 vulnera el orden constitucional de distribución de competencias el inciso «mediante la elaboración de un resumen y/o esquema del mismo» del apartado a), pues la determinación o concreción del modo en que se evalúe la capacidad de análisis y síntesis del texto propuesto no requiere un grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el Estado, de modo que ha de corresponder a las Administraciones educativas competentes. Infracción de las competencias autonómicas que no es achacable al art. 7.5 en la medida en que el mismo únicamente prevé la posible existencia de un cuarto ejercicio que verse sobre la lengua cooficial que, en todo caso, habrá de ser establecido por la Administración educativa competente. Por último, en lo que respecta al apartado 6, el tiempo de duración de la prueba es una cuestión que ha de ser considerada básica en cuanto que con esa previsión se trata de garantizar la mínima igualdad para acceder a la enseñanza superior, así como evitar disparidades en las posibilidades de los estudiantes respecto al citado acceso a los estudios universitarios, garantizando que el resultado pueda homologarse en las diversas Comunidades Autónomas. Los reproches formulados a los apartados impugnados del art. 8 son similares a los que se formulan al precepto que acabamos de enjuiciar, de manera que similares han de ser las conclusiones. Así, su apartado 1 no es contrario al orden competencial por las razones que ya hemos expuesto en relación con el art. 7.1. Conformes con la distribución constitucional y estatutaria de competencias resultan también los apartados 4 y 7 del art. 8 por cuanto se refieren a aspectos relacionados con la estructura de la prueba que han de ser considerados básicos. Por su parte, es contrario a las competencias autonómicas el art. 8.5 en cuanto que, conforme a su tenor literal, prevé una serie de opciones para la elaboración de las propuestas de examen cuya concreción corresponde a las distintas administraciones educativas responsables de la organización de las pruebas, resultando, por tanto, una norma que carece de contenido prescriptivo, lo que la hace incompatible con su proclamada condición básica. Por último, con respecto al art. 8.6, no queda sino reiterar las conclusiones ya alcanzadas respecto al art. 7.6, en el sentido de que no se vulneran las competencias autonómicas. 7. Finalmente resta por examinar la controversia trabada en torno al art. 16 del Real Decreto 1640/1999, precepto que establece lo siguiente: «Artículo 16. Reclamaciones: doble corrección. 1. Los alumnos podrán solicitar ante el presidente del tribunal la revisión de la corrección de los ejercicios en los que se considere incorrecta la aplicación de los criterios generales de evaluación y específicos de corrección a los que se refieren los artículos 5.1 y 13 de este Real Decreto. El plazo de presentación de esta solicitud será de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de la publicación de las calificaciones. Los ejercicios sobre los que se haya solicitado la revisión serán corregidos por un profesor especialista distinto al que realizó la primera corrección. La calificación resultará de la media aritmética de ambas correcciones. En el supuesto de que existiera una diferencia de tres o más puntos entre ambas calificaciones, un tribunal distinto efectuará una tercera corrección, otorgando la calificación que resolverá la revisión solicitada. Este procedimiento deberá efectuarse en el plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de finalización del plazo establecido en el párrafo anterior. 2. Sobre la calificación otorgada por el tribunal, los alumnos podrán presentar reclamación ante la comisión organizadora, en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la resolución del tribunal a la que se refiere el apartado anterior. La resolución adoptada por la comisión organizadora pondrá fin a la vía administrativa.» La Letrada de la Generalitat de Cataluña reprocha al precepto que se acaba de trascribir que el plazo de cinco días hábiles en el que ha de realizarse la segunda corrección de los ejercicios impide que pueda ponerse en práctica el sistema establecido por la Comunidad Autónoma en virtud del cual los vocales correspondientes al centro del alumno informaban sobre la corrección de los exámenes sometidos a revisión antes de remitirlos al tribunal correspondiente. Por su parte el Abogado del Estado considera que dicha alegación no tiene ningún efecto o virtualidad desde el punto de vista de la delimitación de competencias, estimando, además, que el precepto queda amparado por la competencia del Estado en materia de regulación de las condiciones que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho a acceder a estudios universitarios siendo la revisión en plazos breves esencial para mejorar la objetividad y el rigor en su resolución. Centrada la queja formulada en el plazo de cinco días al que alude el párrafo tercero del art. 16.1, pues nada se argumenta sobre el restante contenido del precepto, la misma ha de ser desestimada. Por un lado, ya hemos señalado antes que el hecho de que existan disposiciones autonómicas anteriores a la aprobación de la norma estatal básica no puede impedir al Estado la modificación de las normas reguladoras de esta materia en función de los distintos criterios que lícitamente puede adoptar el Estado. En esos casos, lo que haya de determinarse es si la decisión estatal puede, legítimamente, ser calificada como básica atendiendo a las competencias que sobre esta materia ostenta el Estado. Sobre este último aspecto, al que hemos aquí de ceñirnos, nada se alega por la Generalitat de Cataluña, que se limita a aludir a la imposibilidad de continuar con la práctica administrativa seguida hasta la fecha en relación con el sistema de doble corrección de los ejercicios, alegación que carece de virtualidad desde el punto de vista de la delimitación de competencias sobre esta cuestión sin que, por otra parte, tampoco haya quedado acreditada la imposibilidad de cumplir con los procedimientos de revisión de los ejercicios a los que alude la Generalitat en el escrito de promoción del conflicto. Además, el plazo de corrección se califica de máximo lo que pone de manifiesto tanto su finalidad de garantía como su posible modificación por las Administraciones educativas en el ámbito de sus competencias. Por todo lo expuesto la impugnación del art. 16 ha de ser desestimada. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido 1.º Estimar parcialmente el presente conflicto positivo de competencia y, en consecuencia, declarar que vulneran las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los siguientes artículos o partes de los mismos del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios: 7.2, en los incisos «a partir del análisis de diferentes fuentes de información (textos, tablas, gráficos, imágenes y otras similares) incluidas en la propuesta de examen» y «La composición deberá integrar los conocimientos del alumno y la información facilitada»; 7.3 en el inciso «A partir del texto propuesto el estudiante realizará un comentario personal y responderá a cuestiones relacionadas con el texto, que serán planteadas y respondidas por escrito…»; 7.4 a), en el inciso «mediante la elaboración de un resumen y/o esquema del mismo», y 8.5. 2.º Desestimar el conflicto en todo lo demás. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a catorce de noviembre de dos mil doce.–Pascual Sala Sánchez.–Manuel Aragón Reyes.–Pablo Pérez Tremps.–Francisco José Hernando Santiago.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Firmado y rubricado.

El Constitucional dice ahora que un decreto de 1999 sobre las pruebas de acceso a estudios universitarios invade competencias de la Generalitat.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el conflicto positivo de competencia núm. 1037-2000 interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra diversos preceptos del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios. Ha formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 24 de febrero de 2000 la Letrada de la Generalitat de Cataluña, en la representación que ostenta, promueve conflicto positivo de competencias frente al Gobierno de la Nación contra diversos preceptos del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios. El conflicto se fundamenta en los motivos que, resumidamente, se exponen a continuación: Tras delimitar el objeto del conflicto a los arts. 5.1; 6, apartados 1 y 2; 7; 8, apartados 1, 4, 5, 6 y 7; 10; 11; 12; 14, apartados 2 a 4; 15; 16 y disposición final primera del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre y hacer referencia al cumplimiento de los presupuestos procesales exigidos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para la promoción de un conflicto positivo de competencia, señala que el mismo versa sobre un punto muy importante del sistema educativo como es el relativo a la obligatoria prueba que han de realizar los estudiantes para acceder a los estudios universitarios, prueba en la que se reclama la intervención normativa y ejecutiva de la Generalitat de Cataluña, en tanto que Administración educativa competente. Por otra parte, en ejercicio de sus competencias en materia de coordinación universitaria, destaca que la Generalitat ha ordenado la intervención de las universidades en este proceso, especialmente a través del Decreto 334/1996, de 29 de octubre, por el que se crea la oficina de coordinación de la supervisión del curso de orientación universitaria y de organización de las pruebas de acceso a la universidad de Cataluña. En dicho marco, la representación procesal de la Generalitat estima que la regulación estatal derivada del art. 29.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo (LOGSE) debería limitarse a los que estrictamente pueda considerarse la prueba de acceso como un elemento abstracto de «ordenación general del sistema educativo» sistema establecido en la LOGSE y en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria (LRU) y ya desarrollado por normas autonómicas de manera que el reglamento estatal de la prueba, de existir, debería ser mínimo y dejar espacio suficiente a las administraciones educativas mas próximas para que, junto con las universidades, completaran el ciclo formativo de la educación secundaria. Por el contrario, estima la Letrada de la Generalitat que el Real Decreto 1640/1999 implanta un esquema rígido que obvia la existencia de distintas Administraciones educativas con competencias. El escrito de interposición se refiere seguidamente al reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de educación, señalando que, en esta materia, corresponde al Estado ex art. 149.1.30 CE la competencia para establecer la ordenación general del sistema educativo en la que se ampara el Real Decreto 1640/1999, conforme a su disposición final primera. A este respecto indica que, como se desprende del contenido material de lo que se impugna, la habilitación competencial que fundamentaría la intervención estatal sería la de «normas básicas para el desarrollo del art. 27 CE» materia que ha sido objeto de diversas leyes orgánicas que realizan la delimitación de lo que ha de ser considerado básico e incardinándose en el bloque de la constitucionalidad de conformidad con el art. 28 LOTC. Al respecto considera la representación procesal de la Generalitat que la norma impugnada parte de una consideración amplísima de lo que deba entenderse por «ordenación general del sistema educativo» al que se refiere la Ley Orgánica 8/1985 reguladora del derecho a la educación, cuando la concurrencia de competencias estatales y autonómicas en el sistema educativo requiere una precisión de los que deba considerarse básico impidiendo al reglamento invocar tal calificación mas allá de lo previsto en la previa ley habilitante y evitando que las competencias autonómicas queden vacías de contenido. Así considera que la regulación estatal de la prueba de acceso va mas allá de lo que pueda derivarse del art. 29.2 LOGSE, vaciando de contenido la competencia autonómica ejercida a través de diversas disposiciones legislativas que han tenido su correspondiente desarrollo reglamentario conformando un sistema educativo determinado en el que ha de encajar con naturalidad la prueba de acceso a la universidad, lo cual solamente será posible si se deja a la Administración educativa competente su regulación y ejecución, aplicando a tal efecto las previsiones de la Ley de ordenación general del sistema educativo y de la Ley de reforma universitaria. En cuanto a la primera de las citadas señala que menciona la prueba de acceso en su art. 29.2 vinculándola estrechamente a los estudios de bachillerato así como, dada su finalidad de acceso a los estudios universitarios, estableciendo la necesaria participación de las universidades en la organización de la misma. Desde ambos aspectos la competente para regular la prueba de acceso sería la Generalitat de Cataluña. Así, por lo que respecta al bachillerato y a partir de las bases estatales, la Comunidad Autónoma ha establecido los contenidos y la forma de evaluación del bachillerato cuya superación constituye también un requisito para el acceso a la Universidad hasta el punto de que ### RESUMEN: El Constitucional dice ahora que un decreto de 1999 sobre las pruebas de acceso a estudios universitarios invade competencias de la Generalitat.

PREÁMBULO El artículo 49.1.5 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana establece la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico. Asimismo, el artículo 26.2 de Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, dispone que la declaración de un Bien de Interés Cultural se hará mediante decreto del Consell, a propuesta de la conselleria competente en materia de cultura. Todo ello sin perjuicio de las competencias que el artículo 6 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, reserva a la Administración General del Estado. Asimismo, la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, en su artículo 45 dispone que serán declarados bienes de interés cultural las actividades, conocimientos, usos y técnicas que constituyan las manifestaciones más representativas y valiosas de la cultura y los modos de vida tradicionales de los valencianos. Igualmente podrán ser declarados bienes de interés cultural los bienes inmateriales que sean expresiones de las tradiciones del pueblo valenciano en sus manifestaciones musicales, artísticas, gastronómicas o de ocio, y en especial aquellas que han sido objeto de transmisión oral, y las que mantienen y potencian el uso del valenciano. La festividad del Nou d’Octubre es el día del pueblo valenciano. Se conmemora ese día la conquista de Valencia, en 1238, por parte de las tropas del rey Jaime I. Ya en 1338 se instituyó la fiesta conmemorativa y se ha celebrado especialmente en los casos de los centenarios. Siempre se ha mantenido como trasfondo el hecho de celebrar la fecha fundacional del pueblo valenciano y la exaltación de la identidad colectiva de los valencianos. Estas circunstancias se han hecho patentes en el acto de la procesión cívica que se celebra la mañana del Nou d’Octubre, consistente en el solemne descenso con honores de ordenanza por el balcón del Ayuntamiento de la Real Senyera, y su procesión, rodeada y escoltada por las entidades cívicas y principales autoridades locales, en un séquito ceremonial. Hasta la actualidad, la procesión cívica se mantiene como verdadero hilo conductor de una fiesta que expresa la autoconciencia y valencianidad del pueblo valenciano. Mediante Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, se acordó tener por incoado expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial a favor de la procesión cívica del Nou d’Octubre en Valencia. En la tramitación del expediente se ha concedido trámite de audiencia al Ayuntamiento de Valencia. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, constan en el expediente los informes favorables del Consell Valencià de Cultura y de la Universitat de València. Por todo ello, cumplidos los trámites previstos en los artículos 26 y siguientes de la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano, a propuesta del conseller de Educación Investigación, Cultura y Deporte, de conformidad con los artículos 28.c y 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, y previa deliberación del Consell, en la reunión del 7 de octubre de 2016, decreto: Artículo 1. Objeto. Se declara Bien de Interés Cultural Inmaterial la procesión cívica del Nou d’Octubre en Valencia. Artículo 2. Descripción del bien y valores La descripción del bien y sus valores se hacen constar en el anexo de este decreto. Artículo 3. Medidas de protección y salvaguardia La protección de la procesión cívica del Nou d’Octubre en Valencia como patrimonio cultural inmaterial se concretará en las siguientes medidas: a) Realizar labores de identificación, descripción, investigación, estudio y documentación con criterios científicos. b) Incorporar los testimonios disponibles a soportes materiales que garanticen su protección y preservación. c) Velar por el normal desarrollo y la pervivencia de esta manifestación cultural, así como tutelar la conservación de sus valores tradicionales y su transmisión a las generaciones futuras. Cualquier cambio que exceda el normal desarrollo de los elementos que forman esta manifestación cultural deberá comunicarse a la dirección general competente en materia de patrimonio cultural para, en su caso, su autorización administrativa y consiguiente modificación de la presente declaración. Las acciones de salvaguardia que se proyecten deberán tener en cuenta, de manera muy especial, los riesgos de desvirtuación que podrían derivarse del turismo masivo, así como la necesidad de valorar y proteger adecuadamente los oficios tradicionales asociados a esta manifestación. La gestión de la procesión cívica será ejercida por el Ayuntamiento de Valencia, el cual decidirá sobre aspectos materiales e inmateriales, así como el desarrollo de los actos de la festividad anual. Disposición adicional primera. Publicación e inscripción. Este decreto se publicará en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana» y en el «Boletín Oficial del Estado», y la declaración se inscribirá en la Sección Primera del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano comunicándose, asimismo, al Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Disposición adicional segunda. Incidencia presupuestaria. La aplicación y desarrollo de este decreto no podrá tener incidencia alguna en la dotación de los capítulos de gasto asignada a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y en todo caso deberá ser atendido con los medios personales y materiales de la conselleria competente por razón de la materia. Disposición final única. Entrada en vigor. Este decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana». Valencia, 7 de octubre de 2016.–El President de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer.–El Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà Ibáñez. ANEXO 1. Exposición de motivos: La festividad del Nou d’Octubre constituye el día del pueblo valenciano. La jornada conmemora la conquista de la ciudad de Valencia, el 9 de octubre de 1238, por parte de las tropas del rey Jaime I. Aunque fue en 1239 cuando el histórico Reino de Valencia se constituyó como entidad política prácticamente independientemente dentro de la Corona de Aragón, a los ojos de los antepasados medievales la fecha del 9 de octubre de 1238 ya se presentó como símbolo de la recuperación de las tierras valencianas y, con posterioridad, ha sido considerada como fecha de nacimiento del pueblo valenciano. A partir de 1338, fecha del primer centenario de la conquista, se instituyó la fiesta conmemorativa del Nou d’Octubre. Desde entonces hasta la abolición de los Fueros del Reino de Valencia por los decretos de Nueva Planta, la fiesta se celebró anualmente de manera casi ininterrumpida, con celebraciones especiales en los casos de los centenarios. Desde 1707 hasta su recuperación definitiva en el siglo XX, solo en 1738 y 1838 se realizaron las celebraciones, si bien se mantuvo su recuerdo así como el simbolismo especial de la Reial Senyera. La fiesta se ha realizado en las distintas épocas con diversas reinterpretaciones simbólicas, transformaciones formales e instrumentalizaciones ideológicas, si bien siempre se ha mantenido como trasfondo el hecho de celebrar la simbólica fecha fundacional del pueblo valenciano y la exaltación de la identidad colectiva de los valencianos del cap i casal y de todo el reino. Estas circunstancias, especialmente la segunda, se han hecho patentes en el acto de la procesión cívica que se celebra la mañana del Nou d’Octubre a partir de las 12 horas del mediodía, consistente en el solemne descenso con honores de ordenanza, por el balcón del Ayuntamiento, de la Reial Senyera de Valencia, compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta, culminada por la figura de un murciélago, que durante todo el año se conserva en el Museo del Archivo Histórico de Valencia, y su procesión, rodeada y escoltada por las entidades cívicas valencianas y principales autoridades locales y autonómicas. Se trata de un singular séquito ceremonial que, desde la plaza del Ayuntamiento, recorre las principales calles del centro de la ciudad de Valencia hasta llegar a la plaza de Alfonso el Magnánimo, en que se rinde homenaje a la figura del rey Jaime I, fundador del Reino de Valencia, y desde allí se devuelve nuevamente a la plaza del Ayuntamiento, donde la Reial Senyera es izada para que vuelva a ser custodiada en las dependencias del Archivo Histórico Municipal. La procesión cívica, aunque ha experimentado varias transformaciones y reconfiguraciones en función de los distintos contextos sociohistóricos, se mantiene como verdadero hilo conductor de una fiesta que expresa la autoconciencia y valencianidad de los habitantes del cap i casal y de todo el territorio valenciano. Durante su larga trayectoria, la procesión ha funcionado como prueba irrefutable de una especie de espiritualidad cívica donde se unen la creencia en la comunidad, la memoria colectiva y el deseo de cohesión social e identificación con la urbe, alcanzada mediante todo un ceremonial escrupulosamente codificado. Así, la procesión cívica, que en principio tuvo un origen y significado casi religioso, vinculado al nacimiento providencial del Reino de Valencia, fue transmutándose en un acto de carácter laico en que se afianzan los vínculos culturales, sociales y políticos de los ciudadanos de la ciudad de Valencia, como capital del territorio valenciano, actualmente denominado Comunitat Valenciana. 2. Datos sobre el bien objeto de la declaración. 2.1 Denominación: Procesión cívica del Nou d’Octubre en Valencia. 2.2 Localidad: Ciudad de Valencia. 2.3 Fecha de realización: 9 de octubre. 2.4 Protagonistas principales: Reial Senyera, figura histórica del rey Jaime I, entidades cívico-culturales y políticas, representantes institucionales municipales y autonómicos, y ciudadanía en general. 2.5 Antecedentes históricos: La actual procesión cívica tiene sus antecedentes en las celebraciones medievales de la conquista cristiana de Valencia. Estas se sitúan en el contexto de la nueva atmósfera europeísta y occidental universalizada a través de la ideología transmitida por la Iglesia católica y por la realeza, las dos grandes instituciones que vertebraron desde el principio el nuevo Reino de Valencia y favorecieron la codificación de las nuevas tradiciones festivas locales. El 9 de octubre de 1238, día de san Dionisio, el rey Jaime I hizo su entrada triunfal, atando desde entonces el destino de Valencia al de la Corona de Aragón. De esta manera, san Dionisio, que no tenía nada que ver con la tradición local y que tan solo representaba una fiesta menor del calendario litúrgico, alcanzaría una popularidad extraordinaria, al solemnizarse su recuerdo junto con la rendición de la plaza y la consagración eclesiástica de la catedral, e identificarse su conmemoración con la inclusión de Valencia en el seno de la cristiandad. Históricamente en la catedral ha tenido y todavía tiene lugar (aunque no siempre con carácter oficial) la celebración del Tedéum o canto de acción de gracias a dios, por esta conmemoración. Las primeras celebraciones datan de un siglo después de la conquista, por el hecho de que las primeras instituciones de gobierno locales y autónomas estaban ávidas de manifestar públicamente las prerrogativas adquiridas gracias a la pionera política municipalista de la realeza. Con todo, la celebración en 1338 del primer centenario de la conquista tuvo también un talante eminentemente religioso, falto de cualquier motivo lúdico, y pretendió celebrar la incorporación providencial de la ciudad, por las tropas de Jaime I, y con ella la del reino, a la cristiandad. La procesión fue desde la catedral de Santa María hasta el convento de San Vicente de la Roqueta, y pocos años más tarde, se instauró la tradición de realizar anualmente una procesión semejante tanto el día de San Dionisio como el día de San Jorge, en unas celebraciones especiales, los años 38 de cada centuria. Por lo tanto, la celebración del Nou d’Octubre nacía como una acción de gracias colectiva de los nuevos pobladores ante la conquista providencial a mayor gloria de Dios. Un triunfo cristiano protagonizado por los reyes de la casa de Aragón, cuyos antepasados no olvidaron nunca los orígenes cristianos de Valencia gracias a una tradición transmitida secularmente. Por esta razón, y desde entonces y en el futuro, la fecha y fiesta del Nou d’Octubre deberían servir para acotar los orígenes histórico-políticos del nuevo Reino de Valencia y permitirían profundizar las raíces de los nuevos pobladores, dotándolos de un corpus de referencias que, reelaboradas convenientemente, constituyeron el grueso del patrimonio ideológico de un pueblo que convirtió el acontecimiento en una celebración legitimadora de su existencia. De esta manera, la celebración del Nou d’Octubre quedó incorporada como una representación sacra al calendario festivo local, en la que la comunidad cívica aparecía ordenada según los esquemas ideológicos del pensamiento político y social medieval. En las primeras celebraciones sobresalía la procesión religiosa, un desfile solemne en el que los magistrados municipales ya llevaban y exhibían la Real Senyera a lo largo del trayecto como símbolo máximo, representativo de su jurisdicción y de su autonomía política. Se ha de recordar además que la Senyera del Rat Penat, como bandera de guerra, y de acuerdo con los fueros, había de ser seguida por cualquier hombre, a pie o a caballo, si salía a la batalla. La procesión del Nou d’Octubre, precisamente, no hace sino rememorar y fijar, en tiempos de paz, el simbolismo y al mismo tiempo la funcionalidad primordial de una Reial Senyera que, en igual procedimiento, se apostaba en el balcón de la Casa de la Ciutat y se bajaba sin inclinarse si había de salir a la batalla, convocando a todo el pueblo detrás suyo. Una enseña que era protegida, ya fuera con paz o guerra, por la Compañía de Ballesters del Centenar de la Ploma, creada por Pedro el Ceremonioso en el siglo XIV para la específica protección de la Reial Senyera cuando había de salir a la batalla, y que también fue abolida en 1707 junto a los fueros. De hecho, la Senyera encabeza los principales sucesos bélicos en los que tropas valencianas, de la ciudad y del reino, habían de salir a la batalla para la defensa de las libertades forales, de la integridad territorial del reino o de la seguridad de los valencianos. La celebración adquiriría, así, unas connotaciones cívico-políticas que superaban los pretextos religiosos argumentados originalmente. El Nou d’Octubre destacaba como una afirmación de la conciencia ciudadana, y la fiesta enfatizaba la renovación contractual de la fidelidad mutua que juramentaban el monarca y la comunidad urbana. De manera que, desde mediados siglo XIV, lo que había sido una acción de gracias de carácter eminentemente espiritual empezó a transmutarse en una especie de fiesta patriótica, adaptándose a las cambiantes circunstancias históricas, factor que explica la supervivencia de la celebración durante estos casi ocho siglos. Los motivos del ritual festivo soberano, asumidos por la población que participaba directamente en la celebración, introdujeron nuevas costumbres, como la tradición de las frutas de mazapán para halagar a las enamoradas por san Dionisio, o el disparo de fuegos artificiales, además de los volteos de campanas, luminarias, bailes, fiestas y serenatas de juglares, que acompañaban la celebración del día de los valencianos. La celebración del tercer centenario, en 1538, ya demostró con claridad la aparición de una genuina conciencia histórica, hecho que coincide con el momento de la hegemonía valenciana en el seno de la Corona de Aragón y con su creciente castellanización política. La recreación de la memoria perduraría en las conmemoraciones sucesivas, e inauguraría una nueva etapa en la evolución secular de la fiesta, que formalizó definitivamente su concreción protocolaria con la fastuosidad y grandilocuencia tan propias de las ceremonias de la España imperial. Después de la fallida revuelta de la Germanía, las instituciones y los oficiales que ejercían delegaciones del poder regio consiguieron mayor rango y posición en el desfile procesional vespertino, al mismo tiempo que cobraba vigor de nuevo el componente religioso y militarista de la celebración. Con todo, el poder intentó que hubiera una mayor implicación popular en los festejos del Nou d’Octubre. Así, en la conmemoración de 1538 ya hay una clara referencia al traslado de la Reial Senyera desde el Consell hasta la catedral, donde se celebró el sermón de la conquista, que siempre se realizaba en lengua valenciana, tras el cual continuó la procesión cívico-religiosa, aunque por la tarde se hizo la gran procesión, en la que también iba la Reial Senyera, símbolo de la potestad urbana, acompañada por las autoridades religiosas y custodiada por los máximos representantes del poder real en el plan político, militar y fiscal. Sin embargo, la imagen simbólica que conformaba el justicia criminal con el asta de la bandera de las villas reales, flanqueada por los abogados del municipio que llevaban sus bordones, subrayaba la antigua autonomía ciudadana, su legalidad y legitimidad bajo la fidelidad a las normas legislativas dictadas por la monarquía. En esta ocasión se hizo también el tradicional acto protocolario de izar la bandera por encima del portal con una cuerda, tanto a la ida como a la vuelta, mientras los miembros de la Companyia de Ballesters del Centenar de la Ploma hacían disparar sus bombardas y arcabuces. En plena ofensiva de la Contrarreforma, caracterizada por una gran exaltación religiosa y la intensificación del proceso de castellanización, el centenario de 1638 ya deja una descripción más cercana a lo que hoy es la procesión cívica. Así, a las ocho del mañana del 9 de octubre de 1638, los magistrados, vestidos de gala, llevaron desde la Casa de la Ciudad hasta la catedral la bandera para asistir al oficio y al sermón. La enseña fue sacada por la ventana, y el racional, rector de las finanzas municipales pero agente del rey en la administración local, la entregó al justicia en la plaza de la catedral. Esta segunda autoridad, junto al resto de magistrados y el Centenar de la Ploma, ordenó que antes de iniciar el trayecto se hiciera una descarga de armas a modo de homenaje. Una vez terminada la misa en la catedral, la bandera fue devuelta a la Casa de la Ciudad, y entonces empezaron los festejos populares propiamente dichos. Ha de recordarse, no obstante, que además de las celebraciones especiales de los centenarios, se celebraba igualmente una procesión anual de San Dionisio (que se repetía en idéntico recorrido el día de San Jorge), y que es la directa antecesora de la procesión actual. En todos los casos, en la catedral se leía un sermón que, a pesar de la castellanización imperante, se hacía siempre en valenciano. El Decreto de Nueva Planta de 1707 eliminó el ordenamiento jurídico valenciano, así como las formas de gobierno del antiguo Reino de Valencia, incorporado como una provincia más a la España borbónica. Los efectos en el simbolismo valenciano fueron también automáticos, ya que las nuevas autoridades borbónicas ordenaron desmontar la Reial Senyera y cerrarla en un arca de tres llaves, motivo por el cual dejó de celebrarse la procesión anual de San Dionisio. Fue esta prohibición, así como el veto a usar material pirotécnico para celebrar el Nou d’Octubre tal como era costumbre popular, la que provocó la aparición, según la tradición, de les piuletes i tronadors, que imitaban en forma de dulce la forma de esos artefactos pirotécnicos prohibidos, los cuales se unían a la tradición de la mocadorà. Las nuevas autoridades únicamente transigieron en la celebración de la procesión del Centenario en 1738, aunque que justificándola en términos de exacerbada religiosidad ligada a la nueva situación política. En este nuevo contexto la fiesta perdió su antiguo sentido político, manteniendo, no obstante, el ritual. Así, en la celebración del centenario de 1738, la Reial Senyera fue bajada por el balcón de la Casa Consistorial y recogida por el síndico procurador general, y la comitiva fue hasta la catedral y, ya por la tarde, tuvo lugar la tradicional procesión multitudinaria. Durante el siglo XIX la creciente expansión del liberalismo y las ideas revolucionarias democráticas no solo fueron acabando progresivamente con el Antiguo Régimen, sino que construyeron la nueva idea de la nación española. Así, las instituciones reorganizadas por los liberales intentaron conciliar, no sin dificultades, la celebración de la valencianía tradicional con el ideario liberal nacionalmente español. Así, la conmemoración de 1838 estuvo ya mucho más imbuida de los ideales laicos, al mismo tiempo que se abría paso un romanticismo valenciano claramente precursor de lo que sería la Renaixença. El 9 de octubre de 1838 la Reial Senyera, que en las celebraciones de siglos anteriores era bajada por el balcón principal del Ayuntamiento y recibida en la puerta sobre una tarima a modo de púlpito, fue bajada por las escaleras del Ayuntamiento, sin inclinarla, y ya en la calle la recibió con honores la milicia nacional. A mediados siglo XIX, la fiesta de San Dionisio se limitaba a reflejar su aspecto costumbrista, amoroso, galante y gastronómico, donde sobresalía el pasear de la población delante de las pastelerías de la ciudad que mostraban los exquisitos dulces elaborados con este motivo. Con todo, y en un ambiente marcado por la Renaixença, se produjo el descubrimiento político de la celebración, ligado a un incipiente movimiento valencianista conducido por asociaciones como Lo Rat Penat. A causa de esta influencia, el 20 de julio de 1891 se inauguró la estatua ecuestre de Jaime I al Parterre. Con este motivo, se organizó una manifestación cívica vespertina que partía del Ayuntamiento y llegaba hasta el Parterre. Con la participación de la corporación municipal, junto a la Senyera, y la presencia de otras instituciones, sociedades científicas, gremios y representantes de asociaciones cívicas, el acto constituye un precedente de los homenajes que se brindarían posteriormente al monarca con ocasión del Nou d’Octubre. A partir de los años veinte, las demandas del nuevo valencianismo cultural y político, con la proliferación de partidos políticos que habían incorporado a su ideario las demandas de autogobierno, llenaron de contenido reivindicativo los actos del Nou d’Octubre, así como la procesión cívica y el valor simbólico aglutinador de la Reial Senyera, especialmente durante los años de la Segunda República, en que la fiesta alcanza su máxima dimensión política. Fueron les Joventuts Ratpenatistes las que, en 1917, realizaron un primer acto de ofrenda en el monumento, y fue la sociedad Lo Rat Penat quien animó, en 1922, a un homenaje junto al Ayuntamiento y la Diputación que acudieron en corporación por primera vez, acompañados de la Senyera a la ofrenda de Jaume I, es por tanto, el primer año en que se recupera la procesión del Nou d’Octubre en un ceremonial homologable al de la época foral. Es en este contexto cuando, el año 1931, el Centre d’Actuació Valencianista propone al Ayuntamiento la participación municipal en el acto de homenaje del Parterre y pide, también, que se invite a todo el pueblo valenciano, todas las entidades y todas las fuerzas vivas de la sociedad, a sumarse al acto. De esta manera, vemos como la recuperación de la procesión cívica del Nou d’Octubre en las décadas de 1920-30 acompaña íntimamente a la recuperación y fijación coetáneas de la bandera y del himno de todos los valencianos, como parte de un mismo fenómeno de autoafirmación identitaria y política de nuestro pueblo. Un fenómeno transversal que implicaba a todas las ideologías y procedencias, y que tendrá su natural continuidad en la Segunda República, en la que continúan los actos de homenaje del Parterre, de manera que se convertirá en el símbolo máximo de las reivindicaciones valencianistas. La Guerra Civil impidió que se celebrará con normalidad el centenario de 1938, que se repitió un año después, 1939, de acuerdo con las ideas del nuevo régimen franquista, el cual mantuvo los actos tradicionales, entre ellos la procesión cívica, si bien no se sacó la Reial Senyera en la procesión, porque estaba identificada con la causa republicana y autonomista. En los años siguientes la conmemoración del Nou d’Octubre quedó reducida a misas en honor de Jaime I y la venta de los dulces característicos de esta celebración. Fue a partir de 1943 cuando se reanudó el acto principal de la procesión cívica, especialmente gracias a la insistencia de la entidad Lo Rat Penat, que volvió a contar con la participación de la Reial Senyera. A partir de 1951 la procesión cívica fue ganando en magnificencia y asistencia de público, y se estableció una estructura integradora que sirvió de base para las ulteriores ediciones de la procesión. En la edición de 1951 abría la marcha la guardia municipal de gala a caballo, detrás de la cual iban, ordenadas en dos hileras, las banderas de los diferentes gremios seguidas de las representaciones sindicales, así como de los centros culturales, la Banda Municipal, timbales y, por el centro del desfile, la señera, escoltada por maceros y un piquete militar. Detrás de la enseña iba la corporación municipal y el alcalde con el resto de autoridades. Cerraba la comitiva una banda y un nuevo piquete militar. En 1953 el séquito se vio completado con la incorporación de varias comisiones falleras, que también homenajearon la estatua de Jaime I en el Parterre. No obstante, posteriormente la procesión decayó, y fue mantenida esencialmente por la sociedad Lo Rat Penat, ante el desinterés del consistorio municipal, restableciéndose plenamente a partir de 1973. Tanto la fiesta del Nou d’Octubre como la procesión cívica tendieron a expresar un valencianismo en expansión, hecho especialmente visible desde los años setenta. La promulgación, en 1982, del Estatut d’Autonomia, en combinación con la recuperación de la democracia y la principal institución de autogobierno, la Generalitat Valenciana, hicieron que el componente de celebración de la valencianidad compartida y de afirmación valencianista se hiciera notar mucho más en las festividades del Nou d’Octubre, que se convirtió en la fiesta oficial de la nueva Comunitat Valenciana, y muy concretamente en la procesión cívica, que vio como se incrementaba su público, su impacto mediático y su eco popular, hasta convertirse en el principal y simbólicamente más relevante acto ritual de la fiesta de los valencianos. 2.6 Descripción del bien: En la actualidad la procesión cívica del Nou d’Octubre en Valencia empieza a las 11.30 horas con la recepción de la corporación municipal, autoridades e invitados en el Ayuntamiento. A las 11.45 horas tiene lugar la lectura del decreto de la Alcaldía y la entrega de la señera al Museo del Archivo Histórico Municipal. A las 12.00 horas se produce el solemne descenso de la Reial Senyera desde el balcón del Ayuntamiento, mientras se le rinde honores de ordenanza. La señera es bajada mediante cuerdas por el balcón de la casa consistorial, ya que desde el año 1365, y por privilegio del rey Pedro el Ceremonioso, la Reial Senyera no puede inclinarse delante de nada o de nadie. Como no puede salir por las puertas del Ayuntamiento si no se inclina, es descolgada por el balcón en un acto muy solemne durante el cual el público congregado en la plaza vitorea y aplaude a la Reial Senyera, también oficializada por el Estatut d’Autonomia de 1982 como enseña autonómica de toda la Comunitat Valenciana. Una vez bajada la señera se forma el séquito y empieza la procesión cívica propiamente dicha, que es contemplada por un numerosísimo público, y que sigue un orden protocolario que ha ido variando con el paso del tiempo y en el que participan autoridades y cargos institucionales diversos, así como representantes de entidades cívicas, culturales, científicas y profesionales, entre otras, encabezadas por la sociedad Lo Rat Penat como entidad recuperadora de la procesión en 1922, constituyendo todas un reflejo de la pluralidad de la sociedad valenciana. La procesión sale desde la plaza del Ayuntamiento y recorre las principales calles del centro de la ciudad de Valencia en dirección a la plaza de Alfonso el Magnánimo. En esta plaza tiene lugar el homenaje a la estatua ecuestre del rey Jaime I, con ofrenda floral institucional y coronas de laurel, y el canto del himno de la Comunitat Valenciana, interpretado por la Banda Municipal. Desde esa plaza se vuelve nuevamente a la plaza del Ayuntamiento, donde la Reial Senyera es izada al son del himno valenciano y se disparan las salvas de honor, y vuelve a ser custodiada en las dependencias del Archivo Histórico Municipal. Los actos acaban con el disparo de una mascletada en la plaza del Ayuntamiento. Por lo que respecta a la conducción de la Reial Senyera en la procesión cívica, la costumbre establece que sea portada por diversos concejales del Ayuntamiento, aunque una resolución de la Alcaldía fija quien será el portador inicial o principal. 2.7 Elementos que forman parte: De todos los elementos que conforman la procesión cívica del Nou d’Octubre el más destacado es, sin duda, la Reial Senyera de Valencia, alrededor de la cual adquiere sentido el séquito, dado que simboliza la máxima expresión de la identidad compartida de los valencianos y funciona como condensador de toda una memoria histórica ciudadana y de todo el pueblo valenciano. La señera oficial que actualmente sale en la procesión data de 1928 cuando, a causa del estado de deterioro en que se encontraba la anterior de 1596 (que se conserva custodiada en una vitrina en el Archivo Histórico Municipal), se decidió hacer una réplica. De la nueva señera se hicieron tres copias: la que sale en la procesión, la que cubrió el ataúd del escritor y político Vicente Blasco Ibáñez cuando sus restos fueron trasladados a Valencia en 1933, que aún se conserva, y otra que se guarda desde 1969 en el Museo del Colegio del Arte Mayor de la Seda. Estas tres señeras se confeccionaron en la fábrica de tejidos de seda de Eduardo Sanchis Romero, en la calle de Quart de Valencia. En 1994 se hizo una nueva restauración de la señera utilizada en la procesión cívica, coordinada por el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Su peso es de 18 kilogramos, 5 de los cuales corresponden a la cimera. El asta tiene una altura de 3,30 metros, y las dimensiones de la bandera son 2,50 metros por 1,55 metros. El año 2008 fue de nuevo restaurada y limpiada su cimera, y se le devolvieron el color y brillantez originales. La Reial Senyera va acompañada por los timbaleros, que ejecutan la Marxa de la Ciutat de València, que ya tocaban en la procesión del Corpus el siglo XVIII, y que sirvió de inspiración al maestro Josep Serrano para bastir los primeros compases del Himno de la Exposición Regional de 1909. Este himno fue declarado en 1982 himno oficial de la Comunitat Valenciana, el cual también se toca y canta en el acto de homenaje a la estatua ecuestre de Jaime I, que forma parte destacada de la procesión cívica. En realidad la interrumpe, ya que el séquito procesional se detiene y empieza una concentración de carácter estático. En este homenaje multitudinario se afianzan especialmente los vínculos compartidos con la condensación máxima de todos los símbolos que definen la valencianidad en la procesión cívica: la Reial Senyera, la evocación del rey conquistador Jaime I, fundador del Reino de Valencia, y el himno de la Comunitat Valenciana, además del valenciano, que está presente en la liturgia civil de la procesión como lengua propia y distintiva del pueblo valenciano. Sin embargo, aparte de los elementos concretos antes destacados, la dimensión inmaterial más exitosa de la procesión cívica es el mismo ritual deambulatorio; que tiene carácter procesional circular, ya que empieza y acaba en el mismo lugar, el Ayuntamiento de Valencia, sede del Archivo del Museo Histórico Municipal, donde se custodia la Reial Senyera durante todo el año, pero también otros símbolos importantes del Nou d’Octubre, como el penó de la conquesta (pendón de la conquista) o las armas (espada y escudo) atribuidas al rey Jaime I, entre altos objetos relevantes. La actual procesión continúa recogiendo en el mismo séquito la representación simbólica de todos los estamentos ciudadanos, como históricamente ha sucedido, con presencia de gremios, entidades civiles, festivas, políticas y culturales, autoridades locales, autonómicas y estatales, instituciones culturales y sociedad civil en general, para afianzar, mediante un ejercicio de civismo, la solidez y perdurabilidad de los vínculos comunitarios y la vocación de proyección hacia el futuro de una comunidad cohesionada por unos símbolos compartidos. 3. Definición del ámbito espacial y temporal. 3.1 Ámbito espacial: El ámbito espacial es, dentro de la ciudad de Valencia, el área del centro urbano que cubre el despliegue iterativo de la procesión cívica. Esta se desarrolla en el área de San Francisco (plaza del Ayuntamiento y calle San Vicente), La Seu (plaza de la Reina y calle de la Paz), y nuevamente San Francisco (retorno hacia la plaza del Ayuntamiento por las calles de las Barcas y del Pintor Sorolla). Hay que subrayar que también se trata del centro simbólico de la ciudad, donde están los principales edificios de la Administración pública (Ayuntamiento y Generalitat), la religión tradicional cristiana (catedral), y la zona comercial y residencial considerada más distinguida de la Valencia moderna. Por tanto, el entorno arquitectónico, monumental e histórico contribuye a destacar la centralidad simbólica de la procesión y su papel como acción performativa de la valencianidad. 3.2 Ámbito temporal: La celebración de la procesión tiene lugar a las 12:00 de la mañana del día 9 de octubre, en el momento culminante del mediodía, y suele desarrollarse durante dos horas o dos horas y media, si bien la duración convencional puede variar en función de circunstancias diversas, como el desarrollo del acto de homenaje a la estatua ecuestre de Jaime I, el itinerario, las condiciones atmosféricas o la asistencia de público.

Nuevos bienes de interés cultural, como el de la procesión del 9 de octubre (Nou d’Octubre)

PREÁMBULO El artículo 49.1.5 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana establece la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico. Asimismo, el artículo 26.2 de Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, dispone que la declaración de un Bien de Interés Cultural se hará mediante decreto del Consell, a propuesta de la conselleria competente en materia de cultura. Todo ello sin perjuicio de las competencias que el artículo 6 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, reserva a la Administración General del Estado. Asimismo, la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, en su artículo 45 dispone que serán declarados bienes de interés cultural las actividades, conocimientos, usos y técnicas que constituyan las manifestaciones más representativas y valiosas de la cultura y los modos de vida tradicionales de los valencianos. Igualmente podrán ser declarados bienes de interés cultural los bienes inmateriales que sean expresiones de las tradiciones del pueblo valenciano en sus manifestaciones musicales, artísticas, gastronómicas o de ocio, y en especial aquellas que han sido objeto de transmisión oral, y las que mantienen y potencian el uso del valenciano. La festividad del Nou d’Octubre es el día del pueblo valenciano. Se conmemora ese día la conquista de Valencia, en 1238, por parte de las tropas del rey Jaime I. Ya en 1338 se instituyó la fiesta conmemorativa y se ha celebrado especialmente en los casos de los centenarios. Siempre se ha mantenido como trasfondo el hecho de celebrar la fecha fundacional del pueblo valenciano y la exaltación de la identidad colectiva de los valencianos. Estas circunstancias se han hecho patentes en el acto de la procesión cívica que se celebra la mañana del Nou d’Octubre, consistente en el solemne descenso con honores de ordenanza por el balcón del Ayuntamiento de la Real Senyera, y su procesión, rodeada y escoltada por las entidades cívicas y principales autoridades locales, en un séquito ceremonial. Hasta la actualidad, la procesión cívica se mantiene como verdadero hilo conductor de una fiesta que expresa la autoconciencia y valencianidad del pueblo valenciano. Mediante Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, se acordó tener por incoado expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial a favor de la procesión cívica del Nou d’Octubre en Valencia. En la tramitación del expediente se ha concedido trámite de audiencia al Ayuntamiento de Valencia. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, constan en el expediente los informes favorables del Consell Valencià de Cultura y de la Universitat de València. Por todo ello, cumplidos los trámites previstos en los artículos 26 y siguientes de la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano, a propuesta del conseller de Educación Investigación, Cultura y Deporte, de conformidad con los artículos 28.c y 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, y previa deliberación del Consell, en la reunión del 7 de octubre de 2016, decreto: Artículo 1. Objeto. Se declara Bien de Interés Cultural Inmaterial la procesión cívica del Nou d’Octubre en Valencia. Artículo 2. Descripción del bien y valores La descripción del bien y sus valores se hacen constar en el anexo de este decreto. Artículo 3. Medidas de protección y salvaguardia La protección de la procesión cívica del Nou d’Octubre en Valencia como patrimonio cultural inmaterial se concretará en las siguientes medidas: a) Realizar labores de identificación, descripción, investigación, estudio y documentación con criterios científicos. b) Incorporar los testimonios disponibles a soportes materiales que garanticen su protección y preservación. c) Velar por el normal desarrollo y la pervivencia de esta manifestación cultural, así como tutelar la conservación de sus valores tradicionales y su transmisión a las generaciones futuras. Cualquier cambio que exceda el normal desarrollo de los elementos que forman esta manifestación cultural deberá comunicarse a la dirección general competente en materia de patrimonio cultural para, en su caso, su autorización administrativa y consiguiente modificación de la presente declaración. Las acciones de salvaguardia que se proyecten deberán tener en cuenta, de manera muy especial, los riesgos de desvirtuación que podrían derivarse del turismo masivo, así como la necesidad de valorar y proteger adecuadamente los oficios tradicionales asociados a esta manifestación. La gestión de la procesión cívica será ejercida por el Ayuntamiento de Valencia, el cual decidirá sobre aspectos materiales e inmateriales, así como el desarrollo de los actos de la festividad anual. Disposición adicional primera. Publicación e inscripción. Este decreto se publicará en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana» y en el «Boletín Oficial del Estado», y la declaración se inscribirá en la Sección Primera del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano comunicándose, asimismo, al Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Disposición adicional segunda. Incidencia presupuestaria. La aplicación y desarrollo de este decreto no podrá tener incidencia alguna en la dotación de los capítulos de gasto asignada a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y en todo caso deberá ser atendido con los medios personales y materiales de la conselleria competente por razón de la materia. Disposición final única. Entrada en vigor. Este decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana». Valencia, 7 de octubre de 2016.–El President de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer.–El Conseller de Educaci ### RESUMEN: Nuevos bienes de interés cultural, como el de la procesión del 9 de octubre (Nou d’Octubre)

Anunciada por Orden FOM/2858/2015 de 23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 1 de enero de 2016), convocatoria pública para cubrir, por el sistema de libre designación, el puesto de Director/Directora Técnica (5353199) de la Subdirección General de Régimen Postal en la Secretaría General Técnica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, según redacción dada al mismo por el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la anterior, y previa observancia del procedimiento establecido en el título III, capítulo III, del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo. 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, resuelve la referida convocatoria como a continuación se indica: 1.º El puesto indicado en el anexo a la presente se adjudica al funcionario y en los términos que se expresan en el mismo. 2.º El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 48, al que remite el 57, del Reglamento General antes citado. 3.º Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa (disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado), cabe recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación (artículo 46.1 de la precitada Ley), o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero). Madrid, 28 de enero de 2016.–La Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián. ANEXO Convocatoria: Orden FOM/2858/2015, de 23 de diciembre (BOE de 1 de enero de 2016) Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a N.º orden Puesto Localidad Nivel CE Ministerio, Centro Directivo, Provincia Niv CE Apellidos y nombre NRP Grupo Cuerpo o Escala Situación   Subsecretaría de Fomento                         Secretaría General Técnica                         Subdirección General de Régimen Postal                       1 Directora Técnica (5353199). Madrid. 30 24.575,88 Fomento. Secretaría General Técnica Madrid. Provisional. 30 24.575,88 Contin Trillo-Figueroa, Eloisa. 2547858568A3056 A1 Escala Técnica Superior de Administración Especial de la Administración Local. Activo.

Nombramiento en Fomento de Eloísa Contín Trillo

Anunciada por Orden FOM/2858/2015 de 23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 1 de enero de 2016), convocatoria pública para cubrir, por el sistema de libre designación, el puesto de Director/Directora Técnica (5353199) de la Subdirección General de Régimen Postal en la Secretaría General Técnica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, según redacción dada al mismo por el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la anterior, y previa observancia del procedimiento establecido en el título III, capítulo III, del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo. 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, resuelve la referida convocatoria como a continuación se indica: 1.º El puesto indicado en el anexo a la presente se adjudica al funcionario y en los términos que se expresan en el mismo. 2.º El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 48, al que remite el 57, del Reglamento General antes citado. 3.º Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa (disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado), cabe recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación (artículo 46.1 de la precitada Ley), o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero). Madrid, 28 de enero de 2016.–La Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián. ANEXO Convocatoria: Orden FOM/2858/2015, de 23 de diciembre (BOE de 1 de enero de 2016) Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a N.º orden Puesto Localidad Nivel CE Ministerio, Centro Directivo, Provincia Niv CE Apellidos y nombre NRP Grupo Cuerpo o Escala Situación   Subsecretaría de Fomento                         Secretaría General Técnica                         Subdirección General de Régimen Postal                       1 Directora Técnica (5353199). Madrid. 30 24.575,88 Fomento. Secretaría General Técnica Madrid. Provisional. 30 24.575,88 Contin Trillo-Figueroa, Eloisa. 2547858568A3056 A1 Escala Técnica Superior de Administración Especial de la Administración Local. Activo. ### RESUMEN: Nombramiento en Fomento de Eloísa Contín Trillo

El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece que previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Por otra parte, el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece que mediante orden ministerial, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades. Ya anteriormente, la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de Julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los gases licuados del petróleo, y en particular al suministro por canalización. El apartado octavo de dicha orden, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de los precios máximos que se publicaran en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor el tercer martes de cada mes. Finalmente, el apartado Primero.2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, que modificó parcialmente la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, establece que los costes de comercialización se revisarán anualmente en el mes de julio de cada año. De acuerdo con lo anterior y en uso de la competencia que le atribuye el apartado octavo de la referida Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve: Primero. Los nuevos costes de comercialización, sin incluir impuestos, son de 21,4607 c€/kg para las empresas distribuidoras y de 36,1072 c€/kg para los usuarios finales. El nuevo término fijo para usuarios finales es de 1,58 euros/mes. Segundo. Desde las cero horas del día 15 de julio de 2014, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación: 1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales: – Término fijo: 1,58 euros/mes. – Término variable: 103,6473 cents/kg. 2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 89,0008 cents/kg. Tercero. Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes impuestos vigentes: – Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido. – Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario. – Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos. Cuarto. En los cálculos de los precios establecidos en el apartado segundo se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios: Cotización internacional materia prima ($/Tm): propano = 788,25; butano = 817,5. Media del flete bajo y alto ($/Tm): 128. Media mensual del cambio dólar/euro: 1,359238. Quinto. Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 15 de julio de 2014, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 15 de julio de 2014. Sexto. Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 15 de julio de 2014, o en su caso del día a partir del cual produzcan efectos o entren en vigor otras resoluciones u ordenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que correspondan a las distintas resoluciones u ordenes aplicables. Séptimo. Las empresas distribuidoras de gases licuados del petróleo por canalización, adoptarán las medidas necesarias para la determinación de los consumos periódicos efectuados por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder a la correcta aplicación de los precios de gases licuados del petróleo por canalización a que se refiere la presente resolución. Octavo. Contra la presente resolución, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación. Madrid, 9 de julio de 2014.–El Director General de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas.

La partevariable de la factura del gas natural sale a 103,6473 centimos el kilogramo, mientras que el termino fijo se queda en 1,58 euros al mes.

El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece que previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Por otra parte, el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece que mediante orden ministerial, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades. Ya anteriormente, la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de Julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los gases licuados del petróleo, y en particular al suministro por canalización. El apartado octavo de dicha orden, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de los precios máximos que se publicaran en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor el tercer martes de cada mes. Finalmente, el apartado Primero.2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, que modificó parcialmente la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, establece que los costes de comercialización se revisarán anualmente en el mes de julio de cada año. De acuerdo con lo anterior y en uso de la competencia que le atribuye el apartado octavo de la referida Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve: Primero. Los nuevos costes de comercialización, sin incluir impuestos, son de 21,4607 c€/kg para las empresas distribuidoras y de 36,1072 c€/kg para los usuarios finales. El nuevo término fijo para usuarios finales es de 1,58 euros/mes. Segundo. Desde las cero horas del día 15 de julio de 2014, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación: 1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales: – Término fijo: 1,58 euros/mes. – Término variable: 103,6473 cents/kg. 2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 89,0008 cents/kg. Tercero. Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes impuestos vigentes: – Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido. – Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario. – Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos. Cuarto. En los cálculos de los precios establecidos en el apartado segundo se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios: Cotización internacional materia prima ($/Tm): propano = 788,25; butano = 817,5. Media del flete bajo y alto ($/Tm): 128. Media mensual del cambio dólar/euro: 1,359238. Quinto. Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 15 de julio de 2014, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 15 de julio de 2014. Sexto. Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 15 de julio de 2014, o en su caso del día a partir del cual produzcan efectos o entren en vigor otras resoluciones u ordenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que correspondan a las distintas resoluciones u ordenes aplicables. Séptimo. Las empresas distribuidoras de gases licuados del petróle ### RESUMEN: La partevariable de la factura del gas natural sale a 103,6473 centimos el kilogramo, mientras que el termino fijo se queda en 1,58 euros al mes.

De conformidad con lo previsto en el artículo 7.2 de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, «el Real Patronato está integrado por un mínimo de diecisiete Vocales y un máximo de treinta, ocho de los cuales, al menos, tendrán el carácter de natos conforme al Estatuto y tres serán nombrados rotatoriamente por los Gobiernos de las Comunidades Autónomas que tengan reconocidas en sus Estatutos las competencias exclusivas en materia de cultura y que cuenten, al menos, con un centro dedicado a finalidades similares en ámbito y objeto al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía». El resto de los Vocales, de acuerdo con el artículo 7.3 de la citada ley, «tendrá el carácter de designados y serán nombrados y separados por la persona titular del Ministerio de Cultura entre personas de reconocido prestigio o competencia en asuntos relacionados con la cultura y las artes plásticas o que se hayan distinguido por sus servicios o ayudas al museo, teniendo en cuenta la presencia equilibrada de mujeres y hombres. Los Vocales designados desempeñarán durante tres años su mandato, que podrá ser renovado hasta dos veces por periodos de igual duración. Su cese se producirá al término de su mandato o por renuncia, revocación del mandato, fallecimiento o incapacidad». Por su parte, en desarrollo de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, el artículo 6.2.b) del Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, aprobado por el Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, sobre los Vocales designados, señala que «el resto de Vocales, hasta un máximo de veintiuno, tendrán la condición de Vocales designados y serán nombrados y separados por la persona titular del Ministerio de Cultura y Deporte entre personas de reconocido prestigio o competencia en asuntos relacionados con la cultura y las artes plásticas o que se hayan distinguido por sus servicios o ayudas al museo, teniendo en cuenta la presencia equilibrada de mujeres y hombres. Se podrá nombrar entre los mismos a personas físicas o representantes de las instituciones públicas o privadas que realicen contribuciones de cualquier naturaleza al Museo o al cumplimiento de sus fines, incluidas las donaciones o aportaciones económicas». Teniendo en cuenta lo anterior y considerando la existencia de vacantes hasta el límite máximo de Vocales por designación del Real Patronato, se procede a nombrar tres nuevas Vocales designadas en el Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En su virtud, dispongo: Primero. Nombrar las siguientes Vocales designadas del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Doña Beatriz Corredor Sierra. Doña Ángeles González-Sinde Reig Doña María Eugenia Rodríguez Palop. Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 6.2.b) del Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, aprobado por el Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, los Vocales designados desempeñarán sus funciones por un período de tres años a contar desde la fecha de sus respectivos nombramientos. El mandato podrá ser renovado, hasta dos veces, por períodos de igual duración. Los Vocales designados cesarán al término de su mandato o por renuncia, revocación del mandato, fallecimiento o incapacidad. Madrid, 5 de marzo de 2020.–El Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.

Beatriz Corredor, Ángeles González-Sinde y María Eugenia Rodríguez Palop, nuevas vocales del patronato del Reina Sofía.

De conformidad con lo previsto en el artículo 7.2 de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, «el Real Patronato está integrado por un mínimo de diecisiete Vocales y un máximo de treinta, ocho de los cuales, al menos, tendrán el carácter de natos conforme al Estatuto y tres serán nombrados rotatoriamente por los Gobiernos de las Comunidades Autónomas que tengan reconocidas en sus Estatutos las competencias exclusivas en materia de cultura y que cuenten, al menos, con un centro dedicado a finalidades similares en ámbito y objeto al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía». El resto de los Vocales, de acuerdo con el artículo 7.3 de la citada ley, «tendrá el carácter de designados y serán nombrados y separados por la persona titular del Ministerio de Cultura entre personas de reconocido prestigio o competencia en asuntos relacionados con la cultura y las artes plásticas o que se hayan distinguido por sus servicios o ayudas al museo, teniendo en cuenta la presencia equilibrada de mujeres y hombres. Los Vocales designados desempeñarán durante tres años su mandato, que podrá ser renovado hasta dos veces por periodos de igual duración. Su cese se producirá al término de su mandato o por renuncia, revocación del mandato, fallecimiento o incapacidad». Por su parte, en desarrollo de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, el artículo 6.2.b) del Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, aprobado por el Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, sobre los Vocales designados, señala que «el resto de Vocales, hasta un máximo de veintiuno, tendrán la condición de Vocales designados y serán nombrados y separados por la persona titular del Ministerio de Cultura y Deporte entre personas de reconocido prestigio o competencia en asuntos relacionados con la cultura y las artes plásticas o que se hayan distinguido por sus servicios o ayudas al museo, teniendo en cuenta la presencia equilibrada de mujeres y hombres. Se podrá nombrar entre los mismos a personas físicas o representantes de las instituciones públicas o privadas que realicen contribuciones de cualquier naturaleza al Museo o al cumplimiento de sus fines, incluidas las donaciones o aportaciones económicas». Teniendo en cuenta lo anterior y considerando la existencia de vacantes hasta el límite máximo de Vocales por designación del Real Patronato, se procede a nombrar tres nuevas Vocales designadas en el Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En su virtud, dispongo: Primero. Nombrar las siguientes Vocales designadas del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Doña Beatriz Corredor Sierra. Doña Ángeles González-Sinde Reig Doña María Eugenia Rodríguez Palop. Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 6.2.b) del Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, aprobado por el Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, los Vocales designados desempeñarán sus funciones por un período de tres años a contar desde la fecha de sus respectivos nombramientos. El mandato podrá ser renovado, hasta dos veces, por períodos de igual duración. Los Vocales designados cesarán al término de su mandato o por renuncia, revocación del mandato, fallecimiento o incapacidad. Madrid, 5 de marzo de 2020.–El Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. ### RESUMEN: Beatriz Corredor, Ángeles González-Sinde y María Eugenia Rodríguez Palop, nuevas vocales del patronato del Reina Sofía.

El artículo 2 del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), define «amenaza para la salud pública» como cualquier enfermedad de potencial epidémico definida por el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud y otras enfermedades infecciosas o enfermedades parasitarias contagiosas cuando sean objeto de disposiciones de protección aplicables a los nacionales de un Estado miembro. Una de las condiciones de entrada en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea que incluye el Código de fronteras Schengen en su artículo 6 es «no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros ni, en particular, estar inscrito como no admisible en las bases de datos nacionales de ningún Estado miembro por iguales motivos». El artículo 8 detalla la aplicación de este criterio tanto a los beneficiarios del derecho a la libre circulación, en el apartado 2, como a los nacionales de terceros países, en el apartado 3. La denegación de entrada a los nacionales de terceros países por no cumplir los requisitos del artículo 6 se regula en el artículo 14. Para las denegaciones de entrada a los beneficiarios de la libre circulación es necesario remitirse al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que en su artículo 15, apartado 1, permite, entre otras medidas, impedir la entrada, y en su apartado 4 especifica que «las únicas dolencias o enfermedades que pueden justificar la adopción de alguna de las medidas del apartado 1 del presente artículo serán las enfermedades con potencial epidémico, como se definen en los instrumentos correspondientes de la Organización Mundial de la Salud, así como otras enfermedades infecciosas o parasitarias contagiosas, de conformidad con la legislación española vigente». El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la COVID-19 como pandemia. La envergadura de las medidas restrictivas de movimiento y preventivas de todo tipo, algunas de las cuales persistirán aún un tiempo, ha provocado que el impacto de la enfermedad se extienda al ámbito del orden público. Los miembros del Consejo Europeo acordaron, el 17 de marzo de 2020, aplicar por un periodo de treinta días una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen. El acuerdo tenía por objeto limitar la expansión del contagio del COVID-19. España aplicó este acuerdo mediante la Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública, con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta restricción se inscribía en el marco del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y se unía a medidas como las adoptadas mediante la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Tras evaluar la situación de la pandemia en los Estados miembros, en los Estados asociados Schengen y terceros países, la Comisión Europea recomendó prorrogar hasta el 15 de mayo la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen. Esta recomendación se recogía en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo sobre la evaluación de la aplicación de la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la Unión Europea, de 8 de abril. España la puso en práctica mediante la Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. De igual modo obraron todos los demás Estados del espacio Schengen. De nuevo, en su Comunicación sobre la restricción de los viajes no imprescindibles a la Unión Europea de 8 de mayo, la Comisión recomendó la prórroga de las citadas restricciones, en este caso hasta el 15 de junio, a lo cual España correspondió con la Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. De igual modo obraron todos los demás Estados del espacio Schengen. El 11 de junio, la Comisión presentó su Comunicación sobre la tercera evaluación de la aplicación de las restricciones temporales de viajes no imprescindibles a la Unión Europea. En ella recomienda, para después del 15 de junio, un proceso gradual para el levantamiento de las restricciones que, en cualquier caso, consta de un tramo inicial, hasta el 30 de junio, en el que se mantienen las medidas vigentes en la actualidad. El estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se ha prorrogado en España hasta el 21 de junio a las 00:00 horas mediante el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Se han prorrogado también sucesivamente los controles en las fronteras interiores terrestres, ampliándolos a las aéreas y marítimas, de modo que en virtud de la Orden SND/439/2020, de 23 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres, aéreas y marítimas con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estarán vigentes hasta la finalización del estado de alarma. Por tanto, a pesar de la finalización del estado de alarma, del cual derivaban las anteriores órdenes ministeriales, será necesario prorrogar las restricciones temporales de viaje en las fronteras exteriores hasta una fecha posterior, sin que varíe el fundamento jurídico, expuesto más arriba. Corresponde al Ministro de Sanidad la aprobación de esta orden, de acuerdo con el artículo 6.1 del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. En su virtud, dispongo: Artículo 1. Criterios aplicables para denegar la entrada por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 1. A efectos de lo establecido en los artículos 6.1.e) y 14 del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), será sometida a denegación de entrada, por motivos de orden público o salud pública, toda persona nacional de un tercer país, salvo que pertenezca a una de las siguientes categorías: a) Residentes habituales en la Unión Europea, en los Estados asociados Schengen o Andorra que se dirijan directamente a su lugar de residencia. b) Titulares de un visado de larga duración expedido por un Estado miembro o Estado asociado Schengen que se dirijan a éste. c) Trabajadores transfronterizos. d) Profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se dirijan o regresen de ejercer su actividad laboral. e) Personal dedicado al transporte de mercancías en el ejercicio de su actividad laboral, dentro del que se consideran comprendidos los tripulantes de los buques, a fin de asegurar la prestación de los servicios de transporte marítimo y la actividad pesquera, y el personal de vuelo necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo comercial. Será condición indispensable que tengan asegurada la inmediata continuación del viaje. f) Personal diplomático, consular, de organizaciones internacionales, militares y miembros de organizaciones humanitarias, en el ejercicio de sus funciones. g) Personas que viajen por motivos familiares imperativos debidamente acreditados. h) Personas que acrediten documentalmente motivos de fuerza mayor o situación de necesidad, o cuya entrada se permita por motivos humanitarios. 2. A efectos de lo dispuesto en los artículos 4.3 y 15 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se considerará procedente denegar la entrada por motivos de orden público o salud pública a los ciudadanos de la Unión y sus familiares que no pertenezcan a una de las siguientes categorías: a) Registrados como residentes en España o que se dirijan directamente a su lugar de residencia en otro Estado miembro, Estado asociado Schengen o Andorra. b) El cónyuge de ciudadano español o pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal inscrita en un registro público, y aquellos ascendientes y descendientes que vivan a su cargo, siempre que viajen con o para reunirse con éste. c) Las comprendidas en los párrafos c) a h) del apartado 1 de este artículo. 3. Con el fin de no tener que recurrir al procedimiento administrativo de denegación de entrada en los casos previstos en los dos apartados anteriores, se colaborará con los transportistas y las autoridades de los Estados vecinos al objeto de que no se permita el viaje. 4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación en la frontera terrestre con Andorra ni en el puesto de control de personas con el territorio de Gibraltar. Artículo 2. Cierre de puestos habilitados. Se mantiene el cierre, con carácter temporal, de los puestos terrestres habilitados para la entrada y la salida de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla, acordado en la Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Disposición final primera. Régimen de recursos. Contra la presente orden, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Disposición final segunda. Entrada en vigor y efectos. 1. Esta orden entrará en vigor a las 00:00 horas del 16 de junio de 2020. 2. Mantendrá su vigencia hasta la finalización del estado de alarma, sin perjuicio de la aprobación en ese momento de la disposición por la que se prorrogue, en los mismos términos, la restricción temporal de viajes no imprescindibles regulada en esta orden hasta las 24:00 horas del 30 de junio de 2020. Madrid, 13 junio de 2020.–El Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca.

Prórroga del cierre de fronteras hasta el fin del estado de alarma (medianoche del 20 al 21). Y con el aviso de que se alargará más, hasta el 30 (si es como han anunciado, solo para ciudadanos de fuera de Schengen/UE).

El artículo 2 del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), define «amenaza para la salud pública» como cualquier enfermedad de potencial epidémico definida por el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud y otras enfermedades infecciosas o enfermedades parasitarias contagiosas cuando sean objeto de disposiciones de protección aplicables a los nacionales de un Estado miembro. Una de las condiciones de entrada en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea que incluye el Código de fronteras Schengen en su artículo 6 es «no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros ni, en particular, estar inscrito como no admisible en las bases de datos nacionales de ningún Estado miembro por iguales motivos». El artículo 8 detalla la aplicación de este criterio tanto a los beneficiarios del derecho a la libre circulación, en el apartado 2, como a los nacionales de terceros países, en el apartado 3. La denegación de entrada a los nacionales de terceros países por no cumplir los requisitos del artículo 6 se regula en el artículo 14. Para las denegaciones de entrada a los beneficiarios de la libre circulación es necesario remitirse al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que en su artículo 15, apartado 1, permite, entre otras medidas, impedir la entrada, y en su apartado 4 especifica que «las únicas dolencias o enfermedades que pueden justificar la adopción de alguna de las medidas del apartado 1 del presente artículo serán las enfermedades con potencial epidémico, como se definen en los instrumentos correspondientes de la Organización Mundial de la Salud, así como otras enfermedades infecciosas o parasitarias contagiosas, de conformidad con la legislación española vigente». El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la COVID-19 como pandemia. La envergadura de las medidas restrictivas de movimiento y preventivas de todo tipo, algunas de las cuales persistirán aún un tiempo, ha provocado que el impacto de la enfermedad se extienda al ámbito del orden público. Los miembros del Consejo Europeo acordaron, el 17 de marzo de 2020, aplicar por un periodo de treinta días una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen. El acuerdo tenía por objeto limitar la expansión del contagio del COVID-19. España aplicó este acuerdo mediante la Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública, con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta restricción se inscribía en el marco del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y se unía a medidas como las adoptadas mediante la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Tras evaluar la situación de la pandemia en los Estados miembros, en los Estados asociados Schengen y terceros países, la Comisión Europea recomendó prorrogar hasta el 15 de mayo la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen. Esta recomendación se recogía en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo sobre la evaluación de la aplicación de la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la Unión Europea, de 8 de abril. España la puso en práctica mediante la Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. De igual modo obraron todos los demás Estados del espacio Schengen. De nuevo, en su Comunicación sobre la restricción de los viajes no imprescindibles a la Unión Europea de 8 de mayo, la Comisión recomendó la prórroga de las citadas restricciones, en este caso hasta el 15 de junio, a lo cual España correspondió con la Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. De igual modo obraron todos los demás Estados del espacio Schengen. El 11 de junio, la Comisión presentó su Comunicación sobre la tercera evaluación de la aplicación de las restricciones temporales de viajes no imprescindibles a la Unión Europea. En ella recomienda, para después del 15 de junio, un proceso gradual para el levantamiento de las restricciones que, en cualquier caso, consta de un tramo inicial, hasta el 30 de junio, en el ### RESUMEN: Prórroga del cierre de fronteras hasta el fin del estado de alarma (medianoche del 20 al 21). Y con el aviso de que se alargará más, hasta el 30 (si es como han anunciado, solo para ciudadanos de fuera de Schengen/UE).

Edicto Actuaciones Previas número 37/09. Ramo: Entidades Locales (Ayuntamiento de Marbella). Lugar: Málaga. Doña Mónica Corchón González, Secretaria de las Actuaciones Previas de referencia, Hace saber: Que en dichas Actuaciones Previas se ha dictado por el Delegado Instructor la siguiente: 'Providencia. Delegado Instructor: señor Gámir Meade. En Madrid a dieciocho de septiembre de dos mil trece. En las Actuaciones Previas anotadas al margen, que se siguen como consecuencia de un presunto alcance contable, siendo responsable directo y solidario del mismo don Esteban Guzmán Lanzat, con D.N.I. número 24.752.987-L, junto con: La Herencia Yacente de don Victoriano Rodríguez Martínez, don Luis Francisco Rodríguez López-Sepúlveda y don Antonio Calleja Rodríguez por un importe total de 2.186.583,78 euros, siendo el principal de esta cantidad 1.824.898,95 euros y los intereses correspondientes 361.684,83 euros. La Herencia Yacente de don Victoriano Rodríguez Martínez, don Víctor Cohen Zerón y don Antonio Calleja Rodríguez por un importe total de 300.573,01 euros, siendo el principal de esta cantidad 250.854,95 euros, y los intereses correspondientes 49.718,06 euros. La Herencia Yacente de don Victoriano Rodríguez Martínez, don Víctor Cohen Zerón y don Antonio Torres Zambrana por un importe total de 8.754.734,35 euros, siendo el principal de esta cantidad 7.306.605,70 euros, y los intereses correspondientes 1.448.128,65 euros. Dictada Providencia de Embargo de sus bienes y derechos con fecha 3 de agosto de 2012, y de acuerdo con la información obtenida en la presente pieza separada de embargo, de conformidad con el artículo 47, apartado 1, letra g), de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, acuerdo el embargo del inmueble que se indica a continuación, del que se tomará anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de Marbella Número 2: Finca de Marbella número 51917, IDUFIR: 29029000744320, Tomo 1700, Libro: 693, Folio: 1 de la que es titular don Esteban Guzmán Lanzat del 100% del pleno dominio con carácter privativo. Notifíquese a don Esteban Guzmán Lanzat, al Representante Legal del Ayuntamiento de Marbella, y al Ministerio Fiscal, y líbrese el oportuno mandamiento de embargo al Registro de la Propiedad número 2 de Marbella (Málaga). Dado que don Esteban Guzmán Lanzat, con D.N.I. 24.752.987-L, se encuentra en paradero desconocido, notifíquesele mediante edicto que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y en el tablón de anuncios de este Tribunal. Lo manda y firma el Delegado Instructor, de lo que doy fe. La Secretaria de las Actuaciones: Mónica Corchón González.' Los derechos o exacciones a que dé lugar la publicación de este edicto se incluirán en la correspondiente tasación de costas en el supuesto de que hubiera condena expresa en los mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo 68, apartado 2, de la Ley 7/1988, de Funcionamiento de este Tribunal. Lo que se hace público para que sirva de notificación a don Esteban Guzmán Lanzat. Madrid, 18 de septiembre de 2013.- La Secretaria de las Actuaciones Previas, doña Mónica Corchón González.

El Tribunal de Cuentas embarga una casa de Esteban Guzmán Lanzat.

Edicto Actuaciones Previas número 37/09. Ramo: Entidades Locales (Ayuntamiento de Marbella). Lugar: Málaga. Doña Mónica Corchón González, Secretaria de las Actuaciones Previas de referencia, Hace saber: Que en dichas Actuaciones Previas se ha dictado por el Delegado Instructor la siguiente: 'Providencia. Delegado Instructor: señor Gámir Meade. En Madrid a dieciocho de septiembre de dos mil trece. En las Actuaciones Previas anotadas al margen, que se siguen como consecuencia de un presunto alcance contable, siendo responsable directo y solidario del mismo don Esteban Guzmán Lanzat, con D.N.I. número 24.752.987-L, junto con: La Herencia Yacente de don Victoriano Rodríguez Martínez, don Luis Francisco Rodríguez López-Sepúlveda y don Antonio Calleja Rodríguez por un importe total de 2.186.583,78 euros, siendo el principal de esta cantidad 1.824.898,95 euros y los intereses correspondientes 361.684,83 euros. La Herencia Yacente de don Victoriano Rodríguez Martínez, don Víctor Cohen Zerón y don Antonio Calleja Rodríguez por un importe total de 300.573,01 euros, siendo el principal de esta cantidad 250.854,95 euros, y los intereses correspondientes 49.718,06 euros. La Herencia Yacente de don Victoriano Rodríguez Martínez, don Víctor Cohen Zerón y don Antonio Torres Zambrana por un importe total de 8.754.734,35 euros, siendo el principal de esta cantidad 7.306.605,70 euros, y los intereses correspondientes 1.448.128,65 euros. Dictada Providencia de Embargo de sus bienes y derechos con fecha 3 de agosto de 2012, y de acuerdo con la información obtenida en la presente pieza separada de embargo, de conformidad con el artículo 47, apartado 1, letra g), de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, acuerdo el embargo del inmueble que se indica a continuación, del que se tomará anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de Marbella Número 2: Finca de Marbella número 51917, IDUFIR: 29029000744320, Tomo 1700, Libro: 693, Folio: 1 de la que es titular don Esteban Guzmán Lanzat del 100% del pleno dominio con carácter privativo. Notifíquese a don Esteban Guzmán Lanzat, al Representante Legal del Ayuntamiento de Marbella, y al Ministerio Fiscal, y líbrese el oportuno mandamiento de embargo al Registro de la Propiedad número 2 de Marbella (Málaga). Dado que don Esteban Guzmán Lanzat, con D.N.I. 24.752.987-L, se encuentra en paradero desconocido, notifíquesele mediante edicto que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y en el tablón de anuncios de este Tribunal. Lo manda y firma el Delegado Instructor, de lo que doy fe. La Secretaria de las Actuaciones: Mónica Corchón González.' Los derechos o exacciones a que dé lugar la publicación de este edicto se incluirán en la correspondiente tasación de costas en el supuesto de que hubiera condena expresa en los mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo 68, apartado 2, de la Ley 7/1988, de Funcionamiento de este Tribunal. Lo que se hace público para que sirva de notificación a don Esteban Guzmán Lanzat. Madrid, 18 de septiembre de 2013.- La Secretaria de las Actuaciones Previas, doña Mónica Corchón González. ### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas embarga una casa de Esteban Guzmán Lanzat.

El establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha comportado la renovación completa de los estudios universitarios en España, que ahora se estructuran en los tres niveles diferenciados de Grado, Máster y Doctorado. En esa reestructuración nuestro país optó, a diferencia de la mayoría de los Estados europeos, por un modelo de Grados de 240 créditos ECTS, que podrán ser seguidos de estudios de Máster de entre 60 y 120 créditos ECTS de duración. Sin embargo, algunos grados universitarios, por exigencias de las directrices europeas aplicables, tienen una extensión superior. Es el caso de los estudios de medicina y de otras titulaciones, generalmente en el ámbito de las ciencias de la salud, que dan acceso a profesiones reguladas. La exigencia de que estos títulos habiliten para una profesión conlleva en ocasiones la adquisición de competencias de nivel de Máster, y permite el acceso a los estudios de doctorado, bien directamente, bien mediante la superación de unos complementos de formación. El propósito de la presente reforma es instrumentar un sistema de adscripción de la especificidad de esos estudios universitarios cuando se trate de titulaciones cualificadas por comprender suficientes créditos de nivel de Máster. Esta medida facilitará la circulación en el extranjero de los egresados de universidades españolas en este tipo de grados de especial cualificación. El instrumento idóneo para dar cauce a esta adscripción es el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), regulado en el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece en Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), cuya finalidad es permitir la clasificación, comparabilidad y transparencia de las cualificaciones de la educación superior en el sistema educativo español, sobre todo para hacerlo comprensible frente a otros sistemas educativos. Los cuatro niveles en los que se estructura el MECES dan así cabida a las enseñanzas que constituyen la educación superior en nuestro país, las cuales quedan adscritas a cada uno de estos niveles en función de sus exigencias de aprendizaje. Es decir, son los resultados de aprendizaje que caracterizan a las cualificaciones obtenidas los que determinan su vinculación a uno de los niveles del marco de cualificaciones. Actualmente los cuatro niveles están definidos de tal manera que el nivel de Técnico Superior se constituye en el Nivel 1, el de Grado en el Nivel 2, el de Máster en el Nivel 3 y el de Doctor en el Nivel 4. Sin embargo, es evidente que hay títulos de Grado que superan el umbral de los 240 créditos ECTS mínimos exigidos en España con carácter general para estos estudios y que, en el caso de contener al menos 60 ECTS de nivel de Máster, podrían aspirar a la calificación de Nivel 3. Son títulos cuya definición de sus planes de estudio y competencias implican la consecución de resultados de aprendizaje que caracterizan a las cualificaciones de este Nivel 3. Además, comparten con los títulos vinculados a este nivel los efectos de acceso directo a los títulos o cualificaciones del Nivel 4 superior, tal como prevé hoy el art. 6.2.b) del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. No se trata por tanto de dar una doble titulación de Grado y de Máster a quienes superen una titulación de mayor extensión –cuestión que no permite nuestro ordenamiento jurídico–, sino de reconocer que determinadas titulaciones académicas proporcionan un nivel de cualificación profesional específico, distinto de aquél al que nominalmente evocan. La adopción de esta medida conlleva, en primer lugar, la modificación del anexo del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, en el sentido de incluir, en la tabla de cualificaciones, la adscripción al Nivel 3 (Máster), del título de Grado de al menos 300 créditos ECTS que comprenda al menos 60 créditos ECTS de nivel de Máster y que haya obtenido este nivel de cualificación mediante resolución del Consejo de Universidades, junto con los títulos de Máster universitario y de Máster en enseñanzas artísticas. De esta modificación se deriva la necesidad de reformar, en segundo lugar, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, para incorporar en el articulado la posibilidad de que una titulación de Grado pueda obtener la adscripción a este nivel de cualificación 3. Como complemento indispensable, se introduce una disposición adicional que contiene el procedimiento a seguir para alcanzar la citada calificación, en el cual se debe garantizar el cumplimiento de los anteriormente citados requisitos. Finalmente, se aprovecha la modificación del anexo del mencionado Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, para dar cumplimiento a la jurisprudencia asentada por la Sala 3.ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en numerosas sentencias que anulan los artículos 7.1, 8, 11, 12, y la disposición adicional séptima del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En consecuencia, se sustituye la alusión en el anexo al «Título de Graduado de las enseñanzas artísticas superiores» por la de «Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores». En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria y han emitido informe el Consejo de Universidades, el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, el Consejo General de la Formación Profesional y el Consejo Escolar del Estado. Asimismo, se ha dado trámite de audiencia a las corporaciones profesionales afectadas por el contenido de la disposición. En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de febrero de 2014, DISPONGO: Artículo primero. Modificación del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece en Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). El Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), queda modificado de la siguiente forma: Uno. Se añade un apartado 4 al artículo 7, con el siguiente contenido: «4. Los títulos de Grado que por exigencias de normativa de la Unión Europea sean de al menos 300 créditos ECTS, siempre que comprendan un mínimo de 60 créditos ECTS que participen de las características propias de los descriptores del apartado 2 de este precepto, podrán obtener la adscripción al Nivel 3 (Máster) regulado en este real decreto. La normativa sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales establecerá el procedimiento a seguir para obtener esa adscripción.» Dos. Se modifica el anexo, que queda redactado en los siguientes términos: «Niveles Cualificaciones 1 Técnico Superior. Técnico Superior de Formación Profesional1. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño2. Técnico Deportivo Superior 3. 2 Grado. Título de Graduado 4. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores5. 3 Máster. Título de Máster universitario6. Título de Máster en Enseñanzas Artísticas7. Título de Graduado de al menos 300 créditos ECTS que comprenda al menos 60 créditos ECTS de Nivel de Máster, que haya obtenido este nivel de cualificación mediante resolución del Consejo de Universidades8. 4 Doctor. Título de Doctor 9. 1 De acuerdo con el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 2 De acuerdo con el Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. 3 De acuerdo con el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial. 4 De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, con sus correspondientes modificaciones. 5 De acuerdo con el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 6 De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. 7 De acuerdo con el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 8 De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. 9 De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, con sus correspondientes modificaciones.» Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, queda modificado de la siguiente manera: Uno. Se añade un apartado 10 al artículo 12 con el siguiente contenido: «10. Los títulos de Grado que por exigencias de normativa de la Unión Europea sean de al menos 300 créditos ECTS de los que un mínimo de 60 participen de las características propias de los descriptores correspondientes al nivel de Máster, podrán obtener la adscripción al Nivel 3 (Máster) del MECES. A tal efecto deberán someterse al procedimiento previsto en la disposición adicional decimocuarta del presente real decreto.» Dos. Se renumera la disposición adicional decimocuarta como decimotercera y se añade una nueva disposición adicional decimocuarta con la siguiente redacción: «Disposición adicional decimocuarta. Adscripción al Nivel 3 (Máster) del MECES de determinados títulos de Grado. Los títulos de Grado de al menos 300 créditos ECTS que comprendan un mínimo de 60 créditos ECTS de nivel de Máster podrán obtener la adscripción al Nivel 3 (Máster) del MECES mediante resolución del Consejo de Universidades. Las universidades que pretendan la citada adscripción de sus títulos deberán presentar la correspondiente solicitud al Consejo de Universidades a través de la Secretaría de dicho Órgano para su tramitación. El Consejo de Universidades adoptará en el plazo de 6 meses la oportuna resolución tras la comprobación del cumplimiento de las condiciones requeridas para alcanzar la referida adscripción, previo informe favorable de la ANECA o de las Agencias autonómicas con competencia para la verificación de títulos oficiales. En caso de falta de resolución y notificación en plazo se entenderá desestimada la solicitud presentada. De las resoluciones del Consejo de Universidades se dará traslado al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) al que se refiere el Real Decreto 1509/2008, de 15 de septiembre, a los efectos de su constancia en el mismo. Una vez obtenida la adscripción al Nivel 3 (Máster) del MECES, ésta tendrá efectos para todos los graduados de la titulación con el plan de estudios evaluado, con independencia de la fecha de terminación de sus estudios, salvo que para su obtención se hayan tenido que realizar modificaciones en el plan de estudios, en cuyo caso solo será aplicable a los graduados con posterioridad a tal obtención. Cuando las modificaciones introducidas en un título de Grado adscrito al Nivel 3 del MECES comporten la pérdida de alguna de las condiciones necesarias para la adscripción a este nivel, la ANECA o la agencia competente para su tramitación harán constar esta circunstancia en su informe de evaluación a fin de que el Consejo de Universidades decida sobre la revocación de dicho reconocimiento y, en su caso, dé el correspondiente traslado al RUCT. Contra las resoluciones del Consejo de Universidades en esta materia podrá interponerse la reclamación prevista en el apartado 9 del artículo 25.» Disposición final única. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 14 de febrero de 2014. JUAN CARLOS R. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA

Decreto que equipara Medicina y otras titulaciones, generalmente en el ámbito de las ciencias de la salud, a nivel master.

El establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha comportado la renovación completa de los estudios universitarios en España, que ahora se estructuran en los tres niveles diferenciados de Grado, Máster y Doctorado. En esa reestructuración nuestro país optó, a diferencia de la mayoría de los Estados europeos, por un modelo de Grados de 240 créditos ECTS, que podrán ser seguidos de estudios de Máster de entre 60 y 120 créditos ECTS de duración. Sin embargo, algunos grados universitarios, por exigencias de las directrices europeas aplicables, tienen una extensión superior. Es el caso de los estudios de medicina y de otras titulaciones, generalmente en el ámbito de las ciencias de la salud, que dan acceso a profesiones reguladas. La exigencia de que estos títulos habiliten para una profesión conlleva en ocasiones la adquisición de competencias de nivel de Máster, y permite el acceso a los estudios de doctorado, bien directamente, bien mediante la superación de unos complementos de formación. El propósito de la presente reforma es instrumentar un sistema de adscripción de la especificidad de esos estudios universitarios cuando se trate de titulaciones cualificadas por comprender suficientes créditos de nivel de Máster. Esta medida facilitará la circulación en el extranjero de los egresados de universidades españolas en este tipo de grados de especial cualificación. El instrumento idóneo para dar cauce a esta adscripción es el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), regulado en el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece en Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), cuya finalidad es permitir la clasificación, comparabilidad y transparencia de las cualificaciones de la educación superior en el sistema educativo español, sobre todo para hacerlo comprensible frente a otros sistemas educativos. Los cuatro niveles en los que se estructura el MECES dan así cabida a las enseñanzas que constituyen la educación superior en nuestro país, las cuales quedan adscritas a cada uno de estos niveles en función de sus exigencias de aprendizaje. Es decir, son los resultados de aprendizaje que caracterizan a las cualificaciones obtenidas los que determinan su vinculación a uno de los niveles del marco de cualificaciones. Actualmente los cuatro niveles están definidos de tal manera que el nivel de Técnico Superior se constituye en el Nivel 1, el de Grado en el Nivel 2, el de Máster en el Nivel 3 y el de Doctor en el Nivel 4. Sin embargo, es evidente que hay títulos de Grado que superan el umbral de los 240 créditos ECTS mínimos exigidos en España con carácter general para estos estudios y que, en el caso de contener al menos 60 ECTS de nivel de Máster, podrían aspirar a la calificación de Nivel 3. Son títulos cuya definición de sus planes de estudio y competencias implican la consecución de resultados de aprendizaje que caracterizan a las cualificaciones de este Nivel 3. Además, comparten con los títulos vinculados a este nivel los efectos de acceso directo a los títulos o cualificaciones del Nivel 4 superior, tal como prevé hoy el art. 6.2.b) del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. No se trata por tanto de dar una doble titulación de Grado y de Máster a quienes superen una titulación de mayor extensión –cuestión que no permite nuestro ordenamiento jurídico–, sino de reconocer que determinadas titulaciones académicas proporcionan un nivel de cualificación profesional específico, distinto de aquél al que nominalmente evocan. La adopción de esta medida conlleva, en primer lugar, la modificación del anexo del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, en el sentido de incluir, en la tabla de cualificaciones, la adscripción al Nivel 3 (Máster), del título de Grado de al menos 300 créditos ECTS que comprenda al menos 60 créditos ECTS de nivel de Máster y que haya obtenido este nivel de cualificación mediante resolución del Consejo de Universidades, junto con los títulos de Máster universitario y de Máster en enseñanzas artísticas. De esta modificación se deriva la necesidad de reformar, en segundo lugar, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, para incorporar en el articulado la posibilidad de que una titulación de Grado pueda obtener la adscripción a este nivel de cualificación 3. Como complemento indispensable, se introduce una disposición adicional que contiene el procedimiento a seguir para alcanzar la citada calificación, en el cual se debe garantizar el cumplimiento de los anteriormente citados requisitos. Finalmente, se aprovecha la modificación del anexo del mencionado Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, para dar cumplimiento a la jurisprudencia asentada por la Sala 3.ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en numerosas sentencias que anulan los artículos 7.1, 8, 11, 12, y la disposición adicional séptima del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En consecuencia, se sustituye la alusión en el anexo al «Título de Graduado de las enseñanzas artísticas superiores» por la de «Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores». En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria y han emitido informe el Consejo de Universidades, el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, el Consejo General de la Formación Profesional y el Consejo Escolar del Estado. Asimismo, se ha dado trámite de audien ### RESUMEN: Decreto que equipara Medicina y otras titulaciones, generalmente en el ámbito de las ciencias de la salud, a nivel master.

El presente Real Decreto-ley tiene como finalidad proceder a la concesión de suplementos de crédito y créditos extraordinarios en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Educación, Cultura y Deporte, de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En primer lugar, se procede a la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, por importe de 5.160.000 de euros, para financiar proyectos y programas de respuesta humanitaria ante situaciones de emergencia, actuaciones de lucha contra el cambio climático y el suministro de equipos y material sanitario para afrontar la epidemia del ébola en Liberia, como consecuencia de las siguientes situaciones: 1) La incidencia de desastres naturales se ha convertido en los últimos años en un problema clave tanto para el desarrollo de los países afectados como para la estabilidad mundial. El impacto de terremotos, huracanes, tifones, inundaciones y sequías pone en dificultades la gobernabilidad de decenas de países y provoca sufrimientos irreparables y daños cuantiosos a millones de personas cada año. Los desastres naturales afectaron en 2013 a más de 200 millones de personas en el mundo, han ocasionado 100.000 muertes anuales de media durante la última década y han producido daños económicamente estimados cada año en más de 100.000 millones de dólares americanos en los últimos diez años, demostrando que constituye uno de los principales problemas globales y una de las prioridades de la acción humanitaria. En 2014 se ha producido una multiplicación de las crisis humanitarias, hecho que requiere una respuesta inmediata y solidaria de la comunidad internacional, registrándose cifras sin precedentes de personas en necesidad de ayuda humanitaria sobre las que diversos organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil vienen advirtiendo. Este aumento exponencial de las necesidades humanitarias requiere una actuación inmediata. España, dentro de este ámbito de actuación, está comprometida con la aplicación del marco acordado internacionalmente para la reducción del riesgo de desastres, conocido como el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, cuya revisión tendrá lugar durante la próxima Conferencia de Sendai, Japón, en marzo de 2015. Además, España tiene en la Preparación para la Respuesta a Desastres Naturales, una de sus líneas prioritarias de Acción Humanitaria dentro de su Política de Cooperación para el Desarrollo como establece el IV Plan Director y el Plan Operativo de Acción Humanitaria 2013-2014. Para el desarrollo de esta Política se hace necesario financiar proyectos y programas que tengan por objetivo prevenir y preparar respuestas ante desastres naturales por importe de 4.000.000 euros. 2) Por otra parte, el cambio climático constituye un fenómeno global, tanto por sus causas como por sus efectos y requiere de una respuesta multilateral basada en la colaboración de todos los países. En este ámbito de actuación se va a proceder a la firma de un Memorando de entendimiento sobre cooperación en materia de cambio climático y mecanismos de desarrollo limpio, durante la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno sobre el Cambio Climático, convocada por el Secretario General de Naciones Unidas, que se celebrará en Nueva York en septiembre de 2014. España tiene la intención de adherirse a la firma de dicho Memorando, que permitirá reforzar la cooperación en materia de cambio climático y desarrollo limpio incidiendo en las energías renovables y el desarrollo sostenible con un grupo de pequeños países en desarrollo del Pacífico, creándose un marco estable y único de cooperación con una de las zonas más vulnerables frente a los efectos adversos del cambio climático. En el marco de este Memorando España tiene previsto conceder subvenciones por importe de 1.000.000 euros, destinadas a financiar proyectos que contribuyan a la lucha contra el cambio climático y a paliar los efectos adversos que se producen en los países en desarrollo. 3) Finalmente, para poder afrontar la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación de la epidemia del ébola, el Gobierno de Liberia ha pedido ayuda al Gobierno de España, dada la gravedad de la situación ante el incremento en el número de casos sospechosos, probables y confirmados. Si bien en un principio el número de casos registrados de ébola en Liberia fue menor que en Sierra Leona o Guinea Conakry, la situación actual parece haber empeorado, debido tanto a la rápida propagación de la epidemia en la capital, Monrovia, como en otras zonas de país. Ello, unido a la falta de una respuesta eficaz de las autoridades sanitarias y a la imposibilidad de contar con los recursos humanos y técnicos suficientes para contenerla, ha provocado que Liberia sea uno de los países donde la situación tiene visos de empeorar. La presidenta de Liberia declaró el 6 de agosto el estado de emergencia durante 90 días para hacer frente a la enfermedad, que ha superado la capacidad y responsabilidad legal de una agencia o ministerio concreto y plantea una amenaza real para la salud, la seguridad y la economía del país. La Cámara de Representantes aprobó la medida posteriormente. Como respuesta a la indicada solicitud, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo propone la financiación del suministro de dos lotes completos de equipo médico, material de protección, desinfección y rehidratación y medicamentos específicos contra el ébola para destinarlos a Liberia. La Fundación Juan Ciudad y la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios que gestionan el Hospital de San José en Monrovia serían los destinatarios finales del material con el fin de apoyar la reapertura de dicho hospital para el tratamiento de esta enfermedad y otras, lo que requiere una financiación por importe de 160.000 euros. Por todo ello y dado que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo no dispone de financiación, se propone un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, por importe de 5.160.000 de euros, para financiar las actuaciones indicadas, considerando que concurren las razones de necesidad y urgencia que justifican su concesión mediante Real Decreto-ley. En segundo lugar, por el presente Real Decreto-ley se procede a la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y en el presupuesto del organismo autónomo «Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales» por importe total de 30.000.000 euros, para posibilitar la convocatoria de ayudas a la amortización de largometrajes producidos en 2012. La Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, establece que corresponde al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la promoción y fomento de la producción, distribución y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales y el establecimiento de las condiciones que favorezcan su creación y difusión. Asimismo, la citada Ley 55/2007 establece diversas medidas de fomento entre las que se encuentran las ayudas a la amortización de largometrajes, que tiene como beneficiarias a las empresas productoras con nacionalidad española y su objeto es la amortización del coste de producción de las películas, así como incentivar su comercialización, intentando incrementar la cuota de mercado de cine español y mantener un volumen de producción. En este contexto, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) colabora con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en el ámbito de la producción cinematográfica, a través de la formalización de convenios de colaboración anuales con la finalidad de establecer una línea de mediación dirigida a la financiación de proyectos de inversión en producciones cinematográficas de largometrajes. La conexión entre ambos instrumentos de financiación se produce porque los beneficiarios de las ayudas a la amortización quedan obligados a destinar su importe a la amortización de los préstamos obtenidos al amparo de la línea ICO-ICAA. Por otra parte, la Sociedad de Garantía Recíproca «Audiovisual, S.G.R.», participada en un 45 por 100 por el ICAA, tiene por finalidad apoyar a la industria audiovisual y al sector de los contenidos de carácter cultural o de ocio en la financiación y desarrollo de sus proyectos, facilitando el acceso al crédito de las pequeña y medianas empresas, mejorando sus condiciones de financiación a través de la prestación de avales ante bancos, cajas de ahorro y otras entidades de crédito y prestando asimismo servicios de asistencia y asesoramiento financiero. Esta entidad avala o presta otro tipo de garantías a un elevado número de las operaciones acogidas a los convenios formalizados por el ICO y el ICAA para la producción y exhibición cinematográfica. Por Resolución de la Dirección General del ICAA de 14 de marzo de 2013, se convocaron ayudas a la amortización de largometrajes, circunscribiendo las ayudas a los largometrajes estrenados entre el día 1 de enero y el 30 de septiembre de 2011. En el año 2014, mediante Resolución de la Dirección General del ICAA, de 3 de febrero de 2014, se convocaron ayudas a la amortización de los largometrajes estrenados en el último trimestre de 2011, por lo que las disponibilidades presupuestarias no han permitido convocar las ayudas correspondientes a los largometrajes estrenados en el año 2012. Ello está obligando a las empresas productoras a amortizar en el presente ejercicio los préstamos solicitados en su día, en la legitima confianza de que en el año 2014 podrían concurrir a la convocatoria de ayudas a la amortización, cuya percepción les permitiría amortizar los préstamos solicitados, antes del vencimiento de los periodos de carencia, sin tener que asumir el pago de los intereses derivados de los mismos. Las razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la concesión del presente suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, a su vez, en el presupuesto del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, estriban en los efectos negativos que la no convocatoria de las ayudas a la amortización de los largometrajes estrenados a lo largo del año 2012 tendría en la industria cinematográfica, ya que parte de las empresas productoras iniciaron su producción en un marco normativo que en ese momento les permitía obtener financiación externa en la que actuaba como garantía la posible concesión de la ayuda. Por tanto, de no producirse la convocatoria, se les generaría un quebranto financiero que llevaría al cierre de muchas de ellas y pondría en grave riesgo un sector industrial de gran importancia cultural y generador de un gran número de puestos de trabajo. Por último, por el presente Real Decreto-ley se conceden créditos extraordinarios en los presupuestos de los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por importe total de 725.731.999,87 euros, para imputar a presupuesto y atender al pago de obligaciones de ejercicios anteriores. Al cierre contable y presupuestario del ejercicio 2013 se ha puesto de manifiesto la existencia de gastos que no contaban con cobertura presupuestaria o que la prevista resultó insuficiente, si bien tales gastos figuran contabilizados y ha quedado registrada su incidencia en el déficit a 31 de diciembre de dicho ejercicio. Estos gastos, que constituyen obligaciones exigibles para la Administración, deben ser regularizados y aplicados al presupuesto para proceder a su pago, lo que requiere disponer previamente del correspondiente crédito presupuestario. A estos efectos, el presente Real Decreto-ley contiene la concesión de créditos extraordinarios que dotan la cobertura financiera suficiente para proceder a la regularización. El importe de las operaciones que es necesario regularizar asciende a 725.731.999,87 euros. Al Ministerio de Fomento corresponden un total de 540.692.050,73 euros que derivan mayoritariamente de expropiaciones, revisiones de precios, certificaciones finales, intereses y liquidaciones de obras de la Dirección General de Carreteras por importe de 492.163.523,83 euros así como obligaciones relativas a conservación integral y de energía eléctrica de la propia Dirección General de Carreteras por importe de 38.531.783,59 euros. Por su parte, la Dirección General de Ferrocarriles debe atender obligaciones por importe de 8.425.559,41 euros correspondientes a expropiaciones, liquidaciones de obra e intereses de demora y la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo por importe de 1.571.183,90 euros relativas fundamentalmente a certificaciones. Por su parte, las obligaciones pendientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ascienden a 185.039.949,14 euros. De ellas, 126.651.336,56 euros corresponden a la Dirección General del Agua en concepto de certificaciones, revisiones de precios, expropiaciones y otras incidencias relativas a actuaciones inversoras y 8.521.170 euros por actuaciones mediante convenio. Así mismo deben dotarse créditos extraordinarios en el presupuesto de dicha Dirección General por importe de 45.672.216,59 euros para atender al pago de obligaciones de determinadas Confederaciones Hidrográficas y para reponer su tesorería. Finalmente para obligaciones de distintos Servicios del Departamento se conceden créditos por importe de 4.195.225,99 euros. La imputación presupuestaria de estas obligaciones requiere norma con rango de ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 34.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Por otra parte, las obligaciones que se trata de satisfacer han sido imputadas al déficit del año 2013, por lo que los créditos extraordinarios que se conceden no reducen la capacidad de financiación del Estado en el año 2014 y, por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, no son susceptibles de financiación con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. En consecuencia, el presente Real Decreto-ley contempla la financiación de los créditos extraordinarios mediante Deuda Pública. La exigencia de atender al pago de obligaciones exigibles que ineludiblemente debe satisfacer la Administración y la necesidad de no demorar su abono para no causar perjuicios a los terceros afectados constituyen las razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la concesión de los créditos extraordinarios mediante Real Decreto-ley. El Real Decreto-ley incluye, asimismo, una disposición adicional y tres disposiciones finales. La disposición adicional y la final primera incorporan medidas para mejorar la liquidez de las Corporaciones Locales y de las Comunidades Autónomas, respectivamente, flexibilizando el reintegro de los saldos negativos que resulten de las liquidaciones definitivas de la participación de las Entidades Locales en tributos del Estado y de los recursos del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común en el periodo 2008-2009. En concreto, la disposición adicional tiene por objeto posibilitar a las entidades locales una mayor disponibilidad de recursos minorando los reintegros que correspondan a las liquidaciones definitivas de 2008 y 2009, que fueron de importes elevados y que motivaron la aplicación de períodos de reintegro de cinco años, inicialmente, y de diez años, con posterioridad. No obstante, esa segunda ampliación sólo se aplicaría si lo solicitan las entidades locales. Se establecen requisitos que deberán cumplir las entidades locales tanto formales como de carácter financiero. Por su parte, la disposición final primera tiene por objeto posibilitar, en este caso a las comunidades autónomas, una mayor disponibilidad de recursos minorando los reintegros que correspondan a las liquidaciones definitivas de 2008 y 2009, que fueron de importes elevados y que motivaron la aplicación de períodos de reintegro de cinco años, inicialmente, y de diez años, con posterioridad. Inicialmente se había acordado un plazo de devolución de 60 mensualidades. Posteriormente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 elevó dicho plazo a 120 mensualidades a computar a partir del 1 de enero de 2012, siendo éste el plazo que está vigente en la actualidad. La disposición final primera modifica la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, de manera que el plazo quedará establecido en 240 mensualidades a computar desde dicha fecha. De esta forma, cada Comunidad Autónoma de régimen común podrá solicitar antes del 31 de octubre de este año la ampliación del plazo a 240 mensualidades. Debido a que la aplicación efectiva de esta medida se iniciará en enero de 2015, se prevé en la disposición final primera una ampliación del plazo de devolución a 204 mensualidades a contar desde dicho momento con el objetivo de que los reintegros de las liquidaciones de 2008 y 2009 se efectúen en 240 mensualidades, a computar desde 2012. Las dos disposiciones son de urgente y extraordinaria necesidad, en tanto las entidades locales y las comunidades autónomas están elaborando sus presupuestos para el año 2015 y, en el caso de que pretendan acogerse, deben incluir el efecto de dichas medidas. Por último, la disposición final segunda introduce una modificación en el apartado 2 del artículo 14 del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero, mediante la que se suprime la obligación de que las condiciones financieras aplicables a las operaciones de crédito que concierte el Estado con las Comunidades Autónomas con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico garanticen la repercusión de los gastos financieros y demás costes en que incurra dicho Fondo. Esta modificación se justifica en la especial situación financiera y presupuestaria de algunas Comunidades Autónomas, en particular las adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico, que ha hecho necesario que se plantee una reestructuración de las operaciones de crédito formalizadas con cargo a dicho mecanismo para reducir el tipo de interés aplicable a las mismas en el 1% hasta el 31 de diciembre de 2015, que no garantiza la repercusión de los gastos y demás costes en que incurra el Fondo de Liquidez Autonómico. La urgencia de la modificación propuesta viene determinada por la necesidad de que la rebaja de intereses planteada pueda tener efectos en el último trimestre del año 2014. En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado por lo que respecta a los artículos 1 a 9, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de septiembre de 2014, dispongo: Artículo 1. Concesión de un suplemento de crédito en el Presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Para financiar proyectos y programas de respuesta humanitaria ante situaciones de emergencia, actuaciones de lucha contra el cambio climático y el suministro de equipos y material sanitario para afrontar la epidemia del ébola en Liberia, se concede un suplemento de crédito en el vigente presupuesto de la Sección 12 «Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación», Servicio 03 «Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica», Programa 000X «Transferencias internas», Capítulo 4 «Transferencias Corrientes», Artículo 43 «A agencias estatales y otros organismos públicos», Concepto 430 «A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para atender los gastos derivados de proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo, incluidos los propuestos o a ejecutar por Organizaciones No Gubernamentales, con destino a países en vías de desarrollo», por importe de 5.160.000 euros. Artículo 2. Variación de crédito en el Presupuesto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El suplemento de crédito que se concede en el artículo anterior, financiará una variación de crédito en el Presupuesto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en los términos que se recogen a continuación: Presupuesto de Ingresos Alta Aplicación presupuestaria Denominación Importe (euros) 12.401.404 Para atender gastos derivados de proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo, incluidos los propuestos o a ejecutar por Organizaciones No Gubernamentales, con destino a países en vías de desarrollo. 5.160.000 Presupuesto de Gastos Alta Aplicación presupuestaria Denominación Importe (euros) 12.401.143A.496.02 Para ayuda Oficial al Desarrollo. Ayuda Humanitaria.  4.160.000 12.401.143A.496.04 Para ayuda Oficial al Desarrollo. Subvenciones de Estado y otros proyectos AOD.  1.000.000 Articulo 3. Concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se concede un suplemento de crédito en el presupuesto de la Sección 18 «Ministerio de Educación, Cultura y Deporte», Servicio 09 «Secretaria de Estado de Cultura», Programa 000X «Transferencias internas», Concepto 415 «Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Dotación del Fondo de Protección de la Cinematografía», por importe de 30.000.000 de euros. Artículo 4. Modificación del presupuesto de ingresos y concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 1. El suplemento de crédito que se concede en el artículo anterior ocasionará un incremento en el Presupuesto de Ingresos del Organismo Autónomo 18.103 «Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales», en la aplicación presupuestaria 18.103.400.01 «Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Fondo de Protección a la Cinematografía», por un importe de 30.000.000 euros. 2. Se autoriza un suplemento de crédito en el presupuesto de gastos del organismo autónomo 18.103 «Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales», programa 335 C «Cinematografía», concepto 470 «Fondo de Protección a la Cinematografía», por importe de 30.000.000 euros. 3. El suplemento de crédito que se concede en el presupuesto del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales se financiará con el suplemento de crédito que se concede en el presupuesto del Estado. Artículo 5. Concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Fomento. Para atender obligaciones de ejercicios anteriores, se conceden créditos extraordinarios por importe de 540.692.050,73 euros, en el presupuesto de la Sección 17 «Ministerio de Fomento» según el detalle que se recoge en el Anexo I. Artículo 6. Concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Para atender obligaciones de ejercicios anteriores, se conceden créditos extraordinarios por importe de 185.039.949,14 euros en el presupuesto de la Sección 23 «Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente» según el detalle que se recoge en el Anexo II. Artículo 7. Modificación de los presupuestos de las Confederaciones Hidrográficas. Para atender obligaciones del organismo autónomo 23.229 «Confederación Hidrográfica del Guadiana», correspondientes a ejercicios anteriores, se aprueba un crédito extraordinario en el presupuesto del organismo por importe de 20.164.568,33 euros, en los términos que se recogen en el Anexo III. Dicho crédito extraordinario se financiará con el crédito extraordinario que, por el mismo importe, se concede en el presupuesto de la Dirección General del Agua y que figura incluido en el Anexo II. Los restantes créditos extraordinarios que se conceden en el Anexo II con destino a las Confederaciones Hidrográficas se reflejarán en sus presupuestos de ingresos en los términos que se recogen en el indicado Anexo III. Artículo 8. Financiación Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se conceden en el presupuesto del Estado se financiarán con deuda pública. Artículo 9. Aplicación de los gastos al presupuesto. Los gastos que se imputen presupuestariamente a los créditos extraordinarios, que para atender obligaciones de ejercicios anteriores se conceden mediante el presente Real Decreto-ley, deberán estar previamente contabilizados en la cuenta 413 «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto» como consecuencia de las actuaciones de control financiero permanente previstas en el artículo 159.1 g) de la Ley General Presupuestaria o de las comunicaciones de los centros gestores previstas en la normativa contable y presupuestaria. La Intervención Delegada en el Departamento Ministerial correspondiente velará por el cumplimiento de este requisito. Disposición adicional única. Reintegros de los saldos deudores resultantes a cargo de las Entidades locales en las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado de los años 2008 y 2009. 1. Aquellas entidades locales a las que se esté aplicando la ampliación del período de reintegro de los saldos deudores resultantes a cargo de las Entidades locales en las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado de los años 2008 y 2009, regulada en la disposición final décima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, podrán ampliar en 120 mensualidades aquel período, con arreglo a las normas contenidas en la presente disposición. 2. La ampliación del período de reintegro podrá solicitarse por las Entidades Locales a las que se les estuviere aplicando la disposición final décima de la Ley 2/2012, de 29 de junio. Asimismo, se aplicará de oficio por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a aquellos municipios que tengan concedida la medida contenida en la letra b. del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. 3. La solicitud anterior deberá ser aprobada por el Pleno de la corporación local y se remitirá por el interventor o el secretario-interventor al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por medios telemáticos y con firma electrónica con anterioridad a 30 de noviembre de 2014. La ampliación solicitada se concederá a las entidades locales que, además de haber presentado la liquidación de los presupuestos de la totalidad de entidades integrantes de la corporación local correspondientes a 2013, prevean cumplir a 31 de diciembre de 2014 con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el límite de deuda pública establecido en los artículos 51 y 53 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, y cuyo período medio de pago no supere en más de 30 días el plazo máximo establecido en la normativa de morosidad de acuerdo con el periodo medio de pago a proveedores que publiquen en el mes de octubre de 2014, conforme al Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En cuanto a la previsión del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del límite de deuda antes citada se tendrá en cuenta la información de ejecución trimestral del presupuesto de 2014 que, correspondiendo al tercer trimestre de 2014, remitan las entidades locales hasta 31 de octubre de este año. 4. La aplicación efectiva de la ampliación citada en el apartado 1 anterior se iniciará en la entrega a cuenta de la participación en tributos del Estado del mes de enero de 2015, siendo a partir de entonces los reintegros mensuales aplicables los que resulten de dividir el importe pendiente de reintegrar a esa fecha por las liquidaciones correspondientes a los años 2008 y 2009 dividido por 204 mensualidades. 5. La modalidad de fraccionamiento establecida en el apartado 1 anterior se mantendrá siempre que las Entidades locales afectadas aporten la liquidación de los presupuestos de la totalidad de entidades integrantes de la corporación local y se cumplan los objetivos y límites citados en el apartado 3 y referidos en todos los casos a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior. En el caso de que el incumplimiento se produzca en dos ejercicios consecutivos se aplicará a partir de la entrega a cuenta del mes de enero del ejercicio siguiente el fraccionamiento a 10 años desde 1 de enero de 2012, mediante reintegros mensuales equivalentes al resultado de dividir el importe pendiente de reintegro entre el número de mensualidades que resten hasta 31 de diciembre de 2021. 6. Si el importe pendiente de reintegro a 31 de diciembre de 2014 fuese igual o inferior a 500 euros, se reintegrará por su totalidad en la entrega a cuenta del mes de enero. 7. Las entidades locales podrán cancelar la totalidad del saldo pendiente de reintegrar correspondiente a las liquidaciones definitivas de los años 2008 y 2009, previo acuerdo del Pleno de la corporación local y comunicación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el plazo y por los medios establecidos en el apartado 3 de este precepto. La cancelación se aplicaría en la entrega a cuenta del mes de enero de 2015. Disposición final primera. Modificación de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Se modifica la disposición adicional trigésima sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en los siguientes términos: Uno. El apartado Nueve queda redactado como sigue: «Nueve. La determinación del incumplimiento del objetivo de estabilidad, a los efectos de esta disposición, se producirá en el momento en el que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas eleve al Gobierno el informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio inmediato anterior, al que se refiere el artículo 17.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.» Dos. Se añade un nuevo apartado Diez con la siguiente redacción: «Diez. Las Comunidades Autónomas de régimen común podrán solicitar hasta el 31 de octubre de 2014 la ampliación del aplazamiento del mecanismo financiero extrapresupuestario previsto en el apartado Uno de esta disposición, con el objetivo de extender a 204 mensualidades iguales, a computar a partir de 1 de enero de 2015, el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro a la citada fecha de las liquidaciones del sistema de financiación a las que se refiere el mencionado apartado así como de los anticipos concedidos en virtud de dicho mecanismo. Esta ampliación podrá concederse mediante Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local que contendrá, entre otros extremos, el calendario de pagos y reintegros de los aplazamientos concedidos. En el supuesto de que se constaten los incumplimientos de los objetivos de estabilidad a los que se refieren los apartados Siete y Ocho de esta disposición, se producirán los efectos allí recogidos, sin perjuicio de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, pueda seguir aplicando la ampliación de dicho plazo a 204 mensualidades iguales, siempre que así lo solicite la Comunidad y ésta acredite el cumplimiento de sus obligaciones legales de suministro de información.» Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero. Se modifica el apartado 2 del artículo 14 del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero, que queda redactado como sigue: «2. Las condiciones financieras aplicables a estas operaciones de crédito se establecerán por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio de Economía y Competitividad.» Disposición final tercera. Entrada en vigor El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 'Boletín Oficial del Estado'. Dado en Madrid, el 12 de septiembre de 2014. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ANEXO I Créditos Extraordinarios que se conceden en la Sección 17: Ministerio de Fomento Servicio 09. Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo Aplicación Denominación Importe (Euros) 261O Artículo 64   Gastos de inversiones de carácter inmaterial     Concepto 648   Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Obligaciones de ejercicios anteriores. 8.700,00   Artículo 68   Inversión en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Obligaciones de ejercicios anteriores     Concepto 681   Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.       01 Otras 1.562.483,90 Servicio 38. Dirección General de Carreteras Aplicación Denominación Importe (Euros) 453B Artículo 64   Gastos de inversiones de carácter inmaterial     Concepto 648   Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Obligaciones de ejercicios anteriores. 409.579,55   Artículo 68   Inversión en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Obligaciones de ejercicios anteriores     Concepto 680   Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general       00 Terrenos y bienes naturales 237.910.108,87     01 Otros 160.759.830,58   Concepto 681   Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.       00 Terrenos y bienes naturales 21.939.742,26     01 Otras 20.444.808,28 453C Artículo 22   Material, suministros y otros     Concepto 229   Energía Eléctrica. Obligaciones de ejercicios anteriores 4.749.509,76   Artículo 68   Inversión en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Obligaciones de ejercicios anteriores     Concepto 681   Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.       00 Terrenos y bienes naturales 1.554.429,69     01 Otras 82.927.298,43 Servicio 40. Dirección General de Ferrocarriles Aplicación Denominación Importe (Euros) 453A Artículo 68   Inversión en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Obligaciones de ejercicios anteriores     Concepto 680   Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general       00 Terrenos y bienes naturales 7.487.308,91     01 Otros 938.250,50 Denominación de los Programas: Programa 261O: «Ordenación y fomento de la edificación». Programa 453 A: «Infraestructura del transporte ferroviario». Programa 453 B: «Creación de infraestructura de carreteras». Programa 453 C: «Conservación y explotación de carreteras». ANEXO II Créditos Extraordinarios que se conceden en la Sección 23: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Servicio 02. Secretaría General Técnica Aplicación Denominación Importe (Euros) 451O Artículo 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial     Concepto 648 Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Obligaciones de ejercicios anteriores. 370.781,23 Servicio 05. Dirección General del Agua Aplicación Denominación Importe (Euros) 452A Artículo 64   Gastos de inversiones de carácter inmaterial     Concepto 648   Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Obligaciones de ejercicios anteriores. 694.230,25 452A Artículo 68   Inversión en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Obligaciones de ejercicios anteriores     Concepto 680   Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general       00 Terrenos y bienes naturales 729.826,53     01 Otras 61.698.457,75   Concepto 681   Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general       01 Otras 50.241.243,26 452A Artículo 69   Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Obligaciones de ejercicios anteriores     Concepto 690   Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 9.587,12 456A Artículo 64   Gastos de inversiones de carácter inmaterial     Concepto 648   Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Obligaciones de ejercicios anteriores. 2.088.486,41 456A Artículo 68   Inversión en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Obligaciones de ejercicios anteriores     Concepto 680   Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general       00 Terrenos y bienes naturales 1.010.454,27     01 Otras 10.179.050,97 456A Artículo 76   A Entidades Locales     Concepto 761   Convenio Riberas del Ebro. Obligaciones de ejercicios anteriores. 8.521.170,00 000X Artículo 41   A Organismos Autónomos     Concepto 411   A las Confederaciones Hidrográficas, para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal. Obligaciones de ejercicios anteriores.       00 Confederación Hidrográfica del Duero 163.198,50     01 Confederación Hidrográfica del Ebro 2.225.521,22     02 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 10.065.972,51     03 Confederación Hidrográfica del Guadiana 1.454.383,84     04 Confederación Hidrográfica del Júcar 231.242,52     06 Confederación Hidrográfica del Segura 175.715,47     07 Confederación Hidrográfica del Cantábrico 15.507,20     08 Confederación Hidrográfica del Tajo 1.416.607,00   Concepto 412   A la Confederación Hidrográfica de Segura para la compensación de las exenciones previstas en el Real Decreto-ley 14/2009, de 4 de diciembre. Obligaciones de ejercicios anteriores. 9.759.500,00 000X Artículo 71   A Organismos Autónomos     Concepto 712   A la Confederación Hidrográfica del Guadiana para el pago de la deuda derivada de la obra «Conducción del Acueducto Tajo-Segura para la incorporación de recursos a la Llanura Manchega». Obligaciones de ejercicios anteriores. 20.164.568,33 Servicio 06. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar Aplicación Denominación Importe (Euros) 456D Artículo 64   Gastos de inversiones de carácter inmaterial     Concepto 648   Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Obligaciones de ejercicios anteriores. 830.722,80 456D Artículo 68   Inversión en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Obligaciones de ejercicios anteriores     Concepto 680   Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general       00 Terrenos y bienes naturales 2.126.751,52     01 Otras 190.335,07   Concepto 681   Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general       01 Otras 430.894,52 Servicio 08. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural Aplicación Denominación Importe (Euros) 456B Artículo 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial     Concepto 648 Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Obligaciones de ejercicios anteriores. 172.290,11 Servicio 18. Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal Aplicación Denominación Importe (Euros) 414B Artículo 68   Inversión en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Obligaciones de ejercicios anteriores     Concepto 681   Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general       01 Otras 55.713,56 456C Artículo 64   Gastos de inversiones de carácter inmaterial     Concepto 648   Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Obligaciones de ejercicios anteriores. 17.737,18 Denominación de los Programas: Programa 414B: «Desarrollo del medio rural». Programa 451O: «Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente». Programa 452A: «Gestión e infraestructuras del agua». Programa 456A: «Calidad del agua». Programa 456B: «Protección y mejora del medio ambiente». Programa 456C: «Protección y mejora del medio natural». Programa 456 D: «Actuación en la costa». Programa 000X: «Transferencias internas». ANEXO III Modificación de los Presupuestos de las Confederaciones Hidrográficas Organismo 225: Confederación Hidrográfica del Duero Ingresos Aplicación Denominación Importe (Euros) Artículo 40   De la Administración del Estado   Concepto 400 Del departamento al que está adscrito     01 Para el pago de IBI de bienes de titularidad estatal 163.198,50 Articulo 87   Remanente de tesorería   Concepto 870   Remanente de tesorería -163.198,50 Organismo 226: Confederación Hidrográfica del Ebro Ingresos Aplicación Denominación Importe (Euros) Artículo 40   De la Administración del Estado   Concepto 400 Del departamento al que está adscrito     01 Para el pago de IBI de bienes de titularidad estatal 2.225.521,22 Articulo 87   Remanente de tesorería   Concepto 870   Remanente de tesorería -2.225.521,22 Organismo 228: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Ingresos Aplicación Denominación Importe (Euros) Artículo 40   De la Administración del Estado   Concepto 400 Del departamento al que está adscrito     01 Para el pago de IBI de bienes de titularidad estatal 10.065.972,51 Articulo 87   Remanente de tesorería   Concepto 870   Remanente de tesorería -10.065.972,51 Organismo 229: Confederación Hidrográfica del Guadiana Ingresos Aplicación Denominación Importe (Euros) Artículo 40   De la Administración del Estado   Concepto 400 Del departamento al que está adscrito     01 Para el pago de IBI de bienes de titularidad estatal 1.454.383,84 Artículo 70   De la Administración del Estado   Concepto 700   Del departamento al que está adscrito     02 Dirección General del Agua, Plan Especial Alto Guadiana 20.164.568,33 Articulo 87   Remanente de tesorería   Concepto 870   Remanente de tesorería -1.454.383,84 Gastos Aplicación Denominación Importe (Euros) 452A Artículo 68   Inversión en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Obligaciones de ejercicios anteriores     Concepto 680   Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general       01 Otras 20.164.568,33 Organismo 230: Confederación Hidrográfica del Júcar Ingresos Aplicación Denominación Importe (Euros) Artículo 40   De la Administración del Estado   Concepto 400 Del departamento al que está adscrito     01 Para el pago de IBI de bienes de titularidad estatal 231.242,52 Articulo 87   Remanente de tesorería   Concepto 870   Remanente de tesorería -231.242,52 Organismo 232: Confederación Hidrográfica del Segura Ingresos Aplicación Denominación Importe (Euros) Artículo 40   De la Administración del Estado   Concepto 400 Del departamento al que está adscrito     00 Para el desarrollo de sus actividades 9.759.500,00   01 Para el pago de IBI de bienes de titularidad estatal 175.715,47 Articulo 87   Remanente de tesorería   Concepto 870   Remanente de tesorería -9.935.215,47 Organismo 233: Confederación Hidrográfica del Cantábrico Ingresos Aplicación Denominación Importe (Euros) Artículo 40   De la Administración del Estado   Concepto 400 Del departamento al que está adscrito     01 Para el pago de IBI de bienes de titularidad estatal 15.507,20 Articulo 87   Remanente de tesorería   Concepto 870   Remanente de tesorería -15.507,20 Organismo 234: Confederación Hidrográfica del Tajo Ingresos Aplicación Denominación Importe (Euros) Artículo 40   De la Administración del Estado   Concepto 400 Del departamento al que está adscrito     01 Para el pago de IBI de bienes de titularidad estatal 1.416.607,00 Articulo 87   Remanente de tesorería   Concepto 870   Remanente de tesorería -1.416.607,00

Real Decreto Ley aprobado ayer para conceder créditos extraordinarios. En total, más de 750 millones de euros.

El presente Real Decreto-ley tiene como finalidad proceder a la concesión de suplementos de crédito y créditos extraordinarios en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Educación, Cultura y Deporte, de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En primer lugar, se procede a la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, por importe de 5.160.000 de euros, para financiar proyectos y programas de respuesta humanitaria ante situaciones de emergencia, actuaciones de lucha contra el cambio climático y el suministro de equipos y material sanitario para afrontar la epidemia del ébola en Liberia, como consecuencia de las siguientes situaciones: 1) La incidencia de desastres naturales se ha convertido en los últimos años en un problema clave tanto para el desarrollo de los países afectados como para la estabilidad mundial. El impacto de terremotos, huracanes, tifones, inundaciones y sequías pone en dificultades la gobernabilidad de decenas de países y provoca sufrimientos irreparables y daños cuantiosos a millones de personas cada año. Los desastres naturales afectaron en 2013 a más de 200 millones de personas en el mundo, han ocasionado 100.000 muertes anuales de media durante la última década y han producido daños económicamente estimados cada año en más de 100.000 millones de dólares americanos en los últimos diez años, demostrando que constituye uno de los principales problemas globales y una de las prioridades de la acción humanitaria. En 2014 se ha producido una multiplicación de las crisis humanitarias, hecho que requiere una respuesta inmediata y solidaria de la comunidad internacional, registrándose cifras sin precedentes de personas en necesidad de ayuda humanitaria sobre las que diversos organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil vienen advirtiendo. Este aumento exponencial de las necesidades humanitarias requiere una actuación inmediata. España, dentro de este ámbito de actuación, está comprometida con la aplicación del marco acordado internacionalmente para la reducción del riesgo de desastres, conocido como el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, cuya revisión tendrá lugar durante la próxima Conferencia de Sendai, Japón, en marzo de 2015. Además, España tiene en la Preparación para la Respuesta a Desastres Naturales, una de sus líneas prioritarias de Acción Humanitaria dentro de su Política de Cooperación para el Desarrollo como establece el IV Plan Director y el Plan Operativo de Acción Humanitaria 2013-2014. Para el desarrollo de esta Política se hace necesario financiar proyectos y programas que tengan por objetivo prevenir y preparar respuestas ante desastres naturales por importe de 4.000.000 euros. 2) Por otra parte, el cambio climático constituye un fenómeno global, tanto por sus causas como por sus efectos y requiere de una respuesta multilateral basada en la colaboración de todos los países. En este ámbito de actuación se va a proceder a la firma de un Memorando de entendimiento sobre cooperación en materia de cambio climático y mecanismos de desarrollo limpio, durante la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno sobre el Cambio Climático, convocada por el Secretario General de Naciones Unidas, que se celebrará en Nueva York en septiembre de 2014. España tiene la intención de adherirse a la firma de dicho Memorando, que permitirá reforzar la cooperación en materia de cambio climático y desarrollo limpio incidiendo en las energías renovables y el desarrollo sostenible con un grupo de pequeños países en desarrollo del Pacífico, creándose un marco estable y único de cooperación con una de las zonas más vulnerables frente a los efectos adversos del cambio climático. En el marco de este Memorando España tiene previsto conceder subvenciones por importe de 1.000.000 euros, destinadas a financiar proyectos que contribuyan a la lucha contra el cambio climático y a paliar los efectos adversos que se producen en los países en desarrollo. 3) Finalmente, para poder afrontar la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación de la epidemia del ébola, el Gobierno de Liberia ha pedido ayuda al Gobierno de España, dada la gravedad de la situación ante el incremento en el número de casos sospechosos, probables y confirmados. Si bien en un principio el número de casos registrados de ébola en Liberia fue menor que en Sierra Leona o Guinea Conakry, la situación actual parece haber empeorado, debido tanto a la rápida propagación de la epidemia en la capital, Monrovia, como en otras zonas de país. Ello, unido a la falta de una respuesta eficaz de las autoridades sanitarias y a la imposibilidad de contar con los recursos humanos y técnicos suficientes para contenerla, ha provocado que Liberia sea uno de los países donde la situación tiene visos de empeorar. La presidenta de Liberia declaró el 6 de agosto el estado de emergencia durante 90 días para hacer frente a la enfermedad, que ha superado la capacidad y responsabilidad legal de una agencia o ministerio concreto y plantea una amenaza real para la salud, la seguridad y la economía del país. La Cámara de Representantes aprobó la medida posteriormente. Como respuesta a la indicada solicitud, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo propone la financiación del suministro de dos lotes completos de equipo médico, material de protección, desinfección y rehidratación y medicamentos específicos contra el ébola para destinarlos a Liberia. La Fundación Juan Ciudad y la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios que gestionan el Hospital de San José en Monrovia serían los destinatarios finales del material con el fin de apoyar la reapertura de dicho hospital para el tratamiento de esta enfermedad y otras, lo que requiere una financiación por importe de 160.000 euros. Por todo ello y dado que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo no dispone de financiación, se propone un suplemento de crédito en el presupuesto ### RESUMEN: Real Decreto Ley aprobado ayer para conceder créditos extraordinarios. En total, más de 750 millones de euros.

No habiéndose cubierto en la votación celebrada el día 29 de mayo de 2012, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo once de sus Estatutos, convoca de nuevo la provisión de la vacante de Académico de Número en la Medalla número veintiocho, cuyo último titular fue el Excmo. Sr. don Manuel Fraga Iribarne. Las condiciones son las siguientes: Primera. Las propuestas de candidatos habrán de ser presentadas en la secretaría de la Academia, dentro de un plazo de un mes, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Segunda. Cada propuesta deberá ir firmada por tres Académicos numerarios. Tercera. Acompañará a cada propuesta relación documentada de los méritos del candidato. Madrid, 16 de octubre de 2012.–El Académico Secretario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Julio Iglesias de Ussel.

Abierto el plazo para ocupar la plaza que deja Manuel Fraga Iribarne en la Academia de Ciencias Morales y Políticas

No habiéndose cubierto en la votación celebrada el día 29 de mayo de 2012, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo once de sus Estatutos, convoca de nuevo la provisión de la vacante de Académico de Número en la Medalla número veintiocho, cuyo último titular fue el Excmo. Sr. don Manuel Fraga Iribarne. Las condiciones son las siguientes: Primera. Las propuestas de candidatos habrán de ser presentadas en la secretaría de la Academia, dentro de un plazo de un mes, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Segunda. Cada propuesta deberá ir firmada por tres Académicos numerarios. Tercera. Acompañará a cada propuesta relación documentada de los méritos del candidato. Madrid, 16 de octubre de 2012.–El Académico Secretario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Julio Iglesias de Ussel. ### RESUMEN: Abierto el plazo para ocupar la plaza que deja Manuel Fraga Iribarne en la Academia de Ciencias Morales y Políticas

Visto el texto del Convenio colectivo para el sector de prensa diaria (código de Convenio 99013745012001), que fue suscrito con fecha 30 de noviembre de 2017, de una parte, por la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), en representación de las empresas del sector, y de otra, por los sindicatos CC.OO.-FSC, UGT-FesMC y FeSP, en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo, resuelve: Primero. Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 16 de febrero de 2018.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. V CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DEL SECTOR DE PRENSA DIARIA CAPÍTULO PRELIMINAR Disposición preliminar primera. Determinación de las partes que suscriben el Convenio. Suscriben el presente Convenio, en representación de la parte empresarial, la Asociación de Medios de Información (AMI) (antigua AEDE) y, en representación de los trabajadores, la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CC.OO.), la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMC-UGT) y la Federación del Sindicato de Periodistas (FeSP). CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Ámbito funcional. I. El presente Convenio colectivo regula las relaciones de trabajo en aquellas empresas dedicadas a la edición de Prensa Diaria tanto en soporte papel como digital, que no estén afectadas por Convenio colectivo propio. II. Asimismo, también se incluye en el ámbito funcional de este Convenio colectivo, únicamente aquellos talleres existentes a la fecha de la firma del presente Convenio, que pertenecientes a las empresas afectadas por este Convenio realicen la impresión de sus propias publicaciones. III. No obstante lo anterior, en el supuesto de que existan capítulos que total o parcialmente no estuvieren regulados en los Convenios de ámbito inferior al que en este Convenio colectivo se define como propio del Sector de Prensa Diaria, las partes legitimadas para su firma podrán, previo acuerdo, regular dichos capítulos tomando como referencia lo expuesto en este Convenio colectivo. Artículo 2. Ámbito personal. I. Se regirán por el presente Convenio todos los trabajadores que presten servicios en aquellas empresas definidas en el artículo 1 del mismo. II. Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación del presente Convenio: a) Consejeros, Personal de Alta Dirección y Personal Directivo. b) Profesionales liberales vinculados por contratos civiles de prestación de servicios. c) Asesores. d) Los corresponsales y colaboradores con una relación civil con las empresas del artículo 1. e) Los colaboradores a la pieza, que no tengan una relación basada en los principios de jerarquía, ajeneidad y dependencia, ni estén sometidos a control de jornada tal y como se define en el presente Convenio colectivo, independientemente de que mantengan la relación continuada con las Empresas incluidas en el ámbito funcional del presente Convenio colectivo. f) Los agentes comerciales o publicitarios que trabajen para alguna de las Empresas incluidas en el ámbito funcional, con libertad de representar a otras empresas dedicadas a igual o diferente actividad. g) El personal perteneciente a empresas que tengan formalizado un contrato civil o mercantil de prestación de servicios con las empresas afectas por el presente Convenio Artículo 3. Ámbito territorial. El presente Convenio colectivo será de aplicación en todo el territorio del Estado español, así como a todos aquellos trabajadores con relación laboral que presten sus servicios fuera del territorio del Estado español. Artículo 4. Vigencia y concurrencia. I. El presente Convenio colectivo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», manteniendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, aplicando sus efectos de forma retroactiva a 1 de enero de 2017 exclusivamente en materia de salarios regulados en el artículo 36.IV del Convenio colectivo. II. El presente Convenio colectivo de conformidad con lo establecido en los artículos 83.2 y 84.4 del ET, articula la negociación colectiva en el Sector de Prensa Diaria a través de la estructura negociadora siguiente: a) Ámbito estatal: El presente Convenio colectivo estatal. b) Ámbito de empresa o centro de trabajo. Son materias de competencia exclusiva reservadas al ámbito estatal de negociación, las establecidas al amparo de lo dispuesto en el artículo 84.4 ET. III. Los atrasos que se han generado desde el 1 de enero de 2017 serán abonados en el mes siguiente a la publicación del Convenio en el BOE. Artículo 5. Denuncia y prórroga. I. El presente Convenio colectivo se considerará prorrogado por un año más, y así sucesivamente si por cualquiera de las partes no se denunciara fehacientemente el mismo con una antelación mínima de dos meses antes de la fecha de vencimiento o del vencimiento de cualquiera de sus prórrogas. II. Denunciado el Convenio colectivo por cualquiera de las partes, y constituida la Mesa de Negociación en el plazo de un mes, permanecerá en vigor tanto su contenido normativo, como obligacional, hasta que hayan transcurrido veintiún meses desde su denuncia, periodo a partir del cual perderá su vigencia y todos sus efectos, de no alcanzarse un nuevo acuerdo al respecto. Artículo 6. Vinculación a la totalidad. Las condiciones aquí pactadas constituyen un todo orgánico indivisible y a efectos de su aplicación práctica deberán ser consideradas globalmente. Artículo 7. Garantía personal. Se respetarán aquellas condiciones «ad personam» que, consideradas globalmente y en cómputo anual, excedan del presente Convenio colectivo. CAPÍTULO II Organización del trabajo Artículo 8. Organización del trabajo. I. La organización del trabajo en las empresas afectadas por este Convenio colectivo corresponde a la dirección de las mismas. II. Los trabajadores a través de sus representantes legales, delegados de personal, comité de empresa o secciones sindicales tienen derecho a conocer de aquellas decisiones de carácter organizativo que puedan afectarles. III. En todo caso, las empresas estarán obligadas a informar con carácter previo a los representantes de los trabajadores sobre cualquier modificación sustancial que se produzca en la organización de la empresa que pueda afectar a los trabajadores, respetándose, en cualquier caso, los plazos establecidos para ello en el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 41. IV. Sin merma de la autoridad conferida a las Direcciones de las empresas, los Comités de Empresa tienen atribuidas funciones de asesoramiento, orientación y propuesta en los temas relacionados con la organización y racionalización del trabajo, teniendo derecho a presentar informe con carácter previo a la ejecución de las decisiones que aquéllas adopten en los casos de implantación o revisión de los sistemas de organización y control del trabajo, especialmente aquellos referidos a las nuevas tecnologías, todo ello sin perjuicio de las normas legales que sean de aplicación, y de las facultades expresamente otorgadas en este Convenio colectivo a la Comisión Mixta de interpretación. Artículo 9. Formación profesional. I. Las empresas y centrales sindicales firmantes del presente Convenio colectivo acuerdan suscribir a futuro los Acuerdos de Formación Continua que de ámbito nacional se suscriban por los Agentes Sociales en los ámbitos funcional y territorial de los mismos, como mejor forma de organizar y gestionar las acciones de formación que se promuevan en el sector. II. Las partes se comprometen a suscribir cualquier otro acuerdo de naturaleza interconfederal que se firme a futuro. III. Con independencia de lo anteriormente expuesto, los planes de formación, así como las distintas acciones formativas de las empresas, serán elaborados y organizados por las Direcciones, las cuales determinarán en cada caso los departamentos a los que vayan dirigidos y las personas que deban asistir a los mismos. Sin perjuicio del derecho individual de los trabajadores, los representantes de los mismos podrán participar en el desarrollo de los planes de formación de la empresa. IV. Las empresas velarán de forma adecuada por la actualización de conocimientos por parte del personal. A estos efectos, cuando dichos cursos sean organizados por las empresas, los trabajadores tendrán derecho a: a) La compensación del 100 % del tiempo utilizado en los mismos, si la asistencia a los cursos es promovida por la empresa, con objeto de realizar tareas formativas dirigidas a reconvertir trabajadores cuya función o puesto de trabajo se hubiera declarado obsoleto como consecuencia de una modificación sustancial en su contenido. b) La compensación del 50 % del tiempo cuando los cursos sean ofrecidos por la empresa, con objeto de mejorar la cualificación profesional de los mismos, siempre y cuando estos se realicen fuera de la jornada ordinaria de trabajo. En caso contrario, esto es cuando se realice dentro de la jornada ordinaria el trabajador deberá de recuperar las horas en el mismo tanto por cien. c) «En caso de que la iniciativa formativa partiera del trabajador y cuando la misma se encuentre vinculada a la actividad desempeñada en la empresa, previo acuerdo se adecuara el horario laboral para que el desarrollo de la misma sea posible, atendiendo a la necesidad organizativa del empresario. Cuando la iniciativa formativa se encuentre vinculada a la actividad desempeñada por la empresa, y la misma, partiera de un trabajador con menos de un año de antigüedad en la empresa, el trabajador tendrá derecho a un permiso retribuido de veinte horas anuales de formación profesional para el empleo, vinculado a la actividad de la empresa, acumulables por un periodo de hasta cinco años. La adecuación horaria del disfrute de dicho permiso, se establecerá por acuerdo entre empresario y trabajador, atendiendo a las necesidades organizativas del empresario». V. El periodo de excedencia para cuidado de hijos o familiares será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional relacionados con su prestación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. VI. Para ejercitar los anteriores derechos, será requisito indispensable que el interesado justifique previamente la concurrencia de las circunstancias que confieren el derecho invocado, y que no perjudique el ejercicio del derecho el correcto funcionamiento del proceso productivo. CAPÍTULO III Contratación, periodo de prueba, promociones y ascensos Artículo 10. Ingresos. I. El ingreso de los trabajadores se ajustará a las modalidades de contratación legales vigentes en cada momento. II. En cada centro de trabajo o empresa, la Dirección informará a los representantes de los trabajadores de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, sobre la evolución general del sector de prensa diaria, situación de la producción y ventas de la entidad, sobre su programa de producción y evolución probable de empleo, así como acerca de la previsión empresarial sobre la celebración de nuevos contratos. III. Las empresas estarán obligadas a hacer entrega a los representantes de los trabajadores de las copias básicas de los contratos que formalicen. IV. Tendrán derecho preferente para el ingreso, en idoneidad de condiciones, quienes hayan desempeñado o desempeñen funciones en las empresas con contratos de duración determinada, formativos o a tiempo parcial. Artículo 11. Periodo de prueba. I. Los periodos de prueba, por Grupos Profesionales, con la excepción contemplada para el contrato previsto en el artículo 20 de este Convenio, serán los siguientes: Grupo 1: Ocho meses. Grupos 2 y 3: Cuatro meses. Grupo 4: Dos meses. Grupos 5, 6 y 7: Un mes. II. Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados a todos los efectos respecto de los derechos y obligaciones del trabajador en la Empresa. III. Durante el periodo de prueba, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse de acuerdo con la legislación vigente. IV. Los contratos temporales tendrán los siguientes periodos de prueba: Grupo 1: Cuatro meses. Grupos 2 y 3: Dos meses. Grupo 4: Un mes. Grupos 5, 6 y 7: Quince días. V. Los contratos temporales que se transformen en indefinidos no estarán sometidos a periodo de prueba. Artículo 12. Planes de igualdad. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. En las empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el párrafo anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Ley Orgánica. A efectos de lo regulado en el presente Convenio respecto los planes de igualdad y los diagnósticos de situación deberá tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 5 de la referida Ley, según el cual, no constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. Artículo 13. Contratación. I. La contratación de trabajadores se ajustará a las normas legales generales sobre empleo, comprometiéndose las Empresas a la utilización de los diversos modos de contratación de acuerdo con la finalidad de cada uno de los contratos. II. A estos efectos, tendrán preferencia para ser contratados en los distintos grupos profesionales a que se hace referencia en el capítulo V del presente Convenio, el género menos representado sin que ello se haga en detrimento de los méritos e idoneidad de otros trabajadores. Artículo 14. Contrato de obra o servicio determinado. I. Es el contrato para la realización de obra o servicio determinado y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta. II. Es contrato para obra o servicio determinado consustancial a la actividad del sector, aquellos que se realicen para afrontar cualquier lanzamiento o nuevo proyecto que aun siendo inherente a la actividad del sector tuviere una duración limitada en el tiempo, pero incierta. III. La duración del presente contrato será la prevista para la obra o servicio determinado, no pudiendo exceder de tres años su duración. No obstante, por acuerdo individual entre empresa y trabajador se podrá ampliar un año más. Trascurridos dichos plazos, el inicial o el de su prórroga, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos, siempre que el trabajador continúe prestando sus servicios. En ambos casos se deberá de informar a la representación legal de los trabajadores. IV. Podrá realizarse tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. V. En el contrato formalizado por escrito, se identificarán de forma clara los trabajos o tareas objeto del contrato, así como la jornada de trabajo. Artículo 15. Contrato eventual. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, las Empresas incluidas en el artículo 1 de este Convenio podrán acogerse a esta modalidad de contratación por un tiempo máximo de doce meses dentro de un periodo de dieciocho. Artículo 16. Garantía en la contratación. Los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo, con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos. Artículo 17. Contrato a tiempo parcial. Se estará a lo dispuesto al artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, con las siguientes especificidades: a) Las horas complementarias que será posible realizar no excederán del 40 % de la jornada pactada en el contrato. Artículo 18. Contratos formativos. a) Contrato de trabajo en prácticas. I. Se estará a lo dispuesto en el artículo 11 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y a la legislación vigente. II. De conformidad con lo dispuesto en el apartado I.a) del referido artículo 11 del ET, se considerarán puestos de trabajo objeto del presente contrato, aquellos que estén incluidos dentro de los Grupos Profesionales 3 y 4 del presente Convenio colectivo. III. La duración de este tipo de contratos, no podrá ser inferior a seis meses, ni exceder de dos años. IV. El salario de estos trabajadores será el 70 % durante el primer año, y el 85 % durante el segundo año, respecto del Salario fijado en el presente Convenio colectivo para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. b) Contrato para la Formación y aprendizaje. I. El presente contrato se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis años y menores de veinticinco años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2.a) del ET, no siendo de aplicación el tope de veinticinco años, en los supuestos previstos en el referido artículo. No obstante, lo anterior hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se situé por debajo del 15 %, podrá realizarse este tipo de contratos con trabajadores menores de treinta años, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. II. La duración de este tipo de contratos no podrá ser inferior a doce meses ni superar los tres años. III. La retribución de estos contratos se determinará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, no pudiendo exceder este del 75 % el primer año, y del 85 % el segundo y tercer año de la jornada máxima legal prevista en el presente Convenio colectivo, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. Artículo 19. Contrato de trabajo a distancia. Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquél en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa, considerando las partes firmantes que el presente contrato es idóneo para promover la vida laboral, personal y familiar. El acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se formalizará por escrito. Tanto si el acuerdo se estableciera en el contrato inicial como si fuera posterior, le serán de aplicación las reglas contenidas en el artículo 8.4 del Estatuto de los Trabajadores para la copia básica del contrato de trabajo. Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan sus servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquéllos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial. En especial, el trabajador a distancia tendrá derecho a percibir, como mínimo, la retribución total establecida conforme a su grupo profesional y funciones. El empresario deberá establecer los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo de estos trabajadores a la formación profesional para el empleo, a fin de favorecer su promoción profesional. Asimismo, a fin de posibilitar la movilidad y promoción, deberá informar a los trabajadores a distancia de la existencia de puestos de trabajo vacantes para su desarrollo presencial en sus centros de trabajo. Las especificidades de la protección de la salud consustanciales a este contrato serán desarrolladas por la comisión paritaria. Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo. Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación colectiva conforme a lo previsto en la presente Ley. A estos efectos dichos trabajadores deberán estar adscritos a un centro de trabajo concreto de la empresa. La dotación de medios necesarios para la realización del trabajo a distancia será por cuenta de la empresa; si dichos medios son aportados por el trabajador, se pactará el régimen de utilización y amortización. En todo caso, la empresa correrá con los gastos de puesta en marcha y mantenimiento de los equipamientos. La empresa será responsable de la implantación de las medidas necesarias para el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. La adscripción a esta modalidad contractual será voluntaria tanto para el trabajador como para la empresa, siendo reversible cuando exista acuerdo entre el trabajador y la empresa. Artículo 20. Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. Las empresas con menos de 50 trabajadores podrán hacer uso de este tipo de contratos regulados en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 3/2012, de 10 de febrero. Artículo 21. Ascensos. a) El ascenso de los trabajadores a tareas o puestos de trabajo que impliquen mando o confianza, serán de libre designación por la empresa. b) Salvo lo dispuesto en el artículo relativo a la Movilidad Funcional, durante el tiempo que el trabajador preste sus servicios en el Grupo superior, percibirá el salario del grupo de destino, aunque no lo consolide, entendiéndose que si el empleado no consolida dicho puesto de destino, retornará a su puesto de origen en las mismas condiciones que tenía antes de efectuarse el ascenso. c) A estos efectos, el periodo de consolidación del nuevo puesto de destino será de seis meses para el ascenso a los Grupos 1 y 2, siendo de tres meses para el resto de los Grupos Profesionales regulados en este Convenio colectivo, salvo lo dispuesto en el artículo 23.III y IV. Artículo 22. Puestos de nueva creación, promociones y vacantes. I. a) Para los casos de Promociones Internas y los Puestos de Nueva Creación, en aquellos centros de trabajo con más de 125 trabajadores, las empresas establecerán un concurso - oposición en base a un sistema de carácter objetivo, tomando como referencia las siguientes circunstancias: titulación adecuada, valoración académica, conocimiento del puesto de trabajo, historial y mérito profesional, haber desempeñado funciones en un grupo profesional superior y superar satisfactoriamente las pruebas que al efecto se establezcan. A estos efectos y siempre que los puestos a cubrir no sean de libre designación, las Empresas deberán informar a los representantes legales de los trabajadores, que podrán emitir informe respecto al concurso-oposición. b) Se entiende que este Sistema será de aplicación siempre y cuando la cobertura del puesto de destino vaya a ser realizada en su totalidad, exceptuándose expresamente el desempeño temporal de ciertas funciones. II. Cuando se produzca una vacante definitiva que vaya a ser cubierta, corresponderá a las Empresas el decidir sobre la solicitud de ocuparla, teniendo preferencia, en igualdad de condiciones, el trabajador con más antigüedad. En ningún caso se producirá discriminación por razón de edad. III. A estos efectos, las Empresas vendrán obligadas a comunicar al los Representantes de los Trabajadores de la existencia de vacantes. CAPÍTULO IV Movilidad geográfica y funcional Artículo 23. Movilidad funcional. I. De conformidad con lo establecido en el presente Convenio colectivo, la movilidad funcional quedará limitada por el Área de Actividad a la que estén adscritos los trabajadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.3 de este texto. II. A estos mismos efectos, se entenderá que en los casos en que por razones técnicas u organizativas el trabajador sea asignado a la realización de funciones correspondientes a un grupo inferior al de origen dentro de una misma Área de Actividad, se mantendrá por el tiempo imprescindible para atender la función, sin perjuicio de que el trabajador movilizado perciba la retribución de su grupo de origen. A los efectos de evitar el menoscabo de la dignidad personal y de la formación profesional del trabajador, en el caso de que el puesto a cubrir por necesidades organizativas o de producción pudiese ser realizado por más de un trabajador dentro de aquellos que cumplen las mismas funciones, lo contemplado en el párrafo anterior deberá realizarse de forma rotativa, en periodos de dos meses, durante el tiempo que duren las causas organizativas o de producción que motivaron la movilización, salvo acuerdo individual en contrario. En el caso de que el cambio de destino a un grupo inferior tuviese lugar por la petición del trabajador, a éste se le podrá asignar la retribución propia del nuevo puesto de trabajo. Este cambio se efectuará siempre que la estructura de la empresa lo permita. III. En el caso de que el trabajador sea asignado a un grupo profesional superior, percibirá la retribución del grupo de destino, durante el tiempo movilizado. Dicha situación no podrá prolongarse durante más de seis meses en un año u ocho en el plazo de dos, produciéndose el ascenso del trabajador de forma automática al grupo superior en caso contrario. IV. El periodo de tiempo previsto en el párrafo anterior no operará en el caso de que el trabajador sea asignado a funciones superiores con motivo de la sustitución por vacaciones, enfermedad o baja por incapacidad de un compañero de trabajo. V. De conformidad con la legislación vigente, no se podrán invocar como causas de despido objetivo, la ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional. Artículo 24. Movilidad geográfica. I. Cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, las empresas podrán proceder al traslado, individual o colectivo, de trabajadores siguiendo para ello los procedimientos previstos en el artículo 40 apartados, 1 y 2, del Estatuto de los Trabajadores. El trabajador o trabajadores trasladados tendrán derecho a una compensación por todos los conceptos de: Gastos de traslado propios y familiares a su cargo. Gastos de transporte de mobiliario, ropa y enseres. Indemnización en metálico de dos meses de salario bruto del trabajador o trabajadores afectados. II. Empresa y trabajador afectados podrán pactar cualesquiera otras compensaciones por traslado. III. Igualmente, las empresas podrán desplazar temporalmente a los trabajadores cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas y productivas. En estos supuestos se estará a lo dispuesto en el artículo 40.6 del Estatuto de los Trabajadores. IV. Cuando el traslado a que se hace referencia en este artículo en su apartado I se realice dentro del mismo municipio o en otro que diste menos de 30 Kilómetros a contar desde el antiguo centro de trabajo, se entenderá que no existe necesidad de cambiar la residencia habitual del trabajador. Cuando se den estas circunstancias, el trabajador o trabajadores afectados no tendrán derecho a percibir compensación por gastos ni indemnización a que se hace referencia en el apartado I de este artículo, pudiéndose acordar en estos supuestos otras compensaciones por desplazamiento. V. Cuando en una misma empresa o centro de trabajo presten sus servicios dos trabajadores que sean matrimonio o pareja de hecho según se contempla en el artículo 42.III de este Convenio colectivo y uno de ellos fuese afectado por el traslado, las Empresas procurarán trasladar a ambos, siempre que las necesidades organizativas y productivas del centro de origen y de destino lo permitan. VI. En el caso de que la movilidad geográfica se produzca con trabajadores incluidos en los Grupos 3, 4, 5, 6 y 7 del presente Convenio colectivo, y de existir, dentro del colectivo de trabajadores que realicen una misma función alguno que desee voluntariamente optar por la movilidad aquí contemplada, podrá tener lugar la permuta de uno por otro, previa aceptación por la dirección y por ambos trabajadores. VII. En el supuesto de que la empresa pretenda trasladar el centro de trabajo a otra localidad y el nuevo centro esté ubicado a una distancia inferior a 30 kilómetros del centro de origen, se entenderá que no existe la necesidad de cambiar la residencia habitual del trabajador. CAPÍTULO V Clasificación profesional y grupos profesionales Artículo 25. Clasificación profesional. 1. Principios generales. 1) Se entiende por Sistema de Clasificación Profesional la ordenación jurídica por la que, con base técnica y organizativa, se contempla la inclusión de los trabajadores en un marco general que establece los distintos cometidos laborales. 2) A estos efectos, se entiende por grupo profesional el que agrupa las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, incluyendo tanto diversas categorías profesionales, como distintas funciones o especialidades profesionales, previa realización, si ello es necesario, de cursos de formación. 3) El Sistema de Clasificación Profesional será la base sobre la que se regulará la forma de llevar a cabo la movilidad funcional y sus distintos supuestos. 2. Aspectos básicos de clasificación. 1) El presente Sistema de Clasificación Profesional se establece, fundamentalmente, atendiendo a los criterios que el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores fija para la existencia del grupo profesional: Aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, incluyendo en cada grupo tanto distintas funciones como especialidades profesionales. 2) La clasificación profesional se realiza en Áreas de Actividad y Grupos Profesionales por interpretación y aplicación de factores generales objetivos y por las tareas y funciones básicas más representativas que desarrollen los trabajadores. Los trabajadores en función del puesto de trabajo que desarrollan serán adscritos a una determinada Área de Actividad y a un Grupo Profesional de los establecidos en el presente capítulo, circunstancias que definirán su posición en el esquema organizativo y retributivo. Así, la posesión por parte de un trabajador de alguna o todas las competencias representativas de un grupo profesional determinado, no implica necesariamente su adscripción al mismo, sino que su clasificación estará determinada por la exigencia y el ejercicio efectivo de tales competencias en las funciones correspondientes a su puesto de trabajo. En cualquier caso, dichos mayores conocimientos por parte del trabajador, le serán válidos y la empresa deberá tenerlos en cuenta en las futuras promociones que se planteen. 3) No obstante lo establecido en este capítulo respecto de los grupos profesionales y de conformidad con lo estipulado en el artículo 23 de este Convenio colectivo la movilidad funcional, se podrá producir únicamente en las Áreas de Actividad. Dicha movilidad funcional será exclusiva de cada área de actividad de forma independiente. 4) Los factores que influyen en la clasificación profesional de los trabajadores y que, por tanto, indican la pertenencia de cada uno de éstos a un determinado grupo profesional, todo ello según los criterios determinados por el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, son los que se definen a continuación: La asignación de cada trabajador al grupo profesional correspondiente será el resultado de la conjunta ponderación de los factores que a continuación se desarrollan: 4.1) Formación: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el conjunto de conocimientos, experiencia y habilidad requeridos para el desempeño normal de un puesto de trabajo. Este factor se integra por: Titulación: Considera el nivel inicial mínimo y suficiente de conocimientos teóricos que debe poseer una persona para llegar a desempeñar satisfactoriamente las funciones del puesto de trabajo. Especialización: Considera la exigencia de conocimientos especializados o complementarios a la formación inicial básica. 4.2) Iniciativa: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de seguimiento a normas o directrices para la ejecución de tareas o funciones. 4.3) Autonomía: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de dependencia jerárquica en el desempeño de las tareas o funciones que se desarrollen. 4.4) Responsabilidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de autonomía de acción del titular de la función, el nivel de influencia sobre los resultados y la relevancia de la gestión sobre los recursos humanos, técnicos y productivos. 4.5) Mando: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de supervisión y ordenación de las funciones y tareas, la capacidad de interrelación, las características del colectivo y el número de personas sobre las que se ejerce el mando. 4.6) Complejidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el número y el grado de integración de los diversos factores antes enumerados en la tarea o puesto encomendado. 3. Áreas de actividad. Entendemos por Áreas de Actividad a las agrupaciones organizativas existentes, teniendo en cuenta, tanto el contenido de los puestos que las componen como los objetivos esenciales que las definen. Delimitan, asimismo, la trayectoria natural de una carrera profesional, y son las siguientes: 1) Área Técnica/Producción: El objeto de producción de este Área de Actividad viene determinado por su carácter y formación eminentemente técnicos y tienen como labor fundamental la producción, tanto desde un punto de vista técnico/taller, informático o audiovisual, utilizando para ello los medios tecnológicos y los conocimientos personales para su utilización, que permitan desarrollar los objetivos organizacionales con el máximo de eficacia. Agrupa así mismo las labores de coordinación y dirección del personal encargado de realizar las funciones enunciadas anteriormente. 2) Área Informativa/Redacción: Se integran en esta área de actividad aquellos puestos de trabajo cuya misión es la producción de contenidos en papel o en cualquier otro soporte así como para su transmisión para medios electrónicos. 3) Área de Gestión: Quedan encuadrados en esta área de actividad todos los puestos que tienen como funciones primordiales labores de control interno de la Empresa, y cuyo objetivo fundamental es dar soporte al resto de las áreas de la misma. Agrupa cometidos propios de secretaría, gestión económica, administrativa y de recursos humanos, así como los de comercialización de productos. 4. Grupos profesionales. Los grupos profesionales y dentro de ellos las divisiones por áreas de actividad y las tareas o labores descritas en los mismos, no suponen la obligación de tener provistas todas y cada una de dichas labores que aquí se enuncian si la necesidad y el volumen de la Empresa no lo requiere. A estos mismos efectos, las labores descritas en todos y cada uno de los grupos profesionales que siguen, tienen un carácter meramente enunciativo, no limitativo, y deben servir de referencia para la asignación de puestos análogos que surjan con posterioridad como consecuencia de cambios tecnológicos. Esta estructura profesional pretende obtener una más razonable estructura productiva, todo ello sin merma de la dignidad, oportunidad de promoción y justa retribución que corresponda a cada trabajador. Los actuales puestos de trabajo y tareas se ajustarán a los grupos establecidos en el presente Convenio colectivo. Sin embargo, desde el momento en que exista en una empresa un trabajador que realice las funciones específicas en la definición de un grupo habrá de ser remunerado, por lo menos, con la retribución que a la misma se le asigna en este Convenio. En aquellos supuestos en que sea precisa la adscripción a un grupo profesional determinado y su correspondiente labor o tarea no venga recogida en el presente Convenio colectivo, la misma será llevada a la Comisión Mixta del mismo, que operará según los criterios establecidos en el artículo 26 de este Convenio colectivo. Los grupos profesionales son los siguientes: Grupo profesional 0. Criterios generales: Funciones de coordinación, planificación, organización, dirección y control de las actividades propias al más alto nivel de las distintas áreas de actividad de la empresa. Las funciones del personal perteneciente a este Grupo están dirigidas al establecimiento de las políticas orientadas para la eficaz utilización de los recursos humanos y materiales, asumiendo la responsabilidad de alcanzar los objetivos planificados. Tomar decisiones que afecten a aspectos fundamentales de la actividad de la empresa y desempeñar puestos directivos en las áreas de actividad de la empresa, departamentos, etc. Grupo profesional 1. Criterios generales: Funciones que requieren un alto grado de autonomía y mando, así como de conocimientos profesionales y responsabilidades que se ejercen sobre uno o varios departamentos o secciones de la empresa, partiendo de directrices muy amplias, debiendo dar cuenta de su gestión a los Directores de las Áreas de Actividad o Departamentos existentes. Funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de funciones realizadas por un conjunto de trabajadores dentro de su misma área de actividad de la empresa. Formación: Titulación Universitaria superior o bien universitaria de grado medio (diplomatura), complementada con una dilatada experiencia profesional o, en su defecto, conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión complementada con formación específica en el puesto de trabajo, que sea equivalente a estudios universitarios de grado medio. Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que por analogía son equiparables a las siguientes: Tareas de organización, coordinación y supervisión de trabajos de las distintas secciones en las diferentes áreas de actividad de la empresa. Tareas de coordinación de la edición y la redacción literaria, informativa y gráfica, con responsabilidad ante la Dirección, estando igualmente facultado para asignar los trabajos al personal de Redacción. Grupo profesional 2. Criterios generales: Funciones que consisten en la realización de actividades complejas y diversas, con alto contenido intelectual, objetivos definidos y con elevado grado de exigencia en autonomía, responsabilidad y mando dirigen normalmente un conjunto de funciones que comportan una actividad técnica o profesional. Se incluyen, además la realización de tareas complejas que, implicando responsabilidad de mando, exigen un alto contenido intelectual o de interrelación humana. Formación: Titulación universitaria superior o bien universitaria de grado medio (diplomatura), complementada con una dilatada experiencia profesional o, en su defecto, conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión complementada con formación específica en el puesto de trabajo, que sea equivalente a estudios universitarios de grado medio. Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que por analogía son equiparables a las siguientes: Labores de integración, ordenación y supervisión de las tareas del conjunto de trabajadores de cada área de actividad de la empresa, estando supeditada su responsabilidad por personal del Grupo Superior. Funciones de coordinación y supervisión de los recursos humanos y técnicos del área de explotación para atender las necesidades de producción, velando por el correcto funcionamiento y continuidad en las asistencias técnicas que requiera. Grupo profesional 3. Criterios generales: Se incluyen en este Grupo, la realización de las funciones de integrar, coordinar y supervisar la ejecución de tareas diversas, con la responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto de trabajadores. Se incluyen, además la realización de tareas complejas que, sin implicar mando, exigen un alto contenido intelectual. Dentro del área de Informativa/Redaccional, y exclusivamente para el Redactor se establecen dos niveles denominados de A y B. El A es un redactor que acredita conocimientos periodísticos suficientes que capacitan para crear, diseñar, realizar o dirigir informaciones periodísticas, pudiendo asumir responsabilidad en la supervisión y coordinación de personal precisa para la elaboración de la citada información. El B es un periodista titulado que realiza un trabajo intelectual altamente elaborado, asumiendo los cometidos propios de información literaria o gráfica correspondiente a la sección a la que está asignado. Transcurridos veinticuatro meses, el trabajador adquirirá automáticamente el nivel A. La retribución del Redactor B será del 90 % del Grupo 3. Formación: Titulación universitaria superior o bien universitaria de grado medio (diplomatura), complementada con una dilatada experiencia profesional o, en su defecto, conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión complementada con formación específica en el puesto de trabajo, que sea equivalente a estudios universitarios de grado medio. Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que por analogía son equiparables a las siguientes: Labores de ordenación, supervisión y coordinación de un conjunto de trabajadores dentro de las diferentes áreas de actividad en la empresa. Labores de Redacción que consisten en la realización de un trabajo de tipo fundamentalmente intelectual, de modo literario o gráfico, en cualquier tipo de soporte ya sea papel o digital, y por cualquier tipo de procedimiento técnico o informático. Labores de edición, traducción y revisión de textos para su publicación. Labores de presentación infográfica de la información, ya sea por medio de la edición y adaptación de materiales elaborados o a través de medios tecnológicos, audiovisuales y/o informáticos. Labores de selección, clasificación, ordenación, conservación y difusión de la documentación, en cualquier tipo de soporte. Labores de planificación, coordinación y realización de cualquier tipo de producto audiovisual. Labores de tratamiento, obtención y reproducción de imágenes para su difusión. Labores de diseño gráfico, elaboración, dibujo o producción de ilustraciones, en cualquier tipo de soporte. Funciones que, con la formación acreditada, consistan en la prestación de asistencia sanitaria al personal que lo precise. Labores de diseño, ejecución y archivo de acciones informáticas complejas. Grupo profesional 4. Criterios generales: Realización de tareas complejas, pero homogéneas que pudiendo implicar mando exigen un alto contenido intelectual, así como aquéllas que consisten en establecer o desarrollar programas o aplicar técnicas siguiendo instrucciones generales. Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión equivalentes a Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior, complementada con formación específica en el puesto de trabajo. Estudios específicos de grado medio, si el puesto lo requiere legalmente. Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que por analogía son equiparables a las siguientes: Labores administrativas, ayuda o apoyo en la redacción que serán coordinadas y supervisadas por un superior jerárquico, sin que las mismas puedan ser propias del Grupo Profesional 3. Labores de corrección ortográfica y tipográfica de los textos con autonomía y responsabilidad. Labores de cobro y pago, emisión de facturas, realización de estadísticas, escrituras contables, certificación de nóminas y redacción de correspondencia con autonomía y responsabilidad. Labores correspondientes al estudio de procesos complejos, confeccionando organigramas detallados de tratamientos y redactando programas en el lenguaje de programación indicado. Labores informáticas que consisten en la impartición de formación, localización de averías, mantenimiento de programas, creación de archivos o delimitación de sistemas informáticos. Labores que requieren conocimientos completos y capacidad específica para cada puesto, para la utilización, mantenimiento y reparación de máquinas de impresión, eléctricas o electrónicas, y todas aquellas relacionadas con la impresión diaria que requieran un especial nivel de cualificación. Labores de cuidados, tratamiento de primeros auxilios y análisis clínicos. Labores de producción, composición y ajuste de textos publicitarios. Labores de reproducción y tratamiento de imágenes. Labores de transmisión de páginas mediante sistemas tecnológicos para su posterior grabación. Labores de impresión en máquinas de uno o varios colores. Labores necesarias para corregir el acabado del producto audiovisual, operando equipos de edición de vídeo. Tareas de movimiento de cámaras en producciones audiovisuales. Labores técnicas de producción, composición y ajuste de páginas con autonomía. Grupo profesional 5. Criterios generales: Tareas consistentes en la ejecución de operaciones que, aún cuando se realicen bajo instrucciones precisas, requieran adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas, cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa y sistemática. Incluye además la realización de tareas que, aún sin implicar ordenación de trabajo, tienen un contenido medio de actividad intelectual y de relaciones humanas, con o sin trabajadores a su cargo. Formación: Conocimientos equivalentes a los que se adquieren en Bachillerato, completados con una experiencia o una titulación profesional de grado superior o por los estudios necesarios para desarrollar su función. Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que, por analogía, son equiparables a las siguientes: Labores consistentes en el uso y manejo de ordenadores. Labores mecánicas o informáticas para el tratamiento de imágenes. Labores de revelado y/o reproducción de la información gráfica. Tareas administrativas, apoyo o ayuda en la redacción sin responsabilidad directa en el proceso de producción informativa, sin que las mismas puedan ser propias de los Grupos Profesionales 3 y/o 4. Labores propias de venta de espacios publicitarios bajo supervisión. Tareas de inspección y visita de los puntos de venta. Labores que realizadas bajo instrucciones precisas, consistan en la composición de textos y montaje de páginas. Labores de despacho de pedidos, recibos y distribución de mercancías, registro de movimientos con confección de albaranes al efecto. Labores de edición, montaje, operación y supervisión de equipos de sonido. Labores de iluminación en productos audiovisuales. Labores de apoyo al realizador de medios audiovisuales. Labores de ajuste y mezclado de las señales de vídeo. Labores que consisten en operaciones mecánicas o manuales necesarias para la terminación de la publicación. Labores de filmación, presentación y control de los negativos para su correcta reproducción. Labores de insolación, ajuste y terminado de planchas. Labores de composición y tratamiento de textos que son ejercitadas bajo precisas instrucciones de realización. Labores de cobro y pago, emisión de facturas, realización de estadísticas, asientos contables, confección de nóminas y redacción de correspondencia. Grupo profesional 6. Criterios generales: Tareas que consisten en operaciones realizadas siguiendo un método de trabajo preciso, con alto grado de supervisión, que exijan conocimientos profesionales de carácter elemental y de un período breve de adaptación. Formación: La formación básica exigible es la equivalente a Técnico, o bien Graduado Escolar, complementada profesionalmente por una formación específica o de grado medio, equivalente a Educación Secundaria Postobligatoria, o por la experiencia profesional. Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que, por analogía, son equiparables a las siguientes: Tareas sencillas de administración, archivo, reprografía y manejo de ordenador que no requieran iniciativa. Tareas de recepción y utilización de centralita telefónica. Tareas que consistan en hacer recados, trabajos sencillos de oficina, encargos, recoger y entregar correspondencia, pudiendo utilizar a estos efectos vehículos para su desplazamiento. Labores de portería y tareas de vigilancia. Tareas de transporte y paletización con elementos mecánicos. Operatoria mecánica o manual para la terminación de las publicaciones siguiendo instrucciones precisas. Tareas elementales de apoyo con máquinas sencillas entendiendo por tales aquellas que no requieran adiestramiento ni conocimientos específicos. Grupo profesional 7. Criterios generales: Operaciones que se ejecuten según instrucciones concretas, claramente establecidas, con un alto grado de dependencia, que requieren preferentemente esfuerzo o atención y que no necesitan de formación específica. Formación: Conocimientos a nivel de formación elemental. Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades y funciones que, por analogía, son equiparables a las siguientes: Tareas de limpieza. Labores sencillas en talleres que no requieran preparación específica. Artículo 26. Modo de operar para la clasificación profesional. Debido a las implicaciones colectivas que tiene la nueva estructuración profesional, y por la necesidad de que exista el máximo acuerdo posible en la aplicación de esta nueva clasificación, en aquellas empresas en las que no se ha producido la adecuación de este precepto, se establece el siguiente modo de operar: a) Se procederá a negociar entre la empresa y los representantes de los trabajadores. b) En el supuesto de haber acuerdo se estará a lo acordado. c) De no haber acuerdo, las partes podrán someterse a mediación o arbitraje de la comisión mixta sobre la totalidad del encuadramiento o sobre parte del mismo en los términos que se detallan en la disposición adicional tercera de este Convenio Por otra parte, se podrá consultar a la comisión mixta para que emita el correspondiente dictamen, que no tendrá carácter vinculante. d) Ahí donde no existan representantes de los trabajadores, éstos podrán acudir directamente a la comisión mixta. Para resolver la mediación propuesta o responder a la consulta formulada, las empresas y sindicatos representados en la Comisión Mixta podrán examinar en la empresa en cuestión las características de la actividad objeto de desacuerdo o consulta. Tras conocerse la interpretación de la Comisión Mixta, la Dirección de la empresa aplicará la nueva clasificación profesional, quedando no obstante abierta la vía jurisdiccional pertinente para cualquier reclamación. En cualquier caso, la negociación no presupone la necesidad de mutuo acuerdo a nivel de empresa entre los representantes de los trabajadores y la dirección para el establecimiento de la nueva clasificación profesional, pues no se debe olvidar que en los conflictos sobre clasificación profesional será el trabajador o trabajadores afectados los que tendrían que aceptar o no su nueva clasificación profesional. Artículo 27. Tabla de equivalencias. A los efectos de facilitar el cambio de categorías profesionales a los grupos profesionales definidos en párrafo anterior se ha configurado una Tabla de Equivalencias Categorías-Grupos Profesionales, en la disposición transitoria tercera del presente Convenio colectivo. CAPÍTULO VI Tiempo de trabajo y descanso Artículo 28. a) Jornada. I. La jornada máxima anual durante la vigencia del presente Convenio queda establecida en 1.687,5 horas que podrán ser distribuidas de forma irregular de lunes a domingo. En el supuesto de distribución irregular, la jornada mínima diaria de un trabajador a tiempo completo no podrá ser inferior a cinco horas. El cómputo de la jornada se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 34.5 del Estatuto de los Trabajadores, respetando los descansos legalmente establecidos. II. Cuando existan probadas razones técnicas, organizativas, o productivas que requieran mayor presencia de los trabajadores en el puesto de trabajo, las empresas podrán establecer, previa comunicación, discusión y acuerdo con los representantes legales de los trabajadores, de conformidad con el artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores, la superación del tope máximo de nueve horas, respetando los descansos mínimos contemplados entre jornadas en la Ley. A estos efectos y siempre que fuese posible se hará constar la duración de tal medida. III. Las Direcciones de las empresas y las Representaciones Legales de los Trabajadores se reunirán cuatrimestralmente a los efectos de proceder al control de la jornada irregular pactada. b) Descanso semanal. I. Todos los trabajadores del sector de Prensa Diaria, disfrutarán de un descanso de dos días semanales ininterrumpidos, sin perjuicio de otros posibles sistemas de descanso ya establecidos por necesidades de la producción, respetándose, en todo caso, la jornada máxima anual contemplada en el apartado a) de este artículo. Por acuerdo entre empresa y trabajador, en ciclos de dos semanas, se podrá reservar un día para acumular y ser disfrutado en otro periodo. II. El descanso semanal podrá ser rotativo de lunes a domingo, ambos inclusive para todo el personal, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30.1 respecto al personal de redacción. La distribución de la jornada, de conformidad con lo establecido en el párrafo siguiente se hará de tal forma que al menos una vez cada cuatro semanas, el descanso semanal al que se hace referencia en este artículo coincida con sábado y domingo. III. Excepcionalmente, las empresas podrán variar el sistema de descansos al que se hace referencia en los dos apartados anteriores, previa comunicación del mismo a los representantes de los trabajadores de aquellas empresas que deban llevar a cabo esta medida, en la que constará la duración de tal excepcionalidad. IV. El preaviso en el caso de alteración del sistema de descanso deberá ser comunicado al trabajador o trabajadores afectados con al menos tres días de antelación. V. El día de descanso alterado de conformidad con lo establecido en el párrafo III de este artículo, deberá ser compensado con día y medio, dentro de las dos semanas anteriores o posteriores a la alteración. VI. El día de descanso alterado podrá ser adicionado, cuando las necesidades productivas y organizativas lo permitan, a otro de los correspondientes a las dos semanas anteriores o posteriores a la modificación del sistema de descansos. VII. Asimismo, el día de descanso se podrá acumular, si ello fuere posible a las vacaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de este Convenio colectivo. Para ello, será requisito necesario el respeto a los plazos establecidos en los párrafos precedentes. Artículo 29. Calendario. I. Durante los dos meses anteriores a la finalización de cada año natural las empresas afectadas por el presente Convenio colectivo elaborarán el calendario laboral del año siguiente, a efectos de lo cual los representantes de los trabajadores emitirán informe previo a las direcciones acerca de su postura respecto al calendario. Dicho calendario se expondrá en el centro de trabajo correspondiente durante todo el año natural. II. Los calendarios incluirán el disfrute de las fiestas (nacionales, autonómicas y locales) y las fechas de disfrute de las vacaciones. Artículo 30. Horario de trabajo. I. Al no permitir la naturaleza de la actividad periodística determinar un horario rígido de trabajo, cada miembro de la Redacción de las empresas aludidas en el artículo 1 del presente Convenio tendrá asignado un horario básico, de conformidad con lo contemplado en el artículo 28.b).II, que es aquel en el que normalmente prestan sus servicios. II. Los responsables de las secciones de las que se componen cada una de las redacciones de los diarios, cumpliendo siempre las instrucciones dadas por las direcciones de las empresas y consultada la plantilla asignada a la sección, distribuirán el señalamiento de horarios, reparto de tareas y controles de asistencia. III. Aquellos trabajadores que tengan reconocida la libre disposición, además de los cometidos que tienen asignados, estarán a disposición de las direcciones de las redacciones de las empresas, que apliquen el presente Convenio para cubrir aquellas necesidades informativas de carácter extraordinario o eventual, en todo caso respetando siempre los descansos mínimos entre jornadas del artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores. La libre disposición a que se hace referencia en este artículo se abonará en la forma que se venga realizando en las empresas. Artículo 31. Verificación y control. I. Todo el personal incluido en el ámbito de este Convenio colectivo deberá someterse a los sistemas de control de asistencia que las Direcciones de las empresas en cada momento estimen más adecuados. II. En cualquier caso, las empresas informarán a los representantes de los trabajadores de los sistemas de control de asistencia que tengan implantados, así como respecto a su posible modificación. III. Las empresas deberán de establecer igualmente, sistemas de verificación y control efectivos de la jornada y horario de trabajo, informando periódicamente en los plazos que se acuerde en las empresas a los representantes de los trabajadores, de la implantación de dichos sistemas de control y de sus resultados. Artículo 32. Vacaciones. I. El régimen de vacaciones anuales retribuidas del personal afectado por el presente Convenio colectivo será de treinta días naturales ininterrumpidos que deberán disfrutarse necesariamente entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. No obstante lo anterior, en función de las necesidades de la producción las empresas podrán fraccionar en dos periodos el disfrute de las vacaciones, debiendo en este caso de disfrutarse uno de los periodos, como mínimo de 15 días naturales, del 1 de julio al 30 de septiembre. Este período fraccionado se realizará entre las fechas del 1 de julio al 15 de septiembre en aquellos supuestos de trabajadores que tengan hijos en edad escolar. II. El calendario de vacaciones se fijará por cada empresa y se publicará en los tablones de anuncios con dos meses de antelación. III. El cómputo de vacaciones se efectuará por año natural, calculándose en proporción al tiempo de permanencia en la empresa en los casos de nuevo ingreso. IV. El disfrute de los turnos de vacaciones se entenderá de manera rotatoria, salvo que medie acuerdo individual entre empresa y trabajador/es, siempre que dicho acuerdo no cause perjuicios a terceros. V. La retribución correspondiente a los periodos de vacaciones incluirá únicamente los siguientes conceptos: SMG y CPC. VI. En todo caso, el disfrute de las vacaciones se adecuará a lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 38 del ET. VII. Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el artículo 32.II del Convenio coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado. Artículo 33. Festivos. I. Los trabajadores afectados por el presente Convenio colectivo tendrán derecho al disfrute de los festivos que correspondan según el calendario laboral publicado anualmente por el Gobierno, en su caso las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos. II. Cuando el trabajador no pudiere disfrutar del festivo por razón de la distribución de la jornada, el disfrute del mismo se podrá tomar en cualquier otra fecha a razón de un día y medio de descanso por festivo trabajado, que se podrá acumular a las vacaciones anuales, previo acuerdo con la dirección de las empresas. III. En ningún caso, dada la costumbre existente en el sector, los descansos correspondientes a los festivos de los días 25 de diciembre, 1 de enero y Viernes Santo tendrán la consideración de laborables. En aquellas Comunidades Autónomas que por costumbre estas festividades se desplacen a los días inmediatamente anterior o posterior, se aplicará el mismo criterio. Artículo 34. Horas extraordinarias. I. Las partes acuerdan la supresión de las horas extraordinarias habituales. II. Serán consideradas horas extraordinarias las que excedan de la jornada anual pactada, que no podrán exceder en ningún caso del límite establecido en el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores. III. Las horas extraordinarias se compensarán preferentemente en descanso, siempre y cuando no perturbe el normal proceso productivo de las empresas, a razón de 1,5 horas de descanso por cada hora extraordinaria realizada, o bien mediante la retribución que se contempla en el apartado siguiente. IV. A estos efectos, el valor de la hora extraordinaria tal y como se define en este artículo, por grupo profesional, será el siguiente: Grupos profesionales Valor hora extraordinaria 2018 – Euros 1 20,35 2 17,91 3 15,77 4 13,75 5 11,61 6 10,02 7 8,38 V. Las horas de trabajo que sean necesarias para la finalización de una tirada o las producidas por averías u otra causa puntual no imputable a la organización de la producción, serán consideradas a todos los efectos de obligado cumplimiento. Estas horas se compensarán en la forma regulada en el apartado III de este artículo. VI. No se computarán a los efectos de distribución de la jornada las horas eventualmente no realizadas motivadas por la finalización anticipada de la producción. VII. A efectos de cómputo de horas extraordinarias y de su compensación en descanso se estará a lo dispuesto en el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores. CAPÍTULO VII Régimen retributivo Artículo 35. Estructura salarial. Las retribuciones de los trabajadores incluidos en el ámbito personal del presente Convenio colectivo estarán constituidas por el Salario Mínimo de Grupo y los Complementos del mismo que les sean de aplicación. Artículo 36. Salarios Mínimos/Año de Grupo. I. El Salario Mínimo de Grupo (SMG) estará compuesto por la totalidad de los conceptos retributivos a percibir por los trabajadores de cada empresa, en actividad normal o habitual, así como de aquellos complementos de carácter personal necesarios para alcanzar dicha cuantía. El SMG se entiende distribuido entre las 15 pagas (12 ordinarias y tres extraordinarias) que con carácter general se establecen en este Convenio. II. Los complementos de puestos y los de mayor cantidad y calidad en el trabajo no se incluirán a los efectos de cómputo del SMG. III. Para calcular los distintos conceptos salariales que en este Convenio colectivo giran en torno al salario hora las empresas deberán seguir la siguiente fórmula: SMG/Jornada anual de trabajo efectivo IV. Los Salarios Mínimos de Grupo para los años de vigencia del Convenio serán los siguientes: Grupos Tablas 2017-2018 – Euros 1 26.355,26 2 23.208,44 3 20.432,87 4 17.812,59 5 15.044,70 6 12.973,03 7 10.861,13 Los atrasos que pudieran derivarse de la actualización del Salario Mínimo Grupo (SMG) se abonarán en el mes siguiente a la publicación del Convenio en el BOE. Artículo 37. Complementos salariales. I. Complemento Personal Convenio: El Complemento Personal Convenio será personal y propio de los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio, e incluirá todos aquellos complementos que no siendo de puesto de trabajo o mayor cantidad y calidad, se definan en el mismo o vengan percibiendo los trabajadores en las empresas que apliquen este Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria primera. Asimismo incluirá la diferencia en el exceso entre todos aquellos conceptos salariales que vinieren percibiendo los trabajadores por el concepto Salario Base y Complementos Personales y el Salario Mínimo de Grupo que se define en el artículo anterior, en el caso de que la suma de todos aquellos fuese superior al que en este Convenio colectivo se define como mínimo de grupo. II. Complemento de Antigüedad: El concepto antigüedad quedó eliminado en el 1.er Convenio colectivo sectorial, pasando las cuantías devengadas o en tramo de devengo, de conformidad con dicha norma, a formar parte del Complemento Personal de Convenio (CPC). III. Se definen los siguientes Complementos de Puesto de Trabajo: a) Serán complementos de puesto de trabajo aquellos que las empresas vengan retribuyendo como tales, y que efectivamente tengan el carácter propio de complementos de puesto de trabajo, en cada unidad de contratación. b) No obstante lo anterior, se definen como complementos de puesto de trabajo mínimos del sector los siguientes: Nocturnidad: El trabajo nocturno, entendido por tal el que se realiza entre las 22:00 y las 6:00 horas, se retribuirá con el valor del Salario Mínimo de Grupo calculado en función de lo dispuesto en el artículo 36 de este Convenio colectivo incrementado en un 22 %. El importe a percibir por este concepto se retribuirá de acuerdo con el porcentaje de tiempo empleado en trabajo nocturno. Plus de Trabajo Dominical: Será aquel que perciban aquellos trabajadores que por necesidades no planificadas en el área de producción deban trabajar en domingo, en la medida que ello constituye una alteración de su sistema de descanso, y siempre que no se hubiese compensado por descanso. El trabajo dominical se retribuirá en función de las tablas que a continuación se detallan. Grupos profesionales Plus de trabajo dominical por domingo trabajado 2018 – Euros 1 79,26 2 76,10 3 67,71 4 60,04 5 49,89 6 44,25 7 36,33 Igualmente se percibirá el citado plus cuando aun estando planificados, el número de domingos trabajados a lo largo del año natural sea superior a once, generándose el derecho a percibir el citado plus a partir del domingo siguiente. c) En aquellos casos en el que las empresas definidas en el artículo 1 de este Convenio colectivo vinieren retribuyendo los complementos de puesto que aquí se definen en mayores cuantías, los respetarán como condición individual o colectiva más beneficiosa, en el caso de que se hubieren acordado entre empresa y representación legal de los trabajadores. IV. Complementos de mayor calidad y/o cantidad de trabajo: a) Serán complementos de mayor calidad y/o cantidad en el trabajo aquellos que las empresas vengan retribuyendo como tales, y que efectivamente tengan el carácter propio de complementos de mayor calidad y/o cantidad de trabajo, en cada unidad de contratación. b) Estos complementos se abonarán en la forma en la que se vengan abonando en las empresas. Artículo 38. Liquidación y pago. Recibo de salarios. I. El pago de haberes se efectuará como muy tarde dentro de los tres primeros días del mes siguiente al vencido. II. Los recibos de salarios se ajustarán a uno de los modelos oficiales aprobados por la Administración Laboral y deberán contener, perfectamente desglosados y especificados, todos los conceptos salariales y extrasalariales, así como las retenciones, cotizaciones, tributaciones y sus bases de cálculo. Artículo 39. Tablas salariales. Descuelgue salarial e inaplicación en otras materias. I. Durante la vigencia del presente Convenio colectivo serán de aplicación las tablas salariales que se recogen en el artículo 36.IV. II. Descuelgue salarial. Con objeto de conseguir la necesaria estabilidad económica, mediante acuerdo entre las partes y de conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo y en el 82.3 del Estatuto de los Trabajadores no serán de necesaria y obligada aplicación el sistema de remuneración y la cuantía salarial comprendidos en las tablas salariales fijadas para el período 2017/2018 para aquellas empresas en las que se den las circunstancias económicas, técnicas, productivas y/o organizativas a que se refiere el citado artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. En estos casos se trasladará a las partes la fijación de los salarios previo desarrollo de un periodo de consultas en los términos del artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores y cumpliendo los demás requisitos y condiciones señaladas en el artículo 82.3 del citado texto legal. La intervención como interlocutores ante la Dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del Comité de Empresa o entre los Delegados de Personal. En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, ésta se entenderá atribuida a los sindicatos más representativos y con legitimación para formar parte de la Comisión Negociadora del presente Convenio colectivo y salvo que los trabajadores decidiesen atribuir su representación a una comisión integrada por trabajadores de la propia empresa designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. A efectos de desarrollar el periodo de consultas antes citado, las empresas deberán presentar ante la representación de los trabajadores la documentación precisa que justifique un tratamiento salarial diferenciado. Los representantes de los trabajadores están obligados a tratar y mantener en la mayor reserva la información recibida y los datos a que se hayan tenido acceso como consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores, observando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo profesional. Previa manifestación de estar inclusas en las circunstancias y condiciones justificativas de no hallarse en disposición de afrontar como de necesaria u obligada aplicación las tablas salariales para la vigencia del presente Convenio colectivo, las empresas negociarán con los representantes de los trabajadores el sistema de remuneración y salarios que les fuera de aplicación. Las empresas que aleguen lo expresado en párrafos anteriores, dirigirán escrito a la Comisión Paritaria y a la Representación Legal de los Trabajadores, comunicando tal situación, la cual velará por el cumplimiento exacto, en sus propios términos, de lo dispuesto en el presente Convenio. Los escritos deberán ir acompañados de copia de la comunicación hecha a los representantes de los trabajadores. En todo caso, la intervención de la Comisión Mixta se ceñirá al conocimiento del desarrollo y aplicación del proceso pactado sin injerirse en el conocimiento de datos de las empresas afectadas que pudieran ser calificados como de estricta confidencialidad, correspondiendo la negociación salarial de tales situaciones excepcionales a la propia empresa y a los representantes de los trabajadores de la misma. De producirse acuerdo en las negociaciones entre la empresa y los representantes de los trabajadores, éste deberá ser comunicado a la Comisión Mixta. En caso de desacuerdo en el período de consultas, las partes podrán someter su discrepancia a la Comisión Mixta del Convenio colectivo, la cual dispondrá de un plazo máximo de siete días para resolver la discrepancia planteada. III. Inaplicación de condiciones de trabajo. El procedimiento contenido en el apartado II del presente artículo será de aplicación al resto de las condiciones de trabajo contenidas en el artículo 82.3 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En ambos supuestos contemplados en los apartados II y III de este artículo, cuando no se hubiera solicitado la intervención de la comisión mixta o ésta no hubiera alcanzado un acuerdo, éstas deberán recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los Acuerdos Interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83 del ET, tal y como dispone el artículo 82.3 del ET. Artículo 40. Pagas extraordinarias. I. Se establecen con carácter general tres pagas extraordinarias, en marzo, junio y diciembre. II. Las citadas pagas extraordinarias incluirán los siguientes conceptos salariales: SMG y CPC. III. No se incluirán en el concepto pagas extraordinarias los complementos que las empresas vinieran abonando en concepto de mayor calidad y/o cantidad en el trabajo ni los complementos de puesto. Artículo 41. Gastos y kilometraje. I. Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio colectivo abonarán a los trabajadores los gastos ocasionados por el desplazamiento efectuado fuera de su lugar habitual de trabajo, previa justificación de los mismos por parte de los trabajadores que deban desplazarse, atendiendo a estos efectos a las normas internas que figuren en cada empresa. II. Las empresas incluidas dentro del ámbito de aplicación del presente Convenio, proveerán, por regla general, un medio de transporte a aquellos trabajadores que deban realizar cualquier tipo de desplazamiento bajo la expresa indicación de las empresas. III. Cuando el trabajador deba realizar el desplazamiento haciendo uso de su propio vehículo, las empresas abonarán 0,21 euros por kilómetro realizado, siempre y cuando el vehículo esté asegurado a todo riesgo, o en todo caso a terceros y ocupantes, siendo imposible el uso de vehículo propio en cualquier otro caso o circunstancia. CAPÍTULO VIII Licencias, protección a la vida familiar y excedencias Artículo 42. Licencias retribuidas. I. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a percibir el SMG y su CPC, por los motivos y el tiempo siguiente: a) Quince días naturales en caso de matrimonio. b) Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. Igual tratamiento tendrán aquellos supuestos de enfermedades graves infecto-contagiosas diagnosticadas por Facultativo. c) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos generales y de la formación profesional en los supuestos y formas regulados en la legislación vigente. d) Un día por traslado de domicilio habitual. Cuando el mismo implique un cambio de provincia y un desplazamiento de más de 120 km, el plazo será de dos días. e) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. f) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos en la Ley o en este Convenio colectivo. g) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo, y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo. II. A estos efectos se entenderá que existe desplazamiento cuando el trabajador tuviere que recorrer más de 200 km, entre su residencia habitual y el lugar de destino. III. En aquellas Comunidades Autónomas que tengan una Ley de Parejas de Hecho, se estará, respecto a las licencias, a lo contemplado en dicha legislación en el apartado correspondiente. Para el disfrute de las licencias retribuidas establecidas en este artículo se entenderá asimilada a matrimonio la pareja de hecho inscrita. Artículo 43. Licencias no retribuidas. I. Podrán solicitar licencia sin derecho a retribución, por una duración máxima de tres meses los trabajadores que lleven al servicio de la empresa más de un año. II. Las empresas procurarán resolver favorablemente las solicitudes que en este sentido se les formulen, salvo que la concesión de éstas afecte al proceso productivo. III. Para tener derecho a una nueva licencia deberán transcurrir al menos dos años completos desde la fecha de terminación de la anterior. Artículo 44. Cese voluntario. I. Cuando un trabajador desee cesar de forma voluntaria en la empresa, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección de la misma con una antelación mínima de: Grupos 1 y 2: Un mes. Grupos 3 y 4: Quince días. Resto de grupos: Siete días. II. En el caso de incumplimiento del deber de preaviso por parte del trabajador, se le descontará de su liquidación un número de días equivalentes al retraso en el preaviso. Artículo 45. Protección de la vida familiar. I. En el supuesto de riesgo para el embarazo, en los términos previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado. II. Lactancia: Los trabajadores por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo. Este derecho deberá de ejercerse bien al inicio o bien al final de la jornada laboral. Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen. En el caso de parto múltiple, los trabajadores podrán ampliar este derecho en proporción al número de hijos recién nacidos. III. Maternidad: Las trabajadoras en baja por maternidad podrán juntar tal periodo con el de vacaciones, siempre y cuando la organización del trabajo lo permita. IV. Guarda Legal: a) De conformidad con lo establecido en el artículo 37.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, quienes por razones de guarda legal tuviesen a su cuidado algún menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida, tendrán derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. b) En desarrollo de lo establecido en el artículo 37.7 del Estatuto de los Trabajadores, se entiende por jornada ordinaria de cada trabajador aquella distribución en días y horas de la jornada que expresamente está planificada en los cuadros horarios en vigor. c) Igualmente, aquellos trabajadores/as que cumpliendo con las cautelas introducidas por el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores tuviesen a su cuidado un menor de tres años tendrán derecho a elegir el momento de la prestación fuera de su jornada ordinaria laboral con un preaviso de un mes y siempre y cuando su elección no afecte a las condiciones de trabajo de otro trabajador. V. Nacimientos prematuros: en los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de tres horas (o su parte proporcional en caso de contratos a tiempo parcial), con la disminución proporcional del salario. En este caso tal permiso deberá de disfrutarse bien a inicio, bien al final de la jornada laboral. VI. Suspensión del contrato por maternidad o adopción y paternidad: a) En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida. b) En el supuesto de adopción, acogimiento y guarda con fines de adopción o acogimiento, la suspensión del trabajo tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida. c) Los trabajadores/as tendrán derecho a reserva de puesto de trabajo durante dos años en los casos de excedencia por maternidad. d) En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) del Estatuto de los trabajadores el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato por paternidad durante cuatro semanas ininterrumpidas, ampliables en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Estos beneficios podrán ser disfrutados por el padre y la madre en la forma prevista en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores. VII. Víctimas de violencia de género: Los trabajadores que tengan la consideración de víctimas de violencia de género o de víctimas del terrorismo tendrán derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. Artículo 46. Excedencia. A) I. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. II. También tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a dos años los trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo, y no desempeñe actividad retribuida. III. Si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo hecho causante, las empresas podrán limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de las empresas. IV. Cuando un nuevo sujeto causante diese derecho a un nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando. V. En los casos contemplados en los apartados I, II, III y IV de este apartado, en que el trabajador permanezca en situación de excedencia, dicho periodo será computable a efectos de antigüedad, y el trabajador tendrá derecho a asistir a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por las empresas firmantes del presente Convenio, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo. Transcurrido dicho periodo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo en su mismo grupo profesional. B) I. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: II. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia, se concederá por la elección o designación de un cargo público que imposibilite su asistencia al trabajo. El reingreso deberá solicitarse dentro de los dos meses siguientes al cese en el cargo público. III. Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal, en las organizaciones sindicales, tendrán derecho a la excedencia forzosa, con derecho a reserva de puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo representativo, debiendo incorporarse a su puesto de trabajo dentro de los dos meses siguientes a la fecha del cese. IV. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. V. Las peticiones de excedencia serán resueltas por las empresas en el plazo máximo de un mes, teniendo en cuenta las necesidades del trabajo, y aquellas peticiones que se fundamenten en la terminación de estudios, exigencias familiares y otras análogas. VI. El trabajador que no solicite el reingreso antes de la terminación de su excedencia voluntaria perderá el derecho al reingreso, causando baja en las empresas. VII. Para solicitar una excedencia voluntaria de las contempladas en el presente artículo será necesario motivar la solicitud a la empresa. No será motivo suficiente para acceder al derecho a la excedencia voluntaria el cambiar temporalmente de trabajo a otras empresas del sector, salvo pacto en contrario. VIII. Las excedencias voluntarias únicamente generan, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, un derecho preferente al reingreso en la empresa en puesto de igual o similar función. CAPÍTULO IX Derechos sindicales Artículo 47. Facultades y garantías sindicales. Composición de los órganos de representación. Acumulación de horas. I. Las facultades y garantías de los Representantes Legales de los Trabajadores en el seno de las empresas, serán las reconocidas en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (LOLS). II. Respecto a la composición de los órganos de representación de los trabajadores en la empresa para determinar el número de los Representantes de los Trabajadores en los centros de trabajo o en las empresas, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 62.1 y 66.1 del Estatuto de los Trabajadores. III. Acumulación horas sindicales. Los Delegados de Personal y los miembros de Comités de Empresa, podrán acumular mes a mes, en uno o varios de sus componentes el crédito horario de que éstos disponen, siempre que los representantes pertenezcan a una misma organización sindical y ésta lo comunique fehacientemente a la Dirección de la empresa con quince días de antelación. Para poder llevar a afecto la acumulación de horas sindicales a la que se hace referencia en este artículo, la cesión de horas sindicales podrá ser total o parcial. Artículo 48. Horas sindicales. El crédito de horas sindicales que cada representante tenga reconocido podrá ser utilizado para la asistencia a cursos de formación u otras actividades sindicales similares, organizadas por los sindicatos representativos del sector, previa oportuna convocatoria y posterior justificación de asistencia, que serán expedidas por los sindicatos en cuestión. Artículo 49. Derecho a sindicarse. Las empresas respetarán el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente. En este sentido, no podrán supeditar el empleo de un trabajador a la condición de que se afilie o renuncia a su afiliación sindical y tampoco despedir a un trabajador o perjudicarle a causa de su afiliación o actividad sindical. Artículo 50. Secciones sindicales y reuniones. Los trabajadores afiliados a un Sindicato, podrán en el ámbito de la empresa o centro de trabajo: a) Constituir Secciones sindicales, de conformidad con lo establecido en el Estatuto del Sindicato. b) Celebrar reuniones, previa notificación al empresario, recaudar cuotas y distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa. c) Recibir la información que le remita su Sindicato. Artículo 51. Las Secciones sindicales de los Sindicatos más representativos. Las Secciones sindicales de los Sindicatos más representativos y de los que tengan representación en los Comités de Empresa o cuenten con Delegados de Personal, tendrán los siguientes derechos: a) Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que puedan interesar a los afiliados al Sindicato y a los trabajadores en general, la empresa pondrá a su disposición un tablón o tablones necesarios de anuncios que deberá situarse dentro del centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo de los trabajadores. b) En orden a facilitar los derechos de información que legalmente tienen reconocidos los Representantes de los Trabajadores, las Secciones sindicales que tengan reconocidos los derechos del artículo 10 de la LOLS y sean firmantes del presente Convenio colectivo dispondrán, en los centros de trabajo que tenga más de 150 trabajadores y tengan desarrollada una intranet, de una página en la citada intranet para la publicación de información de carácter sindical. El ejercicio de este derecho no justifica la autorización del correo electrónico existente en las empresas, salvo autorización expresa de las direcciones de las mismas. c) A la negociación colectiva, en los términos establecidos en su legislación específica. Artículo 52. Comité Intercentros. I. Aquellas empresas con dos o más centros de trabajo y que en total superen los 200 trabajadores podrán constituir un Comité Intercentros. II. A estos efectos, los miembros de los distintos Comités de Centro o Delegados de Personal, designarán de entre sus componentes a quienes les habrán de representar en el Comité Intercentros que se constituya para debatir los distintos problemas derivados de la aplicación del presente Convenio, que, por trascender al centro de trabajo, deban ser tratados con carácter general a nivel de toda la empresa. III. Dicho Comité Intercentros estará compuesto por nueve miembros que deberán guardar en cada momento la debida proporcionalidad respecto a los resultados de las elecciones sindicales. IV. Los gastos que se originen como consecuencia de las reuniones del Comité Intercentros en aquellas empresas en que estén constituidos serán abonados por estas en la forma que se acuerde entre la dirección y los representantes de los trabajadores. Artículo 53. Cargos sindicales de nivel superior. Quienes ostentan a nivel provincial, autonómico o estatal un cargo en el sindicato de las organizaciones sindicales más representativas, tendrán derecho: a) Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el desarrollo de las funciones sindicales propias de su cargo. b) A la excedencia forzosa con derecho a reserva del puesto de trabajo. c) A la asistencia y el acceso a los centros de trabajo para participar en las tareas propias de su Sindicato o del conjunto de los trabajadores, previa comunicación al empresario y sin que el ejercicio de ese derecho pueda interrumpir el desarrollo normal del proceso productivo. Artículo 54. Comisión Negociadora de Convenios colectivos. Los Representantes Sindicales que participen en las Comisiones Negociadoras de este Convenio colectivo, y que mantengan su vinculación como trabajador en activo en alguna empresa, tendrán derecho a la concesión de los permisos retribuidos que sean necesarios para el adecuado ejercicio de su labor como negociadores, siempre que la empresa esté afectada por la negociación. Artículo 55. Delegados Sindicales. En las empresas o en su caso en los centros de trabajo que ocupen más de 150 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, las Secciones Sindicales que puedan constituir por los trabajadores afiliados a los Sindicatos, estarán representados, a todos los efectos, por Delegados Sindicales, elegidos por y entre sus afiliados en la empresa o en el centro de trabajo. Artículo 56. Número de Delegados Sindicales. El número de Delegados Sindicales por cada Sección sindical de los Sindicatos que hayan obtenido un 10 % de los votos en la elección al Comité de Empresa se determinará según la siguiente escala: De 150 a 300 trabajadores: Uno. De 301 a 750 trabajadores: Dos. De 751 a 5.000 trabajadores: Tres. De 5.001 en adelante: Cuatro. Las Secciones sindicales de aquellos Sindicatos que no hayan obtenido el 10 % de los votos, estarán representadas por un solo Delegado Sindical. Artículo 57. Funciones y derechos de los Delegados Sindicales. La función de los Delegados Sindicales es representar y defender los intereses del Sindicatos al que representan en el seno de la Empresa. Los Delegados Sindicales tendrán derecho a la misma información y documentación que la Empresa ponga a disposición del Comité de Empresa, estando obligados a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que la Dirección de la empresa así se lo hubiere manifestado. Igualmente, tendrán derecho a asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones de los Comités de Empresa y de los órganos internos de los mismos, en materia de seguridad e higiene. Serán oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados de su Sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones de éstos últimos. Artículo 58. Locales sindicales. I. Las Secciones sindicales de los Sindicatos más representativos y de los que tengan representación en los Comités de Empresa, tendrán derecho a la utilización de un local adecuado en los términos previstos en el artículo 8.2.c) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. II. El local sindical al que aquí se hace referencia será de exclusivo uso de las Secciones sindicales. Cuando no existan condiciones en el centro de trabajo para ello, el local se deberá compartir con el Comité de Empresa, o en su caso, con los delegados de personal. Artículo 59. Cuotas sindicales. I. A requerimiento de los trabajadores afiliados a los sindicatos, la empresa descontará en la nómina mensual de los trabajadores el importe de la cuota sindical correspondiente. II. A estos efectos, el trabajador interesado, remitirá a través de la Sección Sindical correspondiente a la Dirección de la empresa un escrito en el que expresará con claridad la orden de descuento, la central o sindicato a la que pertenece, la cuantía de la cuota, así como el número de cuenta corriente o caja de ahorros a la que debe ser transferida la correspondiente cantidad. III. La Dirección de la empresa entregará copia de la transferencia a la Representación Sindical en la Empresa, si la hubiere. Artículo 60. Prácticas antisindicales. Cuando, a juicio de alguna de las partes firmantes, se entendiere que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, se producen actos que pudieran calificarse de antisindicales estas podrán recabar la tutela del derecho ante la jurisdicción competente, a través del proceso jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. CAPÍTULO X Faltas y sanciones Artículo 61. Régimen disciplinario. I. Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de las empresas de acuerdo con la regulación de faltas y sanciones que se especifica en los apartados siguientes. II. Toda falta cometida por un trabajador se clasificará atendiendo a su índole y circunstancias que concurran en leves, graves y muy graves. III. La enumeración de las faltas que a continuación se señalan se hace sin una pretensión exhaustiva, por lo que podrán ser sancionadas por las direcciones de las empresas cualquier infracción de la normativa laboral vigente o incumplimiento contractual, aún en el caso de no estar tipificadas en el presente Convenio. 1. Se considerarán como faltas leves: a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo hasta tres ocasiones en un mes por un tiempo total inferior a veinte minutos. b) La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante el período de un mes. c) La no comunicación con la antelación previa debida de la inasistencia al trabajo por causa justificada, salvo que se acreditase la imposibilidad de la notificación. d) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breves períodos de tiempo y siempre que ello no hubiere causado riesgo a la integridad de las personas o de las cosas, en cuyo caso podrá ser calificado, según la gravedad, como falta grave o muy grave. e) La desatención y falta de corrección en el trato con el público cuando no perjudiquen gravemente la imagen de la empresa. f) Los descuidos en la conservación del material que se tuviere a cargo o fuere responsable y que produzcan deterioros leves del mismo. g) La embriaguez no habitual en el trabajo. h) No cursar en tiempo oportuno el alta, parte de confirmación o baja correspondiente cuando se falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se justifique documentalmente la imposibilidad de hacerlo. 2. Se considerarán como faltas graves: a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo hasta en tres ocasiones en un mes por un tiempo total de hasta sesenta minutos. b) La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro días durante el período de un mes. c) El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falseamiento de los datos que tuvieren incidencia en la Seguridad Social. d) La simulación de enfermedad o accidente, sin perjuicio de lo previsto en la letra d del número 3. e) La suplantación de otro trabajador, alterando los registros y controles de entrada y salida al trabajo. f) La desobediencia a las órdenes e instrucciones de trabajo, incluidas las relativas a las normas de seguridad e higiene, así como la imprudencia o negligencia en el trabajo, salvo que de ellas derivasen perjuicios graves a la empresa, causaren averías a las instalaciones, maquinarias y, en general, bienes de la empresa o comportasen riesgo de accidente para las personas, en cuyo caso serán consideradas como faltas muy graves. g) La falta de comunicación a la empresa de los desperfectos o anormalidades observados en los útiles, herramientas, vehículos y obras a su cargo, cuando de ello se hubiere derivado un perjuicio grave a la empresa. h) La realización sin el oportuno permiso de trabajos particulares durante la jornada así como el empleo de útiles, herramientas, maquinaria, vehículos y, en general, bienes de la empresa para los que no estuviera autorizado o para usos ajenos a los del trabajo encomendado, incluso fuera de la jornada laboral. i) El quebrantamiento o la violación de secretos de obligada reserva que no produzca grave perjuicio para la empresa. j) La embriaguez habitual en el trabajo. k) La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al proceso productivo o a la prestación del servicio y siempre que, previamente, hubiere mediado la oportuna advertencia de la empresa. l) La ejecución deficiente de los trabajos encomendados, siempre que de ello no se derivase perjuicio grave para las personas o las cosas. ll) La disminución del rendimiento normal en el trabajo de manera no repetida. m) Las ofensas de palabra proferidas o de obra cometidas contra las personas, dentro del centro de trabajo, cuando revistan acusada gravedad. n) La reincidencia en la comisión de cinco faltas leves, aunque sea de distinta naturaleza y siempre que hubiere mediado sanción distinta de la amonestación verbal, dentro de un trimestre. 3. Se considerarán como faltas muy graves: a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en diez ocasiones durante seis meses o en veinte durante un año debidamente advertida. b) La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en un período de un mes. c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de la empresa, de compañeros o de cualesquiera otras personas dentro de las dependencias de la empresa. d) La simulación de enfermedad o accidente o la prolongación de la baja por enfermedad o accidente con la finalidad de realizar cualquier trabajo por cuenta propia o ajena. e) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva que produzca grave perjuicio para la empresa. f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercute negativamente en el trabajo. g) La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa. h) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o pactado. i) El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñan funciones de mando. j) El acoso sexual. k) La reiterada no utilización de los elementos de protección en materia de seguridad e higiene, debidamente advertida. l) Las derivadas de los apartados 1.d) y 2.l) y m) del presente artículo. m) La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas graves, considerando como tal aquella situación en la que, con anterioridad al momento de la comisión del hecho, el trabajador hubiese sido sancionado dos o más veces por faltas graves, aun de distinta naturaleza, durante el período de un año. n) El incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral. o) La utilización para fines no autorizados tanto del correo electrónico como de los sistemas de intranet y comunicación interna de las empresas. Artículo 62. Régimen de sanciones. I. Corresponde a la Dirección de la empresa la facultad de imponer las sanciones en los términos contenidos en el presente Convenio. Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso atendiendo a la gravedad de las faltas cometidas serán las siguientes: Por faltas leves: Amonestación verbal. Amonestación por escrito. Suspensión de empleo y sueldo hasta tres días. Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de cuatro a quince días. Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días. Rescisión del contrato con pérdida de todos sus derechos en la empresa. Para la imposición de las sanciones se seguirán los trámites previstos en la legislación general. II. Sin perjuicio de lo estipulado anteriormente, los representantes de los trabajadores podrán emitir informe en los casos de faltas graves o muy graves y leves cuando la sanción lleve aparejada suspensión de empleo y sueldo. Artículo 63. Prescripción. Las faltas enunciadas en el artículo 62 de este Convenio colectivo prescribirán: Las leves a los diez días de su comisión. Las graves a los veinte días. Las muy graves a los sesenta días de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. CAPÍTULO XI Salud laboral y medio ambiente Artículo 64. Política general de prevención de riesgos laborales, servicio de prevención, delegados de prevención y comités de seguridad y salud. I. La política general de prevención de riesgos laborales y salud laboral se ejercerá a nivel de empresas, de conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, reformada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. En este sentido y de acuerdo con el artículo 16.1 y 16.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes. A su vez y de acuerdo con el artículo 14.2 apartado de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales. Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.1 del Real Decreto 39/1997, la integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten. Asimismo, la planificación de la actividad preventiva se establecerá en función de los resultados de la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo y contemplará, entre otros aspectos, la necesaria formación e información de los trabajadores sobre los riesgos asociados a sus puestos y las medidas preventivas para evitarlos, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. Las empresas contaran con los correspondientes Delegados de Prevención, designados por los representantes de los trabajadores reconocidos por la empresa, entre los miembros de Comités de Empresa, quienes formarán parte de los Comités de Seguridad y Salud que se constituyan, de acuerdo con lo previsto al efecto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El desempeño de sus competencias y facultades se ajustará a lo establecido en los correspondientes acuerdos. Asimismo, las empresas realizaran la coordinación de actividades empresariales, en relación con la prevención de riesgos laborales, de las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados por las empresas para la prestación de obras o servicios. En este sentido, en los Comités de Seguridad y Salud se realizará el seguimiento de la prevención de riesgos laborales de las empresas subcontratadas instrumentándose en ellos la necesaria información y participación de los Delegados de Prevención y representantes legales de los trabajadores conforme a las disposiciones legales a este respecto y a los procedimientos internos por los que se regule el funcionamiento de dichos Comités. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades, obligaciones y competencias que por sus actividades específicas correspondan al ámbito de la empresa. Artículo 65. Riesgos. Independientemente de lo previsto en el artículo anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente: I. Se considerarán como niveles máximos admisibles de sustancias químicas y agentes físicos, en el medio ambiente laboral, los valores límites umbrales que en cada momento, vengan determinados como tales por la legislación vigente. II. Siempre que en los centros de trabajo se realicen inspecciones por el Servicio de Prevención, sus resultados serán comunicados, por la Dirección de la empresa, a los representantes legales de los trabajadores, Delegados de Prevención, y en su caso Comité de Seguridad y Salud Laboral. Artículo 66. Actuación en defensa y protección del medio ambiente. Las partes firmantes del presente Convenio colectivo consideran necesario que las Empresas y sus trabajadores actúen de forma responsable y respetuosa con el medio ambiente, prestando atención a su defensa y protección de acuerdo con los intereses y preocupaciones de la sociedad. La dirección de la empresa facilitará a los representantes de los trabajadores la información de que disponga en materia de medio ambiente. Artículo 67. Subcontratación de obras y servicios. I. Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellos, y cuando los mismos se lleven a cabo en el centro de trabajo, junto con personal de plantilla, deberá informar a los representantes legales de sus trabajadores del centro sobre los siguientes extremos: a) Nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la empresa contratista o subcontratista. b) Objeto y duración de la contrata. c) Lugar de ejecución de la contrata. d) En su caso, número de trabajadores que serán ocupados por la contrata o subcontrata en el centro de trabajo de la empresa principal. e) Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Cuando la empresa principal, contratista o subcontratista compartan de forma continuada del centro de trabajo, la primera deberá disponer de un libro registro en el que se refleje la información anterior respecto de todas las empresas citadas. Dicho libro estará a disposición de los representantes legales de los trabajadores. II. Los representantes legales de los trabajadores de la empresa principal y de las empresas contratistas y subcontratistas, cuando compartan de forma continuada centro de trabajo, podrán reunirse a efectos de coordinación entre ellos y en relación con las condiciones de ejecución de la actividad laboral en los términos previsto en el artículo 81 del Estatuto de los Trabajadores. CAPÍTULO XII Condiciones sociales Artículo 68. Reconocimientos médicos. I. Los reconocimientos médicos que se efectúen deberán ser específicos, adecuándose a las distintas funciones profesionales existentes en cada centro de trabajo. II. Aquellos trabajadores, y grupos de trabajadores, que por sus características personales, por sus condiciones de mayor exposición a riesgos o por otras circunstancias tengan mayor vulnerabilidad al mismo, las condiciones de salud serán vigiladas de modo particular. III. Las empresas afectadas por el presente Convenio efectuarán a todos los trabajadores que lo deseen, un reconocimiento médico anual. IV. Se establecerá una revisión ginecológica voluntaria con carácter anual. Artículo 69. Incapacidad temporal. I. La empresa abonará al trabajador que se encuentre en incapacidad temporal por un período máximo de hasta dieciocho meses y mientras subsista la obligación de cotizar y previa comprobación por los Servicios Médicos de la empresa, el siguiente complemento: El 100 por 100 del SMG y CPC en caso de accidente de trabajo, enfermedad profesional y en los casos de enfermedad común. II. Si por norma de rango superior, durante la vigencia del Convenio, se modificara la cuantía de las prestaciones económicas que otorga la Administración Pública para esos casos, las empresas podrán disminuir en el mismo porcentaje sus prestaciones. Artículo 70. Prendas de trabajo. I. A los trabajadores que se les exija llevar un uniforme determinado, se les proveerá obligatoriamente de este por parte de las empresas en concepto de útiles de trabajo. II. La provisión de tales prendas se ha de hacer al comenzar la relación laboral entre las empresas y los trabajadores, o en el momento de exigencia por parte del empleador del uso del uniforme o prenda de trabajo. III. En cualquier caso la empresa deberá reponer tanto las prendas como los complementos necesarios para la prestación laboral y que fuesen especialmente requeridos, en caso de desgaste de los mismos. Artículo 71. Seguro de accidentes. I. Las empresas podrán formalizar un seguro colectivo de accidentes para los supuestos de fallecimiento y/o para los supuestos de incapacidad derivados de accidente laboral. II. Las empresas entregarán copia del seguro colectivo suscrito a cada trabajador. III. El trabajador podrá designar libremente al beneficiario de dicho seguro, si así no lo hiciere, se estará a lo establecido en el Derecho de Sucesiones vigente. Disposición adicional primera. V Acuerdo Nacional Sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC). I. Las partes firmantes del presente Convenio se adhieren al V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales y al Reglamento que lo desarrolla. II. Las partes firmantes del presente Convenio colectivo, acuerdan igualmente el sometimiento expreso de los conflictos que puedan surgir entre las partes, a los procedimientos de Mediación, Arbitraje y Conciliación que tengan un ámbito específico, igual o inferior al de la respectiva Comunidad Autónoma. Disposición adicional segunda. En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. Disposición adicional tercera. Comisión Mixta de Interpretación. I. Se constituirá una Comisión Mixta de interpretación y aplicación de lo pactado compuesta por cuatro miembros de cada una de las partes firmantes de este Convenio colectivo que entenderá, necesariamente, con carácter previo del tratamiento y solución de cuántas cuestiones de interpretación colectiva y conflictos de igual carácter puedan suscitarse en el ámbito de aplicación del presente Convenio. II. La Comisión Mixta intervendrá o resolverá cualquier consulta que afecte a la interpretación de las normas establecidas en este Convenio colectivo, e intervendrá de manera preceptiva y previa a las vías administrativa y judicial en la sustanciación de los conflictos colectivos que puedan plantear los trabajadores a las empresas, a cuyo efecto la Comisión Mixta de Interpretación levantará la correspondiente acta. III. Esta Comisión podrá utilizar los servicios ocasionales o permanentes de asesores en cuantas materias sean de su competencia. Estos asesores serán designados libremente por cada una de las partes. IV. Procedimiento de actuación: Cada parte formulará a las otras representaciones las consultas que se puedan plantear y que den lugar a la intervención de esta Comisión. V. De dichas cuestiones se dará traslado a la otra parte para que, ambas, en el plazo de un mes a partir de la fecha de la última comunicación, se pongan de acuerdo en el señalamiento de día y hora en que la Comisión habrá de reunirse para evacuar la correspondiente respuesta. VI. Los acuerdos que deberán ser unánimes, serán comunicados a los interesados mediante copia del acta de la reunión. VII. De no alcanzarse acuerdo en el seno de la comisión paritaria, cualquiera de las partes podrá someter las diferencias al procedimiento previsto en la disposición adicional primera del presente Convenio colectivo. VIII. Las empresas incluidas en el ámbito funcional de este Convenio colectivo sectorial, pondrán en conocimiento de esta Comisión Mixta, los nuevos acuerdos sobre Convenios colectivos de empresa, renovaciones o nuevas unidades de negociación, que acuerden durante la vigencia de este Convenio colectivo sectorial, sin perjuicio del derecho y libertad de negociación de las partes y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 84.2 del ET. A dicha comunicación adjuntarán el código y/o publicación del Convenio. Disposición transitoria primera. Salario Mínimo de Grupo y Complemento Personal de Convenio. I. A los efectos de alcanzar el Salario Mínimo de Grupo definido en el artículo 36 del presente Convenio, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos salariales que los trabajadores vinieren percibiendo con anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio: Salario Base. Plus de titularidad. Plus Convenio. Aquellos otros pluses personales que vinieren disfrutando los trabajadores de conformidad con el artículo 36.I y 37.I del presente Convenio colectivo, con independencia de que tengan o no tal denominación. II. Para la adecuación de la estructura salarial que se regula en el artículo 35, aquellas empresas que mantuvieran complementos salariales sustancialmente diferentes a los regulados en el artículo 37 de este Convenio y quisieran transformarlos en complementos de carácter personal para alcanzar el Salario Mínimo de Grupo (SMG), regulado en el artículo 36, deberán acordarlo entre la Dirección y los Representantes Legales en el seno de la empresa afectada, remitiendo el acuerdo que se alcance a la Comisión Mixta para su aprobación. De no alcanzarse acuerdo entre las partes, ambas se someterán a la mediación de la Comisión Mixta. III. A los efectos de configurar el Complemento Personal de Convenio las empresas, una vez alcanzado el SMG, procederán a englobar en dicho concepto aquellas cuantías restantes de las percepciones que de acuerdo con el artículo 36.I, en su caso, no hayan sido absorbidas para alcanzar el SMG. Disposición transitoria segunda. Convenios formativos de colaboración. Las organizaciones signatarias del presente Convenio apuestan activamente, por la formación e integración en el mundo laboral de los jóvenes futuros profesionales mediante la firma de Convenios de colaboración con universidades y escuelas profesionales que permita la realización de prácticas a los estudiantes con el propósito de conseguir una visión real de los problemas y sus interrelaciones. Estos programas de cooperación formativa se podrán establecer con las empresas para la formación de los alumnos que hayan superado el 50 por 100 de los créditos necesarios para obtener el título universitario cuyas enseñanzas estuviese cursando. El alumno inscrito en el programa que desarrolle sus actividades en las empresas estará sujeto al régimen y horario que en el mismo se determine, bajo la supervisión del tutor que, dentro de la empresa, velará por su formación. Para ello, las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio, se comprometen a informar a la representación de los trabajadores de los Convenios de colaboración que tengan suscritos o se firmen con las distintas facultades, escuelas técnicas o centros de formación, con el objetivo que los estudiantes de la misma realicen las pruebas teórico prácticas que se acuerden. La finalidad de estas prácticas será las que se determinen en los Convenios de colaboración anteriormente mencionados. Disposición transitoria tercera. Tabla de equivalencias. Tabla de equivalencias entre categorías profesionales y grupos profesionales Áreas de actividad grupos prof. Informativa/Redaccional Gestión Técnica/Producción 1 Redactor jefe. Jefe de Servicio/Departamento. Jefe de Servicio/Departamento. 2 Jefe de Sección. Jefe de Sección. Jefe de Sección. 3 Redactor A y B. Filólogo/Lingüista. Infógrafo. Diseñador Gráfico. Documentalista. Redactor Gráfico. Jefe de Negociado. Médico. Jefe de Equipo. Jefe de Sistemas. Analista. 4 Ayudante de Redacción. Coordinador de Publicidad. Técnico de Publicidad. ATS. Oficial Administrativo 1.ª Programador. Maquinista. Mecánico. Electricista. Técnico Electrónica. Técnico de Aplicación/Sistemas. Fotomecánico/Operador de Scanner. Técnico de Fotocomposición. Corrector. 5 Auxiliar de Redacción. Oficial de Administración 2.ª Promotor de Publicidad. Inspector de Ventas. Operador de Ordenador. Técnico Audiovisual. Técnico de Laboratorio. Técnico de preimpresión/Teclista. Montador. Encargado de Almacén. Oficial de Cierre. Operador Impresión. 6 Auxiliar Administrativo. Recepcionista/Telefonista. Portero/Vigilante. Ordenanza/Chófer/Conductor. Operador de Cierre. Ayudante de Impresión. Almacenero. 7 Mozo. Limpiador/a. Disposición transitoria cuarta. Durante la vigencia del presente Convenio colectivo, en las nuevas contrataciones que efectúen las empresas encuadradas en el artículo 1 del mismo deberá figurar, además del grupo profesional al que estuvieren destinados los nuevos contratados, la labor o labores para las que se les contrata, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23 respecto de la movilidad funcional, y demás normativa legal vigente. Disposición transitoria quinta. Las partes firmantes del presente Convenio colectivo, recomiendan a las empresas afectadas por el presente Acuerdo, realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo en el seno de las mismas la confección del Estatuto de Redacción, como forma de regular las relaciones profesionales del colectivo de redactores con la Dirección de las empresas editoras. Disposición transitoria sexta. Recomendaciones en materia de empleo e igualdad de oportunidades en el sector de prensa diaria. a) Empleo. Conscientes las partes firmantes del presente Convenio colectivo de la difícil situación económica que atraviesa el sector de prensa diaria, asumen el compromiso de promover, en el ámbito de las empresas incluidas en el presente Convenio, la negociación de medidas alternativas a la extinción de contratos, todo ello, con el objetivo de intentar en la medida de lo posible salvaguardar el empleo, mejorar la competitividad y la productividad en las empresas del sector. Asimismo, manifiestan que el esfuerzo de contención salarial que se produce en el presente Convenio, y la utilización de medidas de flexibilidad interna deben servir para contribuir a dicho objetivo. Para ello, se recomienda que en los procesos de reestructuración interna que puedan acometerse en el ámbito de las empresas de este Convenio, se dé preferente utilización a medidas de flexibilidad interna, tales como reducciones de jornada, suspensiones de contratos, movilidad funcional y/o geográfica, modificación de condiciones de trabajo y excedencias, así como promover la formación de los trabajadores para la realización de tareas distintas de las que fueron contratados a fin de mejorar su empleabilidad. b) Igualdad. Igualmente, se comprometen a promover el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como a eliminar cualquier disposición, medida o práctica laboral que suponga un trato discriminatorio, tanto directo como indirecto, por razones de sexo, estado civil, edad, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, así como por razón de lengua. Por ello, se fijan los siguientes objetivos sectoriales: a) Reforzar el papel de la Prensa Diaria como sector comprometido y avanzado en el desarrollo de políticas de igualdad. b) Fomentar una gestión óptima de los recursos humanos que evite discriminaciones y pueda ofrecer igualdad de oportunidades reales, apoyándose en un permanente recurso al diálogo social. c) Creación de una mesa de diálogo en el plazo máximo de seis meses para estudiar procedimientos al objeto de implantar planes de igualdad y protocolos contra el acoso en las empresas de ámbito aplicación del presente Convenio colectivo. Disposición transitoria séptima. Las partes firmantes del presente Convenio colectivo se comprometen a la creación en el plazo máximo de seis meses desde la firma del presente Convenio de una comisión para adecuar la actual estructura y clasificación profesional a las necesidades y realidades del sector de Prensa Diaria. Disposición transitoria octava. Con la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2017, se abonará una paga no consolidable por firma de Convenio de 100 euros lineales o la parte proporcional en su caso, referidos a la jornada del Convenio, a los trabajadores que se encuentren en alta en las empresas a la fecha de la firma del mismo.

Convenio de la prensa diaria.

Visto el texto del Convenio colectivo para el sector de prensa diaria (código de Convenio 99013745012001), que fue suscrito con fecha 30 de noviembre de 2017, de una parte, por la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), en representación de las empresas del sector, y de otra, por los sindicatos CC.OO.-FSC, UGT-FesMC y FeSP, en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo, resuelve: Primero. Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 16 de febrero de 2018.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. V CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DEL SECTOR DE PRENSA DIARIA CAPÍTULO PRELIMINAR Disposición preliminar primera. Determinación de las partes que suscriben el Convenio. Suscriben el presente Convenio, en representación de la parte empresarial, la Asociación de Medios de Información (AMI) (antigua AEDE) y, en representación de los trabajadores, la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CC.OO.), la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMC-UGT) y la Federación del Sindicato de Periodistas (FeSP). CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Ámbito funcional. I. El presente Convenio colectivo regula las relaciones de trabajo en aquellas empresas dedicadas a la edición de Prensa Diaria tanto en soporte papel como digital, que no estén afectadas por Convenio colectivo propio. II. Asimismo, también se incluye en el ámbito funcional de este Convenio colectivo, únicamente aquellos talleres existentes a la fecha de la firma del presente Convenio, que pertenecientes a las empresas afectadas por este Convenio realicen la impresión de sus propias publicaciones. III. No obstante lo anterior, en el supuesto de que existan capítulos que total o parcialmente no estuvieren regulados en los Convenios de ámbito inferior al que en este Convenio colectivo se define como propio del Sector de Prensa Diaria, las partes legitimadas para su firma podrán, previo acuerdo, regular dichos capítulos tomando como referencia lo expuesto en este Convenio colectivo. Artículo 2. Ámbito personal. I. Se regirán por el presente Convenio todos los trabajadores que presten servicios en aquellas empresas definidas en el artículo 1 del mismo. II. Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación del presente Convenio: a) Consejeros, Personal de Alta Dirección y Personal Directivo. b) Profesionales liberales vinculados por contratos civiles de prestación de servicios. c) Asesores. d) Los corresponsales y colaboradores con una relación civil con las empresas del artículo 1. e) Los colaboradores a la pieza, que no tengan una relación basada en los principios de jerarquía, ajeneidad y dependencia, ni estén sometidos a control de jornada tal y como se define en el presente Convenio colectivo, independientemente de que mantengan la relación continuada con las Empresas incluidas en el ámbito funcional del presente Convenio colectivo. f) Los agentes comerciales o publicitarios que trabajen para alguna de las Empresas incluidas en el ámbito funcional, con libertad de representar a otras empresas dedicadas a igual o diferente actividad. g) El personal perteneciente a empresas que tengan formalizado un contrato civil o mercantil de prestación de servicios con las empresas afectas por el presente Convenio Artículo 3. Ámbito territorial. El presente Convenio colectivo será de aplicación en todo el territorio del Estado español, así como a todos aquellos trabajadores con relación laboral que presten sus servicios fuera del territorio del Estado español. Artículo 4. Vigencia y concurrencia. I. El presente Convenio colectivo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», manteniendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, aplicando sus efectos de forma retroactiva a 1 de enero de 2017 exclusivamente en materia de salarios regulados en el artículo 36.IV del Convenio colectivo. II. El presente Convenio colectivo de conformidad con lo establecido en los artículos 83.2 y 84.4 del ET, articula la negociación colectiva en el Sector de Prensa Diaria a través de la estructura negociadora siguiente: a) Ámbito estatal: El presente Convenio colectivo estatal. b) Ámbito de empresa o centro de trabajo. Son materias de competencia exclusiva reservadas al ámbito estatal de negociación, las establecidas al amparo de lo dispuesto en el artículo 84.4 ET. III. Los atrasos que se han generado desde el 1 de enero de 2017 serán abonados en el mes siguiente a la publicación del Convenio en el BOE. Artículo 5. Denuncia y prórroga. I. El presente Convenio colectivo se considerará prorrogado por un año más, y así sucesivamente si por cualquiera de las partes no se denunciara fehacientemente el mismo con una antelación mínima de dos meses antes de la fecha de vencimiento o del vencimiento de cualquiera de sus prórrogas. II. Denunciado el Convenio colectivo por cualquiera de las partes, y constituida la Mesa de Negociación en el plazo de un mes, permanecerá en vigor tanto su contenido normativo, como obligacional, hasta que hayan transcurrido veintiún meses desde su denuncia, periodo a partir del cual perderá su vigencia y todos sus efectos, de no alcanzarse un nuevo acuerdo al respecto. Artículo 6. Vinculación a la totalidad. Las cond ### RESUMEN: Convenio de la prensa diaria.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el 15 de noviembre de 2018, acordó el inicio del proceso de elaboración de un Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria. Concluido el mismo, se elevó al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, monográfico sobre Atención Primaria, reunido el 10 de abril de 2019. Una vez informado el Consejo de Ministros, en reunión celebrada el día 17 de abril de 2019, esta Secretaría General ha resuelto disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado marco como anexo a la presente resolución. Madrid, 26 de abril de 2019.–El Secretario General de Sanidad y Consumo, Faustino Blanco González. ANEXO Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria Presentación En esta legislatura, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha considerado urgente impulsar la actualización de la Atención Primaria y Comunitaria de Salud del Sistema Nacional de Salud. Esta iniciativa responde al alto grado de consenso existente entre los responsables públicos de las Comunidades Autónomas, los profesionales sanitarios y los propios pacientes y usuarios de la Atención Primaria en torno a la necesidad de modernizar un servicio público que, a través de los 13.000 centros de salud y consultorios, llega a toda la ciudadanía. La necesidad de actualización de la Atención Primaria surge de la conciencia de que: – La Atención Primaria es clave porque es la base para la planificación de la sanidad pública y no se ha reformado de forma sistemática y ordenada desde su puesta en marcha hace más de 30 años. – Fue el servicio sanitario que más sufrió durante la crisis. – La Atención Primaria debe adaptarse a los cambios sociales (por ej. una sociedad envejecida y con más pacientes con enfermedades crónicas). – A las expectativas de profesionales más formados. – Porque gracias al avance de las tecnologías es susceptible de resolver una mayor parte de la demanda de salud, aprovechando las ventajas que ofrecen los sistemas de información y comunicación para mejorar sus capacidad de resolución y actuar en prevención. – Debido a las movilizaciones de pacientes y profesionales en todos los territorios. Con el fin responder a todas estas inquietudes, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado el 15 de noviembre de 2018, se inició un proceso de reflexión participativo para el diseño de un «Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria». Además, se acordó con las Comunidades Autónomas una metodología y calendario para realizar este trabajo, estableciéndose como fecha para presentar un documento inicial la primera quincena de abril 2019 en un Consejo Interterritorial monográfico sobre Atención Primaria al finalizar este proceso. Para abordar esta tarea, se crearon tres grupos de trabajo que han mantenido varias reuniones desde el 4 de febrero hasta el 4 de abril del 2010: 1) Grupo de trabajo de profesionales: A propuesta de las diferentes organizaciones profesionales implicadas en el desarrollo de la Atención Primaria; 2) Grupo de trabajo institucional: A propuesta de las CC.AA. e INGESA; 3) Grupo de trabajo de pacientes/ciudadanía: A propuesta de las plataformas de organizaciones de pacientes y ciudadanía. Sobre la base de un borrador inicial, cada uno de los tres grupos mencionados realizó aportaciones hasta configurar el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria que ahora se presenta. El documento consta de un marco teórico, de 100 propuestas de acción incorporadas en seis líneas estratégicas y 23 objetivos, dirigidos a mejorar la atención de salud y avanzar hacia el fortalecimiento y el liderazgo de la APS. Todas las acciones han sido priorizadas a corto plazo, aquellas que se iniciarán en 2019, medio plazo, las que se iniciarán en 2020 y largo plazo, las que se iniciarán en el 2021. El documento se completará con la definición de unos indicadores de seguimiento y monitorización, a lo largo del tiempo, sobre el grado de implantación de estas acciones. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha encargado el desarrollo de este trabajo a la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS (RedETS). Se contará con las Comunidades Autónomas en la valoración de la utilidad, factibilidad y validez de los indicadores, de tal forma que puedan ser calculados a partir de sistemas de información disponibles en el Sistema Nacional de Salud. En este proceso el documento fue también revisado por el Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales, el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud y por el Consejo de Consumidores y Usuarios. Tal y como estaba previsto, el 10 de abril de 2019 se convocó el CISNS monográfico sobre Atención Primaria al que se elevó el «Marco Estratégico para Atención Primaria y Comunitaria», atendiendo a la naturaleza de la relación interadministrativa entre los órganos de cooperación sectorial. Índice Marco estratégico. Estrategias, objetivos y acciones. Estrategia A: Reforzar el compromiso del Consejo Interterritorial del SNS con el liderazgo de la Atención Primaria de Salud. Estrategia B: Consolidar una política presupuestaria y de Recursos Humanos que garantice la efectividad y la calidad de la APS. Estrategia C: Mejorar la calidad de la atención y la coordinación con el resto de los ámbitos asistenciales, servicios e instituciones. Estrategia D: Reforzar la orientación comunitaria, la promoción de la salud y prevención en Atención Primaria de Salud. Estrategia E: Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Estrategia F: Impulsar la Formación y la Investigación en Atención Primaria de Salud. Autoría. Marco estratégico La evolución de la Atención Primaria de Salud (APS) en España ha sido objeto de múltiples análisis documentales, principalmente a lo largo de los últimos veinte años. Hasta el momento actual, no se han introducido en el sistema los cambios necesarios para abordar en profundidad los problemas del modelo presentes desde sus orígenes, ni aquellos otros evidenciados en su desarrollo hasta su implantación global o los relacionados con las restricciones adicionales de todo tipo derivadas de la crisis económica iniciada en el año 2008. El resultado global es que las políticas de austeridad mantenidas en los últimos años han llevado a la Atención Primaria a una crisis manifiesta que se traduce en variabilidad territorial, de recursos humanos y de cartera efectiva en el territorio nacional, que están afectando profundamente la calidad de los servicios que recibe la población. Podríamos resumir la perspectiva actual en la frase «los problemas están identificados y analizados, ahora hay que pasar a la acción». Pero no una acción menor cualquiera, hablamos de un conjunto de iniciativas y actuaciones políticas, financieras, de planificación y organización capaces de llevar a la realidad cotidiana de la ciudadanía y los profesionales los cambios que necesita el conjunto del sistema sanitario nacido a partir de la Ley General de Sanidad aprobada en 1986 y, dentro de él, la Atención Primaria y Comunitaria. El artículo 43 de la Constitución española establece el derecho a la protección de la salud, y los desarrollos normativos posteriores han fortalecido y consolidado estos principios en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El modelo de APS en España se basa en los pilares clave reflejados en la Declaración de Alma-Ata y refrendados en Astaná: Es integral, integrada, continua, accesible, multidisciplinaria, participativa y de alta calidad y representa una herramienta poderosa para la equidad en el país. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social tiene dentro de sus competencias el favorecer la calidad y la cohesión dentro de todo el SNS, así como garantizar una cartera común de servicios básicos dentro del mismo, incluida la APS, y proporcionar la formación especializada para profesionales de la salud. Una herramienta relevante para este objetivo es el desarrollo de estrategias de salud, en colaboración con las autoridades sanitarias regionales, las sociedades científicas y la ciudadanía. La estrategia de promoción de la salud y prevención en el SNS y la estrategia para el abordaje de la cronicidad en el SNS refuerzan el papel fundamental de la APS para la salud de la población. Se hace necesaria una actualización y ampliación de la cartera de servicios, para dar cobertura a las necesidades y problemas de la población, bajo un enfoque multidisciplinar, organizando los recursos disponibles y potenciando la coordinación entre niveles asistenciales, para incorporar en el marco de un plan o protocolo asistencial, procedimientos o técnicas. La arquitectura del Sistema Nacional de Salud diseñada en la Ley del 86 señala a la APS como el eje sobre el que pivota la red integrada de servicios de salud en el territorio y le confiere las características de máxima proximidad y accesibilidad para la ciudadanía. Para que la APS alcance el liderazgo que le corresponde, tiene que proporcionar servicios eficientes, de alta calidad y seguridad, en tiempo y condiciones adecuadas, en el lugar apropiado y por profesionales competentes, motivados adaptados a la demanda o problema de salud. También debe actuar, junto con agentes de la comunidad en el ámbito de la promoción de la salud, la prevención, la atención y la recuperación, incorporando la perspectiva salutogénica. Debe también incrementar la capacidad de resolución asistencial y avanzar en la atención estratificada, en función de la carga de enfermedad, las condiciones de vida, las desigualdades en salud y las necesidades sociosanitarias de las personas, para satisfacer, así, las necesidades de la población. La APS centra su acción en las personas, familias y comunidades y en ofertar la mayor parte de la atención cerca del domicilio del y la paciente, reservando a los hospitales para los procedimientos altamente especializados. Para ello, es preciso que el modelo de APS en el SNS se desarrolle y alcance el liderazgo que le corresponde, con la debida coordinación entre niveles asistenciales. Desde hace unos años se debate sobre la necesidad de una adecuación del modelo de la APS, para dar una cobertura adecuada a las necesidades y problemas de salud. Para ello resulta necesario dotar de mayor responsabilidad a las unidades de provisión de servicios, contribuyendo además a mejorar la eficiencia del sistema sanitario público global. Se trata de pasar a un paradigma en el que las personas, las familias y la comunidad sean las verdaderas protagonistas y en el que las y los profesionales de la salud y de otras áreas y agentes de la comunidad participen de manera coordinada y planificada en el abordaje de los problemas de salud, las necesidades, vivencias, valores y expectativas de las personas, de acuerdo con su contexto biopsicosocial, con una mirada que vaya más allá de la enfermedad y teniendo como eje transversal la promoción de la salud y la prevención. Un sistema sanitario volcado en la transparencia y en la rendición de cuentas de sus actuaciones ante la sociedad. La APS tiene una función primordial en la realización y coordinación de actividades, así como de recursos, destinados a la promoción, prevención y atención de las personas con enfermedades crónicas o con necesidades de cuidados paliativos, dado el carácter longitudinal de la asistencia que ofrece, su proximidad al entorno más inmediato de la ciudadanía y su configuración en equipos multidisciplinares. La continuidad asistencial es un aspecto esencial en el seguimiento de las y los pacientes, especialmente en las transiciones de pacientes en situación de cronicidad por el sistema sanitario y social. Sin embargo, el presupuesto destinado a la APS se mantiene estancado en valores inferiores al 15% en relación al gasto sanitario total, con un crecimiento anual siempre inferior al de los hospitales en los años de mayor bonanza económica. La desigualdad se agrava en los años centrales de la crisis iniciada en 2008 en los que el retroceso financiero se ha agrandado. En el caso de la APS, los buenos resultados se obtendrán si se apuesta globalmente por una financiación adecuada y equilibrada con sus funciones, y por una oferta de servicios personales, de elevada calidad intrínseca, autorregulados por normas profesionales, ajustados a las características de la población atendida y con participación de la ciudadanía (evolucionar hacia un modelo de colaboración en la gobernanza local en salud). Para mejorar la resolución, la organización sanitaria debe ser más flexible y las y los profesionales de APS deben tener más participación en las decisiones organizativas, para así maximizar los resultados. En estas condiciones se propone la descentralización, en un marco general previamente definido, de la toma de decisiones organizativas en el propio equipo de APS. En general, las y los profesionales que trabajan en APS deberían tener mayor implicación en la gestión de recursos y autonomía en la toma de decisiones, siempre que la mayor capacidad de decisión se corresponda con un compromiso en la eficiente asignación de recursos y una respuesta más adecuada a las necesidades. Se debe avanzar en flexibilidad en el horario y en las agendas profesionales de los centros de salud (CS) y en la autogestión de la actividad, incluyendo la evaluación de resultados. Actualmente se generan listas de espera para la atención, circunstancia que contradice los principios de accesibilidad y longitudinalidad propios de la APS, y además se ha dado un cierto abandono de la atención domiciliaria. Los equipos directivos de gestión directa en cada territorio se tienen que involucrar en el desarrollo de las recomendaciones para toda la organización, pero también deben trabajar en la formulación concreta de esas directrices. Para conseguir mayor implicación del equipo directivo se debería abordar un cambio en la elección de personas coordinadoras, con un proyecto ajustado a las necesidades de la zona básica de salud y más competencias sobre las y los profesionales del equipo. Se han de definir con precisión las competencias y capacidades de decisión de los equipos directivos consiguiendo que esta figura posea también un potente perfil de liderazgo y que priorice suficientemente la participación de las distintas personas que componen el centro en las tareas directivas. En cuanto a las reformas para aumentar la capacidad resolutiva de la APS, hemos de proponer mejoras en el desarrollo de los profesionales de APS. Se observa que desde la APS se deriva con más frecuencia a ciertas especialidades hospitalarias, procesos que podrían ser resueltos en el CS con la tecnología sanitaria adecuada, mayor acceso a pruebas diagnósticas en similares condiciones a quienes trabajan en Atención Hospitalaria y medidas organizativas, de tiempo y de formación necesaria, tanto en procesos clínicos como de gestión. En lo referente al tiempo medio de atención, es necesario desarrollar acciones encaminadas a gestionar la demanda y a la proactividad en la atención a pacientes con un moderado-elevado nivel de complejidad para prevenir complicaciones evitables con un seguimiento adecuado. Adicionalmente, debe producirse una modernización en la atención, aplicando sistemas e-health y fomentando las consultas no presenciales y el seguimiento telefónico. Además, cabe la mejora, en la reasignación de tareas que fomenten la capacidad de las profesiones sanitarias y no sanitarias del centro, estableciendo unos criterios claros y adecuados que delimiten aquellos procesos abordables por los distintos profesionales de APS en función del problema y buscando optimizar la atención con la mayor eficiencia, dando mayor peso en cada proceso a la disciplina que en cada problema de salud pueda resultar ser más resolutiva. La coordinación entre ámbitos es otro apartado de calidad, fundamental para una atención sanitaria adecuada debiéndose definir las interacciones de gobernanza y coordinación operativa con otros sectores sociales, los activos comunitarios de salud, las administraciones locales y el nivel hospitalario. En nuestra sociedad los problemas sanitarios, sobre todo los de naturaleza crónica y los que generan discapacidad, suelen ir acompañados de importantes necesidades del ámbito social. Sin embargo, las competencias y responsabilidades sanitarias y las de asistencia social dependen de distintas administraciones, observándose déficits importantes en la imprescindible coordinación de las estructuras responsables de ambos tipos de prestaciones. Desde el punto de vista de la calidad técnica algunos estudios apuntan claramente hacia una mejor práctica clínica en el modelo de APS y un mejor manejo de los problemas de salud de la ciudadanía, acompañándose todo ello de un uso más racional de los medicamentos. La farmacia comunitaria puede desarrollar su papel de agentes de salud, en coordinación con los y las médicos/as, enfermeros/as y farmacéuticos/as de los EAP, para favorecer un mejor uso de los medicamentos. Un cambio sustancial tendrá que basarse en el estudio con las y los profesionales de cómo trabajar en equipo, cómo diseñar algunas propuestas nuevas de organización y con qué herramientas de apoyo (sistemas de información) y cómo comprometerse con la administración en los servicios a prestar, las tecnologías y los indicadores de evaluación de la actividad en términos de impacto en resultados en salud. La aplicación de manuales de buenas prácticas, así como la aplicación de acciones y recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica, basadas en la evidencia, favorecen una atención sanitaria de calidad. Entre los problemas prioritarios del Sistema Nacional de Salud se encuentra la iatrogenia –daños a la salud atribuibles a la práctica médica y sanitaria– y sus causas latentes más influyentes, entre la cuales destaca la sobreutilización de los servicios asistenciales con el sobrediagnóstico y sobretratamiento consecuente. Una influencia que, además, tiene repercusiones significativas sobre las listas de espera. Además un porcentaje elevado de actuaciones sanitarias no están indicadas, no son necesarias o no disponen de suficiente evidencia científica. Lo que comporta un riesgo innecesario de potenciales efectos adversos y una sobrecarga asistencial superflua. Se hace necesario instaurar en todos los ámbitos del sistema sanitario estrategias de «No hacer» y complementarlas con acciones formativas y de información dirigidas esencialmente a profesionales asistenciales. En la macrogestión, para que la APS se desarrolle en toda su potencialidad debemos incrementar su peso relativo sobre el hospital, pero su reto para que eso ocurra tiene que ver con demostrar mayor capacidad resolutiva y disminuir la variabilidad actual. En la denominada mesogestión, algunos cambios parecen suscitar suficiente grado de acuerdo, por ejemplo: – Mejoras en la accesibilidad, sin diferencias marcadas entre mañana y tarde. – Cambios en el modelo retributivo, donde juegue un papel principal el abordaje de los determinantes sociales de la salud. Se puede tener en cuenta en la clasificación de los equipos no solo el grado de dispersión, sino también los determinantes sociales de la zona básica, los recursos del equipo y los resultados. – Participar activamente en la gestión clínica de los procesos; en la práctica clínica, la garantía de calidad, uso racional y seguro de fármacos o la incapacidad temporal. – La atención comunitaria, como elemento clave del trabajo del EAP para abordar las causas de las causas, «aguas arriba», con actividades de promoción de la salud y prevención con enfoque de determinantes, para reducir la brecha de desigualdades, incidiendo en la identificación y capacitación de los grupos vulnerables, y mejorando el gradiente de distribución de los indicadores de salud. La salud y el bienestar de las personas están influidos de manera muy importante por las condiciones sociales, culturales y ambientales en donde las personas viven y trabajan. Estos factores son los determinantes sociales de la salud y se distribuyen de manera desigual en la población, generando desigualdades sociales en salud a lo largo de la escala social. Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades en salud, esto es, las diferencias injustas y evitables observadas en y entre las poblaciones y los países en lo que respecta a la salud y al acceso a la atención. La Comisión Nacional para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España definió un marco conceptual (fig. 1) en el que se ve la relación que tienen estos determinantes con las desigualdades en salud, incluyendo determinantes estructurales, como el contexto socio político y los ejes de desigualdad, e intermedios, que incluyen los recursos materiales, factores psicosociales, factores conductuales y también a los Servicios de Salud 1. 1 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Propuesta_Politicas_Reducir_Desigualdades.pdf Fig. 1. Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud. Comisión para reducir las desigualdades sociales en España, 2010. Basado en Solar e Irwin y Navarro La APS tiene un papel fundamental desde el punto de vista de la equidad en salud. Debe colaborar en la disminución de las desigualdades de salud existentes donde se aprecia una determinada influencia relacionada con la variabilidad clínica, la atención diferencial a las poblaciones, pero, sobre todo, por factores sociales, económicos, de género, diversidad funcional, diversidad cultural y ambientales relacionados con la zona geográfica de residencia. Como señala la Ley 33/2011, general de salud pública, es preciso revisar y fortalecer la alianza entre salud pública, APS, otros servicios sociosanitarios y otros sectores de la comunidad (educación, servicios sociales básicos, transporte, urbanismo, deportes, medioambiente…), para desarrollar estrategias intersectoriales y promover y potenciar el buen funcionamiento de los Consejos de Salud de Área y de Zona y otros espacios de participación. Mejorar la capacidad de decisión a las personas, las familias y las comunidades, generando usuarios activos o «activados» y tratando de conseguir una alianza duradera con la población basada en la toma de decisiones compartida que le permita organizarse y desplegar todas sus capacidades para vivir más tiempo con un mayor grado de bienestar y mejor calidad de vida. Es necesario la reorientación, reorganización y flexibilización de los recursos y las actividades de promoción de la salud y prevención, contando con la posibilidad de la introducción de sistemas innovadores que fomenten los entornos y estilos de vida saludables y faciliten el seguimiento de pacientes con dolencias crónicas, y les permita alcanzar su máximo nivel funcional, así como cuidarlas en el momento final de su vida. En este sentido, hemos de proponer cambios culturales, organizativos y asistenciales, favoreciendo, la existencia de estructuras para la colaboración en gobernanza local que produzcan una mayor autonomía y buen gobierno a los CS y favorezcan las alianzas en el ámbito comunitario con las personas, pacientes y sus cuidadores, así como con los grupos de interés esenciales en el cuidado de las personas. En el ámbito profesional cabe destacar la importancia de disponer de sistemas de información clínico-asistenciales con toda la información necesaria para la atención comunitaria y que permitan la evaluación de los resultados de las intervenciones realizadas en la calidad de vida de las personas. Estas son el mejor instrumento de apoyo para la toma de decisiones y para la vinculación de mejoras de financiación, a la vez que se promueven relaciones con la comunidad de calidad, estables y evaluadas. La atención a los y las pacientes con enfermedades crónicas requiere también la incorporación de una perspectiva comunitaria más allá de las prestaciones sociales. Cabe destacar el avance en la informatización de las consultas, la interoperabilidad de la historia de salud electrónica y la receta electrónica interoperable, que son ya una realidad, que indudablemente mejorará la relación entre niveles asistenciales y profesionales sanitarios y que, junto con otras medidas de desburocratización, reducen trabajo de escaso o nulo valor añadido. El desarrollo de tecnologías de la información y comunicación en clínica y gestión del CS también permiten mejoras en los sistemas de información y evaluación, donde se incorporan, además, nuevas posibilidades en el trabajo clínico-asistencial y de cooperación entre diferentes dispositivos del sistema, lo cual debe aportar valor añadido en nuestro trabajo. Por otra parte, después de más de 30 años de desarrollo, resulta imprescindible incorporarse al espacio académico, a la Universidad, tanto en las etapas de pregrado como en el postgrado, con contenidos específicos de salud comunitaria y dando a la APS categoría de disciplina académica adscrita a la Universidad. La APS se incluirá en departamentos o unidades docentes existentes, en todas aquellas Universidades en las que se forme profesionales de APS, podría ejercer un importante factor de estímulo, señalando líneas de investigación prioritarias, promoviendo la formación en metodología científica, favoreciendo la obtención de fondos y, en general, animando el debate social y profesional en torno a la APS. La formación especializada de las y los profesionales de APS ha mejorado mucho con la creación de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria y de las Unidades docentes en 1978, con la normalización en 2002 por la Comisión Nacional de la Especialidad de Pediatría de las rotaciones por APS y con la aprobación de las especialidades de Enfermería de Familia y Comunitaria y Enfermería Pediátrica en 2005. Los centros de salud, tanto en la consulta como en la comunidad, son los espacios principales para la formación, pues es donde se puede conocer el medio profesional y donde se cuenta con el apoyo de quienes tutorizan. El contacto frecuente e intenso con los y las pacientes, sus problemas y sus contextos les permitirá adaptar su formación posgraduada a las necesidades de la población y detectar nuevas necesidades formativas. En la actualidad, existe gran experiencia de centros docentes acreditados con profesionales tutoras/es con motivación y experiencia en formación de residentes y estudiantes. La existencia de procedimientos de acreditación garantiza que los procesos formativos sean respaldados por profesionales con cualificación. Sin embargo, para el adecuado desarrollo de esta función docente, los CS docentes deben tener una organización específica y un funcionamiento adaptado a la función que desarrollan. La docencia ha de estar incorporada en la organización general del CS sin que pueda ser relegada o absorbida por las necesidades asistenciales. Es necesario incluir de alguna forma el reconocimiento de la figura del tutora/or. La formación continuada presenta numerosos retos, como son: superar las dificultades organizativas para su realización, el que una parte sustantiva de ella se realice fuera del espacio y horario laboral, garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la misma, así como tener en cuenta las necesidades y prioridades formativas propuestas por las y los profesionales, que su impacto real sobre la calidad del trabajo clínico sea bien reconocido, o que la misma esté organizada y/o financiada al margen de la industria farmacéutica (congresos, reuniones, sesiones, charlas, etc.), para evitar la asociación inevitable a sus promociones comerciales, etc. La formación continuada debe tener un doble papel: mantener el perfil competencial del y la profesional y modelar la cultura organizacional. Ambos componentes tienen una importancia trascendente en la capacidad resolutiva tanto de profesionales como de equipos. Para que además sea efectiva ha de estar orientada a producir cambios en las y los profesionales y ha de sustentarse en una metodología docente que asegure su implicación activa y la transferencia de los conocimientos, tecnologías adecuadas y habilidades adquiridas, a su práctica diaria. Debemos proponernos realizar planes de formación ligados a estrategias y programas de salud, adaptados a nuestras necesidades profesionales y de los equipos, y dentro de una estrategia de mejora de la calidad en los servicios. Si bien la investigación forma parte de las funciones de los equipos de APS, la realidad es que aún está poco desarrollada y asumida. En la actualidad, se puede afirmar que si bien se aprecia un incremento en la producción investigadora en APS ésta sigue siendo relativamente baja, con poco factor de impacto y con gran variabilidad territorial. Son escasas las estrategias de investigación definidas y las líneas de investigación estables. En las profesiones sanitarias las actividades investigadoras aportan mejoras en la formación, estimulan el espíritu crítico y, por lo general, aumentan la satisfacción y motivación profesional. Por otro lado, circunstancias como la emergencia de grupos de investigadores y la mejora del acceso a fuentes de financiación, sugieren que los obstáculos a la investigación en APS se tienen que ir solventando poco a poco. En este marco de posibilidades, nuestro modelo de CS persigue un espacio propio en investigación, que está dispuesto a compartir con otros, en la idea de crear sinergias ínter centros. Conclusiones: 1. La APS es un pilar indispensable en la garantía de la equidad en salud, dado su papel vertebrador del SNS y su enfoque biopsicosocial, salutogénico y comunitario. En el actual contexto sociodemográfico, epidemiológico y de evolución tecnológica, más de treinta años después de iniciada la reforma sanitaria en España, urge dar un nuevo impulso a la APS, para que renueve su liderazgo como eje del sistema sanitario y como agente de la ciudadanía ante el mismo. 2. El sistema necesita una correcta gestión de recursos humanos para conseguir sus objetivos y contar con los instrumentos adecuados para un correcto desarrollo profesional. 3. Hay que desarrollar e implementar nuevos contenidos y adaptar los ya existentes en la cartera de servicios de la APS. 4. El objetivo tiene que ser alcanzar, a través de estas estrategias, una APS de calidad, orientada a la ciudadanía, que tenga una alta capacidad de resolución y que potencie la continuidad asistencial, contando con profesionales motivadas/os y capacitadas/os, insertas/os en una organización descentralizada, participativa y eficiente. 5. La apuesta por la calidad debe ser integral, incluyendo no solo componentes científicos y técnicos, sino aquellos otros relacionados con la accesibilidad, con los recursos, con la organización y con la participación, de tal manera que la/el usuaria/o perciba que, en efecto, es el centro del Sistema. 6. Es necesaria una reorientación hacia la promoción de la salud y la salud comunitaria, para abordar los problemas de salud de la población y potenciar los activos para la salud desde un enfoque integral de determinantes sociales de la salud. 7. Para todo ello, se hace imprescindible avanzar en la mejora de los mecanismos de coordinación entre niveles de asistencia, entre APS, salud pública, entidades locales y con otros sectores, así como facilitar la participación de la ciudadanía. Finalmente decir, constituyamos ese famoso y «no nato» banco de ideas donde poner en común ideas o determinadas herramientas que se están desarrollando o que se podrían desarrollar en la práctica cotidiana: sencillas, de fácil aplicación y que mejorarían y motivarían el quehacer diario. Necesitamos potenciar la Innovación en APS y visibilizar la Inteligencia Sanitaria en APS. Estrategias, objetivos y acciones Estrategia A: Reforzar el compromiso del Consejo Interterritorial del SNS con el liderazgo de la Atención Primaria de Salud Objetivo A.1: Constituir una estructura operativa estable en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para la coordinación y seguimiento del marco estratégico para la APS. – Acción A.1.1: Coordinar las actividades relacionadas con el ámbito de la APS, que lleven a cabo los distintos centros directivos de la Secretaría General de Sanidad y Consumo y de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, y canalizar las propuestas que lleguen de los diferentes grupos de interés. Corto plazo 1. 1 En la definición de plazos asociados a las acciones, se entiende por: Corto plazo: Acciones que se iniciarán en el año 2019. Medio plazo: Acciones que se iniciarán en el año 2020. Largo plazo: Acciones que se iniciarán en el año 2021. – Acción A.1.2: Profundizar en el análisis de situación y la necesidad de redefinición del modelo de APS, en línea con las estrategias, objetivos y acciones acordadas en el marco estratégico para la APS. Corto plazo. – Acción A.1.3: Establecer, en colaboración con las Comunidades Autónomas, indicadores de seguimiento para monitorizar a lo largo del tiempo el grado de implantación de las acciones comprendidas en el marco estratégico para la APS. Corto plazo. – Acción A.1.4: Fomentar la participación de la ciudadanía en el diseño y en la implementación de las acciones contempladas en el marco estratégico para la APS. Corto plazo. – Acción A.1.5: Reconocer las estrategias de mejora de la APS que se están desarrollando en el Sistema Nacional de Salud y promover la identificación, intercambio y difusión de esas buenas prácticas. Corto plazo. – Acción A.1.6: Desarrollar los aspectos recogidos en la Ley General de Salud Pública en relación con la coordinación de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y lesiones en el SNS, partiendo de la elaboración de un documento de consenso sobre mecanismos de coordinación e impulsando las actuaciones intersectoriales de salud comunitaria, en el marco de la estrategia de promoción de la salud y prevención en el SNS. Corto plazo. – Acción A.1.7: Constituir una subcomisión científico-técnica, junto con todas las CC.AA., para que de forma periódica revisen propuestas encaminadas a disminuir tareas burocráticas y facilitar la accesibilidad de los pacientes (IT, visado de fármacos…). Corto plazo. Objetivo A.2: Diseñar un plan de comunicación para dar relevancia a la APS. – Acción A.2.1: Informar anualmente de los avances del proceso de renovación de la APS, al CISNS y órganos consultivos y de participación. Corto plazo. – Acción A.2.2: Diseñar una campaña publicitaria anual específica de APS, para acercar este ámbito de atención a la ciudadanía. Medio plazo. – Acción A.2.3: Impulsar, con la colaboración de municipios, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), organizaciones de pacientes y ciudadanía, la difusión de mensajes en redes sociales dirigidos a grupos específicos de población, para hacerles partícipes en el cuidado de su salud y orientarles sobre el uso adecuado de recursos de APS. Corto plazo. – Acción A.2.4: Crear enlaces externos en la web del MSCBS, para que las personas puedan acceder a información en línea y recursos de APS de las Comunidades Autónomas. Corto plazo. – Acción A.2.5: Difundir la publicación anual de los datos ajustados más relevantes, de actividad de APS, (preventiva y de promoción de la salud, asistencial, docente e investigadora…) y de las encuestas de satisfacción. Medio plazo. Objetivo A.3: Impulsar el fortalecimiento de la APS a través del desarrollo de las estrategias del Sistema Nacional de Salud. – Acción A.3.1: Acometer los cambios normativos necesarios para definir y reforzar el rol, las atribuciones y responsabilidades de la APS como agente principal del/la paciente ante el sistema sanitario. – Acción A.3.2: Evaluar y actualizar la estrategia de cronicidad del SNS. Corto plazo. – Acción A.3.3: Continuar con la implementación y desarrollo de la estrategia de promoción de la salud y prevención en el SNS. Corto plazo. – Acción A.3.4: Impulsar la Estrategia de Seguridad del paciente, el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) y las medidas frente a la iatrogenia. Corto plazo. – Acción A.3.5: Habilitar créditos en el presupuesto de gastos anual del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para financiar determinadas actuaciones de las Comunidades Autónomas en APS, enmarcadas en la implementación de la estrategia de cronicidad del SNS, la estrategia de promoción de la salud y prevención en el SNS, la estrategia de seguridad del paciente en el SNS y resto de las estrategias en salud del SNS. Medio plazo. – Acción A.3.6: Desarrollar los Programas de Atención Domiciliaria en el SNS, centrados en las necesidades sanitarias y sociales de la persona, garantizando que la APS funcione como eje principal tanto para la atención como para la activación y coordinación de recursos asociados. Medio plazo. Objetivo A.4: Actualizar la cartera de servicios de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud. – Acción A.4.1: Actualizar la cartera de servicios de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud, poniendo especial énfasis en la equidad y los determinantes sociales, las actividades de promoción de la salud y la atención a la cronicidad y dependencia. Corto plazo. – Acción A.4.2: Establecer criterios de calidad para cada servicio, medibles y evaluables, que aseguren una oferta asistencial común equitativa y homogénea, sin perjuicio de las adaptaciones que puedan requerirse en función de las necesidades de cada Área. Corto plazo. – Acción A.4.3: Continuar con la identificación de las intervenciones sanitarias innecesarias, entendiendo por innecesarias aquellas que no han demostrado eficacia, tienen efectividad escasa o dudosa, no son coste-efectivas o no son prioritarias (recomendaciones de «no hacer») y establecer medidas para su retirada de la práctica clínica, que afectan al conjunto del SNS. Corto plazo. – Acción A.4.4: Acometer los cambios normativos necesarios para definir un nuevo ámbito de Atención Primaria y Comunitaria de Salud, partiendo de la actual composición de los Equipos de Atención Primaria y las Unidades de Apoyo, vinculando la cartera de servicios de APS a competencias, definiendo perfiles profesionales, sanitarios y no sanitarios, funciones y servicios que deben desarrollar, así como ratios aceptables y circuitos de coordinación. Se potenciará asimismo el trabajo colaborativo con agentes de salud comunitarios, como puedan ser las y los farmacéuticas/os comunitarias/os y otras/os. Corto plazo. Entre los aspectos a contemplar en la revisión, se encontrarían los siguientes: • Potenciar la capacidad resolutiva de las enfermeras en la gestión de cuidados, en especial los dirigidos a pacientes con enfermedad crónica, mediante protocolos de actuación basados en evidencia, en la atención domiciliaria de pacientes con enfermedades crónicas complejas y en situación terminal, Actividades de salud comunitaria y de promoción de la salud y las Interrelaciones entre los servicios y profesionales sanitarios y sociales. • Incluir la valoración enfermera desde la primera visita del paciente para apertura de historia de salud. • Potenciar la figura de la/del psicóloga/o clínica/o en el ámbito del sistema sanitario y protocolizar los circuitos de derivación. • Incrementar la capacidad resolutiva de fisioterapia, asumiendo patología aguda de baja complejidad y crónica estable, mediante circuitos y protocolos de actuación basados en la evidencia. • Potenciar la participación de fisioterapia en actividades preventivas, de educación y promoción de la salud. • Fomentar el trabajo compartido de los/as trabajadores/as sociales del ámbito sanitario con el resto de profesionales, en el desarrollo de protocolos orientados a cronicidad, dependencia, vulnerabilidad o maltrato y/o atención a la soledad no deseada. Esto debería identificarse con el modelo organizativo de los servicios. • Protocolizar la valoración social de la persona mayor, con fragilidad o con deterioro funcional o con patología compleja crónica y/o personas en situación de dependencia y de toda persona en situación de vulnerabilidad, riesgo social o situación de maltrato, destacando la valoración social de mujeres víctimas de violencia de género, mujeres embarazadas, menores y personas mayores. • Potenciar las funciones de las matronas en la atención a la salud sexual y reproductiva, al embarazo de bajo riesgo en AP, la lactancia materna y su participación en actividades preventivas, de educación para la salud y comunitarias. • Reforzar y revisar el papel de los y las profesionales de las Unidades Administrativas en APS, mejorar la capacitación de quienes atienden los servicios de call center, siendo corresponsables de la atención a la/al usuaria/o en su ámbito de competencia. • Potenciar el papel de las y los farmacéuticas/os de AP en su labor de formación y apoyo a profesionales en el uso racional, eficiente y seguro de los medicamentos, así como en la revisión de los tratamientos de pacientes institucionalizadoas/os en la comunidad. – Acción A.4.5: Garantizar el cumplimiento de la Cartera Básica de todas las actuaciones en salud bucodental en CS y las Unidades de Salud Bucodental, con especial énfasis en las actividades dirigidas a población infantil, embarazadas y personas con diversidad funcional. Corto plazo. Estrategia B: Consolidar una política presupuestaria y de Recursos Humanos que garantice la efectividad y la calidad de la APS Objetivo B.1: Mejorar la financiación de la APS. – Acción B.1.1: Incrementar de manera progresiva los presupuestos asignados a APS en función de necesidades concretas de financiación, tanto en capítulo I como en infraestructuras y equipamiento, a través de un estudio por contabilidad analítica anual, en cada Comunidad Autónoma, con la colaboración del MSCBS, basado en los sistemas de información implantados sobre servicios y actividades propios de la APS y que permita tomar decisiones sobre la oportunidad de. Medio plazo. – Acción B.1.2: Equiparar las retribuciones complementarias, por conceptos homólogos, de todos y todas las profesionales de la misma categoría, en los ámbitos de APS y atención hospitalaria, en cada comunidad autónoma. Medio plazo. – Acción B.1.3: Establecer planes autonómicos con financiación específica para la renovación del equipamiento tecnológico propio de la cartera de servicios de APS, en línea con las políticas de humanización de la asistencia y contemplando el aumento de la capacidad resolutiva de la APS. Medio plazo. Objetivo B.2: Mejorar la estabilidad en el empleo y las condiciones laborales. – Acción B.2.1: Aprobación de oferta pública de empleo con convocatoria y resolución, al menos bienal, de los correspondientes procesos selectivos, y promover la derogación de la tasa de reposición, con el fin de alcanzar progresivamente y mantener una tasa de temporalidad en APS inferior al 8 %. Medio plazo. – Acción B.2.2: Convocar concursos de traslados específicos, con anterioridad a la resolución de los procesos selectivos, en los que se contemple mayor puntuación para el tiempo trabajado en APS y la formación específica. Medio plazo. – Acción B.2.3: Establecer criterios sobre el número de personas adscritas a un Equipo de Atención Primaria, teniendo en cuenta principalmente las características demográficas, epidemiológicas y socioeconómicas de la población. Medio plazo. – Acción B.2.4: Identificar Zonas Especiales de Salud y plazas de difícil cobertura que, por sus especiales características demográficas y geográficas, y por cuestiones derivadas de la estacionalidad, precisarán una estrategia diferenciada, acordada en el seno de la Comisión de RR.HH. del SNS, para la contratación de profesionales y para la prestación de servicios, en la que estén implicadas las diferentes administraciones con competencias en el territorio. Medio plazo. – Acción B.2.5: Dimensionar las plantillas de los Equipo de Atención Primaria, estableciendo la dotación de puestos de todas las especialidades y profesiones, sanitarias y no sanitarias, que permita responder a las necesidades de atención de la población adscrita. Largo plazo. – Acción B.2.6: Lograr que, en el año 2022, todos los cupos cumplan criterios ajustados a: el territorio, las características demográficas, epidemiológicas y socioeconómicas de la población, la oferta asistencial de la cartera de servicios asignada y la actividad propia del equipo (docencia, investigación, oferta de servicios propios de APS, actividades comunitarias). Se estandarizarán esos criterios de población para establecer un número máximo por cupo, asegurando que no se vean afectadas, en ningún caso, las retribuciones por la disminución del referido cupo máximo de población asignada. En ese horizonte temporal de 2022, se establecerá el cupo máximo en 1.500 personas asignadas de edad adulta y de 1.000 personas en edad pediátrica, con un margen máximo del 10 %, todo ello dejando a criterio del titular del cupo la posibilidad de superar el margen máximo a dicho límite, siendo revisable anualmente ese compromiso, y en todo caso, con respeto al marco de las relaciones laborales en cada territorio. Largo plazo. – Acción B.2.7: Garantizar que las unidades básicas de atención, tanto de medicina familiar y comunitaria como de pediatría, estén formadas por un médico/a y al menos un enfermero/a, estableciendo libertad de elección por cada profesional. Medio plazo. – Acción B.2.8: Establecer un plan de sustituciones para cubrir las ausencias de profesionales, consensuado entre las Gerencias de Área Sanitaria y los EAP, contemplando la posibilidad de articular modelos organizativos del equipo con ampliación horaria voluntaria y retribuida. Corto plazo. – Acción B.2.9: Las CC.AA., en el ámbito de sus competencias, facilitarán acuerdos que permitan la incorporación de las y los residentes a las bolsas de empleo a la finalización del periodo de formación sanitaria especializada, con el baremo correspondiente, para poder optar a las plazas vacantes que se generen de acuerdo a los criterios de la bolsa de contratación. Además se llevarán a cabo los cambios normativos que procedan para que, tras la oferta de plazas vacantes en APS, a través de las vías establecidas en cada CA, y si estas quedan sin cubrir, se oferte a los residentes que finalizan el periodo de formación sanitaria especializada, contratos de equipo o centro de salud de al menos dos años de duración, dejando abierta la posibilidad a que los propios equipos presenten propuestas organizativas. Medio plazo. Objetivo B.3: Desarrollo de la especialidad de enfermera familiar y comunitaria y de la especialidad de enfermera pediátrica en APS. – Acción B.3.1: Creación de las categorías estatutarias de Enfermero/a Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria y de Enfermero/a Especialista en Enfermería Pediátrica en el ámbito de la Atención Primaria de los Servicios de Salud. Medio plazo. – Acción B.3.2: Definir los puestos de trabajo en APS para las especialidades en Enfermería Familiar y Comunitaria y en Enfermería Pediátrica. Corto plazo. – Acción B.3.3: Creación de bolsas de trabajo específicas para la contratación de enfermeras especialistas, ponderando las distintas vías de acceso a la especialidad. Corto plazo. – Acción B.3.4: Resolver el procedimiento de reconocimiento de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria por la vía excepcional de acceso. Corto plazo. Objetivo B.4: Impulsar la autonomía de gestión en los EAP. – Acción B.4.1: Formalizar pactos o acuerdos de gestión clínica, con objetivos anuales y recursos económicos asignados, que doten a las y los profesionales del EAP de mayor capacidad de decisión sobre la gestión de la actividad, en todas las facetas, incluida la atención continuada, y de mayor corresponsabilidad sobre los resultados obtenidos. Corto plazo. – Acción B.4.2: Facilitar cuadros de mandos integrales, apoyados en tecnologías de la información, que permitan a los equipos monitorizar el cumplimiento de los objetivos y orientar a las y los profesionales hacia la consecución de una mayor efectividad, mejorando los resultados en salud, y una mayor eficiencia en la gestión de los recursos. Corto plazo. – Acción B.4.3: Las Gerencias de Área Sanitaria publicarán convocatorias para la cobertura del desarrollo de funciones de Dirección de EAP, en base a criterios de igualdad, méritos y capacidad. Corto plazo. – Acción B.4.4: El director/a de cada centro/EAP, que actuará de interlocutor/a con la Gerencia de Área Sanitaria, coordinará la creación de un Comité de Dirección, que garantice representación y considere todos los perfiles profesionales, sanitarios y no sanitarios, con roles definidos en este órgano y establezca mecanismos de rendición de cuentas y participación de la ciudadanía y asociaciones de pacientes. Corto plazo. – Acción B.4.5: Revisar los criterios de normalización de la agenda de calidad que debe contemplar la complejidad de la/del paciente, para la atención urgente, a demanda y programada, en el centro y en el domicilio, las actividades de educación para la salud, las intervenciones en la comunidad, las consultas e interconsultas no presenciales y las actividades de docencia e investigación. Medio plazo. – Acción B.4.6: Permitir la gestión de la agenda por cada equipo profesional adaptándola en función del desarrollo de actividades de gestión, tutoría o colaboración docente e investigación, garantizando en todo momento la accesibilidad de la población y evitando la demora en la atención. Medio plazo. – Acción B.4.7: Establecer procedimientos normalizados de gestión de la demanda, según el motivo de consulta, que permitan potenciar el principio de subsidiaridad a cada EAP de manera que se ofrezca a cada persona la atención adecuada en función del tipo de necesidad y que la misma sea prestada por el profesional idóneo. Medio plazo. Estrategia C: Mejorar la calidad de la atención y la coordinación con el resto de los ámbitos asistenciales, servicios e instituciones Objetivo C.1: Mejorar la capacidad resolutiva de todos los profesionales, potenciando el trabajo multidisciplinar y transdisciplinar, con la visión de la persona como centro de atención. – Acción C.1.1: Facilitar el acceso a pruebas diagnósticas en similares condiciones a las que tienen las y los profesionales de Atención Hospitalaria. Corto plazo. – Acción C.1.2: Promover acuerdos interprofesionales explícitos acerca de la distribución de roles en el seno de los equipos de APS, de manera que cada actividad sea realizada por el profesional que pueda resolver de forma más eficiente y pueda aportar más valor añadido. Corto plazo. – Acción C.1.3: Garantizar que las demandas de atención no urgentes se atiendan en menos de 48 horas. Corto plazo. – Acción C.1.4: Potenciar la coordinación efectiva con los dispositivos de atención social municipales y autonómicos. Medio plazo. Objetivo C.2: Desarrollar mecanismos para la coordinación entre ámbitos de atención. – Acción C.2.1: Establecer procesos asistenciales integrados y rutas asistenciales que requieren de los servicios de APS y atención hospitalaria y protocolos de continuidad asistencial entre ambos niveles, que deben potenciar la capacidad de control y seguimiento por Atención Primaria. Medio plazo. – Acción C.2.2: Protocolizar la coordinación entre los diferentes profesionales que atienden los domicilios (APS, servicios de urgencia extrahospitalaria, atención hospitalaria, cuidados paliativos…), potenciando el papel de las y los profesionales de APS como gestores del proceso asistencial en este ámbito. Corto plazo. – Acción C.2.3: Desarrollar protocolos multidisciplinares, coordinados por las y los farmacéuticas/os de Atención Primaria, para la coordinación clínica en la utilización de los medicamentos que garanticen la continuidad farmacoterapéutica en el ámbito sanitario y sociosanitario, incluyendo la conciliación de la medicación en las transiciones asistenciales. Corto plazo. – Acción C.2.4: Potenciar el papel de las y los farmacéuticas/os de AP en su labor de formación y apoyo a las y los profesionales en el uso racional, eficiente y seguro de los medicamentos, así como en la revisión de los tratamientos de las y los pacientes institucionalizadas/os en la comunidad. Corto plazo. – Acción C.2.5: Establecer protocolos de colaboración entre los EAP y las y los farmacéuticas/os comunitarias/os, con la coordinación de la/del farmacéutica/o de AP, para la conciliación de la medicación, la optimización de la farmacoterapia, el aumento de la seguridad y efectividad de los tratamientos, la mejora de la adherencia y la reducción de la utilización inadecuada de los medicamentos. Medio plazo. – Acción C.2.6: Establecer protocolos de colaboración entre los EAP y los centros educativos, en actividades de promoción de la salud y las derivadas de las necesidades específicas de cada centro. Medio plazo. – Acción C.2.7: Establecer criterios de planificación y coordinación para la atención continuada y urgente de proximidad, y procurar la dotación de recursos necesaria para que las urgencias de baja y moderada complejidad puedan ser resueltas en la APS, con criterios de equidad y accesibilidad territorial. Medio plazo. Estrategia D: Reforzar la orientación comunitaria, la promoción de la salud y prevención en Atención Primaria de Salud Objetivo D.1: Reforzar la coordinación entre APS, salud pública y otros sectores para la planificación de la salud comunitaria, la promoción de la salud y la prevención. – Acción D.1.1: Generar espacios y estrategias de coordinación sobre salud comunitaria, promoción de la salud y prevención entre APS, salud pública y otros sectores (educación, servicios sociales básicos, transporte, urbanismo, deportes, medioambiente…), en los diferentes niveles territoriales: Comunidad Autónoma, municipio y barrio. Corto plazo. – Acción D.1.2: Planificar y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención en los centros de salud y en la comunidad de manera coordinada favoreciendo la equidad, la evidencia y su adecuación a la realidad local, garantizando la participación multidisciplinar de los profesionales de APS. Medio plazo. Objetivo D.2: Fomentar el abordaje biopsicosocial desde la consulta de APS, a través de la entrevista clínica integral y la recomendación de activos para la salud y recursos comunitarios. – Acción D.2.1: Formar a profesionales sanitarios de APS en abordaje biopsicosocial desde la consulta, a través de la entrevista clínica integral, las técnicas de comunicación y la recomendación de activos para la salud y recursos comunitarios. Corto plazo. – Acción D.2.2: Desarrollar, con la participación de todos y todas las profesionales de APS, protocolos y herramientas de recomendación de activos para la salud y recursos comunitarios, incluyendo su seguimiento y evaluación. Medio plazo. Objetivo D.3: Fomentar la educación para la salud individual y grupal orientada a los determinantes de la salud. – Acción D.3.1: Formar a profesionales de APS en educación para la salud individual y grupal con enfoque de determinantes de la salud. Corto plazo. – Acción D.3.2: Promover la participación de profesionales de APS en los programas de educación para la salud, estableciendo incentivos específicos y compensación económica si se realizan actividades fuera de horario laboral. Medio plazo. Objetivo D.4: Impulsar la salud comunitaria desde AP, mediante la acción comunitaria en salud, la intersectorialidad y la participación, para abordar la salud de la población y sus determinantes sociales. – Acción D.4.1: Formar a profesionales de APS en salud comunitaria, intersectorialidad y participación, para abordar la salud de la población y sus determinantes. Corto plazo. – Acción D.4.2: Promover la participación de profesionales de APS en acciones comunitarias y proyectos de salud comunitaria, estableciendo incentivos específicos y compensación económica si se realizan actividades fuera de horario laboral. Medio plazo. – Acción D.4.3: Promover y formar parte activa de espacios de participación comunitaria en los centros de salud y en el área sanitaria con enfoque de equidad. Medio plazo. Objetivo D.5: Extender los programas de autocuidados de personas y cuidadores/as (PAPC) en todas las áreas sanitarias. – Acción D.5.1: Crear equipos referentes del PAPC, en colaboración con las organizaciones de pacientes, en todas las áreas sanitarias, que organicen la captación de participantes de cuidadores/as expertos/as y paciente experto/a para actividades de apoyo mutuo en la comunidad. Medio plazo. – Acción D.5.2: Priorizar la captación de las personas y cuidadoras/es más desfavorecidas/os o con mayores necesidades de apoyos para desarrollar intervenciones de autocuidado. Medio plazo. Estrategia E: Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) Objetivo E.1: Promover la mejora continua de la historia de salud digital. – Acción E.1.1: Garantizar el acceso seguro de todos y todas las profesionales sanitarias/os a la historia de salud digital del SNS. Corto plazo – Acción E.1.2: Garantizar la interoperabilidad de los sistemas y de los registros clínicos para facilitar el acceso seguro a la información por las y los profesionales de todos los ámbitos de atención. Medio plazo. – Acción E.1.3: Implementar un procedimiento estructurado y sistemático de comunicación entre profesionales en la transferencia de pacientes. Medio plazo. – Acción E.1.4: Desarrollar el registro en la historia de salud digital de los condicionantes sociales y de contexto familiar de los/las pacientes, para favorecer el abordaje biopsicosocial. Medio plazo. – Acción E.1.5: Impulsar el uso de tecnologías que permitan el registro de datos clínicos en el domicilio del paciente y su volcado a la historia de salud digital. Largo plazo. Objetivo E.2: Proporcionar herramientas de ayuda para la toma de decisiones y seguimiento de programas clínicos y de atención sociosanitaria – Acción E.2.1: Desarrollar sistemas de automatización que permitan integrar, en la historia de salud digital, las recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica del SNS, los protocolos de actuación y las Guías Farmacoterapéuticas de Área, así como los protocolos para el desarrollo de las competencias enfermeras de indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos. Medio plazo. – Acción E.2.2: Implementar sistemas informatizados de ayuda a la prescripción, certificados y validados. Medio plazo. – Acción E.2.3: Normalizar el informe farmacoterapéutico que permita compartir entre los profesionales la información registrada en la historia de salud digital, sobre la medicación que utiliza el paciente, prescrita tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, así como medicación y otros productos que pueda tomar por iniciativa propia. Medio plazo. – Acción E.2.4: Normalizar los informes de valoración enfermera al ingreso y de valoración enfermera al alta, como instrumentos fundamentales en la continuidad de cuidados. Medio plazo. – Acción E.2.5: Desarrollar sistemas de alerta, entre otros, para la detección de personas en las que esté incompleto el registro del calendario vacunal, existencia de alergias o infección por bacterias resistentes. Medio plazo. – Acción E.2.6: Establecer avisos de garantía en la historia de salud digital para apoyar los programas de cribado poblacional de cáncer y detectar población diana que no haya participado en los cribados neonatales poblacionales. Medio plazo. Objetivo E.3: Utilizar la consulta no presencial, de acuerdo con los recursos disponibles. – Acción E.3.1: Impulsar las consultas telemáticas de ágil resolución, con identificación segura de la/del usuaria/o, que permitan la integración de la solicitud de consulta y respuesta en la historia de salud digital. Medio plazo. – Acción E.3.2: Extender las modalidades de interconsulta no presencial con imagen asociada y acceso a pruebas complementarias adecuadas e indicadas. Medio plazo. Estrategia F: Impulsar la formación y la investigación en Atención Primaria de Salud Objetivo F.1: Aumentar la presencia de la APS en los estudios de Grado de titulaciones del área de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. – Acción F.1.1: Incorporar la APS como área de conocimiento en los planes de estudio de las titulaciones de los diferentes grados profesionales del ámbito de la APS (Medicina Familiar y Comunitaria como área de conocimiento en los planes de estudio propios del Grado de Medicina, al igual que Enfermería, Fisioterapia y otras) implementando las medidas normativas necesarias, que se acuerden por las autoridades sanitarias, educativas y conferencias de Decanos. Medio plazo. – Acción F.1.2: Incluir la APS en departamentos o unidades docentes existentes de los centros universitarios de Medicina, Enfermería, Odontología, Psicología, Fisioterapia y Farmacia. Largo plazo. – Acción F.1.3: Impulsar los cambios normativos necesarios, de manera coordinada entre el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en materia de acreditación de profesorado universitaria, de manera que los criterios se adapten a los estándares de práctica asistencial en el ámbito de la APS y faciliten la incorporación de sus profesionales en los cuerpos de profesorado universitario. Medio plazo. Objetivo F.2: Incluir y consolidar la formación en APS en formación sanitaria especializada. – Acción F.2.1: Incorporar rotaciones obligatorias en APS, de duración variable, en todos los programas oficiales de formación de las especialidades en ciencias de la salud. Medio plazo. – Acción F.2.2: Proponer a la Comisión Nacional de la especialidad de Pediatría y sus áreas específicas la inclusión en el programa oficial de formación, una rotación obligatoria en APS de 6 meses y la posibilidad de ampliarla hasta doce meses, de forma opcional. Corto plazo. – Acción F.2.3: Revisión de los programas formativos de las especialidades vinculadas a APS (Medicina de Familia y Comunitaria, Enfermería de Familia y Comunitaria, Pediatría, Enfermería de Pediatría, Matronas…) fortaleciendo especialmente la competencia comunitaria y la competencia en equidad. Medio plazo. – Acción F.2.4: Creación de la especialidad de Farmacia de Atención Primaria y Hospitalaria. Corto plazo. Objetivo F.3: Adecuar, a las necesidades de cada comunidad autónoma, la formación de las especialidades con desarrollo en el ámbito de APS (Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría, Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Pediátrica y Enfermería Obstétrico-Ginecológica, Farmacia de Atención Primaria y Hospitalaria, Psicología Clínica) – Acción F.3.1: Elaboración de un estudio de situación actual y necesidades de profesionales en APS, para la planificación a medio-largo plazo. Corto plazo. – Acción F.3.2: Aumentar de manera significativa el número de plazas acreditadas para formación de profesionales de APS y ofertar el 100 % de las plazas acreditadas en las convocatorias anuales de acceso a plazas de formación sanitaria especializada. Corto plazo. – Acción F.3.3: Actualizar y publicar los criterios de acreditación de Unidades docentes multiprofesionales de Atención Familiar y Comunitaria. Corto plazo. – Acción F.3.4: Incentivar la docencia impartida por las y los tutoras/es acreditadas/os en APS. Medio plazo. Objetivo F.4: Mejorar los conocimientos y promover el desarrollo de habilidades de los profesionales de APS en las estrategias claves del sistema sanitario – Acción F.4.1: Elaborar un plan de formación continuada anual precedido de un informe sobre detección de necesidades de las y los profesionales, basada en las líneas estratégicas de la organización, con enfoque multidisciplinar, destacando la formación en equidad y en salud digital. Medio plazo. – Acción F.4.2: Realizar acciones formativas específicas sobre las estrategias de «No hacer». Medio plazo. – Acción F.4.3: Promover la realización de las actividades formativas en horario laboral. Medio plazo. Objetivo F.5: Potenciar la investigación en APS. – Acción F.5.1: Conocer la situación actual de la investigación en APS: Elaboración del mapa de recursos de investigación en APS e identificación de necesidades. Medio plazo. – Acción F.5.2: Establecer incentivos económicos y de carrera profesional con criterio de discriminación positiva para todas/os las y los profesionales que participen en proyectos de investigación del área o proyectos independientes, orientados fundamentalmente al estudio de la efectividad de intervenciones en condiciones de práctica clínica habitual. Medio plazo. – Acción F.5.3: Los fondos de financiación, en el ámbito público, deberían priorizar la investigación en intervenciones de promoción de salud, prevención de enfermedad, cuidados de enfermería, educación para la salud, intervenciones comunitarias, etc. Medio plazo. – Acción F.5.4: Incluir en el plan de formación continuada, la adquisición de conocimientos en metodología de investigación. Medio plazo. – Acción F.5.5: Mejorar los módulos de análisis y explotación de los sistemas de información para facilitar el uso de datos en el desarrollo de la actividad investigadora. Medio plazo. Autoría Organizaciones profesionales Asociación Española de Pediatría de AP (AEPAP). Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi. Sociedad Española de Médicos de AP (SEMERGEN). Armando Santo González. Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Cristina Sánchez Quilés. Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM). Sara Figueroa Jiménez. Organización Médica Colegial (OMC). Vicente Matas Aguilera. Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Francisco José Sáez Martínez. Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de AP (SEPEAP). Cristóbal Coronel Rodríguez. Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFyC). José María Molero García. Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos. Juan Carlos Llodra Calvo. Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España. Raúl Ferrer Peña. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Raquel Martínez García. Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Antonio Cano Vindel. Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España. Rosa Ángeles Arnal Selfa. Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y AP (FAECAP). Francisco Javier Carrasco Rodríguez. Sociedad Española de Farmacéuticos de AP (SEFAP). Encarnación Cruz Martos. Sociedad Científica Española de Trabajo Social Sanitario (SCETSS). María Neri Iglesias Fernández. Sindicato de Enfermería (SATSE). Ana de Llano Sánchez. Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC). José Ramón Martínez Riera. Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME). María Jesús Domínguez Simón. Asociación Española de Fisioterapia en AP y Salud Comunitaria (AEF-APySC). María Montserrat Inglés Novell. Asociación Española de Enfermería Pediátrica. Isabel Maria Morales Gil. Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC). Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Federación de Asociaciones para la Defensa de la sanidad pública (FADSP). Comunidades Autónomas e INGESA País Vasco. Miren Nekane Murga Eizagaechevarría. Cataluña. Marc Ramentol Sintas. Galicia. Jorge Aboal Viñas. Andalucía. Pilar Bartolomé Fernández. Asturias. Óscar Veiras del Río. Cantabria. Virginia Ruiz Camino. La Rioja. José Miguel Acítores Augusto. Murcia. Asensio López Santiago. Valencia. María Amparo García Layunta. Aragón. María Isabel Cano del Pozo. Castilla-La Mancha. José Antonio Ballesteros Cavero. Canarias. Elizabeth Hernández González. Navarra. Santos Induráin Orduna. Extremadura. Manuela Rubio González. Baleares. Juli Fuster Culebras. Madrid. Marta Sánchez-Celaya del Pozo. Castilla y León. Siro Lleras Muñoz. INGESA. Sara Pupato Ferrari. Organizaciones de Pacientes/Ciudadanía Foro Español de Pacientes. Andoni Lorenzo Garméndia y José Luis Baquero Úbeda. Plataforma de Pacientes. Carina Escobar Manero y María Gálvez Sierra. Alianza General de Pacientes. Juan Manuel Ortiz Carranza y Antonio Bernal Jiménez. Confederación Estatal Asociaciones de Vecinales. Juan Antonio Caballero Defez. Consejos/Comités Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales. Pedro Sabando Suárez. Consejo de Consumidores y Usuarios. Carlos Ballugera Gómez. Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud: UGT, CC.OO., Federación Española de Municipios y Provincias, CEOE, CEPYME y CC.AA. (Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana). Equipo Técnico Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social María Ángeles López Orive. María Terol Claramonte. Jara Cubillo Llanes. Saturnino Mezcua Navarro. María de los Santos Ichaso Hernández-Rubio. María Dolores Fraga Fuentes. Antonio Pareja Bezares. Agradecimientos A Amando Martín Zurro y Andreu Segura Benedicto, por sus aportaciones.

Marco Estratégico para atención primaria. Algunas medidas: que las citas no urgentes te las den no más tarde de 48h; sistemas de alertas para vacunaciones incompletas, por ejemplo; consulta telemática en algunos casos.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el 15 de noviembre de 2018, acordó el inicio del proceso de elaboración de un Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria. Concluido el mismo, se elevó al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, monográfico sobre Atención Primaria, reunido el 10 de abril de 2019. Una vez informado el Consejo de Ministros, en reunión celebrada el día 17 de abril de 2019, esta Secretaría General ha resuelto disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado marco como anexo a la presente resolución. Madrid, 26 de abril de 2019.–El Secretario General de Sanidad y Consumo, Faustino Blanco González. ANEXO Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria Presentación En esta legislatura, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha considerado urgente impulsar la actualización de la Atención Primaria y Comunitaria de Salud del Sistema Nacional de Salud. Esta iniciativa responde al alto grado de consenso existente entre los responsables públicos de las Comunidades Autónomas, los profesionales sanitarios y los propios pacientes y usuarios de la Atención Primaria en torno a la necesidad de modernizar un servicio público que, a través de los 13.000 centros de salud y consultorios, llega a toda la ciudadanía. La necesidad de actualización de la Atención Primaria surge de la conciencia de que: – La Atención Primaria es clave porque es la base para la planificación de la sanidad pública y no se ha reformado de forma sistemática y ordenada desde su puesta en marcha hace más de 30 años. – Fue el servicio sanitario que más sufrió durante la crisis. – La Atención Primaria debe adaptarse a los cambios sociales (por ej. una sociedad envejecida y con más pacientes con enfermedades crónicas). – A las expectativas de profesionales más formados. – Porque gracias al avance de las tecnologías es susceptible de resolver una mayor parte de la demanda de salud, aprovechando las ventajas que ofrecen los sistemas de información y comunicación para mejorar sus capacidad de resolución y actuar en prevención. – Debido a las movilizaciones de pacientes y profesionales en todos los territorios. Con el fin responder a todas estas inquietudes, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado el 15 de noviembre de 2018, se inició un proceso de reflexión participativo para el diseño de un «Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria». Además, se acordó con las Comunidades Autónomas una metodología y calendario para realizar este trabajo, estableciéndose como fecha para presentar un documento inicial la primera quincena de abril 2019 en un Consejo Interterritorial monográfico sobre Atención Primaria al finalizar este proceso. Para abordar esta tarea, se crearon tres grupos de trabajo que han mantenido varias reuniones desde el 4 de febrero hasta el 4 de abril del 2010: 1) Grupo de trabajo de profesionales: A propuesta de las diferentes organizaciones profesionales implicadas en el desarrollo de la Atención Primaria; 2) Grupo de trabajo institucional: A propuesta de las CC.AA. e INGESA; 3) Grupo de trabajo de pacientes/ciudadanía: A propuesta de las plataformas de organizaciones de pacientes y ciudadanía. Sobre la base de un borrador inicial, cada uno de los tres grupos mencionados realizó aportaciones hasta configurar el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria que ahora se presenta. El documento consta de un marco teórico, de 100 propuestas de acción incorporadas en seis líneas estratégicas y 23 objetivos, dirigidos a mejorar la atención de salud y avanzar hacia el fortalecimiento y el liderazgo de la APS. Todas las acciones han sido priorizadas a corto plazo, aquellas que se iniciarán en 2019, medio plazo, las que se iniciarán en 2020 y largo plazo, las que se iniciarán en el 2021. El documento se completará con la definición de unos indicadores de seguimiento y monitorización, a lo largo del tiempo, sobre el grado de implantación de estas acciones. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha encargado el desarrollo de este trabajo a la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS (RedETS). Se contará con las Comunidades Autónomas en la valoración de la utilidad, factibilidad y validez de los indicadores, de tal forma que puedan ser calculados a partir de sistemas de información disponibles en el Sistema Nacional de Salud. En este proceso el documento fue también revisado por el Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales, el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud y por el Consejo de Consumidores y Usuarios. Tal y como estaba previsto, el 10 de abril de 2019 se convocó el CISNS monográfico sobre Atención Primaria al que se elevó el «Marco Estratégico para Atención Primaria y Comunitaria», atendiendo a la naturaleza de la relación interadministrativa entre los órganos de cooperación sectorial. Índice Marco estratégico. Estrategias, objetivos y acciones. Estrategia A: Reforzar el compromiso del Consejo Interterritorial del SNS con el liderazgo de la Atención Primaria de Salud. Estrategia B: Consolidar una política presupuestaria y de Recursos Humanos que garantice la efectividad y la calidad de la APS. Estrategia C: Mejorar la calidad de la atención y la coordinación con el resto de los ámbitos asistenciales, servicios e instituciones. Estrategia D: Reforzar la orientación comunitaria, la promoción de la salud y prevención en Atención Primaria de Salud. Estrategia E: Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Estrategia F: Impulsar la Formación y la Investigación en Atención Primaria de Salud. ### RESUMEN: Marco Estratégico para atención primaria. Algunas medidas: que las citas no urgentes te las den no más tarde de 48h; sistemas de alertas para vacunaciones incompletas, por ejemplo; consulta telemática en algunos casos.

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica: PREÁMBULO I El Consejo de Ministros acordó el 26 de octubre de 2012 la creación de una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que debía elaborar un informe con propuestas de medidas que dotaran a la Administración del tamaño, eficiencia y flexibilidad que demandan los ciudadanos y la economía del país. Con fecha 21 de junio de 2013, el Consejo de Ministros recibió de la Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia, y del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas el citado informe y, por Real Decreto 479/2013, de esa misma fecha, se creó la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, como órgano encargado de la ejecución coordinada, seguimiento e impulso de las medidas incluidas en el mismo, pudiendo proponer nuevas medidas. Desde la publicación del Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, e incluso con anterioridad, se han ido dictando diversas normas y acuerdos, para la ejecución formal de las propuestas contenidas en el mismo. El presente texto recoge nuevas medidas normativas que son necesarias para la ejecución de algunas de las propuestas del Informe. La nueva regulación dada al segundo párrafo del artículo 494 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, supondrá una agilización de los trámites de jubilación del personal al servicio de la Administración de Justicia de los Cuerpos Generales y Especiales además de una organización más eficiente de su gestión. Efectivamente, siendo las Comunidades Autónomas con competencias transferidas las que gestionan todas las materias relativas a su estatuto jurídico, parece oportuno que sean sus órganos competentes los que acuerden la jubilación, tal y como, además, sucede con el resto del personal perteneciente a la Administración General del Estado en situación de servicio en Comunidades Autónomas. Por otro lado, en la actualidad la constitución de Tribunales delegados en cada Comunidad Autónoma que oferte sus plazas de modo territorializado es obligada, y se traduce en que una buena parte de los mismos no tienen atribuidas ninguna función propia de carácter selectivo. Las funciones que realizan son de carácter meramente auxiliar y administrativo y pueden realizarse de modo más efectivo y económico por los órganos administrativos ordinarios de la Comunidad. Con la nueva regulación dada al párrafo primero del artículo 487 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se trata de posibilitar que la constitución de Tribunales delegados en las Comunidades Autónomas y en las pruebas de acceso a los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia pueda responder a criterios de oportunidad y racionalidad y únicamente se constituyan cuando el tipo de pruebas, el contenido de las funciones que han de realizar, así como el número de plazas u otras circunstancias de carácter objetivo, lo aconsejen. II Por otra parte, mediante esta Ley Orgánica se introducen algunas modificaciones necesarias en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En primer lugar, se recupera el derogado artículo 118. La Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, derogó el título II del libro II de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la regulación allí contenida pasó a desarrollarse en un nuevo libro VIII denominado «Del Consejo General del Poder Judicial». Esta modificación también afectó a dicho artículo 118, que se derogó sin trasladarse su contenido a la nueva redacción, lo que ha generado un desajuste al tratarse de un precepto necesario, que regulaba –pese a su ubicación en la Ley– la cobertura de destinos cuyos titulares se encuentran en situación de servicios especiales. Resulta conveniente, por tanto, recuperar esta previsión legislativa con un nuevo artículo, con los ajustes y actualizaciones precisas. Tratándose de una ordenación prevista en principio para los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero aplicable en realidad a todos los jueces y magistrados en situación de servicios especiales, el nuevo precepto encuentra mejor acomodo dentro del capítulo VII del libro IV. Y se introducen ciertas mejoras técnicas en relación con el precepto derogado, para adaptar la regulación a lo que viene siendo la práctica en la cobertura de vacantes por situación de servicios especiales. En segundo lugar, se mejora el régimen de permisos por asuntos propios de la carrera judicial, para la equiparación a la situación de la función pública. La Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, modificó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para adecuar parte de su regulación y ajustarla al grueso de las medidas aplicables a las Administraciones Públicas y a los empleados públicos a su servicio, como consecuencia de las medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad implantadas mediante el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Entre las modificaciones llevadas a cabo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se redujo a tres el número de días de permiso por asuntos propios para jueces y magistrados, con el fin de equiparar este régimen al del resto de la función pública. Posteriormente, la mejora de la situación económica ha permitido recompensar el esfuerzo realizado entonces por el conjunto de los funcionarios públicos con la concesión de días adicionales de permiso. Y esta concesión debe extenderse también a la carrera judicial, lo que exige en este caso una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En consecuencia, se modifica el apartado 4 del artículo 373 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para elevar a cinco el número anual de días de permiso de los jueces y magistrados, y equiparar así el régimen de permisos en la carrera judicial al del resto de la función pública. III En cuanto a un aspecto muy puntual del estatuto de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, se introduce un nuevo artículo 584 bis que, reproduciendo el contenido del hasta ahora artículo 628, permite que esta regulación tenga una ubicación sistemáticamente más correcta, tanto por su contenido, como por el carácter orgánico que le debe corresponder. Este nuevo precepto reproduce el contenido del artículo 628 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, si bien eliminando su apartado tercero, pues éste contenía una limitación que estaba generando disfunciones en la práctica, ya que tal limitación sólo se aplicaba a los Vocales sin dedicación exclusiva con funciones en el ámbito público, sin que exista ninguna diferencia, en cuanto a los cometidos a desempeñar, entre los Vocales que no integran la Comisión Permanente en función de la procedencia profesional de los mismos. IV El 19 de junio del presente año ha tenido lugar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. La figura del Rey está constitucionalmente revestida de la inviolabilidad e inmunidad que tanto los antecedentes históricos como el derecho comparado atribuyen al Jefe del Estado, al establecer el apartado 3 del artículo 56 de la Constitución que «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2». Conforme a los términos del texto constitucional, todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad. Por el contrario, los que realizare después de haber abdicado quedarán sometidos, en su caso, al control jurisdiccional, por lo que, al no estar contemplado en la normativa vigente el régimen que debe aplicársele en relación con las actuaciones procesales que le pudieran afectar por hechos posteriores a su abdicación, se precisa establecer su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este sentido, el nuevo artículo que se introduce atribuye el conocimiento de las causas civiles y penales que contra él se pudieran dirigir por los referidos hechos al Tribunal Supremo, atendiendo a la dignidad de la figura de quien ha sido el Rey de España, así como al tratamiento dispensado a los titulares de otras magistraturas y poderes del Estado. Y similares razones concurren en la necesidad de dotar de idéntico aforamiento ante el Tribunal Supremo a la Reina consorte o al consorte de la Reina, a la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como al consorte del Rey o de la Reina que hubiere abdicado. V Finalmente, mediante esta Ley Orgánica se introduce una modificación en la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, al objeto de aclarar un aspecto que venía generando dudas interpretativas. Así, se precisa en el último párrafo de dicha disposición transitoria tercera que, para el cálculo de las cuantías de las retribuciones por sustitución, no se computarán las cuantías que corresponden por circunstancias especiales. El artículo 5 de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal, cuantifica el complemento de destino correspondiente a cada plaza en atención a tres criterios: el grupo de población en el que se integra, las condiciones objetivas de representación vinculadas al cargo y otras circunstancias especiales asociadas al destino. Lo que se pretende con esta modificación es aclarar que ha de quedar excluido el pago de estas últimas (circunstancias especiales asociadas al destino), dado que lo contrario supondría retribuir doblemente ese mismo concepto, el cual se percibe inevitablemente al estar vinculado a la plaza en la que se está destinado. Con esta regulación se despeja cualquier duda interpretativa y se adecua plenamente el contenido de la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 8/2012 con el del Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo, en su redacción dada recientemente por el Real Decreto 700/2013, de 20 de septiembre. Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Se incorporan un nuevo artículo 55 bis, un nuevo artículo 355 bis y un nuevo artículo 584 bis, se modifican los artículos 373, 487 y 494 y se suprime el capítulo IV del título V del libro VIII de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, quedando redactados como sigue: Uno. Se incluye un nuevo artículo 55 bis con la siguiente redacción: «Artículo 55 bis. Además de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas Salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte.» Dos. Se añade un nuevo artículo 355 bis, con la siguiente redacción: «1. Los destinos cuyos titulares se encuentren en situación de servicios especiales se podrán cubrir por los mecanismos ordinarios de sustitución, mediante comisiones de servicio con o sin relevación de funciones o a través de los mecanismos ordinarios de provisión, incluso con las promociones pertinentes, para el tiempo que permanezcan los titulares en la referida situación. 2. Si la vacante se cubre mediante los mecanismos ordinarios de provisión, quienes ocupen los referidos destinos quedarán, cuando se reintegre a la plaza su titular, adscritos al Tribunal colegiado en que se hubiera producido la reserva o, si se tratase de un Juzgado, a disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente y sin merma de las retribuciones que vinieren percibiendo. Mientras permanezcan en esta situación prestarán sus servicios en los puestos que determinen las respectivas Salas de Gobierno, devengando las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio cuando éstos se prestaren en lugar distinto del de su residencia, que permanecerá en el de la plaza reservada que hubiere ocupado. Mientras desempeñan la plaza reservada, una vez transcurrido un año desde que accedieran a la misma, o en cualquier momento cuando se encuentren en situación de adscripción, podrán acceder en propiedad a cualesquiera destinos por los mecanismos ordinarios de provisión y promoción. Ocuparán definitivamente la plaza reservada que sirvieren cuando vaque por cualquier causa. Cuando queden en situación de adscritos, serán destinados a la primera vacante que se produzca en el Tribunal colegiado de que se trate o en los Juzgados del mismo orden jurisdiccional del lugar de la plaza reservada, a no ser que se trate de las plazas de Presidente o legalmente reservadas a Magistrados procedentes de pruebas selectivas, si no reunieren esta condición. 3. Quienes hallándose en una situación administrativa distinta del servicio activo obtuvieran mediante concurso una plaza ofertada al amparo de lo dispuesto en este artículo, necesariamente deberán reincorporarse al servicio activo para proceder al desempeño efectivo de funciones judiciales en dicha plaza.» Tres. Se modifica el apartado 4 del artículo 373, que queda redactado como sigue: «4. También podrán disfrutar de hasta cinco días de permiso en el año natural, separada o acumuladamente. Los superiores respectivos solo podrán denegarlos por necesidad del servicio.» Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 487, que queda redactado como sigue: «1. El desarrollo y calificación de las pruebas selectivas corresponde a los tribunales calificadores que, a tal efecto, se constituyan. Estos tribunales gozarán de autonomía funcional y responderán de la objetividad del procedimiento y del cumplimiento de las normas contenidas en la convocatoria.» Cinco. Se modifica el artículo 494, que queda redactado como sigue: «1. El Ministro de Justicia será competente para el nombramiento de los funcionarios de carrera. Asimismo, será competente para acordar la pérdida de la condición de funcionario, y en su caso la rehabilitación, en los supuestos contemplados en esta Ley Orgánica en la forma y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito o falta cometida. 2. La jubilación voluntaria, forzosa, o por incapacidad permanente, así como la posible prórroga de permanencia en el servicio activo será acordada por el órgano competente del Ministerio de Justicia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma con competencias asumidas. Ello sin perjuicio de que la rehabilitación procedente de jubilación por incapacidad permanente para el personal al servicio de la Administración de Justicia será acordada, en todo caso, por el Ministerio de Justicia, en la forma y de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente.» Seis. Se introduce un nuevo artículo 584 bis con la siguiente redacción: «1. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial que desempeñen su cargo con carácter exclusivo percibirán la retribución que se fije como única y exclusiva en atención a la importancia de su función en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 2. Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial que no desempeñen su cargo con carácter exclusivo percibirán las dietas por asistencia al Pleno o a las Comisiones que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sin tener derecho a ninguna otra clase de remuneración por el cargo de Vocal, salvo las indemnizaciones que por razón del servicio les puedan corresponder.» Siete. Se suprime el capítulo IV del título V del libro VIII y, en consecuencia, el artículo 628. Disposición transitoria única. Procedimientos en trámite. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del artículo 55 bis continuarán sustanciándose conforme a las disposiciones establecidas en el mismo. Los Tribunales que estén conociendo de los referidos procedimientos suspenderán su tramitación en el estado en que se encuentren, y deberán remitirlos inmediatamente a la Sala competente del Tribunal Supremo. Disposición final primera. Modificación de la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial. La disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, queda redactada de la siguiente manera: «Tras la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno procederá a la actualización del régimen y cuantías de las retribuciones previstas en el Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo, para el pago de sustituciones, servicios extraordinarios y participaciones en programas de actuación por objetivos. En todo caso, la cuantía de la retribución por sustitución, en los casos que reglamentariamente se establezca su procedencia, será igual al 80% del complemento de destino previsto para el desempeño profesional en el órgano que se sustituya, sin computar en el mismo las cuantías que corresponden por circunstancias especiales.» Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica. Madrid, 11 de julio de 2014. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

Decreto de abdicación del rey, con su aforamiento. Además incluye cambios en retribución Poder Judicial y la cobertura de destinos

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica: PREÁMBULO I El Consejo de Ministros acordó el 26 de octubre de 2012 la creación de una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que debía elaborar un informe con propuestas de medidas que dotaran a la Administración del tamaño, eficiencia y flexibilidad que demandan los ciudadanos y la economía del país. Con fecha 21 de junio de 2013, el Consejo de Ministros recibió de la Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia, y del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas el citado informe y, por Real Decreto 479/2013, de esa misma fecha, se creó la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, como órgano encargado de la ejecución coordinada, seguimiento e impulso de las medidas incluidas en el mismo, pudiendo proponer nuevas medidas. Desde la publicación del Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, e incluso con anterioridad, se han ido dictando diversas normas y acuerdos, para la ejecución formal de las propuestas contenidas en el mismo. El presente texto recoge nuevas medidas normativas que son necesarias para la ejecución de algunas de las propuestas del Informe. La nueva regulación dada al segundo párrafo del artículo 494 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, supondrá una agilización de los trámites de jubilación del personal al servicio de la Administración de Justicia de los Cuerpos Generales y Especiales además de una organización más eficiente de su gestión. Efectivamente, siendo las Comunidades Autónomas con competencias transferidas las que gestionan todas las materias relativas a su estatuto jurídico, parece oportuno que sean sus órganos competentes los que acuerden la jubilación, tal y como, además, sucede con el resto del personal perteneciente a la Administración General del Estado en situación de servicio en Comunidades Autónomas. Por otro lado, en la actualidad la constitución de Tribunales delegados en cada Comunidad Autónoma que oferte sus plazas de modo territorializado es obligada, y se traduce en que una buena parte de los mismos no tienen atribuidas ninguna función propia de carácter selectivo. Las funciones que realizan son de carácter meramente auxiliar y administrativo y pueden realizarse de modo más efectivo y económico por los órganos administrativos ordinarios de la Comunidad. Con la nueva regulación dada al párrafo primero del artículo 487 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se trata de posibilitar que la constitución de Tribunales delegados en las Comunidades Autónomas y en las pruebas de acceso a los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia pueda responder a criterios de oportunidad y racionalidad y únicamente se constituyan cuando el tipo de pruebas, el contenido de las funciones que han de realizar, así como el número de plazas u otras circunstancias de carácter objetivo, lo aconsejen. II Por otra parte, mediante esta Ley Orgánica se introducen algunas modificaciones necesarias en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En primer lugar, se recupera el derogado artículo 118. La Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, derogó el título II del libro II de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la regulación allí contenida pasó a desarrollarse en un nuevo libro VIII denominado «Del Consejo General del Poder Judicial». Esta modificación también afectó a dicho artículo 118, que se derogó sin trasladarse su contenido a la nueva redacción, lo que ha generado un desajuste al tratarse de un precepto necesario, que regulaba –pese a su ubicación en la Ley– la cobertura de destinos cuyos titulares se encuentran en situación de servicios especiales. Resulta conveniente, por tanto, recuperar esta previsión legislativa con un nuevo artículo, con los ajustes y actualizaciones precisas. Tratándose de una ordenación prevista en principio para los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero aplicable en realidad a todos los jueces y magistrados en situación de servicios especiales, el nuevo precepto encuentra mejor acomodo dentro del capítulo VII del libro IV. Y se introducen ciertas mejoras técnicas en relación con el precepto derogado, para adaptar la regulación a lo que viene siendo la práctica en la cobertura de vacantes por situación de servicios especiales. En segundo lugar, se mejora el régimen de permisos por asuntos propios de la carrera judicial, para la equiparación a la situación de la función pública. La Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, modificó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para adecuar parte de su regulación y ajustarla al grueso de las medidas aplicables a las Administraciones Públicas y a los empleados públicos a su servicio, como consecuencia de las medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad implantadas mediante el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Entre las modificaciones llevadas a cabo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se redujo a tres el número de días de permiso por asuntos propios para jueces y magistrados, con el fin de equiparar este régimen al del resto de la función pública. Posteriormente, la mejora de la situación económica ha permitido recompensar el esfuerzo realizado entonces por el conjunto de los funcionarios públicos con la concesión de días adicionales de permiso. Y esta concesión debe extenderse también a la carrera judicial, lo que exige en este caso una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En consecuencia, se modifica el apartado 4 del artículo 373 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para elevar a cinco el númer ### RESUMEN: Decreto de abdicación del rey, con su aforamiento. Además incluye cambios en retribución Poder Judicial y la cobertura de destinos

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 27 de marzo de 2014, de conformidad con lo establecido en los artículos 599.1.4.ª y 335.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Nacional a don José Ramón Navarro Miranda, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en provisión de la vacante producida por nombramiento para otro cargo de don Ángel Juanes Peces. Dado en Madrid, el 4 de abril de 2014. JUAN CARLOS R. El Ministro de Justicia, ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ

Decreto por el que se nombra al nuevo presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 27 de marzo de 2014, de conformidad con lo establecido en los artículos 599.1.4.ª y 335.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Nacional a don José Ramón Navarro Miranda, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en provisión de la vacante producida por nombramiento para otro cargo de don Ángel Juanes Peces. Dado en Madrid, el 4 de abril de 2014. JUAN CARLOS R. El Ministro de Justicia, ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ ### RESUMEN: Decreto por el que se nombra al nuevo presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda.

De conformidad con lo establecido en el artículo 108.6 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la Junta Electoral Central ordena la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los resultados de las elecciones a los Cabildos Insulares del Archipiélago Canario convocadas por el Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, y celebradas el 24 de mayo. Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2015.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados Pérez.

Resultados de las elecciones a los Cabildos Insulares del Archipiélago Canario, más detalle en el anexo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 108.6 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la Junta Electoral Central ordena la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los resultados de las elecciones a los Cabildos Insulares del Archipiélago Canario convocadas por el Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, y celebradas el 24 de mayo. Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2015.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados Pérez. ### RESUMEN: Resultados de las elecciones a los Cabildos Insulares del Archipiélago Canario, más detalle en el anexo.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa. c) Número de expediente: P.A SER-2/2013-INF. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.org/contratospublicos. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Gestión integral de los centros de proceso de datos del Servicio Madrileño de Salud. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72514000-1. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: 'Diario Oficial de la Unión Europea', 'Boletín Oficial del Estado', 'Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid', 'Perfil de Contratante'. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: '5 de junio de 2013', '13 de junio de 2013', '7 de junio de 2013', '7 de junio de 2013'. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto criterio precio. 4. Valor estimado del contrato: 21.191.365,86 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 13.942.787,89 euros. Importe total: 16.870.773,35 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 2 de agosto de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 30 de agosto de 2013. c) Contratista: Fujitsu Technology Solutions, Sociedad Anónima. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 9.735.773,00 euros. Importe total: 11.780.285,33 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El único criterio es el precio, por lo que la adjudicación se realiza a favor de la oferta de menor precio. Madrid, 2 de septiembre de 2013.- La Viceconsejera de Asistencia Sanitaria, P.D., el Director General de Gestión Económica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos, Jesús Alejandro Vidart Anchía (Resolución 5/2012 de 1-3-2012 de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria).

El Servicio Madrileño de Salud contrata a Fujitsu para la gestión de sus datos por importe total de 11.780.285,33 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa. c) Número de expediente: P.A SER-2/2013-INF. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.org/contratospublicos. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Gestión integral de los centros de proceso de datos del Servicio Madrileño de Salud. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72514000-1. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: 'Diario Oficial de la Unión Europea', 'Boletín Oficial del Estado', 'Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid', 'Perfil de Contratante'. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: '5 de junio de 2013', '13 de junio de 2013', '7 de junio de 2013', '7 de junio de 2013'. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto criterio precio. 4. Valor estimado del contrato: 21.191.365,86 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 13.942.787,89 euros. Importe total: 16.870.773,35 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 2 de agosto de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 30 de agosto de 2013. c) Contratista: Fujitsu Technology Solutions, Sociedad Anónima. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 9.735.773,00 euros. Importe total: 11.780.285,33 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El único criterio es el precio, por lo que la adjudicación se realiza a favor de la oferta de menor precio. Madrid, 2 de septiembre de 2013.- La Viceconsejera de Asistencia Sanitaria, P.D., el Director General de Gestión Económica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos, Jesús Alejandro Vidart Anchía (Resolución 5/2012 de 1-3-2012 de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria). ### RESUMEN: El Servicio Madrileño de Salud contrata a Fujitsu para la gestión de sus datos por importe total de 11.780.285,33 euros.

La regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se contiene fundamentalmente en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo. Los artículos 96 y 97 de la citada Ley 35/2006 regulan la obligación de declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Conforme al apartado 1 del artículo 96, los contribuyentes están obligados a presentar y suscribir declaración por este impuesto, con los límites y condiciones que reglamentariamente se establezcan. No obstante, en los apartados 2 y 3 se excluye de la obligación de declarar a los contribuyentes cuyas rentas no superen las cuantías brutas anuales que, en función de su origen o fuente, se señalan en los mismos. Por su parte, el apartado 4 del citado artículo dispone que estarán obligados a declarar en todo caso los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación de la deducción por cuenta ahorro-empresa, por doble imposición internacional o que realicen aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, planes de pensiones, planes de previsión asegurados o mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia que reduzcan la base imponible, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. A estos últimos efectos, el artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que la obligación de declarar a cargo de estos contribuyentes únicamente surgirá cuando los mismos ejerciten el derecho a la práctica de las correspondientes reducciones o deducciones. Además, el apartado 3 de la disposición transitoria decimoctava de la Ley 35/2006 establece que los contribuyentes que tengan derecho a aplicar el régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda habitual estarán obligados a presentar declaración por este Impuesto, en cuanto ejerciten el derecho a la deducción. Por lo que respecta a los contribuyentes obligados a declarar, el artículo 97 de la citada Ley 35/2006, dispone, en su apartado 1, que estos, al tiempo de presentar su declaración, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos determinados por el Ministro de Economía y Hacienda, estableciendo, además, en su apartado 2 que el ingreso del importe resultante de la autoliquidación se podrá fraccionar en la forma que reglamentariamente se determine. En este sentido, el apartado 2 del artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que, sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento del pago prevista en el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y desarrollada en los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el ingreso del importe resultante de la autoliquidación se podrá fraccionar, sin interés ni recargo alguno, en dos partes: la primera, del 60 por 100 de su importe, en el momento de presentar la declaración, y la segunda del 40 por 100 restante, en el plazo que determine el Ministro de Economía y Hacienda, siendo necesario, para disfrutar de este beneficio, que la declaración se presente dentro del plazo establecido y que ésta no sea una autoliquidación complementaria. Completa la regulación de esta materia el apartado 6 del artículo 97 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el que se establece el procedimiento de suspensión del ingreso de la deuda tributaria entre cónyuges, sin intereses de demora. La regulación de la obligación de declarar se cierra, por último, con los apartados 5 y 6 del artículo 96 de la citada Ley 35/2006, de 28 de noviembre, y el apartado 5 del artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en los que se dispone que la declaración se efectuará en la forma, plazos e impresos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda, quien podrá aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración y determinar los lugares de presentación de las mismas, los documentos y justificantes que deben acompañarlas, así como los supuestos y condiciones para la presentación de las declaraciones por medios telemáticos. Por lo que atañe a los contribuyentes no obligados a declarar, aunque no les resulte exigible la presentación de una declaración con resultado a ingresar, sí están obligados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a la presentación de la correspondiente declaración, ya consista ésta en una autoliquidación o en el borrador de declaración debidamente confirmado por el contribuyente, cuando soliciten la devolución derivada de la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, en su caso, les corresponda, precisándose en el artículo 66.1 del citado Reglamento que en estos casos la liquidación provisional que pueda practicar la Administración tributaria, no podrá implicar a cargo del contribuyente no obligado a presentar declaración ninguna obligación distinta de la restitución de lo previamente devuelto más el interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Para determinar el importe de la devolución que proceda realizar a estos contribuyentes, deben tenerse en cuenta, además de los pagos a cuenta efectuados, la deducción por maternidad que, en su caso, corresponda a cada uno de ellos. Por esta razón, no se estima necesario proceder a desarrollar el procedimiento de regularización de la situación tributaria a que se refiere el artículo 60.5.4.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en los supuestos en que el importe de la deducción por maternidad correspondiente a los contribuyentes no obligados a declarar sea superior al percibido de forma anticipada, ya que en estos casos la regularización que proceda, debe efectuarla el contribuyente en la correspondiente declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En caso contrario, es decir, cuando el importe de los pagos anticipados percibidos sea superior al de la deducción por maternidad, no es preciso que los contribuyentes no obligados a declarar procedan al suministro de información adicional a la realizada en la solicitud del abono anticipado de esta deducción y, en su caso, en la comunicación de variaciones que afecten a dicho abono anticipado, puesto que la Administración tributaria, al disponer de los antecedentes precisos y de los datos necesarios, procederá a efectuar de oficio la regularización que, en cada caso, proceda. Por lo que respecta a la configuración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como un impuesto cedido parcialmente a las Comunidades Autónomas, el 1 de enero de 2010 entraron en vigor, en virtud de lo establecido en la disposición final quinta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, las nuevas competencias normativas atribuidas a las citadas Comunidades Autónomas en su artículo 46 y las modificaciones introducidas por la disposición final segunda de la misma en la normativa del impuesto para adecuarlo al nuevo porcentaje del 50 por ciento de participación de las Comunidades Autónomas en este impuesto. El artículo 46 de la mencionada Ley 22/2009, de 18 de diciembre, con los requisitos y condiciones en el mismo establecidos, otorga a las Comunidades Autónomas competencias normativas sobre el importe del mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo del gravamen autonómico; sobre la escala autonómica aplicable a la base liquidable general; sobre las deducciones en la cuota íntegra autonómica por circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales, por aplicación de renta y por subvenciones y ayudas públicas no exentas que se perciban de la Comunidad Autónoma y sobre aumentos o disminuciones en los porcentajes de deducción por inversión en vivienda habitual, a que se refiere el apartado 2 del artículo 78 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012. La normativa de las Comunidades Autónomas de régimen común que regula los aspectos indicados se encuentra disponible en la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la dirección electrónica http://www.agenciatributaria.es, dentro del portal correspondiente a la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio 2014. En relación con el Impuesto sobre el Patrimonio, tributo cedido a las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, así como en las normas reguladoras de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, y cuya legislación básica se contiene en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, debe recordarse que fue materialmente exigible hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria, norma que, sin derogar el impuesto, eliminó la obligación efectiva de contribuir por el mismo con efectos desde el 1 de enero de 2008. Posteriormente, el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, reactivó la exigibilidad de dicho impuesto con carácter temporal y exclusivamente para los ejercicios 2011 y 2012. Para ello, dicho Real Decreto-ley suprimió la bonificación general del 100 por ciento de la cuota íntegra, que había sido introducida por la Ley 4/2008, anteriormente citada, y recuperó los elementos del tributo que fueron objeto de una eliminación técnica en su momento, entre los cuales se encuentran las obligaciones de presentar declaración, de practicar autoliquidación y de ingresar la deuda tributaria resultante de la misma. Al mismo tiempo, se elevaron considerablemente los importes de la exención parcial de la vivienda habitual y del mínimo exento, sin perjuicio de las competencias normativas que sobre esta última materia ostentan las Comunidades Autónomas. La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, prorrogó para el ejercicio 2013 la vigencia del Impuesto sobre Patrimonio. La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, lo prorrogó para el ejercicio 2014. Por lo que se refiere a la obligación de declarar, el artículo 37 de la Ley 19/1991, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 13/2011, dispone que solo están obligados a presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio los sujetos pasivos, tanto por obligación personal como por obligación real, cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar. No obstante, los sujetos pasivos de dicho impuesto estarán también obligados a declarar cuando el valor de sus bienes y derechos, calculado según la normativa del mismo y sin computar a estos efectos las cargas, gravámenes, deudas u otras obligaciones personales, resulte superior a 2.000.000 de euros, aun cuando la cuota tributaria no resulte a ingresar. Por su parte, el artículo 38 de la citada Ley dispone que la declaración se efectuará en la forma, plazos y modelos que establezca el titular del Ministerio de Economía y Hacienda, que podrá establecer los supuestos y condiciones de presentación de las declaraciones por medios telemáticos. Respecto de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas de régimen común en este impuesto, el alcance de las mismas se establece en el artículo 47 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, de acuerdo con el cual las Comunidades Autónomas de régimen común pueden asumir competencias normativas sobre el mínimo exento, el tipo de gravamen y las deducciones y bonificaciones de la cuota, que serán compatibles con las establecidas en la normativa estatal y no podrán suponer una modificación de las mismas. Por su parte, la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, establece en su disposición adicional segunda que las Comunidades Autónomas podrán declarar la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio de los bienes y derechos integrantes del patrimonio protegido de las personas con discapacidad. Haciendo uso de las competencias normativas atribuidas por la citada Ley 22/2009, las Comunidades Autónomas de régimen común han regulado, con efectos para el ejercicio 2014, las cuantías del mínimo exento, las escalas de tipos de gravamen o las bonificaciones de la cuota, a que se refieren los artículos 28.Uno, 30 y 33.Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, que resultarán de aplicación a los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Patrimonio residentes en sus respectivos territorios. La normativa de las Comunidades Autónomas de régimen común que regula los aspectos indicados se encuentra disponible en la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la dirección electrónica http://www.agenciatributaria.es, dentro del portal correspondiente a la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio 2014. En cumplimiento de las habilitaciones normativas a que anteriormente se ha hecho referencia, se procede a la aprobación de los modelos de declaración de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, que deben utilizar tanto los contribuyentes obligados a declarar en el ejercicio 2014 por uno, otro o ambos impuestos, como los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no obligados a declarar que soliciten la devolución derivada de la normativa del citado tributo que, en su caso, les corresponda. A este respecto, el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se aprueba en la presente Orden da respuesta a lo establecido en el artículo 46.5 de la Ley 22/2009, de 18 diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, en cuya virtud los modelos de declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas serán únicos, si bien en ellos deberán figurar debidamente diferenciados los aspectos autonómicos, con el fin de hacer visible el carácter cedido del impuesto. Así, el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado deberá ser utilizado por todos los contribuyentes, cualquiera que sea la Comunidad Autónoma de régimen común en la que hayan tenido su residencia en el ejercicio 2014, tanto si resultan obligados a declarar como si no lo están y solicitan la devolución derivada de la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, en su caso, les corresponda. La principal novedad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2014 reflejada en el modelo de declaración aprobado en el anexo I de la presente Orden tiene por objeto permitir la compensación de las rentas negativas de la base del ahorro derivadas de deuda subordinada o de participaciones preferentes, o de valores recibidos a cambio de estos instrumentos, generadas con anterioridad a 1 de enero de 2015, con otras rentas positivas incluidas en la base del ahorro, o en la base general procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales. Por lo que se refiere a las deducciones autonómicas, en los anexos B.1, B.2, B.3, B.4. y B.5, se han efectuado las necesarias modificaciones en el modelo de declaración para recoger las vigentes para el ejercicio 2014. En la presente Orden se procede a regular los procedimientos de obtención del borrador de declaración y su remisión o puesta a disposición por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como el procedimiento de modificación del borrador y el de confirmación del mismo por el contribuyente. Así, se mantiene el mecanismo para la obtención del número de referencia del borrador de declaración o los datos fiscales, para que el contribuyente pueda disponer de los mismos desde el primer día de la campaña, sin esperar al envío por correo ordinario. El número de referencia del borrador o de los datos fiscales se puede obtener a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, consignando el Número de Identificación Fiscal (NIF) del obligado tributario u obligados tributarios, el importe de la casilla 415 de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2013 y el número de teléfono móvil en el que se desee recibirlo mediante SMS. También se podrá acceder al borrador o a los datos fiscales directamente, a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, utilizando certificados electrónicos reconocidos emitidos de acuerdo a las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica que resulten admisibles por la Agencia Estatal de Administración Tributaria según la normativa vigente en cada momento o un sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario, de acuerdo con lo establecido en el apartado primero.3.c) y desarrollado en el anexo III de la Resolución de 17 de noviembre de 2011 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban sistemas de identificación y autenticación distintos de la firma electrónica avanzada para relacionarse electrónicamente con la citada Agencia Tributaria. También se podrá modificar o confirmar el borrador así como presentar la declaración del impuesto a través de los procedimientos descritos en el párrafo anterior. En el caso de confirmación del borrador de declaración o de la presentación de la declaración del impuesto con resultado a ingresar, cuando el contribuyente no opte por la domiciliación bancaria, o en los supuestos de ingreso parcial de la deuda, se podrá efectuar el pago del importe resultante por vía electrónica, utilizando este sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario, además de certificado electrónico reconocido. En estos casos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria adoptará el correspondiente protocolo de seguridad que permita garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la confirmación del borrador de declaración. Estas medidas responden, por una parte, al objetivo de promover entre los contribuyentes la utilización de medios electrónicos o telemáticos en este ámbito y, por otra, al de conseguir una mayor racionalidad y eficiencia en la gestión de los recursos materiales y humanos asignados al desarrollo de la campaña. Así, continuando con la línea establecida en la campaña anterior, se mantiene la eliminación del modelo preimpreso y la necesidad de que las declaraciones que se presenten en soporte papel se hayan obtenido a través del programa de ayuda desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Con el propósito de seguir facilitando a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en la presente Orden se procede a mantener en su integridad el procedimiento utilizado en anteriores campañas para la domiciliación bancaria en las entidades de crédito que actúen como colaboradoras en la gestión recaudatoria del pago de las deudas tributarias resultantes de determinadas declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En concreto, la domiciliación bancaria sigue quedando reservada en el presente ejercicio únicamente a las declaraciones que se presenten por vía electrónica, a las que se efectúen a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o las habilitadas a tal efecto por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales y que se presenten electrónicamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como a los borradores de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuya confirmación se realice por medios telemáticos, telefónicos o en las oficinas antes citadas. Finalmente, con idéntico propósito de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, se prevé la posibilidad de presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y confirmar o suscribir el borrador de declaración en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, en los términos previstos en los convenios de colaboración que se suscriban entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y dichas Administraciones tributarias para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria. Por lo que se refiere a la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, el modelo que se aprueba en la presente Orden reproduce la misma estructura de contenidos de la declaración del ejercicio 2013, manteniéndose la simplificación de los elementos formales encaminada a facilitar su tratamiento en los procesos informáticos relacionados con la generación de los ficheros electrónicos para la presentación electrónica de las declaraciones y con la obtención de copias electrónicas de las mismas. Todo ello teniendo en cuenta que, de acuerdo con la habilitación conferida al titular del Ministerio de Economía y Hacienda en el artículo 38 de la Ley 19/1991, reguladora del Impuesto, para establecer los supuestos y condiciones de presentación de las declaraciones por medios telemáticos, y atendiendo a la especial capacidad económica puesta de manifiesto por los sujetos pasivos obligados a declarar por este impuesto, en la presente Orden se mantiene como forma de presentación exclusiva de las declaraciones del Impuesto sobre Patrimonio la presentación electrónica a través de Internet y se permite que dicha presentación se pueda realizar utilizando certificados electrónicos reconocidos, un sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario o consignando el Número de Identificación Fiscal (NIF) del obligado tributario u obligados tributarios y el número de referencia del borrador o de los datos fiscales. Idénticas razones, justifican que, al igual que en los ejercicios 2012 y 2013, los contribuyentes que presenten declaración por el Impuesto sobre Patrimonio también deban utilizar la vía electrónica, o, en su caso, la vía telefónica, para la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o para la confirmación del borrador de la misma, según proceda. En el caso de la presentación de la declaración del Impuesto sobre Patrimonio con resultado a ingresar, cuando el contribuyente no opte por la domiciliación bancaria, o en los supuestos de ingreso parcial de la deuda, se podrá efectuar el pago del importe resultante por vía electrónica, utilizando este sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario, además de certificado electrónico reconocido. Las habilitaciones al Ministro de Economía y Hacienda recogidas en este preámbulo deben entenderse realizadas al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de acuerdo con la nueva estructura ministerial establecida por el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. En su virtud, dispongo: CAPÍTULO I Obligación de declarar Artículo 1. Obligación de declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 y en la disposición transitoria decimoctava de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, los contribuyentes estarán obligados a presentar y suscribir declaración por este Impuesto, con los límites y condiciones establecidos en dichos artículos. 2. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que hayan obtenido en el ejercicio 2014 rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o conjunta: a) Rendimientos íntegros del trabajo con el límite general de 22.000 euros anuales cuando procedan de un solo pagador. Este límite también se aplicará cuando se trate de contribuyentes que perciban rendimientos procedentes de más de un pagador y concurra cualquiera de las dos situaciones siguientes: 1.ª Que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales. 2.ª Que sus únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones pasivas a que se refiere el artículo 17.2.a) de la Ley del Impuesto y la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial regulado en el artículo 89.A) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los perceptores de este tipo de prestaciones. b) Rendimientos íntegros del trabajo con el límite de 11.200 euros anuales, cuando: 1.º Procedan de más de un pagador, siempre que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales. 2.º Se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos diferentes de las percibidas de los padres, en virtud de decisión judicial previstas en el artículo 7, letra k), de la Ley del Impuesto. 3.º El pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 4.º Se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención. c) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales. Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 97 del Reglamento del impuesto, no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible. d) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de la Ley del Impuesto, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de Letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales. Tampoco tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros. A efectos de la determinación de la obligación de declarar en los términos anteriormente relacionados, no se tendrán en cuenta las rentas exentas ni las rentas sujetas al Gravamen especial sobre determinadas loterías y apuestas, regulado en la disposición adicional trigésima tercera de la Ley del Impuesto. 3. Estarán obligados a declarar los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación del régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda, por cuenta ahorro-empresa, por doble imposición internacional o que realicen aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, planes de pensiones, planes de previsión asegurados o mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia que reduzcan la base imponible, cuando ejerciten tal derecho. 4. Sin perjuicio de lo anterior, la presentación de la declaración será necesaria, en todo caso, para solicitar y obtener devoluciones derivadas de la normativa del tributo. Tienen dicha consideración las que procedan por alguna de las siguientes razones: a) Por razón de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes al ejercicio 2014. b) Por razón de las cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes a que se refiere el párrafo d) del artículo 79 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. c) Por razón de la deducción por maternidad prevista en el artículo 81 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a los contribuyentes no obligados a presentar declaración solo se les practicará la liquidación provisional a que se refiere el artículo 102 de la Ley del Impuesto, cuando los datos facilitados por el contribuyente al pagador de rendimientos del trabajo sean falsos, incorrectos o inexactos, y se hayan practicado, como consecuencia de ello, unas retenciones inferiores a las que habrían sido procedentes. Para la práctica de esta liquidación provisional sólo se computarán las retenciones efectivamente practicadas que se deriven de los datos facilitados por el contribuyente al pagador. Igualmente, cuando los contribuyentes no obligados a presentar declaración soliciten la devolución que corresponda mediante la presentación de la oportuna autoliquidación o del borrador debidamente confirmado, la liquidación provisional que pueda practicar la Administración tributaria no podrá implicar a cargo del contribuyente ninguna obligación distinta de la restitución de lo previamente devuelto más el interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 2. Obligación de declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, estarán obligados a presentar declaración por este Impuesto, ya lo sean por obligación personal o por obligación real, los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros. CAPÍTULO II Modelos de declaración Artículo 3. Aprobación del modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 1. Se aprueba el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los documentos de ingreso o devolución, consistentes en: a) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Modelo D-100, que se reproduce en el anexo I de la presente Orden, y que consta de dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el contribuyente. b) Documentos de ingreso o devolución, que se reproducen en el anexo II de la presente Orden, con el siguiente detalle: 1.º Modelo 100. Documento de ingreso o devolución de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El número de justificante que habrá de figurar en este documento será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 100. 2.º Modelo 102. Documento de ingreso del segundo plazo de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El número de justificante que habrá de figurar en este documento será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 102. 2. Se aprueba el modelo para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se efectúen a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en las de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, así como en las habilitadas por las restantes Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía o Entidades Locales para la prestación del mencionado servicio de ayuda, consistente en: Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2014. Resumen de la declaración. Documento de ingreso o devolución. Este modelo, que se reproduce en el anexo III, constará de dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el contribuyente. 3. Serán válidas las declaraciones y sus correspondientes documentos de ingreso o devolución suscritos por el declarante que se presenten en papel impreso obtenido a través del programa de ayuda desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Los datos impresos en estas declaraciones y en sus correspondientes documentos de ingreso o devolución prevalecerán sobre las alteraciones o correcciones manuales que pudieran producirse sobre los mismos, por lo que éstas no producirán efectos ante la Administración tributaria. Las mencionadas declaraciones deberán presentarse en el sobre de retorno «Programa de ayuda», aprobado en la Orden EHA/702/2006, de 9 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2005, se establecen el procedimiento de remisión del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las condiciones para su confirmación, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos o telefónicos. Artículo 4. Aprobación del modelo de documento para la confirmación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se aprueba el «Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2014. Confirmación del borrador de la declaración. Documento de ingreso o devolución», que figura como anexo IV de la presente Orden. El número de justificante que debe figurar en este modelo será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 101 si el resultado de la declaración es a ingresar, y con el código 103 si el resultado de la declaración es a devolver o negativo. Artículo 5. Aprobación del modelo de declaración del Impuesto sobre el Patrimonio. Se aprueban los modelos de declaración y de documento de ingreso del Impuesto sobre el Patrimonio a cuyos contenidos deberán ajustarse los ficheros electrónicos para la presentación electrónica de las declaraciones de dicho Impuesto y las copias electrónicas de las mismas. Dichos modelos consisten en: a) Modelo D-714. «Impuesto sobre el Patrimonio. Declaración. Ejercicio 2014», que se reproduce en el anexo V de la presente Orden. b) Modelo 714. «Impuesto sobre el Patrimonio 2014. Documento de ingreso», que se reproduce en el anexo VI de la presente Orden. El número de justificante que habrá de figurar en este documento será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 714. CAPÍTULO III Borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Artículo 6. Obtención del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 98 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los contribuyentes podrán obtener, a efectos meramente informativos, un borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes: a) Rendimientos del trabajo. b) Rendimientos del capital mobiliario sujetos a retención o ingreso a cuenta, así como los derivados de letras del Tesoro. c) Ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, la renta básica de emancipación así como las subvenciones para la adquisición de vivienda habitual y demás subvenciones, salvo las que tengan la consideración de rendimientos de actividades económicas. d) Pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o el reembolso a título oneroso de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva. e) Imputación de rentas inmobiliarias siempre que procedan, como máximo, de ocho inmuebles. f) Rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario obtenidos por entidades en régimen de atribución de rentas, cuando estos hayan sido atribuidos a los socios, herederos, comuneros o participes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley reguladora del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. 2. En el supuesto que, de los datos y antecedentes obrantes en poder de la Administración tributaria, se ponga de manifiesto el incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el apartado anterior, así como cuando la Administración tributaria carezca de la información necesaria para la elaboración del borrador de declaración, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 98 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Administración tributaria pondrá a disposición del contribuyente los datos que puedan facilitar la confección de la declaración por el citado impuesto. A estos efectos, los contribuyentes que deseen disponer de sus datos fiscales podrán obtenerlos, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo. 3. Desde el 7 de abril de 2015, la Agencia Estatal de Administración Tributaria pondrá a disposición de los contribuyentes el borrador o los datos fiscales de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por medios telemáticos, a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en https://www.agenciatributaria.gob.es. Para obtener el número de referencia que les permita acceder por Internet a su borrador o datos fiscales, los contribuyentes deberán comunicar su Número de Identificación Fiscal (NIF), el importe de la casilla 415 de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2013, «Base liquidable general sometida a gravamen», y el número del teléfono móvil en el que deseen recibir mediante SMS el número de referencia del borrador o de los datos fiscales. Con dicho número los contribuyentes podrán acceder a sus datos fiscales y al borrador y, en su caso, confirmar este último, con o sin modificación. En el supuesto de obtención del borrador de declaración por la opción de tributación conjunta deberá hacerse constar también el Número de Identificación Fiscal (NIF) del cónyuge. A tal fin, la Agencia Estatal de Administración Tributaria adoptará las medidas de control precisas que permitan garantizar la identidad de la persona o personas que solicitan el número de referencia, así como, en su caso, la conservación de los datos comunicados. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de contribuyentes que estuviesen suscritos al servicio de alertas a móviles de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la puesta a disposición del número de referencia del borrador o, en su defecto, de los datos fiscales también se llevará a cabo mediante mensaje SMS por el que se comunicará el número de referencia que le permita acceder a los mismos por Internet. Asimismo, a los contribuyentes incluidos en el sistema de notificación electrónica se les remitirán los resultados de su borrador o, en su defecto, los datos fiscales a su dirección electrónica habilitada. Los contribuyentes que dispongan de certificado electrónico reconocido emitido de acuerdo a las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica que resulte admisible por la Agencia Estatal de Administración Tributaria según la normativa vigente en cada momento o bien de un sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario, podrán acceder directamente a su borrador o a los datos fiscales a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, en cuyo caso no será preciso hacer constar el importe de la citada casilla 415. En el supuesto de obtención del borrador de declaración por la opción de tributación conjunta será necesario que ambos cónyuges dispongan del correspondiente certificado electrónico reconocido o código de acceso en un registro previo como usuario. La Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá, por correo ordinario, el borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o en su caso los datos fiscales, a aquellos contribuyentes que hubieran solicitado expresamente el envío por correo marcando la casilla correspondiente en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2013, siempre que el borrador o los datos fiscales no se hubiesen obtenido con anterioridad por cualquiera de los medios telemáticos anteriormente citados. 4. En cualquier caso, la falta de obtención o recepción del borrador de declaración o de los datos fiscales no exonerará al contribuyente de su obligación de declarar. En estos supuestos, la declaración deberá presentarse en el plazo, lugar y forma establecidos en la presente Orden. 5. El borrador de declaración contendrá, al menos, los siguientes documentos: a) El borrador de la declaración propiamente dicho y los datos fiscales que han servido de base para su cálculo. b) El modelo 100 de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, a que se refiere el artículo 4. 6. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los supuestos en que de los datos y antecedentes obrantes en poder de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se ponga de manifiesto la existencia de datos personales incompletos o la falta de datos personales o económicos necesarios para la elaboración completa del borrador de declaración, se pondrá a disposición del contribuyente o, en su caso, se le remitirá un borrador de declaración pendiente de modificar sin que, por tal motivo, se incorpore, además, el modelo 100 de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución. En estos casos, el contribuyente podrá instar la modificación del borrador recibido en los términos establecidos en el artículo 7. En caso contrario, deberá proceder a la presentación de la correspondiente declaración. También se pondrá a disposición o se remitirá un borrador no confirmable y, en consecuencia, sin el modelo 100 de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, a aquellos contribuyentes no obligados a declarar cuyo borrador arroje como resultado una cantidad a ingresar. Artículo 7. Procedimiento de modificación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el contribuyente podrá instar la modificación del borrador de declaración por este impuesto cuando considere que han de añadirse datos personales o económicos no incluidos en el mismo o advierta que contiene datos erróneos o inexactos. En ningún caso, la modificación del borrador de declaración podrá suponer la inclusión de rentas distintas de las enumeradas en el apartado 1 del artículo 6. La solicitud de modificación del borrador de declaración, que determinará la elaboración por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de un nuevo borrador de declaración con su correspondiente modelo de confirmación, documento de ingreso o devolución, podrá realizarse a través de alguna de las siguientes vías: a) Por medios electrónicos, a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, haciendo constar el contribuyente su Número de Identificación Fiscal (NIF), el NIF del cónyuge en los supuestos de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, así como el número de referencia del borrador de declaración. En estos casos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria adoptará el correspondiente protocolo de seguridad que permita garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la solicitud de modificación del borrador de declaración. La modificación del borrador también podrá realizarse por medios electrónicos utilizando certificados electrónicos reconocidos emitidos de acuerdo a las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, que resulte admisible por la Agencia Estatal de Administración Tributaria según la normativa vigente en cada momento o bien mediante el sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario, desarrollado en el anexo III de la Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban sistemas de identificación y autenticación distintos de la firma electrónica avanzada para relacionarse electrónicamente con la citada Agencia Tributaria. En el supuesto de modificación del borrador de declaración por la opción de tributación conjunta será necesario que ambos cónyuges dispongan del correspondiente certificado electrónico reconocido o código de acceso en un registro previo como usuario. b) Por medios electrónicos, a través del teléfono, mediante llamada al número 901 20 03 45, comunicando el contribuyente su Número de Identificación Fiscal (NIF), el NIF del cónyuge en los supuestos de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, así como el número de referencia del borrador de declaración. A estos efectos, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se adoptarán las medidas de control precisas que permitan garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la solicitud de modificación del borrador de declaración. c) Mediante personación en cualquier Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, aportando, el contribuyente para acreditar su identidad, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF), el NIF del cónyuge en los supuestos de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, así como el número de referencia del borrador de declaración. 2. Asimismo, podrá solicitarse la modificación del borrador de la declaración en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación del sistema de ventanilla única tributaria, en los términos previstos en dicho convenio. 3. El contribuyente podrá modificar directamente la asignación tributaria a la Iglesia Católica y/o la asignación de cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social, así como los datos del identificador único de la cuenta, Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN), a la que deba realizarse, en su caso, la devolución o se domicilie el ingreso que a tal efecto figuren en el modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, sin necesidad de instar la modificación del borrador en los términos comentados en el apartado 1 anterior de este mismo artículo. 4. Cuando el contribuyente considere que el borrador de declaración no refleja su situación tributaria a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y no opte por instar la modificación de aquél en los términos establecidos en este artículo, deberá presentar la correspondiente declaración en el plazo, forma y lugar establecidos en esta Orden. Artículo 8. Procedimiento de confirmación del borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuando el contribuyente considere que el borrador de la declaración refleja su situación tributaria a efectos de este impuesto podrá confirmarlo, sin necesidad de adherir las etiquetas identificativas que suministra la Agencia Estatal de Administración Tributaria, teniendo el mismo, en este caso, la consideración de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a todos los efectos. La confirmación del borrador de declaración por vía electrónica, ya sea a través de internet o por teléfono, podrá efectuarse, cualquiera que sea su resultado, a ingresar, a devolver o negativo, a partir del 7 de abril y hasta el 30 de junio de 2015, ambos inclusive. Si la confirmación del borrador de declaración se efectúa por alguna de las restantes vías, cualquiera que sea su resultado, a ingresar, a devolver o negativo, el plazo para realizarlo será el comprendido entre el 11 de mayo y el 30 de junio de 2015, ambos inclusive. En todo caso, si el resultado del borrador de declaración arroja una cantidad a ingresar y su pago se domicilia en cuenta en los términos establecidos en el artículo 15, la confirmación del mismo no podrá realizarse con posterioridad al 25 de junio de 2015, salvo que se opte por domiciliar únicamente el segundo plazo, en cuyo caso la confirmación podrá realizarse hasta el 30 de junio de 2015. 2. No podrán confirmar el borrador de declaración en los términos anteriormente comentados los contribuyentes que se encuentren en alguna de las situaciones siguientes: a) Los contribuyentes que hubieran obtenido rentas exentas con progresividad en virtud de convenios para evitar la doble imposición suscritos por España. b) Los contribuyentes que compensen partidas negativas de ejercicios anteriores. c) Los contribuyentes que pretendan regularizar situaciones tributarias procedentes de declaraciones anteriormente presentadas. d) Los contribuyentes que tengan derecho a la deducción por doble imposición internacional y ejerciten tal derecho. 3. Confirmación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con resultado a ingresar, cuando el contribuyente no opte por la domiciliación bancaria en entidad colaboradora como medio de pago de la totalidad del importe resultante o, en su caso, del correspondiente al primer plazo. En estos casos, la confirmación del borrador de declaración, su presentación y la realización del ingreso se efectuarán por alguno de los siguientes medios: a) Por medios electrónicos a través de Internet. En este caso, el contribuyente deberá utilizar un certificado electrónico reconocido emitido de acuerdo a las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, que resulte admisible por la Agencia Estatal de Administración Tributaria según la normativa vigente en cada momento. Tratándose de declaraciones conjuntas formuladas por ambos cónyuges, los dos deberán disponer del correspondiente certificado electrónico reconocido. Alternativamente, podrá utilizarse esta vía mediante la consignación del Número de Identificación Fiscal (NIF) del declarante, el NIF del cónyuge en los supuestos de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, y el correspondiente código de acceso o número de referencia del borrador o de los datos fiscales previamente suministrados por la Agencia Tributaria. En estos casos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria adoptará el correspondiente protocolo de seguridad que permita garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la confirmación del borrador de declaración. El procedimiento a seguir será el siguiente: 1.º El declarante deberá conectarse con la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es. A continuación, cumplimentará en el formulario correspondiente el Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) y, en su caso, las opciones de fraccionamiento del pago y domiciliación del segundo plazo. 2.º Una vez efectuado el ingreso en la entidad colaboradora, se procederá a la confirmación del borrador mediante la consignación del Número de Referencia Completo (NRC) y si la declaración es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá en pantalla los datos del modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres en el que constará, además de la fecha y hora de la presentación, el fraccionamiento del pago y, en su caso, la domiciliación del segundo plazo, que el contribuyente deberá imprimir y conservar. El contribuyente podrá obtener el Número de Referencia Completo (NRC) de la entidad colaboradora por alguna de las siguientes vías: – de forma directa, bien en sus oficinas o bien a través de los servicios de banca electrónica que aquéllas presten a sus clientes; – por vía electrónica, utilizando un certificado electrónico reconocido emitido de acuerdo a las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, que resulte admisible por la Agencia Estatal de Administración Tributaria según la normativa vigente en cada momento; – o también por vía electrónica, mediante el uso del sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario, empleado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para facilitar a las Entidades colaboradoras la identificación telemática de aquellos obligados tributarios y personas que así lo soliciten con ocasión del pago de sus deudas. b) En las oficinas de las entidades de crédito que actúen como colaboradoras en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito) sitas en territorio español, incluso cuando el ingreso se efectúe fuera del plazo establecido en el apartado 1 de este mismo artículo, mediante el modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, debidamente suscrito por el contribuyente, o por los contribuyentes en el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, en el que se deberá hacer constar, en su caso, el Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN), así como las opciones de fraccionamiento del pago y domiciliación del segundo plazo. c) En los cajeros automáticos, banca electrónica, banca telefónica o a través de cualquier otro sistema de banca no presencial, de aquellas entidades de crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria que así lo hayan establecido, al amparo del correspondiente protocolo de seguridad. A estos efectos, el contribuyente deberá facilitar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF), así como el número de justificante del modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá comunicarse también el NIF del cónyuge. En los casos señalados en las letras b) y c) anteriores, la entidad colaboradora entregará posteriormente al contribuyente justificante de la presentación e ingreso realizados, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el anexo VII, que servirá como documento acreditativo tanto de la presentación e ingreso realizados como de las opciones de fraccionamiento del pago y domiciliación del segundo plazo, en su caso, realizadas por el contribuyente. 4. Confirmación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con resultado a ingresar, cuando el contribuyente opte por la domiciliación bancaria en entidad colaboradora a que se refiere el artículo 15 como medio de pago del importe resultante o, en su caso, del correspondiente al primer plazo. En estos casos, la confirmación del borrador de declaración, su presentación y la realización del ingreso se efectuarán por alguno de los siguientes medios: a) Por medios electrónicos a través de Internet. En este caso, el declarante deberá hacer constar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF) y el número de referencia de su borrador o el correspondiente código de acceso. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá hacerse constar también el Número de Identificación Fiscal del cónyuge (NIF). En caso de confirmación del borrador de declaración conjunta mediante el uso de un sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario se deberá hacer constar también el código de acceso del cónyuge. Alternativamente, podrá utilizarse esta vía mediante la utilización de un certificado electrónico reconocido emitido de acuerdo a las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, que resulte admisible por la Agencia Estatal de Administración Tributaria según la normativa vigente en cada momento. Tratándose de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, los dos deberán disponer del correspondiente certificado electrónico reconocido. El procedimiento a seguir será el siguiente: 1.º El declarante deberá conectarse con la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es. A continuación, cumplimentará el identificador único de la cuenta, Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) y, en su caso, las opciones de fraccionamiento del pago y la domiciliación bancaria, en el formulario. 2.º Se procederá a la confirmación del borrador y si la declaración es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá en pantalla los datos del modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres en el que constará, además de la fecha y hora de la presentación de la declaración, la orden de domiciliación efectuada y, en su caso, la opción de fraccionamiento de pago elegida por el contribuyente, que este deberá imprimir y conservar. b) Por medios electrónicos, a través del teléfono, mediante llamada al número 901 20 03 45. A tal efecto, el contribuyente deberá comunicar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF), el número de referencia del borrador de la declaración, así como el Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) en el que desee efectuar la citada domiciliación. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá comunicarse también el NIF del cónyuge. Realizada la presentación, la Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá el código seguro de verificación. A estos efectos, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se adoptarán las medidas de control precisas que permitan garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la comunicación y la confirmación del borrador de declaración. La Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá posteriormente al contribuyente el documento acreditativo correspondiente a la declaración presentada en el que constará la Orden de domiciliación efectuada y, en su caso, la opción de fraccionamiento de pago elegida por el contribuyente. c) En las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales para la confirmación del borrador de declaración y su inmediata transmisión electrónica. A tal efecto, el contribuyente deberá presentar debidamente suscrito el modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, en el que constarán los datos relativos a la orden de domiciliación bancaria en entidad colaboradora del importe resultante o, en su caso, del correspondiente al primer plazo. Al contribuyente se le entregará su ejemplar del «Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2014. Confirmación del borrador de la declaración. Documento de ingreso o devolución», debidamente sellado como justificante de la presentación realizada. 5. Confirmación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con resultado a devolver o negativo. En estos casos, la confirmación del borrador de declaración, su presentación, así como la solicitud de la devolución o, en su caso, la renuncia a la misma se efectuará por alguno de los siguientes medios: a) Por vía electrónica a través de los siguientes medios: 1.º Por Internet, a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es. En este caso, el declarante deberá hacer constar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF) y el número de referencia de su borrador o el correspondiente código de acceso. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá hacerse constar también el Número de Identificación Fiscal (NIF) del cónyuge. En caso de confirmación del borrador de declaración conjunta mediante el uso de un sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario se deberá hacer constar el código de acceso del cónyuge. Alternativamente, podrá utilizarse esta vía mediante la utilización de un certificado electrónico reconocido emitido de acuerdo a las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, que resulte admisible por la Agencia Estatal de Administración Tributaria según la normativa vigente en cada momento. Tratándose de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, los dos deberán disponer del correspondiente certificado electrónico reconocido. Se procederá a la confirmación del borrador y si la declaración es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá en pantalla los datos del modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de presentación, que el contribuyente deberá imprimir y conservar. 2.º Mediante mensaje SMS dirigido a tal efecto a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El contribuyente hará constar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF) y el número de justificante del modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá comunicarse también el NIF del cónyuge. La Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá un mensaje SMS al contribuyente, aceptando la confirmación del borrador de la declaración efectuada junto con un código de verificación de 8 caracteres que deberá conservar. La Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá posteriormente al contribuyente el documento acreditativo de la declaración presentada. En caso de no aceptarse la confirmación, la Agencia Estatal de Administración Tributaria enviará un mensaje SMS al contribuyente comunicando dicha circunstancia e indicando el error que haya existido. No se podrá utilizar este medio para confirmar aquellos borradores de declaración cuyo resultado sea a devolver y el contribuyente renuncie a la devolución a favor del Tesoro Público. 3.º A través del teléfono, mediante llamada al número 901 200 345 o 901 121 224, comunicando el contribuyente, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF) y el número de referencia del borrador de la declaración o, en su caso, el número de justificante del mismo. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá comunicarse también el NIF del cónyuge. Realizada la presentación, la Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá el código de verificación de 8 caracteres. A estos efectos, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se adoptarán las medidas de control precisas que permitan garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la comunicación y la confirmación del borrador de declaración. La Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá posteriormente al contribuyente el documento acreditativo de la declaración presentada. b) En cualquier oficina sita en territorio español de la entidad de crédito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria en la que se desee recibir el importe de la devolución. En estos supuestos, deberá presentarse el modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, debidamente suscrito por el contribuyente o contribuyentes en el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges. c) En los cajeros automáticos, banca electrónica, banca telefónica o a través de cualquier otro sistema de banca no presencial, de aquellas entidades de crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria que así lo hayan establecido, en la que se desee recibir el importe de la devolución, al amparo del correspondiente protocolo de seguridad. A tal efecto, el contribuyente deberá hacer constar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF), así como el número de justificante del modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá hacerse constar también el NIF del cónyuge. En los casos señalados en los párrafos b) y c) anteriores, la entidad colaboradora entregará al contribuyente justificante de la presentación de la declaración, de acuerdo con las especificaciones que correspondan de las recogidas en el anexo VII de esta Orden, que servirá como documento acreditativo de dicha operación. No obstante lo anterior, no podrán utilizarse los medios a que se refieren los párrafos b) y c) para la confirmación del borrador de la declaración en aquellos supuestos en que el resultado de la declaración sea negativo o cuando el contribuyente renuncie a la devolución. d) En cualquier oficina de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales para la confirmación del borrador de declaración y su inmediata transmisión electrónica. En estos supuestos, el contribuyente deberá presentar debidamente suscrito el modelo de confirmación del borrador de declaración, documento de ingreso o devolución. e) En las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, en los términos previstos en dicho convenio. En los casos señalados en las letras d) y e) anteriores se entregará al contribuyente su ejemplar del «Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2014. Confirmación del borrador de la declaración. Documento de ingreso o devolución», debidamente sellado como justificante de la presentación realizada. 6. Al confirmar el borrador de declaración, salvo en los supuestos en que dicha confirmación se efectúe en las oficinas de las entidades de crédito, a través de banca no presencial, por SMS o mediante llamada al 901 121 224, los contribuyentes podrán manifestar su opción por la asignación tributaria a la Iglesia Católica, por la asignación de cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social, por ambas asignaciones o por ninguna de ellas o, en su caso, modificar las que a tal efecto figuren en el borrador de la declaración, sin necesidad de instar el procedimiento de modificación del borrador de declaración regulado en el artículo 7. Asimismo, en los supuestos contemplados en el apartado 4 y en las letras a.1.º) y 3.º), b), c), d) y e), del apartado 5 del presente artículo, los contribuyentes, al confirmar el borrador de declaración, podrán aportar los datos del Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) de la cuenta a la que debe realizarse la devolución o se domicilie el ingreso o, en su caso, modificar los que a tal efecto figuren en el modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, sin necesidad de instar el procedimiento de modificación del borrador de declaración regulado en el artículo 7. No obstante, la modificación por medios telefónicos del Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) sólo será posible mediante llamada al 901 20 03 45. 7. Los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que tengan su residencia habitual en el extranjero y aquellos que se encuentren fuera del territorio nacional durante los plazos a que se refiere el apartado 1 de este artículo, podrán confirmar el borrador de declaración así como, en su caso, realizar el ingreso o solicitar la devolución por los medios no presenciales a que se refieren las letras a) y c) del apartado 3; a) del apartado 4 y a.1.º) y 2.º) y c) del apartado 5 de este artículo. CAPÍTULO IV Plazo de presentación de las declaraciones Artículo 9. Plazo de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio. 1. El plazo de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cualquiera que sea el resultado de las mismas, será el siguiente: a) El comprendido entre los días 7 de abril y 30 de junio de 2015, ambos inclusive, si la presentación de la declaración se efectúa por vía electrónica a través de Internet. b) El comprendido entre los días 11 de mayo y 30 de junio de 2015, ambos inclusive, si la presentación de la declaración se efectúa por cualquier otro medio. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio del plazo de confirmación del borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establecido en el artículo 8 y del plazo específicamente establecido en el artículo 15.3 para la domiciliación bancaria del pago de las deudas tributarias resultantes de las mismas. 3. El plazo de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio será el comprendido entre los días 7 de abril y 30 de junio de 2015, ambos inclusive, sin perjuicio del plazo específicamente establecido en el artículo 15.3 para la domiciliación bancaria del pago de las deudas tributarias resultantes de las mismas. CAPÍTULO V Forma y lugar de presentación de las declaraciones Artículo 10. Forma de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como el correspondiente documento de ingreso o devolución, se presentarán, de acuerdo con lo previsto en los apartados a), c) y d) del artículo 2 y en el artículo 5 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria, con las siguientes especialidades: a) El papel impreso obtenido a través del programa de ayuda deberá ser firmado por el declarante. En el caso de declaración conjunta por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ya consista ésta en una autoliquidación o en el borrador de declaración debidamente confirmado, será presentada por los miembros de la unidad familiar mayores de edad que actuarán en representación de los menores y de los mayores incapacitados judicialmente integrados en ella, en los términos del artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. b) Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, en su caso, se efectúen a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sea cual sea su resultado, podrán presentarse, a opción del contribuyente, en dicho acto en las citadas oficinas para su inmediata transmisión electrónica a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. No obstante lo anterior, tratándose de declaraciones cuyo resultado sea una cantidad a ingresar, la admisión de su presentación estará condicionada a que el contribuyente proceda en dicho acto a la domiciliación bancaria de la totalidad del ingreso resultante o del primer plazo, si se trata de declaraciones en las que el contribuyente ha optado por el fraccionamiento del pago, en los términos establecidos en el artículo 15. También podrán presentarse de esta forma y con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de cónyuges no separados legalmente en las que uno de ellos solicite la suspensión del ingreso y el otro manifieste la renuncia al cobro de la devolución, cualquiera que sea el resultado final de sus declaraciones, a ingresar, a devolver o negativo. A tal efecto, una vez confeccionada la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se entregarán al contribuyente impresos el ejemplar para el interesado de su declaración, así como dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, del resumen de la declaración-documento de ingreso o devolución, ajustado al modelo 100 aprobado en el apartado 2 del artículo 3. La entrega en las citadas oficinas del ejemplar para la Administración del modelo 100, resumen de la declaración-documento de ingreso o devolución, debidamente firmado por el contribuyente y en el que constarán los datos relativos a la domiciliación del ingreso y, en caso de fraccionamiento, las opciones de pago del segundo plazo o, en su caso, los correspondientes a la solicitud de la devolución por transferencia o renuncia a la misma, tendrá la consideración de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a todos los efectos. A continuación, se entregará al contribuyente la declaración aceptada así como el documento de ingreso o devolución, modelo 100, en los que se dejará constancia de la transmisión de la declaración a través de la Intranet de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante un código seguro de verificación de 16 caracteres. Este procedimiento podrá ser igualmente aplicable a las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas efectuadas en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales, para la prestación del mencionado servicio de ayuda y que se presenten en las mismas para su inmediata transmisión electrónica a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. También se aplicará este procedimiento a las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas efectuadas en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, en los términos previstos en dicho convenio. c) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los contribuyentes que presenten declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio, estarán obligados a presentar electrónicamente a través de Internet la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, debiendo asimismo utilizar la vía electrónica o la vía telefónica para confirmar o suscribir, en su caso, el borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8. Artículo 11. Documentación adicional que debe acompañar a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 1. Los contribuyentes a quienes sea de aplicación la imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional a que se refiere el artículo 91 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deberán presentar conjuntamente con la declaración de dicho impuesto los siguientes datos relativos a la entidad no residente en territorio español: a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social. b) Relación de administradores. c) Balance y cuenta de pérdidas y ganancias. d) Importe de las rentas positivas que deban ser imputadas. e) Justificación de los Impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba ser imputada. 2. Los contribuyentes que, al amparo de lo establecido en el apartado 11 del artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, hayan efectuado en el período impositivo inversiones anticipadas de futuras dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias, deberán presentar conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas comunicación de la citada materialización y su sistema de financiación. 3. Los contribuyentes que soliciten la devolución mediante cheque nominativo sin cruzar del Banco de España, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13.2 b) de esta Orden, deberán presentar conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas escrito conteniendo dicha solicitud. 4. Los citados documentos o escritos y, en general, cualesquiera otros no contemplados expresamente en los propios modelos de declaración que deban acompañarse a ésta podrán presentarse a través del registro electrónico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, regulado mediante Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. También podrán presentarse en el Registro Presencial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Todo ello se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Artículo 12. Forma de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio. La declaración del Impuesto sobre el Patrimonio se presentará de forma obligatoria por vía electrónica a través de Internet, con arreglo a lo establecido en los apartados a) y c) del artículo 2 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria. Artículo 13. Lugar de presentación e ingreso de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 1. Los contribuyentes obligados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas deberán determinar la deuda tributaria que corresponda por este Impuesto e ingresar, en su caso, el importe resultante en el Tesoro Público al tiempo de presentar las respectivas declaraciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la presente Orden para los casos de fraccionamiento y domiciliación del pago resultante de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como para los supuestos de solicitud de suspensión del ingreso de la deuda tributaria, sin intereses de demora, realizada por el contribuyente casado y no separado legalmente con cargo a la devolución resultante de su cónyuge. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y de la presentación por vía electrónica, a que se refieren los artículos 16 y 17 de la presente Orden, las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas deberán presentarse, en función de su resultado, en el lugar que corresponda de los siguientes: a) Declaraciones cuyo resultado sea una cantidad a ingresar. La presentación y realización del ingreso deberá realizarse según lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria. Además, las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas efectuadas a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en las habilitadas a tal efecto por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales podrán presentarse directamente en las citadas oficinas para su inmediata transmisión electrónica, siempre que el contribuyente hubiera procedido, en los términos establecidos en el artículo 15, a la domiciliación del ingreso resultante o del primer plazo, si se trata de declaraciones en las que este hubiese optado por el fraccionamiento del pago. b) Declaraciones cuyo resultado sea una cantidad a devolver con solicitud de devolución. La presentación de las mencionadas declaraciones se realizará conforme al artículo 4.4 de la citada Orden HAP/2194/2013. Además, en este caso, las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán presentarse directamente, ante cualquier Delegación o Administración de la Agencia Tributaria o en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, o por correo certificado dirigido a la Delegación o Administración de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal. Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas efectuadas a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en las habilitadas a tal efecto por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales, también podrán presentarse directamente en las citadas oficinas para su inmediata transmisión electrónica. c) Declaraciones negativas y declaraciones en las que se renuncie a la devolución en favor del Tesoro Público. La presentación de las mencionadas declaraciones se realizará conforme al artículo 4.5 de la citada Orden HAP/2194/2013. Además, en estos casos, las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán presentarse directamente, ante cualquier Delegación o Administración de la Agencia Tributaria o en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria. Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas efectuadas a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en las habilitadas a tal efecto por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales podrán presentarse directamente en las citadas oficinas para su inmediata transmisión electrónica. d) Declaraciones de cónyuges no separados legalmente en las que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.6 de la Ley del Impuesto, uno de ellos solicite la suspensión del ingreso y el otro manifieste la renuncia al cobro de la devolución. Las declaraciones correspondientes a ambos cónyuges deberán presentarse de forma simultánea y conjuntamente en el lugar que corresponda en función de que el resultado final de sus declaraciones como consecuencia de la aplicación del mencionado procedimiento sea a ingresar o a devolver. 3. También podrá efectuarse la presentación de la declaración en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, en los términos previstos en dicho convenio. 4. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que tengan su residencia habitual en el extranjero y aquellos que se encuentren fuera del territorio nacional durante los plazos a que se refiere el artículo 9 de esta Orden podrán presentar su declaración y, en su caso, realizar el ingreso o solicitar la devolución por vía electrónica en los términos, condiciones y con arreglo al procedimiento regulado en los artículos 16 y 17 de esta Orden. En el supuesto de declaraciones a devolver con renuncia a la devolución o negativas, las mismas podrán enviarse por correo certificado dirigido a la última Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya demarcación tuvieron o tengan su residencia habitual. 5. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se encuentren acogidos al sistema de cuenta corriente en materia tributaria regulado en los artículos 138 a 143 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, presentarán su declaración de acuerdo con las reglas previstas en el apartado sexto de la Orden de 30 de septiembre de 1999, por la que se aprueba el modelo de solicitud de inclusión en el sistema de cuenta corriente en materia tributaria, se establece el lugar de presentación de las declaraciones tributarias que generen deudas o créditos que deban anotarse en dicha cuenta corriente tributaria y se desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1108/1999, de 25 de junio, por el que se regula el sistema de cuenta corriente en materia tributaria. CAPÍTULO VI Especialidades en el pago de las deudas tributarias resultantes Artículo 14. Fraccionamiento del pago resultante de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento del pago prevista en el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y desarrollada en los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los contribuyentes podrán fraccionar, sin interés ni recargo alguno, el importe de la deuda tributaria resultante de su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ya consista ésta en una autoliquidación o en el borrador de declaración debidamente suscrito o confirmado, en dos partes: la primera, del 60 por 100 de su importe, en el momento de presentar la declaración, y la segunda, del 40 por 100 restante, hasta el 5 de noviembre de 2015, inclusive. En todo caso, para disfrutar de este beneficio será necesario que el borrador de la declaración debidamente suscrito o confirmado o la autoliquidación se presenten dentro de los plazos establecidos, respectivamente, en los artículos 8.1 y 9 de esta Orden. No podrá fraccionarse, según el procedimiento establecido en este artículo, el ingreso de las autoliquidaciones complementarias. En los supuestos en que, al amparo de lo establecido en el artículo 97.6 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la solicitud de suspensión del ingreso de la deuda tributaria resultante de la declaración realizada por un cónyuge no alcance la totalidad de dicho importe, el resto de la deuda tributaria podrá fraccionarse en los términos establecidos en los párrafos anteriores. Artículo 15. Pago de la deuda tributaria resultante de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio mediante domiciliación bancaria. 1. Los contribuyentes que opten por fraccionar el pago de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán utilizar como medio de pago del 40 por 100 correspondiente al segundo plazo la domiciliación bancaria en la entidad de crédito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria en la que efectúen el ingreso del primer plazo. Los contribuyentes que, al fraccionar el pago, no deseen domiciliar el segundo plazo en entidad colaboradora, deberán efectuar el ingreso de dicho plazo por vía electrónica o directamente en cualquier oficina situada en territorio español de estas entidades (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito) hasta el día 5 de noviembre de 2015, inclusive, mediante el modelo 102. 2. Sin perjuicio de lo anterior, los contribuyentes que efectúen la presentación electrónica de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio o cuyas declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se realicen a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en las de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, y en las habilitadas a tal efecto por las restantes Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales, para su inmediata transmisión electrónica, así como los que efectúen la confirmación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por medios telemáticos, telefónicos o en las oficinas antes citadas, podrán utilizar como medio de pago de las deudas tributarias resultantes de las mismas la domiciliación bancaria en la entidad de crédito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria (Banco, Caja de Ahorro o Cooperativa de Crédito) sita en territorio español en la que se encuentre abierta a su nombre la cuenta en la que se domicilia el pago. En el supuesto de que el contribuyente opte por el fraccionamiento del pago del ingreso resultante de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la domiciliación, tanto del primero como del segundo plazo, esta última deberá efectuarse en la misma entidad y cuenta en la que se domicilió el primer plazo. 3. La domiciliación bancaria de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio a que se refiere el apartado anterior podrá realizarse desde el día 7 de abril hasta el 25 de junio de 2015, ambos inclusive. No obstante, si se opta por domiciliar únicamente el segundo plazo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la misma podrá realizarse hasta el 30 de junio de 2015. 4. La Agencia Estatal de Administración Tributaria comunicará la Orden u órdenes de domiciliación bancaria del contribuyente a la entidad colaboradora señalada, la cual procederá, en su caso, el día 30 de junio de 2015 a cargar en cuenta el importe domiciliado, ya sea la totalidad de la deuda tributaria o el importe correspondiente al primer plazo, en el supuesto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ingresándolo en los plazos establecidos en la cuenta restringida de colaboración en la recaudación de los tributos. Posteriormente, la citada entidad remitirá al contribuyente justificante del ingreso realizado, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de la citada Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que servirá como documento acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro Público. De forma análoga, en el supuesto de que el contribuyente hubiese procedido a la domiciliación del segundo plazo, en el supuesto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la entidad colaboradora procederá, en su caso, el día 5 de noviembre de 2015 a cargar en cuenta dicho importe y a ingresarlo en los plazos establecidos en la cuenta restringida de colaboración en la recaudación de los tributos, remitiendo al contribuyente justificante del ingreso realizado, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de la citada Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, que servirá como documento acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro Público. 5. Cuando los contribuyentes que presenten por vía electrónica la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o confirmen por esta misma vía el borrador de declaración, hayan fraccionado el pago de la deuda tributaria en dos plazos y, sin haber domiciliado el pago del primer plazo, opten por efectuar la domiciliación bancaria del importe correspondiente al segundo plazo, no precisarán efectuar comunicación alguna a la entidad colaboradora, ya que será la Agencia Estatal de Administración Tributaria quien comunique dicha domiciliación a la entidad colaboradora señalada por el contribuyente en el documento de ingreso o devolución. Posteriormente, la entidad colaboradora remitirá al contribuyente justificante del ingreso realizado correspondiente a dicho segundo plazo, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, que servirá como documento acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro Público. 6. Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía electrónica declaraciones en representación de terceras personas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 79 a 86 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y en la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación electrónica de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios, podrán, por esta vía, dar traslado de las órdenes de domiciliación que previamente les hayan comunicado los terceros a los que representan. 7. De conformidad con lo establecido en el artículo 38.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de las domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso realizado el que a tal efecto expida la entidad de crédito donde se encuentre domiciliado el pago, que incorporará las especificaciones recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de la citada Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio. CAPÍTULO VII Presentación electrónica de las declaraciones Artículo 16. Habilitación y condiciones para la presentación electrónica de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio. 1. Con carácter general, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán presentar por medios electrónicos la declaración correspondiente a este Impuesto, con sujeción a las condiciones establecidas en el artículo 6 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria. En el caso de declaración conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas formulada por ambos cónyuges, ambos deberán disponer del correspondiente certificado electrónico reconocido. Cuando los contribuyentes deban acompañar a la declaración la documentación adicional que se indica en el artículo 11 de esta Orden y, en general, cualesquiera documentos, solicitudes o manifestaciones de opciones no contemplados expresamente en los propios modelos oficiales de declaración, la presentación electrónica de la declaración requerirá que la citada documentación adicional se presente, en forma de documentos electrónicos, en el registro electrónico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, regulado mediante Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Patrimonio deberán presentar necesariamente por medios electrónicos la declaración correspondiente a este impuesto, con sujeción a las condiciones establecidas en el artículo 6 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria. En su caso, los sujetos pasivos que presenten declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio deberán también presentar o confirmar por medios electrónicos, por internet o teléfono, la declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o el borrador de la misma. 3. A partir del 1 de julio de 2019 no se podrá efectuar la presentación electrónica de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al ejercicio 2014. Artículo 17. Procedimiento para la presentación electrónica de las autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio. 1. La presentación electrónica por Internet de las autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio se efectuarán de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 a 11, ambos inclusive, de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria. Cuando se trate de autoliquidaciones a ingresar cuyo pago sea el correspondiente al primer plazo, en caso de autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en que se opte por esta modalidad de fraccionamiento del pago, la orden de domiciliación podrá referirse al importe del primer plazo. En este caso, el declarante deberá imprimir y conservar, además de la declaración aceptada así como el documento de ingreso o devolución, modelo 100, el documento de ingreso del segundo plazo modelo 102, validados con un código seguro de verificación de 16 caracteres y en los que constará, además de la fecha y hora de la presentación de la autoliquidación, la Orden de domiciliación efectuada y, en su caso, la opción de fraccionamiento de pago elegida. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el caso de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con resultado a ingresar, cuando el pago no se realice mediante domiciliación bancaria o cuando se realice el pago parcial con solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, compensación, reconocimiento de deuda o mediante entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español, el contribuyente podrá obtener el Número de Referencia Completo (NRC) de la entidad colaboradora por alguna de las siguientes vías: – de forma directa, bien en sus oficinas o bien a través de los servicios de banca electrónica que aquéllas presten a sus clientes; – por vía electrónica, utilizando un certificado electrónico reconocido emitido de acuerdo a las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica que resulte admisible por la Agencia Estatal de Administración Tributaria según la normativa vigente en cada momento; – o también por vía electrónica, mediante el uso del sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario, empleado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para facilitar a las Entidades colaboradoras la identificación telemática de aquellos obligados tributarios y personas que así lo soliciten con ocasión del pago de sus deudas. 3. En el caso de declaraciones conjuntas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas formuladas por ambos cónyuges, para su presentación los dos deberán disponer del correspondiente certificado electrónico reconocido, o consignar el Número de Identificación fiscal (NIF) del declarante, el NIF del cónyuge y el correspondiente código de acceso o número o números de referencia del borrador o de los datos fiscales previamente suministrados por la Agencia Tributaria. En estos casos la Agencia Estatal de Administración Tributaria adoptará el correspondiente protocolo de seguridad que permita garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la presentación. 4. En los supuestos de autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a cónyuges no separados legalmente en las que uno de ellos solicite la suspensión del ingreso y el otro la renuncia al cobro de la devolución, si alguno de los cónyuges opta por el sistema de presentación electrónica de la declaración, la declaración correspondiente al otro deberá presentarse también por este sistema. La presentación de ambas declaraciones se realizará con arreglo al procedimiento que en cada caso proceda, según el resultado final de las mismas. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 13 de marzo de 2015.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero. ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI ANEXO VII

Todo listo para la campaña de renta 2014. Con ingresos de 1 pagador inferior a 22.000 euros, no estás obligado a presentarla

La regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se contiene fundamentalmente en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo. Los artículos 96 y 97 de la citada Ley 35/2006 regulan la obligación de declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Conforme al apartado 1 del artículo 96, los contribuyentes están obligados a presentar y suscribir declaración por este impuesto, con los límites y condiciones que reglamentariamente se establezcan. No obstante, en los apartados 2 y 3 se excluye de la obligación de declarar a los contribuyentes cuyas rentas no superen las cuantías brutas anuales que, en función de su origen o fuente, se señalan en los mismos. Por su parte, el apartado 4 del citado artículo dispone que estarán obligados a declarar en todo caso los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación de la deducción por cuenta ahorro-empresa, por doble imposición internacional o que realicen aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, planes de pensiones, planes de previsión asegurados o mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia que reduzcan la base imponible, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. A estos últimos efectos, el artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que la obligación de declarar a cargo de estos contribuyentes únicamente surgirá cuando los mismos ejerciten el derecho a la práctica de las correspondientes reducciones o deducciones. Además, el apartado 3 de la disposición transitoria decimoctava de la Ley 35/2006 establece que los contribuyentes que tengan derecho a aplicar el régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda habitual estarán obligados a presentar declaración por este Impuesto, en cuanto ejerciten el derecho a la deducción. Por lo que respecta a los contribuyentes obligados a declarar, el artículo 97 de la citada Ley 35/2006, dispone, en su apartado 1, que estos, al tiempo de presentar su declaración, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos determinados por el Ministro de Economía y Hacienda, estableciendo, además, en su apartado 2 que el ingreso del importe resultante de la autoliquidación se podrá fraccionar en la forma que reglamentariamente se determine. En este sentido, el apartado 2 del artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que, sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento del pago prevista en el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y desarrollada en los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el ingreso del importe resultante de la autoliquidación se podrá fraccionar, sin interés ni recargo alguno, en dos partes: la primera, del 60 por 100 de su importe, en el momento de presentar la declaración, y la segunda del 40 por 100 restante, en el plazo que determine el Ministro de Economía y Hacienda, siendo necesario, para disfrutar de este beneficio, que la declaración se presente dentro del plazo establecido y que ésta no sea una autoliquidación complementaria. Completa la regulación de esta materia el apartado 6 del artículo 97 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el que se establece el procedimiento de suspensión del ingreso de la deuda tributaria entre cónyuges, sin intereses de demora. La regulación de la obligación de declarar se cierra, por último, con los apartados 5 y 6 del artículo 96 de la citada Ley 35/2006, de 28 de noviembre, y el apartado 5 del artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en los que se dispone que la declaración se efectuará en la forma, plazos e impresos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda, quien podrá aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración y determinar los lugares de presentación de las mismas, los documentos y justificantes que deben acompañarlas, así como los supuestos y condiciones para la presentación de las declaraciones por medios telemáticos. Por lo que atañe a los contribuyentes no obligados a declarar, aunque no les resulte exigible la presentación de una declaración con resultado a ingresar, sí están obligados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a la presentación de la correspondiente declaración, ya consista ésta en una autoliquidación o en el borrador de declaración debidamente confirmado por el contribuyente, cuando soliciten la devolución derivada de la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, en su caso, les corresponda, precisándose en el artículo 66.1 del citado Reglamento que en estos casos la liquidación provisional que pueda practicar la Administración tributaria, no podrá implicar a cargo del contribuyente no obligado a presentar declaración ninguna obligación distinta de la restitución de lo previamente devuelto más el interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Para determinar el importe de la devolución que proceda realizar a estos contribuyentes, deben tenerse en cuenta, además de los pagos a cuenta efectuados, la deducción por maternidad que, en su caso, corresponda a cada uno de ellos. Por esta razón, no se estima necesario proceder a desarrollar el procedimiento de regularización de la situación tributaria a que se refiere el artículo 60.5.4.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ### RESUMEN: Todo listo para la campaña de renta 2014. Con ingresos de 1 pagador inferior a 22.000 euros, no estás obligado a presentarla

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres («BOE» núm. 71, del 23), y lo previsto en el Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres de la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos de 28 de enero de 2011; Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («BOE» núm. 313, del 31); Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («BOE» núm. 312, del 30); Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012; Real Decreto 614/1995, de 21 de abril («BOE» núm. 118, de 18 de mayo), por el que se aprueba el Reglamento de los procesos selectivos y de formación en el Cuerpo Nacional de Policía, modificado por el Real Decreto 440/2007, de 3 de abril («BOE» núm. 81, del 4); Real Decreto 1425/2012, de 11 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo Nacional de Policía para el año 2012 («BOE» núm. 246, del 12); Orden de Interior de 24 de Octubre de 1989 («BOE» núm. 259, del 28); Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 4 de junio de 1998 («BOE» núm. 134, del 5), modificada por la de 11 de diciembre de 2001 («BOE» núm. 305, del 21); Orden INT/3516/2009, de 29 de diciembre, por la que se crea un registro electrónico, en la Dirección General de la Policía; Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se establece el procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones, para el pago por vía telemática, de las tasas correspondientes a la participación en la oposición a ingreso al Cuerpo Nacional de Policía; y demás normas de aplicación directa o supletoria; previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública; en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 4 del texto reglamentario citado, Esta Dirección General convoca pruebas selectivas para cubrir vacantes en la categoría de Policía del Cuerpo Nacional de Policía, con arreglo a las siguientes Bases de la convocatoria 1. Número de plazas, sistema de provisión y fases del proceso selectivo 1.1 Número de plazas y sistema de provisión. Se convocan 153 plazas de alumnos del Centro de Formación, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.5 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería («BOE» num. 98, de 25 del mismo mes), de las plazas citadas se reservan 15 a militares profesionales de tropa y marinería que lleven cinco años de servicios como tales, las cuales serán cubiertas por el procedimiento de oposición. Las 138 plazas restantes serán cubiertas por el procedimiento de oposición libre. Las 15 plazas reservadas a militares profesionales de tropa y marinería no cubiertas, acrecerán las 138 de oposición libre. El Tribunal no podrá aprobar, ni declarar que han superado las pruebas, a un número de opositores superior al de plazas convocadas. En el supuesto de que el número de opositores que superen todas las pruebas de la fase de oposición sea superior al número de plazas convocadas, los criterios de prelación para declarar aptos a unos y no aptos a otros serán los siguientes: 1.º Mayor puntuación obtenida en la parte a) de la segunda prueba (conocimientos). 2.º Mayor puntuación obtenida en la parte a) de la tercera prueba (psicotécnicos). 3.º Mayor puntuación obtenida en la primera prueba (aptitud física). 4.º Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la primera prueba, y, en caso de persistir el empate, se irá aplicando sucesivamente la mayor puntuación obtenida en los ejercicios segundo, tercero y cuarto de la primera prueba hasta deshacer el empate. 1.2 Fases del proceso selectivo. El proceso selectivo de los aspirantes constará de las siguientes fases: A) Oposición. B) Curso de Formación. C) Módulo de formación práctica. 2. Requisitos de los aspirantes 2.1 Requisitos. 2.1.1 Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas será necesario reunir, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: a) Ser español. b) Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres. Este requisito se comprobará en la fecha en que los opositores comparezcan a la realización de la prueba de aptitud física. c) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria u otros equivalentes o superiores. d) Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, que se prestará a través de declaración del solicitante. e) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. f) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B. 2.1.2 Asimismo los aspirantes deberán estar en posesión del permiso de conducción de la clase A previsto en el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, o el de la clase A2 a que se refiere el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo; y la autorización (B.T.P.) prevista en ambos Reglamentos, antes del 1 de abril de 2013. 2.1.3 Los interesados en optar a las 15 plazas reservadas a militares profesionales de tropa y marinería, además de los requisitos anteriormente mencionados, deberán reunir y acreditar, el de llevar cinco años de servicio como tales a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. La no acreditación de este requisito en el plazo mencionado comportará la adscripción a las plazas de turno libre. 2.2 Comprobación de los requisitos durante el proceso. Si en algún momento del procedimiento se tuviere conocimiento de que cualquiera de los aspirantes no posee alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, el Tribunal, desde la publicación de la lista definitiva de admitidos hasta la conclusión de la fase de oposición, o la División de Formación y Perfeccionamiento, durante el resto del proceso selectivo, previa audiencia del interesado, acordarán su exclusión, comunicando a este Centro directivo, en su caso, las inexactitudes o falsedades que hubiera podido cometer. 3. Solicitud de admisión y liquidación de las tasas de examen 3.1 Plazo. Veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 3.2 Procedimiento. La solicitud de admisión a este proceso se realizará utilizando el modelo de solicitud de admisión a pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía (Modelo 790, código de tasa 088), por alguno de los siguientes procedimientos: a) A través de la sede electrónica del Cuerpo Nacional de Policía https://policia.es, eligiendo en «procesos selectivos» la opción «instancias» «Escala Básica» y siguiendo las instrucciones que se le indiquen. b) A través de la página web https://policia.es, rellenando el formulario que se indica en la misma, que permite la cumplimentación automática del modelo 790. Una vez cumplimentados los datos de dicho formulario se descarga el impreso de solicitud en soporte papel por triplicado («ejemplar para la Administración», «ejemplar para el interesado» y «ejemplar para la entidad colaboradora»). El original de los tres ejemplares del impreso de solicitud (no son válidas las fotocopias) cumplimentados en la forma descrita, se presentarán en cualquier entidad de depósito de las mencionadas en la base 3.3, para hacer efectivo el pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes señalado en la base 3.1. Una vez efectuado el pago de la tasa, y siempre dentro del plazo de presentación de solicitudes de la base 3.1, el «ejemplar para la Administración» del modelo 790 de solicitud, debidamente firmado por el interesado y con validación del pago de la tasa, deberá presentarse directamente en la División de Formación y Perfeccionamiento o a través de las Comisarías de Policía, Cuarteles de la Guardia Civil, Oficinas de Correos o cualesquiera otras de las referidas en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En las dependencias policiales se prestará el apoyo necesario para facilitar la inscripción a los interesados. c) Únicamente cuando sea imposible la conexión con la aplicación https://policia.es, se formalizará la solicitud cumplimentando a máquina o a mano en mayúsculas, el original del impreso de solicitud 790, código de tasa 088, previamente obtenido en la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, Avda. Pío XII, núm. 50, 28071 Madrid, y en las Secretarías de las Jefaturas Superiores, Comisarías Provinciales y Locales del Cuerpo Nacional de Policía. Una vez cumplimentado, se procederá al abono de la tasa y a la presentación del «ejemplar para la Administración», dentro del plazo de presentación de solicitudes de la base 3.1, siguiendo el mismo procedimiento expresado en el apartado b) anterior. La solicitud de participación en el proceso selectivo lleva implícita la autorización para que la División de Formación y Perfeccionamiento recabe, respecto del interesado, los antecedentes que del mismo puedan obrar en el Registro Central de Penados; de la Dirección General de Tráfico los permisos de conducción requeridos en la convocatoria y fecha de expedición de los mismos; y sus datos del Sistema de Verificación de Datos de Identidad. No obstante, sin perjuicio de firmar la instancia y en documento unido a la misma, se podrá manifestar la voluntad expresa contraria a dicha autorización. La solicitud sólo producirá efectos una vez presentado el «ejemplar para la Administración» del modelo 790, con la tasa pagada, dentro del citado plazo, ante cualquiera de las oficinas señaladas anteriormente. 3.3 Tasa por derechos de examen. El importe de la tasa, Tarifa cuarta, asciende a diez euros con ochenta y ocho céntimos (10,88 euros) y será satisfecho dentro del plazo establecido para la formalización de la solicitud, mediante ingreso en cualquier entidad de depósito (Bancos, Cajas de Ahorro, etc.) que preste servicios de colaboración en la recaudación de las tasas que constituyen recursos del presupuesto del Estado, utilizando para ello el impreso 790, código de tasa 088, citado. Requisitos para el pago telemático: 1. Disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 2. Disponer de documento nacional de identidad electrónico o de firma electrónica avanzada, basada en un certificado de usuario admitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria como medio de identificación y autentificación en sus relaciones telemáticas con los contribuyentes. A estos efectos, serán válidos los certificados de usuario X.509.V3, expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, al amparo de la normativa tributaria, así como los emitidos por las autoridades de certificación publicadas en la página web de la Agencia Tributaria (oficina virtual), admitidos para el uso de firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, según dispone la Orden HAC/1181/2003, de 12 de marzo, por la que se establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 3. Tener una cuenta abierta en una entidad colaboradora en la gestión recaudatoria que se haya adherido al sistema previsto en la Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos, en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios, y que aparezca en la relación de entidades que se muestre en la opción de pago de la «oficina virtual» de la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Pago de las tasas por vía telemática: 1. El modelo de autoliquidación es el ya citado 790, que se encuentra a disposición de los interesados en la web de la Dirección General de la Policía (https://policia.es). Si se opta al pago por esta vía, previamente se deberán cumplir los requisitos establecidos en el apartado tercero 2.d de la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, requisitos que se detallan en el apartado cuarto de la misma. 2. El pago telemático de estas tasas tendrá siempre carácter voluntario y alternativo, en su caso, al procedimiento ordinario de pago. 3. Para realizar el pago telemático de estas tasas auto liquidables, el obligado al pago o sujeto pasivo, deberá entrar en la web de la Dirección General de la Policía, cumplimentar el formulario correspondiente, y realizar el pago conforme a lo establecido en el apartado cuarto de la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo. 4. Los servicios telemáticos de la Dirección General de la Policía, conectarán al interesado a través de su pasarela de pagos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para que lleve a cabo todos los pasos necesarios para completar el pago. 5. Una vez efectuado el pago, la entidad colaboradora generará el Número de Referencia Completo (NRC), que será enviado a la Dirección General de la Policía, la cual generará, para que el interesado lo pueda imprimir, el modelo de autoliquidación cumplimentado y pagado, en el que figurará el Número de Referencia Completo (NRC), que le servirá como justificante del pago de la tasa. De acuerdo con el apartado sexto de la Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba el modelo de impreso sobre solicitud de admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública y liquidación de la tasa de derechos de examen y se dictan instrucciones complementarias sobre su aplicación, quienes se inscriban o presenten su solicitud en el extranjero, deberán efectuar el ingreso en la cuenta restringida siguiente: Título de la cuenta: Tesoro público. Ministerio del Interior. Tasas recaudadas en el extranjero. Entidad: BBVA. Oficina institucional. Calle Alcalá, 16. Madrid 28014. Código Internacional de cuenta bancaria: IBAN ES10. Número de cuenta: 0182 2458 10 0200006043. 3.4 Devolución de la tasa de examen. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable al interesado. En aquellos casos en que, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, proceda la devolución de ingresos indebidos de la tasa, será necesario, para instar la devolución, solicitud expresa del interesado en la que deberán figurar inexcusablemente los siguientes datos: nombre y apellidos, NIF, domicilio y CCC (veinte dígitos), a donde ha de realizarse la transferencia bancaria de devolución, acompañando al original de la solicitud el «ejemplar para el interesado» del impreso modelo 790 o el justificante del pago por vía telemática. 3.5 Exentos del pago de la tasa. 1.º Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención, que en el plazo de que se trate no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional y que, asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos señalados, se solicitará en la correspondiente oficina de los servicios públicos de empleo. En cuanto a la acreditación de las rentas se realizará mediante una declaración jurada o promesa suscrita por el solicitante. 2.º Quienes sean miembros de familia numerosa clasificada en la «categoría especial», que deberán acreditar mediante fotocopia del título oficial, en vigor, acreditativo de tal condición y expedido por la correspondiente Comunidad Autónoma. 3.6 Bonificaciones. Tendrán una bonificación del 50 % en el pago de la tasa por derechos de examen, quienes acrediten ser miembros de familia numerosa clasificada en «categoría general», por lo que el importe de la tasa será de cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos (5,44 euros); para ello deberán aportar fotocopia del título oficial, en vigor, acreditativo de tal condición y expedido por la correspondiente Comunidad Autónoma. 3.7 Las personas exentas del pago de tasa o que tengan derecho a la bonificación, consecuente con lo dispuesto sobre el plazo para el pago de la tasa de examen, deberán presentar los documentos acreditativos de la exención o de la bonificación dentro del plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso, cualquiera que sea el procedimiento por el que se haya optado para la tramitación de la solicitud. 4. Admisión de los aspirantes 4.1 Lista de admitidos. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de la Policía publicará, en el «Boletín Oficial del Estado», Resolución por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos del proceso, si bien en el «Boletín Oficial del Estado» solo se publicarán los excluidos, con indicación de la causa o causas de exclusión. La lista de admitidos contendrá los datos personales, las sedes de examen designadas por cada opositor para la realización de la primera y segunda prueba y del idioma elegido a que se refiere la base 6.2. Ambas listas se harán públicas en la Dirección General de la Función Pública, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (C/ María de Molina 50, de Madrid; Teléfono 060); en la Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo y de Atención Ciudadana del Ministerio del Interior (C/ Amador de los Ríos, num. 8, de Madrid; Teléfono 902150002); y en la página web https://policia.es 4.2 Subsanación de defectos o reclamaciones. Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de dicha Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión o para efectuar las reclamaciones que estimen oportunas. 4.3 Lista definitiva. Las reclamaciones serán resueltas por la Resolución de este Centro Directivo que haga pública la lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso. Dicha Resolución se hará pública con la de excluidos en el «Boletín Oficial del Estado» y en los Órganos, dependencias y lugares antes mencionados, en los que también se publicará la de admitidos. 5. Designación, composición y actuación de los tribunales 5.1 Designación. Al objeto de garantizar la presencia de, al menos, un miembro de los Tribunales en cada una de las sedes de examen mencionadas en la base 6.5., que garantice y coordine la correcta ejecución de las pruebas; así como, por razones de eficacia, funcionalidad y agilidad del proceso; se designan cuatro Tribunales: Tribunal número Uno, Tribunal número Dos, Tribunal número Tres y Tribunal número Cuatro; y un Tribunal Suplente, cuyos miembros suplirán indistintamente a aquéllos en el ejercicio de sus funciones. 5.2 Composición. Los Tribunales estarán constituidos por los siguientes miembros: Tribunal número Uno: Presidente: D. José Santiago Sánchez Aparicio, Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policía. Vocales: D. José Luís Tejedor González, Comisario del Cuerpo Nacional de Policía; D. Carlos Ballesteros Jodrá y D. Antonio Pérez Jiménez, Inspectores Jefes del Cuerpo Nacional de Policía; D. José Alberto Infante Colado, D. José Ignacio Pérez Murillo y D.ª M.ª del Carmen Carrión Tapia, Inspectores del Cuerpo Nacional de Policía. Tribunal número Dos: Presidente: D. Jesús María Marín Zabala, Comisario del Cuerpo Nacional de Policía. Vocales: D. Juan Francisco Hidalgo Dueñas, D.ª M.ª Isabel Vega Cambero, D.ª Raquel Florencia Medina Gil, y D.ª Ana Isabel Fernández García, Inspectores Jefes del Cuerpo Nacional de Policía; D. Luis Miguel Calleja Saiz, Inspector del Cuerpo Nacional de Policía y D.ª Montserrat Molina Vaquero, Subinspectora del Cuerpo Nacional de Policía. Tribunal número Tres: Presidente: D.ª Rosa María Muñoz González, Inspectora Jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Vocales: D. Jorge Juan Gil Martínez, D. Román Luis Monasterio Varea, D. Andrés del Río Liquete, y D.ª Laura Delgado de las Heras, Inspectores Jefes del Cuerpo Nacional de Policía; D.ª Ana María Domingo Llorente, Inspectora del Cuerpo Nacional de Policía y D.ª M.ª Isabel Coso Leal, Subinspectora del Cuerpo Nacional de Policía. Tribunal número Cuatro: Presidente: D.ª María Montserrat Marín López, Inspectora Jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Vocales: D. Manuel Alcaide Alcaide, D. José Ángel González Morán, y D. Pedro Jesús Aguado Reinaldo, Inspectores Jefes del Cuerpo Nacional de Policía; D.ª María de la Soledad Merino Martí, y D.ª Gema Sanz López, Inspectoras del Cuerpo Nacional de Policía; y D.ª Concepción Simón Martínez, Subinspectora del Cuerpo Nacional de Policía. Tribunal Suplente: Presidente: D. Marceliano Gutiérrez Rodríguez, Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policía. Vocales: D. Domingo Sánchez Navarro y D. Miguel Ángel Martínez Redondo Inspectores Jefes del Cuerpo Nacional de Policía; D.ª Patricia Álvarez González, D.ª M.ª Teresa Delgado Martín, D.ª Beatriz Belén de Antón Lázaro, Inspectoras del Cuerpo Nacional de Policía; y Dª. Ana Isabel García Lolo, Subinspectora del Cuerpo Nacional de Policía. En la sesión constitutiva los Tribunales designarán, de entre sus miembros, un Secretario. 5.3 Actuación de los Tribunales. Los Tribunales de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, velarán por el estricto cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades entre ambos sexos. El Tribunal número Uno, a partir de la lista definitiva de admitidos y en el ámbito de sus funciones, coordinará y dirigirá los Tribunales; determinará y homogeneizará los criterios de actuación; intervendrá en todo el desarrollo del proceso y llevará a cabo las actuaciones que se deriven de las presentes bases y de su aplicación; resolverá cuantas dudas puedan surgir en relación con las mismas y lo que deba hacerse en los casos no previstos por ellas; a fin de que, en el ejercicio de las funciones que le competen para una adecuada administración del proceso, pueda adoptar las medidas necesarias para que en cada prueba concurra un número suficiente de opositores para lograr una eficaz selección. Los Tribunales números Dos, Tres y Cuatro intervendrán, indistintamente, con el Tribunal número Uno, en la aprobación, desarrollo, ejecución, valoración y calificación de las pruebas. El Tribunal Suplente ejercerá sus funciones en cualquiera de los Tribunales. De cada sesión los Tribunales extenderán el acta correspondiente. Para sesiones de valoración o calificación de pruebas, deberán actuar, al menos, cinco miembros de entre todos los Tribunales. Para ejecución de pruebas, o cuando éstas deban llevarse a cabo con la asistencia de asesores especialistas, bastará la intervención de un miembro de los Tribunales, previamente comisionado, para asegurar su correcta realización y trasladar a aquéllos los resultados de la prueba. A cada una de las sedes de examen mencionadas en la base 6.5, y a los solos efectos de ejecución de las pruebas, se trasladará, al menos, un miembro de los Tribunales, o los que, en su caso, se designen cuando el número de opositores convocados y el de aulas o instalaciones a utilizar en cada sede de examen, lo aconseje, los cuales levantarán acta de las actuaciones practicadas y, en unión de los sobres cerrados que contengan las pruebas realizadas o las marcas o resultados obtenidos por los opositores, las entregarán a los Tribunales para su calificación. Los errores de hecho podrán subsanarse de oficio o a instancia de parte, en cualquier momento del procedimiento. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, los Tribunales tendrán su sede en la División de Formación y Perfeccionamiento, Avda. de Pío XII, núm. 50, 28071 Madrid, teléfonos 91.322.75.97 y 91.322.75.98; y en la dirección de correo electrónico: procesos.dfp@policia.es 5.4 Asesores y colaboradores. El Tribunal número Uno podrá designar, para todas o algunas de las pruebas, a los asesores especialistas y personal colaborador o auxiliar que estime necesario, los cuales se limitarán al ejercicio de las funciones propias de su especialidad o que les sean encomendadas. 5.5 Incompatibilidades. Los miembros de los Tribunales se abstendrán de intervenir en el proceso, comunicándolo al Director General de la Policía, cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como, si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en la Función Pública en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria. El Presidente podrá solicitar de los miembros de los Tribunales declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley citada. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 29 de la citada Ley, cuando concurra alguna de dichas circunstancias. 5.6 Asistencias. Los miembros de los Tribunales y asesores tendrán derecho al cobro de las asistencias de la categoría tercera, según lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo («BOE» núm. 129, del 30) y los colaboradores al percibo de las retribuciones que pudieran corresponderles. 6. Fase de oposición 6.1 Pruebas. La fase de oposición constará de las siguientes pruebas de carácter eliminatorio: 6.1.1 Primera prueba (aptitud física): Esta prueba consistirá en la realización por los opositores de los ejercicios físicos que se describen en el Anexo II. La calificación de cada ejercicio será de cero a diez puntos, según lo establecido en dicho Anexo, teniendo en cuenta que la obtención de cero puntos en cualquiera de ellos supone la eliminación del aspirante. La calificación de la prueba será la media de las obtenidas en cada ejercicio, debiendo alcanzarse al menos cinco puntos para aprobar. Cuando lo estime pertinente y de forma aleatoria, el Tribunal Calificador podrá realizar pruebas de consumo de sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, de estimulantes o cualquier tipo de dopaje, según las normas del Consejo Superior de Deportes, destinados a aumentar la capacidad física o a modificar los resultados de la prueba, quedando eliminados los que den positivo al consumo de dichas sustancias. Su ejecución será pública, pero no se permitirá su grabación por medio audiovisual alguno porque pudiera afectar a la seguridad, al derecho a la intimidad personal y a la propia imagen de los intervinientes en la misma. Para la realización de la prueba, los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo, y entregar al Tribunal un certificado médico, en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las referidas pruebas deportivas. La no presentación de dicho documento supondrá la exclusión del aspirante del proceso selectivo. Las aspirantes que no pudieran realizar las pruebas físicas establecidas en la convocatoria por embarazo o parto, debidamente acreditados, realizarán todas las demás, quedando condicionado su ingreso en el Centro de Formación a la superación de aquéllas y a que, de acuerdo con su calificación global en la convocatoria, en relación con la de los demás aspirantes, le corresponda. A tal fin, la interesada podrá realizar las indicadas pruebas físicas en el momento que se establezca para la siguiente convocatoria. Si en esta fecha tampoco pudiera realizarlas debido a otro embarazo o parto, debidamente acreditados, podrá realizarlas en una inmediata segunda convocatoria. La incorporación al Centro de Formación se realizará con los admitidos en la convocatoria en que supere las pruebas físicas. En caso de que la interesada no pudiera realizar las pruebas físicas en la fecha prevista para ello en la segunda convocatoria posterior a la de superación del resto de las pruebas, cualquiera que fuera la causa, perderá todo derecho a las mismas. 6.1.2 Segunda prueba (de conocimientos y ortografía): Constará de dos partes eliminatorias: a) Consistirá en la contestación por escrito en cincuenta minutos, a un cuestionario de cien preguntas, con un enunciado y tres alternativas de respuestas de las que sólo una es verdadera, relacionadas con el temario que figura como Anexo I a la presente convocatoria. Los errores penalizan conforme a la fórmula siguiente: A-(E/ (n-1)), siendo «A» el número de aciertos, «E» el de errores y «n» número de alternativas de respuesta. b) Consistirá en la contestación por escrito a un cuestionario para evaluar la capacidad ortográfica del opositor. La calificación de la parte a) será de cero a diez puntos; y de la parte b) será de apto o no apto, para lo cual, el Tribunal fijara la puntuación mínima necesaria para superarla. Los interesados dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al de realización de estas pruebas, para impugnar cualquiera de las preguntas integrantes del cuestionario de conocimientos y ortográfico, a través del correo electrónico: secretariaprocesos.dfp@policia.es 6.1.3 Tercera prueba (psicotécnica): Constará de dos partes: a) Test psicotécnicos. Consistirá en la realización de uno o varios tests dirigidos a determinar la personalidad y evaluar las aptitudes del candidato para el desempeño de la función policial; así como la confección de un cuestionario biográfico. Igualmente los interesados dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al de realización de esta prueba, para impugnar cualquiera de las preguntas integrantes del cuestionario de test psicotécnicos, a través del correo electrónico: secretariaprocesos.dfp@policia.es b) Entrevista personal. A partir de los resultados de los tests de personalidad y teniendo en cuenta el cuestionario biográfico, se investigarán en el aspirante los factores de personalidad que determine el Tribunal, el cual fijará la puntuación mínima para superar esta prueba. Ambas partes se valorarán conjuntamente y el Tribunal fijará la puntuación mínima necesaria para superar cada una de ellas. La calificación de esta prueba será de «apto» o «no apto». 6.1.4 Cuarta prueba (reconocimiento médico): Dirigida a comprobar que no concurren en el aspirante ninguna de las causas de exclusión a que se refiere la Orden de 11 de enero de 1988, que se reproduce como Anexo III a la presente convocatoria. El punto 2. de dicha Orden, obesidad-delgadez, se evaluará a través del índice de masa corporal (IMC). Peso: No serán aptos aquellos aspirantes, que presentando características morfológicas de obesidad, tengan un índice de masa corporal superior a 28 en hombres y mujeres. En ambos sexos, dicho índice no podrá ser inferior de 18. El cálculo del índice de masa corporal se efectuará aplicando la siguiente fórmula: IMC = P/T2, donde P es el peso desnudo en kilogramos y T la talla en metros. La realización de esta prueba implica el consentimiento de los aspirantes para que los resultados del reconocimiento médico sean puestos a disposición del Tribunal Calificador a los fines expresados y sirvan de fundamento para la evaluación y calificación de la misma. Para la realización de esta prueba se aplicarán a los aspirantes las técnicas médicas de uso convencional que se estimen oportunas, incluida la analítica de sangre y orina. La calificación de esta prueba será de «apto» o «no apto». 6.2 Ejercicio voluntario de idioma. Los opositores podrán realizar con carácter voluntario, un ejercicio de conocimiento de los idiomas inglés o francés (sólo uno de ellos), a nivel exigido por el sistema educativo general en la enseñanza básica obligatoria, que podrá mejorar hasta dos puntos la nota final de la oposición, de los que superen la misma. Los opositores optarán por el ejercicio voluntario de idioma en la solicitud de participación en el proceso (recuadro «idioma voluntario»). La opción efectuada fuera de dicha solicitud no se tendrá en cuenta. 6.3 Consumo de sustancias tóxicas. Independientemente de la finalidad de la cuarta prueba (reconocimiento médico) descrita en la base 6.1.4 anterior, a los aspirantes se les podrá realizar en cualquier fase del proceso selectivo, análisis de sangre y orina o cualquier otro que se estime conveniente para detectar el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicos. La participación en el proceso lleva implícita la autorización expresa para la realización de estos análisis. Si el interesado se negara a someterse a la realización de dichos análisis, el Tribunal durante la fase de oposición, o la División de Formación y Perfeccionamiento durante las del curso de formación profesional y periodo de prácticas, previa audiencia del interesado, acordarán su exclusión del proceso. 6.4 Llamamiento. Los aspirantes serán convocados a cada prueba en único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan al mismo, sea cual fuere la causa que al respecto pueda alegarse. Del mismo modo, publicada la lista definitiva de admitidos, no se permitirá, en ningún caso, cambios de sede de examen ni de fecha de realización de las pruebas. 6.5 Lugar de realización de las pruebas. La primera prueba se realizará en las siguientes sedes: Ávila, Tenerife y Baleares. La segunda prueba en las siguientes: A Coruña, Baleares, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Sevilla, Valencia, y Zaragoza. A estos efectos, los opositores deberán consignar en su solicitud la sede de examen, de entre las citadas, en cada caso, en que deseen realizar las citadas pruebas, quedando vinculados por esta elección para su realización en dicha sede. Los opositores que no ejerciten la referida opción, serán adscritos a la sede de Ávila para la realización de las pruebas físicas y en la sede de Madrid para la realización de las restantes pruebas. Previo el oportuno anuncio, el Tribunal podrá añadir a las anteriores relaciones otras sedes de examen, o eliminar alguna de las indicadas, cuando así lo aconseje el número de peticionarios o razones de economía de medios, eficacia o funcionalidad, asignando de oficio a los opositores a cada una de ellas. Igualmente el Tribunal, teniendo en cuenta el número de aspirantes que superen la primera y segunda prueba, determinará la sede o las sedes de examen para la realización de la parte a) de la tercera prueba y del ejercicio voluntario de idioma. La parte b) de la tercera prueba (entrevista personal) y la cuarta prueba (reconocimiento médico) se celebrarán en Madrid; si bien el Tribunal podrá, en su caso, determinar otras sedes de examen para la realización de estas pruebas. 6.6 Inicio y calendario de las pruebas. La primera prueba se iniciará en la fecha que señale esta Dirección mediante Resolución publicada en el «Boletín Oficial del Estado». La convocatoria para las siguientes pruebas se hará pública, con al menos veinticuatro horas de antelación a través de la página web https://policia.es. En el mismo lugar se expondrán al público las listas de aprobados y cualquier comunicación del Tribunal. No obstante lo anterior, a los solos efectos de favorecer la mecánica de la oposición, el Tribunal número Uno podrá disponer que determinadas pruebas o parte de ellas se realicen en la misma o en distinta fecha o en unidad de acto, evaluando cada una respecto de los que hubieran aprobado la anterior, teniendo en cuenta el orden de la base 6 de esta convocatoria. No obstante, la evaluación o calificación de la tercera y cuarta prueba se efectuará conjuntamente en la misma sesión del Tribunal. 6.7 Orden de actuación de los opositores. El orden de actuación ante los Tribunales, cuando a ello haya lugar, será alfabético, comenzando por la letra «O», de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, de 29 de febrero de 2012 («BOE» núm. 61, del 12 de marzo), por la que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado, celebrado el 29 de febrero de 2012. 6.8 Identificación de los opositores. Los opositores comparecerán a las diferentes pruebas provistos del Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento legal que lo sustituya. El Tribunal podrá exigir la identificación de los opositores en cualquier momento del proceso. 6.9 Calificación final de la fase de oposición. La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la parte a) de la segunda prueba (conocimientos) y en la primera (aptitud física), incluida en aquélla, en su caso, la puntuación alcanzada en el ejercicio voluntario de idioma (ver base 6.2.), suma a la que se añadirá, en su caso, la puntuación conseguida con motivo de los servicios prestados en las Fuerzas Armadas, de acuerdo con lo dispuesto en la base 6.10 y la correspondiente a los deportistas de alto nivel a que se refiere la base 6.11. Se ordenará de mayor a menor, en sendas listas, la puntuación final obtenida por los aspirantes a las plazas reservadas a militares profesionales de tropa y marinería y la obtenida por los aspirantes a las plazas de oposición libre. Cuando, en uno u otro caso, exista igualdad de puntuación, el orden de prelación se determinará atendiendo a los criterios siguientes: 1.º Mayor puntuación obtenida en la parte a) de la segunda prueba (conocimientos). 2.º Mayor puntuación obtenida en la parte a) de la tercera prueba (psicotécnicos). 3.º Mayor puntuación obtenida en la primera prueba (aptitud física). 4.º Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la primera prueba, y, en caso de persistir el empate, se irá aplicando sucesivamente la mayor puntuación obtenida en los ejercicios segundo, tercero y cuarto de la primera prueba hasta deshacer el empate. Si, respecto a las plazas reservadas a militares profesionales de tropa y marinería, el número de orden 15 hubiera de determinarse entre varios opositores con igual puntuación, la prelación para declarar aptos a unos y no aptos a otros, se llevará a cabo atendiendo, asimismo, a los criterios anteriormente señalados. De igual forma se actuará respecto de las plazas de oposición libre, teniendo en cuenta el número de orden equivalente al número de plazas inicialmente convocadas, 138 más las que acrezcan, en su caso, por no resultar cubiertas en su totalidad las reservadas a militares profesionales de tropa y marinería. Una vez realizadas estas operaciones, se formará una sola lista con los aspirantes declarados aptos conteniendo las puntuaciones finales de los mismos ordenadas de mayor a menor, que determinará el orden definitivo obtenido en la fase de oposición. 6.10 Servicios prestados en las Fuerzas Armadas. Conforme a lo dispuesto en la Orden INT/4008/2005, de 16 de diciembre («BOE» núm. 305, del 22), será considerado como mérito para el ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía el tiempo de servicio prestado en las Fuerzas Armadas como militar de complemento, como militar profesional de tropa o marinería o como reservista voluntario según se especifica: 1. Por cada año completo de servicio prestado como militar de complemento y como militar profesional de tropa o marinería, u ostentando la condición de reservista voluntario, 0,15 puntos, hasta un máximo de 1,5 puntos. 2. Además, en función del empleo alcanzado como militar de complemento, militar profesional de tropa o marinería o reservista voluntario, se asignará la siguiente puntuación: 1. Cabo: 0,10. 2. Cabo 1.º: 0,15. 3. Cabo Mayor: 0,20. 4. Sargento: 0,25. 5. Alférez: 0,30. 6. Teniente: 0,40. 7. Capitán: 0,50. A los efectos de esta puntuación, únicamente se tendrá en cuenta el empleo máximo alcanzado, no considerándose aquellos ostentados para la consecución de aquel. Dicha puntuación se incorporará a la suma final de la obtenida durante la fase de oposición a los que superen esta. 6.11 Deportistas de alto nivel. Igualmente conforme a lo dispuesto en la Orden INT/4008/2005, antes citada, por cada año en que se haya ostentado la condición de deportista de alto nivel, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel, se asignará la puntuación que a continuación se señala, según el grupo, de los previstos en el artículo 4 del citado Real Decreto, en el que hubiera estado incluido: 1. Incluidos en el Grupo A: 0.35 puntos. 2. Incluidos en el Grupo B: 0.25 puntos. 3. Incluidos en el Grupo C: 0.20 puntos. Dicha puntuación se incorporará a la suma final de la obtenida durante la fase de oposición a los que superen esta. 6.12 Para el cómputo de los méritos por los servicios prestados en las Fuerzas Armadas y por haber ostentado la condición de deportista de alto nivel, se considerará como fecha límite la del último día del plazo de presentación de las solicitudes de admisión al proceso. 7. Acreditación de requisitos 7.1 Presentación de documentos. En la fecha en que sean convocados a la realización de la cuarta prueba, los opositores que hayan superado las anteriores y autorizaron expresamente a la División de Formación y Perfeccionamiento, para recabar los antecedentes obrantes en el Registro Central de Penados; de la Dirección General de Tráfico los permisos de conducción y sus datos del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, presentarán al Tribunal los siguientes documentos: a) Fotocopia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 2.1.1.c) de la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha base, habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación en tal sentido del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. b) Documento acreditativo, en su caso, de los servicios prestados en las Fuerzas Armadas. c) Documento acreditativo, en su caso, de haber ostentado la condición de deportista de alto nivel. Los que no expresaron autorización para que fueran recabados sus datos, además de los documentos anteriores, deberán presentar: a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. b) Certificado de antecedentes penales, expedido por el Registro Central de Penados. c) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A o A2 y B, así como de la autorización (B.T.P) a que se refiere la base 2. (Requisitos de los aspirantes). 7.2 Formalidades de los documentos. Cuantos documentos se presenten habrán de ser originales o extendidos en copias debidamente autorizadas o compulsadas. Las compulsas deberán afectar, en su caso, a la totalidad de las páginas del documento, y no se considerarán válidas cuando carezcan de la firma e identificación personal del funcionario que las extiende. No serán tenidos en cuenta documentos transmitidos por telefax u otros sistemas análogos. Cuando se aleguen equivalencias u homologaciones de títulos obtenidos o estudios cursados, dicha circunstancia deberá, asimismo, acreditarse. En otro caso no será tenida en cuenta. 7.3 Funcionarios públicos. Quiénes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar aquellos extremos que constituyeron requisito previo para su nombramiento. En este caso, acompañarán la oportuna certificación extendida por la unidad de personal correspondiente. 7.4 Falta de presentación de documentos o subsanación de defectos. Para subsanar la falta de presentación de algún documento o de los defectos de que puedan adolecer los presentados, se concederá a los interesados un plazo de diez días hábiles. Transcurrido dicho plazo el Tribunal no admitirá documento alguno acreditativo de requisitos, de méritos o de subsanación de defectos, procediendo a anular las actuaciones de los que no acrediten los requisitos exigidos en las bases 2.1.1 y 2.1.2, y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir los interesados por falsedad en la solicitud inicial. 8. Curso de formación y periodo de prácticas 8.1 Curso de formación. Quienes superen la fase de oposición y hayan presentado en plazo la documentación exigida, serán nombrados Policías-alumnos por el Director General de la Policía, y en tal calidad se incorporarán al Centro de Formación de la División de Formación y Perfeccionamiento en la fecha que oportunamente se determine, para la realización de un curso académico de carácter selectivo de formación profesional e irrepetible. Para superar el curso, dado su carácter selectivo, los alumnos deberán aprobar todas y cada una de las asignaturas del plan de estudios vigente. Cada asignatura será calificada de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de cinco puntos para aprobarla. Dado su carácter selectivo será necesario superarlas todas para acceder al módulo de formación práctica. Quienes no superen el curso en su totalidad en exámenes ordinarios o en una única convocatoria extraordinaria, causarán baja en el centro docente por Resolución del Director General de la Policía y perderán toda expectativa de ingreso nacida de la superación de la oposición. La no incorporación, sin causa justificada, al Centro de Formación para la realización del preceptivo curso de formación, en la fecha indicada, llevará aparejada la exclusión del proceso y la pérdida de todos los derechos y expectativas de derechos nacidos de la superación de la fase de oposición. Los mismos efectos surtirán las Resoluciones por las que se desestimen las solicitudes de aplazamiento del curso de formación. 8.2 Modulo de formación práctica. Quienes superen el curso selectivo realizarán un módulo de formación práctica en el puesto de trabajo que se determine por este Centro Directivo, necesario para la obtención del nivel de profesionalización requerido para la categoría a la que se aspira a ingresar. En dicho módulo de prácticas se valorarán los siguientes rasgos personales: responsabilidad, dedicación, disciplina, integridad, espíritu de equipo, decisión y corrección, los cuales serán calificados de cero a diez puntos, requiriéndose, como mínimo, una puntuación de cinco puntos en cada uno de ellos para superar las prácticas. Dicho módulo será irrepetible, salvo causa involuntaria, debidamente justificada, que lo impida, apreciada por el Director General de la Policía, y, por tanto, su no superación implica la exclusión definitiva del proceso selectivo. 8.3 No incorporación al curso y módulo de prácticas. Quienes por causa debidamente justificada, apreciada por el Director General de la Policía, no puedan incorporarse al curso que le corresponda o continuar en él, podrán hacerlo en el primero que se celebre, una vez desaparecidas aquellas circunstancias. Aquellos alumnos que, en los mismos casos, no puedan realizar o completar el módulo de formación práctica, lo harán tan pronto como cesen dichas circunstancias. En ambos casos, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice aquel. Dado el carácter selectivo de los cursos de formación, así como de los módulos de prácticas de los procesos selectivos de ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, aquellas aspirantes que, por su estado de gestación o lactancia, no puedan incorporarse a los mismos, continuar en ellos o completarlos, debido a que la realización de determinados ejercicios o prácticas pudieran poner en peligro la salud de la madre o del feto, el Director General de la Policía, de oficio o a instancia de parte, previo informe del Servicio Sanitario de este Centro Directivo y a propuesta de la División de Formación y Perfeccionamiento, concederá o dispondrá el aplazamiento de los referidos cursos o prácticas a las aspirantes afectadas, que los realizarán en los primeros que se celebren, una vez desaparecidas dichas circunstancias. En estos casos el escalafonamiento tendrá lugar en su promoción y en el orden que le hubiera correspondido de acuerdo con la puntuación obtenida. 8.4 Exclusiones durante el curso de formación o el módulo de formación práctica. Los alumnos aspirantes a ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía que, ya en el Centro docente o en período de prácticas, evidencien cualquier causa de las que figuran en el correspondiente cuadro de exclusiones médicas de la convocatoria, serán sometidos a examen médico por un Tribunal integrado por tres facultativos, nombrados por el Director General de la Policía. El Director del Centro podrá adoptar, como medida cautelar, la separación provisional del interesado de la actividad formativa, por plazo no superior a quince días. El Director General de la Policía, a la vista del dictamen médico que se emita, podrá acordar la separación definitiva del afectado, en función de la gravedad del defecto físico o enfermedad, y perderá todos los derechos a su nombramiento como funcionario de carrera derivados de su participación en el proceso selectivo. Será excluido del proceso de selección o causará baja en el Centro de Formación el aspirante a ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía que resulte condenado por delito doloso, o separado de otros cuerpos de las Administraciones Públicas, por actos cometidos antes o después de ser admitido a la correspondiente oposición. 9. Nombramiento y escalafonamiento Los alumnos que superen el curso selectivo establecido en la correspondiente convocatoria y el módulo de formación práctica en el puesto de trabajo, serán declarados aptos y nombrados, por el Secretario de Estado de Seguridad, Policías del Cuerpo Nacional de Policía. El escalafonamiento se llevará a cabo con arreglo a las previsiones contenidas en la normativa vigente en el momento de su aplicación. 10. Norma final Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Disposición Adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se puede interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de la Policía en el plazo de un mes, en los términos establecidos por el art. 116 y concordantes de aquella Ley o contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 10.1.i) y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley. Madrid, 18 de octubre de 2012.–El Director General de la Policía, Ignacio Cosidó Gutiérrez. ANEXO I A) Ciencias Jurídicas Tema 01. El derecho: Concepto y acepciones. Las normas jurídicas positivas: Concepto, estructura, clases y caracteres. El principio de jerarquía normativa. La persona en sentido jurídico: Concepto y clases; su nacimiento y extinción; capacidad jurídica y capacidad de obrar. Adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad española. El domicilio. La vecindad civil. Tema 02. Constitución Española (I): Estructura y caracteres de la Constitución Española de 1978. Los valores de la Constitución. Los principios del régimen constitucional: Estado democrático, Estado de derecho, Estado social, Monarquía parlamentaria y Estado autonomista. Los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución: Especial referencia a los derechos fundamentales y libertades públicas, así como, a las garantías de los mismos y a la suspensión de los derechos y libertades. El Defensor del Pueblo. Tema 03. La Constitución Española (II): De la Corona. De las Cortes Generales. Del Gobierno y la Administración. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Del Poder Judicial. De la organización territorial del Estado. Del Tribunal Constitucional. De la reforma constitucional. Tema 04. La Unión Europea: Referencia histórica. El derecho derivado. Instituciones más importantes de la Unión Europea. La cooperación policial internacional. Tema 05. La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado: Principios de organización, funcionamiento y relaciones con los ciudadanos; órganos superiores y órganos directivos en la organización central. El Gobierno: Composición, organización y funciones; el Gobierno en funciones. Tema 06. Los funcionarios públicos: Concepto y clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Tema 07. El Ministerio del Interior: Estructura orgánica básica. La Secretaría de Estado de Seguridad: Estructura y funciones. Tema 08. La Dirección General de la Policía. Estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos del Cuerpo Nacional de Policía. El Cuerpo Nacional de Policía: Funciones, escalas y categorías; sistemas de acceso; régimen disciplinario y situaciones administrativas. Tema 09. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones generales; principios básicos de actuación; disposiciones estatutarias comunes. De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Los derechos de representación colectiva; el Consejo de Policía; organización de las unidades de Policía Judicial; de las Policías de las Comunidades Autónomas; de la colaboración y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas; de las Policías Locales. Tema 10. Derecho penal: Concepto. Principios informadores del derecho penal. La infracción penal: El delito y la falta. Concepto material de delito. Grados de ejecución del delito. Personas físicas y jurídicas criminalmente responsables de los delitos y faltas. Las consecuencias jurídicas de la infracción penal. Vigencia temporal y espacial de la Ley Penal. La edad penal y sus efectos. Tema 11. Noción de Derecho procesal penal. Concepto de jurisdicción y de competencia. Los órganos de la jurisdicción penal. Concepto de denuncia y la obligación de denunciar. La detención: Concepto y duración. La obligación de detener. Los derechos del detenido. El procedimiento de habeas corpus. El Ministerio Fiscal: Funciones. Tema 12. Medidas de protección integral contra la violencia de género. Principios rectores. Prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Tutela institucional: Especial referencia a las unidades especializadas en la prevención en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Marco normativo y actuaciones encaminadas a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Atención a personas dependientes. B) Ciencias Sociales Tema 13. Derechos Humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Convenio contra la Tortura. Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo. Tema 14. Globalización y antiglobalización. Conceptos y características. Consecuencia de la globalización. Reacciones a la globalización. El Movimiento Antiglobalización: Organizaciones, objetivos e historia. El Foro Social Mundial. Tema 15. Socialización: Transmisión de valores en la sociedad actual. Libertad-responsabilidad. Igualdad-solidaridad. Tolerancia. Contravalores, reacciones sociales a los valores mayoritarios: Racismo, fanatismo, fundamentalismo, sectarismo, hooliganismo. Tema 16. Actitudes y valores sociales. Las actitudes: Concepto, componentes y funciones. Estereotipos, prejuicios y discriminación. Actitudes de la personalidad autoritaria: Xenofobia y dogmatismo. Los grupos sociales. El conflicto entre grupos. Tema 17. Inmigración. Movimientos migratorios: Concepto y causas de las migraciones. Tipos y efectos. Las grandes migraciones a través de la historia. Las migraciones en la actualidad. Integración social: Factor esencial de la cohesión social. Plan estratégico de Ciudadanía e Integración. PECI (2011-2014). Tema 18. La ciudad como fundamento del cambio social. Población y grupos sociales. La Demografía: Densidad demográfica, estructura de población, tasas de mortalidad y natalidad, crecimiento vegetativo. La sociedad de masas. La contaminación y la protección del medio ambiente. Tema 19. La seguridad. Concepto. Seguridad individual y seguridad colectiva. La inseguridad. Políticas de seguridad. Inadaptación, marginalidad y delincuencia: Concepto, modelos explicativos y clases de delincuencia. Tema 20. Drogodependencias. Conceptos de droga, consumidor, métodos de administración, adicción, dependencia, tolerancia, politoxicomanías. Clasificación de las drogas. Tema 21. Ortografía de la lengua española. Reglas ortográficas. Uso de las letras o grafemas. Uso de la tilde, de los signos ortográficos y de las letras mayúsculas y minúsculas. Representación gráfica de las unidades léxicas. Ortografía de las expresiones procedentes de otras lenguas, de nombres propios y expresiones numéricas. C) Materias Técnico-Científicas Tema 22. La electrónica. Concepto de componentes electrónicos. Transmisiones: Las ondas electromagnéticas. Modulación y transmisión. Medios de transmisión. Utilización básica de un sistema de comunicaciones. Transmisiones digitales y transmisiones analógicas. Tema 23. Partes y funciones básicas de un ordenador. Sistema operativo Windows. Definición y funcionamiento básico, iconos y objetos, gestión de unidades de disco, organización de los datos en discos, partes y funcionamiento del escritorio, el explorador de Windows, la papelera de reciclaje, el panel de control, accesorios. Tema 24. Procesador de textos Microsoft Word: Elementos básicos, el ayudante, operaciones básicas, formato de carácter, párrafo y página, corrección de un texto, impresión, columnas, tabulaciones, tablas y gráficos. Tema 25. Introducción a las redes informáticas y tipos. Internet e Intranet. El navegador Internet Explorer: Conocimiento básico. Tema 26. Origen de las armas de fuego. Armas de antecarga y de retrocarga. Clasificación y definición de las armas de fuego. Cartucho metálico y semimetálico: Definición y componentes. Armas prohibidas. Documentación que ampara la tenencia y porte de armas. ANEXO II A) Descripción de las pruebas de aptitud física Primer ejercicio (hombres y mujeres): Con la salida de pie, detrás de la línea de partida, el opositor debe realizar el recorrido que figura en el siguiente gráfico representativo. Es nulo todo intento en el que el candidato derribe alguno de los banderines o vallas que delimitan el recorrido o se equivoque en el mismo. Se permiten dos intentos sólo a los opositores que hagan nulo el primero. Segundo ejercicio (hombres): Desde la posición de suspensión pura con palmas al frente, total extensión de brazos, se realizarán flexiones asomando la barbilla por encima de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo del cuerpo o ayudarse con movimientos de piernas. Un intento. Segundo ejercicio (mujeres): El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible, en la posición que se describe: brazos flexionados, presa con las palmas de la mano hacia atrás, piernas completamente extendidas y sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra y sin tener contacto con ella. Un intento. Tercer ejercicio (hombres y mujeres): Desde la posición inicial, de lado junto a una pared vertical, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el candidato marca la altura que alcanza en esta posición. Separado 20 cms. de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca nuevamente con los dedos al nivel alcanzado. Al flexionar las piernas para tomar impulso, no se permite despegar los talones del suelo. Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto. Un intento. Cuarto ejercicio (hombres): Carrera de 2.000 metros sobre superficie lisa, plana y dura. Un intento. Cuarto ejercicio (mujeres): Carrera de 1.000 metros sobre superficie lisa, plana y dura. Un intento. B) Sistema de calificación Primer ejercicio Tiempo-Puntos Hombres Mujeres 11,7' ó + ' = 0 12,8' ó + ' = 0 11,6 a 11,5' = 1 12,7 a 12,6' = 1 11,4 a 11,3' = 2 12,5 a 12,4' = 2 11,2 a 11,0' = 3 12,3 a 12,1' = 3 10,9 a 10,6' = 4 12,0 a 11,7' = 4 10,5 a 10,2' = 5 11,6 a 11,3' = 5 10,1 a 9,8' = 6 11,2 a 10,9' = 6 9,7 a 9,4' = 7 10,8 a 10,4' = 7 9,3 a 8,9' = 8 10,3 a 9,9' = 8 8,8 a 8,3' = 9 9,8 a 9,4' = 9 8,2' ó - ' = 10 9,3' ó - ' = 10 Segundo ejercicio Flexiones-Puntos Tiempo-Puntos Hombres Mujeres 0 a 3 = 0 0 a 21' = 0 4 = 1 22 a 26' = 1 5 = 2 27 a 31' = 2 6 = 3 32 a 36' = 3 7 = 4 37 a 43' = 4 8 = 5 44 a 51' = 5 9 = 6 52 a 60' = 6 10 = 7 61 a 70' = 7 12 = 8 71 a 82' = 8 14 = 9 83 a 94' = 9 17 = 10 95' ó +' = 10 Tercer ejercicio Centímetros-Puntos Hombres Mujeres 0 a 43 = 0 0 a 33 = 0 44 a 45 = 1 34 a 35 = 1 46 a 47 = 2 36 a 37 = 2 48 a 49 = 3 38 a 39 = 3 50 a 52 = 4 40 a 41 = 4 53 a 56 = 5 42 a 44 = 5 57 a 60 = 6 45 a 47 = 6 61 a 64 = 7 48 a 50 = 7 65 a 69 = 8 51 a 54 = 8 70 a 75 = 9 55 a 59 = 9 76 ó + = 10 60 ó + = 10 Cuarto ejercicio Tiempo-Puntos Hombres Mujeres 8,45' ó + ' = 0 5,00' ó + ' = 0 8,44 a 8,35' = 1 4,59 a 4,54' = 1 8,34 a 8,25' = 2 4,53 a 4,48' = 2 8,24 a 8,15' = 3 4,47 a 4,38' = 3 8,14 a 8,05' = 4 4,37 a 4,28' = 4 8,04 a 7,51' = 5 4,27 a 4,18' = 5 7,50 a 7,36' = 6 4,17 a 4,08' = 6 7,35 a 7,16' = 7 4,07 a 3,57' = 7 7,15 a 6,56' = 8 3,56 a 3,42' = 8 6,55 a 6,31' = 9 3,41 a 3,27' = 9 6,30' ó - ' = 10 3,26' ó - ' = 10 ANEXO III Cuadro de exclusiones médicas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía (Orden de 11 de enero de 1988) 1. Talla: Estatura mínima: 1,65 metros los hombres; 1,60 metros las mujeres. 2. Obesidad-Delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo. 3. Exclusiones circunstanciales: Enfermedades o lesiones agudas, activas en el momento del reconocimiento, que puedan producir secuelas capaces de dificultar o impedir el desarrollo de las funciones policiales. En estos casos, el Tribunal Médico podrá fijar un nuevo plazo para comprobar el estado de salud del aspirante, al final del cual los Servicios de Sanidad de la Dirección General de la Policía certificarán si han desaparecido los motivos de la exclusión circunstancial. 4. Exclusiones definitivas: 4.1 Ojo y visión: 4.1.1 Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en ambos ojos. 4.1.2 Queratotomía radial. 4.1.3 Desprendimiento de retina. 4.1.4 Estrabismo. 4.1.5 Hemianopsias. 4.1.6 Discromatopsias. 4.1.7 Cualquier otro proceso patológico que, a juicio del Tribunal Médico, dificulte de manera importante la agudeza visual. 4.2 Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. 4.3 Otras exclusiones: 4.3.1 Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio del Tribunal Médico, con el desempeño del puesto de trabajo. (Patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares). 4.3.2 Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier otro proceso digestivo que, a juicio del Tribunal Médico, dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 4.3.3 Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los 145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio del Tribunal Médico, pueda limitar el desempeño del puesto de trabajo. 4.3.4 Aparato respiratorio: El asma bronquial, la broncopatía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la función policial. 4.3.5 Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función policial. 4.3.6 Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial. 4.3.7 Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas, psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio del Tribunal Médico limite o incapacite para el ejercicio de la función policial.

Convocatoria 153 plazas para la escuela de la Policía Nacional.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres («BOE» núm. 71, del 23), y lo previsto en el Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres de la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos de 28 de enero de 2011; Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («BOE» núm. 313, del 31); Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («BOE» núm. 312, del 30); Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012; Real Decreto 614/1995, de 21 de abril («BOE» núm. 118, de 18 de mayo), por el que se aprueba el Reglamento de los procesos selectivos y de formación en el Cuerpo Nacional de Policía, modificado por el Real Decreto 440/2007, de 3 de abril («BOE» núm. 81, del 4); Real Decreto 1425/2012, de 11 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo Nacional de Policía para el año 2012 («BOE» núm. 246, del 12); Orden de Interior de 24 de Octubre de 1989 («BOE» núm. 259, del 28); Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 4 de junio de 1998 («BOE» núm. 134, del 5), modificada por la de 11 de diciembre de 2001 («BOE» núm. 305, del 21); Orden INT/3516/2009, de 29 de diciembre, por la que se crea un registro electrónico, en la Dirección General de la Policía; Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se establece el procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones, para el pago por vía telemática, de las tasas correspondientes a la participación en la oposición a ingreso al Cuerpo Nacional de Policía; y demás normas de aplicación directa o supletoria; previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública; en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 4 del texto reglamentario citado, Esta Dirección General convoca pruebas selectivas para cubrir vacantes en la categoría de Policía del Cuerpo Nacional de Policía, con arreglo a las siguientes Bases de la convocatoria 1. Número de plazas, sistema de provisión y fases del proceso selectivo 1.1 Número de plazas y sistema de provisión. Se convocan 153 plazas de alumnos del Centro de Formación, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.5 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería («BOE» num. 98, de 25 del mismo mes), de las plazas citadas se reservan 15 a militares profesionales de tropa y marinería que lleven cinco años de servicios como tales, las cuales serán cubiertas por el procedimiento de oposición. Las 138 plazas restantes serán cubiertas por el procedimiento de oposición libre. Las 15 plazas reservadas a militares profesionales de tropa y marinería no cubiertas, acrecerán las 138 de oposición libre. El Tribunal no podrá aprobar, ni declarar que han superado las pruebas, a un número de opositores superior al de plazas convocadas. En el supuesto de que el número de opositores que superen todas las pruebas de la fase de oposición sea superior al número de plazas convocadas, los criterios de prelación para declarar aptos a unos y no aptos a otros serán los siguientes: 1.º Mayor puntuación obtenida en la parte a) de la segunda prueba (conocimientos). 2.º Mayor puntuación obtenida en la parte a) de la tercera prueba (psicotécnicos). 3.º Mayor puntuación obtenida en la primera prueba (aptitud física). 4.º Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la primera prueba, y, en caso de persistir el empate, se irá aplicando sucesivamente la mayor puntuación obtenida en los ejercicios segundo, tercero y cuarto de la primera prueba hasta deshacer el empate. 1.2 Fases del proceso selectivo. El proceso selectivo de los aspirantes constará de las siguientes fases: A) Oposición. B) Curso de Formación. C) Módulo de formación práctica. 2. Requisitos de los aspirantes 2.1 Requisitos. 2.1.1 Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas será necesario reunir, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: a) Ser español. b) Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres. Este requisito se comprobará en la fecha en que los opositores comparezcan a la realización de la prueba de aptitud física. c) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria u otros equivalentes o superiores. d) Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, que se prestará a través de declaración del solicitante. e) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. f) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B. 2.1.2 Asimismo los aspirantes deberán estar en posesión del permiso de conducción de la clase A previsto en el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, o el de la clase A2 a que se refiere el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo; y la autorización (B.T.P.) prevista en ambos Reglamentos, antes del 1 de abril de 2013. 2.1.3 Los interesados en optar a las 15 plazas reservadas a militares profesionales de tropa y marinería, además de los requisitos anteriormente mencionados, deberán reunir y acreditar, el ### RESUMEN: Convocatoria 153 plazas para la escuela de la Policía Nacional.

El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Acción Cultural Española, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y Netflix España han suscrito, con fecha de 29 de abril de 2020, un Convenio para colaborar en la puesta en marcha de proyecto de ayuda para el sector audiovisual en el marco de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19; por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución. Madrid, 11 de mayo de 2020.–La Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Beatriz Navas Valdés. ANEXO Convenio entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Acción Cultural Española, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y Netflix España para colaborar en la puesta en marcha de proyecto de ayuda para el sector audiovisual en el marco de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 Madrid, 29 de abril de 2020. REUNIDOS De una parte, doña Beatriz Navas Valdés, Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (en adelante ICAA), organismo autónomo del Ministerio de Cultura y Deporte, con NIF Q2828017J y domicilio a efectos del presente Convenio en la Plaza del Rey 1, 28004 Madrid. Nombrada por Real Decreto 891/2018, de 13 de julio. Actúa en nombre y representación del citado organismo en virtud de las facultades que le confiere el Real Decreto 7/1997, de 10 de enero, de estructura orgánica y funciones del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y resto de las disposiciones vigentes. De otra parte, don José Andrés Torres Mora, Presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural, S.A. (en adelante AC/E), con NIF A81/553521 y domicilio social en la calle José Abascal, núm. 4 de Madrid. Actúa en nombre y representación de la citada entidad en uso de las facultades delegadas en su favor y que ejerce según consta en la Escritura de Poder otorgada ante el Notario de Madrid, don Carlos Huidobro Arreba, bajo el número de orden de su protocolo 277, de fecha 3 de marzo de 2020. De otra parte, don Mariano Barroso Ayats, Presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (en adelante «la Academia»), asociación con NIF G78307584 y domicilio a efectos del presente Convenio en la calle Zurbano, 3, 28010 de Madrid. Actúa en nombre y representación de la citada entidad en uso de las facultades otorgadas a su favor mediante escritura de apoderamiento de fecha 9 de octubre de 2018 otorgada ante la Notaria de Madrid doña Eva María Sanz del Real bajo el número 1.840 de orden de su protocolo. Y de otra parte, don Reg Thomson, administrador único de Los Gatos Servicios de Transmisión España (en adelante «Netflix España»), con NIF B88182514 y domicilio a efectos del presente Convenio en calle Leganitos, 47, 7 º, 28013 Madrid. Actúa en nombre y representación de la citada entidad de acuerdo con las facultades que ejerce en virtud de escritura pública de constitución de la sociedad de fecha 27 de agosto de 2018 otorgada ante Notario de Madrid don Javier Barrerios Fernández. Las partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente documento y a tal efecto EXPONEN I. Que el ICAA tiene entre sus fines, conforme al artículo 2 del Real Decreto 7/1987, de 10 de enero, de estructura orgánica y funciones del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, desarrollar la creación, incrementar la producción y favorecer la distribución de producciones españolas, mejorar el grado de competencia de las empresas del sector, alcanzar una proporción aceptable de mercado interior que permita el mantenimiento de todo el conjunto industrial del cine español, la proyección exterior de la cinematografía y de las artes audiovisuales españolas, así como la salvaguarda y difusión del patrimonio cinematográfico español. Asimismo, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, el ICAA podrá, para alcanzar estos objetivos, suscribir convenios de colaboración con entidades públicas o privadas necesarios para el fomento de las actividades cinematográficas y audiovisuales. II. Que AC/E es una entidad pública entre cuyos fines figuran el impulso y promoción de la cultura y el patrimonio de España, dentro y fuera de sus fronteras, a través de un amplio programa de actividades que incluye exposiciones, congresos, ciclos de conferencias, cine, teatro, música, producciones audiovisuales e iniciativas que fomentan la movilidad de profesionales y creadores. III. Que la Academia es una asociación sin ánimo de lucro compuesta por profesionales dedicados a las distintas especialidades de la creación cinematográfica, entre cuyos fines figuran el impulsar la promoción del cine español, defender a sus profesionales y analizar la situación de la industria y del propio cine español. Asimismo, para el fomento del progreso de las artes audiovisuales la Academia tiene, entre otras funciones, la de establecer una constructiva colaboración entre las Administraciones Públicas y las personas relacionadas con las artes audiovisuales. IV. Netflix Inc. es una empresa de entretenimiento por Internet con presencia en más de 190 países, entre cuyos fines están servir a sus suscriptores y suscriptoras, quienes disfrutan de series, documentales y largometrajes de una amplia variedad de géneros y en diversos idiomas. Es objetivo fundamental de Netflix la creación de contenido para su servicio, haciendo un énfasis especial en ofrecer un abanico lo más extenso y diverso posible. Y para la elaboración de estos contenidos, es y ha sido crucial el trabajo que los profesionales del ámbito audiovisual realizan en nuestro país. Por ello, como parte de la iniciativa global de Netflix Inc. anunciada el 20 de marzo por la cual destinará 100 millones de dólares a apoyar a los trabajadores y trabajadoras del cine y la televisión, es su voluntad la de ayudar a nuestros profesionales en estos tiempos sin precedente. V. Que la crisis sanitaria de la COVID-19 ha generado una situación económica y social sin precedentes, por su alcance e impacto en los diferentes sectores productivos y en la propia sociedad, siendo el sector audiovisual y en particular, sus trabajadores y trabajadoras uno de los más afectados por las consecuencias económicas y sociales derivadas de esta crisis sanitaria. VI. Que las partes quieren colaborar y coordinarse para articular acciones de ayuda a profesionales del sector de la industria audiovisual española afectados de forma más grave por las tremendas consecuencias económicas provocadas por la crisis sanitaria de la COVID-19. Por todo lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente documento, que se ajusta a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), y que se regirá de conformidad con las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto del Convenio. El Convenio tiene por objeto el diseño y la puesta en marcha de una línea urgente de ayuda asistencial específica para profesionales del sector audiovisual que hayan resultado más gravemente afectados por las consecuencias económicas y sociales derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en España. Segunda. Compromisos de las partes. 1. Las partes crearán un Comité integrado por una representación de todos los firmantes de este Convenio, según se establece en la cláusula tercera, en cuyo seno se diseñará la línea urgente de ayuda asistencial específica a los trabajadores y trabajadoras del sector audiovisual más gravemente afectados por esta crisis («Línea Asistencial»). Dentro de los parámetros fijados por este Convenio, este mismo Comité se encargará de dar forma jurídica y organizativa a esta Línea Asistencial. 2. Netflix España, como parte del Comité, participará en la ejecución y desarrollo de la Línea Asistencial, que estará dotada económicamente con la cantidad de 1.000.000 EUR, como parte del fondo global que Netflix Inc destina para el apoyo de los trabajadores y trabajadoras del cine y la televisión a nivel mundial. 3. El ICAA ejercerá la representación institucional del sector audiovisual en el Comité y servirá de enlace directo, en la medida en que sea preciso, con las administraciones públicas. 4. AC/E, tanto dentro como fuera del Comité, promoverá la interlocución de las partes y el Comité con el sector empresarial audiovisual. 5. La Academia promoverá, tanto dentro como fuera del Comité, la interlocución y participación de las entidades representativas de los profesionales del sector audiovisual. 6. Las partes podrán promover que otras entidades privadas o públicas participen del objeto de este Convenio, siempre en el modo en que el Comité previamente determine. Tercera. Comité de ejecución y seguimiento. 1. Con el fin de desarrollar el objeto del Convenio, así como de facilitar su seguimiento, vigilancia y el control de la ejecución del mismo y de los compromisos adquiridos, se constituirá un Comité compuesto por una persona representante de cada una de las partes, designada por sus responsables. 2. El Comité acordará los parámetros y criterios básicos que debe seguir la Línea Asistencial. 3. A estos efectos, el Comité se reunirá por primera vez dentro de los dos días siguientes a la entrada en vigor del Convenio y acordará con carácter de urgencia: a) Crear un grupo de trabajo para la correcta ejecución y desarrollo del objeto del Convenio. b) Cursar invitaciones a los sindicatos del sector audiovisual para comunicarles el Proyecto y, en su caso, hacerles partícipes del mismo. c) Determinar, si es preciso, qué otras entidades relevantes podrían tener intervención y cursar también sus invitaciones. d) Convocar una reunión dentro de los cinco días siguientes a esta primera reunión con todos los nuevos participantes, siendo los principales puntos del orden del día, (i) formalizar la composición del Comité y criterios y método de trabajo (ii) poner en común los parámetros y criterios básicos que debe seguir la Línea Asistencial para su desarrollo, (iii) crear el grupo de trabajo que se encargue de definir el plan de desarrollo de la Línea Asistencial y los recursos necesarios para la ejecución y control del mismo. Alternativamente, el Comité podrá unificar las dos reuniones mencionadas en este apartado, con el mismo objeto y siempre dentro de los plazos aquí establecidos. Los resultados de las reuniones del Comité, y específicamente los parámetros y criterios que debe seguir la Línea Asistencial para su desarrollo serán recogidas en las correspondientes actas. 4. El Grupo de Trabajo lo formarán el número de personas que decida el Comité y reportará en todo momento al pleno del Comité. 5. El Comité decidirá, dentro de los límites establecidos en este Convenio, su funcionamiento y la periodicidad de las reuniones posteriores, así como la organización interna para llevar a cabo las decisiones que en él se adopten. Las reuniones del Comité, así como la del Grupo de trabajo, podrán hacerse de forma presencial o a distancia (llamada o videoconferencia), de las que se levantará el acta correspondiente. 6. Como órgano de vigilancia y control, el Comité será el encargado de velar por el exacto cumplimiento de lo establecido en este Convenio, resolver los problemas de interpretación y las incidencias que puedan plantearse en la aplicación de este. Cuarta. Compromisos económicos. Este Convenio no implica contraprestaciones económicas entre las partes firmantes del mismo ni ocasiona gasto, más allá de la aportación económica a la Línea Asistencial que realizará Netflix Inc. Quinta. Eficacia, vigencia y publicidad. 1. De acuerdo con el artículo 39 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el Convenio queda excluido de lo establecido en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, perfeccionándose y resultando eficaz por la prestación del consentimiento de las partes, sin perjuicio de su posterior inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 2. Tendrá una vigencia de un año que podrá prorrogarse por voluntad unánime y expresa de las partes por un periodo máximo de un año, siguiendo los mismos trámites de autorización y publicidad que los establecidos para el Convenio original. 3. El Convenio se hará público, asimismo, a través del Portal de la Transparencia, en aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Sexta. Modificación y extinción del Convenio. 1. El Convenio podrá ser modificado por voluntad expresa de las partes durante su vigencia, previo acuerdo por escrito, que seguirá los mismos trámites de autorización y publicidad que los establecidos para el Convenio original. 2. El Convenio se extinguirá por el cumplimiento del objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución: a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado su prórroga. b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. En este caso, será necesario obtener la autorización prevista en el artículo 50.2 c) de la LRJSP. c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que se cumpla en el plazo que en el mismo se indique con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al Comité de Ejecución y Seguimiento. Si transcurrido el plazo persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió comunicará la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios que se hayan causado, teniendo en cuenta la valoración de los trabajos realizados hasta el momento del incumplimiento. d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio. 3. El cumplimiento y la resolución del Convenio dará lugar a su liquidación, que se efectuará mediante acta del Comité de Ejecución y Seguimiento, en la que se determinará el cumplimiento de conformidad de los compromisos de cada una de las partes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la LRJSP. Asimismo, en caso de que al concurrir cualquier causa de resolución existan actuaciones en curso las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación correspondiente. Séptima. Comunicaciones. En cuanto a la comunicación y promoción del Proyecto, ésta será acordada de forma expresa por las partes. Las partes no podrán realizar comunicaciones públicas relacionadas con el proyecto sin la aprobación de los miembros del Comité o, en su caso, el grupo de trabajo que se designe. Octava. Compromiso anticorrupción. Las partes firmantes de este Convenio declaran y garantizan que son conscientes de la normativa aplicable en materia de anticorrupción, que prohíbe el soborno de funcionarios públicos de cualquier nación y que no ha tomado ni tomará ninguna acción que infrinja la misma en el marco del presente Convenio. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes declaran y garantizan que no realizarán ningún pago ni ningún tipo de aportación, ni directa ni indirectamente, a ningún empleado del gobierno con respecto a la contribución de Netflix, o cualquier actividad relacionada con el propósito de influir indebidamente en la decisión y / o acción de dicho empleado del gobierno en su capacidad oficial. Cualquier violación de la esta cláusula por parte de alguna de las Partes será causa de resolución del Convenio. Novena. Naturaleza, régimen jurídico y jurisdicción. 1. El Convenio, de naturaleza administrativa, se rige por lo establecido en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás normativa que resulte de aplicación. 2. No obstante, en la tramitación administrativa y suscripción del Convenio en el ámbito de la gestión de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19, de acuerdo con el artículo 39 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no resultarán de aplicación las disposiciones contenidas en los apartados 1 y 2 en las letras a), b) y c) del artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación de convenios. 3. Las partes resolverán de mutuo acuerdo cualquier problema de interpretación así como las controversias que pudieran suscitarse durante su ejecución. En ausencia de acuerdo, se someterán a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo competentes. Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio mediante firma electrónica.–Por el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, la Directora General, Beatriz Navas Valdés.–Por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, el Presidente, Mariano Barroso Ayats.–Por Netflix España, el Administrador Único, Reg Thomson.–Y mediante firma manual, visadas todas sus páginas, en la fecha que se indica en la misma, por Acción Cultural Española, el Presidente, José Andrés Torres Mora.

Convenio entre Netflix (que es el que pone un millón de euros), el Instituto de la Cinematografía (ICAA), Acción Cultural Española y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para crear línea de ayudas para trabajadores del audiovisual.

El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Acción Cultural Española, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y Netflix España han suscrito, con fecha de 29 de abril de 2020, un Convenio para colaborar en la puesta en marcha de proyecto de ayuda para el sector audiovisual en el marco de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19; por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución. Madrid, 11 de mayo de 2020.–La Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Beatriz Navas Valdés. ANEXO Convenio entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Acción Cultural Española, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y Netflix España para colaborar en la puesta en marcha de proyecto de ayuda para el sector audiovisual en el marco de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 Madrid, 29 de abril de 2020. REUNIDOS De una parte, doña Beatriz Navas Valdés, Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (en adelante ICAA), organismo autónomo del Ministerio de Cultura y Deporte, con NIF Q2828017J y domicilio a efectos del presente Convenio en la Plaza del Rey 1, 28004 Madrid. Nombrada por Real Decreto 891/2018, de 13 de julio. Actúa en nombre y representación del citado organismo en virtud de las facultades que le confiere el Real Decreto 7/1997, de 10 de enero, de estructura orgánica y funciones del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y resto de las disposiciones vigentes. De otra parte, don José Andrés Torres Mora, Presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural, S.A. (en adelante AC/E), con NIF A81/553521 y domicilio social en la calle José Abascal, núm. 4 de Madrid. Actúa en nombre y representación de la citada entidad en uso de las facultades delegadas en su favor y que ejerce según consta en la Escritura de Poder otorgada ante el Notario de Madrid, don Carlos Huidobro Arreba, bajo el número de orden de su protocolo 277, de fecha 3 de marzo de 2020. De otra parte, don Mariano Barroso Ayats, Presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (en adelante «la Academia»), asociación con NIF G78307584 y domicilio a efectos del presente Convenio en la calle Zurbano, 3, 28010 de Madrid. Actúa en nombre y representación de la citada entidad en uso de las facultades otorgadas a su favor mediante escritura de apoderamiento de fecha 9 de octubre de 2018 otorgada ante la Notaria de Madrid doña Eva María Sanz del Real bajo el número 1.840 de orden de su protocolo. Y de otra parte, don Reg Thomson, administrador único de Los Gatos Servicios de Transmisión España (en adelante «Netflix España»), con NIF B88182514 y domicilio a efectos del presente Convenio en calle Leganitos, 47, 7 º, 28013 Madrid. Actúa en nombre y representación de la citada entidad de acuerdo con las facultades que ejerce en virtud de escritura pública de constitución de la sociedad de fecha 27 de agosto de 2018 otorgada ante Notario de Madrid don Javier Barrerios Fernández. Las partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente documento y a tal efecto EXPONEN I. Que el ICAA tiene entre sus fines, conforme al artículo 2 del Real Decreto 7/1987, de 10 de enero, de estructura orgánica y funciones del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, desarrollar la creación, incrementar la producción y favorecer la distribución de producciones españolas, mejorar el grado de competencia de las empresas del sector, alcanzar una proporción aceptable de mercado interior que permita el mantenimiento de todo el conjunto industrial del cine español, la proyección exterior de la cinematografía y de las artes audiovisuales españolas, así como la salvaguarda y difusión del patrimonio cinematográfico español. Asimismo, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, el ICAA podrá, para alcanzar estos objetivos, suscribir convenios de colaboración con entidades públicas o privadas necesarios para el fomento de las actividades cinematográficas y audiovisuales. II. Que AC/E es una entidad pública entre cuyos fines figuran el impulso y promoción de la cultura y el patrimonio de España, dentro y fuera de sus fronteras, a través de un amplio programa de actividades que incluye exposiciones, congresos, ciclos de conferencias, cine, teatro, música, producciones audiovisuales e iniciativas que fomentan la movilidad de profesionales y creadores. III. Que la Academia es una asociación sin ánimo de lucro compuesta por profesionales dedicados a las distintas especialidades de la creación cinematográfica, entre cuyos fines figuran el impulsar la promoción del cine español, defender a sus profesionales y analizar la situación de la industria y del propio cine español. Asimismo, para el fomento del progreso de las artes audiovisuales la Academia tiene, entre otras funciones, la de establecer una constructiva colaboración entre las Administraciones Públicas y las personas relacionadas con las artes audiovisuales. IV. Netflix Inc. es una empresa de entretenimiento por Internet con presencia en más de 190 países, entre cuyos fines están servir a sus suscriptores y suscriptoras, quienes disfrutan de series, documentales y largometrajes de una amplia ### RESUMEN: Convenio entre Netflix (que es el que pone un millón de euros), el Instituto de la Cinematografía (ICAA), Acción Cultural Española y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para crear línea de ayudas para trabajadores del audiovisual.

Por el presente, se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas, mediante providencia de fecha 16 de abril de 2013, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-98/13, Entidades Locales, Ayuntamiento de Marbella 'Gerencia de Compras y Contratación Marbella, S.L. GCCM', Málaga, que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance, por las presuntas irregularidades contables puestas de manifiesto en el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, ejercicio 1-1-02 al 21-04-06. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 16 de abril de 2013.- El Secretario, don Jaime Vegas Torres.

El Tribunal de Cuentas sigue investigando en Marbella.

Por el presente, se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas, mediante providencia de fecha 16 de abril de 2013, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-98/13, Entidades Locales, Ayuntamiento de Marbella 'Gerencia de Compras y Contratación Marbella, S.L. GCCM', Málaga, que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance, por las presuntas irregularidades contables puestas de manifiesto en el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, ejercicio 1-1-02 al 21-04-06. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 16 de abril de 2013.- El Secretario, don Jaime Vegas Torres. ### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas sigue investigando en Marbella.

El presente reglamento pretende ser un instrumento eficaz en la consecución de los principios que inspiraron la modificación de la legislación de costas, a saber, la protección del litoral y la seguridad jurídica. Para conseguirlo, revisa determinados aspectos del Reglamento de 1989 tales como los criterios técnicos que resultan necesarios para la determinación del dominio público marítimo-terrestre, basados en un amplio debate técnico y en la experiencia acumulada en la realización de los deslindes. En relación con el nuevo régimen de los terrenos inundados, se introducen garantías para que los terrenos que, habiendo sido humedales conforme a la legislación de aguas, han dejado de serlo por vaciamiento de los acuíferos, no queden excluidos del dominio público. Por otra parte, se regula la intervención del Registro de la Propiedad y el Catastro en los deslindes. Al mismo tiempo, desarrolla elementos novedosos como son el régimen aplicable a los tramos en situación de regresión grave, o los diferentes requisitos de ocupación según las playas sean naturales o urbanas. Desde 1989 se han promulgado diversas normas que necesariamente han de tenerse presentes tanto en la redacción como en la posterior aplicación de este reglamento. Siendo el dominio público marítimo terrestre una parte esencial de nuestro patrimonio natural, este no puede regularse ni gestionarse sin tener presente otra normativa que le es de aplicación; en particular, la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino, así como las futuras normas que habrán de dictarse en transposición de la Directiva 2014/89/UE, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, respecto de la cual no debe olvidarse que está en vigor, desde marzo de 2011, el Protocolo para la Gestión Integrada de Zonas Costeras. Asimismo, con un ámbito de aplicación que excede del dominio público marítimo terrestre, pero igualmente relevantes, también deben tenerse en cuenta la Ley 42/2007, de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y Biodiversidad, el Mandato de Yakarta de 1995 y el Convenio Europeo del Paisaje. Asimismo este Reglamento General de Costas desarrolla con detalle el régimen de la prórroga extraordinaria de las concesiones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas –pieza clave de la reforma de 2013–, fijando, en el caso de las concesiones ordinarias, el plazo máximo de duración de la prórroga en función de los usos, que en ningún caso podrá exceder de los setenta y cinco años. En definitiva, este nuevo reglamento tiene la inequívoca vocación de colaborar con la ley para proteger el dominio público marítimo-terrestre. Como cuestiones de forma destacables, el reglamento titula cada uno de los artículos y, con carácter meramente indicativo, señala el artículo de la ley que reproduce, aunque no en todos los casos sea de manera literal. Durante su tramitación, este reglamento se ha sometido a información pública, en la que han participado numerosos sectores, organismos y entidades afectados. Asimismo, se ha solicitado informe a los departamentos ministeriales afectados y se ha sometido a deliberación del Consejo Asesor de Medioambiente. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de octubre de 2014, DISPONGO: Artículo único. Aprobación del Reglamento General de Costas. Se aprueba el Reglamento General de Costas cuyo texto figura a continuación. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogado el Reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, y cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en el reglamento que este real decreto aprueba. Disposición final primera. Título competencial para la aprobación del Reglamento General de Costas. La presente norma se aprueba al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1.ª y 23.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección. No obstante, los capítulos V, VI y VII del título III, la disposición adicional octava, las disposiciones transitorias primera a quinta, decimotercera a decimoséptima, vigesimotercera, vigesimoquinta y vigesimosexta constituyen legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, y se dictan al amparo de los establecido en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución. La disposición adicional séptima se dicta al amparo de la competencia atribuida al Estado en materia de legislación civil por la cláusula 8.ª del artículo 149.1 de la Constitución. Disposición final segunda. No incremento de gasto público. Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 10 de octubre de 2014. FELIPE R. La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ISABEL GARCÍA TEJERINA REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS [indice]Título preliminar. Objeto y finalidades (art. 1 y 2). Título I. Bienes de dominio público marítimo-terrestre. Capítulo I. Clasificación y definiciones (art. 3 a 9). Capítulo II. Indisponibilidad. Sección 1.ª Prevalencia del dominio público (art. 10 a 13). Sección 2.ª Potestades de la administración (art. 14 a 16). Capítulo III. Deslindes. Sección 1.ª Objeto y principios generales (art. 17 y 18). Sección 2.ª Procedimiento (art. 19 a 29). Sección 3.ª Efectos (art. 30 a 32). Sección 4.ª Inmatriculación de fincas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre (art. 33 a 36). Capítulo IV. Afectación y desafectación (art. 37 a 39). Título II. Limitaciones de la propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar por razones de protección del dominio público marítimo-terrestre. Capítulo I. Objetivos y disposiciones generales (art. 40 a 43). Capítulo II. Servidumbres legales. Sección 1.ª Servidumbre de protección (art. 44 a 51). Sección 2.ª Servidumbre de tránsito (art. 52). Sección 3.ª Servidumbre de acceso al mar (art. 53 a 56). Capítulo III. Otras limitaciones de la propiedad (art. 57 a 58). Capítulo IV. Zona de influencia (art. 59). Título III. Utilización del dominio público marítimo-terrestre. Capítulo I. Disposiciones generales. Sección 1.ª Régimen general de utilización (art. 60 a 64). Sección 2.ª Régimen de utilización de las playas (art. 65 a 74). Sección 3.ª Otros principios comunes (art. 75 a 84). Capítulo II. Proyectos y obras (art. 85 a 101). Capítulo III. Reservas y adscripciones. Sección 1.ª Reservas (art. 102 y 103). Sección 2.ª Adscripciones (art. 104 a 109). Capítulo IV. Autorizaciones. Sección 1.ª Disposiciones generales (art. 110 a 112). Sección 2.ª Servicios de temporada de playas (art. 113 y 114). Sección 3.ª Vertidos (art. 115 a 125). Sección 4.ª Extraccion de aridos y dragados (art. 126 a 130). Capítulo V. Concesiones (art. 131 a 150). Capítulo VI. Disposiciones comunes a autorizaciones y concesiones. Sección 1.ª Pliegos de condiciones generales (art. 151). Sección 2.ª Tramitación (art. 152 a 157). Sección 3.ª Concursos para el otorgamiento (art. 158 a 160). Sección 4.ª Condiciones de otorgamiento (art. 161). Sección 5.ª Modificación (art. 162). Sección 6.ª Extinción (art. 163 a 171). Capítulo VII. Prórroga de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior a la ley 2/2013, de 29 de mayo (art. 172 a 178). Título IV. Régimen económico-financiero de la utilización del dominio público marítimo-terrestre. Capítulo I. Financiación de obras y otras actuaciones (art. 179 a 180). Capítulo II. Cánones (art. 181 a 184). Capítulo III. Fianzas (art. 185 a 189). Capítulo IV. Valoración de rescates (art.190). Título V. Infracciones y sanciones. Capítulo I. Infracciones (art. 191 a 195). Capítulo II. Sanciones. Sección 1.ª Disposiciones generales (art. 196 a 200). Sección 2.ª Multas (art. 201 a 206). Sección 3.ª Restitución y reposición e indemnización (art. 207). Sección 4.ª Abono de las multas e indemnizaciones (art. 208). Capítulo III. Procedimiento y medios de ejecución. Sección 1.ª Procedimiento (art. 209 a 214). Sección 2.ª Ejecución forzosa (art. 215 a 218). Sección 3.ª Accion pública (art. 219). Título VI. Competencias administrativas. Capítulo I. Competencias de la administración general del estado (art. 220 a 223). Capítulo II. Competencias de las comunidades autónomas. (art. 224). Capítulo III. Competencias municipales (art. 225). Capítulo IV. Relaciones interadministrativas (art. 226 a 227). Capítulo V. Impugnación de actos y acuerdos (art. 228). Disposiciones adicionales. Primera. Desarrollo disposición adicional tercera Ley 22/1988, de 28 de julio. Segunda. Desarrollo apartado 1 disposición adicional décima Ley 22/1988, de 28 de julio. Tercera. Desarrollo disposición adicional undécima Ley 22/1988, de 28 de julio. Cuarta. Desarrollo disposición adicional segunda Ley 2/2013, de 29 de mayo. Quinta. Desarrollo disposicion adicional tercera Ley 2/2013, de 29 de mayo. Sexta. Desarrollo de la disposición adicional cuarta Ley 2/2013, de 29 de mayo. Séptima. Desarrollo de las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Octava. Régimen de las concesiones o autorizaciones otorgadas por las comunidades autónomas en puertos e instalaciones portuarias estatales transferidos. Novena. Concepto de interesado de acuerdo con la ley 27/2006, de 18 de julio. Décima. Competencia de los Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla. Disposiciones transitorias. Primera. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria primera Ley 22/1988, de 28 de julio. Segunda. Desarrollo apartado 2 disposición transitoria primera Ley 22/1988, de 28 de julio. Tercera. Desarrollo apartado 3 disposición transitoria primera Ley 22/1988, de 28 de julio. Cuarta. Desarrollo apartado 4 disposición transitoria primera Ley 22/1988, de 28 de julio. Quinta. Desarrollo apartado 5 disposición transitoria primera Ley 22/1988, de 28 de julio. Sexta. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria segunda Ley 22/1988, de 28 de julio. Séptima. Desarrollo apartados 2 y 3 disposición transitoria segunda Ley 22/1988, de 28 de julio. Octava. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria tercera Ley 22/1988, de 28 de julio. Novena. Desarrollo apartado 2 disposición transitoria tercera Ley 22/1988, de 28 de julio. Décima. Desarrollo apartado 3 disposición transitoria tercera Ley 22/1988, de 28 de julio. Undécima. Adecuación de las normas de protección de la ordenación del territorio y urbanísticas. Duodécima. Desarrollo apartados 5 y 6 disposición transitoria tercera Ley 22/1988, de 28 de julio. Decimotercera. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria cuarta Ley 22/1988, de 28 de julio. Decimocuarta. Desarrollo apartado 2 disposición transitoria cuarta Ley 22/1988, de 28 de julio. Decimoquinta. Desarrollo apartado 3 disposición transitoria cuarta Ley 22/1988, de 28 de julio. Decimosexta. Régimen de la revisión de concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Decimoséptima. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria sexta Ley 22/1988, de 28 de julio. Decimoctava. Desarrollo apartado 2 disposición transitoria sexta Ley 22/1988, de 28 de julio. Decimonovena. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria séptima Ley 22/1988, de 28 de julio. Vigésima. Desarrollo apartado 2 disposición transitoria séptima Ley 22/1988, de 28 de julio. Vigesimoprimera. Desarrollo apartado 3 disposición transitoria séptima Ley 22/1988, de 28 de julio. Vigesimosegunda. Desarrollo disposición transitoria primera Ley 2/2013, de 29 de mayo. Vigesimotercera. Aplicación transitoria de los requisitos para ser concesionarios. Vigesimocuarta. Plazo para la delimitación de los tramos naturales y urbanos de las playas. Vigesimoquinta. Adaptación de los titulos concesionales prorrogados a las disposiciones de este reglamento. Vigesimosexta. Ocupaciones existentes procedentes de titulos extinguidos o en tramitación.[fin indice] [encabezado]TÍTULO PRELIMINAR Objeto y finalidades Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo y la ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para la determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar. Artículo 2. Fines. La actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre perseguirá los siguientes fines: a) Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático. b) Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo-terrestre, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas. c) Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico. d) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar (artículo 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). TÍTULO I Bienes de dominio público marítimo-terrestre CAPÍTULO I Clasificación y definiciones Artículo 3. Bienes de dominio público marítimo-terrestre por determinación de la Constitución y la Ley de Costas. Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución y 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio: 1. La ribera del mar y de las rías, que incluye: a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que establece el artículo 4 de este reglamento o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas. Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, las partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar. No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio público. A estos efectos, se entenderá que un terreno ha sido inundado artificial y controladamente cuando para su inundación se haya requerido la realización de obras o instalaciones amparadas por el correspondiente título administrativo, a la finalización de las cuales los terrenos no queden comunicados con el mar de manera permanente o queden comunicados con el mar de manera controlada. b) Las playas o zonas de depósitos de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas. Estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa. 2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su legislación específica. 3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y regulados por su legislación específica. 4. A los efectos de esta norma se entiende por: a) Albufera: cuerpos de aguas costeras que quedan físicamente separados del océano, en mayor o menor extensión por una franja de tierra. b) Berma: parte casi horizontal de la playa, interior al escarpe o talud de fuerte pendiente causada por el oleaje. c) Dunas: depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de arena, tengan o no vegetación, que se alimenten de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino o por otras causas. A efectos de la determinación del dominio público marítimo-terrestre se diferenciarán los distintos tipos de duna: Duna en desarrollo o embrionaria. Duna con muy pequeña cobertura vegetal. Duna en desplazamiento o evolución. Duna poco o nada vegetada, formada por arena suelta, que avanza desde la costa hacia tierra adentro por la acción del viento marino. Duna primaria. Duna con cobertura parcial de vegetación. Duna secundaria. Duna no estabilizada o en desplazamiento con cobertura de vegetación herbácea que puede alcanzar hasta el cien por ciento y/o vegetación leñosa arbustiva o arbórea que puede alcanzar hasta el setenta y cinco por ciento de su superficie. Duna estabilizada. Duna estable, colonizada por vegetación leñosa arbustiva o arbórea, en más del setenta y cinco por ciento de su superficie. Duna relicta. Duna formada en otro tiempo geológico que ha quedado aislada tierra adentro o colgada sobre una costa rocosa, sin vinculación con ninguna playa. Para el cálculo de los porcentajes fijados se utilizará la totalidad de la superficie de la duna. El porcentaje de vegetación se entiende referido a la proyección de la parte aérea del árbol o arbusto sobre el suelo. En el cálculo del porcentaje no se computarán las revegetaciones realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. d) Escarpe: escalón vertical en la playa formado por la erosión de la berma. e) Estero: caños en una marisma. f) Marisma: terreno muy llano y bajo que se inunda periódicamente como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas o de la filtración del agua del mar. g) Marjal: terreno bajo cubierto por un manto de agua que da soporte a abundante vegetación. Artículo 4. Criterios técnicos para la determinación de la zona marítimo-terrestre y de la playa. En la determinación de la zona marítimo-terrestre y de la playa, con arreglo a las definiciones contenidas en el artículo anterior, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) Para fijar el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, se considerarán las variaciones del nivel del mar debidas a las mareas y el oleaje. Dicho límite será el alcanzado al menos en 5 ocasiones en un periodo de 5 años, salvo en aquellos casos excepcionales en que la mejor evidencia científica existente demuestre la necesidad de utilizar otro criterio. Para calcular el alcance de un temporal se utilizarán las máximas olas registradas con boyas o satélites o calculadas a través de datos oceanográficos o meteorológicos. b) Las variaciones del nivel del mar debidas a las mareas incluirán los efectos superpuestos de las astronómicas y de las meteorológicas. No se tendrán en cuenta las ondas de mayor periodo de origen sísmico o de resonancia cuya presentación no se produzca de forma secuencial. c) Se considerará que son necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa las dunas que estén en desarrollo, desplazamiento o evolución debida a la acción del mar o del viento marino, las dunas primarias y las dunas secundarias hasta su borde interior. Se entiende que no son necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa las dunas relictas y las dunas estabilizadas, salvo en aquellos casos excepcionales en que la mejor evidencia científica disponible demuestre que la duna estabilizada es necesaria para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa. Artículo 5. Bienes de dominio público marítimo-terrestre por determinación legal. Pertenecen, asimismo, al dominio público marítimo-terrestre estatal: 1. Las accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales o por retirada del mar, cualesquiera que sean las causas. 2. Los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras y los desecados en su ribera. 3. Los terrenos cuya superficie sea invadida por el mar, siempre y cuando la invasión tenga lugar por causas distintas a las previstas en el último párrafo del artículo 3.1 letra a) de este reglamento y, en todo caso, siempre que los terrenos inundados sean navegables. 4. Los acantilados sensiblemente verticales, que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio público marítimo-terrestre, hasta su coronación. A estos efectos, se consideran acantilados sensiblemente verticales aquellos cuyo paramento, como promedio, pueda ser asimilado a un plano que forme un ángulo con el plano horizontal igual o superior a 60 grados sexagesimales. Se incluirán en su definición las bermas o escalonamientos existentes antes de su coronación. 5. Los terrenos deslindados como dominio público que por cualquier causa han perdido sus características naturales de playa, acantilado, o zona marítimo-terrestre, salvo lo previsto en los artículos 18 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 38 de este reglamento. 6. Los islotes en aguas interiores y mar territorial. 7. Los terrenos incorporados por los concesionarios para completar la superficie de una concesión de dominio público marítimo-terrestre que les haya sido otorgada, cuando así se establezca en las cláusulas de la concesión. Estos terrenos de propiedad particular quedarán incorporados al dominio público a partir de la fecha en que se suscriba la correspondiente acta de entrega por el concesionario y por el representante del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A estos efectos, el concesionario deberá aportar la documentación acreditativa de su dominio. 8. Los terrenos colindantes con la ribera del mar que se adquieran para su incorporación al dominio público marítimo-terrestre. 9. Las obras e instalaciones construidas por el Estado en dicho dominio. 10. Las obras e instalaciones de iluminación de costas y señalización marítima, construidas por el Estado, cualquiera que sea su localización, así como los terrenos afectados al servicio de las mismas, que se regularán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 11. Los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal, que se regularán por su legislación específica. Artículo 6. Disposiciones adicionales sobre los bienes de dominio público marítimo-terrestre por determinación legal. 1. Lo establecido en el artículo anterior se aplicará también a las rías y desembocaduras de los ríos hasta donde sea sensible el efecto de las mareas. 2. Los terrenos no comprendidos en el artículo 9 de este reglamento y en la disposición transitoria primera, apartado cinco, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, naturalmente inundables, cuya inundación por efecto de las mareas haya sido impedida por medios artificiales, tales como muros, terraplenes, compuertas u otros sistemas semejantes, forman parte del dominio público marítimo-terrestre, conforme a lo establecido en los artículos 3.1 a) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento. 3. Los puertos e instalaciones portuarias de competencia de las comunidades autónomas se regularán por su legislación específica, sin perjuicio de la titularidad estatal sobre los bienes adscritos conforme a lo previsto en el artículo 49.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y sobre los espacios de dominio público marítimo-terrestre que se otorguen en concesión, de acuerdo con lo previsto en los artículos 64 y 65 de la citada ley, para servir de soporte a una concesión de competencias de aquéllas. Artículo 7. Islas. Son también de dominio público estatal las islas que estén formadas o se formen por causas naturales, en el mar territorial o en aguas interiores o en los ríos hasta donde se hagan sensibles las mareas, salvo las que sean de propiedad privada de particulares o entidades públicas o procedan de la desmembración de esta, en cuyo caso serán de dominio público su zona marítimo-terrestre, playas y demás bienes que tengan este carácter conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio (artículo 5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 8. Otros bienes de dominio público marítimo-terrestre. Formarán, asimismo, parte del dominio público marítimo-terrestre estatal, de la clase de pertenencia que corresponda en cada caso por aplicación de lo establecido en los artículos anteriores: a) Los espacios que deban tener ese carácter en virtud de lo previsto en las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio y concordantes de este reglamento. b) Los terrenos del Patrimonio del Estado que se afecten al uso propio del dominio público conforme a lo previsto en los artículos 17 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 37 de este reglamento. c) Los terrenos de propiedad particular que se incorporen al dominio público marítimo-terrestre por cesión, expropiación, afectación o cualquier otro tipo de adquisición, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento, una vez que se proceda a la aceptación expresa de la entrega de los mismos por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Artículo 9. Obras de defensa. 1. Los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podrán construir obras de defensa, previa autorización o concesión, siempre que no perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo-terrestre, ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes. 2. En otro caso, los terrenos invadidos pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, según resulte del correspondiente deslinde (artículo 6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Todo ello se entiende sin perjuicio de la aplicación del artículo 13 bis de la Ley 22/1988, de 28 de julio, cuando proceda. 4. Será precisa la obtención de autorización cuando las obras hayan de emplazarse en terrenos privados afectados por las servidumbres y del título administrativo correspondiente cuando las mismas hayan de ocupar el dominio público. 5. Las obras a realizar no deberán interrumpir la servidumbre de tránsito, a no ser que motivadamente se justifique su necesidad, garantizando, en cualquier caso, una localización alternativa de dicha servidumbre, fuera de la ribera del mar. 6. La tramitación de las solicitudes podrá suspenderse mientras se encuentre pendiente de resolución el expediente de deslinde del tramo de costa correspondiente, salvo que se trate de bienes que tengan el carácter indubitado de dominio público marítimo-terrestre o de las obras de emergencia previstas en los artículos 12.7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 20.3 de este reglamento. 7. En caso de emergencia, el Servicio Periférico de Costas podrá autorizar la adopción de medidas provisionales de defensa, previa formalización de las garantías económicas que, en su caso, procedan, conforme a lo establecido en los artículos 36 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 78 de este reglamento, y compromiso del interesado de solicitar en el plazo de un mes desde dicha autorización de medidas provisionales la concesión o autorización pertinente, y de cumplir la resolución que se derive del expediente que se instruya. CAPÍTULO II Indisponibilidad Sección 1.ª Prevalencia del dominio público Artículo 10. Inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público marítimo-terrestre. Conforme a lo dispuesto en el artículo 132.1 de la Constitución, los bienes de dominio público marítimo-terrestre son inalienables, imprescriptibles e inembargables (artículo 7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 11. Derechos sobre los bienes de dominio público marítimo-terrestre. A los efectos del artículo anterior, no se admitirán más derechos que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, careciendo de todo valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad (artículo 8 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 12. Continuidad del dominio público marítimo-terrestre. 1. No podrán existir terrenos de propiedad distinta de la demanial del Estado en ninguna de las pertenencias del dominio público marítimo-terrestre, ni aun en el supuesto de terrenos ganados al mar o desecados en su ribera, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 49 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 104 de este reglamento. 2. Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos que infrinjan lo dispuesto en el apartado anterior (artículo 9 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Los actos de particulares en fraude del mencionado precepto no impedirán la debida aplicación del mismo. Artículo 13. Acciones de protección del dominio público marítimo-terrestre. La Administración General del Estado estará obligada a ejercer las acciones necesarias para la integridad y protección del dominio público marítimo-terrestre, no pudiendo allanarse a las demandas que afecten a la titularidad de los bienes que lo integran. Sección 2.ª Potestades de la administración Artículo 14. Potestades de la Administración General del Estado sobre los bienes de dominio público marítimo-terrestre. 1. La Administración General del Estado tiene el derecho y el deber de investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre, a cuyo efecto podrá recabar todos los datos e informes que considere necesarios y promover la práctica del correspondiente deslinde. 2. Asimismo tendrá la facultad de recuperación posesoria, de oficio y en cualquier tiempo, sobre dichos bienes según el procedimiento establecido en el artículo 16 de este reglamento. 3. No se admitirán medidas cautelares contra las resoluciones dictadas por la Administración General del Estado en ejercicio de las competencias configuradas en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de acuerdo con el procedimiento establecido (artículo 10 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 15. Procedimiento de investigación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre. 1. La potestad de investigación se ejercerá por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de oficio o a instancia de cualquier persona, a la que se notificará, en su caso, la incoación del expediente. 2. Iniciado el expediente de investigación, el Servicio Periférico de Costas practicará las pruebas que considere pertinentes para la constatación de las características físicas y de la situación jurídica de los bienes investigados, pudiendo abrir, si lo considera oportuno, un periodo de información pública por el plazo de un mes. Por causas excepcionales debidamente motivadas dicho plazo podrá reducirse hasta los 15 días. 3. Concluida la investigación se adoptará la resolución que resulte procedente entre las siguientes: a) Promover expediente de recuperación posesoria. b) Iniciar el correspondiente deslinde. c) Archivar las actuaciones. Dicha resolución habrá de ser en todo caso motivada y comunicada a la persona que instara su inicio, en su caso. Artículo 16. Procedimiento de recuperación posesoria de los bienes de dominio público marítimo-terrestre. 1. La potestad de recuperación posesoria se ejercerá por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de oficio o a instancia de cualquier persona. 2. Dicha potestad podrá ejercerse en todo caso respecto de bienes incluidos en el dominio público en virtud de deslinde. Cuando no exista deslinde solo podrá referirse a porciones del dominio público marítimo-terrestre, respecto de las que pueda acreditarse de forma plena e indubitada su carácter demanial. 3. Iniciado el expediente mediante acuerdo del Servicio Periférico de Costas, se notificará al ocupante para que en el plazo de ocho días alegue cuanto estime conveniente en su defensa. 4. La resolución y ejecución corresponderá al Servicio Periférico de Costas, que podrá solicitar del Delegado o Subdelegado del Gobierno la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cuando sea necesario el desahucio se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 108 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 218 de este reglamento. 5. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la imposición de las sanciones administrativas que puedan resultar procedentes y de que la usurpación se ponga en conocimiento de la autoridad judicial cuando presente indicios racionales de ser susceptible de responsabilidad criminal. CAPÍTULO III Deslindes Sección 1.ª Objeto y principios generales Artículo 17. Determinación del dominio público marítimo-terrestre. 1. Para la determinación del dominio público marítimo-terrestre se practicarán por la Administración General del Estado los oportunos deslindes, ateniéndose a las características de los bienes que la integran conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento. 2. Practicado el deslinde, la Administración General del Estado deberá inscribir los bienes de dominio público marítimo-terrestre, de acuerdo con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (artículo 11 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente llevará el archivo actualizado de documentos y planos de los deslindes del dominio público marítimo-terrestre, con fichas individuales, que podrán sustituirse por un banco de datos susceptible de tratamiento informático, que contendrán los emplazamientos y clases de bienes que lo integran. Dicho instrumento será público para aquellos datos que deban tener esa naturaleza en aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 4. En los puertos e instalaciones portuarias, cualquiera que sea su titularidad, se practicará el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, con sujeción a lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento, sea o no coincidente con la delimitación de la zona de servicio portuaria. La definición de la zona de servicio se ajustará a lo dispuesto en la legislación específica aplicable. Artículo 18. Determinación del límite del dominio público marítimo-terrestre. 1. El deslinde determinará siempre el límite interior del dominio público marítimo-terrestre, sin perjuicio de que se puedan delimitar también las distintas clases de pertenencias que lo integran. Cuando el mencionado límite interior no coincida con el de la ribera del mar, se fijará en el plano, en todo caso, el de esta última, además de aquel. No obstante, el amojonamiento solo reflejará el límite interior del dominio público. 2. En el plano correspondiente se fijará el límite del dominio público mediante una línea poligonal que una los distintos puntos utilizados como referencia, rectificando, en su caso, las curvas naturales del terreno. 3. En el mismo plano se señalará siempre el límite interior de la zona de servidumbre de protección. Sección 2.ª Procedimiento Artículo 19. Incoación. 1. El deslinde se incoará de oficio o a petición de cualquier interesado, y será aprobado por la Administración General del Estado. El plazo para notificar la resolución de los procedimientos de deslinde será de veinticuatro meses desde la fecha de publicación del acuerdo de incoación del expediente de deslinde (artículo 12.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. En caso de iniciación a instancia de parte, esta deberá abonar las tasas que correspondan. Estos deslindes se tramitarán con carácter preferente. 3. A efectos de la incoación del expediente, el Servicio Periférico de Costas remitirá a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar una propuesta que contendrá un plano de delimitación provisional del dominio público y de la zona de servidumbre de protección, acompañada de cuantas fotografías y datos sean necesarios para la justificación de la propuesta. A la vista de dicha propuesta, se ordenará, si se estima procedente, la incoación del expediente. Artículo 20. Efectos de la incoación. 1. La incoación del expediente de deslinde facultará a la Administración General del Estado para realizar o autorizar, incluso en terreno privado, trabajos de toma de datos y apeos necesarios, sin perjuicio de las indemnizaciones que sean procedentes por los daños y perjuicios causados y a resultas del deslinde que se apruebe definitivamente (artículo 12.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. El acuerdo de incoación del expediente de deslinde implicará la suspensión del otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre y en su zona de servidumbre de protección, a cuyo efecto deberá publicarse acompañada de plano en que se delimite provisionalmente la superficie estimada de aquél y de ésta (artículo 12.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Esta suspensión no se aplicará al otorgamiento de concesiones y autorizaciones para ocupación de bienes que tengan el carácter indubitado de dominio público marítimo-terrestre. La resolución del expediente de deslinde llevará implícito el levantamiento de la suspensión. 3. No obstante, podrán realizarse, previa autorización de la Administración General del Estado o por ésta, obras de emergencia para prevenir o reparar daños conforme al artículo 9.6 de este reglamento. 4. Las facultades que el presente artículo atribuye a la Administración General del Estado se ejercerán por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través del Servicio Periférico de Costas. Artículo 21. Procedimiento. 1. En el procedimiento serán oídos los propietarios que se encuentren incluidos en el dominio público marítimo terrestre y los colindantes, previa notificación, así como las personas que acrediten la condición de interesados, teniendo tal consideración las organizaciones legitimadas al amparo del artículo 2.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio. 2. El Servicio Periférico de Costas, una vez elaborado el plano de delimitación provisional de la zona de dominio público y de la de servidumbre de protección, y obtenidos de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro los planos catastrales y las certificaciones catastrales descriptivas y gráficas de los inmuebles afectados, donde consten la referencia catastral y los datos de identificación de los titulares catastrales y colindantes, procederá en el plazo de quince días desde la incoación del expediente a: a) La publicación del anuncio de incoación del expediente en el Boletín Oficial de la Provincia, en su propio tablón de anuncios y en un diario de los de mayor circulación en la provincia, así como en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con el fin de que, en el plazo de un mes, cualquier interesado pueda comparecer en el expediente, examinar el plano de delimitación provisional de la zona de dominio público y de la de servidumbre de protección y formular las alegaciones que considere oportunas. b) La solicitud de informe a la comunidad autónoma y al Ayuntamiento respectivos, remitiéndoles a tal efecto copia de los planos de emplazamiento y delimitación provisional del dominio público y de la zona de servidumbre de protección y de la documentación catastral. Transcurrido el plazo de un mes sin que se reciba el informe se entenderá que es favorable. En la solicitud que se curse al Ayuntamiento se incluirá la petición de suspensión cautelar del otorgamiento de licencias de obra en el ámbito afectado por el deslinde. c) La notificación al Registro de la Propiedad del acuerdo de incoación del expediente de deslinde, acompañado del plano del área a deslindar y de la relación de propietarios, interesando la certificación de dominio y cargas de las fincas inscritas a nombre de los propietarios incluidos en el expediente y de cualesquiera otras que colinden o intersecten con el dominio público marítimo-terrestre, según resulten del plano aportado y de los planos catastrales, así como la constancia de la incoación del expediente en el folio de cada una de ellas. Dicha certificación habrá de expedirse en el plazo de un mes, prorrogable hasta un máximo de dos meses por causa justificada y previa petición del registrador de la propiedad. El plano del área afectada por el deslinde deberá constar debidamente georreferenciado, con identificación de las parcelas, acompañándose de la referida documentación catastral a fin de que el Registrador de la Propiedad, al expedir la certificación, verifique la correspondencia de dicha relación de propietarios con el contenido de los asientos registrales o ponga de manifiesto las discrepancias que resulten de los mismos. Si en el expediente se incluyesen fincas no inscritas, el Servicio Periférico de Costas podrá solicitar simultáneamente que con carácter previo se tome anotación preventiva por falta de inscripción previa. 3. Con carácter simultáneo a la expedición de la referida certificación, el Registrador extenderá nota marginal en el folio de las fincas de las que certifique, en la que hará constar: a) La iniciación del expediente de deslinde, con indicación de los datos que permitan su identificación así como la fecha del acuerdo de incoación del deslinde y de su publicación. b) La expedición de la certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas por el deslinde. c) La advertencia de que dichas fincas pueden quedar afectadas por el deslinde y en consecuencia ser incorporadas, en todo o en parte, al dominio público marítimo-terrestre o resultar incluidas total o parcialmente en la zona de servidumbre de protección o tránsito. d) La circunstancia de que la resolución aprobatoria del procedimiento de deslinde servirá de título para rectificar las situaciones jurídico-registrales contradictorias con el deslinde. Esta nota marginal se cancelará al practicar la inscripción o anotación de la resolución por la que se aprueba el expediente de deslinde. Igualmente podrá cancelarse a solicitud del Servicio Periférico de Costas o por resolución judicial, y en cualquier caso por caducidad, una vez transcurridos tres años desde su fecha, si bien podrá solicitarse la prórroga de su vigencia por un plazo máximo de otros tres años, que habrá de hacerse constar en el folio por nota marginal con anterioridad a la expiración del plazo inicial. Todas las comunicaciones y remisión de documentos e información entre los Servicios Periféricos de Costas y el Registro de la Propiedad se realizarán preferentemente por medios electrónicos a través de la Sede Electrónica de los Registros. 4. En todo caso, se garantizará la adecuada coordinación entre los planos topográficos empleados en la tramitación del procedimiento y la cartografía catastral. 5. Cuando el deslinde afecte al dominio público portuario estatal, se remitirá el expediente de deslinde, antes de su aprobación, al Ministerio de Fomento para que, en el plazo de dos meses, emita un informe sobre las materias que afecten a sus competencias. En caso de discrepancia entre ambos Ministerios sobre el deslinde del dominio público portuario, decidirá el Consejo de Ministros (artículo 12.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 22. Apeo del deslinde. Obtenida la información a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, el Servicio Periférico de Costas citará sobre el terreno, con una antelación mínima de diez días, conjuntamente o agrupados por tramos del deslinde, a los propietarios que se encuentren incluidos en el dominio público marítimo terrestre y los colindantes, individualmente o a los representantes de las comunidades de propietarios cuando estuvieran constituidos, y a los que hayan acreditado su condición de interesados personándose en el expediente de deslinde, teniendo tal consideración las organizaciones legitimadas al amparo del artículo 2.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, así como al Ayuntamiento y a la comunidad autónoma correspondientes, para mostrarles la delimitación provisional del dominio público mediante su apeo, pudiendo dicho Servicio levantar acta. Los propietarios e interesados que en cualquier caso podrán concurrir al acto de apeo y alegar lo que proceda, dispondrán de un plazo de quince días para formular alegaciones y proponer motivadamente una delimitación alternativa. Artículo 23. Nuevas fincas registrales afectadas por el deslinde. 1. Si durante la tramitación del expediente se tuviera conocimiento de la existencia de nuevas fincas registrales afectadas por el deslinde, no incluidas en la certificación, se solicitará del registrador que proceda a la expedición de certificación de dominio y cargas de las mismas y a extender en el folio de la finca la nota marginal prevista en el artículo 21.3 de este reglamento. 2. Dicha actuación podrá ser practicada igualmente de oficio, cuando la omisión de la finca afectada en la certificación expedida para la incoación del expediente de deslinde sea apreciada por el propio registrador de la propiedad, circunstancia que será notificada tanto al Servicio Periférico de Costas, como a todos los titulares que tengan algún derecho inscrito, en la forma establecida en el artículo 31.2.b) de este reglamento, al objeto de que puedan comparecer en el expediente, debiendo quedar constancia en el folio registral de la práctica de dichas notificaciones. 3. En toda información registral referida a fincas que, según la cartografía catastral, intersecten o colinden con el dominio público marítimo terrestre, se pondrá de manifiesto tal circunstancia como información territorial asociada y se incluirán los datos identificativos del expediente de deslinde cuando conste su iniciación por nota indicativa y los efectos que pueden derivarse del mismo. Dicha información habrá de ser igualmente consignada en las notas de calificación o despacho respecto de los documentos que se presenten con posterioridad a la nota marginal de la incoación del expediente de deslinde. La misma publicidad se producirá respecto a fincas afectadas por la zona de servidumbre de protección y tránsito. Artículo 24. Proyecto de deslinde. 1. Practicadas las actuaciones previstas en los artículos 21, 22 y 23 de este reglamento, el Servicio Periférico de Costas formulará el proyecto de deslinde, que comprenderá: a) Memoria, con descripción de las actuaciones practicadas e incidencias producidas y con justificación de la línea de deslinde propuesta y demás delimitaciones previstas en el artículo 18 de este reglamento, en función de aquellas y de los informes emitidos y alegaciones presentadas. b) Planos topográficos a escala no inferior a 1/1.000, con el trazado de la línea de deslinde y las delimitaciones indicadas, debidamente recogidas en los planos catastrales. c) Pliego de condiciones para el replanteo y posterior amojonamiento del deslinde. d) Presupuesto estimado. 2. El proyecto y su ejecución deberán cumplir las instrucciones técnicas que, en su caso, se aprueben por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, incluyendo los modelos de hitos de deslinde y de otras señales o referencias. 3. El expediente de deslinde, con el proyecto y el acta de replanteo, será elevado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su aprobación mediante orden ministerial. Artículo 25. Modificación sustancial del proyecto de deslinde. Cuando el proyecto de deslinde suponga modificación sustancial de la delimitación provisional realizada previamente, se abrirá un nuevo periodo de información pública y de los organismos anteriormente indicados, que se tramitará simultáneamente con la audiencia, previa notificación, a los propietarios que se encuentren incluidos en el dominio público marítimo terrestre y los colindantes, así como a los que hayan acreditado su condición de interesados, personándose en el expediente, teniendo tal consideración las organizaciones legitimadas al amparo de artículo 2.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio. El registrador de la propiedad procederá en la forma establecida en el artículo 21.2.c) y 3, en relación con las fincas que resulten afectadas por la modificación. Artículo 26. Aprobación del deslinde. 1. La orden de aprobación del deslinde deberá especificar los planos que se aprueban, que han de permitir georreferenciar en la cartografía catastral el límite interior del dominio público marítimo-terrestre, así como el de la ribera del mar cuando no coincida con aquel. Además, se hará constar la geolocalización de las servidumbres impuestas a los terrenos colindantes. 2. Dicha orden se notificará a los propietarios que se encuentren incluidos en el dominio público marítimo terrestre y los colindantes, y a quienes hayan comparecido en el expediente acreditando su condición de interesados, teniendo tal consideración las organizaciones legitimadas al amparo del artículo 2.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, así como a la comunidad autónoma, al ayuntamiento, al Catastro y al Registro de la Propiedad, y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» no incluirá necesariamente los planos del deslinde, pero indicará el modo en que estos son accesibles. 3. La notificación al Registro de la Propiedad se llevará a efecto preferentemente mediante documento electrónico que comprenda la base grafica del plano de deslinde, al objeto de su incorporación al sistema informático registral para la identificación de las fincas sobre la cartografía catastral, practicándose los asientos que procedan en la forma establecida en el artículo 31 de este reglamento. Será título inscribible la certificación de la resolución por la que se apruebe el expediente de deslinde, expedida por el órgano competente, en la que se han de relacionar las fincas que resulten afectadas. Igualmente deberá constar la forma en la que se ha realizado la notificación del expediente de deslinde a todos los propietarios e interesados a que se hace referencia en el artículo 21.1 de este reglamento. La comunicación al Catastro se realizará de acuerdo con lo dispuesto por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Artículo 27. Revisión del deslinde. 1. Los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo-terrestre. La incoación del expediente de deslinde tendrá los efectos previstos en el artículo 12 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. La revisión del deslinde se tramitará de conformidad con lo previsto en esta sección. a) Los deslindes de zona marítimo-terrestre vigentes se revisarán en caso de que, aplicando los criterios indicados en el artículo 4.a) de este reglamento, con datos obtenidos a partir de la entrada en vigor del presente reglamento, la línea de la zona marítimo-terrestre resultante quede ubicada tierra adentro de la vigente, pasando los terrenos inundados a formar parte del dominio público marítimo-terrestre. b) Igualmente se revisarán los deslindes de zona marítimo-terrestre vigentes, desplazando dicho límite hacia el mar, si se demuestra que un temporal, con periodo de retorno de 50 años, no alcanza el límite fijado en dicho deslinde Para dicho cálculo no se tendrán en cuenta las obras que hayan podido realizarse para disminuir el alcance del oleaje. c) En los supuestos de incorporación de terrenos previstos en los apartados 7 y 8 del artículo 5 de este reglamento y en los de desafectación recogidos en el artículo 38 de este reglamento, no será necesario tramitar un nuevo deslinde, sino que será suficiente con rectificar el deslinde existente con información pública y solicitud de informes al Ayuntamiento y la comunidad autónoma, de forma que se adapte la línea definitoria del dominio público marítimo-terrestre al resultado de tales mutaciones demaniales. d) El acuerdo de iniciación de revisión del deslinde se notificará al Registro de la Propiedad al objeto de que se expida certificación y extienda la nota marginal, de acuerdo con el artículo 21.2.c) y 3 de este reglamento, practicándose la inscripción o anotación de la resolución aprobatoria de la revisión, de acuerdo con el artículo 26.3 de este reglamento. 2. Los titulares de los terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al dominio público marítimo-terrestre pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento, a cuyo efecto la Administración otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia expresa del interesado. La concesión se otorgará por setenta y cinco años, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon. Dicha orden se notificará a los interesados que hayan comparecido en el expediente, así como a la comunidad autónoma, al ayuntamiento, a la Dirección General del Catastro, para la incorporación de la alteración sobre la titularidad de los inmuebles correspondientes, y al Registro de la Propiedad. El plazo de la concesión otorgada computará a partir de la fecha en que se practicó el deslinde. Esta misma fecha será la que se tenga en cuenta para el reconocimiento de los usos y aprovechamientos existentes. 3. Los titulares de las obras e instalaciones que, tras la revisión del deslinde, se incorporen al dominio público marítimo-terrestre o a la zona de servidumbre de protección, podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie. A estos efectos, se entenderá por obras de reparación, mejora, consolidación y modernización aquellas que se definen en la disposición transitoria decimocuarta.2 de este reglamento. Estas obras deberán suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto y cuando les resulte aplicable, tendrán que obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes. Asimismo, en estas obras, cuando proceda, se emplearán los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas. 4. Las circunstancias a las que se refiere el apartado anterior deberán acreditarse ante el Servicio Periférico de Costas o ante la Administración Autonómica, según se ubiquen en dominio público marítimo-terrestre o servidumbre de protección, mediante una declaración responsable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con carácter previo a la autorización urbanística que proceda. En caso de que las obras o instalaciones afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá que, con carácter previo, la Administración General del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria decimocuarta, apartado 5, de este reglamento. Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, excepto en los supuestos previstos en la disposición transitoria decimocuarta, apartado 1.b, de este reglamento. Si en dicho plazo no se emitiera, se entenderá que tiene carácter favorable. La declaración responsable deberá contener, al menos, la documentación acreditativa de la personalidad del peticionario y la declaración expresa de que las obras a realizar cumplen lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento. Artículo 28. Requisitos para la inscripción de las declaraciones de obra nueva. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y de las autorizaciones recogidas en los artículos 49.4 y 51.3 de este reglamento, para la inscripción en el Registro de la Propiedad de las declaraciones de obra nueva y sus modificaciones en las zonas de dominio público marítimo-terrestre y de servidumbre de protección, en los supuestos legalmente admitidos, habrá de acreditarse la presentación de la declaración responsable recogida en el artículo anterior, o el título necesario, salvo que tal extremo resulte de la licencia urbanística que autorice la construcción o la adecuación del uso al destino previsto en la norma de planeamiento. Tratándose de edificaciones o construcciones ubicadas en la servidumbre de transito será exigible el informe favorable, en los términos previstos en el artículo anterior, salvo que se acredite su obtención por silencio o resulte de la propia licencia de edificación. Artículo 29. Terrenos en situación de regresión grave. 1. La Administración General del Estado podrá declarar en situación de regresión grave aquellos tramos del dominio público marítimo-terrestre en los que se verifique un retroceso de la línea de orilla superior a 5 metros al año, en cada uno de los últimos cinco años, siempre que se estime que no puedan recuperar su estado anterior por procesos naturales. Se entenderá por línea de orilla la línea de corte del plano de pleamar máxima viva equinoccial con el terreno. 2. En los terrenos declarados en situación de regresión grave no podrá otorgarse ningún nuevo título de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 3. Excepcionalmente, y en las zonas en las que no exista riesgo cierto de inundación en los próximos cinco años, la declaración podrá prever motivadamente que se otorguen derechos de ocupación destinados a servicios públicos acordes con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. Estas ocupaciones no podrán otorgarse por un plazo que exceda de cinco años, prorrogables por períodos iguales dentro del máximo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio. 4. Las construcciones amparadas por un derecho de ocupación, existentes en los terrenos declarados en situación de regresión grave, se mantendrán, siempre que el mar no les alcance o exista riesgo cierto de que lo haga, en los términos de este artículo. En caso contrario, el derecho de ocupación se extinguirá de acuerdo con lo previsto en el artículo 78 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 163 de este reglamento. 5. En los terrenos declarados en situación de regresión grave, la Administración General del Estado podrá realizar actuaciones de protección, conservación o restauración. En este caso podrá imponer contribuciones especiales de acuerdo con lo previsto en el artículo 87 bis de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 6. La declaración de situación de regresión grave se hará por orden ministerial, previo sometimiento al trámite de información pública así como a informe de la comunidad autónoma y ayuntamientos correspondientes y trámite de alegaciones de quienes acrediten la condición de interesado personándose en el expediente. La orden ministerial se publicará en el Boletín Oficial del Estado, así como en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Del mismo modo, se dará traslado de dicha Orden al Registro de la Propiedad, preferentemente mediante documento electrónico que comprenda la base gráfica del tramo declarado en regresión, al objeto de su incorporación al sistema informático registral sobre la cartografía catastral, dándose publicidad de esta limitación como información territorial asociada. 7. Si las circunstancias que motivaron la declaración de situación de regresión grave desaparecieran, por orden ministerial se podrá revocar tal declaración, cesando todos sus efectos. Sección 3.ª Efectos Artículo 30. Efectos del deslinde. 1. El deslinde aprobado, al constatar la existencia de las características físicas relacionadas en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y concordantes de este reglamento, declara la posesión y la titularidad dominical a favor del Estado, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados (artículo 13.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. La aprobación del deslinde llevará implícita el levantamiento de la suspensión del otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre y en su zona de servidumbre de protección, conforme a lo previsto en los artículos 12.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 20.2 de este reglamento. 3. También llevará implícita la cancelación de las notas marginales practicadas en el Registro de la Propiedad con motivo del deslinde, relativas a fincas o a la parte de las mismas que no hayan resultado incluidas en el dominio público marítimo-terrestre en virtud de aquel, la cual se llevará a efecto bien mediante certificación expedida por el Servicio Periférico de Costas, con referencia expresa a la situación de la finca en relación con las servidumbres de protección y tránsito, bien al practicar la inscripción o anotación de la resolución de aprobación del deslinde. 4. El amojonamiento se hará mediante la colocación de hitos que permitan identificar sobre el terreno el límite interior perimetral del dominio público marítimo-terrestre. Los hitos se sustituirán por otras señales o referencias que hagan posible dicha identificación, cuando así lo aconsejen las circunstancias físicas de su lugar de ubicación. Artículo 31. Rectificación de las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. 1. La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar, en la forma y condiciones que se determinan en este artículo, las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. Dicha resolución será título suficiente, asimismo, para que la administración proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público. En todo caso los titulares inscritos afectados podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos, siendo susceptible de anotación preventiva la correspondiente reclamación judicial (artículo 13.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Para la rectificación de las inscripciones registrales contradictorias sobre bienes y derechos afectados por un deslinde aprobado tras la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, y cuyos titulares hayan sido incluidos en el expediente y notificados del mismo o bien hayan adquirido con posterioridad a la nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas de las fincas inscritas a que se refiere el artículo 21. 3 de este reglamento, se aplicará el siguiente procedimiento: a) La aprobación del deslinde será título suficiente para su anotación preventiva, con indicación de la naturaleza del dominio público de los bienes o parte de los mismos incluidos en aquél. Dicha anotación tendrá un plazo de vigencia de cinco años y no impedirá la práctica de asientos posteriores, si bien en todo caso los mismos quedarán supeditados a las resultas de la firmeza del deslinde, extremo que será consignado expresamente en el asiento que se practique y advertido por el registrador de la propiedad en toda la información registral que emita, así como en las notas de despacho o calificación que extienda. b) La práctica de dicha anotación se notificará por el Registrador de la propiedad a los titulares de dominio y demás derechos inscritos que puedan resultar afectados, mediante comunicación dirigida al domicilio que conste en el expediente o en el registro, y de no ser conocido o resultar infructuosa, a través del boletín oficial de la provincia, insertando además edictos en el tablón de anuncios del Registro de la Propiedad y en el Ayuntamiento respectivo, así como en la sede electrónica de los registros. La práctica de la notificación se hará constar por nota marginal en la finca afectada. c) Si en el plazo de cinco años y un mes desde la fecha de aprobación del deslinde no se produce el acceso al registro de las anotaciones preventivas de demandas derivadas de las acciones promovidas por los titulares inscritos, la anotación del deslinde se convertirá directamente en inscripción definitiva de dominio, debiendo proceder de oficio el registrador de la propiedad a la rectificación o cancelación de las inscripciones existentes contradictorias con el dominio público, conforme a lo previsto en la legislación hipotecaria. En otro caso se estará al resultado del juicio correspondiente, quedando automáticamente prorrogada la vigencia de la anotación preventiva de deslinde hasta la conclusión del mismo, una vez se haya tomado anotación de la demanda interpuesta. 3. Tratándose de inscripciones contradictorias sobre fincas que, no obstante estar afectadas por un expediente de deslinde, no se haya hecho constar, por cualquier circunstancia, la incoación del mismo por nota marginal, así como la expedición de la correspondiente certificación de titularidad y cargas, a los efectos de su notificación por la administración, solo procederá su cancelación si media el consentimiento del titular registral o resolución judicial firme, salvo que se acredite su intervención en el procedimiento o la notificación personal en tiempo del mismo, de modo que haya podido ejercer sus derechos en la forma prevista legalmente, exigencia que es igualmente aplicable para los titulares de derechos constituidos sobre la finca y que hayan de cancelarse por ser incompatibles con el dominio público. 4. Para la inmatriculación de bienes de dominio público marítimo-terrestre en el Registro de la Propiedad se estará a lo previsto en la legislación hipotecaria, siendo la resolución aprobatoria del deslinde, acompañada del correspondiente plano individualizado de la finca, título suficiente para practicarla, sin necesidad de ningún trámite adicional posterior. 5. Las fincas que, a resultas del expediente de deslinde, hayan de ser incorporadas al dominio público marítimo-terrestre, se inscribirán a favor del Estado conforme a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre. Artículo 32. Prescripción de las acciones civiles sobre derechos relativos a terrenos incluidos en el dominio público deslindado. Las acciones civiles sobre derechos relativos a terrenos incluidos en el dominio público deslindado prescriben a los cinco años, computados a partir de la fecha de la aprobación del deslinde (artículo 14 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Sección 4.ª Inmatriculación de fincas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre Artículo 33. Inmatriculación e inscripción de los excesos de cabida en fincas situadas en la zona de servidumbre de protección. 1. El registrador denegará en todo caso la inmatriculación o la inscripción del exceso de cabida solicitado cuando la zona del dominio público marítimo terrestre con la que intersecte la finca sea la resultante de un expediente de deslinde ya aprobado e inscrito o anotado en el Registro de la Propiedad. 2. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar trasladará a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para su incorporación al Sistema Informático Registral, la representación grafica georreferenciada en la cartografía catastral, tanto de la línea de dominio público marítimo terrestre, como de las servidumbres de transito y protección. Dicha información gráfica será suministrada en soporte electrónico. Únicamente se procederá a la inmatriculación o inscripción de excesos de cabida respecto de fincas que intersecten con la zona de servidumbre de protección, cuando se acredite en el procedimiento registral la no colindancia o invasión del dominio público marítimo-terrestre, conforme a lo establecido en esta Sección. Artículo 34. Comprobaciones registrales previas a la inmatriculación o inscripción del exceso de cabida de las fincas situadas en servidumbre de protección y su descripción registral. 1. El registrador de la propiedad, salvo que justifique las razones por las que no es posible, ha de proceder a identificar gráficamente las fincas que intersecten con la zona de servidumbre de protección y a verificar que no colindan o invaden el dominio público marítimo terrestre, como requisito previo a la práctica de la inmatriculación o exceso de cabida solicitada. Cuando alguna finca colinde o intersecte con la zona de dominio público marítimo terrestre, conforme a la representación grafica suministrada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y cuyo deslinde no figure inscrito o anotado, el registrador suspenderá la inscripción solicitada y lo comunicará el mismo día al Servicio Periférico de Costas, así como al presentante y al titular, tomando en su lugar anotación preventiva de la suspensión por noventa días y reflejando por nota marginal la fecha de la recepción de dicha notificación en el Servicio Periférico de Costas. El Servicio Periférico de Costas expedirá certificación en el plazo de un mes desde la recepción de la petición del registrador, pronunciándose sobre si la finca objeto de anotación invade el dominio público marítimo terrestre, e incorporando el plano catastral de la finca que determine su relación con la línea del dominio público marítimo terrestre y las servidumbres de protección y tránsito. Transcurrido dicho plazo sin que se haya recibido contestación, se procederá a la conversión de la anotación en inscripción, extremo que se notificará al Servicio Periférico de Costas, dejando constancia de tal actuación en el folio de la finca. Cuando la certificación resulte la invasión del dominio público marítimo-terrestre, el registrador denegará la inscripción del título y cancelará la anotación preventiva de suspensión. 2. Si la zona a la que se refiere la solicitud de inmatriculación o de inscripción del exceso de cabida no estuviera deslindada, se iniciará el correspondiente deslinde dentro de un plazo que no podrá ser superior a tres meses desde la correspondiente solicitud, quedando entre tanto en suspenso la inscripción solicitada. El Servicio Periférico de Costas comunicará esta circunstancia al Registro de la Propiedad dentro del mes siguiente a la recepción de la petición del registrador y se prorrogará la anotación de suspensión hasta un máximo de cuatro años, con solicitud de la expedición de la certificación de titularidad y cargas a que se refiere el artículo 21.3 de este reglamento, lo que se reflejará por nota marginal, quedando el asiento practicado supeditado a la resolución del expediente de deslinde. Iniciado el expediente el Servicio Periférico de Costas notificará al registro la fecha del acuerdo de incoación y de su publicación, así como el plano con la delimitación provisional afectante a la finca, indicándose tales circunstancias por nota marginal tal como establece el artículo 21.3. El titular a cuyo favor resulte anotado el dominio habrá de ser notificado en el expediente de deslinde. Igualmente se podrá tomar anotación preventiva de la suspensión, con los mismos efectos y vigencia, cuando el expediente se haya iniciado a solicitud del propietario, quien asumirá los costes del mismo. Será título formal para practicar la referida anotación, que deberá acompañar al título o documento cuya inscripción se solicite, la certificación expedida por el Servicio Periférico de Costas en la que consten los datos del expediente, la descripción de la finca afectada y su representación grafica conforme al plano provisional tenido en cuenta para la iniciación del expediente, debiendo proceder el registrador en la forma establecida en el artículo 21.2.c) y 3 de este reglamento. 4. El registrador, no obstante, practicará la inscripción solicitada cuando el Título presentado testimonie o se acompañe de certificación expedida por el Servicio Periférico de Costas, acreditando que la finca no invade el dominio público marítimo terrestre, reflejando mediante técnicas de geolocalización su situación con relación a la zona de dominio público y las servidumbres de protección y tránsito, siempre que ello no contradiga ningún asiento de deslinde inscrito o anotado, en cuyo caso será necesario proceder previa o simultáneamente a su rectificación conforme al procedimiento legalmente establecido. Artículo 35. Descripción registral de las fincas que intersecten con la zona de servidumbre de tránsito o protección. 1. Tanto el título como la descripción registral de las fincas que intersecten con la zona de servidumbre de protección, contendrá expresa mención sobre su colindancia o no con respecto al dominio público marítimo-terrestre. Cuando la manifestación negativa vertida por las partes en el título sea coincidente con el contenido de la representación gráfica suministrada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el registrador llevará a efecto la inscripción solicitada, siempre que no tenga duda debidamente motivada sobre tal extremo, se trate de un tramo ya deslindado y el título incorpore el plano individualizado del deslinde de la finca totalmente coincidente con la descripción literaria de la misma, que permita su localización en la cartografía catastral. 2. Cuando el título presentado no contenga referencia alguna a la colindancia de la finca con la zona de dominio público marítimo-terrestre, el registrador, una vez identificada gráficamente la misma, procederá a practicar la inscripción solicitada en los términos que resultan del apartado anterior, siempre que resulte acreditada la no colindancia o intersección con el dominio público marítimo-terrestre. Cuando según la documentación aportada al Registro de la Propiedad no sea posible la identificación gráfica de la finca en la cartografía catastral o existan dudas razonadas sobre su ubicación real, que deberá ser debidamente motivado por el registrador, éste suspenderá la inscripción y notificará tal circunstancia al titular para que pueda comparecer en el procedimiento registral durante los diez días siguientes a la recepción de la notificación, y hacer las manifestaciones y aportación de documentos que procedan en relación con la identificación gráfica de la finca. Determinada la no colindancia con el dominio público marítimo-terrestre, se practicará la inscripción en la forma establecida en el párrafo anterior. En caso contrario, se tomará anotación preventiva de la suspensión y se notificará al Servicio Periférico de Costas en la forma establecida en el artículo 34.1 de este reglamento. 3. Siempre que el título registral contenga la indicación de que la finca linda con el mar, la colindancia se entenderá referida al límite interior de la ribera del mar, incluso en los casos de exceso de cabida. 4. En el caso de que el dominio público marítimo-terrestre incluya alguna pertenencia distinta de la ribera del mar, la colindancia a que se refiere el párrafo anterior se entenderá que lo es con respecto al límite interior de dicho dominio. 5. Si de la identificación de la finca, conforme a lo dispuesto en el apartado 1, resultara que esta se ubica en las zonas de servidumbre de tránsito o protección, se practicará la inscripción, indicando tal circunstancia, salvo que se trate de un acto o negocio que vulnere las limitaciones a que están afectas estas zonas. 6. Lo dispuesto en los artículos anteriores se aplicará igualmente a los excesos de cabida, salvo que se trate de fincas de linderos fijos o de tal naturaleza que excluyan la posibilidad de invasión del dominio público marítimo-terrestre. Artículo 36. Normas aplicables a las segundas y posteriores inscripciones. En relación con las segundas y posteriores inscripciones sobre fincas que intersecten o colinden con el dominio público marítimo-terrestre, se aplicaran las siguientes reglas: 1.ª El registrador denegará la práctica de cualquier asiento cuando la finca intersecte con el dominio público marítimo-terrestre a resultas de expediente de deslinde inscrito o anotado en el Registro de la Propiedad sobre otras fincas incluidas en la misma zona deslindada, actuación que será comunicada al Servicio Periférico de Costas, para que proceda a solicitar la rectificación de los asientos contradictorios con el mismo. 2.ª Si la finca intersecta o colinda con una zona de dominio público marítimo-terrestre conforme a la representación grafica suministrada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el registrador suspenderá la inscripción solicitada y tomará anotación preventiva por noventa días, notificando tal circunstancia al Servicio Periférico de Costas para que, en el plazo de un mes desde la recepción de la petición, certifique si la finca invade el dominio público marítimo-terrestre y su situación en relación con las servidumbres de protección y transito. Transcurrido dicho plazo sin recibir la referida certificación, el registrador convertirá la anotación de suspensión en inscripción de dominio, lo que notificará al servicio periférico de costas, dejando constancia en el folio de la finca. 3.ª Cuando de la certificación resulte que la finca intersecta con el dominio público marítimo-terrestre según deslinde ya aprobado por orden ministerial, el registrador denegará la inscripción solicitada y cancelará la anotación de suspensión, debiendo procederse por el Servicio Periférico de Costas a solicitar la anotación de la resolución aprobatoria de deslinde. 4.ª Cuando la finca intersecte o colinde, según la certificación, con zonas de dominio público marítimo-terrestre pendientes de deslinde, el registrador practicará la inscripción solicitada y lo comunicará al Servicio Periférico de Costas, dejando constancia de ello por nota marginal en el folio real, haciendo constar, tanto en el asiento practicado como en la nota de despacho, que el mismo queda supeditado a las resultas del expediente de deslinde. Caso de estar ya iniciado el deslinde, el Servicio Periférico de Costas solicitará del registrador la expedición de certificación de titularidad y cargas y la constancia por nota marginal de todos los extremos recogidos en el artículo 21.3. En otro caso, tales datos se le notificarán una vez se haya acordado la iniciación del expediente. 5.ª Cuando la finca solo intersecte parcialmente con el dominio público marítimo-terrestre, las anteriores limitaciones solo procederán en la parte que resulte afectada, debiendo adecuarse la descripción del título al contenido de la resolución aprobatoria del deslinde, al objeto de proceder a la inscripción o anotación del dominio público marítimo-terrestre en favor del Estado. 6.ª El registrador de la propiedad, con ocasión de la emisión de cualquier forma de publicidad registral, informará en todo caso de la situación de la finca en relación con las servidumbres de protección y tránsito conforme a la representación gráfica obrante en el registro, suministrada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. CAPÍTULO IV Afectación y desafectación Artículo 37. Afectación de terrenos. 1. Los terrenos del Patrimonio del Estado colindantes con el dominio público marítimo-terrestre o emplazados en su zona de influencia que resulten necesarios para la protección o utilización de dicho dominio, serán afectados al uso propio del mismo, en la forma prevista en la legislación del Patrimonio del Estado. No se podrá proceder a su enajenación sin previa declaración de innecesariedad a los mencionados efectos (artículo 17 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. La declaración de innecesariedad se hará por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y deberá ser motivada. Artículo 38. Desafectación de terrenos. 1. Solo podrá procederse a la desafectación de terrenos en el supuesto del apartado 5 del artículo 4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento, previo informe preceptivo del Ayuntamiento y de la comunidad autónoma afectados y previa declaración de innecesariedad a los efectos previstos en el artículo anterior. La desafectación de bienes de dominio público marítimo-terrestre que tengan la consideración de dominio público portuario estatal se regirá por lo dispuesto en su legislación específica. 2. La declaración de innecesariedad para la protección o utilización del dominio público marítimo-terrestre tendrá carácter excepcional y sólo procederá en aquellos supuestos en que resulte inviable la recuperación de los terrenos o la utilización de los mismos para usos relacionados con la protección y utilización del dominio público marítimo-terrestre. Una vez declarada la innecesariedad de los terrenos podrá solicitarse su desafectación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los términos de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. La declaración de innecesariedad de bienes de dominio público marítimo-terrestre requerirá informe del Ministerio de Defensa en relación con los intereses públicos tutelados por dicho Ministerio. 3. La desafectación deberá ser expresa y antes de proceder a ella habrán de practicarse los correspondientes deslindes y cumplirse las restantes condiciones exigidas por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre. 4. La desafectación se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación patrimonial. Artículo 39. Cesión gratuita de los terrenos desafectados. Los terrenos desafectados conforme a lo previsto en el artículo anterior podrán ser objeto de cesión gratuita en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre. TÍTULO II Limitaciones de la propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar por razones de protección del dominio público marítimo-terrestre CAPÍTULO PRIMERO Objetivos y disposiciones generales Artículo 40. Alcance de la protección del dominio público marítimo-terrestre. La protección del dominio público marítimo-terrestre comprende la defensa de su integridad y de los fines de uso general a que está destinado; la preservación de sus características y elementos naturales y la prevención de las perjudiciales consecuencias de obras e instalaciones, en los términos de la Ley 22/1988, de 28 de julio (artículo 20 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 41. Limitaciones y servidumbres de los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre. 1. A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre estarán sujetos a las limitaciones y servidumbres que se determinan en el presente título, prevaleciendo sobre la interposición de cualquier acción. Las servidumbres serán imprescriptibles en todo caso. 2. Se exceptúan de esta sujeción los terrenos expresamente declarados de interés para la seguridad y la defensa nacional, conforme a su legislación específica. 3. Las disposiciones de este título tienen el carácter de regulación mínima y complementaria de las que dicten las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias (artículo 21 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 42. Disposiciones especiales para la protección de determinados tramos de costa. 1. Mediante orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se dictarán normas para la protección de determinados tramos de costa en desarrollo de lo previsto en los artículos 23, 25, 27.2, 28.1 y 29 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. Las órdenes contendrán como anexos los planos y demás información que se considere relevante para la identificación del ámbito afectado y, en general, para asegurar su eficacia. 2. La longitud de costa a incluir en las normas deberá referirse, como mínimo, a una unidad fisiográfica o morfológica relativa a la dinámica litoral o al territorio, respectivamente, o, en su caso, a uno o varios términos municipales colindantes completos. Artículo 43. Consultas previas a las Comunidades autónomas y a los Ayuntamientos. 1. Antes de la aprobación definitiva de las normas a que se refiere el artículo anterior, se someterán a informe de las comunidades autónomas y de los Ayuntamientos a cuyo territorio afecten para que los mismos puedan formular las objeciones que deriven de sus instrumentos de ordenación aprobados o en tramitación. Cuando se observen discrepancias sustanciales entre el contenido de las normas proyectadas y las objeciones formuladas por las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, se abrirá un periodo de consulta entre las tres administraciones para resolver de común acuerdo las diferencias manifestadas (artículo 22.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Transcurrido tres meses sin que se alcance un acuerdo entre las Administraciones afectadas se podrá continuar con la tramitación de la norma. 2. Los informes a que se refiere el apartado anterior serán emitidos en el plazo de un mes. CAPÍTULO II Servidumbres legales Sección 1.ª Servidumbre de protección Artículo 44. Extensión de la zona de servidumbre de protección. 1. La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. 2. La extensión de esta zona podrá ser ampliada por la Administración General del Estado, de acuerdo con la comunidad autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, hasta un máximo de otros 100 metros, cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la servidumbre, en atención a las peculiaridades del tramo de costa de que se trate (artículo 23 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. La ampliación a que se refiere el apartado anterior será determinada en el procedimiento de deslinde o, previo informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por las normas de protección y por el planeamiento territorial o urbanístico. 4. La anchura de la zona de servidumbre de protección se reducirá en los casos a que se refieren el artículo 23.3 y la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y el artículo 44.7 y disposiciones transitorias octava y novena de este reglamento. 5. Los terrenos afectados por la modificación, por cualquier causa, de las zonas de servidumbre de tránsito y protección, incluyendo la variación de la delimitación de la ribera del mar, quedarán en situación análoga a la prevista en las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento, o quedarán liberados de dichas servidumbres, según sea el sentido que tenga dicha modificación. En estos casos no será necesario tramitar un nuevo expediente de deslinde, sino uno de rectificación del existente, con información pública y solicitud de informes al Ayuntamiento y la comunidad autónoma. La cesión al dominio público marítimo-terrestre de terrenos de propiedad particular que no reúnan las características recogidas en el artículo 3 de este reglamento se regulará por lo dispuesto en el apartado siguiente. 6. Las urbanizaciones marítimo-terrestres quedarán reguladas según lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y segunda de este reglamento. La realización de otro tipo de obras, que den origen a la invasión por el mar o por las aguas de los ríos, hasta donde se haga sensible el efecto de las mareas, de terrenos que, con anterioridad a dichas obras, no sean de dominio público marítimo-terrestre, producirá los siguientes efectos: a) El terreno invadido se incorporará al dominio público marítimo-terrestre. b) La servidumbre de protección preexistente con anterioridad a las obras, mantendrá su vigencia. c) En los terrenos que no sean objeto de la servidumbre a que se refiere la letra b) anterior no se generará una nueva servidumbre de protección en torno a los espacios invadidos, sino que, exclusivamente, será de aplicación, en ese caso, la servidumbre de tránsito. d) En cualquier caso, dichas obras precisarán del correspondiente título administrativo para su realización. 7. En las márgenes de los ríos hasta donde sean sensibles las mareas la extensión de esta zona podrá reducirse por la Administración General del Estado, de acuerdo con la comunidad autónoma y Ayuntamiento correspondiente, hasta un mínimo de 20 metros, en atención a las características geomorfológicas, a sus ambientes de vegetación, y a su distancia respecto de la desembocadura conforme a los siguientes criterios (artículo 23.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio): a) Sólo se podrá reducir la servidumbre de protección en aquellos terrenos que estén ubicados a más de 500 metros de la desembocadura a mar abierto más cercana. b) No podrá aplicarse dicha reducción, cuando se trate de zonas sujetas a cualquier régimen de protección, zonas que contengan playas o zonas de depósito de arenas o zonas con vegetación halófila o subhalófila. c) La servidumbre de protección reducida será como mínimo 5 veces la anchura del cauce, medida entre las líneas de ribera, hasta un máximo de 100 metros. Artículo 45. Actuaciones no sujetas a autorización. 1. En los terrenos comprendidos en la zona afectada por la servidumbre de protección se podrán realizar, sin necesidad de autorización, cultivos y plantaciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 2. En los primeros 20 metros de esta zona se podrán depositar temporalmente objetos o materiales arrojados por el mar y realizar operaciones de salvamento marítimo. Los daños que se ocasionen por las ocupaciones a que se refiere el párrafo anterior serán objeto de indemnización según lo previsto en la Ley de expropiación forzosa. 3. En dichos 20 metros están prohibidas las instalaciones a que se refieren los artículos 44.6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 96 de este reglamento. Artículo 46. Prohibiciones en la zona de servidumbre de protección. En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos: a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación, incluyendo las hoteleras, cualquiera que sea su régimen de explotación. Se excluirán de esta prohibición las acampadas y los campamentos o campings debidamente autorizados con instalaciones desmontables. Se entenderá por acampada la instalación de tiendas de campaña o de vehículos o remolques habitables. Se entenderá por campamento o camping la acampada organizada dotada de los servicios y suministros establecidos por la normativa vigente. b) La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas cuyo trazado discurra longitudinalmente a lo largo de la zona de servidumbre de protección, quedando exceptuadas de dicha prohibición aquellas otras en las que su incidencia sea transversal, accidental o puntual y las de intensidad de tráfico superior a 500 vehículos/día de media anual en el caso de carreteras así como de sus áreas de servicio. c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos naturales o no consolidados, entendiéndose por tales los lugares donde existen acumulaciones de materiales detríticos tipo arenas o gravas. No se entenderá incluido en la prohibición de destrucción de yacimientos de áridos, el aprovechamiento de los mismos para su aportación a las playas. d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión. e) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración. f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales. No se considerarán incluidos en esta prohibición los supuestos del artículo 81.4 de este reglamento, siempre que sea compatible con la protección del dominio público marítimo-terrestre (artículo 25.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 47. Actuaciones sujetas a autorización. 1. Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquéllos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. 2. La ejecución de terraplenes y desmontes deberá cumplir las siguientes condiciones para garantizar la protección del dominio público (artículo 25.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio): a) Sólo podrá permitirse la ejecución de desmontes y terraplenes previa autorización. b) Sólo podrá autorizarse cuando la altura de aquéllos sea inferior a 3 metros, no perjudique al paisaje y se realice un adecuado tratamiento de sus taludes con plantaciones y recubrimientos. c) A partir de dicha altura, deberá realizarse una previa evaluación de su necesidad y su incidencia sobre el dominio público marítimo-terrestre y sobre la zona de servidumbre de protección. 3. La tala de árboles se podrá permitir siempre que sea compatible con la protección del dominio público, cuando exista autorización previa del órgano competente en materia forestal y no merme significativamente las masas arboladas, debiendo recogerse expresamente en la autorización la exigencia de reforestación eficaz con especies autóctonas, que no dañen el paisaje y el equilibrio ecológico. 4. Sólo se autorizarán los cerramientos relativos a: a) Las paredes de las edificaciones debidamente autorizadas. b) Los vallados perimetrales de cierre de parcelas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre, que se podrán ejecutar de conformidad con lo determinado en el planeamiento urbanístico municipal, con la salvedad de que solo podrán ser totalmente opacos hasta una altura máxima de un metro. c) Los vinculados a las concesiones en dominio público marítimo-terrestre con las características que se determinen en el título concesional. En todo caso deberá quedar libre la zona afectada por la servidumbre de tránsito. Artículo 48. Autorización excepcional del Consejo de Ministros. 1. Excepcionalmente, y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros podrá autorizar las actividades e instalaciones a que se refieren las letras b) y d) del artículo 46 de este reglamento. 2. En la misma forma podrán ser autorizadas las edificaciones a que se refiere la letra a) del artículo 46 de este reglamento y las instalaciones industriales en la que no concurran los requisitos de los artículos 25.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 47.1 de este reglamento, que sean de excepcional importancia y que, por razones económicas justificadas, sea conveniente su ubicación en el litoral, siempre que en ambos casos se localicen en zonas de servidumbre correspondientes a tramos de costa que no constituyan playa ni zonas húmedas u otros ámbitos sujetos a cualquier régimen de protección (artículo 25.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Las actuaciones que se autoricen conforme a lo previsto en este artículo deberán acomodarse al planeamiento urbanístico que se apruebe por las Administraciones competentes. 4. En aquellos casos en que la autorización por el Consejo de Ministros de las actividades o instalaciones a que se refiere este artículo se ampare en una competencia exclusiva del Estado o en los que el Consejo de Ministros haga uso de la facultad que le confiere la disposición adicional décima del texto refundido de la ley del suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, el acuerdo otorgando la autorización será título suficiente para iniciar la actuación de que se trate, sin perjuicio de la tramitación del expediente de modificación o revisión del planeamiento, que se iniciará simultáneamente. Artículo 49. Autorizaciones de las comunidades autónomas. 1. Los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección estarán sujetos a autorización de la comunidad autónoma correspondiente, que se otorgará con sujeción a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en las normas que se dicten, en su caso, de conformidad con lo previsto en los artículos 22 de la citada Ley y 42 y 43 de este reglamento, pudiéndose establecer las condiciones que se estimen necesarias para la protección del dominio público. 2. Si la actividad solicitada estuviese vinculada directamente a la utilización del dominio público marítimo-terrestre será necesario, en su caso, disponer previamente del correspondiente título administrativo otorgado conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio (artículo 26 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Las autorizaciones que se otorguen deberán respetar el planeamiento urbanístico en vigor. En defecto de ordenación, podrá condicionarse su otorgamiento a la previa aprobación del planeamiento. 4. No podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad las obras y construcciones realizadas en la zona de servidumbre de protección sin que se acredite la autorización a que se refiere este artículo. Para determinar si la finca está o no incluida en la zona, se aplicarán, con las variaciones pertinentes, las reglas establecidas en relación con las inmatriculaciones de fincas incluidas en la zona de servidumbre de protección. Artículo 50. Informe previo de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 1. El órgano competente de la comunidad autónoma que tramite las solicitudes de autorización a que se refiere el artículo anterior solicitará, con carácter previo a su resolución, informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en cuanto a la delimitación del límite interior de la ribera del mar, línea de deslinde, mantenimiento de las servidumbres de tránsito y acceso al mar e incidencia de las construcciones y de las actividades que las mismas generen sobre la integridad del dominio público, la estabilidad de la playa y la defensa de la costa. 2. El informe a que se refiere el apartado anterior se emitirá por el Servicio Periférico de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el plazo de un mes, a cuyos efectos se le remitirá el proyecto básico de las obras e instalaciones. Transcurrido dicho plazo sin haberse evacuado, se proseguirá la tramitación del expediente. 3. En el caso de que las obras, instalaciones o actividades objeto de la solicitud de autorización incidan además sobre terrenos sometidos a la servidumbre de tránsito, se dictará una resolución única por parte del órgano competente de la comunidad autónoma, que deberá recoger preceptivamente las observaciones que, a dichos efectos, y en su caso, haya formulado el Servicio Periférico de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al emitir el informe a que se refiere el apartado 1. 4. El órgano competente de la comunidad autónoma deberá dar traslado de la resolución adoptada al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la forma establecida en el artículo 226 de este reglamento. 5. De conformidad con las disposición adicional cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, las autorizaciones deberán ejercitarse en el plazo señalado para ello, que no podrá exceder de dos años, transcurrido el cual quedarán sin efecto, salvo cuando la falta de ejercicio sea imputable a la Administración. Artículo 51. Procedimiento de autorización excepcional del Consejo de Ministros. 1. Para el otorgamiento de las autorizaciones a que se refieren los artículos 25.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 48 de este reglamento se observará el siguiente procedimiento: a) Presentación en el Servicio Periférico de Costas de tres ejemplares del proyecto básico de las obras o instalaciones, acompañados de la declaración motivada de su utilidad pública, realizada por el órgano competente de la comunidad autónoma o, en su caso, por el competente por razón de la materia. b) El expediente deberá incluir, en todo caso, los informes de la comunidad autónoma y Ayuntamiento respectivos. Dichos informes deberán emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse formulado, se entenderán favorables. c) Elevación del expediente, con su informe, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su tramitación. d) Elevación del expediente al Consejo de Ministros para su resolución a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que previamente y a estos efectos, podrá recabar cuantos datos e informes considere oportunos. En el supuesto de que la solicitud proceda de otro Departamento de la Administración General del Estado, la propuesta deberá ser realizada conjuntamente por ambos ministros. 2. Salvo en los casos a que se refiere el artículo 48.4 de este reglamento, las actuaciones a autorizar habrán de sujetarse al planeamiento vigente. 3. No podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad las obras y construcciones realizadas en la zona de servidumbre de protección a que se refiere este precepto sin que se acredite el otorgamiento de la autorización por el Consejo de Ministros. Para determinar si la finca está o no incluida en la zona, se aplicarán, con las variaciones pertinentes, las reglas establecidas en relación con las inmatriculaciones de fincas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre. Sección 2.ª Servidumbre de tránsito Artículo 52. Extensión y régimen de la servidumbre de tránsito. 1. La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de seis metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios sujetos a cualquier régimen de protección. 2. En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte necesario, hasta un máximo de veinte metros. 3. Esta zona podrá ser ocupada excepcionalmente por obras a realizar en el dominio público marítimo-terrestre. En tal caso se sustituirá la zona de servidumbre por otra nueva en condiciones análogas, en la forma que se señale por la Administración General del Estado. También podrá ser ocupada para la ejecución de paseos marítimos (artículo 27 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 4. La competencia para ampliar o sustituir la zona afectada por la servidumbre de tránsito o autorizar su ocupación con paseos marítimos, en los supuestos a que se refieren los apartados 2 y 3, corresponden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, previo informe de la comunidad autónoma. Dicho informe deberá emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse evacuado, se proseguirá la tramitación del expediente. En el supuesto a que se refiere el apartado 3, se instruirá un solo expediente y dictará una resolución única para la ocupación del dominio público, en su caso, y para la sustitución de la servidumbre de tránsito. La ampliación se llevará a cabo, en su caso, de conformidad con lo previsto en las normas de protección o, en su defecto, en el planeamiento territorial o urbanístico. La localización alternativa se ubicará fuera del dominio público marítimo-terrestre y, preferentemente, dentro de la zona de servidumbre de protección de forma que se garantice la continuidad del tránsito. 5. Los cultivos en esta zona no impedirán el ejercicio de la servidumbre. Los daños que puedan producirse no serán objeto de indemnización. 6. La obligación de dejar expedita la zona de servidumbre de tránsito se refiere tanto al suelo como al vuelo y afecta a todos los usos que impidan la efectividad de la servidumbre. Se entiende que no impiden la efectividad de la servidumbre las canalizaciones subterráneas de servicios, siempre que no puedan tener otra ubicación. Sección 3.ª Servidumbre de acceso al mar Artículo 53. Extensión de la servidumbre de acceso al mar. 1. La servidumbre de acceso público y gratuito al mar recaerá, en la forma que se determina en los apartados siguientes, sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre, en la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso. 2. Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, los planes y normas de ordenación territorial y urbanística del litoral establecerán, salvo en espacios sujetos a cualquier régimen de protección, la previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del dominio público marítimo-terrestre. A estos efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico rodado deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros. Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos al uso público a su terminación (artículo 28 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Se entenderá por terminación la finalización de la ejecución de los accesos, con independencia del momento de su recepción por el Ayuntamiento respectivo. En las urbanizaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se estará a lo dispuesto en las disposiciones transitorias tercera, apartados 5 y 6, de dicha Ley y duodécima de este reglamento. 4. La obtención de los terrenos que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2, sean necesarios para la efectividad de la servidumbre de acceso al mar, se realizará por los mecanismos previstos en la legislación urbanística. Artículo 54. Accesos públicos al mar y aparcamientos. 1. Se declaran de utilidad pública, a efectos de la expropiación o de la imposición de la servidumbre de paso por la Administración General del Estado, los terrenos necesarios para la realización o modificación de otros accesos públicos al mar y aparcamientos, no incluidos en el apartado 2 del artículo anterior (artículo 28.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Para la realización o modificación de los accesos públicos y aparcamientos indicados en el apartado anterior, el Servicio Periférico de Costas formulará el correspondiente proyecto y lo someterá a información pública durante treinta días y a informe de la comunidad autónoma y del Ayuntamiento respectivos en igual plazo. Por causas excepcionales debidamente motivadas, dichos plazos podrán reducirse hasta los quince días. En caso de que no se evacuara dichos informes en el plazo señalado, se entenderán favorables. La aprobación del mismo llevará implícita la declaración de necesidad de ocupación, procediéndose a continuación conforme a lo previsto en la legislación de expropiación forzosa. Artículo 55. Prohibición de obras e instalaciones. No se permitirán en ningún caso obras o instalaciones que interrumpan el acceso al mar sin que se proponga por los interesados una solución alternativa que garantice su efectividad en condiciones análogas a las anteriores, a juicio de la Administración General del Estado (artículo 28.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 56. Competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Las competencias atribuidas a la Administración General del Estado en esta sección corresponden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Los terrenos expropiados se incorporarán al dominio público marítimo-terrestre. CAPÍTULO III Otras limitaciones de la propiedad Artículo 57. Limitaciones sobre los áridos. 1. En los tramos finales de los cauces deberá mantenerse la aportación de áridos a sus desembocaduras. Para autorizar su extracción, hasta la distancia que en cada caso se determine, se necesitará el informe favorable de la Administración General del Estado, en cuanto a su incidencia en el dominio público marítimo-terrestre (artículo 29.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. El Organismo de Cuenca o la Administración Hidráulica competente, previamente a la resolución de un expediente de extracción de áridos en cauce público, o a la ejecución de un proyecto de acondicionamiento de cauces, solicitará informe del correspondiente Servicio Periférico de Costas, cuando la distancia, medida a lo largo del cauce, entre los puntos de extracción y desembocadura en el mar sea inferior a la que se haya fijado para cada cauce por acuerdo entre ambos organismos. De la resolución recaída se dará traslado a dicho servicio. 3. Los informes del Servicio Periférico de Costas previstos en el apartado anterior, deberán emitirse en función de las necesidades de aportación de áridos a las playas. Artículo 58. Limitaciones sobre los yacimientos de áridos. 1. Los yacimientos de áridos, emplazados en la zona de influencia, quedarán sujetos al derecho de tanteo y retracto en las operaciones de venta, cesión o cualquier otra forma de transmisión onerosa ínter vivos, a favor del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para su aportación a las playas. Con esta misma finalidad, dichos yacimientos se declaran de utilidad pública a los efectos de su expropiación total o parcial en su caso por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la ocupación temporal de los terrenos necesarios (artículo 29.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Para el ejercicio del derecho de tanteo establecido en el apartado 1, los propietarios de los terrenos afectados deberán notificar al Servicio Periférico de Costas su propósito de llevar a cabo su transmisión, con expresión del adquirente, precio y forma de pago previstos. Dicho servicio elevará una propuesta motivada a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, para que éste adopte la resolución que proceda, en el plazo de un mes desde dicha notificación, sin que pueda llevarse a efecto la transmisión hasta tanto transcurra dicho plazo, siempre que durante el mismo no se haya notificado el ejercicio del derecho de tanteo. 3. En todo caso el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá ejercitar el derecho de retracto dentro de los nueve días siguientes a la inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad o a la notificación que en todo caso ha de hacer el transmitente dentro del mes siguiente a la formalización del contrato, adjuntando copia del mismo. Dicho retracto podrá ejercitarse en cualquier momento en defecto de notificación o cuando el precio efectivo de la transmisión hubiera sido inferior en más de un 20 por ciento al expresado en la notificación o en la copia del título traslativo aportado. El registrador de la propiedad, una vez practicada la inscripción advirtiendo expresamente de la posibilidad del retracto, notificará el mismo día telemáticamente tal circunstancia al Servicio Periférico de Costas, que elevará una propuesta motivada al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su resolución, caso de ser el retracto procedente. El retracto afectará a los adquirentes de derechos posteriores a la inscripción durante un plazo de tres meses a contar desde su fecha, siendo cancelada de oficio cualquier mención al mismo una vez transcurrido dicho plazo sin haber sido presentada en el Registro de la Propiedad la documentación acreditativa de su ejercicio. CAPÍTULO IV Zona de influencia Artículo 59. Extensión y régimen de la zona de influencia. 1. La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona, cuya anchura se determinará en los instrumentos correspondientes y que será como mínimo de 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar, respetará las exigencias de protección del dominio público marítimo-terrestre a través de los siguientes criterios: a) En tramos con playa y con acceso a tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito. b) Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística. Se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes sin que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o equivalente, de acuerdo con la normativa autonómica, en el término municipal respectivo. Se entenderá por densidad de edificación la edificabilidad definida en el planeamiento para los terrenos incluidos en la zona. 2. Para el otorgamiento de las licencias de obra o uso que impliquen la realización de vertidos al dominio público marítimo-terrestre se requerirá la previa obtención de la autorización de vertido correspondiente (artículo 30 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). TÍTULO III Utilización del dominio público marítimo-terrestre CAPÍTULO I Disposiciones generales Sección 1.ª Régimen general de utilización Artículo 60. Utilización del dominio público marítimo-terrestre. 1. La utilización del dominio público marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera será libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio. 2. Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones, sólo podrán ampararse en la existencia de reserva, adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en otras especiales, en su caso, sin que pueda invocarse derecho alguno en virtud de usucapión, cualquiera que sea el tiempo transcurrido (artículo 31 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. En la aplicación e interpretación de los artículos contenidos en el presente título se velará por la aplicación de la normativa vigente que tiene por objeto la conservación y el uso sostenible de la costa y del mar. Artículo 61. Ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 1. Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación (artículo 32.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Las actividades o instalaciones a que se refiere el apartado anterior son: a) Las que desempeñan una función o presten un servicio que, por sus características, requiera la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. b) Las de servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio. 3. En todo caso la ocupación deberá ser la mínima posible. Artículo 62. Exclusión de usos en el dominio público marítimo-terrestre. 1. A los efectos del apartado 1 del artículo anterior, y cualquiera que sea el título habilitante de la ocupación y la Administración que lo otorgue, quedarán expresamente excluidas las utilizaciones mencionadas en los artículos 25.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 46 de este reglamento, excepto las de la letra b), previa declaración de utilidad pública por el Consejo de Ministros, y el vertido de escombros utilizables en rellenos, debidamente autorizados. 2. Lo establecido en el apartado anterior se aplicará a todos los bienes de dominio público marítimo-terrestre y a todos los regímenes de utilización del mismo, incluyendo reservas, adscripciones, concesiones y autorizaciones, cualquiera que sea la Administración competente. Artículo 63. Eliminación de aguas residuales. Previamente al otorgamiento del título administrativo habilitante para la ocupación del dominio público, deberá quedar garantizado el sistema de eliminación de aguas residuales, de acuerdo con las disposiciones vigentes. El posterior incumplimiento de esta obligación dará lugar a la declaración de caducidad del título administrativo y al levantamiento de las instalaciones, sin perjuicio de la sanción que, en su caso, corresponda (artículo 32.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 64. Usos e instalaciones de embarque. 1. Los embarcaderos, rampas u otros tipos de atraques a utilizar por embarcaciones de líneas regulares de tráfico de pasajeros en régimen de explotación comercial, temporal o permanente no podrán ubicarse fuera de la zona de servicio de los puertos. 2. Cuando, por causas debidamente justificadas, las instalaciones a que se refiere el apartado anterior deban situarse fuera de una zona de servicio portuaria existente, deberá estar aprobada, con anterioridad al inicio de las obras, la ampliación de la zona de servicio portuaria, de forma que incluya el dominio público marítimo-terrestre afectado. Dichas instalaciones se ubicarán preferentemente fuera de las playas y previa evaluación de sus efectos sobre las condiciones de protección del entorno. 3. La autorización del emplazamiento de puntos de atraque, de embarque o desembarque o de aproximación a la costa para embarcaciones destinadas a excursiones marítimas turísticas costeras fuera de la zona de servicio de los puertos corresponderá al Servicio Periférico de Costas y será previa a la que deba emitir el órgano competente del Ministerio de Fomento en materia de Marina Mercante. Sección 2.ª Régimen de utilización de las playas Artículo 65. Utilización y ocupación de playas. 1. Las playas no serán de uso privado, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el presente reglamento sobre las reservas demaniales. 2. Las instalaciones que en ellas se permitan, además de cumplir con lo establecido en el artículo anterior, serán de libre acceso público, salvo que por razones de policía, de economía u otras de interés público, debidamente justificadas, se autoricen otras modalidades de uso. 3. Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella, con las dimensiones y distancias que se recogen en los artículos siguientes atendiendo a su naturaleza (artículo 33.1, 2 y 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Cuando, a juicio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no fuera posible ubicar las edificaciones de servicio fuera de la playa, sobre el paseo marítimo o los terrenos colindantes, se podrán situar adosadas al límite de aquélla. Artículo 66. Eventos de interés general con repercusión turística. 1. En los tramos urbanos de las playas podrá autorizarse la celebración de aquellos eventos de interés general con repercusión turística que cumplan los requisitos previstos en este artículo. En todo caso, una vez finalizada la ocupación, se procederá de manera inmediata al levantamiento de las instalaciones, a la completa limpieza del terreno ocupado y a la ejecución de las demás actuaciones precisas para asegurar la íntegra conservación de la playa. 2. Se considerarán eventos de interés general con repercusión turística los que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos: a) Los declarados como de interés turístico internacional, nacional, regional o local, por el órgano competente. b) Los eventos deportivos o culturales que, aun celebrándose de forma esporádica, tengan repercusión nacional o internacional. 3. Para la celebración de estos eventos la Administración local habrá de solicitar autorización con informe favorable del órgano competente de la comunidad autónoma, acompañada de una memoria técnica que disponga, al menos, de los siguientes documentos: a) Documentación justificativa en la que se describan las características del evento a desarrollar, con justificación expresa de: 1.º El objeto del evento, con mención expresa a las características de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre (superficie, instalaciones, tiempo y estimación de ocupantes). 2.º Justificación de la declaración del acto pretendido como evento a los efectos de la Ley 22/1988, de 28 de julio y de este reglamento. 3.º Las medidas preventivas a adoptar por el solicitante tendentes a evitar cualquier afección ambiental y a garantizar el restablecimiento del tramo de playa al estado anterior a la ocupación. 4.º Compromiso de proceder de manera inmediata, y una vez finalizada la ocupación, al levantamiento de las instalaciones, a la completa limpieza del terreno ocupado y a la ejecución de las demás actuaciones precisas para asegurar la íntegra conservación de la playa. b) Documentación gráfica del objeto de la ocupación, incluyendo plano de situación, a escala mínima 1:5000 y planos de detalle, a escala mínima 1:500. c) Estudio económico financiero según lo previsto en el artículo 89 de este reglamento. 4. El título que se otorgue fijará las condiciones pertinentes de la ocupación. En todo caso, incluirán las relativas a la superficie y tiempo de ocupación física, así como la adopción de todas las medidas preventivas tendentes a evitar cualquier afección ambiental y a garantizar el mantenimiento del tramo de playa en el estado anterior a la ocupación. Así mismo, establecerá la garantía que el promotor deberá depositar para asegurar el cumplimiento de dichas medidas preventivas y, en su caso, la ejecución subsidiaria de los trabajos de levantamiento de las instalaciones, limpieza completa del terreno ocupado y demás actuaciones precisas para asegurar la integridad de la playa. 5. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también para la celebración de los eventos recogidos en el apartado 2 en dominio público marítimo-terrestre que no tenga la condición de playa siempre que se prevea una afección a las mismas. Artículo 67. Catalogación de los tramos naturales y urbanos de las playas. La catalogación de los tramos naturales y urbanos de las playas se establecerá por la Administración competente en materia de ordenación del territorio, que deberá tener en cuenta el carácter urbanizado o rural de los terrenos contiguos a cada uno de los tramos, así como su grado de protección medioambiental. Artículo 68. Ocupaciones en los tramos naturales de las playas. Las ocupaciones en los tramos naturales de las playas deberán observar los siguientes requisitos: 1. Las actividades e instalaciones se someterán a las siguientes reglas: a) Podrán autorizarse las actividades o instalaciones a las que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 61. b) La ocupación de los establecimientos expendedores de comidas y bebidas no excederá de 70 metros cuadrados, de los cuales, 20, como máximo, podrán destinarse a instalación cerrada. Estas instalaciones serán de temporada y desmontables en todos sus elementos. La distancia entre estos establecimientos no podrá ser inferior a 300 metros. 2. La superficie de cada una de esas ocupaciones será la mínima posible y la ocupación total no podrá, en ningún caso, exceder del 10 por ciento de la superficie de la playa en pleamar. La distribución de tales instalaciones se propondrá por el Ayuntamiento según el procedimiento recogido en el artículo 113 de este reglamento. 3. Todas las conducciones de servicio a estas instalaciones deberán ser subterráneas. 4. El sistema de saneamiento garantizará una eficaz eliminación de las aguas residuales, así como la ausencia de malos olores. Con este objeto, las instalaciones deberán conectarse a la red de saneamiento general, si ésta existe, quedando en todo caso prohibidos los sistemas de drenaje o absorción que puedan afectar a la arena de las playas o a la calidad de las aguas de baño. 5. En todo caso, el levantamiento de cualquiera de las ocupaciones o usos referidos en los puntos anteriores llevará implícita la obligación para el beneficiario del título administrativo habilitado al efecto de reponer la playa a su estado natural anterior a la ocupación o uso. Artículo 69. Ocupaciones en los tramos urbanos de las playas. Las ocupaciones en los tramos urbanos de las playas deberán observar los siguientes requisitos, quedando garantizado en todo caso el uso público, libre y gratuito de los recursos naturales: 1. Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella, con las dimensiones y distancias que se recogen en los apartados siguientes. Cuando, a juicio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no fuera posible ubicar estas edificaciones sobre el paseo marítimo o fuera de la playa, se podrán ubicar en su límite interior o, en el caso en que la anchura de la playa así lo permita, a una distancia mínima de 70 metros desde la línea de pleamar, siempre que no se perjudique la integridad del dominio público marítimo-terrestre ni su uso. 2. Además de las ocupaciones previstas para los tramos naturales de las playas, los tramos urbanos de las mismas podrán disponer de instalaciones fijas destinadas a establecimientos expendedores de comidas y bebidas, con una ocupación máxima, salvo casos excepcionales debidamente justificados, de 200 metros cuadrados, de los cuales 150 metros cuadrados podrán ser de edificación cerrada y el resto terraza cerrada mediante elementos desmontables que garanticen la permeabilidad de vistas. A esta superficie se podrá añadir otros 70 metros cuadrados de ocupación abierta y desmontable más una zona de aseo, que no podrá superar los 30 metros cuadrados, siempre que ésta sea de uso público y gratuito. La distancia entre estos establecimientos no podrá ser inferior a 150 metros. 3. Las instalaciones desmontables destinadas a establecimientos expendedores de comidas y bebidas se situarán con una separación mínima de cien metros de otras que presten un servicio de igual naturaleza ubicadas en dominio público marítimo-terrestre. Si la superficie cerrada supera los 20 metros cuadrados deberán contar con un título concesional. 4. Las distancias a las que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo podrán reducirse a la mitad entre actividades no similares. 5. Las distancias y superficies recogidas en los párrafos anteriores no serán de aplicación entre terrazas sobre paseos marítimos vinculadas a establecimientos ubicados fuera del dominio público, que podrán situarse junto a sus respectivos establecimientos, siempre y cuando no se obstruya el paso y uso público. 6. Todas las conducciones de servicio a estas instalaciones deberán ser subterráneas. 7. El sistema de saneamiento garantizará una eficaz eliminación de las aguas residuales, así como la ausencia de malos olores. Con este objeto, las instalaciones deberán conectarse a la red de saneamiento general, quedando en todo caso prohibidos los sistemas de drenaje o absorción que puedan afectar a la arena de las playas o a la calidad de las aguas de baño. 8. La superficie de cada una de las ocupaciones será la mínima posible y la ocupación total de todas ellas, independientemente de uso al que estén destinadas, no podrá, en ningún caso, exceder del 50 por ciento de la superficie de la playa en pleamar. La distribución de tales instalaciones se establecerá por la Administración autonómica competente en materia de ordenación del litoral o, en su defecto, se realizará de forma homogénea a lo largo de la playa. 9. Las superficies y distancias recogidas en los apartados anteriores no serán de aplicación para edificaciones ya existentes que hayan revertido al dominio público marítimo-terrestre y sobre las que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente decida expresamente su mantenimiento por sus características singulares. 10. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a las ocupaciones en dominio público marítimo-terrestre que no tenga la naturaleza de ribera del mar. Artículo 70. Instalaciones destinadas a actividades deportivas de carácter náutico federado. 1. Las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público para instalaciones destinadas a actividades deportivas de carácter náutico federado, que únicamente podrán otorgarse en tramos urbanos de playa, además de cumplir las disposiciones que les sean aplicables con carácter general y las específicas reguladoras de su actividad, deberán ajustarse a los siguientes criterios: a) Las instalaciones se ubicarán, preferentemente, fuera de la playa. Cuando esto no sea posible, se situarán en los extremos de la playa, adosadas al límite de aquélla. b) Los usos permitidos en estas instalaciones serán los estrictamente necesarios para realizar la actividad deportiva náutica. c) Las instalaciones deberán estar adaptadas al entorno en que se encuentren situadas y no podrán exceder de 300 metros cuadrados, excluida la superficie ocupada por la zona de varada. d) En ningún caso se permitirán instalaciones destinadas a actividades deportivas no náuticas. 2. Con el fin de ordenar la existencia de estas instalaciones y racionalizar su necesidad y ubicación en el litoral, la solicitud de título administrativo deberá ir acompañada de informe de la Federación correspondiente. El informe deberá pronunciarse sobre la dimensión de las instalaciones fijas y, en su caso, la zona de varada. Con el mismo fin se solicitará informe del órgano competente de la Administración autonómica y, en su caso, de la Autoridad Portuaria correspondiente, que deberán pronunciarse expresamente sobre la posible incidencia con el funcionamiento de puertos deportivos o de otras instalaciones de carácter náutico de su competencia. Si en el plazo de un mes no se emite informe, este se entenderá favorable. La superficie destinada a zona de varada se determinará en función del tramo de costa en que se ubique, sin que pueda impedir el uso público de la playa para el resto de los fines recogidos en el artículo 31 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. En todo caso, la superficie computará a efectos del máximo del 50 por ciento de la superficie de la playa en pleamar. De conllevar la actividad náutica deportiva el lanzamiento o varada de embarcaciones, deberá dejarse libre permanentemente una franja de 15 metros, como mínimo, desde la orilla en pleamar. Además, deberá hacerse a través de canales debidamente señalizados situados en las proximidades. De no existir canales debidamente autorizados en las proximidades, el proyecto deberá contemplar el canal correspondiente. Las características técnicas y ubicación del mismo deberán ser informadas favorablemente por Puertos del Estado, previamente a su instalación. 3. Todas las conducciones de servicio a estas instalaciones deberán ser subterráneas. 4. El sistema de saneamiento garantizará una eficaz eliminación de las aguas residuales, así como la ausencia de malos olores. Con este objeto, las instalaciones deberán conectarse a la red de saneamiento general, si ésta existe, quedando en todo caso prohibidos los sistemas de drenaje o absorción que puedan afectar a la arena de las playas o a la calidad de las aguas de baño. Artículo 71. Tendidos aéreos en las playas. No se permitirán en las playas los tendidos aéreos, salvo imposibilidad material debidamente justificada. Artículo 72. Usos prohibidos de estacionamiento, circulación de vehículos, campamentos y acampadas. 1. Quedarán prohibidos el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos, así como los campamentos y acampadas (artículo 33.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Dichas prohibiciones se aplicarán a todo el dominio público marítimo-terrestre, salvo la de estacionamiento y circulación de vehículos, que afectará solamente a las playas. 3. Se entenderá por acampada la instalación de tiendas de campaña o de vehículos o remolques habitables. Se entenderá por campamento la acampada organizada dotada de los servicios y suministros establecidos por la normativa vigente. 4. Quienes vulneren las prohibiciones establecidas en este artículo deberán desalojar de inmediato, a requerimiento verbal de los Agentes de la Administración, el dominio público ocupado, sin perjuicio de la instrucción de expediente sancionador cuando sea procedente. El Servicio Periférico de Costas podrá interesar del Delegado del Gobierno la colaboración de la fuerza pública cuando ello sea necesario. Artículo 73. Usos prohibidos en zonas de baño. 1. En las zonas de baño debidamente balizadas estará prohibida la navegación deportiva y de recreo, y la utilización de cualquier tipo de embarcación o medio flotante movido a vela o motor. El lanzamiento o varada de embarcaciones deberá hacerse a través de canales debidamente señalizados, según lo establecido en el artículo 70.2 de este reglamento. 2. En los tramos de costa que no estén balizados como zona de baño se entenderá que ésta ocupa una franja de mar contigua a la costa de una anchura de 200 metros en las playas y 50 metros en el resto de la costa. Dentro de estas zonas no se podrá navegar a una velocidad superior a tres nudos, debiendo adoptarse las precauciones necesarias para evitar riesgos a la seguridad de la vida humana en el mar. Estará prohibido cualquier tipo de vertido desde las embarcaciones. Artículo 74. Normas generales para la ocupación de las playas. En defecto de planeamiento, la ocupación de la playa por instalaciones de cualquier tipo, incluso las correspondientes a servicios de temporada, deberá observar, además de lo indicado en los artículos anteriores, las siguientes determinaciones: a) Se dejará libre permanentemente una franja de seis metros, como mínimo, desde la orilla en pleamar. b) Las longitudes de los tramos libres de ocupación deberán ser, como mínimo, equivalentes a las que se prevé en explotación, sin que estas últimas puedan superar los 100 metros, salvo que la configuración de la playa aconseje otra distribución. c) Las zonas de lanzamiento y varada se situarán preferentemente en los extremos de la playa o en otras zonas donde se minimice su interferencia con los usos comunes a que se refiere el artículo 60.1 de este reglamento y en conexión con accesos rodados y canales balizados. Sección 3.ª Otros principios comunes Artículo 75. Denegación de las solicitudes de utilización del dominio público marítimo-terrestre. 1. Las solicitudes de utilización del dominio público marítimo-terrestre que se opongan de manera notoria a lo dispuesto en la normativa en vigor se denegarán en el plazo máximo de dos meses, sin más trámite que la audiencia previa al peticionario. Se considerará que se opone de manera notoria a la normativa en vigor la utilización del dominio público marítimo-terrestre para usos no permitidos por la Ley 22/1988, de 28 de julio, o que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el dominio público marítimo-terrestre. Si se tratare de deficiencias susceptibles de subsanación se procederá en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo siguiente. 2. Transcurrido el plazo máximo para tramitarse la solicitud de utilización del dominio público marítimo-terrestre sin haberse notificado resolución expresa al interesado o interesados deberá entenderse desestimada por silencio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Artículo 76. Subsanación de deficiencias. 1. La Administración competente comunicará las deficiencias observadas a los peticionarios, para que éstos formulen sus alegaciones o subsanen las mismas en el plazo de diez días, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, dando traslado de la resolución que así lo acuerde a los interesados, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 2. Cuando sea competente la Administración General del Estado, corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Servicio Periférico de Costas, el ejercicio de las facultades previstas en el apartado anterior. Artículo 77. No obligación de otorgamiento de títulos. La Administración no está obligada a otorgar los títulos de utilización del dominio público marítimo-terrestre que se soliciten con arreglo a las determinaciones del plan o normas aprobadas, pudiendo ser denegadas por razones de interés público debidamente motivadas (artículo 35.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 78. Exigencia de garantías. 1. En los supuestos de usos que puedan producir daños y perjuicios sobre el dominio público o privado, la Administración General del Estado estará facultada para exigir al solicitante la presentación de cuantos estudios y garantías económicas se determinan en el apartado siguiente para la prevención de aquéllos, la reposición de los bienes afectados y las indemnizaciones correspondientes (artículo 36 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Para el establecimiento de las garantías económicas indicadas en el apartado anterior se tendrá en cuenta lo siguiente: a) Serán determinadas por el órgano competente de la Administración General del Estado para el otorgamiento del título, una vez prestada conformidad a los estudios presentados, los cuales deberán contemplar las medidas correctoras adecuadas para la prevención de los daños y la reposición de los bienes. b) Podrán formalizarse por cualquiera de los sistemas admitidos por la normativa vigente, tendrán carácter irrevocable, serán de ejecución automática y se extenderán hasta el plazo de vencimiento. Para la ejecución forzosa, en su caso, se estará a lo dispuesto en la sección 2.ª del capítulo tercero del título V de este reglamento. c) La posible afección sobre el dominio privado y las indemnizaciones correspondientes serán determinadas por la Administración, de oficio o a instancia del posible perjudicado debidamente justificada, sin perjuicio de las acciones judiciales que el mismo pueda ejercer. Artículo 79. Facultades de la Administración General del Estado sobre el dominio público marítimo-terrestre. 1. La ocupación del dominio público no implicará en ningún caso la cesión de éste, ni su utilización significará la cesión de las facultades demaniales de la Administración General del Estado, ni la asunción por ésta de responsabilidades de ningún tipo respecto al titular del derecho a la ocupación o a terceros. El mencionado titular será responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionar las obras y actividades al dominio público y al privado, salvo en el caso en que aquéllos tengan su origen en alguna cláusula impuesta por la Administración al titular y que sean de ineludible cumplimiento por éste. 2. La Administración General del Estado conservará en todo momento las facultades de tutela y policía sobre el dominio público afectado, quedando obligado el titular de la ocupación o actividad a informar a aquélla de las incidencias que se produzcan en relación con dichos bienes y a cumplir las instrucciones que le dicte (artículo 37 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las facultades de gestión de las comunidades autónomas respecto de aquellas actividades que correspondan a materias de su competencia que se desarrollen sobre el dominio público. Artículo 80. Registro de usos del dominio público marítimo-terrestre. 1. La Administración competente llevará, actualizado, el Registro de usos del dominio público marítimo-terrestre, en el que se inscribirán de oficio, en la forma en que se determina en este artículo, las reservas, adscripciones y concesiones, así como las autorizaciones de vertidos contaminantes, revisando, al menos anualmente, el cumplimiento de las condiciones estipuladas, así como los efectos producidos. Dichos registros tendrán carácter público, pudiendo interesarse las oportunas certificaciones sobre su contenido, y siendo las mismas medio de prueba de la existencia y situación del correspondiente título administrativo, sin perjuicio de su inscripción en el Registro de la Propiedad a los efectos prevenidos en la Ley Hipotecaria. Los cambios de titularidad y de características que puedan producirse deberán reflejarse, asimismo, en el asiento correspondiente. 2. Cuando se trate de usos cuya autorización corresponda a la Administración General del Estado, el Registro estará formado por fichas individuales debidamente numeradas y autenticadas y podrá sustituirse por un banco de datos susceptible de tratamiento informático. La Administración competente podrá dictar instrucciones sobre su contenido. A estos efectos, se elaborarán fichas de cada uno de los usos indicados anteriormente, que contendrán, como mínimo, los siguientes datos: provincia, término municipal, emplazamiento, destino, titular, superficie otorgada, plazo, canon y, en su caso, modificaciones de titularidad y de características, prórrogas y sanciones firmes por infracciones graves. 3. Las certificaciones sobre el contenido del Registro de usos serán solicitadas a la Administración competente. 4. El Registro se llevará por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las certificaciones sobre su contenido serán solicitadas al Servicio Periférico de Costas. A estos efectos, dicho Servicio llevará un duplicado actualizado del Registro para los títulos radicados en su circunscripción territorial, que podrá sustituirse por una conexión informática con el banco de datos. 5. El Registro de usos del dominio público marítimo-terrestre será público. Las solicitudes de información ambiental que se realicen sobre su contenido se regirán por lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Artículo 81. Publicidad. 1. Está prohibida la publicidad permanente a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales. Excepcionalmente, y en las condiciones que se establecen en los apartados siguientes, se podrá autorizar la publicidad siempre que sea parte integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas en el dominio público marítimo-terrestre y siempre que sea compatible con su protección (artículo 38.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Se podrá autorizar la publicidad cuando sea compatible con la protección del dominio público marítimo-terrestre y no menoscabe su uso ni implique riesgo para la vida, salud o seguridad para las personas. 3. No se podrá autorizar la publicidad por medios acústicos o audiovisuales cuando interfiera o menoscabe los usos comunes del dominio público marítimo-terrestre. 4. Se podrá permitir, con carácter excepcional, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1, en los siguientes supuestos: a) Rótulos indicadores de establecimientos debidamente autorizados, siempre que se coloquen en su fachada y no supongan una reducción del campo visual generado por el volumen de la propia edificación o instalación. En las mismas condiciones, podrán admitirse rótulos o carteles de otras marcas expedidas en el establecimiento b) En las vallas cuya colocación resulte necesaria para la funcionalidad de la instalación o para el desarrollo de actividades. c) Elementos publicitarios de los patrocinadores de las actividades lúdicas o deportivas que estén debidamente autorizadas, siempre que se integren o acompañen a los elementos autorizados para su realización. Los medios publicitarios utilizados no podrán implicar una reducción adicional del campo visual, producir ruido ni vibraciones ni romper la armonía del paisaje. 5. También estará prohibido, cualquiera que sea el medio de difusión empleado, el anuncio de actividades en el dominio público marítimo-terrestre que no cuenten con el correspondiente título administrativo o que no se ajuste a sus condiciones (artículo 38.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 82. Exigencia de título para el suministro de energía eléctrica, agua, gas y telefonía. 1. Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía exigirán para la contratación de sus respectivos servicios la presentación del título administrativo requerido según la Ley 22/1988, de 28 de julio, para la realización de las obras o instalaciones en las playas, zona marítimo-terrestre o mar (artículo 39 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Las empresas suministradoras conservarán una copia de la concesión o autorización correspondiente para su exhibición a requerimiento de la Administración competente. Artículo 83. Sanción de utilizaciones no autorizadas previamente. Las utilizaciones no autorizadas previamente, conforme a lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, serán sancionadas con arreglo a lo previsto en el título V, sin perjuicio de su legalización cuando sea posible y se estime conveniente, en cuyo caso, se seguirá el procedimiento y los criterios establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento para el otorgamiento del título correspondiente (artículo 40 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 84. Disposición por la Administración del dominio público ocupado en caso de estados de necesidad o excepcionales. 1. En caso de tempestad, grave riesgo, catástrofe o calamidad pública o cualquier otro estado de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, la Administración competente podrá disponer, inmediatamente y sin tramitación ni indemnización previa, del dominio público ocupado y de las obras e instalaciones concedidas o autorizadas, en la medida que juzgue necesaria para la protección y seguridad de los bienes y personas afectadas. Para las indemnizaciones correspondientes se estará a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (artículo 41 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. La Administración competente podrá cerrar temporalmente el dominio al uso público, cuando las circunstancias así lo aconsejen, para evitar riesgos a la seguridad o salud de los usuarios o en otras situaciones anómalas o excepcionales, sin que este cierre pueda dar lugar a ningún tipo de indemnización. CAPÍTULO II Proyectos y obras Artículo 85. Proyecto para la ocupación o utilización del dominio público marítimo-terrestre. 1. Para que la Administración competente resuelva sobre la ocupación o utilización del dominio público marítimo-terrestre, se formulará el correspondiente proyecto básico, en el que se fijarán las características de las instalaciones y obras, la extensión de la zona de dominio público marítimo-terrestre a ocupar o utilizar y las demás especificaciones que se determinan en el artículo 88 de este reglamento. Con posterioridad, y antes de comenzarse las obras, se formulará el proyecto de construcción, sin perjuicio de que, si lo desea, el peticionario pueda presentar éste y no el básico acompañando a su solicitud (artículo 42.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). La variable del cambio climático, se introducirá en la toma de la decisión sobre la ocupación o utilización del dominio público marítimo-terrestre. 2. Cuando las actividades proyectadas pudieran producir una alteración importante del dominio público marítimo-terrestre, se requerirá además una previa evaluación de sus efectos sobre el mismo, que comprenderá el estudio de la incidencia de las actividades proyectadas sobre el dominio público marítimo-terrestre, tanto durante su ejecución como durante su explotación, debiendo incluir, en su caso, las medidas correctoras necesarias. Artículo 86. Sometimiento del proyecto a información pública. El proyecto se someterá preceptivamente a información pública, salvo que se trate de autorizaciones o de actividades relacionadas con la defensa nacional o por razones de seguridad (artículo 42.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 87. Estudio económico-financiero. Cuando no se trate de utilización por la Administración, se acompañará un estudio económico-financiero cuyo contenido será el definido en el artículo 89 de este reglamento y el presupuesto estimado de las obras emplazadas en el dominio público marítimo-terrestre (artículo 42.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 88. Documentos a aportar con el proyecto básico. El proyecto básico, que deberá estar suscrito por técnico competente, contendrá los siguientes documentos: a) Memoria justificativa y descriptiva con anejos, en su caso, que deberá contener la declaración a que se refiere el artículo 97 de este reglamento, así como las especificaciones señaladas en el artículo 85 de este reglamento y otros datos relevantes, tales como los criterios básicos del proyecto, el programa de ejecución de los trabajos y, en su caso, el sistema de evacuación de aguas residuales. b) Planos: De situación, a escala conveniente de emplazamiento, con representación del deslinde y de la zona a ocupar, a escala no inferior a 1/5.000 con la clasificación y usos urbanísticos del entorno, topográfico del estado actual, a escala no inferior a 1/1.000; de planta general, en que se representen las instalaciones y obras proyectadas, que incluirá el deslinde y la superficie a ocupar o utilizar en el dominio público marítimo-terrestre, líneas de orilla, zonas de servidumbre de tránsito, protección y accesos y, cuando proceda, restablecimiento de las afectadas y terrenos a incorporar al dominio público marítimo-terrestre; de alzados y secciones características, cuando resulten necesarios para su definición, con la geometría de las obras e instalaciones. c) Información fotográfica de la zona. d) Presupuesto con la valoración de las unidades de obra y partidas más significativas. e) Determinación de la posible afección a espacios de la Red Natura 2000 o cualesquiera otros dotados de figuras de protección ambiental. En aquellos proyectos en que se pueda producir la citada afección, el proyecto incluirá el necesario estudio bionómico referido al ámbito de la actuación prevista además de una franja del entorno del mismo de al menos 500 metros de ancho. Artículo 89. Contenido del estudio económico-financiero. En el caso de que no se prevea la gestión directa por la Administración el estudio económico-financiero a que se refiere el artículo 87 de este reglamento desarrollará la evolución previsible de la explotación, considerando diversas alternativas de plazo de amortización acordes con las disposiciones de este reglamento, y contendrá: a) Relación de ingresos estimados, con tarifas a abonar por el público y, en su caso, descomposición de sus factores constitutivos como base para futuras revisiones. b) Relación de gastos, incluyendo los de proyectos y obras y los de cánones y tributos a satisfacer, así como los de conservación, consumos energéticos, de personal y otros necesarios para la explotación. Además se incluirán, cuando éstos existan, los costes derivados de las medidas correctoras a imponer, así como los gastos derivados del plan de seguimiento para la comprobación de la efectividad de dichas medidas. c) Evaluación de la rentabilidad neta, antes de impuestos. Artículo 90. Ejecución de las obras. 1. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto de construcción que en cada caso se apruebe, que completará al proyecto básico (artículo 43 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. La dirección de las obras será ejercida por técnico competente. Artículo 91. Contenido del proyecto. 1. Los proyectos se formularán conforme al planeamiento que, en su caso, desarrollen, y con sujeción a las normas generales, específicas y técnicas que apruebe la Administración competente, en función del tipo de obra y de su emplazamiento (artículo 44.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas y, en su caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta (artículo 44.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra realizada, según se establece en el artículo 92 de este reglamento. 3. Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona marítimo-terrestre, deberá comprender un estudio básico de la dinámica litoral referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de este reglamento (artículo 44.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 4. Para la creación y regeneración de playas se deberá considerar prioritariamente la actuación sobre los terrenos colindantes, la supresión o atenuación de las barreras al transporte marino de áridos, la aportación artificial de éstos, las obras sumergidas en el mar y cualquier otra actuación que suponga la menor agresión al entorno natural (artículo 44.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 92. Contenido de la evaluación de los efectos del cambio climático. 1. La evaluación de los efectos del cambio climático incluirá la consideración de la subida del nivel medio del mar, la modificación de las direcciones de oleaje, los incrementos de altura de ola, la modificación de la duración de temporales y en general todas aquellas modificaciones de las dinámicas costeras actuantes en la zona, en los siguientes periodos de tiempo: a) En caso de proyectos cuya finalidad sea la obtención de una concesión, el plazo de solicitud de la concesión, incluidas las posibles prórrogas. b) En caso de obras de protección del litoral, puertos y similares, un mínimo de 50 años desde la fecha de solicitud. 2. Se deberán considerar las medidas de adaptación que se definan en la estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, establecida en la disposición adicional octava de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Artículo 93. Contenido del estudio básico de dinámica litoral. El estudio básico de dinámica litoral a que se refiere el artículo 91.3 de este reglamento se acompañará como anejo a la Memoria, y comprenderá los siguientes aspectos: a) Estudio de la capacidad de transporte litoral. b) Balance sedimentario y evolución de la línea de costa, tanto anterior como previsible. c) Clima marítimo, incluyendo estadísticas de oleaje y temporales direccionales y escolares. d) Dinámicas resultantes de los efectos del cambio climático. e) Batimetría hasta zonas del fondo que no resulten modificadas, y forma de equilibrio, en planta y perfil, del tramo de costas afectado. f) Naturaleza geológica de los fondos. g) Condiciones de la biosfera submarina y efectos sobre la misma de las actuaciones previstas en la forma que señala el artículo 88 e) de este reglamento. h) Recursos disponibles de áridos y canteras y su idoneidad, previsión de dragados o trasvases de arenas. i) Plan de seguimiento de las actuaciones previstas. j) Propuesta para la minimización, en su caso, de la incidencia de las obras y posibles medidas correctoras y compensatorias. Artículo 94. Disminución de la superficie de playa existente. La disminución significativa de la superficie de playa existente, causada por las actividades proyectadas, deberá, en su caso, ser compensada con otra equivalente, a crear o regenerar en la zona, sin que esta compensación sea condición suficiente para que, en su caso, el título se otorgue. Artículo 95. Localización de los paseos marítimos. 1. Los paseos marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar y serán preferentemente peatonales (artículo 44.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. En el caso de modificación de las características de paseos marítimos existentes no se admitirán vías rodadas en los mismos, salvo que no exista posibilidad de situar otras vías alternativas en las proximidades. Artículo 96. Instalaciones de tratamiento de aguas residuales. 1. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se emplazarán fuera de la ribera del mar y de los primeros veinte metros de la zona de servidumbre de protección. No se autorizará la instalación de colectores paralelos a la costa dentro de la ribera del mar ni de los primeros veinte metros de los terrenos colindantes (artículo 44.6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. No se entenderá incluida en los supuestos de prohibición del apartado anterior la reparación de colectores existentes, así como su construcción cuando se integren en paseos marítimos u otros viales pavimentados. Artículo 97. Cumplimiento de las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y demás normativa. 1. Los proyectos contendrán la declaración expresa de que cumplen las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de las normas generales y específicas que se dicten para su desarrollo y aplicación (artículo 44.7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Los autores responderán de la exactitud y veracidad de los datos técnicos y urbanísticos consignados. Artículo 98. Tramitación de los proyectos. 1. La tramitación de los proyectos de la Administración General del Estado se realizará conforme a lo dispuesto en este artículo, con sometimiento en su caso, a información pública y a informe de los Departamentos y organismos que se determinen. Si, como consecuencia de las alegaciones formuladas en dicho trámite se introdujeran modificaciones sustanciales en el proyecto se abrirá un nuevo período de información (artículo 45.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Lo establecido en este artículo para los proyectos a realizar por la Administración General del Estado será de aplicación a los de las obras de interés general a que se refieren los artículos 111 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 221 de este reglamento. 3. Los proyectos deberá contener los documentos señalados en la legislación de contratos del Sector público. 4. La tramitación de los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación comprenderá: a) La fase de información pública, en su caso, con plazo de veinte días. b) Informe de la comunidad autónoma. c) Informe del Ayuntamiento en cuyo término se emplacen las obras. d) Informe favorable del Ministerio de Fomento o de las Capitanías Marítimas en el caso de las obras que puedan suponer un riesgo para la seguridad marítima, de la navegación y de la vida humana en el mar, así como en orden a la prevención de la contaminación del medio marino. e) Informe del órgano competente en materia de costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuando se trate de proyectos de otros órganos o Departamentos Ministeriales. f) Informe del Ministerio de Defensa cuando puedan afectar a los intereses públicos tutelados por dicho Ministerio. 5. Los informes podrán ser recabados durante el plazo de información pública, debiendo emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse evacuado, se proseguirá la tramitación del expediente. 6. Quedarán excluidos de la tramitación anterior los proyectos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de escasa entidad, o de obras de reparaciones menores o de conservación y mantenimiento. Artículo 99. Necesidad de ocupación de bienes y derechos que resulte necesario expropiar. 1. La aprobación de dichos proyectos llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos que, en su caso, resulte necesario expropiar. A tal efecto, en el proyecto deberá figurar la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, con la descripción material de los mismos (artículo 45.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. A los efectos del apartado anterior, el proyecto deberá incluir un anejo de expropiaciones que comprenderá, además de lo especificado en dicho apartado, los siguientes datos: a) Plano parcelario, con las fincas individualizadas y titulares afectados, debiendo figurar la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre. b) Valoración económica de los bienes y derechos afectados, que deberá realizarse de conformidad con lo regulado en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo. Artículo 100. Necesidad de ocupación de otros bienes y derechos. La necesidad de ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obra que puedan aprobarse posteriormente, con los mismos requisitos señalados en los artículos anteriores (artículo 45.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 101. Planes de obras y de otras actuaciones. Con el fin de garantizar la integridad del dominio público marítimo-terrestre y la eficacia de las medidas de protección sobre el mismo, la Administración General del Estado podrá aprobar planes de obras y de otras actuaciones de su competencia (artículo 46 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). CAPÍTULO III Reservas y adscripciones Sección 1.ª Reservas Artículo 102. Reserva de utilización de determinadas pertenencias del dominio público marítimo-terrestre. 1. La Administración General del Estado podrá reservarse la utilización total o parcial de determinadas pertenencias del dominio público marítimo-terrestre exclusivamente para el cumplimiento de fines de su competencia, siempre que concurran las circunstancias prevenidas en los artículos 32 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 61 y 62 de este reglamento. 2. La reserva podrá ser para la realización de estudios e investigaciones, o para obras, instalaciones o servicios. Su duración se limitará al tiempo necesario para el cumplimiento de los fines a que se refiere el apartado anterior. 3. La declaración de zona de reserva se hará por acuerdo del Consejo de Ministros. Prevalecerá frente a cualquier otra utilización y llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación, a efectos expropiatorios de los derechos preexistentes que resulten incompatibles con ella (artículo 47 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 4. La solicitud de reserva deberá ir acompañada del proyecto de las obras e instalaciones o, en caso de inexistencia de las mismas, de la definición de usos o actividades que se van a desarrollar sobre la zona afectada. 5. La solicitud de declaración de zona de reserva deberá ser sometida a informe de la comunidad autónoma y, conforme a lo establecido en los artículos 115 b) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 225 b) de este reglamento, de los Ayuntamientos afectados. Asimismo, deberá someterse a informe preceptivo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuando la misma se realice a favor de otro Departamento ministerial. Estos informes deberán emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse evacuado, se proseguirá la tramitación del expediente. 6. La propuesta será elevada al Consejo de Ministros por el titular del Departamento ministerial a cuyo favor se realice la reserva. 7. Declarada la reserva, se suscribirá un acta y plano por representantes del Departamento ministerial afectado y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 8. Las obras e instalaciones, o los usos o actividades, para los que se declaró la reserva, no podrán ser modificados durante la duración de la misma. Su modificación tendrá idéntica tramitación que la solicitud inicial. Artículo 103. Utilización o explotación de las zonas de reserva. 1. La utilización o explotación de las zonas de reserva podrá ser realizada por cualquiera de las modalidades de gestión directa o indirecta previstas en el artículo 277 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 2. La reserva no podrá amparar en ningún caso la realización de otros usos o actividades distintas de las que justificaron la declaración (artículo 48.1 y 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Sección 2.ª Adscripciones Artículo 104. Adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las comunidades autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte. 1. La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las comunidades autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquéllas, o de ampliación o modificación de los existentes, se formalizará por la Administración General del Estado. La porción de dominio público adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la comunidad autónoma la utilización y gestión de la misma, adecuadas a su finalidad y con sujeción a las disposiciones pertinentes. En todo caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos, incluidas las prórrogas, no podrá ser superior al plazo máximo de vigencia establecido en la legislación estatal para las concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés general. 2. La adscripción se limitará a la superficie de dominio público marítimo-terrestre ocupada por la zona de servicio portuaria o por la vía de transporte. Artículo 105. Usos permitidos en la zona de servicio portuaria de los bienes de dominio público marítimo-terrestre. 1. En la zona de servicio portuaria de los bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos, que no reúnan las características del artículo 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y artículo 3 de este reglamento, además de los usos necesarios para el desarrollo de la actividad portuaria, se podrán permitir usos comerciales y de restauración, siempre que no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre ni la actividad portuaria y se ajusten a lo establecido en el planeamiento urbanístico. En todo caso, se prohíben las edificaciones destinadas a residencia o habitación. 2. La superficie máxima permitida para los usos previstos en el apartado anterior deberá cumplir las siguientes condiciones: a) Será inferior al 16 por ciento de la lámina de agua comprendida por los diques del puerto. b) Será inferior al 10 por ciento de la superficie de tierra del puerto. c) Será inferior a 20 metros cuadrados por amarre. 3. Su planificación y ubicación se subordinará a las necesidades de la actividad portuaria, no debiendo interferir, afectar o perjudicar a la misma. Artículo 106. Proyectos de las comunidades autónomas. 1. A los efectos previstos en el artículo 104, los proyectos de las comunidades autónomas deberán contar con el informe favorable de la Administración General del Estado en cuanto a la delimitación del dominio público estatal susceptible de adscripción, usos previstos, incluida la determinación concreta de la superficie y ubicación que vaya a destinarse a los usos autorizados por el artículo 49. 4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 105 de este reglamento, y medidas necesarias para la protección del dominio público, sin cuyo requisito aquéllos no podrán entenderse definitivamente aprobados. 2. Los proyectos de las comunidades autónomas habrán de contener, además, una evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre los terrenos donde se vayan a situar las obras, de acuerdo con el artículo 44.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 92 de este reglamento. 3. La aprobación definitiva de los proyectos llevará implícita la adscripción del dominio público en que estén emplazadas las obras y la delimitación de una nueva zona de servicio portuaria o la ampliación o modificación de la existente, con la distribución de superficie y usos prevista en el apartado 1 de este artículo. La adscripción se formalizará mediante acta suscrita por representación de ambas Administraciones. 4. La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las comunidades autónomas no devengará canon a favor de la Administración General del Estado. Las concesiones o autorizaciones que las comunidades autónomas otorguen en el dominio público marítimo-terrestre adscrito devengarán el correspondiente canon de ocupación en favor de la Administración General del Estado, sin perjuicio de los que sean exigibles por aquellas. Artículo 107. Procedimiento de adscripción. La adscripción se formalizará mediante el siguiente procedimiento: a) La comunidad autónoma interesada remitirá el proyecto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su informe, con anterioridad a su aprobación definitiva. El informe deberá emitirse en el plazo de dos meses contados a partir del momento en que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente disponga de la documentación necesaria. Transcurrido dicho plazo sin haberse evacuado, éste se entenderá favorable b) Aprobado definitivamente el proyecto por la comunidad autónoma, ésta notificará al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dicha resolución, tras lo que se suscribirá acta y plano de adscripción por representantes de ambas Administraciones. c) Las obras no podrán iniciarse hasta que no se haya formalizado la adscripción. Artículo 108. Balizamiento de los puertos de competencia de las comunidades autónomas. 1. El balizamiento de los puertos de competencia de las comunidades autónomas deberá realizarse de conformidad con la normativa, características técnicas y ubicación de los dispositivos que hayan sido aprobados por Puertos del Estado, previo dictamen de la Comisión de Faros. 2. Las Capitanías Marítimas, por razones de seguridad para la navegación, podrán decretar el cierre del puerto al tráfico marítimo si no se cumplen las referidas instrucciones respecto al balizamiento, previo requerimiento y audiencia a la comunidad autónoma. Artículo 109. Reversión de bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos. 1. Los bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos a una comunidad autónoma que no sean utilizados para el cumplimiento de los fines a los que se adscribieran o que sean necesarios para la actividad económica o el interés general según los artículos 131 y 149 de la Constitución, revertirán al Estado, previa audiencia de la comunidad autónoma, por el procedimiento que se determina en el apartado siguiente, y se les dará el destino que en cada caso resulte procedente (artículo 50 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. En el supuesto de incumplimiento de los fines que justificaron la adscripción, la reversión se ajustará al siguiente procedimiento: a) El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente solicitará el preceptivo informe de la comunidad autónoma, que se emitirá en el plazo de un mes, sobre la utilización o no de los terrenos para el cumplimiento de los fines para los que fueron adscritos. b) Si la comunidad autónoma manifestara su conformidad con la continuación del procedimiento, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente propondrá al Consejo de Ministros la reversión de los terrenos adscritos. c) Si la comunidad autónoma manifestara su discrepancia, se procederá a abrir un período de consulta entre ambas Administraciones para resolver de común acuerdo las diferencias. 3. Cuando la reversión se inste por la comunidad autónoma, la propuesta se elevará al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 4. En los demás supuestos, la reversión requerirá la previa comunicación a la comunidad autónoma de las razones que la justifiquen, para que aquélla pueda formular, en el plazo de un mes, cuantas alegaciones estime pertinentes. Dichas alegaciones se incorporarán a la propuesta que se eleve al Consejo de Ministros. 5. En todo caso, la reversión surtirá efectos desde la fecha en que se acuerde por el Consejo de Ministros y se formalizará mediante acta que será suscrita por los representantes de ambas Administraciones. CAPÍTULO IV Autorizaciones Sección 1.ª Disposiciones generales Artículo 110. Actividades y ocupaciones sujetas a autorización administrativa previa. 1. Estarán sujetas a previa autorización administrativa las actividades en las que, aun sin requerir obras o instalaciones de ningún tipo, concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y, asimismo, la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles. 2. Se entenderán por instalaciones desmontables aquéllas que: a) Precisen a lo sumo obras puntuales de cimentación, que, en todo caso, no sobresaldrán del terreno. b) Estén constituidas por elementos de serie prefabricados, módulos, paneles o similares, sin elaboración de materiales en obra ni empleo de soldaduras. c) Se monten y desmonten mediante procesos secuenciales, pudiendo realizarse su levantamiento sin demolición y siendo el conjunto de sus elementos fácilmente transportable (artículo 51 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Se entenderá que concurren circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad cuando en las actividades se den, respectivamente, alguna de las siguientes: a) Que no sean compatibles con las actividades contempladas en los artículos 31.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 60.1 de este reglamento. b) Que su ejercicio signifique un peligro o riesgo para la integridad de personas o bienes. c) Que la utilización del dominio público marítimo-terrestre sea un factor determinante de la rentabilidad económica de la actividad. 4. Se entenderá por ocupación con bienes muebles la producida por su ubicación en el dominio público marítimo-terrestre de forma continuada o, en todo caso, por plazo superior a un día. Artículo 111. Solicitudes de autorización. 1. Las solicitudes de autorización sólo podrán referirse a las instalaciones y actividades previstas en el artículo 32, apartados 1 y 2, y 33.6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 2. Las solicitudes podrán ser sometidas a información pública, según se determina en el artículo 152.8 de este reglamento. 3. Las autorizaciones se otorgarán con carácter personal e intransferible inter vivos, salvo en el caso de vertidos, y no serán inscribibles en el Registro de la Propiedad. 4. El plazo de vencimiento será el que se determine en el título correspondiente, y no podrá exceder de cuatro años. 5. Las solicitudes de autorización se otorgarán, en su caso, con los criterios establecidos con carácter general en este reglamento para cada tipo de instalaciones o actividades y de acuerdo con el planeamiento aplicable. Artículo 112. Revocación de autorizaciones y retirada de instalaciones. 1. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración General del Estado en cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público, o menoscaben el uso público, cuando los terrenos ocupados soporten un riesgo cierto de que el mar les alcance y cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad. En este último caso, sólo se revocará la autorización, si en el plazo de tres meses desde que le fuera comunicada tal circunstancia a su titular, éste no hubiera adaptado su ocupación a la nueva normativa o la adaptación no fuera posible física o jurídicamente (artículo 55.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Si la revocación se produce con base en normativa aprobada con posterioridad que deba ser ejecutada por la comunidad autónoma o cuando corresponda a la competencia de la misma apreciar las razones de mayor interés público de otras actividades, el expediente se incoará a iniciativa de ésta. 2. Extinguida la autorización, el titular tendrá derecho a retirar fuera del dominio público y de sus zonas de servidumbre las instalaciones correspondientes y estará obligado a dicha retirada cuando así lo determine la Administración competente, en la forma y plazo que le fije la Administración a partir de la extinción de la autorización, que no sobrepasará los quince días. En todo caso, estará obligado a restaurar la realidad física alterada. 4. De no llevarse a cabo la retirada en el plazo o condiciones fijados, la Administración procederá a su ejecución subsidiaria, aplicando para ello la garantía establecida al respecto. De ser insuficiente la misma, se requerirá el abono de la diferencia en el plazo de diez días, procediéndose, en otro caso, a la vía de apremio. Sección 2.ª Servicios de temporada en playas Artículo 113. Autorizaciones de explotación de servicios de temporada. 1. Las autorizaciones cuyo objeto sea la explotación de servicios de temporada en las playas que sólo requieran instalaciones desmontables, serán otorgadas a los Ayuntamientos que lo soliciten, en la forma que se determina en los apartados siguientes. 2. En ningún caso el otorgamiento de estas autorizaciones podrá desnaturalizar el principio del uso público de las playas (artículo 53 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. En el último trimestre del año, el Servicio Periférico de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se dirigirá a los Ayuntamientos costeros de su ámbito territorial, fijándose un plazo, que no superará los dos meses, para que soliciten, con carácter preferente, las autorizaciones para la explotación de los servicios de temporada del ejercicio o ejercicios siguientes. Los servicios de temporada podrán contar con una autorización por un plazo máximo de cuatro años, si bien las instalaciones deberán desmontarse una vez finalizada cada una de las temporadas incluidas en el plazo de duración de la autorización. 4. Los Ayuntamientos interesados en la explotación de los referidos servicios, deberán presentar la solicitud de la correspondiente autorización directamente en el Servicio Periférico de Costas o a través de la comunidad autónoma, dentro del plazo establecido anteriormente, acompañada de la propuesta de delimitación de zonas a ocupar por aquéllos, de los planos de las instalaciones y servicios cuya definición así lo requiera y del estudio económico-financiero. 5. Otorgada la autorización por el Servicio Periférico de Costas, los Ayuntamientos, previo abono del canon de ocupación correspondiente, podrán proceder a su explotación, por sí o por terceros. 6. En caso de explotación por terceros, el Servicio Periférico de Costas incluirá, entre las cláusulas de la autorización, la obligación del Ayuntamiento de exigirles la constitución de un depósito previo a disposición de aquél en la Caja General de Depósitos, para responder de los gastos de la ejecución subsidiaria del levantamiento de las instalaciones si las mismas no se levantan, en el plazo que se fije por dicho Servicio. El Ayuntamiento comunicará al Servicio Periférico de Costas la relación nominal de los terceros encargados de la explotación, previamente al inicio de la misma. Los Ayuntamientos garantizarán que en los procedimientos para licitar la prestación del servicio de temporada en playas se atenderá al mayor interés y utilidad pública de las propuestas, que se valorarán en función de criterios que deberán ser especificados por los Ayuntamientos en los correspondientes pliegos de condiciones, con respeto a los principios de publicidad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva. Estos pliegos se publicarán en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma. El plazo de explotación por terceros no podrá exceder el plazo de la autorización otorgada al Ayuntamiento. 7. Una vez terminada su instalación, el Ayuntamiento requerirá del Servicio Periférico de Costas la práctica de su reconocimiento, a fin de comprobar su coincidencia con la autorización otorgada. 8. El Servicio Periférico de Costas podrá otorgar la autorización a otras personas físicas o jurídicas, previa comunicación al Ayuntamiento y tramitación conforme al procedimiento establecido en este reglamento, en los siguientes casos: a) Cuando no se hubiera producido la solicitud del Ayuntamiento durante el plazo a que se refiere el apartado 3. b) Cuando dicha solicitud resultase legalmente inaceptable. c) Cuando el Ayuntamiento hubiere incurrido en incumplimiento de las condiciones del título en la temporada anterior, desatendiendo el requerimiento expreso de dicho Servicio. En su caso, el Servicio Periférico de Costas podrá celebrar concurso para su otorgamiento, conforme a lo establecido en el artículo 158 de este reglamento, a los que podrá presentarse el Ayuntamiento en paridad con los demás concursantes. 9. Para los artefactos flotantes de recreo explotados comercialmente se deberá obtener por los interesados la autorización del Servicio Periférico de Costas para el emplazamiento de las zonas de lanzamiento y varada dentro de las delimitadas para los servicios de temporada, previamente a la de funcionamiento a otorgar por la Capitanías Marítimas; en esta última autorización se controlará que el balizamiento de las zonas de baño y de los canales de lanzamiento y varada de los citados artefactos se ejecute de acuerdo con las características técnicas y ubicación de los dispositivos que hayan sido aprobados por el Organismo público Puertos del Estado. Artículo 114. Otorgamiento de la explotación total o parcial de los servicios de temporada. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrá otorgarse la explotación total o parcial de los servicios de temporada a los titulares de concesiones de creación, regeneración o acondicionamiento de playas, en los términos que se establezcan en el título correspondiente (artículo 54 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Sección 3.ª Vertidos Artículo 115. Disposiciones generales. 1. Las disposiciones de la presente sección son de aplicación a los vertidos, tanto líquidos como sólidos, cualquiera que sea el bien de dominio público marítimo-terrestre en que se realicen. 2. Los vertidos al mar desde buques y aeronaves se regularán por su legislación específica. 3. Estará prohibido el vertido de residuos sólidos y escombros al mar y su ribera, así como a la zona de servidumbre de protección, excepto cuando éstos sean utilizables como rellenos y estén debidamente autorizados (artículo 56 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 116. Autorización y limitación de vertidos. 1. Todos los vertidos requerirán autorización de la Administración competente, que se otorgará con sujeción a la legislación estatal y autonómica aplicable, sin perjuicio de la concesión de ocupación de dominio público, en su caso. 2. En el caso de vertidos contaminantes será necesario que el peticionario justifique previamente la imposibilidad o dificultad de aplicar una solución alternativa para la eliminación o tratamiento de dichos vertidos. No podrán verterse sustancias ni introducirse formas de energía que puedan comportar un peligro o perjuicio superior al admisible para la salud pública y el medio natural, con arreglo a la normativa vigente. 3. En función de los objetivos de calidad fijados para el medio receptor de contaminación, los vertidos se limitarán en la medida que lo permitan el estado de la técnica, las materias primas y, especialmente, en virtud de la capacidad de absorción de la carga contaminante, sin que se produzca una alteración significativa de dicho medio (artículo 57 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 117. Condiciones de las autorizaciones de vertido. 1. Entre las condiciones a incluir en las autorizaciones de vertido deberán figurar las relativas a: a) Plazo de vencimiento, no superior a treinta años. b) Instalaciones de tratamiento, depuración y evacuación necesarias, estableciendo sus características y los elementos de control de su funcionamiento, con fijación de las fechas de iniciación y terminación de su ejecución, así como de su entrada en servicio. c) Volumen anual de vertido. d) Límites cualitativos del vertido y plazos, si proceden, para la progresiva adecuación de las características del efluente a los límites impuestos. e) Evaluación de los efectos sobre el medio receptor, objetivos de calidad de las aguas en la zona receptiva y previsiones que, en caso necesario, se hayan de adoptar para reducir la contaminación. f) Canon de vertido. 2. La Administración competente podrá modificar las condiciones de las autorizaciones de vertido, sin derecho a indemnización, cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubiesen alterado, o bien sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos. Si la Administración competente lo considera necesario, podrá suspender los efectos de la autorización hasta que se cumplan las nuevas condiciones establecidas. 3. En caso de que el titular de la autorización no realice las modificaciones en el plazo que al efecto le señale la Administración competente, ésta podrá declarar la caducidad de la autorización de vertido, sin perjuicio de la imposición de las sanciones oportunas (artículos 58.1, 2 y 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 4. La Administración otorgante de la autorización de vertido controlará el estado de las obras que le sirven de soporte, obligando, en su caso, a la realización de las necesarias para asegurar que aquél funcione en las condiciones establecidas en la misma. El incumplimiento de esta obligación, que figurará en el condicionado de la autorización, será causa de caducidad en los términos previstos en la misma. Artículo 118. Extinción de la autorización de vertido. 1. La extinción de la autorización de vertido, cualquiera que sea la causa, llevará implícita la de la inherente concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre (artículo 58.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. A tal efecto, la Administración que haya declarado extinguida la autorización lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para que éste proceda a la extinción de la concesión de ocupación sin más trámite. Artículo 119. Inspección del vertido por la Administración competente. La Administración competente podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización del vertido (artículo 58.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 120. Participación de empresa colaboradora. Cuando la importancia o complejidad de la instalación de tratamiento así lo aconseje, entre las condiciones de la autorización se podrá incluir la exigencia de que la dirección de la explotación se lleve a cabo por técnico competente o que intervenga una empresa colaboradora especializada para su mantenimiento, con la presentación de certificados periódicos sobre su funcionamiento, así como su aseguramiento. Artículo 121. Constitución de Juntas de Usuarios. 1. Podrán constituirse Juntas de Usuarios para el tratamiento conjunto y vertido final de efluentes líquidos (artículo 58.6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. La regulación de la composición y funcionamiento de la Junta de Usuarios, así como las causas y forma de su variación o disolución, serán aprobadas por la Administración otorgante de su autorización, a petición de los propios usuarios, o, en su defecto, cuando aquélla lo estime necesario para asegurar el cumplimiento en forma debida de los términos de la autorización. Artículo 122. Estudio hidrogeológico del vertido. En aquellos casos en que el vertido pueda propiciar la infiltración o almacenamientos de sustancias susceptibles de contaminar las aguas o capas subterráneas, se requerirá la previa realización de un estudio hidrogeológico que justifique su inocuidad (artículo 59 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 123. Medios para prevenir y combatir la contaminación por vertidos de hidrocarburos al mar. 1. Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes específicas y de las exigencias que comporten los programas de control y reducción de la contaminación por vertidos de hidrocarburos al mar, las refinerías de petróleo, factorías químicas y petroquímicas e instalaciones de abastecimiento de combustibles líquidos que posean terminales de carga y descarga de hidrocarburos en los puertos, mar territorial y aguas interiores, deberán disponer, en las cercanías de los terminales, las instalaciones de recepción de los residuos de hidrocarburos y cuantos otros medios que, para prevenir y combatir los derrames, establecen las disposiciones vigentes en materia de contaminación de las aguas del mar. Asimismo, las plataformas e instalaciones dedicadas a la prospección de hidrocarburos en el mar, su explotación o almacenamiento, deberán contar con los medios precisos para prevenir y combatir los derrames que puedan producirse (artículo 60 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. La disposición de los elementos de recepción de residuos y demás medios de prevención será exigida por la Administración competente para autorizar el funcionamiento de las instalaciones a que se refiere el apartado anterior. Artículo 124. Otorgamiento condicionado de determinadas autorizaciones administrativas. Las autorizaciones administrativas sobre establecimiento, modificación o traslado de instalaciones o industrias que originen o puedan originar vertidos al dominio público marítimo-terrestre se otorgarán condicionadas a la obtención de las correspondientes autorizaciones de vertido y concesiones de ocupación de dicho dominio (artículo 61 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 125. Prohibición de procesos industriales con riesgo de contaminación superior a la admisible. La Administración competente podrá prohibir, en zonas concretas, aquellos procesos industriales cuyos efluentes, a pesar del tratamiento a que sean sometidos, puedan constituir riesgo de contaminación superior a la admisible, según la normativa vigente, para el dominio público marítimo-terrestre, tanto en su funcionamiento como en situaciones excepcionales previsibles (artículo 62 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Sección 4.ª Extracción de áridos y dragados Artículo 126. Autorizaciones de extracciones de áridos y dragados. 1. Para otorgar las autorizaciones de extracciones de áridos y dragados será necesaria la evaluación de sus efectos sobre el dominio público marítimo-terrestre, referida tanto al lugar de extracción o dragado como al de descarga, en su caso. Se salvaguardará la estabilidad de la playa, considerándose preferentemente sus necesidades de aportación de áridos. 2. Quedarán prohibidas las extracciones de áridos para la construcción, salvo para la creación y regeneración de playas (artículo 63.1 y 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Se entenderán incluidos en la prohibición del apartado anterior los dragados o extracciones de áridos en el mar. 4. La extracción de áridos y dragados para la ejecución de obras en los puertos de interés general y el vertido de los productos de dragado en el dominio público portuario estatal se regirá por lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. Artículo 127. Condiciones de la autorización de extracciones de áridos y dragados. 1. Entre las condiciones de la autorización deberán figurar las relativas a: a) Plazo por el que se otorga. b) Volumen a extraer, dragar o descargar al dominio público marítimo-terrestre, ritmo de estas acciones y tiempo hábil de trabajo. c) Procedimiento y maquinaria de ejecución. d) Destino y, en su caso, lugar de descarga en el dominio público de los productos extraídos o dragados. e) Medios y garantías para el control efectivo de estas condiciones (artículo 63.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Asimismo, se incluirá, como causa específica de revocación, la establecida en el artículo 129 de este reglamento, con los efectos allí previstos. Artículo 128. Competencia para el otorgamiento de las autorizaciones de extracciones de áridos y dragados. 1. La competencia para el otorgamiento de las autorizaciones a que se refiere esta sección será ejercida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de los Servicios Periféricos de Costas. 2. La tramitación de las autorizaciones se ajustará al procedimiento general establecido en el artículo 152 de este reglamento, adecuando el contenido del proyecto básico al objeto de la solicitud. Las solicitudes de dragados para la extracción de áridos serán sometidas a informe de los órganos competentes de la Administración General del Estado en materia de Pesca, Seguridad de la navegación y de la vida humana en el mar y Medio Ambiente, Protección de pecios de buques de Estado y Patrimonio arqueológico subacuático. 3. En todo caso se tendrán especialmente en cuenta, tanto en el proyecto que acompañe a la solicitud como en la resolución que se adopte, los posibles efectos de la actuación sobre la estabilidad de la playa, los efectos del cambio climático, la dinámica litoral y la biosfera submarina, los buques naufragados o hundidos y sus restos y el patrimonio arqueológico subacuático. Artículo 129. Modificación y revocación de la autorización para las extracciones de áridos y dragados. 1. En el caso de que se produjeran efectos perjudiciales para el dominio público y su uso, la Administración otorgante podrá modificar las condiciones iniciales para corregirlos o incluso revocar la autorización, sin derecho a indemnización alguna para su titular (artículo 63.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. En tales casos se resolverá sin más trámite que la audiencia previa al interesado. Artículo 130. Declaración de zonas de prohibición de extracción de áridos y dragados. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá declarar zonas de prohibición de extracción de áridos y dragados por razones de protección de las playas y de la biosfera submarina, sin perjuicio de las prohibiciones que resultaren de la aplicación de otras leyes. CAPÍTULO V Concesiones Artículo 131. Ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre sujeta a concesión administrativa. 1. Toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras e instalaciones no desmontables estará sujeta a previa concesión otorgada por la Administración General del Estado (artículo 64.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Asimismo necesitará el otorgamiento de concesión la ocupación del dominio público marítimo-terrestre por instalaciones desmontables que por su naturaleza, finalidad u otras circunstancias requieran un plazo de ocupación superior a cuatro años. 3. La competencia para el otorgamiento de concesiones de ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, salvo lo previsto en el artículo 223 de este reglamento. La de otorgamiento de concesiones en el dominio público adscrito a una comunidad autónoma corresponderá a ésta. Artículo 132. Uso del objeto de la concesión. 1. El concesionario tendrá derecho al uso privativo de los bienes objeto de concesión. En todo caso y de acuerdo con lo que se disponga en los apartados siguientes, se garantizará en estos terrenos el libre acceso y tránsito de las autoridades y funcionarios competentes cuando fuera necesario por razones de defensa nacional, salvamento, seguridad marítima, represión del contrabando, para el ejercicio de las funciones de policía de dominio público marítimo-terrestre y para el cumplimiento de las demás funciones que tengan atribuidas. En caso de accidente en el mar, o cuando por razones de seguridad en el tráfico marítimo sea necesario para la salvaguardia de las personas y las embarcaciones, se podrán depositar en los terrenos objeto de concesión, las embarcaciones y sus pertrechos (artículo 64.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Para ello las autoridades y funcionarios de la Administración competente se identificarán e indicarán el motivo del acceso o tránsito, levantando acta de comparecencia. Para la efectividad del acceso y tránsito previsto en el apartado primero el órgano competente interesará, cuando sea necesario, la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sin perjuicio de las sanciones que puedan proceder. 3. Si la concesión se ubica en playa será de aplicación lo previsto en el artículo 33 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 65 de este reglamento. 4. En todo caso, deberán quedar garantizadas las servidumbres establecidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio, para que se pueda materializar dicho uso privativo de la concesión. Artículo 133. Necesidad de obtención de otras concesiones y autorizaciones. 1. El otorgamiento de la concesión a que se refiere el artículo anterior no exime a su titular de la obtención de las concesiones y autorizaciones que sean exigibles por otras Administraciones públicas en virtud de sus competencias en materia de puertos, vertidos u otras específicas (artículo 65.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a las concesiones y autorizaciones que deban otorgar los Departamentos de la Administración General del Estado en virtud de sus respectivas competencias. Artículo 134. Limitaciones a la condición de titular de concesiones. En ningún caso podrán ser titulares de concesiones las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Cuando posteriormente al otorgamiento de la concesión el titular incurra en alguna de las prohibiciones de contratar se producirá la extinción de la concesión. En caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase de liquidación, no se producirá la extinción de la concesión, si su titular prestare las garantías suficientes, a juicio de la Administración, para continuar con la ocupación en los términos previstos en el título concesional (artículo 65.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Estas limitaciones no serán de aplicación a las concesiones otorgadas al amparo del régimen regulado en la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, aunque sí a la prórroga regulada en el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Artículo 135. Duración de la concesión. 1. Las concesiones se otorgarán sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos preexistentes (artículo 66.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. El plazo será el que se determine en el título correspondiente. En ningún caso estos plazos podrán exceder de setenta y cinco años (artículo 66.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Los plazos máximos se fijarán teniendo en cuenta tanto el objeto de la solicitud como las circunstancias que se indican en este artículo. 4. De acuerdo con el objeto de la solicitud, los plazos máximos por los que se podrán otorgar las concesiones son los siguientes: a) Usos destinados a actuaciones ambientales: hasta un máximo de 75 años. b) Usos que desempeñan una función o presten un servicio que, por su naturaleza, requiera la ocupación del dominio público marítimo-terrestre: hasta un máximo de 50 años. c) Usos que presten un servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio: hasta un máximo de 30 años. 5. El título otorgado podrá fijar un plazo de duración inferior y prever, a su vez, prórrogas sucesivas dentro del límite temporal máximo de setenta y cinco años en el que queda integrado el tiempo de duración de la concesión y las posibles prórrogas. En todos estos casos, para la determinación de los plazos se tendrá en cuenta la adecuación al medio de la instalación, el grado de interés que represente para el dominio público marítimo-terrestre o sus usuarios, su ubicación en ribera del mar o fuera de la misma y el contenido del estudio económico-financiero o, en su defecto, el volumen de la inversión a amortizar. Asimismo, la determinación del plazo de la concesión tendrá en cuenta los siguientes criterios: a) El impacto paisajístico del objeto de la concesión que se solicita. b) La protección ecológica de la interacción mar-tierra derivada de la aplicación de las normas de gestión integral costera o de protección marina. c) Los efectos del objeto de la concesión que se solicita en los planes de ordenación de los recursos naturales cuando las construcciones o instalaciones derivadas de las concesiones hubieran quedado fuera de ordenación o figura equivalente, o fueran, en general, contrarias a los criterios informadores de dichos planes. d) Los efectos del objeto de la concesión que se solicita en la planificación de conjuntos históricos BIC cuando las construcciones o instalaciones derivadas de las concesiones hubieran quedado fuera de ordenación o figura equivalente, o fueran, en general, contrarias a la protección prevista en el correspondiente plan o en la declaración del BIC. En el caso de las concesiones a las que se refieren las letras b) y c) del apartado 4, los plazos máximos previstos para cada uso podrán ser ampliados en una quinta parte del plazo máximo previsto para cada uno de esos usos cuando el solicitante hubiera presentado un proyecto para la regeneración de playas y lucha contra la erosión y los efectos del cambio climático que fuera expresamente aprobado por la Administración, lo que se hará constar en el correspondiente título. Artículo 136. Actividades amparadas por otra concesión de explotación. Cuando el objeto de una concesión extinguida fuese una actividad amparada por otra concesión de explotación de recursos mineros o energéticos otorgada por la Administración General del Estado por un plazo superior, su titular tendrá derecho a que se le otorgue una nueva concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre por un plazo igual al que reste de vigencia a la concesión de explotación, sin que en ningún caso pueda exceder de setenta y cinco años (artículo 66.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 137. Tramitación de la solicitud de la concesión. 1. Previamente a la resolución sobre la solicitud de la concesión habrá información pública y oferta de condiciones de la Administración General del Estado al peticionario, sin cuya aceptación no será otorgada. Cumplidos estos trámites, la resolución correspondiente será dictada, discrecionalmente, por el Departamento ministerial competente y deberá hacerse pública. Si el concesionario impugna las cláusulas que fueron aceptadas por él, la Administración estará facultada para declarar extinguido el título, salvo cuando aquéllas fueren ilegales (artículo 67 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). En los supuestos en que la concesión se solicite para un proyecto relativo a una materia de competencia autonómica y que cuente con el pronunciamiento favorable de la comunidad autónoma, la Administración General del Estado sólo podrá denegar la concesión por razones de degradación o de expoliación del dominio público o que se encuadren en materias en las que el Estado ostente una competencia propia. 2. El procedimiento para la tramitación de concesiones será el que se regula con carácter general en el artículo 152 de este reglamento. Artículo 138. Ocupación o expropiación forzosa de bienes y derechos. 1. El otorgamiento de la concesión podrá implicar, según se determina en los apartados siguientes, la declaración de utilidad pública por el Departamento ministerial o comunidad autónoma competente, a efectos de ocupación temporal o expropiación forzosa de los bienes o derechos afectados por el objeto de aquélla (artículo 68 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. La necesidad de ocupación temporal o de expropiación forzosa de bienes y derechos afectados por el objeto de la concesión podrá solicitarse en forma justificada por el peticionario. 3. La Administración podrá asimismo declarar, de oficio y motivadamente, la necesidad de la incorporación, temporal o permanente, al dominio público objeto de la solicitud, de terrenos privados colindantes que no sean propiedad del peticionario. 4. En los casos previstos en los apartados 2 y 3 anteriores, el proyecto básico a presentar por el peticionario deberá incorporar un anejo de expropiación o de ocupación temporal, con la relación de bienes o derechos afectados, para lo cual, en el supuesto que sea a requerimiento de la Administración, dicha incorporación deberá formalizarse en el plazo máximo de un mes. 5. La no aceptación por parte del peticionario de la inclusión de bienes o derechos a expropiar, o la no cumplimentación en plazo del requerimiento de la Administración para que presente el anejo al que se refiere el apartado anterior, implicará el archivo de las actuaciones sin más trámite que la audiencia previa al mismo. 6. El peticionario deberá presentar en el Servicio Periférico de Costas el resguardo del depósito constituido en la Caja General de Depósitos a disposición del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que, de acuerdo con el proyecto básico, sea necesario para poder indemnizar los derechos y bienes expropiados o su ocupación temporal, conjuntamente con la aceptación de la oferta de condiciones a que se refiere el artículo 137 de este reglamento. En todo caso será a cargo del peticionario el pago total del justiprecio por la expropiación u ocupación necesarias para la concesión. 7. Aceptadas las condiciones, la Administración dictará la resolución correspondiente. En caso de otorgamiento de la concesión, su eficacia quedará demorada hasta la finalización de los expedientes de expropiación que, en su caso, sea necesario tramitar. Artículo 139. Incorporación al dominio público marítimo-terrestre de los bienes y derechos expropiados. 1. Los bienes y derechos expropiados se incorporarán al dominio público marítimo-terrestre desde su ocupación, en la forma prevista en el título concesional, sin que el concesionario esté obligado al abono del canon de ocupación por los terrenos expropiados a su costa para su incorporación a la concesión (artículo 69 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Los terrenos aportados por los concesionarios para completar la superficie de una concesión, cuya descripción deberá figurar en el proyecto básico, se incorporarán al dominio público marítimo-terrestre en la forma prevista en el artículo 5.7 de este reglamento antes del replanteo de las obras e instalaciones. Artículo 140. Inscripción de las concesiones en el Registro de la Propiedad. 1. Las concesiones serán inscribibles en el Registro de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria. Extinguida la concesión, la inscripción será cancelada a petición de la Administración o del interesado, siempre que tal circunstancia resulte acreditada. El vencimiento del plazo de duración de la concesión implicará igualmente su extinción, pudiéndose proceder a la cancelación del asiento de inscripción conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento Hipotecario. 2. La resolución firme en la vía administrativa que declare su extinción será causa para la cancelación de la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad. Estos extremos serán comunicados por el Servicio Periférico de Costas al Registrador y la cancelación se llevará a efecto en los términos exigidos por la legislación hipotecaria, al igual que los asientos posteriores, siempre que sus titulares hayan sido notificados en el expediente y se acredite la consignación a su favor de las cantidades que puedan corresponder al concesionario como indemnización, rescate o cualquier otro concepto. Artículo 141. Transmisión de las concesiones. 1. Las concesiones serán transmisibles por actos ínter vivos y mortis causa en los términos previstos en los apartados siguientes de este artículo. 2. La transmisión ínter vivos sólo será válida si con carácter previo la Administración reconoce el cumplimiento, por parte del adquirente, de las condiciones establecidas en la concesión. De acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 142 de este reglamento, podrán formalizarse contratos de arrendamiento sobre las concesiones otorgadas al amparo de lo previsto en la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que podrán ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad con los requisitos establecidos por la legislación hipotecaria. 3. En caso de fallecimiento del concesionario, sus causahabientes, a título de herencia o de legado, podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de aquél, siempre que en el plazo de cuatro años desde el fallecimiento, comuniquen expresamente a la Administración este hecho y la voluntad de subrogarse. A lo largo de ese plazo, mientras no se produzca la referida comunicación, la comunidad hereditaria resultará responsable de modo solidario de todas las obligaciones del causante. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera hecho la comunicación, la concesión quedará extinguida. 4. La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre las concesiones transmisibles, así como el embargo de las mismas, deberán ser comunicados previamente a la Administración concedente por la persona o entidad a cuyo favor se constituye el derecho o, en su defecto, por la persona o entidad que promueva la inscripción. 5. La celebración de cualquier contrato que implique la participación de un tercero en la explotación de la concesión deberá notificarse al Servicio Periférico de Costas. Dicha participación podrá ser prohibida en el citado título, salvo cuando se trate de concesiones inherentes a la prestación de un servicio público. 6. Cuando el concesionario sea una persona jurídica cuya actividad consista en el disfrute de la concesión, se considerará transmisión cualquier cambio en la titularidad de las acciones o participaciones que suponga sustitución de los socios o accionistas que lo fueren al tiempo del otorgamiento de la concesión, en porcentaje igual o superior al 50 por ciento del capital social, así como también se considerarán transmisión el resto de los casos de pérdida de control societario previstos en los artículos 42 y siguientes del Código de Comercio. 7. No se inscribirá en el Registro de la Propiedad la transmisión de las concesiones o la constitución de derechos reales sobre las mismas, sin que se acompañe certificación del Servicio Periférico de Costas acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo y de las cláusulas de la concesión, y, en el caso de embargos, la previa notificación a la Administración concedente. Artículo 142. Formalización de la transmisión ínter vivos de las concesiones. 1. La formalización de la transmisión ínter vivos de la concesión exigirá: a) El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, para lo que el solicitante deberá aportar: la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos para ser titular de concesiones, conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el artículo 134 de este reglamento; la declaración del cumplimiento de las condiciones establecidas en el título concesional; y la documentación en la que conste el tracto sucesivo en la titularidad de la concesión hasta el transmitente. Examinada la documentación a que se hace referencia en el párrafo anterior, y previo informe de la Abogacía del Estado, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar dictará resolución sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión, según lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 141 de este reglamento. b) La notificación de la resolución al solicitante del reconocimiento previo al que se refiere el artículo 70.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. Cuando la resolución reconozca la validez de la transmisión declarará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el título concesional y autorizará dicha transmisión. En caso de que haya habido incumplimiento del título concesional, no se autorizará su transmisión. Se deberá dar traslado a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del documento en el que conste la transmisión de la concesión, a los efectos de la anotación del cambio de titular en el registro de usos del dominio público marítimo-terrestre a que se refiere el artículo 80.1 de este reglamento. 2. La transmisión de la concesión no eximirá al nuevo titular del cumplimiento de sus deberes como concesionario ni tendrá el efecto de convalidar los incumplimientos que se hayan producido del título concesional, conservando, en todo momento, la Administración General del Estado las facultades de tutela y policía sobre el dominio público afectado. 3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tendrá derecho de tanteo y retracto en las transmisiones por actos ínter vivos de las concesiones. El derecho de tanteo podrá ejercerse en el plazo de tres meses y el de retracto en el de un año, ambos a contar desde la comunicación prevista en el apartado anterior, a cuyo efecto deberá también comprender las condiciones esenciales de la transmisión de acuerdo con las normas civiles. El ejercicio del derecho de tanteo y retracto llevará implícita la extinción de la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Artículo 143. Procedimiento para la transmisión mortis causa de las concesiones. 1. El procedimiento para transferir la concesión mortis causa será el siguiente: a) Los causahabientes, a título de herencia o de legado, deberán comunicar expresamente a la Administración el fallecimiento y la voluntad de subrogarse, para lo cual deberán aportar, junto a su solicitud, el certificado de defunción del concesionario y la documentación acreditativa de la condición de heredero o legatario, acreditando documentalmente la entrega del bien legado, o la escritura o sentencia que apruebe el cuaderno particional, así como la documentación que garantice el tracto sucesivo desde el último titular de la concesión y el justificante de estar al corriente del pago del canon. b) Por parte de la Administración se levantará acta a fin de determinar el cumplimiento de lo establecido en el título concesional y en la Ley 22/1988, de 28 de julio. c) Recibida la documentación, se remitirá a informe preceptivo de la Abogacía del Estado. d) Una vez recibido el informe de la Abogacía del Estado, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dictará resolución formalizando, en su caso, el cambio de titularidad de la concesión. 2. Si la Administración hubiera tenido conocimiento del fallecimiento del titular de la concesión, requerirá a los interesados la presentación de la declaración de fallecimiento del titular y la voluntad de subrogación en los derechos y obligaciones del título concesional en el plazo de tres meses. 3. La transmisión de la concesión no eximirá al nuevo titular del cumplimiento de sus deberes como concesionario ni tendrá el efecto de convalidar los incumplimientos que se hayan producido del título concesional, conservando, en todo momento, la Administración General del Estado las facultades de tutela y policía sobre el dominio público afectado. Artículo 144. Divisibilidad de las concesiones otorgadas para una pluralidad de usos. 1. Las concesiones otorgadas para una pluralidad de usos, con instalaciones separables, serán, en su caso, divisibles, con la conformidad de la Administración concedente y en las condiciones que ésta dicte (artículo 71.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. La petición de conformidad será dirigida a la Administración concedente por el titular o titulares de la concesión. 3. Previamente a la resolución sobre la solicitud de división habrá oferta de condiciones de la Administración a los peticionarios, sin cuya aceptación no se producirá la conformidad. El plazo no podrá ser superior al que reste de la concesión primitiva. 4. Aceptadas las condiciones, la resolución correspondiente será dictada, discrecionalmente, por la Administración concedente, quedando, en su caso, constituidas las nuevas concesiones. 5. En caso de denegación de la división, se mantendrá la concesión primitiva en los términos en que fue otorgada. Artículo 145. Juntas de Titulares. En el caso de concesiones que, por sus características estén divididas entre diversos titulares, siendo, sin embargo, su ubicación y destino sensiblemente coincidentes, la Administración podrá interesar la constitución de una Junta de Titulares, en cuyo caso ésta les representará a todos los efectos derivados de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento. Artículo 146. Renuncia a la ocupación de parte del dominio público marítimo-terrestre. 1. El concesionario podrá renunciar en cualquier momento a la ocupación de la parte del dominio público incluida en el perímetro de la concesión que no resulte necesaria para su objeto, con la conformidad de la Administración concedente. 2. La declaración de utilidad pública, a efectos del rescate de la concesión, incluso con declaración de urgencia, en su caso, corresponderá al Departamento ministerial concedente (artículo 71.2 y 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Si se trata de una concesión otorgada para llevar a cabo un proyecto de competencia de una comunidad autónoma y aprobado por ésta, la declaración de utilidad pública, a efectos del rescate de la concesión, se realizará por iniciativa de aquélla, salvo en los casos en los que tal declaración se haga para atender fines de competencia estatal o para preservar el dominio público. 3. A los efectos de lo establecido en los artículos 74.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 155.2 de este reglamento, se considerará con carácter preferente la solicitud de concesión formulada como justiprecio del rescate de otra de la que sea titular el peticionario. Artículo 147. Mantenimiento o retirada de las obras e instalaciones del dominio público marítimo-terrestre. 1. En todos los casos de extinción de una concesión, la Administración General del Estado decidirá sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones o su levantamiento y retirada del dominio público y de su zona de servidumbre de protección por el interesado y a sus expensas. Dicha decisión se adoptará de oficio o a instancia de aquél, a partir del momento anterior al vencimiento que se determina en el apartado siguiente en caso de extinción normal por cumplimiento del plazo, y en los demás supuestos de extinción en el momento de la resolución del correspondiente expediente (artículo 72.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Si se trata de una concesión otorgada para llevar a cabo un proyecto de competencia de una comunidad autónoma y aprobado por ésta, se solicitará informe a la misma, relativo al mantenimiento o levantamiento de las obras e instalaciones, con carácter previo a la adopción de la decisión a que se refiere el párrafo anterior. Dicho informe deberá emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse evacuado, se entenderá que no formula observaciones al respecto. 2. En caso de extinción por vencimiento del plazo concesional, el momento al que se refiere el apartado anterior será el correspondiente a haber transcurrido las cuatro quintas partes de dicho plazo y, en todo caso, seis meses antes de que se produzca el vencimiento. A partir de este momento, si la Administración no se pronuncia en el plazo de tres meses, se entenderá que opta por la demolición, sin perjuicio de que en cualquier momento pueda manifestarse explícitamente. Artículo 148. Obligaciones del titular de la concesión. 1. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, el titular de la concesión constituirá el depósito suficiente para responder de los gastos de levantamiento de las obras o instalaciones y retirada fuera del dominio público marítimo-terrestre y su zona de servidumbre de protección, o de reparación de aquéllas, de acuerdo con la resolución adoptada y la tasación ejecutoria señalada por la Administración y a resultas de la liquidación que proceda (artículo 72.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. El plazo para constituir el depósito será de quince días a partir de la notificación de la decisión o, en caso de silencio administrativo, del final del plazo establecido en el apartado 2 del artículo anterior. Artículo 149. Ejecución subsidiaria. 1. Una vez haya transcurrido el plazo de vencimiento de la concesión, salvo en el caso de haberse optado por su mantenimiento, el titular retirará las obras e instalaciones en el plazo que le hubiera fijado la Administración. Este plazo no será superior a tres meses, salvo casos excepcionales debidamente justificados. 2. De no haberse llevado a cabo por el titular la demolición, retirada o reparación de las instalaciones, o de que se haya realizado defectuosamente, una vez transcurrido el plazo correspondiente, la Administración ejecutará subsidiariamente los trabajos que no hubiera efectuado. 3. En caso de haber optado por el mantenimiento el titular procederá a la reparación de las mismas en el plazo y condiciones que le hubiese indicado la Administración. Dicho plazo no podrá exceder de tres meses. Artículo 150. Explotación o utilización por la Administración de las obras e instalaciones revertidas. 1. En el caso del apartado 3 del artículo anterior, en la fecha de extinción de la concesión revertirán a la Administración General del Estado gratuitamente y libres de cargas todas las obras e instalaciones. La Administración podrá continuar la explotación o utilización de las instalaciones, según se determina en el apartado siguiente (artículo 72.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. La continuación de la explotación o utilización de las instalaciones se llevará a cabo por cualquiera de los procedimientos de gestión establecidos en la legislación de Costas o en la legislación de Contratos del Sector Público. CAPÍTULO VI Disposiciones comunes a autorizaciones y concesiones Sección 1.ª Pliegos de condiciones generales Artículo 151. Aprobación de los pliegos de condiciones generales para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones. 1. La Administración competente aprobará pliegos de condiciones generales para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones (artículo 73 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas). 2. La aprobación de los referidos pliegos para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se hará por Orden, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Para el resto de concesiones y autorizaciones la competencia recaerá en la Administración otorgante de las mismas, según lo dispuesto en este reglamento o en su legislación específica. 3. Previamente a la aprobación de los pliegos, se requerirá el informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los términos previstos en la legislación de Patrimonio del Estado. Sección 2.ª Tramitación Artículo 152. Tramitación de las solicitudes de autorizaciones y concesiones. 1. Las solicitudes acompañadas del proyecto básico o de construcción, conforme a lo previsto en el artículo 42 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento, y del resguardo acreditativo de la constitución de las fianzas que, en su caso, correspondan, se tramitarán en la forma que se determina en los apartados siguientes, con las fases de información pública, de informe de los organismos que deban ser consultados, y de confrontación previa del proyecto (artículo 74.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. En las concesiones y autorizaciones a otorgar por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el procedimiento de tramitación se ajustará a lo dispuesto en los apartados siguientes. La tramitación de las restantes concesiones o autorizaciones, competencia de otros Departamentos ministeriales, se regirá por su legislación específica, y, subsidiariamente, por lo dispuesto en este reglamento. 3. Las solicitudes de concesiones y autorizaciones de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se dirigirán al Servicio Periférico de Costas, junto con dos ejemplares en formato papel y un ejemplar en formato digital del proyecto básico o de construcción, el resguardo acreditativo de la fianza provisional y documentación justificativa de la personalidad del peticionario y del compareciente, y de la representación en que éste actúa y la documentación acreditativa de que el peticionario no incurre en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 4. El Servicio Periférico de Costas examinará el proyecto presentado, previo abono de las tasas que procedan, para comprobar si su contenido es acorde con lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento, requiriendo al peticionario, en otro caso, para que subsane los defectos observados. Hecho lo cual, procederá a la confrontación del proyecto sobre el terreno, a fin de determinar su adecuación al mismo, así como su viabilidad. 5. Si el contenido del proyecto recoge alguno de los usos prohibidos expresamente en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento se aplicará lo previsto en los artículos 35.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 75 y 76 de este reglamento. 6. Para continuar la tramitación, el Servicio Periférico de Costas requerirá el informe de los Departamentos ministeriales y Administraciones públicas de carácter territorial que se citan a continuación, además de los previstos en este reglamento para supuestos específicos: Autorizaciones: a) Ayuntamientos en cuyo término se pretenda desarrollar o que puedan resultar afectados por el objeto de la autorización. b) Comunidad autónoma. c) Ministerio de Defensa, en cuanto puedan afectar a las zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional o sus zonas de seguridad, a la vigilancia, seguridad y defensa de los espacios marítimos y a la protección de los buques de Estado naufragados o hundidos. Concesiones: a) Ayuntamientos en cuyo término se pretenda desarrollar o que puedan resultar afectados por el objeto de la concesión. b) Comunidad autónoma. c) Las Capitanías Marítimas competentes por razón del lugar en materia de navegación y Puertos del Estado, en lo que afecta a señalización marítima, si el objeto de la concesión es una obra fija en el mar que pueda suponer un riesgo para la seguridad marítima. Estos informes tendrán carácter vinculante. d) El Ministerio de Defensa, en cuanto puedan afectar a las zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional o sus zonas de seguridad, a la vigilancia, seguridad y defensa de los espacios marítimos y a la protección de los buques de Estado naufragados o hundidos. e) Otros Organismos cuyo informe se estime conveniente. 7. Las autorizaciones y concesiones que deban otorgar otros Departamentos ministeriales en el dominio público marítimo-terrestre requerirá el informe previo favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que deberá emitirse en el plazo de un mes. 8. El trámite de información pública, durante el plazo de veinte días, será obligatorio: a) En los procedimientos de concesiones. b) En los procedimientos de autorizaciones que se refieran a vertidos industriales y contaminantes desde tierra al mar y a las extracciones de áridos y dragados, así como en las autorizaciones con plazo superior a un año y en los demás supuestos en los que se estime conveniente. 9. El trámite de información pública se llevará a cabo simultáneamente con la petición de los informes citados en el apartado 6. 10. Practicada la fase de información a que se refiere el apartado anterior, el órgano competente resolverá sobre la solicitud, previa audiencia, en su caso, a los interesados en el expediente. En el caso de autorizaciones, este órgano será el Servicio Periférico de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Si se trata de concesiones, dicho Servicio elevará el expediente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con su informe y propuesta. 11. En caso de que se decida acceder al otorgamiento de la concesión, se comunicarán al peticionario las condiciones en que podría serle otorgada aquélla, dándole un plazo de diez días para que manifieste si las acepta. Si no hiciere manifestación alguna en tal plazo, o no aceptara las condiciones ofertadas, se declarará concluido el expediente por desistimiento del peticionario, con pérdida de la fianza constituida. 12. En caso de ser aceptadas las condiciones en el plazo estipulado, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, resolverá, discrecionalmente, sobre el otorgamiento de la concesión. Si se produce el otorgamiento, el Servicio Periférico de Costas remitirá la resolución para su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 13. Los plazos máximos para resolver y notificar los expedientes de autorización y concesión serán, respectivamente, de cuatro y seis meses, transcurridos los cuales, sin que haya recaído resolución expresa, podrá entenderse desestimada la correspondiente solicitud. 14. Las resoluciones relativas a autorizaciones son susceptibles de recurso de alzada ante el Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Las resoluciones relativas a concesiones ponen fin a la vía administrativa, y serán impugnables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Artículo 153. Otorgamiento de concesiones o autorizaciones a extranjeros no nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea. 1. El otorgamiento de concesiones o autorizaciones a extranjeros estará condicionado a la prueba de reciprocidad en sus países de origen para los nacionales españoles. En todo caso, deberán concurrir los siguientes requisitos: a) Tener domicilio fiscal en España. b) Cumplir las condiciones que la legislación de contratos del Estado requiere para contratar con extranjeros. c) Manifestar su sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales españoles para todas las incidencias derivadas del título administrativo que se le otorgue. 2. Lo dispuesto en este reglamento se entenderá sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones a extranjeros. Artículo 154. Otorgamiento de concesiones o autorizaciones a miembros de la Unión Europea. Se exceptúan de lo establecido en el artículo anterior los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, a reserva de las limitaciones que por razones de orden público, seguridad y salud pública puedan establecerse (artículo 74.2, párrafo 2º, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 155. Preferencia en el otorgamiento de los títulos solicitados. 1. En el otorgamiento de los títulos solicitados, tendrán preferencia las solicitudes que comporten mayor utilidad pública. Sólo en caso de identidad entre varias solicitudes se tendrá en cuenta la prioridad en la presentación. En el procedimiento de otorgamiento de títulos cuyas solicitudes se refieran a actividades de servicios, se respetarán los principios de publicidad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva. 2. Asimismo, deberá tenerse en cuenta la preferencia establecida en el artículo 146.3 de este reglamento. Artículo 156. Procedimiento de otorgamiento de autorizaciones o concesiones de competencia de las Comunidades autónomas que requieren concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre por la Administración General del Estado. 1. El otorgamiento de autorizaciones o concesiones de competencia de las comunidades autónomas, que requieran la concesión o autorización del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, a efectos de coordinación administrativa, se ajustará a lo establecido en los apartados siguientes. 2. Se presentará ante el órgano competente de la comunidad autónoma la solicitud de autorización o concesión de su competencia, así como la de concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre dirigida al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Ambas solicitudes serán acompañadas de la documentación requerida en uno y otro caso. 3. El órgano competente de la comunidad autónoma tramitará el proyecto, recabando los informes que resulten preceptivos de acuerdo con lo establecido en este reglamento. 4. En todo caso, el preceptivo informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuya solicitud supondrá la conformidad inicial de la comunidad autónoma al proyecto de que se trate, se emitirá en el plazo de dos meses, contados a partir del momento en que disponga de toda la documentación necesaria para ello. El informe incluirá su pronunciamiento sobre la viabilidad de la ocupación, así como las condiciones en que ésta, en su caso, se otorgaría, en lo que se refiere al ámbito de sus competencias. 5. El órgano competente de la comunidad autónoma ofertará al peticionario, conjuntamente con las condiciones en que, en su caso, accedería a la solicitud que se formula, las que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente haya establecido para el otorgamiento de la concesión de ocupación del dominio público. 6. En caso de ser aceptadas las referidas condiciones en su totalidad, el órgano competente de la comunidad autónoma remitirá el expediente, con su propuesta, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a los efectos de que otorgue, en su caso, la oportuna concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 7. Una vez otorgada la concesión de ocupación, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente devolverá el expediente, junto con el título concesional, al órgano remitente, para que otorgue la concesión o autorización de su competencia, de cuya resolución dará traslado a aquél. Artículo 157. Plazo de emisión de informe. Los informes a los que se refieren los artículos 152.6 y 7 y 156.3 de este reglamento se deberán emitir en el plazo de un mes, salvo para aquellos casos en los que se ha establecido expresamente otro distinto. Transcurrido dicho plazo sin haberse evacuado, se proseguirá la tramitación del expediente. Sección 3.ª Concursos para el otorgamiento Artículo 158. Concurso para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones. 1. La Administración podrá convocar concursos para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre. En el procedimiento de otorgamiento de autorizaciones y concesiones relativas a actividades de servicios, se respetarán los principios de publicidad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva. 2. Si la convocatoria del concurso se produjese durante la tramitación de una solicitud de concesión o autorización, el interesado tendrá derecho, en caso de no resultar adjudicatario del título, al cobro de los gastos del proyecto, en la forma que se determina en el apartado 4. 3. La convocatoria del concurso suspenderá la tramitación de los expedientes de concesión o autorización que resulten afectados. 4. Los gastos del proyecto se determinarán según la tarifa oficial que le corresponda y serán tasados en las bases del concurso. En caso de no existir tarifa oficial, se valorarán los que efectivamente se hayan producido, según estimación que efectuará la Administración. Dichos gastos serán satisfechos por el adjudicatario, para cuya constatación le será requerido el justificante de su abono, previamente al inicio de la tramitación del título. Artículo 159. Declaración de concurso desierto. El concurso podrá declararse desierto si ninguna de las ofertas presentadas reúne las condiciones adecuadas (artículo 75.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 160. Contenido de los pliegos de bases de los concursos. 1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá regular los concursos de su competencia mediante pliegos de bases. La regulación se aprobará por Orden Ministerial, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». 2. Los pliegos de bases contendrán, al menos, los siguientes extremos: a) Plazo de terminación de las obras e instalaciones. b) Régimen de utilización de las mismas. c) Plazo de vencimiento del título. d) Criterios para su resolución; entre los que podrán incluirse la mejora del canon, la reducción del plazo de vencimiento y de las tarifas a establecer para el uso o servicio público, así como la experiencia justificada en actividades análogas. 3. Los proyectos se expondrán a información pública y los seleccionados se tramitarán de acuerdo con lo establecido en este reglamento. Sección 4.ª Condiciones de otorgamiento Artículo 161. Condiciones de los títulos de otorgamiento. 1. En todo título de otorgamiento, que tendrá carácter de público, se fijarán las condiciones pertinentes y, en todo caso, las siguientes: a) Objeto y extensión de la ocupación. b) Obras o instalaciones a realizar por el adjudicatario con referencia al proyecto respectivo y plazo de comienzo y terminación de aquéllas. c) Plazo de otorgamiento y posibilidad de prórroga, si procede. d) Cánones y tasas a abonar por el adjudicatario. e) Régimen de utilización, privada o pública; incluyendo, en su caso, las tarifas a abonar por el público con descomposición de sus factores constitutivos como base de futuras revisiones. f) En los casos de utilización lucrativa, obligación del adjudicatario de facilitar cuanta información le solicite la Administración sobre los resultados económicos de la explotación. g) Condiciones que, como resultado de la evaluación de efectos, se consideren necesarias para no perjudicar al medio. h) Señalización marítima y de las zonas de uso público. i) Obligación del adjudicatario de mantener en buen estado el dominio público, obras e instalaciones. j) Obligación del adjudicatario de constituir un depósito suficiente para los gastos de reparación o levantamiento y retirada, parcial o total, de las obras e instalaciones, a su costa, a la extinción del título correspondiente, salvo decisión en contrario de la Administración competente. k) Causas de caducidad, conforme a las establecidas en los artículos 79 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 165 de este reglamento. l) Prescripciones técnicas al proyecto, en su caso. m) Obligación del adjudicatario de adoptar las medidas requeridas por la Administración de adaptación a la subida del nivel de mar, los cambios del oleaje u otros efectos del cambio climático (artículo 76 de la Ley 22/1988, de 28 de julio,). 2. Deberán incluirse, además, las siguientes condiciones: a) En su caso, terrenos aportados por el adjudicatario para incorporar al dominio público marítimo-terrestre. b) Replanteo de las obras e instalaciones, previo a la ejecución del título. c) Reconocimiento final de las mismas, previo a su utilización. 3. A los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1, se entenderá por utilización lucrativa el pago de cualquier cantidad por los usuarios de las obras o instalaciones o la obtención de recursos de cualquier tipo por su utilización, sea cual sea el destino de los fondos recaudados. No obstante, cuando el adjudicatario sea otra Administración pública, no se considerará utilización lucrativa el pago de las posibles contribuciones especiales para la financiación de la ejecución de las obras o el pago por los usuarios de las tarifas que no tengan por objeto la obtención de beneficios económicos sino contribuir al mantenimiento, y la protección del dominio público marítimo-terrestre. Sección 5.ª Modificación Artículo 162. Supuestos de modificación de las autorizaciones y concesiones. 1. Las autorizaciones y concesiones podrán ser modificadas: a) Cuando se hayan alterado los supuestos determinantes de su otorgamiento. b) En casos de fuerza mayor, a petición del titular. c) Cuando lo exija su adecuación a los planes o normas correspondientes. Sólo en el supuesto c) del apartado 1, el concesionario perjudicado tendrá derecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 190 de este reglamento o supletoriamente en la legislación general de expropiación forzosa (artículo 77 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. A los efectos de la letra b) del apartado anterior, se entenderá como fuerza mayor la regresión no prevista de la costa que no esté originada por las obras objeto de concesión, los movimientos sísmicos o maremotos, los temporales imprevisibles superiores a los de cálculo, los incendios no provocados y cualquier otra causa excepcional similar. 3. La Administración otorgante podrá autorizar modificaciones de las características de una concesión. Cuando la modificación sea sustancial, la solicitud deberá someterse al procedimiento establecido en este reglamento para el otorgamiento de concesiones. Se considerará, en todo caso, modificación sustancial, el aumento en más de un 10 por ciento del volumen o superficie sobre lo reconocido en el título otorgado, ya sea alcanzado este porcentaje en una o más actuaciones, así como el cambio de uso para el que se le otorgó dicho título. Sección 6.ª Extinción Artículo 163. Extinción del derecho a la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 1. El derecho a la ocupación del dominio público se extinguirá por: a) Vencimiento del plazo de otorgamiento. b) Revisión de oficio en los casos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. c) Revocación por la Administración, cuando se trate de autorizaciones. d) Revocación de las concesiones por alteración de los supuestos físicos existentes en el momento del otorgamiento, cuando no sea posible la modificación del título. e) Renuncia del adjudicatario, aceptada por la Administración, siempre que no tenga incidencia negativa sobre el dominio público o su utilización o cause perjuicios a terceros. f) Mutuo acuerdo entre la Administración y el adjudicatario. g) Extinción de la concesión de servicio público del que el título demanial sea soporte. h) Caducidad. i) Rescate. j) Incurrir en prohibición de contratar, de acuerdo con el artículo 65.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. k) La falta de la comunicación expresa prevista en el artículo 70.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, en los casos de transmisión mortis causa de las concesiones. l) La falta de reconocimiento previo por la Administración previsto en el segundo párrafo del artículo 70.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. m) Revocación de la concesión cuando las obras e instalaciones soporten un riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar (artículo 78.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Las actuaciones pertinentes en los supuestos de extinción contemplados en el apartado anterior se iniciarán y tramitarán por el Servicio Periférico de Costas, correspondiendo su resolución al órgano otorgante, salvo en el caso de la letra a), en que se aplicará lo previsto en el artículo 81 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 170 de este reglamento. 3. En los supuestos de extinción anticipada de la concesión, el expediente deberá someterse a dictamen del Consejo de Estado, previamente a su resolución, de acuerdo con lo previsto en el apartado 12 del artículo 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. 4. El abono de cánones, tasas y cualesquiera tributos con posterioridad a la extinción del título no presupone su vigencia, sin perjuicio del derecho a su devolución en los casos que proceda. Artículo 164. Obligaciones de la Administración a la extinción del derecho a la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 1. Extinguido el derecho a la ocupación del dominio público, la Administración no asumirá ningún tipo de obligación laboral del titular de la actividad afectada (artículo 78.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Tampoco asumirá la Administración ninguna obligación económica del titular, vinculada o no, a la actividad desarrollada en los terrenos e instalaciones objeto del título extinguido. 3. El plazo para la resolución y notificación de la extinción del derecho de ocupación del dominio público marítimo terrestre será de dieciocho meses. Artículo 165. Supuestos de caducidad de las autorizaciones y concesiones. 1. La Administración, previa audiencia del titular, declarará la caducidad en los siguientes casos: a) No iniciación, paralización o no terminación de las obras injustificadamente durante el plazo que se fije en las condiciones del título. b) Abandono o falta de utilización durante un año sin que medie justa causa. c) Impago del canon o tasas en plazo superior a un año. d) Alteración de la finalidad del título. e) Incumplimiento de las condiciones que se hubieran establecido como consecuencia de la previa evaluación de sus efectos sobre el dominio público marítimo-terrestre. f) El incumplimiento de las condiciones b) y d) de los artículos 63.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 127.1 de este reglamento para las extracciones de áridos y dragados. g) Privatización de la ocupación cuando la misma estuviere destinada a la prestación de servicios al público. h) Invasión del dominio público no otorgado. i) Aumento de la superficie construida, volumen o altura máxima en más del 10 por ciento sobre el proyecto autorizado. j) No constitución del depósito requerido por la Administración para la reparación o el levantamiento de las obras e instalaciones. k) Obstaculización del ejercicio de las servidumbres sobre los terrenos colindantes con el dominio público o la aplicación de las limitaciones establecidas sobre la zona de servidumbre de protección y de influencia. l) En general, por incumplimiento de otras condiciones cuya inobservancia esté expresamente sancionada con la caducidad en el título correspondiente, y de las básicas o decisorias para la adjudicación, en su caso, del concurso convocado, según el artículo 75 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento (artículo 79.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. A los efectos de la letra g) del apartado anterior, se entenderá por privatización de la ocupación la modificación de las condiciones de utilización de los servicios autorizados que dificulten el libre acceso público. Artículo 166. Otros supuestos de caducidad. En los demás supuestos de incumplimiento o en caso de infracción grave conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, la Administración podrá declarar la caducidad, previa audiencia del titular y demás trámites reglamentarios (artículo 79.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 167. Procedimiento para la declaración de la caducidad. 1. En los casos cuya competencia corresponda al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el procedimiento para declarar la caducidad será el siguiente: a) Constatada la existencia de los supuestos referidos, el Servicio Periférico de Costas, tras dictar acuerdo de incoación de expediente, lo pondrá en conocimiento del titular, al que se le concederá un plazo de ocho días para que formule las alegaciones que estime convenientes. b) Formuladas las alegaciones o transcurrido el plazo para formularlas, el Servicio Periférico de Costas resolverá el expediente cuando tenga delegada la competencia; en el resto de casos, lo elevará a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con su propuesta de resolución. c) Cuando se trate de concesiones de ocupación de dominio público marítimo-terrestre que sirvan de soporte a actividades objeto de concesión o autorización por otros Departamentos ministeriales o por las comunidades autónomas, previamente se solicitará su informe. d) Cuando se trate de concesiones, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado en todos los casos de nulidad, interpretación, modificación y extinción, cuando se formule oposición por parte del concesionario, de acuerdo con el apartado 12 del artículo 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. e) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución que ponga fin al expediente será de 18 meses. Dicha resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrán interponerse los recursos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 2. Las autorizaciones de vertido y las concesiones que no sean de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se regirán, en cuanto a la tramitación del expediente de caducidad, por su normativa específica y, subsidiariamente, por lo establecido en este artículo. 3. En ningún caso procederá la rehabilitación del título. Artículo 168. Efectos de la incoación del expediente de caducidad. 1. Incoado el expediente de caducidad, la Administración podrá disponer la paralización de las obras, o la suspensión del uso y explotación de las instalaciones, previa audiencia, en este último caso, del titular afectado y una vez desestimadas sus alegaciones. 2. En el escrito de notificación a que se refiere el apartado 1. a), del artículo anterior, se incluirá la orden de paralización de las obras o la iniciación del expediente de suspensión del uso y explotación de las instalaciones, según proceda. El trámite de audiencia, así como la resolución de suspensión, corresponden al Servicio Periférico de Costas. Artículo 169. Efectos de la declaración de caducidad y de la suspensión de la ejecución. 1. La declaración de caducidad comportará la pérdida de la fianza si la hubiere. 2. Para la suspensión de la ejecución de la caducidad, el interesado quedará obligado al depósito previo del importe que se fije en cada caso (artículo 80.2 y 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. El importe del depósito previo no podrá ser superior al 30 por ciento del valor actualizado de las obras e instalaciones que figure en el proyecto que sirvió de base a su otorgamiento. Artículo 170. Vencimiento del plazo del título de otorgamiento. 1. El plazo de vencimiento será improrrogable, salvo que en el título de otorgamiento se haya previsto expresamente lo contrario, en cuyo caso, a petición del titular y a juicio de la Administración competente, podrá ser prorrogado siempre que aquél no haya sido sancionado por infracción grave y que no se superen en total los plazos máximos reglamentarios (artículo 81.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Las concesiones cuyo plazo de duración inicial sea de setenta y cinco años no podrán ser prorrogadas. 2. En los supuestos de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Servicio Periférico de Costas comunicará al titular el vencimiento de la concesión y le citará en el lugar de la obra o instalación para llevar a cabo el acta de reversión. En la misma se formalizará la recepción por la Administración en las condiciones exigibles, según la decisión adoptada conforme a lo establecido en el artículo 72.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 147 de este reglamento. En el caso de que se observaran deficiencias en las condiciones de entrega de los bienes en cuestión, la Administración señalará un plazo para su subsanación en dicha acta, que no excederá de lo establecido en el artículo 149.3 de este reglamento. De no llevarla a cabo en el referido plazo, se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del interesado. Artículo 171. Toma de posesión de las instalaciones. A la extinción de la autorización o concesión, la Administración General del Estado, sin más trámite, tomará posesión de las instalaciones, pudiendo obtener de las Empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía la suspensión del suministro (artículo 81.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). CAPÍTULO VII Prórroga de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior a la Ley 2/2013, de 29 de mayo Artículo 172. Prórroga de las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. 1. Las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, podrán ser prorrogadas, a instancia de su titular, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. La prórroga se aplicará igualmente a los titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento amparado por la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, previa solicitud de la correspondiente concesión. Esta prórroga no será de aplicación a las concesiones que amparen ocupaciones y actividades en la zona de servicio de los puertos (artículo segundo.1 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo). No se consideran incluidas en el supuesto del párrafo precedente aquellas concesiones reguladas en la disposición transitoria segunda, apartado segundo, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, que fueron otorgadas fuera de los puertos pero que, con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, han sido incorporadas a la zona de servicio de alguno de ellos manteniendo el régimen de plazos regulado en la citada Ley 22/1988, de 28 de julio, en su redacción original, sin perjuicio de que, en lo demás, se sigan rigiendo íntegramente por la legislación estatal sobre puertos de interés general. No obstante lo anterior, en estos casos se les aplicará el régimen de prórrogas previsto en este reglamento. El otorgamiento de la correspondiente prórroga será de competencia de la Administración u organismo portuario. 2. El concesionario podrá solicitar la prórroga de la concesión desde la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo y, en todo caso, antes de los seis meses previos a la fecha de extinción del plazo para el que fue inicialmente concedida. El plazo de la prórroga se computará desde la fecha de su solicitud, con independencia del plazo que reste para la extinción de la concesión que se prorroga. Si se solicita la prórroga dentro de los seis meses anteriores a la extinción del plazo de la concesión, el plazo de la prórroga se computará desde la fecha de extinción del título. 3. Las prórrogas solicitadas se otorgarán siempre que no se aprecien causas de caducidad del título vigente o se esté tramitando un procedimiento de caducidad del título concesional, en cuyo caso el procedimiento de prórroga se dejará en suspenso. 4. Las concesiones así prorrogadas, excepto aquellas a las que se refiere el último párrafo del apartado 1, se regirán en todo lo demás por lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento. Artículo 173. Plazo para la petición de la prórroga de los titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento amparado por la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. En el caso de las concesiones que se otorguen a los titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento amparado por la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se tendrá derecho a solicitar la prórroga regulada en el artículo anterior desde la fecha de notificación de la resolución de otorgamiento de la concesión. Artículo 174. Fijación del plazo máximo de las prórrogas. La duración de esta prórroga en ningún caso excederá de setenta y cinco años. Para la fijación del plazo máximo de las prórrogas se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 1. El plazo por el que se prorrogarán las concesiones otorgadas en virtud de las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio, excepto aquéllas a las que se refiere el artículo 172.1 último párrafo de este reglamento, a las que será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, será de 75 años. 2. El plazo por el que se prorrogarán las concesiones ordinarias se establecerá de acuerdo con los siguientes usos: a) Destinados a vivienda y zonas asociadas: Hasta un máximo de 75 años. b) Destinados a actuaciones ambientales: Hasta un máximo de 75 años c) Destinados a restauración: Hasta un máximo de 30 años. d) Destinados a actividades de explotación económica distintas a la de restauración: Hasta un máximo de 50 años. e) Destinados a infraestructura de servicios urbanos, actividades sociales o comunitarias y dotacionales: Hasta un máximo de 50 años. f) Destinados a instalaciones marítimas: Hasta un máximo de 50 años. g) Otros usos no incluidos en los apartados anteriores: Hasta un máximo de 30 años. La resolución por la que se otorgue la prórroga de concesiones ordinarias reducirá el plazo máximo previsto en los apartados anteriores en una quinta parte cuando las instalaciones se ubiquen en ribera del mar. Artículo 175. Criterios para la graduación de los plazos máximos de las prórrogas. 1. Los plazos máximos previstos para cada uso en el artículo anterior, excepto las concesiones a las que se refiere el artículo 172.1, último párrafo, de este reglamento, podrán ampliarse dentro de ese límite de setenta y cinco años en una quinta parte en los siguientes supuestos: a) Que el concesionario financie proyectos de regeneración de playas o de lucha contra la erosión y los efectos del cambio climático que sean aprobados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. b) Que el concesionario se comprometa a llevar a cabo sobre el espacio concedido una inversión añadida a la prevista en la concesión inicial que sea de interés para mejorar la actividad vinculada en cuanto a la eficiencia energética, de ahorro en el consumo del agua o la calidad ambiental, y siempre que el concesionario no esté legalmente obligado a ello. Dicho compromiso se incluirá entre las cláusulas de la resolución que otorgue la prórroga. c) Que el concesionario financie y ejecute, en el ámbito de la concesión o de su entorno, actuaciones adicionales a las previstas en la concesión inicial vinculadas al tratamiento del borde marítimo para facilitar su utilización pública gratuita o de mejora de la accesibilidad pública. Dichas actuaciones deberán ser aprobadas previamente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. d) Que tras el otorgamiento de una concesión que ampare la ocupación para una actividad del sector de la acuicultura, el concesionario se adhiera, con carácter permanente y continuado, al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS) o se comprometa a disponer de un sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:1996. 2. Tratándose de concesiones que originariamente hubieran sido otorgadas en retribución de la ejecución de una obra pública, la fijación de la duración de la prórroga se realizará teniendo en cuenta el plazo establecido en el título originario, respetando los plazos máximos señalados en el artículo anterior. Artículo 176. Documentación exigida para la tramitación de la prórroga. Para la tramitación de la prórroga, el titular de la concesión deberá presentar la siguiente documentación: a) Documentación acreditativa de la identidad del peticionario y, en su caso, del compareciente y del poder de representación en que este actúa. b) Declaración responsable de que las instalaciones, así como las obras o modificaciones que, en su caso, se hayan realizado durante la vigencia del título concesional, se ajustan a lo previsto en su objeto, condiciones y prescripciones. c) Proyectos o compromisos previstos en el artículo 175 de este reglamento, adjuntando en este caso fianza provisional de las obras. Artículo 177. Concesiones que amparan ocupaciones para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. En el caso de concesiones que amparen ocupaciones para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, la prórroga será concedida previo informe del órgano ambiental de la comunidad autónoma en la que radique la ocupación. El informe determinará los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá, en los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente. Cuando se haya otorgado la autorización ambiental integrada a la instalación e industria amparadas por la concesión cuya prórroga se solicite, el informe se limitará a determinar los efectos y a fijar las condiciones que resulten plenamente compatibles con el contenido de la autorización. Este informe tendrá carácter determinante. Si la Administración General del Estado se aparta de su contenido deberá motivar las razones de interés general por las que lo hace en la resolución por la que se acuerde cada uno de los periodos que integra la prórroga, o en la resolución por la que se deniegue la misma. Lo dispuesto en el apartado anterior ha de entenderse exclusivamente referido al procedimiento de concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre, y sin perjuicio de la exigibilidad de contar con la autorización ambiental integrada de competencia autonómica o del cumplimiento de las restantes autorizaciones o exigencias ambientales que sean de aplicación. Si el informe del órgano ambiental autonómico no fuera emitido en el plazo de tres meses se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La solicitud del informe producirá la suspensión del plazo para resolver y notificar la resolución, de acuerdo con lo previsto en la letra c) del artículo 42.5 de la citada ley. Artículo 178. Canon de las concesiones prorrogadas. 1. Las prórrogas de las concesiones reguladas en este título estarán sujetas al pago del canon calculado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y la normativa que lo desarrolle, excepto aquellas a las que se refiere el artículo 172.1, último párrafo, de este reglamento, que devengarán a favor de la Autoridad Portuaria competente las tasas o tarifa portuarias que procedan. 2. Las concesiones a las que se refiere el apartado 2 de la disposición transitoria segunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se regirán de acuerdo con lo establecido en el título concesional. TÍTULO IV Régimen Económico-Financiero de la utilización del dominio público Marítimo-Terrestre CAPÍTULO I Financiación de obras y otras actuaciones Artículo 179. Financiación de las obras de competencia del Estado. Las obras de competencia del Estado se financiarán con cargo a los correspondientes créditos presupuestarios y, en su caso, con las aportaciones de las comunidades autónomas, corporaciones locales, organismos internacionales y particulares (artículo 82 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 180. Acuerdos de financiación compartida. 1. Cuando la financiación sea compartida, la aportación correspondiente a cada partícipe se fijará de común acuerdo, detallándose la cuantía y modalidad de los compromisos asumidos. 2. Estos acuerdos podrán referirse también a la elaboración del planeamiento y de los proyectos de obras correspondientes (artículo 83 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Los acuerdos de financiación compartida se establecerán mediante convenios, debiendo, cada una de las Administraciones o particulares que participan en la financiación de la obra de que se trate, garantizar su aportación. Los convenios podrán incluir la financiación de estudios y de trabajos de planeamiento y proyectos, así como compromisos que se refieran a la aportación de los terrenos, conservación y explotación de las obras. CAPÍTULO II Cánones Artículo 181. Canon de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre. 1. Toda ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en virtud de una concesión o autorización, cualquiera que fuere la Administración otorgante, devengará el correspondiente canon a favor de la Administración General del Estado, sin perjuicio de los que sean exigibles por aquélla. 2. Están obligados al pago del canon, en la cuantía y condiciones que se determinan en la Ley 22/1988, de 28 de julio, los titulares de las concesiones y autorizaciones antes mencionadas (artículos 84.1 y 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Para la determinación de la cuantía del canon se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: a) Ocupación del dominio público marítimo-terrestre: 1.º Por ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre, la valoración del bien ocupado se determinará por equiparación al mayor de los tres valores siguientes: El valor catastral, el comprobado por la Administración a efectos de cualquier tributo, o el precio, contraprestación o valor de adquisición declarados por los sujetos pasivos, aplicables a los terrenos contiguos a sus zonas de servidumbre que tengan un aprovechamiento similar a los usos que se propongan para el dominio público. En caso de que no se disponga del valor catastral de las zonas de dominio público, el Catastro informará sobre el valor del suelo de la zona colindante. En caso de no existir un aprovechamiento similar, se tomará la media de los valores utilizados para la determinación de los cánones devengados por las concesiones otorgadas en el dominio público marítimo-terrestre en ese término municipal. El valor resultante será incrementado con el importe medio estimado de los beneficios netos anuales, antes de impuestos, que sea previsible obtener en la utilización del dominio público durante un período de diez años. Si la duración de la concesión tuviera un plazo inferior a diez años, esa estimación será por todo el período concesional. La estimación de dichos beneficios se realizará teniendo en cuenta los estudios económicos que facilite el solicitante de la concesión o autorización, así como las informaciones que pueda recabar y las valoraciones que pueda efectuar la Administración otorgante, directamente o por comparación con otras concesiones existentes. En ningún caso esta estimación será inferior al 20 por 100 del importe de la inversión a realizar por el solicitante. Se tomará como valor de la inversión el presupuesto material de ejecución de las obras e instalaciones en dominio público marítimo-terrestre actualizado. 2.º Para las ocupaciones de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, electricidad y comunicaciones, de interés general, la valoración del bien ocupado será de 0,006 euros por metro cuadrado de superficie ocupada, incrementada en los rendimientos que sea previsible obtener en la utilización de dicho dominio. En ningún caso esta estimación será inferior al 20 por ciento del importe de la inversión a realizar por el solicitante (artículo 84.3.1.b) de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3.º En el caso de ocupaciones de obras e instalaciones ya existentes, la base imponible se calculará sumando lo dispuesto en los apartados 1.º, 2.º o 4.º de este apartado, según proceda, al valor material de dichas obras e instalaciones (artículo 84.3.1.c) de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Para calcular el valor material de las obras e instalaciones a ocupar se dividirá el plazo de la concesión a otorgar por el periodo máximo de amortización publicado en las tablas del anexo al Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, y se multiplicará por el presupuesto de ejecución material de las obras e instalaciones actualizado. Si el periodo que resta por amortizar es inferior al plazo a otorgar se tomará dicho periodo para efectuar el cálculo anterior. Si las obras e instalaciones están completamente amortizadas se considerará nulo el valor de ocupación de las mismas, salvo que la Administración justifique la existencia de un valor residual en cuyo caso se adoptará este. 4.º En los supuestos de ocupaciones de obras e instalaciones en el mar territorial, la valoración del bien ocupado será de 0,006 euros por metro cuadrado de superficie ocupada, a la que se sumará lo dispuesto en el apartado 1º, párrafos tercero y cuarto. En el caso de que estas ocupaciones se destinen a la investigación o explotación de recursos mineros y energéticos, se abonará un canon de 0,006 euros por metro cuadrado de superficie ocupada (artículo. 84.3.1.d) de la Ley 22/1988, de 28 de julio). b) Por aprovechamiento de bienes de dominio público marítimo-terrestre, el valor del bien será el de los materiales aprovechados a precios medio de mercado (artículo 84.3.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 4. En el caso de cultivos marinos la base imponible del canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre se calculará con arreglo a las siguientes reglas: a) Se considerará como valor de los bienes ocupados la cantidad de 0,006 euros por metro cuadrado. b) En cuanto a los rendimientos que se prevé obtener en la utilización del dominio público marítimo-terrestre, se considerarán los siguientes coeficientes: Tipo 1. Cultivos marinos en el mar territorial y aguas interiores: 0,4 €/m2. Tipo 2. Cultivos marinos en la ribera del mar y de las rías: 0,16 €/m2. Tipo 3. Estructuras para las tomas de agua de mar y desagües desde cultivos marinos localizados en tierra: 5 €/m2. Estas cantidades se revisarán por orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, teniendo en cuenta la variación experimentada por el Índice General Nacional del sistema de Índices de Precios de Consumo (artículo 84.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 5. El tipo de gravamen anual será del 8 por ciento sobre el valor de la base, salvo en el caso de aprovechamiento, que será del 100 por ciento (artículo 84.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). A efectos del cálculo del gravamen anual, la base será la descrita en cada uno de los apartados anteriores. 6. El canon de ocupación a favor de la Administración General del Estado que devengarán las concesiones que las comunidades autónomas otorguen en dominio público marítimo-terrestre adscrito para la construcción de puertos deportivos o pesqueros, se calculará según lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en su normativa de desarrollo. La estimación del beneficio que se utilice para obtener la base imponible del canon, en ningún caso podrá ser inferior al 3,33 por ciento del importe de la inversión a realizar por el solicitante (artículo 84.6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 182. Supuestos de reducción del canon. 1. El canon podrá reducirse un 90 por ciento en los supuestos de ocupaciones destinadas al uso público gratuito. 2. En los títulos otorgados a entidades náutico-deportivas para el desarrollo de sus actividades de carácter no lucrativo, el importe del canon de ocupación podrá reducirse un 75 por ciento. Para la obtención de dicha reducción será preciso que la Federación deportiva correspondiente certifique que las respectivas entidades se encuentren debidamente inscritas y que ejercen exclusivamente la actividad náutico-deportiva. En el caso de que estas entidades destinen una parte de sus ocupaciones objeto de concesión a actividades distintas de la náutico-deportiva y que tengan carácter lucrativo, el canon que generen esas ocupaciones se determinará según las reglas generales recogidas en los apartados anteriores. 3. Con objeto de incentivar mejores prácticas medioambientales en el sector de la acuicultura, el canon se reducirá un 40 por ciento en el supuesto de concesionarios adheridos, con carácter permanente y continuado, al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS). Si no estuvieran adheridos a dicho sistema de gestión pero dispusieran del sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:1996, los concesionarios tendrán una reducción del 25 por ciento (artículo 84.7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 4. Las comunidades autónomas, las entidades locales y las entidades de derecho público dependientes de ellas estarán exentos del pago del canon de ocupación en las concesiones o autorizaciones que se les otorguen para el ejercicio de sus competencias, siempre que aquéllas no sean objeto de explotación lucrativa, directamente o por terceros. Igualmente quedarán exentos del pago de este canon los supuestos previstos en el artículo 54.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio (artículo 84.8 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 183. Devengo del canon. 1. El devengo del canon, calculado de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos anteriores, tendrá carácter anual y se producirá con el otorgamiento inicial de la concesión o autorización. Será exigible en la cuantía que corresponda y en los plazos que se señalen en las condiciones de dicha concesión o autorización. En el caso previsto en el artículo 181.3 b), el devengo se producirá cuando el aprovechamiento se lleve a cabo. 2. En el supuesto de autorizaciones y concesiones de duración superior a un año, cuyo canon se haya establecido o haya sido revisado, aplicando la Orden de 30 de octubre de 1992, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por la que se determina la cuantía del canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, el mismo quedará actualizado anualmente, de forma automática, incrementando o minorando la base del vigente mediante la aplicación a la misma de la variación experimentada por el Índice General Nacional del sistema de Índices de Precios de Consumo en los últimos doce meses, según los datos publicados anteriores al primer día de cada nuevo año o cualquier índice que lo sustituya. El devengo del canon, cuya base se haya actualizado conforme a lo expuesto, será exigible en los plazos fijados en las condiciones establecidas en cada título. 3. En el caso de las concesiones de duración superior a un año, cuyo canon no se haya establecido o revisado aplicando la mencionada Orden Ministerial de 30 de octubre de 1992, previamente se procederá a su revisión conforme a la misma. Una vez realizada esta revisión quedará actualizado anualmente tal como establece el párrafo anterior (artículo 84.9 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 184. Criterios para la fijación del canon. 1. A los efectos de fijación del canon por ocupación y aprovechamiento del dominio público, la ocupación alcanzará, además de a la ocupación física, a los espacios demaniales en los que se establezcan limitaciones a otros usos u ocupaciones. Para el caso concreto de ocupaciones de lámina de agua, la superficie ocupada será la del polígono obtenido uniendo los puntos de anclaje, si se trata de sistemas flotantes, o los puntos más exteriores de la instalación o de sus elementos de sustentación, para el caso de sistemas apoyados, más los espacios en los que se establezcan medidas de protección o de limitación a la navegación o al fondeo. 2. A los mismos efectos, la ocupación o utilización de dominio público marítimo-terrestre se computará en metros cuadrados. Cuando esta ocupación se efectúe mediante cañerías, líneas, canalizaciones y otros elementos de similar carácter y escasa anchura, se considerará una anchura mínima de un metro, salvo que la misma, teniendo en cuenta los criterios expuestos en el párrafo anterior, sea mayor a la mínima citada. CAPÍTULO III Fianzas Artículo 185. Prestación de fianza provisional por los peticionarios de concesiones y autorizaciones. Los peticionarios de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre reguladas por la Ley 22/1988, de 28 de julio, acreditarán ante la Administración competente, al presentar la solicitud, la prestación de la fianza provisional, por un importe del 2 por ciento del presupuesto de las obras o instalaciones a realizar en el dominio público de que se trate, en la forma prevista en la normativa vigente, siendo irrevocable y de ejecución automática por resolución del órgano a favor del cual se constituyó, quien ordenará asimismo su devolución si se deniega la solicitud presentada. Artículo 186. Constitución de fianza definitiva. 1. Otorgada la concesión o autorización, se constituirá la fianza definitiva, elevando la provisional al 5 por ciento del presupuesto correspondiente de las obras o instalaciones. Si el peticionario hubiera prestado fianza por la solicitud de otras concesiones o autorizaciones a otorgar por la Administración General del Estado, que sean exigibles para la realización de la actividad que motiva la solicitud de ocupación del dominio público, la cuantía total acumulada de dichas fianzas no podrá exceder del 5 por ciento del referido presupuesto (artículo 88.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. En el caso de que sean exigibles diversas fianzas para la realización de la actividad, a efectos de lo previsto en el apartado anterior, sólo se tendrán en cuenta las fianzas que se hayan prestado por plazo igual o superior al exigible por el título demanial. 3. Si, a juicio de la Administración competente, el presupuesto de las obras e instalaciones no respondiera a la realidad, aquélla valorará ejecutoriamente éstas, a los efectos de la determinación de las fianzas. Artículo 187. Pérdida de la fianza al desistimiento de la petición o renuncia del título. Si el interesado desistiera de la petición o renunciara al título, perderá la fianza constituida (artículo 88.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 188. Fianza complementaria en los supuestos de vertidos. 1. En el caso de vertidos, la Administración competente podrá exigir la constitución de una fianza complementaria para responder del cumplimiento de las condiciones de aquél, en cuantía equivalente al importe de un semestre del canon de vertido, siendo susceptible de revisiones periódicas en función de las variaciones de éste (artículo 88.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Dicha fianza se constituirá a favor de la Administración competente, tendrá carácter irrevocable y será de ejecución automática por orden de dicha Administración, que asimismo ordenará su devolución en la cuantía y forma que proceda. Artículo 189. Devolución de la fianza definitiva. 1. La fianza definitiva será devuelta al año de la aprobación del reconocimiento de las obras, en caso de concesión o de autorización con plazo de vencimiento superior al año, y en otro caso, a su vencimiento, salvo en los supuestos de renuncia y caducidad, con deducción de las cantidades que, en su caso, deban hacerse efectivas en concepto de penalidades y responsabilidades en que haya podido incurrir el concesionario. 2. El derecho a la devolución de la fianza prescribirá si no ha sido solicitada en el plazo de cinco años, a partir del momento en que sea procedente (artículos 88.5 y 6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). CAPÍTULO IV Valoración de rescates Artículo 190. Valoración de los rescates de las concesiones. 1. La valoración de las concesiones, en caso de rescate total o parcial, se atendrá a las siguientes reglas: a) Se indemnizará por el valor de las obras no amortizadas, incluidas en el acta de reconocimiento de la concesión, suponiendo una amortización lineal para el período de duración de aquélla, actualizando los precios del proyecto, incluso honorarios del mismo y dirección de obras, con arreglo a las normas oficiales y considerando el estado de las obras (artículo 89.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). b) Se indemnizará también por la pérdida de beneficios en el ejercicio económico o año en curso, en el que se realiza el rescate, debidamente justificada con las declaraciones presentadas a efectos fiscales (artículo 89.2 de la Ley 22/19888, de 28 de julio). A estos efectos, el Servicio Periférico de Costas interesará del concesionario, para determinar el beneficio medio anual, los datos de las declaraciones presentadas en los cinco años anteriores. Cuando se observe diferencia entre los beneficios declarados y los comprobados por la Administración Tributaria, se estará a estos últimos. c) En cualquier caso, no se tendrán en cuenta las obras e instalaciones realizadas por el concesionario sin previa autorización, que pasarán al dominio público sin derecho a indemnización (artículo 89.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Asimismo se indemnizará por los siguientes motivos: a) Por las cantidades abonadas por los bienes expropiados e incorporados al dominio público marítimo-terrestre, en aplicación de lo previsto en el artículo 138 de este reglamento, suponiendo una amortización lineal para el plazo concesional y aplicando los tipos de interés legal que correspondan. b) Por el valor de los bienes incorporados al dominio público marítimo-terrestre, a los que se refiere el artículo 5.7 de este reglamento, y no amortizados, determinado de acuerdo con los criterios del artículo 84.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, suponiendo una amortización lineal para el plazo concesional. 3. En ningún caso serán indemnizables los derechos derivados de las relaciones a que se refiere el artículo 141.5 de este reglamento, ni las plusvalías que sean consecuencia de las obras realizadas por la Administración, salvo cuando se hayan repercutido en el canon. 4. En las concesiones otorgadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la valoración se realizará por el Servicio Periférico de Costas y se someterá a conocimiento del concesionario para que manifieste su conformidad o exponga las alegaciones que estime oportunas, previamente a su aprobación por el citado Ministerio. TÍTULO V Infracciones y sanciones CAPÍTULO I Infracciones Artículo 191. Infracciones graves. 1. Las infracciones se clasificarán en leves y graves. 2. Se considerarán infracciones graves conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, las siguientes: a) La alteración de hitos de los deslindes. b) La ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la conducta abusiva. c) La ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, así como el aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre los autorizados. d) La extracción no autorizada de áridos. e) El incumplimiento de las limitaciones a la propiedad sobre los áridos establecidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio. f) La interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito. g) La realización de construcciones no autorizadas en las zonas de servidumbre de protección y tránsito y acceso al mar. h) Las acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las personas, siempre que no constituyan delito y, en todo caso, el vertido no autorizado de aguas residuales. i) La utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para los usos no permitidos por la Ley 22/1988, de 28 de julio. j) La realización, sin título administrativo exigible conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de cualquier tipo de obras o instalaciones en las zonas de servidumbre definidas en la Ley, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la conducta abusiva o que, habiéndose notificado la incoación de expediente sancionador, se hubiere persistido en tal conducta. k) Las acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el dominio público marítimo-terrestre o supongan grave obstáculo al ejercicio de las funciones de la Administración. l) El falseamiento de la información suministrada a la Administración. m) La reincidencia por comisión, en el término de dos años, de más de una infracción de carácter leve cuando así haya sido declarado por resolución firme (artículo 90 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 192. Infracciones leves. Tendrán el carácter de infracciones leves las acciones u omisiones, además de las que no estén comprendidas en los artículos 90 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 191 de este reglamento, las siguientes: a) La ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre no constitutivas de infracción grave. b) La ejecución de trabajos, vertidos, cultivos, plantaciones o talas en el dominio público marítimo-terrestre sin el debido título administrativo. c) Las acciones u omisiones que causen daños o menoscabo a los bienes del dominio público marítimo-terrestre o a su uso. d) El incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbres y de las determinaciones contenidas en las normas aprobadas conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio. e) El incumplimiento de las condiciones de los correspondientes títulos administrativos, sin perjuicio de su caducidad. f) La publicidad no autorizada en el dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre de protección. g) El anuncio de actividades a realizar en el dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre sin el debido título administrativo o en pugna con sus condiciones. h) La obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la Administración. i) La omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio (artículo 91 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 193. Declaración responsable. A los efectos de lo establecido en el título V de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento, se entenderá como título administrativo la declaración responsable prevista en la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y artículo 27 y disposición transitoria decimoquinta de este reglamento. Artículo 194. Plazo de prescripción de las infracciones y sanciones. 1. El plazo de prescripción de las infracciones será de dos años para las graves y de seis meses para las leves, contados a partir de su total consumación. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al presunto responsable (artículo 92.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. El plazo de prescripción de las sanciones será de dos años para las graves y de un año para las leves, contados a partir del día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si tal procedimiento estuviera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al infractor (artículo 92.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. El cómputo del plazo se iniciará en la fecha en que se hubiese cometido la infracción o, cuando se trate de una actividad continuada, a su finalización. En el caso de que el hecho o actividad constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará cuando éstos se manifiesten. 4. Se considerará que una construcción o instalación está totalmente terminada cuando estuviera dispuesta para servir al fin previsto, sin necesidad de ninguna actuación posterior. A tal efecto, se considerará como fecha de terminación la comprobada por el órgano sancionador y, subsidiariamente y por este orden, la de licencia, permiso o autorizaciones de funcionamiento o servicio, o el certificado final de obra suscrito por técnico competente. Artículo 195. Responsables de la infracción. 1. Serán responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siguientes: a) En el caso de incumplimiento de las condiciones de un título administrativo, el titular de éste. b) En otros casos, el promotor de la actividad, el empresario que la ejecuta y el técnico director de la misma, así como cualquier otro sujeto que intervenga por acción u omisión en la comisión del hecho constitutivo de la infracción. c) En las infracciones derivadas del otorgamiento de títulos administrativos que resulten contrarios a lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y cuyo ejercicio ocasione daños graves al dominio público o a terceros, serán igualmente responsables: 1.º Los funcionarios o empleados de cualquier Administración pública que informen favorablemente el otorgamiento del correspondiente título, que serán sancionados por falta grave en vía disciplinaria, previo el correspondiente expediente. 2.º Las autoridades y los miembros de órganos colegiados de cualesquiera corporaciones o entidades públicas que resuelvan o voten a favor del otorgamiento del título, desoyendo informes preceptivos y unánimes en que se advierta expresamente de la ilegalidad, o cuando no se hubieran recabado dichos informes. La sanción será de multa por la cuantía que corresponda en cada caso por aplicación de los criterios de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento. La procedencia de indemnización por los daños y perjuicios que sufran los particulares en los supuestos contemplados en este apartado se determinará conforme a las normas que regulan con carácter general la responsabilidad de la Administración. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado (artículo 93.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. En el caso de existir más de un sujeto responsable de la infracción, las consecuencias derivadas de ésta se exigirán con carácter solidario (artículo 93.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Los títulos administrativos a que se refiere el apartado 1.c) anterior serán todos aquellos que amparen la actuación ilegal, cualquiera que sea su normativa reguladora y la Administración que los otorgue. CAPÍTULO II Sanciones Sección 1.ª Disposiciones generales Artículo 196. Sanción de las infracciones. 1. Toda acción u omisión que sea constitutiva de infracción será sancionada con la multa que proceda según los artículos 97 y 98 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento. 2. En el caso de que un mismo infractor cometa diversas acciones u omisiones susceptibles de ser consideradas como varias infracciones se impondrán tantas sanciones como infracciones se hubieran cometido. En el caso de que un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, se tomará en consideración únicamente aquella que comporte mayor sanción. En el caso de que unos hechos fueran constitutivos de una infracción calificable como medio o instrumento para asegurar la comisión de otros hechos, también constitutivos de infracción, de modo que estos deriven necesariamente de aquellos, se impondrá la sanción más grave de las dos en su mitad superior. No obstante, los titulares de concesiones otorgadas con arreglo a la Ley 22/1988, de 28 de julio, podrán ser siempre sancionados por las infracciones que en ella se establecen, con independencia de otras responsabilidades que, en su caso, sean exigibles. 3. Cuando, a juicio de la Administración, la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, el órgano administrativo dará traslado al Ministerio Fiscal, absteniéndose aquél de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa. 4. En caso de reincidencia en infracciones graves se podrá declarar la inhabilitación para ser titular de autorizaciones y concesiones por un plazo de uno a tres años (artículo 94 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 197. Obligación de restitución de las cosas y reposición a su estado anterior y de devolución del beneficio obtenido de forma ilícita. 1. Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, el infractor estará obligado a la restitución de las cosas y reposición a su estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente (artículo 95.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Esta obligación prescribirá a los quince años desde que la Administración acuerde su imposición, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de la imprescriptibilidad de los bienes de dominio público marítimo terrestre y de las servidumbres en los terrenos colindantes. 2. En todo caso, la restitución incluye la obligación de devolver a la Administración la totalidad del beneficio obtenido de forma ilícita. 3. Las obligaciones de restitución, reposición y devolución son exigibles cualquiera que sea el sujeto responsable de la infracción. Artículo 198. Caducidad del título administrativo. 1. Cuando la infracción derive del incumplimiento de las condiciones del título administrativo se declarará su caducidad, cuando sea procedente, conforme a lo previsto en los artículos 79 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 165 y 166 de este reglamento (artículo 95.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Asimismo se iniciarán los procedimientos de suspensión de los efectos y anulación de los actos administrativos en los que presuntamente pudiera ampararse la actuación ilegal (artículo 95.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 199. Notificación al Registro de la Propiedad de las resoluciones administrativas que ordenen la reposición o restitución. El Servicio Periférico de Costas notificará al Registro de la Propiedad las resoluciones administrativas que ordenen la reposición o restitución para que aquél tome la correspondiente nota marginal respecto a las construcciones o instalaciones afectadas que hayan podido ser objeto de inmatriculación. Cuando la resolución sea firme se procederá a la cancelación del asiento correspondiente. Artículo 200. Publicación de las sanciones. Las sanciones impuestas por infracciones graves, una vez firmes, se harán públicas en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma correspondiente con carácter trimestral y contendrán los siguientes datos: Importe de la sanción, nombre del infractor o infractores, tipificación de la infracción, localización del hecho sancionado y, en su caso, obligación de restitución e indemnización. Sección 2.ª Multas Artículo 201. Multas por infracciones graves. Para las infracciones graves, la sanción será: a) En los supuestos de los apartados a), f), h), i) y k) del artículo 90.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 191.2 de este reglamento: Multa de hasta 300.000 euros. Para el cálculo de la cuantía de la multa se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 1.º En el caso de alteración de hitos: 1.000 euros por hito afectado. 2.º En el caso de interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito: Entre 1.000 y 5.000 euros por cada día en que el acceso o el tránsito se encuentre interrumpido de acuerdo con los siguientes criterios: Naturaleza del dominio público marítimo-terrestre afectado; si se trata de un tramo natural o urbano de la playa; longitud y superficies afectadas; la existencia de otros accesos alternativos; y el tipo o naturaleza de la interrupción. Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente. 3.º En el caso de acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las personas, la cuantía mínima será de 3.000 euros. Para calcular la sanción se tendrán en cuenta los siguientes criterios: La magnitud del riesgo producido, la cuantía de los daños ocasionados y el grado de intencionalidad apreciable en el infractor En el caso de incumplimiento de las normas de balizamiento marítimo: 300 euros diarios. Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente. En el supuesto de vertidos no autorizados de aguas residuales, el coste del tratamiento de vertido que hubiera sido impuesto, en su caso, para otorgar la autorización. 4.º En el supuesto de la utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para usos no permitidos por la legislación de Costas no contemplados en otros apartados, el beneficio estimado que obtenga el infractor y cuando éste no sea cuantificable, el valor de los daños y perjuicios causados al dominio público, estableciéndose un mínimo de 150 euros. En el caso de acampada: 40 euros por metro cuadrado ocupado y día, siendo esta la sanción mínima. En el caso de la acampada las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente. En el caso de estacionamiento o circulación no autorizada de vehículos: Entre 50 y 150 euros, en función de los riesgos o daños causados a personas, bienes o derechos y del lugar de la comisión de la infracción. Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente. 5.º En el supuesto de acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el dominio público o supongan grave obstáculo del ejercicio de las funciones de la Administración no contemplados en otros apartados, la cuantía de la multa se graduará en función de la gravedad de la acción u omisión, con un mínimo de 600 euros. Para su cálculo se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 100.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. b) En el supuesto de la ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la conducta abusiva, multa equivalente a 120 euros por metro cuadrado y día. Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente. c) En los supuestos de los apartados c), g) y j) del artículo 90.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento: Multa del 50 por ciento del valor de las obras e instalaciones cuando estén en dominio público o en la zona de servidumbre de tránsito o de acceso al mar, y del 25 por ciento en el resto de la zona de servidumbre de protección, con un mínimo de 300 euros. d) En el supuesto de la extracción no autorizada de áridos, multa equivalente a 20 euros por metro cúbico, siendo ésta la sanción mínima. e) En el supuesto del incumplimiento de las limitaciones a la propiedad sobre los áridos establecidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio: 10 por ciento del valor de la transmisión. f) En el supuesto de la reincidencia por comisión, en el término de dos años, de más de una infracción de carácter leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme, la multa se obtendrá de la suma de las establecidas para cada una de las infracciones leves, considerando únicamente, en su caso, la reducción de la cuantía hasta la mitad, para la primera de ellas, el haber procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento. g) En los supuestos de publicidad prohibida, por no estar excepcionada en los artículos 46 y 81 de este reglamento: Multa de 250 euros, cuando la publicidad se realice por medios audiovisuales, y de 100 euros por metro cuadrado, cuando sea a través de vallas o carteles. h) En los supuestos de falseamiento de la información suministrada a la Administración: 300 euros, incrementada en el beneficio obtenido por el infractor (artículo 97.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 202. Multa para las infracciones leves. 1. Para las infracciones leves la sanción será de multa, en la cuantía que se determine reglamentariamente para cada tipo de infracción, aplicando los criterios del artículo anterior, de modo que aquélla no sea superior a la mitad de la que resultaría con arreglo a dichos criterios ni, en todo caso, a 60.000 euros (artículo 97.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. En los casos siguientes la sanción será: a) En los supuestos del anuncio de actividades a realizar en el dominio público y sus zonas de servidumbre sin el debido título administrativo o en pugna con sus condiciones, con un mínimo de 50 euros, se calculará con arreglo a los siguientes criterios: El 25 por ciento del coste del anuncio, cuando se trate de actividades sin el debido título administrativo y, cuando sea en contra de las condiciones establecidas en dicho título, la que se prevea en las cláusulas concesionales. b) En los supuestos de la obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la Administración, la multa mínima, por obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la Administración, será de 300 euros, incrementada en el beneficio obtenido por el infractor. c) En los supuestos de daños al dominio público marítimo-terrestre no constitutivos de infracción grave, la multa será equivalente al valor del daño causado. En caso de ocupación o utilización sin título, no constitutiva de infracción grave: Multa de 20 euros por metro cuadrado y día. Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente. d) En los supuestos de cultivos, plantaciones o talas: Multa de 120 euros por metro cuadrado. e) En los supuestos de incumplimiento de las condiciones del título: Multa de 200 euros por cada incumplimiento. f) Para el incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbre, que no constituya infracción grave de acuerdo con lo establecido en el artículo 90.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 191 de este reglamento: Multa de 150 euros por incumplimiento. En el supuesto de que se trate de obras o instalaciones en zonas de servidumbre no constitutivos de infracción grave, la cuantía de la sanción se determinará aplicando los criterios establecidos en los artículos 97.1 c) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 201 c) de este reglamento, de modo que no sea superior a la mitad de la que resultaría con arreglo a los mismos. g) En los supuestos de publicidad realizada sin el debido título administrativo o con incumplimiento de las condiciones establecidas en dicho título, de acuerdo con los supuestos recogidos en los artículos 46 y 81 de este reglamento: Multa de 100 euros, cuando la publicidad se realice por medios audiovisuales, y de 50 euros por metro cuadrado, cuando sea a través de vallas o carteles. Artículo 203. Obligación de entregar a la Administración la totalidad del beneficio obtenido. La imposición de la multa, cualquiera que sea su cuantía, no excluirá la obligación de entregar a la Administración la totalidad del beneficio obtenido. Artículo 204. Consideración de circunstancia atenuante. 1. Se considerará como circunstancia atenuante, pudiendo reducirse la cuantía de la multa hasta la mitad, el haber procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción, en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento (artículo 97.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. El requerimiento al interesado se efectuará en la propia notificación de la incoación del expediente sancionador. Artículo 205. Multa a empresas suministradoras de servicios por incumplimiento de obligaciones 1. El incumplimiento por parte de las empresas suministradoras de servicios de las obligaciones establecidas en los artículos 39 y 103 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 82 y 211 de este reglamento, dará lugar a que la Administración competente imponga una multa del tanto al quíntuplo del importe de la acometida, sin perjuicio de otras sanciones que resultasen procedentes (artículo 98 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Para su fijación se tendrá en cuenta el número de requerimientos anteriores desatendidos, el tiempo transcurrido en materializar la interrupción del suministro y los perjuicios causados por la demora. 3. Se entenderá por Administración competente la facultada para sancionar la infracción principal que motiva la interrupción del suministro. Artículo 206. Competencia para la imposición de las multas. 1. La imposición de las multas corresponderá a la Administración competente por razón de la materia. Cuando lo sea la Administración General del Estado, estarán facultados, con arreglo a los límites que se fijan a continuación, los siguientes órganos: a) Jefe del Servicio Periférico: Hasta 60.000 euros. b) Director General: Hasta 300.000 euros. c) Ministro: Hasta 1.200.000 euros. d) Consejo de Ministros: Más de 1.200.000 euros. 2. Las comunidades autónomas podrán imponer multas de hasta 1.200.000 de euros en el ámbito de su competencia de ejecución de la legislación estatal en materia de vertidos industriales y contaminantes. 3. Los Alcaldes, en materia de competencia municipal según la Ley 22/1988, de 28 de julio, podrán imponer multas de hasta 12.000 euros (artículo 99 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Sección 3.ª Restitución y reposición e indemnización Artículo 207. Indemnización por daños y perjuicios al dominio público marítimo-terrestre. 1. Cuando la restitución y reposición a que se refiere el artículo 95.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 197 de este reglamento no fueran posibles y, en todo caso, cuando subsistan daños irreparables y perjuicios, los responsables de la infracción deberán abonar las indemnizaciones que procedan, fijadas ejecutoriamente por la Administración. 2. Cuando los daños fueren de difícil evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) Coste teórico de la restitución y reposición. b) Valor de los bienes dañados. c) Coste del proyecto o actividad causante del daño. d) Beneficio obtenido con la actividad infractora. 3. Cuando el beneficio sea superior a la indemnización se tomará para ésta, como mínimo, la cuantía de aquél (artículo 100 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 4. La valoración de los daños se realizará por el órgano sancionador. Para su cuantificación, en el caso de tener que aplicar las previsiones del apartado 2, se optará por el mayor valor entre los que resulten de aplicar los criterios establecidos en el mismo. Sección 4.ª Abono de las multas e indemnizaciones Artículo 208. Abono de las cantidades procedentes de multas. 1. El abono de cantidades procedentes de multas, devolución de beneficios obtenidos con la actividad infractora e indemnizaciones impuestas por la Administración General del Estado, derivadas de las responsabilidades exigibles en virtud de la aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento, se efectuará en el Tesoro Público, debiendo presentarse los justificantes de su pago en el organismo sancionador. 2. El ingreso se hará en el plazo que se fije en la resolución correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Recaudación. 3. Los ingresos que se produzcan por los conceptos establecidos en el apartado primero de este artículo generarán automáticamente un incremento en el crédito del capítulo presupuestario de inversiones en la costa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. CAPÍTULO III Procedimiento y medios de ejecución Sección 1.ª Procedimiento Artículo 209. Procedimiento sancionador. 1. El procedimiento para sancionar las infracciones previstas en el presente reglamento será el regulado por el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes. 2. Los funcionarios y autoridades correspondientes estarán obligados a formular las denuncias, tramitar las que se presenten y resolver las de su competencia, imponiendo las sanciones procedentes (artículo 101.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. A los efectos indicados, los funcionarios y agentes de la Administración estarán facultados para acceder a los terrenos de propiedad privada en que hubieren de realizarse las comprobaciones y actuaciones correspondientes (artículo 101.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 4. Cuando los particulares o las administraciones públicas formulen una denuncia deberán fundamentar suficientemente los hechos denunciados para que pueda tramitarse la misma. En este caso, se les comunicará la iniciación del expediente sancionador, si éste procede. Artículo 210. Incoación del expediente sancionador. Advertida la existencia de una posible infracción, el órgano competente, previas las diligencias oportunas, incoará al presunto infractor expediente sancionador y le notificará el pliego de cargos para que aquél formule las alegaciones que estime oportunas, comunicándole seguidamente la resolución (artículo 102, párrafo 1.º, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 211. Tramitación del procedimiento sancionador, paralización de obras ilegales y suspensión de explotaciones. 1. Cuando se trate de obras ilegales en curso de ejecución, el órgano competente ordenará su paralización en el momento de la incoación del expediente sancionador. Cuando se trate de instalaciones en explotación, dispondrá la suspensión del uso o actividades indebidos, una vez desestimadas, en su caso, las alegaciones pertinentes. En ambos casos se podrá proceder al precinto de las obras o instalaciones. 2. Las empresas de servicios a que se refieren los artículos 39 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 82 de este reglamento suspenderán el suministro a requerimiento de la Administración (artículo 103 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. En caso de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la incoación del expediente corresponderá al Jefe del Servicio Periférico de Costas, por iniciativa propia, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. 4. No constituirá impedimento para incoar expediente sancionador la presentación de licencias, permisos u otras autorizaciones otorgadas al amparo de otras disposiciones legales, así como tampoco el que se solicite o se encuentre en tramitación un título administrativo exigible de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento. 5. Acordada la incoación del expediente, el órgano competente nombrará Instructor y Secretario. En su caso, ordenará la paralización de las obras ilegales advirtiendo que, en otro caso, se adoptarán las medidas previstas en los artículos 104 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 212 de este reglamento e indicará la posibilidad de considerar la circunstancia atenuante prevista en los artículos 97.3 y 204.1, respectivamente, de los citados ley y reglamento, fijando el plazo correspondiente. Dichos extremos serán notificados a los presuntos responsables. 6. El Instructor, cuando lo estime necesario para el esclarecimiento de los hechos, practicará las diligencias y pruebas convenientes y solicitará los informes que resulten imprescindibles. 7. El Instructor formulará el pliego de cargos que contendrá una exposición de los hechos imputados, los preceptos supuestamente infringidos, los daños causados y las sanciones que proceden, así como el resultado de las pruebas, en el caso de que se hubiesen practicado. Cuando no se lleven a cabo las actuaciones previstas en el número anterior, el pliego de cargos se notificará conjuntamente con la incoación del expediente sancionador. 8. El presunto infractor dispondrá de un plazo de quince días para formular las alegaciones al pliego de cargos y proponer, en su caso, la práctica de nuevas pruebas que sean pertinentes para la determinación de los hechos. Será de aplicación en materia de prueba lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 9. Cuando se trate de instalaciones ilegales en explotación y las alegaciones formuladas al pliego de cargos sean desestimadas, el Instructor, sin perjuicio de continuar el expediente, comunicará las actuaciones al órgano que acordó incoar el expediente sancionador, con el fin de que disponga la suspensión del uso o actividad indebidos e indique el recurso que proceda, sin perjuicio de la inmediata ejecutividad de la suspensión. 10. Una vez contestado el pliego de cargos, o transcurrido el plazo para ello, el Instructor del expediente formulará propuesta de resolución, que remitirá al órgano que ordenó la iniciación del mismo, para su resolución o elevación al órgano competente, previa audiencia del interesado por un plazo de quince días. 11. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento. 12. El órgano competente dictará resolución que será motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento. 13. La incoación del procedimiento podrá ser considerada propuesta de resolución, conforme a lo previsto en los artículos 18 y 19 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, cuando no se formulen alegaciones dentro del plazo concedido al efecto. El acuerdo de incoación se podrá tomar como propuesta de resolución, cuando el presunto infractor no haya presentado alegaciones al acuerdo de incoación. 14. La resolución fijará, en su caso, los plazos para hacer efectivas las sanciones, así como, cuando proceda, las condiciones y plazos para la restitución de las cosas y reposición a su anterior estado o, de ser ello imposible, la indemnización por daños irreparables y perjuicios causados. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de instrucción del procedimiento, salvo los que resulten, en su caso, de la aplicación de lo previsto en el apartado 11 de este artículo, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes, concediéndosele un plazo de quince días. 15. En el caso de que la determinación de las indemnizaciones procedentes no se hubiesen fijado en la resolución del expediente sancionador, se tramitará en expediente independiente, con audiencia al infractor, en el que únicamente podrá cuestionarse la cuantía de los daños. 16. Si en la fase de alegaciones a que se refiere el apartado 8, se acreditara que está pendiente de resolución una solicitud de un título administrativo exigible de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento, se proseguirán todas las actuaciones señaladas con anterioridad, finalizándose el expediente, en su caso, con la imposición de la multa pertinente. El resto de las medidas sobre restitución, reposición e indemnización quedarán pospuestas a la resolución del expediente sobre la mencionada solicitud. En el caso de que la resolución fuese denegatoria, la misma deberá incluir las medidas correspondientes. 17. La suspensión del suministro a que se refiere el apartado 2 se realizará a requerimiento de la Administración que instruya el expediente sancionador. 18. Cuando la Administración General del Estado sea competente por razón de la materia para la imposición de la sanción, el plazo máximo para resolver será de doce meses. De no recaer resolución en los plazos establecidos procederá la declaración de caducidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 19. Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán inmediatamente ejecutivas y contra las mismas podrán interponerse los recursos administrativos que procedan de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en los términos dispuestos por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. En la Administración General del Estado ponen fin a la vía administrativa las resoluciones adoptadas por el Ministro y el Consejo de Ministros. Artículo 212. Colaboración de la fuerza pública. Incumplimiento de la orden de paralización. 1. Para la efectividad de la paralización, prohibición o suspensión previstas en el artículo anterior, así como para la recuperación de oficio del dominio público a que se refieren los artículos 10.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 14.2 de este reglamento, el órgano competente interesará, cuando sea necesario, la colaboración de la fuerza pública. 2. Cuando el interesado hubiese incumplido la orden de paralización, se procederá al precinto o la retirada de los materiales preparados para ser utilizados en las obras y la maquinaria afecta a las mismas. En este último caso el interesado podrá recuperar los materiales retirados, previo abono de los gastos de transporte y custodia (artículo 104 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 213. Ejecución subsidiaria por la Administración de la corrección de deficiencias en el tratamiento en los supuestos de tratamiento y depuración de vertidos. Cuando no fuera procedente la paralización o suspensión de una instalación de tratamiento y depuración de vertidos y se derivasen graves inconvenientes del incumplimiento de las condiciones estipuladas, la Administración, previo requerimiento al titular para que corrija las deficiencias en el plazo que se le indique, y en caso de que no las corrigiese, procederá a su ejecución subsidiaria a costa de aquél (artículo 105 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 214. Obligaciones laborales durante la paralización, prohibición o suspensión de la actividad afectada. Durante el tiempo de paralización, prohibición o suspensión, la Administración no asumirá ningún tipo de obligación laboral del titular de la actividad afectada, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de prevención de riesgos laborales o en la normativa que, en su caso, se dicte al respecto (artículo 106 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Sección 2.ª Ejecución forzosa Artículo 215. Ejecución forzosa. 1. Tanto el importe de las multas como el de las responsabilidades administrativas podrán ser exigidos por la vía administrativa de apremio. 2. En el caso de que se acuerde la suspensión de la ejecución de la multa o de la reparación, el interesado estará obligado a garantizar su importe para que la suspensión sea efectiva (artículo 107.1 y 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. En el supuesto de competencia de la Administración General del Estado, la garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos, a disposición del órgano sancionador, mediante fianza o aval, por la cuantía de la multa y demás obligaciones. Artículo 216. Multas coercitivas. Los órganos sancionadores podrán imponer multas coercitivas cuando transcurran los plazos señalados en el requerimiento correspondiente, conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La cuantía de cada una de ellas no superará el 20 por ciento de la multa fijada para la infracción cometida (artículo 107.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 217. Ejecución subsidiaria por cuenta del infractor. Asimismo, podrá procederse a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa (artículo 107.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 218. Desahucio administrativo. 1. El desahucio administrativo de quienes ocupen de forma indebida y sin título bastante bienes del dominio público marítimo-terrestre se decretará por el órgano competente, previo requerimiento al usurpador para que cese en su actuación, con un plazo de ocho días para que pueda presentar alegaciones, y en caso de resistencia activa o pasiva a dicho requerimiento. Los gastos que se causen serán a cuenta de los desahuciados (artículo 108 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. El órgano competente para sancionar acordará el desahucio. Cuando pertenezca a la Administración General del Estado, solicitará del Delegado o Subdelegado del Gobierno la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando sea necesario. Sección 3.ª Acción pública Artículo 219. Acción pública. 1. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales la observancia de lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y aplicación. 2. La Administración, comprobada la existencia de la infracción y siempre que el hecho denunciado no sea materia de un expediente sancionador ya finalizado o en trámite, abonará a los particulares denunciantes los gastos justificados en que hubieran incurrido (artículo 109 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Para que pueda darse la tramitación oportuna a la acción pública ejercida por los particulares, éstos deberán fundamentar suficientemente los hechos que supongan infracción de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de este reglamento o de otras disposiciones que se dicten para su desarrollo. Si la Administración considera que no existen pruebas suficientes, se archivará el expediente sin más trámite, excepto cuando los hechos manifestados por el interesado se imputen al mismo órgano en el que se presentan, que en este caso lo elevará al inmediato superior. TÍTULO VI Competencias administrativas CAPÍTULO I Competencias de la Administración General del Estado Artículo 220. Competencias de la Administración General del Estado. 1. Corresponde a la Administración General del Estado, en los términos establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio: a) El deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, así como su afectación y desafectación, y la adquisición y expropiación de terrenos para su incorporación a dicho dominio. b) La gestión del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo el otorgamiento de adscripciones, concesiones y autorizaciones para su ocupación y aprovechamiento, la declaración de zonas de reserva, las autorizaciones en las zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, así como las de instalaciones marítimas menores, tales como embarcaderos, pantalanes, varaderos y otras análogas que no formen parte de un puerto o estén adscritas al mismo. c) La tutela y policía del dominio público marítimo-terrestre y de sus servidumbres, así como la vigilancia del cumplimiento de las condiciones con arreglo a las cuales hayan sido otorgadas las concesiones y autorizaciones correspondientes. Cuando esta competencia se desarrolle en zona de servidumbre de protección, su ejercicio por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se dirigirá a la persecución de las conductas infractoras que atenten contra la integridad del dominio público o el mantenimiento de las servidumbres de tránsito y acceso al mar, sin perjuicio de las competencias que las comunidades autónomas ostenten por razón de la materia, tanto en el dominio público como en las zonas de servidumbre. d) El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de los yacimientos de áridos y, en su caso, la expropiación de los mismos. e) La realización de mediciones y aforos, estudios de hidráulica marítima e información sobre el clima marítimo. f) La aprobación de las normas elaboradas conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 42 de este reglamento. g) Las obras y actuaciones de interés general o las que afecten a más de una comunidad autónoma. h) La elaboración y aprobación de las disposiciones sobre vertidos, seguridad humana en lugares de baño y salvamento marítimo. i) La iluminación de costas y señales marítimas. j) La prestación de toda clase de servicios técnicos relacionados con el ejercicio de las competencias anteriores y el asesoramiento a las comunidades autónomas, corporaciones locales y demás entidades públicas o privadas y a los particulares que lo soliciten. k) La ejecución de los acuerdos y convenios internacionales en las materias de su competencia. l) La implantación de un Banco de Datos Oceanográficos que sirva para definir las condiciones de clima marítimo en la costa española, para lo cual las distintas Administraciones públicas deberán suministrar la información que se les recabe. 2. El contenido del Banco de Datos Oceanográficos se desarrollará por el Ministerio de Fomento, a través del Organismo Público Puertos del Estado, quien publicará los datos obtenidos a través de su portal de internet. 3. El ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado relacionadas en el apartado 1 corresponde al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, salvo las atribuidas en este reglamento a los titulares de otros Departamentos Ministeriales de acuerdo con el artículo 223 de este reglamento. Artículo 221. Calificación de obras de interés general. 1. Tendrán la calificación de obras de interés general y serán competencia de la Administración General del Estado: a) Las que sean necesarias para la protección, defensa y conservación del dominio público marítimo-terrestre, así como su uso, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que lo integren. b) Las de creación, regeneración y recuperación de playas, incluyendo los trabajos de dragado, en su caso, necesarios. c) Las de acceso público al mar no previstas en el planeamiento urbanístico. d) Las emplazadas en el mar y aguas interiores, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, en su caso. e) Las de iluminación de costas y señales marítimas (artículo 111.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). El ejercicio de esta competencia corresponde al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, salvo las relativas a las obras de puertos de interés general y de iluminación y señalización marítima, que corresponden al Ministro Ministerio de Fomento. 2. La ejecución de estas obras públicas de interés general no estará sometida a licencia o cualquier otro acto de control por parte de las Administraciones locales. 3. Su ejecución no podrá ser suspendida por otras Administraciones públicas, sin perjuicio de la interposición de los recursos que procedan. 4. Para la ejecución de dichas obras de interés general se solicitará informe a la comunidad autónoma y Ayuntamiento en cuyos ámbitos territoriales incidan para que, en el plazo de un mes, notifiquen la conformidad o disconformidad de la obra con instrumentos de planificación del territorio, cualquiera que sea su denominación y ámbito, que afecten al litoral y con el planeamiento urbanístico en vigor. En el caso de no emitirse, dichos informes se considerarán favorables. En caso de disconformidad, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente elevará el expediente al Consejo de Ministros, que decidirá si procede ejecutar el proyecto y, en este caso, ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del planeamiento, conforme a la tramitación establecida en la legislación correspondiente. En el supuesto de que no existan los instrumentos antes citados o la obra de interés general no esté prevista en los mismos, el proyecto se remitirá a la comunidad autónoma y Ayuntamiento afectados para que redacten o revisen el planeamiento con el fin de acomodarlo a las determinaciones del proyecto, en el plazo máximo de seis meses desde su aprobación. Transcurrido el plazo sin que la adaptación del planeamiento se hubiera efectuado, se considerará que no existe obstáculo alguno para que pueda ejecutarse la obra (artículo 111.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 5. Cuando las obras de interés general a las que se refiere el apartado 1 afecten a los recursos marinos vivos, la Secretaría General de Pesca informará preceptivamente en el plazo de un mes. Cuando afecten a la vigilancia de los espacios marítimos o a buques naufragados informará preceptivamente el Ministerio de Defensa en el plazo de un mes. Artículo 222. Supuestos de informe preceptivo y vinculante de la Administración General del Estado. 1. Corresponde también a la Administración General del Estado emitir informe en los siguientes supuestos: a) Planes y normas de ordenación territorial o urbanística y su modificación o revisión, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de este reglamento y de las normas que se dicten para su desarrollo y aplicación. Se entienden incluidos todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, sea cual sea su denominación, incluyendo los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano y los Estudios de Detalle u otros de similar contenido, que incidan sobre el dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre. b) Planes y autorizaciones de vertidos al mar desde tierra, a efectos del cumplimiento de la legislación estatal y de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. c) Proyectos de construcción de nuevos puertos y vías de transporte de competencia de las comunidades autónomas, ampliación de los existentes o de su zona de servicio y modificación de su configuración exterior, conforme a lo previsto en el artículo 49 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento. d) Declaraciones de zonas de interés para cultivos marinos, concesiones y autorizaciones, de acuerdo con la legislación específica. 2. Los informes indicados en el apartado 1, que se limitarán a los aspectos relacionados con la gestión y protección del dominio público marítimo-terrestre basados en el ejercicio de competencias propias, serán emitidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la forma y plazo establecidos en los artículos correspondientes de este reglamento. En el caso de que se solicite documentación o información complementaria, se interrumpirá el cómputo de dichos plazos. Cuando el informe se refiera al supuesto contemplado en la letra d) del apartado anterior, se incorporará lo indicado por la Secretaría General de Pesca en el ámbito de sus competencias. 3. El informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente será vinculante en los siguientes aspectos: a) En los supuestos de las letras a) y d) del apartado 1, cuando el informe proponga objeciones basadas en el ejercicio de facultades propias, bien derivadas de la titularidad demanial, como son las orientadas por la necesidad de asegurar la protección de la integridad del dominio público y su libre utilización, o bien derivadas de otras competencias sectoriales de la Administración General del Estado. b) En los supuestos de la letra b) del apartado 1, cuando el informe contenga objeciones determinadas por la necesidad de preservar la integridad física de los bienes de dominio público afectados. c) En los supuestos de la letra c) del apartado 1, cuando el contenido del informe se refiera a los aspectos a que se refiere el artículo 106.1 de este reglamento. 4. En el caso de las concesiones y autorizaciones a que se refieren las letras b) y d) del apartado 1, cuando no se den los supuestos previstos en el artículo 131 de este reglamento, el informe favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente supondrá el otorgamiento de la autorización necesaria para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Artículo 223. Ejercicio de las competencias por la Administración General del Estado. 1. Las competencias que la Ley 22/1988, de 28 de julio, y el presente reglamento atribuyen a la Administración General del Estado serán ejercidas por los titulares de los Departamentos ministeriales correspondientes a través de la estructura administrativa que se determine en sus disposiciones orgánicas respectivas (artículo 113 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Las funciones de la Administración General del Estado en el mar territorial, aguas interiores, zona económica y plataforma continental en materia de defensa, pesca y cultivos marinos, salvamento, lucha contra la contaminación, seguridad de la vida humana en el mar, extracciones de restos, protección del patrimonio arqueológico español, investigación y explotación de recursos u otras no reguladas en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento, se ejercerán en la forma y por los Departamentos u organismos que las tengan encomendadas. 3. Lo dispuesto en el presente reglamento se entiende sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero. Corresponde al Ministerio de Defensa la autorización de usos y actividades en los terrenos de dominio público marítimo-terrestre afectos a la Defensa Nacional, a través del citado Departamento. El Ministerio de Defensa ejercerá, asimismo, la vigilancia de los espacios marítimos en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, y cuantas otras competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre le atribuya la legislación vigente. 4. Corresponde al Ministerio de Fomento el ejercicio de las funciones relativas a puertos de interés general, iluminación de costas y señales marítimas, navegación, lucha contra la contaminación y la seguridad humana y salvamento en el mar, así como las previstas en la disposición adicional octava de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y las de ejecución de los acuerdos y convenios internacionales en estas materias. La utilización del dominio público marítimo-terrestre para la explotación de los servicios de telecomunicaciones se regirá por su legislación específica, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento. 5. El servicio público de salvamento de la vida humana en el mar y de la lucha contra la contaminación del medio marino se prestará por la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Fomento, así como por las restantes Administraciones competentes, de acuerdo con el principio de coordinación, que se instrumentará a través de los planes y programas correspondientes. CAPÍTULO II Competencias de las Comunidades Autónomas Artículo 224. Competencias de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas ejercerán las competencias que, en las materias de ordenación territorial y del litoral, puertos, urbanismo, vertidos al mar y demás relacionadas con el ámbito de la Ley 22/1988, de 28 de julio, tengan atribuidas en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía (artículo 114 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). CAPÍTULO III Competencias Municipales Artículo 225. Competencias municipales. Las competencias municipales, en los términos previstos por la legislación que dicten las comunidades autónomas, podrán abarcar los siguientes extremos: a) Informar los deslindes del dominio público marítimo-terrestre. b) Informar las solicitudes de reservas, adscripciones, autorizaciones y concesiones para la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre. c) Explotar, en su caso, los servicios de temporada que puedan establecerse en las playas por cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta previstas en la legislación de régimen local. d) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración General del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas (artículo 115 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). CAPÍTULO IV Relaciones interadministrativas Artículo 226. Deberes de información mutua, coordinación y respeto entre las Administraciones públicas. 1. Las Administraciones públicas cuyas competencias incidan sobre el ámbito espacial contemplado en la Ley 22/1988, de 28 de julio, ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a aquéllas (artículo 116 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. A estos efectos, el otorgamiento de toda clase de títulos administrativos por la Administración General del Estado, comunidades autónomas y Ayuntamientos sobre el dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre se notificará por la Administración otorgante a las otras Administraciones. 3. La notificación deberá hacerse en el plazo de diez días. Cuando sea de un Ayuntamiento y corresponda recibirla al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se realizará a través del Servicio Periférico de Costas. Artículo 227. Tramitación del planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral. 1. En la tramitación de todo planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral, el órgano competente, para su aprobación inicial, deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del proyecto correspondiente a la Administración General del Estado para que ésta emita, en el plazo de un mes, informe comprensivo de las sugerencias y observaciones que estime convenientes. 2. Concluida la tramitación del plan o normas de que se trate, e inmediatamente antes de la aprobación definitiva, la Administración competente dará traslado a la Administración General del Estado del contenido de aquél para que en el plazo de dos meses se pronuncie sobre el mismo. En caso de que el informe no sea favorable en aspectos de su competencia, se abrirá un período de consultas, a fin de llegar a un acuerdo. Si, como resultado de este acuerdo, se modificara sustancialmente el contenido del plan o normas, deberá someterse nuevamente a información pública y audiencia de los organismos que hubieran intervenido preceptivamente en la elaboración (artículo 117.1 y 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. El cumplimiento de los trámites a que se refiere el apartado anterior interrumpirá el cómputo de los plazos que, para la aprobación de cualquier instrumento de ordenación territorial o urbanística, se establecen en la legislación urbanística. 4. Los informes a que se refieren los apartados 1 y 2 se tramitarán en la forma siguiente: a) La documentación deberá remitirse, en todo caso, al Servicio Periférico de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, precisando la fase del procedimiento en la que se encuentra el expediente. Se enviará un ejemplar completo del instrumento de ordenación territorial y urbanística objeto del informe, debidamente diligenciado. En los planos correspondientes deberán estar representadas las líneas de ribera del mar, de deslinde del dominio público marítimo-terrestre, de servidumbre de protección, de servidumbre de tránsito, de zona de influencia y de servidumbre de acceso al mar, definidas conforme lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio. En caso de que se incumplan las condiciones anteriores, el órgano que emita el informe lo comunicará al remitente, no iniciándose el cómputo del plazo para su emisión hasta que la documentación se remita en forma. b) El Servicio Periférico de Costas emitirá el informe cuando se trate de Estudios de Detalle, Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano u otros instrumentos de similar contenido. c) En los demás casos, el Servicio Periférico de Costas elevará el expediente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que éste emita el preceptivo informe. CAPÍTULO V Impugnación de actos y acuerdos Artículo 228. Impugnación de actos y acuerdos que infrinjan la Ley 22/1988, de 28 de julio, su reglamento y demás normas aprobadas conforme a la misma. 1. Se declaran contrarios al interés general los actos y acuerdos que infrinjan la Ley 22/1988, de 28 de julio, este reglamento o las normas aprobadas conforme a la misma, y podrán ser impugnados directamente por la Administración General del Estado, autonómica o local, ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, con petición expresa de suspensión. El Tribunal se pronunciará sobre dicha suspensión en el primer trámite siguiente a la petición de la misma. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, y de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Delegado del Gobierno, a instancia del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, podrá suspender los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección que supongan una infracción manifiesta de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 22/1988, de 28 de julio (artículo 119 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Disposición adicional primera. Desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Se declaran de utilidad pública, a efectos de expropiación, los terrenos de propiedad particular a que se refiere la disposición transitoria segunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio, así como los incluidos en la zona de servidumbre de protección que se estimen necesarios para la defensa y el uso del dominio público marítimo-terrestre. 2. El justiprecio de las expropiaciones que se realicen al amparo de lo previsto en el apartado anterior se determinará exclusivamente por aplicación de los criterios de valoración establecidos en la legislación de suelo estatal. 3. La Administración General del Estado tendrá derecho de tanteo y retracto en las transmisiones onerosas ínter vivos de los bienes mencionados en el apartado 1, a cuyo efecto deberá ser notificada por escrito. El derecho de tanteo podrá ejercerse en el plazo de tres meses y el de retracto en el de un año, ambos a contar desde la correspondiente notificación, que comprenderá las condiciones esenciales de la transmisión (disposición adicional tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 4. Para el ejercicio del derecho de tanteo establecido en el apartado anterior, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente hará público en el Boletín Oficial de la provincia e igualmente notificará al Registro de la Propiedad las áreas en que los propietarios de terrenos deberán notificar al Servicio Periférico de Costas su propósito de enajenarlos, notificación que deberá incluir el precio y forma de pago previstos. El Servicio elevará al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente propuesta motivada, debiendo adoptarse la resolución que proceda en el plazo señalado. 5. A estos efectos, el Registrador de la Propiedad tras presentar el título y el transmitente deberán notificar al Servicio Periférico de Costas las condiciones en que se haya realizado la enajenación y el nombre del adquirente. El Servicio elevará al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente propuesta motivada para su resolución. Disposición adicional segunda. Desarrollo del apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Son urbanizaciones marítimo-terrestres los núcleos residenciales en tierra firme dotados de un sistema viario navegable, construido a partir de la inundación artificial de terrenos privados (disposición adicional décima, 1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. El sistema viario deberá estar constituido por un canal principal y una serie de al menos seis canales secundarios. A estos efectos, se considerará canal cuando dé acceso a estacionamientos náuticos individuales o colectivos de la misma urbanización. 3. Las urbanizaciones marítimo-terrestres deberán contar con un instrumento de ordenación territorial o urbanística que se ajuste a las prescripciones que, en materia de dominio público marítimo-terrestre, se establecen en esta disposición y en sus normas de desarrollo (disposición adicional décima, 2, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 4. La realización de las obras para construir los canales navegables de la urbanización marítimo-terrestre que dan lugar a la invasión por el mar o por las aguas de los ríos, hasta donde se haga sensible el efecto de las mareas, de terrenos que antes de dichas obras no sean de dominio público marítimo-terrestre, ni estén afectados por la servidumbre de protección, producirán los siguientes efectos: a) El terreno inundado se incorporará al dominio público marítimo-terrestre. No obstante, no se incluirán en el dominio público marítimo-terrestre los terrenos de propiedad privada colindantes a la vivienda y retranqueados respecto del canal navegable que se destinen a estacionamiento náutico individual y privado. Tampoco se incorporarán al dominio público marítimo-terrestre los terrenos de titularidad privada colindantes con el canal navegable e inundados como consecuencia de excavaciones, que se destinen a estacionamiento náutico colectivo y privado. b) La servidumbre de protección preexistente con anterioridad a las obras mantendrá su vigencia. No se generará una nueva servidumbre de protección ni de tránsito, en torno a los espacios inundados. c) El instrumento de ordenación territorial o urbanística deberá garantizar a través de viales el tránsito y acceso a los canales en la forma que se establece en el apartado siguiente (disposición adicional décima, 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 5. El instrumento de ordenación territorial o urbanística deberá garantizar la existencia de: a) Acceso público a los canales al menos cada 100 metros, con una anchura mínima de 3 metros. b) Tránsito peatonal y rodado, paralelo al canal, en una anchura no inferior a 3 metros colindantes con la lámina de agua. 6. Los propietarios de las viviendas contiguas a los canales navegables tendrán un derecho de uso de los amarres situados frente a las viviendas. Este derecho está vinculado a la propiedad de la vivienda y solo será transmisible junto a ella (disposición adicional décima, 4, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 7. Las obras para la construcción de los canales navegables y los estacionamientos náuticos a los que se refiere el apartado 3 a), precisarán del correspondiente título administrativo para su realización y en ningún caso afectarán a tramos de costa que constituyan playa o espacios protegidos, de acuerdo con lo que se establece en este reglamento (disposición adicional décima, 5, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 8. A los proyectos de urbanizaciones marítimo-terrestres les será íntegramente de aplicación lo establecido en los artículos 85 y siguientes de este reglamento. 9. En las urbanizaciones marítimo-terrestres existentes a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) A efectos de aplicación de lo establecido para los estacionamientos náuticos individuales o colectivos y privados en la letra a) del apartado 4, el propietario colindante deberá acreditar la existencia de título de propiedad, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio. b) Se presumirá la existencia del título administrativo necesario según la legislación de puertos y costas, a los efectos previstos en la letra a) del apartado 4, salvo prueba en contrario, para las construcciones existentes a la entrada en vigor de este Reglamento. c) Las distancias establecidas en el apartado 5 para el acceso público y el tránsito podrán variarse en aquellos casos en que la exigencia de estas distancias supusiera una división de las fincas urbanas edificadas. Disposición adicional tercera. Desarrollo de la disposición adicional undécima de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Los bienes inmuebles declarados de interés cultural situados en dominio público marítimo-terrestre quedarán sujetos al régimen concesional previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, a cuyo efecto la Administración General del Estado otorgará la correspondiente concesión, previa solicitud de la misma, en el plazo de un año a contar desde la fecha de la declaración de interés cultural. 2. A los bienes a los que se refiere el apartado anterior que se encuentren situados en el dominio público marítimo-terrestre, la zona de servidumbre de tránsito, de servidumbre de protección o de influencia, se les aplicarán las medidas derivadas de dicho régimen con preferencia a las contenidas en esta Ley, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria tercera.3. 3ª de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 3. Las obligaciones que la legislación de patrimonio cultural o artístico imponga a los propietarios o poseedores de los bienes a los que se refiere el apartado 1 deberán ser cumplidas por el concesionario, y así lo recogerá el correspondiente título de ocupación. En ausencia de concesionario, será la Administración promotora de la declaración la responsable de cumplir con las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. 4. La concesión que se otorgue amparará los usos y obras que resulten compatibles con la declaración por la que se otorgue protección cultural o histórica al bien, salvo que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre, o a la servidumbre de tránsito, en cuyo caso podrán ser limitados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el título concesional. 5. La Administración competente en materia de patrimonio cultural notificará al Servicio Periférico de Costas la incoación del expediente de declaración de bien de interés cultural de los que se encuentren situados en dominio público marítimo-terrestre. Igualmente le informará de las modificaciones de su régimen de protección. 6. En caso de que el mal estado del inmueble pueda causar daños o afectar a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o la servidumbre de tránsito, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar podrá adoptar de forma urgente las medidas necesarias para evitarlas, poniéndolas en conocimiento de la Administración competente en materia de patrimonio cultural, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pueda incurrir el titular de la concesión. 7. En caso de que se deje sin efecto la declaración de bien de interés cultural, la Administración General del Estado tomará de forma inmediata posesión del bien, al que se aplicará el régimen general previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio. Disposición adicional cuarta. Desarrollo de la disposición adicional segunda de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. La revisión de los deslindes de zona marítimo-terrestre que se vean afectados como consecuencia de la aprobación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en el artículo 27 de este reglamento. Disposición adicional quinta. Desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. 1. La línea exterior de los paseos marítimos construidos por la Administración General del Estado o por otras Administraciones Públicas con la autorización de aquella, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la ley 22/1988, de 28 de julio, y la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, se entenderá a todos los efectos como línea interior de la ribera del mar. La Administración General del Estado podrá desafectar los terrenos situados al interior de los paseos marítimos, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el 38 de este reglamento. 2. A efectos de esta disposición no se considerarán paseos marítimos aquellas instalaciones que no hayan supuesto una alteración del terreno que les sirve de soporte, tales como las pasarelas o los caminos de madera apoyados sobre el terreno o sobre pilotes (disposición adicional tercera de la ley 2/2013, de 29 de mayo). 3. En todos estos casos no será necesario tramitar un nuevo expediente de deslinde, sino uno de rectificación del existente, con información pública, informes de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento afectado, y audiencia a los interesados. Disposición adicional sexta. Desarrollo de la disposición adicional cuarta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. 1. Con carácter excepcional, y debido a la especial configuración geomorfológica de la isla de Formentera, respecto de ella se entenderá que queda incluido en el dominio público marítimo-terrestre: a) El espacio de territorio que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales ordinarios en donde no lo sean. A estos efectos, se entiende que son temporales ordinarios los que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco años inmediatamente anteriores al momento en que se inicie el deslinde. b) Las playas, entendiendo por tales las riberas del mar o de las rías formadas por arenales o pedregales en superficie casi plana, con vegetación nula o escasa y característica. 2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la citada ley, la Administración General del Estado practicará el correspondiente deslinde, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. 3. A las construcciones e instalaciones emplazadas en la zona de servidumbre de tránsito o protección, les será de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio. La servidumbre de protección tendrá una extensión de cien metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 4. Aquellas personas que son propietarias, con título inscrito en el Registro de la Propiedad antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de terrenos que tras el deslinde previsto en el apartado 2 de esta disposición dejen de formar parte del dominio público, serán reintegrados en el dominio de aquellos bienes (disposición adicional cuarta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo). Lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la reinscripción en el Registro de la Propiedad de dichos terrenos, que deberán ser reintegrados a nombre de las personas que figuren como titulares en la última inscripción del dominio anterior a su afectación al dominio público o bien a la inscripción a favor de sus causahabientes, siendo título inscribible la certificación de la resolución firme que acuerde el reintegro de dichos bienes, que deberán ser descritos conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria e identificados mediante plano catastral que determine su relación respecto de las servidumbres de protección y tránsito. La inscripción a favor de los causahabientes del titular registral requiere que acrediten ante el Registrador su respectivo título de adquisición, y, en su caso, que con carácter previo se reanude el tracto sucesivo interrumpido, bien mediante la inscripción de los títulos intermedios, bien mediante el correspondiente expediente de dominio. En caso de que el dominio de los titulares registrales a que se refiere el párrafo primero de esta disposición estuviese afecto a cargas o derechos inscritos en el momento de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, la reinscripción de estos últimos, en su caso, requerirá el acuerdo de los respectivos titulares actuales del dominio y de tales cargas o derechos o, en su defecto, la oportuna resolución judicial. 5. El resto de los terrenos que no se encontrasen en el supuesto previsto en el apartado cuarto de esta disposición y hubieran quedado fuera del deslinde previsto en el mismo, mantendrán la consideración de bienes de titularidad de la Administración General del Estado y se entenderán afectados al uso propio del dominio público marítimo-terrestre conforme al artículo 17 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, sin perjuicio de que posteriormente pueda procederse a su desafectación, de acuerdo con el artículo 18 de la misma ley y el 38 de este reglamento. Disposición adicional séptima. Desarrollo de las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Lo dispuesto en las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, dará lugar a la inscripción en el Registro de la Propiedad de los terrenos que deberán ser reintegrados a nombre de las personas que figuren como titulares en la última inscripción de dominio anterior a su afectación al dominio público, o bien a la inscripción a favor de sus causahabientes siendo título inscribible la certificación de la resolución firme que acuerde el reintegro de dichos bienes, que deberán ser descritos conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria e identificados mediante plano catastral que determine su relación respecto de las servidumbres de protección y tránsito. La inscripción a favor de los causahabientes del titular registral requiere que acrediten ante el registrador su respectivo título de adquisición, y, en su caso, que con carácter previo se reanude el tracto sucesivo interrumpido, bien mediante la inscripción de los títulos intermedios, bien mediante la inscripción de los títulos intermedios, bien mediante el correspondiente expediente de dominio. En caso de que el dominio de los titulares registrales a que se refiere el párrafo primero de esta disposición estuviese afecto a cargas o derechos inscritos en el momento de la entrada en vigor de la Ley 22/1988 de 28 de julio, la reinscripción de estos últimos, en su caso, requerirá el acuerdo de los respectivos titulares actuales del dominio y de tales cargas o derechos o, en su defecto, la oportuna resolución judicial. El resto de los terrenos que no se encontrasen en el supuesto previsto en el apartado primero de las disposiciones quinta y sexta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, y hubieran quedado fuera del deslinde previsto en el mismo, mantendrán la consideración de bienes de titularidad de la Administración General del Estado y se entenderán afectados al uso propio del dominio público marítimo-terrestre conforme al artículo 17 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, sin perjuicio de que posteriormente pueda procederse a su desafectación de acuerdo con el artículo 18 de la misma ley y 38 de este reglamento. Disposición adicional octava. Régimen de las concesiones o autorizaciones otorgadas por las comunidades autónomas en los puertos e instalaciones portuarias estatales que les fueron transferidos. Las concesiones o autorizaciones que las comunidades autónomas otorguen en los puertos e instalaciones portuarias estatales que les fueron transferidos y figuran expresamente relacionados en los correspondientes reales decretos de traspasos en materia de puertos, no devengarán el canon de ocupación a favor de la Administración General del Estado a que se refiere el artículo 106.4 de este reglamento. Disposición adicional novena. Concepto de interesado de acuerdo con la Ley 27/2006 de 18 de julio. Tendrán la consideración de interesados, cuando se personen en alguno de los procedimientos que afectan al medio ambiente, regulados en este reglamento, las organizaciones legitimadas al amparo del artículo 2.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Disposición adicional décima. Competencia de los Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla. Las referencias efectuadas en el Reglamento a los servicios periféricos de Costas se entenderán hechas a los Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3 del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno. Disposición transitoria primera. Desarrollo del apartado 1 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución, los titulares de espacios de la zona marítimo-terrestre, playa y mar territorial que hubieran sido declarados de propiedad particular por sentencia judicial firme anterior a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, a cuyo efecto deberán solicitar la correspondiente concesión en el plazo de un año a contar desde la mencionada fecha. La concesión se otorgara por treinta años, prorrogables por otros treinta, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon, y se inscribirá en el registro a que se refieren los artículos 37.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 80.1 de este reglamento (disposición transitoria primera. 1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que se haya solicitado la concesión, la misma se otorgará de oficio por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, salvo renuncia expresa del interesado. El plazo de la concesión computará desde el 29 de julio de 1989. 3. La concesión se otorgará con arreglo a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, aunque limitada a los usos y aprovechamientos existentes a la entrada en vigor de la misma, quedando el resto de la superficie de antigua propiedad privada sujeto al régimen general de utilización del dominio público marítimo-terrestre. La prórroga por un nuevo plazo de treinta años deberá ser solicitada por el interesado, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento, y se otorgará salvo que, a través del procedimiento establecido al efecto, se hubiese declarado la caducidad de la concesión. 4. El anterior propietario tendrá derecho preferente, durante un periodo de sesenta años, para la obtención de las concesiones para nuevos usos o aprovechamientos que puedan otorgarse sobre la totalidad de la superficie de antigua propiedad privada. Dichas concesiones se ajustarán íntegramente a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento, incluyendo la limitación de plazo y la obligación de abonar canon. Disposición transitoria segunda. Desarrollo del apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Los titulares de los terrenos de la zona marítimo-terrestre o playa que no hayan podido ser ocupados por la Administración al practicar un deslinde anterior a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, por estar inscritos en el Registro de la Propiedad y amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre por treinta años, respetando los usos y aprovechamientos existentes, a cuyo efecto deberán solicitar la correspondiente concesión. No obstante lo anterior, si los terrenos se destinaran a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, la concesión se otorgará previo informe del órgano ambiental de la comunidad autónoma en la que radique la ocupación. El informe determinará los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá, en los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente. Este informe tendrá carácter determinante. Si la Administración General del Estado se aparta de su contenido deberá motivar las razones de interés general por las que lo hace en la resolución por la que se otorgue o deniegue la concesión. Lo dispuesto en el apartado anterior ha de entenderse exclusivamente referido al procedimiento de concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre y sin perjuicio de la exigibilidad de contar con la autorización ambiental integrada de competencia autonómica o del cumplimiento de las restantes autorizaciones o exigencias ambientales que sean de aplicación. Si el informe del órgano ambiental autonómico no fuera emitido en el plazo de tres meses se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La solicitud del informe producirá la suspensión del plazo para resolver y notificar la resolución, de acuerdo con lo previsto en la letra c) del artículo 42.5 de la citada ley. Todo ello se entiende sin perjuicio de las acciones civiles que aquéllos puedan ejercitar en defensa de sus derechos. 2. Si la inscripción registral del último titular de los terrenos no puede practicarse por afectación de la finca al dominio público marítimo-terrestre, y así se acredita por certificación del Registro de la Propiedad, no será obstáculo para la tramitación de la concesión siempre que los titulares de los terrenos justifiquen la posesión de los mismos mediante escritura pública que acredite la condición de heredero, legatario o cualquier otra transmisión de derecho. 3. En el caso de que la concesión, sujeta al régimen general establecido para la utilización del dominio público, no hubiera sido solicitada en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se otorgará de oficio por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, salvo renuncia expresa del interesado. El plazo de la concesión otorgada computará desde el 29 de julio de 1989 y amparará exclusivamente los usos y aprovechamientos existentes a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 4. Las situaciones que, en su caso, resulten incompatibles con la Ley 22/1988, de 28 de julio, se acomodarán a lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la misma y decimocuarta de este reglamento. Disposición transitoria tercera. Desarrollo del apartado 3 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. En los tramos de costa en que el dominio público marítimo-terrestre no esté deslindado o lo esté parcialmente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se procederá a la práctica del correspondiente deslinde, cuya aprobación surtirá los efectos previstos en el artículo 13 de dicha ley para todos los terrenos que resulten incluidos en el dominio público, aunque hayan sido ocupados por obras, si bien los titulares registrales de los terrenos amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que resulten comprendidos en el deslinde practicado, pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos en el apartado segundo de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y disposición transitoria segunda de este reglamento (disposición transitoria primera. 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Los titulares a que se refiere este apartado también tendrán un derecho preferente, durante un periodo de diez años, para la obtención de las concesiones para nuevos usos o aprovechamientos que puedan otorgarse sobre la totalidad de la superficie a que se refiera la inscripción amparada en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Dichas concesiones se ajustarán íntegramente a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento, incluyendo la limitación de plazo y la obligación de abonar canon. 2. Se considerará parcial el deslinde cuando no se hubieran incluido en él todos los bienes calificados como dominio público según la Ley 28/1969, de 26 de abril, sobre Costas. 3. Los anteriores titulares registrales de aquellos terrenos que, de haberse practicado un deslinde por la Administración conforme a la Ley 28/1969, de 26 de abril, hubieran quedado excluidos del dominio público marítimo-terrestre, pasarán a tener un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, respetando los usos y aprovechamientos existentes en el momento de la aprobación del deslinde, en los términos previstos en el apartado cuarto de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 4. Aquellos titulares de terrenos que, tras emprender acciones legales, vean reconocida, mediante sentencia judicial firme, su titularidad con anterioridad a la aprobación del deslinde que los incluye en dominio público marítimo-terrestre, obtendrán los derechos establecidos en el apartado cuarto de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, en lo referente al plazo de la concesión, la exención del abono de canon y el derecho preferente. En idéntica situación se hallarán los titulares de terrenos que, teniendo inscripción registral anterior a la entrada en vigor de la Ley de Puertos de 1880, acrediten la existencia del tracto registral ininterrumpido desde entonces. 5. La solicitud de concesión deberá realizarse dentro del plazo de un año a partir de la fecha de aprobación del correspondiente deslinde. En este caso, el plazo de la concesión otorgada computará a partir de la fecha de su otorgamiento. En caso contrario, el cómputo de este plazo se iniciará a partir de la fecha de aprobación del deslinde. 6. Las obras e instalaciones ilegales quedarán sujetas a lo establecido en la disposición transitoria cuarta. 1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y decimotercera de este reglamento. Se considerarán, en todo caso, ilegales las construidas con infracción de lo previsto en la disposición transitoria segunda del Reglamento de Costas, aprobado por Real Decreto 1088/1980, de 23 de mayo. 7. Las obras e instalaciones legalmente construidas o que puedan construirse en el dominio público y en la zona de servidumbre de protección, que resulten contrarias a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, quedarán sujetas al régimen que en cada caso corresponde conforme a lo previsto en la disposición transitoria cuarta. 2 de la citada ley y decimocuarta de este reglamento. Disposición transitoria cuarta. Desarrollo del apartado 4 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. En los tramos de costa en que esté completado el deslinde del dominio público marítimo-terrestre a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, pero haya de practicarse uno nuevo para adecuarlo a las características establecidas en aquella para los distintos bienes, los terrenos que resulten comprendidos entre la antigua y la nueva delimitación quedaran sujetos al régimen establecido en la disposición transitoria primera de este reglamento, computándose el plazo de un año para la solicitud de la concesión a que el mismo se refiere, a partir de la fecha de aprobación del correspondiente deslinde (disposición transitoria primera. 4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Transcurrido dicho plazo sin que se solicite la concesión ésta se otorgará de oficio, previa oferta de condiciones por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, salvo que medie renuncia expresa del interesado, computando el plazo de la concesión otorgada a partir de la fecha de aprobación del deslinde. Si la solicitud de concesión se hubiera realizado dentro del plazo de un año a partir de la fecha de aprobación del deslinde, el plazo de la concesión computará a partir de la fecha de su otorgamiento. 3. La concesión se otorgará respetando los usos y aprovechamientos existentes en el momento de la aprobación del deslinde, quedando el resto de la superficie de antigua propiedad privada sujeto al régimen general de utilización del dominio público marítimo-terrestre. La prórroga por un nuevo plazo de treinta años deberá ser solicitada por el interesado, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento, y se otorgará salvo que, a través del procedimiento establecido al efecto, se hubiese declarado la caducidad de la concesión 4. El anterior propietario tendrá derecho preferente, durante un periodo de sesenta años, para la obtención de las concesiones para nuevos usos o aprovechamientos que puedan otorgarse sobre la totalidad de la superficie de antigua propiedad privada, en los términos establecidos en el apartado 4 de la disposición transitoria primera de este reglamento. Disposición transitoria quinta. Desarrollo del apartado 5 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. No obstante lo dispuesto en las disposiciones anteriores, si los terrenos a que se refieren hubieran sido inundados artificial y controladamente como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto y estuvieran destinados a actividades de cultivo marino o a salinas marítimas, se excluirán del dominio público marítimo-terrestre, aun cuando sean naturalmente inundables en la actualidad como consecuencia de las obras realizadas. A estos terrenos les será de aplicación el régimen dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, para la zona de servidumbre de protección. 2. Los interesados deberán acreditar que: a) Los terrenos inundados eran de propiedad privada antes del 29 de julio de 1988, mediante la correspondiente inscripción registral. b) La existencia de las actividades a que se refiere el apartado anterior antes del 29 de julio de 1988, mediante el título o certificación del órgano competente que pruebe la legalidad de tal circunstancia. 3. Esta exclusión no se aplicará cuando las obras e instalaciones realizadas para inundar los terrenos se hubieran hecho con infracción de la normativa vigente en aquel momento y así constara a la Administración General del Estado. 4. La exclusión de estos terrenos del dominio público marítimo-terrestre tendrá efectos desde la revisión de los deslindes correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. 5. En caso de que no proceda la exclusión de los bienes del dominio público marítimo-terrestre, los titulares de las concesiones vigentes podrán solicitar la prórroga de éstas, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Disposición transitoria sexta. Desarrollo del apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Los terrenos sobrantes y desafectados del dominio público marítimo, conforme a lo previsto en el artículo 5.2 de la Ley de Costas de 26 de abril de 1969, que no hayan sido enajenados o recuperados por sus antiguos propietarios a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y los del Patrimonio del Estado en que concurran las circunstancias previstas en los artículos 17 de la misma y 37 de este reglamento, serán afectados al dominio público marítimo-terrestre, de acuerdo con lo establecido en los citados artículos, una vez que se proceda a la actualización del deslinde, no pudiendo, mientras tanto, ser enajenados ni afectados a otras finalidades de uso o servicio público (disposición transitoria segunda. 1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. La aprobación del expediente de afectación llevará implícita la actualización del deslinde, sin necesidad de tramitar un nuevo expediente. Disposición transitoria séptima. Desarrollo de los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria segunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud de cláusula concesional establecida con anterioridad a la promulgación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, serán mantenidos en tal situación jurídica, si bien sus playas y zona marítimo-terrestre continuarán siendo de dominio público, en todo caso. Los terrenos ganados al mar y los desecados en su ribera sin título administrativo suficiente continuarán siendo de dominio público. 2. Los islotes de propiedad particular con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, conservarán esta condición, si bien sus playas y zona marítimo-terrestre seguirán siendo de dominio público en todo caso (disposición transitoria segunda. 2 y 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Lo establecido en el apartado 1 de esta disposición se entiende referido exclusivamente a concesiones en las que las cláusulas concesionales recogen expresamente la previsión de entrega en propiedad de los terrenos afectados. En el caso de las concesiones a perpetuidad será de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria decimosexta 1 de este reglamento. Disposición transitoria octava. Desarrollo del apartado 1 de la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Las disposiciones contenidas en el título II sobre las zonas de servidumbre de protección y de influencia serán aplicables a los terrenos que a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, estuviesen clasificados como suelo urbanizable no programado y suelo no urbanizable. Las posteriores revisiones de la ordenación que prevean la futura urbanización de dichos terrenos y su consiguiente cambio de clasificación deberán respetar íntegramente las citadas disposiciones (disposición transitoria tercera. 1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Las servidumbres de tránsito y acceso al mar y las demás limitaciones de la propiedad establecidas en el capítulo III del título II serán aplicables, en todo caso, cualquiera que sea la clasificación del suelo. 3. En los municipios que carezcan de instrumentos de ordenación se aplicaran íntegramente las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento sobre las zonas de servidumbre de protección y de influencia, salvo que se acredite que en la fecha de entrada en vigor de la citada ley los terrenos reunían los requisitos exigidos por la legislación urbanística para su clasificación como suelo urbano. Disposición transitoria novena. Desarrollo del apartado 2 de la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. En los terrenos que, a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, estuvieran clasificados como suelo urbanizable programado o apto para la urbanización, se mantendrá el aprovechamiento urbanístico que tengan atribuido, aplicándose las siguientes reglas: a) Si no cuentan con plan parcial aprobado definitivamente, dicho plan deberá respetar íntegramente y en los términos de la disposición transitoria anterior las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, siempre que no se de lugar a indemnización de acuerdo con la legislación urbanística. b) Si cuentan con plan parcial aprobado definitivamente, se ejecutaran las determinaciones del plan respectivo, con sujeción a lo previsto en la disposición transitoria décima, apartado 1, de este reglamento, para el suelo urbano. No obstante, los planes parciales aprobados definitivamente con posterioridad al 1 de enero de 1988 y antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, que resulten contrarios a lo previsto en ella, deberán ser revisados para adaptarlos a sus disposiciones, siempre que no se dé lugar a indemnización de acuerdo con la legislación urbanística. La misma regla se aplicará a los planes parciales cuya ejecución no se hubiera llevado a efecto en el plazo previsto por causas no imputables a la Administración, cualquiera que sea la fecha de su aprobación definitiva (disposición transitoria tercera. 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, sólo se tendrán en consideración las disminuciones o reducciones del aprovechamiento urbanístico que, resultando exigibles por la estricta aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, supondrían una modificación del planeamiento vigente indemnizable, con arreglo a la legislación urbanística. En consecuencia, no serán obstáculo para la aplicación de la citada Ley las indemnizaciones que, en su caso, sean exigibles por los gastos realizados en la redacción de planes o proyectos, expedición de licencias u otros derivados del cumplimiento de obligaciones impuestas por la normativa vigente. 3. A los mismos efectos, la aplicación de las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, podrá hacerse de forma gradual, de tal modo que, atendidas las circunstancias del caso, la anchura de la zona de protección, aunque inferior a cien metros, sea la máxima posible, dentro del respeto al aprovechamiento urbanístico atribuido por el planeamiento. 4. La revisión de los planes parciales, cuya ejecución no se lleve a efecto por causas no imputables a la Administración, se referirá tanto a los aprobados definitivamente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, como a los que lo sean posteriormente. 5. La revisión del planeamiento, en lo que afecta al cumplimiento de la presente disposición, se ajustara a las siguientes reglas: a) La Administración urbanística competente, de oficio o a instancia del Servicio Periférico de Costas o del promotor del plan, determinará, motivadamente y teniendo en cuenta, en todo caso, los criterios del apartado 3, si la revisión es o no posible sin dar lugar a indemnización. b) En caso de que se determine la imposibilidad, la resolución correspondiente pondrá fin al procedimiento. En otro caso, se continuara la tramitación con arreglo a la legislación urbanística. 6. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de que por las Administraciones urbanísticas puedan acordar la revisión o modificación del planeamiento en ejercicio de sus competencias respectivas, aunque se diera lugar a indemnización. Disposición transitoria décima. Desarrollo del apartado 3 de la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, estarán sujetos a las servidumbres establecidas en ella, con la salvedad de que la anchura de la servidumbre de protección será de veinte metros. No obstante, se respetarán los usos y construcciones existentes, así como las autorizaciones ya otorgadas, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento. Asimismo, se podrán autorizar nuevos usos y construcciones de conformidad con los planes de ordenación en vigor, siempre que se garantice la efectividad de la servidumbre y no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre, según se establece en los apartados siguientes. El señalamiento de alineaciones y rasantes, la adaptación o reajuste de los existentes, la ordenación de los volúmenes y el desarrollo de la red viaria, se llevara a cabo mediante estudios de detalle y otros instrumentos urbanísticos adecuados, que deberán respetar las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y las determinaciones de las normas que se aprueben con arreglo a la misma. 2. Las normas urbanísticas podrán autorizar el cambio de uso de edificios existentes a la entrada en vigor Ley 22/1988, de 28 de julio, aun cuando no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 25.2 de la Ley, siempre que se garantice la efectividad de la servidumbre y no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre. 3. Para la autorización de nuevos usos y construcciones, de acuerdo con los instrumentos de ordenación en los términos del apartado anterior, se aplicarán las siguientes reglas: 1.ª Cuando se trate de usos y construcciones no prohibidas en el artículo 25 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y reúnan los requisitos establecidos en el apartado 2 del mismo, se estará al régimen general en ella establecido y a las determinaciones del planeamiento urbanístico. 2.ª Cuando se trate de edificaciones destinadas a residencia o habitación, o de aquellas otras que, por no cumplir las condiciones establecidas en el artículo 25. 2 de la Ley, no puedan ser autorizadas con carácter ordinario, sólo podrán otorgarse autorizaciones de forma excepcional, previa aprobación del Plan General de Ordenación, Normas Subsidiarias u otro instrumento urbanístico específico, en los que se contenga una justificación expresa del cumplimiento de todos y cada uno de los siguientes requisitos indispensables para el citado otorgamiento: a) Que con las edificaciones propuestas se logre la homogeneización urbanística del tramo de fachada marítima al que pertenezcan. b) Que exista un conjunto de edificaciones, situadas a distancia inferior a 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar, que mantenga la alineación preestablecida por el planeamiento urbanístico. c) Que en la ordenación urbanística de la zona se den las condiciones precisas de tolerancia de las edificaciones que se pretendan llevar a cabo. d) Que se trate de edificación cerrada, de forma que, tanto las edificaciones existentes, como las que puedan ser objeto de autorización, queden adosadas lateralmente a las contiguas. e) Que la alineación de los nuevos edificios se ajuste a la de los existentes. f) Que la longitud de las fachadas de los solares, edificados o no, sobre los que se deba actuar para el logro de la pretendida homogeneidad, no supere el 25 por ciento de la longitud total de fachada del tramo correspondiente. El propio planeamiento urbanístico habrá de proponer el acotamiento de los tramos de fachada marítima cuyo tratamiento homogéneo se proponga obtener mediante las actuaciones edificatorias para las que se solicite autorización. 3.ª En los núcleos que han sido objeto de una declaración de conjunto histórico o de otro régimen análogo de especial protección, serán de aplicación las medidas derivadas de dicho régimen con preferencia a las contenidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio. 3. A los efectos de la aplicación del apartado 1 anterior, sólo se considerará como suelo urbano el que tenga expresamente establecida esta clasificación en los instrumentos de ordenación vigentes en la fecha de entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, salvo que se trate de áreas urbanas en que la edificación estuviera consolidada o los terrenos dispusieran de los servicios exigidos en la legislación urbanística en la citada fecha y la Administración urbanística competente les hubiera reconocido expresamente ese carácter. Disposición transitoria undécima. Adecuación de las normas de protección de la ordenación del territorio y urbanísticas. Sin perjuicio de los dispuesto en las disposiciones anteriores, la ordenación territorial y urbanística del litoral existente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, deberá adecuarse a las normas que se aprueben conforme a lo previsto en los artículos 22 de la citada ley y 42 y 43 de este reglamento. Disposición transitoria duodécima. Desarrollo de los apartados 5 y 6 de la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Las servidumbres de paso al mar actualmente existentes se mantendrán en los términos en que fueron impuestas. 2. Los accesos públicos al mar actualmente existentes y los construidos en virtud de planeamiento urbanístico aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, permanecerán destinados al uso público, abriéndose al mismo cuando no lo estuvieren (disposición transitoria tercera. 5 y 6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. En los tramos de costa en que no estuviesen abiertos al público accesos suficientes para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 53.2 de este reglamento sobre distancias máximas entre aquellos, los Servicios Periféricos de Costas procederán al señalamiento de los que hayan de servir a dicha finalidad. Cuando se trate de viales que aun no hayan sido recibidos por los Ayuntamientos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá asumir la carga de la conservación de aquéllos hasta que se produzca dicha recepción. Cuando no existan viales suficientes para hacer efectivo el acceso en los términos expuestos, se actuará conforme a lo previsto en los artículos 28.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 54.1 de este reglamento. Disposición transitoria decimotercera. Desarrollo del apartado 1 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas entonces vigente, serán demolidas cuando no proceda su legalización por razones de interés público (disposición transitoria cuarta. 1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. El procedimiento para la legalización será el que corresponda según la clase de autorización o concesión de que se trate, respetando los usos existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio. La autoridad competente para resolver en cada caso deberá apreciar, motivadamente, las razones que concurren para adoptar una u otra resolución. Para la legalización, que podrá ser total o parcial, las razones de interés público deberán ser apreciadas por acuerdo entre las tres Administraciones (estatal, autonómica y local), a cuyo efecto el órgano competente para dictar la resolución recabará el informe de las otras Administraciones, que se entenderá desfavorable a la legalización si no se emite en el plazo de un mes. Podrán apreciarse las razones de interés público cuando la legalización sea compatible con la protección del dominio público marítimo-terrestre. Las obras e instalaciones de que se trate no podrán ubicarse en un tramo declarado en situación de regresión grave y deberá acreditarse que la demolición de las obras e instalaciones no produciría un beneficio significativo al uso del dominio público marítimo-terrestre. 3. Cuando se trate de obras o instalaciones construidas sin licencia municipal en la franja comprendida entre los 20 y 100 metros de la zona de protección, el procedimiento de legalización se tramitará por la Corporación o autoridad correspondiente, conforme a lo establecido en la legislación urbanística, y se iniciará de oficio o a instancia del órgano competente de la comunidad autónoma o del Servicio Periférico de Costas. Disposición transitoria decimocuarta. Desarrollo del apartado 2 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. En las obras e instalaciones legalizadas conforme a lo previsto en la disposición transitoria anterior, así como en las construidas o que puedan construirse al amparo de licencia municipal y, cuando fuera exigible, autorización de la Administración General del Estado otorgada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, para los usos recogidos en el artículo 25.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se aplicarán las siguientes reglas: a) Si ocupan terrenos de dominio público marítimo-terrestre, serán demolidas al extinguirse la concesión, salvo que se otorgue la prórroga prevista en el artículo segundo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Mientras la concesión esté vigente, sus titulares podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes. b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, los titulares de las construcciones e instalaciones podrán realizar las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. Tales obras no podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente, sin que con carácter previo, la Administración General del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada. Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud. Si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable. No será necesaria la emisión de este informe cuando se trate de obras de pequeña reparación que únicamente suponga cambio de elementos accesorios y las que exija la higiene, ornato y conservación, siempre que no supongan modificación del uso al que se encuentran destinados ni incremento relevante del valor de la edificación. c) En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, podrán realizarse, obras de reparación y mejora, consolidación y modernización, siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 2. A los efectos previstos en el apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se entenderá por: a) Obras de reparación: Intervenciones que, siendo su finalidad la conservación y el mantenimiento del inmueble o construcción, conllevan la sustitución o transformación de materiales, elementos o partes de los mismos, sin alterar su estructura y volumetría ni incidir en la estabilidad. b) Obras de modernización y mejora: Todas las que, sin modificar elementos estructurales, puedan realizarse dentro y fuera de una construcción, instalación o edificación y que incrementen la calidad y accesibilidad de la misma. c) Obras de consolidación: Obras de carácter estructural, que tengan por objeto el afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos dañados de la estructura portante del edificio por otros iguales o de características similares que permitan mantener la estabilidad del inmueble siempre que el edificio no se encuentre en estado de ruina de acuerdo con lo dispuesto en la legislación urbanística. d) Volumen: Espacio delimitado por los paramentos exteriores de una construcción, edificación o instalación, independientemente de que estén construidas por encima o por debajo de la rasante, y de que su interior pueda estar vinculado a un uso determinado o sea un espacio no utilizable. A estos efectos, no computará como aumento de volumen: 1.º) Los cierres de los paramentos frontales de terrazas y balcones que no se realicen con elementos opacos o de fábrica. 2.º) La instalación de toldos sobre el terreno, las terrazas o en fachadas, cuando se realice mediante estructuras ligeras desmontables y sin cerramientos laterales. 3.º) Cuando quede suficientemente acreditada su necesidad, y con la menor incidencia posible: La ejecución de obras e instalaciones tendentes a la adecuación a la normativa de accesibilidad, incluyendo la instalación de nuevos ascensores y sus casetas de operaciones en las azoteas de los edificios. Las obras e instalaciones que garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa sismorresistente y de protección de incendios. Las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos básicos relacionados en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. e) Altura: Dimensión vertical medida desde la rasante de cada punto del perímetro de la proyección horizontal de las construcciones, edificaciones e instalaciones existentes hasta su punto más alto, excluidos los elementos técnicos de las instalaciones. f) Superficie: Proyección horizontal de todos y cada uno de los planos que constituyen las diferentes plantas de las construcciones, edificaciones o instalaciones existentes sobre la parcela, incluyendo los cuerpos volados, buhardillas, altillos, porches, trasteros, garajes y demás construcciones, edificaciones e instalaciones complementarias que estén cubiertas, ya sea mediante forjados fijos o desmontables e independientemente de que estén construidos por encima o por debajo de la rasante. g) Demolición: Derribo o desaparición total o parcial de una construcción existente por cualquier causa. No tendrá la consideración de demolición parcial el derribo de los elementos estrictamente necesarios para realizar las actuaciones de reparación, mejora, consolidación y modernización, siempre que se realicen simultáneamente en el mismo proyecto de obra. En todo caso, de llegar a producirse una disminución del volumen de las construcciones, edificaciones e instalaciones existentes reguladas en el apartado 2 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, su restablecimiento computará como nueva construcción, por lo que se deberá estar a lo establecido en las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento. 3. La prohibición de aumento de volumen, altura y superficie de las construcciones existentes, contenida en el apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, es de aplicación a la totalidad de la unidad edificatoria, independientemente de la parte de la construcción sobre la que se pretenda actuar. La actuación sobre una parte no implicará el reconocimiento de la legalidad del resto de la unidad parcelaria. Se entenderá por unidad edificatoria el conjunto de elementos arquitectónicos, estructural y funcionalmente relacionados, que forman un cuerpo constructivo independiente. Se entenderá por unidad parcelaria la finca o superficie de terreno que constituye una unidad física e inscrita como tal en Registro público. 4. Lo establecido en la letra a) del apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, será también aplicable a las concesiones que se otorguen en cumplimiento de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y a las otorgadas con anterioridad a la misma, según los procedimientos establecidos en esta disposición. Las obras de mejora, consolidación o modernización podrán suponer la necesidad de revisar el clausulado concesional, incluido el canon. Al objeto de que el concesionario conozca, con anterioridad a la ejecución de las obras, dicha circunstancia, podrá solicitar ante el Servicio Periférico de Costas informe sobre el alcance de la revisión o modificación del título concesional, incorporando a su petición el proyecto sobre la obra a realizar. 5. A los efectos previstos en la letra b) del apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se considerará que la servidumbre de tránsito queda garantizada si se encuentra total y permanentemente desocupada en al menos tres metros de anchura desde la ribera del mar, con un gálibo libre en altura de, al menos, 3 metros, de tal forma que, además del paso público peatonal, quede también garantizado el de los vehículos de vigilancia y salvamento. Ante imposibilidad justificada de lo anterior, podrá admitirse una localización alternativa de la servidumbre, con la misma anchura mínima libre anterior, lo más cercana posible a la ribera del mar, preferentemente dentro de la servidumbre de protección o del dominio público marítimo-terrestre degradado, pero en ningún caso dentro de la ribera del mar. No se admitirán como alternativa ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre que carezcan de título habilitante. 6. El Servicio Periférico de Costas podrá solicitar del Registrador de la Propiedad que haga constar mediante nota marginal la situación jurídica de los inmuebles afectados conforme a las previsiones establecidas en la disposición transitoria cuarta de la Ley, remitiendo a tal fin certificación de la resolución firme que determine el régimen jurídico aplicable a la finca afectada, que deberá estar identificada y su titular haber sido notificado en el expediente. Disposición transitoria decimoquinta. Desarrollo del apartado 3 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Las obras a las que se refiere el apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, cuando les sea aplicable, deberán: a) Suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto, tendrán que obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto, 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes. b) Emplear los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas. No podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente sin que los titulares de las concesiones acrediten haber presentado ante la Administración General del Estado y los de las construcciones e instalaciones, ante los órganos competentes de las comunidades autónomas, una declaración responsable en la que, de manera expresa y clara, manifiesten que tales obras no supondrán un aumento del volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y que cumplen con los requisitos establecidos anteriormente sobre eficiencia energética y ahorro de agua, cuando les sean de aplicación. La declaración responsable se ajustará a lo dispuesto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (disposición transitoria cuarta, 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Para las obras a realizar en el ámbito de lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley, que se ubiquen en dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre de tránsito y no incidan en el resto de la de protección, la declaración responsable deberá presentarse ante el Servicio Periférico de Costas. 3. A la declaración responsable deberá adjuntarse la documentación acreditativa de la personalidad del peticionario y la declaración expresa de que las obras a realizar cumplen lo establecido en los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento. En el caso de que la declaración responsable deba presentarse ante la Administración General del Estado, si no se ajusta a los requisitos establecidos en esta disposición o resulta inexacta de acuerdo con los datos disponibles, el Servicio Periférico de Costas requerirá al interesado para que en el plazo de diez días la subsane. Transcurrido dicho plazo se le tendrá por desistido de su petición de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 4. La declaración responsable tendrá validez para la ejecución de las obras indicadas durante el plazo de un año. 5. En el caso de que la declaración responsable deba presentarse ante la Administración General del Estado, podrá ajustarse al modelo normalizado que estará disponible en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como en las sedes de los correspondientes Servicios Periféricos de Costas. 6. En aplicación del artículo 116 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, la Administración que reciba la declaración responsable deberá remitir al resto de las Administraciones una copia de la misma, junto con la documentación que se presente e incorpore, en el plazo de diez días desde su recepción. 7. Lo dispuesto en esta disposición transitoria y en la anterior ha de entenderse sin perjuicio de las exigencias establecidas por la normativa autonómica y, en particular, de las normas adicionales de protección del medio ambiente que resulten de aplicación. Disposición transitoria decimosexta. Régimen de la revisión de concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. 1. Se considerará en todo caso incompatible con los criterios de ocupación del dominio público establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio, el mantenimiento de concesiones a perpetuidad, por tiempo indefinido o sin plazo limitado. En todo caso, se entenderá que las concesiones vigentes antes del 29 de julio de 1988 fueron otorgadas por un plazo máximo de 30 años a contar desde esa fecha, sin perjuicio de que puedan ser prorrogadas de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. 2. En los demás casos, la revisión de las cláusulas concesionales requerirá la tramitación de un expediente con audiencia al interesado y oferta de condiciones revisadas adaptadas a los criterios de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento, formulada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Si el concesionario no acepta las nuevas condiciones se procederá a la revocación total o parcial de la concesión, tramitándose en pieza separada el correspondiente expediente indemnizatorio. 3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente resolverá sobre el mantenimiento o la revocación de las concesiones otorgadas en precario. En caso de que opte por el mantenimiento deberá otorgar una concesión firme con arreglo a los criterios y al procedimiento establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el presente reglamento. 4. Las concesiones otorgadas para la construcción de accesos artificiales a islas o islotes de propiedad particular por medio de obras de rellenos o de fábrica, se revisarán de oficio por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que dichos accesos queden abiertos al uso público gratuito en las mismas condiciones de utilización que se haya establecido para acceder a las propiedades privadas, de forma que se garantice el acceso al dominio público marítimo-terrestre insular y a los espacios sometidos a la servidumbre de tránsito. Esta modificación de sus condiciones no dará lugar a indemnización. 5. Los titulares de creación, regeneración o acondicionamiento de playas podrán solicitar la revisión de sus cláusulas para incluir en ellas la previsión contenida en los artículos 54 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 114 de este reglamento. Disposición transitoria decimoséptima. Desarrollo del apartado 1 de la disposición transitoria sexta de la Ley 22/1988, de 28 de julio. En ningún caso podrá otorgarse prórroga del plazo de concesión existente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, en condiciones que se opongan a lo establecido en la misma o en las disposiciones que la desarrollen (disposición transitoria sexta, 1, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Disposición transitoria decimoctava. Desarrollo del apartado 2 de la disposición transitoria sexta de la Ley 22/1988, de 28 de julio. Extinguidas las concesiones otorgadas con anterioridad a la Ley 22/1988, de 28 de julio, y que no resulten contrarias a lo dispuesto en ella, la Administración competente resolverá sobre el mantenimiento o levantamiento de las instalaciones. En caso de que se opte por el mantenimiento será de aplicación lo previsto en los artículos 72.3 de la citada ley y 150.1 de este reglamento (disposición transitoria sexta, 2, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Disposición transitoria decimonovena. Desarrollo del apartado 1 de la disposición transitoria séptima de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. En los supuestos de obras, instalaciones o actividades en zona de servidumbre de protección en tramos de costa no deslindados conforme a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, la comunidad autónoma correspondiente exigirá la autorización a que se refiere el artículo 49 de este reglamento, a cuyo efecto solicitará, previamente, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que facilite, en el plazo de un mes, la definición provisional de la línea probable de deslinde y la extensión de la zona de servidumbre. No obstante, en caso de discrepancia, el otorgamiento de la autorización quedará condicionado a la aprobación previa o simultánea del deslinde, que se tramitará con carácter preferente. 2. Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación a los supuestos de obras e instalaciones en zona de servidumbre de protección sujetos a la obligación de presentación de declaración responsable. Disposición transitoria vigésima. Desarrollo del apartado 2 de la disposición transitoria séptima de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. En los casos en que se pretenda la ocupación de terrenos de dominio público todavía no deslindados conforme a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, el peticionario deberá solicitar el deslinde, a su costa, simultáneamente con la solicitud de concesión o autorización, pudiendo tramitarse al mismo tiempo ambos expedientes de deslinde y concesión. En caso de solicitud de concesión, su otorgamiento no podrá ser previo a la aprobación del deslinde. Igualmente, las obras a realizar por las Administraciones públicas no podrán ejecutarse sin que exista deslinde aprobado (disposición transitoria séptima, 2, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Se entenderá que un tramo de costa no está deslindado conforme a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, cuando no exista deslinde o no incluya todos los bienes que pertenecen al dominio público marítimo-terrestre en virtud de aquélla. 3. Los informes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre planes y normas de ordenación territorial y urbanística, que afecten a tramos de costa no deslindados conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, se emitirán previa delimitación de la línea probable de deslinde por el Servicio Periférico de Costas competente. Disposición transitoria vigesimoprimera. Desarrollo del apartado 3 de la disposición transitoria séptima de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Los artículos 44.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 95 de este reglamento no serán de aplicación a las zonas clasificadas como urbanas a la promulgación de dicha ley, en casos debidamente justificados. 2. Lo establecido en el apartado anterior se referirá a los paseos marítimos ya construidos y en servicio y a los que estuviesen en construcción de conformidad con el planeamiento urbanístico. En los demás casos, la justificación de la excepción deberá hacerse en el instrumento de planeamiento correspondiente o en su modificación o revisión. Disposición transitoria vigesimosegunda. Desarrollo de la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se podrá instar que el régimen previsto en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se aplique igualmente a los núcleos o áreas que, a su entrada en vigor, no estuvieran clasificados como suelo urbano pero que, en ese momento, reunieran alguno de los siguientes requisitos: a) En municipios con planeamiento, los terrenos que, o bien cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en dos terceras partes de su superficie, de conformidad con la ordenación de aplicación. b) En municipios sin planeamiento, los terrenos que, o bien cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en la mitad de su superficie (disposición transitoria primera. 1 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo). 2. La solicitud a que se refiere el apartado anterior se deberá presentar por la Administración urbanística competente para la delimitación del núcleo o área. 3. Esta disposición se aplicará a los núcleos o áreas delimitados por el planeamiento existente y, en defecto de éste, serán delimitados por la Administración urbanística competente, en ambos casos previo informe favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que deberá pronunciarse sobre la delimitación y compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa del dominio público marítimo-terrestre. Este informe deberá emitirse en el plazo de dieciocho meses desde que haya sido solicitado por la Administración urbanística. En caso de que no se emitiera en este plazo, se entenderá que es favorable (disposición transitoria primera, 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo). 4. El informe al que se refiere la disposición transitoria primera, 3, de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, deberá emitirse en el plazo de dieciocho meses desde que haya sido solicitado. En caso de que no se emitiera en ese plazo se entenderá que es favorable. 5. Para los núcleos o áreas ya delimitados por el planeamiento urbanístico, que a estos efectos se considerará el aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 2/2013, de 29 de mayo, se deberán aportar los planos del planeamiento aprobado que haya delimitado los correspondientes núcleos, aportando copia compulsada de los planos originales. Para los municipios que no dispongan de planeamiento, se deberán delimitar los núcleos o áreas mediante documentación técnica suficiente que defina la delimitación exterior del núcleo o área, su antigüedad y las características que justifiquen tal delimitación. 6. Al objeto de acreditar que los terrenos disponían de la consolidación o los servicios exigidos en el apartado primero de esta disposición, se deberá presentar, al menos, la siguiente documentación: a) Memoria descriptiva y justificativa, que debe contener como mínimo lo siguiente: 1.º) Descripción y justificación de la delimitación del núcleo o área, indicando la fecha y el instrumento de planeamiento urbanístico en que dicho núcleo o área fue delimitado. 2.º) Superficie total del área y clasificación de los terrenos incluidos en la delimitación del núcleo en el planeamiento vigente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. 3.º) Número de parcelas edificables y construidas, número de parcelas edificadas con destino a vivienda y su tipología y número de viviendas, a fecha 29 de julio de 1988. 4.º) Superficie máxima y mínima de parcela, del núcleo objeto de modificación, según el planeamiento vigente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 5.º) Justificación del grado de consolidación del núcleo o área a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, según los criterios establecidos en la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Para obtener el cálculo del grado de consolidación, deberá ponerse en relación la suma de superficies de las parcelas consolidadas por la edificación en el año 1988, con la superficie total del ámbito, tras descontar los viales y zonas verdes existentes en dicha fecha. 6.º) Justificación acreditativa del grado de ejecución de los servicios requeridos en la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. b) Documentación gráfica, que deberá constar de: 1.º) Plano de situación y localización del núcleo o área dentro del municipio. 2.º) Planos a escala no inferior a 1/2.000, donde figure: 2.1 Delimitación del núcleo o área, de las parcelas existentes y de las edificadas a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 2.2 Líneas vigentes del deslinde del dominio público marítimo-terrestre, ribera del mar y su servidumbre de protección y línea propuesta de reducción de la anchura de la zona de servidumbre de protección. 2.3 Planos de servicios urbanísticos a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 2.4 Plano de clasificación del suelo en el planeamiento vigente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el planeamiento actual. 2.5 Plano de clasificación y calificación del suelo en el planeamiento actual o en el instrumento urbanístico en que dicho núcleo o área fue delimitado. 3.º) Documentación acreditativa de la existencia de consolidación a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio: Fotografías aéreas de los terrenos a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y/o anteriores. 4.º) Ortofotografía actual del núcleo o área. 7. El transcurso del plazo para resolver el procedimiento se suspenderá por el tiempo que medie entre el requerimiento a la Administración competente de la subsanación de deficiencias y su efectivo cumplimiento por el interesado. 8. No obstante, en los núcleos o áreas a los que se refiere la presente disposición, no se podrán autorizar nuevas construcciones de las prohibidas en el artículo 25 de la Ley 22/1988, de 28 de julio (disposición transitoria primera, 4, de la Ley 2/2013, de 29 de mayo). Respetando el límite a que se refiere el párrafo anterior, podrán autorizarse obras complementarias e instalaciones accesorias respecto a las edificaciones preexistentes. Estas obras complementarias e instalaciones accesorias podrán ser autorizadas siempre y cuando se encuentren vinculadas directamente a las edificaciones preexistentes y cumplan la normativa urbanística en vigor. Disposición transitoria vigesimotercera. Aplicación transitoria de los requisitos para ser concesionarios. Lo dispuesto en el artículo 134 de este reglamento se aplicará a las concesiones otorgadas con posterioridad al 31 de mayo de 2013 y a los concesionarios que incurrieran en prohibición de contratar con posterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento. Disposición transitoria vigesimocuarta. Plazo para la delimitación de los tramos naturales y urbanos de las playas. La Administración competente en materia de ordenación del territorio, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este reglamento, deberá delimitar los tramos de las playas de acuerdo con el artículo 67. En tanto la Administración competente delimita los tramos de las playas, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar se pronunciará provisionalmente sobre el carácter natural o urbano del tramo de la playa a efectos de tramitación y otorgamiento de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Para otorgar los títulos de ocupación, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar considerará tramos urbanos de las playas aquéllos que, no habiendo sido declarados de especial interés ambiental, paisajístico, arqueológico o similar, que los haga merecedores de protección de acuerdo con la legislación territorial, estén integrados en áreas urbanas que reúnan alguna de las siguientes características: a) Estén clasificadas como urbanos o consolidados por la edificación en al menos un cincuenta por ciento de su longitud. b) Se encuentren dotadas en condiciones efectivas, al menos, de los siguientes servicios: 1.º Acceso peatonal y rodado, debiendo estar abierto al uso público y en condiciones efectivas, en los términos exigidos por este reglamento. 2.º Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudales y potencia suficientes para los usos previstos. Igualmente, deberá disponer de alumbrado en, al menos, un tercio de su longitud. 3.º Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado. Disposición transitoria vigesimoquinta. Adaptación de los títulos concesionales prorrogados a las disposiciones de este reglamento. Los títulos concesionales prorrogados al amparo del artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, habrán de adaptarse a las prescripciones de este reglamento en el primer tercio del plazo previsto en la prórroga del título concesional. Si transcurrido este plazo no se hubiera procedido a la adaptación, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar acordará la caducidad del título. Los establecimientos expendedores de comidas y bebidas, podrán mantener las superficies reconocidas en el título por el que se otorgó la concesión. Disposición transitoria vigesimosexta. Ocupaciones existentes procedentes de títulos extinguidos o en tramitación. 1. Los ocupantes de terrenos de dominio público marítimo-terrestre destinados a las actividades o instalaciones a las que se refiere el artículo 61.2 de este reglamento, cuya concesión se hubiera extinguido por el vencimiento del plazo para el que se hubiera otorgado, o estuviera en tramitación, que a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, mantuvieran su actividad o instalación abierta, tendrán preferencia para obtener la correspondiente concesión siempre que la soliciten en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este reglamento. El procedimiento para tramitar esta solicitud será el previsto con carácter general en este reglamento para el otorgamiento de concesiones. Las condiciones de la ocupación deberán adaptarse a las prescripciones de este reglamento en el primer tercio del plazo por el que se otorgue la concesión. Si transcurrido este plazo no se hubiera procedido a la adaptación la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar acordará la caducidad del título 2. Las instalaciones expendedoras de comidas y bebidas que se hubieran ubicado en tramos naturales de playas, con superficies superiores a las recogidas en el artículo 68 de este reglamento, previo el otorgamiento del correspondiente título administrativo, y hayan desempeñado su actividad hasta, al menos, un año antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, podrán ser objeto de concesión por un plazo de cuatro años, con las superficies que les fueron reconocidas, y dentro de los límites del presente reglamento, siempre que se justifique la necesidad por razones de servicio público y no se produzcan daños al dominio público marítimo-terrestre, para lo que se podrán establecer en el correspondiente título las condiciones adicionales que resulten necesarias. Transcurrido dicho plazo se podrán otorgar nuevas concesiones, por el mismo plazo, y con los mismos requisitos. 3. Las instalaciones existentes destinadas a actividades deportivas de carácter náutico federado se podrán acoger a lo dispuesto en el apartado 1, cumpliendo con los siguientes requisitos: a) La solicitud de título administrativo deberá ir acompañada de informe de la Federación correspondiente. El informe deberá pronunciarse sobre la dimensión de las instalaciones fijas y, en su caso, la zona de varada. b) En la tramitación se solicitará informe del órgano competente de la Administración autonómica y, en su caso, de la Autoridad Portuaria correspondiente, que deberán pronunciarse expresamente sobre la posible incidencia con el funcionamiento de puertos deportivos o de otras instalaciones de carácter náutico de su competencia. Si en el plazo de un mes no se emite informe, este se entenderá favorable. c) De conllevar la actividad náutica deportiva el lanzamiento o varada de embarcaciones, deberá dejarse libre permanentemente una franja de 15 metros, como mínimo, desde la orilla en pleamar. Excepcionalmente, en casos debidamente justificados por la configuración de la costa, esta distancia mínima podrá reducirse hasta los 6 metros. Además, deberá hacerse a través de canales debidamente señalizados situados en las proximidades. De no existir canales debidamente autorizados en las proximidades, el proyecto deberá contemplar el canal correspondiente. Las características técnicas y ubicación del mismo deberán ser informadas favorablemente por Puertos del Estado, previamente a su instalación.

El Gobierno se puede saltar el veto a los hoteles en playa por razones excepcionales con valor económico

El presente reglamento pretende ser un instrumento eficaz en la consecución de los principios que inspiraron la modificación de la legislación de costas, a saber, la protección del litoral y la seguridad jurídica. Para conseguirlo, revisa determinados aspectos del Reglamento de 1989 tales como los criterios técnicos que resultan necesarios para la determinación del dominio público marítimo-terrestre, basados en un amplio debate técnico y en la experiencia acumulada en la realización de los deslindes. En relación con el nuevo régimen de los terrenos inundados, se introducen garantías para que los terrenos que, habiendo sido humedales conforme a la legislación de aguas, han dejado de serlo por vaciamiento de los acuíferos, no queden excluidos del dominio público. Por otra parte, se regula la intervención del Registro de la Propiedad y el Catastro en los deslindes. Al mismo tiempo, desarrolla elementos novedosos como son el régimen aplicable a los tramos en situación de regresión grave, o los diferentes requisitos de ocupación según las playas sean naturales o urbanas. Desde 1989 se han promulgado diversas normas que necesariamente han de tenerse presentes tanto en la redacción como en la posterior aplicación de este reglamento. Siendo el dominio público marítimo terrestre una parte esencial de nuestro patrimonio natural, este no puede regularse ni gestionarse sin tener presente otra normativa que le es de aplicación; en particular, la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino, así como las futuras normas que habrán de dictarse en transposición de la Directiva 2014/89/UE, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, respecto de la cual no debe olvidarse que está en vigor, desde marzo de 2011, el Protocolo para la Gestión Integrada de Zonas Costeras. Asimismo, con un ámbito de aplicación que excede del dominio público marítimo terrestre, pero igualmente relevantes, también deben tenerse en cuenta la Ley 42/2007, de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y Biodiversidad, el Mandato de Yakarta de 1995 y el Convenio Europeo del Paisaje. Asimismo este Reglamento General de Costas desarrolla con detalle el régimen de la prórroga extraordinaria de las concesiones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas –pieza clave de la reforma de 2013–, fijando, en el caso de las concesiones ordinarias, el plazo máximo de duración de la prórroga en función de los usos, que en ningún caso podrá exceder de los setenta y cinco años. En definitiva, este nuevo reglamento tiene la inequívoca vocación de colaborar con la ley para proteger el dominio público marítimo-terrestre. Como cuestiones de forma destacables, el reglamento titula cada uno de los artículos y, con carácter meramente indicativo, señala el artículo de la ley que reproduce, aunque no en todos los casos sea de manera literal. Durante su tramitación, este reglamento se ha sometido a información pública, en la que han participado numerosos sectores, organismos y entidades afectados. Asimismo, se ha solicitado informe a los departamentos ministeriales afectados y se ha sometido a deliberación del Consejo Asesor de Medioambiente. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de octubre de 2014, DISPONGO: Artículo único. Aprobación del Reglamento General de Costas. Se aprueba el Reglamento General de Costas cuyo texto figura a continuación. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogado el Reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, y cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en el reglamento que este real decreto aprueba. Disposición final primera. Título competencial para la aprobación del Reglamento General de Costas. La presente norma se aprueba al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1.ª y 23.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección. No obstante, los capítulos V, VI y VII del título III, la disposición adicional octava, las disposiciones transitorias primera a quinta, decimotercera a decimoséptima, vigesimotercera, vigesimoquinta y vigesimosexta constituyen legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, y se dictan al amparo de los establecido en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución. La disposición adicional séptima se dicta al amparo de la competencia atribuida al Estado en materia de legislación civil por la cláusula 8.ª del artículo 149.1 de la Constitución. Disposición final segunda. No incremento de gasto público. Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 10 de octubre de 2014. FELIPE R. La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ISABEL GARCÍA TEJERINA REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS [indice]Título preliminar. Objeto y finalidades (art. 1 y 2). Títu ### RESUMEN: El Gobierno se puede saltar el veto a los hoteles en playa por razones excepcionales con valor económico

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de diciembre actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad n.º 6777-2012, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los artículos 59, 64.4 y apartado séptimo de la disposición adicional sexta de la Ley de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso –30 de noviembre de 2012–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros. Madrid, 11 de diciembre de 2012.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

Los dos recursos del Gobierno a leyes catalanas que el Tribunal Constitucional admitió. Los artículos quedan suspendidos.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de diciembre actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad n.º 6777-2012, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los artículos 59, 64.4 y apartado séptimo de la disposición adicional sexta de la Ley de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso –30 de noviembre de 2012–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros. Madrid, 11 de diciembre de 2012.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: Los dos recursos del Gobierno a leyes catalanas que el Tribunal Constitucional admitió. Los artículos quedan suspendidos.

El Real Decreto 2202/1995, de 28 de diciembre, por el que se dictan determinadas normas en desarrollo de la disposición adicional octava de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (sustituida por la disposición adicional séptima de la Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico, a su vez declarada vigente por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico), en su artículo 27 establece que la Dirección General de la Energía (hoy Dirección General de Política Energética y Minas) determinará la anualidad necesaria para satisfacer la compensación y, en consecuencia, el importe pendiente de compensación, por proyectos y titulares, de los proyectos nucleares definitivamente paralizados, con efectos a 31 de diciembre de cada año, previo cálculo y posterior comunicación por parte de la Comisión Nacional de Energía (hoy Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC). Por Orden del Ministro de Economía y Hacienda de 27 de junio de 1996 se autorizaron las condiciones de cesión del derecho de compensación y se estableció como único cesionario de la totalidad del derecho de compensación, reconocido a las compañías Iberdrola, S.A., Compañía Sevillana de Electricidad, S.A., Unión Eléctrica Fenosa, S.A. y Empresa Nacional de Electricidad, S.A., en su condición de titulares de los proyectos de construcción de las centrales nucleares de Lemóniz, Valdecaballeros y unidad II de Trillo, al «Fondo de titulización de activos resultantes de la moratoria nuclear», constituido en virtud de escritura pública de fecha 29 de abril de 1996, en Madrid, actuando en su nombre y representación «Titulización de Activos, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A.» (TdA), todo ello con fecha de efectividad de 4 de julio de 1996. En la estipulación 17ª de la citada escritura se establece que en el momento de liquidación del Fondo, una vez satisfechas todas las obligaciones del mismo, los remanentes existentes serán entregados por la Sociedad Gestora a la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional (hoy CNMC) para su aplicación a la liquidación de la energía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1.Octava de la Ley 40/1994, y la Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, renunciará a las Fracciones del Derecho de que sea titular en ese momento. Tanto la entrega de tesorería como la renuncia al importe pendiente de compensación se harán con cargo a la Cuenta de Amortización del Derecho de Compensación. Posteriormente, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión de 30 de marzo de 2006, acordó autorizar la modificación del «Fondo de Titulización de activos resultantes de la moratoria nuclear» en los términos contenidos en dicho acuerdo, entre los que figuraba que la Sociedad Gestora del Fondo debería acordar la renuncia parcial a la garantía de mínimos establecida en la legislación que regula el derecho de compensación resultante de la moratoria nuclear, fijando un nuevo mínimo garantizado. Todo lo cual se efectuó mediante acuerdo elevado a público de fecha 21 de abril de 2006, por el que se fijan los términos concretos de la renuncia a la garantía establecida en el artículo 21 del Real Decreto 2202/1995, arriba citado, y el compromiso a ejecutar el aval del Estado, con el límite máximo del nuevo importe mínimo anual, sólo en el caso de que fuera necesario para la obtención de los recursos precisos para la realización de los pagos que por todos los conceptos, tras la modificación del Fondo, deba éste atender en cada año de los comprendidos entre 2006 y 2015. Esta modificación del Fondo se recoge en la escritura de Novación del Fondo de Titulización de Activos Resultantes de la Moratoria Nuclear, de fecha 21 de abril de 2006, que sustituye el sistema de amortización del préstamo B, único pasivo del Fondo en ese momento, de modo que se extienda la duración de dicha amortización hasta el 26 de octubre de 2015. La nueva escritura mantiene en todos sus términos la estipulación 17ª citada anteriormente. La Sociedad Gestora del Fondo, TdA, comunicó a esta Dirección General, por escrito de fecha 15 de octubre de 2015, que iba a proceder a la liquidación del Fondo en la Fecha de Pago correspondiente al 26 de octubre de 2015 y que renuncia al importe pendiente de compensación correspondiente a las Fracciones del Derecho de que el Fondo sea titular en el momento de su Liquidación. Mediante escrito de fecha 3 de diciembre de 2015, la CNMC remitió a esta Dirección General el «Acuerdo por el que se aprueba el cálculo de los importes pendientes de compensación relativos a la moratoria nuclear. Cálculo de la anualidad de 2015 y del importe pendiente de compensación a 31 de diciembre de 2015», de fecha 24 de noviembre de 2015, así como el escrito de TdA, de 26 de octubre de 2015, en el que manifiesta la renuncia al importe pendiente de compensación a que se refiere el párrafo anterior. En este Acuerdo se pone de manifiesto que, con fecha 26 de octubre de 2015, el Fondo de Titulización de Activos Resultantes de la Moratoria Nuclear ha saldado todos sus compromisos de pago, y cancelado todos sus pasivos. A la vista de lo anterior, esta Dirección General ha resuelto determinar la Anualidad correspondiente a 2015 y el Importe Pendiente de Compensación a 26 de octubre de 2015, de los proyectos de centrales nucleares paralizados definitivamente por la disposición adicional octava de la Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, que son las siguientes: Anualidad Euros C.N. Lemóniz 27.358.570,27 C.N. Valdecaballeros 24.299.980,83 C.N. Trillo II 792.553,79 Total 52.451.104,89 El Importe Pendiente de Compensación a 26 de octubre de 2015 es de 0 €. Las cantidades resultantes de la diferencia entre el importe de las desinversiones y enajenaciones o de la explotación de los terrenos y emplazamientos, y los gastos incurridos como consecuencia de los programas de mantenimiento, desmantelamiento y cierre de instalaciones, que fueran eventualmente ingresadas en la cuenta de la moratoria nuclear que la CNMC mantiene en régimen de depósito, tendrán la consideración de ingresos liquidables del ejercicio en curso, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 de la Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2015. Según se establece en los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que contra esta resolución podrá interponer recurso de alzada ante el Sr. Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a contar desde su notificación, así como cualquier otro recurso que considere conveniente a su derecho. Madrid, 21 de diciembre de 2015.–La Directora General de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano Martín.

En octubre liquidamos la deuda de la moratoria nuclear, que arrancó en 1984 y que supuso miles de millones

El Real Decreto 2202/1995, de 28 de diciembre, por el que se dictan determinadas normas en desarrollo de la disposición adicional octava de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (sustituida por la disposición adicional séptima de la Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico, a su vez declarada vigente por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico), en su artículo 27 establece que la Dirección General de la Energía (hoy Dirección General de Política Energética y Minas) determinará la anualidad necesaria para satisfacer la compensación y, en consecuencia, el importe pendiente de compensación, por proyectos y titulares, de los proyectos nucleares definitivamente paralizados, con efectos a 31 de diciembre de cada año, previo cálculo y posterior comunicación por parte de la Comisión Nacional de Energía (hoy Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC). Por Orden del Ministro de Economía y Hacienda de 27 de junio de 1996 se autorizaron las condiciones de cesión del derecho de compensación y se estableció como único cesionario de la totalidad del derecho de compensación, reconocido a las compañías Iberdrola, S.A., Compañía Sevillana de Electricidad, S.A., Unión Eléctrica Fenosa, S.A. y Empresa Nacional de Electricidad, S.A., en su condición de titulares de los proyectos de construcción de las centrales nucleares de Lemóniz, Valdecaballeros y unidad II de Trillo, al «Fondo de titulización de activos resultantes de la moratoria nuclear», constituido en virtud de escritura pública de fecha 29 de abril de 1996, en Madrid, actuando en su nombre y representación «Titulización de Activos, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A.» (TdA), todo ello con fecha de efectividad de 4 de julio de 1996. En la estipulación 17ª de la citada escritura se establece que en el momento de liquidación del Fondo, una vez satisfechas todas las obligaciones del mismo, los remanentes existentes serán entregados por la Sociedad Gestora a la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional (hoy CNMC) para su aplicación a la liquidación de la energía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1.Octava de la Ley 40/1994, y la Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, renunciará a las Fracciones del Derecho de que sea titular en ese momento. Tanto la entrega de tesorería como la renuncia al importe pendiente de compensación se harán con cargo a la Cuenta de Amortización del Derecho de Compensación. Posteriormente, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión de 30 de marzo de 2006, acordó autorizar la modificación del «Fondo de Titulización de activos resultantes de la moratoria nuclear» en los términos contenidos en dicho acuerdo, entre los que figuraba que la Sociedad Gestora del Fondo debería acordar la renuncia parcial a la garantía de mínimos establecida en la legislación que regula el derecho de compensación resultante de la moratoria nuclear, fijando un nuevo mínimo garantizado. Todo lo cual se efectuó mediante acuerdo elevado a público de fecha 21 de abril de 2006, por el que se fijan los términos concretos de la renuncia a la garantía establecida en el artículo 21 del Real Decreto 2202/1995, arriba citado, y el compromiso a ejecutar el aval del Estado, con el límite máximo del nuevo importe mínimo anual, sólo en el caso de que fuera necesario para la obtención de los recursos precisos para la realización de los pagos que por todos los conceptos, tras la modificación del Fondo, deba éste atender en cada año de los comprendidos entre 2006 y 2015. Esta modificación del Fondo se recoge en la escritura de Novación del Fondo de Titulización de Activos Resultantes de la Moratoria Nuclear, de fecha 21 de abril de 2006, que sustituye el sistema de amortización del préstamo B, único pasivo del Fondo en ese momento, de modo que se extienda la duración de dicha amortización hasta el 26 de octubre de 2015. La nueva escritura mantiene en todos sus términos la estipulación 17ª citada anteriormente. La Sociedad Gestora del Fondo, TdA, comunicó a esta Dirección General, por escrito de fecha 15 de octubre de 2015, que iba a proceder a la liquidación del Fondo en la Fecha de Pago correspondiente al 26 de octubre de 2015 y que renuncia al importe pendiente de compensación correspondiente a las Fracciones del Derecho de que el Fondo sea titular en el momento de su Liquidación. Mediante escrito de fecha 3 de diciembre de 2015, la CNMC remitió a esta Dirección General el «Acuerdo por el que se aprueba el cálculo de los importes pendientes de compensación relativos a la moratoria nuclear. Cálculo de la anualidad de 2015 y del importe pendiente de compensación a 31 de diciembre de 2015», de fecha 24 de noviembre de 2015, así como el escrito de TdA, de 26 de octubre de 2015, en el que manifiesta la renuncia al importe pendiente de compensación a que se refiere el párrafo anterior. En este Acuerdo se pone de manifiesto que, con fecha 26 de octubre de 2015, el Fondo de Titulización de Activos Resultantes de la Moratoria Nuclear ha saldado todos sus compromisos de pago, y cancelado todos sus pasivos. A la vista de lo anterior, esta Dirección General ha resuelto determinar la Anualidad correspondiente a 2015 y el Importe Pendiente de Compensación a 26 de octubre de 2015, de los proyectos de centrales nucleares paralizados definitivamente por la disposición adicional octava de la Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, que son las siguientes: Anualidad Euros C.N. Lemóniz 27.358.570,27 C.N. Valdecaballeros 24.299.980,83 C.N. Trillo II 792.553,79 Total 52.451.104,89 El Importe Pendiente de Compensación a 26 de octubre de 2015 es de 0 €. Las cantidades resultantes de la diferencia entre el importe de las desinversiones y enajenaciones o de la explotación de los terrenos y emplazamientos, y los gastos incurridos como ### RESUMEN: En octubre liquidamos la deuda de la moratoria nuclear, que arrancó en 1984 y que supuso miles de millones

En aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva. De acuerdo con la propuesta formulada por la Comisión de Evaluación establecida en la disposición octava de la Resolución, de 23 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones de estudiantes universitarios. Con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.332C.489 prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y teniendo en cuenta las disposiciones séptima y décima de la citada Resolución, he resuelto conceder por importe de 49.975,09 euros, las subvenciones que se indican a continuación: Entidad NIF Importe Consejo Estatal de Estudiantes Medicina G47565452 5.000,00 Agrupación Centro de Cultura G73355307 4.900,33 Asoc. Estatal Representantes Alumnos Ingeniería Técnica Industrial. G15533649 4.360,47 Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores de Informática G83299487 3.986,71 Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes G78755170 3.903,65 Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes - Sindicato de Estudiantes G78568334 3.862,13 Asociación Sectorial de Estudiantes de Ingeniería de Edificación G83895631 3.737,54 Federación Asociaciones Regionales de Estudiantes de Cc. Económicas y Empresariales G80240096 3.696,01 Consejo de Estudiantes de Telecomunicación G85470664 3.156,15 Asoc. Estatal de Alumnos y Exalumnos de Relaciones Laborales /Graduado Social G97039176 2.823,92 Integra Voluntariado Joven G50738004 2.533,22 Federación Española de Asociaciones de Estudiantes de Medicina para la Cooperación Internacional G47282918 2.117,94 Federacion Asociaciones Progresistas «Giner de los Ríos» G83325985 1.993,36 Federacion de Asociaciones Bestspain G86321569 1.619,60 Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas G18660498 1.245,85 Confederación Española de Junior Empresa G78424678 1.038,21 Total 49.975,09 Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, según prevé la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Madrid, 12 de diciembre de 2012.–La Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Director General de Política Universitaria, Jorge Sainz González.

Subvenciones a asociaciones juveniles y confederaciones de estudiantes: En total casi 50.000 euros.

En aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva. De acuerdo con la propuesta formulada por la Comisión de Evaluación establecida en la disposición octava de la Resolución, de 23 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones de estudiantes universitarios. Con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.332C.489 prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y teniendo en cuenta las disposiciones séptima y décima de la citada Resolución, he resuelto conceder por importe de 49.975,09 euros, las subvenciones que se indican a continuación: Entidad NIF Importe Consejo Estatal de Estudiantes Medicina G47565452 5.000,00 Agrupación Centro de Cultura G73355307 4.900,33 Asoc. Estatal Representantes Alumnos Ingeniería Técnica Industrial. G15533649 4.360,47 Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores de Informática G83299487 3.986,71 Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes G78755170 3.903,65 Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes - Sindicato de Estudiantes G78568334 3.862,13 Asociación Sectorial de Estudiantes de Ingeniería de Edificación G83895631 3.737,54 Federación Asociaciones Regionales de Estudiantes de Cc. Económicas y Empresariales G80240096 3.696,01 Consejo de Estudiantes de Telecomunicación G85470664 3.156,15 Asoc. Estatal de Alumnos y Exalumnos de Relaciones Laborales /Graduado Social G97039176 2.823,92 Integra Voluntariado Joven G50738004 2.533,22 Federación Española de Asociaciones de Estudiantes de Medicina para la Cooperación Internacional G47282918 2.117,94 Federacion Asociaciones Progresistas «Giner de los Ríos» G83325985 1.993,36 Federacion de Asociaciones Bestspain G86321569 1.619,60 Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas G18660498 1.245,85 Confederación Española de Junior Empresa G78424678 1.038,21 Total 49.975,09 Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, según prevé la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Madrid, 12 de diciembre de 2012.–La Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Director General de Política Universitaria, Jorge Sainz González. ### RESUMEN: Subvenciones a asociaciones juveniles y confederaciones de estudiantes: En total casi 50.000 euros.

Por Orden ESS/1875/2012, de 31 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 1 de septiembre), se anunciaron para su cobertura, por libre designación, puestos de trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y en relación con el articulo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del proceso debido y el cumplimiento, por parte de los candidatos elegidos, de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, Este Ministerio ha dispuesto: Primero. Resolver la referida convocatoria en los términos que se señalan en el anexo adjunto. Segundo. La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado. Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo Órgano que la ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Madrid, 23 de octubre de 2012.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, P. D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo), el Subdirector General de Recursos y Organización del Servicio Público de Empleo Estatal, Enrique Sánchez-Izquierdo Nieto. ANEXO Servicio Público de Empleo Estatal Puesto adjudicado: Director/a Provincial de Albacete. Nivel complemento de destino: 27. Complemento específico: 13.665,12 euros. Localidad: Albacete. Adscripción AP: AM. Subgrupo A1. Puesto de procedencia: Servicio Público de Empleo Estatal. Directora Provincial en Albacete, con nombramiento provisional. Datos personales de la adjudicataria: Apellidos y nombre: Rodríguez Rueda, M. Rosario. N.º R. P.: 0754623768 A1502. Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Situación Administrativa: Servicio activo. Puesto adjudicado: Director/a Provincial de A Coruña. Nivel complemento de destino: 28. Complemento específico: 15.723,54 euros. Localidad: A Coruña. Adscripción AP: A1. Subgrupo A1. Puesto de procedencia: Servicio Público de Empleo Estatal. Directora Provincial en A Coruña, con nombramiento provisional. Datos personales de la adjudicataria: Apellidos y nombre: Lamas Pérez, Tania. N.º R. P.: 3462758235 A1502. Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Situación Administrativa: Servicio activo. Puesto adjudicado: Director/a Provincial de Jaén. Nivel complemento de destino: 27. Complemento específico: 13.665,12 euros. Localidad: Jaén. Adscripción AP: AM. Subgrupo A1. Puesto de procedencia: Servicio Público de Empleo Estatal. Directora Provincial en Jaén, con nombramiento provisional. Datos personales de la adjudicataria: Apellidos y nombre: Fernández de Liencres Torre, M. Carmen. N.º R. P.: 2647584657 A1600. Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. Situación Administrativa: Servicio activo. Puesto adjudicado: Director/a Provincial de Ourense. Nivel complemento de destino: 27. Complemento específico: 13.665,12 euros. Localidad: Ourense. Adscripción AP: AM. Subgrupo A1. Puesto de procedencia: Comunidad Autónoma de Galicia (Consejería de Educación y Ordenación Universitaria). Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Pérez Iglesias, José. N.º R. P.: 3490396002 A0590. Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Situación Administrativa: Servicio en otras Administraciones Públicas. Puesto adjudicado: Director/a Provincial de Pontevedra. Nivel complemento de destino: 28. Complemento específico: 15.723,54 euros. Localidad: Vigo. Adscripción AP: AM. Subgrupo A1. Puesto de procedencia: Servicio Público de Empleo Estatal. Directora Provincial en Pontevedra, con nombramiento provisional. Datos personales de la adjudicataria: Apellidos y nombre: Puebla Iglesias, M. Rosario. N.º R. P.: 3232733002 A1604. Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social. Situación Administrativa: Servicio activo. Puesto adjudicado: Director/a Provincial de Tenerife. Nivel complemento de destino: 28. Complemento específico: 15.723,54 euros. Localidad: Santa Cruz de Tenerife. Adscripción AP: AM. Subgrupo A1. Puesto de procedencia: Servicio Público de Empleo Estatal. Director Provincial en Tenerife, con nombramiento provisional. Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Merino Pérez, Carlos. N.º R. P.: 0520776424 A1603. Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Admón. de la Seguridad Social. Situación Administrativa: Servicio activo.

Listado de los ganadores del cargo público del servicio de empleo.

Por Orden ESS/1875/2012, de 31 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 1 de septiembre), se anunciaron para su cobertura, por libre designación, puestos de trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y en relación con el articulo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del proceso debido y el cumplimiento, por parte de los candidatos elegidos, de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, Este Ministerio ha dispuesto: Primero. Resolver la referida convocatoria en los términos que se señalan en el anexo adjunto. Segundo. La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado. Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo Órgano que la ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Madrid, 23 de octubre de 2012.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, P. D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo), el Subdirector General de Recursos y Organización del Servicio Público de Empleo Estatal, Enrique Sánchez-Izquierdo Nieto. ANEXO Servicio Público de Empleo Estatal Puesto adjudicado: Director/a Provincial de Albacete. Nivel complemento de destino: 27. Complemento específico: 13.665,12 euros. Localidad: Albacete. Adscripción AP: AM. Subgrupo A1. Puesto de procedencia: Servicio Público de Empleo Estatal. Directora Provincial en Albacete, con nombramiento provisional. Datos personales de la adjudicataria: Apellidos y nombre: Rodríguez Rueda, M. Rosario. N.º R. P.: 0754623768 A1502. Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Situación Administrativa: Servicio activo. Puesto adjudicado: Director/a Provincial de A Coruña. Nivel complemento de destino: 28. Complemento específico: 15.723,54 euros. Localidad: A Coruña. Adscripción AP: A1. Subgrupo A1. Puesto de procedencia: Servicio Público de Empleo Estatal. Directora Provincial en A Coruña, con nombramiento provisional. Datos personales de la adjudicataria: Apellidos y nombre: Lamas Pérez, Tania. N.º R. P.: 3462758235 A1502. Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Situación Administrativa: Servicio activo. Puesto adjudicado: Director/a Provincial de Jaén. Nivel complemento de destino: 27. Complemento específico: 13.665,12 euros. Localidad: Jaén. Adscripción AP: AM. Subgrupo A1. Puesto de procedencia: Servicio Público de Empleo Estatal. Directora Provincial en Jaén, con nombramiento provisional. Datos personales de la adjudicataria: Apellidos y nombre: Fernández de Liencres Torre, M. Carmen. N.º R. P.: 2647584657 A1600. Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. Situación Administrativa: Servicio activo. Puesto adjudicado: Director/a Provincial de Ourense. Nivel complemento de destino: 27. Complemento específico: 13.665,12 euros. Localidad: Ourense. Adscripción AP: AM. Subgrupo A1. Puesto de procedencia: Comunidad Autónoma de Galicia (Consejería de Educación y Ordenación Universitaria). Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Pérez Iglesias, José. N.º R. P.: 3490396002 A0590. Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Situación Administrativa: Servicio en otras Administraciones Públicas. Puesto adjudicado: Director/a Provincial de Pontevedra. Nivel complemento de destino: 28. Complemento específico: 15.723,54 euros. Localidad: Vigo. Adscripción AP: AM. Subgrupo A1. Puesto de procedencia: Servicio Público de Empleo Estatal. Directora Provincial en Pontevedra, con nombramiento provisional. Datos personales de la adjudicataria: Apellidos y nombre: Puebla Iglesias, M. Rosario. N.º R. P.: 3232733002 A1604. Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social. Situación Administrativa: Servicio activo. Puesto adjudicado: Director/a Provincial de Tenerife. Nivel complemento de destino: 28. Complemento específico: 15.723,54 euros. Localidad: Santa Cruz de Tenerife. Adscripción AP: AM. Subgrupo A1. Puesto de procedencia: Servicio Público de Empleo Estatal. Director Provincial en Tenerife, con nombramiento provisional. Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Merino Pérez, Carlos. N.º R. P.: 0520776424 A1603. Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Admón. de la Seguridad Social. Situación Administrativa: Servicio activo. ### RESUMEN: Listado de los ganadores del cargo público del servicio de empleo.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor Mohammed Haneche, exembajador de la República Argelina Democrática y Popular en España, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de octubre de 2016, Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Dado en Madrid, el 14 de octubre de 2016. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL

Gran Cruz del mérito civil para el exembajador de Argelia

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor Mohammed Haneche, exembajador de la República Argelina Democrática y Popular en España, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de octubre de 2016, Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Dado en Madrid, el 14 de octubre de 2016. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL ### RESUMEN: Gran Cruz del mérito civil para el exembajador de Argelia

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: PREÁMBULO I En el año 2003, las Cortes Generales aprobaron una nueva normativa en materia de montes, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, a través de la cual se procedía a actualizar el régimen jurídico regulador de los espacios forestales de acuerdo con la nueva concepción del medio ambiente consagrada por la Constitución Española y con los principios de gestión forestal sostenible que deben informar la ordenación y conservación de los montes españoles. Posteriormente se aprobó mediante la Ley 10/2006, de 28 de abril, una modificación parcial y muy definida de la ley, en un momento todavía inicial del proceso social de adaptación de los sistemas de ordenación de los montes a las prescripciones recogidas en el nuevo modelo de gestión forestal sostenible. Transcurridos diez años desde la aprobación de la Ley de Montes, y con base en su aplicación, se han detectado algunos aspectos que es conveniente mejorar; otros que, debido al desarrollo posterior de la legislación nacional o autonómica, es preciso adaptar; y, finalmente, otros en cuyo desarrollo hay que avanzar más, tanto con respecto del texto originalmente aprobado de la ley como de la primera modificación realizada en 2006. Por ello, y con el fin de tener el mejor instrumento posible para la gestión sostenible de las masas forestales españolas, se realizan modificaciones en los aspectos mencionados a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, ajustándose además a lo dispuesto en las sentencias del Tribunal Constitucional relativas a la impugnación de múltiples preceptos de la ley originalmente aprobada, fundamentalmente la Sentencia del Tribunal Constitucional 49/2013, de 28 de febrero, la Sentencia del Tribunal Constitucional 84/2013, de 13 de abril, y la reciente Sentencia 97/2013, de 23 de abril, en que los recurrentes han sido, respectivamente, las comunidades autónomas de Cataluña, La Rioja y Castilla y León. Una de las novedades es la consideración, como un nuevo principio inspirador de esta ley, de los montes como infraestructuras verdes, en sintonía con la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones COM (2013) 249 final, de 6 de mayo de 2013, denominada «Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa», puesto que constituyen unos sistemas naturales prestadores de servicios ambientales de primer orden. En esta modificación se ahonda en la imbricación del territorio forestal como una parte muy importante del mundo rural, al que pertenece, y a cuyo desarrollo ha de coadyuvar de forma activa. Por otro lado, se perfecciona el equilibrio entre los tres pilares imprescindibles de la gestión forestal sostenible, es decir, el económico, el ecológico y el social. Igualmente se reconoce el concepto de multifuncionalidad de los montes españoles, es decir, su capacidad de cumplir simultáneamente con varias funciones económicas, ecológicas y sociales, incluyendo las culturales (materiales e inmateriales), sin que ninguna de ellas vaya en detrimento de las demás. En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, se determina que los terrenos agropecuarios que se dediquen temporalmente a cultivos de especies forestales estarán sometidos a esta ley de montes durante dicho periodo, con todas la características de los montes, hasta que termine el turno de aprovechamiento previamente establecido, en el que pueden recuperar su condición anterior de terrenos dedicados a la agricultura o la ganadería. II Como novedad, en el artículo 7 se sistematizan las facultades que corresponden a la Administración General del Estado derivadas del vigente marco constitucional, de las que se destacan, entre otras, la coordinación de la elaboración y la aprobación de las directrices sobre distintos aspectos de la lucha contra incendios forestales, así como el despliegue de medios estatales de apoyo a las comunidades autónomas, independientemente de que ambas cuestiones se elaboren en estrecha coordinación con las comunidades autónomas. Asimismo se refleja en la ley la competencia de la Administración General del Estado derivada del Reglamento (CE) n.º 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT (Aplicación de la legislación forestal, gobernanza y comercio) aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea. La aplicación de esta política se realizará conforme a las competencias de cada Administración, por lo que figura como competencia compartida. El cuadro de competencias compartidas se cierra con la inclusión de aquellos aspectos en materia de conservación y ordenación de los recursos cinegéticos y piscícolas que superan el ámbito de una comunidad autónoma, cuya coordinación conviene sea ejercida por la Administración General del Estado. En cuanto a los órganos de coordinación con las comunidades autónomas la ley dota de flexibilidad a la Administración para adaptarse a las diferentes estructuras que a lo largo del tiempo pueda adquirir, obligando a la definición y regulación de los mismos, en el ámbito reglamentario, mucho más fácil de variar conforme las circunstancias lo vayan aconsejando. Por tanto, se mantiene la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural como órgano de coordinación, facilitando la configuración, funciones y objeto de los comités técnicos existentes y los que sean necesarios en el futuro mediante normas de rango menor. De igual manera, recupera la figura de un órgano de participación de ámbito forestal mediante el establecimiento de un Consejo Forestal Nacional, cuyas funciones específicas, composición y funcionamiento también se regularán por la vía reglamentaria. III La ley establece una clasificación de los montes en grupos disjuntos, primero según su titularidad y seguidamente por su afección a un interés general, que es el factor que determina las características de la gestión de que deben ser objeto. La especial importancia de estos montes, ya sean públicos o privados, derivada de los valores singulares que incorporan, les hace acreedores de una peculiaridad que justifica la adopción de una regulación y unos registros propios, diferentes para cada titularidad, a través de los cuales las Administraciones puedan velar por su especial protección y salvaguarda. En esta modificación se amplían varios aspectos referentes, por un lado, al uso de montes públicos, que cuando es privativo se somete con carácter general al régimen de concesión administrativa, o que puede ser público y, por tanto, libre, pero en todo caso ordenado, por lo que se debe contemplar en el instrumento de gestión aplicable. Se refuerzan las disposiciones que permiten la defensa del Dominio Público Forestal en lo que se refiere a recuperación posesoria, deslinde, adquisición preferente y derechos de tanteo y retracto. No se modifica el régimen de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad y ausencia de tributación. Entre los montes privados, se mantiene la figura de los protectores. Aunque persiste la denominación, se redefinen como aquellos montes privados que cumplen alguna de las condiciones que se exige a los públicos para declararse de utilidad pública, ampliando, por tanto, el concepto y afectando al monte de una manera secundaria a un servicio público, lo que permitirá la preferencia en la compensación de sus externalidades positivas. Se aprovecha para introducir un nuevo artículo 27 bis en substitución de la disposición adicional décima, reguladora de los montes pro indiviso, caracterizados por la falta de identificación de todos los comuneros. Bajo la denominación de montes de socios se establece un procedimiento que permitirá a los titulares conocidos proceder a su gestión evitando así el abandono y deterioro del monte, y desaprovechamiento de los recursos naturales y a la vez, esclarecer la titularidad de las cuotas vacantes. IV Manteniéndose la apuesta general por la planificación como mejor vía para garantizar la gestión forestal sostenible, se simplifica y se hace posible este principio para aquellos montes de reducida superficie, muy frecuentes en nuestra geografía, para los que un procedimiento de ordenación o un plan técnico individualizado resulta muy costoso e inabordable por sus propietarios o gestores. La adhesión a un modelo tipo de gestión forestal debidamente aprobado, que incluya series de actuaciones selvícolas aplicables a los diferentes tipos de monte a la escala apropiada, puede reemplazar los instrumentos individuales siempre que las comunidades autónomas así lo permitan, favoreciendo la ordenación forestal mediante instrumentos flexibles y de bajo coste para montes pequeños. De esta forma, se abre la puerta a que las comunidades autónomas puedan establecer una serie de modelos-tipo de gestión forestal para cada una de las clases de monte que poseen en su territorio y que consideren que, por su tamaño, su simplicidad estructural o por cualesquiera otras razones, pueden ser objeto de un plan de gestión muy simple. El titular que por escrito se adhiere a uno de esos modelos aprobados se compromete a seguir lo que en dicho modelo se indica y su monte se puede considerar ordenado. Evidentemente, los servicios de inspección pueden comprobar que realmente se efectúan las acciones silvícolas prescritas en el modelo en el terreno que a ello se ha comprometido. Al mismo tiempo, se limita la obligación legal de disponer de un proyecto de ordenación, plan dasocrático u otro instrumento equivalente a los montes catalogados y los protectores, debido a los valores forestales o naturales que poseen y que hacen necesario este instrumento específico. Igualmente, las comunidades autónomas podrán ampliar esta obligación a los montes que consideren conveniente. Se conserva la autorización previa, o declaración responsable si se trata de turnos cortos, para los aprovechamientos en montes que no dispongan de instrumento alguno de ordenación y la simple notificación previa para los que dispongan de él. En todos ellos se obliga a notificar con posterioridad al aprovechamiento a efectos estadísticos. Con este sistema se agiliza y simplifica la tramitación al tiempo que se fomenta la planificación forestal. Se determina en este texto que los contratos públicos de aprovechamientos forestales, diferentes en esencia de las concesiones de uso, se deben regir en sus términos generales por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, bajo la figura de contratos especiales, puesto que deben estar sometidos a la legislación sectorial forestal. Por esta razón, se faculta al Gobierno a regular reglamentariamente el régimen básico de estos contratos de obras y servicios forestales. La certificación forestal voluntaria, transparente y no discriminatoria se reconocía ya en el texto anterior como un valioso instrumento de gestión forestal sostenible que pretende, en último extremo, vincular el comercio de los productos forestales con la gestión sostenible de los montes de los que proceden y conseguir que el usuario final se decante por productos procedentes de montes planificados y gestionados con criterios sostenibles. En esta modificación se elimina el procedimiento administrativo que supondría la garantía que el Estado proporciona sobre la voluntariedad, transparencia y no discriminación de los esquemas de certificación. En la modificación introducida se establece además que las Administraciones públicas tratarán de controlar la legalidad del origen de los productos forestales, poniendo todos los medios para evitar la introducción en el mercado europeo a través de nuestro país de madera y productos forestales cuyo origen no sea legal, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea y el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera. V Se mantiene, sobre el ya difícil cambio de uso forestal con carácter general, la prohibición expresa del cambio de uso durante 30 años en un terreno incendiado. Se añade, sin embargo, una excepción, para terrenos en que concurran razones imperiosas de interés general de primer orden que resulten prevalentes sobre su carácter forestal. Esta prevalencia debe ser definida por una norma con rango de ley, lo que exige un proceso de participación pública y un pronunciamiento con sede en la soberanía popular. Por último, se exigen medidas compensatorias. El acceso a los montes y el uso de las pistas forestales, prohibido con carácter general por el texto de 2006, se deja ahora a la decisión de cada comunidad autónoma, que deberá legislar al respecto en todo caso si queda prohibido o permitido con carácter general, autorizándose o prohibiéndose en los casos que se decidan. En todo caso se garantiza el acceso a los vehículos vinculados a la gestión, las servidumbres de paso reconocidas y a los servicios de vigilancia y extinción de incendios. Junto con estas modificaciones, en ejecución de una medida CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas), se modifica el régimen de los agentes forestales y las potestades administrativas de extensión, policía y guardería forestal. VI Por otra parte, se crea el Registro Nacional de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales, no como licencia o requisito previo para desarrollar su correspondiente actividad, sino con el carácter de instrumento de cumplimiento de la trazabilidad de los productos forestales y de la diligencia debida que deben tener a efectos de legalidad, así como fuente de información estadística, base para la planificación forestal a escala regional y nacional. VII La aplicación del esquema de infracciones y sanciones de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, se ha mostrado deficiente al tener sólo en cuenta el tiempo necesario para la recuperación del daño ambiental como factor de gravedad, obviando la dimensión del mismo. Como factor de corrección se introduce una medida de la importancia de dicho daño como moduladora de la gravedad de la infracción, de forma que, tanto las infracciones produzcan daños que tardaren mucho tiempo en recuperarse, como las que ocasionaren daños muy cuantiosos –estimados mediante el valor de reposición– se considerarán graves o muy graves, según los casos. Esto implica que este segundo factor, que en la redacción anterior se consideraba como agravante, deja de serlo, pues no se debe utilizar dos veces en la calificación de la infracción. También incide en la gravedad la reincidencia en faltas de menor gravedad. Se introduce en este capítulo una nueva infracción por violación de los preceptos derivados de la aplicación del Reglamento n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre, sobre aseguramiento de la legalidad de los productos de madera, y la normativa europea derivada, cuestión que tiene reserva de ley. En ella el valor de la madera introducida en el mercado contraviniendo la normativa es el que define la gravedad de la infracción. Para desincentivar la posibilidad de que la sanción se considere un coste más de una operación, pese a lo cual siga resultando rentable, se introduce el factor de que la sanción será la mayor de la prescrita o el doble del valor del daño causado (o de la madera comercializada, que además se confisca), junto con la obligación de reparar los daños, por lo que los casos en que a pesar de ello la infracción sea rentable, se eliminan en su práctica totalidad. VIII Con la idea de reactivar económicamente el sector forestal, en este caso mediante la agrupación de montes a efectos de gestión –y solamente a estos efectos– de forma que se pueda aplicar una economía de escala, se definen las sociedades forestales, cuyos socios mantienen todas las prerrogativas dominicales a excepción de la gestión forestal, que se entrega por un tiempo a la sociedad a cambio de una participación en los beneficios de los mismos. Con el objeto de incentivar las agrupaciones de propietarios y la mejora en la sostenibilidad de los montes, se establece una deducción en el Impuesto sobre Sociedades de las sociedades forestales del 10 por ciento de los gastos e inversiones destinados a la conservación, mantenimiento, mejora, protección y acceso del monte para las Sociedades Forestales creadas en esta ley, y al mismo tiempo y con el mismo fin se establece el régimen especial de diferimiento previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con el objeto de evitar la tributación que pudiera existir en el momento de realización de aquellas operaciones por las que se ceden los derechos de uso forestal por parte de los propietarios de parcelas susceptibles de aprovechamiento forestal, a la sociedad forestal a cambio de participaciones en la misma. Con el fin de facilitar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 995/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre, se establece la validez de una declaración responsable, cuyo contenido mínimo se regulará reglamentariamente, para el cumplimiento de los requisitos derivados del segundo, estableciéndose también el carácter de infracción leve de su omisión. Igualmente, y a efectos de homogeneizar la intensidad y forma de realizar las inspecciones, se establece la elaboración de un Plan Nacional de Inspección en cooperación con las comunidades autónomas. Por último, constatada la baja proporción de montes con instrumento de planificación vigente, se aumentan en diez años –a comenzar desde 2004– los plazos en los cuales los montes que tengan esa obligación deben contar con un proyecto de ordenación, plan dasocrático, técnico o instrumento equivalente, así como el de carencia de dicho instrumento a efectos de incentivos. Esta ampliación se justifica por el cambio de las condiciones: no son los mismos montes los que tienen que tener dicho plan, la existencia de la posibilidad de modelos tipo de gestión forestal que hace más fácil la planificación, pero que llevará un tiempo elaborar. Todo ello hace aconsejable establecer un plazo adicional para la adecuación del sistema de incentivos a montes ordenados y de acomodación a la legalidad de los montes catalogados y protectores. IX En la ley de modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, se incluyen también seis disposiciones adicionales que responden a diferentes fines: así, la primera se limita a actualizar las referencias con el nombre correcto del Departamento Ministerial. Se introduce también en segundo lugar una disposición adicional análoga a la ya contenida en el artículo 120 de la Ley 62/2003, de 31 de diciembre, de medidas fiscales administrativas y del orden social, que garantice una correcta aplicación de las ayudas directas de la Política Agrícola Común en España, conforme a criterios comunes establecidos a escala nacional para todo el territorio derivadas del nuevo marco comunitario contenido en los Reglamentos (UE) 1307/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común, y 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, en particular, las relativas al sistema integrado de gestión y control establecido en el capítulo II del título V y al sistema de condicionalidad establecido en el título VI, y disposiciones concordantes. Se procede mediante la disposición adicional tercera a cambiar la denominación de los cuerpos de Ingenieros agrónomos y de Ingenieros de montes, dos de los cuerpos más antiguos de la Administración, incluyendo expresa mención «del Estado». La disposición adicional cuarta recoge algunos aspectos del mundo de la caza y la pesca que, aun reconociendo la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en su legislación, requieren, para garantizar la unidad de mercado, cierta armonización y organización a escala nacional, como actividades económicas que también son. Así, se prevé la elaboración y adopción de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética así como el registro nacional de infractores que este sistema debe conllevar para ser efectivo. La disposición adicional quinta establece las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. La disposición adicional sexta regula el Camino Natural y la Red Nacional de Caminos Naturales. Por último, se incluyen también siete disposiciones finales. La primera de ellas modifica la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura. La segunda modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional. La tercera añade un nuevo artículo tras el 16 a la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, en el sentido de prevenir la transmisión de enfermedades al ganado o a los humanos por medio de las especies cinegéticas, estableciendo que tanto las granjas productoras de especies cinegéticas como los terrenos cinegéticos y el movimiento de estas especies estarán regulados por la legislación vigente en sanidad animal. La cuarta modifica la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. La quinta declara que el texto anterior no supone aumento del gasto público y fija en tres meses el plazo de entrada en vigor del mismo. La sexta, por su parte, establece la habilitación competencial y finalmente la séptima fija en tres meses el plazo de entrada en vigor. X La Ley incorpora una serie de preceptos relativos al trasvase Tajo-Segura, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional, de 5 de febrero. Esta sentencia ha declarado la inconstitucionalidad de varias disposiciones relativas al trasvase Tajo-Segura, que fueron introducidas mediante enmiendas en el curso de la tramitación parlamentaria de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por haberse omitido el preceptivo trámite de audiencia a la Comunidad Autónoma de Aragón, previsto en el artículo 72.3 de su Estatuto de Autonomía. La declaración de inconstitucionalidad ha generado incertidumbre y pone en riesgo el normal funcionamiento del trasvase. Con el firme propósito de evitar esta situación, en la presente Ley se da cumplimiento a la sentencia del Alto Tribunal. El trasvase Tajo-Segura, en servicio desde 1979, es una infraestructura esencial: abastece a 2,5 millones de personas y garantiza el suministro de riego a 150.000 hectáreas, dedicadas a la agricultura. Se trata de cultivos de alto valor añadido y muy tecnificados, que precisan de un marco normativo claro y estable en el tiempo, que permita conocer a los regantes con total seguridad el recurso hídrico del que disponen para programar adecuadamente las cosechas y acceder a la financiación que precisan para desarrollar su actividad. La propia sentencia del Tribunal Constitucional subraya la relevancia de estas disposiciones, en su fundamento jurídico quinto, al indicar con toda claridad que «todas estas disposiciones se refieren al régimen de transferencias hídricas a través del Acueducto Tajo-Segura, cuya trascendencia está fuera de toda duda de suerte que la anulación de las normas antes mencionadas es susceptible de generar graves perjuicios a los intereses generales. De este modo, se asegura el funcionamiento ordinario y con plena seguridad jurídica del trasvase Tajo-Segura. Artículo único. Modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, queda modificada en los siguientes términos: Uno. Los apartados 2 y 3 del artículo 2 quedan redactados de la siguiente forma: «2. A los terrenos de condición mixta agrosilvopastoral, y en particular a los terrenos adehesados, les será de aplicación esta ley en lo relativo a sus características y aprovechamientos forestales, sin perjuicio de la aplicación de la normativa que les corresponda por sus características agropecuarias. 3. Los montes o fracciones de monte que estén incluidos en espacios naturales protegidos se rigen por su legislación específica, así como por las disposiciones de esta ley en lo que no sea contrario a aquélla.» Dos. La letra f) del artículo 3, queda redactada de la siguiente forma: «f) La conservación, mejora y restauración de la biodiversidad de los ecosistemas y especies forestales.» Tres. Se añade una nueva letra l) al artículo 3 que queda redactada de la siguiente forma: «l) La consideración de los montes como infraestructuras verdes para mejorar el capital natural y su consideración en la mitigación del cambio climático.» Cuatro. El artículo 4 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 4. Multifuncionalidad de los montes. Los montes, independientemente de su titularidad, desempeñan una función social relevante, tanto como fuente de recursos naturales y sustento de actividades económicas como por ser proveedores de múltiples servicios ambientales, entre ellos, de protección del suelo y del ciclo hidrológico; de fijación del carbono atmosférico; de depósito de la diversidad biológica y como elementos fundamentales de la conectividad ecológica y del paisaje. El reconocimiento de estos recursos y externalidades, de los que toda la sociedad se beneficia, obliga a las Administraciones públicas a velar en todos los casos por su conservación, protección, restauración, mejora y ordenado aprovechamiento.» Cinco. El apartado 2 del artículo 5 quedará redactado de la forma siguiente: «2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los demás apartados de este artículo, no tienen la consideración de monte: a) Los terrenos dedicados al cultivo agrícola. b) Los terrenos urbanos. c) Los terrenos que excluya la comunidad autónoma en su normativa forestal y urbanística.» Seis. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 5, con el siguiente contenido: «4. Las plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo sobre terrenos agrícolas estarán sometidas a lo dispuesto en esta ley durante la vigencia de los turnos de aprovechamiento previamente establecidos, a menos que la comunidad autónoma decida expresamente un periodo más corto decidiendo su titular una vez finalizado dicho periodo sobre el aprovechamiento de dicho terreno.» Siete. Las letras f), i), n), ñ) y q) del artículo 6 quedan redactadas de la siguiente forma: «f) Repoblación forestal: establecimiento de especies forestales en un terreno mediante siembra o plantación. Puede ser forestación o reforestación.» «i) Aprovechamientos forestales: los maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, los de corcho, los de resina, pastos, caza, frutos, hongos, plantas aromáticas y medicinales, productos apícolas y los demás productos y servicios con valor de mercado característicos de los montes.» «n) Proyecto de ordenación de montes: documento técnico que sintetiza la organización en el tiempo y el espacio de la utilización sostenible de los recursos forestales, maderables y no maderables, en un monte o grupo de montes, para lo cual debe incluir una descripción pormenorizada del terreno forestal en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, en particular, un inventario forestal con un nivel de detalle tal que permita la toma de decisiones en cuanto a la selvicultura a aplicar en cada una de las unidades del monte y a la estimación de sus rentas.» «ñ) Plan dasocrático o plan técnico: proyecto de ordenación de montes que, por su singularidad –pequeña extensión; funciones preferentes distintas a las de producción de madera o corcho; masas inmaduras (sin arbolado en edad de corta), etc.– precisan una regulación más sencilla de la gestión de sus recursos. En consonancia, el inventario forestal podrá ser más simplificado, si bien será necesario que incorpore información sobre espesura en el caso de montes arbolados.» «q) Agente forestal: Funcionario que ostenta la condición de agente de la autoridad perteneciente a las Administraciones Públicas que, de acuerdo con su propia normativa y con independencia de la denominación corporativa específica, tiene encomendadas, entre otras funciones, las de vigilancia, policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en sentido genérico tal como establece el apartado 6 del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, actuando de forma auxiliar de los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal, y de manera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con respeto a las facultades de su legislación orgánica reguladora.» Ocho. Las letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo 7 quedan redactadas de la siguiente forma: «a) La definición de los objetivos generales de la política forestal española a través de documentos como: 1.º Estrategia Forestal Española. 2.º Plan Forestal Español. 3.º Programa de Acción Nacional contra la Desertificación. 4.º Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración hidrológico-forestal. 5.º Plan Nacional de Control de la Legalidad de la Madera Comercializada. b) La recopilación, elaboración y sistematización de la información forestal para mantener y actualizar la Información Forestal Española. c) El establecimiento de las directrices comunes sobre formación en materia de extinción y prevención de incendios, en la normalización de los medios materiales, y de los equipamientos de personal de extinción de incendios forestales en todo el territorio español, así como el despliegue de medios estatales de apoyo a las comunidades autónomas, para la cobertura de los montes contra incendios.» Nueve. La letra f) del apartado 2 del artículo 7 queda redactada de la siguiente forma: «f) El establecimiento de normas básicas sobre conservación y uso sostenible de los recursos genéticos forestales y sobre procedencia, producción, utilización y comercialización de los materiales forestales de reproducción y, en particular, la determinación de sus regiones de procedencia y el mantenimiento del Registro y del Catálogo Nacional de Materiales de Base.» Diez. La letra g) del apartado 2 del artículo 7 queda redactada de la siguiente forma: «g) La elaboración y la aprobación de las directrices básicas comunes de gestión forestal sostenible.» Once. La letra a) del apartado 3 del artículo 7 queda redactada de la siguiente manera: «a) La coordinación de la llevanza del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, así como la del Registro de Montes Protectores y demás registros previstos en esta ley.» Doce. La letra b) del apartado 3 del artículo 7 queda redactada de la siguiente manera: «b) La colaboración en el diseño de las redes, la recopilación y comunicación a los órganos comunitarios de los datos obtenidos por las comunidades autónomas en su ámbito territorial y de los obtenidos por la Administración General del Estado en el ámbito suprautonómico o en el de sus competencias, procedentes de las parcelas de las redes europeas para el seguimiento del estado de los montes, y otros sistemas de seguimiento general.» Trece. La letra b) del artículo 9 queda redactada de la siguiente manera: «b) La gestión de los montes catalogados de su titularidad, cuando así se disponga y en la forma que se disponga en la legislación forestal de la comunidad autónoma.» Catorce. El artículo 10 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 10. Órganos de coordinación y participación de la política forestal española. 1. Corresponde a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural la coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para la preparación, estudio y desarrollo de las cuestiones propias de la política forestal española. 2. Se crea el Consejo Forestal Nacional como órgano consultivo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en materia de montes y política forestal, que informará, entre otros, las normas y planes de ámbito estatal relativas al ámbito forestal. Presidido por el Ministro, su composición, organización y funcionamiento se determinarán reglamentariamente garantizándose, en todo caso, la participación de las organizaciones representativas de los intereses afectados, sin que puedan generar costes de personal ni aumento del gasto público.» Quince. El apartado 4 del artículo 11 queda redactado de la siguiente forma: «4. Los montes vecinales en mano común son montes privados que tienen naturaleza especial derivada de su propiedad en común sin asignación de cuotas, siendo la titularidad de éstos de los vecinos que en cada momento integren el grupo comunitario de que se trate y sujetos a las limitaciones de indivisibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de Montes Vecinales en Mano Común, se les aplicará lo dispuesto para los montes privados.» Dieciséis. Se suprime el artículo 12 bis. Diecisiete. El artículo 13 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 13. Montes catalogados de utilidad pública. A partir de la entrada en vigor de esta ley, las comunidades autónomas podrán declarar de utilidad pública e incluir en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública los montes públicos comprendidos en alguno de los siguientes supuestos: a) Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a los procesos de erosión. b) Los situados en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y aquellos otros que contribuyan decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, incluidos los que se encuentren en los perímetros de protección de las captaciones superficiales y subterráneas de agua, evitando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos e infraestructuras, o mejorando el abastecimiento de agua en cantidad o calidad. c) Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el aterramiento de embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el viento. d) Los que sin reunir plenamente en su estado actual las características descritas en los párrafos a), b) o c) sean destinados a la repoblación o mejora forestal con los fines de protección en ellos indicados. e) Los que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica a través del mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la preservación de la diversidad genética y, en particular, los que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, zonas de especial protección para las aves, zonas de especial conservación, lugares de interés geológico u otras figuras legales de protección, así como los que constituyan elementos relevantes del paisaje. f) Aquellos otros que establezca la comunidad autónoma en su legislación.» Dieciocho. El apartado 3 del artículo 15 queda redactado de la siguiente forma: «3. Los aprovechamientos forestales en el dominio público forestal se regirán por lo que se establece en los artículos 36 y 37 de esta ley.» Diecinueve. El apartado 5 del artículo 15 queda redactado de la siguiente forma: «5. En los procedimientos de concesión y autorización de actividades económicas promovidas por la administración gestora del monte que vayan a realizarse en montes demaniales, sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación de los montes comunales, se respetarán los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Se aplicará además el principio de concurrencia competitiva conforme a los instrumentos o directrices de planificación y gestión del mismo en los siguientes supuestos: a) cuando se trate de una actividad de servicios que se promueva por la administración gestora del monte. b) cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por terceros. Los criterios en que se basará la concesión y autorización para la realización de actividades de servicios estarán directamente vinculados a lo dispuesto en los instrumentos o directrices de planificación y gestión del monte. La duración de dichas autorizaciones y concesiones será como máximo de 75 años, de acuerdo con sus características, y no dará lugar a renovación automática ni a ventajas a favor del anterior titular o personas vinculadas con él.» Veinte. Los apartados 3, 4 y 5 del artículo 16 quedan redactados de la siguiente forma: «3. La inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de los montes públicos a los que se refiere el artículo 13 se hará de oficio o a instancia del titular, y se adoptará por acuerdo del máximo órgano de gobierno de cada comunidad autónoma, a propuesta de su respectivo órgano forestal, previa instrucción del correspondiente procedimiento en el que deberá ser oída la Administración titular y, en su caso, los titulares de derechos sobre dichos montes. 4. La exclusión de un monte del Catálogo de Montes de Utilidad Pública sólo procederá cuando haya perdido las características por las que fue catalogado y se regulará por el procedimiento descrito en el apartado anterior. La exclusión parcial o permuta de una parte no significativa de un monte catalogado podrá ser autorizada por acuerdo del máximo órgano de gobierno de cada comunidad autónoma, a propuesta de su órgano forestal, siempre que suponga una mejor definición de la superficie del monte o una mejora para su gestión y conservación. 5. Con carácter excepcional, por acuerdo del máximo órgano de gobierno de cada comunidad autónoma, previo informe de su órgano forestal y, en su caso, de la entidad titular, se podrá autorizar la exclusión o permuta de una parte de un monte catalogado por causa de interés público prevalente.» Veintiuno. Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 18 quedan redactados de la siguiente forma: «1. La declaración de utilidad pública de un monte no prejuzga ninguna cuestión de propiedad, pero constituye una presunción de posesión a favor de la entidad a la que el catálogo otorga su pertenencia. La titularidad que en el catálogo se asigne a un monte sólo puede impugnarse en juicio declarativo ordinario de propiedad ante los tribunales civiles, no permitiéndose el ejercicio de las acciones reales del artículo 250.1.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 2. En los casos en los que se promuevan juicios declarativos ordinarios de propiedad de montes catalogados, será parte demandada la comunidad autónoma, además de, en su caso, la entidad titular del monte. En todas las actuaciones que se realicen en los procedimientos judiciales a que se refiere este artículo deberá ser emplazada a su debido tiempo la representación de la administración gestora, declarándose nulas en caso contrario. 3. La Administración titular o gestora inscribirá los montes catalogados, así como cualquier derecho sobre ellos, en el Registro de la Propiedad, mediante certificación acompañada por un plano topográfico del monte o el levantado para el deslinde a escala apropiada, debidamente georreferenciados, y en todo caso la certificación catastral descriptiva y gráfica en la que conste la referencia catastral del inmueble o inmuebles que constituyan la totalidad del monte catalogado, de acuerdo con el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. En caso de discrepancia se estará a lo que disponga la legislación hipotecaria sobre la inscripción de la representación gráfica de las fincas en el Registro de la Propiedad.» Veintidós. Se añade un nuevo artículo 18 bis redactado de la siguiente forma: «Artículo 18 bis. Segregación de fincas parcialmente afectadas al dominio público forestal. 1. Cuando una finca registral de titularidad pública sea objeto de afectación parcial al dominio público forestal, la Administración titular podrá segregar la parte demanial de la patrimonial mediante certificación administrativa que será título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad. 2. En los expedientes administrativos de segregación regulados en el apartado anterior resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 13 y 46.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.» Veintitrés. El apartado 2 del artículo 19 queda redactado de la siguiente forma: «2. Se entenderá interrumpida la posesión a efectos de la prescripción por la realización de aprovechamientos forestales, por la iniciación de expedientes sancionadores o por cualquier acto posesorio realizado por la administración titular o gestora del monte.» Veinticuatro. El encabezamiento y el apartado 1 del artículo 20 quedan redactados como sigue: «Artículo 20. Investigación y recuperación posesoria de los montes públicos. 1. Los titulares de los montes públicos, por propia iniciativa o a instancia de la Administración gestora en los montes catalogados, tendrán la facultad de investigar la situación de los terrenos que se presuman pertenecientes a su patrimonio, según lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, a cuyo efecto podrán recabar todos los datos e informes que se consideren necesarios. La Administración gestora deberá colaborar en dicha investigación, poniendo a disposición de la administración titular los medios técnicos y documentales de los que disponga.» Veinticinco. El apartado 1 del artículo 21 queda redactado como sigue: «1. Los titulares de los montes públicos, junto con la Administración gestora en los montes catalogados, gozarán de la potestad de deslinde administrativo de sus montes. La administración forestal competente podrá colaborar en su caso en el deslinde de estos montes, poniendo a disposición de la Administración titular los medios técnicos y documentales de los que disponga.» Veintiséis. El apartado 4 del artículo 21 queda redactado como sigue: «4. Los deslindes deberán aprobarse a la vista de los documentos acreditativos o situaciones de posesión cualificada que acrediten la titularidad pública del monte objeto del deslinde, así como de la cartografía catastral y la certificación catastral descriptiva y gráfica del inmueble o inmuebles afectados, y establecerán sus límites con sus cabidas y plano georreferenciado si se dispone de él, debiendo concretarse igualmente los gravámenes existentes.» Veintisiete. El apartado 5 del artículo 21 queda redactado como sigue: «5. Solamente tendrán valor y eficacia en el acto del apeo los títulos de dominio inscritos en el Registro de la Propiedad y sentencias firmes en juicio declarativo de propiedad.» Veintiocho. El apartado 9 del artículo 21 queda redactado como sigue: «9. Una vez que el acuerdo de aprobación del deslinde fuera firme, se procederá al amojonamiento, con participación, en su caso, de los interesados. La Administración actuante deberá formalizar la correspondiente comunicación al Catastro Inmobiliario del resultado del deslinde, de acuerdo con la normativa catastral.» Veintinueve. El apartado 1 del artículo 23 queda redactado como sigue: «1. Los montes privados se gestionan en la forma que disponga su titular, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica y en el Código Civil.» Treinta. El apartado 3 del artículo 23 queda redactado como sigue: «3. La gestión de estos montes se ajustará, en caso de disponer de él, al correspondiente instrumento de gestión o planificación forestal. La aplicación de dichos instrumentos será supervisada por el órgano forestal de la comunidad autónoma. A falta de dicho instrumento, la gestión del titular conllevará la necesaria autorización previa para los aprovechamientos forestales en los términos que la comunidad autónoma establezca conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de esta ley.» Treinta y uno. Se suprime el encabezamiento del capítulo IV bis, quedando los artículos 24 y 24 bis incluidos dentro del capítulo IV. Treinta y dos. El artículo 24 queda redactado como sigue: «Artículo 24. Declaración de montes protectores. 1. Podrán ser declarados protectores aquellos montes o terrenos forestales de titularidad privada que cumplan alguna de las condiciones que para los montes públicos establece el artículo 13. 2. La declaración de monte protector se hará por la Administración de la comunidad autónoma correspondiente, previo expediente en el que, en todo caso, deberán ser oídos los propietarios y la entidad local donde radique. Igual procedimiento se seguirá para la desclasificación una vez que las circunstancias que determinaron su inclusión hubieran desaparecido. 3. Las comunidades autónomas crearán registros de montes protectores de carácter administrativo en que constarán las cargas, gravámenes y demás derechos reales que soportan los montes incluidos en ellos. 4. Se crea el Registro Nacional de Montes Protectores. Las comunidades autónomas remitirán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la información relativa a los asientos que se produzcan en sus registros conforme al apartado anterior a fin de elaborar y mantener actualizado el Registro Nacional. El Registro tendrá carácter informativo y dependerá del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Su organización y funcionamiento se establecerán reglamentariamente previa consulta a las comunidades autónomas.» Treinta y tres. Se suprimen los artículos 24 bis y 24 ter. Treinta y cuatro. El artículo 24 quáter pasa a ser el 24 bis y queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 24 bis. Gestión de montes protectores. 1. La gestión de los montes protectores corresponde a sus propietarios, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica. El gestor deberá presentar a la Administración forestal de la comunidad autónoma el correspondiente proyecto de ordenación de montes o plan dasocrático, en caso de no disponer de un instrumento de planificación de ordenación de recursos naturales o forestal vigente en la zona. 2. Las limitaciones que se establezcan en la gestión de los montes protectores por razón de las funciones ecológicas, de protección o sociales que cumplen podrán ser compensadas económicamente en los términos previstos en el capítulo III del título VI.» Treinta y cinco. La letra b) del apartado 1 del artículo 25 queda redactada de la siguiente manera: «b) De montes declarados protectores conforme al artículo 24.» Treinta y seis. Se añade un nuevo artículo 27 bis, que queda redactado como sigue: «Artículo 27 bis. Montes de socios. 1. Son montes de socios aquellos cuya titularidad corresponde, en pro indiviso, a varias personas y alguna de ellas son desconocidas, con independencia de su denominación y de su forma de constitución. 2. Cualquiera de los copropietarios de un monte de socios, con independencia de cuál sea su cuota de participación, podrá promover la constitución de una junta gestora ante el órgano competente en gestión forestal, que convocará, a instancia de parte, a todos los copropietarios conocidos. La junta gestora, una vez constituida, será el órgano de gobierno y representación de la comunidad en tanto existan cuotas de participación vacantes y sin dueño conocido, mediante comunicación al efecto a todos los demás copropietarios conocidos. La junta gestora comunicará la existencia de una o varias cuotas de participación que carecen de dueño conocido a la Dirección General del Patrimonio del Estado, a fin de que proceda en cumplimiento de lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto. 3. Para la válida constitución de la junta gestora, será necesario el acuerdo de, al menos, las cuatro quintas partes de los propietarios conocidos, y su formalización por escrito. Se levantará acta de la constitución de la junta gestora en la que figure la identificación del monte o montes afectados, la designación al menos de un presidente y un secretario y las normas de funcionamiento interno, que deberán incluir el criterio de incorporación de nuevos miembros. 4. Corresponde a la junta gestora: a) La representación y la gestión de la comunidad. Para ello podrá adoptar los actos de gestión y de administración que mejor convengan a los intereses comunes, lo que incluye la gestión y el disfrute del monte de socios y de todos sus productos y la enajenación de toda clase de aprovechamientos forestales, agrícolas, ganaderos, energéticos y mineros, así como cualquier otro acto para el que estén facultados los propietarios por esta ley. La junta gestora podrá acordar el reparto de beneficios generados entre los socios, en proporción a su participación, con exclusión de los correspondientes a las partes no esclarecidas, que deberán invertirse en la mejora del monte. b) La promoción de los expedientes de investigación de la titularidad de las cuotas vacantes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y demás normativa aplicable. La junta gestora tratará de identificar a los titulares de las cuotas vacantes, mediante cualesquiera pruebas documentales o de otra clase admitidas en derecho; en particular, mediante los datos obrantes en el Registro de la Propiedad, en el Catastro, en escrituras públicas, en testimonios y actas notariales o en partidas de nacimiento o de bautismo de los últimos titulares conocidos y de sus descendientes, sin perjuicio de las competencias de la Dirección General del Patrimonio del Estado. 5. Para la válida adopción de acuerdos se requerirá el voto favorable de la mayoría de las cuotas de participación de los propietarios conocidos, presentes o representados. 6. La junta gestora se disolverá una vez todos los comuneros estén identificados conforme a derecho, momento a partir del cual se somete a las reglas de comunidad de bienes en régimen de pro indiviso, no procediendo la acción de división hasta que no se haya procedido a la identificación de la totalidad de las cuotas vacantes. 7. La Dirección General del Patrimonio del Estado incoará el correspondiente procedimiento de investigación respecto a las cuotas vacantes siempre que de la comunicación de la junta gestora se desprenda que existen indicios fundados de que dichas cuotas carecen efectivamente de dueño. Al procedimiento de investigación se incorporarán las diligencias realizadas por la junta gestora tendentes al esclarecimiento de la titularidad de las cuotas, que no necesitarán ser reiteradas por la Administración General del Estado. En el caso de que se acreditase la existencia de cuotas vacantes, tales cuotas se entenderán afectadas por ministerio de la ley al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cuando se acuerde su incorporación al patrimonio de la Administración General del Estado, declarándose así en la resolución que ponga fin al procedimiento de investigación. El resultado de dicha identificación será objeto de declaración ante el Catastro Inmobiliario, a fin de incorporar al mismo las alteraciones catastrales que, en su caso, procedan. En todo caso, sobre dichas cuotas podrá iniciarse un procedimiento de enajenación al amparo de lo establecido en el artículo 112.6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 8. Los propietarios de los montes de socios se regirán en lo que no se oponga a esta regulación, por lo dispuesto en los artículos 392 y siguientes del Código Civil y, en particular, tendrán derecho de retracto. En cualquier caso, el derecho de retracto legal entre condueños no será aplicable en la transmisión ínter vivos otorgada a favor del cónyuge o parientes por consanguinidad dentro del segundo grado del condómino o sociedades unipersonales del mismo. 9. A las juntas gestoras constituidas se les asignará identificación fiscal para la realización de negocios jurídicos de su competencia.» Treinta y siete. El apartado 1 del artículo 28 queda redactado de la siguiente forma: «1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente coordinará con los demás órganos competentes de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas la elaboración de la Información Forestal Española, que incluirá las siguientes materias: a) El Inventario forestal nacional y su correspondiente Mapa forestal de España. b) El Inventario nacional de erosión de suelos. c) El Inventario Español de caza y pesca continental. d) Repoblaciones y otras actividades forestales. e) Relación de montes ordenados. f) Producción forestal y actividades industriales forestales. g) Incendios forestales. h) Seguimiento de la interacción de los montes y el medio ambiente. i) Caracterización del territorio forestal incluido en la Red Natura 2000 o en Espacios Naturales Protegidos y áreas protegidas por convenios internacionales. j) La diversidad biológica de los montes de España. k) Estado de protección y conservación de los principales ecosistemas y especies forestales españoles y efectos del cambio climático en los mismos. l) La percepción social de los montes. m) Servicios Ambientales. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá incluir en la Información Forestal Española otras operaciones estadísticas. Toda la información recogida en los inventarios, así como el contenido que integra la Información Forestal Española tendrá carácter público, siendo aplicable la normativa de acceso a la información medioambiental.» Treinta y ocho. Los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 28 quedan redactados de la siguiente forma: «2. Los órganos competentes en materia de estadística forestal de las comunidades autónomas y las demás Administraciones públicas proporcionarán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la información de carácter forestal de su ámbito de competencia necesaria para elaborar la Información Forestal Española y atender las demandas de información estadística de los organismos internacionales, así como para facilitar el acceso del ciudadano a la información forestal. En particular, antes del tercer cuatrimestre de cada año, proporcionarán la información estadística forestal que hayan elaborado sobre el año anterior. 3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente establecerá procedimientos de coordinación para que en los documentos de la Información Forestal Española y de la Estadística Agroalimentaria exista una identidad de las definiciones de los usos y aprovechamientos forestales y agrícolas, así como de las superficies asignadas a cada uno de ellos. 4. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pondrá la información contenida en la Información Forestal Española a disposición de las comunidades autónomas y entidades locales, las empresas e industrias forestales y demás agentes interesados. 5. Periódicamente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente elaborará y publicará un informe forestal español, a partir del análisis de los datos de la Información Forestal Española. 6. El Inventario Forestal Nacional y el Mapa Forestal de España, así como el Inventario Nacional de Erosión de Suelos, tendrán carácter continuo y una periodicidad de actualización al menos decenal. Su elaboración se hará aplicando criterios y metodología comunes para todo el territorio español.» Treinta y nueve. El artículo 29 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 29. Estrategia Forestal Española. 1. La Estrategia Forestal Española, como documento de referencia para establecer la política forestal española, contendrá el diagnóstico de la situación de los montes y del sector forestal español, las previsiones de futuro, de conformidad con sus propias necesidades y con los compromisos internacionales contraídos por España, y las directrices que permiten articular la política forestal española. 2. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, oídos los ministerios afectados, elaborará la Estrategia Forestal Española, con la participación de las comunidades autónomas y previo informe favorable de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. La Estrategia Forestal Española será aprobada mediante acuerdo del Consejo de Ministros. 3. Cuando las circunstancias lo aconsejen, y en cualquier caso con ocasión de cada revisión del Plan Forestal Español, la Estrategia Forestal Española será revisada. La revisión se tramitará y aprobará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.» Cuarenta. El artículo 30 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 30. Plan Forestal Español. 1. El Plan Forestal Español, como instrumento de planificación a largo plazo de la política forestal española, desarrollará la Estrategia Forestal Española. 2. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente elaborará el Plan Forestal Español con la participación de las comunidades autónomas teniendo en cuenta los planes forestales de aquéllas y previo informe favorable de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. El Plan Forestal Español será aprobado mediante acuerdo del Consejo de Ministros. 3. El Plan Forestal Español será revisado cada diez años, o en un plazo inferior cuando las circunstancias así lo aconsejen. La revisión se tramitará y aprobará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.» Cuarenta y uno. El apartado 4 del artículo 31 queda redactado de la siguiente forma: «4. El ámbito territorial de los PORF serán los territorios forestales con características geográficas, socioeconómicas, ecológicas, culturales o paisajísticas homogéneas. Se podrán adaptar a aquellas comarcalizaciones y divisiones de ámbito subregional planteadas por la ordenación del territorio u otras específicas divisiones administrativas propias de las comunidades autónomas.» Cuarenta y dos. La letra f) del apartado 6 del artículo 31 queda redactada de la siguiente forma: «f) Planificación de las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos fijados en el plan, incorporando las previsiones de repoblación, restauración hidrológico-forestal, prevención y extinción de incendios, prevención y lucha contra plagas, regulación de usos recreativos y ordenación de montes, incluyendo, cuando proceda, la ordenación cinegética, piscícola y micológica.» Cuarenta y tres. El apartado 8 del artículo 31 queda redactado de la siguiente forma: «8. Cuando exista un plan de ordenación de recursos naturales (PORN) de conformidad con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, u otro plan equivalente de acuerdo con la normativa autonómica que abarque el mismo territorio forestal que el delimitado según el apartado 5, la parte forestal de estos planes podrá tener el carácter de PORF, siempre y cuando cuenten con el informe favorable del órgano forestal competente.» Cuarenta y cuatro. El encabezamiento del artículo 32 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 32. La gestión forestal sostenible. Directrices básicas comunes.» Cuarenta y cinco. El apartado 2 del artículo 32 queda redactado de la siguiente forma: «2. El Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, aprobará las directrices básicas comunes de gestión forestal sostenible en relación con los siguientes aspectos: a) La adaptación a los montes españoles de los criterios e indicadores de sostenibilidad, su evaluación y seguimiento, de conformidad con los criterios establecidos en resoluciones internacionales y convenios en los que España sea parte y, en particular, los requeridos para los montes incluidos en la Red Natura 2000. b) El contenido mínimo de las instrucciones de ordenación y aprovechamiento de montes, para garantizar su gestión sostenible.» Cuarenta y seis. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 32, con la siguiente redacción: «4. El órgano autonómico competente podrá aprobar modelos tipo de gestión forestal para aquellos montes cuyas características así lo permitan, así como procedimientos de adhesión a los mismos que conlleven un compromiso de seguimiento por parte de sus titulares. Si así se establece, en estos casos la adhesión comportará la consideración de monte ordenado. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente colaborará con las comunidades autónomas en la elaboración de los modelos tipo de gestión forestal de cada comunidad, y facilitará el intercambio de experiencias sobre ellos.» Cuarenta y siete. El apartado 2 del artículo 33 queda redactado de la siguiente forma: «2. Los montes declarados de utilidad pública y los montes protectores deberán contar con un proyecto de ordenación de montes, plan dasocrático u otro instrumento de gestión equivalente.» Cuarenta y ocho. El apartado 4 del artículo 33 queda redactado de la siguiente forma: «4. El contenido mínimo de los proyectos de ordenación de montes y planes dasocráticos se determinará en las directrices básicas comunes para la gestión forestal sostenible y el aprovechamiento de montes establecidas en el artículo 32. La elaboración de estos instrumentos deberá ser dirigida y supervisada por profesionales con titulación forestal universitaria y deberá tener como referencia, en su caso, el PORF en cuyo ámbito se encuentre el monte.» Cuarenta y nueve. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 33 que se redacta de la siguiente forma: «5. El órgano competente de la comunidad autónoma regulará en qué casos puede ser obligatorio disponer de un instrumento de gestión para los montes privados no protectores y públicos no catalogados.» Cincuenta. El artículo 34 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 34. Gestión de montes catalogados de utilidad pública y montes protectores. 1. Los montes catalogados de utilidad pública y los montes protectores declarados con base en los párrafos a) a d) del artículo 13 se gestionarán con el fin de lograr la máxima estabilidad de la masa forestal, se evitará, en su caso, la fragmentación ecológica de los montes y se aplicarán métodos silvícolas que persigan prioritariamente el control de la erosión, del peligro de incendio, de los daños por nieve, vendavales, inundaciones y riadas o de otros riesgos para las características protectoras del monte. 2. Los montes catalogados y los montes protectores declarados con base en el párrafo e) del artículo 13 se gestionarán para garantizar su mantenimiento en un estado de conservación favorable o, en su caso, para la restauración de los valores que motivaron dicha declaración, sin menoscabo en lo posible de los fines especificados en el apartado 1.» Cincuenta y uno. El artículo 35 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 35. Certificación forestal. Las Administraciones públicas promoverán el desarrollo de los sistemas de certificación forestal voluntarios, transparentes y no discriminatorios.» Cincuenta y dos. El artículo 35 bis queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 35 bis. Compra responsable de productos forestales. A efectos de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el órgano de contratación podrá incluir entre las consideraciones de tipo medioambiental que se establezcan en el procedimiento de contratación, las relativas a las condiciones de legalidad del aprovechamiento de la madera y sus productos derivados en origen como factor excluyente en caso de no acreditarse, y las relativas a su sostenibilidad, que podrá acreditarse, entre otras formas, mediante la certificación forestal definida en el artículo 6.» Cincuenta y tres. El artículo 36 queda redactado de la forma siguiente: «Artículo 36. Aprovechamientos forestales. 1. El titular del monte será en todos los casos el propietario de los recursos forestales producidos en su monte, incluidos frutos espontáneos, y tendrá derecho a su aprovechamiento conforme a lo establecido en esta ley y en la normativa autonómica. 2. Los aprovechamientos de los recursos forestales se realizarán de acuerdo con las prescripciones para la gestión de montes establecidas en los correspondientes planes de ordenación de recursos forestales, cuando existan. Se ajustarán también, en su caso, a lo que concretamente se consigne en el proyecto de ordenación de montes, plan dasocrático o instrumento de gestión equivalente vigente. 3. El órgano competente de la comunidad autónoma regulará los aprovechamientos no maderables. Dichos aprovechamientos, y en particular el de pastos, deberán estar, en su caso, expresamente regulados en los correspondientes instrumentos de gestión forestal o PORF en cuyo ámbito se encuentre el monte en cuestión. 4. Los aprovechamientos en los montes del dominio público forestal podrán ser enajenados por sus titulares en el marco de lo establecido en la legislación patrimonial que les resulte de aplicación. 5. La Administración gestora de los montes demaniales podrá enajenar productos o servicios de los mismos, bajo el régimen de aprovechamientos forestales, con sujeción a las cláusulas técnico-facultativas y económico-administrativas que se establezcan y a los instrumentos de gestión vigentes. Como contraprestación, además o en lugar del precio, podrá establecerse o aceptarse la realización de determinadas mejoras del monte, que deberán sujetarse al instrumento de gestión correspondiente, a las condiciones específicas que se establezcan y a la aprobación del titular del monte. 6. En los contratos que celebren las Administraciones gestoras o titulares de montes demaniales para la realización de actuaciones de mejora en dichos montes, en las que se generen productos forestales con valor de mercado, estos podrán quedar a disposición del adjudicatario de los trabajos y el precio estimado de su venta constituir un elemento dentro del presupuesto de la actuación. 7. Los aprovechamientos en los montes afectados por las zonas de servidumbre, policía, o afección de los dominios públicos hidráulico, marítimo-terrestre, de carreteras o ferroviario no precisarán de la autorización de los órganos competentes de dichos dominios, siempre y cuando tales montes dispongan de instrumentos de gestión cuya aprobación por el órgano forestal de la comunidad autónoma haya sido informada favorablemente por los órganos de gestión de los dominios públicos mencionados. 8. El Gobierno, oídas las comunidades autónomas, regulará reglamentariamente el régimen básico propio de los contratos públicos de aprovechamientos, obras y servicios forestales.» Cincuenta y cuatro. El artículo 37 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 37. Aprovechamientos maderables y leñosos. 1. Los aprovechamientos maderables y leñosos se regularán por el órgano forestal de la comunidad autónoma. 2. En los montes no gestionados por dicho órgano forestal, estos aprovechamientos estarán sometidos a las siguientes condiciones básicas: a) Cuando exista proyecto de ordenación, plan dasocrático o instrumento de gestión equivalente, o el monte esté incluido en el ámbito de aplicación de un PORF y éste así lo prevea el titular de la explotación del monte deberá remitir la declaración responsable del aprovechamiento al órgano forestal de la comunidad autónoma, al objeto de que éste pueda comprobar su conformidad con lo previsto en el instrumento de gestión o, en su caso, de planificación. b) En caso de no existir dichos instrumentos, estos aprovechamientos requerirán autorización administrativa previa, salvo que se trate de aprovechamientos maderables o leñosos a turno corto o domésticos de menor cuantía, en cuyo caso deberá comunicar, mediante una nueva declaración responsable, que concurren las circunstancias por las que no es necesaria dicha autorización. Se considerarán aprovechamientos de turno corto aquéllos cuyo turno sea inferior a 20 años y los aprovechamientos de las especies y turnos conjuntamente tratados que determinen las comunidades autónomas para su territorio. Se considerarán aprovechamientos de menor cuantía los inferiores a 10 metros cúbicos de madera o a 20 estéreos de leñas, salvo que las comunidades autónomas establezcan para su territorio cuantías menores. 3. Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional undécima, en relación con el procedimiento para llevar a cabo la correspondiente evaluación ambiental previa de actividades sometidas a notificación o declaración responsable cuando la misma sea exigible por la legislación básica estatal o autonómica de evaluación ambiental. 4. El titular de un aprovechamiento maderable o leñoso cuyos productos sean objeto de comercialización deberá comunicar la cuantía realmente obtenida al órgano forestal autonómico en el plazo máximo de un mes desde su finalización y de acuerdo con los procedimientos que se establezcan al efecto.» Cincuenta y cinco. El artículo 38 queda redactado de la forma siguiente: «Artículo 38. Fondo de mejoras en montes catalogados. Los titulares de montes catalogados aplicarán a un fondo de mejoras, cuyo destino será la conservación y mejora de los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, una cuantía que fijarán las comunidades autónomas y que no será inferior al 15 por ciento del valor de sus aprovechamientos forestales o de los rendimientos obtenidos por ocupaciones u otras actividades desarrolladas en el monte. Dicho fondo será administrado por el órgano forestal de la comunidad autónoma, salvo que ésta lo transfiera a la entidad local titular. Las inversiones se realizarán de acuerdo con el plan de mejoras establecido en la planificación de dicho monte.» Cincuenta y seis. El artículo 39 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 39. Delimitación del uso forestal en el planeamiento urbanístico. Los instrumentos de planeamiento urbanístico, cuando afecten a la calificación de terrenos forestales, requerirán el informe de la Administración competente en gestión forestal. Dicho informe será vinculante si se trata de montes catalogados o protectores. Los montes pertenecientes al dominio público forestal tendrán la consideración de suelo en situación rural, a los efectos de lo dispuesto por la legislación estatal de suelo, y deberán quedar preservados por la ordenación territorial y urbanística, de su transformación mediante la urbanización». Cincuenta y siete. El apartado 4 del artículo 41 queda redactado como sigue: «4. El Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológico-Forestal diagnosticará e identificará, por subcuencas, los procesos erosivos, clasificándolos según la intensidad de los mismos y su riesgo potencial para poblaciones, cultivos e infraestructuras, definiendo las zonas prioritarias de actuación, valorando las acciones a realizar y estableciendo la priorización y programación temporal de las mismas. En la elaboración o posterior aplicación del Plan, las autoridades competentes delimitarán zonas de peligro por riesgo de inundaciones o intrusiones de nieve que afecten a poblaciones o asentamientos humanos de acuerdo a lo previsto en la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Estas zonas deberán contar con planes específicos de restauración hidrológico-forestal de actuación obligatoria para todas las Administraciones públicas.» Cincuenta y ocho. El artículo 42 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 42. Declaración del interés general de las actuaciones de restauración hidrológico-forestal fuera del dominio público hidráulico. El Gobierno podrá declarar de interés general actuaciones de restauración hidrológico-forestal fuera del dominio público hidráulico a petición de las comunidades autónomas afectadas.» Cincuenta y nueve. Los apartados 1 y 3 del artículo 44 quedan redactados de la manera siguiente: «1. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas organizarán coordinadamente programas específicos de prevención de incendios forestales basados en investigaciones sobre su causalidad y, en particular, sobre las motivaciones que puedan ocasionar intencionalidad en su origen. Para esta planificación se tendrá en cuenta la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales y los planes específicos que de ella se deriven.» «3. Las comunidades autónomas regularán en montes y áreas colindantes el ejercicio de todas aquellas actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio, y establecerán normas de seguridad aplicables a edificaciones, obras, instalaciones eléctricas e infraestructuras de transporte en terrenos forestales y sus inmediaciones, que puedan implicar peligro de incendios o ser afectadas por estos. En particular, regularán de forma específica la prevención de incendios forestales y las medidas de seguridad en las zonas de interfase urbano-forestal. Asimismo, podrán establecer limitaciones al tránsito por los montes, llegando a suprimirlo cuando el peligro de incendios lo haga necesario.» Sesenta. El apartado 1 del artículo 46 queda redactado de la siguiente forma: «1. Para facilitar la colaboración entre los dispositivos de extinción de incendios forestales, de forma que sea posible la asistencia recíproca de las Administraciones competentes y la utilización conjunta de los medios personales y materiales, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración con las comunidades autónomas establecerá las directrices comunes para la implantación de un sistema de gestión de emergencias común, la formación, preparación y equipamiento del personal y para la normalización de los medios materiales.» Sesenta y uno. El apartado 3 del artículo 47 quedará redactado como sigue: «3. La Administración responsable de la extinción asumirá la defensa jurídica del director técnico y del personal bajo su mando en los procedimientos seguidos ante los órdenes jurisdiccionales civil y penal por posibles responsabilidades derivadas de las órdenes impartidas y las acciones ejecutadas en relación con la extinción del incendio.» Sesenta y dos. Los apartados 1 y 3 del artículo 48 quedan redactados de la siguiente forma: «1. Aquellas áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los valores amenazados hagan necesarias medidas especiales de protección contra los incendios, podrán ser declaradas zonas de alto riesgo de incendio o de protección preferente. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración con las comunidades autónomas, establecerá las directrices y criterios para la definición de estas zonas especialmente sensibles al riesgo de incendio.» «3. Todas estas zonas dispondrán de un Plan de Defensa que, además de todo aquello que establezca el correspondiente Plan autonómico de emergencias, deberá considerar como mínimo: a) Los problemas socioeconómicos que puedan existir en la zona y que se manifiesten a través de la provocación reiterada de incendios o del uso negligente del fuego, así como la determinación de las épocas del año de mayor riesgo de incendios forestales. b) Los trabajos de carácter preventivo que resulte necesario realizar, incluyendo los tratamientos selvícolas que procedan, áreas cortafuegos, vías de acceso y puntos de agua que deban realizar los propietarios de los montes de la zona, así como los plazos de ejecución. c) Asimismo, el plan de defensa contendrá las modalidades de ejecución de los trabajos, en función del estado legal de los terrenos, mediante convenios, acuerdos, cesión temporal de los terrenos a la Administración, ayudas o subvenciones o, en su caso, ejecución subsidiaria por la Administración. d) El establecimiento y disponibilidad de los medios de vigilancia y extinción necesarios para dar cobertura a toda la superficie forestal de la zona, con las previsiones para su financiación. e) La regulación de los usos que puedan dar lugar a riesgo de incendios forestales.» Sesenta y tres. El apartado 1 del artículo 50 queda redactado como sigue: «1. Las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados, y queda prohibido: a) El cambio de uso forestal al menos durante 30 años. b) Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica. Con carácter singular, las comunidades autónomas podrán acordar excepciones a estas prohibiciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto en: a) Un instrumento de planeamiento previamente aprobado. b) Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública. c) Una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados en estado de abandono. Asimismo, con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley, siempre que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada. Tales medidas compensatorias deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso en la propia ley junto con la procedencia del cambio de uso. En el caso de que esas razones imperiosas de primer orden correspondan a un interés general de la Nación, será la ley estatal la que determine la necesidad del cambio de uso forestal, en los supuestos y con las condiciones indicadas en el párrafo anterior. En ningún caso procederá apreciar esta excepción respecto de montes catalogados.» Sesenta y cuatro. El apartado 2 del artículo 50 queda redactado de la siguiente forma: «2. El órgano competente de la comunidad autónoma fijará las medidas encaminadas a la retirada de la madera quemada y a la restauración de la cubierta vegetal afectada por los incendios que, en todo caso, incluirán el acotamiento temporal de aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración por un plazo que deberá ser superior a un año, salvo levantamiento del acotado por autorización expresa de dicho órgano.» Sesenta y cinco. El artículo 52 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 52. Protección de los montes contra agentes nocivos. 1. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, la protección de los montes contra los agentes nocivos debe ser de carácter preferentemente preventivo, mediante técnicas selvícolas adecuadas, utilización de agentes biológicos que impidan o frenen el incremento de las poblaciones de agentes nocivos y la aplicación de métodos de lucha integrada. 2. Las comunidades autónomas adoptarán las medidas necesarias de vigilancia, localización y extinción de focos incipientes de plagas, debiendo informar a los propietarios forestales de la zona afectada, y al órgano competente de la Administración General del Estado por si pudiera verse afectada la sanidad general de los montes españoles. 3. La Estrategia Forestal Española, el Plan Forestal Español, los Planes de Ordenación de Recursos Forestales, las Directrices Básicas Comunes de Gestión Forestal Sostenible, los Proyectos de Ordenación, los Planes Dasocráticos y cualquier otra acción de planificación contemplada en la presente ley, deberán incluir disposiciones para la prevención y lucha contra plagas y enfermedades, con especial atención a los riesgos de las plagas emergentes.» Sesenta y seis. El artículo 54 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 54. Recursos genéticos forestales. 1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, elaborará y gestionará, en colaboración con las comunidades autónomas, programas de ámbito nacional que promuevan la mejora genética y la conservación de los recursos genéticos forestales así como los instrumentos necesarios para su desarrollo, y en particular lo establecido en la Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales. 2. El Gobierno, consultadas las comunidades autónomas y a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, establecerá las normas básicas sobre conservación y uso sostenible de los recursos genéticos forestales y sobre la producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción. 3. El Gobierno, consultadas las comunidades autónomas y a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, determinará las regiones de procedencia de los materiales forestales de reproducción y, en particular, mantendrá el Registro y el Catálogo Nacional de Materiales de Base.» Sesenta y siete. El encabezamiento del capítulo V queda redactado como sigue: «CAPÍTULO V Acceso a los montes» Sesenta y ocho. El artículo 54 bis queda redactado de la forma siguiente: «Artículo 54 bis. Acceso público. 1. El acceso público a los montes será objeto de regulación por las Administraciones Públicas competentes. 2. Las comunidades autónomas definirán las condiciones en que se permite la circulación de vehículos a motor por pistas forestales situadas fuera de la red de carreteras y a través de terrenos forestales, fuera de los viales existentes para tal fin. 3. En ningún caso podrá limitarse la circulación en las servidumbres de paso para la gestión agroforestal y las labores de vigilancia y de extinción de incendios de las Administraciones Públicas competentes. 4. El acceso de personas ajenas a la vigilancia, extinción y gestión podrá limitarse en las zonas de alto riesgo de incendio previstas en el artículo 48, cuando el riesgo de incendio así lo aconseje, haciéndose público este extremo de forma visible.» Sesenta y nueve. El artículo 55 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 55. Investigación forestal. 1. La Administración General del Estado, a través de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología que establece la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, identificará e incorporará en sus programas de actuación las demandas de investigación forestal de las Administraciones Públicas y de los sectores productivos, así como los instrumentos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. 2. Las Administraciones Públicas fomentarán la investigación forestal y, en particular, promoverán: a) La transferencia tecnológica de los resultados de la Investigación Forestal a los órganos responsables de la planificación y gestión de los montes públicos y privados. b) La innovación y el desarrollo de nuevos métodos de gestión forestal sostenible. c) La coordinación general de la investigación forestal, estableciendo los mecanismos necesarios para el mejor uso de la totalidad de los recursos y medios disponibles, el intercambio de información, la constitución de redes temáticas permanentes de carácter nacional e internacional y la creación y mantenimiento de bases de datos armonizadas. d) La cooperación en materia forestal entre institutos, centros de investigación, centros tecnológicos y universidades, tanto públicos como privados y los organismos públicos y las organizaciones privadas responsables de la gestión forestal de los montes, en particular a través del enlace en forma de redes entre las distintas instituciones implicadas. 3. La información y resultados de los programas y proyectos de investigación ejecutados con financiación pública que se requieran para elaborar la Información Forestal Española, referida en el artículo 28, se integrarán en ésta. Con tal fin, las instituciones investigadoras responsables proporcionarán esta información al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a las comunidades autónomas.» Setenta. El artículo 58 queda redactado como sigue: «Artículo 58. Extensión, policía y guardería forestal. 1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán desempeñar, entre otras, las siguientes funciones de extensión, policía y guardería forestal: a) De policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa aplicable en materia forestal, especialmente las de prevención, detección e investigación de las causas de incendios forestales, emitiendo los informes técnicos pertinentes. b) De asesoramiento facultativo en tareas de extensión y gestión forestal y de conservación de la naturaleza. Los funcionarios que desempeñen estas funciones contarán con la formación específica que les capacite para su correcto desarrollo. 2. Para fomentar las labores citadas en el párrafo b) del apartado 1, la Administración forestal podrá establecer acuerdos con los agentes sociales representativos. 3. Los funcionarios que desempeñen funciones de policía administrativa forestal, por atribución legal o por delegación, tienen la condición de agentes de la autoridad. Los hechos constatados y formalizados por ellos en las correspondientes actas de inspección y denuncia tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. Asimismo, en el ejercicio de estas funciones están facultados para: a) Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en los lugares sujetos a inspección y a permanecer en ellos, con respeto, en todo caso, a la inviolabilidad del domicilio. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia a la persona inspeccionada o a su representante, a menos que consideren que dicha comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones. b) Proceder a practicar cualquier acto de investigación, examen o prueba que consideren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente. En particular podrán tomar o sacar muestras de sustancias y materiales, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes, y levantar croquis y planos, siempre que se notifique al titular o a su representante, salvo casos de urgencia, en los que la notificación podrá efectuarse con posterioridad. 4. En el ejercicio de sus funciones como Policía Judicial genérica se limitarán a efectuar las primeras diligencias de prevención, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de la Policía Judicial y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando tuvieran conocimiento de hecho que pudieran ser constitutivos de delito deberán ponerlos en conocimiento de la Autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, a través del procedimiento que determinan los órganos en cuya estructura se integren y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el ejercicio de las funciones a las que se refiere este apartado, los Agentes Forestales prestarán en todo momento auxilio y colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.» Setenta y uno. El artículo 61 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 61. Cooperativas, empresas e industrias forestales. 1. Las comunidades autónomas crearán registros de cooperativas, empresas e industrias forestales, tanto de las empresas que realizan trabajos o aprovechamientos forestales en los montes como de las industrias forestales, incluyendo en éstas las de sierra, chapa, tableros, pasta, papel, y corcho, resina, biomasa, aceites, piñón, castaña, setas, y trufas así como cualquier otro aprovechamiento forestal. 2. Se crea el Registro Nacional de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales. Las comunidades autónomas remitirán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la información relativa a los asientos que se produzcan en sus registros conforme al apartado anterior, a fin de elaborar y mantener actualizado el Registro Nacional. El Registro Nacional tendrá carácter informativo y dependerá del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. Su organización y funcionamiento se establecerán reglamentariamente. 3. Las cooperativas, empresas e industrias forestales facilitarán anualmente a las comunidades autónomas, a efectos estadísticos, los datos relativos a su actividad, en particular, la producción, transformación y comercialización de sus productos forestales. Esta información se integrará en la Información Forestal Española a través de mecanismos de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y los demás órganos de las Administraciones competentes.» Setenta y dos. El artículo 62 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 62. Organizaciones interprofesionales de productos forestales. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente promoverá la creación de organizaciones interprofesionales en el sector forestal. El estatuto jurídico de las organizaciones interprofesionales de los productos forestales será el establecido en la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, y la normativa autonómica sobre la materia.» Setenta y tres. El artículo 63 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 63. Disposiciones generales. 1. Los incentivos recogidos en los artículos 64 a 66, cuando se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se aplicarán con prioridad para los montes ordenados tanto de titularidad privada como de entidades locales, y para los montes protectores y los catalogados, en los términos que se establezcan. 2. Las administraciones facilitarán el desarrollo de instrumentos basados en el mercado para abordar eficazmente la conservación y mejora de los activos naturales o de los servicios que estos prestan. 3. Se incentivará preferentemente la implantación de proyectos de ordenación, planes dasocráticos u otros instrumentos de gestión equivalentes en los montes privados y públicos no catalogados. Los montes no ordenados incluidos en un PORF podrán acceder a los incentivos cuando así se habilite en dicho plan. En el acceso a las subvenciones para la prevención contra incendios forestales, cuando se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, tendrán prioridad los montes que se encuentren ubicados en una zona de alto riesgo de incendio con un plan de defensa contra incendios vigente, de acuerdo con el artículo 48.» Setenta y cuatro. El apartado 2 del artículo 65 queda redactado como sigue: «2. Para estos incentivos se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores: a) La conservación, restauración y mejora de la biodiversidad en ecosistemas y especies forestales y del paisaje en función de las medidas específicamente adoptadas para tal fin. b) La fijación de dióxido de carbono en los montes como medida de contribución a la mitigación del cambio climático, en función de la cantidad de carbono fijada en la biomasa forestal del monte, así como de la valorización energética de su biomasa forestal aprovechable. c) La conservación de los suelos y del régimen hidrológico en los montes como medida de lucha contra la desertificación, en función del grado en que la cubierta vegetal y las prácticas selvícolas contribuyan a reducir la pérdida o degradación del suelo y la mejora de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. d) La mejora de la calidad del aire y la disminución de ruidos.» Setenta y cinco. El apartado 3 del artículo 65 queda redactado como sigue: «3. Las Administraciones Públicas podrán aportar estos incentivos por las siguientes vías: a) Subvención al propietario de los trabajos dirigidos a la gestión forestal sostenible. b) Establecimiento de una relación contractual con el propietario o titular de la gestión del monte, o de cualquier aprovechamiento, siempre que esté planificado. c) Inversión directa por la Administración.» Setenta y seis. Se da una nueva redacción a las letras a), c), g), h), j), k), l), n), o), y p) del artículo 67, que quedan redactadas como sigue: «a) El cambio de uso forestal o la realización de actividades en contra del uso forestal, sin autorización.» «c) La corta, quema, arranque o inutilización de ejemplares arbóreos o arbustivos de especies forestales, salvo casos excepcionales autorizados singularmente o los previstos y controlados explícitamente en el correspondiente instrumento de intervención administrativa de ordenación, autorización, declaración responsable o notificación y justificados por razones de gestión del monte.» «g) La forestación o reforestación con materiales de reproducción que incumplan los requisitos establecidos en la legislación vigente en esta materia.» «h) La realización de aprovechamientos forestales sin autorización administrativa o declaración responsable del titular y, en general, la realización de cualquier actividad no autorizada o notificada, cuando tales requisitos sean obligatorios, así como el incumplimiento de las disposiciones que regulen el disfrute de los aprovechamientos forestales.» «j) El pastoreo o la permanencia de reses en los montes donde se encuentre prohibido o se realice en violación de las normas establecidas al efecto por el órgano forestal de la comunidad autónoma.» «k) El tránsito o la permanencia en caminos o zonas forestales donde exista prohibición expresa en tal sentido, o incumpliendo las condiciones que al respecto se establezcan, así como la circulación con vehículos a motor atravesando terrenos fuera de carreteras, caminos, pistas o cualquier infraestructura utilizable a tal fin, excepto cuando haya sido expresamente autorizada.» «l) Cualquier incumplimiento grave que afecte al normal desarrollo del monte, del contenido de los proyectos de ordenación de montes, planes dasocráticos de montes o planes de aprovechamientos, u otros instrumentos de gestión equivalentes, entre otros los compromisos de adhesión a modelos tipo de gestión forestal, así como sus correspondientes autorizaciones, sin causa técnica justificada y notificada al órgano forestal de la comunidad autónoma para su aprobación.» «n) El vertido o el abandono no autorizados de residuos, materiales o productos de cualquier naturaleza en terrenos forestales.» «o) La manifiesta falta de colaboración o la obstrucción por acción u omisión de las actuaciones de investigación, inspección y control de las Administraciones Públicas y de sus agentes, en relación con las disposiciones de esta ley y de sus normas de desarrollo.» «p) El incumplimiento de las obligaciones de información a la Administración por parte de los particulares, así como su ocultación o alteración.» Setenta y siete. Se añade una nueva letra r) al artículo 67 que queda redactada de la siguiente forma: «r) El incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera, en cuanto a: 1.º La comercialización de madera no aprovechada legalmente y sus productos derivados. 2.º La ausencia de mantenimiento y evaluación de un sistema de diligencia debida, ya sea de manera individual o a través de una entidad de supervisión. 3.º La ausencia de colaboración con la Administración competente en los controles realizados por ésta. 4.º La no adopción de medidas correctoras expedidas, en su caso, por la autoridad competente tras la realización del correspondiente control. 5.º El incumplimiento de la obligación de trazabilidad y conservación de esta información a la que están sujetos los comerciantes.» Setenta y ocho. El artículo 68 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 68. Clasificación de las infracciones. 1. Son infracciones muy graves: a) Las infracciones tipificadas en los párrafos a) a n) del artículo anterior, cuando los hechos constitutivos de la infracción hayan causado al monte daños con unos costes de reposición iguales o superiores a 1.000.000 euros o cuyo plazo de reparación o restauración sea superior a 10 años. b) La infracción tipificada en el párrafo ñ) del artículo anterior, cuando la alteración de señales y mojones impida la determinación sobre el terreno de los lindes legalmente establecidos. c) Las infracciones tipificadas en el párrafo r) del artículo anterior, cuando el valor de la madera objeto de incumplimiento superare los 200.000 euros. d) La reincidencia, entendiendo por ésta que el infractor haya cometido una infracción leve, grave o muy grave en el plazo de un año si es leve, dos años si es grave y cinco años si es muy grave, contados desde que recaiga la resolución sancionadora firme. 2. Son infracciones graves: a) Las infracciones tipificadas en los párrafos a) a n) del artículo anterior, cuando los hechos constitutivos de la infracción hayan causado al monte daños con unos costes de reposición iguales o superiores a 10.000 euros e inferiores a 1.000.000 euros o cuyo plazo de reparación o restauración sea inferior a 10 años y superior a seis meses. b) La infracción tipificada en el párrafo ñ) del artículo anterior, cuando la alteración de señales y mojones no impida la identificación de los límites reales del monte público deslindado. c) La infracción tipificada en el párrafo o) del artículo anterior. d) Las infracciones tipificadas en el párrafo r) del artículo anterior, cuando el valor de la madera objeto de incumplimiento sea igual o menor que 200.000 euros pero mayor que 50.000 euros. e) El incumplimiento de las obligaciones recogidas en los subapartados 2.º, 3.º, 4.º y 5.º del párrafo r) del artículo anterior. f) La reincidencia, entendiendo por ésta que el infractor haya cometido una infracción leve, grave o muy grave en el plazo de un año si es leve, dos años si es grave y cinco años si es muy grave, contados desde que recaiga la resolución sancionadora firme. 3. Son infracciones leves: a) Las infracciones tipificadas en los párrafos a) a n) del artículo anterior cuando los hechos constitutivos de la infracción no hayan causado daños al monte o cuando, habiendo daño, tenga unos costes de reposición inferiores a 10.000 euros o el plazo para su reparación o restauración no exceda de seis meses. b) Las infracciones tipificadas en los párrafos p) y q) del artículo anterior. c) Las infracciones tipificadas en el párrafo r) del artículo anterior, cuando el valor de la madera objeto de incumplimiento no supere los 50.000 euros. 4. En los todos los casos de infracciones tipificadas en el párrafo r) del artículo anterior, será sanción accesoria el comiso de los bienes comercializados que constituyen el objeto de la infracción, que serán enajenados por subasta pública.» Setenta y nueve. El artículo 74 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 74. Cuantía de las sanciones. Las infracciones tipificadas en este título serán sancionadas con las siguientes multas: a) Las infracciones leves, de 100 a 1.000 euros. b) Las infracciones graves, de 1.001 a 100.000 euros. c) Las infracciones muy graves, de 100.001 a 1.000.000 euros, salvo que el importe de la madera indebidamente comercializada, o el doble del coste de reposición del daño causado, fueran superiores al millón de euros. En este caso, la sanción será equivalente al importe mayor.» Ochenta. Se suprime la letra a) del artículo 75. Ochenta y uno. El apartado 3 del artículo 77 queda redactado de la siguiente forma: «3. Podrá requerirse asimismo indemnización en los casos en que el beneficio económico del infractor sea superior a la máxima sanción prevista. Esta indemnización será como máximo el doble de la cuantía de dicho beneficio y en el caso de montes declarados de utilidad pública se ingresará en el fondo de mejoras regulado en el artículo 38.» Ochenta y dos. El apartado 1 del artículo 80 queda redactado de la siguiente forma: «1. Las sanciones impuestas por la comisión de faltas muy graves prescribirán a los cinco años, en tanto que las impuestas por faltas graves o leves lo harán a los dos años y al año, respectivamente.» Ochenta y tres. El apartado 1 de la disposición adicional primera queda redactado de la siguiente forma: «1. Los consorcios y convenios de repoblación amparados por la legislación que se deroga en la disposición derogatoria única de esta ley continuarán vigentes hasta la fecha de su finalización, sin perjuicio de las posibles prórrogas pactadas en los contratos.» Ochenta y cuatro. La disposición adicional cuarta queda redactada de la siguiente forma: «Disposición adicional cuarta. Uso energético de la biomasa forestal. El Gobierno elaborará, en colaboración con las comunidades autónomas, una estrategia para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal, de acuerdo con los objetivos indicados en el Plan de Energías Renovables en España.» Ochenta y cinco. La disposición adicional quinta queda redactada de la siguiente forma: «Disposición adicional quinta. Sociedades forestales. 1. Se define como sociedad forestal la agrupación de propietarios de parcelas susceptibles de aprovechamiento forestal que ceden a la Sociedad Forestal los derechos de uso forestal de forma indefinida o por plazo cierto igual o superior a veinte años. 2. También podrán pertenecer a la Sociedad Forestal otras personas físicas o jurídicas que no sean titulares, siempre y cuando su participación no supere el 49 por ciento de las participaciones sociales. 3. En caso de transmisión de parcelas se presumirá, salvo pacto en contrario, la subrogación automática de la posición de socio del nuevo titular. 4. Las comunidades autónomas determinarán, en el ámbito de sus competencias, los requisitos adicionales que deberán cumplir estas sociedades, el nombre que tendrán y los incentivos de que disfrutarán. 5. Estas Sociedades Forestales tendrán como único objeto social la explotación y aprovechamiento en común de terrenos forestales cuyo uso se cede a la sociedad, para realizarlo mediante una gestión forestal sostenible. 6. Las Sociedades Forestales se regirán por el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 7. El régimen fiscal especial establecido en el capítulo VII del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, resultará de aplicación a las operaciones de cesión de derechos de uso forestal a que se refiere el apartado 1 de esta disposición a cambio de valores representativos del capital social de la sociedad forestal adquirente.» Ochenta y seis. El apartado 1 de la disposición adicional octava queda redactado de la siguiente forma: «1. Podrán establecerse derecho de paso y autorizarse ocupaciones temporales en montes del dominio público forestal, motivadas por interés de la Defensa Nacional, conforme al procedimiento y plazos que se determinen.» Ochenta y siete. La disposición adicional décima queda redactada de la siguiente forma: «Disposición adicional décima. Introducción en el mercado de madera y productos derivados de la madera. 1. Las Administraciones Públicas cooperarán en el ámbito de sus competencias para asegurar la legalidad de la madera y productos derivados introducidos en el mercado en España, y dar así cumplimiento a la normativa comunitaria en esta materia, derivada del Plan sobre Aplicación de las Leyes Forestales, Gobernanza y Comercio de la Unión Europea. 2. En el ámbito del Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera, los agentes que opten por un sistema individual para ejercer la diligencia debida deberán presentar una declaración responsable ante el órgano autonómico competente. El contenido mínimo de esta declaración responsable se establecerá reglamentariamente. La omisión de la presentación de esta declaración supondrá una infracción leve a los efectos del título VII.» Ochenta y ocho. La disposición adicional undécima queda redactada de la siguiente forma: «Disposición adicional undécima. Evaluación ambiental. Siempre que en la presente ley alguna actividad, uso o aprovechamiento esté sometido sólo a notificación o declaración responsable y dicha actividad esté sometida obligatoriamente a evaluación ambiental por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, o por la legislación de evaluación ambiental de la comunidad autónoma donde se vaya a llevar a cabo, se estará a lo ordenado en el artículo 9.2 de dicha ley y demás preceptos de concordante aplicación.» Ochenta y nueve. Se añade una nueva disposición adicional redactada de la siguiente forma: «Disposición adicional duodécima. Fomento de la Industria Forestal. Se modifica el artículo 5.3 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, añadiendo entre los objetivos de los programas de promoción industrial, uno nuevo con el siguiente contenido: i) El fomento de las industrias de transformación de recursos naturales renovables, y específicamente las que utilicen como materia prima los recursos forestales.» Noventa. Se añade una disposición adicional nueva, que queda redactada de la siguiente forma: «Disposición adicional decimotercera. Deducción en el Impuesto sobre Sociedades por gastos e inversiones de las sociedades forestales. Las sociedades forestales a que se refiere la disposición adicional quinta de esta Ley tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades del 10 por ciento de los gastos o inversiones que realicen en el período impositivo en la conservación, mantenimiento, mejora, protección y acceso del monte. Esta deducción estará sometida a los límites y condiciones establecidos en el artículo 39 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, conjuntamente con las allí señaladas.» Noventa y uno. La disposición transitoria segunda queda redactada de la siguiente forma: «Disposición transitoria segunda. Plazo para la ordenación de montes. Los montes que tengan la obligación, conforme a lo dispuesto en el artículo 33, de disponer de un instrumento de gestión forestal, tendrán un período de 25 años desde la entrada en vigor de esta ley para dotarse de aquél.» Noventa y dos. La disposición transitoria tercera queda redactada de la siguiente forma: «Disposición transitoria tercera. Incentivos económicos en montes no ordenados. Durante un plazo de quince años desde la entrada en vigor de esta ley, los propietarios de montes no ordenados podrán acogerse a los incentivos a los que se refiere el artículo 63, pudiendo ser objeto de subvención o crédito la elaboración del correspondiente instrumento de gestión forestal. Pasado dicho período se le denegará de oficio cualquier incentivo en tanto no se doten de instrumento de gestión o, en su caso, y tal como se prevé en el artículo 63.3, se incluyan en un PORF. Si durante este plazo se produce un cambio de propiedad, el plazo para el nuevo propietario empezará a contar desde el momento de la transmisión.» Noventa y tres. La disposición transitoria cuarta queda redactada de la siguiente forma: «Disposición transitoria cuarta. Montes declarados de utilidad pública con anterioridad a esta ley. A los efectos de lo previsto en el artículo 16 y concordantes, se consideran incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública todos los montes declarados de utilidad pública con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.» Noventa y cuatro. Se suprime la disposición final primera. Noventa y cinco. El apartado 3 de la disposición final segunda queda redactado como sigue: «3. Los siguientes preceptos y disposiciones se dictan al amparo de títulos competenciales exclusivos del Estado: a) Los artículos 18, apartados 1 y 2, 19, 22, 25 y 27 bis, que se dictan al amparo del artículo 149.1.8.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. b) Los artículos 18.3 y 18 bis se dictan al amparo del artículo 149.1.8.ª de la Constitución que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de ordenación de los registros. c) El capítulo I del título V, salvo el artículo 56.1, se dicta al amparo del artículo 149.1.15.ª de la Constitución que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. d) La disposición adicional novena se dicta al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda general y Deuda del Estado.» Disposición adicional primera. Referencias. 1. Todas las referencias que la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, hace al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se entenderán sustituidas por la referencia al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2. Todas las referencias que la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, hace al «Órgano Forestal» o «Administración forestal» deberán entenderse sustituidas por «Órgano competente en materia forestal». Disposición adicional segunda. Aplicación de las ayudas directas de la Política Agrícola Común en España. 1. Los pagos directos establecidos en el artículo 1 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del Consejo, se aplicarán conforme a criterios comunes establecidos a escala nacional para todo el territorio. 2. Se habilita al Gobierno, para que, por vía reglamentaria desarrolle lo establecido en este artículo, de conformidad con las previsiones del Reglamento (UE) N.º 1307/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, por el que se establecen, así como de las previsiones aplicables a los pagos directos establecidas en el Reglamento (UE) N.º 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, en particular, las relativas al sistema integrado de gestión y control establecido en el capítulo II del título V y al sistema de condicionalidad establecido en el título VI de dicho Reglamento. Disposición adicional tercera. Cambio de denominación del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos y del Cuerpo de Ingenieros de Montes. El Cuerpo de Ingenieros Agrónomos y el Cuerpo de Ingenieros de Montes, pasan a denominarse Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado y Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado. Ambos cuerpos mantendrán su adscripción orgánica al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como la clasificación en el subgrupo A1 de los establecidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Disposición adicional cuarta. Caza y pesca. 1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la participación de las comunidades autónomas, elaborará una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética que constituya el marco orientativo y de coordinación para la ordenación a escala nacional del aprovechamiento cinegético. Será aprobada por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y las comunidades autónomas podrán referirse a ella en su legislación específica. 2. A efectos informativos se crea el Registro Español de Infractores de Caza y Pesca. Las comunidades autónomas remitirán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la información relativa a los asientos que se produzcan en sus correspondientes registros de infractores de caza y pesca, incluidos los relativos a la suspensión y extinción de validez de las licencias, en particular los derivados de infracciones penales y de un procedimiento sancionador, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Disposición adicional quinta. Reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. 1. En función de las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, se establecen los siguientes niveles mensuales con arreglo a los que se acordará la realización de los trasvases, con un máximo anual total de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana): Nivel 1. Se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean iguales o mayores que 1.500 hectómetros cúbicos, o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a estos embalses en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.000 hectómetros cúbicos. En este caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 68 hectómetros cúbicos, hasta el máximo anual antes referido. Nivel 2. Se dará cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía sean inferiores a 1.500 hectómetros cúbicos, sin llegar a los volúmenes previstos en el Nivel 3, y las aportaciones conjuntas registradas en los últimos doce meses sean inferiores a 1.000 hectómetros cúbicos. En este caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 38 hectómetros cúbicos, hasta el máximo anual antes referido. Nivel 3. De situaciones hidrológicas excepcionales, se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía no superen, a comienzos de cada mes, los valores que se determinen por el Plan hidrológico del Tajo vigente. El Gobierno, mediante el real decreto previsto posteriormente en este apartado, establecerá para el nivel 3 el trasvase máximo mensual que el órgano competente podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada, así como los valores mensuales antes referidos, definitorios del nivel 3, con el objetivo único que se indica posteriormente. Nivel 4. Se dará esta situación cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean inferiores a 400 hectómetros cúbicos, en cuyo caso no cabe aprobar trasvase alguno. Con el único objetivo de dotar de mayor estabilidad interanual a los suministros, minimizando la presentación de situaciones hidrológicas excepcionales a las que se refiere el nivel 3, sin modificar en ningún caso el máximo anual de agua trasvasable, a propuesta justificada del Ministerio competente en materia de aguas, y previo informe favorable de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, podrán modificarse, mediante real decreto, tanto el volumen de existencias y el de aportaciones acumuladas contemplados en el nivel 1, como los volúmenes de trasvase mensual correspondientes a los niveles 1, 2, 3 y los volúmenes de existencias para cada mes correspondientes al nivel 3. Asimismo, en este real decreto se definirán los criterios de predicción de aportaciones para la aplicación de la regla en horizontes plurimensuales. A efectos de favorecer el desarrollo de los municipios ribereños, se explotará el sistema de forma que el volumen de trasvase ya autorizado y pendiente de aplicación se mantenga preferentemente en los embalses de cabecera, antes que en otros almacenamientos en tránsito o destino, siempre que tal explotación sea compatible con una gestión racional e integrada del sistema conjunto. Salvo en situaciones catastróficas o de extrema necesidad debidamente motivadas, que impidan el envío de agua, si no se hubieran trasvasado en el plazo autorizado los volúmenes aprobados previstos en los niveles 1 y 2, se podrán transferir en los tres meses siguientes al fin del periodo de autorización, salvo que se produzca un cambio de nivel. Los recursos cuyo trasvase haya sido ya autorizado podrán ser utilizados por sus usuarios a lo largo del año hidrológico, hasta el final del mismo. En el caso de que al término del año hidrológico exista en la cuenca receptora algún volumen disponible de agua trasvasada, será objeto de una nueva distribución, considerándose como recurso aprovechable para los usos del trasvase a que correspondan en el año hidrológico siguiente. Los volúmenes cuyo trasvase haya sido autorizado se distribuirán entre abastecimientos y regadíos, en la proporción de un 25 por ciento para abastecimiento y el 75 por ciento restante para regadío, hasta el máximo de sus dotaciones anuales, y asegurando siempre al menos 7,5 hectómetros cúbicos/mes para los abastecimientos urbanos. 2. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura autorizará los trasvases cuando concurran las condiciones hidrológicas de los Niveles 1 y 2, y el Ministro que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de esta Comisión, cuando concurran las condiciones del Nivel 3. En el caso de los niveles 1 y 2 la autorización de los trasvases se efectuará preferentemente por semestres, mientras que en el caso del nivel 3 se realizará preferentemente por trimestres, salvo que el órgano competente justifique en cualquiera de los niveles la utilización de plazos distintos. 3. Con carácter previo a la primera reunión del año hidrológico de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, y en todo caso, antes de la primera autorización del trasvase, exclusivamente en los niveles 1 y 2, la Dirección General del Agua elaborará, para su consideración por la Comisión Central de Explotación a efectos de las autorizaciones, un informe justificativo de las necesidades hídricas en las zonas y abastecimientos afectos al trasvase Tajo-Segura, que se referirá, para las zonas regables, a los cultivos planificados y, para los abastecimientos, a las demandas estimadas, así como a las posibilidades de regulación existentes para tales caudales. Este informe se elaborará por la Dirección General del Agua a partir de la información de la planificación hidrológica, y deberá actualizarse semestralmente, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Planificación Hidrológica, sobre seguimiento de los planes hidrológicos. Disposición adicional sexta. Caminos Naturales. 1. Se define Camino Natural como el itinerario destinado a un uso público no motorizado, principalmente peatonal y ciclístico, que reúne los siguientes requisitos: a) Construido aprovechando itinerarios públicos preexistentes, como antiguos trazados de ferrocarril, vías pecuarias, caminos reales o senderos de ribera, entre otros. b) Destinado fundamentalmente a la realización de actividades deportivas, culturales y recreativas, como el senderismo y el cicloturismo. c) Localizado en el medio rural atravesando a lo largo de su trazado lugares con importantes cualidades naturales, culturales, paisajísticas o históricas, sirviendo como instrumento para la puesta en valor de las referidas cualidades del territorio. d) Que contribuya al desarrollo rural al favorecer la diversificación económica mediante actividades ligadas al nuevo uso turístico-recreativo. e) Identificado con una marca registrada, con identidad gráfica y señalización propia. Cuentan con una señalización normalizada en cuanto a dimensiones, materiales, criterios de diseño, tipografía, colores, etc., según se define en el Manual de Señalización de Caminos Naturales, estando el uso de sus logos y denominaciones protegido por las marcas registradas «Caminos Naturales» e «Itinerarios Naturales No Motorizados». 2. La Red Nacional de Caminos Naturales estará integrada por los Caminos Naturales que cumplan con los requisitos que se definan reglamentariamente. Sus objetivos son: a) Fomentar sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente y con baja emisión de carbono, promoviendo la movilidad periurbana e interurbana sostenible y por lo tanto, la calidad de vida y salud de la población. b) Desarrollar el turismo rural, ambiental y cultural. c) Favorecer el desarrollo socioeconómico de la zona de actuación, mediante la potenciación y diversificación de los recursos económicos, el fomento del empleo y el asentamiento de la población en el medio rural. d) Definir la estrategia de mantenimiento y conservación de la Red Nacional de Caminos Naturales. e) Evaluar la demanda de los itinerarios para mejorar los trazados ya ejecutados. 3. Los caminos naturales incluidos en la Red Nacional de Caminos Naturales pueden ser: a) Itinerarios de carácter básico: trazados de largo recorrido, que forman parte de alguno de los ejes vertebradores interterritoriales y/o transfronterizos que se definan en el Plan Director de la Red Nacional de Caminos Naturales, b) Itinerarios de carácter secundario: trazados que, sin pertenecer a los de carácter básico, pueden darles continuidad, permitir la conexión entre caminos ya construidos o posibilitar el acceso a lugares de interés ambiental o cultural. 4. En materia de caminos naturales competen al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente las siguientes funciones: a) Ejercer la supervisión y coordinación de la Red Nacional de Caminos Naturales. b) Elaborar el Plan Director de la Red Nacional de Caminos Naturales como su principal instrumento de planificación y desarrollo, cuya aprobación se realizará mediante acuerdo del Consejo de Ministros. c) Decidir sobre la inclusión de nuevos itinerarios en la Red Nacional de Caminos Naturales. Asimismo, decidir sobre la exclusión de alguno de ellos. d) Ejecutar las obras y realizar el mantenimiento de los caminos naturales promovidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. e) Asumir la ejecución de las obras de los Caminos Naturales de nueva incorporación a la Red, salvo acuerdo distinto con las administraciones competentes. f) Gestionar la marca registrada «Caminos Naturales» e «Itinerarios Naturales No Motorizados». g) Realizar el seguimiento y evaluación de la Red Nacional de Caminos Naturales, en particular, en lo que respecta al adecuado mantenimiento de los caminos naturales por parte de las administraciones promotoras. h) Determinar, en colaboración en su caso con las administraciones competentes, el trazado y diseño de los caminos naturales a incluir en la Red. i) Favorecer acuerdos para el desarrollo rural de las zonas donde se localizan los Caminos Naturales. j) Representar a España en redes internacionales equivalentes. k) Establecer el modelo de funcionamiento con el resto de las administraciones territoriales competentes. 5. Los Caminos Naturales podrán construirse a iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o a instancia de otras administraciones territoriales. 6. En la construcción de caminos naturales definidos anteriormente como de carácter básico, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá actuar de forma directa, o bien mediante la suscripción de los oportunos convenios de colaboración con las administraciones territoriales afectadas para las obras. 7. Para ejecutar las actuaciones correspondientes a los trazados definidos anteriormente como de carácter secundario, la Administración del Estado podrá instar la declaración de interés general de los mismos, o bien, utilizar el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en especie previsto en la Ley 38/2003 mediante su tramitación en régimen de concurrencia competitiva. 8. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá acordar la incorporación de otros itinerarios construidos por otras Administraciones a la Red Nacional de Caminos Naturales. 9. Reglamentariamente se determinarán los requisitos y procedimientos para la actuación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la construcción de caminos naturales de carácter básico y los de carácter secundario. Disposición transitoria única. Régimen transitorio de la modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. La aplicación de la disposición adicional tercera de la Ley 10/2001, de 5 de julio, reguladora del Plan Hidrológico Nacional, se escalonará en el tiempo conforme a las siguientes prescripciones: 1. La implantación del nuevo nivel de referencia de 400 hectómetros cúbicos para la definición de excedentes trasvasables en la cabecera del Tajo seguirá un régimen transitorio de forma que este nuevo nivel se alcance a lo sumo en cinco años conforme al siguiente procedimiento. 2. En la fecha de entrada en vigor del nuevo plan hidrológico del Tajo, elaborado conforme a la Directiva Marco del Agua, el nivel se elevará 32 hectómetros cúbicos, y se irá elevando en escalones adicionales de 32 hectómetros cúbicos el día 1 de enero de cada año sucesivo, hasta alcanzar los 400 hectómetros cúbicos finales. Igualmente, la curva de definición de situaciones hidrológicas excepcionales vigente se irá elevando de forma escalonada y simultánea a sus correspondientes niveles de referencia, hasta alcanzar la curva final. 3. Si en el inicio o en cualquier momento del período transitorio se alcanzase un nivel de existencias embalsadas de 900 hectómetros cúbicos, tanto el nuevo nivel de referencia de 400 hectómetros cúbicos como la curva de condiciones excepcionales entrarían en vigor de forma inmediata. 4. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura velará por la aplicación de estos criterios y resolverá las incidencias que pudieran plantearse en el período de transición. Disposición derogatoria. 1. Queda derogada la disposición adicional primera de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio de 2001, del Plan Hidrológico Nacional. 2. Se mantendrá en vigor el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura. Disposición final primera. Modificación de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura. Se modifica el último párrafo de la disposición adicional primera de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura que pasa a tener la siguiente redacción: «Por el contrario, si se producen menores pérdidas, los recursos adicionales generados se distribuirán en un setenta por ciento para regadío, en proporción a las referidas zonas regables, mientras que el treinta por ciento restante se asignará para abastecimientos de la provincia de Almería.» Disposición final segunda. Modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Uno. Se modifica la disposición adicional tercera, que pasa a tener la siguiente redacción: «En cuanto a las transferencias de agua aprobadas desde la cabecera del Tajo, se considerarán aguas excedentarias todas aquellas existencias embalsadas en el conjunto de Entrepeñas-Buendía que superen los 400 hectómetros cúbicos. Por debajo de esta cifra no se podrán efectuar trasvases en ningún caso. Este volumen mínimo podrá revisarse en el futuro conforme a las variaciones efectivas que experimenten las demandas de la cuenca del Tajo, de acuerdo con los principios de eficiencia y sostenibilidad, de forma que se garantice en todo caso su carácter preferente, y se asegure que las transferencias desde cabecera nunca puedan suponer un límite o impedimento para el desarrollo natural de dicha cuenca.» Dos. Se introduce una nueva disposición adicional decimoquinta, con la siguiente redacción: «Disposición adicional decimoquinta. Se llevarán a cabo con carácter de urgencia, y de acuerdo con criterios de viabilidad, las obras previstas en el Anexo al Plan Hidrológico Nacional que aún no hayan sido ejecutadas y que permitan a Castilla-La Mancha utilizar la infraestructura del trasvase Tajo-Segura, así como los recursos correspondientes que tenga asignados y reservados.» Disposición final tercera. Modificación de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas. Se añade un artículo 16 bis a la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, que queda redactado como sigue: «Artículo 16 bis. Actuaciones sanitarias en especies cinegéticas. Con el objetivo de asegurar el buen estado sanitario de las especies cinegéticas y para evitar la transmisión de enfermedades entre ellas o al ganado domestico: 1. Todas las explotaciones productoras de especies cinegéticas deberán cumplir los requisitos sanitarios que legalmente se establezcan. Asimismo, el movimiento de animales procedentes de estas explotaciones será regulado reglamentariamente. 2. Reglamentariamente se establecerán los requisitos de sanidad animal que los diferentes terrenos tanto de aprovechamiento cinegético como de régimen especial recogidos en el título II deberán cumplir. Estos requisitos incluirán, en especial, los sistemas de vigilancia para detectar la presencia de enfermedades y las actuaciones que en el caso de riesgo de transmisión éstas deberán abordarse tanto por las Administraciones competentes como por los responsables o gestores de los terrenos.» Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Se modifica la disposición final segunda de la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que quedará redactada de la siguiente manera: «Disposición final segunda. Autorización para elaborar un texto refundido en materia de prevención y control integrados de la contaminación. Se autoriza al Gobierno para elaborar y aprobar, antes del 31 de diciembre de 2016, un texto refundido en el que se integren, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y las disposiciones en materia de emisiones industriales contenidas en normas con rango de Ley.» Disposición final quinta. Impacto presupuestario. Las medidas incluidas en esta norma no supondrán coste alguno y se llevarán a cabo con los medios personales, materiales y técnicos disponibles sin incremento de dotaciones, retribuciones u de otros gastos de personal al servicio de la Administración General del Estado. Disposición final sexta. Habilitación competencial. Las disposiciones adicionales segunda y cuarta se dictan al amparo de los títulos competenciales exclusivos del Estado contemplados en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. La disposición final tercera se dicta al amparo del título competencial exclusivo del Estado previsto en el artículo 149.1.13.ª, 16.ª y 23.ª de la Constitución, que reservan al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, bases y coordinación general de la sanidad y legislación básica sobre protección del medio ambiente. La disposición adicional sexta se dicta al amparo del título competencial exclusivo del Estado previsto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en legislación básica sobre protección del medio ambiente. La disposición adicional quinta, la disposición transitoria única, la disposición derogatoria, y las disposiciones finales primera y segunda se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.22.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma. Disposición final séptima. Entrada en vigor de la ley. La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. Madrid, 20 de julio de 2015. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

La ley de montes entra en vigor en tres meses.

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: PREÁMBULO I En el año 2003, las Cortes Generales aprobaron una nueva normativa en materia de montes, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, a través de la cual se procedía a actualizar el régimen jurídico regulador de los espacios forestales de acuerdo con la nueva concepción del medio ambiente consagrada por la Constitución Española y con los principios de gestión forestal sostenible que deben informar la ordenación y conservación de los montes españoles. Posteriormente se aprobó mediante la Ley 10/2006, de 28 de abril, una modificación parcial y muy definida de la ley, en un momento todavía inicial del proceso social de adaptación de los sistemas de ordenación de los montes a las prescripciones recogidas en el nuevo modelo de gestión forestal sostenible. Transcurridos diez años desde la aprobación de la Ley de Montes, y con base en su aplicación, se han detectado algunos aspectos que es conveniente mejorar; otros que, debido al desarrollo posterior de la legislación nacional o autonómica, es preciso adaptar; y, finalmente, otros en cuyo desarrollo hay que avanzar más, tanto con respecto del texto originalmente aprobado de la ley como de la primera modificación realizada en 2006. Por ello, y con el fin de tener el mejor instrumento posible para la gestión sostenible de las masas forestales españolas, se realizan modificaciones en los aspectos mencionados a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, ajustándose además a lo dispuesto en las sentencias del Tribunal Constitucional relativas a la impugnación de múltiples preceptos de la ley originalmente aprobada, fundamentalmente la Sentencia del Tribunal Constitucional 49/2013, de 28 de febrero, la Sentencia del Tribunal Constitucional 84/2013, de 13 de abril, y la reciente Sentencia 97/2013, de 23 de abril, en que los recurrentes han sido, respectivamente, las comunidades autónomas de Cataluña, La Rioja y Castilla y León. Una de las novedades es la consideración, como un nuevo principio inspirador de esta ley, de los montes como infraestructuras verdes, en sintonía con la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones COM (2013) 249 final, de 6 de mayo de 2013, denominada «Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa», puesto que constituyen unos sistemas naturales prestadores de servicios ambientales de primer orden. En esta modificación se ahonda en la imbricación del territorio forestal como una parte muy importante del mundo rural, al que pertenece, y a cuyo desarrollo ha de coadyuvar de forma activa. Por otro lado, se perfecciona el equilibrio entre los tres pilares imprescindibles de la gestión forestal sostenible, es decir, el económico, el ecológico y el social. Igualmente se reconoce el concepto de multifuncionalidad de los montes españoles, es decir, su capacidad de cumplir simultáneamente con varias funciones económicas, ecológicas y sociales, incluyendo las culturales (materiales e inmateriales), sin que ninguna de ellas vaya en detrimento de las demás. En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, se determina que los terrenos agropecuarios que se dediquen temporalmente a cultivos de especies forestales estarán sometidos a esta ley de montes durante dicho periodo, con todas la características de los montes, hasta que termine el turno de aprovechamiento previamente establecido, en el que pueden recuperar su condición anterior de terrenos dedicados a la agricultura o la ganadería. II Como novedad, en el artículo 7 se sistematizan las facultades que corresponden a la Administración General del Estado derivadas del vigente marco constitucional, de las que se destacan, entre otras, la coordinación de la elaboración y la aprobación de las directrices sobre distintos aspectos de la lucha contra incendios forestales, así como el despliegue de medios estatales de apoyo a las comunidades autónomas, independientemente de que ambas cuestiones se elaboren en estrecha coordinación con las comunidades autónomas. Asimismo se refleja en la ley la competencia de la Administración General del Estado derivada del Reglamento (CE) n.º 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT (Aplicación de la legislación forestal, gobernanza y comercio) aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea. La aplicación de esta política se realizará conforme a las competencias de cada Administración, por lo que figura como competencia compartida. El cuadro de competencias compartidas se cierra con la inclusión de aquellos aspectos en materia de conservación y ordenación de los recursos cinegéticos y piscícolas que superan el ámbito de una comunidad autónoma, cuya coordinación conviene sea ejercida por la Administración General del Estado. En cuanto a los órganos de coordinación con las comunidades autónomas la ley dota de flexibilidad a la Administración para adaptarse a las diferentes estructuras que a lo largo del tiempo pueda adquirir, obligando a la definición y regulación de los mismos, en el ámbito reglamentario, mucho más fácil de variar conforme las circunstancias lo vayan aconsejando. Por tanto, se mantiene la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural como órgano de coordinación, facilitando la configuración, funciones y objeto de los comités técnicos existentes y los que sean necesarios en el futuro mediante normas de rango menor. De igual manera, recupera la figura de un órgano de participación de ámbito forestal mediante el establecimiento de un Consejo Forestal Nacional, cuyas funciones específicas, composición y funcionamiento también se regularán por la vía reglamentaria. III La ley establece una clasificación de los montes en grupos disjuntos, primero según su titularidad y seguidamente por su afección a un interés general, que es el factor que determina las características de la gestión ### RESUMEN: La ley de montes entra en vigor en tres meses.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de septiembre actual, ha acordado admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4182-2015 planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Algeciras, en el procedimiento abreviado núm. 241/2014, en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.c) LOTC, reservar para sí el conocimiento de la presente cuestión. De conformidad con lo establecido en el artículo 37.2 LOTC, quienes sean parte en el procedimiento abreviado núm. 241/2014, podrán personarse ante este Tribunal dentro de los quince días siguientes a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 10 de septiembre de 2015.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

Tribunal Constitucional admite a trámite cuestión inconstitucionalidad de juzgado de Algeciras vs supresión paga navidad funcionarios

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de septiembre actual, ha acordado admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4182-2015 planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Algeciras, en el procedimiento abreviado núm. 241/2014, en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.c) LOTC, reservar para sí el conocimiento de la presente cuestión. De conformidad con lo establecido en el artículo 37.2 LOTC, quienes sean parte en el procedimiento abreviado núm. 241/2014, podrán personarse ante este Tribunal dentro de los quince días siguientes a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 10 de septiembre de 2015.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: Tribunal Constitucional admite a trámite cuestión inconstitucionalidad de juzgado de Algeciras vs supresión paga navidad funcionarios

Advertido error en la Orden HAP/1985/2015, de 28 de septiembre, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 235, de fecha 1 de octubre de 2015, se transcribe a continuación la siguiente rectificación: En la página 89039, anexo I, «Relación de puestos», donde dice: «Denominación del puesto: Delegación del Gobierno en Castilla y León.», debe decir: «Denominación del puesto: Delegación del Gobierno en Murcia.» Esta orden abre nuevo plazo de presentación de solicitudes. Madrid, 1 de octubre de 2015.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, por delegación (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), el Director General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, Antonio Sánchez Díaz.

Rectificación en el BOE, donde ponía «Denominación del puesto: Delegación del Gobierno en Castilla y León.», debe decir: «Denominación del puesto: Delegación del Gobierno en Murcia.»

Advertido error en la Orden HAP/1985/2015, de 28 de septiembre, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 235, de fecha 1 de octubre de 2015, se transcribe a continuación la siguiente rectificación: En la página 89039, anexo I, «Relación de puestos», donde dice: «Denominación del puesto: Delegación del Gobierno en Castilla y León.», debe decir: «Denominación del puesto: Delegación del Gobierno en Murcia.» Esta orden abre nuevo plazo de presentación de solicitudes. Madrid, 1 de octubre de 2015.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, por delegación (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), el Director General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, Antonio Sánchez Díaz. ### RESUMEN: Rectificación en el BOE, donde ponía «Denominación del puesto: Delegación del Gobierno en Castilla y León.», debe decir: «Denominación del puesto: Delegación del Gobierno en Murcia.»

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales. b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación de la Secretaría General Técnica. c) Número de expediente: 160/2014. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.org/contratospublicos. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: El objeto de este contrato es la planificación, la producción exterior y la difusión de una Campaña informativa, con la finalidad de llevar a cabo la divulgación de los recursos que la Comunidad de Madrid pone a disposición de los madrileños en dependencia, discapacidad, mayores y menores desprotegidos, situaciones en casos de vulnerabilidad y exclusión social. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341400-0. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de julio de 2014. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto con criterio precio. 4. Valor estimado del contrato: 826.446,28. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 826.446,28 euros. Importe total: 1.000.000,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 1 de octubre de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 3 de noviembre de 2014. c) Contratista: Media Sapiens Spain, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 826.446,28 euros. Importe total: 1.000.000,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mayores descuentos en los Medios. Madrid, 17 de noviembre de 2014.- D.ª Carmen Balfagón Lloreda, Secretaria General Técnica de la Consejería de Asuntos Sociales.

Contrato a Media Sapiens Spain S.L. para la planificación, la producción exterior y la difusión de una Campaña informativa de la comunidad de Madrid por importe total de 1.000.000,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales. b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación de la Secretaría General Técnica. c) Número de expediente: 160/2014. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.org/contratospublicos. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: El objeto de este contrato es la planificación, la producción exterior y la difusión de una Campaña informativa, con la finalidad de llevar a cabo la divulgación de los recursos que la Comunidad de Madrid pone a disposición de los madrileños en dependencia, discapacidad, mayores y menores desprotegidos, situaciones en casos de vulnerabilidad y exclusión social. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341400-0. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de julio de 2014. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto con criterio precio. 4. Valor estimado del contrato: 826.446,28. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 826.446,28 euros. Importe total: 1.000.000,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 1 de octubre de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 3 de noviembre de 2014. c) Contratista: Media Sapiens Spain, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 826.446,28 euros. Importe total: 1.000.000,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mayores descuentos en los Medios. Madrid, 17 de noviembre de 2014.- D.ª Carmen Balfagón Lloreda, Secretaria General Técnica de la Consejería de Asuntos Sociales. ### RESUMEN: Contrato a Media Sapiens Spain S.L. para la planificación, la producción exterior y la difusión de una Campaña informativa de la comunidad de Madrid por importe total de 1.000.000,00 euros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 108.6 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la Presidencia de la Junta Electoral Central, de conformidad con delegación de la propia Junta acordada en sesión de 4 de enero de 2016, ordena la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los resultados habidos en cada uno de los municipios y entidades locales menores en que se han celebrado las elecciones locales parciales convocadas por el Real Decreto 953/2015, de 26 de octubre, y celebradas el 20 de diciembre. Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2016.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados Pérez. (Publicado: 1. «BOE» número 25, de 29 de enero de 2016, provincias Burgos, Cantabria, Gipuzkoa y Huesca)

El 20 de diciembre también se repitieron elecciones en entidades locales menores y concejos. Resultados en el anexo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 108.6 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la Presidencia de la Junta Electoral Central, de conformidad con delegación de la propia Junta acordada en sesión de 4 de enero de 2016, ordena la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los resultados habidos en cada uno de los municipios y entidades locales menores en que se han celebrado las elecciones locales parciales convocadas por el Real Decreto 953/2015, de 26 de octubre, y celebradas el 20 de diciembre. Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2016.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados Pérez. (Publicado: 1. «BOE» número 25, de 29 de enero de 2016, provincias Burgos, Cantabria, Gipuzkoa y Huesca) ### RESUMEN: El 20 de diciembre también se repitieron elecciones en entidades locales menores y concejos. Resultados en el anexo.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 2 de noviembre actual, ha acordado declarar la extinción del recurso de inconstitucionalidad núm. 995-2013 por desaparición sobrevenida de su objeto, promovido por el Gobierno de Cataluña contra los artículos 1 al 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Dicho recurso fue admitido a trámite el 12 de marzo de 2013 («Boletín Oficial del Estado» número 71, de 23 de marzo de 2013). Madrid, 2 de noviembre de 2016.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

El TC acuerda declarar la extinción del recurso de inconstitucionalidad núm. 995-2013 por desaparición sobrevenida de su objeto, promovido por el Gobierno de Cataluña.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 2 de noviembre actual, ha acordado declarar la extinción del recurso de inconstitucionalidad núm. 995-2013 por desaparición sobrevenida de su objeto, promovido por el Gobierno de Cataluña contra los artículos 1 al 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Dicho recurso fue admitido a trámite el 12 de marzo de 2013 («Boletín Oficial del Estado» número 71, de 23 de marzo de 2013). Madrid, 2 de noviembre de 2016.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: El TC acuerda declarar la extinción del recurso de inconstitucionalidad núm. 995-2013 por desaparición sobrevenida de su objeto, promovido por el Gobierno de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación de la Dirección de Compras y Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Subdirección de Contratación. 2) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, 46, Estación de Chamartín, Edificio comercial, 3.ª planta, despacho 316. 3) Localidad y código postal: Madrid 28036. 4) Teléfono: 91 300 62 70; 91 300 84 45. 5) Telefax: 91 748 88 96. 6) Correo electrónico: vgallegomendez@adif.es; jserranorivas@adif.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.adif.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día 16 de abril de 2018. d) Número de expediente: 2.18/30410.0015. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de ordenación de taxis y filas en la estación de Madrid Puerta de Atocha. e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses. f) Admisión de prórroga: 24 meses. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63710000-9. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Varios criterios. 4. Valor estimado del contrato: 533.015,98 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 355.343,99 euros. Importe total: 429.966,23 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 7.106,88 euros. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación (sin IVA). 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de Condiciones Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez (10:00) horas del día 16 de abril de 2018. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Subdirección de Contratación. 2) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, 46, Estación de Chamartín, Edificio Comercial, 3.ª planta, despacho 316. 3) Localidad y código postal: Madrid 28036. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 4 meses a partir de la recepción de ofertas. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura de Ofertas Económicas. b) Dirección: C/ Agustín de Foxá, 46; Edificio Comercial, 1.ª planta, despacho 114, Estación de Chamartín. c) Localidad y código postal: Madrid 28036. d) Fecha y hora: Día 17 de mayo de 2018, a las diez (10:00) horas. 10. Gastos de publicidad: Serán con cargo a la/s empresa/s adjudicataria/s. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': Día 2 de marzo de 2018. Madrid, 6 de marzo de 2018.- El Director de Compras y Contratación.

Licitacion del Servicio de ordenación de taxis y filas en la estación de Madrid Puerta de Atocha por importe total de 429.966,23 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación de la Dirección de Compras y Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Subdirección de Contratación. 2) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, 46, Estación de Chamartín, Edificio comercial, 3.ª planta, despacho 316. 3) Localidad y código postal: Madrid 28036. 4) Teléfono: 91 300 62 70; 91 300 84 45. 5) Telefax: 91 748 88 96. 6) Correo electrónico: vgallegomendez@adif.es; jserranorivas@adif.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.adif.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día 16 de abril de 2018. d) Número de expediente: 2.18/30410.0015. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de ordenación de taxis y filas en la estación de Madrid Puerta de Atocha. e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses. f) Admisión de prórroga: 24 meses. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63710000-9. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Varios criterios. 4. Valor estimado del contrato: 533.015,98 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 355.343,99 euros. Importe total: 429.966,23 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 7.106,88 euros. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación (sin IVA). 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de Condiciones Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez (10:00) horas del día 16 de abril de 2018. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Subdirección de Contratación. 2) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, 46, Estación de Chamartín, Edificio Comercial, 3.ª planta, despacho 316. 3) Localidad y código postal: Madrid 28036. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 4 meses a partir de la recepción de ofertas. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura de Ofertas Económicas. b) Dirección: C/ Agustín de Foxá, 46; Edificio Comercial, 1.ª planta, despacho 114, Estación de Chamartín. c) Localidad y código postal: Madrid 28036. d) Fecha y hora: Día 17 de mayo de 2018, a las diez (10:00) horas. 10. Gastos de publicidad: Serán con cargo a la/s empresa/s adjudicataria/s. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': Día 2 de marzo de 2018. Madrid, 6 de marzo de 2018.- El Director de Compras y Contratación. ### RESUMEN: Licitacion del Servicio de ordenación de taxis y filas en la estación de Madrid Puerta de Atocha por importe total de 429.966,23 euros.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel; Presidente, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García y don Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 9192-2009, promovido por doña Carmen Colomina Martínez, representada por el Procurador de los Tribunales don Manuel Gómez Montes y asistida por el Abogado don Miguel Prieto Escudero, contra la Sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación 5527-2008 interpuesto contra la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el recurso 298-2008. Han intervenido el Ministerio Fiscal y los Letrados de la Junta de Andalucía. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 2 de noviembre de 2009, don Manuel Gómez Montes, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de doña Carmen Colomina Martínez, interpuso recurso de amparo contra la resolución a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia. 2. Los hechos que anteceden a la demanda de amparo son sustancialmente los siguientes: a) Por parte de la ahora recurrente en amparo se interpuso recurso contencioso-administrativo para la protección de los derechos fundamentales de la persona contra la resolución dictada por el Viceconsejero por delegación del Consejero de Educación de la Junta de Andalucía, con fecha de 25 de enero de 2008, por la que se inadmitía la solicitud de reconocimiento de la objeción de conciencia frente a la asignatura educación para la ciudadanía y los derechos humanos presentada por la demandante en nombre de su hijo menor. La inadmisión se sustentó en los argumentos contenidos en los fundamentos tercero: «Según la documentación obrante en este expediente, 2007/12/277 se encuentra matriculado, para el curso académico 2007/2008, en 2.º de ESO, por lo que la materia referenciada no será objeto de estudio en dicho periodo»; y cuarto: «A este respecto, su solicitud resulta manifiestamente carente de fundamento, por falta de objeto», ambos de la citada resolución. b) La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sala de Sevilla) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictó Sentencia, con fecha de 11 de septiembre de 2008, por la que se estimaba el recurso en los siguientes términos: «Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución especificada en el fundamento jurídico primero de esta sentencia, acordamos anularla, reconociendo el derecho de los demandantes a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura 'Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos', declarando que su hijo está facultado para no cursar la asignatura y quedando exento de ser evaluado de la misma». En síntesis, los argumentos del órgano juzgador para estimar la demanda, remitiéndose a lo resuelto ya anteriormente en un supuesto similar, fueron los siguientes: En primer lugar, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional puede deducirse la existencia de un derecho a la objeción de conciencia con encaje en el art. 16.1 CE; así mismo, se ha venido reconociendo la facultad de sustraerse al cumplimiento de un deber, alegando la vertiente negativa del derecho a la libertad religiosa, cuando se hace valer la existencia de un acto ilegítimo de intromisión en la esfera íntima de las creencias personales. En segundo lugar, y con base en esa misma jurisprudencia, si bien es cierto que la citada objeción puede regularse por ley, la ausencia de norma no puede impedir su ejercicio cuando lo que están en juego son derechos fundamentales. Una vez examinados los contenidos de la asignatura, el órgano juzgador entiende que, en las normas reguladoras de la misma, se contienen conceptos de indudable trascendencia ideológica y religiosa, como son: ética, conciencia moral y cívica, valoración ética, valores o conflictos sociales y morales. Esta circunstancia hace razonable, que la demandante haya solicitado la exención de cursar la asignatura por razones religiosas o filosóficas y que además, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no tiene que exponer con detalle. En fin, entendió el Tribunal Superior que el interés público, en este caso, se encuentra precisamente en la salvaguarda de los derechos contenidos en los arts. 16.1 y 27.3 CE, salvaguarda que «no pone en peligro el ordenamiento jurídico democrático, simplemente refleja su funcionamiento». c) Contra la resolución se presentaron los correspondientes recursos de casación, promovidos por la Junta de Andalucía a través de sus servicios jurídicos y por el Ministerio Fiscal y que fueron resueltos mediante Sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 17 de septiembre de 2009, por la que se declaró haber lugar a dichos recursos, anulando en consecuencia la Sentencia impugnada y confirmando la validez de la resolución administrativa. La Sentencia se sustentó expresamente en la anteriormente dictada por el Pleno de la Sala, con fecha 11 de febrero de 2009, en el recurso 905-2008 en un supuesto análogo. Tras recordar que los antecedentes de las citadas asignaturas se encuentran, más allá de los textos normativos españoles, en la Recomendación (2002) 12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa y en la Recomendación conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (de 18 de diciembre de 2006), declara que el papel del Estado en materia de educación, que encuentra su fundamento constitucional en los mandatos contenidos en el art. 27.2 y 5 CE, permite concluir: (a) que la actividad del Estado en materia de educación resulta obligada, (b) que los fines de dicha intervención resultan ser, asegurar la transmisión de conocimiento y ofrecer instrucción sobre los valores para el sistema democrático y (c) que el cometido estatal se predica de la enseñanza pública y de la privada. Ahora bien, la compatibilidad del contenido del derecho recogido en el art. 16.1 CE con la enseñanza del pluralismo existirá cuando la actividad educativa se haga con neutralidad y sin adoctrinamiento. A continuación, el Tribunal Supremo examina si es posible deducir un derecho a la objeción de conciencia con alcance general a partir de lo dispuesto en la Constitución, entendiendo que, con base en la jurisprudencia de este Tribunal (SSTC 53/1985, 177/1996, 154/2002 y 101/2004), no es posible llegar a concluir tal existencia. Negada la existencia de una objeción de conciencia con carácter general anclada en el art. 16.1 CE, en los términos expuestos, el juzgador de la casación pasa a estudiar si es posible predicar una objeción de conciencia circunscrita al ámbito educativo (especialmente con cobertura en el art. 27.3 CE). En relación con este particular, no considera aplicable la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (principalmente en los casos Folgerø y otros c. Noruega, de 29 de junio de 2007, o Hasan y Eylen Zengin c. Turquía, de 9 de octubre de 2007), pues estas resoluciones abordan la incompatibilidad con el Convenio de toda enseñanza que tienda al adoctrinamiento moral o religioso, cuando no esté configurada con equilibrio ni se ajuste en sus contenidos y enseñanzas a los principios de objetividad, exposición crítica y respeto al pluralismo. Por lo demás, el art. 27.3 CE no permite afirmar la existencia de un derecho a la objeción de conciencia sobre materias como las que se encuentran en la base del conflicto. El Tribunal entiende que el contenido del citado precepto sólo recoge el derecho a elegir, por parte de los padres, la educación religiosa y moral de los hijos, pero no sobre materias ajenas a éstas. Concluye la Sentencia que «no existe un específico derecho a la objeción de conciencia en el ámbito educativo sin perjuicio de advertir que ello no autoriza a la Administración educativa, ni a los centros docentes ni a los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas». 3. En su demanda la recurrente indica que «los derechos fundamentales cuya tutela se pretende por medio de este recurso se concretan en el derecho a la libertad religiosa e ideológica y, por extensión, en el derecho de los padres a proporcionar a sus hijos la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, todo ello articulado bajo el ejercicio de la objeción de conciencia frente al seguimiento evaluación de la asignatura … Educación para la Ciudadanía». Las alegaciones parten de la estrecha vinculación que existe entre el derecho a la libertad ideológica y el derecho de los padres a elegir una educación para sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones. No se niega la facultad del Estado de planificar la enseñanza y, por ende, de incorporar al currículo educativo, unas u otras enseñanzas, sin embargo, los padres pueden exigir del Estado el respeto a sus propias convicciones religiosas y filosóficas. Siendo ello así, la recurrente estima que nuestro sistema constitucional reconoce la posibilidad del ejercer la objeción de conciencia al amparo de lo dispuesto en el art. 16.1 CE sin requerirse previa interpositio legislatoris. Esta objeción de conciencia no se contempla, con carácter general, como un mecanismo para obviar el cumplimiento del ordenamiento siempre que se considere contrario a las propias convicciones, sino que puede ejercerse frente a deberes concretos. Tratándose de un derecho sujeto a límites, en el presente caso no se ha acreditado cuál es el interés prevalente del Estado que justifique una lesión de derechos como la denunciada. Así mismo, no se comparte la distinción que realiza el Tribunal Supremo entre asignaturas confesionales y de contenido secular para enjuiciar la aplicación o no al caso del art. 27.3 CE, pues tal distinción es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por último, las alegaciones del recurso se fundan en distinta jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, singularmente se refieren los casos: Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen c. Dinamarca, de 7 de diciembre de 1976; Folgerø y otros c. Noruega, de 29 de junio de 2007, y Hasan y Eylen Zengin c. Turquía, de 9 de octubre de 2007, entre otros de cita ocasional. Así mismo, considera de aplicación la jurisprudencia de este Tribunal contenida en las Sentencias: 5/1981, de 13 de febrero (Ley Orgánica relativa al estatuto de centros escolares); 15/1982, de 23 de abril (objeción de conciencia al servicio militar); 24/1982, de 13 de mayo (asistencia religiosa y Fuerzas Armadas); 53/1985, de 11 de abril (despenalización de algunos supuestos de interrupción voluntaria del embarazo); 166/1996, de 28 de octubre (transfusiones de sangre a miembros de determinadas confesiones religiosas); 177/1996, de 11 de noviembre (participación de un militar en actos religiosos), y 101/2004, de 2 de junio (participación de un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en actos religiosos). La demanda de amparo concluye solicitando, previa admisión de la misma, que se declare que la resolución recurrida en amparo ha vulnerado el derecho a la libertad ideológica de la recurrente, se le reconozcan los derechos fundamentales y libertades públicas lesionados de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado y se le restablezca en la integridad de dichos derecho y libertades adoptando, en su caso, las medidas apropiadas para su conservación. 4. Mediante providencia de 4 de mayo de 2010, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite el recurso de amparo de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, en aplicación igualmente de lo prevenido por el art. 51 de la misma norma, dirigir atenta comunicación, por un lado, a la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo para que, en un plazo de diez días, remitiera certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación 5527-2008 y, por otro lado, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sala de Sevilla) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que, igualmente en un plazo de diez días, remitieran certificación o copia adverada de las actuaciones relativas al recurso 298-2008. Asimismo se dispuso el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento otorgando un plazo de diez días para comparecer. 5. Con fecha de 8 de junio de 2010 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito del Letrado de la Junta de Andalucía solicitando se le tuviera por comparecido y personado como parte recurrida en el procedimiento. 6. El Secretario de Justicia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, mediante diligencia de ordenación de 9 de junio de 2010, acordó tener por personado y parte en el procedimiento al Letrado de la Junta de Andalucía en la representación que ostenta y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, confiriendo un plazo común de veinte días a las mismas con el objeto de que formularan alegaciones. 7. La representación de la Junta de Andalucía presentó escrito de alegaciones registrado con fecha de 16 de julio de 2010, firmado por sendos Letrados de la institución, y en el que se manifestaba: En primer lugar se plantea la concurrencia de un óbice en la demanda, la falta de agotamiento de la vía previa al amparo constitucional. Más estrictamente, si la recurrente está impugnando la Sentencia recaída en casación resulta que se trata de una resolución firme contra la que no cabe recurso alguno y, por ello, debió interponer el preceptivo incidente de nulidad de actuaciones, conforme al art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objeto de agotar debidamente todos los recursos posibles para reparar la lesión que se trae en amparo. Al no haberlo hecho así no se ha respetado la subsidiariedad del recurso de amparo, puesto que dicho medio de impugnación es un mecanismo adecuado para la tutela de los derechos fundamentales contra vulneraciones habidas en el proceso. Frente a la alegación del recurrente de que no se interpuso el incidente de nulidad porque en casos similares el Tribunal Supremo los ha inadmitido, los Letrados de la Junta de Andalucía estiman que el argumento no es de recibo, porque ello únicamente puede suceder cuando el incidente se plantea como un mero formulismo, lo que no es el caso y además no se acreditado que en los casos aludidos los incidentes rechazados liminarmente tuvieran un contenido en el que se argumentara la lesión de un derecho. En segundo lugar, los Letrados de la Junta de Andalucía indican que la demanda no justifica adecuadamente la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo exigida por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional tras la reforma operada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. Así, la insuficiente justificación deriva de que la recurrente se limita a reproducir la interpretación que de tal requisito ha realizado este Tribunal en la STC 155/2009, de 25 de junio, pues no puede alegarse que la demanda afronte una cuestión sobre la que no exista doctrina, habida cuenta la numerosa jurisprudencia constitucional en materia de libertad ideológica. Además, la demanda cae en una contradicción lógica, pues si se estima que se presenta una ocasión para que el Tribunal aclare o cambie su doctrina, es que tal doctrina existe, de ahí que no quepa alegar la novedad de la cuestión; por lo demás, la existencia de distintas sentencias en la materia no quiere decir que la jurisprudencia sea contradictoria, sino que aborda cuestiones o manifestaciones distintas de la libertad ideológica. Tampoco es admisible, a juicio de los Letrados de la Junta de Andalucía, sustentar la especial trascendencia constitucional en que la lesión proviene de una disposición de carácter general; en este sentido, teniendo en cuenta que la controvertida asignatura se introdujo en el currículum educativo a partir de la Ley Orgánica 2/2006, la recurrente tendría que haber solicitado en vía judicial la promoción de la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad; pero es que además, desarrollada la norma mediante los Reales Decretos 1513/2006 y 1631/2006, tampoco se ha interpuesto el correspondiente recurso contencioso-administrativo contra tales disposiciones. Igualmente se rechaza que la demandante sustente la especial trascendencia constitucional del recurso en el incumplimiento de la doctrina de este Tribunal, pues supone una contradicción afirmar tal extremo cuando anteriormente se indicó que la trascendencia radicaba en la novedad de la cuestión planteada. En tercer lugar, en el citado escrito de alegaciones se niega legitimación a la recurrente para postular la objeción de conciencia en los términos que se pretende. Entienden los alegantes que no es posible reconocer el ejercicio de tal derecho a quien no es destinatario del mandato en el momento en el que pretende objetar. En este sentido, se recuerda que, por parte de la propia Administración, ni siquiera se consideró el extremo relativo a la objeción, toda vez que la solicitud de la recurrente fue rechazada sobre la base de que su hijo menor no se encontraba en edad de cursar la controvertida asignatura no estando vinculado, por lo tanto, por el mandato establecido por la norma que la regula. Y, en relación con ello, se indica que la jurisprudencia de este Tribunal tiene declarado que no basta para ostentar legitimación para recurrir en amparo el haber sido parte en el proceso, pues en este caso es claro que la demandante carece de interés legítimo al utilizar el recurso de amparo frente a una violación de derechos eventual y futura. Tras los óbices planteados, el escrito de alegaciones de los Letrados de la Junta de Andalucía aborda el fondo de la cuestión. Se achaca a la recurrente que incurre en una contradicción lógica en su argumentación pues, tras considerar que es el propio titular del derecho quien ha de valorar el grado en el que el cumplimiento del deber impuesto por la norma afecta a su derecho, acto seguido afirma que la lesión se ha producido porque en la resolución recurrida el juzgador no ha realizado una adecuada ponderación entre la obligación normativa y las creencias de la demandante. Por lo demás se niega tal circunstancia, pues se pone de manifiesto que, sin perjuicio de que la recurrente no la comparta, en la Sentencia recurrida se contiene una extensa ponderación resultando, a tenor de la misma, suficientemente acreditado el interés prevalente que justifica el sacrificio de los derechos de la recurrente y su adecuado encaje normativo. A continuación, en el escrito de alegaciones del que ahora se da cuenta, se trata de rebatir la valoración que la recurrente realiza de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de este propio Tribunal; en este sentido, a partir de dicho análisis crítico, con respecto al art. 27.3 CE en la demanda no se justifica en modo alguno que el ideario del centro donde cursa sus estudios el menor esté en relación con las creencias de la recurrente contraria a la asignatura controvertida; de todo ello se colige que la discrepancia personal con una determinada asignatura no forma parte del contenido del derecho a la libertad ideológica o de conciencia, pues los estados pueden «difundir informaciones o conocimientos que tengan, directamente o no, un carácter religioso o ideológico». Añaden los alegantes que, con respecto de los derechos invocados, existen límites constitucionales que es preciso respetar, límites no ya generales sino específicos derivados del art. 27.2 CE que dispone que «la educación tenga por objeto el desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». En este sentido, se señala en el escrito de alegaciones que la Constitución española no es axiológicamente neutral, en cuanto se enmarca en un determinado contexto constitucional sin que sea posible abdicar de la orientación ética basada en valores constitucionales que se desprende de la misma, llegando a destacar que incluso frente a los valores no comunes o diferenciales el Estado viene obligado a mantener una actitud positiva, de la misma manera que ha de desplegar una actitud beligerante con los valores contradictorios a aquellos que incorpora la Constitución. Respecto de las asignaturas, en particular conocidas como educación para la ciudadanía, se recuerda que forman parte del contexto escolar europeo como expresión de la estrategia de la Unión Europea en orden a los distintos sistemas educativos nacionales promuevan los valores democráticos y de participación creando ciudadanos cívicos y responsables. Pues bien, se reprocha a la recurrente que, sin que fuera necesario que declarara sobre sus valores o creencias, sí hubiera debido indicar qué partes concretas de la asignatura o temarios entran en contradicción con dichas creencias. Por todo ello, desde la óptica de la proporcionalidad se sostiene que el ejercicio de la libertad religiosa encuentra como límite los valores y principios del sistema democrático entre los que incluye sus medios de defensa, de los que forma parte la asignatura controvertida. A continuación, los Letrados de la Junta de Andalucía rebaten en sus alegaciones la interpretación que se hace en la demanda sobre la aplicación al caso de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos invocada, por cuanto el reconocimiento de una eventual exención a cursar una determinada materia o asignatura únicamente es posible tras contrastar el desequilibrio existente entre el contenido y forma de impartir la asignatura y los derechos y libertades en juego; mientras que lo que se pretende en el presente recurso es el reconocimiento de un derecho de exención sin un análisis previo sobre los contenidos y formas de impartir la asignatura cuestionada. A la luz de los argumentos expuestos la representación de la Junta de Andalucía concluye su escrito de alegaciones solicitando la inadmisión del recurso o subsidiariamente su desestimación. 8. El Ministerio Fiscal compareció mediante escrito registrado con fecha de 8 de septiembre de 2010 en el que se contenían las siguientes alegaciones: Tras un exhaustivo examen de las normas nacionales y supranacionales reguladoras de la materia, el Ministerio Fiscal comienza sus alegaciones indicando, a los efectos de fijar el objeto del recurso, que a pesar de que éste se dirija contra la Sentencia recaída en casación, en rigor el acto vulnerado de los derechos de la demandante es la inicial resolución administrativa. Por otro lado, no se pide el reconocimiento a tener sus propias convicciones sino a impedir la intromisión de los poderes públicos; intromisión que se produce a través de la exigencia de cursar una materia que entra en contradicción con las convicciones de la recurrente. Sin embargo, en este sentido, el Ministerio público estima que el contenido del art. 27 CE faculta al Estado para establecer currículos y contenidos en los distintos grados y niveles de la enseñanza y que la asignatura educación para la ciudadanía ha sido introducida a partir de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica de educación. Así mismo, refiere que no obstante la convicciones personales de cada cual, las sociedades democráticas pueden compartir una serie de valores ante los cuales los estados y los poderes públicos no permanecen neutrales, so pena de hacer inviable el propio sistema democrático, y tales valores pueden ser divulgados a través de la educación. Con respecto al objeto del recurso considera concernido el derecho a la libertad de conciencia en sus manifestaciones ideológica y religiosa, desde el punto de vista de la demandante dichas libertades le otorgarían la facultad de actuar conforme a sus convicciones frente a la asignatura educación para la ciudadanía, pero sucede que el derecho en cuestión está sujeto a límites que nacen, en este caso, de la legalidad siempre que respeten el contenido esencial del derecho. Por ello, ante eventuales conflictos entre las convicciones personales y el cumplimiento de una obligación legal habrá de ponderarse el alcance de los derechos concernidos en relación con la existencia de otros intereses públicos o de terceros dignos de protección como lo es el orden público en el que se integran la seguridad o la moral pública. Dado que a partir de la jurisprudencia de este Tribunal sería posible la hipótesis de un reconocimiento de la objeción de conciencia excepcional, sin necesidad de previa interpositio legislatoris, es preciso determinar si en este caso surge un grave conflicto en relación con los derechos reconocidos en los arts. 16.1 y 27.3 CE y el contenido de la asignatura controvertida, en relación con el contenido del derecho a la educación (art. 27.1 CE), las potestades del Estado en la materia (art. 27.5 CE), así como el propio objeto de la educación (art. 27.2 CE). La cuestión radica, a juicio del alegante, en que para resolver el conflicto es necesario objetivar dicho conflicto (es decir, acreditar que sea real y cierto) desde el momento en que la ponderación antes aludida exige conocer con respecto a qué convicciones de la reclamante entra en colisión el contenido de la educación para la ciudadanía, habiéndose de rechazar por lo tanto la afirmación de que sólo la demandante puede valorar el daño a su conciencia. Dada la existencia de los elementos de contraste indicados, el Ministerio Fiscal procede a determinar su aplicación en el presente caso. En este sentido, se recuerda que, a tenor de lo dispuesto en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 2/2006, reguladora del derecho a la educación, se desprende que el objetivo y alcance de la educación no se limita a la transmisión de conocimientos sino que también comprende la transmisión de valores comunes y normas de convivencia democrática. En este sentido la moral pública forma parte del orden público que opera como límite a los derechos que se han alegado alegados (según se deriva de los arts. 16.1 CE y 3.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa). La transmisión de valores, que tiene como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos, tiene encaje constitucional en el art. 27.2 CE y por ello delimita el alcance del derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación de acuerdo con sus convicciones por cuanto este mismo no se conforma como un derecho ilimitado, sin que sea admisible que dichas convicciones puedan condicionar la opción educativa que aspira a formar a los alumnos en los valores a los que se ha hecho referencia. En suma, el Ministerio Fiscal entiende que el derecho del alumno a la educación y el interés superior del mismo a recibir una educación integral delimitan el derecho de los padres a que los hijos reciban la educación de acuerdo con sus convicciones. Tras un examen de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia, el alegante recuerda que en los casos en los que se ha reconocido el derecho a no cursar determinadas asignaturas se trataba de materias de hondo calado religioso, lo que no es el caso (casos Folgerø y Zengin) y que, además, de las disposiciones del convenio no se deduce que los estados hayan de acomodar sus programas educativos a las convicciones de los padres, lo que se deduce es que se proscribe el adoctrinamiento a los alumnos. Así las cosas, en realidad, según sostiene el Ministerio Fiscal en su escrito, el conflicto que late se sitúa en la eventual contradicción entre la forma de impartir determinadas enseñanzas que pueden incidir sobre las creencias y convicciones de los padres de los alumnos. Los riesgos que pueden derivarse de dicho conflicto han sido evaluados por el Tribunal Supremo en su resolución, que insiste en que los proyectos, explicaciones y materiales a través de los cuales se imparta la materia cuestionada que se aparten de los límites del art. 27.2 CE quedan sometidos al adecuado control judicial como exigencia de la neutralidad a que el Estado se ve compelido en la materia. Es por ello, que no puede admitirse el reproche de la demandante en orden a que el Tribunal Supremo no ha realizado una adecuada ponderación del conflicto existente. Antes bien, el juzgador habría identificado el interés constitucional subyacente a la existencia e impartición de la asignatura controvertida, el alcance de las obligaciones del Estado en orden a la transmisión de determinados valores y a cómo debe hacerlo; así mismo, ha tenido por no acreditado el daño derivado de cursar la materia y ha examinado su conformación como una obligación nacida de norma legal válida. A la luz de las alegaciones expuestas, el Ministerio público concluye sus alegaciones considerando que no ha existido vulneración de los derechos a la libertad religiosa ni a elegir la educación moral y religiosa de los hijos conforme a las convicciones de los padres y, en consecuencia, interesa la desestimación del presente recurso de amparo. 9. Mediante diligencia de 13 de septiembre de 2010 se dejó constancia de la recepción de los escritos de alegaciones presentados por la representación de la Junta de Andalucía y por el Ministerio Fiscal, indicando que el presente recurso de amparo quedaba pendiente de deliberación. 10. Por providencia de 20 de febrero de 2014 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 24 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. Es objeto del presente recurso de amparo la Sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo recaída en casación, de 17 de septiembre de 2009, por la que se anula la previamente dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sala de Sevilla) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha de 11 de diciembre de 2008, en el recurso 298-2008 para la protección de los derechos fundamentales, a la que se imputa la lesión de los derechos. La recurrente solicita la tutela de su derecho a la libertad religiosa e ideológica y, por extensión, del derecho de los padres a proporcionar a los hijos una formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones, en relación con la asignatura educación para la ciudadanía. Por su parte, de contrario, el Ministerio Fiscal interesa la desestimación del recurso de amparo, en la medida en que en la resolución recurrida se ha identificado el interés constitucional subyacente a la existencia e impartición de la asignatura controvertida, el alcance de las obligaciones del Estado en orden a la transmisión de determinados valores y a cómo debe hacerse; así mismo, ha tenido por no acreditado el daño derivado de cursar la materia y ha examinado su conformación como una obligación nacida de norma legal válida. Por último, la representación de la Junta de Andalucía interesa la inadmisión del recurso por la concurrencia de distintos óbices procesales y, de forma subsidiaria, la desestimación del mismo, por entender que en la Sentencia recurrida se contiene una extensa ponderación resultando, a tenor de la misma, suficientemente acreditado el interés prevalente que justifica el sacrificio de los derechos de la recurrente y su adecuado encaje normativo. 2. Aunque la demandante impugna, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, la Sentencia recaída en casación, en realidad la demanda tiene mejor encaje dentro del supuesto de los recursos de amparo contra actos administrativos y, por lo tanto, su tramitación se corresponde con lo prevenido en el art. 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). En efecto, a tenor de la lectura de la documentación que acompaña a la demanda y, según ha quedado expuesto en los antecedentes, se deduce lo siguiente: en primer lugar, que la cuestión objeto de debate ya se alegó desde la inicial interposición del recurso contencioso-administrativo, consecuencia de la previa resolución administrativa por la que se inadmitía la solicitud de reconocimiento de la objeción de conciencia frente a la asignatura educación para la ciudadanía y los derechos humanos. En segundo lugar, que el recurso fue objeto de una resolución estimatoria dictada por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (con fecha de 11 de diciembre de 2008). En tercer lugar, que dicha resolución fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, por parte del Ministerio Fiscal y de la Junta de Andalucía, y provocó una resolución estimatoria que aparece ahora como objeto de la impugnación ante este Tribunal. Y por último, en cuarto lugar, que en el recurso de amparo no se contiene referencia alguna sobre una eventual lesión de derechos, imputable al Tribunal Supremo, que no hubiera sido denunciada con anterioridad y que permitiera calificar el presente recurso de amparo como mixto a los efectos de su tramitación. En consecuencia, ha de considerarse que la resolución vulneradora de los derechos fundamentales ha de ser la resolución dictada por el Viceconsejero por delegación del Consejero de Educación de la Junta de Andalucía, con fecha de 25 de enero de 2008, por la que se inadmitía la solicitud de reconocimiento de la objeción de conciencia frente a la citada asignatura, y de la que trae causa la subsiguiente intervención de los órganos judiciales. Es decir, el acto vulnerador de los derechos fundamentales en origen tiene naturaleza administrativa, limitándose la actividad judicial posterior, en el caso de la Sentencia recaída en casación (pues en instancia la ahora recurrente en amparo recibió respuesta favorable a su pretensión), a no reparar los derechos fundamentales que se entienden lesionados. En este sentido, ha de recordarse que, como tiene declarado este Tribunal, «las decisiones producidas en esta vía judicial no han de ser objeto de impugnación por la sola razón de no haber estimado la pretensión deducida por el recurrente. Estas decisiones desestimatorias no alteran la situación jurídica creada por el acto de la Administración presuntamente lesivo de un derecho fundamental y no son, por tanto, en sí mismas causas de lesión. Otra interpretación llevaría a entender, en definitiva, que no hay más actos u omisiones atacables en vía de amparo constitucional que los actos u omisiones de los órganos judiciales» (STC 6/1981, de 16 de marzo, FJ 2). Posiblemente, el error en la identificación de la resolución recurrida nazca del hecho que la demandante vio amparados en primera instancia los derechos fundamentales invocados, de ahí que impute la lesión de los mismos a la ulterior Sentencia recaída en casación. Tal tesis, sin embargo, no puede ser acogida y así lo ha entendido el Tribunal en un caso semejante al que ahora se examina al establecer: «Así las cosas, procede plantearse si esta circunstancia permite entender que, en los supuestos en los que exista una Sentencia de instancia estimatoria del recurso contencioso-administrativo –como es el caso–, las lesiones de los derechos fundamentales pueden imputarse a la Sentencia que agota la vía previa –aquí, la Sentencia recaída en casación– pues previamente ya habían quedado reparadas por el órgano judicial a quo, en relación con el acto administrativo que está en el origen del asunto. Siendo así, la demanda resultaría ser un recurso de amparo tramitable conforme al art. 44 LOTC, pues la lesión de los derechos fundamentales sería imputable a un órgano judicial (el Tribunal Supremo). Sin embargo, esta tesis no se compadece bien con la naturaleza de la vía previa al amparo constitucional, que ha de concluir con la resolución judicial firme no susceptible de recurso ante la jurisdicción ordinaria. En este caso, con independencia de la suerte que haya corrido la pretensión planteada en origen –en relación con la tutela de los derechos fundamentales– a lo largo de las distintas fases que integran la vía previa, lo cierto es que la resolución de instancia (la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, con fecha de 11 de julio de 2008) era susceptible de ser recurrida en casación y, por lo tanto, en la medida en que lo fue, no había adquirido firmeza. De acuerdo con un correcto entendimiento del carácter subsidiario del amparo constitucional, la lesión del derecho fundamental no desaparece o aparece a lo largo de la vía previa ante la jurisdicción ordinaria dependiendo de los distintos pronunciamientos que se vayan sucediendo, sino que, con ocasión de la resolución que pone fin a esta vía, quedará reparada o no, en cuyo caso el demandante encuentra expedito el acceso ante esta sede.» (ATC 51/2010, de 6 de mayo, FJ 6). Por lo demás, aunque la demanda identifique como resolución vulneradora de los derechos invocados a la Sentencia recaída en casación, lo cierto es que el recurso de amparo se ha tramitado conforme al plazo de presentación establecido en el art. 43.2 LOTC por lo que ningún reproche puede hacérsele en este sentido, considerando la jurisprudencia del Tribunal que la incorrecta identificación del objeto del recurso de amparo (incluyendo su fundamentación en el art. 44 LOTC) no basta para determinar su inadmisibilidad (STC 159/1994, de 23 de mayo, FJ 2). 3. Una vez fijado el objeto del recurso es necesario referirse a los distintos óbices procesales planteados por la representación de la Junta de Andalucía, por cuanto su eventual consideración pudiera conducir a dictar una sentencia de inadmisión, sin que sea obstáculo para ello que previamente la demanda haya sido admitida (SSTC 19/2014, de 10 de febrero, FJ 2; 69/2011, de 16 de mayo, FJ 2, y resoluciones allí citadas). Las objeciones procesales son las siguientes: Primera, la recurrente no ha agotado correctamente la vía previa al amparo constitucional por cuanto, imputada la lesión de los derechos fundamentales a la Sentencia recaída en casación, hubo de promoverse incidente de nulidad de actuaciones con el objeto de dar ocasión al juzgador a que reparara la lesión de los derechos denunciada y respetar la subsidiariedad del recurso de amparo. Segunda, la demanda no cumple con la carga impuesta por el art. 49.1 LOTC, en tanto en cuanto que no se justifica adecuadamente la especial trascendencia constitucional del recurso. Y, tercera, la falta de legitimación de la recurrente para postular el amparo de los derechos invocados, toda vez que no puede sostenerse la lesión de los mismos cuando el hijo menor de la recurrente no era destinatario del deber frente al que se pretende la objeción. Siendo el expuesto, el orden en el que están formuladas las objeciones por los letrados de la Junta de Andalucía, ha de comenzarse por el examen de la legitimación de la recurrente, por cuanto la eventual apreciación sobre la concurrencia del óbice habría de conducir necesariamente a la inadmisión del recurso. Como ha quedado expuesto, la alegación se sustenta en que el hijo menor de la recurrente no era destinatario del deber cuya objeción se interesaba, y no era destinatario por cuanto, en razón de su edad, aunque estaba escolarizado en el momento en que se pretendió la objeción frente a las asignaturas controvertidas, lo cierto es que entonces aún no le correspondía cursar la misma, tal y como puso de manifiesto la Administración al responder a su solicitud. Así pues, no es posible ostentar un interés legítimo a recibir amparo frente a lesiones eventuales o futuras de los derechos fundamentales por el mero hecho de haber ostentado la condición de parte en un proceso. Constituye doctrina reiterada de este Tribunal que, a partir de una lectura sistemática e integradora de los arts. 161.1, letra b), CE y 46.1, letra b), LOTC, para que concurra legitimación activa no es suficiente con haber sido parte en los distintos procedimientos que conforman la vía previa al amparo constitucional (SSTC 257/1988, de 22 de diciembre, FJ 3; 47/1990, de 22 de marzo, FJ 2; 92/1997, de 8 de mayo, FJ 1; 84/2000, de 27 de marzo, FJ 1; y 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 1), sino que es preciso que el demandante acredite un interés legítimo en el asunto que ha de ventilarse, sin que pueda confundirse dicho interés con un «interés genérico en la preservación de derechos», sino que ha de tratarse de un «interés cualificado y específico» en la preservación de los derechos fundamentales cuya tutela se impetra (SSTC 148/1993, de 29 de abril, FJ 2, y 144/2000, de 29 de mayo, FJ 5). En el caso que ahora nos ocupa, la recurrente carece de interés legítimo, por cuanto pretende la utilización del recurso de amparo como una acción contra una lesión de derechos meramente eventual o potencial, no como una reacción frente a una vulneración de los derechos real. En efecto, cuando la ahora demandante elevó la solicitud a la Administración educativa de la Junta de Andalucía (7 de septiembre de 2007) resultaba que su hijo no se encontraba en situación, en razón de su edad, de tener que cursar la asignatura controvertida, ya que el alumno se encontraba escolarizado en el segundo curso de la educación secundaria obligatoria (curso 2007-2008) y la asignatura en cuestión no debía cursarla hasta el tercero de los cursos de la citada etapa educativa (curso 2008-2009), de conformidad con lo dispuesto en el art. 24.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria, y el art. 10.1 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, como marco normativo en el momento en el que tuvieron lugar los hechos que se encuentran en el origen del presente recurso de amparo. Pues bien, resulta suficientemente conocido que no cabe considerar el recurso de amparo como un mecanismo ad cautelam para la tutela de los derechos fundamentales, pues «[c]onstituye reiterada doctrina constitucional que el recurso de amparo no tiene carácter cautelar, ni alcanza a proteger eventuales lesiones no producidas (por todas, STC 165/1999, de 27 de septiembre, FJ 8), exigiendo el inexcusable presupuesto de la violación de los derechos o libertades públicas mencionadas en el art. 41.1 LOTC. Este Tribunal, desde su más temprana jurisprudencia (ATC 98/1981, de 30 de septiembre, FJ 4; y STC 77/1982, de 20 de diciembre, FJ 1), ha requerido como presupuesto inexcusable de la petición de amparo que ésta se formule en razón de la existencia de una lesión efectiva, real y concreta a un derecho fundamental, lo que no sucede cuando lo que se contiene en la demanda es la mera invocación de un hipotético daño potencial.» (STC 177/2005, de 4 de julio, FJ único). La conclusión de cuanto antecede es que ha de procederse a la inadmisión del presente recurso de amparo por falta de legitimación de la recurrente. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Inadmitir el recurso de amparo solicitado por doña Carmen Colomina Martínez. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a veinticuatro de febrero de dos mil catorce.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado.

Tribunal constitucional ordena repetir proceso desahucio porque no se informó a familia.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel; Presidente, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García y don Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 9192-2009, promovido por doña Carmen Colomina Martínez, representada por el Procurador de los Tribunales don Manuel Gómez Montes y asistida por el Abogado don Miguel Prieto Escudero, contra la Sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación 5527-2008 interpuesto contra la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el recurso 298-2008. Han intervenido el Ministerio Fiscal y los Letrados de la Junta de Andalucía. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 2 de noviembre de 2009, don Manuel Gómez Montes, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de doña Carmen Colomina Martínez, interpuso recurso de amparo contra la resolución a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia. 2. Los hechos que anteceden a la demanda de amparo son sustancialmente los siguientes: a) Por parte de la ahora recurrente en amparo se interpuso recurso contencioso-administrativo para la protección de los derechos fundamentales de la persona contra la resolución dictada por el Viceconsejero por delegación del Consejero de Educación de la Junta de Andalucía, con fecha de 25 de enero de 2008, por la que se inadmitía la solicitud de reconocimiento de la objeción de conciencia frente a la asignatura educación para la ciudadanía y los derechos humanos presentada por la demandante en nombre de su hijo menor. La inadmisión se sustentó en los argumentos contenidos en los fundamentos tercero: «Según la documentación obrante en este expediente, 2007/12/277 se encuentra matriculado, para el curso académico 2007/2008, en 2.º de ESO, por lo que la materia referenciada no será objeto de estudio en dicho periodo»; y cuarto: «A este respecto, su solicitud resulta manifiestamente carente de fundamento, por falta de objeto», ambos de la citada resolución. b) La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sala de Sevilla) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictó Sentencia, con fecha de 11 de septiembre de 2008, por la que se estimaba el recurso en los siguientes términos: «Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución especificada en el fundamento jurídico primero de esta sentencia, acordamos anularla, reconociendo el derecho de los demandantes a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura 'Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos', declarando que su hijo está facultado para no cursar la asignatura y quedando exento de ser evaluado de la misma». En síntesis, los argumentos del órgano juzgador para estimar la demanda, remitiéndose a lo resuelto ya anteriormente en un supuesto similar, fueron los siguientes: En primer lugar, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional puede deducirse la existencia de un derecho a la objeción de conciencia con encaje en el art. 16.1 CE; así mismo, se ha venido reconociendo la facultad de sustraerse al cumplimiento de un deber, alegando la vertiente negativa del derecho a la libertad religiosa, cuando se hace valer la existencia de un acto ilegítimo de intromisión en la esfera íntima de las creencias personales. En segundo lugar, y con base en esa misma jurisprudencia, si bien es cierto que la citada objeción puede regularse por ley, la ausencia de norma no puede impedir su ejercicio cuando lo que están en juego son derechos fundamentales. Una vez examinados los contenidos de la asignatura, el órgano juzgador entiende que, en las normas reguladoras de la misma, se contienen conceptos de indudable trascendencia ideológica y religiosa, como son: ética, conciencia moral y cívica, valoración ética, valores o conflictos sociales y morales. Esta circunstancia hace razonable, que la demandante haya solicitado la exención de cursar la asignatura por razones religiosas o filosóficas y que además, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no tiene que exponer con detalle. En fin, entendió el Tribunal Superior que el interés público, en este caso, se encuentra precisamente en la salvaguarda de los derechos contenidos en los arts. 16.1 y 27.3 CE, salvaguarda que «no pone en peligro el ordenamiento jurídico democrático, simplemente refleja su funcionamiento». c) Contra la resolución se presentaron los correspondientes recursos de casación, promovidos por la Junta de Andalucía a través de sus servicios jurídicos y por el Ministerio Fiscal y que fueron resueltos mediante Sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 17 de septiembre de 2009, por la que se declaró haber lugar a dichos recursos, anulando en consecuencia la Sentencia impugnada y confirmando la validez de la resolución administrativa. La Sentencia se sustentó expresamente en la anteriormente dictada por el Pleno de la Sala, con fecha 11 de febrero de 2009, en el recurso 905-2008 en un supuesto análogo. Tras recordar que los antecedentes de las citadas asignaturas se encuentran, más allá de los textos normativos españoles, en la Recomendación (2002) 12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa y en la Recomendación conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (de 18 de diciembre de 2006), declara que el papel del Estado en materia de educación, que encuentra su fundamento constitucional en los mandatos contenidos en el art. 27.2 y 5 CE, permite concluir: (a) que la actividad del Estado en materia de educación resulta obligada, (b) que los fines ### RESUMEN: Tribunal constitucional ordena repetir proceso desahucio porque no se informó a familia.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en la Confederación Católica Nacional de Padres y Madres de Alumnos (CONCAPA), a propuesta de la Ministra de Educación y Formación Profesional, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de diciembre de 2021, Vengo en concederle la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Dado en Madrid, el 7 de diciembre de 2021. FELIPE R. La Ministra de Educación y Formación Profesional, MARÍA DEL PILAR ALEGRÍA CONTINENTE

Corbatas de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio para la Confederación Católica Nacional de padres y madres del alumnos (CONCAPA)

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en la Confederación Católica Nacional de Padres y Madres de Alumnos (CONCAPA), a propuesta de la Ministra de Educación y Formación Profesional, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de diciembre de 2021, Vengo en concederle la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Dado en Madrid, el 7 de diciembre de 2021. FELIPE R. La Ministra de Educación y Formación Profesional, MARÍA DEL PILAR ALEGRÍA CONTINENTE ### RESUMEN: Corbatas de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio para la Confederación Católica Nacional de padres y madres del alumnos (CONCAPA)

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento (www.contrataciondelestado.es). 2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 5ª planta, despacho A-582. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. 4) Teléfono: 915978105. 5) Telefax: 915978499. 6) Correo electrónico: jgosset@fomento.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. d) Número de expediente: 13Z31. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de actividades culturales y de ocio, para los hijos de los empleados de los Ministerios de Fomento, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de los Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento (CEDEX y CNIG), de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y de la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP). d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Paseo Castellana, 67 (Centro de Educación Infantil del Ministerio de Fomento (Paseo de la Castellana, 67, 28046 – Madrid)). 2) Localidad y código postal: Madrid, 28046, España. e) Plazo de ejecución/entrega: hasta el 31 de diciembre de 2015. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92000000 (Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 458.500,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 229.250,00 euros. Importe total: 277.392,50 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo requerido en PCAP. c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; no prohibición para contratar; no estar incurso en incompatibilidades; cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; cumplimiento con las obligaciones tributarias. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 18 de mayo de 2013. b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 2) Domicilio: Registro General Paseo de la Castellana 67 (planta baja). 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica. b) Dirección: Paseo Castellana, 67, 5ª planta (Sala Reuniones Junta de Contratación. Despacho A-582.1) y Paseo Castellana, 67, 5ª planta (Sala Reuniones Junta de Contratación. Despacho A-582.1). c) Localidad y código postal: Madrid, 28046, España y Madrid, 28046, España. d) Fecha y hora: 31 de mayo de 2013 a las 10:00 y 28 de mayo de 2013 a las 10:00. Madrid, 13 de mayo de 2013.- Inspectora General de Fomento.

Licitación para que los empleados de Fomento y Agricultura tengan clases para sus hijos durante las vacaciones, el importe total es de 277.392,50 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento (www.contrataciondelestado.es). 2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 5ª planta, despacho A-582. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. 4) Teléfono: 915978105. 5) Telefax: 915978499. 6) Correo electrónico: jgosset@fomento.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. d) Número de expediente: 13Z31. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de actividades culturales y de ocio, para los hijos de los empleados de los Ministerios de Fomento, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de los Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento (CEDEX y CNIG), de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y de la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP). d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Paseo Castellana, 67 (Centro de Educación Infantil del Ministerio de Fomento (Paseo de la Castellana, 67, 28046 – Madrid)). 2) Localidad y código postal: Madrid, 28046, España. e) Plazo de ejecución/entrega: hasta el 31 de diciembre de 2015. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92000000 (Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 458.500,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 229.250,00 euros. Importe total: 277.392,50 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo requerido en PCAP. c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; no prohibición para contratar; no estar incurso en incompatibilidades; cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; cumplimiento con las obligaciones tributarias. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 18 de mayo de 2013. b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 2) Domicilio: Registro General Paseo de la Castellana 67 (planta baja). 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica. b) Dirección: Paseo Castellana, 67, 5ª planta (Sala Reuniones Junta de Contratación. Despacho A-582.1) y Paseo Castellana, 67, 5ª planta (Sala Reuniones Junta de Contratación. Despacho A-582.1). c) Localidad y código postal: Madrid, 28046, España y Madrid, 28046, España. d) Fecha y hora: 31 de mayo de 2013 a las 10:00 y 28 de mayo de 2013 a las 10:00. Madrid, 13 de mayo de 2013.- Inspectora General de Fomento. ### RESUMEN: Licitación para que los empleados de Fomento y Agricultura tengan clases para sus hijos durante las vacaciones, el importe total es de 277.392,50 euros.

El artículo 38, número 2, letra c), de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), encomienda a la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función de conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de la propia LTAIBG. Por su parte, el número 2 de la Disposición adicional cuarta de la LTAIBG prevé que las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para lo cual deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esa asunción de competencias. En desarrollo de las anteriores previsiones normativas, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Ciudad Autónoma de Ceuta (Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales) suscribieron el pasado 20 de marzo el correspondiente convenio de colaboración que, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal con fecha 4 de abril de 2017, ha de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado según determina el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En su virtud, esta Presidencia resuelve remitir al «Boletín Oficial del Estado» para su publicación Convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Ciudad Autónoma de Ceuta (Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales) para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Madrid, 4 de abril de 2017.–La Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi Gutiérrez. ANEXO ÚNICO CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Ciudad Autónoma de Ceuta (Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales) para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno En Madrid, a 20 de marzo de 2017. REUNIDOS De una parte, doña Esther Arizmendi Gutiérrez, Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante el Consejo), según nombramiento efectuado por Real Decreto 1061/2014, de 12 de diciembre, «BOE» de 13 de diciembre. De otra parte, doña María Isabel Deu del Olmo, Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Ciudad Autónoma de Ceuta (en adelante, la Ciudad), nombrada por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad D. Juan Jesús Vivas Lara. Las partes intervienen en virtud de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las competencias, facultades y atribuciones que tienen atribuidas, reconociéndose mutuamente capacidad y legitimación para suscribir el presente convenio, y a tal efecto EXPONEN Primero. Que de acuerdo con el artículo 24, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo. Que el artículo 38, número 2, letra c), de la LTAIBG atribuye a la Presidenta del mismo, entre otras, la función de conocer de las reclamaciones que se presenten en el aplicación del artículo 24 de la Ley. Tercero. Que la disposición adicional 4.ª de la LTAIBG, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma corresponderá al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones y el sector público de estas, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial. Cuarto. Que la citada disposición adicional 4.ª, en su número 3, contempla la posibilidad de que las Ciudades con Estatuto de Autonomía atribuyan al Consejo la competencia para la resolución de las reclamaciones referidas en el apartado primero mediante la celebración del correspondiente convenio en el que se estipulen las condiciones en que aquellas sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias. Quinto. Que es de interés de la Ciudad hacer uso de la facultad que le confiere la disposición adicional 4.ª, número 3, de la LTAIBG para atribuir al Consejo el ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones del artículo 24 de la misma en los supuestos de resoluciones dictadas por su Administración propia y las entidades integradas en el sector público de esta. Sexto. Que, a tal efecto, las partes convienen en suscribir el presente convenio, que se ajustará a las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto del Convenio. El objeto del presente convenio lo constituye el traslado del ejercicio de la competencia de la Ciudad para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la LTAIBG respecto de las resoluciones dictadas por su Administración propia y las entidades integradas en el sector público de esta. Segunda. Especificaciones. El traslado del ejercicio de la competencia no supone en ningún caso renuncia de la competencia que corresponde a la Ciudad, transfiriéndose únicamente la gestión, resolución, notificación y seguimiento de las reclamaciones que se sustancien. Tercera. Obligaciones de carácter general. 1. El Consejo se obliga a conocer las reclamaciones en materia de acceso a la información en el ámbito de la Ciudad respecto de los actos de la Administración de la misma y de las entidades integradas en su sector público. Esta obligación comprende la de tramitar, resolver, notificar y hacer el seguimiento de dichas reclamaciones en el plazo a que se refiere el artículo 24, número 4, de la LTAIBG. Del mismo modo comprende la de remitir a las Administraciones implicadas dichas resoluciones por vía electrónica en el término de los tres días siguientes a la fecha de elaboración de las mismas y a notificarlas a los interesados en los términos previstos en la LTAIBG. 2. La Ciudad se obliga a registrar y dar entrada a todas las reclamaciones interpuestas respecto de sus actos y los de las entidades integradas en su sector público. Así mismo se obliga a remitir dichas reclamaciones y su documentación anexa por vía electrónica al buzón del Consejo (reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es) en el curso de los tres días siguientes al de la fecha en que tuvieran entrada. Cuarta. Obligaciones de carácter económico. 1. La Ciudad se obliga a sufragar con cargo a sus propios recursos los gastos derivados de los servicios prestados para la recepción de las reclamaciones presentadas. 2. La Ciudad ingresará anualmente en el Tesoro Público, en la fecha que se determine por la Comisión de Seguimiento prevista en la siguiente cláusula séptima, los costes derivados de la tramitación, resolución y notificación de las reclamaciones comprendidas en el ámbito del presente convenio y de elaboración de las correspondientes resoluciones. 3. El importe de los costes se determinará por el Consejo multiplicando el número de reclamaciones presentadas por el coste unitario de las resoluciones calculado de acuerdo con el Modelo de Costes Estándar/Standard Cost Model (MCE/SCM) de la Unión Europea en la versión simplificada adoptada en España, aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009. 4. El método de cálculo será el explicitado en el Anexo del presente convenio. 5. El importe del pago inicial se establecerá en una cantidad fija estimada sobre la base del número de reclamaciones tramitadas por el Consejo en el ejercicio anterior a la fecha de entrada en vigor del presente convenio en procedimientos correspondientes a los órganos y organismos de la Administración General del Estado, teniendo en cuenta el número de habitantes de la Ciudad y a los criterios objetivos que pudieran resultar necesarios como complemento de los anteriores. 6. El importe inicial se revisará al final de cada ejercicio de vigencia del Convenio y se ajustará al número de reclamaciones efectivamente presentadas durante dicho período respecto de los actos de la Administración de la misma y de las entidades integradas en su sector público. Quinta. Vigencia del Convenio. 1. El presente convenio tendrá vigencia de dos años, surtiendo efectos desde el día de su firma. 2. El convenio podrá prorrogarse por un periodo bianual mediante acuerdo expreso de ambas partes, siempre que la prórroga se adopte con anterioridad a la finalización de su plazo de duración y sin que en ningún caso exceda el plazo de cuatro años, en los términos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 3. A los exclusivos efectos de la determinación del momento de abono y de la cuantía del primer pago de los gastos del Consejo a que se refiere la cláusula anterior, el inicio de la vigencia del convenio se entenderá referido al primer día del mes siguiente al de su firma. Sexta. Denuncia del Convenio. 1. La Ciudad podrá denunciar el presente convenio comunicándolo al Consejo por escrito con un mes de antelación a la fecha en la que desee la terminación del mismo. 2. El Consejo solo podrá denunciar el convenio por causas sobrevenidas de índole presupuestaria, técnica u organizativa debidamente motivadas. En su caso, la denuncia se realizará con los requisitos y la antelación prevista en el número anterior. 3. En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya iniciadas en el momento de notificación de la denuncia. 4. La extinción del convenio supondrá la liquidación de las obligaciones financieras. El acuerdo de resolución establecerá el modo de liquidar las actuaciones que estuvieran pendientes de ejecución en el momento de la extinción del convenio. 5. El Convenio se extinguirá por cualquiera de las causas previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 6. En el caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en las cláusulas tercera y cuarta, se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 7. En caso que existieran perjuicios susceptibles de indemnización en los términos de los artículos 49.e) y 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, estos serán evaluados y acordados por la Comisión de Seguimiento del presente Convenio. En caso de desacuerdo se estará en lo establecido en la clausula séptima.4. Séptima. Comisión de Seguimiento. 1. El Convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por dos representantes del Consejo y dos representantes de la Ciudad, designados por cada una de las partes y nombrados por el Consejo. Los representantes del Consejo asumirán la Presidencia y la secretaría de la comisión. 2. El acuerdo a que se refiere la precedente cláusula segunda número 2 así como cualquier otro que sea necesario para la ejecución y desarrollo del presente convenio, se adoptarán el seno de la comisión de seguimiento. 3. Corresponderá a la Comisión el seguimiento de la ejecución de las resoluciones del Consejo. 4. Las partes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de la misma, cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento del convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir. 5. Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios electrónicos. 6. La Comisión de Seguimiento podrá incorporar a otras personas ajenas al Consejo o a la Administración de la Ciudad, cuando la naturaleza y especificidad técnica de las reclamaciones lo hagan necesario. Tales personas participarán en la Comisión con voz pero sin voto. Octava. Resoluciones del Consejo. Las resoluciones del Consejo serán impugnables ante la jurisdicción competente de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Novena. Naturaleza y régimen jurídico del Convenio. 1. El presente convenio es de los previstos en el artículo 47.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 4.1.c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Se regirá por lo dispuesto en el capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, aplicándose los principios del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse. 2. El convenio se ajustará a los principios rectores y regla de gasto establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que prevé el principio de estabilidad presupuestaria para todas las Administraciones Públicas. 3. Sin perjuicio de lo previsto en la precedente cláusula séptima, las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente convenio serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo. En prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, las partes firman el presente Convenio por cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados.–Por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi Gutiérrez.–Por la Ciudad Autónoma de Ceuta, María Isabel Deu del Olmo. ANEXO Los costes internos de los procesos de trabajo en las Administraciones Públicas tienen en consideración los costes de personal y los costes de funcionamiento de los servicios. El coste medio por tarea es el resultado de multiplicar el coste unitario por hora del grupo de titulación por el número de horas que lleva realizar la tarea. Para calcular el coste de la hora por grupo de titulación, se suman los costes de personal y los relativos a los gastos corrientes. Estos últimos serán la suma del capítulo II y capítulo VI de los Presupuestos Generales del Estado. Según estándares internacionales, la imputación de los costes de funcionamiento es del 30%. Para calcular el coste de la hora de cada grupo profesional, deberá dividirse la jornada anual de 1664 horas de trabajo por el salario anual. En aplicación de los cálculos anteriores, el resultado sería el siguiente coste unitario por hora y grupo de titulación en la AGE: A1 o equivalente: 23,71. – A2 o equivalente: 18,46. – C1 o equivalente: 13,74. – C2 o equivalente 11,35. La tramitación media de un expediente de reclamación es de 6,30 horas, teniendo en cuenta el siguiente desglose: – Borrador: por parte de un Técnico A1 o Técnico A2 (3 horas): 23,71 × 3= 71,13. 18,46 × 3= 55,38. – Propuesta de Resolución: por parte de técnico A1 (2 horas): 23,71 × 2= 47,42. – Gestión administrativa: registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación resolución (1,30 hrs.): 13,74 × 1,5= 20,61. Total expediente: 139,16/123,41.

Convenio entre Ceuta y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que este se encargue de sus reclamaciones.

El artículo 38, número 2, letra c), de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), encomienda a la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función de conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de la propia LTAIBG. Por su parte, el número 2 de la Disposición adicional cuarta de la LTAIBG prevé que las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para lo cual deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esa asunción de competencias. En desarrollo de las anteriores previsiones normativas, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Ciudad Autónoma de Ceuta (Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales) suscribieron el pasado 20 de marzo el correspondiente convenio de colaboración que, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal con fecha 4 de abril de 2017, ha de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado según determina el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En su virtud, esta Presidencia resuelve remitir al «Boletín Oficial del Estado» para su publicación Convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Ciudad Autónoma de Ceuta (Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales) para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Madrid, 4 de abril de 2017.–La Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi Gutiérrez. ANEXO ÚNICO CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Ciudad Autónoma de Ceuta (Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales) para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno En Madrid, a 20 de marzo de 2017. REUNIDOS De una parte, doña Esther Arizmendi Gutiérrez, Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante el Consejo), según nombramiento efectuado por Real Decreto 1061/2014, de 12 de diciembre, «BOE» de 13 de diciembre. De otra parte, doña María Isabel Deu del Olmo, Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Ciudad Autónoma de Ceuta (en adelante, la Ciudad), nombrada por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad D. Juan Jesús Vivas Lara. Las partes intervienen en virtud de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las competencias, facultades y atribuciones que tienen atribuidas, reconociéndose mutuamente capacidad y legitimación para suscribir el presente convenio, y a tal efecto EXPONEN Primero. Que de acuerdo con el artículo 24, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo. Que el artículo 38, número 2, letra c), de la LTAIBG atribuye a la Presidenta del mismo, entre otras, la función de conocer de las reclamaciones que se presenten en el aplicación del artículo 24 de la Ley. Tercero. Que la disposición adicional 4.ª de la LTAIBG, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma corresponderá al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones y el sector público de estas, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial. Cuarto. Que la citada disposición adicional 4.ª, en su número 3, contempla la posibilidad de que las Ciudades con Estatuto de Autonomía atribuyan al Consejo la competencia para la resolución de las reclamaciones referidas en el apartado primero mediante la celebración del correspondiente convenio en el que se estipulen las condiciones en que aquellas sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias. Quinto. Que es de interés de la Ciudad hacer uso de la facultad que le confiere la disposición adicional 4.ª, número 3, de la LTAIBG para atribuir al Consejo el ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones del artículo 24 de la misma en los supuestos de resoluciones dictadas por su Administración propia y las entidades integradas en el sector público de esta. Sexto. Que, a tal efecto, las partes convienen en suscribir el presente convenio, que se ajustará a las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto del Convenio. El objeto del presente convenio lo constituye el traslado del ejercicio de la competencia de la Ciudad para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la LTAIBG respecto de las resoluciones dictadas por su Administración propia y las entidades integradas en el sector público de esta. Segunda. Especificaciones. El traslado del ejercicio de la competencia no supone en ningún caso renuncia de la competencia que corresponde a la Ciudad, transfiriéndose únicamente la gestión, resolución, notificación y seguimiento de las reclamaciones que se sustancien. Tercera. Obligaciones de carácter general ### RESUMEN: Convenio entre Ceuta y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que este se encargue de sus reclamaciones.

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: PREÁMBULO I Con frecuencia, empresas realmente viables desde un punto de vista operativo (es decir susceptibles de generar beneficios en su negocio ordinario) se han tornado en inviables desde un punto de vista financiero. Ante esta situación existen dos alternativas: o bien liquidar la empresa en su conjunto, o bien sanearla desde un punto de vista financiero, con el fin de que la deuda remanente sea soportable, permitiendo así que la empresa siga atendiendo sus compromisos en el tráfico económico, generando riqueza y creando puestos de trabajo. Parece evidente que la segunda alternativa es preferible a la primera, siendo en consecuencia obligación de los poderes públicos adoptar medidas favorecedoras del alivio de carga financiera o «desapalancamiento». Esa es precisamente la finalidad de esta Ley, que debe conjugarse con el máximo respeto a las legítimas expectativas de los acreedores, los cuales habrán de participar activamente y con las máximas garantías en estos procedimientos de alivio de carga financiera. Se trata en definitiva de favorecer también para ellos que una expectativa incierta de cobro de una cantidad elevada (en términos de capacidad de pago del deudor) se torne en una certeza razonable de cobro de una cantidad más reducida o sujeta a una mayor espera. Se trata de favorecer también los mecanismos para que la deuda pueda transformarse en capital. Sólo mediante el alivio de la deuda insostenible será posible lograr que vuelva a fluir el crédito, concebido no tanto como palanca sino como verdadera savia de la economía, puesto que el crédito es indispensable para atender los desfases entre cobros y pagos propios del giro empresarial y para acometer las inversiones verdaderamente productivas, siempre –claro está– que la deuda correspondiente sea soportable. II En los dos últimos años se han atendido, por orden de urgencia, las necesidades específicas de alivio de carga y desendeudamiento de los diversos sectores demandantes de crédito de la economía española. Las primeras medidas, las más urgentes y quizás las más intensas fueron las adoptadas en materia de deuda hipotecaria por adquisición de vivienda. Así, ya desde marzo de 2012 se adoptaron medidas relevantes tendentes a paliar la difícil situación en que se encontraban los deudores más vulnerables. Las medidas adoptadas desde entonces en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, han permitido dar una respuesta equilibrada respecto a este conjunto de deudores. Con posterioridad, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, abordó una serie de medidas destinadas a beneficiar a todo tipo de empresas y a los empresarios autónomos, destacando, entre otras, la regulación de la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, la creación de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva y la introducción de un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios, ya fueran personas físicas o jurídicas. Este es el momento para acometer medidas principalmente destinadas a la reestructuración viable de la deuda empresarial. En efecto, una vez realizada la necesaria reestructuración del sector financiero, y saneados los balances bancarios, pueden y deben las entidades de crédito y los demás acreedores financieros contribuir al saneamiento de las empresas que, no obstante su elevado endeudamiento, siguen siendo productivas. III Lo paradójico del caso es que, en la actualidad, la dificultad para alcanzar acuerdos entre deudor y acreedores financieros deriva no tanto de la falta de voluntad de las partes, sino de ciertas rigideces residenciadas principalmente en la normativa concursal y preconcursal. El procedimiento concursal español concluye en un alto número de casos en la liquidación del deudor, de modo que la fase preconcursal resulta verdaderamente determinante para la reestructuración financiera de las empresas. A estos efectos, los acuerdos de refinanciación son los instrumentos más adecuados para el establecimiento de nuevos calendarios de amortización y condiciones financieras más acordes con la situación del mercado y de las empresas, a cambio de quitas, esperas y capitalizaciones de las deudas. Por ello, la presente reforma se centra en la mejora del marco legal preconcursal de los acuerdos de refinanciación, por constituir una de las áreas estratégicamente más relevantes en la medida en que, fruto del consenso entre el deudor y sus acreedores, pretenden la maximización del valor de los activos, evitando el concurso de la entidad, y la reducción o aplazamiento de los pasivos. Para eliminar incertidumbres legales se introdujeron en España los acuerdos colectivos de refinanciación así como su homologación judicial. Estos mecanismos otorgan protección legal a los acuerdos alcanzados por una mayoría suficiente de acreedores de modo que, en el eventual supuesto de un concurso, las operaciones en él incorporadas no estén sujetas a rescisión y, en su caso, puedan extender determinados efectos a acreedores disidentes o no partícipes. En este punto, se han detectado una serie de limitaciones en el potencial contenido de los acuerdos de refinanciación, las cuales están cercenando la eficacia y seguridad jurídica necesarias para acometer reestructuraciones financieras en las empresas. Por ello, resultan pertinentes medidas que contribuyan a garantizar el mantenimiento de estos valores. Antes de entrar en el detalle de las modificaciones que se introducen, conviene precisar que todas ellas buscan en definitiva la finalidad de mejora de la posición patrimonial del deudor, medida al fin y a la postre en la proporción que representan sus activos sobre sus pasivos exigibles, y dentro de ellos en la parte apta para atender el cumplimiento de sus obligaciones más inmediatas. De este modo se asegura que todas estas acciones no perjudican un eventual concurso de acreedores, ya sea porque el peligro de dicho concurso se aleja definitivamente (lo cual es lo más deseable), ya sea porque las actuaciones previas al concurso no han perjudicado la situación patrimonial del deudor. Por este motivo, siempre que los acuerdos reúnan los requisitos previstos en esta Ley no se verán sometidos al riesgo de rescindibilidad que tanto ha retraído hasta ahora la actuación de las partes en fase preconcursal. IV La parte dispositiva de esta Ley consta de un único artículo, en cuya virtud se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Así, en primer lugar, se modifica el artículo 5 bis, permitiendo que la presentación de la comunicación de iniciación de negociaciones para alcanzar determinados acuerdos pueda suspender, durante el plazo previsto para llevarlas a efecto, las ejecuciones judiciales de bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. También se permite la suspensión del resto de ejecuciones singulares promovidas por los acreedores financieros a los que se refiere la Disposición adicional cuarta, siempre que se justifique que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de acreedores de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del correspondiente acuerdo de refinanciación. Quedan excluidos de la suspensión, en todo caso, los procedimientos que tengan su origen en créditos de derecho público. Se pretende de este modo que el artículo 5 bis fomente una negociación eficaz sin acelerar la situación de insolvencia del deudor por razón de una precipitada ejecución de garantías sobre determinados bienes. También se introducen varios cambios en el Título ll de la Ley, que regula el régimen de la administración concursal. En primer lugar, se establecen las directrices que deberán guiar el nuevo sistema de requisitos para ejercer como administrador concursal y que tiene como objetivo asegurar que las personas que desempeñen las funciones de administrador concursal cuenten con las aptitudes y conocimientos suficientes. En este ámbito, destaca como novedad la posibilidad de exigir la superación de pruebas o cursos específicos y la creación de una sección cuarta de administradores concursales y auxiliares delegados en el Registro Público Concursal, donde deberán inscribirse todas las personas físicas y jurídicas que cumplan con los requisitos que se exijan, especificando el ámbito territorial en el que estén dispuestas a ejercer sus labores de administración concursal. En segundo lugar, se reforma el sistema de designación de la administración concursal, cuyo funcionamiento será desarrollado mediante reglamento. Se establecen como pilares del nuevo sistema la sección cuarta del Registro Público Concursal, que sustituye a las actuales listas en los decanatos de los juzgados y la clasificación de los concursos en función de su tamaño. Esta clasificación pretende aproximar, a través del tamaño, la complejidad que cabe esperar del concurso para poder modular los requisitos exigidos a la administración concursal. Asimismo, se recopilan en nuevo artículo las funciones que los administradores ya tienen atribuidas actualmente en la ley y que deberán ejercerse atendiendo a las singularidades propias de cada tipo de procedimiento y en función de la concreta fase concursal a las que resulten de aplicación. En tercer lugar, se introducen modificaciones en los principios rectores de la remuneración de la administración concursal. Se incorpora el principio de eficiencia, que pretende asegurar que la remuneración de la administración concursal tenga en cuenta la calidad y los resultados de su trabajo. De este modo, se persigue que el arancel no solo sea un mecanismo de retribución, sino también un mecanismo de incentivos que fomente la calidad, la diligencia y la agilidad de la administración concursal. Por otro lado, se acomete una modificación del artículo 56, para limitar los supuestos de suspensión de ejecución de bienes dotados de garantía real a aquellos que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial. Y es que dentro de las facultades que tradicionalmente integran el derecho de propiedad (el ius utendi, el ius fruendi y el ius disponendi), no siempre es necesario que concurran todas ellas para que un determinado bien quede afecto a la actividad empresarial. En determinados supuestos es posible separar la facultad de disposición de las de uso y disfrute, sin perjuicio alguno para la continuación de la actividad productiva pero con evidente ventaja para el acreedor que podrá movilizar antes su propia facultad de disposición y que por ello verá disminuidos los costes financieros necesarios para tal movilización, redundando ello en definitiva en mayores posibilidades de financiación para el deudor y en una revalorización de sus activos. Así pues las ejecuciones son realmente obstativas de la continuación de la actividad empresarial cuando no pueda realizarse esa separación del derecho de disposición sin detrimento de las facultades de uso y disfrute de la empresa. A modo de ejemplo, se introduce en el artículo 56 un supuesto en el que dicha disociación puede hacerse con relativa facilidad sin perjuicio de la continuación de la actividad: se excluyen de la suspensión de las ejecuciones las acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo necesario para su financiación. Con ello se pretende facilitar la financiación de activos mediante estructuras y pactos que permitan la eventual realización del bien con conservación por parte del deudor de título suficiente, aunque sea meramente obligacional, para continuar su explotación. La Ley Concursal vuelve a la sistemática original regulando íntegramente en el artículo 71 las denominadas acciones de reintegración. Lo que hasta ahora había sido recogido en el apartado 6 de dicho artículo como supuesto de no rescindibilidad se recoge separadamente en el artículo 71 bis junto con un nuevo supuesto. Así, en el apartado 1, se mantiene en lo esencial la regulación de lo hasta ahora previsto en el apartado 6 del artículo 71, si bien se clarifica su extensión, que comprenderá los negocios, actos y pagos, cualquiera que sea su naturaleza, que permitan la ampliación significativa del crédito o la modificación o extinción de obligaciones. Dentro de ellos están incluidas, tal y como se ha venido reconociendo en numerosos pronunciamientos judiciales, las cesiones de bienes y derechos en pago o para pago. Adicionalmente, se elimina la necesidad de informe de experto independiente, sustituyéndola por certificación del auditor de cuentas acreditativa de la concurrencia de las mayorías exigidas para su adopción. En el apartado 2 del artículo 71 bis se introduce un nuevo supuesto en el cual los acuerdos alcanzados se declaran no rescindibles, sin necesidad de alcanzar determinadas mayorías de pasivo, constituyéndose en consecuencia un «puerto seguro» que permita la negociación directa del deudor con uno o más acreedores, siempre que signifiquen simultáneamente una mejora clara de la posición patrimonial del deudor, es decir, que no conlleven una merma de los derechos del resto de acreedores no intervinientes. Se configura de este modo una posibilidad más de acuerdo entre deudor y acreedor que es más restrictiva que la del apartado 1 del mismo artículo en cuanto a los supuestos pero más laxa en cuanto a los intervinientes. En efecto, si en el apartado 1 se exige la concurrencia de los tres quintos del pasivo pero se habla de forma más genérica de la mejora de condiciones de financiación, en el apartado 2, a cambio de no requerirse mayoría concreta de pasivo, se exigen requisitos muy estrictos para que los acuerdos no sean tampoco rescindibles por causas distintas al incumplimiento de las condiciones que el propio artículo establece. Sirva de ejemplo la letra c) que implicará en muchos casos por parte del acreedor interviniente la liberación de garantías (susceptibles de facilitar nueva financiación), que no resulta necesariamente exigible en el caso de los acuerdos colectivos de refinanciación. Al no ser rescindibles, los acuerdos que reúnan las condiciones del artículo 71 bis no estarán sometidos a las presunciones de los apartados 2 y 3 del artículo 71 aun cuando impliquen actos de disposición de activo. Además, la legitimación para el ejercicio de la acción rescisoria (que sólo podrá basarse en el incumplimiento material de los requisitos del artículo 71 bis por los acuerdos acogidos aparentemente al mismo) sigue estando restringida al administrador concursal y limitada a la ausencia de condiciones reguladas, respectivamente, en los dos primeros apartados del artículo 71 bis. También se limita al administrador concursal la legitimación para el ejercicio de las demás acciones de impugnación. Asimismo, y como medida para incentivar la concesión de nueva financiación, se atribuye con carácter temporal la calificación de crédito contra la masa a la totalidad de los que originen nuevos ingresos de tesorería, comprendiendo los que traigan causa en un acuerdo de refinanciación y los realizados por el propio deudor o personas especialmente relacionadas, con exclusión de las operaciones de aumento de capital. Esta medida se adopta con un carácter extraordinario y temporal para todos los nuevos ingresos de tesorería que se produzcan en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley. Transcurrido el plazo de los dos años desde su concesión, se considerarán crédito contra la masa en los términos indicados en el apartado 2.11.º del artículo 84. Lo anterior se complementa con una modificación del artículo 92, que prevé expresamente que quienes hayan adquirido la condición de socios en virtud de la capitalización de deuda acordada en el contexto de una operación de refinanciación, no serán considerados como personas especialmente relacionadas a efectos de calificar como subordinada la financiación por ellos otorgada como consecuencia de dicha operación. En conexión directa con el régimen de acuerdos de refinanciación, se acomete una revisión del régimen de homologación judicial regulado en la Disposición adicional cuarta. En particular, se amplía el ámbito subjetivo, extendiéndose la posibilidad de suscribir este acuerdo a todo tipo de acreedores de pasivos financieros, excluidos los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de derecho público. Asimismo, se posibilita la extensión a los acreedores disidentes o no participantes no solo de las esperas, sino también, mediante un porcentaje de pasivo superior, de otras medidas acordadas en el seno del acuerdo de refinanciación, como es el caso de las quitas, capitalización de deuda y cesión de bienes en pago o para pago. Existen dos elementos novedosos en esta Disposición en relación con los acreedores que dispongan de garantía real. Las novedades no afectan tanto a la realidad jurídica o económica subyacente sino a los efectos que se atribuyen a dicha realidad, habiendo sido precisamente la discrepancia existente hasta ahora entre realidad y efectos una de los mayores obstáculos a la viabilidad de estos acuerdos. En primer lugar, debe recordarse que hasta ahora se partía de una distinción entre deudor con garantía real y deudor sin garantía real, siendo el primero prácticamente inmune a los acuerdos homologados salvo en lo que pudiera afectar a esperas de duración limitada o suspensión de ejecuciones. Pero lo cierto es que no todos los acreedores con garantía real son de la misma condición. A veces tal circunstancia es un puro nominalismo, puesto que la garantía de la que se dispone es de un rango posterior a otras preferentes o puede recaer sobre un activo de muy escaso valor que cubre una pequeña parte de la deuda, o pueden producirse ambas situaciones simultáneamente. Lo relevante en consecuencia no es tanto realizar una distinción subjetiva, sino una distinción objetiva entre la parte de deuda que está cubierta por el valor real de la garantía y aquélla que no lo está, anticipando en cierta medida lo que podría ocurrir en caso de liquidación concursal. De este modo, el concepto determinante es el de valor real de la garantía que se define de forma simple en el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta en unos términos totalmente coherentes con la realidad jurídica y económica de la referida garantía. A partir de ahí el tratamiento de la parte de créditos no cubiertos por la garantía es el mismo que se atribuye a los acreedores sin garantía real. La segunda novedad consiste en dar mayor relevancia y nitidez a una distinción que ya está configurada jurídicamente: aquella que se produce entre obligación principal y obligación accesoria. A veces se difumina dicha distinción, lo cual conduce también a una imperfecta regulación de los acuerdos de refinanciación. Lo que ha ocurrido en el tráfico jurídico y económico es que, a pesar de ser una obligación accesoria, la garantía ha adquirido un valor hasta cierto punto abstraído de la obligación principal, debido a su progresiva espiritualización, a su intangibilidad y a la posibilidad de transmisión del objeto de la garantía sin merma de la misma. Pero no puede perderse de vista que la garantía lo es siempre de una obligación principal y que, aunque el valor de la segunda dependa, también y entre otros, del valor de la primera, cada una conserva su esencia y características propias. Por ello, si la deuda principal puede ser afectada en caso de no tener cobertura de garantía real por el acuerdo de una mayoría muy cualificada de otros acreedores, la deuda cubierta con garantía real debe poder ser también afectada, siempre que el acuerdo mayoritario se adopte en este caso con mayorías cualificadas aún más elevadas pero computadas sobre el total de las garantías, es decir, por titulares de deuda garantizada que se encuentren en una situación similar a la del disidente o no participante en el acuerdo. En concordancia con lo anterior, se prevé la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a determinados acreedores con garantía real y se simplifica el procedimiento de homologación, en el que el juez conoce directamente de la solicitud, en aras a garantizar la celeridad y flexibilidad buscada en esta fase preconcursal y en el que únicamente tendrá que comprobar la concurrencia de las mayorías exigidas para acordar la homologación. En cualquier caso, y con el fin de no perjudicar el valor de la garantía en caso de incumplimiento por parte del deudor, se establecen reglas especiales de atribución del resultante al acreedor. Por otro lado, se establece una medida destinada a evitar la sobreponderación artificiosa de determinadas participaciones minoritarias en acuerdos sindicados de financiación que hasta la fecha estaban dificultando enormemente la homologación de algunos acuerdos. De este modo se establece un límite al porcentaje de votos favorables en el sindicato cuando se trata de un acuerdo global de refinanciación del deudor. Se evitan de este modo ciertos comportamientos oportunistas que no buscaban otro beneficio que el ligado a la sobrevaloración de un pasivo por parte del resto de acreedores que veían de este modo incrementado su propio sacrificio. Se establecen además determinadas medidas destinadas a favorecer la transformación de deuda en capital, rebajando las mayorías exigibles por la Ley de Sociedades de Capital y estableciendo, con las debidas cautelas y garantías, una presunción de culpabilidad del deudor que se niega sin causa razonable a ejecutar un acuerdo de recapitalización. Debe recordarse que las modificaciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal introducidas en esta Ley se circunscriben exclusivamente a su ámbito de aplicación y, por lo tanto, la legislación especial seguirá rigiendo el concurso de entidades financieras y sus situaciones preconcursales. Adicionalmente, quedan a salvo, entre otras, las previsiones del Capítulo II del Título I del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. V La parte final de esta Ley consta de tres disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y once disposiciones finales. La Disposición adicional primera encomienda al Banco de España que, en el plazo de un mes, establezca y haga públicos criterios homogéneos para la clasificación como riesgo normal de las operaciones refinanciadas o reestructuradas en virtud de acuerdos de refinanciación homologados judicialmente. La Disposición adicional segunda establece el régimen extraordinario de los nuevos ingresos de tesorería al que se ha hecho referencia anteriormente. La Disposición adicional tercera se refiere al código de buenas prácticas para la reestructuración viable de la deuda empresarial que impulsará el Gobierno. La Disposición transitoria primera regula el régimen transitorio de los acuerdos de refinanciación que se estuvieran negociando al amparo del antiguo artículo 71.6 de la Ley Concursal; y la segunda se refiere al Régimen de la administración concursal. En la Disposición derogatoria se ordena la derogación de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley. La Disposición final primera modifica la redacción del artículo 568 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para adaptar el régimen de suspensión en caso de situaciones concursales o preconcursales a las modificaciones introducidas en el artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio. La Disposición final segunda modifica el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, estableciendo la ausencia de tributación en los supuestos de capitalización de deudas, salvo que la misma hubiera sido objeto de una adquisición derivativa por el acreedor, por un valor distinto al nominal de la misma. Se recoge así, expresamente en la Ley, un criterio que ya había sido admitido por la doctrina administrativa para determinados supuestos de capitalización de deudas entre entidades vinculadas. Asimismo, con el objeto de establecer un tratamiento adecuado a la situación económica actual, y de evitar que la fiscalidad suponga un obstáculo a las operaciones de refinanciación en general, se modifica la Ley del Impuesto sobre Sociedades en relación con el tratamiento fiscal de las rentas derivadas de quitas y esperas derivadas de la aplicación de la Ley Concursal. Así, teniendo en cuenta que ambas operaciones no incrementan la capacidad fiscal de las entidades, se establece un sistema de imputación del ingreso generado en la base imponible, en función de los gastos financieros que posteriormente se vayan registrando. La Disposición final tercera amplía la exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a las escrituras que contengan quitas o minoraciones de los préstamos, créditos y demás obligaciones, facilitando los acuerdos de refinanciación o de pago. La Disposición final cuarta, como consecuencia de los acuerdos adoptados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, celebrado el 18 de diciembre de 2013, suprime el apartado 6 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. La Disposición final quinta modifica la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, con la finalidad de suprimir la exigencia de informe de los administradores sobre los proyectos de fusión en los casos de absorción de sociedad participada al 90 por ciento, cuando se trate de una fusión transfronteriza comunitaria. Un requisito que ya no se contempla en el artículo 15.2 de la Directiva 2005/56/CE, después de su modificación por la Directiva 2009/109/CE, en lo que se refiere a las obligaciones de información y documentación en el caso de las fusiones y escisiones. La Disposición final sexta introduce una modificación del último párrafo del apartado 1 del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta redacción procede de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, y contenía como innovación importante el establecimiento de un parámetro dentro del cual serían válidas las modificaciones del interés legal de demora. De esta forma, se estableció que sería abusivo el interés pactado cuando fuera un 70 por ciento inferior al interés legal de demora. Esta redacción ha hecho surgir la duda de si las Administraciones Públicas podrían acogerse a estas rebajas del tipo de interés de demora, interpretación que la Comisión Europea rechaza de plano y que es compartida por el Gobierno. Por ello es urgente aclarar que las Administraciones Públicas no pueden modificar el tipo de interés de demora establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. La Disposición final séptima reforma el Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias, para evitar que las empresas incurran en causa legal de reducción de capital y, en su caso, de disolución a causa de las pérdidas. La culminación de la reestructuración del sector financiero y la puesta en marcha de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) están influyendo en el sector inmobiliario y en el reajuste de precios de los activos inmobiliarios. Es previsible que también lo haga la propia aprobación de esta Ley, lo que hace aconsejable la aprobación de una nueva prórroga de esta medida durante este año. Además, a finales del año pasado se adoptaron determinadas medidas fiscales que serán plenamente efectivas en el presente ejercicio. La Disposición final octava modifica el artículo 8 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, exceptuando la oferta pública de adquisición y la necesidad de solicitar, en su caso, dispensa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando se trate de operaciones realizadas como consecuencia directa de un acuerdo de refinanciación homologado judicialmente, siempre que hubiera sido informado favorablemente por un experto independiente. La Disposición final novena permite que las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificación por esta Ley puedan ser modificadas por normas del rango reglamentario. Por último, las Disposiciones finales décima y undécima regulan, respectivamente, los títulos competenciales en virtud de los cuales se adopta la Ley, y su entrada en vigor, que tendrá lugar al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Artículo único. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se modifica en los siguientes términos: Uno. La redacción del artículo 5 bis pasa a ser la siguiente: «Artículo 5 bis. Comunicación de negociaciones y efectos. 1. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 y en la Disposición adicional cuarta o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en esta Ley. En el caso en que solicite un acuerdo extrajudicial de pago, una vez que el mediador concursal propuesto acepte el cargo, el registrador mercantil o notario al que se hubiera solicitado la designación del mediador concursal deberá comunicar, de oficio, la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración de concurso. 2. Esta comunicación podrá formularse en cualquier momento antes del vencimiento del plazo establecido en el artículo 5. Formulada la comunicación antes de ese momento, no será exigible el deber de solicitar la declaración de concurso voluntario. 3. El secretario judicial ordenará la publicación en el Registro Público Concursal del extracto de la resolución por la que se deje constancia de la comunicación presentada por el deudor o, en los supuestos de negociación de un acuerdo extrajudicial de pago, por el notario o por el registrador mercantil, en los términos que reglamentariamente se determinen. Caso de solicitar expresamente el deudor el carácter reservado de la comunicación de negociaciones, no se ordenará la publicación del extracto de la resolución. El deudor podrá solicitar el levantamiento del carácter reservado de la comunicación en cualquier momento. 4. Desde la presentación de la comunicación y hasta que se formalice el acuerdo de refinanciación previsto en el artículo 71 bis.1, o se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial del acuerdo de refinanciación, o se adopte el acuerdo extrajudicial, o se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio o tenga lugar la declaración de concurso, no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Las ejecuciones de dichos bienes o derechos que estén en tramitación quedarán suspendidas con la presentación de la resolución del secretario judicial dando constancia de la comunicación. Las limitaciones previstas en los incisos anteriores quedarán en todo caso levantadas una vez transcurridos los plazos previstos en el apartado siguiente. Tampoco podrán iniciarse o, en su caso, quedarán suspendidas las ejecuciones singulares promovidas por los acreedores de pasivos financieros a los que se refiere la disposición adicional cuarta, siempre que se justifique que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del acuerdo de refinanciación, comprometiéndose a no iniciar o continuar ejecuciones individuales frente al deudor en tanto se negocia. Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no impedirá que los acreedores con garantía real ejerciten la acción real frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no hayan transcurrido los plazos previstos en el primer párrafo de este apartado. Quedan, en todo caso, excluidos de las previsiones contenidas en este apartado los procedimientos de ejecución que tengan por objeto hacer efectivos créditos de derecho público. 5. Transcurridos tres meses desde la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos que ya lo hubiera solicitado el mediador concursal o no se encontrara en estado de insolvencia. 6. Formulada la comunicación prevista en este artículo, no podrá formularse otra por el mismo deudor en el plazo de un año.» Dos. Se modifica el artículo 27, que queda redactado en los siguientes términos: «1. La administración concursal estará integrada por un único miembro. 2. Únicamente podrán ser designadas las personas físicas o jurídicas que figuren inscritas en la sección cuarta del Registro Público Concursal y que hayan declarado su disposición a ejercer las labores de administrador concursal en el ámbito de competencia territorial del juzgado del concurso. 3. Podrán inscribirse en la sección cuarta del Registro Público Concursal las personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente. Dichos requisitos podrán referirse a la titulación requerida, a la experiencia a acreditar y a la realización o superación de pruebas o cursos específicos. Se podrán exigir requisitos específicos para ejercer como administrador concursal en concursos de tamaño medio y gran tamaño. 4. A los efectos de la designación de la administración concursal se distinguirá entre concursos de tamaño pequeño, medio o grande. Reglamentariamente se fijarán también las características que permitan definir el tamaño del concurso. 5. La designación del administrador concursal recaerá en la persona física o jurídica del listado de la sección cuarta del Registro Público Concursal que corresponda por turno correlativo y que, reuniendo las condiciones exigidas en los apartados anteriores, haya manifestado al tiempo de solicitar su inscripción en dicho registro o, con posterioridad, su voluntad de actuar en el ámbito de competencia territorial del juzgado que lo designe. La primera designación de la lista se realizará mediante sorteo. No obstante, en los concursos de gran tamaño, el juez, de manera motivada, podrá designar a un administrador concursal distinto del que corresponda al turno correlativo cuando considere que el perfil del administrador alternativo se adecúa mejor a las características del concurso. El juez deberá motivar su designación atendiendo a alguno de los siguientes criterios: la especialización o experiencia previa acreditada en el sector de actividad del concursado, la experiencia con instrumentos financieros empleados por el deudor para su financiación o con expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo o de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales. 6. En caso de concurso de una entidad de crédito, el juez nombrará al administrador concursal de entre los propuestos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Igualmente nombrará administradores de entre los propuestos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando se trate de concursos de entidades sujetas respectivamente a su supervisión o por el Consorcio de Compensación de Seguros en el caso de entidades aseguradoras. 7. Por excepción a lo dispuesto en el apartado 1, en aquellos concursos en que exista una causa de interés público que así lo justifique, el juez del concurso, de oficio o a instancia de un acreedor de carácter público podrá nombrar como segundo administrador concursal a una Administración Pública acreedora o a una entidad de Derecho Público acreedora vinculada o dependiente de ella. En este supuesto, la representación de la administración deberá recaer sobre algún empleado público con titulación universitaria, de graduado o licenciado, que desempeñe sus funciones en el ámbito jurídico o económico, y su régimen de responsabilidad será el específico de la legislación administrativa. En estos casos, la representación de la administración concursal frente a terceros recaerá sobre el primer administrador concursal. La Administración Pública acreedora o la entidad vinculada a ella podrá renunciar al nombramiento. 8. En supuestos de concursos conexos, el juez competente para la tramitación de estos podrá nombrar, en la medida en que ello resulte posible, una administración concursal única, designando auxiliares delegados. En caso de acumulación de concursos ya declarados, el nombramiento podrá recaer en una de las administraciones concursales ya existentes.» Tres. Se suprime el artículo 27 bis. Cuatro. Se modifica el artículo 28, que queda redactado en los siguientes términos: «1. No podrán ser nombradas administradores concursales las siguientes personas: a) Quienes no puedan ser administradores de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. b) Quienes hayan prestado cualquier clase de servicios profesionales al deudor o a personas especialmente relacionadas con éste en los últimos tres años, incluidos aquellos que durante ese plazo hubieran compartido con aquél el ejercicio de actividades profesionales de la misma o diferente naturaleza. c) Quienes, estando inscritos en la sección cuarta del Registro Público Concursal, se encuentren, cualquiera que sea su condición o profesión, en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, en relación con el propio deudor, sus directivos o administradores, o con un acreedor que represente más del 10 por ciento de la masa pasiva del concurso. d) Quienes estén especialmente relacionados con alguna persona que haya prestado cualquier clase de servicios profesionales al deudor o a personas especialmente relacionadas con éste en los últimos tres años. 2. En el caso de que existan suficientes personas disponibles en el listado correspondiente, no podrán ser nombrados administradores concursales las personas que hubieran sido designadas para dicho cargo por el mismo juzgado en tres concursos dentro de los dos años anteriores. A estos efectos, los nombramientos efectuados en concursos de sociedades pertenecientes al mismo grupo de empresas se computarán como uno solo. Tampoco podrán ser nombrados administradores concursales, ni designado por la persona jurídica cuando se haya nombrado a ésta como administrador concursal, quienes hubieran sido separados de este cargo dentro de los tres años anteriores, ni quienes se encuentren inhabilitados, conforme al artículo 181, por sentencia firme de desaprobación de cuentas en concurso anterior. 3. Salvo para las personas jurídicas inscritas en la sección cuarta del Registro Público Concursal, no podrán ser nombrados administradores concursales en un mismo concurso quienes estén entre sí vinculados personal o profesionalmente. Para apreciar la vinculación personal se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 93. Se entenderá que están vinculadas profesionalmente las personas entre las que existan, o hayan existido en los dos años anteriores a la solicitud del concurso, de hecho o de derecho, relaciones de prestación de servicios, de colaboración o de dependencia, cualquiera que sea el título jurídico que pueda atribuirse a dichas relaciones. 4. Se aplicarán a los representantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Consorcio de Compensación de Seguros y de cualesquiera Administraciones Públicas acreedoras, las normas contenidas en este artículo, con excepción de las prohibiciones por razón de cargo o función pública, de las contenidas en el párrafo segundo del apartado 3 de este artículo y de las establecidas en el apartado 2.2.º del artículo 93. 5. No podrá ser nombrado administrador concursal quien, como experto independiente, hubiera emitido el informe al que se refiere el artículo 71 bis.4 de esta Ley en relación con un acuerdo de refinanciación que hubiera alcanzado el deudor antes de su declaración de concurso.» Cinco. Se modifica el apartado 1 artículo 30, que queda redactado en los siguientes términos: «1. Cuando el nombramiento de administrador concursal recaiga en una persona jurídica, ésta, al aceptar el cargo, deberá comunicar la identidad de la persona natural que haya de representarla y asumir la dirección de los trabajos en el ejercicio de su cargo.» Seis. Se suprime el artículo 31. Siete. Se modifica la numeración de los artículos 32 y 33, que pasa a ser 31 y 32 respectivamente. Ocho. Se introduce un nuevo Capítulo II en el Título II con la siguiente redacción: «CAPÍTULO II Funciones de los administradores concursales Artículo 33. Funciones de la administración concursal. 1. Son funciones de los administradores concursales, en los términos previstos en esta Ley, las siguientes: a) De carácter procesal: 1.º Ejercer la acción contra el socio o socios personalmente responsables por las deudas anteriores a la declaración de concurso. 2.º Ejercer las acciones de responsabilidad de la persona jurídica concursada contra sus administradores, auditores o liquidadores. 3.º Solicitar, en su caso, el embargo de bienes y derechos de los administradores, liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso, así como de los socios o socios personalmente responsables por las deudas de la sociedad anteriores a la declaración de concurso en los términos previstos en el artículo 48 ter. 4.º Solicitar, en su caso, el levantamiento y cancelación de embargos trabados cuando el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado, con excepción de los embargos administrativos, respecto de los que no podrá acordarse el levantamiento o cancelación, en ningún caso, de acuerdo con el artículo 55. 5.º Enervar la acción de desahucio ejercitada contra el deudor con anterioridad a la declaración del concurso, así como rehabilitar la vigencia del contrato de arrendamiento hasta el momento mismo de practicarse el efectivo lanzamiento. 6.º Ejercer las acciones rescisorias y demás de impugnación. 7.º Solicitar la ejecución de la condena en caso de que el juez hubiera condenado a administradores, apoderados o socios a cubrir el déficit. 8.º Solicitar la transformación del procedimiento abreviado en ordinario o un procedimiento ordinario en abreviado. 9.º Sustituir al deudor en los procedimientos judiciales en trámite. 10.º Ejercer las acciones de índole no personal. b) Propias del deudor o de sus órganos de administración: 1.º Realizar, hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, los actos de disposición que considere indispensables para garantizar la viabilidad de la empresa o las necesidades de tesorería que exija la continuidad del concurso. 2.º Asistir a los órganos colegiados de la persona jurídica concursada. 3.º Realizar los actos de disposición que no sean necesarios para la continuidad de la actividad cuando se presenten ofertas que coincidan sustancialmente con el valor que se les haya dado en el inventario. 4.º Solicitar al juez del concurso la revocación del nombramiento del auditor de cuentas y el nombramiento de otro para la verificación de las cuentas anuales. 5.º Asumir, previa atribución judicial, el ejercicio de los derechos políticos que correspondan al deudor en otras entidades. 6.º Reclamar el desembolso de las aportaciones sociales que hubiesen sido diferidas. 7.º Rehabilitar los contratos de préstamo y demás de crédito a favor cuyo vencimiento anticipado por impago de cuotas de amortización o de intereses devengados se haya producido dentro de los tres meses precedentes a la declaración de concurso, siempre que concurran las condiciones del artículo 68. 8.º Rehabilitar los contratos de adquisición de bienes muebles o inmuebles con contraprestación o precio aplazado cuya resolución se haya producido dentro de los tres meses precedentes a la declaración de concurso, conforme a lo dispuesto por el artículo 69. 9.º Solicitar autorización para que el administrador inhabilitado pueda continuar al frente de la empresa. 10.º Convocar a la junta o asamblea de socios para el nombramiento de quienes hayan de cubrir las vacantes de los inhabilitados. 11.º Conceder al deudor la conformidad para interponer demandas o recursos, allanarse, transigir o desistir cuando la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio, salvo en acciones de índole no personal. 12.º En el concurso necesario, sustituir las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio del deudor de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40.2 y, en particular: i) Adoptar las medidas necesarias para la continuación de la actividad profesional o empresarial. ii) Formular y someter a auditoría las cuentas anuales. iii) Solicitar al juez la resolución de contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento si lo estimaran conveniente al interés del concurso. iv) Presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 13.º En el concurso voluntario, intervenir las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio del deudor de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40.1 y, en particular: i) Supervisar la formulación de cuentas. ii) Determinar los actos u operaciones propios del giro o tráfico que por ser necesarios para la continuidad de la actividad quedan autorizados con carácter general. iii) Autorizar o confirmar los actos de administración y disposición del órgano de administración. iv) Conceder al deudor la autorización para desistir, allanarse total o parcialmente, y transigir litigios cuando la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio. v) Autorizar la interposición de demandas. vi) Presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. c) En materia laboral: 1.º Ejecutar las resoluciones judiciales que hubieran recaído a la fecha de la declaración de concurso sobre expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo. 2.º Solicitar del juez del concurso la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la extinción o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado. 3.º Intervenir en los expedientes sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo iniciados durante el concurso y, en su caso, acordar los mismos con los representantes de los trabajadores. 4.º Extinguir o suspender los contratos del concursado con el personal de alta dirección. 5.º Solicitar del juez que el pago de las indemnizaciones derivadas de los contratos de alta dirección, se aplace hasta que sea firme la sentencia de calificación. d) Relativas a derechos de los acreedores: 1.º Modificar el orden de pago de los créditos contra la masa cuando lo considere conveniente en los términos previstos en el artículo 84.3. 2.º Elaborar la lista de acreedores, determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento, resolver la inclusión de nuevos créditos en la lista de acreedores definitiva e informar sobre la inclusión de nuevos créditos en la lista de acreedores definitiva antes de la aprobación de la propuesta de convenio. 3.º Solicitar la apertura de la fase de liquidación en caso de cese de la actividad profesional o empresarial. 4.º Comunicar a los titulares de créditos con privilegio especial que opta por atender su pago con cargo a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. 5.º Pedir al juez la subsistencia del gravamen en caso de venta de bienes afectos a privilegio especial. 6.º Solicitar al juez la realización de pagos de créditos ordinarios con antelación cuando estime suficientemente cubierto el pago de los créditos contra la masa y de los privilegiados. e) Funciones de informe y evaluación: 1.º Presentar al juez el informe previsto en el artículo 75. 2.º Realizar el inventario de la masa activa con el contenido del artículo 82. 3.º Proponer al juez el nombramiento de expertos independientes. 4.º Evaluar el contenido de la propuesta anticipada de convenio. 5.º Realizar la lista de acreedores e inventario definitivos de conformidad con lo previsto en el artículo 96.5. 6.º Evaluar el contenido del convenio, en relación con el plan de pagos y, en su caso, con el plan de viabilidad que le acompañe. 7.º Informar sobre la venta como un todo de la empresa del deudor. 8.º Presentar al juez del concurso informes trimestrales sobre el estado de las operaciones de liquidación y un informe final justificativo de las operaciones realizadas en la liquidación. 9.º Presentar al juez un informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta de resolución de concurso culpable o fortuito. 10.º Informar antes de que el juez acuerde la conclusión del concurso por el pago de la totalidad de los créditos o por renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos. 11.º Actualizar el inventario y la lista de acreedores formados en el procedimiento en caso de reapertura. f) Funciones de realización de valor y liquidación: 1.º Sustituir a los administradores o liquidadores cuando se abra la fase de liquidación. 2.º Presentar al juez un plan de liquidación para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso. 3.º Solicitar al juez la venta directa de bienes afectos a créditos con privilegio especial. g) Funciones de secretaría: 1.º Comunicación electrónica de la declaración de concurso a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social. 2.º Comunicar a los acreedores la declaración de concurso y la obligación de comunicar sus créditos. 3.º Comunicar a los acreedores la lista de acreedores provisional prevista en el artículo 95. 4.º Recibir las comunicaciones de créditos de los acreedores. 5.º Asistir al Secretario del Juzgado en la Junta de acreedores o presidir la misma cuando así lo acuerde el juez. 6.º Asistir a la Junta de acreedores. 7.º Informar de la declaración de concurso a los acreedores conocidos que tengan su residencia habitual, domicilio o sede en el extranjero. 8.º Solicitar la publicidad registral en el extranjero del auto de declaración y de otros actos del procedimiento cuando así convenga a los intereses del concurso. 9.º Exigir la traducción al castellano de los escritos de comunicación de créditos de acreedores extranjeros. 10.º Realizar las comunicaciones telemáticas previstas en la Ley. h) Cualesquiera otras que esta u otras Leyes les atribuyan. 2. Las funciones previstas en este artículo se ejercerán conforme a las previsiones específicas para las distintas clases de concursos y fases del proceso concursal.» Nueve. Se modifica la numeración del Capítulo II del Título II, que pasa a ser Capítulo III. Diez. Se modifica el artículo 34, que queda redactado en los siguientes términos: «1. Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la masa, salvo cuando se trate del personal de las entidades a que se refiere el artículo 27.6. 2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará reglamentariamente y que atenderá al número de acreedores, a la acumulación de concursos y al tamaño del concurso según la clasificación considerada a los efectos de la designación de la administración concursal. El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas: a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su intervención en el concurso las cantidades que resulten de la aplicación del arancel. b) Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima de la cantidad máxima que se fije reglamentariamente para el conjunto del concurso. c) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con aportaciones obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán de las retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales en los concursos en que actúen en el porcentaje que se determine reglamentariamente. d) Eficiencia. La retribución de la administración concursal se devengará conforme se vayan cumpliendo las funciones previstas en el artículo 33. La retribución inicialmente fijada podrá ser reducida por el juez de manera motivada por el incumplimiento de las obligaciones de la administración concursal, un retraso atribuible a la administración concursal en el cumplimiento de sus obligaciones o por la calidad deficiente de sus trabajos. En todo caso, se considerará que la calidad del trabajo es deficiente y deberá reducirse la retribución, salvo que el juez, atendiendo a circunstancias objetivas o a la conducta diligente del administrador, resuelva lo contrario, cuando la administración concursal incumpla cualquier obligación de información a los acreedores, cuando exceda en más de un cincuenta por ciento cualquier plazo que deba observar o cuando se resuelvan impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores en favor de los demandantes por una proporción igual o superior al diez por ciento del valor de la masa activa o de la masa pasiva presentada por la administración concursal en su informe. En este último caso, la retribución será reducida al menos en la misma proporción. 3. El juez fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía de la retribución, así como los plazos en que deba ser satisfecha. 4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de deudor o de cualquier acreedor, podrá modificar la retribución fijada, si concurriera justa causa y aplicando el arancel a que se refiere el apartado 2 de este artículo. 5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores concursales se publicará en el Registro Público Concursal y será apelable por el administrador concursal y por las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso.» Once. Se modifica el artículo 37, que queda redactado en los siguientes términos: «1. Cuando concurra justa causa, el juez, de oficio o a instancia de cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso o de cualquiera de los demás miembros de la administración concursal, podrá separar del cargo a los administradores concursales o revocar el nombramiento de los auxiliares delegados. En todo caso será causa de separación del administrador, salvo que el juez, atendiendo a circunstancias objetivas, resuelva lo contrario, el incumplimiento grave de las funciones de administrador y la resolución de impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores en favor de los demandantes por una cuantía igual o superior al veinte por ciento del valor de la masa activa o de la lista de acreedores presentada por la administración concursal en su informe. 2. La separación del representante de una persona jurídica implicará el cese automático de ésta como administrador concursal. 3. La resolución judicial de cese revestirá forma de auto, en el que se consignarán los motivos en los que el juez funde su decisión. 4. Del contenido del auto a que se refiere el apartado anterior, el secretario judicial dará conocimiento al registro público previsto en el artículo 198.» Doce. El artículo 56 queda redactado en los siguientes términos: «1. Los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o trascurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación. En particular, no se considerarán necesarias para la continuación de la actividad las acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo necesario para su financiación, siempre que la ejecución de la garantía constituida sobre las mismas no suponga causa de resolución o modificación de las relaciones contractuales que permitan al concursado mantener la explotación del activo. Tampoco podrán ejercitarse durante ese tiempo: a) Las acciones tendentes a recuperar los bienes vendidos a plazos o financiados con reserva de dominio mediante contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles. b) Las acciones resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aunque deriven de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad. c) Las acciones tendentes a recuperar los bienes cedidos en arrendamiento financiero mediante contratos inscritos en los Registros de la Propiedad o de Bienes Muebles o formalizados en documento que lleve aparejada ejecución. 2. Las actuaciones ya iniciadas en ejercicio de las acciones a que se refiere el apartado anterior se suspenderán, si no hubiesen sido suspendidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 bis, desde que la declaración del concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente procedimiento, aunque ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho. Sólo se alzará la suspensión de la ejecución y se ordenará que continúe cuando se incorpore al procedimiento testimonio de la resolución del juez del concurso que declare que los bienes o derechos no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. 3. Durante la paralización de las acciones o la suspensión de las actuaciones y cualquiera que sea el estado de tramitación del concurso, la administración concursal podrá ejercitar la opción prevista en el apartado 2 del artículo 155. 4. La declaración de concurso no afectará a la ejecución de la garantía cuando el concursado tenga la condición de tercer poseedor del bien objeto de ésta. 5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo y en el anterior, corresponderá al juez del concurso determinar si un bien del concursado resulta necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.» Trece. Se suprime el apartado 6 del artículo 71 y el apartado 7 pasa a ser apartado 6. Catorce. El artículo 71 bis queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 71 bis. Régimen especial de determinados acuerdos de refinanciación. 1. No serán rescindibles los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor, así como los negocios, actos y pagos, cualquiera que sea la naturaleza y la forma en que se hubieren realizado, y las garantías constituidas en ejecución de los mismos, cuando: a) En virtud de éstos se proceda, al menos, a la ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación o extinción de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo de vencimiento o el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas, siempre que respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo; y b) Con anterioridad a la declaración del concurso: 1.º El acuerdo haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación. En el caso de acuerdos de grupo, el porcentaje señalado se calculará tanto en base individual, en relación con todas y cada una de las sociedades afectadas, como en base consolidada, en relación con los créditos de cada grupo o subgrupo afectados y excluyendo en ambos casos del cómputo del pasivo los préstamos y créditos concedidos por sociedades del grupo. 2.º Se emita certificación del auditor de cuentas del deudor sobre la suficiencia del pasivo que se exige para adoptar el acuerdo. De no existir, será auditor el nombrado al efecto por el registrador mercantil del domicilio del deudor y, si éste fuera un grupo o subgrupo de sociedades, el de la sociedad dominante. 3.º El acuerdo haya sido formalizado en instrumento público al que se habrán unido todos los documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores. 2. Tampoco serán rescindibles aquellos actos que, realizados con anterioridad a la declaración de concurso, no puedan acogerse al apartado anterior pero cumplan todas las condiciones siguientes, ya sea de forma individual o conjuntamente con otros que se hayan realizado en ejecución del mismo acuerdo de refinanciación: a) Que incrementen la proporción de activo sobre pasivo previa. b) Que el activo corriente resultante sea superior o igual al pasivo corriente. c) Que el valor de las garantías resultantes a favor de los acreedores intervinientes no exceda de los nueve décimos del valor de la deuda pendiente a favor de los mismos, ni de la proporción de garantías sobre deuda pendiente que tuviesen con anterioridad al acuerdo. Se entiende por valor de las garantías el definido en el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta. d) Que el tipo de interés aplicable a la deuda subsistente o resultante del acuerdo de refinanciación a favor del o de los acreedores intervinientes no exceda en más de un tercio al aplicable a la deuda previa. e) Que el acuerdo haya sido formalizado en instrumento público otorgado por todas las partes intervinientes en el mismo, y con constancia expresa de las razones que justifican, desde el punto de vista económico, los diversos actos y negocios realizados entre el deudor y los acreedores intervinientes, con especial mención de las condiciones previstas en las letras anteriores. Para verificar el cumplimiento de las condiciones a) y b) anteriores se tendrán en cuenta todas las consecuencias de índole patrimonial o financiera, incluidas las fiscales, las cláusulas de vencimiento anticipado, u otras similares, derivadas de los actos que se lleven a cabo, aun cuando se produzcan con respecto a acreedores no intervinientes. El cumplimiento de todas las condiciones anteriores deberá darse en el momento de la suscripción del instrumento público en el que se recojan los acuerdos. 3. Los acuerdos regulados en este artículo únicamente serán susceptibles de impugnación de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo siguiente. 4. Tanto el deudor como los acreedores podrán solicitar el nombramiento de un experto independiente para que informe sobre el carácter razonable y realizable del plan de viabilidad, sobre la proporcionalidad de las garantías conforme a condiciones normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo, así como las demás menciones que, en su caso, prevea la normativa aplicable. Cuando el informe contuviera reservas o limitaciones de cualquier clase, su importancia deberá ser expresamente evaluada por los firmantes del acuerdo. El nombramiento de un experto independiente corresponderá al registrador mercantil del domicilio del deudor. Si el acuerdo de refinanciación afectara a varias sociedades del mismo grupo, el informe podrá ser único y elaborado por un solo experto, designado por el registrador del domicilio de la sociedad dominante, si estuviera afectada por el acuerdo o, en su defecto, por el del domicilio de cualquiera de las sociedades del grupo. El nombramiento se hará entre profesionales que resulten idóneos para la función. Dichos expertos quedarán sometidos a las condiciones del artículo 28 y a las causas de incompatibilidad establecidas para los auditores en la legislación de auditoría de cuentas.» Quince. El apartado 2 del artículo 72 queda redactado en los siguientes términos: «2. Sólo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de la acción rescisoria y demás de impugnación que puedan plantearse contra los acuerdos de refinanciación del artículo 71 bis. La acción rescisoria solo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas en dicho artículo, correspondiendo a quien ejercite la acción la prueba de tal incumplimiento. Para el ejercicio de estas acciones no será de aplicación la legitimación subsidiaria prevista en el apartado anterior.» Dieciséis. El apartado 2.11.º del artículo 84 queda redactado en los siguientes términos: «11.º El cincuenta por ciento de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación, en las condiciones previstas en el artículo 71 bis o en la Disposición adicional cuarta. En caso de liquidación, los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio conforme a lo dispuesto en el artículo 100.5. Esta clasificación no se aplica a los ingresos de tesorería realizados por el propio deudor o por personas especialmente relacionadas a través de una operación de aumento de capital, préstamos o actos con análoga finalidad.» Diecisiete. El número 5.º del artículo 92 queda redactado en los siguientes términos: «5.º Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el artículo 91.1.º cuando el deudor sea persona natural y los créditos diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean titulares los socios a los que se refiere el artículo 93.2.1.º y 3.º que reúnan las condiciones de participación en el capital que allí se indican. Los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte de sus créditos en cumplimiento de un acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad con el artículo 71 bis o la Disposición adicional cuarta, no tendrán la consideración de personas especialmente relacionadas con el concursado a los efectos de la calificación de los créditos que ostenten contra el deudor como consecuencia de la refinanciación que le hubiesen otorgado en virtud de dicho acuerdo.» Dieciocho. El número 2.º del apartado 2 del artículo 93 queda redactado en los siguientes términos: «2.º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. Salvo prueba en contrario, no tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación previsto por el artículo 71 bis o la Disposición adicional cuarta, por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad.» Diecinueve. Se añade un número 4.º al artículo 165 del siguiente tenor: «4.º Se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles frustrando la consecución de un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 o en la Disposición adicional cuarta. A estos efectos, se presumirá que la capitalización obedece a una causa razonable cuando así se declare mediante informe emitido, con anterioridad a la negativa del deudor, por experto independiente nombrado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 bis 4. Si hubiere más de un informe, deberán coincidir en tal apreciación la mayoría de los informes emitidos. En todo caso, para que la negativa a su aprobación determine la culpabilidad del concurso, el acuerdo propuesto deberá reconocer en favor de los socios del deudor un derecho de adquisición preferente sobre las acciones, participaciones, valores o instrumentos convertibles suscritos por los acreedores, a resultas de la capitalización o emisión propuesta, en caso de enajenación ulterior de los mismos. No obstante, el acuerdo propuesto podrá excluir el derecho de adquisición preferente en las transmisiones realizadas por el acreedor a una sociedad de su mismo grupo o a cualquier entidad que tenga por objeto la tenencia y administración de participaciones en el capital de otras entidades. En cualquier caso, se entenderá por enajenación la realizada en favor de un tercero por el propio acreedor o por las sociedades o entidades a que se refiere el inciso anterior.» Veinte. El número 1.º del apartado 2 del artículo 172 queda redactado en los siguientes términos: «1.º La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas cómplices. En caso de persona jurídica, podrán ser considerados personas afectadas por la calificación los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, así como los socios que se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en el número 4.º del artículo 165, en función de su grado de contribución a la formación de la mayoría necesaria para el rechazo el acuerdo. Si alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición. La presunción contenida en el número 4 del artículo 165 no resultará de aplicación a los administradores que hubieran recomendado la recapitalización basada en causa razonable, aun cuando ésta fuera posteriormente rechazada por los socios.» Veintiuno. El apartado 1 del artículo 172 bis queda redactado en los siguientes términos: «1. Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada, así como los socios que se hayan negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en el número 4.º del artículo 165, que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit, en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia. Si el concurso hubiera sido ya calificado como culpable, en caso de reapertura de la sección sexta por incumplimiento del convenio, el juez atenderá para fijar la condena al déficit del concurso tanto a los hechos declarados probados en la sentencia de calificación como a los determinantes de la reapertura. En caso de pluralidad de condenados, la sentencia deberá individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso.» Veintidós. Se modifica el apartado 1 del artículo 198, que queda redactado en los siguientes términos: «1. El Registro Público Concursal se llevará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y constará de cuatro secciones: a) En la sección primera, de edictos concursales, se insertarán ordenados por concursado y fechas, las resoluciones que deban publicarse conforme a lo previsto en el artículo 23 y en virtud de mandamiento remitido por el Secretario Judicial. b) En la sección segunda, de publicidad registral, se harán constar, ordenadas por concursado y fechas, las resoluciones registrales anotadas o inscritas en todos los registros públicos de personas referidos en el artículo 24.1, 2 y 3, incluidas las que declaren concursados culpables y en virtud de certificaciones remitidas de oficio por el encargado del registro una vez practicado el correspondiente asiento. c) En la sección tercera, de acuerdos extrajudiciales, se hará constar la apertura de las negociaciones para alcanzar tales acuerdos y su finalización. d) En la sección cuarta, de administradores concursales y auxiliares delegados, se inscribirán las personas físicas y jurídicas que cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente para poder ser designado administrador concursal y hayan manifestado su voluntad de ejercer como administrador concursal, con indicación del administrador cuya designación secuencial corresponda en cada juzgado mercantil y en función del tamaño de cada concurso. También se inscribirán los autos por los que se designen, inhabiliten o separen a los administradores concursales, así como los autos en los que se fije o modifique su remuneración. Cuando un administrador concursal sea separado en los términos del artículo 37, se procederá a la baja cautelar del administrador concursal separado. En el caso de personas físicas, se indicará el nombre, dirección profesional, correo electrónico, número de identificación fiscal, ámbito territorial en el que se declara la disposición para ejercer y se señalarán todas las personas jurídicas inscritas en la sección cuarta con las que se encuentre relacionada. Adicionalmente se indicará la experiencia en todos los concursos previos, señalando la identidad del deudor, el sector de actividad de su razón social y el tipo de procedimiento y la remuneración percibida. En el caso de las personas jurídicas se indicará el nombre, domicilio social, forma jurídica, correo electrónico, dirección de cada oficina en la que se realice su actividad y el ámbito territorial en el que se declara la disposición para ejercer. También se señalará el nombre, dirección de cada uno de los socios y de cualquier persona física inscrita en la sección cuarta que preste sus servicios para la persona jurídica. Asimismo, se consignará toda la información sobre la experiencia en los concursos previos del párrafo anterior, indicando la persona física encargada de la dirección de los trabajos y de la representación de la persona jurídica.» Veintitrés. La Disposición adicional cuarta queda redactada en los siguientes términos: «Disposición adicional cuarta. Homologación de los acuerdos de refinanciación. 1. Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que habiendo sido suscrito por acreedores que representen al menos el 51 por ciento de los pasivos financieros, reúna en el momento de su adopción, las condiciones previstas en la letra a) y en los números 2.º y 3.º de la letra b) del apartado 1 del artículo 71 bis. Los acuerdos adoptados por la mayoría descrita no podrán ser objeto de rescisión conforme a lo dispuesto en el apartado 13 de esta Disposición. Para extender sus efectos serán necesarias las mayorías exigidas en los apartados siguientes de esta Disposición. No se tendrán en cuenta, a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en esta Disposición, los pasivos financieros titularidad de acreedores que tengan la consideración de persona especialmente relacionada conforme al apartado 2 del artículo 93 quienes, no obstante, podrán quedar afectados por la homologación prevista en esta Disposición adicional. A los efectos de esta Disposición, tendrán la consideración de acreedores de pasivos financieros los titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera. Quedan excluidos de tal concepto los acreedores por créditos laborales, los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de pasivos de derecho público. A los efectos del cómputo de las mayorías necesarias para la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación y la extensión de sus efectos a acreedores no participantes o disidentes, se entenderá, en caso de acuerdos sujetos a un régimen o pacto de sindicación que los acreedores suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten a su favor los que representen al menos el 75 por ciento del pasivo representado por el acuerdo, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última. Voluntariamente podrán adherirse al acuerdo de refinanciación homologado los demás acreedores que no lo sean de pasivos financieros ni de pasivos de derecho público. Estas adhesiones no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo de las mayorías previstas en esta Disposición. 2. A los efectos de la presente Disposición se entenderá por valor de la garantía real de que goce cada acreedor el resultante de deducir, de los nueve décimos del valor razonable del bien sobre el que esté constituida dicha garantía, las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser inferior a cero ni superior al valor del crédito del acreedor correspondiente. A estos exclusivos efectos, se entiende por valor razonable: a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado o en instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido negociados en uno o varios mercados regulados en el último trimestre anterior a la fecha de inicio de las negociaciones para alcanzar el acuerdo de refinanciación, de conformidad con la certificación emitida por la sociedad rectora del mercado secundario oficial o del mercado regulado de que se trate. b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España. c) En caso de bienes distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de informe emitido por experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración generalmente reconocidos para esos bienes. Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido determinado por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de inicio de las negociaciones para alcanzar el acuerdo de refinanciación. Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de los bienes, deberá aportarse nuevo informe de experto independiente. La designación del experto independiente en los supuestos previstos en este apartado se realizará de conformidad con el artículo 71 bis.4. En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumará la resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla del párrafo primero, sin que el valor conjunto de las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito del acreedor correspondiente. En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la garantía correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total de la garantía la proporción que en la misma corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el proindiviso, sin perjuicio de las normas que, en su caso, resulten de aplicación a los préstamos sindicados. 3. A los acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad al mismo y cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía real, se les extenderán, por la homologación judicial, los siguientes efectos acordados en el acuerdo de refinanciación: a) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 60 por ciento del pasivo financiero, las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años, o la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo. b) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 75 por ciento del pasivo financiero, las siguientes medidas: 1.º Las esperas con un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior a diez. 2.º Las quitas. 3.º La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso: i) Los acreedores que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad al mismo podrán optar entre la conversión de deuda en capital o una quita equivalente al importe del nominal de las acciones o participaciones que les correspondería suscribir o asumir y, en su caso, de la correspondiente prima de emisión o de asunción. A falta de indicación expresa, se entenderá que los citados acreedores optan por la referida quita. ii) El acuerdo de aumento de capital del deudor necesario para la capitalización de créditos deberá adoptarse por la mayoría prevista, respectivamente, para las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas en los artículos 198 y 201.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del artículo 301.1 del citado Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se entenderá que los pasivos financieros son líquidos, están vencidos y son exigibles. 4.º La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior a diez, en obligaciones convertibles o préstamos subordinados, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original. 5.º La cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago de la totalidad o parte de la deuda. 4. Por la homologación judicial, se extenderán a los acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad al mismo, por la parte de su crédito que no exceda del valor de la garantía real, los efectos señalados en el apartado anterior, siempre que uno o más de dichos efectos hayan sido acordados, con el alcance que se convenga, por las siguientes mayorías, calculadas en función de la proporción del valor de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas: a) Del 65%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra a) del apartado anterior. b) Del 80%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra b) del apartado anterior. 5. La competencia para conocer de esta homologación corresponderá al juez de lo mercantil que, en su caso, fuera competente para la declaración del concurso de acreedores. La solicitud podrá ser formulada por el deudor o por cualquier acreedor que haya suscrito el acuerdo de refinanciación y se acompañará del acuerdo de refinanciación adoptado, de la certificación del auditor sobre la suficiencia de las mayorías que se exigen para adoptar los acuerdos con los efectos previstos para cada caso, de los informes que en su caso hayan sido emitidos por expertos independientes designados conforme al artículo 71 bis.4 y de la certificación del acuerdo de aumento de capital en caso de que ya hubiera sido adoptado. Si se hubiera emitido certificación, tasación o informe de los previstos en el apartado 2 de esta Disposición, también se acompañarán a la solicitud. El juez, examinada la solicitud de homologación, dictará providencia admitiéndola a trámite y declarará la paralización de las ejecuciones singulares hasta que se acuerde la homologación. El secretario judicial ordenará la publicación de la providencia en el Registro Público Concursal por medio de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen el deudor, el juez competente, el número del procedimiento judicial de homologación, la fecha del acuerdo de refinanciación y los efectos de aquellas medidas que en el mismo se contienen, con la indicación de que el acuerdo está a disposición de los acreedores en el Juzgado Mercantil competente donde se hubiere depositado para la publicidad, incluso telemática, de su contenido. 6. El juez otorgará la homologación siempre que el acuerdo reúna los requisitos previstos en el apartado primero de esta Disposición y declarará la extensión de efectos que corresponda cuando el auditor certifique la concurrencia de las mayorías requeridas en los apartados tercero o cuarto. La resolución por la que se apruebe la homologación del acuerdo de refinanciación se adoptará mediante un trámite de urgencia en el plazo de quince días y se publicará mediante anuncio insertado en el Registro Público Concursal y en el «Boletín Oficial del Estado», por medio de un extracto que contendrá los datos previstos en el último párrafo del apartado anterior. 7. Dentro de los quince días siguientes a la publicación, los acreedores de pasivos financieros afectados por la homologación judicial que no hubieran suscrito el acuerdo de homologación o que hubiesen mostrado su disconformidad al mismo podrán impugnarla. Los motivos de la impugnación se limitarán exclusivamente a la concurrencia de los porcentajes exigidos en esta disposición y a la valoración del carácter desproporcionado del sacrificio exigido. Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por el procedimiento del incidente concursal, y se dará traslado de todas ellas al deudor y al resto de los acreedores que son parte en el acuerdo de refinanciación para que puedan oponerse a la impugnación. La sentencia que resuelva sobre la impugnación de la homologación, que deberá dictarse en un plazo de 30 días, no será susceptible de recurso de apelación y se le dará la misma publicidad prevista para la resolución de homologación. 8. Los efectos de la homologación del acuerdo de refinanciación se producen en todo caso y sin posibilidad de suspensión desde el día siguiente al de la publicación de la sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». 9. Los acreedores de pasivos financieros que no hubieran suscrito el acuerdo de homologación o que hubiesen mostrado su disconformidad al mismo pero resultasen afectados por la homologación mantendrán sus derechos frente a los obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar ni la aprobación del acuerdo de refinanciación ni los efectos de la homologación en perjuicio de aquéllos. Respecto de los acreedores financieros que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación, el mantenimiento de sus derechos frente a los demás obligados, fiadores o avalistas, dependerá de lo que se hubiera acordado en la respectiva relación jurídica. 10. En ejecución del acuerdo de refinanciación homologado, el juez podrá decretar la cancelación de los embargos que se hubiesen practicado en los procedimientos de ejecución de deudas afectadas por el acuerdo de refinanciación. 11. En caso de no cumplir el deudor los términos del acuerdo de refinanciación, cualquier acreedor, adherido o no al mismo, podrá solicitar, ante el mismo juez que lo hubiera homologado, la declaración de su incumplimiento, a través de un procedimiento equivalente al incidente concursal, del que se dará traslado al deudor y a todos los acreedores comparecidos para que puedan oponerse a la misma. Declarado el incumplimiento, los acreedores podrán instar la declaración de concurso de acreedores o iniciar las ejecuciones singulares. La sentencia que resuelva el incidente no será susceptible de recurso de apelación. Si se ejecutasen las garantías reales, y salvo que en el acuerdo se hubiese pactado que en caso de incumplimiento tendrá lugar su resolución, resultarán de aplicación las siguientes reglas: a) Si el importe obtenido en la ejecución excediese del de la deuda originaria, o del saldo pendiente de la misma de no haberse producido el acuerdo, se considerará la diferencia entre el primer y el segundo importe como sobrante a los efectos de los artículos 674 y 692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 133 de la Ley Hipotecaria y concordantes. b) Si la cantidad obtenida en la ejecución fuese menor que la deuda originaria, o del saldo pendiente de la misma de no haberse producido el acuerdo, pero mayor que la resultante de la aplicación del apartado 4 anterior, se considerará que no hay sobrante ni remanente, haciendo el acreedor suya toda la cantidad resultante de la ejecución. c) Si la cantidad resultante de la ejecución fuese inferior a la resultante de la aplicación del apartado 4 anterior, se considerará como parte remanente del crédito la diferencia entre ambas. 12. Solicitada una homologación no podrá solicitarse otra por el mismo deudor en el plazo de un año. 13. No podrán ser objeto de acciones de rescisión los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente. El ejercicio de las demás acciones de impugnación se someterá a lo dispuesto por el artículo 72.2.» Disposición adicional primera. Tratamiento de las operaciones refinanciadas o reestructuradas como consecuencia de un acuerdo de refinanciación. El Banco de España, en el plazo de un mes, establecerá y hará públicos criterios homogéneos para la clasificación como riesgo normal de las operaciones reestructuradas como consecuencia de un acuerdo de refinanciación de los regulados por el artículo 71 bis o por la Disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Disposición adicional segunda. Vigencia del régimen de los nuevos ingresos de tesorería. 1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, no será de aplicación el régimen contenido en el número 11 del apartado 2 del artículo 84 ni el número 6.º del artículo 91 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 2. En este plazo, resultará aplicable el siguiente régimen jurídico: 1.º Tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación suscrito a partir de la entrada en vigor de esta Ley, en las condiciones previstas en el artículo 71 bis o en la Disposición adicional cuarta de la Ley Concursal, hasta el importe del nuevo ingreso de tesorería. 2.º Esta clasificación también se aplicará a los créditos concedidos en dichos acuerdos de refinanciación por el propio deudor o por personas especialmente relacionadas, que supongan nuevos ingresos de tesorería, y hasta el importe del nuevo ingreso efectuado. En ningún caso, tendrán la consideración de créditos contra la masa los ingresos de tesorería realizados a través de una operación de aumento de capital. 3.º Los intereses devengados por los nuevos ingresos de tesorería a los que se refieren los números anteriores tendrán la calificación prevista en el número 3.º del artículo 92 de la Ley Concursal. 4.º En caso de liquidación, también tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio conforme a lo dispuesto en el artículo 100.5 de la Ley Concursal. 3. Transcurrido un plazo de dos años a contar desde la fecha de concesión de los créditos descritos en el apartado anterior, éstos se considerarán créditos contra la masa en los términos indicados en el número 11 del apartado 2 del artículo 84 de la Ley Concursal. Disposición adicional tercera. Código de buenas prácticas para la reestructuración viable de la deuda empresarial. El Gobierno impulsará el desarrollo de un código de buenas prácticas para la reestructuración viable de la deuda empresarial con las entidades de crédito que ofrezca a pymes y autónomos altamente endeudados pero viables, la posibilidad de la reestructuración o refinanciación de la deuda empresarial. Disposición transitoria primera. Régimen transitorio. En los acuerdos de refinanciación que, a la entrada en vigor de esta Ley se estén negociando al amparo del artículo 71.6 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, resultará de aplicación el régimen anterior a dicha entrada en vigor si el deudor ya hubiera solicitado del registrador mercantil la designación de un experto independiente, salvo que las partes opten expresamente en el acuerdo de refinanciación por la aplicación del régimen contenido en el artículo 71 bis.1, en la redacción dada por la presente Ley. Disposición transitoria segunda. Régimen de la administración concursal. Las modificaciones introducidas en los artículos 27, 34 y 198 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no entrarán en vigor hasta que lo haga su desarrollo reglamentario, que deberá aprobarse, a iniciativa de los Ministerios de Justicia y de Economía y Competitividad, en un plazo máximo de seis meses. Disposición derogatoria. Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente Ley. Disposición final primera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. El Título y el apartado 1 del artículo 568 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, quedan redactados en los siguientes términos: «Artículo 568. Suspensión en caso de situaciones concursales o preconcursales. 1. No se dictará auto autorizando y despachando la ejecución cuando conste al Tribunal que el demandado se halla en situación de concurso o se haya efectuado la comunicación a que se refiere el artículo 5 bis de la Ley Concursal y respecto a los bienes determinados en dicho artículo. En este último caso, cuando la ejecución afecte a una garantía real, se tendrá por iniciada la ejecución a los efectos del artículo 57.3 de la Ley Concursal para el caso de que sobrevenga finalmente el concurso a pesar de la falta de despacho de ejecución.» Disposición final segunda. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2014, se introducen las siguientes modificaciones en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo: Uno. Se añade un párrafo al final del apartado 1 del artículo 15, con la siguiente redacción: «Las operaciones de aumento de capital por compensación de créditos se valorarán fiscalmente por el importe de dicho aumento desde el punto de vista mercantil, con independencia de cuál sea la valoración contable.» Dos. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 15, que queda redactada de la siguiente forma: «b) Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación, salvo en el supuesto previsto en el último párrafo del apartado anterior.» Tres. Se modifica el primer párrafo del apartado 3 del artículo 15, que queda redactado de la siguiente forma: «3. En los supuestos previstos en las letras a), b), c) y d), la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado de los elementos transmitidos y su valor contable. No obstante, en el supuesto de aumento de capital por compensación de créditos, la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el importe del aumento de capital, en la proporción que le corresponda, y el valor fiscal del crédito capitalizado.» Cuatro. Se añade un apartado 14 al artículo 19, que queda redactado de la siguiente forma: «14. El ingreso correspondiente al registro contable de quitas y esperas consecuencia de la aplicación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se imputará en la base imponible del deudor a medida que proceda registrar con posterioridad gastos financieros derivados de la misma deuda y hasta el límite del citado ingreso. No obstante, en el supuesto de que el importe del ingreso a que se refiere el párrafo anterior sea superior al importe total de gastos financieros pendientes de registrar, derivados de la misma deuda, la imputación de aquel en la base imponible se realizará proporcionalmente a los gastos financieros registrados en cada período impositivo respecto de los gastos financieros totales pendientes de registrar derivados de la misma deuda.» Disposición final tercera. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. Se modifica el número 19 de la letra B) del apartado I del artículo 45 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que queda redactado de la siguiente forma: «19. Las escrituras que contengan quitas o minoraciones de las cuantías de préstamos, créditos u otras obligaciones del deudor que se incluyan en los acuerdos de refinanciación o en los acuerdos extrajudiciales de pago establecidos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, siempre que, en todos los casos, el sujeto pasivo sea el deudor.» Disposición final cuarta. Modificación de la Disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. Se suprime el apartado 6 de la Disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. Disposición final quinta. Modificación de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. El apartado 1 del artículo 50 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, pasa a tener la siguiente redacción: «1. Cuando la sociedad absorbente fuera titular directa del noventa por ciento o más, pero no de la totalidad del capital de la sociedad o de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que vayan a ser objeto de absorción, no serán necesarios los informes de administradores y de expertos sobre el proyecto de fusión, siempre que en éste se ofrezca por la sociedad absorbente a los socios de las sociedades absorbidas la adquisición de sus acciones o participaciones sociales, estimadas en su valor razonable, dentro de un plazo determinado que no podrá ser superior a un mes a contar desde la fecha de la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil.» Disposición final sexta. Modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El último párrafo del apartado 1 del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, pasa a tener la siguiente redacción: «En todo caso, son nulas las cláusulas pactadas entre las partes o las prácticas que resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demora del artículo 6, o aquellas que excluyan el cobro de dicho interés de demora o el de la indemnización por costes de cobro prevista en el artículo 8. También son nulas las cláusulas y prácticas pactadas por las partes o las prácticas que excluyan el interés de demora, o cualquier otra sobre el tipo legal de interés de demora establecido con carácter subsidiario en el apartado 2 del artículo 7, cuando tenga un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, entendiendo que será abusivo cuando el interés pactado sea un 70 por ciento inferior al interés legal de demora, salvo que atendiendo a las circunstancias previstas en este artículo, pueda probarse que el interés aplicado no resulta abusivo. Esta posible modificación del interés de demora, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, no será de aplicación a las operaciones comerciales realizadas con la Administración.» Disposición final séptima. Modificación del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias. La Disposición adicional única del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias, queda redactada en los siguientes términos: «1. A los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital regulada en el artículo 327 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y para la disolución prevista en el artículo 363.1.e) del citado Texto Refundido, así como respecto del cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso contemplado en el artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias o de préstamos y partidas a cobrar. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior únicamente será de aplicación excepcional en los ejercicios sociales que se cierren en el año 2014.» Disposición final octava. Modificación del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores. La letra d) del artículo 8 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, queda redactada en los siguientes términos: «d) Adquisiciones u otras operaciones procedentes de la conversión o capitalización de créditos en acciones de sociedades cotizadas cuya viabilidad financiera esté en peligro grave e inminente, aunque no esté en concurso, siempre que se trate de operaciones concebidas para garantizar la recuperación financiera a largo plazo de la sociedad. Corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores acordar, en un plazo no superior a quince días a contar desde la presentación de la correspondiente solicitud por cualquier persona interesada, que no resulta exigible una oferta pública. No será necesario el acuerdo de dispensa cuando las operaciones descritas en esta letra se hubieran realizado como consecuencia directa de un acuerdo de refinanciación homologado judicialmente conforme a lo previsto en la Disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, siempre que hubiese sido informado favorablemente por un experto independiente en los términos previstos por el artículo 71 bis 4 del citado texto legal.» Disposición final novena. Modificación de disposiciones reglamentarias. Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificación por esta Ley podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran. Disposición final décima. Título competencial. La modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal contenida en el artículo único de esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de «legislación mercantil y de legislación procesal», sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. La Disposición adicional primera se dicta al amparo del artículo 149.1.11.ª, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de ordenación de crédito, banca y seguros. Las demás modificaciones de textos legales contenidas en las Disposiciones finales primera a octava de la presente Ley se amparan en el título competencial establecido en la norma objeto de modificación. Disposición final undécima. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. Madrid, 30 de septiembre de 2014. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

La ley de refinanciación de deuda empresarial entra en vigor mañana.

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: PREÁMBULO I Con frecuencia, empresas realmente viables desde un punto de vista operativo (es decir susceptibles de generar beneficios en su negocio ordinario) se han tornado en inviables desde un punto de vista financiero. Ante esta situación existen dos alternativas: o bien liquidar la empresa en su conjunto, o bien sanearla desde un punto de vista financiero, con el fin de que la deuda remanente sea soportable, permitiendo así que la empresa siga atendiendo sus compromisos en el tráfico económico, generando riqueza y creando puestos de trabajo. Parece evidente que la segunda alternativa es preferible a la primera, siendo en consecuencia obligación de los poderes públicos adoptar medidas favorecedoras del alivio de carga financiera o «desapalancamiento». Esa es precisamente la finalidad de esta Ley, que debe conjugarse con el máximo respeto a las legítimas expectativas de los acreedores, los cuales habrán de participar activamente y con las máximas garantías en estos procedimientos de alivio de carga financiera. Se trata en definitiva de favorecer también para ellos que una expectativa incierta de cobro de una cantidad elevada (en términos de capacidad de pago del deudor) se torne en una certeza razonable de cobro de una cantidad más reducida o sujeta a una mayor espera. Se trata de favorecer también los mecanismos para que la deuda pueda transformarse en capital. Sólo mediante el alivio de la deuda insostenible será posible lograr que vuelva a fluir el crédito, concebido no tanto como palanca sino como verdadera savia de la economía, puesto que el crédito es indispensable para atender los desfases entre cobros y pagos propios del giro empresarial y para acometer las inversiones verdaderamente productivas, siempre –claro está– que la deuda correspondiente sea soportable. II En los dos últimos años se han atendido, por orden de urgencia, las necesidades específicas de alivio de carga y desendeudamiento de los diversos sectores demandantes de crédito de la economía española. Las primeras medidas, las más urgentes y quizás las más intensas fueron las adoptadas en materia de deuda hipotecaria por adquisición de vivienda. Así, ya desde marzo de 2012 se adoptaron medidas relevantes tendentes a paliar la difícil situación en que se encontraban los deudores más vulnerables. Las medidas adoptadas desde entonces en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, han permitido dar una respuesta equilibrada respecto a este conjunto de deudores. Con posterioridad, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, abordó una serie de medidas destinadas a beneficiar a todo tipo de empresas y a los empresarios autónomos, destacando, entre otras, la regulación de la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, la creación de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva y la introducción de un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios, ya fueran personas físicas o jurídicas. Este es el momento para acometer medidas principalmente destinadas a la reestructuración viable de la deuda empresarial. En efecto, una vez realizada la necesaria reestructuración del sector financiero, y saneados los balances bancarios, pueden y deben las entidades de crédito y los demás acreedores financieros contribuir al saneamiento de las empresas que, no obstante su elevado endeudamiento, siguen siendo productivas. III Lo paradójico del caso es que, en la actualidad, la dificultad para alcanzar acuerdos entre deudor y acreedores financieros deriva no tanto de la falta de voluntad de las partes, sino de ciertas rigideces residenciadas principalmente en la normativa concursal y preconcursal. El procedimiento concursal español concluye en un alto número de casos en la liquidación del deudor, de modo que la fase preconcursal resulta verdaderamente determinante para la reestructuración financiera de las empresas. A estos efectos, los acuerdos de refinanciación son los instrumentos más adecuados para el establecimiento de nuevos calendarios de amortización y condiciones financieras más acordes con la situación del mercado y de las empresas, a cambio de quitas, esperas y capitalizaciones de las deudas. Por ello, la presente reforma se centra en la mejora del marco legal preconcursal de los acuerdos de refinanciación, por constituir una de las áreas estratégicamente más relevantes en la medida en que, fruto del consenso entre el deudor y sus acreedores, pretenden la maximización del valor de los activos, evitando el concurso de la entidad, y la reducción o aplazamiento de los pasivos. Para eliminar incertidumbres legales se introdujeron en España los acuerdos colectivos de refinanciación así como su homologación judicial. Estos mecanismos otorgan protección legal a los acuerdos alcanzados por una mayoría suficiente de acreedores de modo que, en el eventual supuesto de un concurso, las operaciones en él incorporadas no estén sujetas a rescisión y, en su caso, puedan extender determinados efectos a acreedores disidentes o no partícipes. En este punto, se han detectado una serie de limitaciones en el potencial contenido de los acuerdos de refinanciación, las cuales están cercenando la eficacia y seguridad jurídica necesarias para acometer reestructuraciones financieras en las empresas. Por ello, resultan pertinentes medidas que contribuyan a garantizar el mantenimiento de estos valores. Antes de entrar en el detalle de las modificaciones que se introducen, conviene precisar que todas ellas buscan en definitiva ### RESUMEN: La ley de refinanciación de deuda empresarial entra en vigor mañana.

La sucesión en el título de Marqués de Casa Villa Real ha sido solicitada por don Fernando Toll-Messía Gil, por fallecimiento de su padre, don Fernando Toll-Messía Valiente, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título. Madrid, 18 de septiembre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez.

Fernando Toll-Messía, heredará el título de marqués de Casa Villa Real de su padre fallecido.

La sucesión en el título de Marqués de Casa Villa Real ha sido solicitada por don Fernando Toll-Messía Gil, por fallecimiento de su padre, don Fernando Toll-Messía Valiente, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título. Madrid, 18 de septiembre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. ### RESUMEN: Fernando Toll-Messía, heredará el título de marqués de Casa Villa Real de su padre fallecido.

Habiéndose suscrito con fecha de 27 de abril de 2015, el Convenio marco de colaboración en materia de gestión electoral entre la Administración General del Estado (Ministerio del Interior) y la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 8 de julio de 2015.–El Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver Martínez. ANEXO Convenio marco de colaboración en materia de gestión electoral entre la Administración General del Estado (Ministerio del Interior) y la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña. En Madrid, a 27 de abril de 2015. REUNIDOS De una parte, el Ministro del Interior, señor don Jorge Fernández Díaz, actuando en representación de este Ministerio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y en la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Y, de otra, la Vicepresidenta del Gobierno de la Generalidad de Cataluña y Consejera del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, señora Joana Ortega Alemany, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña. Las partes se reconocen mutuamente, en la calidad en que cada una interviene, la capacidad legal para la firma del presente Convenio marco y, a tal efecto, EXPONEN Que el principio de cooperación y colaboración consagrado, de manera implícita en la Constitución Española, y en el artículo 3.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es un criterio informador que debe presidir las relaciones entre Estado y las Comunidades Autónomas en beneficio de ambos –SSTC 64/1982, 71/1983 y 104/1988–, sin que éste implique la extensión de las competencias estatales –SSTC 18/1982, 880/1985 y 96/1986–. Que de acuerdo con el principio de lealtad institucional, establecido en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las administraciones públicas deben en sus relaciones: respetar el ejercicio legítimo de sus competencias; ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras Administraciones; facilitar información para el ejercicio de sus competencias y prestar cooperación y asistencia activas a otras administraciones públicas para el eficaz ejercicio de sus competencias. Que la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General establece que lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio del ejercicio de las competencias reconocidas, dentro del respeto a la Constitución y a la presente Ley Orgánica, a las Comunidades Autónomas por sus respectivos estatutos en relación con las elecciones a las respectivas asambleas legislativas. Asimismo dispone que en aplicación de las competencias que la Constitución reserva al Estado se aplican también a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas convocadas por éstas, los siguientes artículos del Título I de esta Ley Orgánica: 1 al 42; 44; 44 bis; 45; 46.1, 2, 4, 5, 6 y 8; 47.4; 49; 50 1, 2 y 3; 51.2 y 3; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 68; 69; 70.1 y 3; 72; 73; 74; 75; 85; 86.1; 87.2; 90; 91; 92; 93; 94; 95.3; 96; 103.2; 108.2 y 8; 109 a 119; 125 a 130; 131.2; 132; 135 a 152. Los restantes artículos del Título I de esta Ley tienen carácter supletorio de la legislación que en su caso aprueben las Comunidades Autónomas, siendo de aplicación en las elecciones a sus Asambleas Legislativas en el supuesto de que las mismas no legislen sobre ellos. Que la gestión de procesos electorales, tanto en casos de concurrencia electoral (cuando se celebran de manera simultánea un proceso electoral cuyo poder convocante es el Gobierno de la Nación y uno, o varios, Gobiernos autonómicos), como en aquellos casos en los que no se produzca dicha concurrencia (cuando se celebra únicamente un proceso electoral cuyo poder convocante es un Gobierno autonómico), justifica la necesidad de adoptar determinadas soluciones comunes que, en virtud de la colaboración y coordinación que ha de primar entre administraciones públicas, faciliten la gestión electoral y permitan llevar a cabo, con eficacia y eficiencia, el complejo operativo electoral. Que, en concreto, si bien cada una de las Administraciones es responsable de su proceso electoral y ostenta la competencia de anunciar los avances de participación, los datos de participación y los resultados provisionales respectivos, ambas partes se comprometen a favorecer la utilización conjunta de los sistemas de recogida, transmisión y totalización de los datos electorales (constitución de mesas electorales, avances de participación, datos del escrutinio provisional, etc.) generados durante la jornada electoral. Asimismo, cabe señalar que el Ministerio del Interior tiene, con carácter exclusivo, todos los derechos de propiedad intelectual sobre las artes creativas y productos objeto de los contratos de las campañas institucionales, desarrolladas por este Departamento, así como los derechos de imagen, incluyendo su posible transformación. Que se ha optado por la suscripción de un único Convenio de carácter multilateral, en lugar de la suscripción de Convenios de carácter bilateral, en aras del principio de igualdad y de la transparencia en las relaciones de colaboración y cooperación interinstitucional. Que de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, el presente Convenio cuenta con el informe favorable del Servicio Jurídico del Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y su suscripción ha sido autorizada por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas con fecha de 6 de mayo de 2013. En virtud de ello, y en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acuerdan las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto. El objeto del presente instrumento de colaboración es determinar actuaciones de colaboración en materia de gestión de procesos electorales que permitan a la Administración General del Estado y a las administraciones autonómicas gestionar de manera eficaz y eficiente los recursos públicos necesarios para la gestión de los correspondientes procesos electorales, tanto en los supuestos de concurrencia electoral como en aquellos casos en los que no se produzca dicha concurrencia (cuando se celebra únicamente un proceso electoral cuyo poder convocante es un Gobierno autonómico). Los Convenios específicos de colaboración que se suscriban con motivo de los procesos electorales concretos serán preferentemente de carácter multilateral si bien, en su caso, también podrán suscribirse Convenios de naturaleza bilateral. Segunda. Ámbito material de las actuaciones. I. Supuestos de concurrencia electoral: En los supuestos en los que, de acuerdo con la normativa electoral en vigor, se produzca la concurrencia de procesos electorales y consultas populares de competencia estatal y de procesos electorales y consultas populares de competencia autonómica, las Administraciones Públicas competentes actuarán teniendo en cuenta lo siguiente: 1. Convocatoria de los procesos electorales.–El Ministerio del Interior facilitará la publicación de los decretos de convocatoria de las correspondientes elecciones a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en el «Boletín Oficial del Estado», cuando estas se celebren el mismo día que un proceso electoral de ámbito estatal, y, para ello, pondrá a disposición de las Comunidades Autónomas las instrucciones que al respecto elabore el propio «Boletín Oficial del Estado». 2. Material electoral.–En los citados supuestos de concurrencia, y teniendo en cuenta que la Mesa electoral es común para los procesos que se celebren y que, por tanto, un mismo material electoral (urnas, cabinas, soportes señalizadores…) debe utilizarse tanto para procesos estatales como para procesos autonómicos, las Administraciones Públicas correspondientes se comprometen al suministro, en el caso de que sea necesario y previa solicitud formal por escrito con tres meses de antelación, de dicho material. La Administración competente que haga uso de dicho material prestado será responsable de la devolución en perfecto estado del mismo, y, en su caso, deberá asumir el coste de los desperfectos que hubieran podido producirse en el mismo. 3. Manuales para los miembros de las mesas electorales.–En caso de concurrencia electoral nivel estatal/nivel autonómico el Manual para los miembros de las mesas electorales, incluido, en su caso, el manual para los miembros de Mesas Administradas Electrónicamente (MAE), será único y, una vez supervisado por la Junta Electoral Central y, en su caso, por la Junta Electoral autonómica competente, y aprobado, de conformidad con lo previsto en el artículo 27.2 de la LOREG, por acuerdo del Consejo de Ministros y por el Consejo Ejecutivo de la correspondiente Comunidad Autónoma, será suministrado por el Ministerio del Interior. 4. Campañas institucionales.–En relación con las campañas institucionales, los poderes públicos convocantes podrán acordar que en una misma campaña se realicen alusiones a los distintos procesos electorales que se celebren de manera concurrente, siempre que no suponga coste adicional alguno para el poder público convocante que ponga a disposición la campaña institucional correspondiente. Asimismo, en el caso de que las campañas institucionales incluyan referencias a todos los procesos electorales concurrentes, el Ministerio del Interior y las correspondientes comunidades autónomas podrán tomar las medidas necesarias para que el coste de las campañas sea asumido entre todos los poderes públicos convocantes. El Ministerio del Interior tiene, con carácter exclusivo, todos los derechos de propiedad intelectual sobre las artes creativas y productos objeto de los contratos de las campañas institucionales desarrolladas por este Departamento, así como los derechos de imagen, incluyendo su posible transformación. 5. Representantes de la Administración: 1) La Administración General del Estado designa, a través de los Delegados y Subdelegados del Gobierno, a los representantes de la Administración que se encargarán, entro otras funciones, de la asistencia necesaria a la Mesa electoral, de la transmisión de los datos relativos a la suficiencia del material electoral e incidencias que se produzcan durante la jornada electoral, la transmisión de los datos de participación y la transmisión de datos del escrutinio provisional correspondiente a las elecciones locales, a Cortes Generales, al Parlamento Europeo y en el caso de los Referéndums celebrados a nivel estatal. 2) Si las administraciones públicas estatal y autonómica acuerdan que el representante de la Administración sea único en el caso de los procesos electorales que se celebren de manera concurrente, la designación de estos representantes únicos deberá ser consensuada entre los Delegados/Subdelegados del Gobierno (administración periférica del Estado) y, en su caso, los Delegados provinciales, u cargo equiparable, de la correspondiente Administración autonómica o la persona representante del órgano con competencias en materia de gestión de procesos electorales y consultas populares designada por la Comunidad Autónoma, o persona en quien delegue. 3) En todos los casos en los que los Representantes de la Administración sean únicos, su retribución correrá a cargo de ambas Administraciones, y se reflejarán en el correspondiente Convenio específico que se suscriba con motivo de los procesos electorales concurrentes concretos. 4) En los casos de concurrencia electoral los Representantes de la Administración podrán desempeñar su función como transmisores de datos, a través de dispositivos móviles, tanto para las elecciones gestionadas por la Administración General del Estado como para las correspondientes elecciones a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en el supuesto de que ambas administraciones públicas lo estimen oportuno y en los términos establecidos por las mismas mediante Convenio específico que se suscriba con motivo de los procesos electorales concurrentes concretos, donde se concretará como se divide el pago del suplemento de sus retribuciones por el desempeño de estas funciones. 5) En los casos en los que los representantes de la Administración se decidan que sean únicos, y sólo una de las Administraciones públicas, en la gestión de su proceso electoral, encomiende a esos Representante que actúen como trasmisores de datos a través de dispositivos móviles, dicha Administración asumirá todo el coste que suponga el suplemento de las retribuciones de los Representantes que sean transmisores de datos. 6. Uso compartido de tecnologías en la gestión electoral.–Los poderes públicos convocantes procurarán el uso conjunto de las tecnologías de la información al servicio del proceso, como pueden ser las aplicaciones informáticas o los dispositivos móviles para la transmisión de datos durante la jornada electoral, y, en general, el uso compartido de la infraestructura técnica para la captura, transmisión y difusión de los respectivos escrutinios provisionales. 7. Captura, transmisión, agregación y difusión de datos de participación electoral y de resultados del escrutinio provisional.–Con el objeto de introducir criterios de racionalización, eficiencia, eficacia y reducción del gasto público, el Ministerio del Interior, de acuerdo con las Comunidades Autónomas que suscriben el presente Convenio marco de colaboración, con motivo de cada proceso electoral concurrente, podrán elaborar las propuestas para el diseño de un modelo o sistema común de transmisión de los datos electorales (constitución de mesas electorales, avances de participación, resultados del escrutinio provisional…) que se generen durante la correspondiente jornada electoral y que permita su uso conjunto, así como las gestiones necesarias para su puesta en funcionamiento. Asimismo, el Ministerio del Interior, en los expedientes de contratación relativos a los contratos que firme con la empresa adjudicataria del contrato de difusión de resultados del escrutinio provisional, previo acuerdo de las partes, podrá prever la ampliación del servicio objeto del contrato a las Comunidades Autónomas que suscriban un Convenio específico. Eso no obstante, cada una de las Administraciones responsable de su proceso electoral ostenta la competencia de anunciar los avances de participación, los datos de participación y los resultados provisionales respectivos. La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas correspondientes se comprometen a facilitar los avances de participación, los datos de participación y los resultados provisionales propios en tiempo real, para lo cual: La Administración General del Estado pondrá a disposición de las Comunidades Autónomas firmantes los resultados provisionales del escrutinio del correspondiente proceso electoral de ámbito estatal en formato electrónico: online y por Intranet, en el lugar que establezcan las correspondientes Comunidades Autónomas. Cada Comunidad Autónoma pondrá a disposición de la Administración General del Estado los resultados autonómicos provisionales en formato electrónico: online y por Intranet, en el lugar que establezca la Administración General del Estado. II. Elecciones autonómicas: Supuestos en los que no haya concurrencia electoral. 1. Material electoral.–En virtud del principio de colaboración administrativa, las Comunidades Autónomas podrán solicitar a la Administración General del Estado el material electoral (urnas, cabinas, soportes señalizadores, etc.), que se estime necesario para la celebración de las elecciones a las correspondientes Asambleas Legislativas Autonómicas, y en los términos que se establezcan por ambas administraciones. En el caso de que se produzcan desperfectos en estos materiales electorales, la Administración Autonómica asumirá el coste de los mismos. En el caso de los impresos y documentación electoral reutilizable, fabricados por la Administración General del Estado, se determinará en qué casos concretos procede su utilización por parte de las Administraciones Autonómicas, así como en qué costes habrán de ser asumidos por éstas en esos casos. 2. Campañas institucionales.–Las Comunidades Autónomas podrán asumir el coste de la adaptación de las artes creativas de las campañas elaboradas por el Ministerio del Interior, previa autorización de la correspondiente cesión de derechos. 3. Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.–Una vez convocadas las correspondientes elecciones autonómicas, se iniciarán los trámites necesarios para la aprobación de un Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se establece el alcance de las obligaciones de servicio público que se encomiendan al operador público Correos y Telégrafos, S. A., en las elecciones autonómicas correspondientes, para salvaguardar el normal desarrollo del proceso electoral. Las condiciones específicas para su ejercicio, la determinación del tratamiento prioritario de los envíos electorales, la gestión de los envíos postales de propaganda electoral así como el coste y financiación de las obligaciones de servicio público encomendadas, entre otras cuestiones, quedarán delimitadas en el anexo que acompañará a dicho Acuerdo con el fin de lograr la debida eficacia en la actuación de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 4. Voto CERA.–El Ministerio del Interior establecerá los contactos que se estimen oportunos con el fin de facilitar la gestión del procedimiento de voto regulado en el artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Tercera. Aportaciones de las partes. 1. La Administración General del Estado, a través del Ministerio del Interior, con cargo a su presupuesto asumirá los costes generados por la gestión de los procesos electorales en los que el Gobierno de la Nación es el poder convocante. Las Comunidades Autónomas asumirán con cargo a sus respectivos presupuestos, los costes que se deriven para las Comunidades Autónomas de la gestión de los procesos electorales en los que el correspondiente Gobierno autonómico sea el poder convocante. El coste del dispositivo de seguridad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en aquellas Comunidades Autónomas que no tienen competencias en esta materia, correrá a cargo de la Administración General del Estado. 2. De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula segunda de este Convenio marco, se podrán determinar a través de los correspondientes Convenios específicos de colaboración, las aportaciones que las partes harán con cargo a sus respectivos presupuestos. Cuarta. Comisión de seguimiento. 1. Se crea la Comisión de seguimiento del presente Convenio marco cuyos integrantes serán: Por el Ministerio del Interior: El/la Directora/a General de Política Interior. La persona o personas designadas por el/la directora/a General de Política Interior para asistir a las reuniones de la Comisión. Por las Comunidades Autónomas que suscriban este Convenio marco: La persona representante del órgano con competencias en materia de gestión de procesos electorales y consultas populares designada por la Comunidad Autónoma, o persona en quien delegue. El personal técnico que la persona titular del órgano correspondiente de cada Comunidad Autónoma decida designar para asistir a las reuniones de la Comisión. 2. La Comisión se reunirá, al menos, una vez al año. 3. Entre las funciones que corresponden a la Comisión de seguimiento se incluyen: a) Articular la colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de gestión electoral, para contribuir a una mayor eficacia y eficiencia en dicha gestión, a través de la homogeneización de criterios técnicos, de la optimización de recursos, así como del intercambio de información sobre los procesos electorales; b) Elaborar borradores de proyectos de Convenios de colaboración específicos, de carácter multilateral, de desarrollo del presente Convenio marco. Quinta. Naturaleza administrativa y resolución de controversias. Este Convenio tiene naturaleza administrativa quedando excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público, según lo establecido en el artículo 4.1 c) de dicho texto legal. Las posibles cuestiones litigiosas o controversias a que pueda dar lugar la aplicación, interpretación, modificación, efectos y resolución del presente Convenio, que no puedan ser resueltas por las partes, serán resueltas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Sexta. Vigencia y resolución anticipada. El presente Convenio marco entrará en vigor desde el momento de su firma y su vigencia finalizará el día 31 de diciembre del año 2017, siendo prorrogable, si así lo acuerdan las partes, de manera expresa y antes de la finalización del periodo de vigencia. Cada prórroga tendrá una duración máxima de cuatro años. Este Convenio podrá ser resuelto por mutuo acuerdo de las partes o por denuncia formulada por escrito, en cualquier momento, por cualquiera de las partes, al menos con seis meses de antelación a la fecha en que se deseara dejarlo sin efecto, y por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del Convenio. Y en prueba de conformidad, firman el presente documento, tres ejemplares para cada una de las siguientes partes firmantes, en el lugar y fecha al principio indicados.–El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.–La Vicepresidenta del Gobierno de la Generalidad de Cataluña y Consejera del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, Joana Ortega i Alemany.

Convenio Cataluña-Estado (que pone urnas y cabinas) para colaboración en elecciones.

Habiéndose suscrito con fecha de 27 de abril de 2015, el Convenio marco de colaboración en materia de gestión electoral entre la Administración General del Estado (Ministerio del Interior) y la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 8 de julio de 2015.–El Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver Martínez. ANEXO Convenio marco de colaboración en materia de gestión electoral entre la Administración General del Estado (Ministerio del Interior) y la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña. En Madrid, a 27 de abril de 2015. REUNIDOS De una parte, el Ministro del Interior, señor don Jorge Fernández Díaz, actuando en representación de este Ministerio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y en la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Y, de otra, la Vicepresidenta del Gobierno de la Generalidad de Cataluña y Consejera del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, señora Joana Ortega Alemany, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña. Las partes se reconocen mutuamente, en la calidad en que cada una interviene, la capacidad legal para la firma del presente Convenio marco y, a tal efecto, EXPONEN Que el principio de cooperación y colaboración consagrado, de manera implícita en la Constitución Española, y en el artículo 3.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es un criterio informador que debe presidir las relaciones entre Estado y las Comunidades Autónomas en beneficio de ambos –SSTC 64/1982, 71/1983 y 104/1988–, sin que éste implique la extensión de las competencias estatales –SSTC 18/1982, 880/1985 y 96/1986–. Que de acuerdo con el principio de lealtad institucional, establecido en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las administraciones públicas deben en sus relaciones: respetar el ejercicio legítimo de sus competencias; ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras Administraciones; facilitar información para el ejercicio de sus competencias y prestar cooperación y asistencia activas a otras administraciones públicas para el eficaz ejercicio de sus competencias. Que la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General establece que lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio del ejercicio de las competencias reconocidas, dentro del respeto a la Constitución y a la presente Ley Orgánica, a las Comunidades Autónomas por sus respectivos estatutos en relación con las elecciones a las respectivas asambleas legislativas. Asimismo dispone que en aplicación de las competencias que la Constitución reserva al Estado se aplican también a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas convocadas por éstas, los siguientes artículos del Título I de esta Ley Orgánica: 1 al 42; 44; 44 bis; 45; 46.1, 2, 4, 5, 6 y 8; 47.4; 49; 50 1, 2 y 3; 51.2 y 3; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 68; 69; 70.1 y 3; 72; 73; 74; 75; 85; 86.1; 87.2; 90; 91; 92; 93; 94; 95.3; 96; 103.2; 108.2 y 8; 109 a 119; 125 a 130; 131.2; 132; 135 a 152. Los restantes artículos del Título I de esta Ley tienen carácter supletorio de la legislación que en su caso aprueben las Comunidades Autónomas, siendo de aplicación en las elecciones a sus Asambleas Legislativas en el supuesto de que las mismas no legislen sobre ellos. Que la gestión de procesos electorales, tanto en casos de concurrencia electoral (cuando se celebran de manera simultánea un proceso electoral cuyo poder convocante es el Gobierno de la Nación y uno, o varios, Gobiernos autonómicos), como en aquellos casos en los que no se produzca dicha concurrencia (cuando se celebra únicamente un proceso electoral cuyo poder convocante es un Gobierno autonómico), justifica la necesidad de adoptar determinadas soluciones comunes que, en virtud de la colaboración y coordinación que ha de primar entre administraciones públicas, faciliten la gestión electoral y permitan llevar a cabo, con eficacia y eficiencia, el complejo operativo electoral. Que, en concreto, si bien cada una de las Administraciones es responsable de su proceso electoral y ostenta la competencia de anunciar los avances de participación, los datos de participación y los resultados provisionales respectivos, ambas partes se comprometen a favorecer la utilización conjunta de los sistemas de recogida, transmisión y totalización de los datos electorales (constitución de mesas electorales, avances de participación, datos del escrutinio provisional, etc.) generados durante la jornada electoral. Asimismo, cabe señalar que el Ministerio del Interior tiene, con carácter exclusivo, todos los derechos de propiedad intelectual sobre las artes creativas y productos objeto de los contratos de las campañas institucionales, desarrolladas por este Departamento, así como los derechos de imagen, incluyendo su posible transformación. Que se ha optado por la suscripción de un único Convenio de carácter multilateral, en lugar de la suscripción de Convenios de carácter bilateral, en aras del principio de igualdad y de la transparencia en las relaciones de colaboración y cooperación interinstitucional. Que de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo del Consejo de ### RESUMEN: Convenio Cataluña-Estado (que pone urnas y cabinas) para colaboración en elecciones.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 24 de febrero actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 4948-2013, promovido por la Diputación General de Aragón contra los arts. 2.e) y 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en relación con su aplicación al recurso de casación foral aragonés. Madrid, 24 de septiembre de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

Vuelven los recursos a las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 24 de febrero actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 4948-2013, promovido por la Diputación General de Aragón contra los arts. 2.e) y 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en relación con su aplicación al recurso de casación foral aragonés. Madrid, 24 de septiembre de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: Vuelven los recursos a las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación World Leadership Alliance resultan los siguientes Antecedentes de hecho Primero. Constitución de la Fundación. La Fundación anteriormente citada fue constituida por la Asociación Club de Madrid para la Transición y Consolidación Democráticas, en Madrid, el 4 de enero de 2013, según consta en la escritura pública número 10, otorgada ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Carlos Rives Gracia, que fue rectificada por la escritura pública número 236, autorizada el 1 de febrero de 2013, ante el mismo notario. Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación. El domicilio de la Fundación quedó establecido en Madrid, calle Carrera de San Jerónimo, número 15, 3.º B, y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado español. Tercero. Dotación. Dotación inicial: en la escritura de constitución y en la de subsanación de ésta, se estableció como dotación de la Fundación la cantidad de treinta mil euros (30.000 euros). La dotación ha sido desembolsada en su totalidad en forma legal por la entidad fundadora. Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley. Cuarto. Fines de la Fundación. En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a las escrituras públicas de constitución y de rectificación de ésta, a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los siguientes: El desarrollo de los valores y el liderazgo democráticos, la instauración del Estado de Derecho y la consecución del buen gobierno, así como la respuesta a situaciones en crisis, post-crisis y transición democrática, todo ello unido al reto global de construir sociedades libres, pacíficas e inclusivas. Quinto. Patronato. Presidente: Don Willem Kok, por razón de su cargo de Presidente del Club de Madrid. Secretario: Don Carlos Westendorp Cabeza, por razón de su cargo de Secretario General del Club de Madrid. Vocal: Don Ricardo Hidalgo García, por razón de su cargo de Director financiero del Club de Madrid. Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas en la escritura pública de constitución. Fundamentos de derecho Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente: El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal. El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal. La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro. Segundo. Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto. Tercero. Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones. Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación World Leadership Alliance y su Patronato. Madrid 11 de febrero de 2013.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P. D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.

El club de Madrid para la Transición y Consolidación Democráticas da de alta a su fundación: World Leadership Alliance, con una dotación de 30.000 euros

Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación World Leadership Alliance resultan los siguientes Antecedentes de hecho Primero. Constitución de la Fundación. La Fundación anteriormente citada fue constituida por la Asociación Club de Madrid para la Transición y Consolidación Democráticas, en Madrid, el 4 de enero de 2013, según consta en la escritura pública número 10, otorgada ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Carlos Rives Gracia, que fue rectificada por la escritura pública número 236, autorizada el 1 de febrero de 2013, ante el mismo notario. Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación. El domicilio de la Fundación quedó establecido en Madrid, calle Carrera de San Jerónimo, número 15, 3.º B, y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado español. Tercero. Dotación. Dotación inicial: en la escritura de constitución y en la de subsanación de ésta, se estableció como dotación de la Fundación la cantidad de treinta mil euros (30.000 euros). La dotación ha sido desembolsada en su totalidad en forma legal por la entidad fundadora. Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley. Cuarto. Fines de la Fundación. En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a las escrituras públicas de constitución y de rectificación de ésta, a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los siguientes: El desarrollo de los valores y el liderazgo democráticos, la instauración del Estado de Derecho y la consecución del buen gobierno, así como la respuesta a situaciones en crisis, post-crisis y transición democrática, todo ello unido al reto global de construir sociedades libres, pacíficas e inclusivas. Quinto. Patronato. Presidente: Don Willem Kok, por razón de su cargo de Presidente del Club de Madrid. Secretario: Don Carlos Westendorp Cabeza, por razón de su cargo de Secretario General del Club de Madrid. Vocal: Don Ricardo Hidalgo García, por razón de su cargo de Director financiero del Club de Madrid. Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas en la escritura pública de constitución. Fundamentos de derecho Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente: El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal. El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal. La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro. Segundo. Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto. Tercero. Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones. Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación World Leadership Alliance y su Patronato. Madrid 11 de febrero de 2013.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P. D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz. ### RESUMEN: El club de Madrid para la Transición y Consolidación Democráticas da de alta a su fundación: World Leadership Alliance, con una dotación de 30.000 euros

DEPARTAMENTO 2.º Por el presente, se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas, mediante Providencia de fecha 18 de diciembre de 2014, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-297/14, Sector Público Estatal, Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. (Mejorada del Campo), que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance, por un presunto alcance derivado de la presunta desaparición de existencias del Almacén que la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos tiene en Mejorada del Campo (Madrid). Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los Autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 18 de diciembre de 2014.- El Secretario, Jaime Vegas Torres.

El Tribunal de Cuentas investiga la desaparición de existencias en el almacén de Correos en Mejorada del Campo

DEPARTAMENTO 2.º Por el presente, se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas, mediante Providencia de fecha 18 de diciembre de 2014, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-297/14, Sector Público Estatal, Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. (Mejorada del Campo), que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance, por un presunto alcance derivado de la presunta desaparición de existencias del Almacén que la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos tiene en Mejorada del Campo (Madrid). Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los Autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 18 de diciembre de 2014.- El Secretario, Jaime Vegas Torres. ### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas investiga la desaparición de existencias en el almacén de Correos en Mejorada del Campo

El Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y las empresas Volkswagen Group España Distribución, SA, y SEAT, SA, han suscrito con fecha 7 de abril de 2017 un Convenio de colaboración en actividades de interés general para la cesión de los vehículos a utilizar durante los actos oficiales de la Cumbre de Países del Sur de la UE. Para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», del referido Convenio, como anejo a la presente Resolución. Madrid, 11 de abril de 2017.–El Subsecretario de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, José María Jover Gómez-Ferrer. ANEJO Convenio de colaboración en actividades de interés general entre el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y las empresas Volkswagen Group España Distribución, SA, y SEAT, SA, para la cesión de los vehículos a utilizar durante los actos oficiales de la Cumbre de Países del Sur de la UE. En Madrid, a 7 de abril de 2017. REUNIDOS De una parte, don José María Jover Gómez-Ferrer, Subsecretario del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, nombrado por Real Decreto 453/2016, de 11 de noviembre de 2016, facultado para la suscripción del presente Convenio en virtud de la competencia delegada en el apartado primero.2, letra c), de la Orden PRE/934/2012, de 24 de abril, en nombre y representación de la Presidencia del Gobierno español (en adelante, la «Presidencia del Gobierno»). De otra parte, don Francisco José Pérez Botello, mayor de edad, de nacionalidad española, con DNI en vigor núm. 2XXXXX94-P y don Stephan Mund, mayor de edad, de nacionalidad alemana, con NIE en vigor núm. Y-XXXXX03-B, en nombre y representación de Volkswagen Group España Distribución, SA, con domicilio en calle de la Selva, 22, Parque de Negocios Mas Blau II, El Prat de Llobregat (Barcelona), en su condición de Presidente y Director Financiero de la referida entidad, respectivamente (en adelante, «VGED»), y De otra parte, don Ramón Paredes Sánchez-Collado, mayor de edad, de nacionalidad española con DNI en vigor núm. 3XXXXX18-F y don Holger Kintscher, mayor de edad, de nacionalidad alemana, con NIE en vigor núm. Y-XXXXX51-W en nombre y representación de SEAT, SA, con domicilio en autovía A-2, km 585, 08760, Martorell (Barcelona), en su condición de Vicepresidente de Relaciones Gubernamentales e Institucionales y Vicepresidente de Finanzas, IT y Organización de la referida entidad, respectivamente (en adelante, «SEAT»). Las partes intervinientes (en adelante, conjuntamente, referidas como las Partes e, individualmente, como la Parte) se reconocen competencia recíproca para la suscripción del presente Convenio de colaboración y, en su virtud, EXPONEN I. Que entre los días 9 y 10 de abril de 2017 está prevista la Cumbre de Países del Sur de la UE en el Pardo (Madrid). II. Que la preparación y desarrollo de la Cumbre de Países del Sur de la UE conlleva la utilización de servicios de automoción con el fin de poder atender su realización, requiriendo para ello vehículos de gran seguridad y calidad. III. Que es deseo de ambas Partes suscribir el presente Convenio de colaboración (en adelante referido como el Convenio) de acuerdo con lo determinado en el artículo 4.1, apartado d), del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y al amparo de lo dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En virtud del presente Convenio VGED y SEAT, pretenden potenciar el posicionamiento en el mercado de las marcas que representan, dotándolas de mayor presencia con ocasión de un acontecimiento de la repercusión de la Cumbre de Países del Sur de la UE. Las actuaciones expuestas anteriormente se desarrollarán de acuerdo con las estipulaciones que ambas partes acuerdan. ESTIPULACIONES Primera. El presente Convenio tiene por objeto la cesión por parte de VGED y SEAT a favor de la Presidencia del Gobierno, del derecho de uso de un total de dieciocho (18) vehículos (6 vehículos de la marca SEAT, 6 vehículos de la marca Volkswagen y 6 vehículos de la marca Audi) –en adelante referidos como los «Vehículos»–, y el establecimiento de las condiciones en las que se realizará dicha cesión. Se adjunta como anexo I la relación concreta de los Vehículos. Segunda. La cesión de los Vehículos se realiza para su utilización con ocasión de la Cumbre de Países del Sur de la UE que se desarrollará el día 10 del mes de abril próximo, por lo que el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de su firma hasta el 12 de abril de 2017, salvo que antes de su terminación ambas partes acuerden su prórroga por escrito. Tercera. La cesión de los Vehículos se efectúa sin coste alguno para la Presidencia del Gobierno, no existiendo obligación alguna de abonar a VGED y a SEAT importe alguno en concepto de cesión. Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otros importes que pudieran devengarse a favor de VGED y de SEAT y debieran abonarse por la Presidencia del Gobierno con arreglo al presente Convenio. Cuarta. Como contraprestación a la cesión de los Vehículos, la Presidencia del Gobierno se compromete a poner su mayor empeño para que la flota de Vehículos de VGED y de SEAT obtengan la máxima visibilidad en los medios de comunicación social. Quinta. Los Vehículos serán entregados por VGED y por SEAT a la Presidencia del Gobierno, en el Parque Móvil del Estado, siendo por cuenta y cargo de VGED y de SEAT los gastos de transporte derivados de la entrega, asumiendo cada marca los que le correspondan. La entrega de los Vehículos cedidos se llevará a cabo el día 7 de abril en la sede del Parque Móvil del Estado, en Madrid. Asimismo, los Vehículos podrán ser entregados con la cantidad de gasolina mínima que permita circular hasta la estación de servicio más cercana. Sexta. Los Vehículos cedidos únicamente podrán ser utilizados por la Presidencia del Gobierno al objeto de realizar aquellos desplazamientos de carácter oficial que resulten necesarios con motivo de la Cumbre de Países del Sur de la UE que se desarrollará en Madrid. Séptima. La Presidencia del Gobierno se compromete a guardar y custodiar los Vehículos en un lugar cerrado, o establecido de forma específica para este fin, y con vigilancia de carácter permanente, así como a que los mismos únicamente sean conducidos por personal autorizado. Octava. En caso de avería o siniestro de alguno de los Vehículos, la Presidencia del Gobierno deberá comunicarlo inmediatamente a las personas designadas por VGED y por SEAT para cada una de las marcas, de forma que las referidas compañías se hagan cargo de los Vehículos por medio de uno de los Servicios Oficiales de Postventa que forman parte de la Red de VGED y de SEAT. Las reparaciones y tareas de mantenimiento serán, con carácter general, por cuenta y cargo exclusivo de VGED y de SEAT y deberán efectuarse necesariamente en alguna de las instalaciones oficiales de VGED y de SEAT siguiendo el proceso indicado anteriormente. Efectuada la reparación de los Vehículos, VGED y SEAT los entregarán a la Presidencia del Gobierno. Novena. En caso de siniestro que precise la intervención de la Policía Local, Guardia Civil o cualquier otro Cuerpo de la Seguridad del Estado, Comunidad Autónoma o Entidades Locales, la Presidencia del Gobierno, se pondrá en contacto con el departamento correspondiente designado por VGED y por SEAT para cada una de las marcas, a fin de efectuar los trámites precisos en cada caso. En cualquier caso, la Presidencia del Gobierno, deberá remitir por escrito a VGED y a SEAT con la mayor brevedad posible, un informe detallado del siniestro en el que deberán constar, como mínimo, los datos personales completos de los conductores implicados en el siniestro así como de los eventuales testigos; las matrículas de los vehículos involucrados; la compañía aseguradora correspondiente al vehículo contrario y el número de la póliza del seguro, con el fin de que VGED y/o SEAT puedan realizar adecuadamente las gestiones oportunas para la defensa de sus intereses frente a la compañía aseguradora y cualquier tercero que eventualmente deba intervenir en todo ello. En este sentido, la Presidencia del Gobierno acepta las condiciones de seguro que constan en las pólizas suscritas por VGED y por SEAT respecto a los Vehículos que se ponen a su disposición y que se relacionan en el anexo I, cuyas pólizas se incluyen en el anexo II, y se obliga asimismo a responder de los daños que no se encuentren cubiertos por la referidas pólizas de seguros. Sin perjuicio de lo anterior, la Presidencia del Gobierno responderá plenamente, y en todo caso con carácter solidario, frente a VGED y a SEAT, de los daños ocasionados a los Vehículos cedidos, a otros vehículos, bienes y/o personas con motivo del uso de los Vehículos para fines no autorizados, con independencia de que, posteriormente la Presidencia de Gobierno pueda solicitar las responsabilidades oportunas, en su caso, a quienes hubieran hecho uso indebido de los Vehículos. Décima. La devolución de los Vehículos cedidos para la Cumbre de Países del Sur de la UE se efectuará el día 12 de abril en la sede del Parque Móvil del Estado, en Madrid. La Presidencia del Gobierno informará a VGED y a SEAT con la antelación suficiente para que proceda a su retirada. Los Vehículos serán devueltos en perfecto estado de uso y mantenimiento atendiendo a su antigüedad y su desgaste normal. Los gastos de transporte con motivo de la devolución de los Vehículos serán por cuenta y cargo de VGED y de SEAT asumiendo cada marca los que les correspondan. Undécima. La Presidencia del Gobierno asegurará en todo momento, la identificación de los conductores de los Vehículos, durante el periodo de cesión, así como el conocimiento por parte de los conductores de las condiciones de su uso, enviando a VGED y a SEAT copia de las Autorizaciones de Uso de Vehículo que se adjunta como anexo III. A fin de permitir a VGED y a SEAT cumplir con sus obligaciones de identificación de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, la Presidencia del Gobierno mantendrá un listado actualizado con los datos de identificación necesarios (nombre y apellidos, domicilio y permiso de conducir válido). En caso de que VGED y SEAT no puedan comunicar válidamente los datos de un conductor por falta o incorrección de datos y se le sancionara por ello, repercutirán el coste de la sanción a la Presidencia del Gobierno. En cualquier caso, la Presidencia del Gobierno asumirá cualquier sanción que tenga su origen en infracciones de la normativa vigente en materia de tráfico y seguridad vial. Duodécima. Para resolver las dudas o controversias que pudieran suscitarse en la interpretación y ejecución de este Convenio, será de aplicación la legislación administrativa contenida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y, supletoriamente, los principios inspiradores del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, siendo competente la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer todas aquellas cuestiones litigiosas que puedan surgir del mismo. Decimotercera. Cualquier modificación de las presentes condiciones sólo tendrá validez si así se conviniera por escrito y de común acuerdo entre la Presidencia del Gobierno, VGED y SEAT. En este sentido las Partes podrán, de mutuo acuerdo, modificar la composición de la flota relacionada en el referido anexo I si las circunstancias lo requiriesen. Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio, por triplicado, en el lugar y fechas indicados al principio del mismo.–El Subsecretario del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, José María Jover Gómez-Ferrer.–El Presidente de Volkswagen Group España Distribución, SA, Francisco José Pérez Botello.–El Director Financiero de Volkswagen Group España Distribución, SA, Stephan Mund.–El Vicepresidente de Relaciones Gubernamentales e Institucionales de SEAT, SA, Ramón Paredes Sánchez-Collado.–El Vicepresidente de Finanzas, IT y Organización de SEAT, SA, Holger Kintscher. ANEXO I Vehículos (Omitido) ANEXO II Relación de pólizas de seguros (Omitido) ANEXO III Autorizaciones de uso de Vehículos Autorización para la cesión de Vehículos de Volkswagen Group España Distribución, SA, a terceros D. …………………………………, con DNI ……………… y domicilio en ………………., actuando en nombre y representación de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno: – Recibe como cesionario el Vehículo propiedad de Volkswagen Group España Distribución, SA, cuyos datos son: Modelo ……………, bastidor n.º ……………, matrícula ……………………. – El referido Vehículo se cede con el objeto de ser utilizado durante la Cumbre de Países del Sur de la UE hasta el día 12 de abril de 2017, fecha en que deberá devolverlo en Madrid a Volkswagen Group España Distribución, SA. La recepción del vehículo supone la aceptación íntegra de las condiciones que figuran en este documento. Madrid, ........ de ................................ de 2017. Conforme: El interesado Por Volkswagen Group España Distribución, SA Condiciones: 1. La Presidencia del Gobierno asume todas las responsabilidades que puedan derivarse por culpa o negligencia en el cuidado y uso del Vehículo, por utilizarlo con finalidad distinta a la específicamente señalada o por cesión del mismo a un tercero sin el conocimiento y autorización escrita de Volkswagen Group España Distribución, SA, comprometiéndose a devolver el coche a Volkswagen Group España Distribución, SA, el día de vencimiento del plazo de prestación. 2. Volkswagen Group España Distribución, SA, no se hace responsable de aquellas sanciones que pudieran producirse imputables a infracciones cometidas por el conductor y motivadas por cualquiera de las siguientes causas: a) Carencia de permiso de conducir o no llevarlo en el momento de ser requerido. b) Circular con el coche sin que este reúna las condiciones exigidas por Tráfico, motivadas por averías, desperfectos, etc., que tuvieran origen posterior a la entrega del coche por Volkswagen Group España Distribución, SA. c) Extravío de la documentación. d) Aparcamiento indebido. e) Así como todas aquellas contravenciones al Código de la Circulación que pudieran producirse. 3. Volkswagen Group España Distribución, SA, no asume ninguna responsabilidad por los daños que puedan derivarse del uso del Vehículo para el conductor, sus familiares o terceras personas que, en su caso, puedan viajar en el mismo, cualquiera que sea la causa que los produjera y que excedan de la cobertura de riesgo que amparan los seguros que se indican a continuación: a) Seguro obligatorio. b) Daños a terceros con las siguientes coberturas: i. Daños a terceros. ii. Responsabilidad civil ilimitada. iii. Defensa criminal. iv. Reclamación de daños. c) Seguro de Ocupantes en los límites establecidos en la Póliza suscrita por Volkswagen Group España Distribución, SA, a estos efectos. 4. En caso de accidente, deberán comunicarlo a Volkswagen Group España Distribución, SA, en un plazo no superior a tres días a partir de la fecha del siniestro. Los gastos de combustible corren por cuenta de la Presidencia del Gobierno para el uso de este Vehículo. Autorización para la cesión de vehículos de SEAT, SA, a terceros D. …………………………………, con DNI ……………… y domicilio en………………., actuando en nombre y representación de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno: – Recibe como cesionario el vehículo propiedad de SEAT, SA, cuyos datos son: Modelo ……………, bastidor n.º ……………, matrícula ……………………. – El referido vehículo se cede con el objeto de ser utilizado durante la Cumbre de Países del Sur de la UE hasta el día 12 de abril de 2017, fecha en que deberá devolverlo en Madrid a SEAT, SA. La recepción del vehículo supone la aceptación íntegra de las condiciones que figuran en este documento. Madrid, ........ de ................................ de 2017. Conforme: El interesado Por SEAT, SA Condiciones: 1. La Presidencia del Gobierno asume todas las responsabilidades que puedan derivarse por culpa o negligencia en el cuidado y uso del Vehículo, por utilizarlo con finalidad distinta a la específicamente señalada o por cesión del mismo a un tercero sin el conocimiento y autorización escrita de SEAT, SA, comprometiéndose a devolver el coche a SEAT, SA, el día de vencimiento del plazo de prestación. 2. SEAT, SA, no se hace responsable de aquellas sanciones que pudieran producirse imputables a infracciones cometidas por el conductor y motivadas por cualquiera de las siguientes causas: a) Carencia de permiso de conducir o no llevarlo en el momento de ser requerido. b) Circular con el coche sin que este reúna las condiciones exigidas por Tráfico, motivadas por averías, desperfectos, etc., que tuvieran origen posterior a la entrega del coche por SEAT, SA. c) Extravío de la documentación. d) Aparcamiento indebido. e) Así como todas aquellas contravenciones al Código de la Circulación que pudieran producirse. 3. SEAT, SA, no asume ninguna responsabilidad por los daños que puedan derivarse del uso del Vehículo para el conductor, sus familiares o terceras personas que, en su caso, puedan viajar en el mismo, cualquiera que sea la causa que los produjera y que excedan de la cobertura de riesgo que amparan los seguros que se indican a continuación: a) Seguro obligatorio. b) Daños a terceros con las siguientes coberturas: i. Daños a terceros. ii. Responsabilidad civil ilimitada. iii. Defensa criminal. iv. Reclamación de daños. c) Seguro de Ocupantes en los límites establecidos en la Póliza suscrita por SEAT, SA, a estos efectos. 4. En caso de accidente, deberá comunicarse a SEAT, SA, en un plazo no superior a tres días a partir de la fecha del siniestro. 5. Los gastos de combustible corren por cuenta de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno para el uso de este Vehículo.

Cumbres patrocinadas. Volkswagen+Seat cedieron 18 coches para la de Países del Sur a cambio de que se lucieran

El Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y las empresas Volkswagen Group España Distribución, SA, y SEAT, SA, han suscrito con fecha 7 de abril de 2017 un Convenio de colaboración en actividades de interés general para la cesión de los vehículos a utilizar durante los actos oficiales de la Cumbre de Países del Sur de la UE. Para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», del referido Convenio, como anejo a la presente Resolución. Madrid, 11 de abril de 2017.–El Subsecretario de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, José María Jover Gómez-Ferrer. ANEJO Convenio de colaboración en actividades de interés general entre el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y las empresas Volkswagen Group España Distribución, SA, y SEAT, SA, para la cesión de los vehículos a utilizar durante los actos oficiales de la Cumbre de Países del Sur de la UE. En Madrid, a 7 de abril de 2017. REUNIDOS De una parte, don José María Jover Gómez-Ferrer, Subsecretario del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, nombrado por Real Decreto 453/2016, de 11 de noviembre de 2016, facultado para la suscripción del presente Convenio en virtud de la competencia delegada en el apartado primero.2, letra c), de la Orden PRE/934/2012, de 24 de abril, en nombre y representación de la Presidencia del Gobierno español (en adelante, la «Presidencia del Gobierno»). De otra parte, don Francisco José Pérez Botello, mayor de edad, de nacionalidad española, con DNI en vigor núm. 2XXXXX94-P y don Stephan Mund, mayor de edad, de nacionalidad alemana, con NIE en vigor núm. Y-XXXXX03-B, en nombre y representación de Volkswagen Group España Distribución, SA, con domicilio en calle de la Selva, 22, Parque de Negocios Mas Blau II, El Prat de Llobregat (Barcelona), en su condición de Presidente y Director Financiero de la referida entidad, respectivamente (en adelante, «VGED»), y De otra parte, don Ramón Paredes Sánchez-Collado, mayor de edad, de nacionalidad española con DNI en vigor núm. 3XXXXX18-F y don Holger Kintscher, mayor de edad, de nacionalidad alemana, con NIE en vigor núm. Y-XXXXX51-W en nombre y representación de SEAT, SA, con domicilio en autovía A-2, km 585, 08760, Martorell (Barcelona), en su condición de Vicepresidente de Relaciones Gubernamentales e Institucionales y Vicepresidente de Finanzas, IT y Organización de la referida entidad, respectivamente (en adelante, «SEAT»). Las partes intervinientes (en adelante, conjuntamente, referidas como las Partes e, individualmente, como la Parte) se reconocen competencia recíproca para la suscripción del presente Convenio de colaboración y, en su virtud, EXPONEN I. Que entre los días 9 y 10 de abril de 2017 está prevista la Cumbre de Países del Sur de la UE en el Pardo (Madrid). II. Que la preparación y desarrollo de la Cumbre de Países del Sur de la UE conlleva la utilización de servicios de automoción con el fin de poder atender su realización, requiriendo para ello vehículos de gran seguridad y calidad. III. Que es deseo de ambas Partes suscribir el presente Convenio de colaboración (en adelante referido como el Convenio) de acuerdo con lo determinado en el artículo 4.1, apartado d), del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y al amparo de lo dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En virtud del presente Convenio VGED y SEAT, pretenden potenciar el posicionamiento en el mercado de las marcas que representan, dotándolas de mayor presencia con ocasión de un acontecimiento de la repercusión de la Cumbre de Países del Sur de la UE. Las actuaciones expuestas anteriormente se desarrollarán de acuerdo con las estipulaciones que ambas partes acuerdan. ESTIPULACIONES Primera. El presente Convenio tiene por objeto la cesión por parte de VGED y SEAT a favor de la Presidencia del Gobierno, del derecho de uso de un total de dieciocho (18) vehículos (6 vehículos de la marca SEAT, 6 vehículos de la marca Volkswagen y 6 vehículos de la marca Audi) –en adelante referidos como los «Vehículos»–, y el establecimiento de las condiciones en las que se realizará dicha cesión. Se adjunta como anexo I la relación concreta de los Vehículos. Segunda. La cesión de los Vehículos se realiza para su utilización con ocasión de la Cumbre de Países del Sur de la UE que se desarrollará el día 10 del mes de abril próximo, por lo que el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de su firma hasta el 12 de abril de 2017, salvo que antes de su terminación ambas partes acuerden su prórroga por escrito. Tercera. La cesión de los Vehículos se efectúa sin coste alguno para la Presidencia del Gobierno, no existiendo obligación alguna de abonar a VGED y a SEAT importe alguno en concepto de cesión. Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otros importes que pudieran devengarse a favor de VGED y de SEAT y debieran abonarse por la Presidencia del Gobierno con arreglo al presente Convenio. Cuarta. Como contraprestación a la cesión de los Vehículos, la Presidencia del Gobierno se compromete a poner su mayor empeño para que la flota de Vehículos de VGED y de SEAT obtengan la máxima visibilidad en los medios de comunicación social. Quinta. Los Vehículos serán entregados por VGED y por SEAT a la Presidencia del Gobierno, en el Parque Móvil del Estado, siendo por cuenta y cargo de VGED y de SEAT los gastos de transporte derivados de la entrega, asumiendo cada marca los que le correspondan. La entrega de los Vehículos cedido ### RESUMEN: Cumbres patrocinadas. Volkswagen+Seat cedieron 18 coches para la de Países del Sur a cambio de que se lucieran

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento de Redondela. b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación. c) Número de expediente: C-12088. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.redondela.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Suministro e instalación de pavimento de césped artificial y de los elementos de equipamiento en dos campos de fútbol en el área deportiva de Santa Mariña. Asimismo comprende la obligación de realizar el mantenimiento de acuerdo con las especificaciones del Pliego de prescripciones técnicas. c) Lote: No. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39293400-6. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 247.883.57 euros. Importe total: 299.939.12 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 11/12/2012. b) Fecha de formalización del contrato: 31/12/2012. c) Contratista: Gabrat, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 223.095.21 euros. Importe total: 269.945.20 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa, período de mantenimiento y número de intervenciones de mantenimiento anuales. Redondela, 4 de febrero de 2013.- El Alcalde, Javier Bas Corugeira.

Contrato para el Suministro e instalación de pavimento de césped artificial y de los elementos de equipamiento en dos campos de fútbol en el área deportiva de Santa Mariña por importe total de 269.945.20 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento de Redondela. b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación. c) Número de expediente: C-12088. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.redondela.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Suministro e instalación de pavimento de césped artificial y de los elementos de equipamiento en dos campos de fútbol en el área deportiva de Santa Mariña. Asimismo comprende la obligación de realizar el mantenimiento de acuerdo con las especificaciones del Pliego de prescripciones técnicas. c) Lote: No. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39293400-6. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 247.883.57 euros. Importe total: 299.939.12 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 11/12/2012. b) Fecha de formalización del contrato: 31/12/2012. c) Contratista: Gabrat, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 223.095.21 euros. Importe total: 269.945.20 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa, período de mantenimiento y número de intervenciones de mantenimiento anuales. Redondela, 4 de febrero de 2013.- El Alcalde, Javier Bas Corugeira. ### RESUMEN: Contrato para el Suministro e instalación de pavimento de césped artificial y de los elementos de equipamiento en dos campos de fútbol en el área deportiva de Santa Mariña por importe total de 269.945.20 euros.

Entre las funciones atribuidas al Centro de Investigaciones Sociológicas figura la promoción y estímulo de la investigación social aplicada, mediante la convocatoria de becas y ayudas, así como la participación en programas de formación de técnicos y especialistas en la materia. Para llevar a cabo tales acciones resulta oportuno convocar estas subvenciones para el año 2014. Consecuentemente, resulta oportuno que por el Centro de Investigaciones Sociológicas se convoquen ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS y para la finalización de tesis doctorales en ciencia política o sociología, en materias de interés para el Organismo. En virtud de lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley y en la Orden PRE/1868/2010, de 5 de julio, modificada por la Orden PRE/3008/2011, de 28 de octubre por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión por el Centro de Investigaciones Sociológicas de subvenciones para formación e investigación en materias de interés para el Organismo, esta Presidencia ha resuelto la convocatoria de ayudas de formación e investigación en los siguientes términos: Primera. Objeto. La presente Resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de objetividad y publicidad, cinco ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS, y dos ayudas para la finalización de tesis doctorales en ciencia política o sociología, en materias de interés para el Organismo. De las cinco ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS, dos serán para investigadores individuales y tres para equipos de investigación. Segunda. Dotación de las ayudas. 1. La dotación económica para cada modalidad de subvención y con carácter individual será la siguiente: a) En las ayudas individuales para la explotación del Banco de Datos del CIS la cuantía de cada una será de 6.000 euros. b) En las ayudas a un equipo investigador para la explotación del Banco de Datos del CIS la cuantía de cada una será de 10.000 euros. c) En las ayudas para la finalización de tesis doctorales la cuantía será de 5.000 euros cada una. 2. Las ayudas, que ascienden a un total de 52.000€, se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 25.102.462-M.481 del presupuesto del Centro de Investigaciones Sociológicas para 2013. 3. El pago de las ayudas se realizará con posterioridad a la actividad subvencionada, procediendo en todo caso la retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 4. El disfrute de la ayuda será de carácter anual e incompatible con el de cualquier otra ayuda o subvención pública o privada simultáneas de similares características. No podrán participar en el proceso de selección aquellos candidatos que hubieran recibido del CIS una ayuda de la misma modalidad en la convocatoria inmediatamente anterior. Tercera. Requisitos de los beneficiarios. 1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en la presente convocatoria todas aquellas personas de nacionalidad española. También podrán ser beneficiarios de estas ayudas los ciudadanos de algún Estado miembro de la Unión Europea o de terceros países que desarrollen su labor investigadora en España. En todos los casos deberán encontrarse, en el plazo de presentación de las solicitudes, en las condiciones que exige esta convocatoria para acceder a la subvención. 2. En relación con la titulación académica exigida para concurrir a las distintas ayudas previstas, ésta se refiere a un título oficial español u otro equivalente expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, previa homologación de sus títulos o reconocimiento del grado académico. 3. Los solicitantes, para obtener la condición de beneficiario, no podrán incurrir en ninguna de las causas de inhabilitación previstas en el artículo 13.2 de la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, en particular, deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Al amparo de lo previsto en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la presentación de la solicitud de la ayuda conllevará la autorización del solicitante al órgano concedente para obtener, de forma directa, las certificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que adjunte un documento denegando expresamente tal consentimiento, en cuyo caso se aportarán en ese momento los certificados oportunos que acrediten tales circunstancias. 4. No podrán padecer ninguna enfermedad ni limitación física o psíquica que les imposibilite para el cumplimiento de sus obligaciones como beneficiario de la ayuda. 5. Los beneficiarios individuales de las ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS deberán acreditar que han superado el Diploma de Estudios Avanzados (Suficiencia investigadora) o equivalente. 6. Los investigadores principales de equipos de investigación beneficiarios de las ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS deberán estar en posesión del título de doctor en alguna disciplina o área de las ciencias sociales. 7. Los beneficiarios de las ayudas para la finalización de tesis doctorales deberán acreditar que han superado el Diploma de Estudios Avanzados (Suficiencia investigadora) o equivalente, y justificar que se está en la fase de finalización de la tesis doctoral en ciencia política o sociología. Cuarta. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 1. La aceptación de estas ayudas implica el compromiso de conformidad con las reglas establecidas por el Centro de Investigaciones Sociológicas en la Orden PRE/1868/2010, de 5 de julio, modificada por la Orden PRE/3008/2011 de 28 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión por el Centro de Investigaciones Sociológicas de subvenciones para formación e investigación en materias de interés para el Organismo. 2. De conformidad con lo establecido por el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a: a) Aceptar, desde la solicitud de la ayuda a la posible concesión de la misma, lo dispuesto en las bases reguladoras y en esta convocatoria. b) Llevar a cabo la actividad de investigación para la que ha sido concedida la ayuda en los plazos y condiciones especificados en esta convocatoria. c) Acreditar ante la Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión y disfrute de la ayuda. Asimismo, los beneficiarios de las ayudas deberán cumplir los objetivos de la misma con unos niveles de dedicación y rendimiento satisfactorios y cumplir las directrices establecidas. d) Presentar la documentación que se relaciona en la disposición decimosegunda en los plazos allí explicitados. e) Comunicar al Centro de Investigaciones Sociológicas la obtención de cualquier otra ayuda o subvención para la misma finalidad procedente de cualquier Administración, ente público nacional o internacional o entidades privadas. f) Acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los términos previstos en la disposición 3.3 de la presente Resolución. La concesión y disfrute de las ayudas no establece relación contractual o estatutaria entre el beneficiario y el Centro de Investigaciones Sociológicas y, por consiguiente, no supondrá en ningún caso relación de empleo ni funcionarial con el citado órgano, ni implica compromiso alguno en cuanto a la posterior incorporación del interesado a la plantilla del mismo. Quinta. Duración de las ayudas. El disfrute de las ayudas concluirá el día 31 de diciembre de 2014. Sexta. Formalización de solicitudes. 1. Las solicitudes se formalizarán en los modelos que figuran como Anexo I o Anexo II, según se trate de solicitudes individuales o de equipos de investigación, se dirigirán al Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas y podrán presentarse en el Registro General del Centro de Investigaciones Sociológicas (calle Montalbán, n.º 8, 3.ª planta, 28014. Madrid), en horario de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 14:00 horas) o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, los interesados, siempre que posean un certificado de firma electrónica válida, podrán presentar las solicitudes a través de la Sede Electrónica del Centro de Investigaciones Sociológicas, https://sedempr.gob.es, utilizando para ello la aplicación informática disponible a este efecto dentro de la Sede Electrónica del Ministerio de la Presidencia, de acuerdo con lo establecido en la Orden PRE/1009/2010, de 23 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de la Presidencia. Para que se considere que la solicitud ha sido recibida en tiempo y forma será necesario contar con resguardo acreditativo de la presentación emitido por el Registro Electrónico. El Centro de Investigaciones Sociológicas facilitará información sobre la convocatoria en el Departamento de Publicaciones y Fomento de la Investigación, en los teléfonos 91 5807696/915807615, por correo electrónico: fomento_investigacion@cis.es y a través de la página web: www.cis.es, donde también se expondrán las bases de la convocatoria, el modelo de solicitud, la Resolución provisional de adjudicación así como la definitiva. 2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 3. Cada solicitud irá acompañada de la siguiente documentación: a) Currículum vitae, con exposición de los méritos académicos y profesionales del solicitante y, cuando proceda, de los componentes del equipo de trabajo. Se añadirá declaración de las investigaciones realizadas, o en las que los solicitantes hayan participado en los últimos cinco años. b) Para las Ayudas a la explotación del Banco de Datos del CIS: breve memoria explicativa del proyecto de investigación, con una extensión no superior a las 2.500 palabras, en la que se expongan los objetivos generales, la originalidad y el interés del tema propuesto, la metodología y las fuentes de datos que se utilizarán y el número de referencia de los estudios del Banco de Datos del CIS solicitados. Una copia en soporte electrónico y anonimizada de esta memoria se deberá enviar a la dirección fomento_investigación@cis.es haciendo constar en el asunto «Ayudas a la Investigación». Cuando se trate de un equipo de investigación, la solicitud deberá ser presentada por el investigador principal y en ella se hará constar expresamente tanto los nombres y apellidos de los investigadores secundarios como los compromisos de ejecución asumidos por cada uno de los miembros del equipo y el importe a aplicar a cada uno de ellos, según establece el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones. c) Para las Ayudas a la finalización de Tesis Doctorales: breve memoria explicativa del proyecto de tesis, con una extensión no superior a las 2.500 palabras, en la que se expongan los objetivos generales, la originalidad y el interés del tema propuesto, la metodología y las fuentes de datos que se utilizarán, la fecha de iniciación y el estado actual de la investigación, así como una carta del director indicando que la tesis será presentada en las fechas indicadas en la convocatoria. Una copia en soporte electrónico y anonimizada de esta memoria se deberá enviar a la dirección fomento_investigación@cis.es haciendo constar en el asunto «Ayudas a la investigación». d) En el caso de solicitantes que sean ciudadanos de algún Estado miembro de la Unión Europea o de terceros países deberán presentar algún documento que acredite que desarrollan su labor investigadora en España. 4. Si la solicitud presentara errores subsanables, se requerirá al solicitante para que en el plazo máximo de diez días hábiles los subsane, con la advertencia de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 5. La documentación original anexa a las solicitudes desestimadas podrá ser recuperada por los interesados en el Centro de Investigaciones Sociológicas en los tres meses siguientes contados a partir de la resolución de concesión de las ayudas. Séptima. Criterios de evaluación. 1. La evaluación y selección de las solicitudes se realizará de conformidad con los principios de concurrencia, objetividad y no discriminación. 2. Serán criterios objetivos para la selección de los beneficiarios los que figuran a continuación. 2.1 En las ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS, tanto individuales como a un equipo investigador: a) La adecuación del proyecto de investigación al objeto de la convocatoria expresado en el artículo 1 de estas bases: hasta 50 puntos. b) La originalidad e interés temático del proyecto propuesto: hasta 25 puntos. c) La calidad metodológica y la utilización de técnicas de investigación social empírica: hasta 25 puntos. 2.2 En las ayudas para la finalización de tesis doctorales: a) La adecuación del proyecto de tesis al objeto de la convocatoria expresado en el artículo 1 de estas bases: hasta 20 puntos. b) La originalidad e interés temático del proyecto de tesis propuesto: hasta 35 puntos. c) La calidad teórica y metodológica de la investigación: hasta 35 puntos. d) La especial utilización del Banco de Datos del CIS: hasta 10 puntos. Octava. Instrucción. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión de ayudas al Departamento de Publicaciones y Fomento de la Investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas, que comprobará el cumplimiento de los requisitos y remitirá la documentación a la Comisión de Valoración. Ésta comunicará su valoración al responsable del Departamento de Publicaciones y Fomento de la Investigación. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución, debidamente motivada, que se notificará a los interesados a través de la página web www.cis.es, tal y como se establece en la estipulación sexta de esta convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, el órgano instructor elevará la propuesta a la Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas, que será la competente para aprobarla como Resolución. Novena. Comisión de Valoración. 1. La Comisión de Valoración, que tendrá por objeto evaluar los méritos de los solicitantes y proponer la adjudicación de las ayudas, es la definida en el artículo séptimo de la Orden PRE/1868/2010, de 5 de julio, modificada por la Orden PRE/3008/2011, de 28 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión por el Centro de Investigaciones Sociológicas de subvenciones para formación e investigación en materias de interés para el Organismo. 2. La Comisión de Valoración, en un plazo no superior a tres meses desde la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias o en su caso, si así se produjera, desde la finalización del plazo de subsanación a que se refiere el numero cuatro del apartado sexto de esta Resolución, comunicará su valoración al responsable del Departamento de Publicaciones y Fomento de la Investigación. Décima. Resolución. 1. De conformidad con lo previsto por el artículo 25.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las ayudas a que se refiere la presente Resolución se concederán por Resolución de la Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas a propuesta de la Comisión de Valoración. 2. La Resolución definitiva que adjudicará las siete ayudas a los candidatos seleccionados y designará como suplentes, para el caso de que se produjeran renuncias, bajas o revocaciones entre los adjudicatarios, al resto de candidatos que hayan obtenido una calificación mínima de 50 puntos, siguiendo el orden de puntuación, se dictará en el plazo de tres meses. 3. Producido el vencimiento del plazo de tres meses para la resolución, sin haberse dictado y notificado expresamente la misma, las pretensiones se entenderán desestimadas por silencio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 4. Contra la Resolución de la Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas, que de acuerdo con el artículo 13.4 del Real Decreto 1214/1997, de 18 de julio, por el que se regula la organización del Centro de Investigaciones Sociológicas, pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 9.c) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Decimoprimera. Notificación y publicación. La resolución definitiva se notificará a cada uno de los beneficiarios en el plazo de 10 días a contar desde la fecha en que el acto se haya dictado, con los requisitos y en las formas establecidas en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo común. Asimismo, se publicará en la página web del Centro de Investigaciones Sociológicas www.cis.es, la lista con los nombres y apellidos de los beneficiarios y suplentes seleccionados. Decimosegunda. Justificación de las ayudas. 1. Para el caso de las ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS deberá presentarse un avance del proyecto (de no más de 2.500 palabras) antes del 31 de julio del año de concesión, conteniendo una somera relación o memoria de lo trabajado hasta esa fecha. Posteriormente, deberá entregarse, antes del 1 de diciembre del año de concesión, dos ejemplares de la investigación en formato papel y uno en formato electrónico junto con un pequeño resumen de los objetivos y principales hallazgos. 2. Para el caso de las ayudas para la finalización de tesis doctorales se deberá presentar, antes del 31 de julio del año de concesión, un breve informe de la situación en la que se encuentran los trámites para la lectura de la tesis. Posteriormente deberán entregarse, antes del 1 de diciembre del año de concesión, dos ejemplares de la tesis en formato papel y uno en formato electrónico junto con un pequeño resumen de los objetivos y principales hallazgos. También deberá presentarse una certificación de la Universidad a la que haya sido presentada la tesis para su lectura. En ambos casos, el responsable del Departamento de Publicaciones y Fomento de la Investigación, a la vista de la documentación presentada, emitirá un informe final de evaluación en el que se certifique el cumplimiento de las condiciones impuestas por la concesión de la ayuda. El CIS se reserva la posibilidad de publicar los textos presentados dentro de sus colecciones editoriales. La aceptación de las ayudas de esta convocatoria supone la cesión de los derechos exclusivos de reproducción, distribución y venta al CIS en todas las modalidades de difusión. Si, previa autorización del CIS, los trabajos se publicaran en otra editorial, deberá mencionarse expresamente la financiación recibida. Decimotercera. Reintegro de la ayudas. En los supuestos de reintegro de las cantidades percibidas por concurrir alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, corresponderá el reintegro total cuando el beneficiario incumpla total y absolutamente las condiciones impuestas para la concesión y la ejecución de la ayuda. En caso de incumplimientos parciales, el Centro de Investigaciones Sociológicas valorará el grado de desarrollo de la investigación, así como el período de ejecución de la misma, procediendo el reintegro respecto de la parte no realizada. En ambos casos, se exigirá el interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. Decimocuarta. Renuncias. En el caso de renuncia a la ayuda concedida, el adjudicatario deberá presentar la correspondiente solicitud fundamentada -con una antelación mínima de 20 días a la fecha de efectos- dirigida a la Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas, quien resolverá si procede la devolución total o parcial de las cantidades percibidas o solamente la anulación de los abonos pendientes. Decimoquinta. Régimen jurídico. Además de lo establecido en la presente Resolución, serán de aplicación: la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Orden PRE/1868/2010, de 5 de julio, modificada por la Orden PRE/3008/2011 de 28 de octubre por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión por el Centro de Investigaciones Sociológicas de subvenciones para formación e investigación en materias de interés para el Organismo, y demás normas vigentes que sean de aplicación. Madrid, 27 de enero de 2014.–El Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, Félix Requena Santos.

5 becas para explotación de base de datos y finalización de tesis en el CIS. De 5.000 a 10.000 euros

Entre las funciones atribuidas al Centro de Investigaciones Sociológicas figura la promoción y estímulo de la investigación social aplicada, mediante la convocatoria de becas y ayudas, así como la participación en programas de formación de técnicos y especialistas en la materia. Para llevar a cabo tales acciones resulta oportuno convocar estas subvenciones para el año 2014. Consecuentemente, resulta oportuno que por el Centro de Investigaciones Sociológicas se convoquen ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS y para la finalización de tesis doctorales en ciencia política o sociología, en materias de interés para el Organismo. En virtud de lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley y en la Orden PRE/1868/2010, de 5 de julio, modificada por la Orden PRE/3008/2011, de 28 de octubre por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión por el Centro de Investigaciones Sociológicas de subvenciones para formación e investigación en materias de interés para el Organismo, esta Presidencia ha resuelto la convocatoria de ayudas de formación e investigación en los siguientes términos: Primera. Objeto. La presente Resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de objetividad y publicidad, cinco ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS, y dos ayudas para la finalización de tesis doctorales en ciencia política o sociología, en materias de interés para el Organismo. De las cinco ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS, dos serán para investigadores individuales y tres para equipos de investigación. Segunda. Dotación de las ayudas. 1. La dotación económica para cada modalidad de subvención y con carácter individual será la siguiente: a) En las ayudas individuales para la explotación del Banco de Datos del CIS la cuantía de cada una será de 6.000 euros. b) En las ayudas a un equipo investigador para la explotación del Banco de Datos del CIS la cuantía de cada una será de 10.000 euros. c) En las ayudas para la finalización de tesis doctorales la cuantía será de 5.000 euros cada una. 2. Las ayudas, que ascienden a un total de 52.000€, se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 25.102.462-M.481 del presupuesto del Centro de Investigaciones Sociológicas para 2013. 3. El pago de las ayudas se realizará con posterioridad a la actividad subvencionada, procediendo en todo caso la retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 4. El disfrute de la ayuda será de carácter anual e incompatible con el de cualquier otra ayuda o subvención pública o privada simultáneas de similares características. No podrán participar en el proceso de selección aquellos candidatos que hubieran recibido del CIS una ayuda de la misma modalidad en la convocatoria inmediatamente anterior. Tercera. Requisitos de los beneficiarios. 1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en la presente convocatoria todas aquellas personas de nacionalidad española. También podrán ser beneficiarios de estas ayudas los ciudadanos de algún Estado miembro de la Unión Europea o de terceros países que desarrollen su labor investigadora en España. En todos los casos deberán encontrarse, en el plazo de presentación de las solicitudes, en las condiciones que exige esta convocatoria para acceder a la subvención. 2. En relación con la titulación académica exigida para concurrir a las distintas ayudas previstas, ésta se refiere a un título oficial español u otro equivalente expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, previa homologación de sus títulos o reconocimiento del grado académico. 3. Los solicitantes, para obtener la condición de beneficiario, no podrán incurrir en ninguna de las causas de inhabilitación previstas en el artículo 13.2 de la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, en particular, deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Al amparo de lo previsto en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la presentación de la solicitud de la ayuda conllevará la autorización del solicitante al órgano concedente para obtener, de forma directa, las certificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que adjunte un documento denegando expresamente tal consentimiento, en cuyo caso se aportarán en ese momento los certificados oportunos que acrediten tales circunstancias. 4. No podrán padecer ninguna enfermedad ni limitación física o psíquica que les imposibilite para el cumplimiento de sus obligaciones como beneficiario de la ayuda. 5. Los beneficiarios individuales de las ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS deberán acreditar que han superado el Diploma de Estudios Avanzados (Suficiencia investigadora) o equivalente. 6. Los investigadores principales de equipos de investigación beneficiarios de las ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS deberán estar en posesión del título de doctor en alguna disciplina o área de las ciencias sociales. 7. Los beneficiarios de las ayudas para la finalización de tesis doctorales deberán acreditar que han superado el Diploma de Estudios Avanzados (Suficiencia investigadora) o equivalente, y justificar que se está en la fase de finalización de la tesis doctoral en ciencia política o sociología. Cuarta. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 1. La aceptación de estas ayudas implica el compromiso de conformidad con las reglas establecidas por el Centro de Investigaciones Sociológicas en la Orden PRE/1868/2010, de 5 de julio, modificada por la Orden PRE/3008/2011 ### RESUMEN: 5 becas para explotación de base de datos y finalización de tesis en el CIS. De 5.000 a 10.000 euros

A propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de marzo de 2018, Vengo en nombrar Director General del Servicio Público de Empleo a don Ignacio Niño Pérez. Dado en Madrid, el 9 de marzo de 2018. FELIPE R. La Ministra de Empleo y Seguridad Social, FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA

Nombrado como Director General del Servicio Público de Empleo a Ignacio Niño Pérez.

A propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de marzo de 2018, Vengo en nombrar Director General del Servicio Público de Empleo a don Ignacio Niño Pérez. Dado en Madrid, el 9 de marzo de 2018. FELIPE R. La Ministra de Empleo y Seguridad Social, FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA ### RESUMEN: Nombrado como Director General del Servicio Público de Empleo a Ignacio Niño Pérez.

Habiéndose declarado firme en vía administrativa la sanción impuesta a Coudree Capital por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en la letra x) del artículo 99 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se procede a publicar, conforme a lo establecido en el artículo 102 de dicho texto legal, la sanción impuesta mediante Orden Ministerial de fecha 2 de julio de 2015 que, tras la exposición de hechos y fundamentos jurídicos, concluye con el siguiente fallo: «Imponer a Coudree Capital por la comisión de una infracción muy grave de la letra x) del artículo 99 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por incumplimiento de lo establecido en el artículo 36 del mismo texto legal, por haber realizado ventas en corto descubiertas de acciones de Bankia, S.A., los días 20, 21 y 22 de mayo de 2013, con vulneración de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, sobre las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago, una multa por importe de 70.000 euros (setenta mil euros).» La resolución que impone la sanción indicada en la presente publicación, únicamente es firme en vía administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión jurisdiccional que corresponden a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, competente para conocer del recurso que en su caso se haya interpuesto o pudiera interponerse. Madrid, 16 de noviembre de 2015.–La Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, María Elvira Rodríguez Herrer.

Multa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a Coudree Capital por venta en corto de acciones de Bankia

Habiéndose declarado firme en vía administrativa la sanción impuesta a Coudree Capital por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en la letra x) del artículo 99 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se procede a publicar, conforme a lo establecido en el artículo 102 de dicho texto legal, la sanción impuesta mediante Orden Ministerial de fecha 2 de julio de 2015 que, tras la exposición de hechos y fundamentos jurídicos, concluye con el siguiente fallo: «Imponer a Coudree Capital por la comisión de una infracción muy grave de la letra x) del artículo 99 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por incumplimiento de lo establecido en el artículo 36 del mismo texto legal, por haber realizado ventas en corto descubiertas de acciones de Bankia, S.A., los días 20, 21 y 22 de mayo de 2013, con vulneración de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, sobre las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago, una multa por importe de 70.000 euros (setenta mil euros).» La resolución que impone la sanción indicada en la presente publicación, únicamente es firme en vía administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión jurisdiccional que corresponden a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, competente para conocer del recurso que en su caso se haya interpuesto o pudiera interponerse. Madrid, 16 de noviembre de 2015.–La Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, María Elvira Rodríguez Herrer. ### RESUMEN: Multa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a Coudree Capital por venta en corto de acciones de Bankia

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: PREÁMBULO El vigente Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, prevé en su disposición adicional segunda que en el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento jurídico tributario del Estado que afectase a la concertación de los tributos, se produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que afecte al ámbito de la imposición indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta, se procederá por ambas Administraciones, de común acuerdo y por el mismo procedimiento seguido para su aprobación, a la pertinente adaptación del Concierto Económico a las modificaciones que hubiese experimentado el referido ordenamiento. La Ley 28/2007, de 25 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco adecuó esta norma a las novedades introducidas en el ordenamiento jurídico tributario del Estado en el periodo 2002-2007. Tras la modificación de 2007, la Ley 7/2014, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, incorporó la concertación de varios tributos de titularidad estatal creados en el período 2011-2013 así como una serie de adaptaciones con el objeto de adecuarla a las reformas del sistema tributario operadas en el período 2008-2014 y modificaciones en aspectos institucionales del mismo. Desde la modificación operada en 2014 se han introducido otras novedades en el ordenamiento tributario que hacen necesaria la adecuación del Concierto, tal y como exige su disposición adicional segunda. Por ello, en primer lugar, se ha adaptado el Concierto a diversos cambios legislativos que se han producido en la normativa estatal y que estaban pendientes de su incorporación al mismo. Se ha acordado la actualización, entre otros, de los preceptos relativos a grupos fiscales, al Impuesto sobre la Electricidad, a la opción de los no residentes para tributar por el IRPF así como la adaptación de la regulación del delito fiscal de acuerdo con el nuevo régimen establecido en el Código Penal. Asimismo, se ha acordado la concertación del Impuesto sobre el valor de la extracción del gas, petróleo y condensados, creado por la Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se atribuye a las Diputaciones Forales la exacción del impuesto devengado en las adquisiciones realizadas por contribuyentes residentes en el extranjero cuando la mayor parte del valor conjunto de los bienes y derechos transmitidos corresponda a los situados en el País Vasco, así como en las sucesiones de causantes no residentes en territorio español cuando el heredero resida en el País Vasco y en las donaciones a residentes en el País Vasco de inmuebles situados en el extranjero. Asimismo, se modifica la regla del artículo 25.Dos en virtud de la cual las Diputaciones Forales aplicarán la normativa de territorio común no ya cuando el causante o donatario hubiese adquirido la residencia en el País Vasco con menos de cinco años de antelación a la fecha de devengo del impuesto sino cuando hubiese permanecido en territorio común un mayor número de días del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, al devengo del impuesto. En cuanto a la tributación de los Grupos Fiscales, se establece que deberá atenderse a la proporción de volumen de operaciones del grupo a efectos de la exacción de las retenciones en los casos a los que se refiere el segundo párrafo de la letra c) del artículo 7.Uno, el segundo párrafo de la letra a) del artículo 9.Uno y el segundo párrafo del artículo 23.Dos del Concierto. Por otra parte, se han introducido mejoras en la gestión tributaria y en la coordinación entre Administraciones estableciendo, entre otras medidas, un nuevo procedimiento para la regularización de cuotas devueltas de IVA correspondientes a períodos de liquidación anteriores al momento en que se inicie la realización habitual de las operaciones del contribuyente, acordando las reglas para la asignación y revocación del NIF, regulando la colaboración entre Administraciones en relación con las actuaciones de comprobación e investigación y de obtención de información en orden a la exacción de los tributos e introduciendo nuevas reglas de coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras entre Administraciones en supuestos de regularización de operaciones entre personas o entidades vinculadas y de calificación de operaciones de forma diferente a como las haya declarado el contribuyente cuando ello implique una modificación de las cuotas soportadas o repercutidas en los impuestos indirectos en los que se haya establecido el mecanismo de repercusión. Igualmente, se ha acordado la modificación de preceptos reguladores de los puntos de conexión en diversos impuestos. Así, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se modifica la regla de exacción de las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos de trabajo cuando los trabajos o servicios se presten tanto en territorio vasco como en territorio común, dando prioridad a la aplicación del criterio del centro de trabajo. Asimismo, se aplicará ese mismo criterio cuando los trabajos o servicios se presten en el extranjero o a bordo de buques, embarcaciones, artefactos navales o plataformas fijas en el mar y en los casos de teletrabajo, supuestos estos últimos que no estaban contemplados en la redacción actual del Concierto. También se actualiza la regla establecida en el artículo 7.Dos relativa al ingreso de retenciones correspondientes a retribuciones satisfechas a funcionarios y empleados del sector público estatal. En el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido se actualiza, pasando de 7 a 10 millones de euros, la cifra umbral de volumen de operaciones a que se refieren los artículos 14, 15, 19 y 27 del Concierto, que sirve para delimitar la competencia para la exacción y la comprobación de estos impuestos así como, en el caso del Impuesto sobre Sociedades, también la normativa aplicable. Adicionalmente, se atribuye a la Hacienda Foral en ambos impuestos la competencia inspectora, y en el Impuesto sobre Sociedades también la aplicación de la normativa foral, sobre los sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio común y cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiese sido superior a 10 millones de euros siempre que hubieran realizado en el País Vasco el 75 por ciento o más de sus operaciones en dicho ejercicio. Esta última regla se aplica con un porcentaje diferente a las entidades acogidas al régimen especial de grupos de entidades, que se sujetarán a la competencia inspectora y, en su caso, a la normativa foral, en este supuesto únicamente cuando hubieran realizado en el País Vasco todas sus operaciones en el ejercicio anterior. Estas modificaciones serán de aplicación a los períodos impositivos o de liquidación que se inicien a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de No Residentes se modifica la regla aplicable en los supuestos previstos en la letra b) del artículo 22.Cuatro para la exacción y devolución a no residentes sin establecimiento permanente, que pasa de determinarse en función del domicilio fiscal de la persona que presenta la liquidación en representación del no residente a determinarse en función de la administración que ejerza la competencia inspectora sobre dicho representante. Asimismo, se regula un punto de conexión específico para la exacción a no residentes sin establecimiento permanente del Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Por otra parte, se han introducido mejoras técnicas en la regulación de los puntos de conexión de algunas figuras tributarias. Así, en el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito se especifica el punto de conexión aplicable a los depósitos mantenidos mediante sistemas de comercialización no presenciales y otros no susceptibles de territorialización, en el Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte se vincula la exacción del impuesto al domicilio fiscal de la persona física o jurídica que realice el hecho imponible y en el Impuesto sobre Actividades de Juego se prevé un punto de conexión específico para las modalidades de juego en las que no sea exigible la identificación de la residencia del jugador. En relación con la Junta Arbitral prevista en artículo 65 del Concierto Económico, se regula un procedimiento abreviado mediante el que se sustanciarán las cuestiones previstas en la letra b) del artículo 64 y en el artículo 47 Ter.Tres del Concierto. Asimismo, se habilita la posibilidad de resolver conflictos mediante un procedimiento de extensión de efectos y se regula el incidente de ejecución. Finalmente, en relación con la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa prevista en el artículo 63, se le atribuye competencia para resolver sobre las observaciones que se planteen por alguna de las Administraciones en relación con los procedimientos de coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras en supuestos de regularización de operaciones entre personas o entidades vinculadas y de calificación de operaciones previstos en el artículo 47 Ter. Artículo único. Modificación de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se aprueba la modificación del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, en los términos establecidos en el anexo de la presente Ley. Disposición derogatoria única. Uno. Queda derogada la disposición transitoria décima del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo. Dos. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. Disposición final única. Entrada en vigor. Uno. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. Madrid, 28 de diciembre de 2017. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ANEXO Acuerdo Aprobar la modificación del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, conviniendo en la nueva redacción que ha de darse a los artículos siete, nueve, diez, catorce, quince, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veintitrés ter, veinticinco, veintisiete, veintinueve, treinta y uno, treinta y tres, treinta y seis, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, sesenta y cuatro, y la disposición transitoria primera, en la adición de los artículos veintitrés sexies, cuarenta y siete bis, cuarenta y siete ter, sesenta y ocho y en la supresión de la disposición transitoria décima. «Artículo 7. Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo. Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando correspondan a los que a continuación se señalan: a) Los procedentes de trabajos o servicios que se presten en el País Vasco. En el supuesto de que los trabajos o servicios se presten en territorio común y vasco o no se pueda determinar el lugar en donde se realicen los trabajos o servicios, se considerará que los trabajos o servicios se prestan en el territorio donde se ubique el centro de trabajo al que esté adscrita la persona trabajadora. Asimismo en el caso de teletrabajo y en los supuestos en que los trabajos o servicios se presten en el extranjero, o en buques, embarcaciones, artefactos navales o plataformas fijas en el mar se entenderán prestados en el centro de trabajo al que esté adscrita la persona trabajadora. b) Los procedentes de pensiones, haberes pasivos y prestaciones percibidas de los Regímenes Públicos de la Seguridad Social y Clases Pasivas, Instituto Nacional de Empleo, Montepíos, Mutualidades, fondos de promoción de empleo, planes de pensiones, entidades de previsión social voluntaria así como las prestaciones pasivas de empresas y otras entidades, cuando el perceptor tenga su residencia habitual en el País Vasco. c) Las retribuciones que se perciban por la condición de administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y de otros órganos representativos, cuando la entidad pagadora tenga su domicilio fiscal en el País Vasco. Tratándose de entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por el Estado y las Diputaciones Forales, las retenciones corresponderán a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaración-liquidación efectuada por el Impuesto sobre Sociedades. Estas retenciones se exigirán conforme a la normativa foral o común, según que a la entidad pagadora le resulte de aplicación la normativa foral o común del Impuesto sobre Sociedades, y la inspección se realizará por los órganos de la Administración que corresponda por aplicación de este mismo criterio. No obstante lo anterior, las normas relativas al lugar, forma y plazo de presentación de las correspondientes declaraciones-liquidaciones serán las establecidas por la Administración competente para su exacción. Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderán a la Administración del Estado las retenciones relativas a las retribuciones, tanto activas como pasivas, incluidas las pensiones generadas por persona distinta del perceptor, satisfechas por aquélla a los funcionarios y empleados en régimen de contratación laboral o administrativa del Estado. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios y empleados de los Organismos autónomos y entidades públicas empresariales, Sociedades mercantiles estatales, Consorcios de adscripción estatal, Fundaciones estatales, Universidades públicas no transferidas, Autoridades Portuarias de los puertos que se encuentran en territorio vasco.» «Artículo 9. Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos de capital mobiliario. Uno. Las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración del Estado o por la Diputación Foral competente, de acuerdo con las siguientes normas: Primera. Se exigirán por la Diputación Foral competente por razón del territorio las correspondientes a: a) Rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier entidad, así como los intereses y demás contraprestaciones de obligaciones y títulos similares, cuando tales rendimientos sean satisfechos por entidades que tributen exclusivamente por el Impuesto sobre Sociedades en el País Vasco. Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por el Estado y las Diputaciones Forales del País Vasco, la retención corresponderá a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaración-liquidación efectuada por el Impuesto sobre Sociedades. Estas retenciones se exigirán conforme a la normativa foral o común según que a la entidad pagadora le resulte de aplicación la normativa foral o común del Impuesto sobre Sociedades, y la inspección se realizará por los órganos de la Administración que corresponda por aplicación de este mismo criterio. No obstante lo anterior, las normas relativas al lugar, forma y plazo de presentación de las correspondientes declaraciones-liquidaciones serán las establecidas por la Administración competente para su exacción. b) Intereses y demás contraprestaciones de las deudas y empréstitos emitidos por la Comunidad Autónoma, Diputaciones Forales, Ayuntamientos y demás Entes de la Administración territorial e institucional del País Vasco, cualquiera que sea el lugar en el que se hagan efectivas. Los que correspondan a emisiones realizadas por el Estado, otras Comunidades Autónomas, Corporaciones de territorio común y demás Entes de sus Administraciones territoriales e institucionales, aun cuando se satisfagan en territorio vasco, serán exigidas por el Estado. c) Los intereses y demás contraprestaciones de operaciones pasivas de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y entidades equiparadas a las mismas, así como de las efectuadas en cualquier otro establecimiento de crédito o institución financiera, cuando el perceptor del rendimiento tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco. d) Los rendimientos derivados de operaciones de capitalización y de contratos de seguros de vida o invalidez, cuando el beneficiario de los mismos o el tomador del seguro en caso de rescate tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco. e) Las rentas vitalicias y otras temporales que tengan por causa la imposición de capitales, cuando el beneficiario de las mismas tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco. f) Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, cuando el sujeto pasivo no sea el autor y, en todo caso, los de la propiedad industrial y de la prestación de asistencia técnica, cuando la persona o entidad que los satisfaga se halle domiciliada fiscalmente en el País Vasco. g) Los procedentes del arrendamiento de bienes, derechos, negocios o minas y análogos, cuando estén situados en territorio vasco. Segunda. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria, será competente para exigir la retención la Administración del territorio donde radiquen los bienes objeto de la garantía. Cuando los bienes hipotecados estuvieran situados en territorio común y vasco, corresponderá a ambas Administraciones exigir la retención, a cuyo fin se prorratearán los intereses proporcionalmente al valor de los bienes objeto de hipoteca, salvo en el supuesto de que hubiese especial asignación de garantía, en cuyo caso será esta cifra la que sirva de base para el prorrateo. Tercera. Cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento, la retención se exigirá por la Administración del territorio donde la garantía se inscriba. Cuarta. Cuando se trate de intereses de préstamos simples, del precio aplazado en la compraventa y otros rendimientos derivados de la colocación de capitales, las retenciones se exigirán por la Administración del territorio donde se halle situado el establecimiento o tenga su residencia habitual o domicilio fiscal la entidad o persona obligada a retener. Dos. En la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere este artículo, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común. Artículo 10. Retenciones e ingresos a cuenta por determinadas ganancias patrimoniales. Uno. Las retenciones relativas a las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión o reembolso de acciones y participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva, así como de la transmisión de derechos de suscripción, se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración del Estado o por la Diputación Foral competente por razón del territorio, según que el accionista o partícipe tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en territorio común o vasco. Dos. Las retenciones correspondientes al Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración del Estado o por la Diputación Foral competente por razón del territorio según que el perceptor de los mismos tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en territorio común o vasco. Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a premios distintos de los especificados en el párrafo anterior que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios, se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la Administración del Estado o por la Diputación Foral competente por razón del territorio, según que el pagador de los mismos tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en territorio común o vasco. En la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere este apartado, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común.» «Artículo 14. Normativa aplicable. Uno. El Impuesto sobre Sociedades es un tributo concertado de normativa autónoma para los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco. No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 10 millones de euros, y en dicho ejercicio hubieran realizado en territorio común el 75 por ciento o más de su volumen de operaciones, quedarán sometidos a la normativa de dicho territorio. Será de aplicación la normativa autónoma a los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 10 millones de euros y en dicho ejercicio hubieran realizado en el País Vasco el 75 por ciento o más de su volumen de operaciones, salvo que se trate de sujetos pasivos que formen parte de un grupo fiscal y cuyo domicilio fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 10 millones de euros, en cuyo caso, será de aplicación la normativa autónoma únicamente si en dicho ejercicio hubieran realizado en el País Vasco la totalidad de las operaciones. Dos. Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido en un ejercicio por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad. Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las operaciones definidas como tales en la legislación reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido. Si el ejercicio anterior fuese inferior a un año, el volumen de operaciones a que se refiere al apartado Uno anterior será el resultado de elevar al año las operaciones realizadas durante el ejercicio. Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección, se entenderá que un sujeto pasivo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 16, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios. Cuatro. En el supuesto de inicio de la actividad se atenderá al volumen de las operaciones realizadas en el primer ejercicio, y si éste fuese inferior a un año, el volumen de operaciones será el resultado de elevar al año las operaciones realizadas durante el ejercicio. Hasta que se conozcan el volumen y el lugar de realización de las operaciones en este ejercicio, se tomarán como tales, a todos los efectos, los que el sujeto pasivo estime en función de las operaciones que prevea realizar durante el ejercicio de inicio de la actividad.» Artículo 15. Exacción del Impuesto. Uno. Corresponderá de forma exclusiva a las Diputaciones Forales la exacción del Impuesto sobre Sociedades de los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco y su volumen de operaciones en el ejercicio anterior no hubiere excedido de 10 millones de euros. Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiere excedido de 10 millones de euros tributarán, cualquiera que sea el lugar en que tengan su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administración del Estado o a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el ejercicio. La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante el ejercicio se determinará por aplicación de las reglas que se establecen en el artículo siguiente y se expresará en porcentaje redondeado con dos decimales.» «Artículo 19. Inspección del Impuesto. Uno. La inspección del Impuesto se realizará por la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en el País Vasco. No obstante, la inspección de los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 10 millones de euros y en dicho ejercicio hubieran realizado en territorio común el 75 por ciento o más de su volumen de operaciones corresponderá a la Administración del Estado. Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 10 millones de euros y en dicho ejercicio hubieran realizado en el País Vasco el 75 por ciento o más de su volumen de operaciones, se realizará por la Diputación Foral competente por razón del territorio. Dos. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a la normativa de la Administración competente, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, sin perjuicio de la colaboración del resto de las Administraciones. Si como consecuencia de las actuaciones inspectoras resultase una deuda a ingresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, sin perjuicio de las compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto de las Administraciones afectadas. Tres. Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las facultades que corresponden en su territorio a las Diputaciones Forales en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones de los órganos de las Administraciones competentes. Cuatro. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que, con posterioridad a dichas comprobaciones, se acuerden con carácter definitivo entre ambas Administraciones. Cinco. Las Administraciones Tributarias que no ostenten la competencia inspectora podrán verificar, con independencia de dónde se entendieran realizadas, todas aquellas operaciones que pudieran afectar al cálculo del volumen de operaciones atribuido por aquellas, a los solos efectos de comunicar lo actuado a la Administración tributaria con competencia inspectora, sin que ello produzca efectos económicos para el contribuyente. Artículo 20. Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas, y grupos fiscales. Uno. El régimen tributario de las agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas, corresponderá al País Vasco cuando la totalidad de las entidades que las integren estén sujetas a normativa foral. Estas entidades imputarán a sus socios la parte correspondiente del importe de las operaciones realizadas en uno y otro territorio, que será tenida en cuenta por éstos para determinar la proporción de sus operaciones. Dos. 1. Los grupos fiscales estarán sujetos al régimen de consolidación fiscal foral cuando todas las entidades que forman el grupo fiscal estuvieran sujetas a normativa foral en régimen de tributación individual, y estarán sujetos al régimen de consolidación fiscal de territorio común cuando todas las entidades que forman el grupo fiscal estuvieran sujetas a normativa de territorio común en régimen de tributación individual. A estos efectos, se considerarán excluidas del grupo fiscal las entidades que estuvieran sujetas a la otra normativa. La competencia inspectora de los grupos fiscales corresponderá a la Administración Tributaria cuya normativa sea aplicable de acuerdo con las normas establecidas en el presente artículo. En todo caso, se aplicará idéntica normativa a la establecida en cada momento por el Estado para la definición de grupo fiscal, entidad dominante, entidades dependientes, entidad representante, grado de dominio y operaciones internas del grupo. 2. Para la aplicación del régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales se seguirán las reglas siguientes: Primera. Las entidades integrantes del grupo presentarán, de conformidad con las normas generales a que se refiere este Concierto, la declaración establecida para el régimen de tributación individual. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la entidad representante del grupo fiscal presentará a cada una de las Administraciones los estados contables consolidados del grupo fiscal. Segunda. El grupo fiscal tributará, en todo caso, a una y otra Administración en función del volumen de operaciones realizado en uno y otro territorio. A estos efectos, el volumen de operaciones realizado en cada territorio estará constituido por la suma o agregación de las operaciones que cada una de las entidades integrantes del grupo fiscal efectúen en el mismo, antes de las eliminaciones intergrupo que procedan. 3. Para la determinación de la proporción del volumen de operaciones efectuado en cada territorio en los casos a que se refiere el segundo párrafo de la letra c) del apartado Uno del artículo 7, el segundo párrafo de la letra a) del apartado Uno del artículo 9 y el segundo párrafo del apartado Dos del artículo 23, se atenderá en todo caso al volumen de operaciones del grupo definido en la regla segunda del apartado anterior. Artículo 21. Normativa aplicable. Uno. El Impuesto sobre la Renta de no Residentes es un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado. No obstante lo anterior, a los establecimientos permanentes domiciliados en el País Vasco de personas o entidades residentes en el extranjero, les será de aplicación la normativa autónoma de este Impuesto de acuerdo con lo establecido en el artículo 14. Cuando el contribuyente ejercite la opción de tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por cumplir los requisitos previstos en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a efectos de la aplicación del régimen opcional será tenida en cuenta la normativa de la Diputación Foral competente por razón del territorio siempre y cuando la renta obtenida en territorio vasco represente la mayor parte de la totalidad de la renta obtenida en España. En el caso de que el contribuyente tenga derecho a la devolución, esta será satisfecha por las Diputaciones Forales con independencia del lugar de obtención de las rentas dentro del territorio español. Dos. Se entenderá que una persona física o una entidad opera mediante establecimiento permanente cuando por cualquier título disponga, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que se realice toda o parte de su actividad, o actúe en él por medio de un agente autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo no residente, que ejerza con habitualidad dichos poderes. En particular, se entenderá que constituyen establecimiento permanente las sedes de dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro lugar de exploración o de extracción de recursos naturales, y las obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de seis meses. Artículo 22. Exacción del Impuesto. Uno. Cuando se graven rentas obtenidas mediante establecimiento permanente, la exacción del Impuesto corresponderá a una u otra Administración o a ambas conjuntamente, en los términos especificados en el artículo 15 anterior. Dos. Cuando se graven rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la exacción del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando las rentas se entiendan obtenidas o producidas en el País Vasco por aplicación de los siguientes criterios: a) Los rendimientos de explotaciones económicas, cuando las actividades se realicen en territorio vasco. b) Los rendimientos derivados de prestaciones de servicios, tales como la realización de estudios, proyectos, asistencia técnica, apoyo a la gestión, así como de servicios profesionales, cuando la prestación se realice o se utilice en territorio vasco. Se entenderán utilizadas en territorio vasco las prestaciones que sirvan a actividades empresariales o profesionales realizadas en territorio vasco o se refieran a bienes situados en el mismo. Se atenderá al lugar de la utilización del servicio cuando éste no coincida con el de su realización. c) Los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del trabajo: a’) Cuando provengan de una actividad personal desarrollada en el País Vasco. b’) Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un empleo prestado en territorio vasco. c’) Las retribuciones que se perciban por la condición de administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces o de órganos representativos en toda clase de entidades, conforme a lo previsto en el apartado Cuatro de este artículo. d) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de la actuación personal en territorio vasco de artistas o deportistas o de cualquier otra actividad relacionada con dicha actuación, aun cuando se perciban por persona o entidad distinta del artista o deportista. e) Los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en fondos propios de entidades públicas vascas, así como los derivados de la participación en fondos propios de entidades privadas en la cuantía prevista en el apartado Cuatro de este artículo. f) Los intereses, cánones y otros rendimientos del capital mobiliario: a’) Satisfechos por personas físicas con residencia habitual en el País Vasco o entidades públicas vascas, así como los satisfechos por entidades privadas o establecimientos permanentes en la cuantía prevista en el apartado Cuatro de este artículo. b’) Cuando retribuyan prestaciones de capital utilizadas en territorio vasco. Cuando estos criterios no coincidan, se atenderá al lugar de utilización del capital cuya prestación se retribuye. g) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en territorio vasco o de derechos relativos a los mismos. h) Las rentas imputadas a los contribuyentes personas físicas titulares de bienes inmuebles urbanos situados en territorio vasco. i) Las ganancias patrimoniales derivadas de valores emitidos por personas o entidades públicas vascas, así como las derivadas de valores emitidos por entidades privadas en la cuantía prevista en el apartado Cuatro de este artículo. j) Las ganancias patrimoniales derivadas de bienes inmuebles situados en territorio vasco o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio. En particular, se consideran incluidas en esta letra: a’) Las ganancias patrimoniales derivadas de derechos o participaciones en una entidad, residente o no, cuyo activo esté constituido, principalmente, por bienes inmuebles situados en territorio vasco. b’) Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos o participaciones en una entidad, residente o no, que atribuyan a su titular el derecho de disfrute sobre bienes inmuebles situados en territorio vasco. k) Las ganancias patrimoniales derivadas de otros bienes muebles situados en territorio vasco o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio. Tres. Cuando con arreglo a los criterios señalados en el apartado anterior, una renta se pudiera entender obtenida simultáneamente en ambos territorios, su exacción corresponderá a los Territorios Históricos cuando el pagador, si es persona física, tenga su residencia habitual en el País Vasco; si fuera persona jurídica o establecimiento permanente, se atenderá a lo dispuesto en el apartado Cuatro de este artículo. Cuatro. En los supuestos a que se refieren la letra c´) de la letra c) y las letras e), f) e i) del apartado Dos anterior, así como en el supuesto previsto en el apartado Tres, las rentas satisfechas por entidades privadas o establecimientos permanentes se entenderán obtenidas o producidas en territorio vasco en la cuantía siguiente: a) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen exclusivamente al País Vasco la totalidad de las rentas que satisfagan. b) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen conjuntamente a ambas Administraciones la parte de las rentas que satisfagan, en proporción al volumen de operaciones realizado en el País Vasco. No obstante, en los supuestos a que se refiere esta letra, la Administración competente para la exacción de la totalidad de los rendimientos será la del territorio a quien corresponda la competencia inspectora de las personas, entidades o establecimientos permanentes que presenten la liquidación en representación del no residente conforme a los criterios establecidos en el presente Concierto Económico, sin perjuicio de la compensación que proceda practicar a la otra Administración por la parte correspondiente a la proporción del volumen de operaciones realizado en el territorio de esta última. Asimismo, las devoluciones que proceda practicar a los no residentes serán a cargo de la Administración del territorio a quien corresponda la competencia inspectora de las personas, entidades o establecimientos permanentes que presenten la liquidación en representación del no residente conforme a los criterios establecidos en el presente Concierto Económico, sin perjuicio de la compensación que proceda practicar a la otra Administración por la parte correspondiente al volumen de operaciones de la entidad pagadora realizado en el territorio de esta última. Cinco. El Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de entidades no residentes corresponderá a la Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando el bien inmueble esté situado en territorio vasco. Seis. El Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas exigible a no residentes sin establecimiento permanente corresponderá a la Administración del Estado o Diputación Foral competente por razón del territorio según que el punto de venta donde se adquiera el décimo fracción o cupón de lotería o apuesta premiados se localice en territorio común o vasco. Artículo 23. Pagos a cuenta. Uno. Los pagos fraccionados que realicen los establecimientos permanentes y las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto que se les practiquen por las rentas que perciban, se exigirán de acuerdo con las reglas establecidas en las secciones 2.ª y 3.ª anteriores. Dos. Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a las rentas obtenidas por los contribuyentes que operen sin establecimiento permanente se exigirán por la Administración del territorio en el que se entiendan obtenidas las correspondientes rentas, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Asimismo, la inspección se realizará por los órganos de la Administración que corresponda conforme a lo dispuesto en el mismo artículo. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos a los que se refieren las letras e), f) e i) del apartado Dos y en el supuesto previsto en el apartado Tres, ambos del artículo anterior, se exigirán por las Diputaciones Forales en proporción al volumen de operaciones realizado en el País Vasco correspondiente al obligado a retener, aplicando las reglas especificadas en la sección 3.ª anterior. Tres. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 respecto de la eficacia de los pagos a cuenta realizados en una u otra Administración. Cuatro. Las retenciones correspondientes al Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas realizadas a contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente, se exigirán por la administración del Estado o Diputación Foral competente por razón del territorio según que el punto de venta donde se adquiera el décimo, fracción, o cupón de lotería o apuesta premiados se localice en territorio común o vasco.» «Artículo 23 ter. Normativa aplicable y exacción del Impuesto. Uno. El Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito es un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado. No obstante lo anterior, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán establecer los tipos de gravamen de este Impuesto dentro de los límites y en las condiciones vigentes en cada momento en territorio común. Asimismo, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mismos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado. Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a la Diputación Foral competente por razón del territorio según que la sede central, sucursales u oficinas donde se mantengan los fondos de terceros estén situadas en territorio común o vasco. No obstante, la exacción del impuesto derivada de fondos mantenidos mediante sistemas de comercialización no presenciales y de aquellos otros no susceptibles de territorialización se atribuirá a los Territorios Históricos del País Vasco en la proporción que les corresponda según su participación en los depósitos territorializados. Tres. Los pagos a cuenta del Impuesto se exigirán por una u otra Administración conforme al criterio contenido en el apartado anterior.» «Sección 4.ª Quinquies. Impuesto sobre el valor de la Extracción de Gas, Petróleo y conde nsados Artículo 23 sexies. Normativa aplicable y exacción del impuesto. Uno. El Impuesto sobre el Valor de Extracción de Gas, Petróleo y Condensados es un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado. No obstante, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mismos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado. Dos. La exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a la Diputación Foral competente por razón del territorio en función del lugar donde se ubique el área incluida dentro del perímetro de referencia de la concesión de explotación del yacimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. En caso de que el área incluida dentro del perímetro señalado en el párrafo anterior se encuentre en territorio común y vasco, la exacción de impuesto se distribuirá proporcionalmente entre ambas administraciones. Tres. Los pagos a cuenta del Impuesto se exigirán por una u otra Administración, conforme al criterio contenido en el apartado Dos anterior. Cuatro. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Administraciones en la cuantía que a cada una corresponda.» «Artículo 25. Normativa aplicable y exacción del Impuesto. Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo concertado de normativa autónoma. Corresponderá su exacción a la Diputación Foral competente por razón del territorio en los siguientes casos: a) En las adquisiciones «mortis causa» y las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, cuando el causante tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del devengo. En el caso de que el causante tuviera su residencia en el extranjero cuando los contribuyentes tuvieran su residencia en el País Vasco. b) En las donaciones de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos, cuando éstos bienes radiquen en territorio vasco. Si los bienes inmuebles radican en el extranjero, cuando el donatario tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del devengo. A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la consideración de donaciones de bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de los valores a que se refiere el artículo 314 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. c) En las donaciones de los demás bienes y derechos, cuando el donatario tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del devengo. d) En el supuesto en el que el contribuyente tuviera su residencia en el extranjero, cuando el mayor valor de los bienes o derechos radique en territorio vasco, así como por la percepción de cantidades derivadas de contratos de seguros sobre la vida, cuando el contrato haya sido realizado con entidades aseguradoras residentes en el territorio vasco, o se hayan celebrado en el País Vasco con entidades extranjeras que operen en él. A efectos de esta letra se entenderá que radican en territorio vasco los bienes y derechos que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en dicho territorio. Dos. En los supuestos contemplados en las letras a) y c) del apartado anterior, las Diputaciones Forales aplicarán las normas de territorio común cuando el causante o donatario hubiera permanecido en territorio común un mayor número de días del periodo de los 5 años inmediatos anteriores, contados desde la fecha del devengo del impuesto. Esta norma no será aplicable a quienes hayan conservado la condición política de vascos con arreglo al artículo 7.º 2 del Estatuto de Autonomía. Tres. Cuando en un documento se donasen por un mismo donante a favor de un mismo donatario bienes o derechos y, por aplicación de los criterios especificados en el apartado Uno anterior, el rendimiento deba entenderse producido en territorio común y vasco, corresponderá a cada uno de ellos la cuota que resulte de aplicar al valor de los donados cuyo rendimiento se le atribuye, el tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los transmitidos. Cuatro. Cuando proceda acumular donaciones, corresponderá al País Vasco la cuota que resulte de aplicar al valor de los bienes y derechos actualmente transmitidos, el tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los acumulados. A estos efectos se entenderá por totalidad de los bienes y derechos acumulados, los procedentes de donaciones anteriores y los que son objeto de la transmisión actual.» «Artículo 27. Exacción del Impuesto. Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se ajustará a las siguientes normas: Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tributarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales y los que operen exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del Estado. Segunda. Cuando un sujeto pasivo opere en territorio común y vasco tributará a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se establecen en el artículo siguiente. Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior no hubiera excedido de 10 millones de euros tributarán en todo caso, y cualquiera que sea el lugar donde efectúen sus operaciones, a la Administración del Estado, cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco. Dos. Se entenderá como volumen total de operaciones el importe de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en su actividad. En el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 10 millones de euros, se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año natural. Si el primer año de actividad no coincidiera con el año natural, para el cómputo de la cifra anterior, las operaciones realizadas desde el inicio de las actividades se elevarán al año. Tres. A los efectos de lo previsto en esta Sección, se entenderá que un sujeto pasivo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 28, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios. Cuatro. La exacción del Impuesto correspondiente a las operaciones relacionadas con el tráfico intracomunitario de bienes se realizará, salvo los supuestos especificados en los apartados siguientes de este artículo, en los términos especificados en el apartado Uno anterior. Cinco. La exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos efectuadas por particulares o por personas o entidades cuyas operaciones estén totalmente exentas o no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, corresponderá a la Administración del territorio común o vasco en el que dichos medios de transporte se matriculen definitivamente. Seis. La exacción del Impuesto se exigirá por la Administración del Estado o por la Diputación Foral competente por razón del territorio, según que el sujeto pasivo esté domiciliado en territorio común o foral, en los siguientes supuestos: a) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto por opción o por haberse superado el límite cuantitativo establecido en la normativa reguladora del Impuesto, efectuadas por sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no originan derecho a deducción total o parcial de aquel, o por personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales. b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen simplificado, régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y régimen de recargo de equivalencia.» «Artículo 29. Gestión e inspección del Impuesto. Uno. El resultado de las liquidaciones del Impuesto se imputará a las Administraciones competentes en proporción al volumen de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondientes a las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravadas y las exentas que originan derecho a la deducción que se hayan realizado en los territorios respectivos durante cada año natural. Dos. Las proporciones provisionalmente aplicables durante cada año natural serán las determinadas en función de las operaciones del año precedente. La proporción provisional aplicable en los períodos de liquidación del primer año natural del ejercicio de la actividad será fijada por el sujeto pasivo según su previsión de las operaciones a realizar en cada territorio, sin perjuicio de la regularización final correspondiente. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, podrá aplicarse, previa comunicación a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa prevista en la sección 2.ª del capítulo III del presente Concierto Económico, una proporción diferente en los siguientes supuestos: a) Fusión, escisión y aportación de activos. b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio común o foral que implique una variación significativa de la proporción calculada según el criterio especificado en el primer párrafo de este apartado. En todo caso, se considerará que la variación es significativa, cuando suponga la alteración de 15 o más puntos porcentuales en la proporción aplicable a cualquiera de los territorios. Tres. En la última declaración-liquidación del Impuesto correspondiente a cada año natural, el sujeto pasivo calculará las proporciones definitivas según las operaciones realizadas en dicho período, y practicará la consiguiente regularización de las declaraciones efectuadas en los anteriores períodos de liquidación con cada una de las Administraciones. Cuatro. Los sujetos pasivos presentarán las declaraciones-liquidaciones del Impuesto ante las Administraciones competentes para su exacción, en las que constarán, en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante cada una de las Administraciones. Cinco. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Administraciones en la cuantía que a cada una le corresponda. Seis. La inspección se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: a) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar exclusivamente a las Diputaciones Forales o, en su caso, a la Administración del Estado, se llevará a cabo por las inspecciones de los tributos de cada una de dichas Administraciones. b) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar en proporción al volumen de sus operaciones realizadas en territorio común y vasco se realizará de acuerdo con las siguientes reglas: Primera. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio común: la comprobación e investigación será realizada por los órganos de la Administración del Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto pasivo frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a las distintas Administraciones. En el caso de que el sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en territorio vasco el 75 por ciento o más de sus operaciones o el cien por cien en el caso de entidades acogidas al régimen especial de grupos de entidades, de acuerdo con los puntos de conexión establecidos, la comprobación e investigación será realizada por la Diputación Foral competente por razón del territorio, sin perjuicio de la colaboración de la Administración del Estado. Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio vasco: la comprobación e investigación será realizada por los órganos competentes de la Administración Foral correspondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio de la colaboración de la Administración del Estado, y surtirá efectos frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a las mismas. En el caso de que el sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en territorio común el 75 por ciento o más de sus operaciones, de acuerdo con los puntos de conexión establecidos, será competente la Administración del Estado sin perjuicio de la colaboración de las Diputaciones Forales. Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a ingresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, sin perjuicio de las compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto de las Administraciones afectadas. Tercera. Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las facultades que corresponden a las Diputaciones Forales en el ámbito de sus respectivos territorios en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones de los órganos de las Administraciones competentes. Cuarta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que, con posterioridad a dichas comprobaciones, se acuerden con carácter definitivo entre las Administraciones competentes. Quinta. Las Administraciones Tributarias que no ostenten la competencia inspectora podrán verificar, con independencia de dónde se entendieran realizadas, todas aquellas operaciones que pudieran afectar al cálculo del volumen de operaciones atribuido por aquellas, a los solos efectos de comunicar lo actuado a la Administración tributaria con competencia inspectora, sin que ello produzca efectos económicos para el contribuyente. Siete. Las entidades acogidas al régimen especial del grupo de entidades tributarán aplicando las reglas contenidas en la presente Sección 7.ª, con las siguientes especialidades: Primera. Se considerarán excluidas del grupo de entidades las entidades dependientes cuya inspección, de acuerdo con las reglas contenidas en el apartado Seis anterior, se encuentre encomendada a los órganos de una Administración, foral o común, distinta de la aplicable a la entidad dominante. Segunda. Las entidades integrantes del grupo de entidades presentarán, de conformidad con las normas generales a que se refiere este Concierto, la declaración establecida para el régimen de tributación individual, conteniendo los importes que resulten de la aplicación individual de las normas reguladoras del impuesto, incluyendo, en su caso, las propias del régimen especial del grupo de entidades. Cada entidad integrante del grupo calculará de forma individual el resultado de la declaración imputable a cada Administración aplicando el resto de reglas establecidas en la presente Sección 7.ª Tercera. Los importes a computar en las declaraciones-liquidaciones agregadas del grupo de entidades serán la suma de los resultados calculados conforme a la regla anterior correspondientes a cada una de las Diputaciones Forales o a la Administración del Estado, sin que quepa la agregación de cantidades que correspondan a Administraciones tributarias distintas. Cuarta. Las obligaciones específicas de las entidades dominantes habrán de ser cumplidas ante las Administraciones tributarias en cuyo territorio operen las entidades que integran el grupo. Quinta. El régimen especial del grupo de entidades no alterará en ningún caso las reglas previstas en este Concierto y en particular las aplicables para determinar el volumen de operaciones en cada territorio. Ocho. Las declaraciones recapitulativas de entregas y adquisiciones intracomunitarias se presentarán ante la Administración tributaria que tenga atribuida la competencia para la comprobación e investigación de los sujetos pasivos. Nueve. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, en los supuestos en los que los contribuyentes hubieran estado sometidos a la competencia exaccionadora de una Administración tributaria en los períodos de liquidación anteriores al momento en que inicien la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad y a otra diferente en los períodos de liquidación posteriores, o cuando haya variado sustancialmente la proporción en la que tributan a las distintas Administraciones, común o forales, en los mencionados períodos de liquidación, procederán a la regularización de cuotas devueltas en los términos previstos en este apartado. Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán regularizar las proporciones de tributación a las distintas Administraciones correspondientes a los períodos de liquidación anteriores al momento en que inicien la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad, de conformidad con los porcentajes de tributación a cada una de ellas correspondientes al primer año natural completo posterior al inicio de la mencionada realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad. Para ello, los sujetos pasivos presentarán una declaración específica ante todas las Administraciones afectadas por la regularización en el mismo plazo en que corresponda presentar la última declaración-liquidación del primer año natural completo posterior al inicio de la mencionada realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad. De esta forma, las Administraciones deberán asumir la devolución de las cuotas correspondientes a los períodos de liquidación anteriores al momento en que inicien la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad conforme a la proporción establecida en el párrafo segundo, lo que dará lugar a que deban compensarse entre sí las cantidades que correspondan, sin que esta regularización pueda tener efectos económicos frente a los contribuyentes. A estos efectos, se entenderá que ha variado sustancialmente la proporción en la que tributan a las distintas Administraciones, común o forales, en los períodos de liquidación a que hace referencia el primer párrafo de este apartado, cuando la proporción correspondiente a alguna de las Administraciones haya variado en, al menos, 40 puntos porcentuales.» «Artículo 31. Exacción del Impuesto. La exacción del Impuesto corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales en los siguientes casos: 1. En las transmisiones onerosas y arrendamientos de bienes inmuebles y en la constitución y cesión onerosa de derechos reales, incluso de garantía, que recaigan sobre los mismos, cuando éstos radiquen en territorio vasco. En los supuestos previstos en el artículo 314 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, cuando radiquen en territorio vasco los bienes inmuebles integrantes del activo de la entidad cuyos valores se transmiten. 2. En las transmisiones onerosas de bienes muebles, semovientes y créditos, así como en la constitución y cesión onerosa de derechos sobre los mismos, cuando el adquirente, siendo persona física, tenga su residencia habitual en el País Vasco y siendo persona jurídica tenga en él su domicilio fiscal. No obstante lo anterior, se establecen las dos salvedades siguientes: a) En la transmisión de acciones, derechos de suscripción, obligaciones y títulos análogos y demás valores, así como participaciones sociales, se atenderá al lugar de formalización de la operación. b) En la constitución de hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento o se refiera a buques, embarcaciones o aeronaves, se tomará en consideración el territorio donde tales actos hayan de ser inscritos. 3. En la constitución de préstamos simples, fianzas, arrendamientos no inmobiliarios y pensiones, cuando el prestatario, afianzado, arrendatario o pensionista, siendo persona física, tenga su residencia habitual en el País Vasco o, siendo persona jurídica tenga en él su domicilio fiscal. Sin embargo, si se trata de préstamos con garantía real, cuando los bienes inmuebles hipotecados radiquen en territorio vasco o sean inscribibles en éste las correspondientes hipotecas mobiliarias o prendas sin desplazamiento. Si un mismo préstamo estuviese garantizado con hipoteca sobre bienes inmuebles sitos en territorio común y foral o con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento inscribible en ambos territorios, tributará a cada Administración en proporción a la responsabilidad que se señale a unos y otros y, en ausencia de esta especificación expresa en la escritura, en proporción a los valores comprobados de los bienes. 4. En las concesiones administrativas de bienes, cuando éstos radiquen en el País Vasco y en las ejecuciones de obra o explotaciones de servicios, cuando se ejecuten o presten en el País Vasco. Estas mismas reglas serán aplicables cuando se trate de actos y negocios administrativos que tributen por equiparación a las concesiones administrativas. Tratándose de concesiones de explotación de bienes que superen el ámbito territorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción a la extensión que ocupen en el territorio vasco. Tratándose de concesiones de ejecución de obras que superen el ámbito territorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción al importe estimado de las obras a realizar en territorio vasco. Tratándose de concesiones de explotación de servicios que superen el ámbito territorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto en función de la media aritmética de los porcentajes que representen su población y su superficie sobre el total de las Comunidades implicadas. Tratándose de concesiones mixtas que superen el ámbito territorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto mediante la aplicación de los criterios recogidos en los tres párrafos anteriores a la parte correspondiente de la concesión. En el caso de concesiones administrativas que superen el ámbito territorial del País Vasco, la inspección del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el domicilio fiscal de la entidad concesionaria radique en el mismo. 5. En las operaciones societarias, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la entidad tenga en el País Vasco su domicilio fiscal. b) Que la entidad tenga en el País Vasco su domicilio social, siempre que la sede de dirección efectiva no se encuentre situada en el ámbito territorial de otra Administración tributaria de un Estado miembro de la Unión Europea o, estándolo, dicho Estado no grave la operación societaria con un impuesto similar. c) Que la entidad realice en el País Vasco operaciones de su tráfico, cuando su sede de dirección efectiva y su domicilio social no se encuentren situadas en el ámbito territorial de otra Administración tributaria de un Estado miembro de la Unión Europea o, estándolo, estos Estados no graven la operación societaria con un impuesto similar. 6. En las escrituras, actas y testimonios notariales, cuando unas y otros se autoricen u otorguen en territorio vasco. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos sujetos a la cuota gradual del gravamen de Actos Jurídicos Documentados, cuando radique en el País Vasco el Registro en el que deba procederse a la inscripción o anotación de los bienes o actos. 7. En las letras de cambio y documentos que suplan a las mismas o realicen funciones de giro así como en los pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos, cuando su libramiento o emisión tenga lugar en el País Vasco; si el libramiento se hubiera producido en el extranjero, cuando su primer tenedor tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en dicho territorio. 8. En las anotaciones preventivas, cuando se practiquen en los Registros públicos sitos en el País Vasco.» «Artículo 33. Normativa aplicable y exacción de los impuestos. Uno. Los Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que se regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado. No obstante lo anterior, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán establecer los tipos de gravamen de estos impuestos dentro de los límites y en las condiciones vigentes en cada momento en territorio común. Asimismo, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los de territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado. Dos. Los Impuestos Especiales de Fabricación se exigirán por las respectivas Diputaciones Forales cuando su devengo se produzca en el País Vasco. Las devoluciones de los Impuestos Especiales de Fabricación serán efectuadas por la Administración en la que hubieran sido ingresadas las cuotas cuya devolución se solicita. No obstante, en los casos en que no sea posible determinar en qué Administración fueron ingresadas las cuotas, la devolución se efectuará por la Administración correspondiente al territorio donde se genere el derecho a la devolución. El control de los establecimientos situados en el País Vasco, así como su autorización, en cualquiera de sus regímenes, será realizado por las respectivas Diputaciones Forales, no obstante lo cual será necesaria la previa comunicación a la Administración del Estado y a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa. Tres. El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se exigirá por las respectivas Diputaciones Forales cuando radique en territorio vasco el domicilio fiscal de la persona física o jurídica que realice el hecho imponible. No obstante lo dispuesto en el apartado Uno, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán incrementar los tipos de gravamen hasta un máximo del 15 por ciento de los tipos establecidos en cada momento por el Estado. Cuatro. El Impuesto Especial sobre el Carbón se exigirá por las respectivas Diputaciones Forales cuando el devengo del mismo se produzca en el País Vasco. Se considerará producido el devengo en el momento de la puesta a consumo o autoconsumo. Se entiende producida la puesta a consumo en el momento de la primera venta o entrega de carbón tras la producción, extracción, importación o adquisición intracomunitaria. Tendrán asimismo la consideración de primera venta o entrega las ventas o entregas subsiguientes que realicen los empresarios que destinen el carbón a su reventa cuando les haya sido aplicable en la adquisición la exención por destino a reventa. Tendrá la consideración de autoconsumo la utilización o consumo del carbón realizado por los productores o extractores, importadores, adquirentes intracomunitarios o empresarios a que se refiere el párrafo anterior. Cinco. La exacción del Impuesto Especial sobre la Electricidad corresponderá a la Diputación Foral competente por razón del territorio en los siguientes casos: En el caso de suministro de energía eléctrica, cuando esté ubicado en el País Vasco el punto de suministro de la persona o entidad que adquiera la electricidad para su propio consumo. En el caso del consumo por los productores de energía eléctrica de aquella electricidad generada por ellos mismos, cuando se produzca en el País Vasco dicho consumo.» «Artículo 36. Impuesto sobre Actividades de Juego. Uno. El Impuesto sobre Actividades de Juego es un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado. En todo caso, los sujetos pasivos del Impuesto incorporarán en los modelos a presentar ante cada una de las Administraciones implicadas la totalidad de la información correspondiente a las actividades gravadas por este Impuesto. No obstante lo anterior, respecto de las actividades que sean ejercidas por operadores, organizadores o por quienes desarrollen la actividad gravada por este Impuesto con residencia fiscal en el País Vasco, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán elevar los tipos del Impuesto hasta un máximo del 20 por ciento de los tipos establecidos en cada momento por el Estado. Este incremento se aplicará, exclusivamente, sobre la parte proporcional de la base imponible correspondiente a la participación en el juego de los residentes fiscales en territorio vasco. Asimismo, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mismos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado. Dos. Los sujetos pasivos tributarán, cualquiera que sea el lugar en que tengan su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administración del Estado o a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el ejercicio. La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante el ejercicio se determinará en función del peso relativo de las cantidades jugadas a cada modalidad de juego correspondientes a jugadores residentes en el País Vasco y en territorio común. Esta proporción, que se expresará en porcentaje redondeado en dos decimales, se aplicará también a las cuotas correspondientes a jugadores no residentes en territorio español. Las cuotas liquidadas derivadas de las modalidades de juego en las que no sea exigible la identificación de la residencia del jugador se imputarán de forma exclusiva a la respectiva Diputación Foral o a la Administración del Estado correspondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo, sin perjuicio de las compensaciones que corresponda realizar posteriormente entre las Administraciones. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, la exacción del Impuesto derivada de la realización de apuestas mutuas deportivo-benéficas y apuestas mutuas hípicas estatales, en las que no se identifique la residencia del jugador, corresponderá a la Administración del Estado o a la Diputación Foral competente por razón del territorio según que el punto de venta donde se realice la apuesta se localice en territorio común o vasco. Tres. Los sujetos pasivos presentarán las declaraciones-liquidaciones del Impuesto ante las Administraciones competentes para su exacción, en las que constarán, en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante cada una de las Administraciones. Cuatro. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Administraciones en la cuantía que a cada una le corresponda. Cinco. La inspección de los sujetos pasivos se llevará a cabo por los órganos de la Administración donde radique el domicilio fiscal del sujeto pasivo o de su representante en el caso de sujetos pasivos no residentes, sin perjuicio de la colaboración del resto de Administraciones tributarias concernidas, y surtirá efectos frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a las mismas. No obstante, corresponderá a la Administración del Estado la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio vasco cuando en el año anterior, el importe agregado de las cantidades jugadas hubiera excedido de 7 millones de euros y la proporción de éstas realizada en territorio común, de acuerdo con los puntos de conexión especificados en el apartado Dos anterior, fuera igual o superior al 75 por 100. Asimismo, corresponderá a los órganos de la Diputación competente por razón del territorio la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio común cuando en el año anterior, el importe agregado de las cantidades jugadas hubiera excedido de 7 millones de euros y hubieran realizado de acuerdo con los puntos de conexión especificados en el apartado Dos anterior, la totalidad de sus operaciones en territorio vasco. Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a ingresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas Administraciones, el cobro o el pago correspondiente se efectuará por la Administración actuante, sin perjuicio de las compensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de la inspección competente comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto de las Administraciones afectadas. Lo establecido en los párrafos anteriores de este apartado se entenderá sin perjuicio de las facultades que corresponden a las Administraciones tributarias en el ámbito de sus respectivos territorios en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones de los órganos de las Administraciones competentes. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que con posterioridad a dichas comprobaciones se acuerden con carácter definitivo entre las Administraciones competentes.» «Artículo 44. Delito fiscal. En los supuestos en los que la Administración tributaria estime que las infracciones pudieran ser constitutivas de delitos contra la Hacienda Pública pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente de acuerdo con lo establecido en el Código Penal. Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305.5 del Código Penal, sea posible continuar las actuaciones para la determinación y cobro de la deuda tributaria, éstas se practicarán por la Administración con competencia inspectora y aplicando la normativa tributaria que corresponda según lo dispuesto en el presente Concierto Económico. Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305.7 del Código Penal, resulte procedente que el Juez o Tribunal recabe el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria para la exacción de la responsabilidad civil derivada del delito y de la multa, dicho auxilio será prestado por la Administración tributaria competente en virtud de este Concierto. Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de las compensaciones que procedan entre las distintas Administraciones. Artículo 45. Colaboración de las entidades financieras en la gestión de los tributos y actuaciones de la inspección de los tributos. Uno. Corresponderá a las Diputaciones Forales del País Vasco la investigación tributaria de cuentas y operaciones, activas y pasivas, de las Entidades financieras y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, en orden a la exacción de los tributos cuya competencia les corresponda. Dos. Las actuaciones comprobadoras e investigadoras que, en el ámbito de las competencias atribuidas por el presente Concierto Económico a las Diputaciones Forales deban efectuarse fuera de su territorio, serán practicadas por los órganos competentes del Estado o la de las Comunidades Autónomas competentes por razón del territorio cuando se trate de tributos cedidos a las mismas, a requerimiento del órgano competente de dichas Diputaciones Forales. En relación con las citadas actuaciones, la Administración del Estado y las Diputaciones Forales arbitrarán los oportunos convenios de colaboración y asistencia mutua para la coordinación de las actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del presente Concierto Económico. Tres. Las actuaciones de obtención de información en orden a la exacción de los tributos cuya competencia corresponda a las Diputaciones Forales, serán efectuadas por los órganos competentes de dichas Diputaciones Forales, sin perjuicio de los oportunos convenios de colaboración y asistencia mutua que para la coordinación de las citadas actuaciones puedan formalizarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del presente Concierto Económico. Cuatro. Cuando los órganos competentes del Estado o de las Comunidades Autónomas, o las Diputaciones Forales conocieren, con ocasión de sus actuaciones comprobadoras e investigadoras y de obtención de información en orden a la exacción de los tributos, hechos con trascendencia tributaria para la otra Administración, lo comunicarán a esta en la forma que reglamentariamente se determine.» «Artículo 47 bis. Asignación y revocación del número de identificación fiscal. Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica deberán solicitar la asignación de número de identificación fiscal ante la administración correspondiente a su domicilio fiscal. Las entidades no residentes sin establecimiento permanente deberán solicitar la asignación del número de identificación fiscal a la administración del territorio en el que vayan a realizar actos u operaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria, salvo que con anterioridad se les haya asignado un número de identificación fiscal por otra Administración tributaria. La revocación del número de identificación fiscal corresponderá a la Administración de su domicilio fiscal, salvo que la competencia para comprobación e investigación esté atribuida a otra Administración, en cuyo caso, corresponderá a esta. En el caso de las entidades no residentes sin establecimiento permanente será competente para la revocación la administración que lo asignó. En ambos casos se garantizará la adecuada coordinación y el intercambio de información entre ambas Administraciones. Artículo 47 ter. Coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras. Uno. En los supuestos en los que conforme a los criterios establecidos en el presente Concierto Económico, corresponda a distintas Administraciones la competencia inspectora para regularizar las operaciones a que hace referencia el apartado Dos siguiente, deberán coordinar sus competencias de exacción o inspección con el resto de administraciones afectadas por la regularización conforme a lo previsto en el presente artículo. Dos. La coordinación de competencias será procedente en relación con los siguientes supuestos: a) Regularización de operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas. b) Calificación de operaciones de manera diferente a como las haya declarado el contribuyente cuando ello implique una modificación de las cuotas soportadas o repercutidas en los impuestos indirectos en los que se haya establecido el mecanismo de la repercusión. Tres. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, la Administración que esté ejercitando sus competencias en relación con alguno de esos supuestos, deberá comunicar, con anterioridad a formular propuesta de resolución al contribuyente o de formalizar la correspondiente acta de inspección, a las otras Administraciones afectadas los elementos de hecho y fundamentos de derecho de la regularización que entienda procedente. En el caso de que en el plazo de dos meses no se hubieran formulado observaciones sobre la propuesta de resolución por parte de las otras Administraciones concernidas, ésta se entenderá aprobada y todas ellas quedarán vinculadas frente a los contribuyentes, a quienes deberán aplicar esos criterios. De existir observaciones, se dará traslado de las mismas a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa donde podrá llegarse a un acuerdo sobre las observaciones planteadas. En todo caso, transcurridos dos meses desde que dichas observaciones hayan sido formuladas sin llegar a un acuerdo sobre las mismas, la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa así como cualquiera de las Administraciones concernidas podrá proceder a trasladar el desacuerdo a la Junta Arbitral en el plazo de un mes, quien deberá resolver la controversia, previa audiencia del contribuyente, por medio del procedimiento abreviado previsto en el artículo 68 del presente concierto económico. Cuatro. Una vez resuelta la controversia o en su defecto trascurridos los plazos previstos en el apartado dos del artículo 68 de este Concierto sin pronunciamiento de la Junta Arbitral, la Administración actuante podrá continuar las actuaciones y dictar los actos administrativos correspondientes, cuyos efectos entre administraciones se suspenderán hasta la resolución de la Junta Arbitral.» «Artículo 64. Funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa. La Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa tendrá atribuidas las siguientes funciones: a) Evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Concierto Económico con carácter previo a su publicación. A estos efectos, cuando, como consecuencia del intercambio de proyectos de disposiciones normativas especificado en el apartado Uno del artículo 4 del presente Concierto Económico, se efectuasen observaciones en relación con las propuestas contenidas en ellas, cualquiera de las instituciones y Administraciones representadas podrá solicitar, por escrito y de forma motivada, la convocatoria de esta Comisión, que se reunirá en el plazo máximo de quince días desde la solicitud de convocatoria, analizará la adecuación de la normativa propuesta al Concierto Económico e intentará, con anterioridad a la publicación de las correspondientes normas, propiciar que las instituciones y Administraciones representadas alcancen un acuerdo sobre las posibles discrepancias existentes en relación al contenido de la normativa tributaria. b) Resolver las consultas que se planteen sobre la aplicación de los puntos de conexión contenidos en el presente Concierto Económico. Estas consultas se trasladarán para su análisis junto con su propuesta de resolución en el plazo de dos meses desde su recepción, al resto de las Administraciones concernidas. En el caso de que en el plazo de dos meses no se hubieran formulado observaciones sobre la propuesta de resolución, ésta se entenderá aprobada. De existir observaciones y no ser admitidas, podrá llegarse a un acuerdo sobre las mismas en el seno de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa. En todo caso, transcurridos dos meses desde que dichas observaciones hayan sido formuladas sin llegar a un acuerdo sobre las mismas, la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa así como cualquiera de las Administraciones concernidas podrá proceder a trasladar el desacuerdo a la Junta Arbitral en el plazo de un mes. c) Resolver sobre las observaciones que se planteen relativas a las cuestiones del artículo 47 ter. d) Realizar los estudios que estimen procedentes para una adecuada articulación estructural y funcional del régimen autonómico con el marco fiscal estatal. e) Facilitar a las Administraciones competentes criterios de actuación uniforme, planes y programas de informática y articular y acordar los instrumentos, medios, procedimientos o métodos para la materialización efectiva del principio de colaboración y del intercambio de información. f) Analizar los supuestos o cuestiones que se han planteado en materia de inspección entre las Administraciones del Estado y las respectivas Diputaciones Forales, así como los problemas de valoración a efectos tributarios. g) Emitir los informes que sean solicitados por el Ministerio de Hacienda, los distintos Departamentos de Hacienda del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales y la Junta Arbitral. h) Cualquier otra relacionada con la aplicación y ejecución de este Concierto Económico en particular.» «Artículo 68. Procedimientos especiales. Uno. Son procedimientos especiales de la Junta Arbitral prevista en el presente Concierto Económico el procedimiento abreviado, la extensión de efectos y el incidente de ejecución. Dos. El procedimiento abreviado se aplicará en los supuestos a que hace referencia la letra b) del artículo 64 y el apartado Tres del artículo 47.ter del presente Concierto Económico. En tales casos, la Junta Arbitral deberá admitir a trámite los conflictos correspondientes en el plazo de un mes desde su interposición, deberá otorgar un plazo común de diez días a todas las partes concernidas para que realicen sus alegaciones y resolver en el plazo de un mes desde la conclusión del mismo. Tres. Quien hubiera interpuesto un conflicto ante la Junta Arbitral prevista en el presente Concierto Económico respecto a una cuestión que guarde identidad de razón con otra que ya hubiera sido resuelta por medio de Resolución firme de la Junta Arbitral, podrá solicitar que el conflicto se sustancie mediante la extensión de efectos de la Resolución firme. A estos efectos, el escrito de solicitud deberá plantearse en el plazo de un mes desde que se tenga conocimiento de la firmeza de la Resolución de la Junta Arbitral, quien deberá trasladar el escrito a las demás partes concernidas para que en el plazo común de diez días realicen las alegaciones que correspondan sobre la identidad de razón entre los supuestos, y resolver decidiendo la extensión de efectos de la Resolución firme o la continuación del procedimiento arbitral conforme a las reglas generales en el plazo de un mes. Cuatro. Por medio del incidente de ejecución, quien hubiera sido parte en un procedimiento ante la Junta Arbitral prevista en el presente Concierto Económico podrá solicitar la adopción de medidas de ejecución de la Resolución de la Junta Arbitral cuando la Administración concernida no hubiera ejecutado la misma en sus propios términos. A las decisiones de la Junta Arbitral sobre los incidentes de ejecución les resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 67 del presente Concierto Económico.» «Disposición transitoria primera. Las modificaciones incorporadas en los artículos 14, 15, 19 y 29.6 del presente Concierto resultarán de aplicación a los periodos impositivos o de liquidación, según el impuesto de que se trate, que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley que apruebe la modificación del Concierto adoptada por Acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico de fecha de 19 de julio de 2017. Asimismo, lo dispuesto en el artículo 29.9 y 47 ter del presente Concierto Económico será de aplicación a las regularizaciones referidas exclusivamente a periodos impositivos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley que apruebe la modificación del Concierto adoptada por Acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico de fecha de 19 de julio de 2017.»

Dos leyes importantísimas que marcan el cupo vasco hasta 2021.

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: PREÁMBULO El vigente Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, prevé en su disposición adicional segunda que en el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento jurídico tributario del Estado que afectase a la concertación de los tributos, se produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que afecte al ámbito de la imposición indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta, se procederá por ambas Administraciones, de común acuerdo y por el mismo procedimiento seguido para su aprobación, a la pertinente adaptación del Concierto Económico a las modificaciones que hubiese experimentado el referido ordenamiento. La Ley 28/2007, de 25 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco adecuó esta norma a las novedades introducidas en el ordenamiento jurídico tributario del Estado en el periodo 2002-2007. Tras la modificación de 2007, la Ley 7/2014, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, incorporó la concertación de varios tributos de titularidad estatal creados en el período 2011-2013 así como una serie de adaptaciones con el objeto de adecuarla a las reformas del sistema tributario operadas en el período 2008-2014 y modificaciones en aspectos institucionales del mismo. Desde la modificación operada en 2014 se han introducido otras novedades en el ordenamiento tributario que hacen necesaria la adecuación del Concierto, tal y como exige su disposición adicional segunda. Por ello, en primer lugar, se ha adaptado el Concierto a diversos cambios legislativos que se han producido en la normativa estatal y que estaban pendientes de su incorporación al mismo. Se ha acordado la actualización, entre otros, de los preceptos relativos a grupos fiscales, al Impuesto sobre la Electricidad, a la opción de los no residentes para tributar por el IRPF así como la adaptación de la regulación del delito fiscal de acuerdo con el nuevo régimen establecido en el Código Penal. Asimismo, se ha acordado la concertación del Impuesto sobre el valor de la extracción del gas, petróleo y condensados, creado por la Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se atribuye a las Diputaciones Forales la exacción del impuesto devengado en las adquisiciones realizadas por contribuyentes residentes en el extranjero cuando la mayor parte del valor conjunto de los bienes y derechos transmitidos corresponda a los situados en el País Vasco, así como en las sucesiones de causantes no residentes en territorio español cuando el heredero resida en el País Vasco y en las donaciones a residentes en el País Vasco de inmuebles situados en el extranjero. Asimismo, se modifica la regla del artículo 25.Dos en virtud de la cual las Diputaciones Forales aplicarán la normativa de territorio común no ya cuando el causante o donatario hubiese adquirido la residencia en el País Vasco con menos de cinco años de antelación a la fecha de devengo del impuesto sino cuando hubiese permanecido en territorio común un mayor número de días del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, al devengo del impuesto. En cuanto a la tributación de los Grupos Fiscales, se establece que deberá atenderse a la proporción de volumen de operaciones del grupo a efectos de la exacción de las retenciones en los casos a los que se refiere el segundo párrafo de la letra c) del artículo 7.Uno, el segundo párrafo de la letra a) del artículo 9.Uno y el segundo párrafo del artículo 23.Dos del Concierto. Por otra parte, se han introducido mejoras en la gestión tributaria y en la coordinación entre Administraciones estableciendo, entre otras medidas, un nuevo procedimiento para la regularización de cuotas devueltas de IVA correspondientes a períodos de liquidación anteriores al momento en que se inicie la realización habitual de las operaciones del contribuyente, acordando las reglas para la asignación y revocación del NIF, regulando la colaboración entre Administraciones en relación con las actuaciones de comprobación e investigación y de obtención de información en orden a la exacción de los tributos e introduciendo nuevas reglas de coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras entre Administraciones en supuestos de regularización de operaciones entre personas o entidades vinculadas y de calificación de operaciones de forma diferente a como las haya declarado el contribuyente cuando ello implique una modificación de las cuotas soportadas o repercutidas en los impuestos indirectos en los que se haya establecido el mecanismo de repercusión. Igualmente, se ha acordado la modificación de preceptos reguladores de los puntos de conexión en diversos impuestos. Así, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se modifica la regla de exacción de las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos de trabajo cuando los trabajos o servicios se presten tanto en territorio vasco como en territorio común, dando prioridad a la aplicación del criterio del centro de trabajo. Asimismo, se aplicará ese mismo criterio cuando los trabajos o servicios se presten en el extranjero o a bordo de buques, embarcaciones, artefactos navales o plataformas fijas en el mar y en los casos de teletrabajo, supuestos estos últimos que no estaban contemplados en la redacción actual del Concierto. También se actualiza la reg ### RESUMEN: Dos leyes importantísimas que marcan el cupo vasco hasta 2021.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de julio actual, ha acordado admitir a trámite el conflicto positivo de competencia núm. 3647-2015, promovido por el Gobierno de la Nación, contra los artículos 1, 2, 3, y Disposiciones Adicionales Primera, Segunda y Tercera, Transitoria y Finales Primera, Segunda, Tercera y Cuarta, del Decreto de la Generalidad de Cataluña 69/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña. Y se hace constar que por el Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del conflicto 22 de junio de 2015. Madrid, 7 de julio de 2015.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

TC admite a trámite el conflicto positivo de competencia núm. 3647-2015, promovido por el Gobierno de la Nación contra el decreto de la Generalidad de Cataluña 69/2015 por el que se modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de julio actual, ha acordado admitir a trámite el conflicto positivo de competencia núm. 3647-2015, promovido por el Gobierno de la Nación, contra los artículos 1, 2, 3, y Disposiciones Adicionales Primera, Segunda y Tercera, Transitoria y Finales Primera, Segunda, Tercera y Cuarta, del Decreto de la Generalidad de Cataluña 69/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña. Y se hace constar que por el Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del conflicto 22 de junio de 2015. Madrid, 7 de julio de 2015.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: TC admite a trámite el conflicto positivo de competencia núm. 3647-2015, promovido por el Gobierno de la Nación contra el decreto de la Generalidad de Cataluña 69/2015 por el que se modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña

1. Poder adjudicador: 1.1) Nombre: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 1.2) Número de identificación fiscal: S2811001C. 1.3) Dirección: Avda. Puerta de Hierro, s/n. 1.4) Localidad: Madrid. 1.5) Provincia: Madrid. 1.6) Código postal: 28071. 1.7) País: España. 1.8) Código NUTS: ES300. 1.9) Teléfono: +34 913353175. 1.10) Fax: +34 913353186. 1.11) Correo electrónico: bzcontratacion@mpr.es 1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=oeJOiyrt00Krz3GQd5r6SQ%3D%3D 2. Lugar principal de prestación de los servicios: ES. 3. Descripción de la licitación: Servicios de restauración, de limpieza de los espacios destinados a dicha finalidad y de máquinas de venta automática en el Complejo de La Moncloa (CPV: 55511000). 5. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (se publica declaración de urgencia). 6. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 19:00 horas del 20 de diciembre de 2021. Madrid, 2 de diciembre de 2021.- Subsecretario, Antonio Hidalgo López.

Licitación del servicios de restauración, de limpieza de los espacios destinados a dicha finalidad y de máquinas de venta automática en el Complejo de La Moncloa.

1. Poder adjudicador: 1.1) Nombre: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 1.2) Número de identificación fiscal: S2811001C. 1.3) Dirección: Avda. Puerta de Hierro, s/n. 1.4) Localidad: Madrid. 1.5) Provincia: Madrid. 1.6) Código postal: 28071. 1.7) País: España. 1.8) Código NUTS: ES300. 1.9) Teléfono: +34 913353175. 1.10) Fax: +34 913353186. 1.11) Correo electrónico: bzcontratacion@mpr.es 1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=oeJOiyrt00Krz3GQd5r6SQ%3D%3D 2. Lugar principal de prestación de los servicios: ES. 3. Descripción de la licitación: Servicios de restauración, de limpieza de los espacios destinados a dicha finalidad y de máquinas de venta automática en el Complejo de La Moncloa (CPV: 55511000). 5. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (se publica declaración de urgencia). 6. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 19:00 horas del 20 de diciembre de 2021. Madrid, 2 de diciembre de 2021.- Subsecretario, Antonio Hidalgo López. ### RESUMEN: Licitación del servicios de restauración, de limpieza de los espacios destinados a dicha finalidad y de máquinas de venta automática en el Complejo de La Moncloa.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 18 de diciembre de 2012, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de los Procedimientos, Gestión y Recaudación de las Tasas vigentes en materia de extranjería durante los ejercicios 2004-2005 y 2008, acuerda: Se insta al Gobierno a: 1. Mejorar las aplicaciones informáticas para la adecuada gestión y recaudación de las tasas en materia de extranjería. 2. Evitar la total discrecionalidad detectada a la hora de su liquidación y pago por parte de los sujetos obligados. 3. Implementar un sistema de notificación adecuado y controlar la recaudación. 4. Tramitar por vía de apremio los expedientes impagados, evitando el daño a la hacienda pública. Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2012.–El Presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Ricardo Tarno Blanco.– La Secretaria Primera de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Celia Alberto Pérez. INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS TASAS VIGENTES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA DURANTE LOS EJERCICIOS 2004-2005 Y 2008 El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y a tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 22 de diciembre de 2010, el «Informe de Fiscalización de los procedimientos, gestión y recaudación de las tasas vigentes en materia de extranjería durante los ejercicios 2004-2005 y 2008», y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, según lo previsto en el artículo 28.4 de la Ley de Funcionamiento. ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN. A) Antecedentes de la fiscalización. B) Descripción del ámbito de gestión fiscalizado. C) Objetivos y alcance. D) Limitaciones. E) Trámite de alegaciones. II. RESULTADOS. A) Normativa reguladora de las tasas. B) Control interno. Aspectos generales. Oficinas gestoras periféricas. Servicios Centrales del MAP. Aplicaciones informáticas. C) Examen de los expedientes de gestión de las tasas. D) Análisis de la recaudación. III. CONCLUSIONES. IV. RECOMENDACIONES. ANEXOS. RELACIÓN DE SIGLAS UTILIZADAS EN ESTE INFORME AEAT Agencia Española de Administración Tributaria. GFIN Aplicación informática de gestión financiera del MAP. IGAE Intervención General del Estado. LOEx Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre; 11/2003, de 29 de septiembre, y 14/2003, de 20 de noviembre. MAP Ministerio de Administraciones Públicas (suprimido por Real Decreto 542/2009, de 7 de abril). Todas las menciones de este Informe relativas a hechos posteriores a dicha fecha se refieren al Ministerio de la Presidencia, Departamento que ha asumido la gestión de las tasas de extranjería fiscalizada. MTAS Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (suprimido por Real Decreto 432/2008, de 12 de abril). Las funciones en materia de extranjería de ese Departamento fueron asumidas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTI). PAC Aplicación informática «Punto de Atención al Ciudadano» del MAP. RLOEx-2001 Reglamento de la LOEx, aprobado por Real Decreto 864/2001, de 20 de julio. RLOEx-2004 Reglamento de la LOEx, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. I. INTRODUCCIÓN. A) Antecedentes de la fiscalización. 1.1 La presente fiscalización figura en el Programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas aprobado por acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2009, dentro del apartado II.1, relativo a fiscalizaciones a efectuar por iniciativa de las Cortes Generales. La Resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en la que se solicita esta fiscalización dice literalmente: «La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 14 de marzo de 2006, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la tasa por expedición de permisos de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros, ejercicio 2002, acuerda: … / … Asimismo, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas insta al Tribunal de Cuentas a que: … / … 5. Como consecuencia de las deficiencias observadas en los procedimientos fiscalizados respecto al ejercicio 2002 y, dado el gran número de expedientes Generados por las últimas normalizaciones de extranjeros que han incrementado de forma notable la importancia relativa de estas tasas, efectúe una fiscalización específica respecto de los procedimientos, gestión y recaudación de las tasas vigentes en materia de extranjería durante los ejercicios 2004 y 2005.» 1.2 Las Directrices Técnicas que han regido la fiscalización fueron establecidas mediante acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 26 de marzo de 2009, ampliando el alcance temporal solicitado por la Comisión Mixta (ejercicios 2004-2005) al último ejercicio cerrado al momento de dicho acuerdo (2008). B) Descripción del ámbito de gestión fiscalizado. 1.3 En el período a que se refiere la presente fiscalización, la legislación básica en materia de extranjería estaba constituida por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (en lo sucesivo «LOEx»), modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre; 11/2003, de 29 de septiembre, y 14/2003, de 20 de noviembre. Mediante el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio se aprobó el Reglamento de la Ley (RLOEx-2001), sustituido posteriormente por el Reglamento aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre (RLOEx-2004), que entró en vigor el 7 de febrero de 2005. Los artículos 44 y siguientes de la LOEx regulan las tasas correspondientes a la concesión de las autorizaciones administrativas y a la expedición de los documentos de identidad de extranjeros previstos en la misma. Como elementos esenciales de las tasas figuran los siguientes: a) El hecho imponible está constituido por el acto de concesión de las autorizaciones y por la expedición de los documentos de identidad, así como sus prórrogas, modificaciones y renovaciones; en particular: – Concesión de autorizaciones para la prórroga de la estancia en España. – Concesión de autorizaciones para residir en España. – Concesión de autorizaciones de trabajo, salvo las otorgadas para un período inferior a seis meses. – Expedición de tarjetas de identidad de extranjeros y expedición de documentos de identidad a indocumentados. – Tramitación de solicitud de visados. b) El devengo de la tasa tendrá lugar cuando se conceda la autorización, prórroga, modificación o renovación, o cuando se expida el documento. En el caso de los visados, las tasas se devengarán en el momento de la solicitud. c) Los sujetos pasivos de las tasas son los solicitantes de visado y las personas en cuyo favor se concedan las autorizaciones o se expidan los documentos previstos en el artículo 44, salvo en las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena, en cuyo caso será sujeto pasivo el empleador o empresario. d) Están exentos del pago de la tasa por la concesión de autorizaciones para trabajar los nacionales iberoamericanos, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, los sefardíes, los hijos y nietos de español o española de origen y los extranjeros nacidos en España, cuando pretendan realizar una actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta propia. 1.4 El importe de las tasas por la concesión de autorizaciones administrativas, expedición de documentos en materia de inmigración y extranjería, y tramitación de visados en frontera, fue establecido por la Orden 3654/2007, de 14 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. Hasta la entrada en vigor de dicha Orden continuaban vigentes, con los incrementos establecidos en las leyes anuales de presupuestos, las cuotas previstas en las anteriores normas reguladoras de las tasas de extranjería, básicamente el Decreto 551/1960, de 24 de marzo, por lo que se refiere a las tasas de permanencia y residencia de extranjeros, y la Ley 29/1968, sobre exacciones por expedición de permisos de trabajo a ciudadanos extranjeros, en la redacción dada por el artículo 26 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre. En materia de tramitación de visados, a lo largo del periodo fiscalizado se han sucedido diversas normas que revisaban la cuantía de las tasas a fin de adaptarlas a las previsiones del derecho comunitario. En el anexo 1 se recogen las cuantías vigentes en los ejercicios fiscalizados, con el detalle que figuran en las Resoluciones números 4 y 5 de 2001 de la Dirección General de Tributos y en la Orden antes citada. 1.5 La competencia para la gestión y recaudación de las tasas reguladas por la LOEx corresponde, según se establece en su artículo 49.1, a los órganos de los distintos departamentos ministeriales competentes para la concesión de autorizaciones, modificaciones, renovaciones y prórrogas, la expedición de la documentación a que se refiere el artículo 44 y la tramitación de la solicitud de visados. A tenor de lo dispuesto en los sucesivos Reglamentos de desarrollo de la LOEx, la mayor parte de las competencias para la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo están atribuidas a los Subdelegados del Gobierno y Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, integrados orgánicamente, durante los ejercicios a que se refiere la presente fiscalización, en el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP). Como excepción, corresponde a la Dirección General de Ordenación de las Migraciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) –Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTI) a partir de abril de 2008– la instrucción y resolución de las solicitudes de permisos de trabajo en el supuesto contemplado en el artículo 85.3 del Real Decreto 864/2001. Por otra parte, corresponde con carácter general a órganos dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación la tramitación de las solicitudes de visados, y a la Dirección General de la Policía del Ministerio de Interior la expedición de las tarjetas de identidad de los extranjeros. 1.6 En la mayoría de las provincias se han constituido Oficinas de Extranjeros, que integran los diferentes servicios de la Administración General del Estado competentes en materia de extranjería e inmigración. Las Oficinas dependen orgánicamente de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno y funcionalmente de los Ministerios de Trabajo e Inmigración y de Interior, en el ámbito de sus respectivas competencias. A finales del período fiscalizado existían 36 Oficinas de extranjeros, constituidas entre 1997 y 2002. En el resto de las provincias, la gestión es realizada por distintas unidades de las correspondientes Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno. 1.7 En cuanto a la regulación de los aspectos procedimentales, la LOEx contiene únicamente la previsión de que, por vía reglamentaria, se pueda establecer el sistema de autoliquidación para la recaudación de las tasas, posibilidad que hasta la fecha no ha sido utilizada. Los Reglamentos de desarrollo apenas contienen normas de procedimiento, limitándose a precisar que las Resoluciones de autorización deberán indicar las cantidades que proceda abonar en concepto de tasas, establecer en algunos supuestos los plazos de ingreso y exigir la acreditación del pago de las tasas con carácter previo a la entrega de la tarjeta de identidad. Por su parte, la Orden 3654/2007 establece el sistema de liquidación de las tasas por el órgano gestor, el contenido del modelo a utilizar, el período de pago voluntario (ocho días hábiles para autorizaciones de trabajo y un mes en el resto de los supuestos contemplados) y el plazo (15 días) para la acreditación de dicho pago. Comentario a las alegaciones.–La Resolución de 9 de julio de 2007, invocada en alegaciones no subsana las deficiencias aquí mencionadas, al referirse exclusivamente a la presentación y pago de las tasas por vía telemática. 1.8 La gestión de las tasas, en los aspectos no regulados por las referidas normas específicas, se realiza a través de instrucciones internas y mediante la aplicación de las previsiones contenidas en la normativa general, principalmente la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, modificada por la Ley 25/1998; el Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (hasta entonces estuvo vigente el anterior, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, en la redacción dada por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo); y la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998, modificada por la Orden del Ministerio de Hacienda de 11 de diciembre de 2001, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda Pública. 1.9 En las Cuentas rendidas de los ejercicios fiscalizados no resulta posible identificar totalmente los ingresos correspondientes a las tasas de extranjería, dado que las mismas se contabilizan en el concepto presupuestario 309 «Otras tasas» junto a otras numerosas tasas de diversos Departamentos ministeriales y Organismos públicos, sin el suficiente desglose. No obstante, dentro del citado conjunto se pueden identificar los códigos contables 131901 «Expedición de tarjetas id. profesionales a trabajadores extranjeros Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales» (tasa 038) y 31212 «Expedición de tarjetas id. profesionales a trabajadores extranjeros Ministerio de Administraciones Públicas» (tasa 062), que recogen la mayor parte de las tasas reguladas por la LOEx, salvo las tasas consulares por expedición de visados, que se contabilizan en el concepto presupuestario 305 junto con otras tasas por servicios consulares ajenas al ámbito de la fiscalización. Con referencia únicamente al código contable 13212 (tasa 062), objeto del Informe de fiscalización relativo al ejercicio 2002, los datos de gestión obtenidos de los registros informáticos del MAP presentan la siguiente evolución: C) Objetivos y alcance. 1.10 La fiscalización se ha desarrollado de acuerdo con los siguientes objetivos, establecidos en las Directrices Técnicas: 1. Comprobar la correcta aplicación al Presupuesto de Ingresos del Estado de los importes devengados y recaudados, de acuerdo con los principios y criterios contables vigentes. 2. Verificar el cumplimiento de la legalidad en el establecimiento de las tasas y en la regulación posterior de aspectos concretos referidos al procedimiento y a la actualización de los importes exigibles. 3. Verificar el cumplimiento de los principios de equivalencia y capacidad económica exigibles en la fijación y actualización de las tasas. 4. Valorar los procedimientos y los sistemas de gestión y control interno implantados en relación con la gestión, liquidación y recaudación de las tasas. 5. Comprobar la corrección de las liquidaciones practicadas. 6. Valorar la gestión de las tasas en relación con las solicitudes, concesiones y denegaciones de las autorizaciones reguladas por la Ley Orgánica 4/2000, las liquidaciones practicadas, su recaudación, las devoluciones y cualquier incidencia habida en la gestión de estas tasas durante los ejercicios fiscalizados. 7. Verificar el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en todo aquello en que lo dispuesto en esta normativa pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. 1.11 Los procedimientos desarrollados y las técnicas utilizadas en el transcurso de la fiscalización han sido los habitualmente empleados por el Tribunal de Cuentas, habiéndose aplicado sus Normas Internas de Fiscalización en los términos señalados por el Pleno en su reunión de 23 de enero de 1997. Por otro lado, al traer causa la presente fiscalización de una solicitud de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, centrada en la ampliación temporal de los resultados expresados en el Informe de fiscalización de la tasa por expedición de permisos de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros, ejercicio 2002, se ha procurado seguir la estructura y disposición formal de dicho informe, así como efectuar, en lo posible, las mismas comprobaciones sobre la situación observada en los ejercicios ahora fiscalizados. 1.12 El período objeto de fiscalización comprende los ejercicios 2004 y 2005, conforme a la solicitud de la Comisión Mixta, y, además, el ejercicio 2008, último cerrado al momento de la aprobación de las Directrices Técnicas. No obstante, algunas de las comprobaciones se han referido a ejercicios anteriores y posteriores, por ser necesario para la correcta consideración de la gestión examinada. 1.13 En cuanto al ámbito objetivo de la fiscalización, el informe del que trae causa la solicitud de la Comisión Mixta, antes citado, se circunscribió a las tasas identificadas bajo el código 062 «Expedición de permisos de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros» gestionadas por el MAP. Sin embargo, dada la amplitud de la solicitud de la Comisión Mixta, se ha intentado ampliar el ámbito objetivo en la presente fiscalización al resto de las tasas de extranjería gestionadas por el MAP, que figuran incluidas en el código 052 «Reconocimientos, autorizaciones y concursos», si bien se han encontrado importantes limitaciones para ello. Por otro lado, en aras de la homogeneidad de la fiscalización y en aplicación del principio de importancia relativa, se ha descartado la realización de comprobaciones sobre las tasas gestionadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores (código 005), las gestionadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración (código 038) y las relativas a asuntos de la competencia del Ministerio de Interior (código 012). 1.14 Los trabajos de campo se han desarrollado en la sede central del Ministerio de Administraciones Públicas, en las Oficinas de extranjeros de Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla y Zaragoza, y en el Área de Trabajo de la Delegación del Gobierno de Madrid. Por otra parte, el MAP ha facilitado el acceso desde la sede del Tribunal a las aplicaciones informáticas de extranjería (en la que se gestionan las autorizaciones) y de gestión financiera GFIN (que permite el seguimiento de la recaudación, véase el punto 2.20). D) Limitaciones. 1.15 En el desarrollo de los trabajos de fiscalización se han presentado determinadas limitaciones que han impedido la ejecución de algunas de las comprobaciones programadas, respecto de las dos tasas fiscalizadas (062 y 052), lo que ha tenido por consecuencia que únicamente se hayan podido alcanzar de un modo parcial los objetivos fijados para la fiscalización: a) Los sistemas de información y gestión de la tasa establecidos por el MAP aún presentaba deficiencias en los ejercicios fiscalizados. En 2004 y 2005 no se aprecian mejoras sustanciales respecto de 2002, mientras que en 2008 se utilizan dos nuevas aplicaciones, diseñadas específicamente para la gestión de las tasas del MAP y operativas desde 2007: GFIN (Gestión Financiera de Tasas) y PAC (Puntos de atención al ciudadano), si bien en 2008 todavía presentaban deficiencias de implementación y de uso por las Oficinas, que limitan la fiabilidad de los datos relativos a dicho ejercicio (véanse los puntos 2.27 a 2.31). Por estas razones, el Tribunal no ha podido comprobar si se practican o no todas las liquidaciones procedentes. b) Por las mismas razones, el Tribunal no ha podido tampoco verificar con seguridad razonable el importe de las tasas liquidadas en los ejercicios fiscalizados, ni ha dispuesto de datos sobre el importe de las tasas no abonadas en período voluntario que debieron tramitarse en vía ejecutiva. En el período fiscalizado, el MAP no remitió a la AEAT ninguna liquidación para su cobro en ejecutiva. c) Tampoco se ha podido comprobar si el importe aplicado al Presupuesto de Ingresos del Estado corresponde al total de las cantidades efectivamente recaudadas. La información periódica facilitada por la AEAT al MAP no ha sido objeto de comprobación por dicho Departamento ministerial. En consecuencia, no se ha podido cuadrar, ni por el MAP ni por el Tribunal, dicha información con las cifras contabilizadas, quedando por tanto sin aclarar las diferencias. d) Por último, no ha podido verificarse por el Tribunal el cumplimiento del principio de equivalencia en la determinación del importe de la tasa, al no haberse aportado por el MAP la memoria económico-financiera que exige el artículo 20 de la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, ni ninguna otra documentación válida para dicha comprobación. Comentario a las alegaciones.–La Memoria Económica-Financiera relativa a la Orden PRE/3654/2007 que se adjunta a las alegaciones es el mismo ejemplar que se aportó al Tribunal en los trabajos de campo, en el que concurren las deficiencias señaladas en el punto 2.7 de este Informe. En cuanto a la otra Memoria que acompaña a las alegaciones, se refiere a la Orden PRE/3/2010, posterior al periodo fiscalizado. Las limitaciones aquí reflejadas son similares a las señaladas en el «Informe de fiscalización de la tasa por expedición de permisos de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros, ejercicio 2002» lo que evidencia que no han sido subsanadas las deficiencias de registro e información a que las mismas se refieren. 1.16 Por otra parte, tampoco ha sido posible determinar el importe de la recaudación por las tasas de extranjería incluidas en el código 052. Dicha limitación es consecuencia de la utilización de un único modelo de liquidación para todas las tasas del MAP incluidas en el mismo código, bajo la denominación «Reconocimientos, autorizaciones y concursos», sin que se haya previsto ningún sistema que permita su discriminación. La información de recaudación que facilita la AEAT no diferencia los supuestos que incluye dicho modelo, entre los que figuran, junto con las autorizaciones relativas a la permanencia y residencia de extranjeros, otras tan dispares como las referentes a espectáculos, armas y explosivos, demolición de fincas urbanas, etc. Además, los datos sobre recaudación de la tasa 052 obtenidos de la aplicación de extranjería no son fiables, debido a que no siempre se graba la fecha de pago (especialmente en los primeros ejercicios fiscalizados) por lo que hay algunas tasas que a pesar de haber sido efectivamente cobradas no figuran en la aplicación como recaudadas. En el conjunto de las cinco provincias visitadas, los datos de recaudación de la tasa 052 figurados en la aplicación de extranjería, por un lado, y los obtenidos de la aplicación GFIN (véase el punto 2.20), por otro, presentan las siguientes diferencias: 1.17 Otra limitación, presentada en las oficinas de Sevilla y Zaragoza, ha sido la falta de información fiable sobre la presentación de recursos contra las liquidaciones de las tasas y sobre solicitudes de devolución de ingresos indebidos. Ambas oficinas aluden a la inexistencia de registros fiables apropiados para llevar dicho control, tanto en la aplicación informática de extranjería como en otras herramientas. 1.18 Por otro lado, algunos expedientes de gestión de las tasas solicitados por el Tribunal no han sido aportados: en Zaragoza, de los 80 expedientes solicitados no se han aportado 33 (de los ejercicios 2004 y 2005), debido a que, según escrito del Jefe de la Oficina de Extranjeros al que se acompaña un informe elaborado por el Servicio de Prevención de Riegos Laborales de la Delegación de Gobierno, los citados expedientes se encuentran archivados en unas dependencias a las que no se autoriza el acceso del personal de la Oficina, al entender que en las mismas no se cumplen las condiciones básicas de seguridad e higiene para el desarrollo de cualquier tipo de tarea administrativa. En Madrid no se pudieron localizar cuatro expedientes: uno de 2004, otro de 2005 y dos de 2008. 1.19 También se ha presentado otra limitación al tratar de efectuar un análisis de eficacia sobre la gestión de los expedientes, similar al realizado en el Informe relativo al ejercicio 2002. No ha sido posible dicho análisis por las circunstancias señaladas en el punto 2.34 de este Informe. E) Trámite de alegaciones. 1.20 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el Anteproyecto de Informe de la presente fiscalización se remitió para alegaciones a la Ministra de la Presidencia, como responsable del ámbito de gestión fiscalizado, y a quienes fueron titulares del Ministerio de Administraciones Públicas desde abril de 2004 y posteriores hasta abril de 2009, como responsables del citado ámbito de gestión en dicho periodo. No se pudo ofrecer el trámite de alegaciones a la persona que fue titular del citado Ministerio desde septiembre de 2003 hasta abril de 2004 por haber fallecido. 1.21 De ellos, ha presentado alegaciones únicamente el Ministerio de la Presidencia, si bien a través del Subsecretario y no del titular del Departamento, por lo que se incumple el requisito de competencia exigido por el artículo 44 de la Ley 7/1988 citada, en relación con los artículos 11 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Posteriormente fue subsanada esa deficiencia por el Ministro tras el requerimiento al efecto del Tribunal. Dichas alegaciones se adjuntan al presente Informe. 1.22 Tras el examen por el Tribunal del contenido de las alegaciones y de la documentación justificativa remitida, se han introducido en el Informe los cambios que se han estimado procedentes. Hay que hacer constar que el Tribunal no se pronuncia respecto de las manifestaciones sobre medidas puestas en práctica con posterioridad al periodo fiscalizado, dado que no han sido objeto de comprobación. En cuanto a las alegaciones no aceptadas, obedecen sustancialmente a dos causas: a) discrepancias no fundamentadas sobre los hechos comprobados por el Tribunal o sobre los criterios técnicos e interpretaciones profesionales y jurídicas sostenidas en el Informe; y b) explicaciones no relevantes sobre las causas de determinados hechos o sobre cuestiones colaterales al contenido del Informe. En algunos casos se ha estimado conveniente insertar un comentario con la opinión del Tribunal de Cuentas para precisar el contenido de algún punto concreto. No obstante, la falta de comentario expreso sobre el resto de las alegaciones no significa que el Tribunal comparta su contenido. II. RESULTADOS. A) Normativa reguladora de las tasas (1). 2.1 En el informe relativo al ejercicio 2002 se hacía referencia a una serie de incongruencias en la caracterización normativa de la tasa 062, que planteaba numerosas dudas de interpretación y legalidad, principalmente en la determinación de las cuotas tributarias correspondientes a los diversos tipos de autorizaciones de trabajo y en las exenciones. Dichas incongruencias se mantenían en los mismos términos en los ejercicios 2004 y 2005, sin que las modificaciones de la LOEx en 2003 ni el nuevo Reglamento de 2004 sirvieran para subsanarlas, hasta la aprobación de la Orden 3654/2007, de 14 de diciembre. (1) El modelo de gestión y liquidación de las tasas de extranjería vigente en los ejercicios fiscalizados ha cambiado sustancialmente tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000. Las principales modificaciones en materia de tasas son: a) El hecho imponible, que estaba constituido por la concesión de las autorizaciones administrativas y la expedición de los documentos de identidad previstos en la ley, pasa a ser ahora la propia tramitación de dichas autorizaciones y documentos. b) El devengo de la tasa tiene lugar ahora, por tanto, cuando se solicita la autorización y no, como antes, en el momento de la concesión. Como excepción, en los casos de autorizaciones de residencia y trabajo a favor de trabajadores del servicio doméstico, la tasa se devengará en el momento de afiliación o alta del trabajador en la Seguridad Social. c) Los sujetos pasivos siguen siendo las personas a cuyo favor se concedan las autorizaciones, con la misma salvedad referente a las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena en que el sujeto pasivo es el empleador o empresario. Sin embargo, se introduce como excepción el servicio doméstico de carácter parcial o discontinuo, en que será sujeto pasivo el propio trabajador. d) En relación con el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas en materia de autorizaciones iniciales de trabajo, el «devengo del rendimiento de las tasas» derivadas de dichas autorizaciones corresponderá a las CCAA con competencias traspasadas, y los importes de las tasas se regirán por la legislación de dichas CCAA. Hasta la fecha, el único traspaso aprobado en esta materia ha sido a Cataluña, en virtud del Real Decreto 1463/2009, de 18 de septiembre. e) En desarrollo de las previsiones de la citada Ley Orgánica relativas a las tasas, se ha aprobado la Orden PRE 3/2010, de 11 de enero, por la que se establece el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería. 2.2 Por lo que se refiere a los ejercicios 2004 y 2005, no se desarrolló el artículo 48 de la LOEx, que prescribe que el importe de las tasas reguladas por dicha Ley se establecerá por Orden ministerial de los Departamentos competentes. En su defecto, y por virtud de la Disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 8/2000 se aplicaron las cuantías establecidas en la normativa anterior, es decir, las fijadas por el artículo 4 de la Ley 29/1968, en la redacción dada por la Ley 13/1996, modificadas por las Leyes 37/1988, 42/1994 y 13/1996, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Los importes de las tasas señaladas para cada tipo de permiso por el citado artículo se corresponden con los previstos en el Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Este Reglamento estuvo vigente hasta el 1 de agosto de 2001, fecha de entrada en vigor del nuevo Reglamento de la LOEx. Dado que la regulación de los tipos de permiso de trabajo no coincide exactamente en la normativa de extranjería anteriormente citada con respecto a la vigente en 2004 y 2005, se plantearon conflictos interpretativos y de legalidad en cuanto a la identificación concreta de las cuantías a liquidar en determinados casos. Así, cabe señalar: a) Los Reglamentos de la LOEx caracterizan dos tipos de autorizaciones que no figuran en el artículo 4 de la Ley 29/1968 (redacción por Ley 13/1996): autorizaciones de trabajo en el marco de prestaciones trasnacionales de servicios (tipo G) y autorizaciones de trabajo para la realización de determinadas actividades de temporada (tipo T). En consecuencia, aunque estos tipos de autorizaciones están sujetos a la tasa por virtud de la LOEx y sus Reglamentos, sin embargo no tenían expresamente establecida cuantía alguna para su exacción. b) Igual sucede con varios casos de autorizaciones establecidas en la normativa vigente en 2004 y 2005 que no estaban contemplados en el Reglamento aprobado por el Real Decreto 155/1996: extranjeros con solicitud de asilo en trámite; nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo enrolados en buques españoles, y extranjeros en prácticas profesionales. c) En la información sobre las tasas vigentes en ambos ejercicios, facilitada por el MAP, la mayoría de estos supuestos tienen establecida una cuota determinada, cuyo fundamento no se ha podido determinar: las autorizaciones en el marco de prestaciones transnacionales de servicios, las de actividades de temporada, las de extranjeros en prácticas profesionales y las de extranjeros con solicitud de asilo en trámite. d) Por otra parte, el artículo 4 de la Ley 29/1968 (redacción por Ley 13/1996) establecía, en los supuestos de segunda renovación de los permisos de trabajo por cuenta ajena (tipo C), una única cuota correspondiente al empleado, incompatible con el artículo 46 de la LOEx, que establece categóricamente que, en los permisos por cuenta ajena, el sujeto pasivo es el empleador o empresario, lo que implica necesariamente que las cuotas establecidas para el trabajador no puedan tener efecto. En la información facilitada por el MAP no aparece este supuesto con tasa asignada en 2004 ni en 2005. Sin embargo, se ha comprobado que, tras la entrada en vigor del Reglamento de 2004, que a diferencia del anterior no distingue, a efectos de tasas, entre la primera y posteriores renovaciones de las autorizaciones de trabajo, se ha venido aplicando a estas últimas (CA3) la misma tasa que a la primera renovación (CA2), si bien liquidándola al empleador. e) En la información facilitada por el MAP sobre las cuantías vigentes en los ejercicios fiscalizados, figuran algunas tasas correspondientes a autorizaciones de trabajo por tiempo inferior a seis meses, que resultaban improcedentes después de la modificación de la LOEx introducida por la Ley Orgánica 14/2003. 2.3 Respecto de las tasas correspondientes a las autorizaciones de residencia (código 052), el fundamento legal de las cuotas que venían aplicándose en los ejercicios 2004 y 2005 es muy confuso. El importe de la cuota fue establecido inicialmente en el Decreto 551/1960, por el que se convalidaron las tasas por «Reconocimientos, autorizaciones y concursos» del entonces Ministerio de la Gobernación. En el apartado 3) de la tarifa segunda, Autorizaciones, se establecía una única cuota de 100 pesetas por la permanencia y residencia de extranjeros, sin perjuicio de las normas de reciprocidad internacional. En los ejercicios 2004 y 2005 el MAP aplicó a las autorizaciones de residencia las cuotas (actualizadas según las leyes anuales de presupuestos) recogidas en la Resolución 4/2001, de 22 de octubre, de la Dirección General de Tributos, por la que se convierten a euros las cuantías exigibles por la concesión de autorizaciones y expedición de documentos de identidad a extranjeros, establecidas por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Dicha norma diferencia las cuotas correspondientes a una serie de supuestos (véase anexo 1), sobre cuyo origen no se ha aportado información, y que no coinciden exactamente con las situaciones de estancia o residencia en que pueden encontrarse los extranjeros en España, según la LOEx. Existen discordancias entre los supuestos de la ley y los de la referida Resolución en los siguientes casos: a) La Resolución 4/2001 establece una única cuota para los permisos de estancia de cualquier duración; mientras que la LOEX establece, en su artículo 48.3.b), que para la determinación de la cuota correspondiente a la prórroga de las autorizaciones de estancia se tendrá en cuenta la duración de dicha prórroga. Según se deduce de los expedientes examinados y de la información facilitada por el MAP, en 2004 y 2005 se aplicó a las prórrogas de estancia la cuota fija establecida en la Resolución. b) En la Resolución 4/2001 se fija asimismo una única cuota para las autorizaciones de residencia de régimen general. La LOEx diferencia las autorizaciones de residencia temporal y de residencia permanente y establece (artículo 48.3 c) que en la fijación de la cuantía de las tasas se tendrá en cuenta la duración de la autorización, su carácter definitivo o temporal y, dentro de estas últimas, que se trate de la primera concesión o de renovaciones. En 2004 y 2005 se aplicó la misma tasa en todos estos supuestos. c) La LOEx establece tres supuestos de autorizaciones de residencia que no contempla la Resolución: apátridas, indocumentados y refugiados. En la información facilitada por el MAP sobre cuotas vigentes en los ejercicios 2004 y 2005 no aparecen estos supuestos. 2.4 En cuanto al ejercicio 2008, no se producen ya las discordancias referidas en los puntos anteriores, por cuanto habían sido subsanadas con la aprobación de la Orden 3654/2007, de 14 de diciembre, que establece cuotas para cada uno de los supuestos establecidos en la legislación de extranjería relativos a las tasas cuya exacción corresponde a los Ministerios de Interior, Trabajo y Asuntos Sociales y Administraciones Públicas. 2.5 Por otro lado, el artículo 7 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, modificada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, establece el denominado principio de equivalencia, según el cual «las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible». El artículo 48.2 de la LOEx establece, en el mismo sentido que el artículo 20 de la Ley de Tasas, que las normas que determinen la cuantía de las tasas deberán ir acompañadas de una memoria económico-financiera sobre el coste de la actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía propuesta, la cual deberá ajustarse a lo establecido en los artículos 7 y 19.2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril. En los dos primeros ejercicios fiscalizados no hay constancia de la existencia de la memoria mencionada (la situación era la misma que la puesta de manifiesto en el informe relativo al ejercicio 2002), ni de ningún tipo de estudio o informe sobre el coste del servicio o sobre la justificación de las cuantías que se venían aplicando. Este incumplimiento legal supone, además, una limitación que ha impedido al Tribunal comprobar el cumplimiento del principio de equivalencia establecido en el artículo 7 de la Ley de Tasas y Precios Públicos. 2.6 Por lo que se refiere al ejercicio 2008, el MAP dispone de un documento fechado en octubre de 2007 y titulado «Memoria Económico-Financiera del proyecto de Orden del Ministerio de la Presidencia, por la que se establece el importe de las tasas por concesión de autorizaciones administrativas, expedición de documentos en materia de inmigración y extranjería, o tramitación de visados en frontera». La referida Orden fue aprobada, como se ha señalado, el 14 de diciembre de 2007. 2.7 La validez de dicho documento no resulta acreditada al no figurar en el mismo firma ni registro algunos. Por otra parte, tampoco resulta suficiente para comprobar el cumplimiento del principio de equivalencia en las nuevas tasas establecidas porque, aunque se indica que se han tenido en cuenta los costes de personal, material y medios técnicos, que se desglosan para algunos tipos de autorización o documento, no se informa sobre el origen ni justificación de los datos considerados para la determinación de dichos costes. En las autorizaciones de trabajo por periodo superior a seis meses ni siquiera se hace desglose de costes, indicando que estos no justifican por sí mismos las tasas establecidas en este ámbito. En estos casos, se mantienen las cuotas establecidas anteriormente, adaptándolas en su caso a los nuevos supuestos del RLOEx-2004, con las actualizaciones previstas en las leyes anuales de presupuestos. Los costes calculados en el ejercicio 2006 por la concesión o expedición de las autorizaciones administrativas y el importe de los ingresos mínimos figurados en dicho documento son: 2.8 Los incrementos que se producen en las cuantías de las tasas por la Orden 3654/2007 presentan diferencias acusadas en algunos casos, cuya justificación no ha sido posible conocer. Por ejemplo, las autorizaciones de residencia permanente pasan de 5,59 euros en 2007 (la misma tasa para todas las autorizaciones de residencia) a 20,00 euros en 2008 (278%); en cambio las autorizaciones de trabajo solo se incrementan conforme al porcentaje general establecido en las leyes de presupuestos. 2.9 Otro principio fundamental en la regulación de las tasas lo constituye el denominado principio de capacidad económica (artículo 8 de la Ley 8/89, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, modificada por Ley 25/1998, de 13 de julio), conforme al cual «en la fijación de las tasas se tendrá en cuenta, cuando lo permitan las características del tributo, la capacidad económica de las personas que deben satisfacerlas». En el informe relativo al ejercicio 2002 se indicaba que no había sido posible verificar el cumplimiento de este principio, ante la total omisión de estudios o informes al respecto, si bien del análisis de las propias cuantías fijadas para cada tipo de permiso, en las que no existía ponderación alguna en función de la capacidad económica de la persona obligada al pago, se deducía que no se había tenido en cuenta este principio al regular las cuotas tributarias de las tasas fiscalizadas. Ambas críticas son aplicables al período ahora fiscalizado. 2.10 También continuaron vigentes a lo largo del periodo fiscalizado algunas de las incoherencias, en la regulación reglamentaria de los procedimientos de gestión de las autorizaciones y de las tasas, indicadas en el anterior informe: a) La competencia para entregar las tarjetas de identidad del extranjero corresponde al Ministerio del Interior (artículo 105.11 del RLOEx-2004) y son, por lo tanto, funcionarios de dicho Departamento quienes deben comprobar que se han pagado no solo las tasas de su competencia sino también las del MAP, según indica el citado artículo. Esta situación plantea problemas de coordinación, como se ha comprobado en la fiscalización practicada. b) En el mismo artículo se establece que corresponde al extranjero, al recoger la tarjeta, acreditar el pago de las tasas fiscales legalmente establecidas, con independencia de si es o no el sujeto pasivo obligado a dicho pago, lo que puede resultar problemático. c) En algunos casos no coincide la persona del solicitante de las autorizaciones y del sujeto pasivo de las tasas. Por ejemplo, en el supuesto de las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo por cuenta ajena es el empleador quien debe presentar la correspondiente solicitud (artículo 51.1 del RLOEx-2004) y a quien se ha de notificar la resolución favorable para que «proceda al abono de las tasas correspondientes» (artículo 51.5); sin embargo, el sujeto pasivo de la tasa de residencia es el extranjero (artículo 46 de la LOEx). 2.11 En lo referente a los plazos de pago de las tasas, el RLOEx-2004 no contiene previsión alguna, mientras que en el anterior se establecía un plazo de 8 días para el pago de la tasa de trabajo, a contar desde la notificación de la resolución favorable. La Orden 3654/2007, por su parte, establece un plazo de 8 días hábiles en el supuesto de autorizaciones de trabajo y de un mes en el resto de supuestos. En la práctica, sin embargo, no se exige el cumplimiento de ningún plazo de pago, salvo su comprobación al realizarse la entrega de la tarjeta de extranjero. B) Control interno. 2.12 En informe relativo al ejercicio 2002 se pusieron de manifiesto numerosas deficiencias de control interno del sistema de gestión de la tasa 062, que en gran parte persistían en los ejercicios 2004 y 2005 y, en menor medida, en el ejercicio 2008, siendo de aplicación también a la tasa 052. Seguidamente se transcriben los resultados del análisis de control interno relativo al presente informe. Aspectos generales. 2.13 El sistema de gestión de la tasa establecido por el MAP en los ejercicios 2004 y 2005 presentaba las mismas debilidades de control interno que en 2002. En efecto, no estaban debidamente clarificadas las competencias y funciones en materia de gestión y control de las tasas; no existían registros adecuados de las actuaciones practicadas; no se había establecido un archivo correcto y accesible de los expedientes; no se generaba información periódica ni se realizaba seguimiento sobre las liquidaciones, la recaudación y los deudores; y no existían órganos encargados del control y supervisión de la gestión de la tasa. En el año 2008, sin embargo, se aprecian visibles mejoras en el archivo de los expedientes, en el registro de las actuaciones y en el sistema de información, al utilizar las dos nuevas aplicaciones informáticas GFIN y PAC (véase el punto 2.31). No obstante, aún persistían debilidades en cuanto a la información y el control sobre la liquidación y la recaudación de las tasas, debido a las deficiencias observadas en la implementación y uso por las Oficinas de dichas aplicaciones. Oficinas gestoras periféricas. 2.14 Las oficinas gestoras carecían de instrucciones suficientes y de manuales de procedimiento para la gestión de las tasas. Si bien la Subdirección General de Administración Económica y Patrimonial del MAP, dependiente de la Subsecretaria, dictó en diciembre de 1998 unas «Normas sobre gestión y recaudación de las tasas cuya gestión está encomendada al Ministerio de Administraciones Públicas», actualizadas en junio de 2003 y con anexos en abril y octubre de 2007, realmente no contienen más que una remisión a lo establecido en la Orden de 4 de junio de 1998, salvo en lo que se refiere a los procedimientos de devolución de ingresos indebidos y de recaudación en vía ejecutiva, que se regulan con mayor detalle. Por esta razón, cada Unidad gestora resolvió según sus propios medios y criterios las cuestiones procedimentales que se le plantearon, dando lugar a diferencias de tramitación no razonables entre las diversas oficinas. Ejemplos de estas diferencias se dan, entre otras, en la determinación del pago concedido para el pago de las tasas, en la consideración que se otorga al modelo 990 (liquidación o autoliquidación), en el sistema de notificación aplicado, o en el modelo de Resolución que se utiliza. 2.15 Por otro lado, las Oficinas tienen acceso a través de Internet a la página web del MTAS/MTI que contiene circulares e instrucciones en materia de inmigración y extranjería, pese a lo cual se mantienen las diferencias señaladas en la tramitación de las autorizaciones y de las tasas. Así, por ejemplo, la Oficina de Zaragoza no exigió el pago de la tasa de residencia en el supuesto de las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo, por entender que la tasa por el visado cubría el mismo hecho imponible. Sobre otra cuestión específica (la vigencia de los recargos sobre las tasas por autorizaciones de trabajo), alguna oficina planteó consulta al MTAS/MTI por correo electrónico, siendo atendida de la misma forma, sin que haya constancia de instrucciones dirigidas a todas las oficinas gestoras, pese a tratarse de una cuestión de interés general. Se aprecia, por tanto, que el hecho de que la competencia funcional en cuanto a la tramitación de las autorizaciones corresponda al MTAS/MTI y la gestión de las tasas al MAP plantea problemas de coordinación que no están bien resueltos. 2.16 Las liquidaciones de la tasa se calculaban y obtenían habitualmente de la aplicación informática, que vincula el importe de la tasa al tipo de permiso concedido. Sin embargo, dicho importe puede ser modificado sin traba ni control alguno por el funcionario que tramita el expediente. Además, algunos datos, como los recargos procedentes, deben ser introducidos directamente en cada caso. No existió ningún tipo de supervisión posterior sobre el cálculo de las liquidaciones. Analizada una muestra de éstas por el Tribunal, se ha observado que la tarifa aplicada fue incorrecta en varios casos y que, en la mayoría de las oficinas, no se aplicaron por lo general los recargos procedentes. 2.17 Las Unidades periféricas no realizaron ningún seguimiento de la gestión realizada en relación con la tasa, ni disponen para ello de registros adecuados y fiables de los que se pueda obtener datos generales y particulares relativos al número de liquidaciones practicadas, anuladas, canceladas y pendientes. 2.18 El control sobre la notificación de las resoluciones de concesión de permisos y las liquidaciones de las tasas es deficiente. No existía un procedimiento normalizado a este respecto: en Baleares, Barcelona y Madrid el modo común fue el correo ordinario; la Oficina de Barcelona solo notificó con acuse de recibo las resoluciones iniciales, aunque por lo general no se dejó constancia en los expedientes; la de Baleares notificó con acuse de recibo las denegaciones y las resoluciones de archivo; en Madrid no parece haber un criterio claro, si bien se ha observado, sobre los expedientes examinados, que en el último de los ejercicios fiscalizados el porcentaje de notificaciones con acuse de recibo es muy inferior al de años anteriores. La Oficina de Zaragoza notificó siempre con acuse de recibo y publicó en el Boletín Oficial de la Provincia las resoluciones devueltas por Correos. Por otra parte, generalmente no se realizó ningún tipo de actuación tendente a intentar de nuevo la notificación de las cartas devueltas por Correos. La trascendencia del trámite de notificación es clave en el proceso de gestión de la tasa, puesto que la obligación de abonar la misma nace en el momento en que se notifica la liquidación. Conforme a la normativa tributaria, la falta de constancia de la notificación perjudica irremediablemente el procedimiento legal de exigencia del pago. 2.19 Se ha observado otra incidencia, derivada de los cambios en la tramitación como consecuencia del nuevo Reglamento de la LOEx de 2004. En 2005 y 2008 es el empleador quien está legitimado para presentar la solicitud de autorización de residencia y trabajo; sin embargo, los sujetos pasivos de las tasas son dos, el extranjero y el empleador, respectivamente. Algunas oficinas notificaron la resolución de autorización solo al solicitante y otras tanto a éste como al extranjero. 2.20 En los ejercicios ahora fiscalizados no se han observado las mismas deficiencias en el sistema de archivo de los expedientes encontradas en 2002, si bien en Zaragoza no se han aportado 33 de los 80 expedientes solicitados, por las razones señaladas en el punto 1.18, y en Madrid no se pudieron localizar cuatro expedientes: uno de 2004, otro de 2005 y dos de 2008. 2.21 El control sobre la documentación que debe figurar en los expedientes, sin embargo, sigue presentando deficiencias. En numerosas ocasiones los expedientes se encuentran incompletos, bien porque se ha omitido algún trámite, bien porque determinada documentación como los ejemplares para la Administración de los modelos 790 y 990 o los mencionados acuses de recibo de las notificaciones no se incorporaron al expediente cuando se recibieron. 2.22 En cuanto al control sobre el pago efectivo de las tasas, tanto el artículo 87.5 del RLOEx-2001 como el artículo 105.11 del RLOEx-2004 establecen el mismo mecanismo, consistente en vincular la entrega de la tarjeta de extranjero a la acreditación del previo pago de la tasa. Sin embargo, puesto que las oficinas no disponen de registros que conecten las tasas abonadas por la concesión del permiso con las tarjetas emitidas o entregadas, no es posible, en general, comprobar si este control funcionó correctamente. No obstante, el Tribunal ha detectado varios casos en los que figuraban entregada las tarjetas en la aplicación de extranjería y no consta el pago de las tasas correspondientes en la aplicación GFIN. 2.23 Las oficinas periféricas tampoco realizaban actividad alguna de seguimiento y control sobre los deudores. Como consecuencia de la falta de control sobre los aspectos antes señalados (notificaciones y pagos realizados), las oficinas desconocen en muchas ocasiones el número e importe de las liquidaciones impagadas y que, por lo tanto, son exigibles en vía ejecutiva. Ninguna de las oficinas visitadas realizó en los ejercicios fiscalizados los trámites oportunos para el inicio de la vía de apremio sobre las tasas no abonadas en periodo voluntario. Por otra parte, de las cinco oficinas visitadas, tres no tenían acceso a la aplicación GFIN y las otras dos (Sevilla y Zaragoza) no utilizaban dicha aplicación como mecanismo de seguimiento de la recaudación, sino únicamente para consultas ocasionales. 2.24 Por otro lado, en lo que se refiere a actuaciones de control por parte de otros órganos de control interno de la Administración General del Estado, se solicitaron los informes de control financiero de los ejercicios fiscalizados para todas las provincias, con referencias al área de extranjería. Respecto de las oficinas visitadas, el relativo al ejercicio 2008 únicamente fue aportado en la Delegación de Sevilla (en Barcelona se aportó un Memorando). En Baleares tampoco hay constancia de que se haya elaborado el informe correspondiente a 2005. Los informes facilitados incluyen resultados relacionados con las tasas de extranjería, excepto el de Sevilla, del ejercicio 2004, por dificultades derivadas del proceso de regularización, y el de Zaragoza de 2005, en el que se indica que no se llevó a cabo actuaciones en materia de extranjería por permanecer la misma situación del ejercicio anterior. Los aspectos destacados en estos informes, que coinciden con los que han sido detectados en la fiscalización del Tribunal, se refieren a: deficiencias en las notificaciones (Madrid y Barcelona), imposibilidad de cifrar los ingresos por las tasas de extranjería (Madrid y Sevilla), falta de liquidación de algunas tasas procedentes (Zaragoza), omisión en los expedientes de los documentos de ingreso (Barcelona y Madrid), falta de grabación en la aplicación informática de las fechas de pago o discordancias entre fechas (Barcelona y Zaragoza), y no remisión de expedientes a vía ejecutiva (Barcelona). Los informes facilitados del resto de oficinas de extranjería contienen resultados similares. Servicios Centrales del MAP. 2.25 El informe relativo a 2002 señalaba importantes debilidades de información y control de los Servicios Centrales del MAP sobre la gestión de las tasas de extranjería, hasta el punto de no haber podido facilitar al Tribunal la información que se solicitó en relación con las liquidaciones practicadas y la recaudación de las tasas por tipos de permisos y por centros gestores. En los ejercicios 2004 y 2005 el MAP contaba ya con la aplicación informática de extranjería que podría haber servido para superar dichas debilidades, si bien las deficiencias en la utilización de dicha aplicación que se exponen en los puntos siguientes impidió alcanzar tal resultado. En el ejercicio 2008 se contaba, además, con dos aplicaciones informáticas específicas para las tasas (GFIN y PAC), que permiten mejorar sustancialmente el control de los Servicios Centrales del MAP sobre la gestión y recaudación de las tasas, si bien no se realizaron procesos masivos que permitieran relacionar la información sobre tasas liquidadas con la información sobre recaudación, de modo que tampoco se pudo conocer para ese ejercicio el número de liquidaciones pendientes de pago. Al término de la presente fiscalización estaba en preparación un sistema para capturar en la aplicación de extranjería los datos de recaudación de la AEAT, con la intención de que las oficinas revisen las tasas pendientes de pago y se inicien procesos masivos en vía de apremio (objetivo que, sin embargo, no parece viable para la tasa 052 mientras no se discriminen los datos de recaudación que corresponden propiamente a las autorizaciones de extranjería). 2.26 Tampoco se utilizaron desde los servicios centrales las posibilidades de control que permitirían otros sistemas al margen de las aplicaciones informáticas, tales como visitas a las Delegaciones y seguimiento a partir de los informes de gestión de las Delegaciones o de los informes de control financiero de las respectivas Intervenciones territoriales. Por otra parte, como se ha señalado, en las cuestiones de fondo sobre la gestión de las tasas (dudas de interpretación normativa, supuestos, excepciones, etc.) el MAP no tiene intervención alguna, siendo atendidas habitualmente dichas cuestiones por los servicios correspondientes del MTAS/MTI. Aplicaciones informáticas. 2.27 En los ejercicios fiscalizados no se había llevado a cabo la previsión recogida en la disposición final segunda del RLOEx-2004, según la cual en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de dicha norma, los ministerios que intervienen en la tramitación de expedientes de extranjería deberían poner en funcionamiento una aplicación informática común, coordinada por el Ministerio de Administraciones Públicas y con acceso de los demás ministerios implicados. Las utilidades mínimas de dicha aplicación serían, según la norma citada, las siguientes: – La introducción y modificación de datos e informes por parte de cada departamento ministerial, en los exclusivos ámbitos de su competencia, en cada fase de tramitación de los expedientes de extranjería. – La comunicación entre cualquiera de los implicados, para conocer el estado de tramitación del expediente y posibilitar su continuación. – La consulta en tiempo real de los expedientes. – La obtención de datos actualizados para el cumplimiento de las funciones de observación permanente de las magnitudes y características más significativas del fenómeno inmigratorio. A la fecha de realización de los trabajos de campo, cada uno de los ministerios con competencias en materia de extranjería utilizaba una aplicación diferente, aunque a todos se les había facilitado el acceso, en régimen de consulta, a la aplicación de extranjería del MAP. Por otra parte, se ha incluido en esta aplicación un nuevo módulo denominado Cuadro de Mando, que permite la obtención de datos estadísticos. 2.28 La aplicación de extranjería comenzó a implantarse a comienzos del ejercicio 2002, habiéndose previsto que fuera utilizada por las Oficinas de extranjeros y Servicios de extranjería de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno para la gestión de todos los procedimientos. En la presente fiscalización se ha observado que, en efecto, todos los expedientes examinados habían sido tramitados en dicha aplicación, en la que asimismo se habían gestionado las tasas correspondientes. No obstante, algunas de las oficinas visitadas han comunicado la existencia de trámites que se realizan al margen de la aplicación informática de extranjería: en Madrid, las modificaciones por cambio de dependencia laboral de periodos anteriores; en Sevilla, los informes gubernativos de adopción internacional, las cédulas de inscripción (sujetas a tasa) y los informes de desplazamiento de menores; y en Zaragoza, los informes gubernativos de adopción internacional. 2.29 En los ejercicios fiscalizados permanecían, no obstante, algunas deficiencias referidas específicamente al propio diseño de la aplicación que perjudican el control interno sobre la gestión de las tasas: a) El acceso a la pantalla de tasas es opcional para el gestor. b) El importe de la tasa correspondiente a una autorización determinada puede ser modificado por el usuario. c) La aplicación permite grabar datos incongruentes entre el tipo de autorización, el importe de la tasa y el sujeto pasivo. d) El dato relativo a la fecha de pago de las tasas no es grabado inicialmente por el funcionario gestor una vez que ha verificado el ingreso; la anotación se inicia mediante un procedimiento de traspaso automático a dicho campo de la fecha de emisión de la tarjeta de extranjero; solo en alguna de las oficinas visitadas se ha observado que posteriormente se verifican los ingresos y se registran las fechas reales de pago. e) La información estadística obtenida del módulo Cuadro de mando no es estable; se ha observado la existencia de diferencias sobre unos mismos datos, correspondientes a ejercicios pasados, obtenidos en diferentes fechas. f) Según la información aportada por el MAP, en materia de gestión de tasas la aplicación realiza fundamentalmente tres labores: emisión de los modelos de impreso, la anotación de las fechas asociadas y las consultas sobre la procedencia del pago. Cualquier gestión posterior «escapa a la funcionalidad de esta aplicación». g) La aplicación incorpora un número excesivo e injustificado de códigos de autorización, que facilita la comisión de errores. h) Se han observado también errores en la utilización del programa por parte de los usuarios, consistentes en omisiones o errores en la grabación de los datos. Por ejemplo, en algunas ocasiones no se graba el número de justificante del impreso de pago, lo que imposibilita su comprobación en la aplicación GFIN. 2.30 Efectuadas comprobaciones de integridad y fiabilidad de los datos recogidos en la aplicación de extranjería, mediante su contraste con los expedientes de la muestra detallada en el punto 2.37, se han observado las siguientes deficiencias: a) No coincide el tipo de autorización concedida con la grabada en tres autorizaciones tramitadas en Madrid. Una de ellas aparece en la aplicación como «residencia permanente» (RP), cuando la que consta en el expediente es «residencia y trabajo, 2.ª renovación» (CA3). En respuesta a la petición de aclaraciones realizada por el Tribunal, se aportó otra resolución de tipo RP que tiene la misma fecha y el mismo n.º de registro de salida de la CA3 que consta en el expediente, y en el que la firma escaneada es de un Jefe Superior de Policía que tomó posesión en julio de 2008, cuando la fecha de la resolución es de marzo de ese mismo año. b) En 24 casos (7% de los aplicables), no coincide el importe de la tasa que consta en los expedientes con la grabada en la aplicación informática (18 expedientes de Zaragoza, 5 de Sevilla y uno de Madrid. c) En 16 expedientes de Zaragoza en los que no se liquidó tasa, figura sin embargo grabada una fecha de pago en la aplicación de extranjería. En 13 de ellos (tasa de residencia) resultaba procedente la liquidación de la tasa, mientras que en los otros 3 (tasa de trabajo) no procedía dicha liquidación. d) No coincide la fecha de solicitud de la autorización grababa con la observada en 11 expedientes, repartidos en todas las Oficinas. Además, en otros 5 casos, no consta en los expedientes, pero sí en la aplicación, la fecha de la solicitud. Es de señalar que en la aplicación informática figuran subsumidos en un único campo («fecha de recepción») dos datos que tienen efectos en el cómputo de plazos: la fecha de solicitud y la fecha de entrada en el registro del órgano competente. e) No coincide la fecha de resolución en 69 expedientes (19% de los aplicables): 61 de Baleares, 7 de Sevilla y uno de Madrid. La falta de coincidencia en Baleares se debe principalmente al procedimiento de formalización de las resoluciones en esta Oficina, que no considera como fecha de resolución la de la firma del Delegado, sino la de expedición en la aplicación informática del correspondiente impreso, que es siempre anterior. f) La fecha de pago que figura en la aplicación normalmente es igual para las dos tasas (052 y 062) y generalmente coincide con la fecha de emisión de la tarjeta por la policía, que se traspasa automáticamente a la aplicación de extranjería. Debido a la falta de constancia en los expedientes de los modelos 990 y 790 validados por la entidad bancaria (véase el punto 2.28, incisos ñ y o) solo se ha podido comprobar la fecha real de pago en 40 expedientes de Zaragoza (de los cuales en 26 la fecha grabada en la aplicación de extranjería no era correcta) y 4 de Sevilla (de los que uno también presentaba grabada una fecha incorrecta). g) En 86 expedientes (el 24% de los que figura liquidada tasa) no consta grabada esta fecha en la aplicación: 26 de Madrid, 23 de Sevilla, 18 de Baleares, 14 de Barcelona y 5 de Zaragoza. En su mayoría corresponden a 2004 y 2005. h) Aunque la mayoría de las resoluciones contienen dos tasas con sujetos pasivos diferentes, la fecha de notificación grabada en la aplicación es única. En 5 casos no coinciden las fechas y en 16 no está grabada la misma. i) En uno de los expedientes de la Delegación de Sevilla la identidad del extranjero figura con tres nombres diferentes, tres códigos de extranjero en dos provincias distintas y dos NIE (número de identidad de extranjero) diferentes. En 3 casos más (otro de Sevilla y dos de Madrid y Barcelona), se aprecia la misma constancia de dos código de extranjero y dos NIE para la misma persona. Estas deficiencias evidencian una debilidad de control muy importante. 2.31 Además de la aplicación de extranjería, desde 2007 están operativas las siguientes aplicaciones informáticas, diseñadas específicamente por el MAP para la gestión de sus tasas: a) Aplicación GFIN (Gestión Financiera de Tasas): Esta aplicación utiliza los datos de los ingresos facilitados por la AEAT sin realizar cruces con ninguna otra base de datos o aplicación; tiene los siguientes módulos: a.1 Importes, que incorpora dos utilidades: una de gestión, que permite modificar los valores de los conceptos que se utilizan para calcular el importe de una tasa; y otra de consulta sobre los importes de cada tasa y para cada ejercicio. a.2 Carga de ficheros de la AEAT: se trata de la información referente a los pagos de tasas que la AEAT envía al MAP con una periodicidad quincenal. Esta información se carga en el sistema, y está disponible para su consulta desde la aplicación. a.3 Consulta de informes: permite obtener informes de las tasas según la información suministrada por la AEAT y diferentes clasificaciones: tipo de tasa, años, provincias, Comunidades Autónomas, etc. a.4 Consulta de pago de tasas: permite obtener informes de las tasas pagadas según la información suministrada por la AEAT. Presenta una disfunción poco lógica, debido a que en cada consulta es obligatorio incluir cuatro criterios de filtro: tipo de tasa, años, meses y provincias, lo que provoca bastante dificultad y trabajo para obtener datos totalizados (por ejemplo, datos globales de lo cobrado por una tasa en un ejercicio determinado). También se pueden obtener consultas individuales por NIF/CIF o por número de justificante. b) Aplicación PAC (Punto de atención al ciudadano). Es una aplicación diseñada para realizar las tareas cotidianas de los funcionarios gestores de tasas y accesible a través de la Intranet Administrativa. Permite la emisión de los impresos de pago de las tasas del MAP y el acceso al sistema de pago telemático, así como el alta y consulta de los pagos ya realizados. La aplicación consta de 5 módulos diferenciados: b.1 «Generación Masiva de Impresos», mediante el cual el funcionario puede generar e imprimir múltiples copias sin cumplimentar (en blanco) del modelo 790 de una determinada tasa. Los interesados podrán recoger estos impresos y seguir el procedimiento presencial, mediante el pago en una Entidad Financiera colaboradora y presentación final en la oficina correspondiente. b.2 «Rellenado Guiado», que permite al funcionario cumplimentar electrónicamente el modelo conforme a los datos que le indique el interesado y obtener una copia impresa del mismo. Posteriormente se entregará el impreso al interesado, que deberá continuar con el proceso presencial explicado anteriormente (en el caso de la tasa 052 existe también la posibilidad de pago y envío telemático a través de Internet). b.3 «Reasignar provincia», permite correcciones de errores necesarias para la validación de las liquidaciones presenciales de un ámbito provincial determinado. b.4 «Liquidaciones presenciales»; este módulo se divide en dos apartados: – Alta de liquidación presencial: permite insertar de forma manual los datos de las liquidaciones presenciales para tener control sobre ellas y poder ser cruzadas con la información suministrada por la AEAT. – Consulta de liquidaciones presenciales. b.5 «Consulta Pagos y Registros Telemáticos», que permite efectuar las consultas necesarias sobre dichos aspectos. C) Examen de los expedientes de gestión de las tasas. 2.32 Para analizar la gestión de las tasas en distintas unidades gestoras se seleccionaron las Oficinas de Extranjeros de Baleares, Barcelona, Sevilla y Zaragoza, y la Delegación del Gobierno en Madrid. En el siguiente cuadro se indica el número de autorizaciones concedidas en cada una de dichas provincias, según la información facilitada por la Subdirección General de Administración Financiera del MAP, cuya suma supone una participación superior al 40% en el total de las autorizaciones acordadas por las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en los años 2004, 2005 y 2008, así como en el importe de las tasas correspondientes. 2.33 En el Informe de fiscalización relativo al ejercicio 2002 se señalaban determinadas carencias respecto de la insuficiencia de medios personales y materiales adscritos a las Oficinas de Extranjeros, así como la ubicación en diferentes edificios de las Unidades que intervienen en la tramitación y del archivo de los expedientes. En la actual fiscalización no se ha apreciado mejora relevante en estos aspectos. Por otro lado, no se ha cumplido la previsión del RLOEx-2001 (reiterada en el RLOEx-2004) sobre la integración en las Oficinas de todos los servicios de extranjería de ámbito provincial, toda vez que los servicios policiales no han sido integrados y continúan ejerciendo sus funciones en materia de extranjería fuera de la estructura de las Oficinas de Extranjeros y, en general, en otras dependencias (salvo, respecto de las provincias visitadas, en Sevilla y Palma de Mallorca). La falta de integración de los servicios policiales priva de eficacia la labor de las Oficinas de Extranjeros, en su actual configuración. De hecho, no se han observado diferencias significativas en la tramitación de los expedientes entre las provincias visitadas que contaban con Oficina de Extranjeros (Barcelona, Baleares, Sevilla y Zaragoza) respecto de Madrid, en donde las mismas competencias son ejercidas por distintas áreas y servicios de la Delegación del Gobierno. 2.34 En el informe relativo al ejercicio 2002 se analizó el grado de eficacia de las Oficinas visitadas, tomando como base las solicitudes ingresadas y las resoluciones dictadas en el ejercicio, así como las solicitudes pendientes de resolver a final de año. En la presente fiscalización no ha sido posible realizar un análisis similar por deficiencias insalvables de la información facilitada. Así, por un lado, a partir de 2003 se ha modificado por el MAP la fuente de información de los datos de gestión, de forma que dejan de ser comparables los datos con las series anteriores y, lo que resulta más problemático y condiciona la validez de toda esta información, se inicia el dato de 2003 sin ningún pendiente de ejercicios anteriores, cuando los datos de 2002 mostraban al final de año 937.856 expedientes pendientes de resolución. Por otro lado, los datos de gestión facilitados no son completos ni homogéneos: los de las solicitudes se reducen a las que «posiblemente lleven tasa aparejada» y los de las resoluciones se limitan a las que «efectivamente conllevan una emisión de tasa». 2.35 Otro indicador utilizado en el Informe de fiscalización de 2002 para analizar la gestión de los expedientes es el tiempo de tramitación de los mismos. En la presente fiscalización se ha observado que los tiempos transcurridos desde la fecha de solicitud de las autorizaciones hasta la de resolución han mejorado notablemente. Analizada una muestra de 346 autorizaciones de las Oficinas visitadas, el tiempo medio de resolución en las autorizaciones iniciales es de 5,10 meses (12,50 meses en el Informe relativo a 2002) y el de las renovaciones de 2,51 meses (6,10 en el Informe relativo a 2002). Según la disposición adicional 8.ª del RLOEx-2004, el plazo máximo para resolver es de 3 meses. 2.36 En cuanto a la formalización de los actos administrativos, se aprecian notables diferencias en las Oficinas visitadas, dado que el contenido de las resoluciones se establece por las propias Oficinas sin que exista un modelo común para todas ellas. Por otro lado, en Baleares el Delegado no firmaba una resolución individual para cada expediente, sino una relación de expedientes concedidos, si bien previamente se expedía un documento de comunicación al interesado, que recoge el texto completo de una presunta resolución individual, firmado por el responsable de la tramitación administrativa del expediente. En Madrid, la competencia del Delegado del Gobierno para la firma de las autorizaciones de residencia y trabajo estaba delegada en el Jefe Superior de Policía y en el Director del Área de Trabajo, respectivamente, incluyéndose sus firmas escaneadas en las resoluciones. En Barcelona y Zaragoza, las firmas que figuran en las resoluciones individuales son también escaneadas, si bien en Barcelona el Subdelegado firma un listado con las autorizaciones concedidas cada semana. La Oficina de Sevilla es la única en la que se aprecia el cumplimiento riguroso de los requisitos procedimentales, al firmar manualmente el Subdelegado cada una de las resoluciones individuales. 2.37 En cada una de las cinco oficinas se ha examinado una muestra de los expedientes tramitados, con la finalidad de comprobar la corrección en la gestión de la tasa. Inicialmente se seleccionó una muestra de 400 expedientes (80 en cada oficina y distribuidos por años (100 de 2004, 100 de 2005 y 200 de 2008). De dicha muestra no se han aportado al Tribunal 37 expedientes (33 de la Oficina de Zaragoza, resueltos en 2004 y 2005, por la razón señalada en el punto 1.17, y 4 de Madrid). Finalmente, pues, se examinaron 363 expedientes, en los que se habían liquidado tasas por importe de 33.924,40 euros, según datos de la aplicación informática de extranjería. En el siguiente cuadro se expone el detalle: NOTA. Los importes de las tasas son los figurados en la aplicación de extranjería, que no coinciden con los realmente liquidados, según se deduce de los expedientes examinados. 2.38 Las comprobaciones realizadas por el Tribunal sobre los expedientes de la muestra referida se han dirigido a verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La constancia en el expediente de la resolución de concesión del permiso, dictada por autoridad competente. b) La notificación de la resolución. c) La corrección de la liquidación de las tasas, incluyendo los siguientes aspectos: – Modelo de liquidación utilizado. – Firma o sello del órgano liquidador. – Sujeto pasivo. – Tarifa aplicada. – Recargos. – Exenciones del pago de la tasa aplicadas. d) La indicación del plazo establecido para el ingreso de la tasa. e) El cumplimiento del plazo de ingreso. f) La presentación en plazo del justificante de haber realizado el pago. g) El pago material de las tasas, mediante la comprobación de los modelos de liquidación y de su inclusión en la aplicación GFIN. 2.39 Los resultados obtenidos en el examen de cada uno de los expedientes de la muestra se detallan en el anexo 2, en el que se tipifican las deficiencias encontradas y se presentan también por Oficinas. En resumen, los principales defectos observados son: a) En 15 casos (4%) no hay constancia de la resolución de concesión de la autorización. En otro caso, de Baleares y del año 2004, la resolución (individual) que consta en el expediente es una fotocopia. b) En Sevilla, en un expediente tipo ART en el que no figuraba la concesión de la autorización, el Jefe de la Oficina manifiesta que en la fecha de tramitación no se elaboraba resolución en este tipo de expedientes, siendo suficiente el visado (tampoco se había liquidado, consiguientemente, la tasa de residencia); sin embargo, dicha práctica no es conforme con las normas entonces vigentes. En otro caso, se manifiesta que se archivó el expediente por no aportar el interesado la documentación requerida, aunque en el expediente figura dicha documentación y no existe resolución de archivo. Ambos casos figuran en la aplicación informática como autorizaciones concedidas y con fecha de resolución. c) Cada oficina utiliza modelos diferentes para formalizar la resolución, incluso para un mismo tipo de autorización. d) Sin perjuicio de las deficiencias del sistema de constancia de las firmas indicado en el punto 2.24, en dos expedientes (uno de Sevilla y otro de Madrid), relativos a autorizaciones concedidas por contingente de 2004, constan simplemente diligencias firmadas por los Jefes de las Unidades administrativas. En otro expediente de Sevilla falta también la firma del Subdelegado en la resolución. e) Se han observado errores u omisiones en el importe exigido en la liquidación de la tasa en 93 casos (27% de los aplicables), 23 correspondientes a Sevilla, 22 a Madrid, 20 a Barcelona, 16 a Zaragoza y 12 a Baleares. El detalle de las incidencias es el siguiente (en algunos expedientes concurre más de una): e.1 En 62 expedientes tramitados al comienzo del ejercicio 2008 se aprecia error en el importe de la tasa por autorización de trabajo (062), al no haberse actualizado la tarifa en la aplicación informática hasta finales de febrero de ese año. e.2 En 18 expedientes no se ha liquidado tasa siendo procedente; 16 de ellos corresponden a Zaragoza donde se ha seguido el criterio de no liquidar la tasa de residencia (052) en las autorizaciones iniciales de trabajo y residencia y en las autorizaciones de residencia temporal por reagrupación familiar, por estar estas autorizaciones también sujetas a la tasa por el visado, interpretación que no se ha justificado con base en norma alguna. Los dos restantes corresponden a Baleares y Madrid donde no se ha liquidado la tasa de trabajo (062). e.3 En 8 casos no se puede conocer del expediente el importe de las tasas que corresponden. En otro expediente concedido en Barcelona como residencia permanente (RP) y grabado en la aplicación con la tasa correspondiente a esa autorización, se aplica la tasa de tarjeta de residente comunitario en base al Convenio existente entre España y el Principado de Andorra, sin que se encuentre justificada esta circunstancia en el expediente. e.4 En 6 expedientes no se ha aplicado la tasa correspondiente al salario figurado en la oferta de trabajo, que es dos veces superior al mínimo interprofesional, sino la correspondiente al salario inferior a ese cálculo. e.5 En 3 expedientes se ha liquidado la tasa 062 siendo improcedente. Los tres figuran en la aplicación GFIN como pagados. e.6 En un caso, el importe de la tasa liquidada corresponde a la tarifa aplicable el año siguiente al de la resolución. e.7 Por otra parte, en 45 expedientes la oferta de empleo no contiene la información del salario, o únicamente se indica la fórmula genérica «según convenio» o se remiten a otra normativa, circunstancia que imposibilita la comprobación rigurosa de la tasa liquidada. f) En un expediente de 2008 de un nacional uruguayo tramitado en Barcelona no se ha aplicado tasa 062 en base al Tratado General de Cooperación y Amistad suscrito con ese país en el año 1992, según instrucciones recibidas, si bien posteriormente se cambió el criterio. En otro expediente de 2005 sí se había aplicado la tasa por autorización de trabajo. g) En 343 expedientes (el 98% de la muestra) no se informa en la resolución o en la comunicación al interesado, o se hace incorrectamente, de los plazos para el ingreso de la tasa y de la aportación de los correspondientes justificantes. j) En 50 expedientes de la Delegación de Sevilla, las resoluciones que hacen referencia al modelo 990 lo califican incorrectamente de autoliquidación. k) En ninguna de las Oficinas visitadas se tramitan los expedientes sancionadores por la infracción contemplada en el artículo 52.b) de la Ley Orgánica 4/2000 (retraso, hasta tres meses, en la solicitud de renovación de autorizaciones una vez hayan caducado), sancionada con una multa de hasta 300,00 euros. En las comunicaciones de la Dirección General de Inmigración a los interesados relativas a la extinción de las autorizaciones y al plazo para su renovación, se les advierte sin embargo de esta posible infracción. l) En 6 expedientes de la Delegación de Sevilla y otros 6 de Baleares, con autorizaciones de trabajo cuya renovación se presentó fuera de plazo, se ha aplicado a la tarifa de la tasa 062 el recargo del 20% previsto en el artículo 4.8 de la Ley 29/1968 (redacción por Ley 13/1996). Según consta en una consulta evacuada por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración del MTAS en el año 2009, no resultaba procedente la aplicación de estos recargos, habiéndose dejado de aplicar desde entonces. m) En 6 expedientes se dictaron resoluciones de concesión de autorizaciones que no resultan procedentes a la vista de los datos deducidos de los propios expedientes. n) No consta notificación de la resolución en 247 expedientes (68% de los aplicables): 64 en Baleares, 61 en Madrid, 53 en Sevilla y 69 en Barcelona. ñ) En 206 expedientes (86% de los aplicables) no hay constancia del modelo de ingreso 990 validado por la entidad bancaria. En estos casos no se han podido realizar sobre estos documentos las comprobaciones previstas sobre la liquidación y el pago de la tasa correspondiente. o) En 310 expedientes (91% de los aplicables) no hay constancia del modelo de ingreso 790 validado por la entidad bancaria. En estos casos tampoco se han podido realizar sobre estos documentos las comprobaciones previstas sobre la liquidación y el pago de la tasa correspondiente. p) Sin perjuicio de las limitaciones anteriores, del examen de los procedimientos se desprenden las siguientes deficiencias que afectan a los modelos de liquidación/autoliquidación generalmente utilizados: p.1 Los impresos 990, para el pago de la tasa 062, se remiten a los interesados sin la firma del órgano liquidador prevista en el modelo. En Barcelona se estampa el sello de la Oficina y una firma no identificada. En Sevilla, en algunos justificantes no consta tampoco la referencia a dicho órgano liquidador. p.2 Tanto el modelo 990 como el 790 se obtienen de la aplicación informática y se remiten a los interesados ya cumplimentados por el anverso. El reverso, sin embargo, está en blanco, lo que contraviene lo establecido en la Orden de 4 de junio de 1998, según la cual debería indicar los requisitos exigidos en las normas de aplicación y los recursos procedentes. q) En Zaragoza, en donde sí constan los citados modelos de liquidación, se ha observado que, de los 29 modelos 990 revisados, 14 figuran sin firma o no se puede identificar al firmante, en otro expediente el modelo que consta es el ejemplar para la Entidad Colaboradora, donde no figuran los datos preimpresos del trabajador ni las autorizaciones por las que se liquida la tasa, y el resto está firmado por los interesados en lugar de por la Administración. Por su parte, de los 31 modelos 790 revisados, 18 figuran sin firma o no es identificable. En Sevilla se han podido revisar 4 modelos 990, de los que uno se encuentra sin firma y el resto firmado por el empresario; así como un único modelo 790, que tampoco está firmado. r) En cuanto al cumplimiento del plazo de ingreso de las tasas, solo se ha podido comprobar en los casos en que consta en el expediente la notificación de la resolución y tomando como fecha de pago la de la aplicación GFIN. El número de casos examinados ha sido de 76 respecto de la tasa 062 y 81 de la tasa 052, con los siguientes resultados: r.1 En la tasa 062, se supera el plazo 8 de días hábiles establecido para el pago de la tasa, en 2004, 2005 y 2008, en 52 casos. r.2 En la tasa 052, se supera el plazo de un mes establecido para el pago de la tasa, en 2008, en 25 casos. s) En ningún caso pudo comprobarse el cumplimiento del plazo de presentación de los justificantes validados, puesto que no constaba fecha de registro en los impresos para la Administración de los modelos 790 y 990 que pudieron examinarse. D) Análisis de la recaudación. 2.40 En los ejercicios examinados, el procedimiento de recaudación de las tasas en vía voluntaria fue el mismo que en 2002, es decir, el establecido en el artículo 6 de la Orden MEH de 4 de junio de 1998 por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas. Los sujetos pasivos abonan las cuotas tributarias en entidades colaboradoras que deben ingresar el importe de las tasas en las cuentas restringidas de recaudación abiertas a tales efectos. Quincenalmente dichas entidades ingresan la recaudación en el Banco de España, aportando simultáneamente a la AEAT la información de detalle que la Orden recoge. La AEAT pone en su página web a disposición del Ministerio los ficheros que contienen la información relativa a todos los ingresos producidos en la quincena. Los ficheros incluyen para cada ingreso los siguientes datos: número del justificante, nombre y NIF del sujeto pasivo, fecha del ingreso, importe ingresado y código de la sucursal bancaria donde se realizó el pago. El número del justificante aporta información sobre el modelo utilizado (790 ó 990), el código de la tasa (052 o 062) y el código de la provincia. 2.41 El tratamiento de la información recibida de la AEAT, sin embargo, es diferente a partir de la puesta en servicio de la aplicación informática denominada GFIN (Gestión Financiera de Tasas), en la que se carga directamente la información de la AEAT y a la que pueden acceder las Delegaciones y Subdelegaciones a través de la página web INTRAMAP. No obstante, hasta el 20 de abril de 2007 no se indicó a las Oficinas la disponibilidad en dicha aplicación del módulo denominado «Consultar pago tasas AEAT», en el que pueden comprobar el pago de cada tasa de forma individualizada. Además, al momento de realizar los trabajos de campo de la presente fiscalización solo dos de las cinco oficinas visitadas tenían acceso a la aplicación GFIN (Sevilla y Zaragoza). En cualquier caso, dicho acceso permite únicamente consultas individualizadas del pago de una tasa, no un seguimiento sistemático del estado de la recaudación de las tasas liquidadas por cada oficina. El MAP ha informado al Tribunal que «está en producción un nuevo módulo que permite a las oficinas gestoras obtener informes sobre el total recaudado por año, tasa y provincia». Por otra parte, las Oficinas tampoco realizan comprobaciones sobre el pago de las tasas a partir de los impresos de liquidación, que salvo excepciones (Zaragoza) ni siquiera incorporan a los correspondientes expedientes. 2.42 Tampoco desde los servicios centrales del MAP se realiza un seguimiento sistemático de la recaudación. Continúan sin realizarse procesos masivos que permitan relacionar la información sobre tasas liquidadas recogidas en la aplicación de extranjería con los datos de recaudación recibidos de la AEAT, no siendo posible, por lo tanto, conocer el número de liquidaciones pendientes de pago. Por otra parte, no es posible tampoco establecer algún sistema para conciliar datos de liquidación y de recaudación relativos a la tasa 052, al no poder discriminar en la información disponible los datos correspondientes a las tasas de extranjería. 2.43 El artículo 49.2 de la LOEx establece que los sujetos pasivos de las tasas estarán obligados a practicar operaciones de autoliquidación tributaria cuando así se prevea reglamentariamente. Puesto que dicha habilitación no ha sido utilizada, debe entenderse que corresponde a la Administración la liquidación de todas las tasas contempladas en dicha norma. Sin embargo, en la práctica se han establecido diferencias en la tramitación de las tasas 062 y 052. Para la primera, se viene utilizando correctamente el modelo 990, que según establece la Orden de 4 de junio de 1998, modificada por la Orden de 11 de diciembre de 2001, debe aplicarse a las tasas liquidadas por órganos de la Administración del Estado. Por el contrario, para la tasa 052 se utiliza el modelo 790 que, según la misma norma, se aplicará a las tasas autoliquidadas por el sujeto pasivo, lo que en el caso de la tasa 052 resulta improcedente al no haberse aprobado norma alguna que autorice dicho sistema. Por otra parte, se ha observado en las oficinas visitadas que tanto el modelo 790 como el 990 se remiten a los interesados ya cumplimentados por la Administración y que en muchos casos los modelos 990 se envían sin la firma del órgano liquidador. Comentario a las alegaciones.–La Resolución del 9 de julio de 1007 invocada en alegaciones no subsana la falta de norma que autorice el sistema de autoliquidación en la tasa 052, al referirse exclusivamente a la presentación y pago de las tasas por vía telemática. 2.44 El modelo 790 que se utilizaba en los ejercicios fiscalizados para la tasa de residencia es el genérico aprobado para las tasas por reconocimientos, autorizaciones y concursos del Ministerio de Administraciones Públicas, es decir, todas las tasas encuadradas bajo el código 052. Las tasas de residencia figuran en el punto 4 «permanencia y residencia de extranjeros» dentro de la tarifa segunda: «autorizaciones», junto con otras muy diversas como las relativas a actos deportivos, recreativos y espectáculos, o armas y explosivos. Además, el desglose de supuestos que se recogen en los impresos utilizados en 2004 y 2005 no es adecuado para la variedad de autorizaciones previstas en la legislación de extranjería vigente. En cuanto al modelo 990, en 2005 se continuó utilizando el mismo impreso de ejercicios anteriores, sin adaptarlo a las modificaciones introducidas por el Real Decreto 2393/2004. En 2008 ya se habían actualizado ambos modelos. 2.45 En ninguna de las Oficinas visitadas han sido tramitadas en vía ejecutiva las tasas no abonadas en período voluntario. El procedimiento establecido según las Instrucciones de 2003 de la Subdirección General de Administración Financiera del MAP, es que los órganos gestores de las tasas remitan mensualmente a dicha Subdirección una relación de las obligaciones de pago no satisfechas en período voluntario para su registro, tratamiento informático y envío a la AEAT para su recaudación en vía ejecutiva. Estas instrucciones no han sido cumplimentadas por ninguna de las oficinas visitadas. La falta de control sobre la recaudación que se ha observado en todas las oficinas hace que desconozcan si existen o no tales deudas, dejando dicho control en la confianza de que la policía controle el pago de las tasas antes de entregar las tarjetas, sin verificar de algún modo si dicho control funciona sin errores. 2.46 Realizado por el Tribunal un contraste entre las fechas de pago de las tasas contenidas en la aplicación GFIN (procedentes de la información facilitada por la AEAT) y las grabadas en la aplicación de extranjería (correspondientes a la fecha de emisión de la tarjeta y no a la de pago real de la tasa, salvo en algunos casos corregidos por la Oficina respectiva), se han obtenido los siguientes resultados: a) De los 238 expedientes analizados en los que consta liquidación de la tasa 062, existen diferencias entre ambas fechas en 146 casos (61%), coinciden en 43 (18%), no se ha podido localizar el pago en la aplicación GFIN de 12 liquidaciones, de las cuales 4 figuran con la fecha de pago grabada en la aplicación de extranjería, y en 37 casos figura el pago de la tasa en GFIN y no en la aplicación de extranjería. b) De los 341 expedientes analizados en los que se liquida la tasa 052, existen diferencias entre ambas fechas en 177 casos (52%), coinciden en 68 (20%), no se ha podido localizar el pago en la aplicación GFIN de 27 liquidaciones, de las cuales 14 figuran con la fecha de pago grabada en la aplicación de extranjería, y en 69 casos figura el pago de la tasa en GFIN y no en la aplicación de extranjería. 2.47 En cuanto a los expedientes de devolución de ingresos indebidos, solo tres de las oficinas visitadas (Baleares, Barcelona y Madrid) han facilitado información sobre los expedientes tramitados en los ejercicios fiscalizados. Los resultados más destacables del examen de una muestra de 42 resoluciones son: a) Las resoluciones de devolución de tasas son firmadas por el Delegado del Gobierno y son comunicadas al interesado y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En Barcelona y Madrid ambas comunicaciones se realizan generalmente con acuse de recibo, en Baleares no. En Madrid no se formaliza mediante resolución del Delegado de Gobierno la negativa a la devolución cuando se basa en la falta de legitimación del reclamante, sino que se tramita simplemente mediante una comunicación firmada por el Director del Área. b) En un número elevado de resoluciones se observan distintos errores formales y materiales, aunque individualmente de pequeña importancia relativa. c) De las incidencias observadas en diversas resoluciones se deduce que la principal circunstancia conflictiva de estos expedientes es el hecho de que los sujetos obligados al pago de las tasas son los empresarios, mientras que en muchos casos la solicitud de devolución se realiza por los extranjeros, que fueron los que efectuaron realmente el ingreso; dando lugar a problemas causados por criterios interpretativos de la legalidad contrapuestos entre las Delegaciones del Gobierno, la Abogacía del Estado y la AEAT. III. CONCLUSIONES. 3.1 La presente fiscalización, solicitada por Resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del 14 de marzo de 2006, trae causa del «Informe de fiscalización de la tasa por expedición de permisos de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros, ejercicio 2002», por lo que se ha procurado seguir la estructura y disposición formal de dicho informe, así como efectuar, en lo posible, las mismas comprobaciones sobre la situación observada en los ejercicios ahora fiscalizados (2004, 2005 y 2008), si bien ampliando el alcance objetivo de la fiscalización a la tasa 052 (autorizaciones de residencia). 3.2 Las dos tasas fiscalizadas (062 y 052) fueron gestionadas en los ejercicios citados por el Ministerio de Administraciones Públicas (suprimido a partir del 7 de abril de 2009) y actualmente por el Ministerio de la Presidencia, a través de las Subdelegaciones y Delegaciones del Gobierno. La presente fiscalización se ha visto afectada por determinadas limitaciones, causadas por las deficiencias del sistema de información y registro de las tasas y por la inexistencia, insuficiencia o inaccesibilidad de documentación necesaria. Como consecuencia de tales limitaciones, el Tribunal de Cuentas no ha podido comprobar: a) la corrección de los importes aplicados al Presupuesto de Ingresos del Estado; b) la conciliación de los datos de recaudación facilitados por la AEAT; c) si se practican o no todas las liquidaciones procedentes; d) el importe total de las tasas liquidadas; e) el importe total de las tasas recaudadas; f) la cifra de deudores; y g) el importe de las tasas que debieron tramitarse en vía ejecutiva [puntos 1.15 a 1.19]. 3.3 La caracterización normativa de la tasa 062 adolecía de serias incongruencias y planteaba numerosas dudas de interpretación y de legalidad en los ejercicios 2004 y 2005, sin que las modificaciones de la LOEx en 2003 ni el nuevo Reglamento de 2004 sirvieran para subsanarlas, hasta la aprobación de la Orden 3654/2007, de 14 de diciembre. Esta situación se producía principalmente en la determinación de las cuotas tributarias y en las exenciones. Respecto de la tasa 052, el fundamento legal de las cuotas que venían aplicándose en los ejercicios 2004 y 2005 es muy confuso. El MAP aplicó a las autorizaciones de residencia las cuotas recogidas en la Resolución 4/2001, de 22 de octubre, de la Dirección General de Tributos, actualizadas según las leyes anuales de presupuestos, que se refiere a una serie de supuestos que no coinciden exactamente con las situaciones de estancia o residencia contempladas en la LOEx [puntos 2.1 a 2.3, 2.10 y 2.11]. 3.4 Las referidas discordancias se subsanaron finalmente con la aprobación de la Orden 3654/2007, vigente en el último de los ejercicios fiscalizados, que establece cuotas para cada uno de los supuestos establecidos en la legislación de extranjería relativos a las tasas cuya exacción corresponde a los Ministerios de Interior, Trabajo y Asuntos Sociales y Administraciones Públicas. Por otro lado, el modelo de gestión y liquidación de las tasas de extranjería vigente en los ejercicios fiscalizados ha cambiado sustancialmente tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, cuyo análisis queda fuera del alcance de la presente fiscalización [punto 2.4]. 3.5 No se han podido verificar por el Tribunal de Cuentas, respecto de la anterior normativa y la Orden 3654/2007, los principios de equivalencia y capacidad económica (artículos 7 y 8 de la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos). No existe constancia tampoco de la memoria económico-financiera cuya elaboración exige el artículo 20 de la citada Ley. Con relación a la Orden 3654/2007, se ha aportado una memoria sin firmas ni registro alguno y cuyo contenido no contempla los datos y cálculos mínimos necesarios para cumplir esta finalidad [puntos 2.5 a 2.9]. 3.6 El sistema de gestión de la tasa establecido por el MAP en los ejercicios 2004 y 2005 presentaba las mismas debilidades de control interno que en 2002. En efecto, no estaban debidamente clarificadas las competencias y funciones en materia de gestión y control de las tasas; no existían registros adecuados de las actuaciones practicadas; no se había establecido un archivo correcto y accesible de los expedientes; no se generaba información periódica ni se realizaba seguimiento sobre las liquidaciones, la recaudación y los deudores; y no existían órganos encargados del control y supervisión de la gestión de la tasa. En el año 2008, sin embargo, se aprecian visibles mejoras en el archivo de los expedientes, en el registro de las actuaciones y en el sistema de información, al utilizar las dos nuevas aplicaciones informáticas GFIN y PAC (véase el punto 2.31). No obstante, aún persistían debilidades en cuanto a la información y el control sobre la liquidación y la recaudación de las tasas, debido a las deficiencias observadas en la implementación y uso por las Oficinas de dichas aplicaciones [puntos 2.12 a 2.31]. 3.7 Seleccionada una muestra de 400 expedientes de gestión de las tasas, de los que 37 no han sido aportados al Tribunal, se han observado deficiencias, cuya caracterización se presenta en el anexo 2, con detalle por Oficinas gestoras. Los defectos más frecuentes son [puntos 2.32 a 2.39]. a) En 15 expedientes no hay constancia de la resolución de concesión de la autorización. En otros 6 expedientes se dictaron resoluciones de concesión de autorizaciones que no resultan procedentes a la vista de los datos deducidos de los propios expedientes. Por otro lado, cada oficina utilizaba modelos diferentes para formalizar la resolución, incluso para un mismo tipo de autorización. b) En 247 expedientes no consta la notificación de la resolución. c) Sobre los expedientes en los que sí consta dicha notificación, se ha comprobado con la aplicación GFIN el cumplimiento del plazo establecido para el pago de las tasas, resultando incumplido el mismo en 52 casos respecto de la tasa 062 y en 25 respecto de la tasa 052. d) En la mayoría de los citados expedientes no se informa en la comunicación al interesado, o se hace incorrectamente, de los plazos para el ingreso de las tasas y de la aportación de los correspondientes justificantes. e) En ninguna de las Oficinas visitadas se tramitaron los expedientes sancionadores por la infracción contemplada en el artículo 52.b) de la Ley Orgánica 4/2000 (retraso en la solicitud de renovación de autorizaciones caducadas). f) En 93 expedientes se han observado errores u omisiones en el importe de la liquidación de la tasa. g) En 206 expedientes no hay constancia del modelo de ingreso 990 validado por la entidad bancaria, y en 310 expedientes se observa la misma omisión respecto del modelo 790. En todos estos casos no se han podido realizar sobre estos documentos las comprobaciones previstas sobre la liquidación y el pago de la tasa correspondiente. h) Tampoco se ha podido comprobar, en ningún caso, el cumplimiento del plazo de presentación de los justificantes validados, puesto que no constaba fecha de registro en los impresos para la Administración de los modelos 790 y 990 que pudieron examinarse. 3.8 En las comprobaciones efectuadas sobre los aspectos relacionados con la recaudación, el Tribunal ha encontrado también deficiencias. Las más importantes son [puntos 2.40 a 2.47]: a) El MAP no realizaba conciliación alguna sobre los datos de recaudación facilitados por la AEAT, procedentes de la información obligatoria a presentar por las Entidades colaboradoras. b) Los datos de recaudación de las tasas facilitados por el MAP al Tribunal de Cuentas relativos a la tasa 052 en los ejercicios fiscalizados no son fiables, hasta el punto de que no ha sido posible cuadrar las cifras obtenidas de distintas fuentes del propio MAP. c) Las tasas no abonadas en periodo voluntario no fueron objeto de tramitación en la vía ejecutiva en ninguna de las Oficinas visitadas, por lo que cabe inferir que numerosas deudas han prescrito, si bien las deficiencias de registro e información impiden conocer los casos concretos. d) Se utilizaron incorrectamente de modo generalizado los dos modelos de gestión de las tasas. Por un lado, el modelo 990 (liquidación), utilizado para la tasa 062, se remitía a los interesados ya cumplimentado, pero sin la firma en muchos casos del órgano liquidador. Por otro lado, el modelo 790 (autoliquidación), utilizado para la tasa 052, resultaba improcedente al no haberse autorizado reglamentariamente dicho sistema para esta tasa. Además, no existía ningún mecanismo adecuado en el modelo 790 para identificar rigurosamente las tasas de extranjería, ya que en el mismo código 052 «reconocimientos, autorizaciones y concursos» se incluyen otras muy variadas. Estas deficiencias generaron en la práctica confusiones a los interesados y a la Administración. e) Se han observado también diversos errores en los expedientes de devolución de ingresos examinados, provocados fundamentalmente por el hecho de que los sujetos obligados al pago de las tasas son los empresarios, mientras que en muchos casos la solicitud de devolución se realizó por los extranjeros, que fueron los que efectuaron realmente el ingreso; dando lugar a problemas causados por criterios interpretativos de la legalidad contrapuestos entre las Delegaciones del Gobierno, la Abogacía del Estado y la AEAT. IV. RECOMENDACIONES. 4.1 El Tribunal de Cuentas recomienda la mejora del sistema de control interno relativo a la gestión de las tasas 062 y 052, estableciendo registros y sistemas de información más completos y fiables, así como procedimientos de gestión, archivo, seguimiento y control adecuados. Se considera preciso, también, mejorar las aplicaciones informáticas utilizadas para la gestión de las tasas. 4.2 El Tribunal recomienda que, previamente al establecimiento de nueva normativa o actualización del importe de las tasas de extranjería, se elabore la memoria económico-financiera exigida por la LOEx y por la Ley de Tasas, así como se tenga en cuenta el principio de equivalencia requerido por dicha Ley. 4.3 El Tribunal de Cuentas recomienda la introducción de mejoras en la gestión y recaudación de las tasas objeto de la presente fiscalización, al objeto de subsanar las deficiencias puestas de manifiesto en las comprobaciones realizadas. En particular, debe considerarse la correcta integración de los expedientes, un sistema de notificación adecuado y un control suficiente sobre la recaudación y las tasas impagadas, así como su tramitación por la vía de apremio. Madrid, 22 de diciembre de 2010.–El Presidente, Manuel Núñez Pérez. ANEXOS ANEXO 1. CUANTÍA TASAS DE EXTRANJERÍA EN 2004, 2005 Y 2008

Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de los Procedimientos, Gestión y Recaudación de las Tasas vigentes en materia de extranjería, 4 puntos para analizar

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 18 de diciembre de 2012, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de los Procedimientos, Gestión y Recaudación de las Tasas vigentes en materia de extranjería durante los ejercicios 2004-2005 y 2008, acuerda: Se insta al Gobierno a: 1. Mejorar las aplicaciones informáticas para la adecuada gestión y recaudación de las tasas en materia de extranjería. 2. Evitar la total discrecionalidad detectada a la hora de su liquidación y pago por parte de los sujetos obligados. 3. Implementar un sistema de notificación adecuado y controlar la recaudación. 4. Tramitar por vía de apremio los expedientes impagados, evitando el daño a la hacienda pública. Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2012.–El Presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Ricardo Tarno Blanco.– La Secretaria Primera de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Celia Alberto Pérez. INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS TASAS VIGENTES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA DURANTE LOS EJERCICIOS 2004-2005 Y 2008 El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y a tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 22 de diciembre de 2010, el «Informe de Fiscalización de los procedimientos, gestión y recaudación de las tasas vigentes en materia de extranjería durante los ejercicios 2004-2005 y 2008», y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, según lo previsto en el artículo 28.4 de la Ley de Funcionamiento. ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN. A) Antecedentes de la fiscalización. B) Descripción del ámbito de gestión fiscalizado. C) Objetivos y alcance. D) Limitaciones. E) Trámite de alegaciones. II. RESULTADOS. A) Normativa reguladora de las tasas. B) Control interno. Aspectos generales. Oficinas gestoras periféricas. Servicios Centrales del MAP. Aplicaciones informáticas. C) Examen de los expedientes de gestión de las tasas. D) Análisis de la recaudación. III. CONCLUSIONES. IV. RECOMENDACIONES. ANEXOS. RELACIÓN DE SIGLAS UTILIZADAS EN ESTE INFORME AEAT Agencia Española de Administración Tributaria. GFIN Aplicación informática de gestión financiera del MAP. IGAE Intervención General del Estado. LOEx Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre; 11/2003, de 29 de septiembre, y 14/2003, de 20 de noviembre. MAP Ministerio de Administraciones Públicas (suprimido por Real Decreto 542/2009, de 7 de abril). Todas las menciones de este Informe relativas a hechos posteriores a dicha fecha se refieren al Ministerio de la Presidencia, Departamento que ha asumido la gestión de las tasas de extranjería fiscalizada. MTAS Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (suprimido por Real Decreto 432/2008, de 12 de abril). Las funciones en materia de extranjería de ese Departamento fueron asumidas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTI). PAC Aplicación informática «Punto de Atención al Ciudadano» del MAP. RLOEx-2001 Reglamento de la LOEx, aprobado por Real Decreto 864/2001, de 20 de julio. RLOEx-2004 Reglamento de la LOEx, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. I. INTRODUCCIÓN. A) Antecedentes de la fiscalización. 1.1 La presente fiscalización figura en el Programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas aprobado por acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2009, dentro del apartado II.1, relativo a fiscalizaciones a efectuar por iniciativa de las Cortes Generales. La Resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en la que se solicita esta fiscalización dice literalmente: «La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 14 de marzo de 2006, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la tasa por expedición de permisos de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros, ejercicio 2002, acuerda: … / … Asimismo, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas insta al Tribunal de Cuentas a que: … / … 5. Como consecuencia de las deficiencias observadas en los procedimientos fiscalizados respecto al ejercicio 2002 y, dado el gran número de expedientes Generados por las últimas normalizaciones de extranjeros que han incrementado de forma notable la importancia relativa de estas tasas, efectúe una fiscalización específica respecto de los procedimientos, gestión y recaudación de las tasas vigentes en materia de extranjería durante los ejercicios 2004 y 2005.» 1.2 Las Directrices Técnicas que han regido la fiscalización fueron establecidas mediante acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 26 de marzo de 2009, ampliando el alcance temporal solicitado por la Comisión Mixta (ejercicios 2004-2005) al último ejercicio cerrado al momento de dicho acuerdo (2008). B) Descripción del ámbito de gestión fiscalizado. 1.3 En el período a que se refiere la presente fiscalización, la legislación básica en materia de extranjería estaba constituida por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero ( ### RESUMEN: Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de los Procedimientos, Gestión y Recaudación de las Tasas vigentes en materia de extranjería, 4 puntos para analizar

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 3 de diciembre actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 6645-2013, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, contra el Decreto-ley 5/2013, de 7 de noviembre, del Consell de la Comunitat Valenciana, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la prestación del servicio público de radio y televisión de titularidad de la Generalitat. Madrid, 3 de diciembre de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

Tribunal Constitucional (TC) admite recurso PSOE contra Decreto-Ley gob valenciano para nombrar consejo RTVV previo al cierrre

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 3 de diciembre actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 6645-2013, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, contra el Decreto-ley 5/2013, de 7 de noviembre, del Consell de la Comunitat Valenciana, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la prestación del servicio público de radio y televisión de titularidad de la Generalitat. Madrid, 3 de diciembre de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: Tribunal Constitucional (TC) admite recurso PSOE contra Decreto-Ley gob valenciano para nombrar consejo RTVV previo al cierrre

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y la regla 38 de la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la Administración Institucional del Estado, las entidades que aplican principios contables públicos deben publicar en el Boletín Oficial del Estado la información relativa a las cuentas anuales en el plazo de un mes, contado desde la fecha en la que la Intervención General de la Administración del Estado presente las respectivas cuentas ante el Tribunal de Cuentas, quedando regulado el contenido de la información a publicar en la Resolución de 28 de mayo de 2012, modificada por Resolución de 3 de junio de 2013, de la Intervención General de la Administración del Estado. En cumplimiento de lo establecido en las citadas normas, esta Presidencia resuelve disponer la publicación del resumen de las cuentas anuales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores correspondientes al ejercicio 2013 y el informe de auditoría de cuentas, que figuran como anexo a la presente resolución. Las cuentas anuales completas y el informe de auditoría están disponibles en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es). Madrid, 2 de septiembre de 2014.–La Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, María Elvira Rodríguez Herrer.

Cuentas 2013 de la CNMV

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y la regla 38 de la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la Administración Institucional del Estado, las entidades que aplican principios contables públicos deben publicar en el Boletín Oficial del Estado la información relativa a las cuentas anuales en el plazo de un mes, contado desde la fecha en la que la Intervención General de la Administración del Estado presente las respectivas cuentas ante el Tribunal de Cuentas, quedando regulado el contenido de la información a publicar en la Resolución de 28 de mayo de 2012, modificada por Resolución de 3 de junio de 2013, de la Intervención General de la Administración del Estado. En cumplimiento de lo establecido en las citadas normas, esta Presidencia resuelve disponer la publicación del resumen de las cuentas anuales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores correspondientes al ejercicio 2013 y el informe de auditoría de cuentas, que figuran como anexo a la presente resolución. Las cuentas anuales completas y el informe de auditoría están disponibles en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es). Madrid, 2 de septiembre de 2014.–La Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, María Elvira Rodríguez Herrer. ### RESUMEN: Cuentas 2013 de la CNMV