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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Subdirección General de Gestión Económica. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación Administrativa. 2) Domicilio: Complejo de la Moncloa. Avenida Puerta de Hierro, s/n. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071. 4) Teléfono: 913353178. 6) Correo electrónico: sgge@mpr.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: Suministro de prensa diaria. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 170.000,00 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 del 27 de diciembre de 2012. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Ministerio de la Presidencia. 2) Domicilio: Complejo de la Moncloa. Avenida Puerta de Hierro, s/n. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre 2 y 3. b) Dirección: Sala de la Constitución. Complejo de la Moncloa. Avenida Puerta de Hierro, s/n. c) Localidad y código postal: Madrid 28071. d) Fecha y hora: 14 de enero de 2013, a las 11:00. Madrid, 16 de noviembre de 2012.- El Jefe de Servicio de Contratación Administrativa.

900.000,00 euros del presupuesto de Cooperación para las fundaciones de partidos.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Subdirección General de Gestión Económica. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación Administrativa. 2) Domicilio: Complejo de la Moncloa. Avenida Puerta de Hierro, s/n. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071. 4) Teléfono: 913353178. 6) Correo electrónico: sgge@mpr.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: Suministro de prensa diaria. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 170.000,00 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 del 27 de diciembre de 2012. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Ministerio de la Presidencia. 2) Domicilio: Complejo de la Moncloa. Avenida Puerta de Hierro, s/n. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre 2 y 3. b) Dirección: Sala de la Constitución. Complejo de la Moncloa. Avenida Puerta de Hierro, s/n. c) Localidad y código postal: Madrid 28071. d) Fecha y hora: 14 de enero de 2013, a las 11:00. Madrid, 16 de noviembre de 2012.- El Jefe de Servicio de Contratación Administrativa. ### RESUMEN: 900.000,00 euros del presupuesto de Cooperación para las fundaciones de partidos.

BDNS (Identif.): 302832 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): Primero. Beneficiarios: Fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito estatal. Segundo. Finalidad: Actividades de formación, consolidación y difusión del sistema democrático, y de todos sus componentes, preferentemente en los países identificados en el Plan Director de la Cooperación Española, que se vayan a realizar antes del 31 de diciembre de 2016. Tercero. Bases reguladoras: Orden AEC/1510/2012, de 21 de junio, publicada en el BOE de 12 de julio de 2012. Cuarto. Importe: Para el ejercicio 2016, el importe total máximo de estas ayudas será de 900.000,00 euros. Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 28 de marzo de 2016.- El Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia Aldaz.

Informe del Tribunal de Cuentas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2008 y 2009. Critica poca rentabilidad del Grupo del Ente Público del Agua y del Grupo Radio Televisión de la Región de Murcia.

BDNS (Identif.): 302832 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): Primero. Beneficiarios: Fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito estatal. Segundo. Finalidad: Actividades de formación, consolidación y difusión del sistema democrático, y de todos sus componentes, preferentemente en los países identificados en el Plan Director de la Cooperación Española, que se vayan a realizar antes del 31 de diciembre de 2016. Tercero. Bases reguladoras: Orden AEC/1510/2012, de 21 de junio, publicada en el BOE de 12 de julio de 2012. Cuarto. Importe: Para el ejercicio 2016, el importe total máximo de estas ayudas será de 900.000,00 euros. Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 28 de marzo de 2016.- El Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia Aldaz. ### RESUMEN: Informe del Tribunal de Cuentas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2008 y 2009. Critica poca rentabilidad del Grupo del Ente Público del Agua y del Grupo Radio Televisión de la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I El Gobierno aprobó, en su reunión de Consejo de Ministros del día 11 de enero de 2019, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 que fue remitido a las Cortes Generales para proceder a su tramitación parlamentaria, habiendo sido rechazado en el debate de totalidad en el Pleno del Congreso de los Diputados de 13 de febrero de 2019. El proyecto de ley constituía el vehículo ordinario para instrumentar, entre otras múltiples medidas, la actualización de la financiación de las administraciones territoriales que corresponde a las comunidades autónomas y las entidades locales en aplicación de sus respectivos sistemas de financiación para el ejercicio 2019. De acuerdo con lo previsto en el artículo 134.4 de la Constitución Española «Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos». Esta situación de prórroga se activó a partir de 1 de enero de 2019 y continúa actualmente, habiendo transcurrido ya gran parte del ejercicio corriente 2019. Si bien el pasado 24 de septiembre expiró el plazo máximo previsto en el artículo 99.5 de la Constitución para la investidura de un Presidente de Gobierno, hasta ese momento existía una expectativa de formación de Gobierno y, por tanto, con el fin de no condicionar en modo alguno la actuación de ningún Gobierno recién formado, en cumplimiento del marco jurídico aplicable a un Gobierno en funciones, ninguna decisión sobre la actualización de la financiación de las administraciones territoriales resultaba pertinente. Actualmente la situación resulta diferente, pues tras constatarse la imposibilidad de formación de un Gobierno surgido de las elecciones generales del pasado mes de abril, el 24 de septiembre se han convocado elecciones generales para el día 10 de noviembre. Esta convocatoria prolonga la situación de Gobierno en funciones y limita la capacidad del Ejecutivo en materia presupuestaria, pero ya no condiciona la actuación de ningún Gobierno que pueda llegar a formarse, puesto que se aprecia que, para el momento en que pueda quedar constituido formalmente, ya no le resultaría temporalmente posible evitar el perjuicio al interés general que se produciría de no proceder a la actualización de la financiación de las administraciones territoriales. Además, se constata en este momento la inviabilidad material e institucional de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 y, en consecuencia, que no es posible la actualización de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales a través de los mecanismos ordinarios. Por tanto, tan solo cabe adoptar un ajuste técnico de carácter extraordinario para la defensa del interés general y evitar los graves perjuicios que la ausencia de medidas provocaría. II De no producirse la actualización de la financiación de las administraciones territoriales contenida en este real decreto-ley, el despliegue directo de los elementos de los sistemas de financiación territorial, concebidos en sus términos originales para una situación de ciclo presupuestario ordinario, derivaría en unos resultados financieros indeseados, contrarios al propio sentido y lógica financiera de dichas normas y al interés general. Ello es así porque se impediría trasladar a las comunidades autónomas y las entidades locales el incremento de los recursos derivados de la diferencia de previsiones, entre la elaborada para el año 2018 y la elaborada para el año 2019, en relación con el incremento de recaudación previa a la cesión de las figuras tributarias que son objeto de cesión en tales sistemas de financiación. En este sentido, se produciría una importante brecha entre los resultados de aplicación de los sistemas de financiación territorial y la evolución de las magnitudes financieras y tributarias subyacentes que constituyen la base estructural de los mismos, generando distorsiones relevantes sobre las finanzas de las citadas administraciones territoriales y del propio Estado que, en ausencia de medidas de ajuste como las contempladas en este real decreto-ley, devendrían en graves e irreversibles. Nótese que los impactos en términos de caja y contabilidad nacional en distintos años tienen relevancia fundamental para las decisiones de ingresos y gastos de todas las administraciones concernidas. En efecto, en el supuesto de que se completase el ejercicio presupuestario 2019 sin la aprobación de unos nuevos presupuestos dentro del propio año, el importe de las entregas a cuenta quedaría limitado al resultante de calcular las mismas sobre la base de las previsiones de ingresos tributarios correspondientes al presupuesto en vigor para dicho año, que para la situación de prórroga presupuestaria, se identifican con los contenidos en los propios Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y no con los ingresos tributarios pre-cesión propios del ejercicio 2019. Considerando que la posición cíclica actual de la economía española refleja un crecimiento sólido de las bases tributarias de los impuestos cedidos, esta circunstancia supone que, de mantenerse la prórroga presupuestaria, las entregas a cuenta que percibirían las comunidades autónomas resultarían inferiores a las resultantes de considerar la evolución de la recaudación previa a la cesión a las administraciones territoriales prevista para el año 2019 respecto a la prevista para el año 2018, dando lugar a que esa diferencia deba transferirse en todo caso a las comunidades autónomas dos años más tarde, en el año 2021, al tener que efectuarse la obligada liquidación definitiva, de acuerdo con la regla n+2. Es decir, las comunidades autónomas en el año 2019 recibirían menores recursos que recuperarían en el año 2021 en el momento de efectuarse la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómico (en adelante, SFA). El Estado, por su parte, percibiría mayores ingresos en el año 2019 dado que obtendría en ese año de manera efectiva la recaudación derivada de los tributos cedidos minorada en la cesión de esta realizada a favor de las comunidades autónomas; siendo esta menor que la propia del escenario subyacente, los recursos post-cesión con que contaría el Estado serían superiores en el año 2019. El efecto contrario se produciría en el año 2021. En este caso, el Estado recibiría la recaudación previa a la cesión corriente de ese ejercicio, pero se vería minorado en una cuantía extraordinariamente superior de recaudación cedida debido al mayor importe de la liquidación definitiva del año 2019. Por tanto, se reducirían de manera notable los recursos post-cesión del Estado para el año 2021 y quedaría fuertemente condicionada y comprometida la capacidad presupuestaria del Gobierno en ese ejercicio futuro. Por tanto, la adopción de medidas de actualización de las entregas a cuenta para adecuar las previsiones de ingresos previas a la cesión a las administraciones territoriales implica, posibilitar un mejor ajuste de los recursos financieros de los distintos subsectores de las administraciones públicas a la posición cíclica de la economía española. Ello forma parte, en consecuencia, del margen de decisión del Estado en el marco de sus funciones de coordinación general de la actividad financiera del Estado y de sus propias competencias en materia de Hacienda Pública (artículo 149.1.14 de la Constitución Española). Por otra parte, la extensión de la situación de prórroga presupuestaria a todo el ejercicio 2019 tendría efectos relevantes e irreversibles sobre las finanzas públicas de los distintos niveles de la Administración, atendiendo a los criterios temporales de imputación de los dos tramos del SFA en términos de caja y contabilidad nacional. Esta circunstancia afectaría negativamente al riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las administraciones territoriales y a la eficacia de las estrategias de consolidación fiscal y tesoreras de las distintas administraciones públicas y sus herramientas de coordinación por las que debe velar el Estado. Esos efectos negativos podrían extenderse además a los proveedores del sector privado que mantienen relaciones comerciales con las administraciones públicas y que se verían afectados por el impago de administraciones que no han podido contar con los recursos a los que la ley les da derecho en una situación de ciclo presupuestario normal. III Precisamente en este sentido, la urgencia del real decreto-ley viene determinada por el fuerte y negativo impacto que se produciría sobre las finanzas del año 2019 de las comunidades autónomas, de las entidades locales y del propio Estado, y que resultarían irreversibles para dicho ejercicio en caso de no actualizarse las entregas a cuenta. Este impacto afecta de manera progresiva y creciente desde el punto de vista tesorero a lo largo del ejercicio presupuestario. Teniendo en cuenta el importe de esta actualización en relación al total de recursos que están recibiendo las administraciones territoriales mensualmente, las tensiones de tesorería podrían materializarse en algunas comunidades autónomas hacia el final del año, arriesgando su capacidad para hacer frente al pago de gastos relacionados con servicios públicos fundamentales, como los referidos a farmacia o dependencia. Dado que la disponibilidad de tesorería no es homogénea entre administraciones y algunas comunidades autónomas tendrían dificultades para cubrir el importe pendiente de las entregas a cuenta con sus instrumentos de liquidez, se verían obligadas a endeudarse, arriesgando el cumplimiento del objetivo de deuda pública. Otra consecuencia perversa de esta situación consistiría en que las insuficiencias tesoreras generadas por los menores recursos recibidos producirían un incremento de los plazos del pago a proveedores. En efecto, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado sin actualización de las entregas a cuenta afectaría al sector privado, afectando a los proveedores que contratan con las administraciones territoriales, dado que podrían verse obligados a asumir alargamiento en los plazos de cobro por sus servicios. En este sentido es necesario tener en cuenta que España continúa realizando esfuerzos para reducir la morosidad de las administraciones públicas. El respeto a los plazos establecidos en la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, hace necesario revertir cualquier efecto perjudicial que la prórroga de los presupuestos generales del Estado pudiera tener en la tesorería de las administraciones territoriales y, en segunda instancia, en los plazos medios de pago a proveedores de las administraciones que afrontan problemas de liquidez. De manera adicional, el alargamiento del pago a proveedores podría tener consecuencias presupuestarias perjudiciales en algunas administraciones, que se podrían ver obligadas a la adopción de medidas que, como consecuencia de un periodo medio de pago excesivo, establece la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Estas medidas serían más graves en el caso de aquellas comunidades autónomas que ya tienen un periodo medio de pago a proveedores por encima de los treinta días. Por último, debe tenerse en cuenta los plazos necesarios para la ejecución de la actualización de las entregas a cuenta, tanto en el ámbito del Estado como de las administraciones territoriales, especialmente en aquellas administraciones en las que no han incorporado en sus respectivos presupuestos el incremento de los recursos adicionales que se derivan de la actualización. Existen cinco comunidades autónomas de régimen común que tienen sus presupuestos prorrogados y que, tras la actualización de las entregas a cuenta, necesitarán tiempo suficiente para realizar las respectivas modificaciones presupuestarias necesarias para que la actualización produjera efectos en el ejercicio 2019. IV Con la finalidad de evitar estos perjuicios al interés general, este real decreto-ley adopta las medidas de ajuste técnico, mínimas e imprescindibles, para actualizar las entregas a cuenta de las administraciones territoriales aclarando y precisando que el punto de partida para su cálculo, en situación definitiva de prórroga presupuestaria sobrevenida, debe ser la recaudación de los ingresos tributarios del Estado previa a la cesión de las administraciones territoriales que se contenían en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, en congruencia con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y no las cifras de las magnitudes equivalentes prorrogadas del ejercicio inmediato anterior 2018. Asimismo, se precisa que la referencia a las cifras del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 debe realizarse eliminando necesariamente el efecto de las medidas tributarias que en aquel se recogían, respetando con ello plenamente las atribuciones del Poder Legislativo sobre la institución presupuestaria. De esta manera, se efectúa una actualización de la cifra de ingresos tributarios previos a la cesión a las administraciones territoriales con referencia al momento de elevar el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, en ausencia de medidas tributarias o financieras nuevas, construyéndose así un escenario o proyección inercial de ingresos equivalente al propio de la evolución natural del ciclo económico, con exclusión de cualquier decisión adicional que, en su caso, se hubiera incorporado a dicho Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y que, obviamente, debe ser descartada al haber sido rechazado por las Cortes Generales. V Se debe insistir en este momento que la medida que se pretende articular con el presente real decreto-ley preserva en su integridad el régimen financiero actual de las comunidades autónomas sin que pueda considerarse una modificación o alteración del mismo; de hecho, puede afirmarse que el real decreto-ley permite precisamente que el mismo se mantenga en sus términos estructurales evitando que una situación de hecho derive, a través de la aplicación de los elementos reglados de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en un especie de mutación fáctica de sus efectos financieros con respecto a su propio diseño, considerando que su regulación material contenida en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, está concebida para una situación de normalidad de ciclo presupuestario ordinario y no para situaciones extraordinarias de prórroga presupuestaria sobrevenida como situación prolongada en el tiempo. Lo anterior puede mantenerse no solo porque, desde el punto de vista formal, el real decreto-ley no pretende alterar la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, o las demás normas que dan sustento normativo al SFA sino, sobre todo, porque esa conclusión puede deducirse de su contenido material en el marco de la debida y atenta comprensión del propio diseño y funcionamiento del SFA. Así, a los efectos que aquí interesan en este momento, pueden destacarse tres elementos centrales que definen el actual SFA y con los que el presente real decreto-ley se encuentra plenamente alineado: a) La determinación de las entregas a cuenta del SFA como elemento reglado sujeto a lo dispuesto en la Ley 22/2009 de 18 de diciembre. Entre esos elementos reglados figura el anclaje de la previsión de ingresos presupuestarios previos a la cesión de los principales impuestos cedidos Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, (IRPF) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) e Impuestos Especiales (IIEE) a un procedimiento general de presupuestación, en aras de garantizar al proceso de la debida coordinación financiera de los distintos niveles de las Administraciones públicas y de dotar de las necesarias garantías institucionales y procedimentales para la determinación de tales entregas a cuenta que son las propias del propio proceso de elaboración y tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. El real decreto-ley mantiene y aplica los mismos elementos reglados de determinación de las entregas a cuenta que los establecidos en la regulación vigente, si bien precisa que las previsiones de ingresos tributarios previos a la cesión a las administraciones territoriales son los que se derivan del escenario inercial subyacente del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. Así, los valores de ingresos previos a la cesión que deben tomarse como referencia son los del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 pero eliminando de su cuantificación el impacto de las medidas normativas contenidas en dicho proyecto de presupuesto y, de manera singular, las medidas tributarias que afectan a los impuestos parcialmente cedidos a las comunidades autónomas (IRPF, IVA e IIEE). De esta manera, se construye un escenario de ingresos previos a la cesión para 2019 que podría entenderse como técnico o inercial, sobre la base de la normativa tributaria vigente para el año 2019 y sin la introducción de medidas nuevas contenidas en el citado Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. b) La articulación financiera de los libramientos del SFA en dos tramos temporales. Por un lado, un primer tramo en el propio ejercicio «n» compuesto –de manera simplificada y, desde una perspectiva exclusivamente vertical– por el 98 % de las bases de los recursos IRPF, IVA, IIEE y Fondo de Suficiencia y por el 100 % de las transferencias derivadas del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, en los términos propios de su normativa reguladora. Por otro lado, un segundo tramo en el ejercicio «n+2» compuesto por la diferencia entre el rendimiento definitivo del conjunto de recursos sujetos a liquidación del SFA, incluyendo el 100 % de los Fondos de Convergencia, y las entregas a cuenta percibidas en el año «n». La medida del real decreto-ley no altera esta distribución temporal de los recursos desde la consideración de los elementos estructurales del mismo, ni directa ni indirectamente. De manera más concreta, debe destacarse que no se ven afectados los porcentajes de cesión de ninguno de los impuestos cedidos, ni los porcentajes de determinación de las entregas a cuenta sobre su base, ni la definición de los recursos que los componen, ni las fórmulas de su cálculo, ni las reglas para su liquidación, ni las normas contables o de imputación presupuestaria de los recursos del sistema ni, en definitiva, cualquiera de los elementos que configuran el propio SFA. El SFA será de aplicación en los mismos y exactos términos que los actualmente derivados de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, para ejercicios o momentos futuros una vez que, superada la extraordinaria situación de interinidad presupuestaria actual, se pueda volver a la situación de normalidad presupuestaria para la que la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, está concebida y redactada en sus concretos términos. El real decreto-ley no tiene efectos diferenciales sobre el sistema más allá de su propia concreción en la actual y extraordinaria situación de prórroga presupuestaria prolongada en el tiempo. c) La concreta distribución del riesgo recaudatorio entre los niveles de las administraciones. Uno de los elementos definitorios de cualquier sistema de financiación territorial basado en una participación compartida de los recursos del sistema tributario nacional es el reparto de riesgo recaudatorio, entendido este como la delimitación de qué administración debe asumir, en su caso, las desviaciones que pueden existir entre la previsión inicial de recaudación tributaria y los ingresos efectivamente percibidos por el sistema tributario para cada año y en qué momento deben ser asumidas esas desviaciones por cada parte. El actual SFA de régimen común establece un esquema de reparto de riesgo recaudatorio por el que las entregas a cuenta se fijan de manera cerrada para el año «n» sobre la base de la previsión existente para ese año «n» en el momento de elaboración de los Presupuestos de cada año, llevando al momento de la liquidación definitiva, en el ejercicio «n+2», el afloramiento, en su caso, de las desviaciones presupuestarias de cada recurso tributario que pudieran surgir. Por consiguiente, este real decreto-ley no altera el criterio de reparto de riesgo recaudatorio entre Administraciones propio del SFA. A tales efectos es relevante señalar que no se aplica una previsión de ingresos ajena al proceso presupuestario general del propio ejercicio sino que se mantiene el anclaje en un proceso presupuestario general que culminó el 11 de enero de 2019 con el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 que fue remitido a las Cortes Generales, si bien lógicamente eliminando todas las medidas específicas contenidas en ese proyecto de Presupuestos Generales del Estado como se ha expuesto en la letra a) anterior, de tal modo que se extraen de ese proyecto únicamente aquellos elementos mínimos imprescindibles y de carácter técnico y, por tanto, no afectados por las decisiones presupuestarias que contenía el propio Proyecto y que, al haberse rechazado por las Cortes Generales, deben ser descartados en pleno respeto a las atribuciones que corresponde al Poder Legislativo sobre la institución presupuestaria. Con ello, debe entenderse que a través del real decreto-ley no está aflorando en la determinación de las entregas a cuenta de los recursos del SFA para el año «n» una desviación entre la previsión presupuestaria de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado y los datos de ejecución recaudatoria o un reajuste de las previsiones originales de ingresos que, en ausencia del real decreto-ley, surgiría en el año «n+2». Por el contrario, lo que está operando el real decreto-ley es la completitud de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, dado que la redacción de la misma está concebida para momentos de ciclo presupuestario ordinario que no son los que nos ocupan en este caso. El real decreto-ley mantiene así la neutralidad desde la consideración del reparto de riesgo recaudatorio como elemento estructural del propio SFA. VI Por lo que respecta a la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, esta se regula en los artículos 111 a 126, por lo que se refiere a los municipios, y 135 a 146, por lo que se refiere a las provincias y entidades análogas, del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Dichos preceptos se desarrollan anualmente en las respectivas leyes de presupuestos generales del Estado. En ese marco jurídico, cabría reproducir de manera simétrica la fundamentación expuesta en relación con el sistema de financiación de las comunidades autónomas, debiendo destacarse que el presente real decreto-ley no altera tampoco el régimen financiero actual de las entidades locales, sino que, por lo que se refiere a la participación en los tributos del Estado, simplemente actualiza los importes de las entregas a cuenta correspondientes al año 2019 y las referencias temporales y la información básica necesaria para el cálculo de los distintos componentes de aquellas. Asimismo, se recogen reglas de aplicación general que se consideran esenciales para el cálculo de la liquidación definitiva correspondiente al año 2017, sin perjuicio de que la ley de presupuestos generales de ese año detallaba los cálculos de aquella relativos a cada uno de los componentes de los modelos de financiación: la cesión de impuestos estatales, el fondo complementario de financiación y el modelo aplicable a los municipios no perceptores de aquella cesión. Esas reglas esenciales se refieren al criterio de cálculo del índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado y a la aplicación de los reintegros que resulten de aquella liquidación, y tienen contenidos similares, con las exclusivas y necesarias modificaciones de las referencias temporales, a los de las regulaciones de las liquidaciones de ejercicios anteriores. Con esta regulación se cierra la actualización de los modelos de financiación para el año 2019, que se ejecutan mediante las citadas entregas mensuales a cuenta y aquella liquidación, a fin de avalar la completitud con este real decreto-ley opera en el conjunto del sistema de financiación local. VII Para instrumentar lo dispuesto en el real decreto-ley se requiere la adaptación de los créditos de gasto que instrumentan las entregas a cuenta del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas y de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado a través de la sección 36 de los Presupuestos Generales del Estado en la medida que los importes de los créditos del año 2018, en situación de prórroga presupuestaria son inferiores a las necesidades presupuestarias derivadas de la actualización de aquellas entregas, y, por tanto, resultan necesarios para poder atender las obligaciones derivadas de la presente norma. No ocurre lo mismo con la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, en tanto, en la actual situación de prórroga presupuestaria, el importe del crédito destinado a aquel fin es suficiente para atender los saldos que resulten a favor de aquellas entidades. VIII Este real decreto-ley consta de nueve artículos, distribuidos en tres títulos, una disposición adicional única y una disposición final única. El primero, con 4 artículos, se refiere a la actualización de las entregas a cuenta de los recursos del SFA para el año 2019. En el artículo 1, se establece el régimen general de aplicación de las entregas a cuenta del SFA en situación de prórroga presupuestaria con referencia a las reglas establecidas en el propio real decreto-ley que precisan los términos de aplicación de la propia Ley 22/2009, de 18 de diciembre, para dicha situación de prórroga. En el artículo 2 se establecen las reglas de determinación de la previsión de ingresos tributarios previos a la cesión a las administraciones territoriales. A tales efectos, se parte de las cifras del proyecto de Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 a los que se elimina el efecto de las medidas tributarias reguladas en el propio proyecto y que, tras su rechazo por las Cortes Generales, quedan sin el sustento normativo necesario para ser incluidas en las proyecciones de ingresos previos a la cesión a las administraciones territoriales de las figuras tributarias cedidas (IRPF, IVA e IIEE) del ejercicio 2019. De esta manera, las nuevas cifras de ingresos tributarios se construyen en un escenario inercial, en ausencia de las nuevas medidas que el nuevo Proyecto pretendía incorporar, a partir de las cifras del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 elaboradas con las garantías institucionales propias del proceso general de elaboración de aquel. En el artículo 3 se concretan asimismo cuáles son las referencias temporales que deben ser tenidas en cuenta para la consideración de la situación de publicación, disponibilidad o periodo de liquidación que corresponda en relación con los restantes parámetros, variables o datos de referencia necesarios para la aplicación de lo previsto en los artículos 12 a 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. En este sentido, se toma como fecha de referencia el 1 de enero de 2019, preservando así la neutralidad de la actualización respecto del momento concreto de aprobación de la propuesta de real decreto-ley o de su directa aplicación posterior. En el artículo 4 se determina el calendario de libramiento y aplicación de lo dispuesto en la propuesta del real decreto-ley. Los artículos 4 y 7 inciden asimismo en la realización material de las gestiones administrativas y presupuestarias necesarias para poder efectuar los libramientos de los pagos a las comunidades autónomas y a las entidades locales de los importes actualizados, siendo imprescindible para la inmediata ejecución de su contenido en el marco de los procesos de gestión de los sistemas de financiación territorial, sin que quepa considerar que contradice el carácter perentorio de la presente norma. El Título II recoge los preceptos que afectan a la participación de las entidades locales en los tributos del Estado. Los dos primeros (artículos 5 y 6) se refieren a la liquidación definitiva de aquella participación correspondiente al año 2017, siendo necesarios, como fundamento jurídico, para su cálculo, ya que determina la forma de determinación del índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado, con los mismos criterios utilizados en las liquidaciones de la citada participación de ejercicios anteriores, así como para regular la forma de reintegro de los saldos que, de aquella liquidación definitiva, puedan resultar para reintegrar por las entidades locales con cargo a sus entregas a cuenta. El artículo 7 recoge las reglas de actualización de las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en tributos del Estado correspondiente al año 2019, estableciendo su régimen jurídico, los criterios de determinación del índice provisional de evolución de los ingresos tributarios del Estado y los valores de referencia para el cálculo de las entregas a cuenta de la cesión de impuestos estatales y de la participación correspondiente a las variables población, esfuerzo fiscal e inverso de la capacidad tributaria aplicable a los municipios no incluidos en el modelo de cesión de impuestos estatales. En el ámbito financiero, se establece la forma de determinación de los libramientos de fondos a favor de las entidades locales, una vez entre en vigor la presente norma. Y, por último, se fija la fecha límite para el suministro por las entidades locales de las certificaciones del esfuerzo fiscal del año 2017, que se tendrán en cuenta para el cálculo de la liquidación definitiva de aquella participación correspondiente al año 2019. El Título III recoge los preceptos relativos a la instrumentación de los suplementos de crédito necesarios, y que antes se han mencionado, identificando los importes necesarios para atender las actualizaciones de las entregas a cuenta del sistema de financiación de las comunidades autónomas y de la participación de las entidades locales en tributos del Estado, así como la modalidad de financiación de aquellas modificaciones presupuestarias. La disposición adicional única establece la prórroga para el año 2019 de lo dispuesto en el apartado seis del artículo 129 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, referido a los Fondos de Compensación Interterritorial, para su aplicación durante el ejercicio 2019. La disposición final única establece la fecha de entrada en vigor que sería la misma de la publicación de la presente norma. IX El real decreto-ley representa un instrumento constitucionalmente preciso, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional, que subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes. Este real decreto-ley se adecua, igualmente, a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, toda vez que el principio de necesidad ha quedado sobradamente justificado anteriormente. En lo que concierne a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia, debe destacarse que la modificación se limita estrictamente a abordar de forma puntual, precisa y clara este aspecto, mediante la mejor alternativa posible, la aprobación de un real decreto-ley, dado el rango legal exigible y la urgente necesidad ya referida. De acuerdo con lo antes expuesto, esta norma está justificada por razones de interés general, persigue unos fines claros y determinados y es el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. Asimismo, contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad que se pretende cubrir y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, y, en particular, con la regulación de los sistemas de financiación territorial. En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su tramitación se encuentra exenta de consulta pública previa y de los trámites de audiencia e información públicas. No obstante, se garantiza mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado y posterior remisión a las Cortes Generales para su convalidación en debate público. Finalmente, respecto del principio de eficiencia, esta norma no impone cargas administrativas. En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de la Ministra de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de octubre de 2019, DISPONGO: Título I: Actualización extraordinaria de entregas a cuenta de los recursos del sistema de financiación autonómica para 2019 en situación de prórroga presupuestaria. Artículo 1. Actualización de entregas a cuenta de comunidades autónomas. Durante el ejercicio 2019, el importe de las entregas a cuenta de los recursos sujetos a liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común regulado en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, en situación de prórroga presupuestaria se actualizará conforme a las reglas establecidas en los artículos siguientes. Artículo 2. Ingresos tributarios previos a la cesión. Para la determinación de la actualización del importe de las entregas a cuenta, a los efectos de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 12 a 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, las previsiones de ingresos tributarios previos a la cesión a las administraciones territoriales, por figuras y conceptos tributarios referidos en tales artículos, serán las contenidas en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de enero de 2019, una vez eliminado el efecto financiero de las medidas tributarias incluidas en los artículos 59, 60, 61, 62, 70, 71, 73 y 74 de ese Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y que se recogen en el anexo I de este real decreto-ley. Artículo 3. Otros parámetros, variables o datos de referencia. El valor de los restantes parámetros, variables o datos de referencia necesarios para la aplicación de lo previsto en los citados artículos 12 a 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en los términos previstos en los mismos, se efectuará con referencia a su situación de publicación, disponibilidad o periodo de liquidación, según corresponda, existente a 1 de enero de 2019. Artículo 4. Libramientos. Lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de este real decreto-ley se aplicará a los libramientos que, en aplicación del sistema de financiación autonómica, se efectúen por la Administración General del Estado a favor de las comunidades autónomas en los meses posteriores al de la entrada en vigor del presente real decreto-ley. Título II: Participación de las entidades locales en los tributos del Estado. Artículo 5. Liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado correspondiente al año 2017: Régimen jurídico y saldos deudores. Uno. Una vez conocida la variación de los ingresos tributarios del Estado del año 2017 respecto del año 2004, y los demás datos necesarios, se procederá al cálculo de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado, correspondiente al ejercicio 2017, en los términos de los artículos 111 a 124 y 135 a 146 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, teniendo además en cuenta las normas recogidas en los artículos 76 a 79, 81 y 82, 84 a 87, 89 y 91 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Dos. Los saldos deudores que se pudieran derivar de la liquidación a la que se refiere el apartado anterior, en el componente de financiación que no corresponda a cesión de rendimientos recaudatorios en impuestos estatales, serán reembolsados por las entidades locales afectadas mediante compensación con cargo a las entregas a cuenta que, en concepto de participación en los tributos del Estado definida en el artículo 7 de esta norma, se perciban con posterioridad a la mencionada liquidación, en un periodo máximo de tres años, mediante retenciones trimestrales equivalentes al 25 por ciento de una entrega mensual, salvo que, aplicando este criterio, se exceda el plazo señalado, en cuyo caso se ajustará la frecuencia y la cuantía de las retenciones correspondientes al objeto de que no se produzca esta situación. Tres. Los saldos deudores que se pudieran derivar de la liquidación a la que se refiere el apartado Uno anterior, en el componente de financiación que corresponda a cesión de rendimientos recaudatorios en impuestos estatales, serán reembolsados por las entidades locales afectadas mediante compensación con cargo a los posibles saldos acreedores que se deriven de la liquidación del componente correspondiente al concepto de participación en los tributos del Estado definida en la Sección 3.ª y en la Subsección 1.ª de la Sección 5.ª, del Capítulo I, del Título VII, de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Los saldos deudores restantes después de aplicar la compensación anteriormente citada, serán reembolsados por las entidades locales mediante compensación en las entregas a cuenta que, por cada impuesto estatal incluido en aquella cesión, perciban, sin las limitaciones de porcentajes y plazos establecidos en el apartado anterior. Cuatro. Si el importe de las liquidaciones definitivas a que se refiere el apartado Dos de este artículo fuera a favor del Estado, se reflejará como derecho en el capítulo IV del Presupuesto de Ingresos del Estado. Cinco. Cuando las retenciones citadas en este artículo concurran con las reguladas en el artículo 125 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, tendrán carácter preferente frente a aquellas y no computarán para el cálculo de los porcentajes establecidos en el apartado Dos del citado artículo. Artículo 6. Liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado correspondiente al año 2017: Criterios para el cálculo del índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado. A los efectos de la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado correspondiente al año 2017 y de la aplicación del artículo 121 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado entre el año 2004 y el año 2017, se determinará con los criterios establecidos en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias que consisten en: Uno. Los ingresos tributarios del Estado del año 2017 están constituidos por la recaudación estatal en el ejercicio excluidos los recursos tributarios cedidos a las comunidades autónomas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido y por los Impuestos Especiales, en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Dos. Por lo que se refiere al cálculo de los ingresos tributarios del Estado del año 2004 o 2006, se utilizarán los criterios establecidos en la letra e) de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, considerando como año base el año 2004 o 2006, según proceda. Artículo 7. Actualización extraordinaria de las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado correspondiente al año 2019. Para el cálculo de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado del año 2019, se aplicarán las reglas contenidas en las Secciones 2.ª a 6.ª, del Capítulo I, «Entidades locales», del Título VII, «De los entes territoriales», de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, actualizándose en los siguientes términos: Uno. En cuanto a las entregas a cuenta de la cesión de rendimientos recaudatorios de los impuestos estatales, regulada en las Secciones 2.ª y 4.ª: 1. Por lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se utilizarán los datos de la cuota líquida estatal del correspondiente al año 2016, último del que se ha calculado la liquidación definitiva, así como el índice de actualización que resulte de dividir el importe de la previsión, para 2019, por retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados, entre el importe de los derechos liquidados por estos conceptos, correspondientes al año 2016. 2. Por lo que se refiere a los impuestos indirectos se utilizarán las previsiones de recaudación para el año 2019, los índices de consumo o de entregas o de ventas correspondientes a la última liquidación calculada, que es el año 2016; así como, en su caso, la población de derecho según el Padrón de la población municipal vigente a 1 de enero de 2019 y aprobado oficialmente por el Gobierno. Dos. A los efectos del cálculo de las entregas a cuenta de los componentes de financiación regulados en las Secciones 3.ª y 5.ª, el índice provisional de evolución de los ingresos tributarios del Estado entre el año 2004 y el año 2019, se determinará con los criterios establecidos en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que consisten en: 1. Los ingresos tributarios del Estado del año 2019 están constituidos por la recaudación estatal en el ejercicio excluidos los recursos tributarios cedidos a las comunidades autónomas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido y por los Impuestos Especiales, en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. A estos efectos, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 de este real decreto-ley. 2. Por lo que se refiere al cálculo de los ingresos tributarios del Estado del año 2004, se utilizarán los criterios de homogeneización establecidos en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Esto es, se procederá a simular la entrega a cuenta del año 2004 de las comunidades autónomas en los términos de cesión correspondientes al año 2019. Por lo que respecta a la liquidación del año 2002 se calculará por diferencia entre el rendimiento definitivo de las comunidades autónomas en los términos de cesión del año 2019 y las entregas que se hubieran efectuado de acuerdo con dichos términos de cesión. Igualmente, para la determinación del resto de los índices de evolución regulados en el Capítulo I del Título VII de la Ley 6/2018, de 3 de julio, distintos del anterior, se aplicará lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, sustituyendo, si procede, el año base 2007 por el que corresponda. Tres. La participación individual de cada uno de los municipios incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 106 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se determinará de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 107 de la misma norma, considerando la población del Padrón Municipal vigente y oficialmente aprobado por el Gobierno a 1 de enero del año 2019 y los datos del esfuerzo fiscal y del inverso de la capacidad tributaria de la última liquidación definitiva practicada, que es la correspondiente al año 2016. Cuatro. La participación individual de cada municipio turístico se determinará de acuerdo con el apartado anterior. El importe resultante se reducirá en la cuantía de la cesión de la recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco calculada en el año base 2004, incrementada en los mismos términos que la previsión de crecimiento de los ingresos tributarios del Estado en 2019 respecto de 2004, sumándose al resultado anterior la cesión que, por aquellos impuestos, les correspondiese, en concepto de entregas a cuenta en 2019, aplicando las normas del apartado Uno.2 anterior, sin que, en ningún caso, la cuantía a transferir sea inferior a la calculada con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior. Cinco. Lo dispuesto en los apartados anteriores se aplicará a los libramientos que se efectúen por la Administración General del Estado a favor de las entidades locales correspondientes a las entregas a cuenta de 2019 de los meses posteriores al de la entrada en vigor de este real decreto-ley. Seis. A efectos de la información a suministrar por las corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal establecida en el artículo 124 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, las certificaciones correspondientes se deberán referir al año 2017 y se deberán suministrar a los órganos competentes antes del 31 de enero del año 2020, en la forma en la que éstos determinen. Título III: Suplementos de créditos. Artículo 8. Suplementos de crédito para la actualización extraordinaria de las entregas a cuentas de las comunidades autónomas. Para financiar la actualización del importe de las entregas a cuenta de los recursos sujetos a liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas se conceden suplementos de crédito en el concepto 451 «Fondo de Suficiencia Global» del Programa 941M «Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado» en los siguientes servicios de la Sección 36 «Sistemas de financiación de Entes Territoriales» por los importes que se indican: Asimismo, para financiar la actualización de las entregas a cuenta de la aportación del Estado al Fondo de Garantía se concede un suplemento de crédito por importe de 372.946,50 miles de euros en el concepto 453 «Aportación del Estado al Fondo de Garantía», del Programa 941M «Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado», del servicio 20 «Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Varias CC. AA.», de la Sección 36 «Sistemas de Financiación de Entes Territoriales». Artículo 9. Suplementos de crédito para la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado correspondiente al año 2019. Para financiar la actualización del importe de las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado se conceden suplementos de crédito en los siguientes conceptos del Programa 942M «Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado» del Servicio 21 «Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales» de la Sección 36 «Sistemas de Financiación de Entes Territoriales» por los importes que se indican: Disposición adicional única. Fondos de Compensación Interterritorial. Se prorroga para el ejercicio 2019 lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 129 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Disposición final única. Entrada en vigor. El presente real decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 11 de octubre de 2019. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN ANEXO I Ingresos tributarios previos a la cesión a las AATT. Art. 2 año 2019 Conceptos Importe – Millones de euros Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 86.126 Impuesto sobre el Valor Añadido 73.712 Impuestos Especiales 22.147 Alcohol y bebidas derivadas 874 Cerveza 340 Productos Intermedios 23 Hidrocarburos 12.963 Labores del tabaco 6.594 Electricidad 1.353

Interior licita por 5.226.427,44 euros el mantenimiento del perímetro en Ceuta y Melilla durante dos años

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I El Gobierno aprobó, en su reunión de Consejo de Ministros del día 11 de enero de 2019, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 que fue remitido a las Cortes Generales para proceder a su tramitación parlamentaria, habiendo sido rechazado en el debate de totalidad en el Pleno del Congreso de los Diputados de 13 de febrero de 2019. El proyecto de ley constituía el vehículo ordinario para instrumentar, entre otras múltiples medidas, la actualización de la financiación de las administraciones territoriales que corresponde a las comunidades autónomas y las entidades locales en aplicación de sus respectivos sistemas de financiación para el ejercicio 2019. De acuerdo con lo previsto en el artículo 134.4 de la Constitución Española «Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos». Esta situación de prórroga se activó a partir de 1 de enero de 2019 y continúa actualmente, habiendo transcurrido ya gran parte del ejercicio corriente 2019. Si bien el pasado 24 de septiembre expiró el plazo máximo previsto en el artículo 99.5 de la Constitución para la investidura de un Presidente de Gobierno, hasta ese momento existía una expectativa de formación de Gobierno y, por tanto, con el fin de no condicionar en modo alguno la actuación de ningún Gobierno recién formado, en cumplimiento del marco jurídico aplicable a un Gobierno en funciones, ninguna decisión sobre la actualización de la financiación de las administraciones territoriales resultaba pertinente. Actualmente la situación resulta diferente, pues tras constatarse la imposibilidad de formación de un Gobierno surgido de las elecciones generales del pasado mes de abril, el 24 de septiembre se han convocado elecciones generales para el día 10 de noviembre. Esta convocatoria prolonga la situación de Gobierno en funciones y limita la capacidad del Ejecutivo en materia presupuestaria, pero ya no condiciona la actuación de ningún Gobierno que pueda llegar a formarse, puesto que se aprecia que, para el momento en que pueda quedar constituido formalmente, ya no le resultaría temporalmente posible evitar el perjuicio al interés general que se produciría de no proceder a la actualización de la financiación de las administraciones territoriales. Además, se constata en este momento la inviabilidad material e institucional de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 y, en consecuencia, que no es posible la actualización de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales a través de los mecanismos ordinarios. Por tanto, tan solo cabe adoptar un ajuste técnico de carácter extraordinario para la defensa del interés general y evitar los graves perjuicios que la ausencia de medidas provocaría. II De no producirse la actualización de la financiación de las administraciones territoriales contenida en este real decreto-ley, el despliegue directo de los elementos de los sistemas de financiación territorial, concebidos en sus términos originales para una situación de ciclo presupuestario ordinario, derivaría en unos resultados financieros indeseados, contrarios al propio sentido y lógica financiera de dichas normas y al interés general. Ello es así porque se impediría trasladar a las comunidades autónomas y las entidades locales el incremento de los recursos derivados de la diferencia de previsiones, entre la elaborada para el año 2018 y la elaborada para el año 2019, en relación con el incremento de recaudación previa a la cesión de las figuras tributarias que son objeto de cesión en tales sistemas de financiación. En este sentido, se produciría una importante brecha entre los resultados de aplicación de los sistemas de financiación territorial y la evolución de las magnitudes financieras y tributarias subyacentes que constituyen la base estructural de los mismos, generando distorsiones relevantes sobre las finanzas de las citadas administraciones territoriales y del propio Estado que, en ausencia de medidas de ajuste como las contempladas en este real decreto-ley, devendrían en graves e irreversibles. Nótese que los impactos en términos de caja y contabilidad nacional en distintos años tienen relevancia fundamental para las decisiones de ingresos y gastos de todas las administraciones concernidas. En efecto, en el supuesto de que se completase el ejercicio presupuestario 2019 sin la aprobación de unos nuevos presupuestos dentro del propio año, el importe de las entregas a cuenta quedaría limitado al resultante de calcular las mismas sobre la base de las previsiones de ingresos tributarios correspondientes al presupuesto en vigor para dicho año, que para la situación de prórroga presupuestaria, se identifican con los contenidos en los propios Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y no con los ingresos tributarios pre-cesión propios del ejercicio 2019. Considerando que la posición cíclica actual de la economía española refleja un crecimiento sólido de las bases tributarias de los impuestos cedidos, esta circunstancia supone que, de mantenerse la prórroga presupuestaria, las entregas a cuenta que percibirían las comunidades autónomas resultarían inferiores a las resultantes de considerar la evolución de la recaudación previa a la cesión a las administraciones territoriales prevista para el año 2019 respecto a la prevista para el año 2018, dando lugar a que esa diferencia deba transferirse en todo caso a las comunidades autónomas dos años más tarde, en el año 2021, al tener que efectuarse la obligada liquidación definitiva, de acuerdo con la regla n+2. Es decir, las comunidades autónomas en el año 2019 recibirían menores recursos que recuperarían en el año 2021 en el momento de efectuarse la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómico (en adelante, SFA). El Estado, por su parte, percibiría mayores ingresos en el año 2019 dado que obtendría en ese año de manera efectiva la recaudación derivada de los tributos cedidos minorada en la cesión de esta realizada a favor de las ### RESUMEN: Interior licita por 5.226.427,44 euros el mantenimiento del perímetro en Ceuta y Melilla durante dos años

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, tras las modificaciones introducidas como consecuencia de la aprobación del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de octubre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica y del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, determina que el bono social y la asunción tanto de los impagos del artículo 52.4.k) de la Ley, como del coste de la cofinanciación del suministro de energía eléctrica de aquellos consumidores a los que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 52.4.j) de la citada ley, serán considerados obligación de servicio público según lo dispuesto en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE. De acuerdo con al apartado 3 del artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, el bono social cubrirá la diferencia entre el valor del precio voluntario para el pequeño consumidor y un valor base, que podrá ser distinto según las categorías de consumidores vulnerables que se establezcan, que se denominará tarifa de último recurso y será aplicado por el correspondiente comercializador de referencia en las facturas de los consumidores que estén acogidos al mismo. El bono social resultará de aplicación a los consumidores vulnerables que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen por real decreto. Por otra parte, mediante el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de octubre, y el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, fueron creadas dos nuevas categorías de consumidores esenciales. Así, el artículo 52.4.j) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, establece como suministro esencial, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén siendo atendidos, respecto a estos suministros, por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes por hallarse, en atención a su renta, en riesgo de exclusión social. El artículo 52.4.k) de la citada ley, considera esenciales aquellos suministros que incurran en impago de la factura eléctrica cuyo titular sea beneficiario del bono social y para su aplicación haya acreditado formar parte de una unidad familiar en la que haya, al menos, un menor de dieciséis (16) años, o bien el titular, o alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II o III, o tenga una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, todo ello en los términos establecidos en la normativa. El artículo 45 de la ley estipula que tanto el bono social como el coste del suministro de los consumidores a que hacen referencia los párrafos j) y k) del artículo 52.4, será asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica, o por las propias sociedades que así lo hagan si no forman parte de ningún grupo societario. El porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calculará para cada sociedad o grupo de sociedades de forma proporcional a la cuota de clientes a los que suministre energía eléctrica, como la relación entre un término que será el valor medio anual de clientes que corresponda a cada uno los sujetos obligados, y otro término que corresponderá a la suma de todos los valores medios anuales de clientes del conjunto de sociedades comercializadoras. En los grupos societarios de los que forme parte más de una comercializadora de energía eléctrica, el cálculo de la cuota de clientes a los que se suministra energía eléctrica se obtendrá agregando las cuotas individuales de cada una de estas. De acuerdo con lo previsto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá anualmente al actual Ministerio para la Transición Ecológica, una propuesta de fijación de los porcentajes de financiación que correspondan a cada una de las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, a las sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica. La Ministra procederá a su aprobación por orden que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado». En desarrollo de lo anterior, se aprobó el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, que regula, entre otros aspectos, el mecanismo de financiación y cálculo del bono social, así como del coste del suministro de los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. El artículo 13 del citado real decreto precisa que las Administraciones Públicas no se considerarán sujetos obligados a financiar el bono social, ni los impagos del artículo 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, ni el coste de la cofinanciación del suministro de electricidad de energía eléctrica de los consumidores en riesgo de exclusión social. Sí serán considerados como sujetos obligados las sociedades mercantiles de titularidad pública y las empresas participadas por las Administraciones Públicas que desarrollen la actividad de comercialización. En el caso de empresas participadas por más de una sociedad matriz con obligación de asumir el coste del bono social, el real decreto establece que se asignarán a dichas sociedades matrices el número de clientes de forma proporcional a la participación. Este mismo criterio se aplicará a las empresas participadas por una sociedad matriz con obligación de asumir dichos costes. Si la empresa fuese, a su vez, sujeto obligado sólo tendrá la obligación sobre el porcentaje de clientes o suministros de electricidad no incluidos en las participaciones contabilizadas. El artículo 14 recoge el método de cálculo de los porcentajes de reparto y, establece, entre otras cuestiones, que el porcentaje de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social y al coste del suministro de electricidad de los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) será calculado anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que deberá remitir al Ministerio para la Transición Ecológica, antes del 1 de diciembre del año anterior al que corresponda fijar los porcentajes, una propuesta de fijación de los porcentajes de reparto de cada una de las sociedades para su aprobación por orden de la Ministra. En los grupos societarios de los que forme parte más de una comercializadora de energía eléctrica, el cálculo de la cuota de clientes a los que se suministra energía eléctrica se obtendrá agregando las cuotas individuales de cada una de estas. La presente orden tiene por objeto, conforme a la normativa anterior, aprobar los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social para el año 2019. Con fecha 12 de diciembre de 2018 tuvo entrada en el Registro del Ministerio para la Transición Ecológica el «Acuerdo por el que se propone al Ministerio para la Transición Ecológica el cálculo del porcentaje de reparto de la financiación del bono social 2019», aprobado con fecha 10 de diciembre de 2018 por la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En el referido acuerdo, dicha Comisión recoge los criterios que han permitido llevar a cabo el reparto propuesto. Así, se han considerado las sociedades que han ejercido la actividad de suministro a clientes finales durante el año móvil comprendido desde el tercer trimestre de 2017 y hasta el segundo trimestre de 2018, ambos incluidos, y que, a fecha de elaboración de la propuesta, se encontraban habilitadas para el ejercicio de la actividad de comercialización de energía eléctrica y contaban al menos un cliente, calculado éste como valor medio anual de clientes del periodo. El valor medio anual de clientes se ha calculado para cada sociedad o grupo de sociedades, como la media de los clientes a 30 de septiembre de 2017, a 31 de diciembre de 2017, a 31 de marzo de 2018 y a 30 de junio de 2018. En el caso de transferencia de clientes a una comercializadora del mismo grupo durante el periodo de análisis, por cese, baja por absorción de una sociedad o por creación de una nueva comercializadora, según lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se han tenido en cuenta el número de clientes de la sociedad anterior en el cálculo del valor medio de clientes de la comercializadora que hubiera absorbido o continuado con la actividad de suministro. A la vista de la propuesta realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en la presente orden se fijan los porcentajes de reparto del coste del bono social y del coste del suministro de electricidad de los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, para el año 2019. Por otra parte, el artículo 16 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, relativo a la regularización de las cantidades a financiar, estipula que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá regularizar las cantidades aportadas por los distintos sujetos reconociendo, en su caso, los derechos de cobro u obligaciones de pago que correspondan. A estos efectos, las cuantías derivadas de los porcentajes de reparto establecidos en la correspondiente orden ministerial según lo dispuesto en el artículo 14.5 que dejen de ser aportadas por comercializadoras que hayan cesado en su actividad o que hayan sido inhabilitadas para el ejercicio de la misma, serán asumidas por el resto de sujetos obligados. Esta regularización se llevará a cabo en el mismo plazo que la última liquidación del sistema eléctrico antes de la de cierre y posteriormente, si fuera necesario, en una liquidación realizada al mismo tiempo que la liquidación de cierre. En el caso de que, tras efectuarse dichas liquidaciones, queden cantidades pendientes de ser aportadas, éstas serán asumidas por los sujetos obligados en virtud de la orden ministerial que sea publicada para la financiación del bono social y del coste del suministro de electricidad de los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del año siguiente, atendiendo en lo referente al reparto de porcentajes a lo dispuesto en el artículo 14 del real decreto. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informará al actual Ministerio para la Transición Ecológica y dará publicidad e información de manera transparente en su página web relativa a dicha regularización. Teniendo en cuenta lo anterior, en uso de la competencia prevista en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre y en el artículo 14.5 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, dispongo: Primero. Fijar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, y atendiendo a la propuesta remitida a tal efecto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social y al coste del suministro de electricidad de los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, correspondientes a 2019, por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, por las sociedades que desarrollan la actividad de comercialización de energía eléctrica, según la tabla que figura en el anexo. Segundo. Las aportaciones que deban realizar cada una de dichas sociedades y las liquidaciones que efectúe el organismo encargado de las liquidaciones, atenderán a lo establecido en los artículos 9 y 15 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre. Estas liquidaciones incluirán las regularizaciones correspondientes a las cuantías del bono social y al coste del suministro de electricidad de los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que hayan de ser aplicadas en el periodo transcurrido desde el 1 de enero de 2019 hasta la entrada en vigor de la presente orden. Tercero. Las cuantías derivadas de los porcentajes de reparto establecidos en el apartado primero que dejen de ser aportadas por comercializadoras que hayan cesado en su actividad o que hayan sido inhabilitadas para el ejercicio de la misma, serán asumidas por el resto de sujetos obligados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre. A estos efectos se entenderá que las sociedades comercializadoras han cesado en su actividad, y por tanto han dejado de generar las obligaciones establecidas conforme al apartado primero, a partir de la fecha de comunicación del cese de su actividad al Ministerio para la Transición Ecológica, de conformidad con el artículo 46.1.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Cuarto. La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y será de aplicación en la primera liquidación que corresponda de acuerdo con el calendario de liquidaciones del sector eléctrico. La presente orden agota la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Ministerio para la Transición Ecológica en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación, significando que, en caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo. Madrid, 23 de octubre de 2019.–La Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera Rodríguez. ANEXO Porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social y al coste del suministro de electricidad de los consumidores a los que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, correspondientes al año 2019 Denominación matriz/sociedad Cuota promedio ENDESA, S.A. 36,261099% IBERDROLA ESPAÑA, S.A.U. 34,623232% NATURGY ENERGY GROUP S.A. 15,816621% EDP ESPAÑA, S.A. 3,863991% REPSOL, S.A. 2,242664% CIDE HCENERGIA S.A. 1,476452% EXCELSIOR TIMES SL. 0,448054% GRUPO VILLAR MIR S.A. 0,195729% FACTOR ENERGIA S.A. 0,152541% NEXUS ENERGIA, S.A. 0,132331% GASELEC DIVERSIFICACION S.L. 0,106379% EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA SA. 0,103518% COOPERATIVA VALENCIANA. 0,067145% ONDEMAND FACILITIES SL. 0,023106% COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA ALBATERNSE, COOP.V. 0,021565% SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES COOP. V. 0,021220% GRUPO SANCHEZ FABRELLAS DE INVERSIONES S.L. 0,015396% COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA CATRALENSE, COOP. V. 0,012079% COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA. 0,007485% GNERA ENERGIA Y TECNOLOGIA SL. 0,004621% FENIE ENERGIA, S.A. 1,072765% CLIDOM ENERGY, S.L. 0,361315% SOM ENERGÍA, S.C.C.L. 0,222138% COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE CADIZ, S.A. 0,211066% ALDRO ENERGÍA Y SOLUCIONES, S.L.U. 0,182823% ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR S.A. 0,174359% WATIUM, S.L. 0,159114% XENERA COMPAÑÍA ELECTRICA, S.A. 0,080718% BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L. 0,071944% FLIP ENERGÍA, S.L. 0,065860% ALCANZIA ENERGIA, S.L. 0,065587% ELECTRA ENERGIA, S.A.U. 0,065343% AGUAS DE BARBASTRO ENERGÍA, S.L. 0,051057% AGRI-ENERGIA, S.A. 0,046067% GESTERNOVA, S.A. 0,045203% INTEGRACIÓN EUROPEA DE ENERGIA, S.A.U. 0,044566% GEO ALTERNATIVA S.L. 0,042967% ELECTRA CALDENSE ENERGIA, S.A. 0,040855% ADURIZ ENERGÍA, SLU. 0,040750% HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA, S.L. 0,040384% ELECTRICA SEROSENSE, S.L. 0,038372% AURA ENERGÍA S.L. 0,038286% PEPEENERGY, S.L. 0,035710% ELECTRA ALTO MIÑO COMERCIALIZADORA DE ENEGÍA, SLU. 0,035100% GOIENER S.COOP. 0,033637% ELECTRICA SOLLERENSE, S.A. 0,031895% ENERGÍA COLECTIVA, S.L. 0,030707% ENSTROGA, S.L. 0,029991% ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD, S.L.U. 0,027232% AXPO IBERIA S.L. 0,027055% GAOLANIA SERVICIOS, S.L. 0,026563% INSERIMOS ENERGÍA, S.L. 0,026155% HIDROELÉCTRICA EL CARMEN ENERGÍA, S.L. 0,024348% ELECTRA DEL CARDENER ENERGIA, S.A. 0,023029% ELECTRICA DE CALLOSA DE SEGURA. 0,022806% ENELUZ 2025, S.L. 0,022195% ENERCOLUZ ENERGIA SL. 0,019989% HIDROELECTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S.L. 0,019895% HIDROELECTRICA LUMYMEY SL UNIPERSONAL. 0,018773% MOSCOSO ENERGIA SL. 0,017896% INER ENERGIA CASTILLA LA MANCHA SL. 0,017488% MULTIENERGIA VERDE, S.L. 0,016627% CARVISA ENERGIA SL. 0,016365% COMERCIALIZADORA LERSA, S.L. 0,015650% ENERXIA GALEGA MAIS SLU. 0,015175% WIND TO MARKET S.A. 0,015097% ELECTRA NORTE ENERGÍA, S.A.U. 0,014911% ELECTRACOMERCIAL CENTELLES, S.L.UNIPERSONAL. 0,014769% DAIMUZ ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA. 0,014207% ELECTRA AVELLANA COMERCIAL, S.L. 0,014035% GLOBAL BIOSFERA PROTEC S.L. 0,013871% COMERCIALIZADORA RIOJANA DE ENERGIA, S.L. 0,013679% SERVIGAS S XXI SA. 0,013501% ESTRATEGIAS ELÉCTRICAS INTEGRALES, S.A. 0,013323% ELEK COMERCIALIZADORA ELECTRICA S.L. 0,013056% INTEGRACION EUROPEA DE ENERGIA SUR, S.L. 0,011711% SWAP ENERGIA SA. 0,011307% SOLELEC IBERICA S L. 0,011172% ELECTRICA DE GUADASSUAR COOP V. 0,011030% RESPIRA ENERGÍA S.A. 0,010550% ELECTRICA SERRANIA DE RONDA ENERGIA SL. 0,010437% ELÉCTRICA BENASQUE, S.L. 0,010192% ELÉCTRICA VAQUER ENERGIA, S.A. 0,010170% GODAY ENERGIA SL. 0,009937% LABOIL ENERGIA, S. L. 0,009926% PETRONIEVES ENERGIA 1, S.L. 0,009827% NOBE SOLUCIONES Y ENERGÍA, S.L. 0,009785% INSIGNIA ENERGIA SL. 0,009306% SYDER COMERCIALIZADORA VERDE SL. 0,009181% ZELTRIA ENERGIA. 0,008730% ELECTRICA NTRA SRA DE GRACIA SDAD COOP VALENCIANA. 0,008696% COOPERATIVA ELECTRICA DE CASTELLAR, S.C.V (COMERC). 0,008681% CYE ENERGIA SL. 0,008140% ELECTRA CUNTIENSE COMERCIALIZADORA, SLU. 0,008085% COX ENERGÍA COMERCIALIZADORA ESPAÑA S.L.U. 0,007819% ELÉCTRICA DE MELIANA, S.C.V. 0,007648% ELÉCTRICA DEL POZO, S COOP M. 0,007532% ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA, SL. 0,007430% ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS SL. 0,007214% SUNAIR ONE ENERGY S.L. 0,007192% ARACAN ENERGIA S.L. 0,007170% IBEROELECTRA 3000, S.L. 0,006667% FLUID ELECTRIC CAMPRODON II, S.L. 0,006665% ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L. 0,006611% ENERGIA DLR COMERCIALIZADORA, SL. 0,006510% RESPIRA ENERGÍA ESPAÑA, S.L. 0,006462% ELECTRICITAT D'ALMENAR, S.L. 0,006321% IBERELECTRICA COMERCIALIZADORA, SL. 0,006297% ENERPLUS ENERGIA, S.A. 0,006238% SIESTA GREEN ENERGY, S.L. 0,006192% ELECTRICA MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE QUERALT, COMERCIALITZADORA, S.L.U. 0,006007% CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. 0,005595% FLUIDO ELECTRICO DE MUSEROS, S.C.V. 0,005551% EVERGREEN ELECTRICA. 0,005525% ELECTRICA POPULAR, S. COOP. MAD. 0,005353% DREUE ELECTRIC, S.L.U. 0,005237% ELECTRICA VINALESA, S.L.U. 0,005185% EPRESA ENERGÍA S.A. 0,005182% ENERGÍAS DE PANTICOSA COMERCIALIZADORA, S.L. 0,005098% AVANZALIA ENERGIA COMERCIALIZADORA SA. 0,005059% RONDA OESTE ENERGÍA, S.L. 0,004972% CATGAS ENERGIA SA. 0,004803% SUNAIR ONE HOME S.L. 0,004637% GRUPO IBERSOGAS ENERGÍA, S.L. 0,004461% DRK ENERGY, S.L. 0,004313% AURORA ENERGY SUPPLY SL. 0,004242% INDEXO ENERGIA SL. 0,004185% ELECTRICA DEL MONTSEC SL. 0,004073% WATIO WHOLESALE, S.L. 0,004071% ELURENERGIA VERDE SL. 0,003947% COMERCIALIZADORA TORRES ENERGIA, S.L. 0,003794% PREMIUM NUEVA ENERGIA SL. 0,003741% TENSINA DE ENERGÍA Y SERVICIOS, S.L. 0,003687% ADELFAS ENERGIA SL. 0,003671% COMERCIALITZADORA ELECTRICA D'ALBATARREC, S.L.U. 0,003278% CONECTA2 ENERGIA, S.L. 0,003070% COMERCIALIZADORA ELECTRICA TALAYUELAS S.L. 0,002975% COMPAÑIA LUMISA ENERGIAS, SL. 0,002899% TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. 0,002874% KILOWATIOS VERDES SOCIEDAD LIMITADA. 0,002864% ELECTRODISTRIBUIDORA DE FUERZA Y ALUMBRADO CASABLANCA, S.COOP.V. 0,002765% ENERGIA NARANJA SL. 0,002730% AUSARTA PRIMA, S.L. 0,002643% ELECTRICA DE SOT DE CHERA SCV. 0,002582% ELECTRICA DE CHERA, SCV. 0,002530% COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA BENUZA Y BAÑESA, SL. 0,002486% PONTS COMERCIALITZADORA MUNICIPAL D’ENERGIA ELÈCTRICA, S.L.U. 0,002407% HORECA ENERGIA SL. 0,002387% SUMINISTRADORA ELECTRICA VIENTOS ALISIOS DE LANZAROTE SL. 0,002304% ELECTRICA ANTONIO MADRID, SL. 0,002298% ELYGAS POWER S.L. 0,002294% MUNICIPAL DE SERVICIOS VILLAHERMOSANA, S.L. 0,002288% ELECTRICA DE ALGIMIA DE ALFARA SCV. 0,002270% ENERGIAS DE LA VILLA DE CAMPO, S.L. 0,002171% REMICA COMERCIALIZADORA, S.A.U. 0,002077% NUEVA COMERCIALIZADORA ESPAÑOLA SL. 0,002023% COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L. 0,002002% MY ENERGIA ONER S.L. 0,001976% ABOUTWHITE SL. 0,001914% TRADE UNIVERSAL ENERGY, S.A. 0,001847% ENERGIAS DE ESCARRILLA SL. 0,001844% RENEWABLE VENTURES SLU. 0,001842% ELECTRICA DE CATOIRA SA. 0,001794% REYSE ENERGIA SL. 0,001785% STAGIONI ENERGIA RENOVABLES,S.L. 0,001704% POTENZIA COMERCIALIZADORA SL. 0,001693% PROT ENERGIA COMERCIALIZACION, S.L. 0,001688% ELEVA 2 COMERCIALIZADORA, S.L. 0,001683% APELES ELECTRICIDAD, SL. 0,001655% COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA SUDANELL, S.L.U. 0,001645% PETRO NAVARRA SL. 0,001631% INICIATIVA E. NOVA SOCIEDAD LIMITADA. 0,001609% ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD. 0,001591% ENGIE ESPAÑA, S.L. 0,001561% AQUI ENERGIA. 0,001558% ENERGY STROM XXI SL. 0,001523% ECOEQ ENERGÉTICA, S.L. 0,001502% GIGABUSINESS, S.L. 0,001501% DISA ENERGIA ELECTRICA S.L. 0,001489% ELECTRICA SALAS DE PALLARS COMERCIALITZADORA, S.L. 0,001471% NOSA ENERXIA SCG. 0,001400% GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. 0,001243% SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA. 0,001197% ENERKIA ENERGIA SL. 0,001177% ENERGY BY COGEN SL-UNIPERSONAL-. 0,001173% HIDROBESORA SERVICIOS, S.L. 0,001117% GEOATLANTER SA. 0,001113% ENERGÍAS DEL ZINQUETA S.L. 0,001062% FOENER ENERGÍA, S.L. 0,001055% ENERGYSAVE PROJECTS S.L. 0,001005% TALARN ENERGÍA ELÉCTRICA, S.L. 0,000999% ENERGIA VIVA SPAIN, S.L. 0,000996% EMASP SOCIEDAD COOPERATIVA. 0,000985% ASAL DE ENERGIA, S.L. 0,000952% ENERGIA OPERATIVA SL. 0,000944% COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA FINANCIERA S.L.U. 0,000942% ENERGÍA EUROPEAS DE COMERCIALIZACIÓN SL. 0,000939% RENOVABLES ENRED ENERGÍA, S.L. 0,000919% CC&A ACCESO ELECTRICO, S.L. 0,000906% COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL SURESTE. 0,000898% INNOVA DESARROLLO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, S.L. 0,000887% FUSIONA COMERCIALIZADORA SA. 0,000865% CEMOI ELECTRICITE S.L. 0,000853% GESTINER INGENIEROS, S.L. 0,000822% COMERCIALITZADORA ELECTRICA DE MONTOLIU DE LLEIDA S.L.U. 0,000793% ACCION ENERGIA COMERCIALIZADORA SL. 0,000711% ELEGRAND ENERGIA SL. 0,000696% COMERCIAL Y ASESORA DE ELECTRICIDAD, S.L. 0,000667% DX COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA, S.A. 0,000639% Simples Energia de España SL. 0,000626% LONJAS TECNOLOGÍA, S.A. 0,000593% VIVA LUZ SOLUCIONES, S.L. 0,000580% VÓLTICO ENERGÍA SL. 0,000573% ECOFUTURA LUZ ENERGÍA, S.L. 0,000565% LUX FORUM SL. 0,000554% V3J INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L. 0,000537% ENERGY TRADER SOLUTIONS, S.L. 0,000533% SOCIETAT MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ ELECTRICA DE TIRVIA, S.L. 0,000515% COOP VALENCIANA ELECTRODISTRIBUIDORA DE FUERZA Y ALUMBRADO SERRALLO. 0,000511% PHOTON GESTION, S.L. 0,000510% MEGARA ENERGIA SOC. COOP. 0,000498% ECO NUEVOS DESARROLLOS ENERGETICOS S.L. 0,000481% FORTIA ENERGIA S.L. 0,000438% ANTEA ENERGIA COMERCIALIZADORA, S.L. 0,000418% ALILUZ MEDITERRANEA, S.L. 0,000406% IM3ENERGIA. 0,000394% VIVE ENERGIA ELÉCTRICA, S.A. 0,000386% STIN, S.A. 0,000377% SUMINISTROS LYG MURCIA, S.L. 0,000324% ADEINNOVA ENERGIA S.L. 0,000310% ELECNOVA SIGLO XXI, S.L. 0,000296% PETROPRIX ENERGIA, S.L. 0,000265% ENERGONOSTRUM, S.A. 0,000241% ECOEQ ALMERIA, S.L. 0,000229% HEFAMECOM, S.A.U. 0,000222% ENERGIA ELECTRICA EFICIENTE, S.L. 0,000189% CORPOLUX, S.L. 0,000178% SUMINISTROS ENERGÉTICOS SAVING ENERGY, S.L. 0,000176% TOTAL GAS Y ELECTRICIDAD ESPAÑA, S.A.U. 0,000172% AYLUZ COMERCIALIZADORA ELECTRICA, S.L. 0,000157% ROFEICA ENERGIA, S.A. 0,000154% VIRGIN ELECTRIC, S.L.U. 0,000152% EFI DUERO ENERGY SOCIEDAD COOP EUROPEA LIMITADA. 0,000151% ENERGIA NUFRI, S.L. 0,000144% ENERGÍA COSTA DORADA, S.L. 0,000142% MARINA DOR ENERGIA, S.A. 0,000125% TESLA MANAGEMENT, SOCIEDAD LIMITADA. 0,000119% INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A. 0,000115% SOLABRIA, S..COOP. 0,000105% ZERCLO ENERGIA, S.L. 0,000094% SUCA SDAD. COOP. ANDALUZA. 0,000091% GERENTA ENERGÍA, S.L.U. 0,000091% QUASAR ENERGÍA, S.L. 0,000089% MI ELECTRICA, S.L. 0,000085% SISTEMAS URBANOS DE ENERGIAS RENOVABLES, SOCIEDAD LIMITADA. 0,000081% HENARENERGIA, SOCIEDAD LIMITADA. 0,000079% ALPIQ ENERGIA ESPAÑA, S.A.U. 0,000077% ECONACTIVA, S. COOP. DE C-LM. 0,000076% NEOELECTRA ENERGÍA, S.L.U. 0,000063% ECONOMICLUZ, S.L. 0,000055% INTELIGENCIA PARA EL AHORRO ENERGÉTICO, S.L. 0,000048% ALDEFE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.L. 0,000035% NEMON INTELLIGENCE IN BUSINESS, S.L. 0,000034% JORGE ENERGY, S.L. 0,000031% ELCO COGENERACIÓN, S.L. 0,000026% ELECBALEAR, S.L. 0,000023% PULSAR SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L. 0,000020% SHELL ESPAÑA, S.A. 0,000015% BETA RENOWABLE GROUP, S.A. 0,000009% LUVON ENERGÍA, S.L. 0,000006% WEGO ENERGY, S.L. 0,000006% ENERGIA RIO EZKA-EZKA IBAIA ENERGIA, S.L. 0,000004% GRUPO ENERGÉTICO ASECOR, S.L. 0,000003% COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DIRECTA, S.L. 0,000003%

Circular del Banco de España que regula la publicidad de productos y servicios bancarios (tamaño mínimo de letra, no engañosa o confusa, etc...).

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, tras las modificaciones introducidas como consecuencia de la aprobación del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de octubre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica y del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, determina que el bono social y la asunción tanto de los impagos del artículo 52.4.k) de la Ley, como del coste de la cofinanciación del suministro de energía eléctrica de aquellos consumidores a los que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 52.4.j) de la citada ley, serán considerados obligación de servicio público según lo dispuesto en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE. De acuerdo con al apartado 3 del artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, el bono social cubrirá la diferencia entre el valor del precio voluntario para el pequeño consumidor y un valor base, que podrá ser distinto según las categorías de consumidores vulnerables que se establezcan, que se denominará tarifa de último recurso y será aplicado por el correspondiente comercializador de referencia en las facturas de los consumidores que estén acogidos al mismo. El bono social resultará de aplicación a los consumidores vulnerables que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen por real decreto. Por otra parte, mediante el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de octubre, y el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, fueron creadas dos nuevas categorías de consumidores esenciales. Así, el artículo 52.4.j) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, establece como suministro esencial, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén siendo atendidos, respecto a estos suministros, por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes por hallarse, en atención a su renta, en riesgo de exclusión social. El artículo 52.4.k) de la citada ley, considera esenciales aquellos suministros que incurran en impago de la factura eléctrica cuyo titular sea beneficiario del bono social y para su aplicación haya acreditado formar parte de una unidad familiar en la que haya, al menos, un menor de dieciséis (16) años, o bien el titular, o alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II o III, o tenga una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, todo ello en los términos establecidos en la normativa. El artículo 45 de la ley estipula que tanto el bono social como el coste del suministro de los consumidores a que hacen referencia los párrafos j) y k) del artículo 52.4, será asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica, o por las propias sociedades que así lo hagan si no forman parte de ningún grupo societario. El porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calculará para cada sociedad o grupo de sociedades de forma proporcional a la cuota de clientes a los que suministre energía eléctrica, como la relación entre un término que será el valor medio anual de clientes que corresponda a cada uno los sujetos obligados, y otro término que corresponderá a la suma de todos los valores medios anuales de clientes del conjunto de sociedades comercializadoras. En los grupos societarios de los que forme parte más de una comercializadora de energía eléctrica, el cálculo de la cuota de clientes a los que se suministra energía eléctrica se obtendrá agregando las cuotas individuales de cada una de estas. De acuerdo con lo previsto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá anualmente al actual Ministerio para la Transición Ecológica, una propuesta de fijación de los porcentajes de financiación que correspondan a cada una de las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, a las sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica. La Ministra procederá a su aprobación por orden que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado». En desarrollo de lo anterior, se aprobó el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, que regula, entre otros aspectos, el mecanismo de financiación y cálculo del bono social, así como del coste del suministro de los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. El artículo 13 del citado real decreto precisa que las Administraciones Públicas no se considerarán sujetos obligados a financiar el bono social, ni los impagos del artículo 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, ni el coste de la cofinanciación del suministro de electricidad de energía eléctrica de los consumidores en riesgo de exclusión social. Sí serán considerados como sujetos obligados las sociedades mercantiles de titularidad pública y las empresas participadas por las Administraciones Públicas que desarrollen la actividad de comercialización. En el caso de empresas participadas por más de una sociedad matriz con obligación de asumir el coste del bono social, el real decreto establece que se asignarán a dichas sociedades matrices el número de clientes de forma proporcional a la participación. Este mismo criterio se aplicará a las empresas participadas por una socied ### RESUMEN: Circular del Banco de España que regula la publicidad de productos y servicios bancarios (tamaño mínimo de letra, no engañosa o confusa, etc...).

I La publicidad constituye una pieza clave en el marco de la comercialización de productos y servicios bancarios. Con carácter general, supone el primer punto de contacto entre una entidad y su potencial cliente. A través de la publicidad, las entidades dan a conocer su oferta de productos y servicios, mediante la utilización de técnicas especializadas con el fin de incentivar su contratación, por lo que la información transmitida en los mensajes publicitarios suele tener un gran impacto en las expectativas del cliente y en el consiguiente proceso de toma de decisiones. En este contexto, la regulación de la publicidad financiera deviene un mecanismo esencial de protección de la clientela bancaria. Resulta necesario, por tanto, articular medidas regulatorias y supervisoras encaminadas a procurar que la publicidad sea clara, suficiente, objetiva y no engañosa, y que las relaciones de los clientes con sus entidades en las fases posteriores a la contratación sean menos conflictivas. La Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, derogó el régimen de autorización previa, establecido en la Orden de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones, normas de actuación, información a clientes y publicidad de las entidades de crédito, y lo sustituyó por un sistema de control de la publicidad basado en un doble enfoque: uno preventivo, consistente en la elaboración por el Banco de España de criterios que promuevan la claridad, suficiencia y objetividad de los mensajes publicitarios, y en el establecimiento por parte de las entidades de procedimientos y controles internos que garanticen su cumplimiento; y otro correctivo, que permita la cesación o rectificación de la publicidad sobre productos y servicios bancarios que no se ajuste a su normativa reguladora y la eventual sanción de las conductas inadecuadas. Así, por un lado, se persigue que el control de la actividad publicitaria descanse, en parte, en las propias entidades, a través de la elaboración de políticas de comunicación comercial y del establecimiento de procedimientos adecuados para proteger los legítimos intereses de la clientela y gestionar los riesgos derivados de dicha actividad, que incluyen la adhesión voluntaria a sistemas de autorregulación publicitaria. Y, por otro, se pretende garantizar la corrección temprana de las conductas inadecuadas. Mediante la Circular 6/2010, de 28 de septiembre, a entidades de crédito y entidades de pago, sobre publicidad de los servicios y productos bancarios, el Banco de España dictó las normas precisas para el desarrollo y ejecución de la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, en ejercicio de la habilitación prevista en su disposición final primera. Dicha circular abordó tanto la determinación de los principios y criterios generales a los que debe ajustarse la publicidad como cuestiones relacionadas con el control de la actividad publicitaria por parte de las entidades; en particular, los procedimientos y controles internos exigibles antes mencionados. Este sistema ha reforzado la disciplina en la comercialización de productos y servicios bancarios, a través de la implicación de los órganos de gobierno de las entidades, y especialmente de las funciones de control interno, en el desarrollo de la actividad publicitaria, y ha contribuido así a mantener los estándares de calidad alcanzados durante el régimen de autorización previa anterior. No obstante, tras ocho años de control ex post de la publicidad sobre productos y servicios bancarios por parte del Banco de España, resulta oportuno revisar ciertos aspectos de su normativa reguladora, con el fin de adaptarla a la evolución del sector publicitario, principalmente como consecuencia del impacto de la tecnología digital, y garantizar asimismo una supervisión más eficaz de su cumplimiento. II Esta circular consta de nueve normas (estructuradas en tres capítulos), una disposición adicional, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, tres disposiciones finales y un anejo. El capítulo I, relativo a las disposiciones generales, introduce algunas modificaciones en el ámbito de aplicación de la norma con respecto a la circular que deroga, a fin de adaptar su contenido a los cambios introducidos en el ámbito de aplicación de la orden ministerial objeto de desarrollo por el artículo primero de la Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, por la que se modifican la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. Dichos cambios responden a diversos objetivos. En primer lugar, dado que el ámbito de aplicación de la orden había quedado obsoleto a raíz de la transformación acometida en el sector de entidades de crédito mediante la incorporación al ordenamiento jurídico español de diversas directivas europeas, se aclara la tipología de entidades cuya actividad publicitaria está sujeta al cumplimiento de la normativa sectorial sobre publicidad de productos y servicios bancarios. En segundo lugar, se extiende la aplicación de las reglas de publicidad de la actividad bancaria a los prestamistas y a los intermediarios de crédito inmobiliario, con la finalidad de asegurar que la misma actividad se rige por las mismas normas, independientemente de quién la realice. Finalmente, tratándose de normas de conducta cuyo propósito es regular la publicidad de productos y servicios susceptibles de generar riesgos para el patrimonio de las personas y que, por tanto, caen en el ámbito del orden público, se especifica que el ámbito de aplicación subjetivo incluye tanto las entidades financieras españolas como las entidades extranjeras que realicen actividad publicitaria sobre productos y servicios bancarios en territorio español mediante sucursal, agente o en régimen de libre prestación de servicios. Por otra parte, a fin de facilitar la interpretación y aplicación de la norma, se introducen definiciones y se desarrolla en profundidad el concepto de actividad publicitaria sujeta a lo previsto en la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, y en la circular. El capítulo II establece una serie de normas dirigidas a reforzar el control de la actividad publicitaria. En particular, se determinan con mayor precisión los principios y criterios generales sobre el contenido y formato del mensaje publicitario a los que deberá ajustarse la publicidad sobre productos y servicios bancarios. Asimismo, se introduce, como novedad, un régimen específico para la publicidad emitida a través de medios audiovisuales o radiofónicos y para la publicidad en medios digitales y redes sociales. Todo ello ha sido objeto de una profunda revisión y sistematización en el anejo. Adicionalmente, se detallan los procedimientos y controles internos exigibles a las entidades y se concretan las características y el contenido mínimo del registro interno en el que estas anotarán y conservarán toda la documentación correspondiente a cada campaña publicitaria. Por último, se mantiene la posibilidad, prevista en la anterior circular, de adhesión voluntaria por parte de las entidades a sistemas de autorregulación publicitaria como una de las formas de acreditar que cuentan con controles para garantizar que su publicidad se ajusta a lo previsto en la normativa reguladora de la publicidad sobre productos y servicios bancarios, siempre que hagan un uso suficiente de sus herramientas de control previo voluntario. El capítulo III regula el procedimiento mediante el cual el Banco de España, en ejercicio de su función supervisora, prevista en el artículo 50 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y de la potestad administrativa que le atribuye el artículo 5.1 de la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, podrá requerir el cese o la rectificación de la publicidad bancaria que no se ajuste a lo previsto en esta circular. Todo ello sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, del régimen sancionador previsto en la normativa exigible a las entidades sujetas a su ámbito de aplicación. En la disposición adicional se introduce una obligación de notificación de inicio de actividad publicitaria para aquellas entidades que realicen por primera vez publicidad sobre productos y servicios bancarios en territorio español. En la disposición transitoria primera se prevé que mantendrán su vigencia los efectos de las comunicaciones de adhesión a sistemas de autorregulación publicitaria remitidas al Banco de España con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta circular. Para garantizar la seguridad jurídica y, a su vez, asegurar que las entidades cuentan con plazo suficiente para adaptar sus procedimientos a los nuevos requisitos organizativos exigibles en relación con las obligaciones de registro de la publicidad, en la disposición transitoria segunda se establece que, hasta la entrada en vigor de la norma 7, conforme a lo dispuesto en la disposición final tercera, mantendrá su vigencia lo previsto en el apartado 4 de la norma tercera y en el apartado 1 de la norma cuarta de la Circular 6/2010, de 28 de septiembre. En la disposición final primera se introducen modificaciones a la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda, al objeto de actualizar y reforzar las obligaciones de transparencia exigibles a los establecimientos que realicen operaciones de compra y venta de billetes extranjeros o cheques de viajero contra euros. Al objeto de asegurar una interpretación de la norma coherente y armonizada y de facilitar la adaptación de los procedimientos internos de las entidades, en la disposición final segunda se prevé la elaboración por el Banco de España de las especificaciones técnicas que deberá reunir el registro interno, con arreglo a un formato normalizado. Igualmente, por los motivos señalados, y con el fin de asegurar una transición ordenada a la nueva regulación, en la disposición final tercera se establecen dos excepciones a la fecha de entrada en vigor de la circular. Así, las obligaciones de registro definidas en la norma 7 entrarán en vigor a los seis meses de la publicación por el Banco de España de las especificaciones técnicas previstas en la disposición final segunda, mientras que la obligación de notificación de inicio de actividad publicitaria recogida en la disposición adicional única entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Finalmente, en el anejo se regulan los principios generales a los que deberá ajustarse la actividad publicitaria sobre productos y servicios bancarios y se establecen, asimismo, una serie de reglas y criterios generales sobre el contenido mínimo y el formato del mensaje publicitario, para promover, entre otros aspectos, el carácter equilibrado y objetivo de la publicidad. Esta circular se dicta en el ejercicio de la habilitación normativa atribuida al Banco de España en la disposición final primera y en los artículos 4 y 5 de la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, y de conformidad con los principios establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. En particular, la circular cumple con los principios de necesidad y eficacia, al tratarse de una disposición que, en esencia, sustituye la normativa existente con el fin de mejorar su contenido, lo adapta a las nuevas tendencias en publicidad digital y refuerza el control interno de los riesgos derivados de la actividad publicitaria por parte de las entidades. Se atiende también a los principios de proporcionalidad, de seguridad jurídica y de eficiencia establecidos en la citada ley, puesto que se prevén únicamente aquellas medidas y requisitos imprescindibles para dar cumplimiento efectivo al mandato encomendado al Banco de España en la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio. Asimismo, se ha procedido a racionalizar, precisar y sistematizar el contenido de la circular que se deroga, con el fin de facilitar su conocimiento y comprensión por parte de sus destinatarios y contribuir a mantener un marco normativo estable, predecible, integrado y claro, que otorgue un nivel de protección adecuado a la clientela y evite cargas administrativas innecesarias a las entidades. Por último, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución de 28 de marzo de 2000, del Consejo de Gobierno del Banco de España, por la que se aprueba el Reglamento Interno del Banco de España, en aplicación del principio de transparencia, la circular se ha sometido a los procedimientos de consulta, audiencia e información públicas regulados en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, mediante el acceso a los documentos propios de su tramitación en el sitio web del Banco de España, de forma que los potenciales destinatarios de la norma y los interesados en general han tenido la oportunidad de manifestar sus observaciones durante el procedimiento de elaboración. En consecuencia, en uso de las facultades que tiene concedidas, el Consejo de Gobierno del Banco de España, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, y de acuerdo con el Consejo de Estado, ha aprobado la presente circular, que contiene las siguientes normas: CAPÍTULO I Disposiciones generales Norma 1. Objeto. El objeto de esta circular es desarrollar las normas, principios y criterios a los que debe sujetarse la actividad publicitaria que se refiera a productos y servicios bancarios, incluidos los servicios de pago, distintos de los instrumentos financieros y servicios de inversión contemplados en la Orden EHA/1717/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de servicios y productos de inversión, todo ello de conformidad con lo previsto en la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios. Norma 2. Definiciones. A los efectos de lo previsto en esta circular, se entenderá por: a) «Actividad publicitaria»: toda forma de publicidad, según se define en el artículo 2 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, realizada por las entidades en el ámbito de su actividad, independientemente de los medios de comunicación, soportes y formatos publicitarios utilizados para su difusión, tales como, entre otros, televisión y cine (anuncios, publirreportajes, programas patrocinados, emplazamiento publicitario, etc.), radio (cuñas, ráfagas, microprogramas, etc.), prensa, todo tipo de publicidad exterior (vallas fijas y móviles, cartelería, transportes públicos, mobiliario urbano, etc.), publicidad a través de Internet y dispositivos móviles (banners, botones, ventanas emergentes, anuncios animados, vídeos publicitarios, boletines informativos, publicidad en buscadores y redes sociales, mensajes de texto, mensajes multimedia, aplicaciones, códigos QR, etc.), publicidad directa (buzoneo, cartas personalizadas, marketing por correo electrónico, marketing telefónico, cupones, etc.), publicidad en el lugar de venta (estands, expositores, rótulos, displays publicitarios, adhesivos de suelo, proyecciones audiovisuales, etc.), folletos, catálogos, regalos promocionales, campañas de fidelización, actos de patrocinio o cualquier otra forma de comunicación comercial. b) «Campaña publicitaria»: conjunto de actuaciones que tienen por objetivo publicitar un producto o servicio bancario a través de una única pieza o de una serie de piezas publicitarias diferentes, pero agrupadas en el tiempo y relacionadas entre sí, que se difunden a través de diversos medios durante un período concreto. c) «Comunicación comercial»: cualquier forma de transmisión de información, verbal o visual, destinada a promocionar, directa o indirectamente, a través de textos, imágenes y/o sonidos, la contratación de productos y servicios bancarios. d) «Entidades»: las entidades previstas en la norma 4, cuando realicen actividad publicitaria sobre productos y servicios bancarios. e) «Grupo de entidades»: un grupo de empresas en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio o de los artículos 4, 5, 6 y 7 del Reglamento Delegado (UE) n. 241/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación aplicables a los requisitos de fondos propios de las entidades, que estén vinculadas entre sí por una relación a tenor del artículo 10.1 o del 113.6 o 113.7 del Reglamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n. 648/2012. f) «Mensaje publicitario»: información incluida en una comunicación comercial que se dirige a captar la atención del destinatario con el objetivo de que este adquiera o utilice un producto o servicio bancario. g) «Pieza publicitaria»: formato específico (cuña, anuncio televisivo, banner, cartelería, etc.) a través del cual se transmite un mensaje publicitario en función del medio de comunicación o soporte publicitario utilizado. h) «Pieza publicitaria con contenido diferencial»: formato específico, diseñado en el marco de una campaña publicitaria para ser difundido a través de un medio de comunicación o soporte publicitario concreto, en el que los textos incluidos en el mensaje publicitario que puedan afectar a la adecuada comprensión de las características del producto o servicio bancario ofertado (en particular, los datos informativos relativos a su naturaleza, su coste o rentabilidad y las advertencias legales, o sus condiciones de visibilidad) difieren de manera esencial de los de otras piezas publicitarias diseñadas en ese mismo formato y para esa misma campaña (por ejemplo, introduciendo nuevas condiciones o requisitos para acceder al producto o servicio bancario o variando significativamente la forma de presentar la información). A estos efectos, se entenderá que las piezas publicitarias que sean variaciones de otra pieza, en las que simplemente se actualicen las condiciones económicas ofertadas o se omita parte de la información a fin de adaptarla a distintos tamaños o espacios de duración, no tienen la consideración de pieza publicitaria con contenido diferencial, sin perjuicio de la obligación de la entidad de asegurar que estas cumplen con lo previsto en la circular. i) «Proveedor de servicios»: tercero que realiza un proceso, servicio o actividad para la entidad, o partes de estos, en el ámbito de la actividad publicitaria, con arreglo a un contrato publicitario, según se regulan en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, un contrato de prestación de servicios o un acuerdo de externalización. Norma 3. Ámbito objetivo. 1. Queda sujeta a lo previsto en esta circular la actividad publicitaria, dirigida a clientes o potenciales clientes en territorio español, en la que se ofrezcan productos o servicios bancarios o se divulgue información sobre ellos. Se considerará actividad publicitaria sobre productos y servicios bancarios aquella en la que se llame la atención del público sobre servicios de gestión, o de otro tipo, que presten las entidades con carácter adicional o en relación con otros productos o servicios bancarios. 2. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2 de la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, no tendrán la consideración de actividad publicitaria sobre productos o servicios bancarios: a) Las campañas o piezas publicitarias dirigidas exclusivamente a divulgar información corporativa, como la relacionada con la situación y gestión de la entidad (estructura organizativa, indicadores fundamentales de carácter financiero y no financiero, responsabilidad social corporativa, etc.) o su objeto social, con el propósito de darse a conocer al público. b) Los contenidos informativos que resulten precisos para la contratación de un producto o servicio bancario, o para la realización de una operación, tales como la información precontractual y contractual, incluidas en las páginas de contenido general o transaccionales del sitio web de la entidad que den soporte a la ejecución de dichas operaciones. c) Las informaciones, ejemplos, simulaciones o advertencias legales sobre las características específicas de las concretas operaciones solicitadas por el usuario (coste, plazos de ejecución, etc.) incluidas en las páginas transaccionales del sitio web de la entidad que den soporte a la ejecución de dichas operaciones. 3. Las comunicaciones sobre los productos o servicios bancarios contratados que las entidades vienen obligadas a facilitar a sus clientes en el marco de la relación contractual, así como las que contengan únicamente información relativa a sus funcionalidades técnicas u operativas, se regirán por lo previsto en su normativa específica. Norma 4. Ámbito de aplicación subjetivo. 1. Esta circular será de aplicación a la actividad publicitaria de las siguientes entidades: a) Las entidades de crédito. b) Las entidades de dinero electrónico. c) Las entidades de pago. d) Los establecimientos financieros de crédito, incluidos los autorizados para operar como entidades de pago híbridas o entidades de dinero electrónico híbridas. e) Los prestamistas inmobiliarios, los intermediarios de crédito inmobiliario o los representantes designados, según se definen en los artículos 4.2), 4.5) y 4.8) de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. f) Las entidades indicadas en las letras a), b), c) y e) anteriores que estén autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea o en un tercer Estado, cuando operen en España mediante sucursal, agente o intermediario establecido en territorio nacional. 2. La actividad publicitaria de las entidades señaladas en las letras a), b), c) y e) del apartado anterior que estén autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea, cuando operen en España en régimen de libre prestación de servicios, o que estén autorizadas en un tercer Estado, cuando operen en España sin sucursal, deberá ajustarse únicamente a lo previsto en las normas 5, 8 y 9, en la disposición adicional única y en el anejo de esta circular. CAPÍTULO II Control de la publicidad Norma 5. Contenido y formato del mensaje publicitario. 1. La publicidad de los productos y servicios bancarios deberá respetar las previsiones de esta circular, sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad; en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y demás normas reguladoras de la publicidad de general aplicación; en las normas reguladoras de los productos y servicios bancarios que contengan disposiciones específicas en relación con la actividad publicitaria, y en la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio. 2. Al diseñar las campañas publicitarias, y cada una de las piezas publicitarias que las integran, las entidades se ajustarán a lo previsto en el anejo. A estos efectos, tendrán en cuenta, en todo caso, la naturaleza y la complejidad del producto o servicio bancario ofrecido, las características de los medios de difusión utilizados y el público objetivo al que se dirijan. Norma 6. Política de comunicación comercial. Procedimientos y controles internos. 1. Las entidades deberán contar con una política de comunicación comercial, a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de lo previsto en esta circular. Dicha política recogerá expresamente: a) Una descripción de la actividad publicitaria desarrollada por la entidad. b) Los principios y criterios generales recogidos en el anejo, así como una relación de la normativa aplicable a la actividad publicitaria de la entidad. c) La designación de las áreas funcionales de la entidad que serán responsables de la revisión interna de las piezas publicitarias a los efectos de llevar a cabo un adecuado control del contenido de las campañas. d) Una descripción detallada de los procedimientos y controles internos establecidos por la entidad para proteger los legítimos intereses de la clientela y gestionar los riesgos derivados de su actividad publicitaria, en la que se especificará el modo en el que se garantiza el conocimiento de la política de comunicación comercial por parte de todas las áreas involucradas en dicha actividad. Como parte de estos controles, se incluirán, entre otros, los necesarios para: 1.º Garantizar que el contenido y el formato de los mensajes publicitarios se ajustan a lo previsto en esta circular y, en particular, que se adaptan a las características del colectivo al que se dirigen. 2.º Asegurar la revisión de las piezas publicitarias por parte de las áreas funcionales de la entidad designadas a estos efectos en la política de comunicación comercial. 3.º Crear y mantener un registro interno actualizado de las campañas publicitarias, de conformidad con lo previsto en la norma 7. 4.º Cuando proceda, llevar a cabo un control y seguimiento efectivo del desempeño de sus proveedores de servicios en el ámbito de la actividad publicitaria y, en su caso, de la utilización por parte de la entidad de las herramientas de control previo del sistema de autorregulación publicitaria al que estuviera adherida, de conformidad con lo previsto en la política de comunicación comercial. 5.º Garantizar la ejecución en tiempo y forma del cese o rectificación de las piezas publicitarias a requerimiento del Banco de España. 2. El órgano de administración será responsable de aprobar la política de comunicación comercial, que deberá contar con el informe favorable del órgano que desempeñe la función de cumplimiento normativo y mantenerse debidamente actualizada y a disposición del Banco de España. 3. En la política de comunicación comercial se designarán las áreas funcionales de la entidad responsables de controlar la adecuación y la eficacia de aquella y de los procedimientos y los mecanismos de control establecidos con el fin de gestionar los riesgos derivados de la actividad publicitaria, que serán objeto de revisión periódica de conformidad con el marco de control interno y de gestión de riesgos definido por la entidad. Los procedimientos y controles internos establecidos serán proporcionados al tamaño y a la estructura de la entidad, así como al carácter, escala y complejidad de su actividad publicitaria. 4. La entidad será responsable de la difusión de las piezas publicitarias en los términos previstos por las áreas funcionales de la entidad responsables de su revisión interna y, en su caso, por el sistema de autorregulación publicitaria a cuya verificación se hayan sometido, y efectuará en todos los casos, incluso cuando su difusión se lleve a cabo a través de terceros, las comprobaciones oportunas a fin de asegurar que el contenido y el formato de las piezas publicitarias se ajustan a sus instrucciones expresas. Igualmente, establecerá los medios y cauces oportunos para retirar en un plazo razonable la publicidad de productos o servicios que ya no estén disponibles al público, teniendo en cuenta el medio de comunicación o el soporte publicitario utilizado, y en todo caso en un máximo de cinco días hábiles a contar desde la fecha de finalización de la oferta o, en ausencia de un plazo de vigencia determinado, desde la fecha de cierre de la campaña. Norma 7. Registro de la publicidad. 1. Las entidades mantendrán un registro interno, debidamente actualizado y a disposición del Banco de España, en el que anotarán y conservarán toda la documentación correspondiente a cada una de las campañas publicitarias difundidas por la entidad, separadas por años naturales e identificadas por número de orden correlativo y nombre comercial. 2. Entre la documentación correspondiente a cada campaña publicitaria deberá figurar, al menos, la siguiente información: a) Datos generales de la campaña: fecha de inicio y de cierre, ámbito territorial, descripción detallada del público objetivo y relación de los medios de comunicación y soportes publicitarios utilizados para su difusión. b) Información específica sobre las piezas publicitarias: se conservará, al menos, un ejemplar de todas las piezas publicitarias con distinto mensaje (incluyendo las aclaraciones o advertencias legales) o formato (cuña de radio, anuncio televisivo, banner, cartelería, etc.) publicitario difundidas durante la campaña, en el formato original o en formato electrónico que permita su reproducción. Adicionalmente, cuando proceda: 1.º Se detallará para cada ejemplar la información requerida en el punto a), si esta no coincidiese con la genérica de la campaña. 2.º Se incluirá una relación de los distintos tamaños o espacios de duración en los que se haya difundido la pieza publicitaria (por ejemplo, en los casos de cartelería, banners, anuncios en televisión o cuñas publicitarias en radio). 3.º Se identificarán los intermediarios (agentes, distribuidores, intermediarios de crédito vinculados, prescriptores, etc.) que hayan participado en la comercialización de los productos o servicios bancarios ofrecidos en las piezas publicitarias y, en su caso, en la difusión de estas. c) Información de control sobre la campaña: 1.º Fecha y documentación acreditativa de la revisión por las áreas funcionales de la entidad designadas a estos efectos en la política de comunicación comercial de, al menos, un ejemplar de todas las piezas publicitarias con distinto mensaje (incluyendo las aclaraciones o advertencias legales) o formato (cuña de radio, anuncio televisivo, banner, cartelería, etc.) publicitario difundidas durante la campaña, en la que se hará constar expresamente que se ha verificado el adecuado cumplimiento de lo previsto en el anejo en relación con la información sobre el coste o rentabilidad del producto o servicio bancario ofrecido y, en particular, con lo relativo a la inclusión de la tasa anual equivalente (TAE) en el mensaje publicitario, y se especificarán los criterios que se han tenido en cuenta para su cálculo. 2.º Cuando la entidad esté adherida a un sistema de autorregulación publicitaria, fecha y documentación acreditativa de la obtención del informe de consulta previa positivo de cada una de las piezas publicitarias sometidas a su revisión, de conformidad con lo previsto en la norma 8. 3.º En su caso, copia de los requerimientos de cese o rectificación de las piezas publicitarias difundidas durante la campaña efectuados por el Banco de España y de las resoluciones emitidas por los órganos extrajudiciales de los sistemas de autorregulación publicitaria en relación con las reclamaciones o controversias derivadas de la campaña publicitaria. 3. El registro interno previsto en esta norma se custodiará en las oficinas centrales de la entidad. En caso de que un grupo de entidades sujetas a lo previsto en esta circular desarrolle su actividad publicitaria de manera centralizada, el registro podrá ser único para todo el grupo. En estos casos, se comunicará dicha circunstancia al Banco de España, con indicación expresa de la entidad que mantendrá el registro, y este se llevará de forma desglosada para cada entidad integrante del grupo, debidamente identificada por el código del Banco de España. Norma 8. Adhesión a sistemas de autorregulación publicitaria. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la norma 6, y en particular de la obligación de la entidad de llevar a cabo una revisión interna de las piezas publicitarias, se presumirá que las entidades que se hayan adherido voluntariamente a sistemas de autorregulación publicitaria que cumplan con lo dispuesto en el artículo 37.4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, disponen de los procedimientos y controles internos previstos en la norma 6.1.d).1.º, siempre que los códigos de conducta de los referidos sistemas de autorregulación hagan propios los principios y criterios recogidos en el anejo e incluyan medidas de autorregulación previa de los contenidos publicitarios. Esta presunción no se extenderá en ningún caso a los procedimientos y controles necesarios para garantizar el cumplimiento efectivo del resto de las obligaciones de la entidad en relación con la adecuada gestión del riesgo derivado de su actividad publicitaria. 2. Las entidades adheridas a sistemas de autorregulación publicitaria harán un uso suficiente de sus herramientas de control previo voluntario. A tal efecto, obtendrán al menos un informe de consulta previa positivo de todas las piezas publicitarias con contenido diferencial que vayan a emitirse durante la campaña antes de proceder a su difusión, para lo cual remitirán al sistema de autorregulación la información que este les requiera a fin de poder emitir el citado informe, entre la que constará la siguiente: a) Copia de la pieza publicitaria sometida a verificación, en el formato original o formato electrónico que permita su reproducción. b) Vigencia de la oferta, ámbito territorial y descripción detallada del público objetivo de la pieza publicitaria. c) Medios de comunicación y soportes publicitarios que vayan a utilizarse para su difusión. d) Cuando proceda, relación de los distintos tamaños o espacios de duración en los que vaya a difundirse la pieza publicitaria y de las adaptaciones efectuadas a estos efectos sobre la pieza original, a fin de que el sistema de autorregulación pueda hacer las valoraciones o advertencias que considere oportunas. e) Cuando proceda, identificación de los intermediarios (agentes, distribuidores, intermediarios de crédito vinculados, prescriptores, etc.) que vayan a participar en la comercialización de los productos o servicios bancarios ofrecidos en la pieza publicitaria y, en su caso, en la difusión de esta. 3. El Banco de España informará en su sitio web de las entidades adheridas a sistemas de autorregulación publicitaria que cumplan con los requisitos previstos en esta norma y especificará el sistema al que está adherida cada entidad. A tal fin, las entidades comunicarán dicha información mediante el canal habilitado al efecto en el sitio web del Banco de España. CAPÍTULO III Supervisión de la actividad publicitaria Norma 9. Función supervisora del Banco de España. Procedimiento para requerir el cese o la rectificación de la publicidad bancaria. 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, en el ejercicio de su función supervisora, el Banco de España podrá requerir a las entidades información específica sobre las campañas o piezas publicitarias, con el fin de valorar su adecuación a la normativa aplicable. Dicho requerimiento deberá ser atendido por la entidad en un plazo de tres días hábiles. 2. Igualmente, el Banco de España podrá dirigirse a las entidades para informarles de los desajustes que aprecia en su actividad publicitaria y, en su caso, en ejercicio de la potestad administrativa a la que se refiere el artículo 5.1 de la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, requerir el cese de la publicidad o su oportuna rectificación. 3. En caso de recibir un requerimiento de cese o de rectificación de una campaña o pieza publicitaria, la entidad deberá, bien acreditar su cumplimiento ante el Banco de España, por el procedimiento que este establezca en dicha comunicación, bien objetarlo, en cuyo caso alegará las razones motivadas en las que se funda dicha objeción, todo ello en un plazo máximo de tres días hábiles, salvo que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias relativas al contenido de los mensajes publicitarios, a los medios de comunicación y formatos empleados, o a los potenciales riesgos derivados de la campaña o pieza publicitaria afectadas, el Banco de España establezca un plazo distinto. Recibidas las alegaciones de la entidad, si estas se basaran en todo o en parte en que la pieza publicitaria objeto de requerimiento cuenta con un informe de consulta previa positivo emitido por un sistema de autorregulación de la actividad publicitaria de conformidad con lo previsto en la norma 8, el Banco de España se dirigirá al órgano de control del correspondiente sistema de autorregulación a fin de que este justifique, en un plazo máximo de tres días hábiles, los criterios en los que se basa el citado informe favorable. Una vez valoradas las alegaciones presentadas por la entidad, o transcurridos los plazos previstos en este apartado sin que esta hubiese formulado alegaciones, el Banco de España le notificará, bien la confirmación del requerimiento, bien su modificación en lo que proceda, o bien el archivo de las actuaciones, lo que pondrá fin al procedimiento. 4. En el supuesto de que la resolución que ponga fin al procedimiento confirmase el requerimiento de cese o rectificación de la publicidad en todos o algunos de sus términos, la entidad deberá cumplirlo en un plazo máximo de tres días hábiles, salvo que el Banco de España establezca un plazo distinto en dicha notificación, a través de los mismos medios empleados para la difusión de la campaña o pieza publicitaria y con idéntico alcance, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer el recurso administrativo correspondiente. 5. Las medidas previstas en esta norma se adoptarán sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, del régimen sancionador previsto en el título IV de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en esta circular por parte las entidades señaladas en las letras a), b), c), d) y f) de la norma 4.1, y en el capítulo IV de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en esta circular por parte las entidades señaladas en la letra e) de la norma 4.1. En caso de actuación administrativa en el marco de un expediente sancionador, y en lo que se refiere únicamente al cumplimiento de lo previsto en la norma 5 y en el anejo, se entenderá que la entidad actuó diligentemente si la pieza publicitaria controvertida se hubiese ajustado al contenido del informe de consulta previa positivo emitido por el sistema de autorregulación publicitaria al que esté adherida, salvo que dicho informe contradiga manifiestamente lo dispuesto en esta circular. Disposición adicional única. Inicio de la actividad publicitaria. Las entidades mencionadas en la norma 4 que realicen por primera vez publicidad sobre productos y servicios bancarios dirigida a clientes o potenciales clientes en territorio español deberán comunicar esta circunstancia al Banco de España y, cuando esta les resulte exigible, remitir asimismo la política de comunicación comercial conforme a lo previsto en la norma 6, todo ello mediante transmisión telemática a través del canal habilitado a tal efecto en el sitio web del Banco de España y en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de inicio de la actividad publicitaria. Disposición transitoria primera. Comunicación de la adhesión a sistemas de autorregulación publicitaria. Sin perjuicio de la obligación de las entidades de comunicar cualquier actualización de la información requerida en la norma 8.2, mantendrán su vigencia los efectos de las comunicaciones de adhesión a sistemas de autorregulación publicitaria efectuadas al Banco de España con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta circular. Disposición transitoria segunda. Registro de la publicidad. Hasta la entrada en vigor de las disposiciones previstas en la norma 7, mantendrán su vigencia las obligaciones de registro previstas en el apartado 4 de la norma tercera y en el apartado 1 de la norma cuarta de la Circular 6/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito y entidades de pago, sobre publicidad de los servicios y productos bancarios. Disposición derogatoria. Derogación de normativa. Queda derogada la Circular 6/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito y entidades de pago, sobre publicidad de los servicios y productos bancarios, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta circular. Disposición final primera. Modificación de la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda. La norma novena de la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda, queda redactada del siguiente modo: «1. Información al público: 1.1 En relación con la información al público sobre tipos de cambio, comisiones y gastos a la que se refiere el artículo 6.1 de la Orden del Ministerio de Economía de 16 de noviembre de 2000, de regulación de determinados aspectos del régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes, los titulares de establecimientos de cambio de moneda que realicen con su clientela operaciones de compra y/o venta de billetes extranjeros o cheques de viajero contra euros deberán publicar los tipos mínimos de compra y máximos de venta de las principales monedas con las que operen o, en su caso, los tipos únicos que aplicarán para los importes que no excedan de 3.000 euros. 1.2 La información sobre los tipos de cambio incluirá, con la misma relevancia y de forma que capte la atención del público, el detalle de las comisiones y gastos, incluso mínimos, que apliquen en las operaciones citadas en el apartado anterior, y describirá, de manera sencilla y que facilite la comparación entre entidades, los conceptos que devengan comisión, o los gastos aplicables, cuando esta información no se derive claramente de su propia denominación. 1.3 Con carácter previo a la realización de una operación de compra o venta de billetes extranjeros o cheques de viajero contra euros, se proporcionará al cliente, para su conformidad expresa, que deberá quedar debidamente acreditada, información detallada y desglosada del tipo de cambio y de todas las comisiones o gastos asociados a la concreta operación solicitada. Dicha información se facilitará de forma gratuita, en papel o en otro soporte duradero, y se expresará en términos claros y fácilmente comprensibles. 1.4 Los establecimientos de cambio de moneda dispondrán de un tablón de anuncios permanente que se situará en un lugar destacado y visible, de forma que atraiga la atención del público, en cada uno de los locales donde se realicen las operaciones de compra y/o venta de billetes extranjeros o cheques de viajero contra euros, donde se harán constar: a) La información sobre los tipos de cambio, comisiones y gastos que apliquen en las operaciones con la clientela, de conformidad con lo previsto en los apartados anteriores. b) La existencia de un departamento o servicio de atención al cliente para atender y resolver las reclamaciones de sus clientes, con indicación expresa de las distintas vías para presentar una reclamación. c) Los datos de contacto de, al menos, una entidad acreditada de conformidad con lo previsto en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, para la resolución alternativa de litigios en el ámbito de su actividad, con indicación expresa del procedimiento para presentar una reclamación. d) Una referencia a la normativa que regula la transparencia de las operaciones con la clientela, en la que se detallará el contenido de las normas de transparencia de la presente circular que les sean de aplicación. e) Una copia legible de la comunicación del Banco de España en la que consten la autorización obtenida en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, y el número de inscripción en el registro correspondiente. 2. Documentos de liquidación de operaciones de compraventa de billetes extranjeros y cheques de viajero: 2.1 Como justificante de las operaciones realizadas, los titulares de establecimientos de cambio de moneda entregarán a los clientes un documento de liquidación de la operación en papel o en otro soporte duradero, en el que se detallarán, de forma clara y separada, los importes monetarios entregados y recibidos en las unidades que corresponda, el tipo de cambio utilizado y, en su caso, las comisiones o gastos aplicados, con indicación expresa de su concepto. 2.2 Cuando se trate de comisiones porcentuales, se especificará la base de cálculo sobre la que se ha aplicado el porcentaje correspondiente, junto con el importe monetario resultante en euros. 3. Medidas organizativas e identificativas: 3.1 Cuando los titulares de los establecimientos de cambio de moneda realicen la actividad para la que han sido autorizados en el mismo local en el que se desarrollen otras actividades económicas, deberán contar con las medidas organizativas necesarias para asegurar que la clientela identifique claramente al prestador del correspondiente servicio y pueda relacionarlo con las informaciones mencionadas en los apartados precedentes. 3.2 La mención a redes u organizaciones internacionales en la actividad de los establecimientos de cambio de moneda no podrá inducir a confusión al público sobre la identidad o responsabilidad del titular con el que se contratan los servicios. Cuando se refiera a la condición del establecimiento como miembro de dichas redes u organizaciones internacionales, esta mención se incluirá, vinculada de forma menos destacada a la identidad del titular del establecimiento de cambio de moneda autorizado en España, en todos los locales en que se ejerza la actividad, en los documentos propios de su tráfico y en los anuncios publicitarios en cualquier medio. Esta obligación se extenderá a la actividad de los agentes del establecimiento.» Disposición final segunda. Especificaciones técnicas del registro interno. El Banco de España determinará las especificaciones técnicas que deberá reunir el registro interno previsto en la norma 7 con arreglo a un formato normalizado. Disposición final tercera. Entrada en vigor. 1. La presente circular entrará en vigor el 15 de octubre de 2020, sin perjuicio de las salvedades previstas en los apartados siguientes. 2. Lo dispuesto en la norma 7 entrará en vigor a los seis meses de la publicación por el Banco de España de las especificaciones técnicas previstas en la disposición final segunda. 3. Lo dispuesto en la disposición adicional única entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 26 de junio de 2020.–El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. ANEJO Principios y criterios a los que debe ajustarse la actividad publicitaria sobre productos y servicios bancarios I. Principios generales a los que debe ajustarse la publicidad 1. La publicidad sobre productos y servicios bancarios será clara, equilibrada, objetiva y no engañosa. Con este fin, las entidades utilizarán un lenguaje sencillo y fácil de comprender, evitarán la inclusión de información ambigua, sesgada, incompleta o contradictoria, que pueda inducir a confusión, y no omitirán u ocultarán información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa. En las comunicaciones comerciales y piezas publicitarias sujetas a lo previsto en esta circular deberá desvelarse inequívocamente el carácter publicitario del mensaje, cuando no resulte evidente por el contexto. 2. Se distinguirán claramente los productos y servicios bancarios ofrecidos, y se evitará el empleo de vocablos o expresiones que puedan generar dudas sobre su naturaleza y características o sobre los riesgos asociados a su contratación. Cuando la denominación comercial del producto o servicio ofrecido, o su encuadramiento dentro de la oferta publicitaria de la entidad, pueda inducir a error sobre la naturaleza jurídica de la operación, esta deberá aclararse expresamente. De igual modo, cuando se ofrezca la contratación simultánea de dos o más productos de diferente naturaleza, deberán indicarse claramente las distintas características de uno y otro. 3. Las comunicaciones comerciales y piezas publicitarias que faciliten información sobre el coste o rentabilidad del producto o servicio bancario para el público deberán contener información clara, exacta y actualizada sobre sus características esenciales, de forma adecuada a la naturaleza y complejidad del producto o servicio bancario ofrecido, las características de los medios de difusión utilizados y el público objetivo al que se dirijan, a fin de permitir que el destinatario pueda tomar una decisión informada sobre la contratación. 4. Cuando el medio de comunicación o el formato publicitario utilizado imponga limitaciones de espacio o de tiempo, la remisión a fuentes de información alternativas no debe inducir a error al destinatario acerca de las características del producto o servicio ofrecido, ni generar en aquel un comportamiento económico que presumiblemente no habría adoptado de haber conocido toda la información precisa para su adecuada comercialización. 5. Los mensajes publicitarios y la forma de presentarlos se adaptarán a las características del colectivo al que se dirijan, promoverán la cabal comprensión de la pieza publicitaria y evitarán mecanismos de atracción publicitaria que sean manifiestamente incompatibles con la protección de los intereses de dicho colectivo. En todo caso, el mensaje publicitario no creará falsas impresiones o expectativas que, de algún modo, actúen a modo de incentivo a la contratación del producto o servicio ofrecido o puedan crear una apariencia distinta a la realidad sobre las características o duración de la oferta anunciada. 6. Cuando en la pieza publicitaria se incluyan mensajes de carácter secundario o de forma menos destacada, estos no podrán contradecir el contenido del mensaje principal ni limitarlo de manera esencial. En todo caso, las aclaraciones o advertencias legales sobre los productos o servicios bancarios ofrecidos incluidas en el mensaje publicitario (por ejemplo, sobre sus riesgos, condicionantes que afecten a su coste o rentabilidad para el público, o requisitos para su comercialización) tendrán un formato, posición y relevancia apropiados, a fin de asegurar que son fácilmente percibidos por el destinatario, y se avisará sobre su existencia con llamadas de nota al mismo nivel del texto o con mensajes destacados en el mensaje principal. 7. La inclusión en el mensaje publicitario de adjetivos superlativos o diminutivos, o de expresiones que indiquen preferencia, ventaja o liderazgo del anunciante o del producto o servicio, deberá poder acreditarse cuando se trate de publicidad comparativa y evitarse en los demás casos; en especial, cuando se trate de expresiones relacionadas con el coste o rendimiento del producto o servicio bancario ofrecido. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, en la publicidad comparativa, los productos o servicios bancarios comparados tendrán la misma finalidad o satisfarán las mismas necesidades, y la comparación se realizará de modo objetivo entre una o más de sus características esenciales, que habrán de ser pertinentes, verificables y representativas. En todo caso, se detallarán en la pieza publicitaria los supuestos en los que se base la comparación efectuada, sin omitir datos o hechos relevantes, y se indicarán expresamente las fuentes empleadas. II. Formato del mensaje publicitario 1. La forma y la presentación del mensaje publicitario (en particular, la tipografía, el color y el contraste de fondo) serán adecuadas para el medio de difusión empleado, de forma que garanticen su cómoda y completa lectura. 2. El tipo de letra y las fuentes empleadas en el mensaje publicitario, incluso las utilizadas en las aclaraciones o advertencias legales, serán fácilmente legibles y destacarán sobre el fondo. Se evitará el uso de fuentes demasiado ornamentadas o adornos (relieves, etc.) que dificulten la lectura. 3. El tamaño mínimo del óvalo o cuerpo central de la letra (en particular, la empleada en las aclaraciones o advertencias legales) se determinará en función del formato publicitario utilizado y de la distancia media a la que esté previsto que el destinatario lea el texto, procurando garantizar, en todo caso, su fácil lectura y comprensión. A modo de ejemplo, en la elaboración de las piezas publicitarias se utilizará un cuerpo de letra cuya equivalencia en milímetros respete la siguiente tabla orientativa: Distancia Formatos publicitarios Tamaño mínimo de letra A menos de 0,5 metros Prensa impresa, folletos, publicidad directa (cartas personalizadas, marketing por correo electrónico, etc.), publicidad a través de Internet y dispositivos móviles (vídeos publicitarios, boletines informativos, banners, etc.). 1,5 milímetros Entre 1 y 3,6 metros Publicidad en medios audiovisuales (televisión), publicidad en el lugar de venta (cartelería interior y exterior, expositores, etc.). 5 milímetros Entre 3,6 y 12 metros Publicidad exterior (mobiliario urbano, transportes públicos, etc.). 10 milímetros A más de 12 metros Publicidad en cine y publicidad exterior de gran tamaño (vallas publicitarias y lonas). 100 milímetros III. Contenido del mensaje publicitario 1. Criterios generales. 1.1 El uso de acrónimos o marcas comerciales de las entidades en la publicidad de productos o servicios bancarios debe permitir su identificación indubitable. En caso contrario, se acompañarán de su denominación registral. 1.2 Cuando una entidad publicite productos o servicios bancarios de otra, deberá delimitarse con claridad qué entidad presta los servicios y qué entidad actúa como mera comercializadora o distribuidora de los productos y servicios de la primera. La responsabilidad por la omisión de esta información en la pieza publicitaria recaerá sobre la entidad que actúa como comercializadora o distribuidora. Asimismo, cuando en la comercialización de los productos y servicios bancarios participen agentes de la entidad o terceros, como intermediarios de crédito, se indicará expresamente en la pieza publicitaria el carácter con el que estos actúan, y será responsabilidad de la entidad asegurar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones que se establecen en esta circular. 1.3 Cuando una oferta tenga un plazo de vigencia determinado, este se hará constar expresamente. Si el plazo de vigencia estuviera condicionado a cualquier otra variable (alcanzar un volumen determinado, existencia de un número limitado de productos, etc.), dicha condición deberá indicarse en el cuerpo del mensaje principal, con la relevancia adecuada. La ausencia de plazo en el mensaje publicitario permitirá considerar la oferta en vigor a todos los efectos durante el período de difusión de la campaña o pieza publicitaria en cuestión. 1.4 Si el mensaje publicitario hace referencia a las ventajas de un determinado tratamiento fiscal, deberá aclararse si este es de carácter general o depende de la situación personal del cliente o potencial cliente, y se informará, en todo caso, de que dicho tratamiento puede estar sujeto a modificaciones. 1.5 Se evitará aludir al término «regalo» u otro término equivalente en aquellos casos en los que pueda existir una repercusión fiscal por la entrega de un bien o una suma de dinero como incentivo para la contratación de un producto o servicio bancario, en particular en todas aquellas operaciones que la normativa fiscal califique como retribución en especie. 2. Información sobre el coste o rentabilidad del producto o servicio bancario. Inclusión de la tasa anual equivalente (TAE) en el mensaje publicitario. 2.1 Toda información cuantitativa sobre el coste o rentabilidad del producto o servicio bancario incluida en el mensaje publicitario deberá indicar expresamente el período al que se refiere. Cuando se incluyan dos o más magnitudes, estas deberán referirse al mismo período. En particular, la información sobre rentabilidades pasadas no deberá facilitarse de forma parcial o sesgada, ni sobre períodos inferiores a doce meses. La rentabilidad plurianual deberá expresarse en términos de revalorización, sin perjuicio de que a esta información se añada la TAE en los casos en los que corresponda incluirla. Cuando se incluya una referencia a la variación máxima que ha tenido un determinado índice o una cotización dentro de un determinado período, deberá completarse con los datos correspondientes a la variación –positiva o negativa– de dicho índice o cotización, para lo cual se tomarán como referencia sus valores en la fechas inicial y final del mismo período. Asimismo, deberán indicarse de forma explícita, clara e inequívoca, con llamadas de nota al mismo nivel del texto o mensajes destacados en el mensaje principal, las condiciones o requisitos a los que, en su caso, estén condicionados dicho coste o rentabilidad, o las variables de las que pudiera depender su evolución. 2.2 Cuando se incluya información relacionada con el coste del producto o servicio bancario, el mensaje publicitario deberá hacer referencia, en todo caso, a las comisiones, los impuestos y cualquier otro tipo de gastos que deba abonar el cliente para su contratación o mantenimiento, así como, en el caso de los créditos, los intereses y el coste de los servicios accesorios cuya contratación sea obligatoria para la obtención del crédito o para obtenerlo en las condiciones ofrecidas, en particular las primas de los seguros. 2.3 En las piezas publicitarias sobre depósitos o créditos en las que se indique un tipo de interés o cualesquiera cifras, como las comisiones o los gastos aplicables, o de cualquier otra forma se haga referencia a su coste o rentabilidad para el público, el mensaje publicitario deberá expresar dicho coste o rentabilidad en términos de TAE, mediante un ejemplo representativo determinado de forma clara, concisa y destacada. Para el cálculo de la TAE se tendrán en cuenta las reglas y criterios específicos establecidos al efecto en la normativa aplicable al tipo de producto o servicio bancario de que se trate. 2.4 La información sobre el tipo de interés nominal (TIN) anual aplicable a la operación y sobre los demás elementos que componen la TAE se incluirá de forma que no genere confusión respecto a la diferente naturaleza y utilidad de esta última. En particular, cuando la TAE pueda verse alterada por determinadas circunstancias (por ejemplo, la existencia de un tipo de interés fijo para cierto período inicial, comisiones u otras causas), el ejemplo representativo hará mención expresa a tales circunstancias y al intervalo significativo en el que aquella pueda moverse. 2.5 Cuando la pieza publicitaria deba incluir la TAE de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, se le dará relevancia frente al TIN, de forma que capte la atención del público. 2.6 Cuando se trate de operaciones a tipo de interés variable, la expresión TAE se sustituirá por la de TAEVariable y deberán mencionarse en la pieza publicitaria, con la adecuada relevancia y claridad, el índice de referencia aplicable y la periodicidad de la revisión. La información referida al índice de referencia y al cálculo de la TAEVariable deberá actualizarse periódicamente con arreglo al último dato disponible, con un plazo máximo de tres meses cuando se trate de medios y soportes impresos, y dentro de las 48 horas siguientes cuando se trate de piezas publicitarias difundidas a través de medios digitales. En estos casos, el ejemplo representativo incluirá expresamente la advertencia de que la TAEVariable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían y, por tanto, variará con las revisiones del tipo de interés. Cuando se establezcan límites a la variación del tipo de interés, dichos límites se indicarán en la pieza publicitaria de forma relevante. Asimismo, se tendrán en cuenta para el cálculo de la TAEVariable, y se advertirá expresamente de esta circunstancia en el ejemplo representativo. 2.7 En las piezas publicitarias sobre depósitos o créditos sin intereses que estén sujetos a comisiones u otros gastos, además de detallar dichas comisiones y gastos, se incluirá la expresión «sin intereses» o similar junto a la TAE resultante, que se destacará especialmente en el mensaje publicitario, de modo que el destinatario comprenda adecuadamente el coste del depósito o crédito. 2.8 Cuando exista remuneración en especie, la pieza publicitaria deberá adaptarse a los siguientes criterios: a) Si no existe retribución en efectivo, deberá indicarse expresamente esta circunstancia. b) La valoración del producto a efectos del cálculo de la TAE deberá ser la que resulte de conformidad con la legislación tributaria. c) Tanto la retribución en efectivo –si la hubiese– como la retribución en especie deben tenerse en cuenta para el cálculo de la TAE. d) Deberá indicarse expresamente que la retribución en especie está sujeta a tributación. e) En caso de que determinados importes –como el IVA o el ingreso a cuenta– deban ser satisfechos por el cliente, se hará mención explícita de estas circunstancias y se reflejará la cuantificación de tales importes, teniéndolos en cuenta a efectos del cálculo de la TAE. 3. Contenido mínimo exigible en las ofertas de financiación en las que se incluya información relacionada con su coste para el público. En las comunicaciones comerciales y piezas publicitarias sujetas a lo previsto en esta circular mediante las que se ofrezca un crédito, o la intermediación para la celebración de un contrato de crédito, en las que se indique un tipo de interés o cualesquiera cifras, como las comisiones o los gastos aplicables, o de cualquier otra forma se haga referencia a su coste para el público, se incluirá, al menos, la siguiente información: a) Las características esenciales del crédito (naturaleza, importe, TIN, comisiones, coste total, sistema de amortización, importe de los pagos y plazo para su devolución) y cualquier otra información requerida en las normas comunitarias, estatales o autonómicas que contengan disposiciones específicas en relación con la publicidad del tipo de financiación de que se trate. En particular, en el caso de créditos en forma de pago aplazado de un bien o servicio, además de la información obligatoria relativa al crédito, se especificarán de forma destacada el precio de adquisición al contado y el precio total a plazos. b) La TAE, expresada mediante un ejemplo representativo determinado con arreglo a lo previsto en la normativa aplicable. En particular, en los contratos de préstamo sujetos al ámbito de aplicación de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, el ejemplo representativo se determinará de conformidad con los criterios establecidos en la letra d) del artículo 4.5 de la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio. c) Cuando se trate de créditos denominados en moneda extranjera, se incluirá una advertencia sobre el hecho de que las posibles fluctuaciones del tipo de cambio podrían afectar al importe adeudado. 4. Contenido mínimo exigible en las ofertas de productos y servicios bancarios, distintos de las operaciones de financiación, en las que se incluya información relacionada con su coste o rentabilidad para el público. En las comunicaciones comerciales y piezas publicitarias sujetas a lo previsto en esta circular mediante las que se ofrezca un producto o servicio bancario, o la intermediación para la contratación de un producto o servicio bancario, distintos de las operaciones de financiación, en las que se indique un tipo de interés o cualesquiera cifras, como las comisiones o los gastos aplicables, o de cualquier otra forma se haga referencia a su coste o rentabilidad para el público, se incluirá, al menos, la siguiente información: a) Las características esenciales del producto o servicio bancario (naturaleza, coste o rentabilidad, plazo, etc.). Cuando proceda, se especificará si existe o no derecho a cancelación anticipada y, en tal caso, las comisiones o penalizaciones aplicables, así como cualquier otra información requerida en las normas comunitarias, estatales o autonómicas que contengan disposiciones específicas en relación con la publicidad del producto o servicio bancario de que se trate. b) Cuando proceda, la TAE, expresada mediante un ejemplo representativo determinado con arreglo a lo previsto en la normativa aplicable. c) Cuando proceda, una referencia al Fondo de Garantía de Depósitos al que se encuentra adherida la entidad, cuando este sea diferente del previsto en el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. d) Cuando proceda, la advertencia de que la rentabilidad está sujeta a fluctuaciones del mercado, sin que costes o rentabilidades pasadas condicionen o generen derechos en el futuro. En estos casos, se indicará expresamente que dicha rentabilidad podría ser nula o incluso negativa. e) Cuando se trate de productos denominados en moneda extranjera, se hará especial mención al riesgo de tipo de cambio. IV. Régimen aplicable a la publicidad emitida a través de medios audiovisuales o radiofónicos 1. Publicidad emitida a través de medios audiovisuales. 1.1 Los textos sobreimpresos en las piezas publicitarias difundidas a través de medios audiovisuales (en particular, los relativos a las advertencias legales –como el indicador de riesgo o las alertas sobre liquidez y complejidad, entre otras– o al ejemplo representativo de la TAE) deberán mantenerse fijos en pantalla durante el tiempo que dure su reproducción. 1.2 No obstante lo dispuesto en el punto III, apartados 3 y 4, de este anejo, en las piezas publicitarias emitidas a través de medios audiovisuales que conlleven una limitación de espacio o de tiempo, como los anuncios en cine o televisión, deberá facilitarse de forma hablada y/o sobreimpresa en pantalla, al menos, la siguiente información: a) Una referencia a la naturaleza del producto o servicio bancario de que se trate y, en su caso, las advertencias legales exigibles. b) La información requerida en las normas comunitarias, estatales o autonómicas que contengan disposiciones específicas en relación con la publicidad del producto o servicio bancario de que se trate. c) Cuando proceda, el TIN y la TAE, expresada mediante un ejemplo representativo determinado con arreglo a lo previsto en la normativa aplicable. d) Las comisiones bancarias que, en su caso, deba satisfacer el destinatario para la contratación y el mantenimiento del producto o servicio bancario ofrecido. e) La dirección de una página web informativa en la que se contenga toda la información relevante sobre el producto o servicio bancario ofrecido de conformidad con lo previsto en esta circular, así como, en su caso, la posibilidad de obtener más información en la red de oficinas de la entidad o en otros puntos de venta específicos. Esta información se comunicará, en todo caso, de forma hablada. En estos casos, las entidades podrán optar por incluir toda o parte de dicha información al final de la pieza publicitaria, sobre una pantalla fija, con un contraste de fondo apropiado y durante un tiempo suficiente, que no será inferior a tres segundos, para que sea adecuadamente percibida por el espectador. 2. Publicidad emitida a través de medios radiofónicos. 2.1 En las piezas publicitarias emitidas a través de medios radiofónicos en las que se facilite información sobre el coste o la rentabilidad del producto o servicio bancario ofrecido, las entidades proporcionarán, al menos, la información prevista en el apartado 1.2 anterior. 2.2 En su caso, en la publicidad sobre productos y servicios bancarios emitida a través de medios radiofónicos se llamará especialmente la atención sobre la existencia de una página web informativa en la que se contendrá toda la información relevante sobre el producto o servicio bancario ofrecido de conformidad con lo previsto en esta circular, así como sobre la posibilidad de obtener más información en la red de oficinas de la entidad o en otros puntos de venta específicos. V. Publicidad en medios digitales y redes sociales 1. Criterios generales. 1.1 Las comunicaciones comerciales en medios digitales y redes sociales que conlleven necesariamente limitaciones de peso, formatos, tamaños o caracteres se regirán por lo previsto en esta sección, sin perjuicio de la obligación de las entidades de asegurar que estas cumplen con los principios y criterios generales establecidos en las secciones I y II de este anejo. 1.2 Cuando el contenido del mensaje publicitario se vea afectado por las limitaciones previstas en el apartado anterior, de forma que no resulte posible incluir información concreta y completa sobre las características y riesgos de los productos y servicios bancarios ofertados, siempre que se indique un tipo de interés o cualesquiera cifras, como las comisiones o los gastos aplicables, o de cualquier otra forma se haga referencia al coste o rentabilidad para el público del producto o servicio bancario ofertado, se incluirá, al menos, la siguiente información: a) La identidad de la entidad anunciante o, cuando proceda, del intermediario de crédito o representante designado. b) Una referencia a la naturaleza del producto o servicio bancario de que se trate. c) La TAE, cuando se trate de comunicaciones comerciales sobre depósitos o créditos. d) Un enlace a una página web de destino, específica para el producto o servicio bancario ofertado, en la que se contenga toda la información requerida de conformidad con lo previsto en esta circular y en las normas reguladoras del producto o servicio bancario de que se trate. Dicha información estará fácilmente localizable en la página principal de la página web de destino, sin necesidad de que el destinatario tenga que realizar pasos adicionales para acceder a ella, y se mostrará de forma adaptada al tipo de dispositivo utilizado por el usuario. 1.3 En los casos previstos en el apartado anterior, cuando se trate de comunicaciones comerciales sobre créditos sujetos al ámbito de aplicación de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, o a la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, se incluirá adicionalmente un ejemplo representativo simplificado, con el siguiente formato: «TIN XX% Importe XX [eur, divisa] Plazo XX [meses, años] XX cuotas de XX [eur, divisa] Importe total adeudado XX [eur, divisa] [cuando proceda] Cumpliendo condiciones» En el caso de los créditos en forma de pago aplazado de un bien o servicio en particular, se añadirá, además, la siguiente información: «PVP XX [eur, divisa] Precio total a plazos XX [eur, divisa]» 1.4 El ejemplo representativo previsto en el apartado anterior se determinará de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. En particular, en los contratos de préstamo sujetos al ámbito de aplicación de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en la letra d) del artículo 4.5 de la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio. 1.5 El enlace a la página web de destino previsto en el apartado 1.2.d) anterior se destacará, cuando sea posible, del resto del texto incluido en el mensaje publicitario mediante la utilización de distintas fuentes o de técnicas de resaltado. Asimismo, el título del enlace y su ubicación dentro del mensaje publicitario se diseñarán de forma que atraiga la atención del destinatario y promueva el acceso a su contenido. 2. Publicidad emitida a través de medios digitales. 2.1 Cuando los mensajes publicitarios se difundan en una página de Internet a través de piezas publicitarias animadas o interactivas, compuestas de varios fotogramas que siguen una sucesión (banner dinámico, formato de intercambio de gráficos animado, etc.), las entidades se asegurarán de que la información requerida en el apartado 1 anterior se mantiene fija en pantalla por un tiempo no inferior a dos segundos. 3. Publicidad emitida a través de redes sociales. 3.1 Cuando en las comunicaciones comerciales en redes sociales se inserten imágenes (archivos gráficos, infografías, etc.), vídeos publicitarios (vídeos en vivo, animaciones gráficas, vídeo 360º, etc.) u otros recursos visuales, sonoros o audiovisuales a fin de superar la limitación de caracteres intrínseca a las publicaciones en estas plataformas de comunicación, se indicará expresamente en el mensaje publicitario que estos contienen información adicional relevante para la adecuada comprensión del producto o servicio bancario ofertado, utilizando expresiones como «pincha en la imagen para ver las condiciones de la oferta» o fórmulas similares que promuevan su visionado por el destinatario. En estos casos, siempre que el contenido de la información difundida a través de dichos recursos respete íntegramente lo previsto en esta circular, no será necesario cumplir con lo previsto en el apartado 1.2.d) de esta sección. 3.2 La entidad será responsable del cumplimiento de lo previsto en esta sección, aunque no haya generado el contenido original de la comunicación, cuando reenvíe un texto o un contenido compartido por un tercero (en particular, un cliente) en el que se respalden o destaquen expresamente los beneficios de un producto o servicio financiero comercializado por la entidad.

Importes máximo anuales para pagar turno de oficio y asistencia a víctimas.

I La publicidad constituye una pieza clave en el marco de la comercialización de productos y servicios bancarios. Con carácter general, supone el primer punto de contacto entre una entidad y su potencial cliente. A través de la publicidad, las entidades dan a conocer su oferta de productos y servicios, mediante la utilización de técnicas especializadas con el fin de incentivar su contratación, por lo que la información transmitida en los mensajes publicitarios suele tener un gran impacto en las expectativas del cliente y en el consiguiente proceso de toma de decisiones. En este contexto, la regulación de la publicidad financiera deviene un mecanismo esencial de protección de la clientela bancaria. Resulta necesario, por tanto, articular medidas regulatorias y supervisoras encaminadas a procurar que la publicidad sea clara, suficiente, objetiva y no engañosa, y que las relaciones de los clientes con sus entidades en las fases posteriores a la contratación sean menos conflictivas. La Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, derogó el régimen de autorización previa, establecido en la Orden de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones, normas de actuación, información a clientes y publicidad de las entidades de crédito, y lo sustituyó por un sistema de control de la publicidad basado en un doble enfoque: uno preventivo, consistente en la elaboración por el Banco de España de criterios que promuevan la claridad, suficiencia y objetividad de los mensajes publicitarios, y en el establecimiento por parte de las entidades de procedimientos y controles internos que garanticen su cumplimiento; y otro correctivo, que permita la cesación o rectificación de la publicidad sobre productos y servicios bancarios que no se ajuste a su normativa reguladora y la eventual sanción de las conductas inadecuadas. Así, por un lado, se persigue que el control de la actividad publicitaria descanse, en parte, en las propias entidades, a través de la elaboración de políticas de comunicación comercial y del establecimiento de procedimientos adecuados para proteger los legítimos intereses de la clientela y gestionar los riesgos derivados de dicha actividad, que incluyen la adhesión voluntaria a sistemas de autorregulación publicitaria. Y, por otro, se pretende garantizar la corrección temprana de las conductas inadecuadas. Mediante la Circular 6/2010, de 28 de septiembre, a entidades de crédito y entidades de pago, sobre publicidad de los servicios y productos bancarios, el Banco de España dictó las normas precisas para el desarrollo y ejecución de la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, en ejercicio de la habilitación prevista en su disposición final primera. Dicha circular abordó tanto la determinación de los principios y criterios generales a los que debe ajustarse la publicidad como cuestiones relacionadas con el control de la actividad publicitaria por parte de las entidades; en particular, los procedimientos y controles internos exigibles antes mencionados. Este sistema ha reforzado la disciplina en la comercialización de productos y servicios bancarios, a través de la implicación de los órganos de gobierno de las entidades, y especialmente de las funciones de control interno, en el desarrollo de la actividad publicitaria, y ha contribuido así a mantener los estándares de calidad alcanzados durante el régimen de autorización previa anterior. No obstante, tras ocho años de control ex post de la publicidad sobre productos y servicios bancarios por parte del Banco de España, resulta oportuno revisar ciertos aspectos de su normativa reguladora, con el fin de adaptarla a la evolución del sector publicitario, principalmente como consecuencia del impacto de la tecnología digital, y garantizar asimismo una supervisión más eficaz de su cumplimiento. II Esta circular consta de nueve normas (estructuradas en tres capítulos), una disposición adicional, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, tres disposiciones finales y un anejo. El capítulo I, relativo a las disposiciones generales, introduce algunas modificaciones en el ámbito de aplicación de la norma con respecto a la circular que deroga, a fin de adaptar su contenido a los cambios introducidos en el ámbito de aplicación de la orden ministerial objeto de desarrollo por el artículo primero de la Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, por la que se modifican la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. Dichos cambios responden a diversos objetivos. En primer lugar, dado que el ámbito de aplicación de la orden había quedado obsoleto a raíz de la transformación acometida en el sector de entidades de crédito mediante la incorporación al ordenamiento jurídico español de diversas directivas europeas, se aclara la tipología de entidades cuya actividad publicitaria está sujeta al cumplimiento de la normativa sectorial sobre publicidad de productos y servicios bancarios. En segundo lugar, se extiende la aplicación de las reglas de publicidad de la actividad bancaria a los prestamistas y a los intermediarios de crédito inmobiliario, con la finalidad de asegurar que la misma actividad se rige por las mismas normas, independientemente de quién la realice. Finalmente, tratándose de normas de conducta cuyo propósito es regular la publicidad de productos y servicios susceptibles de generar riesgos para el patrimonio de las personas y que, por tanto, caen en el ámbito del orden público, se especifica que el ámbito de aplicación subjetivo incluye tanto las entidades financieras españolas como las entidades extranjeras que realicen actividad publicitaria sobre productos y servicios bancarios en territorio español mediante sucursal, agente o en régimen de libre prestación de servicios. Por otra parte, a fin de facilitar la interpretación y aplicación de la norma, se introducen definiciones y se desarrolla en profundidad el concepto de actividad publicitaria sujeta a lo previsto en la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, y en la circular. El capítulo II establece una ser ### RESUMEN: Importes máximo anuales para pagar turno de oficio y asistencia a víctimas.

Departamento 2º Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas mediante Auto de fecha 1 de septiembre de 2015, dictado en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-125/15, Sector Público Autonómico (Consejería de Administraciones Públicas y Portavocía del Gobierno), Asturias, que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance como consecuencia de una denuncia del Ministerio Fiscal, basada en el escrito remitido por el portavoz del grupo parlamentario mixto-UPyD en el Parlamento de Asturias, en la que se ponía de manifiesto una serie de irregularidades detectadas en el pago de prestaciones, aparentemente no recibidas, derivadas de diversos contratos celebrados por la Consejería de Administraciones Públicas y Portavocía del Gobierno del Principado de Asturias con la mercantil Implans Mounts, SL. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 1 de septiembre de 2015.- El Secretario, Jaime Vegas Torres.

Correos se lleva el contrato para el servicio postal y de paquetería del INE (Instituto Nacional de Estadística) por importe total de 7.079.299,08 euros.

Departamento 2º Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas mediante Auto de fecha 1 de septiembre de 2015, dictado en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-125/15, Sector Público Autonómico (Consejería de Administraciones Públicas y Portavocía del Gobierno), Asturias, que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance como consecuencia de una denuncia del Ministerio Fiscal, basada en el escrito remitido por el portavoz del grupo parlamentario mixto-UPyD en el Parlamento de Asturias, en la que se ponía de manifiesto una serie de irregularidades detectadas en el pago de prestaciones, aparentemente no recibidas, derivadas de diversos contratos celebrados por la Consejería de Administraciones Públicas y Portavocía del Gobierno del Principado de Asturias con la mercantil Implans Mounts, SL. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 1 de septiembre de 2015.- El Secretario, Jaime Vegas Torres. ### RESUMEN: Correos se lleva el contrato para el servicio postal y de paquetería del INE (Instituto Nacional de Estadística) por importe total de 7.079.299,08 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística INE. b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Nacional de Estadística INE. c) Número de expediente: 01002700005N/6N. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Prestación de la totalidad de los servicios postales y de paquetería, demandados por el Instituto Nacional de Estadística. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64110000 (Servicios postales). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 21 de agosto de 2012 y DOUE: 17 de agosto de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 12.871.452,88 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 5.850.660,40 euros. Importe total: 6.903.779,27 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 13 de noviembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 10 de diciembre de 2012. c) Contratista: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 5.850.660,40 euros. Importe total: 7.079.299,08 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Según informe adjunto. Madrid, 11 de diciembre de 2012.- Presidente del Instituto Nacional de Estadística.

Real Decreto del 20 de septiembre sobre la tarjeta sanitaria única.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística INE. b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Nacional de Estadística INE. c) Número de expediente: 01002700005N/6N. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Prestación de la totalidad de los servicios postales y de paquetería, demandados por el Instituto Nacional de Estadística. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64110000 (Servicios postales). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 21 de agosto de 2012 y DOUE: 17 de agosto de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 12.871.452,88 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 5.850.660,40 euros. Importe total: 6.903.779,27 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 13 de noviembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 10 de diciembre de 2012. c) Contratista: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 5.850.660,40 euros. Importe total: 7.079.299,08 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Según informe adjunto. Madrid, 11 de diciembre de 2012.- Presidente del Instituto Nacional de Estadística. ### RESUMEN: Real Decreto del 20 de septiembre sobre la tarjeta sanitaria única.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 4140-2013, promovido por don Luis de Velasco Rami,portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, representado por la Procuradora de los Tribunales doña María José Bueno Ramírez y defendido por el Letrado don Andrés Herzog Sánchez, contra los siguientes acuerdos de la Mesa de la Asamblea de Madrid: de 25 de febrero de 2013, por el que se inadmitieron a trámite las solicitudes de comparecencia 216-2013, 218-2013, 220-2013 y 221-2013, y de 25 de marzo de 2013, desestimatorio de la reconsideración; de 4 de marzo de 2013 por el que se inadmitieron a trámite las solicitudes de comparecencia 215-2013, 217-2013, 219-2013, 224-2013, 238-2013, 239-2013 y 260-2013, y de 25 de marzo de 2013, desestimatorio de la reconsideración; de 19 de marzo de 2013 por el que se inadmitieron a trámite las solicitudes de comparecencia 299-2013 y 300-2013, y de 15 de abril de 2013, desestimatorio de la reconsideración; de 1 de abril de 2013 por el que se inadmitió a trámite las solicitud de comparecencia 417-2013, y de 22 de abril de 2013, desestimatorio de la reconsideración; y de 4 de marzo de 2013, por el que se inadmitió a trámite la proposición no de ley 28-2013, así como el acuerdo de 1 de abril de 2013, desestimatorio de la reconsideración. Ha comparecido la Asamblea de Madrid, a través de sus representantes. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. La Procuradora de los Tribunales doña María José Bueno Ramírez, en nombre y representación de don Luis de Velasco Rami, portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, interpuso demanda de amparo contra los acuerdos parlamentarios que se mencionan en el encabezamiento de esta Sentencia, mediante escrito registrado en este Tribunal el 3 de julio de 2013. 2. El recurso tiene su origen en la inadmisión, por parte de la Mesa de la Asamblea de Madrid, de las iniciativas parlamentarias que a continuación se relacionan. a) Por acuerdos de 25 febrero de 2013 la Mesa de la Asamblea de Madrid inadmitió a trámite las siguientes solicitudes de comparecencia: – Comparecencia 216-2013, por la que se solicitaba la comparecencia del Sr. Consejero de Trasportes, Infraestructura y Vivienda ante el Pleno, con el objeto de informar sobre «las previsiones de infraestructuras de esa Consejería con motivo de la implantación en la Comunidad de Madrid del macrocomplejo Eurovegas». – Comparecencia 218-2013, por la que se solicitaba la comparecencia de la Sra. Consejera de Empleo, Turismo y Cultura ante el Pleno, cuyo objeto era «previsiones de creación de empleo de esa Consejería con motivo de la implantación en la Comunidad de Madrid del macrocomplejo Eurovegas». – Comparecencia 220-20213, por la que se solicitaba la comparecencia del Sr. Consejero de Economía y Hacienda ante el Pleno, cuyo objeto era informar sobre las «previsiones de su Consejería sobre el impacto fiscal que tendrá la implantación en la Comunidad de Madrid del macrocomplejo Eurovegas». – Comparecencia 221-2013, por la que se solicitaba la comparecencia del Sr. Consejero de Economía y Hacienda ante el Pleno, cuyo objeto era «previsiones de su Consejería sobre el impacto en la competencia que tendrá la implantación en la Comunidad de Madrid del macrocomplejo Eurovegas». Respecto de estas cuatro iniciativas la Mesa acuerda «su no admisión a trámite por referirse su objeto a previsiones y explicaciones técnicas imposibles de realizar en este momento al ser Eurovegas aún un proyecto». Frente a los anteriores acuerdos de inadmisión el Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presentó escrito de reconsideración, de conformidad con lo previsto en el art. 49.2 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. La Mesa de la Asamblea de Madrid desestimó, por acuerdo de 25 de marzo de 2013, los escritos de reconsideración presentados y confirmó los acuerdos iniciales limitándose a reiterar el motivo de inadmisión expresado en dichos acuerdos, sin hacer valoración o consideración alguna respecto de las alegaciones elevadas en los escritos de reconsideración. b) Por acuerdo de 4 de marzo de 2013 la Mesa de la Asamblea de Madrid inadmitió a trámite las siguientes solicitudes de comparecencia: – Comparecencia 215-2013, por la que se solicitaba la comparecencia del Sr. Consejero de Economía y Hacienda ante la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda, cuyo objeto era informar sobre las «previsiones de su Consejería sobre el impacto en la competencia que tendrá la implantación en la Comunidad de Madrid del macrocomplejo Eurovegas». – Comparecencia 217-2013, por la que se solicitaba la comparecencia del Sr. Consejero de Trasportes, Infraestructuras y Vivienda ante la Comisión de Trasportes, Infraestructuras y Vivienda, cuyo objeto era «previsiones de infraestructuras de esa Consejería con motivo de la implantación en la CAM del macrocomplejo Eurovegas». – Comparecencia 219-2013, por la que se solicitaba la comparecencia de la Sra. Consejera de Empleo, Turismo y Cultura ante la Comisión de Empleo, Turismo y Cultura, cuyo objeto era «previsiones de creación de empleo de esa Consejería con motivo de la implantación en la Comunidad de Madrid del macrocomplejo Eurovegas». – Comparecencia 224-2013, por la que se solicitaba la comparecencia del Sr. Consejero de Economía y Hacienda ante la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda, cuyo objeto era informar sobre las «previsiones de su Consejería sobre el impacto fiscal que tendrá la implantación en la Comunidad de Madrid del macrocomplejo Eurovegas». – Comparecencia 238-2013, por la que se solicitaba la comparecencia del Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ante el Pleno, cuyo objeto era «previsiones de su Consejería sobre el impacto urbanístico con motivo de la implantación en la Comunidad de Madrid del macrocomplejo Eurovegas». – Comparecencia 239-2013, por la que se solicitaba la comparecencia del Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, cuyo objeto era «previsiones de su Consejería sobre el impacto urbanístico con motivo de la implantación en la Comunidad de Madrid del macrocomplejo Eurovegas». – Comparecencia 260-2013, por la que se solicitaba la comparecencia del Sr. Consejero de Economía y Hacienda ante el Pleno, cuyo objeto era informar sobre la «evolución de las negociaciones entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y las Vegas Sands, a efectos de convocar el concurso público para la puesta en marcha de Eurovegas bajo la figura legal de centro integrado de desarrollo». Respecto de estas iniciativas la Mesa acuerda su no admisión a trámite por referirse su objeto a previsiones y explicaciones técnicas imposibles de realizar al ser Eurovegas «una mera voluntad empresarial», salvo en el caso de la comparecencia 260-2013, cuyo motivo de inadmisión fue «que el objeto de la comparecencia contenía un juicio de valor». Frente a los anteriores acuerdos de inadmisión el portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presentó escrito de reconsideración, de conformidad con lo previsto en el art. 49.2 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, que fue desestimado por acuerdo de 25 de marzo de 2013 de la Mesa de la Asamblea de Madrid «por advertir la existencia de un error material en su contenido, al no haberse adoptado los acuerdos a los que se refiere el escrito en la Mesa de 25-02-13, sino en la Mesa de 4-03-13 así como la comunicación de este acuerdo al Grupo autor». c) Por acuerdo de 19 de marzo de 2013 la Mesa de la Asamblea de Madrid inadmitió a trámite las siguientes solicitudes de comparecencia: – Comparecencia 299-2013, por la que se solicitaba la comparecencia del Sr. Consejero de Economía y Hacienda ante el Pleno, cuyo objeto era «evolución de las conversaciones entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y las Vegas Sands a efectos de la implantación en la Comunidad de Madrid de Eurovegas». – Comparecencia 300-2013, por la que se solicitaba la comparecencia del Sr. Consejero de Economía y Hacienda ante la Comisión de Presupuestos Economía y Hacienda cuyo objeto era «evolución de las conversaciones entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y las Vegas Sands a efectos de la implantación en la Comunidad de Madrid de Eurovegas». Respecto de estas iniciativas la Mesa acuerda su inadmisión a trámite al «no existir conversaciones para la implantación del Proyecto Eurovegas entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y las Vegas Sands y referirse su objeto a una mera voluntad empresarial». Frente a los anteriores acuerdos de inadmisión el Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presentó escrito de reconsideración, de conformidad con lo previsto en el art. 49.2 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, que fueron desestimados por acuerdo de 15 de abril de 2013 de la Mesa de la Asamblea de Madrid, reiterando el motivo de inadmisión expresado en dichos acuerdos, sin hacer valoración o consideración alguna respecto de las alegaciones elevadas en los escritos de reconsideración. d) Por acuerdo de 1 de abril de 2013 la Mesa de la Asamblea de Madrid inadmitió a trámite la comparecencia 417-2013 respecto de don F.R.J., Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 25 de Madrid, ante la Comisión de Asuntos Sociales, cuyo objeto era «puntos de Encuentro Familiar de la Comunidad de Madrid, con motivo de la reorganización anunciada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por vía art. 211 RAM». La Mesa acordó su inadmisión a trámite «por no proceder el sometimiento a control parlamentario de los órganos jurisdiccionales». Frente dicho acuerdo de inadmisión el Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presentó escrito de reconsideración que fue desestimados por acuerdo de 22 de abril de 2013 de la Mesa de la Asamblea de Madrid, reiterando el motivo de inadmisión expresado en dicho acuerdo, sin hacer valoración o consideración alguna respecto de las alegaciones elevadas en los escritos de reconsideración. e) Por acuerdo de 4 de marzo de 2013, la Mesa de la Asamblea de Madrid inadmitió a trámite la proposición no de ley 28/13 presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia cuyo objeto era «la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que en el plazo de un mes presente ante la Asamblea una estrategia contra el nepotismo y patronazgo en los nombramientos de cargos públicos con propuestas de modificación legal y de regulación de los comportamientos públicos conforme a las indicaciones que se especifican para su tramitación ante el Pleno». La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1 c) del Reglamento de la Asamblea de Madrid acordó su inadmisión a trámite por «contener su objeto un juicio de valor al darse por hecho la existencia de nepotismo y patronazgo en el nombramiento de cargos públicos» y «por no ajustarse la iniciativa a lo dispuesto en los arts. 16.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y 205 RAM». Frente a dicho acuerdo el portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presentó escrito de reconsideración que fue desestimado por acuerdo de 1 de abril de 2013 de la Mesa de la Asamblea de Madrid, reiterando el motivo de inadmisión expresado en dicho acuerdo, sin hacer valoración o consideración alguna respecto de las alegaciones elevadas en los escritos de reconsideración. 3. La demanda se plantea al amparo del art. 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y tiene por objeto la impugnación de los acuerdos de la Mesa de la Asamblea de Madrid anteriormente referidos, al entender el recurrente que vulneran el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos según lo dispuesto en el artículo 23.2 CE, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes previsto en el artículo 23.1 CE. Para el recurrente esas decisiones han impedido de forma arbitraria la formulación de solicitudes de comparecencias y de una proposición no de ley, que forman parte del núcleo esencial de la función representativa del Diputado recurrente y del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, aduciendo que el órgano rector de la Cámara ha fundado sus resoluciones en un juicio de oportunidad política y que viene inadmitiendo, de forma reiterada, la presentación de iniciativas parlamentarias por parte del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, lo que ha dado lugar a la interposición de diversos recursos de amparo. Así, tras exponer parte de la jurisprudencia de este Tribunal acerca del art. 23 CE, el recurrente pone de manifiesto que todas las iniciativas rechazadas se presentaron de acuerdo con los requisitos contemplados en el Reglamento de la Asamblea, afirmando que la Mesa se ha excedido en su interpretación de dicha norma, constriñendo el derecho de participación política de los representantes políticos integrados en el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia e impidiendo de forma arbitraria la tramitación de iniciativas parlamentarias que forman parte del núcleo esencial de la función representativa, toda vez que son instrumentos básicos para controlar la acción del Gobierno y para plantear en sede parlamentaria los debates políticos que interesan a los ciudadanos. En consecuencia, se solicita la nulidad de cada uno de los acuerdos firmes anteriormente citados. Más en concreto, en relación con la inadmisión de las comparecencias por no existir conversaciones entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y Las Vegas Sands y referirse su objeto a una mera voluntad empresarial, el recurrente aduce que a lo largo de los meses precedentes se realizaron declaraciones públicas por parte de miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid en las que se evidenciaba de forma clara la existencia de un grado de conocimiento acerca del previsible impacto que tendría el proyecto Eurovegas, así como la existencia de contactos y negociaciones entre el Gobierno y la empresa, razón suficiente como para que fuera objeto de conocimiento por la Asamblea de la Comunidad, en ejercicio de su función de control del Gobierno, añadiendo que el 9 de febrero, con motivo de la visita del Presidente de la Comunidad a los terrenos de Alcorcón donde se iba a ubicar el complejo Eurovegas, se recogieron, tanto en la web de la Comunidad de Madrid, como en la página del Presidente de la Comunidad, diversas declaraciones en torno a Eurovegas, de interés para la Comunidad de Madrid. El recurrente concluye que, en todo caso, la caracterización como proyecto de la implantación del complejo no implica, en modo alguno, que deba escapar del control de carácter político en sede parlamentaria. En cuanto a la inadmisión de la comparecencia 417-2013, con el objeto de que un Magistrado informara como experto, acerca de los puntos de encuentro familiar en la Comunidad de Madrid con motivo de la reorganización de esta materia, se aduce que no cabe interpretación alguna del tenor literal de la iniciativa presentada que permita confundir su objeto con el del control de órgano jurisdiccional alguno, sino que el motivo de la comparecencia lo constituye, de forma inequívoca, la obtención de información y asesoramiento previstos en el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea de Madrid por parte de un experto en la materia, lo que queda acreditado por la parte recurrente aportando el currículum del compareciente. Por último, en relación con la proposición no de ley rechazada, el recurrente aduce que la misma se ajusta a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y en el Reglamento de la Cámara y que tanto el acuerdo de inadmisión, como el que desestimó la solicitud de reconsideración, adolecen de falta de motivación expresa, suficiente y adecuada, como exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al desconocerse las razones por las que la Mesa entiende que la iniciativa contiene un juicio de valor. En el escrito de demanda se justifica la trascendencia constitucional del recurso argumentando que, de ser admitido a trámite, permitirá al Tribunal Constitucional fijar el alcance de la potestad que tiene la Mesa de la Asamblea de Madrid para inadmitir propuestas de los diputados y grupos parlamentarios y evitar así el elevado grado de arbitrariedad que muestran sus decisiones, añadiendo que, dado que no hay cauce de tutela ante la jurisdicción ordinaria, el recurso de amparo aparece como el único remedio posible para defender no sólo los derechos de representación política de los diputados integrados en el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, sino también la separación de poderes y la democracia en la Comunidad de Madrid frente a una reiterada inadmisión de iniciativas parlamentarias planteadas por el recurrente y que ha impedido debates esenciales en la Asamblea sobre asuntos de interés público. 4. La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 7 de abril de 2014, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir al Presidente de la Asamblea de Madrid la remisión del testimonio de las actuaciones, acompañándose copia de la demanda a los efectos de su personación en el presente proceso. 5. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 6 de mayo de 2014, acordó tener por personados y parte a los Letrados del cuerpo de Letrados de la Asamblea de Madrid y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 LOTC. 6. Los Letrados de la Asamblea de Madrid, mediante escrito registrado el 16 de junio de 2014, formularon sus alegaciones solicitando la inadmisión a trámite del recurso por no concurrir los presupuestos procesales exigidos al respecto al haberse efectuado, a su juicio, una indebida acumulación de iniciativas parlamentarias de distinto género y materia que han sido objeto de tratamiento en sesiones distintas de la Mesa de la Asamblea de Madrid y, en su defecto, interesan que este Tribunal acuerde que el recurso de amparo no es susceptible de admisión por insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional por parte de los recurrentes (ex art. 49.1 LOTC) y por carecer de la trascendencia constitucional requerida, en los términos exigidos por el art. 50.1 LOTC. Subsidiariamente solicitan que se dicte Sentencia denegando el amparo, al entender que no ha existido vulneración, en ninguno de los supuestos cuestionados, de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23 CE. Expuestos los óbices de admisibilidad anteriormente referidos, los representantes de la Asamblea de Madrid ponen de manifiesto que el presente recurso se incardina en una estrategia articulada por el recurrente para poner en tela de juicio la función de la Mesa de la Asamblea de calificación y admisión a trámite de los escritos parlamentarios, añadiendo que, de ser cierto el entramado de arbitrariedades que se denuncian en la demanda de amparo y que se exponen para justificar la especial trascendencia constitucional del recurso, el recurrente debería haber acudido a la jurisdicción penal, ejerciendo las acciones oportunas contra las personas responsables. Los letrados afirman, asimismo, que dado que el recurso no goza de especial trascendencia constitucional, se pone en práctica una estrategia procesal que comprende la denuncia de arbitrariedad para intentar justificar, sin éxito, dicha trascendencia. Sobre los motivos sustantivos o de fondo del recurso, y comenzando con las comparecencias inadmitidas, los Letrados alegan que los acuerdos de la Mesa se ajustan a Derecho en virtud de lo dispuesto en el art. 49.1 c) del Reglamento de la Asamblea de Madrid y están debidamente motivados, sin que se hayan cercenado las facultades de los parlamentarios incardinadas en el seno del ius in officium del artículo 23 CE, al entender que queda suficientemente motivada la inadmisión por ser el objeto de las mismas «previsiones y explicaciones técnicas imposibles de realizar en este momento al ser Eurovegas aún un proyecto» o por contener su objeto «un juicio de valor» o «por referirse su objeto a una mera voluntad empresarial». En relación con la inadmisión de la comparecencia 417-2013, la defensa de la Mesa aduce que con este acuerdo «se trata de evitar el control parlamentario de los órganos jurisdiccionales, consecuencia derivada de la separación de poderes», por lo que la decisión de la Mesa está debidamente motivada, añadiendo que tal comparecencia sería procedente si tuviera lugar en el seno de la Subcomisión para el estudio de la conciliación de la vida familiar y laboral, pero no es el caso. Por último, y en relación con la proposición no de ley rechazada, los Letrados de la Asamblea de Madrid sostienen que del Estatuto de Autonomía y del Reglamento de la Cámara se deriva una interpretación según la cual se habilita a la Mesa para que pueda desarrollar un control material de este tipo de iniciativas, evitando que la Cámara tenga que pronunciarse sobre conflictos o problemas que no son de su estricta competencia o no sean producto del ejercicio de la función de impulso, orientación y control de la acción de gobierno, y, en este marco, afirman que la inadmisión de la iniciativa está debidamente motivada y es conforme a Derecho, por contener su objeto un juicio de valor al darse por hecho la existencia de nepotismo y patronazgo en el nombramiento de cargos públicos. 7. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones en este Tribunal el 17 de junio de 2014, en el que ha interesado que se dicte Sentencia estimando el recurso de amparo y declarando la nulidad de todas las resoluciones recurridas, por haber vulnerado al recurrente y al Grupo Parlamentario al que representa, el derecho a ejercer en condiciones de igualdad el cargo público representativo reconocido en el art. 23.2 CE. Tras exponer detalladamente los antecedentes de los que trae causa el recurso y constatar que en el presente caso se cumplen todos los requisitos de legitimación necesarios para que el recurrente actúe en su propio nombre y en el del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, el Fiscal entra en la cuestión de fondo recordando, en primer lugar, la doctrina de este Tribunal respecto de los derechos recogidos en el art. 23.2 CE y analizando, en segundo término, los acuerdos de la Mesa de la Asamblea que inadmitieron la solicitud de las catorce comparecencias parlamentarias presentadas. En este sentido, el Ministerio Fiscal reproduce los preceptos del Estatuto de Autonomía de Madrid y del Reglamento de la Asamblea de Madrid relativos a la materia, concluyendo que la Mesa de la Asamblea, al inadmitir las referidas comparecencias, ha realizado un control material o de contenido que ha excedido de la función que le corresponde de conformidad con la normativa aplicable, restringiendo de manera ilegítima los derechos que integran el núcleo de la función parlamentaria de los recurrentes, toda vez que la causa de denegación que se recoge en los acuerdos iniciales de inadmisión se refiere a cuestiones de naturaleza material (al inadmitir las comparecencias solicitadas por referirse a un proyecto o estar referidas a un acto de voluntad empresarial) y no limitarse a comprobar, como le compete a la Mesa, los requisitos formales de la iniciativa. Añadiendo que los acuerdos firmes que desestimaron los escritos de reconsideración carecen de una motivación expresa y suficiente, dado que no contienen ninguna referencia o valoración que permita conocer las razones de tal decisión, ni tienen en cuenta las alegaciones elevadas por el recurrente. Más en concreto, el Fiscal alega que, en el acuerdo de fecha 25 de marzo de 2013 que desestima la reconsideración formulada, la Mesa se limita a reiterar el motivo inicial de inadmisión en relación con las comparecencias 216-2013, 218-2013 220-2013 y 221-2013, lo cual, a su juicio, resulta una motivación claramente insuficiente a la luz de la doctrina de este Tribunal. Por otra parte, en relación con las comparecencias 215-2013, 217-2013, 219-2013, 224-2013, 238-2013, 239-2013 y 260-2013, el acuerdo se limita a inadmitir a trámite el escrito de reconsideración por advertir un error en la fecha del acuerdo recurrido, lo que es calificado por el Fiscal como de un rigorismo excesivo por parte de la Mesa, toda vez que las referidas comparecencias estaban correctamente identificadas en el escrito de reconsideración y el portavoz del Grupo Unión Progreso y Democracia presentó escrito de fecha 8 de abril, corrigiendo dicho error. El Fiscal también se refiere a la solicitud de comparecencia 417-2013, presentada respecto del Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 25 de Madrid ante la Comisión de Asuntos Sociales, afirmando que «el Acuerdo de la Mesa resulta ilógico y arbitrario al denegar la solicitud alegando, sin ningún tipo de razonamiento o justificación, la pretensión de control del órgano jurisdiccional cuando la solicitud de comparecencia del Magistrado estaba formulaba en calidad de experto y a los efectos de informe, por tanto, dentro de las previsiones del art. 211 RAM», razones por las que entiende que los acuerdos de inadmisión de esta comparecencia también vulneraron el derecho del art. 23.2 CE de los recurrentes. Por último, en cuanto a los acuerdos que inadmitieron la proposición no de ley 28-2013, el Fiscal expone que el acuerdo inicial de inadmisión no contiene una motivación específica y suficiente que explique por qué el objeto de la proposición no de ley contiene un juicio de valor, estimando que dicha afirmación no constituye una justificación razonable para poder limitar legítimamente el derecho del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia a presentar dicha iniciativa, añadiendo que la Mesa ha realizado un control de carácter material sin que los preceptos del Estatuto de Autonomía o del Reglamento que regulan este tipo de iniciativas parlamentarias le hayan atribuido tal facultad, siendo la Asamblea el órgano competente para pronunciarse sobre esta materia. Asimismo, aduce que el acuerdo de 1 de abril de 2013, que desestimó el escrito de reconsideración, no hace ningún tipo de valoración respecto de las alegaciones que en dichos escritos se formulan, limitándose a reiterar la causa de inadmisión ya expuesta. En consecuencia, el Fiscal sostiene que los acuerdos impugnados restringen inmotivadamente una facultad vinculada al ejercicio del ius in officium del recurrente y del Grupo Parlamentario al que representa, con la consiguiente vulneración del art. 23.2 CE. 8. Por providencia de 11 de diciembre de 2014, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 15 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. Como se ha expuesto con mayor detalle en los antecedentes de esta Sentencia, el recurso de amparo se dirige contra una serie de acuerdos de la Mesa de la Asamblea de Madrid, por los que se inadmitieron diversas iniciativas parlamentarias presentadas por el portavoz del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia. El demandante de amparo considera que los acuerdos impugnados vulneran el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos según lo dispuesto en el artículo 23.2 CE, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes, previsto en el artículo 23.1 CE. Para el recurrente dichos acuerdos de inadmisión han impedido de forma arbitraria la celebración de varias comparecencias solicitadas y de la tramitación y toma de postura sobre una proposición no de ley que forman parte del núcleo esencial de la función representativa, toda vez que en el Reglamento de la Cámara no existe disposición alguna que autorice a la Mesa a actuar de filtro de dichas iniciativas parlamentarias, más allá de una estricta y rigurosa fiscalización de sus elementos formales, de modo que, como se expone con más detenimiento en los antecedentes de esta Sentencia, el recurrente entiende que los motivos esgrimidos por la Mesa de la Cámara para inadmitir la referidas iniciativas, además de ser insuficientes, exceden del ámbito de control que tiene atribuido el órgano rector, por cuanto tienen que ver con valoraciones jurídicas de oportunidad, impidiendo la tramitación de iniciativas parlamentarias correctamente planteadas, hasta el punto de erigirse en un obstáculo para el ejercicio de la función representativa por haber impedido el debate sobre asuntos de indudable interés público. El Ministerio Fiscal interesa que se dicte Sentencia estimando el recurso de amparo y que se declare la nulidad de todas las resoluciones recurridas, por haber vulnerado el derecho del recurrente a ejercer en condiciones de igualdad el cargo público representativo reconocido en el art. 23.2 CE, de acuerdo con las razones expuestas de forma más detallada en los antecedentes de esta Sentencia. La Asamblea de Madrid formuló alegaciones solicitando la inadmisión a trámite del recurso por no concurrir los presupuestos procesales exigidos al haberse efectuado una indebida acumulación de iniciativas parlamentarias de distinto género y materia que han sido objeto de tratamiento en sesiones distintas de la Mesa y, en su defecto, solicita que este Tribunal acuerde que el recurso de amparo no es susceptible de admisión por carecer de la trascendencia constitucional requerida, en los términos exigidos por los artículos 49.1 y 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Subsidiariamente la representación procesal de la Asamblea de Madrid solicita que se dicte Sentencia denegando el amparo, al no haber existido vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 23 CE, por las razones que han quedado expuestas en los antecedentes de esta Sentencia. 2. Antes de entrar en el fondo de las cuestiones suscitadas en este proceso, es necesario examinar las objeciones de inadmisibilidad alegadas por la representación procesal de la Asamblea de Madrid. En este sentido debemos señalar, en primer lugar, que ningún problema constitucional se deriva de la acumulación en una misma demanda de varias denuncias relativas a la vulneración de los derechos recogidos en el art. 23 CE durante la tramitación de diferentes iniciativas parlamentarias (aunque no tengan la misma naturaleza, como es el caso) siempre que, con respecto a cada una de ellas, se observen los requisitos de procedibilidad correspondientes, pues la línea argumental de todo el recurso es similar, al versar sobre la restricción de las facultades integradas en el ius in officium de los representantes políticos (SSTC 74/2009, de 23 de marzo, FJ 2, y 33/2010, de 19 de julio, FJ 3, entre otras). En segundo lugar, y en relación con la especial trascendencia constitucional del recurso, de las alegaciones de los Letrados de la Asamblea de Madrid se desprende, por un lado, que consideran que la demanda adolece de una insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional (ex art. 49.1 LOTC) y, por otro, que estamos ante un recurso que carece de especial trascendencia constitucional [ex art. 50.1 b) LOTC]. Con respecto al cumplimiento de la carga del demandante de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso debemos señalar que, tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes de esta Sentencia, el demandante hace un esfuerzo argumental tendente a disociar los argumentos dirigidos a evidenciar la existencia de la lesión del derecho fundamental y los razonamientos específicamente dirigidos a justificar que el recurso presenta especial trascendencia constitucional (STC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2), cumpliendo así con el requisito derivado del art. 49.1 LOTC. Por lo que se refiere a la exigencia material de la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo, debemos recordar que se trata de un requisito que sólo corresponde valorar a este Tribunal, ex art. 50.1 b) LOTC, atendiendo para ello a los tres criterios que en el precepto se enuncian (STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2). En este sentido, los amparos parlamentarios, ex art. 42 LOTC, tienen una particularidad respecto del resto de los recursos de amparo, en cuanto al marco de garantías del que disponen los eventuales recurrentes para invocar sus derechos fundamentales, cual es la ausencia de una vía jurisdiccional previa al amparo constitucional en la que postular la reparación de los derechos vulnerados y que se retrotrae, en origen, a la doctrina de los interna corporis acta, según la cual los actos de calificación y admisión de iniciativas parlamentarias no son objeto de fiscalización por los tribunales ordinarios, circunstancia que ha de conjugarse con el ejercicio del ius in officium por parte de los representantes políticos sin perturbaciones ilegítimas y, en última instancia, con el derecho de los propios ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante sus representantes (art. 23.1 CE), lo que sitúa a los amparos parlamentarios, al igual que a los amparos electorales, en una posición especial a la hora de determinar su dimensión objetiva respecto de la valoración de la especial trascendencia constitucional por parte de este Tribunal (STC 155/2009, FJ 2), dada la repercusión general que tiene el ejercicio de la función representativa y que excede del ámbito particular del parlamentario y del grupo en el que se integra. Por otra parte, el presente recurso se inserta en una serie de demandas de amparo presentadas por el mismo recurrente, en las que se denuncia un proceder continuado del órgano rector de la Asamblea de Madrid lesivo del derecho fundamental cuya tutela se reclama y que justificaría la intervención de este Tribunal. Por lo expuesto, las dos causas de inadmisión anteriormente referidas y aducidas por los Letrados de la Asamblea de Madrid deben ser rechazadas. 3. Entrando ya en el análisis de fondo del recurso de amparo, la cuestión suscitada se contrae a determinar si los acuerdos de la Asamblea de Madrid de no admitir a trámite las iniciativas parlamentarias que se mencionan en el encabezamiento de esta Sentencia han vulnerado el derecho del recurrente a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE). Su resolución requiere, en primer término, traer a colación la doctrina constitucional sobre los mencionados derechos fundamentales, para ponerla en conexión con la potestad de la Mesa de la Cámara de calificar y admitir o no a trámite las iniciativas parlamentarias, recogida y perfilada, entre otras muchas, en las SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FFJJ 2 y 3; 107/2001, de 23 de abril, FJ 3; 203/2001, de 15 de octubre, FFJJ 2 y 3; 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 40/2003, de 27 de febrero, FJ 2 y 78/2006, de 13 de marzo, FJ 3. a) De conformidad con la referida doctrina constitucional, recogida de modo sintético en la STC 40/2003, de 27 de febrero, FJ 2, el art. 23.2 CE, que reconoce el derecho de los ciudadanos «a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes», no sólo garantiza el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también que los que hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos y los desempeñen de conformidad con lo que la ley disponga (SSTC 5/1983, de 4 de febrero, FJ 3; 10/1983, de 21 de febrero, FJ 2; 28/1984, de 28 de febrero, FJ 2; 32/1985, de 6 de marzo, FJ 3; 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6 y 40/2003, FJ 2, entre otras). Esta garantía añadida resulta de particular relevancia cuando, como ocurre en el presente caso, la petición de amparo es deducida por los representantes parlamentarios en defensa del ejercicio de sus funciones, ya que en tal supuesto resulta también afectado el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes, reconocido en el art. 23.1 CE (SSTC 161/1988, FJ 6; 181/1989, de 3 de noviembre, FJ 4; 205/1990, de 13 de diciembre, FJ 4; 177/2002, FJ 3 y 40/2003, FJ 2). En una línea jurisprudencial que se inicia con las SSTC 5/1983 y 10/1983, este Tribunal ha establecido una conexión directa entre el derecho de los parlamentarios ex art. 23.2 CE y el que la Constitución atribuye a los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE), pues «puede decirse que son primordialmente los representantes políticos de los ciudadanos quienes dan efectividad a su derecho a participar en los asuntos públicos. De suerte que el derecho del art. 23.2 CE, así como, indirectamente, el que el art. 23.1 CE reconoce a los ciudadanos, quedaría vacío de contenido, o sería ineficaz, si el representante político se viese privado del mismo o perturbado en su ejercicio» (SSTC 38/1999, FJ 2; 107/2001, FJ 3; 203/2001, FJ 2, 177/2002 FJ 3 y 40/2003, FJ 2, entre otras muchas). Ahora bien, ha de recordarse asimismo, como inequívocamente se desprende del inciso final del propio art. 23.2 CE, que se trata de un derecho de configuración legal y esa configuración corresponde a los Reglamentos parlamentarios, a los que compete fijar y ordenar los derechos y atribuciones propios de los parlamentarios, los cuales, una vez creados, quedan integrados en el estatuto propio de su cargo, con la consecuencia de que podrán sus titulares, al amparo del art. 23.2 CE, reclamar la protección del ius in officium que consideren ilegítimamente constreñido o ignorado por actos del poder público, incluidos los provenientes del propio órgano en el que se integren y, en concreto, hacerlo ante este Tribunal por el cauce del recurso de amparo, según lo previsto en el art. 42 de nuestra Ley Orgánica (SSTC 161/1988, FJ 7; 38/1999, FJ 2; 27/2000, de 31 de enero, FJ 4; 107/2001, FJ 3; 203/2001, FJ 2; 177/2002, FJ 3 y 40/2003, FJ 2). Sin embargo, hemos precisado que no cualquier acto del órgano parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officium resulta lesivo del derecho fundamental, pues sólo poseen relevancia constitucional, a estos efectos, los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria, como son indudablemente, el ejercicio de la función legislativa o de control de la acción de Gobierno, siendo vulnerado el art. 23.2 CE si los propios órganos de las Asambleas impiden o coartan su práctica o adoptan decisiones que contraríen la naturaleza de la representación o la igualdad de representantes. Tales circunstancias imponen a los órganos parlamentarios una interpretación restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos derechos o atribuciones que integran el estatuto constitucionalmente relevante del representante público y a motivar las razones de su aplicación, bajo pena, no sólo de vulnerar el derecho fundamental del representante de los ciudadanos a ejercer su cargo (art. 23.2 CE), sino también de infringir el de éstos a participar en los asuntos públicos, ex art. 23.1 CE (SSTC 38/1999, FJ 2; 107/2001, FJ 3 y 40/2003, FJ 2, entre otras muchas). b) En relación con la incidencia del ius in officium del cargo parlamentario en las decisiones que adoptan las Mesas de las Cámaras en el ejercicio de su potestad de calificación y de admisión a trámite de los escritos y documentos a ellas dirigidas, este Tribunal ha declarado, en los extremos que a este recurso de amparo interesan, que ninguna tacha de inconstitucionalidad merece la atribución a las Mesas parlamentarias, estatales o autonómicas, de la función de control de la regularidad legal de los escritos y documentos parlamentarios, sean éstos los dirigidos a ejercer el control de los respectivos ejecutivos, o sean los de carácter legislativo, siempre que tras ese examen de la iniciativa a la luz del canon normativo del Reglamento parlamentario no se esconda un juicio sobre la oportunidad política en los casos en que ese juicio esté atribuido a la Cámara parlamentaria. Pues, en efecto, el órgano que sirve de instrumento para el ejercicio por los ciudadanos de la soberanía participando en los asuntos públicos por medio de representantes es la Asamblea Legislativa, no sus Mesas, que cumplen la función jurídico-técnica de ordenar y racionalizar el funcionamiento de las Cámaras para su mayor eficiencia, precisamente, como tal foro de debate y participación en la cosa pública. De modo que a la Mesa le compete, por estar sujeta al ordenamiento jurídico, en particular a la Constitución, al bloque de la constitucionalidad y a los Reglamentos parlamentarios que regulan sus atribuciones y funcionamiento, y en aras de la mencionada eficacia del trabajo parlamentario, verificar la regularidad jurídica y la viabilidad procesal de las iniciativas, esto es, examinar si las iniciativas cumplen los requisitos formales exigidos por la norma reglamentaria. No obstante, el Reglamento parlamentario puede permitir o, en su caso, establecer, que la Mesa extienda su examen de las iniciativas más allá de la estricta verificación de sus requisitos formales, siempre, claro está, que los escritos y documentos girados a la Mesa vengan, justamente, limitados materialmente por la Constitución, el bloque de la constitucionalidad o el Reglamento parlamentario pertinente. De modo que si la legalidad aplicable no impone límite material alguno a la iniciativa, la verificación de su admisibilidad ha de ser siempre formal, cuidando únicamente la Mesa de que la iniciativa en cuestión cumpla con los requisitos de forma que le exige esa legalidad (SSTC 38/1999, FJ 3; 107/2001, FJ 3; 203/2001, FJ 3; 177/2002, FJ 3 y 40/2003, FJ 2). En suma, la Mesa de la Cámara al decidir sobre la admisión de las iniciativas no podrá en ningún caso desconocer que son manifestación del ejercicio del derecho del parlamentario que las formula y que, por ello, cualquier rechazo arbitrario o no motivado causará lesión de dicho derecho (SSTC 203/2001, FJ 3; 177/2002, FJ 3 y 40/2003, FJ 2). Finalmente, ha de tenerse presente el principio de interpretación más favorable a la eficacia de los derechos fundamentales, que ha sido afirmado por este Tribunal también en relación con el art. 23.2 CE (SSTC 177/2002, FJ 3 y 40/2003, FJ 2). 4. Sentada esta doctrina de carácter general, hemos de proceder al análisis de las lesiones alegadas teniendo en cuenta la normativa configuradora de la potestad de la Mesa de la Cámara de calificar y admitir o no a trámite los escritos y documentos de índole parlamentaria que, en este caso, está constituida por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y por el Reglamento de la Asamblea de Madrid. El Estatuto de Autonomía, en lo que a iniciativas parlamentarias se refiere, se limita a recoger en su art. 16.2 que «el Reglamento establecerá las iniciativas parlamentarias que permitan a la Asamblea ejercer el control ordinario del Gobierno y obtener del mismo y de la Administración de la Comunidad la información precisa para el ejercicio de sus funciones», añadiendo que el Reglamento regulará el procedimiento a seguir para la aprobación por la Asamblea, en el ejercicio de sus funciones de impulso, orientación y control de la acción de gobierno, de resoluciones o mociones de carácter no legislativo. Comenzando por el análisis de las comparecencias rechazadas debemos señalar, en primer lugar, que el art 49.1 c) del Reglamento de la Asamblea de Madrid, en el que se basan expresamente los acuerdos de inadmisión impugnados, establece que corresponde a la Mesa de la Asamblea «calificar los escritos y documentos de índole parlamentaria, resolver sobre la admisión o inadmisión a trámite de los mismos y decidir su tramitación, con arreglo en todo caso a lo dispuesto en el presente Reglamento», siendo en esta primera fase de calificación y admisión a trámite en la que hay que situar el análisis de los acuerdos recurridos. Así, una vez pasado el filtro formal que prevé el citado art. 49.1 c) del Reglamento en materia de comparecencias, el Reglamento de la Cámara se limita a recoger, en el art. 208: «1. Los miembros del Consejo de Gobierno comparecerán ante el Pleno para informar sobre un asunto determinado de su competencia: a) A petición propia. b) Por acuerdo de la Mesa y de la Junta de Portavoces. En este caso, el acuerdo de comparecencia se adoptará a iniciativa de un Grupo Parlamentario o de la quinta parte de los Diputados», y, el art. 209 del Reglamento, que: «1. Los miembros del Consejo de Gobierno comparecerán ante las Comisiones para informar sobre un asunto determinado de su competencia: a) A petición propia … b) Por acuerdo de la Comisión competente en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 70.1 c) y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 70.2 de este Reglamento. El acuerdo de comparecencia se adoptará a iniciativa de un Grupo Parlamentario o de la quinta parte de los Diputados miembros de la Comisión correspondiente». En consecuencia, a la vista de los preceptos reproducidos, a la Mesa en esta fase del procedimiento parlamentario [ex art. 49.1 c) del Reglamento de la Asamblea de Madrid] sólo le corresponde analizar los requisitos de legitimación, así como el ámbito de competencia del requerido, sin que le corresponda rechazar a limine la solicitud de admisión a trámite mediante argumentos de índole material. En segundo término, debemos recordar que este Tribunal se ha ocupado ya en otras ocasiones de la naturaleza de la facultad parlamentaria de instar la comparecencia de determinadas personas y de su régimen jurídico. Con carácter general hay que entender que estas iniciativas cuando, como sucede en este caso, aparecen previstas en el Reglamento de la Cámara, se integran en el ius in officium del representante. En concreto, respecto a las solicitudes de comparecencia que aparecen previstas en las normas o usos parlamentarios, hemos destacado que, «en cuanto su finalidad sea el control del Gobierno, dicha facultad ha de entenderse incluida dentro del núcleo básico de la función parlamentaria garantizado por el art. 23.2 CE» (SSTC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 5; 208/2003 de 1 de diciembre, FJ 5 y 33/2010, de 19 de junio, FJ 5). Por ello, como dijimos en el ATC 181/2003, de 2 de junio, FJ 2, «la Mesa de la Cámara, al decidir sobre la admisión de la iniciativa, no podrá en ningún caso desconocer que es manifestación del ejercicio del derecho del parlamentario que la formula y que, por ello, cualquier rechazo arbitrario o no motivado causará lesión de dicho derecho y, a su través, según hemos indicado, del fundamental del Diputado a desarrollar sus funciones sin impedimentos ilegítimos (STC 203/2001, de 15 de octubre, FJ 3; que reitera, STC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3)». De acuerdo con lo expuesto, corresponde analizar los acuerdos de la Mesa de la Asamblea que inadmitieron un total de catorce solicitudes de comparecencia presentadas por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Trece de esas solicitudes eran respecto de distintos miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid y una de ellas se formuló respecto de una persona que no pertenecía a la organización institucional de dicha Comunidad Autónoma, de conformidad con lo establecido en el art. 211 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. Por lo que se refiere a las solicitudes de comparecencia de miembros del Consejo de Gobierno, los acuerdos de la Mesa de la Asamblea de fechas 25 febrero, 4 de marzo, y 19 de marzo de 2013, que inadmitieron las solicitudes de comparecencia (unas en Comisión y otras en Pleno), 216-2013, 218-2013, 220-2013, 221-2013, 215-2013, 217-2013, 219-2013, 224-2013; 238-2013; 239-2013; 299-2013 y 300-2013, expresaron como motivo de inadmisión el hecho de referirse su objeto a previsiones y explicaciones técnicas imposibles de realizar «por ser aún Eurovegas un simple Proyecto», o referirse su objeto «a una mera voluntad empresarial». En el caso de la solicitud de comparecencia 260-2013, el motivo expresado fue «que el objeto de la comparecencia contenía un juicio de valor». Pues bien, en todos estos casos, un examen de la formulación de las distintas comparecencias, reproducidas en los antecedentes de esta Sentencia, desvela que todas ellas se dirigían a que los comparecientes informaran sobre previsiones de infraestructuras, de creación de empleo, impacto fiscal, impacto sobre la competencia, impacto urbanístico, convocatoria de concurso público para la puesta en marcha en la Comunidad de Madrid del «macrocomplejo Eurovegas» bajo la forma de centro integrado de desarrollo, así como de las conversaciones mantenidas entre el Gobierno de la Comunidad y Las Vegas Sands a efectos de la implantación en la Comunidad de Madrid del referido «macrocomplejo». Así, el contenido de las referidas iniciativas se ajusta a lo dispuesto en los arts. 208.1 y 209.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, en lo que se refiere a los requisitos de legitimación y al ámbito de competencia del requerido, sin que le corresponda a la Mesa, en esta fase del procedimiento parlamentario [ex art. 49.1 c) del Reglamento], rechazar a limine la solicitud de admisión a trámite mediante los argumentos de índole material anteriormente reproducidos. De esta forma, las resoluciones de rechazo de la Mesa, además de extralimitarse en su función de calificación y admisión realizando un juicio de índole material que le está vedado, han contravenido la legalidad parlamentaria al hurtar a los órganos competentes la facultad de adoptar, en su caso, el acuerdo de requerir la comparecencia, lo que ha conllevado también la vulneración del ius in officium del grupo parlamentario proponente. Por otra parte, en los acuerdos que desestima la reconsideración formulada en relación con las comparecencias 216-2013, 218-2013, 220-2013 y 221-2013, la Mesa se limita a reiterar los motivos de inadmisión anteriormente expuestos, sin dar respuesta a las alegaciones concretas elevadas por la parte recurrente, por lo que ha de extenderse a estas resoluciones la argumentación anteriormente expuesta, insistiendo, además, en el deber de los órganos parlamentarios de motivar expresa, suficiente y adecuadamente la aplicación de las normas cuando pueda resultar de la misma una limitación al ejercicio de aquellos derechos y facultades que integran el estatus constitucionalmente relevante de los representantes políticos (SSTC 38/1999, FJ 2; 107/2001, FJ 7; 203/2001, FJ 3; 277/2002, FJ 5 y 40/2003, FJ 6). Respecto de las comparecencias 215-2013, 217-2013, 219-2013, 224-2013, 238-2013, 239-2013 y 260-2013, el acuerdo de fecha 25 marzo se limitó a inadmitir a trámite el escrito de reconsideración por advertir un error material al referirse en dicho escrito «al acuerdo de la Mesa de fecha 25 de febrero», en vez de «al acuerdo de fecha 4 de marzo», quedando, sin embargo, perfectamente identificadas en razón de su objeto y de su número de referencia las comparecencias cuya inadmisión se recurría. Pues bien, fundar el rechazo de la reconsideración exclusivamente en que el recurrente ha errado en la identificación de la fecha de la resolución del acuerdo recurrido es de un rigorismo inadmisible, como bien indica el Ministerio Fiscal, toda vez que quedan perfectamente identificadas las iniciativas cuya inadmisión se somete a reconsideración y porque la propia Mesa en su contestación identifica correctamente las iniciativas en cuestión, con lo que se está indicando que conoce perfectamente a qué supuesto concernía el escrito de reconsideración, siendo de aplicación el principio de interpretación más favorable cuando, como es el caso, está en juego el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 23 CE. Por último, debemos referimos a la solicitud de comparecencia 417-2013, presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia respecto de don F.R.J., Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 25 de Madrid, ante la Comisión de Asuntos Sociales, cuyo objeto era «puntos de Encuentro Familiar de la Comunidad de Madrid, con motivo de la reorganización anunciada por el Gobierno de la Comunidad». En este sentido, el art. 211 del Reglamento establece: «Otras entidades o personas podrán comparecer ante las Comisiones a efectos de informe y asesoramiento sobre materias de competencia o interés de la Comunidad de Madrid por acuerdo de la Comisión competente en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 70.1 e) de este Reglamento, a iniciativa de un Grupo Parlamentario o de la quinta parte de los Diputados miembros de la Comisión correspondiente». De acuerdo con el precepto recurrido, la motivación expresada por la Mesa como causa de inadmisión, tanto en el acuerdo inicial, como en el que resuelve la solicitud de reconsideración, no puede considerarse como una motivación adecuada y coherente con el tipo de solicitud formulada al amparo del art. 211 del Reglamento, pues la solicitud de comparecencia del Magistrado era a los efectos de informar como experto sobre los puntos de encuentro familiar en la Comunidad de Madrid, con motivo de la reorganización de esta materia anunciada por el Gobierno de la Comunidad. El acuerdo de la Mesa resulta ilógico al denegar la solicitud razonando que «no procede el sometimiento a control parlamentario de los órganos jurisdiccionales», cuando la solicitud de comparecencia del Magistrado estaba formulada en calidad de experto y a los efectos de informe, y, por tanto, dentro de las previsiones del art. 211 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. En consecuencia, los acuerdos impugnados, al no haber admitido a trámite las comparecencias solicitadas, han cercenado indebidamente el derecho del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia a ejercer, sin traba ilegítima alguna, las funciones que el Reglamento de la Cámara le confiere, no pudiendo dejar de reiterar que la facultad de solicitar comparecencias pertenece al núcleo de la función representativa parlamentaria, como ya se ha expuesto. 5. Por último, corresponde analizar el acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid de 4 de marzo 2013, que inadmitió a trámite la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, por «contener su objeto un juicio de valor al darse por hecho la existencia de nepotismo y patronazgo en el nombramiento de cargos públicos» y «por no ajustarse la iniciativa a lo dispuesto en los arts. 16.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y 205 RAM», así como el acuerdo de 1 de abril de 2013, que desestimó el escrito de reconsideración y que se limitó a reiterar el motivo ya expresado en el acuerdo de fecha 4 de marzo, sin hacer ninguna referencia o consideración respecto de las razones aducidas por los recurrentes en el escrito de reconsideración. Pues bien, el art. 205 del Reglamento confiere a los grupos parlamentarios la facultad de «presentar proposiciones no de ley a través de las cuales formulen propuestas de resolución a la Asamblea» y, en cuanto a su formulación, el art. 206 del Reglamento únicamente dispone su presentación por escrito y la oportuna calificación y admisión a trámite por parte de la Mesa de la Cámara, previendo su tramitación en el Pleno o Comisión correspondiente, a solicitud del proponente y de la importancia del asunto. La previsión normativa se completa con la posible acumulación de este tipo de iniciativas, a los efectos de su tramitación, cuando su objeto sea el mismo o semejante. En definitiva, de dicha regulación se colige que el papel que corresponde desempeñar a la Mesa en el ejercicio de su función de calificación y admisión a trámite respecto de las proposiciones no de ley se ciñe a la verificación de los requisitos formales reglamentariamente establecidos, sin que se extienda también al examen del contenido material de la iniciativa. Hemos de recordar, asimismo, que la relevancia de las proposiciones no de ley para el ius in officium de los representantes ha sido reconocida reiteradamente por la doctrina de este Tribunal, insistiendo en que se trata de una facultad que pertenece al núcleo de la función representativa parlamentaria y que se configura «como un instrumento para poner en marcha la función de impulso político y control del Gobierno, pero, también, como una vía adecuada para forzar el debate político y obligar a que los distintos Grupos de la Cámara y esta misma tengan que tomar expresa posición sobre un asunto o tema determinado, por lo que, en razón de esta doble naturaleza, las Mesas de las Cámaras, en tanto que órganos de administración y gobierno interior, han de limitar sus facultades de calificación y admisión a trámite al exclusivo examen de los requisitos reglamentariamente establecidos. De lo contrario, no sólo estarían asumiendo bajo un pretendido juicio técnico una decisión política que sólo al Pleno o a las comisiones de las Cámaras corresponde, sino, además, y desde la óptica de la representación democrática, estarían obstaculizando la posibilidad de que se celebre un debate público entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria, cuyos efectos representativos ante los electores se cumplen con su mera existencia, al margen, claro está, de que la iniciativa, en su caso, prospere» (SSTC 40/2003, FJ 7 y 78/2006, FJ 3). Así, como se ha expuesto, ninguna restricción material se deriva del art. 16.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, ni del art. 205 del Reglamento de la Asamblea de Madrid para la presentación de este tipo de iniciativas y, por consiguiente, no existe disposición alguna que proscriba, a limine, la admisión a trámite de proposiciones no de ley en función de los posibles juicios de valor que contengan. Por otra parte, como también indica el Ministerio Fiscal, del razonamiento con el que se acompaña a las resoluciones del órgano rector de la Cámara no es posible deducir la razón por la que la iniciativa «no se ajusta» a lo dispuesto en la normativa aplicable, lo que hace necesario insistir, como ya hemos hecho en el fundamento jurídico anterior, en el deber de los órganos parlamentarios de motivar expresa, suficiente y adecuadamente la aplicación de las normas cuando pueda resultar de la misma una limitación al ejercicio de aquellos derechos y facultades que integran el estatuto constitucionalmente relevante de los representantes políticos (SSTC 38/1999, FJ 2; 107/2001, FJ 7; 203/2001, FJ 3; 277/2002, FJ 5 y 40/2003, FJ 6). La aplicación de la doctrina constitucional resumida en el fundamento jurídico tercero de esta Sentencia, a la luz de los preceptos reglamentarios anteriormente citados, conduce a afirmar que los acuerdos impugnados han cercenado indebidamente el derecho del recurrente a ejercer, sin traba ilegítima alguna, las funciones que el Reglamento de la Cámara le confiere, hurtando, además, al Pleno de la Asamblea de Madrid la posibilidad de debatir y pronunciarse sobre la iniciativa propuesta. 6. Las anteriores conclusiones conducen necesariamente, como ha quedado expuesto, al otorgamiento del amparo solicitado contra todos los acuerdos impugnados de la Asamblea de Madrid, si bien es necesario precisar el alcance de nuestro fallo, pues, a diferencia de lo sucedido en otras ocasiones, en que la adopción de las resoluciones impugnadas tuvo lugar en una legislatura ya finalizada, por lo que no cabía adoptar en el fallo de nuestra Sentencia una medida destinada al pleno restablecimiento del derecho vulnerado (por todas, SSTC 107/2001, FJ 10; 177/2002, FJ 11; 40/2003, FJ 9; 74/2009, FJ 5 y 44/2010, FJ 6), en el presente caso las resoluciones impugnadas han sido adoptadas en una legislatura aún no finalizada, lo que permite un pronunciamiento destinado a conseguir el pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participación política (art. 23.2 CE) del Diputado recurrente en amparo, tal como éste interesa. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Otorgar el amparo solicitado por don Luis de Velasco Rami, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid y, en consecuencia: 1.º Declarar que se ha vulnerado su derecho a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE). 2.º Restablecer al recurrente en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los siguientes acuerdos de la Mesa de la Asamblea de Madrid: de 25 de febrero de 2013, por el que se inadmitieron a trámite las solicitudes de comparecencia 216-2013, 218-2013, 220-2013 y 221-2013, y de 25 de marzo de 2013, desestimatorio de la reconsideración; de 4 de marzo de 2013 por el que se inadmitieron a trámite las solicitudes de comparecencia 215-2013, 217-2013, 219-2013, 224-2013, 238-2013, 239-2013 y 260-2013, y de 25 de marzo de 2013, desestimatorio de la reconsideración; de 19 de marzo de 2013 por el que se inadmitieron a trámite las solicitudes de comparecencia 299-2013 y 300-2013, y de 15 de abril de 2013, desestimatorio de la reconsideración; de 1 de abril de 2013 por el que se inadmitió a trámite las solicitud de comparecencia 417-2013, y de 22 de abril de 2013, desestimatorio de la reconsideración; y de 4 de marzo de 2013, por el que se inadmitió a trámite la proposición no de ley 28-2013, así como el acuerdo de 1 de abril de 2013, desestimatorio de la reconsideración. 3.º Retrotraer las actuaciones al momento anterior al de dictarse los citados acuerdos de inadmisión de 25 de febrero, 4 de marzo y 1 de abril, todos ellos de 2013, para que la Mesa de la Asamblea de Madrid adopte nuevas resoluciones respetuosas con el derecho fundamental reconocido. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a quince de diciembre de dos mil catorce.–Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.

Obtiene la nacionalidad española por decreto Jhoan Sebastián Guzmán Bitar.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 4140-2013, promovido por don Luis de Velasco Rami,portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, representado por la Procuradora de los Tribunales doña María José Bueno Ramírez y defendido por el Letrado don Andrés Herzog Sánchez, contra los siguientes acuerdos de la Mesa de la Asamblea de Madrid: de 25 de febrero de 2013, por el que se inadmitieron a trámite las solicitudes de comparecencia 216-2013, 218-2013, 220-2013 y 221-2013, y de 25 de marzo de 2013, desestimatorio de la reconsideración; de 4 de marzo de 2013 por el que se inadmitieron a trámite las solicitudes de comparecencia 215-2013, 217-2013, 219-2013, 224-2013, 238-2013, 239-2013 y 260-2013, y de 25 de marzo de 2013, desestimatorio de la reconsideración; de 19 de marzo de 2013 por el que se inadmitieron a trámite las solicitudes de comparecencia 299-2013 y 300-2013, y de 15 de abril de 2013, desestimatorio de la reconsideración; de 1 de abril de 2013 por el que se inadmitió a trámite las solicitud de comparecencia 417-2013, y de 22 de abril de 2013, desestimatorio de la reconsideración; y de 4 de marzo de 2013, por el que se inadmitió a trámite la proposición no de ley 28-2013, así como el acuerdo de 1 de abril de 2013, desestimatorio de la reconsideración. Ha comparecido la Asamblea de Madrid, a través de sus representantes. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. La Procuradora de los Tribunales doña María José Bueno Ramírez, en nombre y representación de don Luis de Velasco Rami, portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, interpuso demanda de amparo contra los acuerdos parlamentarios que se mencionan en el encabezamiento de esta Sentencia, mediante escrito registrado en este Tribunal el 3 de julio de 2013. 2. El recurso tiene su origen en la inadmisión, por parte de la Mesa de la Asamblea de Madrid, de las iniciativas parlamentarias que a continuación se relacionan. a) Por acuerdos de 25 febrero de 2013 la Mesa de la Asamblea de Madrid inadmitió a trámite las siguientes solicitudes de comparecencia: – Comparecencia 216-2013, por la que se solicitaba la comparecencia del Sr. Consejero de Trasportes, Infraestructura y Vivienda ante el Pleno, con el objeto de informar sobre «las previsiones de infraestructuras de esa Consejería con motivo de la implantación en la Comunidad de Madrid del macrocomplejo Eurovegas». – Comparecencia 218-2013, por la que se solicitaba la comparecencia de la Sra. Consejera de Empleo, Turismo y Cultura ante el Pleno, cuyo objeto era «previsiones de creación de empleo de esa Consejería con motivo de la implantación en la Comunidad de Madrid del macrocomplejo Eurovegas». – Comparecencia 220-20213, por la que se solicitaba la comparecencia del Sr. Consejero de Economía y Hacienda ante el Pleno, cuyo objeto era informar sobre las «previsiones de su Consejería sobre el impacto fiscal que tendrá la implantación en la Comunidad de Madrid del macrocomplejo Eurovegas». – Comparecencia 221-2013, por la que se solicitaba la comparecencia del Sr. Consejero de Economía y Hacienda ante el Pleno, cuyo objeto era «previsiones de su Consejería sobre el impacto en la competencia que tendrá la implantación en la Comunidad de Madrid del macrocomplejo Eurovegas». Respecto de estas cuatro iniciativas la Mesa acuerda «su no admisión a trámite por referirse su objeto a previsiones y explicaciones técnicas imposibles de realizar en este momento al ser Eurovegas aún un proyecto». Frente a los anteriores acuerdos de inadmisión el Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presentó escrito de reconsideración, de conformidad con lo previsto en el art. 49.2 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. La Mesa de la Asamblea de Madrid desestimó, por acuerdo de 25 de marzo de 2013, los escritos de reconsideración presentados y confirmó los acuerdos iniciales limitándose a reiterar el motivo de inadmisión expresado en dichos acuerdos, sin hacer valoración o consideración alguna respecto de las alegaciones elevadas en los escritos de reconsideración. b) Por acuerdo de 4 de marzo de 2013 la Mesa de la Asamblea de Madrid inadmitió a trámite las siguientes solicitudes de comparecencia: – Comparecencia 215-2013, por la que se solicitaba la comparecencia del Sr. Consejero de Economía y Hacienda ante la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda, cuyo objeto era informar sobre las «previsiones de su Consejería sobre el impacto en la competencia que tendrá la implantación en la Comunidad de Madrid del macrocomplejo Eurovegas». – Comparecencia 217-2013, por la que se solicitaba la comparecencia del Sr. Consejero de Trasportes, Infraestructuras y Vivienda ante la Comisión de Trasportes, Infraestructuras y Vivienda, cuyo objeto era «previsiones de infraestructuras de esa Consejería con motivo de la implantación en la CAM del macrocomplejo Eurovegas». – Comparecencia 219-2013, por la que se solicitaba la comparecencia de la Sra. Consejera de Empleo, Turismo y Cultura ante la Comisión de Empleo, Turismo y Cultura, cuyo objeto era «previsiones de creación de empleo de esa Consejería con motivo de la implantación en la Comunidad de Madrid del macrocomplejo Eurovegas». – Comparecencia 224-2013, por la que se solicitaba la comparecencia del Sr. Consejero de Economía y Hacienda ante la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda, cuyo objeto era informar sobre las «previsiones de su Consejería sobre el impacto fiscal que tendrá la implantación en la Comunidad de Madrid del macrocomplejo Eurovegas». – Comparecencia 238-2013, por la que se solicitaba la comparecencia del Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ante el Pleno, cuyo objeto era «previsiones de su Consejería sobre el impacto urbanístico con motiv ### RESUMEN: Obtiene la nacionalidad española por decreto Jhoan Sebastián Guzmán Bitar.

A propuesta de la Ministra de Justicia en atención a las circunstancias excepcionales que concurren en don Jhoan Sebastián Guzmán Bitar, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de mayo de 2022, Vengo en conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Jhoan Sebastián Guzmán Bitar, con vecindad civil de derecho común. Esta concesión producirá efectos con los requisitos, las condiciones y los plazos previstos en el Código Civil. Dado en Madrid, el 17 de mayo de 2022. FELIPE R. La Ministra de Justicia, MARÍA PILAR LLOP CUENCA

El TC inadmite el recurso a Carmen Colomina Martínez, que objetó Educación para la Ciudadanía: a su niño no le tocaba en ese curso. No hay interés legítimo.

A propuesta de la Ministra de Justicia en atención a las circunstancias excepcionales que concurren en don Jhoan Sebastián Guzmán Bitar, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de mayo de 2022, Vengo en conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Jhoan Sebastián Guzmán Bitar, con vecindad civil de derecho común. Esta concesión producirá efectos con los requisitos, las condiciones y los plazos previstos en el Código Civil. Dado en Madrid, el 17 de mayo de 2022. FELIPE R. La Ministra de Justicia, MARÍA PILAR LLOP CUENCA ### RESUMEN: El TC inadmite el recurso a Carmen Colomina Martínez, que objetó Educación para la Ciudadanía: a su niño no le tocaba en ese curso. No hay interés legítimo.

Mediante la Orden de 21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, se dio cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional segunda, 2 de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dispone que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas solo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente. Desde su publicación, la Orden de 21 de julio de 1994 ha sido objeto de numerosas modificaciones y actualizaciones, siendo ahora necesario proceder a una nueva modificación. De acuerdo con todo lo anterior se procede, mediante la presente orden, y previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos, a la creación de un nuevo fichero de datos de carácter personal denominado «Sistema de notificación de incidencias acuáticas (AQUATICUS)». Este fichero permitirá la notificación y registro, por parte de las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de las situaciones de incidencia que se produzcan en piscinas así como en otras zonas de baño y otros medios acuáticos. En su virtud, dispongo: Artículo 1. Creación de fichero. Se amplía el contenido del anexo 2 «Ficheros de Carácter Administrativo» de la Orden de 21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, con la creación de un nuevo fichero, automatizado, denominado «Sistema de notificación de incidencias acuáticas (AQUATICUS)» cuyos datos figuran en el anexo de esta orden. Artículo 2. Gestión y organización del fichero. La persona titular de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, órgano responsable de este fichero, adoptará, bajo la superior dirección de la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las medidas de gestión y organización que sean necesarias, asegurando, en todo caso, la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, así como las conducentes a hacer efectivas las garantías, obligaciones y derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y demás normas de desarrollo. Artículo 3. Empleo de los datos contenidos en el fichero. Los datos de carácter personal registrados en el fichero relacionado en el anexo solo serán utilizados para los fines expresamente previstos, y por el personal debidamente autorizado. Artículo 4. Cesión de datos. Los datos contenidos en estos ficheros sólo podrán ser cedidos en los supuestos expresamente previstos por la ley. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 29 de junio de 2015.–El Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso Aranegui. ANEXO Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación Denominación del fichero: «Sistema de notificación de incidencias acuáticas (AQUATICUS)». Finalidad y usos previstos: facilitar el cumplimiento de la obligatoriedad de notificar las situaciones de incidencia en piscinas y permitir el registro de las situaciones de incidencia que se produzcan en estas. El artículo 13 del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, hace referencia a las situaciones de incidencia en piscinas y en el artículo 13.4 refiere que «la autoridad competente deberá notificarlo, en el plazo máximo de un mes, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La notificación se realizará por medio electrónico o comunicación electrónica a través de la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y contendrá la información descrita en el anexo V». Además, este sistema de notificación, permitirá el registro de las situaciones de incidencia que se produzcan en otras zonas de aguas de baño y otros medios acuáticos que, las comunidades autónomas y ciudades autónomas, quieran notificar de forma voluntaria. Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal: personas que hayan sufrido algún tipo de incidencia en una piscina y personas que hayan sufrido algún tipo de incidencia en otra zona de baño u otro medio acuático. Procedencia y procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Los datos, de cada una de las incidencias, serán comunicados por la comunidad autónoma o ciudad autónoma donde haya tenido lugar la incidencia, a través de las personas autorizadas para tal fin. La introducción de datos, por parte de las comunidades autónomas o ciudades autónomas, se realizará mediante un formulario web, en la aplicación AQUATICUS. Estructura básica del fichero: Base de datos. Datos de carácter personal incluidos en el fichero: El fichero contiene, para cada una de las incidencias ocurridas, los siguientes datos: comunidad autónoma o ciudad autónoma; provincia; municipio; tipo de piscina o de zona de aguas de baño o de medio acuático; denominación de la piscina, zona de aguas de baño o medio acuático; dirección postal; tipo de incidencia; fecha de la incidencia; número de afectados; sexo; edad; acciones; actividad que se desarrollaba cuando ocurrió la incidencia; intervención realizada; otros datos relacionados con el incidente; seguimiento de la incidencia y desenlace. La base de datos incluye también la relación de profesionales, de las comunidades autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla, autorizados a realizar las notificaciones de las incidencias antes mencionadas. Cesión de datos de carácter personal y/o transferencias de datos que se prevean a terceros países: Los datos son aportados por las personas designadas de las comunidades autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla; estas personas pueden acceder únicamente a explotar los datos que se hayan aportado de la comunidad autónoma o ciudad autónoma que les ha designado. Responsable del fichero: Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología. Paseo Prado, 18-20. 28071 Madrid. Servicios ante los cuales se podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología- Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Paseo del Prado, 18-20. 28071 Madrid. Medidas de Seguridad con indicación de nivel: Nivel alto. Sistema de tratamiento: Automatizado.

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Mediante la Orden de 21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, se dio cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional segunda, 2 de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dispone que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas solo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente. Desde su publicación, la Orden de 21 de julio de 1994 ha sido objeto de numerosas modificaciones y actualizaciones, siendo ahora necesario proceder a una nueva modificación. De acuerdo con todo lo anterior se procede, mediante la presente orden, y previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos, a la creación de un nuevo fichero de datos de carácter personal denominado «Sistema de notificación de incidencias acuáticas (AQUATICUS)». Este fichero permitirá la notificación y registro, por parte de las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de las situaciones de incidencia que se produzcan en piscinas así como en otras zonas de baño y otros medios acuáticos. En su virtud, dispongo: Artículo 1. Creación de fichero. Se amplía el contenido del anexo 2 «Ficheros de Carácter Administrativo» de la Orden de 21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, con la creación de un nuevo fichero, automatizado, denominado «Sistema de notificación de incidencias acuáticas (AQUATICUS)» cuyos datos figuran en el anexo de esta orden. Artículo 2. Gestión y organización del fichero. La persona titular de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, órgano responsable de este fichero, adoptará, bajo la superior dirección de la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las medidas de gestión y organización que sean necesarias, asegurando, en todo caso, la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, así como las conducentes a hacer efectivas las garantías, obligaciones y derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y demás normas de desarrollo. Artículo 3. Empleo de los datos contenidos en el fichero. Los datos de carácter personal registrados en el fichero relacionado en el anexo solo serán utilizados para los fines expresamente previstos, y por el personal debidamente autorizado. Artículo 4. Cesión de datos. Los datos contenidos en estos ficheros sólo podrán ser cedidos en los supuestos expresamente previstos por la ley. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 29 de junio de 2015.–El Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso Aranegui. ANEXO Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación Denominación del fichero: «Sistema de notificación de incidencias acuáticas (AQUATICUS)». Finalidad y usos previstos: facilitar el cumplimiento de la obligatoriedad de notificar las situaciones de incidencia en piscinas y permitir el registro de las situaciones de incidencia que se produzcan en estas. El artículo 13 del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, hace referencia a las situaciones de incidencia en piscinas y en el artículo 13.4 refiere que «la autoridad competente deberá notificarlo, en el plazo máximo de un mes, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La notificación se realizará por medio electrónico o comunicación electrónica a través de la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y contendrá la información descrita en el anexo V». Además, este sistema de notificación, permitirá el registro de las situaciones de incidencia que se produzcan en otras zonas de aguas de baño y otros medios acuáticos que, las comunidades autónomas y ciudades autónomas, quieran notificar de forma voluntaria. Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal: personas que hayan sufrido algún tipo de incidencia en una piscina y personas que hayan sufrido algún tipo de incidencia en otra zona de baño u otro medio acuático. Procedencia y procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Los datos, de cada una de las incidencias, serán comunicados por la comunidad autónoma o ciudad autónoma donde haya tenido lugar la incidencia, a través de las personas autorizadas para tal fin. La introducción de datos, por parte de las comunidades autónomas o ciudades autónomas, se realizará mediante un formulario web, en la aplicación AQUATICUS. Estructura básica del fichero: Base de datos. Datos de carácter personal incluidos en el fichero: El fichero contiene, para cada una de las incidencias ocurridas, los siguientes datos: comunidad autónoma o ciudad autónoma; provincia; municipio; tipo de piscina o de zona de aguas de baño o de medio acuático; denominación de la piscina, zona de aguas de baño o medio acuático; dirección postal; tipo de incidencia; fecha de la incidencia; número de afectados; sexo; edad; acciones; actividad que se desarrollaba cuando ocurrió la incidencia; intervención realizada; otros datos relacionados con el incidente; seguimiento de la incidencia y desenlace. La base de datos incluye también la ### RESUMEN: Más entidades adheridas al código de buenas prácticas bancarias. Ya son 100.

I El sistema financiero desempeña un conjunto de funciones que resultan vitales para el buen funcionamiento de la economía. En primer lugar, permite poner en contacto a las unidades económicas con superávit y déficit de ahorro, facilitando así la financiación de los proyectos empresariales. Además, el sistema financiero dota de liquidez a inversiones que en principio podrían ser ilíquidas ya sea a través de la transformación de vencimientos por parte de los intermediarios financieros, o a través de la creación de mercados secundarios donde los inversores puedan desprenderse de sus valores antes de que llegue la fecha de vencimiento de los mismos. Por último, cabría destacar su papel en la gestión del riesgo. Así, un sistema financiero desarrollado permite a cada inversor encontrar la combinación de rentabilidad y riesgo que más se adapta a sus características o a sus preferencias. Aunque los episodios más importantes de crisis financieras han estado relacionados con las entidades de crédito, los quebrantos de otro tipo de entidades financieras también han tenido importantes consecuencias a lo largo de la historia. Asimismo, en tanto que entidades de crédito y empresas de servicios de inversión se encuentran sometidas en muchas ocasiones a riesgos similares, se justifica una regulación común en materia prudencial. Por este motivo, toda la normativa europea de solvencia, es decir, el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 y la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, basada en el «Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios» (Basilea III), extiende sus efectos a las empresas de servicios de inversión. Estas normas prevén unos requisitos de capital y liquidez así como de organización interna que, sin duda, contribuyen a reducir la probabilidad de aparición de episodios de insolvencia y que aumentan la resistencia de las empresas de servicios de inversión a periodos de tensión financiera. Sin embargo, no es menos cierto que, en algunas ocasiones, estos requisitos pueden suponer cargas regulatorias desproporcionadas en función del tamaño y la naturaleza de las empresas de servicios de inversión españolas. Por ello, atendiendo a que la mayoría de las empresas de servicios de inversión realizan actividades que distan mucho en términos de escala, naturaleza y complejidad de las realizadas por las entidades de crédito, la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, y el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, prevén exenciones para las empresas de servicios de inversión de menor complejidad. II La Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, fue transpuesta al ordenamiento jurídico nacional en dos etapas. En una primera fase, el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, transpuso aquellos aspectos más urgentes de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, cuya no transposición podría haber dificultado el ejercicio por parte del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de las nuevas facultades que atribuía esta Directiva así como su propia operatividad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. Más tarde, la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, acometería la plena incorporación al derecho español de las disposiciones de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, cuya transposición precisaba rango legal. En particular, las disposiciones en materia de empresas de servicios de inversión fueron incorporadas a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, a través de la disposición final primera. Este real decreto tiene por objeto, por un lado, culminar la transposición de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, y, por otro, convertir el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, en la principal normativa con rango reglamentario en materia de ordenación, supervisión y solvencia de empresas de servicios de inversión. III Este real decreto consta de un único artículo que introduce una serie de modificaciones en el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero. Así, los apartados dos y tres desarrollan los requisitos de idoneidad que deben cumplir los miembros del consejo de administración, directores generales y otros puestos clave de las empresas de servicios de inversión. Esos requisitos se agrupan en tres categorías: honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y experiencia y capacidad para ejercer un buen gobierno que deberán ser evaluados de forma continua tanto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como por las propias empresas de servicios de inversión. Por su parte, el apartado diez introduce una serie de artículos que desarrollan las funciones de los tres comités con los que deben contar las empresas de servicios de inversión según lo previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, el comité de nombramientos, el comité de remuneraciones y el comité de riesgos. Entre las funciones del primero de estos comités cabe destacar la de fijar un objetivo de representación para el sexo menos representado en el consejo de administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo. Asimismo este apartado desarrolla las obligaciones de publicidad en materia de gobierno corporativo y política de remuneraciones. El grueso de las modificaciones se encuentra en el apartado doce que añade dos nuevos títulos al Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero. El primero de ellos contiene las disposiciones sobre solvencia de las empresas de servicios de inversión adicionales a las del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. Dentro de este título, el capítulo I recoge las obligaciones de las empresas de servicios de inversión de contar con estrategias y procedimientos que les permitan evaluar la adecuación del capital mantenido a la naturaleza, escala y complejidad de su actividad. Asimismo, se establecen una serie de pautas que deben seguir las empresas de servicios de inversión para gestionar los distintos riesgos a los que se enfrentan (riesgo de crédito y contraparte, riesgo de liquidez, riesgo de tipo de interés, riesgo de titulización, riesgo operacional…). Por su parte, el capítulo II contiene el régimen de colchones de capital de nivel 1 ordinario adicionales a los establecidos con carácter ordinario en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. Siguiendo la estructura de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, este capítulo se remite al capítulo equivalente del Real Decreto 84/2014, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio. El segundo título que añade el apartado doce recoge las disposiciones que regulan la función supervisora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se divide en cuatro capítulos. El capítulo I recoge el contenido de la revisión y evaluación supervisora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta supervisión deberá prestar especial atención al uso de métodos internos para el cálculo de los requisitos de solvencia. El segundo capítulo contiene el ámbito subjetivo de la función supervisora. En particular, se fijan una serie de normas para determinar a qué autoridad competente corresponderá la supervisión en base consolidada cuando el ente a supervisar es un grupo consolidable de empresas de servicios de inversión que opera en varios Estados. Adicionalmente, el capítulo III recoge el marco de colaboración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con otras autoridades competentes. Destacan en este capítulo los artículos relativos al funcionamiento de los colegios de supervisores, a la adopción de decisiones conjuntas en materia de supervisión prudencial o el procedimiento de declaración de sucursales significativas. Por último, el capítulo IV recoge una serie de obligaciones de publicidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de las empresas de servicios de inversión. La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá publicar, entre otros, los criterios y la metodología que utiliza para revisar los procedimientos aplicados por las empresas de servicios de inversión para dar cumplimiento a la normativa de solvencia. Por su parte, las empresas de servicios de inversión deberán publicar un informe denominado «Información sobre solvencia» que contenga información sobre aquellos aspectos de su actividad que permitan a otros agentes evaluar el riesgo de sus exposiciones. Este real decreto ha sido sometido a informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de mayo de 2015, DISPONGO: Artículo único. Modificación del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre. El Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, queda modificado como sigue: Uno. Se modifican las letras e) y f) del apartado 1 del artículo 5 como sigue: «e) La colocación de instrumentos financieros sin base en un compromiso firme. f) El aseguramiento de instrumentos financieros o colocación de instrumentos financieros sobre la base de un compromiso firme.» Dos. Se modifica la letra e) del apartado 1, se elimina el apartado 2 y el apartado 3 del artículo 14 pasa a ser el apartado 2 con la siguiente redacción: «e) Contar con un consejo de administración formado por al menos tres miembros. Los miembros del consejo de administración, así como los directores generales o asimilados y los responsables de funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de una empresa de servicios de inversión, deberán cumplir con los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno establecidos en el artículo 67.4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Estos requisitos también se exigirán a las personas físicas que representen a las personas jurídicas en los consejos de administración. Asimismo, deberán cumplir dichos requisitos los miembros del consejo de administración, así como los directores generales o asimilados y los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave en el desarrollo diario de la actividad de la sociedad dominante de una empresa de servicios de inversión, así como los administradores de las entidades dominantes de las empresas de asesoramiento financiero, cuando aquellas no se hubiesen dotado de un consejo de administración. A la hora de valorar dichos requisitos, se tendrá en cuenta la naturaleza, escala y complejidad de las funciones desempeñadas por estas personas respecto a la empresa de servicios de inversión. 2. Las empresas de servicios de inversión deberán cumplir en todo momento los requisitos previstos en el apartado 1 de este artículo. No obstante: a) Sólo podrá ser revocada la autorización por falta de idoneidad de algún socio de modo excepcional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69.11 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. b) Por falta de honorabilidad comercial o profesional de consejeros o directores, sólo procederá la revocación si los afectados no cesan en sus cargos en un mes contado desde el requerimiento que, a tal efecto, le dirija la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No se considerará que hay falta de honorabilidad sobrevenida por la mera circunstancia de que estando en el ejercicio de su cargo un consejero o director sea inculpado o procesado por alguno de los delitos mencionados en el artículo 67.2.f), tercer párrafo, de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.» Tres. Se añaden los artículos 14 bis a 14 sexies con la siguiente redacción: «Artículo 14 bis. Requisitos de honorabilidad comercial y profesional. 1. Concurrirá la honorabilidad comercial y profesional exigida en el artículo 67.4.a) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y en el artículo 14.1.e) de este real decreto, en quienes hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la empresa de servicios de inversión. 2. Para valorar la concurrencia de honorabilidad comercial y profesional se deberá considerar toda la información disponible, incluyendo: a) La trayectoria del cargo en cuestión en su relación con las autoridades de regulación y supervisión; las razones por las que hubiera sido despedido o cesado en puestos o cargos anteriores; su historial de solvencia personal y de cumplimiento de sus obligaciones; su actuación profesional, si hubiese ocupado cargos de responsabilidad en empresas de servicios de inversión que hayan estado sometidas a un proceso de actuación temprana o resolución; o si hubiera estado inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los quebrados y concursados no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida ley. b) La condena por la comisión de delitos o faltas y la sanción por la comisión de infracciones administrativas teniendo en cuenta: 1.º El carácter doloso o imprudente del delito, falta o infracción administrativa. 2.º Si la condena o sanción es o no firme. 3.º La gravedad de la condena o sanción impuestas. 4.º La tipificación de los hechos que motivaron la condena o sanción, especialmente si se tratase de delitos societarios, contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, delitos de blanqueo de capitales o receptación o si supusiesen infracción de las normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria, de seguros o del mercado de valores, o de protección de los consumidores. 5.º Si los hechos que motivaron la condena o sanción se realizaron en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le hubiese sido confiada, y en su caso, la relevancia de los hechos por los que se produjo la condena o sanción en relación con las funciones que tenga asignadas o vayan a asignarse al cargo en cuestión en la empresa de servicios de inversión. 6.º La prescripción de los hechos ilícitos de naturaleza penal o administrativa o la posible extinción de la responsabilidad penal. 7.º La existencia de circunstancias atenuantes y la conducta posterior desde la comisión del delito o infracción. 8.º La reiteración de condenas o sanciones por delitos, faltas o infracciones. A efectos de valorar lo previsto en esta letra, la empresa de servicios de inversión remitirá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un certificado de antecedentes penales de la persona objeto de valoración. Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores consultará las bases de datos de la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación sobre sanciones administrativas y podrá establecer un comité de expertos independientes con el objeto de informar los expedientes de valoración en los que concurra condena por delitos o faltas. c) La existencia de investigaciones relevantes fundamentadas en indicios racionales, tanto en el ámbito penal como administrativo, sobre alguno de los hechos mencionados en la letra b).4º. No se considerará que hay falta de honorabilidad sobrevenida por la mera circunstancia de que, estando en el ejercicio de su cargo, un consejero, director general o asimilado, u otro empleado responsable del control interno o que ocupe un puesto clave en el desarrollo de la actividad general de la entidad sea objeto de dichas investigaciones. 3. Si durante el ejercicio de su actividad concurriese en la persona evaluada, alguna de las circunstancias previstas en el apartado anterior y esta resultase relevante para la evaluación de su honorabilidad, la empresa de servicios de inversión lo comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el plazo máximo de quince días hábiles desde su conocimiento. 4. Los miembros del consejo de administración, directores generales o asimilados y otros empleados que sean responsables de las funciones de control interno u ocupen puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la empresa de servicios de inversión que tuviesen conocimiento de que concurren en su persona alguna de las circunstancias descritas en el apartado 2, deberán informar de ello a su entidad. Artículo 14 ter. Requisitos de conocimientos y experiencia. 1. Poseerán los conocimientos y experiencia exigidos conforme al artículo 67.4.b) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y al artículo 14.1.e) de este real decreto quienes cuenten con formación del nivel y perfil adecuado, en particular en las áreas de servicios de inversión, banca y otros servicios financieros, y experiencia práctica derivada de sus anteriores ocupaciones durante periodos de tiempo suficientes. Se tendrán en cuenta para ello, tanto los conocimientos adquiridos en un entorno académico, como la experiencia en el desarrollo profesional de funciones similares a las que van a desarrollarse en otras entidades o empresas. 2. En la valoración de la experiencia práctica y profesional se deberá prestar especial atención a la naturaleza y complejidad de los puestos desempeñados, las competencias y poderes de decisión y responsabilidades asumidos, así como el número de personas a su cargo, el conocimiento técnico alcanzado sobre el sector financiero y los riesgos que deben gestionar. En todo caso, los criterios de conocimientos de experiencia se aplicarán valorando la naturaleza, escala y complejidad de la actividad de cada empresa de servicios de inversión y las concretas funciones y responsabilidades del puesto asignado a la persona evaluada. 3. Asimismo, el consejo de administración deberá contar con miembros que, considerados en su conjunto, reúnan suficiente experiencia profesional en el gobierno de empresas de servicios de inversión para asegurar la capacidad efectiva del consejo de administración de tomar decisiones de forma independiente y autónoma en beneficio de la entidad. Artículo 14 quáter. Capacidad para ejercer un buen gobierno de la empresa de servicios de inversión. Para valorar la capacidad de los miembros del consejo de administración de ejercer un buen gobierno de la empresa de servicios de inversión, conforme a lo exigido por el artículo 67.4.c) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y por el artículo 14.1.e) de este real decreto se tendrá en cuenta: a) La presencia de potenciales conflictos de interés que generen influencias indebidas de terceros derivados de: 1.º Los cargos desempeñados en el pasado o en el presente en la misma empresa de servicios de inversión o en otras organizaciones privadas o públicas. 2.º Una relación personal, profesional o económica con otros miembros del consejo de administración de la empresa de servicios de inversión, de su matriz o de sus filiales. 3.º Una relación personal, profesional o económica con los accionistas que ostenten el control de la empresa de servicios de inversión, de su matriz o de sus filiales. b) La capacidad de dedicar el tiempo suficiente para llevar a cabo las funciones correspondientes. Si durante el ejercicio de su actividad concurriese en algún consejero alguna circunstancia que pudiera alterar su capacidad para ejercer un buen gobierno de la empresa de servicios de inversión, ésta lo comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el plazo máximo de quince días hábiles desde su conocimiento. Artículo 14 quinquies. Valoración de la idoneidad. 1. La valoración de los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno establecidos en el artículo 67.4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, y en el artículo 14.1.e) de este real decreto se realizará: a) Por la propia empresa de servicios de inversión o, cuando proceda, por sus promotores, con ocasión de la solicitud a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la autorización para el ejercicio de la actividad de empresa de servicios de inversión, cuando se proceda a nuevos nombramientos, y siempre que se produzcan circunstancias que aconsejen volver a valorar la idoneidad en aplicación de los procedimientos previstos en el artículo 14 sexies. b) Por el adquirente de una participación significativa, cuando de la adquisición de dicha participación se deriven nuevos nombramientos, sin perjuicio de la valoración posterior realizada por la entidad. Si la valoración de la idoneidad de los cargos previstas en las letras a) y b) anteriores resultase negativa, la empresa de servicios de inversión deberá abstenerse de nombrar o dar posesión en el cargo a dicha persona, o en caso de tratarse de una circunstancia sobrevenida, deberá adoptar las medidas oportunas para subsanar las deficiencias identificadas y, cuando resulte necesario, disponer su suspensión temporal o cese definitivo. c) Por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en los casos y plazos siguientes: 1.º Con ocasión de la autorización de la creación de una empresa de servicios de inversión, en el plazo previsto en el artículo 12. 2.º Con ocasión de la adquisición de una participación significativa de la que se deriven nuevos nombramientos, en el plazo previsto en el artículo 69 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 3.º Tras la comunicación de la propuesta de nuevos nombramientos prevista en el artículo 14 sexies.3, en un plazo de tres meses, contado desde dicha notificación. A falta de notificación en este plazo, se entenderá que la valoración es positiva. 4.º Cuando, en presencia de indicios fundados, resulte necesario valorar si la idoneidad se mantiene en relación con los miembros en funciones. 2. Todo incumplimiento de los requisitos especificados en los artículos 14 bis a 14 quáter deberá ser comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la empresa de servicios de inversión en el plazo máximo de quince días hábiles desde que se tenga conocimiento del mismo. Artículo 14 sexies. Selección, control y evaluación de los requisitos de idoneidad por parte de las empresas de servicios de inversión. 1. Las empresas de servicios de inversión y las sucursales de empresas de servicios de inversión no autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea deberán contar, en condiciones proporcionadas al carácter, escala y complejidad de sus actividades, con unidades y procedimientos internos adecuados para llevar a cabo la selección y evaluación continua de los miembros de su consejo de administración y de sus directores generales o asimilados, y de los responsables de las funciones de control interno u otros puestos clave en la empresa de servicios de inversión. 2. Asimismo, las empresas de servicios de inversión deberán identificar los puestos clave para el desarrollo diario de su actividad y los responsables de las funciones de control interno, manteniendo a disposición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores una relación actualizada de las personas que los desempeñan, la valoración de la idoneidad realizada por la empresa de servicios de inversión y la documentación que acredite la misma. 3. Las empresas de servicios de inversión deberán comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la propuesta de nombramiento de nuevos miembros del consejo de administración y de directores generales o asimilados, tanto de la propia empresa de servicios de inversión como, en su caso, de su sociedad dominante.» Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 15 como sigue: «1. Las empresas de servicios de inversión deberán tener un capital social no inferior a las siguientes cantidades: a) Las sociedades de valores; 730.000 euros. b) Las agencias de valores; 125.000 euros. c) Las agencias de valores no autorizadas a tener en depósito fondos o valores mobiliarios de sus clientes; 50.000 euros. d) Las sociedades gestoras de carteras deberán tener: i. Un capital inicial de 50.000 euros; o ii. Un seguro de responsabilidad civil profesional, un aval u otra garantía equivalente que permita hacer frente a la responsabilidad por negligencia en el ejercicio de su actividad profesional en todo el territorio de la Unión Europea, con una cobertura mínima de 1.000.000 euros por reclamación de daños, y un total de 1.500.000 euros anuales para todas las reclamaciones. iii. Una combinación de capital inicial y de seguro de responsabilidad civil profesional que dé lugar a un nivel de cobertura equivalente al de los incisos i) e ii) anteriores. El capital social inicial solo podrá estar compuesto por uno o más de los elementos mencionados en el artículo 26.1.a) a e) del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013.» Cinco. Se modifica el primer párrafo del apartado 3 del artículo 16 como sigue: «3. Corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la creación y gestión de un registro de consejeros y directores generales de las entidades dominantes, que no sean entidades de crédito, empresas de servicios de inversión o entidades aseguradoras o reaseguradoras de empresas de servicios de inversión españolas, donde deberán inscribirse obligatoriamente los consejeros, directores y asimilados de aquéllas. En este registro se inscribirán también, en su caso, los administradores de las entidades dominantes de las empresas de asesoramiento financiero.» Seis. Se modifican las letras f) y g) del apartado 1 del artículo 21 como sigue: «f) Que los miembros de su consejo de administración o, en su caso, su administrador o administradores, así como todos sus directores generales y asimilados cuenten con conocimientos y experiencia adecuados para el ejercicio de sus funciones. Los administradores, los directores generales y quienes desarrollen funciones de alta dirección, así como quienes representen a consejeros personas jurídicas deberán tener reconocida honorabilidad comercial y profesional. g) Las personas físicas que se constituyan como empresas de asesoramiento financiero deberán contar con adecuada honorabilidad comercial y profesional así como con conocimientos y experiencia suficientes para el ejercicio de sus funciones.» Siete. El apartado 4 del artículo 24 queda redactado como sigue: «4. Los agentes de las empresas de servicios de inversión deberán cumplir los requisitos previstos en el artículo 14.1.f), así como, cuando sean personas jurídicas, los previstos en el artículo 14.1.d) y e), todo ello con las adaptaciones precisas que, en su caso, determine el Ministro de Economía y Competitividad para las personas físicas y jurídicas. No obstante lo anterior, los agentes de las empresas de servicios de inversión que sean personas jurídicas podrán dotarse de distintos modos de organización de la sociedad, en cuyo caso los requisitos y las obligaciones previstos en los artículos 14.1.d), e) y f), deberán ser cumplidos por sus administradores.» Ocho. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 27 con la siguiente redacción: «6. Las filiales de empresas de servicios de inversión españolas situadas en Estados no miembros de la Unión Europea deberán contar también con sistemas, estrategias, procedimientos y mecanismos equivalentes a los previstos en este artículo salvo que la legislación del país donde este situada la filial lo prohíba.» Nueve. El artículo 29 queda redactado como sigue: «Artículo 29. Gestión de riesgos. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 ter.3.a) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, las entidades que presten servicios de inversión deberán adoptar las siguientes medidas: a) Establecer, aplicar y mantener procedimientos y políticas de gestión del riesgo que permitan determinar los riesgos derivados de sus actividades, procesos y sistemas y, en su caso, establecer el nivel de riesgo tolerado por la entidad. b) Adoptar medidas, procesos y mecanismos eficaces para gestionar los riesgos conexos a las actividades, procesos y sistemas de la entidad en función de su nivel de tolerancia del riesgo. c) Comprobar: i. Que las políticas y procedimientos de gestión del riesgo de la empresa son adecuadas y eficaces. ii. El nivel de cumplimiento por la entidad y por sus personas competentes de las medidas, procesos y mecanismos indicados en la letra b) anterior. iii. Que las medidas adoptadas para hacer frente a cualquier posible deficiencia en las políticas, procedimientos, medidas, procesos y mecanismos son adecuadas y eficaces, indicando aquellos casos en los que el personal de la empresa no cumpla tales medidas, procesos y mecanismos, o no aplique las referidas políticas y procedimientos de gestión. 2. Cuando resulte proporcionado en función de la naturaleza, escala y complejidad de su actividad empresarial y de la naturaleza y gama de servicios de inversión que presten, las empresas de servicios de inversión, de conformidad con el artículo 70 ter.tres.3 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, deberán crear y mantener una unidad de gestión de riesgos que funcione de manera independiente y que desarrolle las siguientes funciones: a) Aplicación de la política y de los procedimientos señalados en el apartado 1. b) Presentación de una imagen completa de toda la gama de riesgos a los que se encuentre expuestos la empresa de servicios de inversión. c) Determinación, cuantificación y notificación adecuada de todos los riesgos importantes. d) Elaboración de informes y asesoramiento al consejo de administración sobre evoluciones específicas del riesgo que afecten o puedan afectar a la empresa de servicios de inversión. e) Participación activa en la elaboración de la estrategia de riesgo de la empresa de servicios de inversión y en todas las decisiones importantes de gestión de riesgos. Independientemente de la existencia o no del órgano de gestión de riesgos, todas las empresas de servicios de inversión deberán poder demostrar que las políticas y procedimientos adoptados de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior cumplen lo dispuesto en él y son eficaces. 3. El director de la unidad de gestión de riesgos será un alto directivo independiente, que no desempeñará funciones operativas y que asumirá específicamente la responsabilidad de la función de gestión de riesgos y no podrá ser revocado de su cargo sin la aprobación previa del consejo de administración. En todo caso, se entenderán por funciones operativas aquellas que involucren responsabilidades ejecutivas o de gestión en las líneas o áreas de negocio de la empresa de servicios de inversión. Para el ejercicio de sus funciones el director de la unidad de gestión de riesgos tendrá acceso directo al consejo de administración. Cuando la naturaleza, escala y complejidad de las actividades de la empresa de servicios de inversión no justifique que se nombre específicamente a una persona, podrá desempeñar dicha función otro alto directivo de la empresa de servicios de inversión, siempre que no exista conflicto de intereses. 4. Adicionalmente, el comité de riesgos de las empresas de servicios de inversión obligadas, de conformidad con el artículo 70 ter.Tres de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, a su creación, desempeñará las siguientes funciones: a) Asesorar al consejo de administración sobre la propensión global al riesgo, actual y futura, de la empresa de servicios de inversión y su estrategia en este ámbito, y asistirle en la vigilancia de la aplicación de esa estrategia. No obstante lo anterior, el consejo de administración será el responsable de los riesgos que asuma la empresa de servicios de inversión. b) Vigilar que la política de precios de los activos y los pasivos ofrecidos a los clientes tenga plenamente en cuenta el modelo empresarial y la estrategia de riesgo de la empresa de servicios de inversión. En caso contrario, el comité de riesgos presentará al consejo de administración un plan para subsanarla. c) Determinar, junto con el consejo de administración, la naturaleza, la cantidad, el formato y la frecuencia de la información sobre riesgos que deba recibir el propio comité y el consejo de administración. d) Colaborar para el establecimiento de políticas y prácticas de remuneración racionales. A tales efectos, el comité de riesgos examinará, sin perjuicio de las funciones del comité de remuneraciones, si la política de incentivos prevista en el sistema de remuneración tiene en consideración el riesgo, el capital, la liquidez y la probabilidad y la oportunidad de los beneficios. Para el adecuado ejercicio de estas funciones, las empresas de servicios de inversión garantizarán que el comité de riesgos pueda acceder sin dificultades a la información sobre la situación de riesgo de la empresa de servicios de inversión y, si fuese necesario, a la unidad de gestión de riesgos y a asesoramiento externo especializado.» Diez. Se añaden los nuevos artículos 31 bis a 31 sexies con la siguiente redacción: «Artículo 31 bis. Obligaciones en materia de gobierno corporativo y política de remuneraciones. 1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 70 ter.dos.5 de la Ley 24/1998, de 28 de julio, en lo que se refiere a su remisión al artículo 34 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, se entenderá por beneficios discrecionales de pensión, los pagos discrecionales concedidos por una empresa de servicios de inversión en base individual a su personal, en virtud de un plan de pensiones o instrumento distinto que otorgue prestaciones de jubilación y que puedan asimilarse a la remuneración variable. En ningún caso incluirá beneficios concedidos a un empleado de conformidad con el sistema de pensiones de la empresa. 2. A efectos de la remisión prevista en el artículo 70 ter.dos.5 de la Ley 24/1998, de 28 de julio, en lo que afecta al artículo 34.1.p) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá: a) Imponer restricciones a las empresas de servicios de inversión para el uso de los instrumentos señalados en dicho artículo de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. b) Fijar los criterios necesarios para permitir que la remuneración variable se contraiga en función de los resultados financieros negativos de las empresas de servicios de inversión. c) Exigir a las empresas de servicios de inversión y sus grupos que limiten la remuneración variable en forma de porcentaje de los ingresos totales cuando ello no sea compatible con el mantenimiento de una base de capital sólida. 3. En relación con las empresas de servicios de inversión que hayan percibido apoyo financiero en los términos previstos en el artículo 35 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, al que se refiere el artículo 70 ter.dos.7 de la Ley 24/1998, de 28 de julio, y sin perjuicio del resto de normativa aplicable, corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizar expresamente la cuantía, devengo y abono de cualquier retribución variable a los administradores y directivos, pudiendo también establecer, si procede, límites a su remuneración total. 4. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional del Mercado de Valores dará cumplimiento a lo previsto en el artículo 70 ter.dos de la Ley 24/1988, de 28 de julio, estableciendo criterios sobre los conceptos y políticas de remuneraciones contenidos en los artículos 32 a 35 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y en particular podrá establecer criterios específicos para la determinación de la relación entre los componentes fijos y variables de la remuneración total. 5. De conformidad con el artículo 70 ter.4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá tener por cumplida la obligación de constituir los comités previstos en los artículos 70 ter. Uno y 70 ter.dos.6 de la citada ley, siempre que: a) Se trate de empresas de servicios de inversión filiales que hayan sido exceptuadas de la aplicación de los requisitos prudenciales de forma individual, en virtud de los artículos 7 o 10 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. b) Las empresas de servicios de inversión matrices constituyan tales comités de conformidad con los artículos 31 quáter y 31 quinquies y asuman sus funciones para con las filiales. Artículo 31 ter. Obligaciones de publicidad en materia de gobierno corporativo y política de remuneraciones. 1. Las empresas de servicios de inversión contarán con una página web en la que ofrecerán una información completa, clara, comprensible y comparable de la información en materia de gobierno corporativo prevista en los artículos 70 ter a 70 ter. Tres de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y de la manera en que cumplen con sus obligaciones de gobierno corporativo y remuneraciones. 2. El consejo de administración será responsable de mantener la información actualizada de la página web de la entidad. 3. La información sobre la remuneración total devengada en cada ejercicio económico por los miembros del consejo de administración deberá reflejar la cifra total de la remuneración devengada y un desglose individualizado por conceptos retributivos con referencia al importe de los componentes fijos y dietas, así como a los conceptos retributivos de carácter variable. Esta información contendrá cualquier concepto retributivo devengado, cualquiera que sea su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga. 4. Lo dispuesto en el apartado anterior incluirá, en su caso, las retribuciones devengadas por los miembros del consejo de administración por su pertenencia a consejos en otras sociedades del grupo o participadas en las que actúe en representación del grupo. 5. No obstante lo anterior, este artículo no será de aplicación a las empresas de servicios de inversión que cumplan los requisitos siguientes: a) No estar autorizadas a prestar el servicio auxiliar al que se refiere el artículo 63.2.a) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. b) Prestar únicamente uno o varios de los servicios o actividades de inversión enumerados en el artículo 63.1.a), b), d) y g) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. c) No estar autorizadas para tener en depósito dinero o valores de sus clientes y que, por esta razón, nunca puedan hallarse en situación deudora respecto de dichos clientes. 6. La Comisión Nacional del Mercado de Valores especificará los términos en que tiene que estar configurada la página web y la información relativa a gobierno corporativo y política de remuneraciones que las empresas de servicios de inversión, en función de su naturaleza, escala y complejidad, han de incluir en la misma, con arreglo a lo establecido en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y en este capítulo. Artículo 31 quáter. Comité de nombramientos. 1. El comité de nombramientos, previsto en el artículo 70 ter. Uno de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, desempeñará, al menos, las funciones siguientes: a) Identificar y recomendar, con vistas a su aprobación por el consejo de administración o por la junta general, candidatos para proveer los puestos vacantes del consejo de administración. b) Evaluar el equilibrio de conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia del consejo de administración y elaborar una descripción de las funciones y aptitudes necesarias para un nombramiento concreto, valorando la dedicación de tiempo prevista para el desempeño del puesto. c) Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la estructura, el tamaño, la composición y la actuación del consejo de administración, haciendo recomendaciones al mismo, con respecto a posibles cambios. d) Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la idoneidad de los diversos miembros del consejo de administración y de éste en su conjunto, e informar al consejo de administración en consecuencia. e) Revisar periódicamente la política del consejo de administración en materia de selección y nombramiento de los miembros de la alta dirección y formularle recomendaciones. f) Establecer, de conformidad con el artículo 70 ter.uno.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, un objetivo de representación para el sexo menos representado en el consejo de administración y elaborar orientaciones sobre cómo aumentar el número de personas del sexo menos representado con miras a alcanzar dicho objetivo. El objetivo, las orientaciones y la aplicación de las mismas se publicarán junto con la información prevista en el artículo 435.2.c) del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, y serán transmitidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la Autoridad Bancaria Europea. Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores utilizará esta información para llevar a cabo comparaciones de las prácticas en favor de la diversidad. 2. En el desempeño de su cometido, el comité de nombramientos tendrá en cuenta, en la medida de lo posible y de forma continuada, la necesidad de velar por que la toma de decisiones del consejo de administración no se vea dominada por un individuo o un grupo reducido de individuos de manera que se vean perjudicados los intereses de la entidad en su conjunto. 3. El comité de nombramientos podrá utilizar los recursos que considere apropiados para el desarrollo de sus funciones, incluido el asesoramiento externo, y recibirá los fondos adecuados para ello. Artículo 31 quinquies. Comité de remuneraciones. 1. El comité de remuneraciones previsto en el artículo 70 ter.dos de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se encargará de la preparación de las decisiones relativas a las remuneraciones, incluidas las que tengan repercusiones para el riesgo y la gestión de riesgos de la empresa de servicios de inversión de que se trate, que deberá adoptar el consejo de administración. En particular, el comité de remuneraciones deberá informar la política general de retribuciones de los miembros del consejo de administración, directores generales o asimilados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los miembros del consejo de administración que desempeñen funciones ejecutivas, y velará por su observancia. 2. En aquellos supuestos en que la normativa específica de una entidad, prevea la representación del personal en el consejo de administración, el comité de remuneraciones incluirá uno o más representantes del personal. 3. Al preparar las decisiones, el comité de remuneraciones tendrá en cuenta los intereses a largo plazo de los accionistas, los inversores y otras partes interesadas en la empresa de servicios de inversión, así como el interés público. Artículo 31 sexies. Vigilancia de las políticas remunerativas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores recabará y transmitirá a la Autoridad Bancaria Europea la siguiente información: a) La publicada por las entidades de conformidad con el artículo 450.1.g), h) e i), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. Esta información será utilizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para comparar las tendencias y prácticas en materia de remuneración. b) El número de personas físicas en cada entidad que reciban remuneraciones de 1 millón de euros o más por ejercicio, incluidas sus responsabilidades en el cargo que ocupa, el ámbito de negocio implicado y los principales componentes del sueldo, los incentivos, las primas a largo plazo y la contribución a la pensión.» Once. Se modifica el apartado 1 del artículo 43 como sigue: «1. Las entidades que prestan servicios de inversión deberán asegurarse de que sus auditores externos remiten a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un informe anual sobre la adecuación de las medidas adoptadas por aquella para cumplir lo dispuesto en el artículo 70 ter.2.f) y 70 ter.3.c) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y en esta sección. En el caso de las entidades de crédito el Banco de España deberá recibir copia de dicho informe.» Doce. Se añaden dos nuevos títulos con la siguiente redacción: «TÍTULO VI Solvencia de las empresas de servicios de inversión CAPÍTULO I Sistemas, procedimientos y mecanismos de gestión de riegos y autoevaluación del capital Artículo 87. Ámbito de aplicación. 1. Este título será de aplicación a las empresas de servicios de inversión, a los grupos consolidables de empresas de servicios de inversión, a las sociedades financieras de cartera y a las sociedades financieras mixtas de cartera en los términos previstos en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no les serán de aplicación los artículos 89, 92, 95, 98 y 101 de este título a las empresas de servicios de inversión que cumplan los requisitos siguientes: a) No estar autorizadas a prestar el servicio auxiliar al que se refiere el artículo 63.2.a) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. b) Prestar únicamente uno o varios de los servicios o actividades de inversión enumerados en el artículo 63.1.a), b), d) y g) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. c) No estar autorizadas para tener en depósito dinero o valores de sus clientes y que, por esta razón, nunca puedan hallarse en situación deudora respecto de dichos clientes. 3. Adicionalmente, a las empresas de servicios de inversión definidas en el apartado anterior que presten únicamente los servicios o actividades de inversión enumerados en el artículo 63.1.a) y g) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, tampoco les serán de aplicación los artículos 90, 91, 93, 94, 99 y 100 de este título. Artículo 88. Responsabilidad del consejo de administración en la asunción de riesgos. 1. Para el correcto ejercicio de las responsabilidades del consejo de administración sobre gestión de riesgos previstas en el artículo 70 ter. Tres.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, las empresas de servicios de inversión: a) Establecerán canales de información hacia el consejo de administración que abarquen todos los riesgos importantes y las políticas de gestión de riesgos y sus modificaciones. b) Garantizarán que el consejo de administración pueda acceder sin dificultades a la información sobre la situación de riesgo de la entidad y, si fuese necesario, a la función de gestión de riesgos y a asesoramiento externo especializado. 2. El consejo de administración determinará, junto con el comité de riesgos, la naturaleza, la cantidad, el formato y la frecuencia de la información sobre riesgos que deba recibir el citado comité y el propio consejo de administración. Artículo 89. Aplicación del proceso de autoevaluación del capital interno. 1. El proceso de autoevaluación del capital previsto en el artículo 70.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, será llevado a cabo: a) En base consolidada, con arreglo al ámbito de aplicación y a los métodos de consolidación prudencial previstos en la parte primera, título II, capítulo 2, secciones 2 y 3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, por: 1.º Las empresas de servicios de inversión matrices. 2.º Las empresas de servicios de inversión controladas por sociedades financieras de cartera y sociedades financieras mixtas de cartera matrices. No obstante lo anterior, cuando una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera matriz controle a más de una empresa de servicios de inversión o entidad de crédito, el proceso de autoevaluación del capital será llevado a cabo únicamente por la empresa de servicios de inversión o entidad de crédito sobre la que se aplique la supervisión en base consolidada de conformidad con el artículo 107. b) En base individual por las empresas de servicios de inversión que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 1.º No sean filiales ni empresas matrices. 2.º No se incluyan en la consolidación de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. 3.º Hayan sido exceptuadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la aplicación de los requerimientos de recursos propios en base consolidada de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. 2. Las estrategias y procedimientos a que se refiere el artículo 70.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se resumirán en un informe anual de autoevaluación del capital interno que se remitirá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores antes del 30 de abril de cada ejercicio, o en un plazo menor cuando así lo establezca la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Para la elaboración de este informe las empresas de servicios de inversión deberán tener en cuenta los criterios que a estos efectos publique la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Artículo 90. Riesgo de crédito y de contraparte. En materia de riesgo de crédito y de contraparte, las empresas de servicios de inversión, de manera proporcional a la naturaleza, escala y complejidad de sus actividades, deberán: a) Basar la concesión de créditos en criterios sólidos y bien definidos. b) Establecer un procedimiento claro de aprobación, modificación, renovación y refinanciación de créditos. c) Disponer de metodologías internas que les permitan evaluar el riesgo de crédito de las exposiciones frente a deudores, valores o posiciones de titulización individuales, así como el riesgo de crédito del conjunto de la cartera. Las metodologías internas no se sustentarán única o mecánicamente en calificaciones crediticias externas. El hecho de que los requisitos de recursos propios se basen en la calificación de una agencia de calificación crediticia externa o la inexistencia de una calificación de la exposición no obstará para que las empresas de servicios de inversión tengan en cuenta otra información pertinente para evaluar su asignación de capital interno. d) Utilizar métodos eficaces para administrar y supervisar de forma permanente las diversas carteras y exposiciones con riesgo de crédito. e) Identificar y gestionar los créditos dudosos, y realizar los ajustes de valor y las dotaciones de provisiones adecuados. f) Diversificar las carteras de créditos de forma adecuada en función de los mercados destinatarios y de la estrategia crediticia general de la empresa de servicios de inversión. Artículo 91. Riesgo residual. Las empresas de servicios de inversión, de manera proporcional a la naturaleza, escala y complejidad de sus actividades, deberán contar con políticas y procedimientos escritos, entre otros medios, para gestionar la posibilidad de que las técnicas de reducción del riesgo de crédito a las que se refiere el artículo 108 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, resulten menos eficaces de lo esperado. Artículo 92. Riesgo de concentración. Las empresas de servicios de inversión deberán contar con políticas y procedimientos escritos, entre otros medios, para controlar el riesgo de concentración derivado de: a) Exposiciones frente a cada una de las contrapartes, incluidas las entidades de contrapartida central, los grupos de contrapartes vinculadas y las contrapartes del mismo sector económico, de la misma región geográfica o de la misma actividad o materia prima en los términos que determine la Comisión Nacional del Mercado de Valores. b) La aplicación de técnicas de reducción del riesgo de crédito, incluidos los riesgos vinculados a grandes exposiciones crediticias indirectas, tales como un emisor de garantías reales. Artículo 93. Riesgo de titulización. 1. Los riesgos derivados de operaciones de titulización en las que la empresa de servicios de inversión actúa como inversora, originadora o patrocinadora, incluido el riesgo reputacional, se valorarán y controlarán mediante las políticas y procedimientos adecuados para asegurarse, en particular, de que el contenido económico de la operación quede plenamente reflejado en las decisiones de evaluación y gestión del riesgo. 2. Las empresas de servicios de inversión originadoras de operaciones de titulización renovables que incluyan cláusulas de amortización anticipada contarán con planes de liquidez para hacer frente a las implicaciones derivadas tanto de la amortización a vencimiento como de la anticipada. Artículo 94. Riesgo de mercado. 1. Las empresas de servicios de inversión aplicarán políticas y procedimientos para la determinación, valoración y gestión de todas las fuentes significativas de riesgos de mercado y de los efectos de tales riesgos que sean significativos. A tales efectos, el nivel de capital interno de las empresas de servicios de inversión deberá ser adecuado para cubrir los riesgos de mercado significativos que no estén sujetos a un requerimiento de recursos propios. En particular, las empresas de servicios de inversión deberán contar con capital interno adecuado en los siguientes casos: a) Para cubrir el riesgo de pérdida de base resultante de la diferencia entre la evolución del valor de un contrato de futuros o de otro producto y la del valor de las acciones que lo componen cuando, al calcular los requisitos de fondos propios por riesgo de posición de conformidad con la parte tercera, título IV, capítulo 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, hayan compensado sus posiciones en una o varias de las acciones que constituyan el índice bursátil con una o varias posiciones en el contrato de futuros u otro producto basado en el índice bursátil. b) Cuando mantengan posiciones opuestas en contratos de futuros basados en índices bursátiles cuyo vencimiento o composición no sean idénticos. c) Para cubrir el riesgo de pérdida que existe entre el momento del compromiso inicial y el siguiente día laborable, cuando apliquen el régimen de reducción de posiciones netas previsto en el artículo 345 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. 2. Asimismo, cuando las posiciones cortas de la entidad venzan antes que las posiciones largas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores exigirá a las entidades que tomen medidas contra el riesgo de insuficiencia de liquidez. Artículo 95. Riesgo de tipos de interés derivado de actividades ajenas a la cartera de negociación. Las empresas de servicios de inversión aplicarán sistemas para determinar, evaluar y gestionar el riesgo derivado de posibles variaciones de los tipos de interés que incidan en las actividades ajenas a la cartera de negociación. Artículo 96. Riesgo operacional. 1. Las empresas de servicios de inversión aplicarán políticas y procedimientos para evaluar y gestionar la exposición al riesgo operacional, incluyendo, en su caso, el riesgo de modelo, que cubran el riesgo de eventos poco frecuentes generadores de pérdidas muy elevadas. A tal fin, se entenderá por riesgo de modelo el riesgo de pérdida potencial en que podría incurrir una entidad a consecuencia de decisiones fundadas principalmente en los resultados de modelos internos, debido a errores en la concepción, aplicación o utilización de dichos modelos. Las empresas de servicios de inversión especificarán lo que constituye un riesgo operacional a efectos de dichas políticas y procedimientos. 2. Las empresas de servicios de inversión establecerán planes de emergencia y de continuidad de la actividad que les permitan mantener su actividad y limitar las pérdidas en caso de interrupciones graves en el negocio. Artículo 97. Riesgo de liquidez. 1. Las empresas de servicios de inversión deberán contar con estrategias, políticas, procedimientos y sistemas para la gestión del riesgo de liquidez proporcionales a la naturaleza, escala y complejidad de sus actividades. A tales efectos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores exigirá a las empresas de servicios de inversión: a) Desarrollar métodos para el seguimiento de las posiciones de financiación. b) Identificar los activos libres de cargas disponibles en situaciones de urgencia, teniendo en cuenta las posibles limitaciones legales a eventuales transferencias de liquidez. c) Estudiar el impacto de distintos escenarios sobre sus perfiles de liquidez. 2. Las empresas de servicios de inversión, teniendo en cuenta la naturaleza, dimensión y complejidad de sus actividades, deberán mantener perfiles de riesgo de liquidez coherentes con los necesarios para el buen funcionamiento y la solidez del sistema. La Comisión Nacional del Mercado de Valores controlará la evolución de dichos perfiles mantenidos por las empresas de servicios de inversión atendiendo a elementos como el diseño y los volúmenes de productos, la gestión del riesgo, las políticas de financiación y las concentraciones de financiación. En particular, la Comisión Nacional del Mercado de Valores exigirá a las entidades: a) Contar con herramientas de reducción del riesgo de liquidez tales como colchones de liquidez o una adecuada diversificación de las fuentes de financiación que permitan afrontar situaciones de tensión financiera. b) Elaborar planes de emergencia para afrontar los escenarios previstos en virtud de la letra c) del apartado anterior y planes para subsanar eventuales déficits de liquidez. Estos últimos deberán ser puestos a prueba por la empresa de servicios de inversión al menos una vez al año. 3. Cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores considere que una empresa de servicios de inversión cuenta con unos niveles de liquidez inferiores a los adecuados conforme a los criterios establecidos en este artículo y en su normativa de desarrollo podrá adoptar, entre otras, alguna de las medidas contempladas en el artículo 87 octies.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Estas medidas se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a lo establecido en el título VIII, capítulo II de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y deberán guardar relación con la posición de liquidez de la entidad y los requisitos de financiación estable previstos en las normas de solvencia. 4. Asimismo, cuando la evolución de los perfiles de riesgo de liquidez de una empresa de servicios de inversión pudiese dar lugar a inestabilidad en otra empresa de servicios de inversión o a inestabilidad sistémica, la Comisión Nacional del Mercado de Valores informará de las medidas adoptadas para solventar esta situación a la Autoridad Bancaria Europea. Artículo 98. Riesgo de apalancamiento excesivo. 1. Las empresas de servicios de inversión deberán establecer políticas y procedimientos para la identificación, gestión y control del riesgo de apalancamiento excesivo. 2. Entre los indicadores de riesgo de apalancamiento excesivo figurarán el ratio de apalancamiento determinado de conformidad con el artículo 429 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, y los desfases entre activos y obligaciones. 3. Las empresas de servicios de inversión abordarán el riesgo de apalancamiento excesivo con carácter preventivo teniendo debidamente en cuenta los incrementos potenciales de dicho riesgo causados por reducciones de los recursos propios de la empresa de servicios de inversión que se deriven de pérdidas previstas o efectivas, en función de las normas contables aplicables. A esos efectos, las empresas de servicios de inversión deberán estar en condiciones de afrontar diversas situaciones de dificultad en lo que respecta al riesgo de apalancamiento excesivo. Artículo 99. Exposiciones frente al sector público. 1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 115.2 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, las exposiciones frente a Comunidades Autónomas y las Entidades Locales españolas recibirán el mismo tratamiento que las exposiciones frente a la Administración General del Estado. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.4 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, cuando, en circunstancias excepcionales y, a juicio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no haya diferencia de riesgos debido a la existencia de garantías adecuadas, las siguientes exposiciones podrán recibir la misma ponderación que las exposiciones frente a la Administración de la cual dependan: a) Exposiciones frente a Organismos Autónomos y Entidades Públicas Empresariales reguladas en el título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. b) Exposiciones frente a las demás agencias o entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado. c) Exposiciones frente a Entidades gestoras, Servicios comunes y Mutuas de la Seguridad Social. d) Exposiciones frente al Instituto de Crédito Oficial. e) Exposiciones frente a Organismos Autónomos y Entes Públicos dependientes de las Comunidades Autónomas, siempre que, conforme a las leyes aplicables, tengan naturaleza análoga a la prevista para los dependientes de la Administración del Estado. f) Exposiciones frente a Organismos o Entes Públicos de naturaleza administrativa dependientes de las Entidades Locales españolas, siempre que carezcan de fines lucrativos y desarrollen actividades administrativas propias de dichas entidades. g) Exposiciones frente a consorcios integrados por Comunidades Autónomas o Entidades Locales españolas, o por estas y otras Administraciones Públicas, en la medida en que, por su composición, aquellas Administraciones Públicas soporten la mayoría de las responsabilidades económicas del consorcio. Artículo 100. Adopción de medidas para retornar al cumplimiento de las normas de solvencia. 1. Cuando una empresa de servicios de inversión o un grupo consolidable de empresas de servicios de inversión presente un déficit de recursos propios computables respecto de los exigidos por el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, por la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y por este real decreto, la empresa de servicios de inversión o la empresa de servicios de inversión obligada del grupo consolidable, según sea el caso, informará de ello, con carácter inmediato, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y presentará en el plazo de un mes un programa en el que se concreten los planes para retornar al cumplimiento, salvo si la situación se hubiera corregido en ese período. El programa deberá contener, al menos, los aspectos referidos a la identificación de las causas determinantes del déficit de recursos propios, el plan para retornar al cumplimiento que podrá incluir la limitación al desarrollo de actividades que supongan riesgos elevados, la desinversión en activos concretos, o medidas para el aumento del nivel de recursos propios y los plazos previsibles para retornar al cumplimiento. En el caso de que la empresa de servicios de inversión incumplidora pertenezca a un grupo consolidable de empresas de servicios de inversión, el programa deberá estar refrendado por la entidad obligada del mismo. Dicho programa deberá ser aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que podrá incluir las modificaciones o medidas adicionales que considere necesarias para garantizar el retorno a los niveles mínimos de recursos propios exigibles. El programa presentado se entenderá aprobado si a los tres meses de su presentación la Comisión Nacional del Mercado de Valores no se hubiera producido resolución expresa. Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación si el déficit de recursos propios es inferior al requisito combinado de colchones de capital, en cuyo caso se aplicará lo establecido en el artículo 75 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero. A tal fin, las alusiones realizadas al Banco de España en dicho artículo se entenderán realizadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 2. Idéntica actuación a la prevista en el apartado anterior se seguirá cuando se rebasen los límites a los grandes riesgos establecidos en la parte cuarta del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, incluso cuando sea por causa de una reducción sobrevenida de los recursos propios computables. 3. Cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 octies de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, obligue a una empresa de servicios de inversión o a un grupo a mantener recursos propios adicionales a los exigidos con carácter de mínimo, y de dicha exigencia resulte que los recursos propios de la empresa de servicios de inversión son insuficientes, la empresa de servicios de inversión o la empresa de servicios de inversión obligada del grupo, según el caso, presentará en el plazo de un mes un programa en el que se concreten los planes para cumplir con el requerimiento adicional, salvo si la situación se hubiera corregido en ese período. En el caso de que la empresa de servicios de inversión incumplidora pertenezca a un grupo consolidable de empresas de servicios de inversión, el programa deberá estar refrendado por la empresa de servicios de inversión obligada del mismo. Dicho programa deberá ser aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que podrá incluir las modificaciones o medidas adicionales que considere necesarias. El programa incluirá la fecha prevista de cumplimiento de la exigencia adicional, que será la referencia para el inicio del cómputo del plazo establecido en el artículo 99.k) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. El programa presentado se entenderá aprobado si a los tres meses de su presentación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores no se hubiera producido resolución expresa. 4. Cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 octies de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, requiera a una empresa de servicios de inversión o a un grupo que refuerce los procedimientos, mecanismos y estrategias adoptados, podrá exigir la presentación de un programa en el que se concreten las medidas necesarias para subsanar las deficiencias advertidas y los plazos previsibles para su implantación. Dicho programa deberá ser aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que podrá incluir las modificaciones o medidas adicionales que considere necesarias. 5. Cuando se den simultáneamente varios de los supuestos de hecho de los apartados anteriores, el programa presentado podrá tener carácter conjunto. CAPÍTULO II Colchones de capital Artículo 101. Determinación y cálculo de los colchones de capital. 1. Se determinará conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo II del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, el requisito combinado de colchones de capital, entendido como el total del capital de nivel 1 ordinario necesario para cumplir con la obligación de disponer de un colchón de conservación de capital, y, si procede, los siguientes colchones de capital a los que se refiere el artículo 70 quinquies de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores: a) Colchones de capital anticíclicos específicos para cada entidad. b) Colchones para las entidades de importancia sistémica mundial (EISM). c) Colchones para otras entidades de importancia sistémica (OEIS). d) Colchones contra riesgos sistémicos. No obstante lo anterior, no será de aplicación lo dispuesto en dicho capítulo en relación con el Banco Central Europeo. 2. El régimen de aplicación de colchones anticíclicos y de riesgos sistémicos fijados por otros países será el establecido conforme a los artículos 60 y 72 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero. 3. La aplicación conjunta de colchones de capital para EISM, para OEIS y para riesgos sistémicos deberá respetar los límites fijados según lo dispuesto en el artículo 65 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero. 4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá realizar las comunicaciones de los colchones de capital fijados conforme a lo previsto en título II, capítulo II del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero. 5. En caso de incumplimiento del requisito combinado de colchones de capital al que se refiere el artículo 70 quinquies de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 73 a 75 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero. 6. A efectos del presente artículo las alusiones realizadas al Banco de España en el título II, capítulo II del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, con la excepción de los artículos 60 y 61 se entenderán realizadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Asimismo las alusiones a las entidades de crédito se entenderán realizadas a las empresas de servicios de inversión. TÍTULO VII Supervisión CAPÍTULO I Ámbito objetivo de la función supervisora Artículo 102. Contenido de la revisión y evaluación supervisoras. 1. De acuerdo con el artículo 87 bis.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y, teniendo en cuenta los criterios técnicos contemplados en el artículo 103, la Comisión Nacional del Mercado de Valores someterá a revisión los sistemas, estrategias, procedimientos y mecanismos aplicados por las empresas de servicios de inversión a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, y en las normas de solvencia contenidas en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y en este real decreto, y evaluará: a) Los riesgos a los cuales las empresas de servicios de inversión y sus grupos consolidables están o podrían estar expuestas. b) Los riesgos que una empresa de servicios de inversión supone para el sistema financiero, teniendo en cuenta la determinación y medición del riesgo sistémico con arreglo al artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión o las recomendaciones de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, según proceda. c) Los riesgos que se hayan puesto de manifiesto en las pruebas de resistencia, teniendo en cuenta la naturaleza, dimensión y complejidad de las actividades de la empresa de servicios de inversión. A partir de esta revisión y evaluación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores determinará si los sistemas, estrategias, procedimientos y mecanismos empleados por las entidades y los fondos propios y la liquidez mantenidos por ellas garantizan una gestión y cobertura sólida de sus riesgos. 2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores establecerá la frecuencia e intensidad de la revisión y evaluación contempladas en el apartado 1, teniendo en cuenta la magnitud, importancia sistémica, naturaleza, dimensión y complejidad de las actividades de la empresa de servicios de inversión de que se trate, así como el principio de proporcionalidad. La revisión y evaluación se actualizarán al menos con periodicidad anual en el caso de las empresas de servicios de inversión a las que se aplique el programa de examen supervisor previsto en el artículo 84 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 3. A las empresas de servicios de inversión exceptuadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la aplicación de los requerimientos de recursos propios en base consolidada conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, les será de aplicación el apartado 1 de este artículo en base individual. 4. A las empresas de servicios de inversión que, a juicio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tengan perfiles de riesgo similares por, entre otros motivos, la afinidad de sus modelos empresariales, la localización geográfica de sus exposiciones o la naturaleza y la magnitud de los riesgos a los que se encuentran expuestas o que podrían presentar para el sistema financiero, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá decidir aplicarles un proceso de revisión supervisora y evaluación de manera similar o idéntica. La decisión adoptada en virtud del párrafo anterior será notificada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la Autoridad Bancaria Europea. 5. La Comisión Nacional del Mercado de Valores informará a la Autoridad Bancaria Europea del funcionamiento de su proceso de revisión y evaluación supervisora, así como de la metodología empleada para hacer uso de las facultades supervisoras previstas en el título VIII, capítulo I de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores siempre que el proceso de revisión muestre que una empresa de servicios de inversión podría plantear un riesgo sistémico de conformidad con el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, de 24 de noviembre de 2010. Artículo 103. Criterios aplicables a la revisión y evaluación supervisoras. 1. Además del riesgo de crédito, del riesgo de mercado y del riesgo operacional, la revisión y evaluación efectuadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de conformidad con el artículo anterior incluirá, como mínimo, todos los aspectos siguientes: a) Los resultados de las pruebas de resistencia llevadas a cabo de conformidad con el artículo 177 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, por las empresas de servicios de inversión que utilicen el método basado en calificaciones internas. b) La exposición al riesgo de concentración y su gestión por las entidades, incluido el cumplimiento por estas de los requerimientos establecidos en la parte cuarta del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, y en el artículo 92 de este real decreto. c) La solidez, adecuación y forma de aplicación de las políticas y de los procedimientos establecidos por las empresas de servicios de inversión para la gestión del riesgo residual asociado al uso de técnicas reconocidas de reducción del riesgo de crédito. d) La adecuación de los recursos propios que posea una empresa de servicios de inversión con respecto a activos que haya titulizado. e) La exposición al riesgo de liquidez y su medición y gestión por las empresas de servicios de inversión. f) La incidencia de los efectos de diversificación y el modo en que esos efectos se tienen en cuenta en el sistema de evaluación del riesgo. g) Los resultados de las pruebas de resistencia llevadas a cabo por empresas de servicios de inversión que utilicen métodos internos para calcular los requerimientos de recursos propios por riesgo de mercado de conformidad con la parte tercera, título IV, capítulo 5, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. h) La ubicación geográfica de las exposiciones de las empresas de servicios de inversión. i) El modelo empresarial de la empresa de servicios de inversión. j) La evaluación del riesgo sistémico. k) La exposición de las empresas de servicios de inversión al riesgo de tipo de interés derivado de actividades ajenas a la cartera de negociación. l) La exposición de las empresas de servicios de inversión al riesgo de apalancamiento excesivo, según reflejen los indicadores de apalancamiento excesivo. Al determinar la adecuación del ratio de apalancamiento de las empresas de servicios de inversión y de los sistemas, estrategias, procedimientos y mecanismos empleados por las empresas de servicios de inversión para gestionar el riesgo de apalancamiento excesivo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores tendrá en cuenta el modelo empresarial de dichas empresas de servicios de inversión. m) Los sistemas de gobierno corporativo de las empresas de servicios de inversión, su cultura y sus valores corporativos y la capacidad de los miembros del consejo de administración para desempeñar sus funciones. Al llevar a cabo esta revisión y evaluación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores tendrá acceso, como mínimo, a los órdenes del día y la documentación de apoyo de las reuniones del consejo de administración y sus comités, así como los resultados de la evaluación interna o externa de la actuación del consejo de administración. 2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.e), la Comisión Nacional del Mercado de Valores efectuará periódicamente una evaluación exhaustiva de la gestión global del riesgo de liquidez por las empresas de servicios de inversión y promoverá el desarrollo de sólidas metodologías internas. Al realizar estos exámenes la Comisión Nacional del Mercado de Valores tomará en consideración el papel desempeñado por las empresas de servicios de inversión en los mercados financieros y la posible incidencia de sus decisiones en la estabilidad del sistema financiero de los demás Estados miembros de la Unión Europea afectados. 3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores controlará si una empresa de servicios de inversión ha proporcionado apoyo implícito a una titulización. En caso de que una empresa de servicios de inversión haya proporcionado apoyo implícito en más de una ocasión a una titulización, impidiendo con ello que se logre una transferencia significativa del riesgo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores adoptará medidas apropiadas atendiendo a las mayores expectativas de que proporcione apoyo a la titulización en el futuro. Artículo 104. Métodos internos para el cálculo de requerimientos de recursos propios. 1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores controlará, teniendo en consideración la naturaleza, escala y complejidad de las actividades de la empresa de servicios de inversión, que esta no dependa exclusiva o mecánicamente de las calificaciones crediticias externas a la hora de evaluar la solvencia de un ente o un instrumento financiero. 2. Sin perjuicio del cumplimiento de los criterios establecidos para la cartera de negociación en la parte tercera, título I, capítulo 3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, la Comisión Nacional del Mercado de Valores promoverá que las empresas que sean importantes por su tamaño, su organización interna y por la naturaleza, la dimensión y la complejidad de sus actividades desarrollen su capacidad de evaluación interna del riesgo de crédito y utilicen en mayor medida el método basado en calificaciones internas para calcular sus requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito cuando sus exposiciones sean significativas en términos absolutos y cuando tengan simultáneamente un gran número de contrapartes significativas. 3. Sin perjuicio del cumplimiento de los criterios de utilización de métodos internos para el cálculo de los requerimientos de recursos propios establecidos en la parte tercera, título IV, capítulo 5 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, la Comisión Nacional del Mercado de Valores promoverá que las empresas de servicios de inversión, teniendo en cuenta su tamaño, su organización interna y la naturaleza, dimensión y complejidad de sus actividades, desarrollen capacidades de evaluación interna del riesgo específico y utilicen en mayor medida métodos internos para el cálculo de sus requerimientos de recursos propios por riesgo específico de los instrumentos de deuda de la cartera de negociación, así como métodos internos para el cálculo de los requerimientos de recursos propios por riesgo de impago y de migración, cuando sus exposiciones al riesgo específico sean significativas en términos absolutos y cuando tengan un gran número de posiciones significativas en instrumentos de deuda de diferentes emisores. 4. Para promover la utilización de métodos internos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá, entre otras medidas, publicar guías técnicas sobre la elaboración y aplicación de estos métodos para el cálculo de los requerimientos de recursos propios. Artículo 105. Establecimiento de referencias de supervisión de los métodos internos para el cálculo de los requerimientos de recursos propios. 1. Las empresas de servicios de inversión a las que se permite utilizar métodos internos para el cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo o de los requerimientos de recursos propios, exceptuado el riesgo operacional, comunicarán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores los resultados de la aplicación de sus métodos internos a sus exposiciones o posiciones incluidas en las carteras de referencia elaboradas por la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el artículo 78.8.b) de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013. 2. Las empresas de servicios de inversión a las que se refiere el apartado anterior presentarán los resultados de sus cálculos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Autoridad Bancaria Europea, acompañados de una explicación de los métodos empleados para producir dichos resultados, al menos una vez al año. En la presentación de estos resultados, las entidades utilizarán la plantilla elaborada por la Autoridad Bancaria Europea para estas comunicaciones. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá, previa consulta con la Autoridad Bancaria Europea, elaborar carteras específicas para evaluar los métodos internos utilizados por las empresas de servicios de inversión. En tales casos las empresas de servicios de inversión comunicarán estos resultados separados de los resultados de los cálculos correspondientes a las carteras de la Autoridad Bancaria Europea. 4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, basándose en la información presentada por las empresas de servicios de inversión de conformidad con los apartados 2 y 3, vigilará la variedad de resultados en las exposiciones ponderadas por riesgo o los requerimientos de recursos propios, según proceda, exceptuado el riesgo operacional, correspondiente a las exposiciones o transacciones de las carteras de referencia resultantes de la aplicación de los métodos internos de dichas empresas de servicios de inversión. Al menos una vez al año, la Comisión Nacional del Mercado de Valores efectuará una evaluación de la calidad de los citados modelos prestando atención especial a los métodos que: a) Arrojen diferencias significativas en los requerimientos de recursos propios para la misma exposición. b) Reflejen una diversidad particularmente elevada o reducida. c) Subestimen de forma significativa y sistemática los requerimientos de recursos propios. 5. Cuando alguna empresa de servicios de inversión diverja significativamente de la mayoría de las empresas de servicios de inversión semejantes o cuando, por su escasa homogeneidad, los métodos den lugar a resultados muy divergentes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores investigará las razones de ello. Si puede establecerse con claridad que el modelo de una empresa de servicios de inversión conduce a la subestimación de los requerimientos de recursos propios que no sea atribuible a diferencias en los riesgos subyacentes de las exposiciones o posiciones, la Comisión Nacional del Mercado de Valores tomará medidas correctoras. 6. Las medidas correctoras adoptadas conforme al apartado anterior no deberán: a) Conducir a la normalización o a metodologías preferidas. b) Crear incentivos inadecuados. c) Dar lugar a comportamiento gregario. Artículo 106. Revisión permanente de la autorización de utilizar métodos internos. 1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores someterá a revisión regularmente, y al menos cada tres años, la observancia por las empresas de servicios de inversión de los requisitos exigibles a los modelos cuya utilización para el cálculo de los requerimientos de recursos propios requiere la autorización previa de conformidad con la parte tercera del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. En caso de apreciarse deficiencias significativas en la capacidad del modelo interno de una empresa de servicios de inversión para reflejar los riesgos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá exigir que se subsanen las deficiencias o tomar medidas para mitigar sus consecuencias, tales como la imposición de coeficientes de multiplicación más elevados, incrementos en los requerimientos de recursos propios u otras medidas que se consideren apropiadas y efectivas. 2. Si, en el caso de un modelo interno referente al riesgo de mercado, un número elevado de excesos de pérdidas con respecto al valor en riesgo calculado por el modelo de la entidad, con arreglo al artículo 366 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, indica que el modelo no es o ha dejado de ser suficientemente preciso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá revocar la autorización para utilizarlo o imponer medidas para que se perfeccione sin demora. 3. Si una empresa de servicios de inversión hubiera sido autorizada para aplicar un método de cálculo de los requerimientos de recursos propios que requiere la autorización previa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de conformidad con la parte tercera del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, y deja de cumplir los requisitos exigidos para aplicarlo, la empresa de servicios de inversión deberá demostrar que las consecuencias del incumplimiento son irrelevantes de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, o bien deberá presentar un plan para volver a cumplir oportunamente dichos requisitos y fijar un plazo para llevarlo a cabo. La empresa de servicios de inversión perfeccionará dicho plan si es poco probable que desemboque en un total cumplimiento de los requisitos o si el plazo resulta inadecuado. Si es poco probable que la empresa de servicios de inversión pueda volver a cumplir los requisitos en un plazo adecuado y no demuestra satisfactoriamente que las consecuencias del incumplimiento sean irrelevantes, la autorización para utilizar el método se revocará o se limitará a las áreas en las que no exista incumplimiento o a aquellas en las que pueda alcanzarse una situación de cumplimiento en un plazo adecuado. 4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores tendrá en cuenta el análisis de los métodos internos y los parámetros de referencia elaborados por la Autoridad Bancaria Europea al revisar las autorizaciones que concedan a las empresas de servicios de inversión para utilizar dichos modelos. CAPÍTULO II Ámbito subjetivo de la función supervisora Artículo 107. Supervisión de los grupos consolidables. 1. Corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la supervisión en base consolidada de: a) Los grupos consolidables de empresas de servicios de inversión en los que la matriz sea una empresa de servicios de inversión autorizada en España. b) Los grupos consolidables en los que la matriz sea una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera cuyas filiales sean empresas de servicios de inversión o entidades de crédito autorizadas en España, siempre que las empresas de servicios de inversión cuenten con un balance superior al de las entidades de crédito. c) Los grupos consolidables en los que la matriz sea una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera española que tengan como filiales empresas de servicios de inversión o entidades de crédito autorizadas en España y en otros Estados miembros de la Unión Europea. Adicionalmente, el balance de las empresas de servicios de inversión autorizadas en España deberá ser superior al de las entidades de crédito autorizadas en España. d) Los grupos consolidables que tengan como matriz más de una sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera con domicilio social en España y en otro Estado miembro de la Unión Europea cuyas filiales sean empresas de servicios de inversión o entidades de crédito autorizadas en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea en los que tengan su sede las sociedades financieras de cartera o sociedades financieras mixtas de cartera matrices, siempre que la empresa de servicios de inversión autorizada en España tenga el balance más elevado. e) Los grupos consolidables integrados por empresas de servicios de inversión o entidades de crédito autorizadas en otros Estados miembros de la Unión Europea cuya matriz sea una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera con domicilio social en un Estado miembro distinto de aquellos donde han sido autorizadas las empresas de servicios de inversión y entidades de crédito filiales, siempre que la empresa de servicios de inversión autorizada en España tenga el balance más elevado. f) Los grupos determinados como consolidables en aplicación del artículo 18.6 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, en los términos que establezca la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 2. No obstante lo dispuesto en las letras c), d) y e) del apartado anterior, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de común acuerdo con el Banco de España o con las autoridades de otros Estados miembros de la Unión Europea responsables de la supervisión en base individual de las empresas de servicios de inversión o entidades de crédito de un grupo, podrá renunciar a la aplicación de los criterios contemplados en dichas letras si la importancia relativa de las actividades del grupo en alguno del resto de Estados miembros en los que opere aconseja que la supervisión base consolidada sea ejercida por una autoridad competente distinta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En los casos contemplados en el párrafo anterior, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ofrecerá, según corresponda, a la sociedad financiera de cartera, a la sociedad financiera mixta de cartera o a la empresa de servicios de inversión española con el balance más elevado del grupo, la posibilidad de manifestar su punto de vista al respecto. La Comisión Nacional del Mercado de Valores notificará a la Comisión Europea y a la Autoridad Bancaria Europea, todo acuerdo adoptado de conformidad con este apartado. Artículo 108. Inclusión de sociedades de cartera en la supervisión consolidada. 1. Las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera se incluirán en la supervisión consolidada. 2. Cuando las empresas de servicios de inversión filiales de la sociedad financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de cartera no estén incluidas en la supervisión en base consolidada en virtud de alguno de los supuestos previstos en el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, la Comisión Nacional del Mercado de Valores pedirá a la empresa matriz la información que pueda facilitar el ejercicio de la supervisión de dicha filial. 3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando sea el supervisor en base consolidada, podrá pedir la información mencionada en el artículo 109 a las filiales de una empresa de servicios de inversión, de una sociedad financiera de cartera o de una sociedad financiera mixta de cartera que no estén incluidas en el ámbito de la supervisión en base consolidada. En este caso, se aplicarán los procedimientos de transmisión y comprobación previstos por el citado artículo. 4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, como supervisor en base consolidada, establecerá una lista de las sociedades financieras de cartera y de las sociedades financieras mixtas de cartera contempladas en el artículo 11 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. Esta lista deberá ser remitida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores al resto de autoridades competentes de otros Estados miembros, a la Autoridad Bancaria Europea y a la Comisión Europea. Artículo 109. Solicitudes de información y comprobaciones de la actividad de las sociedades mixtas de cartera. 1. Cuando la empresa matriz de una o de varias empresas de servicios de inversión españolas sea una sociedad mixta de cartera, la Comisión Nacional del Mercado de Valores exigirá a la sociedad mixta de cartera y a sus filiales, dirigiéndose directamente a aquellas o por mediación de las filiales que sean empresas de servicios de inversión, la comunicación de toda información pertinente para ejercer la supervisión sobre dichas filiales. 2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá realizar o encomendar a auditores de cuentas la comprobación in situ de la información facilitada por las sociedades mixtas de cartera y sus filiales. Cuando la sociedad mixta de cartera o una de sus filiales sea una empresa de seguros, se podrá recurrir igualmente al procedimiento previsto en el artículo 87 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. En caso de que la comprobación sea llevada a cabo por auditores de cuentas, deberá estarse a lo dispuesto respecto al régimen de independencia al que se encuentran sujetos los auditores de cuentas en el capítulo III del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. Cuando la sociedad mixta de cartera o una de sus filiales esté situada en otro Estado miembro de la Unión Europea, la comprobación in situ de la información se llevará a cabo según el procedimiento previsto en el artículo 115. CAPÍTULO III Colaboración entre autoridades de supervisión Artículo 110. Colaboración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con otras autoridades en el marco de la supervisión en base consolidada. 1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 91.6 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en el ejercicio de la colaboración con autoridades supervisoras de otros países la Comisión Nacional del Mercado de Valores facilitará toda aquella información pertinente que le sea solicitada por dichas autoridades y, en todo caso, de oficio, aquella información que pueda influir de forma significativa en la evaluación de la solidez financiera de una empresa de servicios de inversión o una entidad financiera de otro Estado. En particular, la información a que se refiere el primer párrafo incluirá: a) La estructura jurídica y la estructura de gobierno de un grupo consolidable de empresas de servicios de inversión. b) Procedimientos para la recogida de información de los entes de un grupo y su comprobación. c) Evoluciones adversas en empresas de servicios de inversión o en otras empresas de un grupo que puedan afectar gravemente a las entidades de crédito. d) Sanciones por infracciones graves o muy graves y medidas excepcionales adoptadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, incluida la imposición de un requerimiento específico de recursos propios con arreglo al artículo 87 octies.2.a) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y la imposición de cualquier limitación al uso del método de medición avanzada para el cálculo de los requerimientos de recursos propios con arreglo al artículo 312.2 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. 2. La planificación y coordinación, en colaboración con las autoridades competentes implicadas y con los bancos centrales, de las actividades de supervisión en situaciones de urgencia o en previsión de las mismas según lo dispuesto en el artículo 91.6.c) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, incluirá la preparación de evaluaciones conjuntas, la instrumentación de planes de emergencia y la comunicación al público. 3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores facilitará a la Autoridad Bancaria Europea toda la información que ésta necesite para llevar a cabo las tareas encomendadas en la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, de 24 de noviembre de 2010, con arreglo al artículo 35 de este último reglamento. 4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá informar y solicitar asistencia a la Autoridad Bancaria Europea cuando las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea involucradas en la supervisión de empresas de servicios de inversión del grupo consolidable: a) No comuniquen información esencial. b) Denieguen una solicitud de cooperación y, en particular, de intercambio de información pertinente, o no den curso a la misma en un plazo razonable. c) No lleven a cabo adecuadamente las tareas que les correspondan como supervisores en base consolidada. Artículo 111. Colaboración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con autoridades de otros países en el marco de la supervisión de sucursales. 1. Con objeto de supervisar la actividad de las empresas de servicios de inversión españolas que operen a través de una sucursal en otros Estados miembros de la Unión Europea, la Comisión Nacional del Mercado de Valores colaborará estrechamente con las autoridades competentes de los Estados miembros pertinentes. En el marco de esta colaboración, la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará toda la información pertinente relativa a la dirección, gestión y propiedad de estas empresas de servicios de inversión que pueda facilitar su supervisión y el examen de las condiciones de su autorización, así como cualquier otra información susceptible de facilitar la supervisión de dichas entidades, en particular en materia de liquidez, solvencia, garantía de depósitos, limitación de grandes riesgos, otros factores que puedan influir en el riesgo sistémico planteado por la empresa de servicios de inversión, organización administrativa y contable y mecanismos de control interno. La comunicación de información a que se refiere el párrafo anterior estará condicionada, en el caso de Estados no miembros de la Unión Europea, al sometimiento de las autoridades supervisoras extranjeras a obligaciones de secreto profesional equivalentes, al menos, a las establecidas en el artículo 90 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 2. En materia de liquidez, la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará de inmediato a las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea donde operen sucursales de empresas de servicios de inversión españolas: a) Cualquier información o constatación relacionada con la supervisión en materia de liquidez, de conformidad con la parte sexta del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, y con el título VIII, capítulo I de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, de las actividades realizadas por la empresa de servicios de inversión a través de las sucursales, en la medida en que dicha información o constataciones sean pertinentes a efectos de la protección de los depositantes o inversores del Estado miembro de acogida. b) Cualquier crisis de liquidez que se produzca o quepa razonablemente esperar que vaya a producirse. Esta información contendrá, además, las medidas de supervisión prudencial aplicadas al respecto y los pormenores del plan de recuperación y de cualquier medida de supervisión prudencial adoptada en ese contexto. 3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su condición de autoridad competente del Estado miembro de acogida de una sucursal de una empresa de servicios de inversión de otro Estado miembro de la Unión Europea, podrá solicitar a las autoridades competentes del Estado miembro de origen que comuniquen y expliquen la manera en que se han tenido en cuenta la información y las constataciones transmitidas por éste. Si tras estas explicaciones la Comisión Nacional del Mercado de Valores considera que las autoridades del Estado de origen no han adoptado medidas adecuadas, podrá adoptar medidas para proteger los intereses de depositantes e inversores y la estabilidad del sistema financiero, después de informar a las autoridades competentes del Estado de origen y, si se trata de autoridades de un Estado miembro de la Unión Europea, también a la Autoridad Bancaria Europea. 4. Cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores sea el supervisor de una empresa de servicios de inversión española con sucursales en otro Estado miembro de la Unión Europea y esté en desacuerdo con las medidas que vayan a tomar las autoridades competentes del Estado miembro donde esté situada la sucursal, podrá recurrir a la Autoridad Bancaria Europea y solicitarle asistencia de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, de 24 de noviembre de 2010. Artículo 112. Funcionamiento de los colegios de supervisores. 1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando le corresponda establecer un colegio de supervisores conforme a lo dispuesto en el artículo 91 septies de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores: a) Presidirá las reuniones del colegio y decidirá las autoridades competentes participantes en las reuniones y actividades del colegio de supervisores. b) Mantendrá a todos los miembros del colegio plenamente informados de la organización de las reuniones, de las decisiones acordadas y de las medidas llevadas a cabo. c) Informará a la Autoridad Bancaria Europea, con sujeción a las exigencias en materia de confidencialidad previstas en artículo 90 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, de las actividades del colegio de supervisores, especialmente las desarrolladas en situaciones de urgencia, y comunicará a dicha autoridad toda información que resulte de particular interés a efectos de la convergencia de la actividad supervisora. En todo caso, las decisiones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores deberán tener en cuenta la pertinencia de la actividad de supervisión que vaya a planificarse o coordinarse, incluida las obligaciones de cooperación con los Estados miembros en los que se encuentren establecidas sucursales significativas así como la incidencia de las decisiones en la estabilidad del sistema financiero del resto de Estados miembros de la Unión Europea. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los colegios de supervisores podrán participar: a) La Autoridad Bancaria Europea como considere adecuado a fin de fomentar y controlar el funcionamiento eficiente, eficaz y coherente de dichos colegios de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, de 24 de noviembre de 2010. b) Las autoridades competentes responsables de la supervisión de las filiales de una empresa de servicios de inversión matriz de la Unión Europea o de una sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión Europea. c) Las autoridades competentes del Estado miembro en el que estén establecidas sucursales significativas. d) Bancos centrales. e) Autoridades competentes de terceros países con sujeción a requerimientos de confidencialidad que sean equivalentes, a juicio de todas las autoridades competentes, a los estipulados en el artículo 90 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá plantear a la Autoridad Bancaria Europea en virtud del artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, de 24 de noviembre de 2010, cualquier desacuerdo con otras autoridades competentes que integren el colegio y solicitar su asistencia. Artículo 113. Intercambio de información en materia de supervisión en base consolidada. 1. Cuando la empresa matriz y la empresa o empresas de servicios de inversión que sean filiales suyas estén situadas en Estados miembros de la Unión Europea diferentes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará a las autoridades competentes de cada uno de esos Estados miembros toda la información pertinente para facilitar el ejercicio de la supervisión en base consolidada. 2. Cuando corresponda a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la supervisión de empresas matrices no situadas en España en virtud de lo dispuesto en el artículo 107, ésta podrá instar a las autoridades competentes del Estado miembro donde se encuentre situada la empresa matriz a solicitar a la empresa matriz la información pertinente para el ejercicio de la supervisión en base consolidada y a que transmitan esta información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Artículo 114. Comprobaciones in situ de la actividad de las sucursales. 1. Para ejercer la supervisión de las sucursales de empresas de servicios de inversión españolas en otros Estados miembros de la Unión Europea, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tras consultar a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, podrá llevar a cabo comprobaciones in situ de las informaciones contempladas en el artículo 111. Dicha comprobación podrá también llevarse a cabo a través de las autoridades competentes del Estado miembro donde opere la sucursal o través de auditores de cuentas o peritos. En caso de que la comprobación sea llevada a cabo por auditores de cuentas, deberá estarse a lo dispuesto respecto al régimen de independencia al que se encuentran sujetos de conformidad con el capítulo III del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, o, en caso de que los auditores de cuentas estén establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea, deberá estarse a lo dispuesto respecto a un régimen de independencia equiparable al español. 2. Para ejercer la supervisión de las sucursales en España de empresas de servicios de inversión autorizadas en otros Estados miembros de la Unión Europea, las autoridades competentes de dichos Estados miembros, tras consultar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, podrán llevar a cabo comprobaciones in situ de las informaciones contempladas en el artículo 111. Estas comprobaciones se realizarán, en todo caso, sin perjuicio de la normativa española aplicable. Artículo 115. Comprobación de información relativa a entidades de otros Estados miembros de la Unión Europea. 1. En el marco de la aplicación de las normas de solvencia contenidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá solicitar a las autoridades competentes de otros Estados miembros la comprobación de información sobre las siguientes entidades establecidas en su territorio: a) Empresas de servicios de inversión. b) Entidades de crédito. c) Sociedades financieras de cartera. d) Sociedades financieras mixta de cartera. e) Entidades financieras. f) Empresas de servicios auxiliares. g) Sociedades mixtas de cartera. h) Filiales, situadas en otro Estado miembro de la Unión Europea, de: 1.º Sociedades financieras de cartera, de sociedades financieras mixtas de cartera o de sociedades mixtas de cartera, que sean empresas de seguros u otras empresas de servicios de inversión no contempladas en el artículo 4.1.2) del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, sujetas a un régimen de autorización. 2.º Entidades de crédito, empresas de servicios de inversión, sociedades financieras de cartera o de sociedades financieras mixtas de cartera, que no estén incluidas en el ámbito de la supervisión en base consolidada. 2. Cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores reciba una solicitud análoga a la del apartado 1 por parte de las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, deberá darle curso, en el marco de su competencia, a través de uno de los siguientes métodos: a) Procediendo por sí mismo a la comprobación. b) Permitiendo que procedan a ella las autoridades competentes que hayan presentado la solicitud. c) Permitiendo que proceda a ella un auditor de cuentas o un perito. Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores permitirá que la autoridad competente solicitante participe en la comprobación, si así lo desea, cuando no la efectúe por sí misma. En caso de que la comprobación sea llevada a cabo por auditores de cuentas, deberá estarse a lo dispuesto respecto al régimen de independencia al que se encuentran sujetos los auditores de cuentas en el capítulo III del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. Artículo 116. Decisión conjunta. 1. En el marco de la colaboración establecido en el artículo 91 sexies de Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando sea el supervisor en base consolidada de un grupo o la autoridad competente responsable de la supervisión de las filiales de una empresa de servicios de inversión matriz de la Unión Europea, de una sociedad financiera de cartera o de una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión Europea en España, procurará, con todos sus medios, alcanzar una decisión consensuada con las demás autoridades supervisoras de la Unión Europea sobre: a) La aplicación de lo dispuesto en los artículos 70.2 y 87 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para determinar la adecuación del nivel consolidado de recursos propios que posea el grupo en relación con su situación financiera y perfil de riesgo y el nivel de recursos propios necesario para la aplicación del artículo 87 octies de la citada ley a cada una de las empresas de servicios de inversión del grupo y en base consolidada. b) Las medidas para solventar cualesquiera cuestiones significativas y constataciones importantes relacionadas con la supervisión de la liquidez. 2. La decisión conjunta a que refiere el apartado 1 se adoptará: a) A efectos del apartado 1.a), en un plazo de cuatro meses a partir de la presentación por el supervisor en base consolidada, a las demás autoridades competentes pertinentes, de un informe que incluya la evaluación de riesgos del grupo, de conformidad con los artículos 70.2, 87 bis.1 y 87 octies.2.a) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. b) A efectos del apartado 1.b), en un plazo de un mes a partir de la presentación por el supervisor en base consolidada, a las demás autoridades competentes pertinentes, de un informe que incluya la evaluación del perfil de riesgo de liquidez del grupo, de conformidad con los artículos 97 de este real decreto y 70.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 3. La decisión conjunta se expondrá en un documento que contenga la decisión plenamente motivada y que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando sea el supervisor en base consolidada, remitirá a la empresa de servicios de inversión matriz de la Unión Europea. En caso de desacuerdo, por iniciativa propia o a petición de cualquiera de las demás autoridades competentes afectadas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, antes de adoptar la decisión a que se refiere el apartado siguiente, consultará a la Autoridad Bancaria Europea. El resultado de la consulta no le vinculará. 4. En ausencia de la referida decisión conjunta entre las autoridades competentes en los plazos a que se refiere el apartado 2, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando ejerza de supervisor en base consolidada, adoptará la decisión respecto a la aplicación de los artículos 70.2, 87 bis y 87 octies.2.a) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y del artículo 97 de este real decreto, sobre una base consolidada, tras tomar debidamente en consideración la evaluación de riesgo de las filiales realizada por las autoridades competentes pertinentes y, en su caso, el resultado de la consulta a la Autoridad Bancaria Europea, explicando toda variación significativa respecto del dictamen recibido de la misma. Si al final de los plazos a que se refiere el apartado 2 alguna de las autoridades competentes interesadas ha remitido el asunto a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, de 24 de noviembre de 2010, la Comisión Nacional del Mercado de Valores aplazará su resolución y esperará la decisión que la Autoridad Bancaria Europea pueda adoptar de conformidad con el artículo 19.3 de dicho reglamento. Posteriormente, resolverá con arreglo a la decisión de la Autoridad Bancaria Europea. Los plazos a los que se refiere el apartado 2 serán considerados períodos de conciliación en el sentido del artículo 19 del citado reglamento. El asunto no se remitirá a la Autoridad Bancaria Europea una vez finalizado el periodo de cuatro meses o el periodo de un mes, según proceda, o tras haberse adoptado una decisión conjunta. 5. Igualmente, en ausencia de la referida decisión conjunta, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como responsable de la supervisión de las filiales de una empresa de servicios de inversión matriz de la Unión Europea o de una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión Europea, tomarán una decisión sobre la aplicación de los artículos 70.2, 87 bis y 87 octies.2.a) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y del artículo 97 de este real decreto, sobre una base individual, tras tomar debidamente en consideración las observaciones y las reservas manifestadas por el supervisor en base consolidada y, en su caso, el resultado de la consulta a la Autoridad Bancaria Europea, explicando toda variación significativa respecto del dictamen recibido de la misma. Si al final del período de cuatro meses o un mes, según proceda, alguna de las autoridades competentes implicadas ha remitido el asunto a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, de 24 de noviembre de 2010, la Comisión Nacional del Mercado de Valores aplazará su resolución y esperará la decisión que la Autoridad Bancaria Europea pueda adoptar de conformidad con el artículo 19.3 de dicho reglamento. Posteriormente, resolverá con arreglo a la decisión de la Autoridad Bancaria Europea. Los plazos a que se refiere el apartado 2 serán considerados períodos de conciliación en el sentido del artículo 19 del citado reglamento. El asunto no se remitirá a la Autoridad Bancaria Europea una vez finalizado el periodo de cuatro meses o el periodo de un mes, según proceda, o tras haberse adoptado una decisión conjunta. 6. Las decisiones a que se refieren los dos apartados anteriores se expondrán en un documento que contenga las decisiones plenamente motivadas y tendrán en cuenta la evaluación de riesgo, las observaciones y las reservas manifestadas por las demás autoridades competentes a lo largo de los períodos a que se refiere el apartado 2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando ejerza de supervisor en base consolidada, remitirá el documento a todas las autoridades competentes afectadas y a la empresa de servicios de inversión matriz de la Unión Europea o filial afectada. 7. Las decisiones conjuntas a que se refiere el apartado 1 y las decisiones de los supervisores en base consolidada de otros Estados miembros de la Unión Europea, que afecten a empresas de servicios de inversión españolas filiales de los grupos consolidados a que se refieran tales decisiones, tendrán idénticos efectos legales que las decisiones adoptadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 8. La decisión conjunta a que se refiere el apartado 1 y las decisiones adoptadas a falta de una decisión conjunta de conformidad con los apartados 4 y 5 serán actualizadas cada año o, en circunstancias excepcionales, cuando una autoridad competente responsable de la supervisión de filiales de una empresa de servicios de inversión o una entidad de crédito matriz de la Unión Europea o una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión Europea presenten al supervisor en base consolidada una solicitud por escrito completamente razonada de que se actualice la decisión sobre la aplicación del artículo 87 octies.2.a) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. En el segundo caso, podrán encargarse de la actualización de modo bilateral el supervisor en base consolidada y la autoridad competente que haya presentado la solicitud. Artículo 117. Procedimiento de declaración de sucursales como significativas y obligaciones de información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores al respecto. 1. Respecto a las sucursales de empresas de servicios de inversión españolas distintas de las contempladas en el artículo 95 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, establecidas en otro Estado miembro de la Unión Europea, la Comisión Nacional del Mercado de Valores: a) Promoverá el proceso de adopción de una decisión conjunta sobre su designación como significativas en el plazo máximo de 2 meses desde la recepción de la solicitud a la que alude el artículo 91 quinquies de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. En caso de no llegar a adoptarse decisión conjunta alguna, la Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá reconocer y aplicar la decisión adoptada al respecto por la autoridad competente del Estado miembro de acogida. b) Comunicará a las autoridades competentes del Estado miembro de la Unión Europea en que esté establecida una sucursal significativa de una empresa de servicios de inversión española la información a que se refiere el artículo 91 bis.8.c) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y las solicitudes de recursos propios adicionales con arreglo a lo previsto en el artículo 87 octies.2 a) y llevará a cabo las tareas a que se refiere el artículo 91.6.c) de la citada Ley en colaboración con las autoridades competentes del Estado miembro en que la sucursal opere. Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará a la empresa de servicios de inversión española la decisión adoptada al respecto por la autoridad competente del Estado miembro de acogida. 2. Respecto a las sucursales en España de empresas de servicios de inversión de otros Estados miembros de la Unión Europea, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá solicitar a las autoridades supervisoras competentes que inicien las actuaciones apropiadas para reconocer el carácter significativo de dicha sucursal y, en su caso, resolver sobre tal extremo. A tal efecto, si en los dos meses siguientes a la recepción de la solicitud formulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores no se alcanzase una decisión conjunta con el supervisor del Estado miembro de origen, la Comisión Nacional del Mercado de Valores dispondrá de un período adicional de dos meses para tomar su propia decisión. Al tomar su decisión, la Comisión Nacional del Mercado de Valores tendrá en cuenta las opiniones y reservas que, en su caso, hayan expresado el supervisor en base consolidada o las autoridades competentes del Estado miembro de acogida. 3. En las actuaciones a que se refieren los apartados 1.a) y 2 anteriores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá: a) Tener en cuenta las opiniones y reservas que, en su caso, hayan expresado las autoridades competentes de los Estados miembros interesados. b) Considerar elementos como la cuota de mercado de la sucursal en términos de instrumentos financieros gestionados; la incidencia probable de la suspensión o el cese de las operaciones de la empresa de servicios de inversión en la liquidez del mercado y en los sistemas de pago, y de compensación y liquidación; o las dimensiones y la importancia de la sucursal por número de clientes. Dichas decisiones se plasmarán en un documento que contendrá la decisión y su motivación y se notificarán a las demás autoridades competentes y a la propia empresa de servicios de inversión interesada. 4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará a las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida en los que estén establecidas sucursales significativas de empresas de servicios de inversión españolas: a) Los resultados de las evaluaciones de riesgos de las empresas de servicios de inversión con sucursales de este tipo que se hayan realizado de conformidad con el artículo 87 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. b) Las decisiones adoptadas en virtud del artículo 87 octies.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en la medida en que dichas evaluaciones y decisiones sean pertinentes para esas sucursales. Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores consultará a las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida sobre las medidas operativas llevadas a cabo por las empresas de servicios de inversión para asegurar que los planes de recuperación de liquidez puedan aplicarse de forma inmediata cuando ello sea pertinente para los riesgos de liquidez en la moneda del Estado miembro de acogida. 5. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá recurrir a la Autoridad Bancaria Europea y solicitarle asistencia de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, de 24 de noviembre de 2010, cuando: a) Las autoridades competentes del Estado miembro de origen de una sucursal significativa que opere en España no hayan consultado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la hora de establecer el plan de recuperación de la liquidez. b) Cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores sostenga que los planes de recuperación de la liquidez impuestos por las autoridades competentes del Estado miembro de origen de una sucursal significativa que opere en España no son adecuados. CAPÍTULO IV Obligaciones de información y publicación Artículo 118. Obligaciones de publicidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá publicar en su página web: a) Los textos de las disposiciones legales y reglamentarias, así como las orientaciones generales adoptadas en el ámbito de la normativa de solvencia. b) El modo en que se han ejercido las opciones y facultades que ofrece el derecho de la Unión Europea. c) Los criterios y metodología seguidos por la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores para revisar los acuerdos, estrategias, procedimientos y mecanismos aplicados por las empresas de servicios de inversión y sus grupos a fin de dar cumplimiento al Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, y a las normas de solvencia contenidas en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y evaluar los riesgos a los que las mismas están o podrían estar expuestas. d) Los criterios generales y los métodos adoptados para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 405 a 409 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. e) Una sucinta descripción del resultado de la revisión supervisora y la descripción de las medidas impuestas en los casos de incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 405 a 409 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. f) Las demás previstas en el artículo 87 septies de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 2. Asimismo, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores, conforme al artículo 7.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, decida eximir a una empresa de servicios de inversión del cumplimiento del artículo 6.1 del mencionado reglamento, deberá publicar la siguiente información: a) Los criterios aplicados para determinar que no existen impedimentos importantes, actuales o previstos, de tipo práctico o jurídico para la inmediata transferencia de recursos propios o el reembolso de pasivos. b) El número de empresas de servicios de inversión matrices que se beneficien de esta exención y, entre ellas, el número de empresas de servicios de inversión que cuentan con filiales situadas en un país no perteneciente a la Unión Europea. c) Sobre una base agregada para España: 1.º El importe total consolidado de recursos propios de la empresa de servicios de inversión matriz en España a la que se aplique esta exención que esté en poder de filiales situadas en Estados no miembros de la Unión Europea. 2.º El porcentaje del total consolidado de recursos propios de empresas de servicios de inversión matrices en España a las que se aplique esta exención representado por recursos propios en poder de filiales situadas en Estados no miembros de la Unión Europea. 3.º El porcentaje del total consolidado de recursos propios exigidos con arreglo al artículo 92 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, a las empresas de servicios de inversión matrices en España a las que se aplique esta exención, representado por recursos propios en poder de filiales situadas en Estados no miembros de la Unión Europea. 3. Cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores, conforme al artículo 9.1 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, autorice a una empresa de servicios de inversión a incorporar, en su cálculo de la exigencia contemplada en el artículo 6.1 del mencionado reglamento, a aquellas de sus filiales que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 7.1.c) y d) del citado reglamento y cuyas exposiciones o pasivos significativos lo sean con respecto a dichas empresas de servicios de inversión matrices, deberá publicar la siguiente información: a) Los criterios que aplican para determinar que no existen impedimentos importantes, actuales o previstos, de tipo práctico o jurídico para la inmediata transferencia de recursos propios o el reembolso de pasivos. b) El número de empresas de servicios de inversión matrices a las que se haya concedido esta autorización y, entre ellas, el número de dichas empresas de servicios de inversión matrices que cuentan con filiales situadas en Estados no miembros de la Unión Europea. c) Sobre una base agregada para España: 1.º El importe total de recursos propios de las empresas de servicios de inversión matrices a las que se haya concedido esta autorización que esté en poder de filiales situadas en Estados no miembros de la Unión Europea. 2.º El porcentaje del total de recursos propios de empresas de servicios de inversión matrices a las que se haya concedido esta autorización representado por recursos propios en poder de filiales situadas en Estados no miembros de la Unión Europea. 3.º El porcentaje del total de recursos propios exigidos con arreglo al artículo 92 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, a las empresas de servicios de inversión matrices a las que se haya concedido esta autorización representado por recursos propios en poder de filiales situadas en Estados no miembros de la Unión Europea. Artículo 119. Información sobre solvencia de las empresas de servicios de inversión. 1. De conformidad con el artículo 70 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, los grupos consolidables de empresas de servicios de inversión y las empresas de servicios de inversión no integradas en uno de estos grupos consolidables publicarán en su página web debidamente integrada en un solo documento denominado “Información sobre solvencia”, información concreta sobre aquellos datos de su situación financiera y actividad en los que el mercado y otras partes interesadas puedan tener interés con el fin de evaluar los riesgos a los que se enfrentan, su estrategia de mercado, su control de riesgos, su organización interna y su situación al objeto de dar cumplimiento a las exigencias mínimas de recursos propios previstas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, y en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 2. Las mismas obligaciones de divulgación serán exigibles, de forma individual, a las empresas de servicios de inversión españolas o extranjeras constituidas en otro Estado miembro de la Unión Europea, filiales de empresas de servicios de inversión españolas, en los casos que la Comisión Nacional del Mercado de Valores así lo considere en atención a su actividad o importancia relativa dentro del grupo. En el caso de que la obligación afecte a filiales extranjeras, la Comisión Nacional del Mercado de Valores remitirá la correspondiente resolución a la empresa de servicios de inversión española dominante, que estará obligada a adoptar las medidas necesarias para darle cumplimiento efectivo. 3. Las empresas de servicios de inversión podrán omitir la información no significativa y, con la oportuna advertencia, los datos que consideren reservados o confidenciales. También podrán determinar el medio, lugar y modo de divulgación del citado documento. 4. La publicación del documento «Información sobre solvencia» deberá realizarse con frecuencia al menos anual y a la mayor brevedad. En todo caso la publicación no podrá tener lugar con posterioridad a la fecha de aprobación de las cuentas anuales de la empresa de servicios de inversión. No obstante lo anterior, las empresas de servicios de inversión evaluarán la necesidad de publicar alguna o todas las informaciones con una mayor frecuencia habida cuenta la naturaleza y características de sus actividades. Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá determinar las informaciones a las que las empresas de servicios de inversión deberán prestar una atención particular cuando evalúen si resulta necesaria una frecuencia de publicación mayor a la anual para dichos datos. 5. No obstante lo anterior, quedan excluidas del ámbito de aplicación de este artículo aquellas empresas de servicios de inversión que cumplan los requisitos siguientes: a) No estar autorizadas a prestar el servicio auxiliar al que se refiere el artículo 63.2.a) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. b) Prestar únicamente uno o varios de los servicios o actividades de inversión enumerados en el artículo 63.1.a), b), d) y g) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. c) No estar autorizadas para tener en depósito dinero o valores de sus clientes y que, por esta razón, nunca puedan hallarse en situación deudora respecto de dichos clientes.» Trece. La disposición adicional única pasa a ser la disposición adicional primera y se añade una nueva disposición adicional con la siguiente redacción: «Disposición adicional segunda. Comunicación de sanciones a la Autoridad Bancaria Europea. La Comisión Nacional del Mercado de Valores informará a la Autoridad Bancaria Europea de las sanciones impuestas a las empresas de servicios de inversión así como de los recursos interpuestos contra las mismas y sus resultados. No obstante, lo anterior, no será preciso informar sobre sanciones impuestas a empresas de servicios de inversión que cumplan los requisitos siguientes: a) No estar autorizadas a prestar el servicio auxiliar al que se refiere el artículo 63.2.a) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. b) Prestar únicamente uno o varios de los servicios o actividades de inversión enumerados en el artículo 63.1.a), b), d) y g) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. c) No estar autorizadas para tener en depósito dinero o valores de sus clientes y que, por esta razón, nunca puedan hallarse en situación deudora respecto de dichos clientes.» Catorce. Se modifica la disposición final segunda como sigue: «Disposición final segunda. Habilitaciones normativas. El Ministro de Economía y Competitividad y, con su habilitación expresa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, podrán dictar las disposiciones precisas para la debida ejecución de este real decreto. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá dictar las disposiciones necesarias para desarrollar, concretar y especificar la información que los mercados secundarios oficiales están obligados a difundir sobre las acciones admitidas a negociación en ellos, tanto en relación con las posiciones de compra y venta existentes en cada momento, como en relación con las operaciones ya concluidas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, del Mercado de Valores, y de conformidad con los requisitos que a este respecto se establecen en la normativa comunitaria.» Disposición adicional única. Aprobación previa de los instrumentos de capital de nivel 1 adicional y de nivel 2. El cómputo de los instrumentos de capital de nivel 1 adicional y de capital de nivel 2 de las empresas de servicios de inversión como tales estará condicionado a su aprobación previa por la Comisión Nacional del Mercado de Valores conforme a los criterios establecidos por el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a este real decreto y, en particular, las disposiciones relativas a empresas de servicios de inversión del Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras. Disposición final primera. Título competencial. 1. Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 6.ª, 11.ª y 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia sobre legislación mercantil, bases de la ordenación de crédito, banca y seguros y coordinación de la planificación general de la actividad económica, respectivamente. 2. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de las competencias que las Comunidades Autónomas tienen atribuidas en materia de supervisión de empresas de servicios de inversión y dentro del marco fijado por el derecho de la Unión Europea. Disposición final segunda. Incorporación de derecho de la Unión Europea. Mediante este real decreto se incorpora al derecho español la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. Disposición final tercera. Facultades de desarrollo. 1. Sin perjuicio de lo previsto en este real decreto y en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá: a) Hacer uso, de conformidad con su ámbito de competencia, de las opciones que se atribuyen a las autoridades competentes nacionales en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012, y en la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. b) Hacer uso, de conformidad con su ámbito de competencia, de las opciones que se atribuyen a los Estados miembros en los artículos 412.5, 413.3 y 493.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. c) Instar a las empresas de servicios de inversión y sus grupos a la realización de revisiones por expertos independientes sobre aquellos aspectos que considere relevantes a los efectos de las obligaciones de las entidades o grupos establecidas en la normativa de solvencia y, especialmente sobre lo referido a la consistencia y calidad de los datos de los métodos internos previstos en el mismo. d) Determinar los tipos de entidades financieras que deberán incluirse en el grupo consolidable de empresas de servicios de inversión. e) Recibir las comunicaciones de los restantes organismos responsables de la supervisión individual o en base consolidada de las entidades integrantes de un grupo consolidable en el que se integren entidades diferentes de las empresas de servicios de inversión cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores sea responsable de la supervisión del citado grupo. Las citadas comunicaciones se realizarán siempre que sea necesario y al menos dos veces al año. Su contenido será el relativo a los requerimientos de recursos propios mínimos que, con arreglo a sus normas específicas, sean exigibles de forma individual o consolidada a las empresas de servicios de inversión sujetas a su supervisión, los déficits que presenten en relación con tales requerimientos mínimos, y las medidas adoptadas para su corrección. f) Dictar, de conformidad con su ámbito de competencia, las disposiciones precisas para la debida ejecución de este real decreto. 2. Toda norma que se dicte en desarrollo de lo que se prevé en este real decreto y pueda afectar directamente a entidades financieras sujetas a la supervisión del Banco de España o de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se dictará previo informe de estos organismos. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 1. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas de servicios de inversión contarán con un plazo de: a) Tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto para la sustitución de los consejeros, directores generales o asimilados y otros empleados que no posean los requisitos de idoneidad derivados de la aplicación de este real decreto. b) Tres meses a contar desde la fecha en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores publique los desarrollos necesarios al efecto, para proporcionar en su página web la información prevista en el artículo 31 ter del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre. Dado en Madrid, el 8 de mayo de 2015. FELIPE R. El Ministro de Economía y Competitividad, LUIS DE GUINDOS JURADO

El Tribunal de Cuentas investiga la gestión urbanística del Ayuntamiento de A Coruña

I El sistema financiero desempeña un conjunto de funciones que resultan vitales para el buen funcionamiento de la economía. En primer lugar, permite poner en contacto a las unidades económicas con superávit y déficit de ahorro, facilitando así la financiación de los proyectos empresariales. Además, el sistema financiero dota de liquidez a inversiones que en principio podrían ser ilíquidas ya sea a través de la transformación de vencimientos por parte de los intermediarios financieros, o a través de la creación de mercados secundarios donde los inversores puedan desprenderse de sus valores antes de que llegue la fecha de vencimiento de los mismos. Por último, cabría destacar su papel en la gestión del riesgo. Así, un sistema financiero desarrollado permite a cada inversor encontrar la combinación de rentabilidad y riesgo que más se adapta a sus características o a sus preferencias. Aunque los episodios más importantes de crisis financieras han estado relacionados con las entidades de crédito, los quebrantos de otro tipo de entidades financieras también han tenido importantes consecuencias a lo largo de la historia. Asimismo, en tanto que entidades de crédito y empresas de servicios de inversión se encuentran sometidas en muchas ocasiones a riesgos similares, se justifica una regulación común en materia prudencial. Por este motivo, toda la normativa europea de solvencia, es decir, el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 y la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, basada en el «Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios» (Basilea III), extiende sus efectos a las empresas de servicios de inversión. Estas normas prevén unos requisitos de capital y liquidez así como de organización interna que, sin duda, contribuyen a reducir la probabilidad de aparición de episodios de insolvencia y que aumentan la resistencia de las empresas de servicios de inversión a periodos de tensión financiera. Sin embargo, no es menos cierto que, en algunas ocasiones, estos requisitos pueden suponer cargas regulatorias desproporcionadas en función del tamaño y la naturaleza de las empresas de servicios de inversión españolas. Por ello, atendiendo a que la mayoría de las empresas de servicios de inversión realizan actividades que distan mucho en términos de escala, naturaleza y complejidad de las realizadas por las entidades de crédito, la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, y el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, prevén exenciones para las empresas de servicios de inversión de menor complejidad. II La Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, fue transpuesta al ordenamiento jurídico nacional en dos etapas. En una primera fase, el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, transpuso aquellos aspectos más urgentes de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, cuya no transposición podría haber dificultado el ejercicio por parte del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de las nuevas facultades que atribuía esta Directiva así como su propia operatividad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013. Más tarde, la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, acometería la plena incorporación al derecho español de las disposiciones de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, cuya transposición precisaba rango legal. En particular, las disposiciones en materia de empresas de servicios de inversión fueron incorporadas a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, a través de la disposición final primera. Este real decreto tiene por objeto, por un lado, culminar la transposición de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, y, por otro, convertir el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, en la principal normativa con rango reglamentario en materia de ordenación, supervisión y solvencia de empresas de servicios de inversión. III Este real decreto consta de un único artículo que introduce una serie de modificaciones en el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero. Así, los apartados dos y tres desarrollan los requisitos de idoneidad que deben cumplir los miembros del consejo de administración, directores generales y otros puestos clave de las empresas de servicios de inversión. Esos requisitos se agrupan en tres categorías: honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y experiencia y capacidad para ejercer un buen gobierno que deberán ser evaluados de forma continua tanto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como por las propias empresas de servicios de inversión. Por su parte, el apartado diez introduce una serie de artículos que desarrollan las funciones de los tres comités con los que deben contar las empresas de servicios de inversión según lo previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, el comité de nombramientos, el comité de remuneraciones y el comité de riesgos. Entre las funciones del primero de estos comités cabe destacar la de fijar un objetivo ### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas investiga la gestión urbanística del Ayuntamiento de A Coruña

Edicto Por el presente, se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 21 de enero de 2015, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A302/14, del Ramo de Entidades Locales (Ayuntamiento de A Coruña), ámbito territorial de la Provincia de A Coruña, que en dicho Tribunal se sigue juicio como consecuencia de una serie de irregularidades en la gestión urbanística del Ayuntamiento de A Coruña, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días. Madrid, 21 de enero de 2015.- El Letrado Secretario, Carlos Cubillo Rodríguez.

Indulto a José Ponce Jiménez, condenado por el Tribunal Militar Territorial Primero por deslealtad.

Edicto Por el presente, se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 21 de enero de 2015, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A302/14, del Ramo de Entidades Locales (Ayuntamiento de A Coruña), ámbito territorial de la Provincia de A Coruña, que en dicho Tribunal se sigue juicio como consecuencia de una serie de irregularidades en la gestión urbanística del Ayuntamiento de A Coruña, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días. Madrid, 21 de enero de 2015.- El Letrado Secretario, Carlos Cubillo Rodríguez. ### RESUMEN: Indulto a José Ponce Jiménez, condenado por el Tribunal Militar Territorial Primero por deslealtad.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, establecen que los Ayuntamientos deben remitir, por medios informáticos o telemáticos, las variaciones mensuales que se vayan produciendo en los datos de sus padrones municipales al Instituto Nacional de Estadística, para que este, en cumplimiento de las competencias que le impone el artículo 17.3 de la citada ley, lleve a cabo las comprobaciones oportunas dirigidas a subsanar los posibles errores y duplicidades que se hayan producido. Efectuadas dichas comprobaciones, el Instituto Nacional de Estadística ha obtenido una cifra de población para cada municipio, que ha utilizado para contrastar con los resultados numéricos de la revisión anual enviados por los Ayuntamientos según lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, y, cuando no se ha llegado a alcanzar un acuerdo, el Consejo de Empadronamiento ha informado las discrepancias con la cifra de población aprobada por los Ayuntamientos, de acuerdo con los artículos 82.1 y 85.a) del citado reglamento. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 85.b) del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, el Presidente del Instituto Nacional de Estadística, con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, ha elevado al Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles, para su aprobación mediante real decreto, que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado». En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de diciembre de 2013, DISPONGO: Artículo 1. Declaración de cifras oficiales. Se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de los padrones municipales referida al 1 de enero de 2013, con efectos desde el 31 de diciembre de 2013, en cada uno de los municipios españoles. Artículo 2. Publicación. El Instituto Nacional de Estadística procederá a la publicación de las cifras de población oficiales de cada uno de los municipios españoles, cuyo resumen provincial y por Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, junto con las poblaciones correspondientes a las Capitales de Provincia e Islas, figuran en el anexo. Disposición final única. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 20 de diciembre de 2013. JUAN CARLOS R. El Ministro de Economía y Competitividad, LUIS DE GUINDOS JURADO ANEXO

La universidad emplaza a todos los que se lo sacaran, en los cursos 2013/2014 y 2014/2015, el título de Grado en Criminología en la Universidad Rey Juan Carlos.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, establecen que los Ayuntamientos deben remitir, por medios informáticos o telemáticos, las variaciones mensuales que se vayan produciendo en los datos de sus padrones municipales al Instituto Nacional de Estadística, para que este, en cumplimiento de las competencias que le impone el artículo 17.3 de la citada ley, lleve a cabo las comprobaciones oportunas dirigidas a subsanar los posibles errores y duplicidades que se hayan producido. Efectuadas dichas comprobaciones, el Instituto Nacional de Estadística ha obtenido una cifra de población para cada municipio, que ha utilizado para contrastar con los resultados numéricos de la revisión anual enviados por los Ayuntamientos según lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, y, cuando no se ha llegado a alcanzar un acuerdo, el Consejo de Empadronamiento ha informado las discrepancias con la cifra de población aprobada por los Ayuntamientos, de acuerdo con los artículos 82.1 y 85.a) del citado reglamento. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 85.b) del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, el Presidente del Instituto Nacional de Estadística, con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, ha elevado al Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles, para su aprobación mediante real decreto, que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado». En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de diciembre de 2013, DISPONGO: Artículo 1. Declaración de cifras oficiales. Se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de los padrones municipales referida al 1 de enero de 2013, con efectos desde el 31 de diciembre de 2013, en cada uno de los municipios españoles. Artículo 2. Publicación. El Instituto Nacional de Estadística procederá a la publicación de las cifras de población oficiales de cada uno de los municipios españoles, cuyo resumen provincial y por Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, junto con las poblaciones correspondientes a las Capitales de Provincia e Islas, figuran en el anexo. Disposición final única. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 20 de diciembre de 2013. JUAN CARLOS R. El Ministro de Economía y Competitividad, LUIS DE GUINDOS JURADO ANEXO ### RESUMEN: La universidad emplaza a todos los que se lo sacaran, en los cursos 2013/2014 y 2014/2015, el título de Grado en Criminología en la Universidad Rey Juan Carlos.

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Secretaria General de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se procede al emplazamiento de los funcionarios policiales que hayan cursado y obtenido, en los cursos 2013/2014 y 2014/2015, el título de Grado en Criminología por la Universidad Rey Juan Carlos, con base en el Acuerdo Específico de 3 julio de 2014, para el reconocimiento de créditos de los cursos de ascenso a la escala ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía con el Grado en Criminología, en virtud del Convenio Marco de Colaboración suscrito con el Ministerio del Interior, (Dirección General de la Policía), el 1 de julio de 2003. Por Oficio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, de 8 de junio de 2020, que tuvo entrada en la Universidad Rey Juan Carlos el 12 de junio de 2020, dictado en el Procedimiento Ordinario nº 144/2020, se ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Jesús María Andrés de Dios frente a la desestimación presunta por silencio administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos de la solicitud presentada por el recurrente el 27 de febrero de 2019 por la que instaba la revisión de oficio y declaración de nulidad de los títulos de grado en Criminología que la Universidad Rey Juan Carlos expidió a funcionarios policiales que realizaron un curso de un año, online y de 60 créditos, con convalidaciones de 180 créditos por estudios policiales, y asimismo en dicho Oficio se ha acordado requerir a esta Universidad para que remita el expediente administrativo en la forma y plazo determinados en el Art. 48 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y para que proceda al emplazamiento de los interesados, al objeto de que puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días como demandados, mediante Procurador y Letrado, ante dicho Juzgado. Por lo tanto, y de acuerdo con lo ordenado por el Art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y a la vista del requerimiento efectuado por el Juzgado a esta Universidad, y, según lo dispuesto en el art. 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se acuerda adoptar la siguiente, Resolución Emplazar a los funcionarios policiales que hayan cursado y obtenido, en los cursos académicos 2013/2014 y 2014/2015, el título de Grado en Criminología en la Universidad Rey Juan Carlos, con base en el Acuerdo Específico de 3 julio de 2014, para el reconocimiento de créditos de los cursos de ascenso a la escala ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía con el Grado en Criminología, en virtud del Convenio Marco de Colaboración suscrito con el Ministerio del Interior, (Dirección General de la Policía), el 1 de julio de 2020 Móstoles (Madrid), 1 de julio de 2020.- Secretaria General de la Universidad Rey Juan Carlos, Pilar Charro Baena.

Adjudicado a VIEWNEXT el contrato de mantenimiento y mejora de la Plataforma de Contratación del Sector Público por importe total de 1.859.997,12 euros.

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Secretaria General de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se procede al emplazamiento de los funcionarios policiales que hayan cursado y obtenido, en los cursos 2013/2014 y 2014/2015, el título de Grado en Criminología por la Universidad Rey Juan Carlos, con base en el Acuerdo Específico de 3 julio de 2014, para el reconocimiento de créditos de los cursos de ascenso a la escala ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía con el Grado en Criminología, en virtud del Convenio Marco de Colaboración suscrito con el Ministerio del Interior, (Dirección General de la Policía), el 1 de julio de 2003. Por Oficio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, de 8 de junio de 2020, que tuvo entrada en la Universidad Rey Juan Carlos el 12 de junio de 2020, dictado en el Procedimiento Ordinario nº 144/2020, se ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Jesús María Andrés de Dios frente a la desestimación presunta por silencio administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos de la solicitud presentada por el recurrente el 27 de febrero de 2019 por la que instaba la revisión de oficio y declaración de nulidad de los títulos de grado en Criminología que la Universidad Rey Juan Carlos expidió a funcionarios policiales que realizaron un curso de un año, online y de 60 créditos, con convalidaciones de 180 créditos por estudios policiales, y asimismo en dicho Oficio se ha acordado requerir a esta Universidad para que remita el expediente administrativo en la forma y plazo determinados en el Art. 48 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y para que proceda al emplazamiento de los interesados, al objeto de que puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días como demandados, mediante Procurador y Letrado, ante dicho Juzgado. Por lo tanto, y de acuerdo con lo ordenado por el Art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y a la vista del requerimiento efectuado por el Juzgado a esta Universidad, y, según lo dispuesto en el art. 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se acuerda adoptar la siguiente, Resolución Emplazar a los funcionarios policiales que hayan cursado y obtenido, en los cursos académicos 2013/2014 y 2014/2015, el título de Grado en Criminología en la Universidad Rey Juan Carlos, con base en el Acuerdo Específico de 3 julio de 2014, para el reconocimiento de créditos de los cursos de ascenso a la escala ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía con el Grado en Criminología, en virtud del Convenio Marco de Colaboración suscrito con el Ministerio del Interior, (Dirección General de la Policía), el 1 de julio de 2020 Móstoles (Madrid), 1 de julio de 2020.- Secretaria General de la Universidad Rey Juan Carlos, Pilar Charro Baena. ### RESUMEN: Adjudicado a VIEWNEXT el contrato de mantenimiento y mejora de la Plataforma de Contratación del Sector Público por importe total de 1.859.997,12 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. c) Número de expediente: 37/17. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios Informáticos necesarios para la evolución y mantenimiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público con destino a la Dirección General del Patrimonio del Estado. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72200000 (Servicios de programación de «software» y de consultoría). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de octubre de 2017 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 3.305.780,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.652.890,00 euros. Importe total: 1.999.996,90 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 2017. b) Fecha de formalización del contrato: 2 de febrero de 2018. c) Contratista: VIEWNEXT. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.537.187,70 euros. Importe total: 1.859.997,12 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta económicamente más ventajosa. Madrid, 5 de febrero de 2018.- Presidente de la Junta de Contratación.

Ayudas a ayuntamientos y familias por los desastres naturales durante el primer trimestre de 2013.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. c) Número de expediente: 37/17. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios Informáticos necesarios para la evolución y mantenimiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público con destino a la Dirección General del Patrimonio del Estado. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72200000 (Servicios de programación de «software» y de consultoría). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de octubre de 2017 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 3.305.780,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.652.890,00 euros. Importe total: 1.999.996,90 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 2017. b) Fecha de formalización del contrato: 2 de febrero de 2018. c) Contratista: VIEWNEXT. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.537.187,70 euros. Importe total: 1.859.997,12 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta económicamente más ventajosa. Madrid, 5 de febrero de 2018.- Presidente de la Junta de Contratación. ### RESUMEN: Ayudas a ayuntamientos y familias por los desastres naturales durante el primer trimestre de 2013.

El Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo (BOE núm. 67, de 19 de marzo), modificado por el Real Decreto 477/2007, de 13 de abril (BOE de 19 de abril), regula el procedimiento para la concesión de subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica. Al amparo de la citada norma reglamentaria, y en aplicación de lo dispuesto en el apartado Undécimo, 1.2, de la Orden INT/985/2005, de 7 de abril (BOE núm. 90, de 15 de abril), por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades, modificada por la Orden INT/2853/2006, de 13 de septiembre, y por la Orden INT/849/2009, de 31 de marzo, sobre régimen de delegación de competencias en el Ministerio del Interior, esta Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha resuelto la concesión de subvenciones que a continuación se relacionan, con cargo al programa 134M «Protección Civil». Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Madrid, 17 de abril de 2013.–El Director General de Protección Civil y Emergencias, Juan Antonio Díaz Cruz. Relación de subvenciones abonadas a unidades familiares en el primer trimestre del año 2013 Aplicación Provincia Nombre y apellidos Importe 16.01.134M.761. ALMERÍA MODESTO JOSÉ ALONSO CAPARRÓS 125,25 € 16.01.134M.482. ALMERÍA BEATRIZ ASENSIO SIMÓN 177,00 € 16.01.134M.782. ALMERÍA MARÍA ISLENA BERMÚDEZ VERA 3.337,03 € 16.01.134M.482. ALMERÍA JUSTO CORTÉS CORTÉS 210,00 € 16.01.134M.482. ALMERÍA ROSA DÍAZ CAZORLA 936,00 € 16.01.134M.482. ALMERÍA JULIA DÍAZ MARTÍNEZ 444,50 € 16.01.134M.482. ALMERÍA MOHAMED EL MANSOURI 94,42 € 16.01.134M.482. ALMERÍA LUCÍA GIMÉNEZ PARRA 24,63 € 16.01.134M.482. ALMERÍA CARMEN GONZAGA PLANELLES 197,65 € 16.01.134M.482. ALMERÍA FRANCISCA HARO HARO 458,17 € 16.01.134M.482. ALMERÍA CRISTÓBAL HARO PARRA 131,01 € 16.01.134M.482. ALMERÍA MARÍA TERESA HARO SOLER 162,50 € 16.01.134M.482. ALMERÍA VICTORIA HERNÁNDEZ MESAS 188,33 € 16.01.134M.782. ALMERÍA JUANA IMBERNON MUÑOZ 325,00 € 16.01.134M.482. ALMERÍA MARÍA HUERTAS LÓPEZ LOBILLO 284,00 € 16.01.134M.482. ALMERÍA JUAN MARTÍNEZ GUIRAO 170,00 € 16.01.134M.482. ALMERÍA ISABEL MARTÍNEZ ROJAS 1.522,00 € 16.01.134M.482. ALMERÍA MARÍA ASCENSIÓN MESAS ALCALDE 534,50 € 16.01.134M.782. ALMERÍA MAX KARL MULLER 2.425,00 € 16.01.134M.482. ALMERÍA JUAN MUÑOZ NAVARRO 719,00 € 16.01.134M.482. ALMERÍA DOLORES NAVARRO MARTÍNEZ 161,21 € 16.01.134M.482. ALMERÍA ISABEL PARRA GUIRAO 180,00 € 16.01.134M.461. CÁDIZ TERESA LÓPEZ INFANTE 1.734,99 € 16.01.134M.482. CÁDIZ AUSTIN MONAGHAN 1.983,73 € 16.01.134M.482. CIUDAD REAL CLAUDIA DOCTOR FERNÁNDEZ 1.250,00 € 16.01.134M.482. JAÉN LUIS ORTIZ NOTARIO 125,00 € 16.01.134M.482. JAÉN RAMÓN PÉREZ MELERO 1.410,00 € 16.01.134M.482. JAÉN PEDRO SÁNCHEZ AMORÓS 550,00 € 16.01.134M.482. LLEIDA CRISTINA SOBREVALS VALLS 291,17 € 16.01.134M.482. LLEIDA M.ª ANGELS VIDAL ARGELICH 483,16 € 16.01.134M.482. MURCIA MARCOS ASENSIO BARNES 18.000,00 € 16.01.134M.482. MURCIA VANESA MARTÍNEZ MAGAÑA 18.000,00 € 16.01.134M.482. MURCIA GINES PEDRERO GARCÍA 839,12 € 16.01.134M.482. MURCIA MIGUEL RUIZ SÁNCHEZ 128,00 € 16.01.134M.782. SANTA CRUZ DE TENERIFE CHRISTINA BENEDIKT 17.700,00 € 16.01.134M.782. SANTA CRUZ DE TENERIFE SOLSUN CASTRO PAZO 2.580,00 € 16.01.134M.482. SANTA CRUZ DE TENERIFE ANA DELIA CHINEA CHINEA 6.962,56 € 16.01.134M.782. SANTA CRUZ DE TENERIFE ANDRÉS CHINEA CHINEA 6.450,00 € 16.01.134M.782. SANTA CRUZ DE TENERIFE PEDRO CORREA MARICHAL 6.450,00 € 16.01.134M.782. SANTA CRUZ DE TENERIFE SALVADOR CRUZ MEDINA 12.900,00 € 16.01.134M.482. SANTA CRUZ DE TENERIFE ERBE DETLEF 2.580,00 € 16.01.134M.782. SANTA CRUZ DE TENERIFE ÁNGEL MANUEL GARCÍA MORALES 17.700,00 € 16.01.134M.482. SANTA CRUZ DE TENERIFE PETER MICHAEL KLAUS HAGEN 2.580,00 € 16.01.134M.482. SANTA CRUZ DE TENERIFE KONRAD ANDREAS KOHL 3.878,09 € 16.01.134M.482. SANTA CRUZ DE TENERIFE JOAN PASCUAL FONTARNAU 1.290,00 € 16.01.134M.482. SANTA CRUZ DE TENERIFE KARIN SUSANNE RICHTER 2.580,00 € 16.01.134M.782. SANTA CRUZ DE TENERIFE CAROL TRAUTE GEWETZKI 9.391,92 € 16.01.134M.782. SANTA CRUZ DE TENERIFE CORNELIA VAN HOLT 8.850,00 € 16.01.134M.482. SANTA CRUZ DE TENERIFE JOACHIM MARKUS WESTPHALEN 983,88 € 16.01.134M.482. SEVILLA ALCORA FALCON BOYANO 309,92 € 16.01.134M.482. SEVILLA CONSTANZA GARCÍA GAVIRA 172,59 € 16.01.134M.482. SEVILLA RAFAEL LÓPEZ CASAUT 113,22 € 16.01.134M.482. SEVILLA MARÍA CRUZ VEGA BURGOS 227,61 €

El nombramiento de Alejandro Luzón Cánovas como nuevo fiscal jefe de anticorrupción.

El Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo (BOE núm. 67, de 19 de marzo), modificado por el Real Decreto 477/2007, de 13 de abril (BOE de 19 de abril), regula el procedimiento para la concesión de subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica. Al amparo de la citada norma reglamentaria, y en aplicación de lo dispuesto en el apartado Undécimo, 1.2, de la Orden INT/985/2005, de 7 de abril (BOE núm. 90, de 15 de abril), por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades, modificada por la Orden INT/2853/2006, de 13 de septiembre, y por la Orden INT/849/2009, de 31 de marzo, sobre régimen de delegación de competencias en el Ministerio del Interior, esta Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha resuelto la concesión de subvenciones que a continuación se relacionan, con cargo al programa 134M «Protección Civil». Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Madrid, 17 de abril de 2013.–El Director General de Protección Civil y Emergencias, Juan Antonio Díaz Cruz. Relación de subvenciones abonadas a unidades familiares en el primer trimestre del año 2013 Aplicación Provincia Nombre y apellidos Importe 16.01.134M.761. ALMERÍA MODESTO JOSÉ ALONSO CAPARRÓS 125,25 € 16.01.134M.482. ALMERÍA BEATRIZ ASENSIO SIMÓN 177,00 € 16.01.134M.782. ALMERÍA MARÍA ISLENA BERMÚDEZ VERA 3.337,03 € 16.01.134M.482. ALMERÍA JUSTO CORTÉS CORTÉS 210,00 € 16.01.134M.482. ALMERÍA ROSA DÍAZ CAZORLA 936,00 € 16.01.134M.482. ALMERÍA JULIA DÍAZ MARTÍNEZ 444,50 € 16.01.134M.482. ALMERÍA MOHAMED EL MANSOURI 94,42 € 16.01.134M.482. ALMERÍA LUCÍA GIMÉNEZ PARRA 24,63 € 16.01.134M.482. ALMERÍA CARMEN GONZAGA PLANELLES 197,65 € 16.01.134M.482. ALMERÍA FRANCISCA HARO HARO 458,17 € 16.01.134M.482. ALMERÍA CRISTÓBAL HARO PARRA 131,01 € 16.01.134M.482. ALMERÍA MARÍA TERESA HARO SOLER 162,50 € 16.01.134M.482. ALMERÍA VICTORIA HERNÁNDEZ MESAS 188,33 € 16.01.134M.782. ALMERÍA JUANA IMBERNON MUÑOZ 325,00 € 16.01.134M.482. ALMERÍA MARÍA HUERTAS LÓPEZ LOBILLO 284,00 € 16.01.134M.482. ALMERÍA JUAN MARTÍNEZ GUIRAO 170,00 € 16.01.134M.482. ALMERÍA ISABEL MARTÍNEZ ROJAS 1.522,00 € 16.01.134M.482. ALMERÍA MARÍA ASCENSIÓN MESAS ALCALDE 534,50 € 16.01.134M.782. ALMERÍA MAX KARL MULLER 2.425,00 € 16.01.134M.482. ALMERÍA JUAN MUÑOZ NAVARRO 719,00 € 16.01.134M.482. ALMERÍA DOLORES NAVARRO MARTÍNEZ 161,21 € 16.01.134M.482. ALMERÍA ISABEL PARRA GUIRAO 180,00 € 16.01.134M.461. CÁDIZ TERESA LÓPEZ INFANTE 1.734,99 € 16.01.134M.482. CÁDIZ AUSTIN MONAGHAN 1.983,73 € 16.01.134M.482. CIUDAD REAL CLAUDIA DOCTOR FERNÁNDEZ 1.250,00 € 16.01.134M.482. JAÉN LUIS ORTIZ NOTARIO 125,00 € 16.01.134M.482. JAÉN RAMÓN PÉREZ MELERO 1.410,00 € 16.01.134M.482. JAÉN PEDRO SÁNCHEZ AMORÓS 550,00 € 16.01.134M.482. LLEIDA CRISTINA SOBREVALS VALLS 291,17 € 16.01.134M.482. LLEIDA M.ª ANGELS VIDAL ARGELICH 483,16 € 16.01.134M.482. MURCIA MARCOS ASENSIO BARNES 18.000,00 € 16.01.134M.482. MURCIA VANESA MARTÍNEZ MAGAÑA 18.000,00 € 16.01.134M.482. MURCIA GINES PEDRERO GARCÍA 839,12 € 16.01.134M.482. MURCIA MIGUEL RUIZ SÁNCHEZ 128,00 € 16.01.134M.782. SANTA CRUZ DE TENERIFE CHRISTINA BENEDIKT 17.700,00 € 16.01.134M.782. SANTA CRUZ DE TENERIFE SOLSUN CASTRO PAZO 2.580,00 € 16.01.134M.482. SANTA CRUZ DE TENERIFE ANA DELIA CHINEA CHINEA 6.962,56 € 16.01.134M.782. SANTA CRUZ DE TENERIFE ANDRÉS CHINEA CHINEA 6.450,00 € 16.01.134M.782. SANTA CRUZ DE TENERIFE PEDRO CORREA MARICHAL 6.450,00 € 16.01.134M.782. SANTA CRUZ DE TENERIFE SALVADOR CRUZ MEDINA 12.900,00 € 16.01.134M.482. SANTA CRUZ DE TENERIFE ERBE DETLEF 2.580,00 € 16.01.134M.782. SANTA CRUZ DE TENERIFE ÁNGEL MANUEL GARCÍA MORALES 17.700,00 € 16.01.134M.482. SANTA CRUZ DE TENERIFE PETER MICHAEL KLAUS HAGEN 2.580,00 € 16.01.134M.482. SANTA CRUZ DE TENERIFE KONRAD ANDREAS ### RESUMEN: El nombramiento de Alejandro Luzón Cánovas como nuevo fiscal jefe de anticorrupción.

A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por el Fiscal General del Estado, reunido el Consejo Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36.1 y 41.1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de julio de 2017, Vengo en nombrar Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada a don Alejandro Luzón Cánovas. Dado en Madrid, el 7 de julio de 2017. FELIPE R. El Ministro de Justicia, RAFAEL CATALÁ POLO

Los sindicatos demandan las subvenciones a cargo de la casilla de fines sociales... por si alguien quiere codemandar, tiene 9 días.

A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por el Fiscal General del Estado, reunido el Consejo Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36.1 y 41.1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de julio de 2017, Vengo en nombrar Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada a don Alejandro Luzón Cánovas. Dado en Madrid, el 7 de julio de 2017. FELIPE R. El Ministro de Justicia, RAFAEL CATALÁ POLO ### RESUMEN: Los sindicatos demandan las subvenciones a cargo de la casilla de fines sociales... por si alguien quiere codemandar, tiene 9 días.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, se participa que ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se tramita el procedimiento ordinario núm. 277/2013, promovido por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores de España (UGT) y la Unión Sindical Obrera contra la Resolución de 16 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones estatales para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el mencionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como codemandadas, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en la forma establecida en la repetida Ley. Madrid, 22 de noviembre de 2013.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sergio Caravajal Álvarez.

El Tribunal de Cuentas investiga el pago indebido de 100.000 euros de honorarios del Hospital Clínic de Barcelona por la redacción del proyecto y la dirección de obra en el pabellón 4.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, se participa que ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se tramita el procedimiento ordinario núm. 277/2013, promovido por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores de España (UGT) y la Unión Sindical Obrera contra la Resolución de 16 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones estatales para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el mencionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como codemandadas, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en la forma establecida en la repetida Ley. Madrid, 22 de noviembre de 2013.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sergio Caravajal Álvarez. ### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas investiga el pago indebido de 100.000 euros de honorarios del Hospital Clínic de Barcelona por la redacción del proyecto y la dirección de obra en el pabellón 4.

EDICTO Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas mediante providencia de fecha 8 de febrero de 2022, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A160/2021 del ramo de sector público autonómico (Inf. Fisc. 29/2016 Hospital Clínico y Provincial de Barcelona - Ejercs. 2010, 2011 y 2012, Resolución 21/X del Parlamento), ámbito territorial de la comunidad autónoma de Cataluña, que en dicho Tribunal se sigue juicio con motivo de la posible existencia de un menoscabo en los fondos públicos del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona derivado del presunto abono indebido de honorarios por la redacción de un proyecto de obra y dirección de la misma en el Pabellón 4 del Hospital, en un importe de 100.000 euros, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días. Madrid, 15 de febrero de 2022.- El Letrado Secretario, Don Luis P. Villameriel Presencio.

Réplica del Gobierno: ahora argumenta en una reforma del decreto por qué esos dos puestos tienen que ser a dedo/políticos y no funcionarios. Y así les puede volver a nombrar.

EDICTO Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas mediante providencia de fecha 8 de febrero de 2022, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A160/2021 del ramo de sector público autonómico (Inf. Fisc. 29/2016 Hospital Clínico y Provincial de Barcelona - Ejercs. 2010, 2011 y 2012, Resolución 21/X del Parlamento), ámbito territorial de la comunidad autónoma de Cataluña, que en dicho Tribunal se sigue juicio con motivo de la posible existencia de un menoscabo en los fondos públicos del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona derivado del presunto abono indebido de honorarios por la redacción de un proyecto de obra y dirección de la misma en el Pabellón 4 del Hospital, en un importe de 100.000 euros, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días. Madrid, 15 de febrero de 2022.- El Letrado Secretario, Don Luis P. Villameriel Presencio. ### RESUMEN: Réplica del Gobierno: ahora argumenta en una reforma del decreto por qué esos dos puestos tienen que ser a dedo/políticos y no funcionarios. Y así les puede volver a nombrar.

I El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, relaciona en la disposición adicional séptima, apartado 1, las direcciones generales para las cuales no se considera necesario que sus titulares ostenten la condición de funcionario, en atención a las características específicas de dichos órganos directivos, así como, en su apartado 2, los máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y entidades gestoras de la Seguridad Social que se eximen de dicho requisito de ser funcionario de carrera para sus titulares en atención a sus características específicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. A este respecto, el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, dispone que los nombramientos de los Directores generales «habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, salvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado». Por otra parte, el artículo 100.1, párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, extiende este mismo régimen de provisión respecto de los órganos de dirección de los organismos autónomos con rango de dirección general, al disponer con carácter general: «El nombramiento de los titulares de los órganos de los organismos autónomos se regirá por las normas aplicables a la Administración General del Estado». Asimismo, la disposición adicional séptima del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, en su apartado 1, relaciona aquellas Direcciones Generales que en atención a sus características específicas no es preciso que su titular ostente la condición de funcionario, conforme a lo previsto en el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Tras su modificación por el artículo primero, apartado dos, del Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo, se incluyó en dicha relación a la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad [concretamente en su párrafo w)]. La misma disposición adicional, en su apartado 2, relaciona aquellos máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y entidad gestora de la Seguridad Social que, en atención a sus características específicas, no es preciso que su titular ostente la condición de funcionario, conforme a lo previsto en el artículo 100.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Tras su modificación por el artículo primero, apartado tres, del Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo, se incluyó en el párrafo g) de dicha relación a la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes. Posteriormente, el 5 de mayo de 2022, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia 541/2022, recaída en el recurso ordinario número 239/2021, que declara la nulidad de los apartados segundo y tercero del artículo 1 del Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo, que modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, así como de los Reales Decretos 318/2021, de 5 de mayo, y 321/2021, de 5 de mayo. Examinado el contenido de la referida sentencia en relación con la excepción regulada para la Dirección General de Deportes y la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, la misma concluye en su Fundamento de Derecho Séptimo que la razón de la anulación de estos actos no es la ausencia en los nombrados de los requisitos de idoneidad generales, sino la invalidez del fundamento reglamentario en que se apoyaron, lo que conduce a que el Tribunal repute no ajustado a Derecho los apartados segundo y tercero del artículo 1 del Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo, relativos a las citadas direcciones generales. II En relación con las funciones de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya excepción es objeto de anulación, el artículo 5 del Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, establece que dicha Dirección General se encarga de la planificación, el diseño, la ordenación, gestión y evaluación de los programas y planes de ámbito estatal en materia de discapacidad y su coordinación con las comunidades autónomas y la colaboración con otras administraciones públicas, así como la coordinación y seguimiento de la actuación de los órganos consultivos en materia de discapacidad, la propuesta de normativa en las materias de su competencia, las relaciones con organismos extranjeros e internacionales y la coordinación técnica de los programas de cooperación internacional relativos a la discapacidad, sin perjuicio de las funciones de dirección y coordinación que corresponden a la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030. También se encarga del impulso de las políticas sectoriales sobre discapacidad y su coordinación interministerial, así como entre la Administración General del Estado y la de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, el fomento del diálogo civil con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y sus familias, el ejercicio de la tutela del Estado y el fomento de la colaboración y apoyo a la Cruz Roja Española y a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, para el cumplimiento de sus fines sociales, y la promoción de la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en colaboración con el Ministerio de Igualdad. Por otro lado, el acuerdo de coalición progresista en materia de derechos de las personas con discapacidad determina entre sus objetivos el desarrollo reglamentario de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad visual y sordociegas, a fin desplegar los mandatos de esta ley en el seno de la Administración General del Estado y en el ejercicio de los derechos de las personas sordas y sordociegas. Asimismo, la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) va a implicar que la mencionada dirección general deba contribuir de forma decisiva a nuevas líneas de reforma estructural previstas por el departamento. Entre ellas destaca el impulso de la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización, un proceso de transformación del modelo de cuidados de larga duración que ha sido presentado ante Naciones Unidas cumpliendo con los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos. De igual forma, la puesta en marcha del programa España país accesible, supone una inversión sin precedentes para que la accesibilidad se inserte en el núcleo de los servicios y políticas públicas, para que estos puedan ser practicados por todas las personas sin excepciones. Esta labor requiere un conocimiento profundo y especializado del sector de la discapacidad, de la accesibilidad universal y contar con experiencia en el diseño de proyectos de innovación social, de investigación y toma de conciencia que den consecución a los hitos y objetivos que determina el PRTR. Una función nuclear de esta dirección general es que las políticas de discapacidad se construyan desde un enfoque exigente de los derechos humanos sobre la base y la implantación de un modelo de atención centrado en la persona, para lo que resulta indispensable el conocimiento del modelo social de la discapacidad. Un trabajo que con base en los principios de diálogo civil y transversalidad recogidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, deberá realizarse, en estrecha coordinación con otras administraciones y con la sociedad civil y el Tercer Sector de Acción Social, lo que exige contar con amplia experiencia en la relación y coordinación con el movimiento asociativo de la discapacidad, tanto en el ámbito nacional como en el internacional y disponer de experiencia específica en materia de comunicación para asegurar la eficacia de este objetivo. El compromiso del Gobierno de España con la Agenda 2030 precisa que todos los centros directivos catalicen, desde sus respectivas responsabilidades, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un compromiso de país que requiere, además de comprender la arquitectura y la profundidad transformadora de esta agenda, las estrategias de índole de comunicación política para que sus metas sobre discapacidad se apliquen de manera efectiva. Este centro directivo debe programar el despliegue político de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como imperativo legal en España, precisamente para que los diferentes departamentos ministeriales integren los mandatos de este tratado en sus respectivas competencias. Asimismo, para dar respuesta a los acuerdos de coalición de lucha contra cambio climático y políticas feministas, esta dirección general persigue saldar la deuda histórica con las mujeres y niñas con discapacidad y pivotar un ecologismo inclusivo para que las personas con discapacidad y sus organizaciones sean parte activa para mitigar la emergencia climática. Labores que precisan de experiencia y solvencia en labores de acción e incidencia política. Además, el proyecto de la primera reforma social de la Constitución Española, impulsado por el Gobierno de España, para cambiar el término «disminuidos» de su artículo 49 y consagrar constitucionalmente la expresión «personas con discapacidad», como corresponde a los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por España, exige que la persona titular de esta dirección general deba conocer la práctica parlamentaria y contar con experiencia en las relaciones con fuerzas políticas y grupos parlamentarios. Esta dirección general asume, asimismo, la dirección del Real Patronato sobre Discapacidad, un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 cuya función principal es el estudio y la generación de conocimiento sobre discapacidad, lo que implica conocer las metodologías y disponer de experiencia investigadora. Este tipo de conocimientos y de experiencia no se encuentra entre los requerimientos de ninguno de los cuerpos de funcionarios del subgrupo A1, lo que justifica que la persona titular de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad deba ser desempeñado por una persona que no reúna la condición de funcionario de carrera, pues no existen perfiles funcionariales con formación ni requisitos específicos de acceso que se asemejen a los conocimientos y experiencia que en este caso se requiere. En este sentido, el desarrollo de las funciones descritas y para la consecución de los objetivos marcados en el mencionado acuerdo de gobierno, exige que la persona titular de la mencionada dirección general cuente con un perfil de experto, con conocimiento especializado y experiencia específica en materia de comunicación e investigación. Deberá conocer también en profundidad la realidad del colectivo de personas con discapacidad y de su movimiento asociativo. Adicionalmente, deberá disponer de experiencia en la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Todas estas materias requieren de conocimientos específicos que no son los exigidos en el acceso a ningún cuerpo de funcionarios del subgrupo A1. En definitiva, es de concluir que la persona titular de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad ha de ofrecer una superior idoneidad para el desempeño de sus cometidos extraordinarios; reunir una serie de experiencias y conocimientos específicos que no se encuentran en los cuerpos funcionariales con el exigente nivel para el adecuado desempeño de dicha dirección general, así como en último término, poseer un perfil formativo y una experiencia profesional necesarios para las tareas específicas y especializadas. Así pues, todas estas circunstancias mencionadas que han sido objeto de descripción detallada en párrafos anteriores, son requisitos, cualidades, conocimientos, experiencia, y formación académica y profesional, que no se encuentran en los cuerpos de funcionarios cuyos cometidos estatutarios se corresponden con una cualificación profesional demandada en la gestión de las áreas de la dirección general, encuadrables mayormente en las actuaciones propias del normal giro o tráfico administrativo. III En relación con las funciones de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes, cuya excepción es objeto de anulación, el apartado 3 del artículo 1 del Real Decreto 509/2020, de 5 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte, establece que el Consejo Superior de Deportes O.A., organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte, cuyo Presidente tiene rango de Secretario de Estado, ejercerá las competencias que le atribuyen la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, el Estatuto del Consejo Superior de Deportes, aprobado por Real Decreto 460/2015, de 5 de junio, y las demás disposiciones del ordenamiento jurídico. Estas funciones asignadas a la Dirección General de Deportes se establecen en el artículo 8.4 del Estatuto del Consejo Superior de Deportes aprobado por Real Decreto 460/2015, de 5 de junio. De la lectura de las atribuciones establecidas en el Estatuto del Consejo Superior de Deportes a la Dirección General de Deportes se deriva necesariamente que su desempeño supera la mera labor burocrática o de tramitación administrativa de expedientes de todo orden, lo que requiere un conocimiento profundo del sector deportivo que permita incidir en aquellos aspectos que mejoren su funcionamiento y reviertan en la consecución de los objetivos deportivos señalados de interés general. El diseño, dirección y ejecución de la política deportiva nacional, no solo por la dimensión interna sino por la externa, requiere de conocimientos específicos que no son los exigidos en el acceso a ningún cuerpo de funcionarios del subgrupo A1. Las necesidades específicas que requieren que el titular de la Dirección General de Deportes haya demostrado previamente una carrera profesional que acredite la cualificación y experiencia necesarias para la gestión del sector, se ponen especialmente en evidencia en las competencias atribuidas por el Estatuto a la Dirección General de Deportes en relación con el deporte de alto nivel, las federaciones deportivas españolas, las ligas profesionales, la celebración de competiciones internacionales en España, la gestión de los centros de alto rendimiento deportivo o la elaboración de planes y programas de tecnificación deportiva, entre otras. Para profundizar en algunos de estos aspectos, se puede comenzar por señalar que, tal como dispone la Ley 10/1990, de 15 de octubre, siendo uno de sus principios generales, el deporte de alto nivel se considera de interés para el Estado, en tanto que constituye un factor esencial en el desarrollo deportivo, por el estímulo que supone para el fomento del deporte base, y por su función representativa de España en las pruebas o competiciones deportivas oficiales de carácter internacional. Estas consideraciones exigen que la persona titular de la Dirección General de Deportes, en cuanto encargada de las funciones de diseño de la planificación del deporte de alto nivel, junto con las federaciones deportivas españolas, tenga conocimientos y experiencia previa en la materia que permita que dicha planificación se desarrolle en los mejores términos para la consecución de los objetivos finales de la política deportiva del Gobierno. Por otra parte, y en conexión con lo anterior, dentro del modelo de asociacionismo deportivo cobran especial relevancia las sesenta y cinco federaciones deportivas españolas, entidades privadas con personalidad jurídica propia, cuyo ámbito actuación se extiende a todo el territorio del Estado que, además de sus propias atribuciones, ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo. Según la Ley 10/1990, de 15 de octubre, y el Estatuto del Consejo Superior Deportes, en concreto en su artículo 8.4, dentro de las funciones atribuidas a la Dirección General de Deportes, debe existir una colaboración con dichas entidades privadas, con las que se han de acordar las propuestas sobre objetivos, presupuestos, estructuras orgánicas y funcionales y programas deportivos, hecho que requiere un previo conocimiento y experiencia relativa al funcionamiento de dichas federaciones deportivas. En este sentido, para la valoración de la adecuación de las propuestas y objetivos planteados por las federaciones en orden a la consecución de los objetivos de la política deportiva se requieren conocimientos, no solo de aspectos puramente deportivos sino de gestión, conocimiento de la dimensión de los calendarios de competiciones deportivas, conocimientos para la evaluación de planes de entrenamiento, número y tipo de concentraciones y delimitación de las propuestas de las federaciones a los objetivos de la política deportiva, en este caso, de deporte de alto nivel. Esta planificación deportiva debe ir asociada, asimismo, a la gestión de los centros de alto rendimiento que son de titularidad del Consejo Superior de Deportes, que la Dirección General de Deportes debe coordinar para su uso con las federaciones deportivas españolas. Puesto que la gestión de estos centros se encuentra supeditada a la consecución de los objetivos deportivos, el criterio de gestión y de uso deportivo de las instalaciones deportivas de alto rendimiento requiere un conocimiento extenso del sector deportivo por parte de quien ocupe la Dirección General de Deportes no solo de la mera gestión de un centro en el que entrenan y viven cientos de deportivas de distintas modalidades, sino a la hora de establecer un criterio de prioridad para la consecución de los objetivos mencionados cuando no se puede albergar en estas instalaciones a todas las modalidades deportivas o deportistas solicitantes. Más allá del deporte federado de alto nivel y de tecnificación deportiva, otra de las funciones encomendadas a la Dirección General de Deportes es ejercer las competencias en materia de mediación y coordinación de las ligas profesionales con las respectivas federaciones deportivas españolas, de acuerdo con el artículo 8.4.g) del Estatuto del Consejo Superior de Deportes. Según la Ley 10/1990, de 15 de octubre, junto con las federaciones deportivas españolas, existen las ligas profesionales, integradas exclusiva y obligatoriamente por todos los clubes que participen en esa competición siempre que dicha competición sea oficial, de carácter profesional y ámbito estatal. Hoy en día existen declaradas como competición profesional y existe una liga profesional, para la Primera y Segunda división de fútbol masculino (LNFP), otra para la máxima división de fútbol femenino (LPFF) y otra para la máxima división de baloncesto masculino (ACB). Según la normativa, entre ambas instituciones (federación deportiva y liga profesional) debe existir un convenio de coordinación en el que se regulen determinadas materias. Especialmente en el ámbito del fútbol, el nivel de conflictividad es muy elevado, requiriendo el Director General de Deportes de experiencia en el sector y conocimiento profundo sobre el funcionamiento de los clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas y sobre el reparto de competencias entre las ligas profesionales y las federaciones deportivas correspondientes en el momento de ejercer de mediador de los conflictos planteados. Este tipo de conocimientos y de experiencia no se encuentra tampoco entre los requerimientos para el acceso de ninguno de los cuerpos de funcionarios del subgrupo A1, ni en la experiencia en el sector público, lo que justifica que el puesto de Director General de Deportes pueda ser desempeñado por una persona ajena al alto funcionariado de carrera. Finalmente, cabe destacar el entramado de entidades y organizaciones nacionales e internacionales específicas del ámbito deportivo con los que el titular de la Dirección General de Deportes ha de relacionarse y negociar, tales como el Comité Olímpico Español, el Comité Paralímpico Español, la FIFA, la UEFA y el resto de federaciones europeas e internacionales de los diversos deportes. Por los hechos objetivos y concretos expuestos en los párrafos anteriores de este apartado se puede concluir que el titular de la Dirección General de Deportes debe contar con una elevada especialidad en el ámbito deportivo, debido a complejidad técnica y al dinamismo constante del sector, existiendo unos conocimientos o experiencias difícilmente atribuibles a Cuerpos funcionariales, cuyos cometidos estatutarios no se corresponden exactamente con el grado de exigencia que resulta aconsejable para el adecuado desempeño de la correspondiente dirección general. Así mismo los objetivos y funciones ya descritos atribuidos a esta dirección general no son encuadrables en las actuaciones propias de la tramitación administrativa ordinaria. IV En consecuencia, constatadas las deficiencias de motivación puestas de manifiesto por la sentencia citada, procede ahora la modificación del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, con el fin de que las excepciones de la condición de funcionario respecto de la persona titular de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes queden justificadas conforme a los fundamentos señalados por la propia sentencia, teniendo por tanto un encaje adecuado a lo establecido en el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre la posibilidad de nombramiento de directores generales que no reúnan la condición de funcionario, cuando así se permita en el real decreto de estructura. V El presente real decreto es coherente con los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, dado que atiende a la necesidad de adaptar la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, en lo que a la fundamentación de la excepción de la condición de funcionario se refiere, de las direcciones generales afectadas por la Sentencia del Tribunal Supremo número 541/2022, de 5 de mayo, y es eficaz y proporcional en el cumplimiento de este propósito, sin afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos. También contribuye a dotar de mayor seguridad jurídica a la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, al adecuar ésta a las necesidades organizativas existentes. Cumple también con el principio de transparencia ya que contiene una definición clara de los objetivos y de los motivos a los que responde el real decreto. Finalmente, es también adecuado al principio de eficiencia, ya que no impone cargas administrativas. En su virtud, a iniciativa del Ministro de Cultura y Deporte y de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, a propuesta de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de junio de 2022, DISPONGO: Artículo único. Modificación del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, queda modificado como sigue: Uno. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional séptima, al que se añade un nuevo párrafo w), con la siguiente redacción: «w) La Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad.» Dos. Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional séptima, al que se añade un nuevo párrafo g), con la siguiente redacción: «g) Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes.» Disposición adicional única. No incremento de gasto público. La aplicación del presente real decreto no supondrá incremento de gasto público. Disposición final única. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 14 de junio de 2022. FELIPE R. La Ministra de Hacienda y Función Pública, MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO

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I El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, relaciona en la disposición adicional séptima, apartado 1, las direcciones generales para las cuales no se considera necesario que sus titulares ostenten la condición de funcionario, en atención a las características específicas de dichos órganos directivos, así como, en su apartado 2, los máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y entidades gestoras de la Seguridad Social que se eximen de dicho requisito de ser funcionario de carrera para sus titulares en atención a sus características específicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. A este respecto, el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, dispone que los nombramientos de los Directores generales «habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, salvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado». Por otra parte, el artículo 100.1, párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, extiende este mismo régimen de provisión respecto de los órganos de dirección de los organismos autónomos con rango de dirección general, al disponer con carácter general: «El nombramiento de los titulares de los órganos de los organismos autónomos se regirá por las normas aplicables a la Administración General del Estado». Asimismo, la disposición adicional séptima del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, en su apartado 1, relaciona aquellas Direcciones Generales que en atención a sus características específicas no es preciso que su titular ostente la condición de funcionario, conforme a lo previsto en el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Tras su modificación por el artículo primero, apartado dos, del Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo, se incluyó en dicha relación a la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad [concretamente en su párrafo w)]. La misma disposición adicional, en su apartado 2, relaciona aquellos máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y entidad gestora de la Seguridad Social que, en atención a sus características específicas, no es preciso que su titular ostente la condición de funcionario, conforme a lo previsto en el artículo 100.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Tras su modificación por el artículo primero, apartado tres, del Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo, se incluyó en el párrafo g) de dicha relación a la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes. Posteriormente, el 5 de mayo de 2022, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia 541/2022, recaída en el recurso ordinario número 239/2021, que declara la nulidad de los apartados segundo y tercero del artículo 1 del Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo, que modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, así como de los Reales Decretos 318/2021, de 5 de mayo, y 321/2021, de 5 de mayo. Examinado el contenido de la referida sentencia en relación con la excepción regulada para la Dirección General de Deportes y la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, la misma concluye en su Fundamento de Derecho Séptimo que la razón de la anulación de estos actos no es la ausencia en los nombrados de los requisitos de idoneidad generales, sino la invalidez del fundamento reglamentario en que se apoyaron, lo que conduce a que el Tribunal repute no ajustado a Derecho los apartados segundo y tercero del artículo 1 del Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo, relativos a las citadas direcciones generales. II En relación con las funciones de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya excepción es objeto de anulación, el artículo 5 del Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, establece que dicha Dirección General se encarga de la planificación, el diseño, la ordenación, gestión y evaluación de los programas y planes de ámbito estatal en materia de discapacidad y su coordinación con las comunidades autónomas y la colaboración con otras administraciones públicas, así como la coordinación y seguimiento de la actuación de los órganos consultivos en materia de discapacidad, la propuesta de normativa en las materias de su competencia, las relaciones con organismos extranjeros e internacionales y la coordinación técnica de los programas de cooperación internacional relativos a la discapacidad, sin perjuicio de las funciones de dirección y coordinación que corresponden a la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030. También se encarga del impulso de las políticas sectoriales sobre discapacidad y su coordinación interministerial, así como entre la Administración General del Estado y la de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, el fomento del diálogo civil con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y sus familias, el ejercicio de la tutela del Estado y el fomento de la colaboración y apoyo a la Cruz ### RESUMEN: La Universidad Complutense de Madrid contrata a KPMG para la auditoria de sus cuentas de 2012 por 53.996,25 euros

Mediante el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, se aprobó el Estatuto del personal investigador en formación. Este Estatuto supuso una mejora importante en las condiciones laborales del personal investigador que comienza su carrera profesional, que hasta entonces quedaban reguladas en el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del becario de investigación. Entre las mejoras mencionadas, con el Estatuto del personal investigador en formación de 2006 se amplió el ámbito subjetivo de aplicación, y se previó, para los últimos años de la formación del personal investigador, una relación jurídica laboral dentro del marco normativo general vigente. Así mismo se configuró un sistema obligatorio para todos los programas de ayudas que tengan por finalidad la formación del personal investigador, teniendo como premisa necesaria que ello no es posible sin la obtención última del título universitario oficial de doctorado. Por su parte, se dio un paso decisivo en la regulación de las condiciones laborales del personal investigador en formación con la aprobación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Esta ley, en su Título II, se centra en los recursos humanos dedicados a la investigación en universidades públicas, organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y organismos de investigación de otras administraciones públicas. En concreto, en la sección 2.ª del Capítulo I de este Título II, se regulan tres modalidades contractuales. Y, entre ellas, el contrato predoctoral, que tiene por objeto la realización de tareas de investigación en un proyecto específico y novedoso. Se trata de un contrato temporal con una duración de hasta cuatro años para el que se establece una reducción en la aportación empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes. El artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, establece la regulación básica de esta importante modalidad contractual. Por su parte, la disposición final décima de la Ley 14/2011, de 1 de junio, prevé que el Gobierno dictará en el ámbito de sus competencias las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta ley. A estos efectos, el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los Departamentos Ministeriales, dispone en su artículo 18 que corresponde al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de universidades, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores. En el precitado marco normativo y sobre la habilitación legal referida, este real decreto tiene por objeto desarrollar el régimen jurídico del contrato predoctoral al que se refiere el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, cuando se suscribe entre el personal investigador predoctoral en formación y las entidades públicas recogidas en su artículo 20.2, o las privadas previstas en su disposición adicional primera. También es objeto de este real decreto la definición de la condición de personal investigador predoctoral en formación y el desarrollo del objeto de este contrato, que será la realización simultánea por parte del personal investigador predoctoral en formación de tareas de investigación en un proyecto específico y novedoso, y el conjunto de actividades integrantes del programa de doctorado conducentes a la adquisición de competencias y habilidades necesarias para la obtención del título universitario oficial de doctorado. Se fija asimismo en este real decreto que el personal investigador predoctoral en formación podrá colaborar en tareas docentes hasta un máximo de 180 horas durante la extensión del contrato predoctoral. Esta regulación así establecida será aplicable a las convocatorias de Formación de Profesorado Universitario (FPU) y de Formación de Personal Investigador (FPI). Con esta norma además se reconocen los derechos y deberes del personal investigador predoctoral en formación, y se establece una referencia retributiva al vigente convenio colectivo único del personal laboral de la administración del Estado. Este real decreto se dicta en virtud de lo señalado en la disposición adicional segunda de la Ley 14/2011, de 1 de junio, que mandata al Gobierno a elaborar un estatuto del personal investigador en formación, que sustituirá al actual Estatuto del personal investigador en formación e incluirá las prescripciones recogidas en la citada ley para el contrato predoctoral. La adopción de este real decreto responde a los principios de buena regulación, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Desde el punto de vista de los principios de necesidad y eficacia, con esta disposición se desarrolla y concreta el régimen legal del personal investigador predoctoral en formación contenido en la Ley 14/2011, de 1 de junio. En cuanto al principio de proporcionalidad, la disposición contiene la regulación imprescindible para atender a la necesidad perseguida, contemplando el alcance de los derechos y obligaciones de este personal. Asimismo, la norma incrementará la seguridad jurídica del mismo. Finalmente, es conforme con las exigencias de los principios de transparencia y de eficiencia, ya que se establece un marco claro de actuación para todos los intervinientes en la relación laboral. En el proceso de elaboración del real decreto han sido consultadas las organizaciones sindicales más representativas y asociaciones del personal investigador predoctoral en formación. Asimismo, han informado los Ministerios de Hacienda, de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y de Educación y Formación Profesional, de Defensa, y el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, así como el Pleno del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. En su virtud, a propuesta del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de marzo de 2019, DISPONGO: CAPÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. 1. Este real decreto tiene por objeto desarrollar el régimen jurídico de la relación laboral establecida mediante el contrato predoctoral previsto en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, cuando se suscribe entre el personal investigador predoctoral en formación y las entidades públicas recogidas en el artículo 20.2 de dicha ley, o las privadas a que se refiere la disposición adicional primera de la misma. 2. A los efectos previstos en el apartado anterior, tienen la condición de personal investigador predoctoral en formación todas aquellas personas que estén en posesión del Título de licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado universitario con grado de al menos 300 créditos ECTS (European Credit Transfer System) o master universitario, o equivalente, que hayan sido admitidas a un programa de doctorado cuyo objeto es, como establece el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, el desarrollo de los distintos aspectos formativos del doctorando y el establecimiento de los procedimientos y líneas de investigación para el desarrollo de la tesis doctoral, y estén adscritas a las entidades citadas en el apartado anterior mediante la modalidad de contratación predoctoral descrita en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. Este real decreto será de aplicación a cualquier contratación predoctoral según la modalidad y condiciones definidas en el artículo anterior, con independencia de la naturaleza pública o naturaleza privada de la entidad contratante. Todas las contrataciones se adecuarán a las previsiones del contrato predoctoral cuya regulación básica se contiene en la Ley 14/2011, de 1 de junio, y que se desarrolla en este real decreto. 2. La contratación predoctoral según la modalidad y condiciones definidas en el artículo anterior deberá respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en la concesión de las ayudas o en los procesos selectivos correspondientes. 3. No estará incluida en este real decreto la actividad de las personas en posesión del título de licenciado, ingeniero, arquitecto o grado universitario beneficiarias de ayudas dirigidas al desarrollo y especialización científica y técnica no vinculadas a estudios oficiales de doctorado, o que hayan sido contratadas bajo cualquier otra modalidad diferente a la modalidad predoctoral del artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. CAPÍTULO I El contrato predoctoral Artículo 3. Naturaleza jurídica. El contrato predoctoral es una modalidad de contrato de trabajo del personal investigador en formación, que se rige por lo establecido en los artículos 20 y 21 y en la disposición adicional primera de la Ley 14/2011, de 1 de junio, en este real decreto y, con carácter supletorio, por el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por la demás legislación laboral que le sea de aplicación, por los convenios colectivos y por la voluntad de las partes manifestada en los contratos de trabajo, sin que en ningún caso se puedan establecer en ellos condiciones menos favorables al trabajador o trabajadora o contrarias a las previstas en las disposiciones legales y convenios colectivos antes referidos. Artículo 4. Objeto del contrato predoctoral. 1. El contrato predoctoral tendrá por objeto la realización simultánea por parte del personal investigador predoctoral en formación, por un lado, de tareas de investigación en un proyecto específico y novedoso y, por otro, del conjunto de actividades, integrantes del programa de doctorado, conducentes a la adquisición de las competencias y habilidades necesarias para la obtención del título universitario oficial de Doctorado, sin que pueda exigírsele la realización de cualquier otra actividad que desvirtúe la finalidad investigadora y formativa del contrato. 2. El personal investigador predoctoral en formación podrá colaborar en tareas docentes sin que suponga una merma de la carga docente del departamento que asigne la colaboración hasta un máximo de 180 horas durante la extensión total del contrato predoctoral, y sin que en ningún caso se puedan superar las 60 horas anuales. Los departamentos universitarios de la universidad en la que el personal investigador predoctoral en formación se encuentre matriculado en un Programa de doctorado oficial facilitarán a dicho personal investigador que lo solicite, en igualdad de oportunidades, y en la medida en que sea posible dentro de los límites anteriormente establecidos, la realización de estas colaboraciones en tareas docentes. Artículo 5. Forma del contrato predoctoral. 1. El contrato se celebrará por escrito entre el personal investigador predoctoral en formación, en su condición de trabajador o trabajadora, y la entidad pública de las previstas en el artículo 20.2 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, o entidad privada a que se refiere la disposición adicional primera de la misma, en su condición de empleadora, y deberá acompañarse de escrito de admisión al programa de doctorado expedido por la unidad responsable de dicho programa, o por la escuela de doctorado o posgrado en su caso. Asimismo, se identificará en el contrato un proyecto o línea de investigación específica y novedosa que constituya el marco en el que se realizará la formación del personal investigador predoctoral en formación, así como la duración pactada. 2. La entidad empleadora deberá informar por escrito al personal investigador predoctoral en formación, en los términos y plazos establecidos por el Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el artículo 8, apartado 5, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de información al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo, sobre dichos elementos esenciales y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, si tales elementos y condiciones no figuran en el contrato de trabajo formalizado por escrito. Entre los elementos que deben quedar identificados en el contrato deberá figurar el lugar de realización efectiva de las actividades del personal investigador predoctoral en formación. 3. La entidad empleadora está obligada a comunicar a la oficina pública de empleo, en el plazo de los diez días siguientes a su concertación, el contenido de los contratos de trabajo que celebre y las prórrogas de los mismos, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En el mismo plazo de diez días a contar desde la celebración del contrato, y con anterioridad a su remisión a la oficina pública de empleo, la entidad empleadora entregará a la representación legal del personal investigador predoctoral en formación una copia básica del mismo. Posteriormente, dicha copia básica se enviará a la oficina de empleo. Cuando no exista representación legal del personal investigador predoctoral en formación también deberá formalizarse copia básica y remitirse a la oficina de empleo. Artículo 6. Duración. 1. La duración del contrato no podrá ser inferior a un año, ni exceder de cuatro años, y tendrá dedicación a tiempo completo durante toda su vigencia. Cuando el contrato se hubiese concertado por una duración inferior a cuatro años podrá prorrogarse sucesivamente sin que, en ningún caso, las prórrogas puedan tener duración inferior a un año. No obstante, cuando el contrato se concierte con una persona con discapacidad, el contrato podrá alcanzar una duración máxima de seis años, prórrogas incluidas, teniendo en cuenta las características de la actividad investigadora y el impacto del grado de las limitaciones en el desarrollo de la actividad, previo informe favorable del servicio público de empleo competente, que a estos efectos podrá recabar informe de los equipos técnicos de valoración y orientación de la discapacidad competentes. A estos efectos, se considerarán personas con discapacidad las previstas en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Cuando el contrato resulte prorrogable, y el trabajador continúe desarrollando las actividades objeto del mismo, se entenderá prorrogado automáticamente, salvo informe desfavorable de evaluación motivado emitido por la comisión académica del programa de doctorado, o en su caso de la escuela de doctorado, hasta completar su duración máxima. El personal investigador predoctoral en formación no podrá ser contratado mediante esta modalidad, en la misma o distinta entidad, por un tiempo superior al máximo posible de cuatro o seis años, según los casos. Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, en el supuesto de que, por haber estado ya contratado el trabajador bajo esta modalidad, el tiempo que reste hasta el máximo de cuatro años, o de seis en el caso de personas con discapacidad, sea inferior a un año, podrá concertarse el contrato, o su prórroga, por el tiempo que reste hasta el máximo establecido en cada caso. 2. Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, maternidad, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento y paternidad, suspenderán el cómputo de la duración del contrato. Igualmente lo suspenderán las situaciones previstas en el artículo 45.1.n) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como medida de protección de las mujeres víctimas de violencia de género. 3. En el caso de que el personal investigador predoctoral en formación formulara reclamación por incumplimiento de las tareas propias de la dirección de la tesis doctoral ante el órgano competente para resolver dicha reclamación y éste emitiera dictamen favorable al reclamante, durante el periodo que transcurra desde la presentación de dicho dictamen favorable y hasta que se produzca el cambio en la dirección de la tesis doctoral se suspenderá el cómputo de la duración del contrato, con un límite de cuatro meses, transcurridos los cuales se reanudará el referido cómputo. El dictamen deberá emitirse a la mayor brevedad posible. La entidad competente deberá resolver, previo informe positivo de dicha entidad respecto de la nueva dirección, el cambio en la dirección de la tesis en el plazo máximo de un mes. Artículo 7. Retribuciones. 1. La retribución de este contrato no podrá ser inferior al 56 por 100 del salario fijado para las categorías equivalentes en los convenios colectivos de su ámbito de aplicación durante los dos primeros años, al 60 por 100 durante el tercer año, y al 75 por 100 durante el cuarto año. Tampoco podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional que se establezca cada año, según el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 2. Para el establecimiento de las retribuciones anteriores se tomará como referencia mínima la categoría correspondiente al Grupo 1 de personal laboral de la tabla salarial recogida en el convenio único de personal laboral de la Administración General del Estado. 3. La aplicación de la cantidad anual resultante se podrá también computar al periodo total del contrato predoctoral de cuatro años. Artículo 8. Otras condiciones de trabajo. La jornada laboral, descansos, vacaciones y permisos, así como las restantes condiciones de trabajo aplicables al personal investigador predoctoral en formación serán las que se establezcan en el convenio colectivo aplicable a la entidad empleadora respecto al personal con titulación de licenciado, ingeniero, arquitecto o grado universitario y acceso a los programas de doctorado. En ausencia de convenio colectivo de aplicación, resultará aplicable a este personal lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Artículo 9. Extinción. 1. El contrato predoctoral se extinguirá por la llegada a término o previa denuncia de cualquiera de las partes, así como por las restantes causas previstas en el artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Para los contratos de duración superior a un año, la parte que formule la denuncia estará obligada a notificar a la otra la terminación del contrato con una antelación mínima de quince días. 2. La consecución del título universitario oficial de Doctorado pondrá fin a la etapa de formación del personal investigador predoctoral en formación y a partir de ese momento dará comienzo la etapa postdoctoral. La obtención del título de Doctorado extinguirá el contrato predoctoral, aunque no se hubiera agotado la duración máxima del mismo. A estos efectos se considera que se ha obtenido el título de Doctorado en la fecha del acto de defensa y aprobación de la tesis doctoral. Artículo 10. Incumplimiento. 1. En el caso de circunstancias sobrevenidas que impidan el cumplimiento de las obligaciones o en las tareas de desarrollo de actividades de formación científica y técnica por parte de la persona responsable de la dirección de la tesis doctoral, la entidad empleadora, con la autorización expresa de la entidad financiadora del contrato predoctoral, si la hubiera, adoptará, junto con la designación de nueva persona responsable, las medidas necesarias que garanticen la continuidad de las tareas de investigación del personal contratado predoctoral en formación en un proyecto específico y novedoso, cuando las convocatorias así lo exijan, que permita la culminación de su tesis doctoral así como el resto de las actividades necesarias para la obtención del título universitario oficial de Doctorado. 2. En el caso de incumplimiento de las tareas propias del contrato por parte del personal investigador predoctoral en formación, y dado que la actividad desarrollada por el mismo será validada anualmente a la vista del preceptivo informe emitido por la comisión académica del programa de doctorado, o en su caso de la escuela de doctorado, el contrato podrá ser resuelto en el supuesto de no superarse favorablemente dicha evaluación. CAPÍTULO II Derechos y obligaciones específicos en materia de investigación del personal investigador predoctoral en formación Artículo 11. Principios rectores. 1. El personal investigador predoctoral en formación contratado al amparo del artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, tiene como derechos y obligaciones aquellos que se recogen en dicha Ley, así como en la Carta Europea del Investigador, contenida en la Recomendación de la Comisión de 11 de marzo de 2015 sobre la Carta Europea de los Investigadores y el Código de Conducta para la Selección de Investigadores, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, L 75/67, de 22 de marzo de 2005. 2. Además, el personal investigador predoctoral en formación debe respetar los siguientes principios recogidos en el Código Europeo de conducta para la integridad en la investigación y en su caso en la normativa estatal que las recoja: a) Veracidad para asegurar la calidad de la investigación, reflejada en el diseño, metodología, análisis y uso de recursos. b) Honestidad en el desarrollo, realización, revisión, presentación de informes y comunicación de la investigación de una manera transparente, justa, completa e imparcial. c) Respeto por sus colegas, participantes en la investigación, sociedad, ecosistemas, patrimonio cultural y entorno. d) Responsabilidad y rendición de cuentas en el ciclo completo de la investigación, desde la idea a la publicación, desde su gestión y organización, en la formación y la supervisión y en cualquiera de sus amplias repercusiones. Artículo 12. Derechos específicos en materia de investigación del personal investigador predoctoral en formación. Son derechos específicos en materia de investigación del personal investigador predoctoral en formación, con carácter general: a) Disponer de libertad de pensamiento y expresión, así como de la libertad para determinar los métodos de resolución de problemas, dentro del marco de las prácticas y los principios éticos reconocidos y de las limitaciones a estas libertades derivadas de determinadas circunstancias de investigación o de limitaciones operativas. b) Obtener de los organismos, centros o instituciones a los que se adscriban la colaboración y el apoyo necesarios para el desarrollo de actividades de formación y especialización científica y técnica correspondientes a su formación. c) El cumplimiento, por parte de los organismos, centros o instituciones, de la observancia de las normativas nacionales, estatales o sectoriales en materia de salud y seguridad laboral. Las entidades contratantes deberán velar para que las condiciones laborales del personal investigador predoctoral en formación, incluido aquel con discapacidad, garanticen el rendimiento de la investigación de conformidad con la legislación vigente y con los convenios colectivos nacionales, estatales o sectoriales. Así mismo, se comprometen a proporcionar unas condiciones de trabajo que permitan tanto al del personal investigador predoctoral en formación conciliar la vida familiar, el trabajo y el desarrollo de las actividades profesionales. d) Integrarse en los departamentos, institutos, organismos públicos y entidades en los que lleven a cabo las actividades formativas y de investigación, así como cualquier otra actividad relevante para el desarrollo profesional. e) Participar, en la forma prevista en los estatutos de las entidades públicas y privadas de investigación contratantes, en los órganos pertinentes de información, consulta y gobierno a fin de proteger y defender sus intereses profesionales individuales y contribuir activamente a los trabajos colectivos. f) Participar en las convocatorias de bolsas y ayudas complementarias para asistencia reuniones científicas o para estancias de formación y perfeccionamiento en centros diferentes al de adscripción, incluidas las que se financien con fondos propios de la institución contratante o de terceros. g) Ejercer los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor derivados de los resultados de las actividades formativas y de especialización y de acuerdo con su contribución, conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y que se establecerán de conformidad con lo previsto en el artículo 14.1.i) de la Ley 14/2011, de 1 de junio. Los citados derechos serán independientes, compatibles y acumulables con otros derechos que puedan derivarse de la actividad realizada, sin perjuicio de los condicionantes derivados de la obra colectiva cuando el personal en formación participe o esté vinculado a un proyecto colectivo de investigación. h) En cuanto a los posibles derechos del personal investigador predoctoral en formación sobre la propiedad industrial, se estará a lo que disponga la correspondiente convocatoria, en el marco de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Los referidos derechos no tendrán en ningún caso naturaleza salarial, y se establecerán de conformidad con lo previsto en el artículo 14.1.i) de la Ley 14/2011, de 1 de junio. i) Obtener de las entidades contratantes las estrategias, prácticas y procedimientos que permitan al personal investigador predoctoral en formación disfrutar de reconocimientos, menciones y/o citas, dentro de sus contribuciones reales, como coautores y coautoras de informes, patentes, etc. j) Disponer de información clara sobre las personas a las que pueden dirigirse para consultar temas relacionados con la ejecución de sus obligaciones, las cuales deben contar con la suficiente experiencia para poder ofrecer al personal investigador predoctoral en formación el apoyo adecuado aplicando los procedimientos de progreso y revisión necesarios. k) Contar con una persona responsable de la dirección de la tesis doctoral, designada por la entidad empleadora. l) Recibir de la entidad empleadora la información y formación oportuna para que pueda cumplir la normativa y obligaciones contenidas en el artículo 13. Artículo 13. Deberes específicos en materia de investigación del personal investigador en formación. Son deberes específicos en materia de investigación del personal investigador predoctoral en formación, con carácter general: a) Cumplir las condiciones y obligaciones establecidas en la convocatoria, realizar las actividades previstas en sus programas de formación y especialización en la investigación, así como cumplir los objetivos del programa de formación y especialización con aprovechamiento. b) Observar los principios y prácticas éticas fundamentales correspondientes a sus disciplinas, así como las normas éticas recogidas en los diversos códigos deontológicos europeos, nacionales, sectoriales o institucionales. c) Procurar que su labor sea relevante para la sociedad. Evitar la duplicidad y falta de originalidad de los resultados y el plagio de todo tipo, y respetar el principio de la propiedad intelectual o industrial o de la propiedad conjunta de resultados y datos cuando la investigación se realice en colaboración con otro personal investigador. d) Mantener una relación estructurada y regular con las personas que supervisen su trabajo y que representen la unidad en la que trabajan. e) Mantener registros de todos los resultados y hallazgos de los trabajos de investigación y su comunicación mediante informes y seminarios, y el respeto en los trabajos asignados según calendarios acordados, objetivos fijados, presentación de resultados o productos de la investigación. f) Actualizar y ampliar regularmente sus cualificaciones y competencias. g) Seguir en todo momento prácticas de trabajo seguras conformes a la legislación nacional, incluida la adopción de las precauciones necesarias en materia de salud y seguridad; así como cumplir con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. h) Conocer las exigencias legales europeas y nacionales vigentes en materia de protección y de apertura de datos de investigación y de confidencialidad, y adoptar las medidas necesarias para cumplirlos en todo momento. i) Conocer la normativa europea, nacional, sectorial o institucional que rige las condiciones de formación o trabajo incluyendo la normativa sobre acceso abierto a resultados y publicaciones, derechos de propiedad intelectual o industrial y las exigencias y condiciones de toda posible entidad patrocinadora o financiadora, independientemente de la naturaleza del contrato. j) Entregar los resultados requeridos (tesis, publicaciones, datos, patentes, informes, desarrollo de nuevos productos, etc.), de acuerdo con lo establecido en las condiciones del contrato predoctoral. k) Rendir cuentas a las instituciones que los emplean y/o financian, así como, por razones éticas, al conjunto de la sociedad. El personal investigador predoctoral en formación cuyos contratos están financiado por fondos públicos es también responsable del uso adecuado y de la justificación de los recursos públicos asignados. Por lo tanto, debe observar principios de gestión económica correcta, transparente y eficaz, y cooperar con toda auditoría autorizada de su investigación, tanto si la emprenden las instituciones que los emplean o financian como si lo hace un comité de ética. Disposición adicional única. Seguridad Social en el contrato predoctoral. Se establece una reducción del 30% de la cuota empresarial de la Seguridad Social por contingencias comunes en la cotización relativa al personal investigador predoctoral en formación contratado bajo la modalidad de contrato predoctoral establecida en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, que quedará acogido al Régimen General de la Seguridad Social en concordancia con la Disposición adicional decimoctava de dicha Ley. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogado el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto. Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Uno. Se incorpora una letra c) a la Disposición transitoria segunda del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, con la siguiente redacción: «c) Sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir las Universidades, en su caso, estudiantes que finalicen sus estudios universitarios con carácter posterior al 30 de septiembre de 2015 podrán solicitar la expedición del título universitario oficial que corresponda al Rectorado de la Universidad.» Dos. Se incorpora una nueva Disposición adicional decimoquinta, con la siguiente redacción: «Disposición adicional decimoquinta. Acreditación de títulos universitarios oficiales de Doctorado. Con carácter general, a solicitud de las universidades presentada en cualquier momento anterior a la conclusión del proceso se podrá prorrogar hasta dos años la acreditación de los títulos universitarios oficiales de Doctorado, únicamente desde el momento en que deba realizarse la primera renovación de la acreditación.» Disposición final segunda. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral. Asimismo, se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, excepto los apartados g) y h) del artículo 12 y c) del artículo 13, que se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.9.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación sobre propiedad intelectual e industrial; y la disposición adicional única, que se dicta al amparo del artículo 149.1.17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social. Disposición final tercera. Clave correspondiente al contrato predoctoral. El contrato predoctoral dispondrá de una clave específica de contrato de trabajo establecida por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal y de la Tesorería General de la Seguridad Social. Disposición final cuarta. Gasto público. La aplicación de este real decreto no supondrá incremento del gasto público. Disposición final quinta. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 1 de marzo de 2019. FELIPE R. El Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, PEDRO DUQUE DUQUE

Aprobado el Modelo 790 que se usará para pagar las tasas para pedir antecedentes penales o últimas voluntades.

Mediante el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, se aprobó el Estatuto del personal investigador en formación. Este Estatuto supuso una mejora importante en las condiciones laborales del personal investigador que comienza su carrera profesional, que hasta entonces quedaban reguladas en el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del becario de investigación. Entre las mejoras mencionadas, con el Estatuto del personal investigador en formación de 2006 se amplió el ámbito subjetivo de aplicación, y se previó, para los últimos años de la formación del personal investigador, una relación jurídica laboral dentro del marco normativo general vigente. Así mismo se configuró un sistema obligatorio para todos los programas de ayudas que tengan por finalidad la formación del personal investigador, teniendo como premisa necesaria que ello no es posible sin la obtención última del título universitario oficial de doctorado. Por su parte, se dio un paso decisivo en la regulación de las condiciones laborales del personal investigador en formación con la aprobación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Esta ley, en su Título II, se centra en los recursos humanos dedicados a la investigación en universidades públicas, organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y organismos de investigación de otras administraciones públicas. En concreto, en la sección 2.ª del Capítulo I de este Título II, se regulan tres modalidades contractuales. Y, entre ellas, el contrato predoctoral, que tiene por objeto la realización de tareas de investigación en un proyecto específico y novedoso. Se trata de un contrato temporal con una duración de hasta cuatro años para el que se establece una reducción en la aportación empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes. El artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, establece la regulación básica de esta importante modalidad contractual. Por su parte, la disposición final décima de la Ley 14/2011, de 1 de junio, prevé que el Gobierno dictará en el ámbito de sus competencias las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta ley. A estos efectos, el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los Departamentos Ministeriales, dispone en su artículo 18 que corresponde al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de universidades, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores. En el precitado marco normativo y sobre la habilitación legal referida, este real decreto tiene por objeto desarrollar el régimen jurídico del contrato predoctoral al que se refiere el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, cuando se suscribe entre el personal investigador predoctoral en formación y las entidades públicas recogidas en su artículo 20.2, o las privadas previstas en su disposición adicional primera. También es objeto de este real decreto la definición de la condición de personal investigador predoctoral en formación y el desarrollo del objeto de este contrato, que será la realización simultánea por parte del personal investigador predoctoral en formación de tareas de investigación en un proyecto específico y novedoso, y el conjunto de actividades integrantes del programa de doctorado conducentes a la adquisición de competencias y habilidades necesarias para la obtención del título universitario oficial de doctorado. Se fija asimismo en este real decreto que el personal investigador predoctoral en formación podrá colaborar en tareas docentes hasta un máximo de 180 horas durante la extensión del contrato predoctoral. Esta regulación así establecida será aplicable a las convocatorias de Formación de Profesorado Universitario (FPU) y de Formación de Personal Investigador (FPI). Con esta norma además se reconocen los derechos y deberes del personal investigador predoctoral en formación, y se establece una referencia retributiva al vigente convenio colectivo único del personal laboral de la administración del Estado. Este real decreto se dicta en virtud de lo señalado en la disposición adicional segunda de la Ley 14/2011, de 1 de junio, que mandata al Gobierno a elaborar un estatuto del personal investigador en formación, que sustituirá al actual Estatuto del personal investigador en formación e incluirá las prescripciones recogidas en la citada ley para el contrato predoctoral. La adopción de este real decreto responde a los principios de buena regulación, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Desde el punto de vista de los principios de necesidad y eficacia, con esta disposición se desarrolla y concreta el régimen legal del personal investigador predoctoral en formación contenido en la Ley 14/2011, de 1 de junio. En cuanto al principio de proporcionalidad, la disposición contiene la regulación imprescindible para atender a la necesidad perseguida, contemplando el alcance de los derechos y obligaciones de este personal. Asimismo, la norma incrementará la seguridad jurídica del mismo. Finalmente, es conforme con las exigencias de los principios de transparencia y de eficiencia, ya que se establece un marco claro de actuación para todos los intervinientes en la relación laboral. En el proceso de elaboración del real decreto han sido consultadas las organizaciones sindicales más representativas y asociaciones del personal investigador predoctoral en formación. Asimismo, han informado los Ministerios de Hacienda, de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y de Educación y Formación Profesional, de Defensa, y el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, así como el Pleno del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. En su virtud, a propuesta del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de marzo de 2019, DISPONGO: CAPÍ ### RESUMEN: Aprobado el Modelo 790 que se usará para pagar las tasas para pedir antecedentes penales o últimas voluntades.

La regulación por primera vez de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ha incidido de manera directa en la organización del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia que ha debido adaptar su funcionamiento para incorporar a las correspondientes bases de datos la nueva información exigida. Por esta razón, así como para precisar la forma en que los interesados debían acreditar su personalidad y, en su caso, la condición de representante legal cuando solicitasen acceder a la información contenida en el citado Sistema de registros, se aprobó el Real Decreto 1611/2011, de 14 de noviembre, por el que se modificaba el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. Por otro lado, el intercambio recíproco de la información penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, ha sido impulsado por la Decisión marco 2009/315/JAI, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros, y por la Decisión 2009/316/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se establece el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS). La efectividad y plena aplicación de lo establecido en las normas citadas, así como el transcurso del plazo máximo previsto en la Decisión marco antes mencionada, para la realización de las adaptaciones técnicas precisas, por parte de los Estados miembros de la Unión Europea, requieren la adaptación del Modelo 790, de autoliquidación de tasas administrativas del Ministerio de Justicia, para las solicitudes presenciales y por correo postal de certificados de antecedentes penales, de actos de última voluntad y de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, contenido en el anexo I de la Resolución de 13 de enero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se determinan los requisitos y condiciones para tramitar por vía telemática las solicitudes de certificados de actos de última voluntad y contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, y se establecen modificaciones en el Modelo 790, de autoliquidación y de solicitud e instrucciones, para las solicitudes presenciales y por correo de los certificados de actos de última voluntad y contratos de seguros de cobertura de fallecimiento. Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y en el artículo 7 del Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, a propuesta de la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de Servicios, esta Subsecretaría, resuelve: Aprobar el Modelo 790 incluido en el Anexo de esta Resolución, de solicitud y de autoliquidación de la tasa para la expedición de los certificados de antecedentes penales, de actos de última voluntad y de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, en los términos previstos en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998, modificada por la Orden de 11 de diciembre de 2001 y por la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, así como las instrucciones de cumplimentación. Madrid, 2 de octubre de 2013.–El Subsecretario de Justicia, Juan Bravo Rivera. ANEXO

Mover las estructuras para actos públicos que requiera la Coordinación General de la Alcaldía cuesta 118.840,88 euros.

La regulación por primera vez de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ha incidido de manera directa en la organización del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia que ha debido adaptar su funcionamiento para incorporar a las correspondientes bases de datos la nueva información exigida. Por esta razón, así como para precisar la forma en que los interesados debían acreditar su personalidad y, en su caso, la condición de representante legal cuando solicitasen acceder a la información contenida en el citado Sistema de registros, se aprobó el Real Decreto 1611/2011, de 14 de noviembre, por el que se modificaba el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. Por otro lado, el intercambio recíproco de la información penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, ha sido impulsado por la Decisión marco 2009/315/JAI, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros, y por la Decisión 2009/316/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se establece el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS). La efectividad y plena aplicación de lo establecido en las normas citadas, así como el transcurso del plazo máximo previsto en la Decisión marco antes mencionada, para la realización de las adaptaciones técnicas precisas, por parte de los Estados miembros de la Unión Europea, requieren la adaptación del Modelo 790, de autoliquidación de tasas administrativas del Ministerio de Justicia, para las solicitudes presenciales y por correo postal de certificados de antecedentes penales, de actos de última voluntad y de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, contenido en el anexo I de la Resolución de 13 de enero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se determinan los requisitos y condiciones para tramitar por vía telemática las solicitudes de certificados de actos de última voluntad y contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, y se establecen modificaciones en el Modelo 790, de autoliquidación y de solicitud e instrucciones, para las solicitudes presenciales y por correo de los certificados de actos de última voluntad y contratos de seguros de cobertura de fallecimiento. Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y en el artículo 7 del Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, a propuesta de la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de Servicios, esta Subsecretaría, resuelve: Aprobar el Modelo 790 incluido en el Anexo de esta Resolución, de solicitud y de autoliquidación de la tasa para la expedición de los certificados de antecedentes penales, de actos de última voluntad y de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, en los términos previstos en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998, modificada por la Orden de 11 de diciembre de 2001 y por la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, así como las instrucciones de cumplimentación. Madrid, 2 de octubre de 2013.–El Subsecretario de Justicia, Juan Bravo Rivera. ANEXO ### RESUMEN: Mover las estructuras para actos públicos que requiera la Coordinación General de la Alcaldía cuesta 118.840,88 euros.

Los Museos Estatales son instituciones que conservan y difunden el patrimonio histórico de todos los españoles, y contribuyen a garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la cultura recogido en el artículo 44 de Constitución Española. Transcurridos más de cinco años desde la aprobación de la Orden CUL/174/2009, de 29 de enero, por la que se regula la visita a los museos adscritos y gestionados por el Ministerio de Cultura y por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, resulta necesario actualizar la normativa en esta materia para adecuarse a los cambios que han tenido lugar en este período, y para ajustarse a lo establecido por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, y a la legislación nacional española de transposición de dicha Directiva de Servicios. Con la finalidad de promover la contemplación y disfrute del patrimonio histórico que conservan los Museos Estatales, la presente orden mantiene el precio de entrada a los museos. Los cambios incorporados hacen referencia a la supresión del extinto Museo Nacional de Reproducciones Artísticas, la inclusión de la actual denominación del Museo Nacional de Escultura, la incorporación de la venta telemática de entradas, la actualización del régimen de gratuidad (que se hace extensivo a todos los ciudadanos, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia) y el refuerzo de las medidas de fomento de la visita a los museos. En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios públicos, y en los artículos 21 y 22 del Reglamento de los Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, dispongo: Artículo 1. Objeto. La presente orden ministerial tiene por finalidad regular la visita pública a los museos de titularidad estatal adscritos y gestionados por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas y por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta orden ministerial será de aplicación a los siguientes museos de titularidad estatal: a) Museo Arqueológico Nacional (Madrid). b) Museo Cerralbo (Madrid). c) Museo de América (Madrid). d) Museo Casa de Cervantes (Valladolid). e) Museo del Greco (Toledo). f) Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico (Madrid). g) Museo Nacional de Antropología (Madrid). h) Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Cartagena). i) Museo Nacional de Arte Romano (Mérida). j) Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid). k) Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias «González Martí» (Valencia). l) Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira (Santillana del Mar). m) Museo Nacional de Escultura (Valladolid). n) Museo Nacional del Romanticismo (Madrid). o) Museo Sefardí (Toledo). p) Museo Sorolla (Madrid). q) Museo del Teatro (Almagro). Artículo 3. Precio de la entrada. 1. El precio general de entrada para la visita a la exposición permanente de cada uno de los museos señalados en el artículo 2 será de 3 euros por día. 2. La venta de entradas se realizará en las taquillas de los museos. Asimismo podrá ser efectuada a través de sistemas telemáticos u otros canales en aquellos museos que dispongan de este servicio, pudiéndose, en su caso, incrementar el precio de entrada con los gastos que esta gestión ocasione. 3. El acceso a los servicios complementarios de los museos, tales como biblioteca, centros de documentación, tienda, cafetería, u otros de similar carácter, será gratuito sin perjuicio del debido control. 4. La entrada a las exposiciones temporales será, con carácter general, gratuita. No obstante, cuando proceda, se podrá establecer un precio de entrada para la visita a las exposiciones temporales y el acceso a otras actividades culturales, que será determinado en cada caso. En el supuesto de que no se pueda independizar el acceso a la exposición temporal, se habrán de satisfacer las condiciones generales de visita a la exposición permanente. Artículo 4. Visita en grupo. 1. La condición de visita en grupo de carácter cultural o educativo se concede a aquellas visitas que están integradas por 8 o más personas. El máximo de personas que pueden integrar un grupo será determinado por la dirección de cada museo en función de su aforo. 2. Será necesaria la solicitud de visita ante el responsable del museo, con una antelación mínima de 15 días. Artículo 5. Visita en régimen de gratuidad. 1. La entrada será gratuita para las personas que a continuación se relacionan, previa acreditación con la presentación en taquilla del documento oficial correspondiente, válido y actualizado, en cada caso: a) Menores de 18 años y mayores de 65 años. b) Estudiantes entre 18 y 25 años. c) Titulares del carnet joven. d) Personas con discapacidad, de acuerdo con la definición que realiza el artículo 2.a) del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. También podrá acceder al museo de forma gratuita la persona que, en su caso, lo acompañe para realizar la visita. e) Personas en situación legal de desempleo. f) Pensionistas. g) Miembros de familias numerosas, según la definición que de las mismas realiza el artículo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. h) Miembros de las entidades siguientes: 1.º Patronato del museo correspondiente. 2.º Asociación de Amigos o Fundación del museo correspondiente. 3.º APME (Asociación Profesional de Museólogos de España). 4.º ANABAD (Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas). 5.º AEM (Asociación Española de Museólogos). 6.º FEAM (Federación Española de Asociaciones de Amigos de los Museos). 7.º ICOM (Consejo Internacional de Museos). 8.º Hispania Nostra. i) Personal que presta sus servicios en la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas y en los museos citados en el artículo 2 de la presente orden ministerial, así como en el Museo Nacional del Prado y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. j) Personal docente, según lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. k) Guías Oficiales de Turismo, en el ejercicio de sus funciones. l) Periodistas, en el ejercicio de sus funciones. m) Donantes de bienes culturales, en el museo al que hayan sido adscritos los bienes culturales objeto de la donación, previa presentación de la acreditación correspondiente. n) Las personas que realicen labores de voluntariado cultural en el museo en el que desarrollen su actividad, previa presentación de la acreditación correspondiente. 2. Los días de visita pública gratuita para todos los visitantes serán: a) Al menos cuatro días al mes, uno por semana. Mediante resolución del Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas y del Director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música se fijará el día o, en su caso, los días de la semana en los que la entrada de los museos sea gratuita. b) El 16 de noviembre (Día del Patrimonio Mundial), el 18 de mayo (Día Internacional de los Museos), el 12 de octubre (Día de la Fiesta Nacional de España) y el 6 de diciembre (Día de la Constitución Española). c) Otras posibles celebraciones de interés para los museos, previa autorización mediante resolución del Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas y del Director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Artículo 6. Visita con entrada reducida. Se aplicará una reducción del 50 % sobre el precio de entrada a los museos a las personas que pertenezcan a los colectivos que a continuación se detallan: a) Miembros de grupos conforme a la definición del artículo 4 de la presente orden. b) Las personas que realicen labores de voluntariado cultural previa presentación de la acreditación que corresponda. Artículo 7. Medidas de fomento de visita a los museos. 1. Se establece la tarjeta anual de acceso para la vista pública a un solo museo, con las siguientes condiciones: a) Su precio será de 25 euros. b) El periodo de validez de esta tarjeta será de un año computado desde la fecha de expedición de la tarjeta. c) Será expedida por el propio museo, a solicitud de los interesados. A la solicitud se adjuntará una fotocopia del documento nacional de identidad o del documento acreditativo correspondiente. d) La tarjeta anual será personal e intransferible, incorporando los siguientes datos: 1.º Museo para el que se permite la visita pública, responsable de su expedición. 2.º Nombre y apellidos del titular. 3.º Número del documento nacional de identidad o del documento acreditativo correspondiente. 4.º Periodo de validez. 2. Se establece el abono «Museos de la ciudad», que permitirá visitar los museos ubicados en la misma ciudad. a) Abono «Ocho Museos de la ciudad de Madrid», con una validez de quince días y un precio de 16 euros, para visitar los siguientes museos sin límite de número de visitas. 1.º Museo Arqueológico Nacional. 2.º Museo Cerralbo. 3.º Museo de América. 4.º Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. 5.º Museo Nacional de Antropología. 6.º Museo Nacional de Artes Decorativas. 7.º Museo Nacional del Romanticismo. 8.º Museo Sorolla. b) Abono «Cuatro Museos de la ciudad de Madrid», con una validez de diez días y un precio de 8 euros, para visitar cuatro museos de los señalados en el apartado a). c) Abono «Museos de Toledo»: con una validez de cinco días y un precio de 5 euros para visitar los siguientes museos sin límite de número de visitas: 1.º Museo Sefardí. 2.º Museo del Greco. d) Abono «Museos de Valladolid»: con una validez de cinco días y un precio de 5 euros para visitar los siguientes museos sin límite de número de visitas: 1.º Museo Nacional de Escultura. 2.º Museo Casa de Cervantes. 3.º Estos abonos se podrán adquirir en cualquiera de los museos en el que el mismo tenga validez. 4. Mediante convenio de colaboración se podrá acordar con otras instituciones la creación de itinerarios culturales que incluyan las entradas y abonos anteriormente citados y el acceso a otros museos no contemplados en la presente orden. Artículo 8. Otras medidas de fomento y campañas de promoción. Mediante Resolución del Director General competente (Director General de Bellas Artes, Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas o Director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) se podrá establecer la reducción en el precio de entrada o gratuidad de acceso en los siguientes casos: a) Campañas de promoción cultural, social o turística. b) Convenios de colaboración con terceros de patrocinio, de fomento de la visita pública o para la participación o inclusión de los museos estatales en itinerarios culturales o tarjetas de promoción turística. c) Actividades extraordinarias y efemérides. Igualmente, mediante resolución de los citados Directores Generales se podrán establecer medidas dirigidas a fidelizar a los titulares de la tarjeta anual de acceso. Artículo 9. Autorizaciones especiales. 1. Mediante Resolución de la Dirección General de Bellas Artes, Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas o del Director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música se podrá establecer la gratuidad para aquellos benefactores, colectivos y grupos profesionales cuya visita, por su relevancia y vinculación con los museos, puede redundar en beneficio de estas instituciones o en los que concurran circunstancias que así lo aconsejen. Asimismo se podrá modificar el régimen de visitas de los museos que tengan adscritos cuando por circunstancias eventuales se considere necesario. 2. Los directores de los museos, con carácter puntual, podrán autorizar la entrada gratuita o con precio reducido, a personas, asociaciones, empresas, instituciones o grupos profesionales u otros colectivos que lo soliciten por motivos profesionales, de estudio, investigación u otros. Disposición adicional única. El precio de entrada, exenciones, gratuidad o descuento en los museos adscritos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que estén gestionados por las comunidades autónomas en virtud del correspondiente convenio de gestión, será fijado por éstas. Disposición transitoria única. En las entradas adquiridas con antelación a la entrada en vigor de la presente orden, se respetará el precio aplicado en el momento de la adquisición de las mismas. Disposición derogatoria única. 1. Queda derogada la Orden CUL/174/2009, de 29 de enero, por la que se regula la visita pública a los museos de titularidad estatal adscritos y gestionados por el Ministerio de Cultura y por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 2. Mantendrá su vigencia el punto tercero apartado IV de la Orden de Ministerio de Cultura, de 20 de enero de 1995, referente a la tarjeta de acceso conjunta para los museos gestionados directamente por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día 16 de junio de 2015. Madrid, 5 de mayo de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega.

Este decreto regula cómo deben transmitir iniciativas y quejas los militares.

Los Museos Estatales son instituciones que conservan y difunden el patrimonio histórico de todos los españoles, y contribuyen a garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la cultura recogido en el artículo 44 de Constitución Española. Transcurridos más de cinco años desde la aprobación de la Orden CUL/174/2009, de 29 de enero, por la que se regula la visita a los museos adscritos y gestionados por el Ministerio de Cultura y por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, resulta necesario actualizar la normativa en esta materia para adecuarse a los cambios que han tenido lugar en este período, y para ajustarse a lo establecido por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, y a la legislación nacional española de transposición de dicha Directiva de Servicios. Con la finalidad de promover la contemplación y disfrute del patrimonio histórico que conservan los Museos Estatales, la presente orden mantiene el precio de entrada a los museos. Los cambios incorporados hacen referencia a la supresión del extinto Museo Nacional de Reproducciones Artísticas, la inclusión de la actual denominación del Museo Nacional de Escultura, la incorporación de la venta telemática de entradas, la actualización del régimen de gratuidad (que se hace extensivo a todos los ciudadanos, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia) y el refuerzo de las medidas de fomento de la visita a los museos. En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios públicos, y en los artículos 21 y 22 del Reglamento de los Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, dispongo: Artículo 1. Objeto. La presente orden ministerial tiene por finalidad regular la visita pública a los museos de titularidad estatal adscritos y gestionados por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas y por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta orden ministerial será de aplicación a los siguientes museos de titularidad estatal: a) Museo Arqueológico Nacional (Madrid). b) Museo Cerralbo (Madrid). c) Museo de América (Madrid). d) Museo Casa de Cervantes (Valladolid). e) Museo del Greco (Toledo). f) Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico (Madrid). g) Museo Nacional de Antropología (Madrid). h) Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Cartagena). i) Museo Nacional de Arte Romano (Mérida). j) Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid). k) Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias «González Martí» (Valencia). l) Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira (Santillana del Mar). m) Museo Nacional de Escultura (Valladolid). n) Museo Nacional del Romanticismo (Madrid). o) Museo Sefardí (Toledo). p) Museo Sorolla (Madrid). q) Museo del Teatro (Almagro). Artículo 3. Precio de la entrada. 1. El precio general de entrada para la visita a la exposición permanente de cada uno de los museos señalados en el artículo 2 será de 3 euros por día. 2. La venta de entradas se realizará en las taquillas de los museos. Asimismo podrá ser efectuada a través de sistemas telemáticos u otros canales en aquellos museos que dispongan de este servicio, pudiéndose, en su caso, incrementar el precio de entrada con los gastos que esta gestión ocasione. 3. El acceso a los servicios complementarios de los museos, tales como biblioteca, centros de documentación, tienda, cafetería, u otros de similar carácter, será gratuito sin perjuicio del debido control. 4. La entrada a las exposiciones temporales será, con carácter general, gratuita. No obstante, cuando proceda, se podrá establecer un precio de entrada para la visita a las exposiciones temporales y el acceso a otras actividades culturales, que será determinado en cada caso. En el supuesto de que no se pueda independizar el acceso a la exposición temporal, se habrán de satisfacer las condiciones generales de visita a la exposición permanente. Artículo 4. Visita en grupo. 1. La condición de visita en grupo de carácter cultural o educativo se concede a aquellas visitas que están integradas por 8 o más personas. El máximo de personas que pueden integrar un grupo será determinado por la dirección de cada museo en función de su aforo. 2. Será necesaria la solicitud de visita ante el responsable del museo, con una antelación mínima de 15 días. Artículo 5. Visita en régimen de gratuidad. 1. La entrada será gratuita para las personas que a continuación se relacionan, previa acreditación con la presentación en taquilla del documento oficial correspondiente, válido y actualizado, en cada caso: a) Menores de 18 años y mayores de 65 años. b) Estudiantes entre 18 y 25 años. c) Titulares del carnet joven. d) Personas con discapacidad, de acuerdo con la definición que realiza el artículo 2.a) del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. También podrá acceder al museo de forma gratuita la persona que, en su caso, lo acompañe para realizar la visita. e) Personas en situación legal de desempleo. f) Pensionistas. g) Miembros de familias numerosas, según la definición que de las mismas realiza el artículo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. h) Miembros de las entidades siguientes: 1.º Patronato del museo correspondiente. 2.º Asociación de Amigos o Fundación del museo correspondiente. 3.º APME (Asociación Profesional de Museólogos de ### RESUMEN: Este decreto regula cómo deben transmitir iniciativas y quejas los militares.

El artículo 29 de la Constitución reconoce que todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la Ley, añadiendo en su segundo apartado que los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Al amparo de dicho derecho fundamental de petición, el artículo 28 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, reconoce que el militar podrá plantear iniciativas y quejas relativas al régimen de personal y a las condiciones de vida, sin perjuicio del mantenimiento del conducto regular y del ejercicio de los derechos y acciones que legalmente corresponden a los miembros de las Fuerzas Armadas. Esta posibilidad que reconoce la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de formular iniciativas y quejas por parte del personal militar es una nueva vía para la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas en la configuración de su régimen de personal y condiciones de vida; propiciando de esta manera la participación y colaboración del militar a título individual preservando su independencia de criterio y libertad de expresión. Se trata por tanto, de un nuevo mecanismo, que se suma a las otras alternativas reconocidas en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, en lo que a la participación del personal militar en la configuración del régimen de personal se refiere. Este real decreto, por tanto, tiene por objeto definir el procedimiento para la tramitación y resolución de dichas iniciativas y quejas. Por otra parte, dentro del mencionado procedimiento, se establece una clara diferencia para la tramitación de las iniciativas y de las quejas. De hecho, en las iniciativas se configura un régimen específico que incluye la posibilidad de que dichas iniciativas se estudien, llegado el caso, y por razones de competencia y con la finalidad de aportar información para que el órgano competente pueda resolver adecuadamente, por un grupo de trabajo constituido «ad hoc» que las estudiará, analizará y valorará. En lo que se refiere a las quejas, y conforme a lo que se establece en el artículo 28.3 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, se crea un procedimiento de dos instancias: la primera, en la que se tramitarán las quejas siguiendo el conducto regular en la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas, y la segunda, para aquellas quejas que se considerasen que no han sido lo suficientemente atendidas ante los órganos que se determinan en esta disposición. Lo dispuesto en este real decreto será sin perjuicio de lo previsto en el capítulo IV, relativo al programa de quejas y sugerencias, del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. Asimismo, se incluye dentro de las disposiciones finales una modificación en el artículo 36 del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, con la que se amplía el número máximo de convocatorias para que los militares de tropa y marinería puedan acceder a una relación de servicios de carácter permanente. Por otra parte, también se introducen dos modificaciones en el Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo. La primera hace referencia a los aspirantes que se han de encuadrar en los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, señalando que la duración de la formación militar específica podrá reducirse al mínimo imprescindible para el conocimiento de la unidad, centro u organismo al que corresponda la plaza asignada, pudiendo quedar exentos aquellos que hubieran sido seleccionados en plaza directamente relacionada con su profesión civil. La segunda modificación sustituye las activaciones del reservista, en lo que afecta a la ampliación de su compromiso, por una declaración escrita, en la que manifieste su voluntariedad para ser activado en las condiciones que regula este Reglamento. Durante su tramitación, este real decreto fue informado por las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.c) de la citada ley orgánica, ha sido informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de marzo de 2014, DISPONGO: CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. Este real decreto tiene por objeto establecer la forma en que el militar podrá plantear iniciativas y quejas relativas al régimen de personal y a las condiciones de vida y su tramitación, determinar los órganos que, en su caso, las analizarán y resolverán y fijar los mandos u órganos directivos ante los que podrán presentarse directamente las quejas, todo ello con arreglo al artículo 28 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Artículo 2. Definiciones. A efectos de este real decreto se establecen las siguientes definiciones: a) Iniciativa o propuesta: Es el derecho que tiene el militar de plantear a título individual cualquier tipo de actuación, incluida la modificación de normativa, relativa al régimen de personal y las condiciones de vida, ya sea de carácter general o específica de su unidad, que afecte a los miembros de su categoría. b) Queja: La reclamación que el militar hace a título individual ante el mando u órgano directivo competente para manifestar su disconformidad con cualquier aspecto del régimen de personal y las condiciones de vida, sean las que existen con carácter general en las Fuerzas Armadas o las que se den específicamente en su unidad. c) Unidad: Conforme a lo establecido en el artículo 2.2 de las Normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero, hace referencia tanto a una unidad militar o buque, centro u organismo, como a una base, acuartelamiento o establecimiento. Artículo 3. Ámbito de aplicación. 1. Este real decreto será de aplicación a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, salvo que, con arreglo a lo establecido en los artículos 109 y 110 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, tengan su condición militar en suspenso. 2. Las iniciativas y quejas elevadas por los militares deberán estar relacionadas con el régimen de personal y las condiciones de vida. 3. Las iniciativas y quejas no podrán referirse a materias relacionadas con las decisiones de política de seguridad y defensa, con el planeamiento y conducción de las operaciones militares y con el empleo de la fuerza, así como con la tramitación y resolución de los procedimientos administrativos o jurisdiccionales. 4. No se considerarán quejas aquellas demandas que directa o indirectamente impliquen la solicitud de una modificación de la normativa vigente, que serán consideradas como iniciativas de las reguladas en el capítulo II. Artículo 4. Competencias. 1. Las autoridades competentes para dar contestación a las iniciativas y quejas objeto de este real decreto, con arreglo a los procedimientos establecidos en los capítulos siguientes, serán: a) Los jefes de unidad. b) El Director General de Personal y los jefes de los mandos o jefatura de personal de los ejércitos. c) El Subsecretario de Defensa. 2. Las referencias que en este real decreto se hacen a los mandos o jefatura de personal de los ejércitos o a sus jefes, se entenderán hechas, también, a la Dirección General de Personal o a su titular, en función del ámbito competencial de dichos órganos o autoridades. 3. Cada una de las autoridades competentes establecidas en el apartado 1 designará, dentro de su estructura orgánica, la unidad administrativa responsable de la tramitación de los expedientes citados en dicho apartado. 4. Los jefes de unidad mantendrán informado a su inmediato superior jerárquico de los expedientes abiertos, de los traslados de expedientes realizados y de los acuerdos adoptados por las autoridades competentes en relación con dichos expedientes. 5. En el ámbito de los mandos o jefatura de personal de los ejércitos se crearán grupos de trabajo para el estudio y análisis de las iniciativas presentadas. Su creación se hará con arreglo a las normas que establezca el Ministro de Defensa. Las opiniones de estos grupos serán consideradas por las autoridades competentes, pero no tendrán carácter vinculante. Artículo 5. Efectos. 1. Lo previsto en este real decreto será sin perjuicio del ejercicio de los derechos y acciones que legalmente correspondan a los miembros de las Fuerzas Armadas. 2. Las iniciativas y quejas reguladas en este real decreto no tendrán el carácter de reclamación en vía administrativa, su presentación no interrumpirá los plazos de prescripción o caducidad de los procedimientos administrativos o jurisdiccionales, y los acuerdos que resuelvan dichas iniciativas o quejas tampoco serán susceptibles de recurso alguno. CAPÍTULO II Tramitación de iniciativas Artículo 6. Presentación de iniciativas. 1. Con arreglo al artículo 28.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, el militar podrá presentar iniciativas y propuestas, que afecten con carácter general a los miembros de su categoría, en su unidad y ante el oficial, suboficial mayor o cabo mayor designado a tal efecto por el jefe de unidad. 2. Cuando por el tipo de unidad o por razones de índole operativa no fuera posible designar a militares con los empleos de suboficial mayor o de cabo mayor, será nombrado, por el jefe de unidad, un militar de otro empleo por cada categoría. 3. En el caso de que algún militar se encuentre destinado en el extranjero sin estar integrado en ninguna unidad, o lo esté en un organismo ajeno a la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, remitirá sus iniciativas o propuestas al oficial, suboficial o militar de tropa y marinería designado en la unidad militar o mando con el que tenga establecida una dependencia orgánica o relación administrativa, de acuerdo con la normativa vigente. 4. La designación de estos militares se publicará en la correspondiente orden de la unidad o tablón de anuncios para que pueda ser conocida por todos los componentes de la misma. 5. Todo documento que contenga una iniciativa incluirá necesariamente el nombre, la tarjeta de identidad militar, el empleo y el destino del militar, la propuesta, la fecha de presentación y la firma del interesado. Artículo 7. Estudio de iniciativas. 1. Presentada la iniciativa al militar designado, éste podrá elaborar su propio informe, que trasladará, en su caso, al jefe de unidad a través de la unidad administrativa responsable, que abrirá el correspondiente expediente en el que se incluirán todos los documentos que genere su tramitación. 2. Si la iniciativa o propuesta no reuniera los requisitos establecidos en el artículo 6.5 o no reflejara los datos necesarios con la suficiente claridad, se requerirá al proponente para que subsane los defectos advertidos. En caso de que no proceda a su subsanación, se le tendrá por desistido en su petición. 3. Serán causas de inadmisión de las iniciativas presentadas las siguientes: a) Que haya sido tramitada y estudiada con anterioridad otra sustancialmente igual. b) Que quede fuera del ámbito de aplicación definido en el artículo 3. En este caso, se podrán proponer por conducto regular a la autoridad competente las actuaciones que se deriven de la naturaleza jurídica del contenido de la iniciativa. c) Que venga suscrita por más de una persona o que pretenda presentarse en representación de personas distintas del proponente. 4. El jefe de unidad, tras el estudio de la iniciativa, y siempre que esté dentro del ámbito de sus competencias, la atenderá o, si apreciare causa de inadmisión, la devolverá al interesado, indicando los motivos y, en su caso, las actuaciones que pudieran derivarse de la naturaleza jurídica del contenido de la iniciativa. De esta inadmisión se dará cuenta al mando o jefatura de personal correspondiente y también, por conducto regular, al militar ante el que fue presentada dicha iniciativa. Si la cuestión planteada excediera de su ámbito de competencias, la remitirá, comunicándolo al interesado, con el informe que proceda y el resto del expediente, al mando o jefatura de personal correspondiente. 5. Recibida la iniciativa, el mando o jefatura de personal acusará recibo al jefe de unidad y al interesado. Tras el estudio de la iniciativa, y siempre que esté dentro del ámbito de sus competencias, la atenderá o, si apreciare causa de inadmisión, la devolverá al interesado, indicando los motivos y, en su caso, las actuaciones que pudieran derivarse de la naturaleza jurídica del contenido de la iniciativa. De esta inadmisión se dará cuenta por conducto regular al militar ante el que fue presentada dicha iniciativa. En el caso de que el asunto propuesto también exceda de su competencia, remitirá el expediente con su informe a la Subsecretaría de Defensa, comunicándolo al interesado y al jefe de unidad. 6. Todas las iniciativas serán analizadas por las autoridades competentes y, cuando se encuentren dentro del ámbito de competencia del mando o jefatura de personal, por el grupo de trabajo al que hace referencia el artículo 4.5, previamente a la decisión que proceda. 7. La autoridad competente, cuando lo considere oportuno por razón de la naturaleza o entidad de la iniciativa o por cualquier otra circunstancia que lo aconseje, podrá citar al militar que la haya planteado para ser oído. En cualquier caso, la comparecencia a dicho trámite tendrá carácter voluntario. Artículo 8. Adopción de acuerdos sobre las iniciativas. La autoridad competente, tras el estudio realizado, adoptará un acuerdo motivado que comunicará al interesado. También se dará cuenta de dicho acuerdo al jefe de la unidad y a la autoridad que remitió el expediente. El plazo en el que deberá adoptarse el acuerdo será de seis meses. Artículo 9. Informe anual de iniciativas. 1. Anualmente, las autoridades competentes reconocidas en el artículo 4.1 remitirán la información sobre las iniciativas recibidas y el resultado de su tramitación por conducto regular al mando o jefatura de personal correspondiente. El mando o jefatura de personal, a su vez, elaborará un informe que remitirá a la Subsecretaría de Defensa quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54.2, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, remitirá el compendio de todos los informes al Observatorio de la vida militar. 2. Serán incluidas en la información remitida, a efectos estadísticos, las iniciativas inadmitidas contempladas en el artículo 7.3.a). CAPÍTULO III Tramitación de quejas Artículo 10. Tramitación. En la tramitación de las quejas se estará a lo dictado para la tramitación de iniciativas en todos aquellos aspectos que no se encuentren definidos en este capítulo, y particularmente, en lo que se refiere a las causas de inadmisión y subsanación. Artículo 11. Presentación, tramitación y resolución inicial de quejas. 1. Los miembros de las Fuerzas Armadas podrán presentar sus quejas siguiendo el conducto regular en la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas y haciéndolo de buen modo, verbalmente o por escrito. Toda queja por escrito incluirá necesariamente el nombre, la tarjeta de identidad militar, empleo y destino del militar, el motivo de la queja, la fecha de presentación y la firma del interesado. 2. El superior jerárquico correspondiente recibirá la queja y, si fuera verbal, salvo que la autoridad competente la atendiera en el momento, la pondrá por escrito, a través de la unidad administrativa responsable, elevándola a continuación al jefe de unidad, que acusará recibo de la misma y procederá a su estudio y análisis, para lo cual, si no dispusiera de la información precisa, podrá solicitar los datos que necesite para su contestación. 3. Si es competente para resolver la queja, informará al interesado el acuerdo motivado que proceda por escrito. Si no es competente, la trasladará por escrito a quien corresponda para que actúe, dando conocimiento al interesado de este traslado. Artículo 12. Presentación, tramitación y acuerdo de quejas en segunda instancia. 1. El militar que haya presentado una queja y, una vez adoptado el acuerdo que proceda, considerase que no ha sido suficientemente atendida o, transcurrido un mes, no hubiese sido contestada, podrá presentar la misma queja directamente y por escrito, remitiendo copia al jefe de unidad, ante el mando o jefatura de personal que le corresponda, según su ámbito de competencias. En cualquier caso, el mes comenzará a contar desde la fecha del acuse de recibo de la presentación de la queja. 2. El mando o jefatura de personal que reciba la queja acusará recibo y practicará las actuaciones correspondientes para obtener la información precisa que permita ajustar el acuerdo que proceda a la situación y normativa vigente. 3. Si el mando o jefatura de personal que reciba la queja no es competente en la materia tratada solicitará los informes que considere adecuados para la adopción del acuerdo y remitirá la queja al Jefe de Estado Mayor del ejército correspondiente o al Subsecretario de Defensa, en su caso, dando cuenta al interesado. Las autoridades competentes referidas en los apartados 2 y 3 adoptarán el acuerdo que proceda y lo comunicarán al interesado, informando al jefe de unidad. Si el acuerdo rechazara la queja, deberá ir debidamente motivado. El plazo en el que deberá adoptarse el acuerdo será de seis meses. Artículo 13. Informe del análisis de las quejas. 1. Anualmente, todos aquellos jefes de unidad que hayan recibido quejas, deberán elaborar un informe que remitirán a los mandos o jefatura de personal correspondiente que incluirá la relación de todas las quejas recibidas, los acuerdos adoptados y las quejas que han sido inadmitidas, así como una propuesta que aborde aquellos aspectos que consideren puedan resolver o mitigar las causas que originaron las mismas. 2. A continuación, el mando o jefatura de personal elaborará un informe en el que analizará todas las quejas tramitadas a través de los jefes de unidad, así como las que hubiera recibido directamente. Dicho análisis será remitido a la Subsecretaría de Defensa. Disposición adicional única. No incremento de gasto público. De la aplicación de las previsiones contenidas en el presente real decreto no se derivarán incrementos ni de dotaciones ni de retribuciones ni de otros costes de personal al servicio del sector público. Disposición final primera. Modificación del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero. El apartado 2 del artículo 36 del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, queda redactado en los siguientes términos: «2. El número máximo de convocatorias a las que se podrá optar será de tres ordinarias y dos extraordinarias. Las convocatorias extraordinarias tendrán la consideración de comisiones de servicio no indemnizables. La última convocatoria extraordinaria deberá ser realizada durante los cinco últimos años anteriores a la finalización del compromiso de larga duración.» Disposición final segunda. Modificación del Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo. El Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, queda modificado como sigue: Uno. El apartado 7 del artículo 12 queda redactado del siguiente modo: «7. Para los aspirantes a encuadrarse en los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, dicha duración podrá reducirse al mínimo imprescindible para el conocimiento de la unidad, centro u organismo al que corresponda la plaza asignada, pudiendo quedar exentos aquellos que hubieran sido seleccionados en plaza directamente relacionada con su profesión civil.» Dos. El apartado 5 del artículo 19 queda redactado del siguiente modo: «5. La concesión de la segunda ampliación de compromiso y sucesivas, además de lo establecido en el apartado anterior, requerirá que el reservista voluntario haya manifestado por escrito ante la Subdelegación de Defensa correspondiente, al menos una vez cada tres años, su disponibilidad para ser activado en las condiciones que regula este reglamento, tanto para participar en programas de formación continuada como para prestar servicio en unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa. Si el reservista hubiera sido activado, se requerirá que sólo hubiese solicitado una vez la suspensión de la activación al amparo de lo previsto en el artículo 42.3.» Disposición final tercera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Defensa y Fuerzas Armadas. Disposición final cuarta. Facultades de desarrollo. Se faculta al Ministro de Defensa a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este real decreto. Disposición final quinta. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 21 de marzo de 2014. JUAN CARLOS R. El Ministro de Defensa, PEDRO MORENÉS EULATE

Contrato de información del estado de las carreteras en 2017 y 2018 de la DGT, adjudicado a CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES por importe total de 203.280,00 euros.

El artículo 29 de la Constitución reconoce que todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la Ley, añadiendo en su segundo apartado que los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Al amparo de dicho derecho fundamental de petición, el artículo 28 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, reconoce que el militar podrá plantear iniciativas y quejas relativas al régimen de personal y a las condiciones de vida, sin perjuicio del mantenimiento del conducto regular y del ejercicio de los derechos y acciones que legalmente corresponden a los miembros de las Fuerzas Armadas. Esta posibilidad que reconoce la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de formular iniciativas y quejas por parte del personal militar es una nueva vía para la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas en la configuración de su régimen de personal y condiciones de vida; propiciando de esta manera la participación y colaboración del militar a título individual preservando su independencia de criterio y libertad de expresión. Se trata por tanto, de un nuevo mecanismo, que se suma a las otras alternativas reconocidas en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, en lo que a la participación del personal militar en la configuración del régimen de personal se refiere. Este real decreto, por tanto, tiene por objeto definir el procedimiento para la tramitación y resolución de dichas iniciativas y quejas. Por otra parte, dentro del mencionado procedimiento, se establece una clara diferencia para la tramitación de las iniciativas y de las quejas. De hecho, en las iniciativas se configura un régimen específico que incluye la posibilidad de que dichas iniciativas se estudien, llegado el caso, y por razones de competencia y con la finalidad de aportar información para que el órgano competente pueda resolver adecuadamente, por un grupo de trabajo constituido «ad hoc» que las estudiará, analizará y valorará. En lo que se refiere a las quejas, y conforme a lo que se establece en el artículo 28.3 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, se crea un procedimiento de dos instancias: la primera, en la que se tramitarán las quejas siguiendo el conducto regular en la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas, y la segunda, para aquellas quejas que se considerasen que no han sido lo suficientemente atendidas ante los órganos que se determinan en esta disposición. Lo dispuesto en este real decreto será sin perjuicio de lo previsto en el capítulo IV, relativo al programa de quejas y sugerencias, del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. Asimismo, se incluye dentro de las disposiciones finales una modificación en el artículo 36 del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, con la que se amplía el número máximo de convocatorias para que los militares de tropa y marinería puedan acceder a una relación de servicios de carácter permanente. Por otra parte, también se introducen dos modificaciones en el Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo. La primera hace referencia a los aspirantes que se han de encuadrar en los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, señalando que la duración de la formación militar específica podrá reducirse al mínimo imprescindible para el conocimiento de la unidad, centro u organismo al que corresponda la plaza asignada, pudiendo quedar exentos aquellos que hubieran sido seleccionados en plaza directamente relacionada con su profesión civil. La segunda modificación sustituye las activaciones del reservista, en lo que afecta a la ampliación de su compromiso, por una declaración escrita, en la que manifieste su voluntariedad para ser activado en las condiciones que regula este Reglamento. Durante su tramitación, este real decreto fue informado por las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.c) de la citada ley orgánica, ha sido informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de marzo de 2014, DISPONGO: CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. Este real decreto tiene por objeto establecer la forma en que el militar podrá plantear iniciativas y quejas relativas al régimen de personal y a las condiciones de vida y su tramitación, determinar los órganos que, en su caso, las analizarán y resolverán y fijar los mandos u órganos directivos ante los que podrán presentarse directamente las quejas, todo ello con arreglo al artículo 28 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Artículo 2. Definiciones. A efectos de este real decreto se establecen las siguientes definiciones: a) Iniciativa o propuesta: Es el derecho que tiene el militar de plantear a título individual cualquier tipo de actuación, incluida la modificación de normativa, relativa al régimen de personal y las condiciones de vida, ya sea de carácter general o específica de su unidad, que afecte a los miembros de su categoría. b) Queja: La reclamación que ### RESUMEN: Contrato de información del estado de las carreteras en 2017 y 2018 de la DGT, adjudicado a CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES por importe total de 203.280,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Dirección General de Tráfico. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Tráfico. c) Número de expediente: 0100DGT29387. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de información a medios de comunicación sobre el estado de la circulación en las carreteras 2017/2018. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92200000 (Servicios de radio y televisión). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de febrero de 2017. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 353.780,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 176.890,00 euros. Importe total: 214.036,90 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 7 de julio de 2017. b) Fecha de formalización del contrato: 31 de julio de 2017. c) Contratista: CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.U. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 168.000,00 euros. Importe total: 203.280,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber formulado la oferta más ventajosa para el Organismo y para el interés general. Madrid, 28 de agosto de 2017.- Subdirectora adjunta de Administración Económica, por delegación del Director general de Tráfico (Resolución de 5/12/2000. BOE 16/12/2000).

Ejecución del presupuesto a 30 de noviembre de 2013.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Dirección General de Tráfico. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Tráfico. c) Número de expediente: 0100DGT29387. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de información a medios de comunicación sobre el estado de la circulación en las carreteras 2017/2018. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92200000 (Servicios de radio y televisión). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de febrero de 2017. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 353.780,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 176.890,00 euros. Importe total: 214.036,90 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 7 de julio de 2017. b) Fecha de formalización del contrato: 31 de julio de 2017. c) Contratista: CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.U. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 168.000,00 euros. Importe total: 203.280,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber formulado la oferta más ventajosa para el Organismo y para el interés general. Madrid, 28 de agosto de 2017.- Subdirectora adjunta de Administración Económica, por delegación del Director general de Tráfico (Resolución de 5/12/2000. BOE 16/12/2000). ### RESUMEN: Ejecución del presupuesto a 30 de noviembre de 2013.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de noviembre de 2013. Madrid, 7 de enero de 2014.–El Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández.

Convenio entre el Ministerio de Interior y la Generalitat Valenciana de cumplimiento de penas en beneficio de comunidad.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de noviembre de 2013. Madrid, 7 de enero de 2014.–El Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández. ### RESUMEN: Convenio entre el Ministerio de Interior y la Generalitat Valenciana de cumplimiento de penas en beneficio de comunidad.

Habiéndose suscrito con fecha de 14 de noviembre de 2014, el Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado por medio del Ministerio del Interior y la Generalitat Valenciana por medio de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y de la Conselleria de Gobernación y Justicia para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 17 de diciembre de 2014.–El Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver Martínez. ANEXO Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, por medio del Ministerio del Interior y la Generalitat Valenciana, por medio de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y de la Conselleria de Gobernación y Justicia, para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad En Valencia, a 14 de noviembre de 2014. REUNIDOS De una parte la Administración General del Estado, representada por don Jorge Fernández Díaz, Ministro de Interior, por Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre (BOE de 22 de diciembre), en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y de acuerdo con el artículo 6.º y disposiciones adicionales decimotercera y decimocuarta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Y de otra la Generalitat Valenciana, representada la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, nombrada por Decreto 20/2012, de 7 de diciembre, del President de la Generalitat, por el que cesan y se nombran consellers, secretario y portavoz del Consell, y por el Conseller de Gobernación y Justicia, nombrado por Decreto 10/2014, de 12 de junio, del President de la Generalitat, por el que cesa y se nombra Conseller de Gobernación y Justicia, de acuerdo con la atribuciones respectivas que tienen conferidas mediante Decreto 9/2014, de 12 de junio, del President de la Generalitat, por el que determina las consellerias en que se organiza la Administración de la Generalitat, y autorizados para la suscripción de este Convenio por acuerdo del Consell, adoptado en la sesión celebrada en fecha 14 de noviembre de 2014, tal y como establece el artículo 21.f) de la Ley 5/1983 del Consell. Intervienen los citados en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente capacidad y legitimación bastante en Derecho para firmar el presente Convenio de colaboración, con el objeto que a continuación se reseña, y en su virtud hacen las siguientes MANIFESTACIONES I. La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, cuyos artículos 39,40 y 49, en su redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, estableciéndose en el citado artículo 49, que los trabajos en beneficio de la comunidad –que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado– le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública. Circunstancias de ejecución mantenidas por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, modificativa del Código Penal. II. El Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se deroga el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, establece las circunstancias de ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, y considera, en su artículo 4.1, que el trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la administración estatal, autonómica o local, que, a tal fin, podrán establecer los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la administración penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio. III. El Decreto 9/2014, de 12 de junio, del President de la Generalitat, en su artículo 8, atribuye a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, el ejercicio de las competencias en materia de obras públicas, ordenación del territorio y del litoral, vivienda y calidad de la edificación, transportes, puertos y aeropuertos, medio ambiente, paisaje, y cambio climático. Y en su articulo 10, confiere a la Conselleria de Gobernación y Justicia, el ejercicio de las competencias en materia de interior, protección civil, gestión de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana, prevención, extinción de incendios y gestión de las competencias en materia de situaciones de emergencia, desarrollo estatutario, consultas populares, justicia, colegios profesionales, fundaciones, asociaciones, registros y notariado. IV. El Decreto 88/2014, de 13 de junio del Consell, por el que se establece la estructura orgánica, básica de la Presidencia y de la consellerias de la Generalitat, establece en su título VII, la estructura orgánica básica de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, considerando entre sus órganos directivos, entre otros, a la Dirección General de Medio Natural, que asume las funciones en materia de espacios naturales y biodiversidad, gestión forestal y vías pecuarias, caza, pesca deportiva, y gestión de parques naturales. Y determina en su título IX, la estructura orgánica básica de la Conselleria de Gobernación y Justicia, considerando entre sus órganos directivos, entre otros, a la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana, que asume las funciones en materia de seguridad pública y protección ciudadana, espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas, coordinación y selección de policías locales en la Comunitat Valenciana, formación de policías locales, del personal de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana y del personal de los servicios esenciales y complementarios de intervención frente a emergencias, protección civil, ayudas a las víctimas del terrorismo y dirección de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana, Y a la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias, que asumen las funciones en materia de dirección y gestión de las políticas de la Generalitat en materia de prevención y extinción de incendios, protección civil, gestión de emergencias, información y concienciación ciudadana en materia de prevención de incendios. Dirección y gestión de la encomienda del Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat y de la participación de la Generalitat en los consorcios de bomberos. Por todo ello, las partes firmantes acuerdan establecer el presente Convenio de colaboración con arreglo a las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto. El presente convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración entre la Administración General del Estado, por medio del Ministerio del Interior, y la Generalitat, a través de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y de la Conselleria de Gobernación y Justicia, para el efectivo cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, mediante la prestación por los penados de determinadas actividades de utilidad pública, en su ámbito competencial. Segunda. Compromisos que asumen las partes. 1. La Generalitat, a través de los órganos directivos de las precitadas Consellerias: Dirección General con competencias en materia de Seguridad y Protección Ciudadana; Dirección General con competencias en materia de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias; y Dirección General con competencias en materia de Parques Naturales, se compromete a: a) Facilitar un número de plazas a los penados a trabajos en beneficio de la comunidad de la comunidad en las condiciones establecidas en el artículo 49 del Código Penal, y en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se regulan las circunstancias de ejecución de las penas. b) Formar a los penados a través del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (en adelante IVASPE), de la Dirección General con competencias en materia de Seguridad y Protección Ciudadana. Y por profesionales de la Dirección General con competencias en materia de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias, en aquellas materias relativas a la prevención de incendios, conservación del monte y el medio forestal y natural. En el curso de formación de duración semanal y que se considerará período de cumplimiento de la pena, los penados recibirán formación técnica, así como jurídica, siendo informados en la asignatura impartida por un jurista de Instituciones Penitenciarias de las consecuencias del incumplimiento de la pena o de su actitud poco diligente. El Plan formativo será aprobado, como cualquier actuación en el marco del IVASPE, previa dación de cuentas e información a la Comisión de Coordinación de Policías Locales, según lo dispuesto en la Ley 6/1999, de 19 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Policías Locales y de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana. c) Destinar a los penados, tras recibir la formación del apartado anterior, a las labores de conservación en los Parques Naturales más cercanos a sus domicilios, para cumplir con su plan de ejecución bajo supervisión del personal de los mismos. 2. El Ministerio del Interior, asume: a) Las obligaciones para la cobertura de las contingencias que corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los penados, por los días de prestación efectiva del trabajo desarrollado en beneficio de la comunidad, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 2131/2008, de 26 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, que regula, entre otras materias, la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajos en beneficio de la comunidad y en concordancia con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se regulan las circunstancias de ejecución de estas penas. b) Y a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que tiene a su cargo los Servicios de gestión de las penas y medidas alternativas, la gestión, coordinación y seguimiento de la pena, mediante contactos con los responsables del trabajo. Tercera. Datos de carácter personal. Los datos de carácter personal de los penados están afectados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En consecuencia, la Administración Penitenciaria, en el ejercicio de sus competencias de ejecución penal, facilitará a las Consellerias mencionadas en este convenio, los datos identificativos de los penados, a los solos efectos de control para la buena consecución de las jornadas de actividad, comprometiéndose la Consellería a guardar la confidencialidad sobre los mismos Cuarta. Distribución de las plazas. 1. Los Servicios de gestión de penas y medidas alternativas valorarán al penado con el fin de determinar la actividad más adecuada, informando al mismo de las distintas plazas existentes, con indicación expresa de su cometido y del horario en que deberán realizar la actividad. Valorando especialmente que el penado resida en localidades próximas a los parques naturales en los que realizará su trabajo en beneficio de la comunidad, así como, que las jornadas de trabajo que integran su condena sean similares en número al resto de penados destinados a esta actividad en aras a facilitar el desarrollo de la misma. 2. Una vez realizada la valoración y seleccionada la tarea a desarrollar, los Servicios que gestionan estas penas trasladarán a la Consellería con competencias en seguridad y emergencias, la información necesaria para el adecuado desenvolvimiento de las actividades asignadas. Actuando el IVASPE, como centro de coordinación entre ambas administraciones (Estatal: Servicio con competencias en la Gestión de Penas y Autonómica: Dirección General con competencias en materia de Parques Naturales) Quinta. Jornada y horario. Para determinar la duración de la jornada y el plazo en que deba cumplirse, los Servicios que gestionan las penas y medidas alternativas deberán atender al principio de flexibilidad que recoge el artículo 6.2 del Real Decreto 840/2011, por el que se regulan las circunstancias de ejecución de estas penas, para compatibilizar, en la medida de lo posible, el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el cumplimiento de la pena impuesta y, en todo caso, de conformidad con las resoluciones judiciales. Sexta. Derechos laborales en el desarrollo de la actividad. 1. Las tareas que realice el penado no será retribuido. 2. En ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral como consecuencia de las tareas desarrolladas con motivo del presente convenio. Séptima. Seguimiento y Control del cumplimiento de la pena. 1. Durante el cumplimiento de la condena el penado deberá seguir las instrucciones recibidas del Juez de Vigilancia y de los Servicios de gestión de penas y medidas alternativas. En cuanto al desarrollo de las tareas a realizar, el penado deberá seguir las directrices de la unidad en la que preste su tarea. 2. El IVASPE o la Dirección General con competencias en materia de Parques Naturales, informará a los Servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la actividad que va siendo desarrollada por el penado y de las incidencias relevantes que se produzcan en el desenvolvimiento del plan de ejecución, para que por dichos Servicios se comunique lo oportuno al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. En todo caso, deberá informarse de las siguientes incidencias: Ausencias del trabajo o abandonos injustificados. Rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible. Oposición o incumplimiento reiterado y manifiesto a las instrucciones del responsable de la ocupación. Cuando su conducta sea tal que el responsable de la actividad se negara a mantenerle en la misma. Igualmente se deberá informar a los Servicios de gestión de penas y medidas alternativas sobre la finalización del plan de ejecución. Octava. Comisión Mixta de seguimiento. 1. Se crea una Comisión Mixta de seguimiento, encargada de velar por el exacto cumplimiento de lo establecido en el presente convenio, resolver los problemas de interpretación y las incidencias que puedan plantearse en la aplicación del mismo. 2. La Comisión Mixta estará integrada por los seis miembros que se relacionan a continuación, o persona en quien deleguen: a) Por la Administración General del Estado: La persona titular de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias La persona titular de la Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas Un representante designado por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, en virtud de lo estipulado en la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, en su artículo 27.1.b). b) Por la Generalitat: La persona titular de la Dirección General con competencias en Seguridad y Protección Ciudadana. La persona titular de la Dirección General con competencias en Prevención, Extinción de incendios y Emergencias. La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de Parques Naturales. 3. Asimismo, podrán formar parte de la comisión los técnicos que se considere oportuno en función de los temas a tratar. 4. La Comisión se reunirá siempre que lo solicite una de las partes. 5. El funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento se adecuará en lo previsto, para los órganos colegiados, en el título II, capítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Novena. Régimen Jurídico. Este Convenio tiene naturaleza administrativa y está excluido de la aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (BOE n.º 276, de 16 de noviembre), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a tenor de lo dispuesto en el artículo 4.1.c) de la misma. Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación, modificación o resolución del mismo que no puedan resolverse por conciliación en la Comisión Mixta de seguimiento, serán sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa. Décima. Ámbito temporal. 1. El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma, y tendrá vigencia de un año. 2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, se entenderá prorrogado tácitamente si no hubiera denuncia escrita por alguna de las partes con tres meses de antelación a la fecha anual de su vencimiento. Y todo ello sin perjuicio de la finalización de las actividades que estuvieran comprometidas hasta la fecha de resolución del convenio Undécima. Régimen económico. La aplicación y ejecución de este convenio de colaboración, incluyéndose al efecto todos los actos jurídicos que pudieran dictarse en desarrollo o ejecución del mismo, no podrá tener incidencia alguna en la dotación de todos y cada uno de los capítulos de gasto asignados respectivamente a las Consellerias citadas en este convenio, y en todo caso, deberán ser atendidos con sus propios medios personales y materiales. Duodécima. Finalización y causas de extinción. La vigencia de este convenio de colaboración finalizará por cumplimento del plazo de duración inicial, en los términos previstos en la cláusula décima del presente convenio. Además podrá extinguirse por cualquiera de las siguientes causas: a) Mutuo acuerdo de las partes. b) Por resolución unilateral de cualquiera de las partes, previa denuncia expresa y notificada por escrito a la otra parte con una antelación al menos de tres meses. En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya iniciadas en el momento de notificación de la denuncia. En prueba de conformidad con todo lo expuesto, se firma el presente Convenio de colaboración por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha anteriormente indicados.–El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.–El Conseller de Gobernación y Justicia, Luis Santamaría Ruiz.–La Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig Trigueros.

El secretario general del CSIC ya tiene secretaria.

Habiéndose suscrito con fecha de 14 de noviembre de 2014, el Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado por medio del Ministerio del Interior y la Generalitat Valenciana por medio de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y de la Conselleria de Gobernación y Justicia para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 17 de diciembre de 2014.–El Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver Martínez. ANEXO Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, por medio del Ministerio del Interior y la Generalitat Valenciana, por medio de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y de la Conselleria de Gobernación y Justicia, para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad En Valencia, a 14 de noviembre de 2014. REUNIDOS De una parte la Administración General del Estado, representada por don Jorge Fernández Díaz, Ministro de Interior, por Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre (BOE de 22 de diciembre), en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y de acuerdo con el artículo 6.º y disposiciones adicionales decimotercera y decimocuarta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Y de otra la Generalitat Valenciana, representada la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, nombrada por Decreto 20/2012, de 7 de diciembre, del President de la Generalitat, por el que cesan y se nombran consellers, secretario y portavoz del Consell, y por el Conseller de Gobernación y Justicia, nombrado por Decreto 10/2014, de 12 de junio, del President de la Generalitat, por el que cesa y se nombra Conseller de Gobernación y Justicia, de acuerdo con la atribuciones respectivas que tienen conferidas mediante Decreto 9/2014, de 12 de junio, del President de la Generalitat, por el que determina las consellerias en que se organiza la Administración de la Generalitat, y autorizados para la suscripción de este Convenio por acuerdo del Consell, adoptado en la sesión celebrada en fecha 14 de noviembre de 2014, tal y como establece el artículo 21.f) de la Ley 5/1983 del Consell. Intervienen los citados en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente capacidad y legitimación bastante en Derecho para firmar el presente Convenio de colaboración, con el objeto que a continuación se reseña, y en su virtud hacen las siguientes MANIFESTACIONES I. La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, cuyos artículos 39,40 y 49, en su redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, estableciéndose en el citado artículo 49, que los trabajos en beneficio de la comunidad –que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado– le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública. Circunstancias de ejecución mantenidas por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, modificativa del Código Penal. II. El Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se deroga el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, establece las circunstancias de ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, y considera, en su artículo 4.1, que el trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la administración estatal, autonómica o local, que, a tal fin, podrán establecer los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la administración penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio. III. El Decreto 9/2014, de 12 de junio, del President de la Generalitat, en su artículo 8, atribuye a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, el ejercicio de las competencias en materia de obras públicas, ordenación del territorio y del litoral, vivienda y calidad de la edificación, transportes, puertos y aeropuertos, medio ambiente, paisaje, y cambio climático. Y en su articulo 10, confiere a la Conselleria de Gobernación y Justicia, el ejercicio de las competencias en materia de interior, protección civil, gestión de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana, prevención, extinción de incendios y gestión de las competencias en materia de situaciones de emergencia, desarrollo estatutario, consultas populares, justicia, colegios profesionales, fundaciones, asociaciones, registros y notariado. IV. El Decreto 88/2014, de 13 de junio del Consell, por el que se establece la estructura orgánica, básica de la Presidencia y de la consellerias de la Generalitat, establece en su título VII, la estructura orgánica básica de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, considerando entre sus órganos directivos, entre otros, a la Dirección General de Medio Natural, que asume las funciones en materia de espacios naturales y biodiversidad, gestión forestal y vías pecuarias, caza, pesca deportiva, y gestión de parques naturales. Y determina en su título IX, la estructura orgánica básica de la Conselleria de Gobernación y Justicia, considerando entre sus órganos directivos, entre otros, a la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana, que asume las funciones en materia de seguridad pública y protección ciudadan ### RESUMEN: El secretario general del CSIC ya tiene secretaria.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por auto de 15 de diciembre actual en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4682-2015, promovido por el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, ha acordado: 1.º Mantener la suspensión de los artículos 71.3 y 76.3 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón. 2.º Levantar la suspensión de los artículos 1.2.b), c) y d); 4.aa); 5.a) y p); 7.1; 8, en cuanto a presas y embalses; 12.2.b) y 4; 15.1.b), c) y n); 19.2.a) 1.º, c) 2.º y c) 3.º; 50; 67; 69.a), d) y f) 1.º; 70.a) y c); 72; y de la disposición transitoria primera de la misma Ley 10/2014, suspensión que se produjo con la admisión del mencionado recurso de inconstitucionalidad y que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 222, de 16 de septiembre de 2015. Madrid, 15 de diciembre de 2015.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

Subvenciones de 3.000 a 9.000 euros a pymes y entidades para implantar planes de igualdad. Sumando un total de 788.639 euros.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por auto de 15 de diciembre actual en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4682-2015, promovido por el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, ha acordado: 1.º Mantener la suspensión de los artículos 71.3 y 76.3 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón. 2.º Levantar la suspensión de los artículos 1.2.b), c) y d); 4.aa); 5.a) y p); 7.1; 8, en cuanto a presas y embalses; 12.2.b) y 4; 15.1.b), c) y n); 19.2.a) 1.º, c) 2.º y c) 3.º; 50; 67; 69.a), d) y f) 1.º; 70.a) y c); 72; y de la disposición transitoria primera de la misma Ley 10/2014, suspensión que se produjo con la admisión del mencionado recurso de inconstitucionalidad y que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 222, de 16 de septiembre de 2015. Madrid, 15 de diciembre de 2015.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: Subvenciones de 3.000 a 9.000 euros a pymes y entidades para implantar planes de igualdad. Sumando un total de 788.639 euros.

El 29 de abril y el 9 de mayo de 2014, los plenos del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat y del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, respectivamente, acordaron iniciar un expediente de alteración de sus términos municipales para de eliminar el enclave territorial del municipio de Barcelona que se encuentra entre los términos municipales de Sant Feliu de Llobregat y de Sant Cugat del Vallés, con el fin de dar congruencia al territorio de estos municipios y facilitar la gestión de las actuaciones que se lleven a cabo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14, en relación con el artículo 13.1.c) del Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril. El expediente fue sometido a información pública, sin que se presentaran alegaciones en este trámite, y a informe de los entes locales que no la habían promovido. El Área Metropolitana de Barcelona, por acuerdo del Consejo Metropolitano de 25 de noviembre de 2014, el Consejo Comarcal del Baix Llobregat, por acuerdo de la Junta de Gobierno de 1 de diciembre de 2014, y la Diputación de Barcelona, mediante Decreto de la Presidencia de 22 de diciembre de 2014, informaron favorablemente el expediente de alteración de términos. El Consejo Comarcal del Barcelonès, mediante escrito de su presidente de 4 de noviembre de 2014, manifiesta que la alteración no tiene incidencia sobre ningún servicio comarcal y que la modificación del límite comarcal no justifica ningún pronunciamiento específico al respecto. En el expediente no consta respuesta por parte del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés. Los ayuntamientos de Sant Feliu de Llobregat y de Barcelona, mediante acuerdos de sus plenos de 29 de enero y 27 de febrero de 2015, respectivamente, aprobaron la procedencia de la alteración, con el quórum legalmente establecido. En fecha 14 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, en su condición de ente instructor del expediente, envió los certificados de los acuerdos plenarios de aprobación de la procedencia de la alteración junto con una copia del expediente administrativo al Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda. Examinada la documentación que integraba el expediente, la Dirección General de Administración Local se dirigió al Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat para que completara el expediente administrativo. Esta corporación dio respuesta al requerimiento de documentación el 30 de julio de 2015. El 16 de octubre de 2015, la Dirección General de Administración Local emitió informe favorable sobre la tramitación del procedimiento y la procedencia de la alteración, de acuerdo con los criterios fijados en el Decreto 244/2007, de 6 de noviembre, por el que se regula la constitución y la demarcación territorial de los municipios, de las entidades municipales descentralizadas y de las mancomunidades de Cataluña. La Comisión de Delimitación Territorial, en la sesión de 5 de mayo de 2016, emitió informe favorable sobre el expediente. El 12 de mayo de 2016, se puso en conocimiento de la Administración del Estado la tramitación del expediente. La Comisión Jurídica Asesora, reunida el 24 de noviembre de 2016, aprobó el Dictamen sobre la alteración de los términos municipales de Sant Feliu de Llobregat y de Barcelona donde informa favorablemente el expediente. Por todo ello, teniendo en cuenta que hay consideraciones de orden geográfico, demográfico, económico o administrativo que hacen necesario o aconsejable la alteración de términos y que ambos ayuntamientos han adoptado acuerdos favorables al respecto; Considerando lo que disponen los artículos 11 a 19 del Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, y los artículos 3, 8 y siguientes del Decreto 244/2007, de 6 de noviembre, por el que se regula la constitución y la demarcación territorial de los municipios, de las entidades municipales descentralizadas y de las mancomunidades de Cataluña; De acuerdo con los informes favorables de la Dirección General de Administración Local y de la Comisión de Delimitación Territorial; A propuesta de la consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora y previa deliberación del Gobierno, decreto: Artículo 1. Aprobar la alteración de los términos municipales de Sant Feliu de Llobregat y de Barcelona en el ámbito del enclave territorial del municipio de Barcelona situado entre los términos municipales de Sant Feliu de Llobregat y de Sant Cugat del Vallés, consistente en la agregación del enclave mencionado al término municipal de Sant Feliu de Llobregat, y en la segregación de una zona cercana, análoga en dimensiones y régimen del suelo, del término municipal de Sant Feliu de Llobregat para su agregación al término municipal de Barcelona. Artículo 2. La nueva delimitación entre los términos municipales de Sant Feliu de Llobregat y de Barcelona, en el ámbito objeto de la alteración de términos, es la que consta en el plano a escala 1: 5.000 de la página cuatrocientos treinta y uno del expediente administrativo y que, a efectos ilustrativos, se reproduce como anexo a este Decreto. Artículo 3. El Departamento de Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda ha de efectuar el amojonamiento de los términos municipales de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Decreto 244/2007, de 6 de noviembre, por el que se regula la constitución y la demarcación territorial de los municipios, de las entidades municipales descentralizadas y de las mancomunidades de Cataluña. Artículo 4. La modificación del límite no supone ningún cambio en la titularidad de los bienes, derechos, acciones, usos públicos y aprovechamientos, ni tampoco de las obligaciones, deudas y cargas, ni del personal, de los ayuntamientos afectados, tal como se desprende de la documentación que consta en el expediente. Artículo 5. Cada uno de los ayuntamientos afectados entregará al otro, mediante copia autenticada, los expedientes en trámite que hagan referencia exclusiva a la zona objeto de la alteración. Barcelona, 21 de marzo de 2017.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont i Casamajó.–La Consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs i Solé.

Correos licita 532.400,00 euros por la gestión de sus ayudas y subvenciones.

El 29 de abril y el 9 de mayo de 2014, los plenos del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat y del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, respectivamente, acordaron iniciar un expediente de alteración de sus términos municipales para de eliminar el enclave territorial del municipio de Barcelona que se encuentra entre los términos municipales de Sant Feliu de Llobregat y de Sant Cugat del Vallés, con el fin de dar congruencia al territorio de estos municipios y facilitar la gestión de las actuaciones que se lleven a cabo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14, en relación con el artículo 13.1.c) del Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril. El expediente fue sometido a información pública, sin que se presentaran alegaciones en este trámite, y a informe de los entes locales que no la habían promovido. El Área Metropolitana de Barcelona, por acuerdo del Consejo Metropolitano de 25 de noviembre de 2014, el Consejo Comarcal del Baix Llobregat, por acuerdo de la Junta de Gobierno de 1 de diciembre de 2014, y la Diputación de Barcelona, mediante Decreto de la Presidencia de 22 de diciembre de 2014, informaron favorablemente el expediente de alteración de términos. El Consejo Comarcal del Barcelonès, mediante escrito de su presidente de 4 de noviembre de 2014, manifiesta que la alteración no tiene incidencia sobre ningún servicio comarcal y que la modificación del límite comarcal no justifica ningún pronunciamiento específico al respecto. En el expediente no consta respuesta por parte del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés. Los ayuntamientos de Sant Feliu de Llobregat y de Barcelona, mediante acuerdos de sus plenos de 29 de enero y 27 de febrero de 2015, respectivamente, aprobaron la procedencia de la alteración, con el quórum legalmente establecido. En fecha 14 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, en su condición de ente instructor del expediente, envió los certificados de los acuerdos plenarios de aprobación de la procedencia de la alteración junto con una copia del expediente administrativo al Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda. Examinada la documentación que integraba el expediente, la Dirección General de Administración Local se dirigió al Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat para que completara el expediente administrativo. Esta corporación dio respuesta al requerimiento de documentación el 30 de julio de 2015. El 16 de octubre de 2015, la Dirección General de Administración Local emitió informe favorable sobre la tramitación del procedimiento y la procedencia de la alteración, de acuerdo con los criterios fijados en el Decreto 244/2007, de 6 de noviembre, por el que se regula la constitución y la demarcación territorial de los municipios, de las entidades municipales descentralizadas y de las mancomunidades de Cataluña. La Comisión de Delimitación Territorial, en la sesión de 5 de mayo de 2016, emitió informe favorable sobre el expediente. El 12 de mayo de 2016, se puso en conocimiento de la Administración del Estado la tramitación del expediente. La Comisión Jurídica Asesora, reunida el 24 de noviembre de 2016, aprobó el Dictamen sobre la alteración de los términos municipales de Sant Feliu de Llobregat y de Barcelona donde informa favorablemente el expediente. Por todo ello, teniendo en cuenta que hay consideraciones de orden geográfico, demográfico, económico o administrativo que hacen necesario o aconsejable la alteración de términos y que ambos ayuntamientos han adoptado acuerdos favorables al respecto; Considerando lo que disponen los artículos 11 a 19 del Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, y los artículos 3, 8 y siguientes del Decreto 244/2007, de 6 de noviembre, por el que se regula la constitución y la demarcación territorial de los municipios, de las entidades municipales descentralizadas y de las mancomunidades de Cataluña; De acuerdo con los informes favorables de la Dirección General de Administración Local y de la Comisión de Delimitación Territorial; A propuesta de la consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora y previa deliberación del Gobierno, decreto: Artículo 1. Aprobar la alteración de los términos municipales de Sant Feliu de Llobregat y de Barcelona en el ámbito del enclave territorial del municipio de Barcelona situado entre los términos municipales de Sant Feliu de Llobregat y de Sant Cugat del Vallés, consistente en la agregación del enclave mencionado al término municipal de Sant Feliu de Llobregat, y en la segregación de una zona cercana, análoga en dimensiones y régimen del suelo, del término municipal de Sant Feliu de Llobregat para su agregación al término municipal de Barcelona. Artículo 2. La nueva delimitación entre los términos municipales de Sant Feliu de Llobregat y de Barcelona, en el ámbito objeto de la alteración de términos, es la que consta en el plano a escala 1: 5.000 de la página cuatrocientos treinta y uno del expediente administrativo y que, a efectos ilustrativos, se reproduce como anexo a este Decreto. Artículo 3. El Departamento de Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda ha de efectuar el amojonamiento de los términos municipales de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Decreto 244/2007, de 6 de noviembre, por el que se regula la constitución y la demarcación territorial de los municipios, de las entidades municipales descentralizadas y de las mancomunidades de Cataluña. Artículo 4. La modificación del límite no supone ningún cambio en la titularidad de los bienes, derechos, acciones, usos públicos y aprovechamientos, ni tampoco de las obligaciones, deudas y cargas, ni del personal, de los ayuntamientos afectados, tal como se desprende de la documentación que consta en el expediente. Artículo 5. Cada uno de los ayuntamientos afectados entregará al otro, mediante copia autenticada, los expedientes en trámite que hagan referencia exclusiva a la zona objeto de la alter ### RESUMEN: Correos licita 532.400,00 euros por la gestión de sus ayudas y subvenciones.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Registro General de Correos. 2) Domicilio: Vía Dublín, 7. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28042. 6) Correo electrónico: Contratacion.correos@correos.com. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.correos.es. d) Número de expediente: SV130004. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Contratación de servicios de asesoramiento y gestión de ayudas y subvenciones para la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado. 4. Valor estimado del contrato: 803.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 440.000,00 euros. Importe total: 532.400,00 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2013, a las 18 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General de Correos. 2) Domicilio: Vía Dublín, 7. 3) Localidad y código postal: Madrid 28042. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 29 de abril de 2013. Madrid, 29 de abril de 2013.- El Subdirector de Compras, J. Javier Goñi Beltrán de Garizurieta.

Reincoporación al servicio activo de María José Segarra Crespo como Fiscal adscrita a la Fiscalía Provincial de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Registro General de Correos. 2) Domicilio: Vía Dublín, 7. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28042. 6) Correo electrónico: Contratacion.correos@correos.com. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.correos.es. d) Número de expediente: SV130004. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Contratación de servicios de asesoramiento y gestión de ayudas y subvenciones para la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado. 4. Valor estimado del contrato: 803.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 440.000,00 euros. Importe total: 532.400,00 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2013, a las 18 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General de Correos. 2) Domicilio: Vía Dublín, 7. 3) Localidad y código postal: Madrid 28042. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 29 de abril de 2013. Madrid, 29 de abril de 2013.- El Subdirector de Compras, J. Javier Goñi Beltrán de Garizurieta. ### RESUMEN: Reincoporación al servicio activo de María José Segarra Crespo como Fiscal adscrita a la Fiscalía Provincial de Sevilla.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 47 y la disposición adicional primera de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Este Ministerio, vista la solicitud de reincorporación al servicio activo de la Ilma. Sra. Fiscal doña María José Segarra Crespo, tras cesar como Fiscal General del Estado por Real Decreto 11/2020, de 14 de enero, y en situación de servicios especiales en la Carrera Fiscal, por Orden JUS/755/2018, de 9 julio, resuelve: Reincorporar a la Ilma. Sra. doña María José Segarra Crespo al servicio activo, con efectos del día 15 de enero de 2020, como Fiscal adscrita a la Fiscalía Provincial de Sevilla. Contra la presente Orden cabe recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses y, potestativamente, el de reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes, a contar ambos desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 16 de enero de 2020.–El Ministro de Justicia, P. D. (Orden JUS/125/2019, de 5 de febrero), la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo López.

El TC los admite a trámite el recurso cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular del Senado contra el Decreto Ley para nombrar Consejo de forma urgente en RTVE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 47 y la disposición adicional primera de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Este Ministerio, vista la solicitud de reincorporación al servicio activo de la Ilma. Sra. Fiscal doña María José Segarra Crespo, tras cesar como Fiscal General del Estado por Real Decreto 11/2020, de 14 de enero, y en situación de servicios especiales en la Carrera Fiscal, por Orden JUS/755/2018, de 9 julio, resuelve: Reincorporar a la Ilma. Sra. doña María José Segarra Crespo al servicio activo, con efectos del día 15 de enero de 2020, como Fiscal adscrita a la Fiscalía Provincial de Sevilla. Contra la presente Orden cabe recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses y, potestativamente, el de reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes, a contar ambos desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 16 de enero de 2020.–El Ministro de Justicia, P. D. (Orden JUS/125/2019, de 5 de febrero), la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo López. ### RESUMEN: El TC los admite a trámite el recurso cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular del Senado contra el Decreto Ley para nombrar Consejo de forma urgente en RTVE.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, así como en el artículo 52 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, se efectúa convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre designación, con arreglo a las siguientes bases: Primera. Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos para su desempeño y que se relacionan en el anexo I de la presente Orden. Segunda. Los interesados dirigirán sus solicitudes, según modelo del anexo II, a la Sra. Directora General de Personal (Subdirección General de Personal Civil). Tercera. Las solicitudes se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General del Ministerio de Defensa, Paseo de la Castellana, 109, 28046, Madrid, o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cuarta. Además de los datos consignados en el modelo de solicitud, los aspirantes acompañarán a la misma su curriculum vitae, en el que figuren títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto. Así mismo harán constar detalladamente las características del puesto de trabajo que vinieran desempeñando. Madrid, 4 de julio de 2014.–El Ministro de Defensa, P. D. (Orden 62/1994, de 13 de junio), la Directora General de Personal, Adoración Mateos Tejada. ANEXO I ANEXO II

Corregido error en cese de Enrique López del TC. La fecha debía haber sido el 6 de julio y no el 8 de julio, como se publicó ayer.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, así como en el artículo 52 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, se efectúa convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre designación, con arreglo a las siguientes bases: Primera. Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos para su desempeño y que se relacionan en el anexo I de la presente Orden. Segunda. Los interesados dirigirán sus solicitudes, según modelo del anexo II, a la Sra. Directora General de Personal (Subdirección General de Personal Civil). Tercera. Las solicitudes se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General del Ministerio de Defensa, Paseo de la Castellana, 109, 28046, Madrid, o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cuarta. Además de los datos consignados en el modelo de solicitud, los aspirantes acompañarán a la misma su curriculum vitae, en el que figuren títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto. Así mismo harán constar detalladamente las características del puesto de trabajo que vinieran desempeñando. Madrid, 4 de julio de 2014.–El Ministro de Defensa, P. D. (Orden 62/1994, de 13 de junio), la Directora General de Personal, Adoración Mateos Tejada. ANEXO I ANEXO II ### RESUMEN: Corregido error en cese de Enrique López del TC. La fecha debía haber sido el 6 de julio y no el 8 de julio, como se publicó ayer.

Advertido error en el Real Decreto 588/2014, de 8 de julio, por el que se declara el cese de don Enrique López y López como Magistrado del Tribunal Constitucional, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 166, de 9 de julio de 2014, se procede a efectuar la oportuna rectificación: En la página 53683, segundo párrafo, donde dice «Vengo declarar el cese en sus funciones, a partir de la toma de posesión de quien hubiere de sucederle, de don Enrique López y López...», debe decir: «Vengo en declarar el cese en sus funciones, con efectos desde 6 de junio de 2014, fecha de efectividad del Decreto del Presidente del Tribunal Constitucional por el que se aceptó su renuncia, de don Enrique López y López...».

Resultados oficiales de las elecciones europeas.

Advertido error en el Real Decreto 588/2014, de 8 de julio, por el que se declara el cese de don Enrique López y López como Magistrado del Tribunal Constitucional, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 166, de 9 de julio de 2014, se procede a efectuar la oportuna rectificación: En la página 53683, segundo párrafo, donde dice «Vengo declarar el cese en sus funciones, a partir de la toma de posesión de quien hubiere de sucederle, de don Enrique López y López...», debe decir: «Vengo en declarar el cese en sus funciones, con efectos desde 6 de junio de 2014, fecha de efectividad del Decreto del Presidente del Tribunal Constitucional por el que se aceptó su renuncia, de don Enrique López y López...». ### RESUMEN: Resultados oficiales de las elecciones europeas.

La Junta Electoral Central, en su reunión del día 11 de junio de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108.6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ha acordado proceder a la publicación de los resultados de las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, y celebradas el 25 de mayo, con indicación del número de escaños y el de votos obtenidos en las diferentes provincias, según los datos que figuran en las actas de escrutinio general remitidas por cada una de las Juntas Electorales Provinciales, haciendo constar en la columna relativa al número de electores los datos al efecto remitidos por la Oficina del Censo Electoral. Se adjuntan los cuadros I, II y III comprensivos de los referidos resultados. Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2014.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados Pérez. CUADRO I Resumen de los resultados de las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, y celebradas el 25 de mayo de 2014, según los datos que figuran en las Actas de escrutinio general remitidas por cada una de las Juntas Electorales Provinciales Resumen general   Electores Votantes Votos válidos Votos a candidaturas Votos en blanco Votos nulos Albacete 310.882 145.952 142.660 139.071 3.589 3.292 Alicante/Alacant 1.293.718 579.669 568.547 556.555 11.992 11.122 Almería 493.054 186.491 183.294 178.402 4.892 3.197 Araba/Álava 254.035 108.401 106.389 104.669 1.720 2.012 Asturias 989.290 385.561 379.656 370.047 9.609 5.905 Ávila 140.846 72.382 67.868 63.701 4.167 4.514 Badajoz 559.452 244.410 238.579 233.478 5.101 5.831 Balears (Illes) 771.903 274.815 270.140 263.871 6.269 4.675 Barcelona 4.094.652 1.912.310 1.897.074 1.865.653 31.421 15.236 Bizkaia 950.863 420.994 416.583 409.339 7.244 4.411 Burgos 302.819 143.408 140.016 135.180 4.836 3.392 Cáceres 351.270 157.529 153.321 150.260 3.061 4.208 Cádiz 991.708 364.928 359.738 349.358 10.380 5.190 Cantabria 500.709 220.809 214.899 209.526 5.373 5.910 Castellón/Castelló 425.301 209.295 202.146 197.447 4.699 7.149 Ciudad Real 404.829 183.340 178.339 174.029 4.310 5.001 Córdoba 655.750 291.581 285.629 276.509 9.120 5.952 Coruña (A) 1.089.106 417.186 407.747 395.144 12.603 9.439 Cuenca 161.467 81.326 79.315 77.497 1.818 2.011 Gipuzkoa 578.726 239.318 237.579 233.529 4.050 1.739 Girona 516.573 238.572 236.412 232.551 3.861 2.160 Granada 747.149 323.788 317.524 309.964 7.560 6.264 Guadalajara 183.339 86.143 84.258 82.253 2.005 1.885 Huelva 399.054 149.952 146.828 142.616 4.212 3.124 Huesca 176.875 77.701 76.225 73.615 2.610 1.476 Jaén 535.691 260.997 254.896 248.503 6.393 6.101 León 445.401 187.938 184.142 179.056 5.086 3.796 Lleida 315.624 137.786 136.126 132.996 3.130 1.660 Lugo 351.354 134.823 130.821 126.635 4.186 4.002 Madrid 4.850.462 2.253.241 2.219.217 2.175.884 43.333 34.024 Málaga 1.170.939 473.885 466.412 454.122 12.290 7.473 Murcia 1.027.782 436.791 427.464 417.920 9.544 9.327 Navarra 498.313 221.980 218.389 212.490 5.899 3.591 Ourense 366.802 131.551 128.234 124.566 3.668 3.317 Palencia 145.906 71.512 69.478 67.500 1.978 2.034 Palmas (Las) 834.114 302.428 296.179 289.405 6.774 6.249 Pontevedra 900.842 363.565 353.453 343.784 9.669 10.112 Rioja (La) 247.858 117.839 114.681 111.418 3.263 3.158 Salamanca 310.292 132.263 129.270 125.118 4.152 2.993 S/C Tenerife 836.079 281.552 275.207 268.932 6.275 6.345 Segovia 122.703 61.031 59.335 57.596 1.739 1.696 Sevilla 1.522.831 675.473 663.126 645.927 17.199 12.347 Soria 77.942 32.845 32.096 30.972 1.124 749 Tarragona 565.448 247.484 244.016 238.874 5.142 3.468 Teruel 111.666 49.216 47.813 46.115 1.698 1.403 Toledo 519.576 236.887 229.854 225.283 4.571 7.033 Valencia/València 1.947.296 1.009.556 989.401 969.456 19.945 20.155 Valladolid 435.115 215.520 211.304 205.983 5.321 4.216 Zamora 175.966 73.663 72.046 70.066 1.980 1.617 Zaragoza 735.961 341.594 336.213 326.569 9.644 5.381 Ceuta 61.839 16.032 15.735 15.163 572 297 Melilla 56.912 14.828 14.542 14.052 490 286 Total estatal 36.514.084 15.998.141 15.710.216 15.348.649 361.567 287.925 CUADRO II Elecciones al Parlamento Europeo de 25 de mayo de 2014 Relación de votos correspondientes a cada una de las candidaturas que han obtenido escaño y número de éstos   Total escaños Partido Popular Partido Socialista Obrero Español Coalición La Izquierda Plural * Podemos Unión Progreso y Democracia PP PSOE Podemos UPyD Votos Escaños Votos Escaños Votos Escaños Votos Escaños Votos Escaños Albacete   50.786   41.082   12.783   10.500   10.668   Alicante/Alacant   173.968   129.645   56.642   50.353   50.617   Almería   64.274   60.323   13.888   10.307   12.045   Araba/Álava   16.998   16.135   6.723   9.440   4.834   Asturias   91.909   99.000   48.985   51.778   22.854   Ávila   30.827   13.006   4.730   3.466   5.408   Badajoz   83.253   95.755   15.487   10.244   13.489   Balears (Illes)   74.223   59.518   23.928   27.922   18.076   Barcelona   192.282   289.011   215.032   98.508   26.122   Bizkaia   41.748   56.466   23.593   28.036   13.169   Burgos   51.591   28.236   11.598   13.553   12.718   Cáceres   56.151   55.983   9.195   8.584   7.891   Cádiz   85.185   111.249   43.521   38.496   27.081   Cantabria   74.606   52.250   19.293   19.785   17.577   Castellón/Castelló   64.724   46.328   17.677   15.681   14.506   Ciudad Real   67.377   56.254   15.373   8.895   12.787   Córdoba   77.290   100.093   42.467   15.531   16.433   Coruña (A)   131.778   86.353   47.443   38.106   15.470   Cuenca   34.180   24.569   5.557   4.129   4.132   Gipuzkoa   18.837   32.442   11.866   15.179   7.061   Girona   15.697   23.743   16.416   5.759   2.014   Granada   89.794   112.124   33.826   19.304   21.727   Guadalajara   28.355   18.825   8.029   7.436   7.992   Huelva   37.203   60.707   14.049   9.281   8.193   Huesca   23.028   20.408   6.434   6.855   5.672   Jaén   73.671   108.995   24.418   11.084   13.625   León   61.030   50.863   15.833   17.451   12.754   Lleida   12.696   13.402   9.184   3.056   1.101   Lugo   55.312   30.953   10.653   7.411   3.760   Madrid   665.244   420.594   234.667   252.529   235.114   Málaga   119.113   140.554   59.059   34.437   43.058   Murcia   160.117   88.617   41.860   32.428   40.406   Navarra   54.851   31.629   20.704   20.327   9.976   Ourense   57.322   30.027   8.714   6.527   3.517   Palencia   27.126   17.885   6.124   4.390   5.137   Palmas (Las)   70.902   63.386   31.454   40.343   21.322   Pontevedra   114.656   74.862   40.285   33.149   12.698   Rioja (La)   44.093   27.166   9.324   8.598   10.321   Salamanca   53.862   29.567   8.871   7.509   11.051   S/C Tenerife   62.994   63.594   28.302   22.452   18.163   Segovia   23.420   12.677   4.383   5.374   5.749   Sevilla   146.792   246.456   79.973   52.025   48.949   Soria   13.271   7.028   1.879   3.948   2.034   Tarragona   26.023   33.058   18.520   9.673   3.449   Teruel   17.081   12.980   3.883   3.746   2.905   Toledo   88.828   64.743   20.219   14.441   15.862   Valencia/València   271.894   203.568   111.773   78.530   84.406   Valladolid   71.020   48.710   21.482   16.162   20.772   Zamora   30.076   17.643   5.181   6.820   4.747   Zaragoza   88.143   78.588   33.009   33.295   30.731   Ceuta   6.346   3.548   534   581   1.072   Melilla   6.392   3.634   485   423   1.017   Total estatal 54 4.098.339 16 3.614.232 14 1.575.308 6 1.253.837 5 1.022.232 4 * Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Anova-Irmandade Nacionalista, Espazo Ecosocialista Galego, Batzarre-Asamblea de Izquierdas, Federación Los Verdes, Opció Verda-Els Verds, Gira Madrid-Los Verdes, Construyendo la Izquierda-Alternativa Socialista, Ezkerreko Ekimena-Etorkizuna Iratzarri: La Izquierda Plural.   Total escaños Coalición por Europa L’ Esquerra pel Dret a Decidir Ciudadanos-Partido de La Ciudadanía Los Pueblos Deciden Primavera Europea CEU EPDD C’s LPD Primavera Europea Votos Escaños Votos Escaños Votos Escaños Votos Escaños Votos Escaños Albacete   59   49   3.103   96   1.667   Alicante/Alacant   756   2.352   18.016   572   27.413   Almería   96   68   4.465   144   1.796   Araba/Álava   18.261   130   1.220   20.783   3.070   Asturias   133   146   9.444   1.392   3.639   Ávila   33   23   1.513   52   498   Badajoz   64   63   2.209   131   1.255   Balears (Illes)   1.288   19.602   6.198   924   5.576   Barcelona   376.221   415.669   130.132   5.420   6.627   Bizkaia   132.498   352   3.460   82.907   5.701   Burgos   138   63   3.449   423   1.650   Cáceres   53   38   1.644   98   1.040   Cádiz   215   149   6.455   424   2.928   Cantabria   370   99   6.442   471   2.800   Castellón/Castelló   325   1.708   6.225   281   12.695   Ciudad Real   77   50   3.463   104   1.134   Córdoba   82   66   3.241   170   2.899   Coruña (A)   4.083   476   7.904   32.330   3.226   Cuenca   30   26   1.014   41   554   Gipuzkoa   58.228   303   1.582   74.004   2.981   Girona   72.665   77.710   8.276   757   402   Granada   106   97   6.121   266   3.167   Guadalajara   41   34   3.257   74   971   Huelva   55   47   1.670   101   1.024   Huesca   122   199   1.920   174   3.135   Jaén   74   63   2.232   140   1.406   León   82   140   5.469   212   1.223   Lleida   43.230   40.407   4.162   395   257   Lugo   904   115   1.434   8.902   513   Madrid   1.531   1.291   106.807   2.570   44.477   Málaga   254   199   11.132   483   4.906   Murcia   266   203   15.461   355   3.805   Navarra   5.552   410   3.889   44.129   3.491   Ourense   1.978   117   1.508   7.704   656   Palencia   34   31   1.301   92   479   Palmas (Las)   28.921   373   4.416   1.541   2.841   Pontevedra   2.847   360   5.638   31.458   2.657   Rioja (La)   135   81   2.593   212   1.493   Salamanca   109   46   3.623   153   1.476   S/C Tenerife   40.680   290   3.626   1.883   2.851   Segovia   30   25   1.221   85   790   Sevilla   229   192   11.154   456   7.430   Soria   21   6   760   39   210   Tarragona   56.980   61.707   15.378   676   633   Teruel   23   61   837   103   1.579   Toledo   277   82   5.046   214   1.396   Valencia/València   1.235   4.069   27.309   1.228   99.755   Valladolid   343   54   7.046   244   2.118   Zamora   35   20   1.363   58   277   Zaragoza   176   197   10.674   964   15.989   Ceuta   15   10   379   20   1.409   Melilla   11   4   265   9   301   Total estatal 54 851.971 3 630.072 2 497.146 2 326.464 1 302.266 1 CUADRO III Elecciones al Parlamento Europeo de 25 de mayo de 2014 Relación de votos correspondientes a cada una de las candidaturas que no han obtenido escaño Cuadro III-1   VOX Partido Animalista contra el Maltrato Animal Escaños en Blanco Movimiento de Renovación Democrática Ciudadana, Movimiento Red Partido X, Partido del Futuro VOX PACMA EB Movimiento Red Partido X Votos Votos Votos Votos Votos Albacete 1.896 1.394 745 878 642 Alicante/Alacant 9.161 7.123 3.690 4.616 4.286 Almería 1.803 1.312 752 1.119 958 Araba/Álava 942 1.122 1.023 666 548 Asturias 4.923 3.831 5.302 2.171 1.653 Ávila 1.509 382 300 299 211 Badajoz 2.422 1.507 697 892 949 Balears (Illes) 4.125 4.398 2.963 2.098 4.974 Barcelona 6.242 26.062 15.591 11.201 10.771 Bizkaia 2.297 3.804 3.918 2.217 1.568 Burgos 4.427 1.098 955 798 714 Cáceres 1.371 1.048 860 642 633 Cádiz 3.485 4.546 2.438 2.186 2.921 Cantabria 3.861 2.393 1.583 1.603 1.187 Castellón/Castelló 2.510 2.217 1.508 2.078 2.401 Ciudad Real 1.720 1.305 971 846 689 Córdoba 2.912 1.829 1.668 1.311 1.455 Coruña (A) 4.297 4.217 3.640 3.064 2.120 Cuenca 846 377 202 292 330 Gipuzkoa 978 1.654 2.133 1.185 1.023 Girona 393 2.096 1.132 756 538 Granada 5.808 2.035 1.556 1.996 2.372 Guadalajara 2.471 940 441 613 541 Huelva 914 1.306 1.159 1.362 757 Huesca 1.102 719 1.004 514 579 Jaén 1.887 1.309 939 888 769 León 3.355 1.629 1.102 1.449 1.030 Lleida 358 886 870 456 275 Lugo 583 1.064 879 731 414 Madrid 81.405 28.247 13.225 17.161 16.569 Málaga 7.342 6.176 3.107 3.731 4.199 Murcia 9.994 5.362 3.297 2.893 2.494 Navarra 3.481 1.954 2.467 1.428 1.171 Ourense 727 1.000 773 729 508 Palencia 1.458 444 786 458 296 Palmas (Las) 2.507 4.359 2.043 3.005 2.265 Pontevedra 2.291 4.844 2.707 3.097 2.012 Rioja (La) 1.595 867 938 866 633 Salamanca 3.397 697 547 679 588 S/C Tenerife 2.286 6.240 2.794 2.146 2.390 Segovia 1.213 454 223 318 280 Sevilla 8.256 6.512 3.389 4.155 5.051 Soria 493 129 165 176 121 Tarragona 861 2.978 1.846 1.261 1.007 Teruel 514 327 526 289 293 Toledo 3.518 2.619 863 1.131 1.092 Valencia/València 18.400 13.601 7.281 8.837 6.818 Valladolid 7.209 1.814 1.328 1.382 933 Zamora 1.021 360 291 348 216 Zaragoza 9.133 4.521 6.883 2.510 4.186 Ceuta 276 227 119 66 76 Melilla 858 164 63 73 55 Total estatal 246.833 177.499 115.682 105.666 100.561 Cuadro III-2   Partido Andalucista Confederación Pirata-European Pirates Foro de Ciudadanos Agrupación de Electores DER (Discapacitados y Enfermedades Raras) Agrupación de Electores Recortes Cero   Piratas FAC Recortes Cero Votos Votos Votos Votos Votos Albacete 25 194 128 272 209 Alicante/Alacant 330 1.380 813 1.276 1.428 Almería 2.079 270 178 242 183 Araba/Álava 19 246 145 325 497 Asturias 42 535 16.064 565 690 Ávila 15 107 83 98 89 Badajoz 42 303 144 265 190 Balears (Illes) 197 790 345 746 639 Barcelona 869 9.455 1.200 3.292 3.392 Bizkaia 65 738 423 824 1.062 Burgos 27 290 197 401 269 Cáceres 26 265 146 216 193 Cádiz 10.264 622 624 664 613 Cantabria 32 345 437 415 357 Castellón/Castelló 95 700 251 493 410 Ciudad Real 44 186 142 287 237 Córdoba 4.552 291 268 482 339 Coruña (A) 84 1.335 482 845 951 Cuenca 15 66 55 98 93 Gipuzkoa 25 501 223 448 506 Girona 121 745 129 583 263 Granada 4.037 396 282 492 584 Guadalajara 33 164 86 190 127 Huelva 2.236 231 119 249 185 Huesca 14 228 86 156 121 Jaén 3.533 229 156 261 375 León 23 271 1.255 296 213 Lleida 36 437 65 185 167 Lugo 35 350 213 216 230 Madrid 598 5.113 2.118 5.150 3.653 Málaga 5.289 907 570 1.841 1.024 Murcia 136 614 546 924 1.405 Navarra 48 781 238 921 683 Ourense 27 370 166 181 248 Palencia 11 94 106 121 106 Palmas (Las) 127 511 583 864 832 Pontevedra 92 1.294 518 821 1.039 Rioja (La) 25 235 112 237 188 Salamanca 30 202 187 208 152 S/C Tenerife 76 607 351 757 895 Segovia 21 89 75 127 71 Sevilla 13.472 1.119 490 1.040 974 Soria 6 45 36 62 43 Tarragona 103 843 155 342 375 Teruel 14 100 45 74 73 Toledo 57 247 206 341 326 Valencia/València 323 2.509 1.053 2.604 2.776 Valladolid 45 362 246 487 398 Zamora 12 92 100 102 62 Zaragoza 51 846 288 698 818 Ceuta 34 25 11 34 60 Melilla 11 15 23 15 14 Total estatal 49.523 38.690 32.962 32.833 30.827 Cuadro III-3   Partido Comunista de los Pueblos de España Iniciativa Feminista Falange Española de las JONS Ciudadanos Libres Unidos Impulso Social PCPE I.Fem FE de las JONS CILUS ImpulsoSocial Votos Votos Votos Votos Votos Albacete 274 190 258 181 106 Alicante/Alacant 2.002 1.114 1.163 1.098 564 Almería 219 173 229 181 86 Araba/Álava 206 195 49 113 82 Asturias 879 402 370 442 262 Ávila 81 83 190 105 57 Badajoz 344 219 244 150 113 Balears (Illes) 515 646 459 402 443 Barcelona 3.369 2.903 1.490 2.466 1.460 Bizkaia 630 613 103 382 307 Burgos 264 281 180 176 147 Cáceres 174 234 157 120 88 Cádiz 621 640 372 420 343 Cantabria 485 315 361 268 386 Castellón/Castelló 528 355 480 268 351 Ciudad Real 240 196 284 172 126 Córdoba 705 222 359 219 222 Coruña (A) 1.013 702 336 577 307 Cuenca 85 84 137 68 78 Gipuzkoa 308 295 61 162 188 Girona 330 334 194 228 121 Granada 614 288 445 243 281 Guadalajara 134 114 209 92 110 Huelva 230 137 149 132 110 Huesca 143 87 110 74 56 Jaén 341 189 258 188 228 León 356 271 213 175 118 Lleida 184 163 89 146 69 Lugo 236 214 126 176 93 Madrid 3.468 2.928 4.225 2.178 4.155 Málaga 999 655 676 540 428 Murcia 685 636 672 602 806 Navarra 441 463 168 275 730 Ourense 196 173 141 113 72 Palencia 96 116 148 85 79 Palmas (Las) 1.129 932 325 540 311 Pontevedra 829 679 414 451 278 Rioja (La) 281 165 150 165 209 Salamanca 152 136 154 155 108 S/C Tenerife 719 636 278 483 338 Segovia 84 71 153 65 56 Sevilla 832 834 801 629 681 Soria 41 38 50 34 27 Tarragona 413 328 219 320 183 Teruel 60 74 92 43 25 Toledo 321 332 518 204 406 Valencia/València 2.202 1.532 2.038 1.242 1.321 Valladolid 294 301 473 317 308 Zamora 86 80 119 84 47 Zaragoza 436 337 687 310 379 Ceuta 28 22 70 16 19 Melilla 22 13 41 12 11 Total estatal 29.324 23.140 21.687 18.287 17.879 Cuadro III-4   La España en Marcha Partido Humanista Democracia Nacional Proyecto Europa Partido da Terra LEM PH D.N. ACNV-BAR-PRAO-REPO-UNIO PT Votos Votos Votos Votos Votos Albacete 156 108 117 47 55 Alicante/Alacant 844 857 498 599 587 Almería 161 126 230 137 50 Araba/Álava 52 139 59 40 130 Asturias 240 267 307 80 145 Ávila 110 62 53 36 32 Badajoz 132 154 93 70 77 Balears (Illes) 261 428 220 153 350 Barcelona 1.168 1.366 976 470 890 Bizkaia 89 333 142 140 441 Burgos 141 147 219 58 84 Cáceres 109 116 88 39 44 Cádiz 303 364 228 129 120 Cantabria 219 219 187 82 122 Castellón/Castelló 572 201 377 393 148 Ciudad Real 196 135 164 52 50 Córdoba 188 171 179 93 72 Coruña (A) 258 523 288 166 840 Cuenca 99 60 51 14 27 Gipuzkoa 38 160 61 69 237 Girona 151 149 94 53 95 Granada 216 225 145 397 96 Guadalajara 137 77 217 32 42 Huelva 72 114 178 69 47 Huesca 95 80 73 94 29 Jaén 127 109 148 150 47 León 181 113 282 46 71 Lleida 66 91 90 35 49 Lugo 85 121 96 54 268 Madrid 4.288 2.185 2.423 543 921 Málaga 499 521 258 228 209 Murcia 494 336 469 144 251 Navarra 112 241 156 81 153 Ourense 87 146 94 44 238 Palencia 52 78 75 23 31 Palmas (Las) 287 657 277 230 261 Pontevedra 252 510 254 176 886 Rioja (La) 103 64 81 43 42 Salamanca 133 117 111 43 61 S/C Tenerife 222 555 231 211 238 Segovia 85 54 83 24 32 Sevilla 476 442 311 198 161 Soria 26 22 118 14 13 Tarragona 197 180 161 99 114 Teruel 70 40 57 48 19 Toledo 463 222 232 50 100 Valencia/València 1.844 972 926 5.041 716 Valladolid 287 218 444 66 121 Zamora 96 49 62 17 22 Zaragoza 437 225 358 375 92 Ceuta 27 22 18 5 9 Melilla 32 25 20 2 5 Total estatal 17.035 14.896 13.079 11.502 9.940 Cuadro III-5   Partido de la Libertad Individual Movimiento Social Republicano Extremadura Unida Alternativa Republicana Por la República, por la Ruptura con la Unión Europea P-LIB MSR ALTER RRUE Votos Votos Votos Votos Votos Albacete 79 87 20 55 71 Alicante/Alacant 584 431 234 439 415 Almería 66 78 21 64 75 Araba/Álava 65 50 91 52 58 Asturias 194 217 63 240 364 Ávila 27 56 19 31 24 Badajoz 86 93 986 90 91 Balears (Illes) 318 166 221 205 194 Barcelona 812 759 897 807 770 Bizkaia 167 165 148 178 261 Burgos 75 134 26 65 87 Cáceres 62 94 1.478 58 103 Cádiz 204 233 94 361 347 Cantabria 141 100 63 150 143 Castellón/Castelló 138 136 64 281 119 Ciudad Real 85 102 35 70 72 Córdoba 92 116 54 59 111 Coruña (A) 293 224 130 352 279 Cuenca 31 15 11 53 26 Gipuzkoa 99 102 116 126 154 Girona 81 84 99 63 71 Granada 170 151 40 115 132 Guadalajara 56 84 44 36 118 Huelva 70 73 56 95 106 Huesca 29 67 14 51 52 Jaén 88 90 33 103 59 León 98 65 25 69 70 Lleida 45 35 28 109 85 Lugo 82 63 26 87 59 Madrid 1.625 1.537 2.049 829 870 Málaga 351 237 127 328 199 Murcia 418 264 80 231 212 Navarra 162 136 81 157 114 Ourense 64 49 28 103 59 Palencia 33 38 9 24 33 Palmas (Las) 218 165 121 341 233 Pontevedra 248 223 108 332 247 Rioja (La) 64 71 37 46 54 Salamanca 83 69 37 133 91 S/C Tenerife 343 174 90 250 197 Segovia 43 55 21 28 36 Sevilla 339 324 148 275 304 Soria 18 15 12 20 16 Tarragona 111 147 88 105 126 Teruel 15 22 5 17 30 Toledo 124 144 140 109 116 Valencia/València 668 670 328 578 576 Valladolid 111 104 56 76 97 Zamora 38 28 17 26 16 Zaragoza 235 351 98 111 135 Ceuta 19 9 5 6 25 Melilla 3 7 0 4 7 Total estatal 9.670 8.909 8.821 8.593 8.309 Cuadro III-6   Solidaridad y Autogestión Internacionalista Salamanca-Zamora-León Prepal Extremeños por Europa Coalición Electoral Ipex Prex Crex Movimiento Corriente Roja SAIn PREPAL IPEX-PREX-CREX MCR Votos Votos Votos Votos Albacete 24 17 21 29 Alicante/Alacant 185 185 158 161 Almería 64 53 35 52 Araba/Álava 60 33 44 24 Asturias 185 196 44 94 Ávila 17 26 16 27 Badajoz 67 20 1.023 65 Balears (Illes) 84 107 75 94 Barcelona 345 492 477 637 Bizkaia 81 133 69 111 Burgos 332 80 38 51 Cáceres 34 37 1.091 57 Cádiz 82 89 122 220 Cantabria 209 86 36 48 Castellón/Castelló 58 55 49 61 Ciudad Real 32 26 25 26 Córdoba 118 45 42 63 Coruña (A) 322 85 65 180 Cuenca 13 12 15 12 Gipuzkoa 43 56 51 44 Girona 51 36 59 63 Granada 133 80 43 60 Guadalajara 41 27 35 28 Huelva 38 25 30 37 Huesca 14 45 14 18 Jaén 188 40 27 36 León 33 1.102 31 57 Lleida 20 27 10 30 Lugo 63 33 29 52 Madrid 906 838 979 874 Málaga 202 78 81 125 Murcia 186 72 56 123 Navarra 672 125 48 45 Ourense 63 24 25 48 Palencia 44 41 9 7 Palmas (Las) 274 185 101 223 Pontevedra 164 134 136 138 Rioja (La) 27 35 22 47 Salamanca 33 473 48 27 S/C Tenerife 150 235 84 121 Segovia 30 25 14 12 Sevilla 412 232 122 292 Soria 7 10 6 13 Tarragona 67 41 64 43 Teruel 14 13 9 9 Toledo 56 100 94 44 Valencia/València 219 220 177 217 Valladolid 308 151 47 49 Zamora 39 386 14 16 Zaragoza 109 85 49 60 Ceuta 5 5 3 8 Melilla 6 3 5 2 Total estatal 6.929 6.759 5.967 4.980

Hacienda exige a la asociación CineDigital que justifique que realizó los proyectos subvencionados

La Junta Electoral Central, en su reunión del día 11 de junio de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108.6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ha acordado proceder a la publicación de los resultados de las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, y celebradas el 25 de mayo, con indicación del número de escaños y el de votos obtenidos en las diferentes provincias, según los datos que figuran en las actas de escrutinio general remitidas por cada una de las Juntas Electorales Provinciales, haciendo constar en la columna relativa al número de electores los datos al efecto remitidos por la Oficina del Censo Electoral. Se adjuntan los cuadros I, II y III comprensivos de los referidos resultados. Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2014.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados Pérez. CUADRO I Resumen de los resultados de las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, y celebradas el 25 de mayo de 2014, según los datos que figuran en las Actas de escrutinio general remitidas por cada una de las Juntas Electorales Provinciales Resumen general   Electores Votantes Votos válidos Votos a candidaturas Votos en blanco Votos nulos Albacete 310.882 145.952 142.660 139.071 3.589 3.292 Alicante/Alacant 1.293.718 579.669 568.547 556.555 11.992 11.122 Almería 493.054 186.491 183.294 178.402 4.892 3.197 Araba/Álava 254.035 108.401 106.389 104.669 1.720 2.012 Asturias 989.290 385.561 379.656 370.047 9.609 5.905 Ávila 140.846 72.382 67.868 63.701 4.167 4.514 Badajoz 559.452 244.410 238.579 233.478 5.101 5.831 Balears (Illes) 771.903 274.815 270.140 263.871 6.269 4.675 Barcelona 4.094.652 1.912.310 1.897.074 1.865.653 31.421 15.236 Bizkaia 950.863 420.994 416.583 409.339 7.244 4.411 Burgos 302.819 143.408 140.016 135.180 4.836 3.392 Cáceres 351.270 157.529 153.321 150.260 3.061 4.208 Cádiz 991.708 364.928 359.738 349.358 10.380 5.190 Cantabria 500.709 220.809 214.899 209.526 5.373 5.910 Castellón/Castelló 425.301 209.295 202.146 197.447 4.699 7.149 Ciudad Real 404.829 183.340 178.339 174.029 4.310 5.001 Córdoba 655.750 291.581 285.629 276.509 9.120 5.952 Coruña (A) 1.089.106 417.186 407.747 395.144 12.603 9.439 Cuenca 161.467 81.326 79.315 77.497 1.818 2.011 Gipuzkoa 578.726 239.318 237.579 233.529 4.050 1.739 Girona 516.573 238.572 236.412 232.551 3.861 2.160 Granada 747.149 323.788 317.524 309.964 7.560 6.264 Guadalajara 183.339 86.143 84.258 82.253 2.005 1.885 Huelva 399.054 149.952 146.828 142.616 4.212 3.124 Huesca 176.875 77.701 76.225 73.615 2.610 1.476 Jaén 535.691 260.997 254.896 248.503 6.393 6.101 León 445.401 187.938 184.142 179.056 5.086 3.796 Lleida 315.624 137.786 136.126 132.996 3.130 1.660 Lugo 351.354 134.823 130.821 126.635 4.186 4.002 Madrid 4.850.462 2.253.241 2.219.217 2.175.884 43.333 34.024 Málaga 1.170.939 473.885 466.412 454.122 12.290 7.473 Murcia 1.027.782 436.791 427.464 417.920 9.544 9.327 Navarra 498.313 221.980 218.389 212.490 5.899 3.591 Ourense 366.802 131.551 128.234 124.566 3.668 3.317 Palencia 145.906 71.512 69.478 67.500 1.978 2.034 Palmas (Las) 834.114 302.428 296.179 289.405 6.774 6.249 Pontevedra 900.842 363.565 353.453 343.784 9.669 10.112 Rioja (La) 247.858 117.839 114.681 111.418 3.263 3.158 Salamanca 310.292 132.263 129.270 125.118 4.152 2.993 S/C Tenerife 836.079 281.552 275.207 268.932 6.275 6.345 Segovia 122.703 61.031 59.335 57.596 1.739 1.696 Sevilla 1.522.831 675.473 663.126 645.927 17.199 12.347 Soria 77.942 32.845 32.096 30.972 1.124 749 Tarragona 565.448 247.484 244.016 238.874 5.142 3.468 Teruel 111.666 49.216 47.813 46.115 1.698 1.403 Toledo 519.576 236.887 229.854 225.283 4.571 7.033 Valencia/València 1.947.296 1.009.556 989.401 969.456 19.945 20.155 Valladolid 435.115 215.520 211.304 205.983 5.321 4.216 Zamora 175.966 73.663 72.046 70.066 1.980 1.617 Zaragoza 735.961 341.594 336.213 326.569 9.644 5.381 Ceuta 61.839 16.032 15.735 15.163 572 297 Melilla 56.912 14.828 14. ### RESUMEN: Hacienda exige a la asociación CineDigital que justifique que realizó los proyectos subvencionados

Habiéndose intentado reiteradamente la notificación sin haber podido ser practicada, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a la entidad 'Asociación CineDigital' con NIF G-83408542, el inicio de un control financiero en relación con la subvención percibida para la financiación de proyectos de servicios avanzados de telecomunicación de interés común para las pequeñas y medianas empresas (Programa ARTE PYME II), otorgada por Resolución de 28 de julio de 2008, del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se cita para comparecencia del beneficiario el próximo día 29 de mayo, de 10:00 a 14:00 horas, en las oficinas de la Intervención General de la Administración del Estado situadas en Madrid, en la calle María de Molina, 50, planta 11, acto en el que deberá efectuarse la aportación completa de la documentación justificativa detallada en los acuerdos y requerimientos que no pudieron ser notificados y cuyo contenido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se recoge a continuación de forma somera. El interesado podrá acceder a su contenido integro, previa cita en la dirección de correo 'RCONADivV@igae.minhap.es' o en el número de teléfono 915367436, compareciendo debidamente acreditado en las citadas oficinas antes de la fecha fijada para la aportación de la documentación. La documentación justificativa requerida para el inicio de los trabajos de revisión contempla los siguientes aspectos, con el detalle que se ofrece en los requerimientos previos obrantes en el expediente de control: · Acreditación de poderes para la representación. · Domicilio a efectos de futuras notificaciones. · Registros detallados de apuntes contables, cuentas anuales, informe de gestión e informe de los auditores, si procede, de los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009, así como el Libro de Actas, Libro de Inventarios, registros fiscales y Balances de sumas y saldos con el máximo desglose. · Documentación que acredite la efectiva realización de las actividades del proyecto subvencionado y de las relaciones existentes entre las entidades participantes. · Acreditación del detalle de prestaciones, con su correspondiente valoración, incluidas en las facturas justificativas, y extractos bancarios relativos a todos los gastos imputados. · Identificación y localización de los elementos realmente instalados en las Pymes destinatarias, así como de su estado actual de su uso. Se informa que el beneficiario de la subvención goza de todos los derechos previstos en las leyes y que queda sometido al deber de colaboración regulado en los artículos 14.1.c), 37.1.e), 46, 56.g) y 58.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Tratándose de actos de trámite rige en materia de recursos lo previsto en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Madrid, 19 de abril de 2013.- La Jefe de la División de Auditoría Operativa y Control Financiero de Subvenciones Nacionales de la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado.

Licitación para las obras de construcción de un edificio de 83 viviendas, 2 equipamientos y 2 plantas de aparcamiento subterráneo por importe total de 10.124.813,03 euros.

Habiéndose intentado reiteradamente la notificación sin haber podido ser practicada, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a la entidad 'Asociación CineDigital' con NIF G-83408542, el inicio de un control financiero en relación con la subvención percibida para la financiación de proyectos de servicios avanzados de telecomunicación de interés común para las pequeñas y medianas empresas (Programa ARTE PYME II), otorgada por Resolución de 28 de julio de 2008, del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se cita para comparecencia del beneficiario el próximo día 29 de mayo, de 10:00 a 14:00 horas, en las oficinas de la Intervención General de la Administración del Estado situadas en Madrid, en la calle María de Molina, 50, planta 11, acto en el que deberá efectuarse la aportación completa de la documentación justificativa detallada en los acuerdos y requerimientos que no pudieron ser notificados y cuyo contenido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se recoge a continuación de forma somera. El interesado podrá acceder a su contenido integro, previa cita en la dirección de correo 'RCONADivV@igae.minhap.es' o en el número de teléfono 915367436, compareciendo debidamente acreditado en las citadas oficinas antes de la fecha fijada para la aportación de la documentación. La documentación justificativa requerida para el inicio de los trabajos de revisión contempla los siguientes aspectos, con el detalle que se ofrece en los requerimientos previos obrantes en el expediente de control: · Acreditación de poderes para la representación. · Domicilio a efectos de futuras notificaciones. · Registros detallados de apuntes contables, cuentas anuales, informe de gestión e informe de los auditores, si procede, de los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009, así como el Libro de Actas, Libro de Inventarios, registros fiscales y Balances de sumas y saldos con el máximo desglose. · Documentación que acredite la efectiva realización de las actividades del proyecto subvencionado y de las relaciones existentes entre las entidades participantes. · Acreditación del detalle de prestaciones, con su correspondiente valoración, incluidas en las facturas justificativas, y extractos bancarios relativos a todos los gastos imputados. · Identificación y localización de los elementos realmente instalados en las Pymes destinatarias, así como de su estado actual de su uso. Se informa que el beneficiario de la subvención goza de todos los derechos previstos en las leyes y que queda sometido al deber de colaboración regulado en los artículos 14.1.c), 37.1.e), 46, 56.g) y 58.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Tratándose de actos de trámite rige en materia de recursos lo previsto en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Madrid, 19 de abril de 2013.- La Jefe de la División de Auditoría Operativa y Control Financiero de Subvenciones Nacionales de la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado. ### RESUMEN: Licitación para las obras de construcción de un edificio de 83 viviendas, 2 equipamientos y 2 plantas de aparcamiento subterráneo por importe total de 10.124.813,03 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. 2) Domicilio: Calle Doctor Aiguader, núm. 26-36. 3) Localidad y código postal: Barcelona, 08003. 4) Teléfono: 932918602 5) Telefax: 932918501 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.pmhb.cat. d) Número de expediente: 004/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obras. b) Descripción: Obras de construcción de un edificio de 83 viviendas, 2 equipamientos y 2 plantas de aparcamiento subterráneo en las calles Jose Plà, 172; Pere IV, 455-457; Cami de Ca l'Isidret, 5, y Paraguai, 2, de Barcelona. e) Plazo de ejecución/entrega: 26 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinario. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 9.204.375,48 euros. Importe total: 10.124.813,03 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2013, hasta las 13 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. 2) Domicilio: Calle Doctor Aiguader, núm. 26-36. 3) Localidad y código postal: Barcelona, 08003. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Calle Doctor Aiguader, núm. 26-36. c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003. d) Fecha y hora: 15 de marzo de 2013 a las 11 horas. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 31 de enero de 2013. 12. Otras informaciones: Advertir de la posibilidad de suspensión del procedimiento de adjudicación como consecuencia de la simultaneidad del mismo con el de aprobación del proyecto, así como de la renuncia a la celebración del contrato. Barcelona, 31 de enero de 2013.- El Gerente, Francesc Xavier González Garuz.

Decreto de la carrera diplomática que incluye un examen para ser ministro plenipotenciario de tercera clase.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. 2) Domicilio: Calle Doctor Aiguader, núm. 26-36. 3) Localidad y código postal: Barcelona, 08003. 4) Teléfono: 932918602 5) Telefax: 932918501 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.pmhb.cat. d) Número de expediente: 004/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obras. b) Descripción: Obras de construcción de un edificio de 83 viviendas, 2 equipamientos y 2 plantas de aparcamiento subterráneo en las calles Jose Plà, 172; Pere IV, 455-457; Cami de Ca l'Isidret, 5, y Paraguai, 2, de Barcelona. e) Plazo de ejecución/entrega: 26 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinario. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 9.204.375,48 euros. Importe total: 10.124.813,03 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2013, hasta las 13 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. 2) Domicilio: Calle Doctor Aiguader, núm. 26-36. 3) Localidad y código postal: Barcelona, 08003. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Calle Doctor Aiguader, núm. 26-36. c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003. d) Fecha y hora: 15 de marzo de 2013 a las 11 horas. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 31 de enero de 2013. 12. Otras informaciones: Advertir de la posibilidad de suspensión del procedimiento de adjudicación como consecuencia de la simultaneidad del mismo con el de aprobación del proyecto, así como de la renuncia a la celebración del contrato. Barcelona, 31 de enero de 2013.- El Gerente, Francesc Xavier González Garuz. ### RESUMEN: Decreto de la carrera diplomática que incluye un examen para ser ministro plenipotenciario de tercera clase.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 1 de diciembre de 2020, a propuesta del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de la Ministra de Defensa y de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha adoptado un Acuerdo por el que se autoriza el sobrevuelo excepcional a una altura inferior a la prevista en el artículo 7.3.e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. Para general conocimiento, se dispone su publicación como anejo a la presente Orden. Madrid, 4 de diciembre de 2020.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo Poyato. ANEJO Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de diciembre de 2020, por el que se autoriza el sobrevuelo excepcional a una altura inferior a la prevista en el artículo 7.3.e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales Las restricciones al sobrevuelo de los parques nacionales se han establecido desde hace años. Así, la Orden de 18 de enero de 1993, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, sobre zonas prohibidas y restringidas, y sus sucesivas actualizaciones, han venido recogiendo en nuestro ordenamiento limitaciones a los sobrevuelos de aeronaves en los distintos parques nacionales. Con objeto de proteger la Red de Parques Nacionales evitando el sobrevuelo generalizado de aeronaves, mediante al Orden PRE/1841/2005, de 10 de junio, por la que se modifica parcialmente la Orden de 18 de enero de 1993, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo, se establecieron trece zonas restringidas al vuelo en dichos Parques, cuya creación afectó a la estructura del espacio aéreo. De conformidad con la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y se modifican el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea; el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y el Reglamento de certificación y verificación de aeropuertos y otros aeródromos de uso público; el Real Decreto 931/2010, de 23 de julio, por el que se regula el procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea y su control normativo; y el Reglamento de la Circulación Aérea Operativa, aprobado por Real Decreto 601/2016, de 2 de diciembre, las zonas prohibidas y restringidas publicadas en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP) conforme a lo establecido en la Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno de 18 de enero de 1993, en la redacción dada por la citada Orden PRE/1841/2005, de 10 de junio, siguen siendo aplicables. Estas limitaciones de altura al sobrevuelo se han evidenciado como proporcionadas, adecuadas y suficientes para proteger los valores de conservación de los parques nacionales y la salvaguarda de especies u otros elementos naturales protegidos cuya conservación pudiera verse afectada negativamente por el tráfico aéreo, teniendo en cuenta la evaluación científica de los efectos potencialmente peligrosos de dicho tráfico y las evidencias científicas existentes. Por su parte, el artículo 7.3, letra e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, ha impuesto una limitación de sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura, sobre la vertical del terreno en los parques nacionales, salvo autorización expresa o por causa de fuerza mayor, contemplando en su disposición adicional séptima, a la cual responde la adopción del presente Acuerdo, un plazo para que las administraciones públicas adopten las medidas necesarias para adecuar, entre otras, estas restricciones en los parques nacionales ya declarados a su entrada en vigor que finaliza el día 5 de diciembre de 2020. No obstante, el apartado 2 de la disposición final cuarta de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, permite modificar, por razones de seguridad aérea o cuando resulte pertinente en aplicación de la normativa europea, dicho límite de altura. Haciendo uso de esta habilitación, es necesario adaptar la restricción de sobrevuelo prevista en la ley, para asegurar la debida proporcionalidad entre la protección de la integridad de los valores naturales y paisajes de los parques nacionales y la necesaria reducción de las emisiones contaminantes mediante el diseño de rutas eficientes para la actividad aérea, los objetivos ambientales del cielo único europeo y la lucha contra el cambio climático. Conforme al análisis realizado respectivamente por la Comisión Interministerial entre Defensa y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se alcanza a lograr el equilibrio entre los intereses generales afectados incrementando las restricciones de sobrevuelo vigentes desde 2005, que deberán reflejarse en el correspondiente futuro reglamento. En tanto se procede a tramitar y aprobar el citado real decreto, procede anticipar la aplicación de las restricciones evidenciadas como proporcionadas en él previstas, mediante la presente autorización excepcional, a fin de evitar los efectos perniciosos que en la seguridad aérea significaría proceder a sucesivos e inmediatos cambios funcionales del espacio aéreo para ajustarse a las distintas restricciones aplicables en cada momento, primero las de la ley y posteriormente a las del real decreto en proyecto. Los cambios funcionales de espacio aéreo requieren de un tiempo mínimo para su diseño, formación y publicación, y por su criticidad en términos de seguridad aérea, no pueden implantarse en los tiempos que se barajan para la entrada en vigor de las normas citadas. A su vez, las nuevas alturas de sobrevuelo sobre los parques nacionales que se establecen en la presente autorización excepcional, al ser más restrictivas que las vigentes garantizan la convivencia pacífica entre la biodiversidad de los parques nacionales y el vuelo de las aeronaves, y al reducirse respecto a las previstas en la ley, coadyuvan a conseguir los objetivos ambientales del cielo único europeo mediante rutas más directas y más eficientes, lo que significa menor consumo de combustible, beneficioso sin duda para las compañías aéreas en este contexto de crisis económica, y por ende, menor emisión de gases contaminantes expulsados a la atmósfera, lo que contribuye a la lucha contra el cambio climático. En relación con el sobrevuelo se debe tener en cuenta que la limitación al sobrevuelo por razones de seguridad se establece sobre un plano horizontal que se identifica mediante su altitud en pies o niveles de vuelo, unidades de referencia en la aviación. Ello implica que la limitación es un rango de alturas entre la mínima, que se produce en el pico más alto del parque y una máxima que se produce en el punto con menor elevación del parque. Esto significa que las restricciones sobre el terreno son mucho mayores a las recogidas en el Anexo, donde sólo se da a efectos informativos el valor mínimo. Por ello, en tanto se procede a finalizar la tramitación y aprobación del citado desarrollo reglamentario, es necesario anticipar la restricción que se impondrá por Real Decreto, que aumenta las alturas de sobrevuelo 1.000 metros de media sobre el terreno de los parques nacionales, estableciendo la media de altura de sobrevuelo en la superficie de los parques nacionales en 2.400 metros sobre el terreno y que, con carácter urgente y provisional, se emita una autorización expresa y genérica que exonere a las aeronaves, de forma inmediata, del cumplimiento de dicha restricción en ciertos casos, tal y como permite el artículo 7.3.e) de dicha Ley, y que evita la emisión de 20.000 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera. Así, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, con la disposición adicional undécima de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, previa audiencia de las Comunidades Autónomas afectadas e informe favorable de la Comisión Interministerial entre Defensa y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de fecha 10 de noviembre de 2020, teniendo en cuenta las circunstancias imprevisibles e inevitables que ha generado la actual coyuntura sanitaria y económica, especialmente grave en el contexto del transporte aéreo y la aviación civil, mediante este acuerdo se autoriza, con carácter urgente y provisional, el sobrevuelo de aeronaves en los parques nacionales que se relacionan en él, por debajo de los 3.000 m de altura y en los términos que se indican, de modo que, en breve espacio de tiempo pueda ser adoptado el correspondiente real decreto que fije las restricciones de sobrevuelo de los parques nacionales. Ello, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 19.3 del Real Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea, entre otras, las aeronaves de Estado españolas en los términos que establecidos en dicho precepto. Adicionalmente, el artículo 27 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, establece que el Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento al que corresponda la iniciativa normativa, podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de, en este caso, reales decretos, cuando fuese necesario, entre otras, para que la norma entre en vigor en el plazo establecido en otras leyes, o concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma. Tal es el caso, del proyecto de real decreto de modificación de alturas de sobrevuelo sobre los parques nacionales cuya tramitación urgente queda justificada por la necesidad de atender a lo previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, en términos que compatibilicen la protección e integridad de los parques nacionales, la normativa de cielo único europeo y la lucha contra el cambio climático reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Además, la aprobación urgente de la norma queda justificada por la necesidad de asegurar, por razones de seguridad aérea, la continuidad de los cambios funcionales de espacio aéreo establecidos en aplicación de este acuerdo, sin que estas circunstancias hayan podido preverse hasta que no se ha dispuesto de la información completa sobre el impacto en las operaciones aéreas, del establecimiento de las limitaciones previstas en el artículo 7.3.e) de dicha Ley 30/2014, de 3 de diciembre. La aprobación urgente del real decreto exige, asimismo, hacer uso de la previsión contenida en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, y en el artículo 128 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio, y establecer en este acuerdo la urgencia en la emisión del dictamen del Consejo de Estado sobre dicho real decreto, fijando el plazo para su emisión, conforme a lo previsto en el citado artículo 27.2, letra a), de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. En su virtud, a propuesta del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la Ministra de Defensa, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de diciembre de 2020, acuerda: Primero. Autorizar el sobrevuelo a partir de las alturas que quedan fijadas para los siguientes parques nacionales en los términos previstos en el anexo: a) Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera. b) Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. c) Parque Nacional de Picos de Europa. d) Parque Nacional de Sierra Nevada. e) Parque Nacional de Garajonay. f) Parque Nacional de Timanfaya. g) Parque Nacional de Cabañeros. h) Parque Nacional de Monfragüe. i) Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. j) Parque Nacional de Doñana. k) Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Segundo. En los parques nacionales de Caldera de Taburiente, Sierra de Guadarrama, Ordesa y Monte Perdido y Teide no se emite autorización excepcional al sobrevuelo a una altura inferior a la contemplada en la legislación de aplicación. Tercero. Las limitaciones de sobrevuelo aplicables, conforme a lo previsto en los apartados anteriores, son las relativas al límite de altitud, sobre el nivel del mar. Cuarto. Lo dispuesto en este Acuerdo será aplicable a partir del 5 de diciembre de 2020. Quinto. La publicación de este acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP), a la mayor brevedad posible. Sexto. En el plazo de tres meses desde la adopción de este Acuerdo, se remitirá una propuesta de reglamento al amparo de la habilitación prevista en el apartado 2 de la disposición final cuarta de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. Séptimo. La tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del real decreto de modificación de alturas de sobrevuelo sobre los parques nacionales, a los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y la urgencia en la emisión del Dictamen del Consejo de Estado sobre dicho real decreto, fijando un plazo para su emisión de diez días, en aplicación del artículo 19, párrafo primero, de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. ANEXO Límites de altitud, sobre el nivel del mar, y altura, sobre la vertical del terreno en el pico más alto del territorio del parque, de sobrevuelo en el territorio del respectivo Parque Nacional   Límite de altitud en pies (100 pies= 30,5 m) Límite de altura en metros sobre el punto más alto del territorio del parque Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera. 6.000 pies (FL60). 1.659 m. Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. 12.500 pies (FL125). 786 m. Parque Nacional de Picos de Europa. 14.500 pies (FL145). 1.787 m. Parque Nacional de Sierra Nevada. 10.000 pies (FL100) Este. 488 m. 13.000 pies (FL130) Oeste. Parque Nacional de Garajonay. 6.500 pies (FL65). 498 m. Parque Nacional de Timanfaya. 3.500 pies (FL35). 555 m. Parque Nacional de Cabañeros. 12.000 pies (FL120). 2.211 m. Parque Nacional de Monfragüe. 9.000 pies (FL90). 1.977 m. Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 10.000 pies (FL100). 2.347 m. Parque Nacional de Doñana. 6.000 pies (FL60). 1.724 m. Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. 4.000 pies (FL40). 1.043 m.

Informe del Tribunal de Cuentas sobre Melilla.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 1 de diciembre de 2020, a propuesta del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de la Ministra de Defensa y de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha adoptado un Acuerdo por el que se autoriza el sobrevuelo excepcional a una altura inferior a la prevista en el artículo 7.3.e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. Para general conocimiento, se dispone su publicación como anejo a la presente Orden. Madrid, 4 de diciembre de 2020.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo Poyato. ANEJO Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de diciembre de 2020, por el que se autoriza el sobrevuelo excepcional a una altura inferior a la prevista en el artículo 7.3.e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales Las restricciones al sobrevuelo de los parques nacionales se han establecido desde hace años. Así, la Orden de 18 de enero de 1993, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, sobre zonas prohibidas y restringidas, y sus sucesivas actualizaciones, han venido recogiendo en nuestro ordenamiento limitaciones a los sobrevuelos de aeronaves en los distintos parques nacionales. Con objeto de proteger la Red de Parques Nacionales evitando el sobrevuelo generalizado de aeronaves, mediante al Orden PRE/1841/2005, de 10 de junio, por la que se modifica parcialmente la Orden de 18 de enero de 1993, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo, se establecieron trece zonas restringidas al vuelo en dichos Parques, cuya creación afectó a la estructura del espacio aéreo. De conformidad con la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y se modifican el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea; el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y el Reglamento de certificación y verificación de aeropuertos y otros aeródromos de uso público; el Real Decreto 931/2010, de 23 de julio, por el que se regula el procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea y su control normativo; y el Reglamento de la Circulación Aérea Operativa, aprobado por Real Decreto 601/2016, de 2 de diciembre, las zonas prohibidas y restringidas publicadas en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP) conforme a lo establecido en la Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno de 18 de enero de 1993, en la redacción dada por la citada Orden PRE/1841/2005, de 10 de junio, siguen siendo aplicables. Estas limitaciones de altura al sobrevuelo se han evidenciado como proporcionadas, adecuadas y suficientes para proteger los valores de conservación de los parques nacionales y la salvaguarda de especies u otros elementos naturales protegidos cuya conservación pudiera verse afectada negativamente por el tráfico aéreo, teniendo en cuenta la evaluación científica de los efectos potencialmente peligrosos de dicho tráfico y las evidencias científicas existentes. Por su parte, el artículo 7.3, letra e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, ha impuesto una limitación de sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura, sobre la vertical del terreno en los parques nacionales, salvo autorización expresa o por causa de fuerza mayor, contemplando en su disposición adicional séptima, a la cual responde la adopción del presente Acuerdo, un plazo para que las administraciones públicas adopten las medidas necesarias para adecuar, entre otras, estas restricciones en los parques nacionales ya declarados a su entrada en vigor que finaliza el día 5 de diciembre de 2020. No obstante, el apartado 2 de la disposición final cuarta de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, permite modificar, por razones de seguridad aérea o cuando resulte pertinente en aplicación de la normativa europea, dicho límite de altura. Haciendo uso de esta habilitación, es necesario adaptar la restricción de sobrevuelo prevista en la ley, para asegurar la debida proporcionalidad entre la protección de la integridad de los valores naturales y paisajes de los parques nacionales y la necesaria reducción de las emisiones contaminantes mediante el diseño de rutas eficientes para la actividad aérea, los objetivos ambientales del cielo único europeo y la lucha contra el cambio climático. Conforme al análisis realizado respectivamente por la Comisión Interministerial entre Defensa y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se alcanza a lograr el equilibrio entre los intereses generales afectados incrementando las restricciones de sobrevuelo vigentes desde 2005, que deberán reflejarse en el correspondiente futuro reglamento. En tanto se procede a tramitar y aprobar el citado real decreto, procede anticipar la aplicación de las restricciones evidenciadas como proporcionadas en él previstas, mediante la presente autorización excepcional, a fin de evitar los efectos perniciosos que en la seguridad aérea significaría proceder a sucesivos e inmediatos cambios funcionales del espacio aéreo para ajustarse a las distintas restricciones aplicables en cada momento, primero las de la ley y posteriormente a las del real decreto en proyecto. Los cambios funcionales de espacio aéreo requieren de un tiempo mínimo para su diseño, formación y publicación, y por su criticidad en términos de seguridad aérea, no ### RESUMEN: Informe del Tribunal de Cuentas sobre Melilla.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 24 de septiembre de 2013, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe Anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicios 2006 y 2007, acuerda: 1. Tomar las medidas necesarias para subsanar deficiencias de índole contable: ausencia de dotaciones a la amortización, incorrecto registro de altas y bajas de inmovilizado, ausencia de registro de gastos derivados de compromisos adquiridos relativos a ejercicios futuros, o gastos devengados pero contabilizados en ejercicios posteriores. 2. Tomar las medidas necesarias para subsanar deficiencias de carácter general en materia de contratación administrativa: justificaciones genéricas e imprecisas sobre la necesidad de los contratos; criterios de adjudicación genéricos e imprecisos; o demoras no justificadas en expedientes de obras adjudicados sobre la base de, entre otros factores, reducciones del plazo de ejecución. 3. Instar al Gobierno de la Nación a evitar en los Presupuestos Generales del Estado la recurrente definición genérica de los proyectos de inversión financiados con los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial, estableciendo de forma más precisa las inversiones a realizar o fomentar por las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas participantes en tales fondos, a efectos de posibilitar el preceptivo seguimiento y control de los citados proyectos de inversión. 4. Reclamar información detallada sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria por la Ciudad Autónoma. Instar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla a: 5. Rendir las cuentas generales en el plazo legal correspondiente. 6. Rendir sus cuentas al Tribunal de Cuentas dentro de los plazos preceptivos, sin demoras injustificadas y con toda la documentación exigida en la normativa aplicable. 7. Adoptar las medidas necesarias para corregir las irregularidades recogidas en el Informe del Tribunal de Cuentas en relación con las modificaciones presupuestarias. 8. Establecer un correcto sistema de gestión y aplicación contable de las subvenciones de forma que facilite el análisis y consecuente control sobre la naturaleza de las ayudas concedidas y los criterios considerados para la concesión. 9. Aplicar de forma más estricta el procedimiento administrativo en los expedientes de gastos y documentos contables en la ejecución del Presupuesto del ejercicio. 10. Proceder a las reestructuraciones organizativas necesarias que permitan la adecuada segregación de funciones entre la gestión de ingresos y su control. 11. Mejorar el registro financiero de las operaciones que se recogen en la liquidación del presupuesto para una plena concordancia entre éste y las cuentas del balance de resultados. 12. Incluir en la liquidación presupuestaria la totalidad de obligaciones y derechos devengados en el ejercicio. 13. Llevar una adecuada contabilidad de los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros así como incluir el correspondiente estado en las cuentas anuales. 14. Confeccionar un inventario de bienes actualizado y completo y coordinar los servicios de Patrimonio y Contabilidad, además de realizar un correcto registro contable de las operaciones de inmovilizado. 15. Implantar una contabilidad adecuada de los gastos con financiación afectada. 16. En relación con la contratación administrativa: – Articular los mecanismos necesarios para cumplir la obligación de remisión al Tribunal de Cuentas de las relaciones certificadas y los extractos de expedientes de contratos en la forma y plazo establecidos en la normativa aplicable. – Justificar debidamente en los expedientes la necesidad de la contratación, emitir los Informes de fiscalización previa del gasto, concretar con precisión en los pliegos los métodos de puntuación o baremo de los criterios de adjudicación, en aras de asegurar el principio de igualdad de trato de los licitadores, así como dar prioridad a la valoración de las bajas económicas no temerarias, siempre que resulte compatible con las características particulares de los contratos, en aras del principio de economía en la gestión de fondos públicos y, particularmente en los contratos de obras, planificar adecuadamente la actuación para evitar demoras y modificaciones injustificadas. Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2013.–El Presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Ricardo Tarno Blanco.–La Secretaria Primera de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Celia Alberto Pérez.

Corrección candidaturas. Se les había olvidado poner que España en marcha se nutre de Falange y Alianza Nacional.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 24 de septiembre de 2013, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe Anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicios 2006 y 2007, acuerda: 1. Tomar las medidas necesarias para subsanar deficiencias de índole contable: ausencia de dotaciones a la amortización, incorrecto registro de altas y bajas de inmovilizado, ausencia de registro de gastos derivados de compromisos adquiridos relativos a ejercicios futuros, o gastos devengados pero contabilizados en ejercicios posteriores. 2. Tomar las medidas necesarias para subsanar deficiencias de carácter general en materia de contratación administrativa: justificaciones genéricas e imprecisas sobre la necesidad de los contratos; criterios de adjudicación genéricos e imprecisos; o demoras no justificadas en expedientes de obras adjudicados sobre la base de, entre otros factores, reducciones del plazo de ejecución. 3. Instar al Gobierno de la Nación a evitar en los Presupuestos Generales del Estado la recurrente definición genérica de los proyectos de inversión financiados con los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial, estableciendo de forma más precisa las inversiones a realizar o fomentar por las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas participantes en tales fondos, a efectos de posibilitar el preceptivo seguimiento y control de los citados proyectos de inversión. 4. Reclamar información detallada sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria por la Ciudad Autónoma. Instar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla a: 5. Rendir las cuentas generales en el plazo legal correspondiente. 6. Rendir sus cuentas al Tribunal de Cuentas dentro de los plazos preceptivos, sin demoras injustificadas y con toda la documentación exigida en la normativa aplicable. 7. Adoptar las medidas necesarias para corregir las irregularidades recogidas en el Informe del Tribunal de Cuentas en relación con las modificaciones presupuestarias. 8. Establecer un correcto sistema de gestión y aplicación contable de las subvenciones de forma que facilite el análisis y consecuente control sobre la naturaleza de las ayudas concedidas y los criterios considerados para la concesión. 9. Aplicar de forma más estricta el procedimiento administrativo en los expedientes de gastos y documentos contables en la ejecución del Presupuesto del ejercicio. 10. Proceder a las reestructuraciones organizativas necesarias que permitan la adecuada segregación de funciones entre la gestión de ingresos y su control. 11. Mejorar el registro financiero de las operaciones que se recogen en la liquidación del presupuesto para una plena concordancia entre éste y las cuentas del balance de resultados. 12. Incluir en la liquidación presupuestaria la totalidad de obligaciones y derechos devengados en el ejercicio. 13. Llevar una adecuada contabilidad de los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros así como incluir el correspondiente estado en las cuentas anuales. 14. Confeccionar un inventario de bienes actualizado y completo y coordinar los servicios de Patrimonio y Contabilidad, además de realizar un correcto registro contable de las operaciones de inmovilizado. 15. Implantar una contabilidad adecuada de los gastos con financiación afectada. 16. En relación con la contratación administrativa: – Articular los mecanismos necesarios para cumplir la obligación de remisión al Tribunal de Cuentas de las relaciones certificadas y los extractos de expedientes de contratos en la forma y plazo establecidos en la normativa aplicable. – Justificar debidamente en los expedientes la necesidad de la contratación, emitir los Informes de fiscalización previa del gasto, concretar con precisión en los pliegos los métodos de puntuación o baremo de los criterios de adjudicación, en aras de asegurar el principio de igualdad de trato de los licitadores, así como dar prioridad a la valoración de las bajas económicas no temerarias, siempre que resulte compatible con las características particulares de los contratos, en aras del principio de economía en la gestión de fondos públicos y, particularmente en los contratos de obras, planificar adecuadamente la actuación para evitar demoras y modificaciones injustificadas. Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2013.–El Presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Ricardo Tarno Blanco.–La Secretaria Primera de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Celia Alberto Pérez. ### RESUMEN: Corrección candidaturas. Se les había olvidado poner que España en marcha se nutre de Falange y Alianza Nacional.

Advertidos determinados errores en la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» número 104, de 29 de abril de 2014, del Acuerdo de la Junta Electoral Central de 28 de abril de 2014 de proclamación de candidaturas a las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, a celebrar el 25 de mayo, se dispone su corrección en los términos que se expresan: Candidatura número 4, COALICIÓN POR EUROPA Lista estatal, donde dice: «Adargoma Hernandéz Rodríguez (CCa-PNC)», debe decir: «27. Adargoma Hernández Rodríguez (CCa-PNC)». Lista de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde dice: «Adargoma Hernandéz Rodríguez», debe decir: «Adargoma Hernández Rodríguez». Candidatura número 12, PRIMAVERA EUROPEA Denominación para la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde dice: «EQUO-COMPROMÍS-SÍEX-PUM+J», debe decir: «EQUO-COMPROMÍS-SÍEX-PUM+J-PARTICIPA». Candidatura número 24, EXTREMEÑOS POR EUROPA En suplentes, donde dice: «1. María Jesús Roncero Martín (PREX-CRE). 2. María Isabel de Dios Martín (PREX-CRE).» Debe decir: «1. María Jesús Roncero Martín. 2. María Isabel de Dios Martín.» Candidatura número 25, PARTIDO ANDALUCISTA Donde dice: «33. Juan Luis Morales Gallargo (PA)», debe decir: «33. Juan Luis Morales Gallardo (PA)». Donde dice: «46. Antonio Jesus Rodríguez Martínez (PA)», debe decir: «46. Antonio Jesús Rodríguez Martínez (PA)». En la lista de suplentes, donde dice: «3. Pedro Miguel Ruíz Vázquez (PA)», debe decir: «3. Pedro Miguel Ruiz Vázquez (PA).» Candidatura número 28, POR LA REPÚBLICA, POR LA RUPTURA CON LA UNIÓN EUROPEA La denominación en la Comunidad Autónoma del País Vasco será: POR LA REPÚBLICA, POR LA RUPTURA CON LA UNIÓN EUROPEA ERREPUBLIKAREN ALDE, «UNIÓN EUROPEA» APURTU (R.R.U.E.). Candidatura número 29, PODEMOS La denominación en la Comunidad Autónoma de les Illes Balears será: PODEMOS- PODEM. La denominación en la Comunitat Valenciana será: PODEMOS- PODEM. La denominación en la Comunidad Foral de Navarra será: PODEMOS-AHAL DUGU. Candidatura número 30, ALTERNATIVA REPUBLICANA Donde dice: «5. Francisco J. Sola Montalbán», debe decir: «5. Francisco Javier Sola Montalbán.» Candidatura número 33, LA ESPAÑA EN MARCHA (LEM) Debe figurar cada candidato con indicación de la formación política a la que pertenece: 1. Jesús Muñoz Martínez (LA FALANGE). 2. Ignacio Ruiz-Larrea Aranda (LA FALANGE). 3. Blanca Rosa Gil Aranda-Piqueras (ALIANZA NACIONAL). 4. María Elena Pérez Vieco (LA FALANGE). 5. Raquel García Hernández (ALIANZA NACIONAL). 6. Javier Marcos Aroca (LA FALANGE). 7. Alejandro Torresano Zurita (ALIANZA NACIONAL). 8. Víctor Diego Villalba (ALIANZA NACIONAL). 9. María Begoña Lahera González (ALIANZA NACIONAL). 10. María de las Mercedes Collado Jiménez (ALIANZA NACIONAL). 11. Camilo Luis Rodríguez Fraile (LA FALANGE). 12. Fernando Dacal Calle (LA FALANGE). 13. Juan José García Gómez (LA FALANGE). 14. Jezabel Pérez Luengo (ALIANZA NACIONAL). 15. Patricia Navarro de Palencia Sanz-Bustillo (ALIANZA NACIONAL). 16. Javier Ochoa Escobar (ALIANZA NACIONAL). 17. Carlos Javier RodrÍguez Muñoz (LA FALANGE). 18. Sergio Reguilón Fumero (LA FALANGE). 19. María del Pilar Samper Samper (LA FALANGE). 20. Maria Belén Collado Jiménez (ALIANZA NACIONAL). 21. Alberto Gonzalo de Juan (ALIANZA NACIONAL). 22. José María Ferrando León (LA FALANGE). 23. Fernando Calvo Gil (LA FALANGE). 24. María Rocío Sánchez-Horneros Miranda (LA FALANGE). 25. Begoña del Arco Herrero (LA FALANGE). 26. Alejandro Díaz García (ALIANZA NACIONAL). 27. Juan Carlos Guijarrro Sánchez (ALIANZA NACIONAL). 28. Jesús Fernando Fernández Gil (LA FALANGE). 29. Noelia Castillejo Calderón (LA FALANGE). 30. Tamara Becerra Cruz (ALIANZA NACIONAL). 31. Jesús Martín Martín (ALIANZA NACIONAL). 32. Segundo Ernesto Gómez Sánchez (LA FALANGE). 33. Félix Salmerón González-Bergas (LA FALANGE). 34. Olga María Ocaña Manzanaro (LA FALANGE). 35. Inmaculada García Sancho (LA FALANGE). 36. Fernando Alonso Morán (LA FALANGE). 37. Germán Sánchez Saco (LA FALANGE). 38. Natalia Aznar Moreno (LA FALANGE). 39. María de la O Grunwald Cerezo (LA FALANGE). 40. Concepción Jiménez Palomino (ALIANZA NACIONAL). 41. Alberto Aceves Gallego (LA FALANGE). 42. Julio César Arranz Arranz (ALIANZA NACIONAL). 43. Nemesio Cabezuela Varela (LA FALANGE). 44. Josefa Vieco Solano (LA FALANGE). 45. Bárbara Catalán Casorrán (LA FALANGE). 46. Felipe Maroto Cuenca (LA FALANGE). 47. José Alejandro García Sancho (LA FALANGE). 48. José Luis Corral Fernández (MOVIMIENTO CATÓLICO ESPAÑOL). 49. María Mercedes Martínez Gemar (LA FALANGE). 50. Francisca Sánchez Nevado (LA FALANGE). 51. María Luisa García Gómez (LA FALANGE). 52. María Luisa López Alonso (LA FALANGE). 53. Pedro Pablo Peña Muñoz (ALIANZA NACIONAL). 54. Manuel Andrino Lobo (LA FALANGE). Suplentes 1. Javier Luis Horas Puente (LA FALANGE). 2. Daniel Granieda Aguado (ALIANZA NACIONAL). 3. María del Carmen Aparicio Periquet (LA FALANGE). 4. María de la Paz Cerezo del Campo (LA FALANGE). 5. Enrique González Griñán (MOVIMIENTO CATÓLICO ESPAÑOL). 6. José Javier Ramos Tundidor (LA FALANGE). 7. Jorge Fernando Rodríguez Quevedo (LA FALANGE). 8. Elisa Marcos Aroca (LA FALANGE). 9. María Teresa Hernández Rubio (LA FALANGE). 10. Luis Casas Romero (LA FALANGE). Candidatura número 38, MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO Donde dice: «17. María del Pilar Martínez Montesinos», debe decir: «17. María del Pilar Martín Montesinos.» Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2014.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados Pérez.

Licitación de cursos de inglés presenciales para el personal del Ministerio de Fomento para los años 2014 y 2015 por importe total de 104.490,00 euros cada año.

Advertidos determinados errores en la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» número 104, de 29 de abril de 2014, del Acuerdo de la Junta Electoral Central de 28 de abril de 2014 de proclamación de candidaturas a las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, a celebrar el 25 de mayo, se dispone su corrección en los términos que se expresan: Candidatura número 4, COALICIÓN POR EUROPA Lista estatal, donde dice: «Adargoma Hernandéz Rodríguez (CCa-PNC)», debe decir: «27. Adargoma Hernández Rodríguez (CCa-PNC)». Lista de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde dice: «Adargoma Hernandéz Rodríguez», debe decir: «Adargoma Hernández Rodríguez». Candidatura número 12, PRIMAVERA EUROPEA Denominación para la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde dice: «EQUO-COMPROMÍS-SÍEX-PUM+J», debe decir: «EQUO-COMPROMÍS-SÍEX-PUM+J-PARTICIPA». Candidatura número 24, EXTREMEÑOS POR EUROPA En suplentes, donde dice: «1. María Jesús Roncero Martín (PREX-CRE). 2. María Isabel de Dios Martín (PREX-CRE).» Debe decir: «1. María Jesús Roncero Martín. 2. María Isabel de Dios Martín.» Candidatura número 25, PARTIDO ANDALUCISTA Donde dice: «33. Juan Luis Morales Gallargo (PA)», debe decir: «33. Juan Luis Morales Gallardo (PA)». Donde dice: «46. Antonio Jesus Rodríguez Martínez (PA)», debe decir: «46. Antonio Jesús Rodríguez Martínez (PA)». En la lista de suplentes, donde dice: «3. Pedro Miguel Ruíz Vázquez (PA)», debe decir: «3. Pedro Miguel Ruiz Vázquez (PA).» Candidatura número 28, POR LA REPÚBLICA, POR LA RUPTURA CON LA UNIÓN EUROPEA La denominación en la Comunidad Autónoma del País Vasco será: POR LA REPÚBLICA, POR LA RUPTURA CON LA UNIÓN EUROPEA ERREPUBLIKAREN ALDE, «UNIÓN EUROPEA» APURTU (R.R.U.E.). Candidatura número 29, PODEMOS La denominación en la Comunidad Autónoma de les Illes Balears será: PODEMOS- PODEM. La denominación en la Comunitat Valenciana será: PODEMOS- PODEM. La denominación en la Comunidad Foral de Navarra será: PODEMOS-AHAL DUGU. Candidatura número 30, ALTERNATIVA REPUBLICANA Donde dice: «5. Francisco J. Sola Montalbán», debe decir: «5. Francisco Javier Sola Montalbán.» Candidatura número 33, LA ESPAÑA EN MARCHA (LEM) Debe figurar cada candidato con indicación de la formación política a la que pertenece: 1. Jesús Muñoz Martínez (LA FALANGE). 2. Ignacio Ruiz-Larrea Aranda (LA FALANGE). 3. Blanca Rosa Gil Aranda-Piqueras (ALIANZA NACIONAL). 4. María Elena Pérez Vieco (LA FALANGE). 5. Raquel García Hernández (ALIANZA NACIONAL). 6. Javier Marcos Aroca (LA FALANGE). 7. Alejandro Torresano Zurita (ALIANZA NACIONAL). 8. Víctor Diego Villalba (ALIANZA NACIONAL). 9. María Begoña Lahera González (ALIANZA NACIONAL). 10. María de las Mercedes Collado Jiménez (ALIANZA NACIONAL). 11. Camilo Luis Rodríguez Fraile (LA FALANGE). 12. Fernando Dacal Calle (LA FALANGE). 13. Juan José García Gómez (LA FALANGE). 14. Jezabel Pérez Luengo (ALIANZA NACIONAL). 15. Patricia Navarro de Palencia Sanz-Bustillo (ALIANZA NACIONAL). 16. Javier Ochoa Escobar (ALIANZA NACIONAL). 17. Carlos Javier RodrÍguez Muñoz (LA FALANGE). 18. Sergio Reguilón Fumero (LA FALANGE). 19. María del Pilar Samper Samper (LA FALANGE). 20. Maria Belén Collado Jiménez (ALIANZA NACIONAL). 21. Alberto Gonzalo de Juan (ALIANZA NACIONAL). 22. José María Ferrando León (LA FALANGE). 23. Fernando Calvo Gil (LA FALANGE). 24. María Rocío Sánchez-Horneros Miranda (LA FALANGE). 25. Begoña del Arco Herrero (LA FALANGE). 26. Alejandro Díaz García (ALIANZA NACIONAL). 27. Juan Carlos Guijarrro Sánchez (ALIANZA NACIONAL). 28. Jesús Fernando Fernández Gil (LA FALANGE). 29. Noelia Castillejo Calderón (LA FALANGE). 30. Tamara Becerra Cruz (ALIANZA NACIONAL). 31. Jesús Martín Martín (ALIANZA NACIONAL). 32. Segundo Ernesto Gómez Sánchez (LA FALANGE). 33. Félix Salmerón González-Bergas (LA FALANGE). 34. Olga María Ocaña Manzanaro (LA FALANGE). 35. Inmaculada García Sancho (LA FALANGE). 36. Fernando Alonso Morán (LA FALANGE). 37. Germán Sánchez Saco (LA FALANGE). 38. Natalia Aznar Moreno (LA FALANGE). 39. María de la O Grunwald Cerezo (LA FALANGE). 40. Concepción Jiménez Palomino (ALIANZA NACIONAL). 41. Alberto Aceves Gallego (LA FALANGE). 42. Julio César Arranz Arranz (ALIANZA NACIONAL). 43. Nemesio Cabezuela Varela (LA FALANGE). 44. Josefa Vieco Solano (LA FALANGE). 45. Bárbara Catalán Casorrán (LA FALANGE). 46. Felipe Maroto Cuenca (LA FALANGE). 47. José Alejandro García Sancho (LA FALANGE). 48. José Luis Corral Fernández (MOVIMIENTO CATÓLICO ESPAÑOL). 49. María Mercedes Martínez Gemar (LA FALANGE). 50. Francisca Sánchez Nevado (LA FALANGE). 51. María Luisa García Gómez (LA FALANGE). 52. María Luisa López Alonso (LA FALANGE). 53. Pedro Pablo Peña Muñoz (ALIANZA NACIONAL). 54. Manuel Andrino Lobo (LA FALANGE). Suplentes 1. Javier Luis Horas Puente (LA FALANGE). 2. Daniel Granieda Agu ### RESUMEN: Licitación de cursos de inglés presenciales para el personal del Ministerio de Fomento para los años 2014 y 2015 por importe total de 104.490,00 euros cada año.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 5.ª planta, despacho A-582. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. 4) Teléfono: 915978105. 5) Telefax: 915978499. 6) Correo electrónico: jgosset@fomento.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. d) Número de expediente: 0900201345. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Cursos de inglés presenciales para el personal del Ministerio de Fomento 2014-2015. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Locales del Ministerio de Fomento en la Comunidad de Madrid o, en casos concretos en que se estime conveniente, en los de la empresa adjudicataria. e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80580000 (provisión de cursos de idiomas). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 208.980,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 104.490,00 euros. Importe total: 104.490,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U7a [otros servicios no determinados (hasta 150.000 euros)]. c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; no prohibición para contratar; no estar incurso en incompatibilidades; cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; cumplimiento con las obligaciones tributarias. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 25 de noviembre de 2013. b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 2) Domicilio: Registro General, paseo de la Castellana, 67. Planta baja. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica. b) Dirección: P.º de la Castellana, 67, 5.ª planta, despacho A-582.1 (sala de reuniones Junta de Contratación), y P.º de la Castellana, 67, 5.ª planta, despacho A-582.1 (sala de reuniones Junta de Contratación). c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España, y Madrid, 28071, España. d) Fecha y hora: 18 de diciembre de 2013, a las 10:00, y 11 de diciembre de 2013, a las 10:00. Madrid, 8 de noviembre de 2013.- La Inspectora General de Fomento.

Ayudas a organizaciones sindicales en Consejo de Policía: 3.600 euros anuales por cada miembro y 240 euros por asistir a cada reunión. Total: 26.520 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 5.ª planta, despacho A-582. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. 4) Teléfono: 915978105. 5) Telefax: 915978499. 6) Correo electrónico: jgosset@fomento.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. d) Número de expediente: 0900201345. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Cursos de inglés presenciales para el personal del Ministerio de Fomento 2014-2015. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Locales del Ministerio de Fomento en la Comunidad de Madrid o, en casos concretos en que se estime conveniente, en los de la empresa adjudicataria. e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80580000 (provisión de cursos de idiomas). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 208.980,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 104.490,00 euros. Importe total: 104.490,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U7a [otros servicios no determinados (hasta 150.000 euros)]. c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; no prohibición para contratar; no estar incurso en incompatibilidades; cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; cumplimiento con las obligaciones tributarias. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 25 de noviembre de 2013. b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 2) Domicilio: Registro General, paseo de la Castellana, 67. Planta baja. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica. b) Dirección: P.º de la Castellana, 67, 5.ª planta, despacho A-582.1 (sala de reuniones Junta de Contratación), y P.º de la Castellana, 67, 5.ª planta, despacho A-582.1 (sala de reuniones Junta de Contratación). c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España, y Madrid, 28071, España. d) Fecha y hora: 18 de diciembre de 2013, a las 10:00, y 11 de diciembre de 2013, a las 10:00. Madrid, 8 de noviembre de 2013.- La Inspectora General de Fomento. ### RESUMEN: Ayudas a organizaciones sindicales en Consejo de Policía: 3.600 euros anuales por cada miembro y 240 euros por asistir a cada reunión. Total: 26.520 euros.

En la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, se contemplan, dentro de los Presupuestos de la Dirección General de la Policía, sendas partidas presupuestarias en las aplicaciones 16.03.132A.483 y 16.03.132A.484, por importes de 237.300 euros y 23.220 euros respectivamente, destinadas a la concesión de ayudas económicas y compensaciones a Organizaciones Sindicales Policiales en función de los representantes obtenidos en el Consejo de Policía y por su asistencia a las sesiones de dicho Consejo y de sus comisiones de trabajo. A fin de materializar los abonos que de ello se derivan, es necesario fijar normas que hagan referencia tanto a los criterios de reparto de subvenciones como a los procedimientos para su reclamación y abono; y asimismo, que determinen las cuantías y devengo de las asignaciones y de las compensaciones por su participación en el Consejo de Policía. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.1 y 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y según se establece en el punto primero del apartado quinto de la Orden INT/3243/2007, de 22 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Organizaciones Sindicales del Cuerpo Nacional de Policía con representación en el Consejo de Policía, y una vez verificada la fiscalización del gasto, Esta Secretaría de Estado de Seguridad resuelve: Primero. Objeto de la resolución. 1. La Secretaría de Estado de Seguridad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de aplicación, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de acuerdo con los criterios contenidos en la Orden INT/3243/2007, de 22 de octubre de 2007, convoca la concesión de subvenciones a las Organizaciones Sindicales del Cuerpo Nacional de Policía con representación en el Consejo de Policía. 2. A la presente Convocatoria podrán concurrir las Organizaciones Sindicales del Cuerpo Nacional de Policía con representación en el Consejo de Policía, conforme a la Resolución de la Junta Electoral de 21 de junio de 2011, correspondiente a las últimas elecciones a representantes en dicho Consejo, celebradas el día 13 de junio de 2011. 3. Las ayudas se destinarán a subvencionar el grado de representación y de votos obtenidos por cada Organización Sindical, así como la participación en el Pleno y las Comisiones del Consejo de Policía. Segundo. Cuantía y percepción de las subvenciones. 1. La cuantía de las subvenciones a las citadas Organizaciones Sindicales para el año 2013, recogida en los Presupuestos del Departamento, dentro de los correspondientes a la Dirección General de la Policía para este ejercicio, asciende a un importe total de 260.520 euros. 2. El citado crédito disponible se distribuirá en sendas partidas presupuestarias y se realizará teniendo en cuenta, respectivamente, los siguientes criterios: 2.1 Asignación por representantes y votos obtenidos. 2.1.1 El crédito que figura en la aplicación 16.03.132A.483, que asciende a 237.300 euros, se destinará a la concesión de subvenciones y ayudas económicas a las Organizaciones Sindicales del Cuerpo Nacional de Policía, en proporción a su representatividad en el Consejo de Policía. 2.1.2 A efectos de su reparto se tendrán en cuenta las siguientes reglas: a) Se asignarán 3600 euros anuales, por cada representante obtenido en el Consejo de Policía. b) El remanente que se produzca como consecuencia de deducir de dicha consignación presupuestaria la suma resultante de las asignaciones del apartado a) anterior, se repartirá proporcionalmente entre las Organizaciones Sindicales que hayan obtenido representación en el Consejo de Policía en función del número total de votos, válidamente obtenidos, en todas las Escalas en que hubieran presentado candidatura. 2.1.3 El abono de estas subvenciones se efectuará en dos partes, a razón de una por cada semestre natural, sin perjuicio del cumplimiento de las instrucciones que pueda dictar el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre ejecución presupuestaria. 2.2 Compensaciones por participación en Plenos y Comisiones. 2.2.1 El crédito que figura en la aplicación 16.03.132A.484, que asciende a 23.220 euros, se destinará a compensar económicamente a las Organizaciones Sindicales del Cuerpo Nacional de Policía con representación en el Consejo de Policía, por su participación en las reuniones del Pleno o de las Comisiones de Trabajo de dicho Órgano. Dicha compensación será incompatible con cualquier otra que se perciba por los representantes sindicales, según lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 30 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, por su asistencia al Consejo o a sus Comisiones de Trabajo. 2.2.2 A tal efecto, se fijan las siguientes cuantías: a) Por participación en los Plenos del Consejos de Policía, 240 euros por cada Consejero y sesión. b) Por participación en las Comisiones de Trabajo del Consejo de Policía, 144 euros por cada Consejero y sesión. Cuando las sesiones del Pleno o de las Comisiones se prolonguen por tiempo superior a un día natural se devengará únicamente la cuantía correspondiente a una sesión. 2.2.3 El abono de las cantidades correspondientes se hará efectivo por semestres, computándose al respecto las sumas que correspondan en función de las asistencias a las reuniones del Pleno o de las Comisiones del Consejo de Policía durante dicho período de tiempo. 2.2.4 Para la percepción de las compensaciones anteriores, será necesario acreditar la asistencia a las sesiones del Consejo de Policía de que se trate, mediante certificación expedida por el Secretario del mismo. 3. Por la Dirección General de la Policía se tramitarán los expedientes necesarios que permitan el abono a las Organizaciones Sindicales de los importes que resulten de aplicación, en concepto de las asignaciones y compensaciones previstas en la presente Resolución. Tercero. Procedimiento de adjudicación de las subvenciones. 1. Presentación de las solicitudes. 1.1 Las Organizaciones Sindicales que opten a subvención deberán presentar sus solicitudes en el Registro General de la Dirección General de la Policía en el plazo de seis días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 1.2 Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General de la Policía, se formalizarán en el modelo de solicitud que figura como anexo I de la mencionada Orden INT/3243/2007, de 22 de octubre, a la que deberá acompañarse la siguiente documentación acreditativa de los requisitos de los solicitantes: a) Fotocopia compulsada de la tarjeta de persona jurídica con el número de identificación fiscal de la Organización Sindical. b) Documentación que acredite la capacidad legal para presentar, solicitar y recibir la subvención en nombre del sindicato. Se acompañará la fotocopia compulsada del número de identificación fiscal del representante. c) La documentación a que se refiere este inciso deberá acompañar la solicitud a que se refiere el anexo I, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de la Administración actuante, en cuyo caso los solicitantes podrán acogerse a lo dispuesto en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los términos expresados en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. d) Acreditación, en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo citado. 2. Acreditación de la representación y asistencias: La Dirección General de la Policía unirá a la solicitud sendas certificaciones del Secretario del Consejo de Policía para acreditar, por una parte, la representación alcanzada en dicho Consejo por las Organizaciones Sindicales afectadas y el total de votos obtenidos, como, por otra, las sesiones celebradas por el Consejo de Policía y asistentes a las mismas. 3. Criterios de valoración: La cantidad a asignar a cada una de las Organizaciones Sindicales resultará de la distribución proporcional de la totalidad del crédito existente, de acuerdo con la representatividad obtenida en las elecciones sindicales a representantes en el Consejo de Policía, sin que sea necesario establecer la comparación ni la prelación entre las Organizaciones Sindicales representativas. 4. Instrucción y propuesta de resolución: El órgano competente para instruir el procedimiento y formular la propuesta de Resolución será la Dirección General de la Policía, que la elevará en el plazo de seis días hábiles desde que finalice el plazo para la presentación de solicitudes, al órgano competente para resolver. 5. Resolución y recursos: Conforme a lo dispuesto en el apartado quinto.4, de la repetida Orden INT/3243/2007, de 22 de octubre, las subvenciones serán concedidas mediante Resolución motivada del Secretario de Estado de Seguridad, en el plazo de quince días hábiles desde la fecha de elevación de la propuesta de Resolución. Dicha Resolución será notificada a las Organizaciones Sindicales en el plazo máximo de 20 días desde su adopción y pondrá fin a la vía administrativa dando lugar, en su caso, a la interposición de recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Cuarto. Régimen jurídico. En lo no previsto en la presente Resolución se aplicará lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento, y en la Orden INT/3243/2007, de 22 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Organizaciones Sindicales del Cuerpo Nacional de Policía con representación en el Consejo de Policía. Disposición adicional única. Abono de subvenciones y compensaciones. Los abonos de subvenciones y compensaciones se realizarán a las Organizaciones Sindicales a que pertenezcan las candidaturas representadas en el Consejo de Policía, así como a las coaliciones electorales que hubieren obtenido representación en dicho órgano. No obstante lo anterior, en el caso de las coaliciones electorales los abonos podrán realizarse directamente a las mismas o, a su solicitud, a los sindicatos que las integren, en la proporción que se indique por aquellas. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si bien sus efectos, referidos al ejercicio económico de 2013, se aplicarán retroactivamente a partir del 1 de enero de 2013. Madrid, 16 de mayo de 2013.–El Secretario de Estado de Seguridad, P.D. (Orden INT/985/2005 de 7 de abril), el Director General de la Policía, Ignacio Cosidó Gutiérrez.

Alfonso María Dastis Quecedo, designado embajador de España en la República Italiana.

En la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, se contemplan, dentro de los Presupuestos de la Dirección General de la Policía, sendas partidas presupuestarias en las aplicaciones 16.03.132A.483 y 16.03.132A.484, por importes de 237.300 euros y 23.220 euros respectivamente, destinadas a la concesión de ayudas económicas y compensaciones a Organizaciones Sindicales Policiales en función de los representantes obtenidos en el Consejo de Policía y por su asistencia a las sesiones de dicho Consejo y de sus comisiones de trabajo. A fin de materializar los abonos que de ello se derivan, es necesario fijar normas que hagan referencia tanto a los criterios de reparto de subvenciones como a los procedimientos para su reclamación y abono; y asimismo, que determinen las cuantías y devengo de las asignaciones y de las compensaciones por su participación en el Consejo de Policía. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.1 y 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y según se establece en el punto primero del apartado quinto de la Orden INT/3243/2007, de 22 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Organizaciones Sindicales del Cuerpo Nacional de Policía con representación en el Consejo de Policía, y una vez verificada la fiscalización del gasto, Esta Secretaría de Estado de Seguridad resuelve: Primero. Objeto de la resolución. 1. La Secretaría de Estado de Seguridad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de aplicación, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de acuerdo con los criterios contenidos en la Orden INT/3243/2007, de 22 de octubre de 2007, convoca la concesión de subvenciones a las Organizaciones Sindicales del Cuerpo Nacional de Policía con representación en el Consejo de Policía. 2. A la presente Convocatoria podrán concurrir las Organizaciones Sindicales del Cuerpo Nacional de Policía con representación en el Consejo de Policía, conforme a la Resolución de la Junta Electoral de 21 de junio de 2011, correspondiente a las últimas elecciones a representantes en dicho Consejo, celebradas el día 13 de junio de 2011. 3. Las ayudas se destinarán a subvencionar el grado de representación y de votos obtenidos por cada Organización Sindical, así como la participación en el Pleno y las Comisiones del Consejo de Policía. Segundo. Cuantía y percepción de las subvenciones. 1. La cuantía de las subvenciones a las citadas Organizaciones Sindicales para el año 2013, recogida en los Presupuestos del Departamento, dentro de los correspondientes a la Dirección General de la Policía para este ejercicio, asciende a un importe total de 260.520 euros. 2. El citado crédito disponible se distribuirá en sendas partidas presupuestarias y se realizará teniendo en cuenta, respectivamente, los siguientes criterios: 2.1 Asignación por representantes y votos obtenidos. 2.1.1 El crédito que figura en la aplicación 16.03.132A.483, que asciende a 237.300 euros, se destinará a la concesión de subvenciones y ayudas económicas a las Organizaciones Sindicales del Cuerpo Nacional de Policía, en proporción a su representatividad en el Consejo de Policía. 2.1.2 A efectos de su reparto se tendrán en cuenta las siguientes reglas: a) Se asignarán 3600 euros anuales, por cada representante obtenido en el Consejo de Policía. b) El remanente que se produzca como consecuencia de deducir de dicha consignación presupuestaria la suma resultante de las asignaciones del apartado a) anterior, se repartirá proporcionalmente entre las Organizaciones Sindicales que hayan obtenido representación en el Consejo de Policía en función del número total de votos, válidamente obtenidos, en todas las Escalas en que hubieran presentado candidatura. 2.1.3 El abono de estas subvenciones se efectuará en dos partes, a razón de una por cada semestre natural, sin perjuicio del cumplimiento de las instrucciones que pueda dictar el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre ejecución presupuestaria. 2.2 Compensaciones por participación en Plenos y Comisiones. 2.2.1 El crédito que figura en la aplicación 16.03.132A.484, que asciende a 23.220 euros, se destinará a compensar económicamente a las Organizaciones Sindicales del Cuerpo Nacional de Policía con representación en el Consejo de Policía, por su participación en las reuniones del Pleno o de las Comisiones de Trabajo de dicho Órgano. Dicha compensación será incompatible con cualquier otra que se perciba por los representantes sindicales, según lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 30 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, por su asistencia al Consejo o a sus Comisiones de Trabajo. 2.2.2 A tal efecto, se fijan las siguientes cuantías: a) Por participación en los Plenos del Consejos de Policía, 240 euros por cada Consejero y sesión. b) Por participación en las Comisiones de Trabajo del Consejo de Policía, 144 euros por cada Consejero y sesión. Cuando las sesiones del Pleno o de las Comisiones se prolonguen por tiempo superior a un día natural se devengará únicamente la cuantía correspondiente a una sesión. 2.2.3 El abono de las cantidades correspondientes se hará efectivo por semestres, computándose al respecto las sumas que correspondan en función de las asistencias a las reuniones del Pleno o de las Comisiones del Consejo de Policía durante dicho período de tiempo. 2.2.4 Para la percepción de las compensaciones anteriores, será necesario acreditar la asistencia a las sesiones del Consejo de Policía de que se trate, mediante certificación expedida por el Secretario del mismo. 3. Por la Dirección General de la Policía se tramitarán los expedientes necesarios que permitan el abono a las Organizaciones Sindicales de los importes que resulten de aplicación, en concepto de las asignaciones y compensaciones previstas en la presente ### RESUMEN: Alfonso María Dastis Quecedo, designado embajador de España en la República Italiana.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de septiembre de 2018, Vengo en designar Embajador de España en la República Italiana a don Alfonso María Dastis Quecedo. Dado en Madrid, el 7 de septiembre de 2018. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, JOSEP BORRELL FONTELLES

Subvenciones asistencia legal a españoles condenados a pena de muerte se mantienen en 30.000 euros.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de septiembre de 2018, Vengo en designar Embajador de España en la República Italiana a don Alfonso María Dastis Quecedo. Dado en Madrid, el 7 de septiembre de 2018. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, JOSEP BORRELL FONTELLES ### RESUMEN: Subvenciones asistencia legal a españoles condenados a pena de muerte se mantienen en 30.000 euros.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en el artículo 17 la necesidad de aprobar por orden ministerial las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y, en el artículo 23, que el procedimiento para la concesión se iniciará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano competente. Mediante la Orden AEC/1586/2013, de 21 de agosto («BOE» número 208, del 30), se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte. En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y según se establece en el artículo 4 de la Orden AEC/1586/2013, de 21 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte, Esta Dirección General resuelve: Primero. Objeto de la resolución. 1. Mediante la presente Orden, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, convoca para 2014 la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a favor de personas físicas o jurídicas españolas o extranjeras, domiciliadas en España o en el extranjero, destinadas a coadyuvar a la defensa jurídica de ciudadanos españoles sometidos a juicio en el extranjero acusados de delitos que en el ordenamiento aplicable se puedan castigar con pena de muerte. Una vez formalizada la acusación, sólo se podrán conceder o, en su caso, mantener las ayudas para la defensa de aquellos acusados españoles para quienes el Ministerio Fiscal o institución equivalente o una acusación particular hayan solicitado efectivamente la pena de muerte. También podrán ser utilizadas estas subvenciones en los procesos de revisión o repetición de juicios, de recurso de sentencias condenatorias o de solicitud de indulto o de conmutación de pena a favor de aquellos que ya hayan sido condenados a la pena de muerte. 2. Las presentes ayudas se convocan de acuerdo con lo dispuesto en la Orden AEC/1586/2013, de 21 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte. 3. El objeto de las subvenciones es la concesión de ayudas económicas a favor de personas físicas o jurídicas españolas o extranjeras, domiciliadas en España o en el extranjero, destinadas a coadyuvar a la defensa jurídica de ciudadanos españoles sometidos a juicio en el extranjero acusados de delitos que en el ordenamiento aplicable se puedan castigar con pena de muerte. Una vez formalizada la acusación, sólo se podrán conceder o, en su caso, mantener las ayudas para la defensa de aquellos acusados españoles para quienes el Ministerio Fiscal o institución equivalente o una acusación particular hayan solicitado efectivamente la pena de muerte. También podrán ser utilizadas estas subvenciones en los procesos de revisión o repetición de juicios, de recurso de sentencias condenatorias o de solicitud de indulto o de conmutación de pena a favor de aquellos que ya hayan sido condenados a la pena de muerte. 4. Las ayudas económicas que se concedan a esas entidades se destinarán a gastos de asistencia jurídica durante el año en el que se concedan las subvenciones. Segundo. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se regulan en esta orden la propia persona física de nacionalidad española que se enfrente a la pena de muerte y otras personas físicas, españolas o extranjeras, o instituciones con personalidad jurídica privada, domiciliadas en España o en el extranjero, para prestar asistencia a aquélla, que reúnan los siguientes requisitos: a) Estar legalmente constituidas y que sus normas de funcionamiento no establezcan principios de discriminación. b) Haber justificado, en su caso, las subvenciones recibidas con anterioridad de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios c) No haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. d) No haber solicitado la declaración de concurso, ni haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, ni estar sujetas a intervención judicial. e) No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato firmado con la Administración. f) No estar incursos quienes ostentan la representación legal de las instituciones solicitantes en los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, sobre conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado, y Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades. g) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social española. h) No haber sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la legislación española. Tercero. Dotación, cuantía, límites y compatibilidad de las subvenciones. 1. Las ayudas que se concedan de conformidad con la presente Orden podrán cubrir total o parcialmente el importe solicitado por las entidades solicitantes y se financiarán con cargo al crédito consignado a tales efectos en el Programa 142A «Acción del Estado en el Exterior», aplicación presupuestaria 12.01.142A.497 de los Presupuestos Generales del Estado para el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del ejercicio de 2014, por un importe total máximo de 30.000 euros. 2. La cuantía individualizada de cada subvención no podrá exceder de 30.000 euros. 3. El importe de la subvención es compatible con las ayudas y subvenciones para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones Públicas, organismos de ellas dependientes, tanto nacionales como internacionales, o personas físicas o jurídicas de naturaleza privada. En ningún caso, el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste total de la actividad subvencionada. Cuarto. Solicitudes y documentación. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios e irán acompañadas de la siguiente documentación: a) Si se trata de personas físicas, fotocopia compulsada de su documento nacional de identidad o pasaporte. b) Si se trata de personas jurídicas, copia fehaciente del documento de constitución de la entidad, estatutos o acto fundacional, en la que consten las normas que rigen su actividad, así como copia fehaciente del título en virtud del cual el firmante de la solicitud ostenta la representación de la institución. c) Constancia documental, en su caso, del cumplimiento en el ejercicio fiscal precedente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social española o una declaración al efecto del responsable. d) Constancia documental o, en su defecto, declaración del responsable de la institución indicando que la entidad no está incursa en ninguno de los impedimentos mencionados en el artículo 2, letras c), d), e), f) y h). e) Curriculum vitae de la persona física o historial de institución solicitante que acredite su experiencia o intervención en casos similares a aquél para el que se solicita la subvención, así como exposición del plan de actuación que se prevé ejecutar. f) Documentación que acredite la nacionalidad española de la persona que se enfrenta a la pena de muerte a la que se destina la asistencia. g) La solicitud deberá incluir un presupuesto de gastos que no puedan ser cubiertos directamente por el solicitante o con cargo a otras ayudas que reciba para la asistencia jurídica. En ningún caso el importe de la subvención puede exceder del coste de la actividad subvencionada. h) Cualquier otra información que se considere relevante para justificar la solicitud. 2. Los documentos exigidos en los apartados a) y b), deberán acompañar a la solicitud, salvo que obren en poder del centro directivo convocante, no hayan sufrido modificación y no hayan transcurrido mas de 5 años desde su presentación. Esta circunstancia se hará constar por escrito indicando la fecha en que fueron presentados y, en su caso, emitidos. 3. Cuando los documentos aportados al expediente por el solicitante de las ayudas estén en idioma distinto del castellano, se deberá presentar traducción de los mismos a este idioma. Quinto. Lugar y plazo de presentación. 1. Las solicitudes y la documentación se presentarán en la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, ante cualquiera de las Oficinas o Registros señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o por medios electrónicos en el Registro del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 2. El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Orden de convocatoria. 3. Si las solicitudes de subvención no reúnen los requisitos exigidos, la Oficina o Sección Consular ante la que se presente la solicitud, o en su caso, la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular, requerirán a la entidad solicitante para que en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, indicándole que en el caso de que no realice la subsanación, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará según se establece en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Sexto. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento. 1. El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento es la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular, de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios. 2. La Subdirección General de Protección y Asistencia Consular, como órgano instructor, podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la propuesta de resolución y recabar cuantos informes estime necesarios para resolver. 3. Los expedientes serán evaluados por una Comisión de Valoración que estará integrada de la siguiente forma: – Presidente: El Subdirector General de Protección y Asistencia Consular, de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios. – Vocales: El Subdirector General de Asuntos Jurídicos Consulares, de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios y El Director de la Oficina de Derechos Humanos de la Dirección General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores. – Secretario: El Jefe de Área de Asuntos Sociales, de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, que actuará con voz y voto. 4. La Comisión de Valoración evaluará las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado Séptimo de esta Orden de Convocatoria, y una vez evaluadas las solicitudes presentadas emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. 5. El órgano instructor, a la vista de expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. El órgano instructor elevará la propuesta de resolución definitiva al Director General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, quien resolverá la concesión de acuerdo con la delegación de competencia establecida en Orden AEX/1001/2003, de 23 de marzo, modificada por Orden AEC/603/2014, de 9 de abril, por la se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a instituciones asistenciales que prestan ayuda a españoles en situación de necesidad en el extranjero. Séptimo. Criterios objetivos de otorgamiento y ponderación de los mismos. 1. Las solicitudes se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: a) La experiencia del solicitante en la organización de defensas jurídicas de carácter penal. b) La coincidencia de sus intereses con los de la persona que se enfrenta a la pena de muerte. c) El plan presentado y el presupuesto para el uso de los recursos solicitados. 2. La Comisión de Valoración valorará con 2 puntos sobre un total de 6 cada uno de los criterios mencionados. Para obtener una ayuda, deberá reunirse un mínimo de 4 puntos. La existencia en la persona física o jurídica solicitante de intereses objetivos de naturaleza económica, política, ideológica, religiosa, profesional o de otra índole que pudieran ser tangenciales a los de la persona que se enfrenta a la pena de muerte se valorará negativamente a la hora de evaluar cada solicitud. 3. En caso de que la subvención la solicite la propia persona que se enfrenta a la pena de muerte, el órgano colegiado de evaluación valorará el plan presentado, la justificación del uso de los recursos solicitados y, en general, su capacidad para seleccionar y organizar eficazmente su defensa jurídica frente a la solicitud de, o la condena a, la pena de muerte. 4. La Comisión de Valoración podrá solicitar cuantos informes y documentación adicional considere necesarios para resolver. Octavo. Resolución. 1. El órgano competente para resolver el procedimiento es el Director General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, quien, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 63 de su Reglamento, adoptará la resolución en el plazo de quince días hábiles desde la elevación de la propuesta de resolución. 2. En la resolución de concesión, que será motivada, deberán quedar acreditados los fundamentos por los que se concedan las subvenciones, la relación de solicitantes a los que se conceden y, en su caso, la relación de solicitudes desestimadas. 3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este procedimiento será de seis meses, a partir de la publicación de la convocatoria. Transcurrido el plazo sin que hubiere recaído resolución expresa, las solicitudes de concesión de subvención podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo, de conformidad con el apartado 5 del artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 4. La resolución será notificada a los solicitantes en el domicilio que cada uno de ellos señale en la correspondiente solicitud, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 5. La resolución pone fin a la vía administrativa, y contra ella podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado o ser impugnada directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa en la forma y plazos determinados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. 6. Las ayudas concedidas se harán públicas en el «Boletín Oficial del Estado». Noveno. Modificación de la resolución de concesión. Cualquier circunstancia sobrevenida que altere las condiciones esenciales tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se encuentre suficientemente justificada, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Excepcionalmente, siempre que no se altere el objeto y finalidad de la subvención, podrá modificarse la resolución de concesión a solicitud de los beneficiarios cuando la circunstancia sobrevenida impida o dificulte la ejecución de la actividad o proyecto subvencionado, o haga necesaria la modificación para el buen fin de la actuación, y siempre que la solicitud se presente antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad y haga viable su ejecución en los términos de la modificación. Décimo. Pago de la subvención. 1. El pago de la subvención se realizará siempre previa justificación documental de los gastos realizados. Los gastos habrán de ser coherentes con la documentación establecida en el apartado 4 de esta convocatoria. El beneficiario podrá solicitar pagos parciales por gastos realizados y justificados hasta completar el total de la cuantía de la subvención otorgada. 2. Los beneficiarios de subvención que sean residentes en España, dirigirán la solicitud del pago de la misma a la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular, acompañada de un amplio y detallado informe sobre los gastos incurridos, desglosando conceptos e importes y adjuntando los correspondientes justificantes originales. Los residentes en el extranjero, lo harán a la Oficina Consular de carrera donde esté inscrita la persona de nacionalidad española que se enfrenta a la pena de muerte para cuya asistencia se solicitó la subvención, acompañando siempre los mismos documentos. 3. Los beneficiarios de una subvención deberán firmar, en el momento de percibir cada pago, un documento acusando recibo de la cantidad y asumiendo el compromiso de restituirla en caso de concurrir alguna causa de restitución de las previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Undécimo. Justificación de las subvenciones. 1. Antes del 10 de diciembre del año de concesión de la subvención, los beneficiarios presentarán una memoria sobre la aplicación de la subvención concedida en la que consten las actividades realizadas, su coste y el detalle de los gastos en que haya incurrido. 2. Los gastos se justificarán mediante originales o copias compulsadas de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa de conformidad con el artículo 30.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, hasta alcanzar el importe de la subvención obtenida. La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario. 3. La memoria y la documentación justificativa que la acompañe se presentarán, en la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular, en el caso de beneficiarios residentes en España y en la Oficina o Sección Consular correspondiente, en el caso de residir en el extranjero, que la remitirá a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios. Duodécimo. Responsabilidad, régimen sancionador y reintegro de subvenciones. 1. Los beneficiarios quedarán sometidos a las responsabilidades y al régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, y Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas así como la exigencia de interés de demora en los supuestos y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 91 de su Reglamento de desarrollo. En todo caso se reintegrará la totalidad de la subvención percibida en el supuesto de que no se aplique la cantidad concedida a los fines para los que fue otorgada. Decimotercero. Régimen Jurídico. En lo no previsto en la presente Resolución se aplicará lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento y en la Orden AEC/1586/2013, de 21 de agosto («BOE» número 208, del 30) por la que se establecen las bases reguladoras, así como en las restantes normas de derecho administrativo. Madrid, 9 de junio de 2014.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, P.D. (Orden AEX/1001/2003, de 23 de marzo), el Director General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, Cristóbal Valdés Valentín-Gamazo.

Como hubo fallos informáticos en el proceso, alargan el plazo para presentarse a las ayudas I+D.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en el artículo 17 la necesidad de aprobar por orden ministerial las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y, en el artículo 23, que el procedimiento para la concesión se iniciará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano competente. Mediante la Orden AEC/1586/2013, de 21 de agosto («BOE» número 208, del 30), se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte. En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y según se establece en el artículo 4 de la Orden AEC/1586/2013, de 21 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte, Esta Dirección General resuelve: Primero. Objeto de la resolución. 1. Mediante la presente Orden, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, convoca para 2014 la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a favor de personas físicas o jurídicas españolas o extranjeras, domiciliadas en España o en el extranjero, destinadas a coadyuvar a la defensa jurídica de ciudadanos españoles sometidos a juicio en el extranjero acusados de delitos que en el ordenamiento aplicable se puedan castigar con pena de muerte. Una vez formalizada la acusación, sólo se podrán conceder o, en su caso, mantener las ayudas para la defensa de aquellos acusados españoles para quienes el Ministerio Fiscal o institución equivalente o una acusación particular hayan solicitado efectivamente la pena de muerte. También podrán ser utilizadas estas subvenciones en los procesos de revisión o repetición de juicios, de recurso de sentencias condenatorias o de solicitud de indulto o de conmutación de pena a favor de aquellos que ya hayan sido condenados a la pena de muerte. 2. Las presentes ayudas se convocan de acuerdo con lo dispuesto en la Orden AEC/1586/2013, de 21 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte. 3. El objeto de las subvenciones es la concesión de ayudas económicas a favor de personas físicas o jurídicas españolas o extranjeras, domiciliadas en España o en el extranjero, destinadas a coadyuvar a la defensa jurídica de ciudadanos españoles sometidos a juicio en el extranjero acusados de delitos que en el ordenamiento aplicable se puedan castigar con pena de muerte. Una vez formalizada la acusación, sólo se podrán conceder o, en su caso, mantener las ayudas para la defensa de aquellos acusados españoles para quienes el Ministerio Fiscal o institución equivalente o una acusación particular hayan solicitado efectivamente la pena de muerte. También podrán ser utilizadas estas subvenciones en los procesos de revisión o repetición de juicios, de recurso de sentencias condenatorias o de solicitud de indulto o de conmutación de pena a favor de aquellos que ya hayan sido condenados a la pena de muerte. 4. Las ayudas económicas que se concedan a esas entidades se destinarán a gastos de asistencia jurídica durante el año en el que se concedan las subvenciones. Segundo. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se regulan en esta orden la propia persona física de nacionalidad española que se enfrente a la pena de muerte y otras personas físicas, españolas o extranjeras, o instituciones con personalidad jurídica privada, domiciliadas en España o en el extranjero, para prestar asistencia a aquélla, que reúnan los siguientes requisitos: a) Estar legalmente constituidas y que sus normas de funcionamiento no establezcan principios de discriminación. b) Haber justificado, en su caso, las subvenciones recibidas con anterioridad de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios c) No haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. d) No haber solicitado la declaración de concurso, ni haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, ni estar sujetas a intervención judicial. e) No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato firmado con la Administración. f) No estar incursos quienes ostentan la representación legal de las instituciones solicitantes en los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, sobre conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado, y Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades. g) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social española. h) No haber sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la legislación española. Tercero. Dotación, cuantía, límites y compatibilidad de las subvenciones. 1. Las ayudas que se concedan de conformidad con la presente Orden podrán cubrir total o parcialmente el importe solicitado por las entidades solicitantes y se financiarán con cargo al crédito consignado a tales efectos en el Programa 142A «Acción del Estado en el Exterior», aplicación presupuestaria 12.01.142A.497 de los Presupuestos Generales del Estado para el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del ejercicio de 2014, por un importe total máximo de 30.000 euros. 2. La cuantía individualizada de cada subvención no podrá exceder de 30.000 euros. 3. El importe de la subvención es compatible con las ayudas ### RESUMEN: Como hubo fallos informáticos en el proceso, alargan el plazo para presentarse a las ayudas I+D.

El presente reglamento pretende ser un instrumento eficaz en la consecución de los principios que inspiraron la modificación de la legislación de costas, a saber, la protección del litoral y la seguridad jurídica. Para conseguirlo, revisa determinados aspectos del Reglamento de 1989 tales como los criterios técnicos que resultan necesarios para la determinación del dominio público marítimo-terrestre, basados en un amplio debate técnico y en la experiencia acumulada en la realización de los deslindes. En relación con el nuevo régimen de los terrenos inundados, se introducen garantías para que los terrenos que, habiendo sido humedales conforme a la legislación de aguas, han dejado de serlo por vaciamiento de los acuíferos, no queden excluidos del dominio público. Por otra parte, se regula la intervención del Registro de la Propiedad y el Catastro en los deslindes. Al mismo tiempo, desarrolla elementos novedosos como son el régimen aplicable a los tramos en situación de regresión grave, o los diferentes requisitos de ocupación según las playas sean naturales o urbanas. Desde 1989 se han promulgado diversas normas que necesariamente han de tenerse presentes tanto en la redacción como en la posterior aplicación de este reglamento. Siendo el dominio público marítimo terrestre una parte esencial de nuestro patrimonio natural, este no puede regularse ni gestionarse sin tener presente otra normativa que le es de aplicación; en particular, la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino, así como las futuras normas que habrán de dictarse en transposición de la Directiva 2014/89/UE, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, respecto de la cual no debe olvidarse que está en vigor, desde marzo de 2011, el Protocolo para la Gestión Integrada de Zonas Costeras. Asimismo, con un ámbito de aplicación que excede del dominio público marítimo terrestre, pero igualmente relevantes, también deben tenerse en cuenta la Ley 42/2007, de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y Biodiversidad, el Mandato de Yakarta de 1995 y el Convenio Europeo del Paisaje. Asimismo este Reglamento General de Costas desarrolla con detalle el régimen de la prórroga extraordinaria de las concesiones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas –pieza clave de la reforma de 2013–, fijando, en el caso de las concesiones ordinarias, el plazo máximo de duración de la prórroga en función de los usos, que en ningún caso podrá exceder de los setenta y cinco años. En definitiva, este nuevo reglamento tiene la inequívoca vocación de colaborar con la ley para proteger el dominio público marítimo-terrestre. Como cuestiones de forma destacables, el reglamento titula cada uno de los artículos y, con carácter meramente indicativo, señala el artículo de la ley que reproduce, aunque no en todos los casos sea de manera literal. Durante su tramitación, este reglamento se ha sometido a información pública, en la que han participado numerosos sectores, organismos y entidades afectados. Asimismo, se ha solicitado informe a los departamentos ministeriales afectados y se ha sometido a deliberación del Consejo Asesor de Medioambiente. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de octubre de 2014, DISPONGO: Artículo único. Aprobación del Reglamento General de Costas. Se aprueba el Reglamento General de Costas cuyo texto figura a continuación. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogado el Reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, y cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en el reglamento que este real decreto aprueba. Disposición final primera. Título competencial para la aprobación del Reglamento General de Costas. La presente norma se aprueba al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1.ª y 23.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección. No obstante, los capítulos V, VI y VII del título III, la disposición adicional octava, las disposiciones transitorias primera a quinta, decimotercera a decimoséptima, vigesimotercera, vigesimoquinta y vigesimosexta constituyen legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, y se dictan al amparo de los establecido en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución. La disposición adicional séptima se dicta al amparo de la competencia atribuida al Estado en materia de legislación civil por la cláusula 8.ª del artículo 149.1 de la Constitución. Disposición final segunda. No incremento de gasto público. Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 10 de octubre de 2014. FELIPE R. La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ISABEL GARCÍA TEJERINA REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS [indice]Título preliminar. Objeto y finalidades (art. 1 y 2). Título I. Bienes de dominio público marítimo-terrestre. Capítulo I. Clasificación y definiciones (art. 3 a 9). Capítulo II. Indisponibilidad. Sección 1.ª Prevalencia del dominio público (art. 10 a 13). Sección 2.ª Potestades de la administración (art. 14 a 16). Capítulo III. Deslindes. Sección 1.ª Objeto y principios generales (art. 17 y 18). Sección 2.ª Procedimiento (art. 19 a 29). Sección 3.ª Efectos (art. 30 a 32). Sección 4.ª Inmatriculación de fincas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre (art. 33 a 36). Capítulo IV. Afectación y desafectación (art. 37 a 39). Título II. Limitaciones de la propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar por razones de protección del dominio público marítimo-terrestre. Capítulo I. Objetivos y disposiciones generales (art. 40 a 43). Capítulo II. Servidumbres legales. Sección 1.ª Servidumbre de protección (art. 44 a 51). Sección 2.ª Servidumbre de tránsito (art. 52). Sección 3.ª Servidumbre de acceso al mar (art. 53 a 56). Capítulo III. Otras limitaciones de la propiedad (art. 57 a 58). Capítulo IV. Zona de influencia (art. 59). Título III. Utilización del dominio público marítimo-terrestre. Capítulo I. Disposiciones generales. Sección 1.ª Régimen general de utilización (art. 60 a 64). Sección 2.ª Régimen de utilización de las playas (art. 65 a 74). Sección 3.ª Otros principios comunes (art. 75 a 84). Capítulo II. Proyectos y obras (art. 85 a 101). Capítulo III. Reservas y adscripciones. Sección 1.ª Reservas (art. 102 y 103). Sección 2.ª Adscripciones (art. 104 a 109). Capítulo IV. Autorizaciones. Sección 1.ª Disposiciones generales (art. 110 a 112). Sección 2.ª Servicios de temporada de playas (art. 113 y 114). Sección 3.ª Vertidos (art. 115 a 125). Sección 4.ª Extraccion de aridos y dragados (art. 126 a 130). Capítulo V. Concesiones (art. 131 a 150). Capítulo VI. Disposiciones comunes a autorizaciones y concesiones. Sección 1.ª Pliegos de condiciones generales (art. 151). Sección 2.ª Tramitación (art. 152 a 157). Sección 3.ª Concursos para el otorgamiento (art. 158 a 160). Sección 4.ª Condiciones de otorgamiento (art. 161). Sección 5.ª Modificación (art. 162). Sección 6.ª Extinción (art. 163 a 171). Capítulo VII. Prórroga de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior a la ley 2/2013, de 29 de mayo (art. 172 a 178). Título IV. Régimen económico-financiero de la utilización del dominio público marítimo-terrestre. Capítulo I. Financiación de obras y otras actuaciones (art. 179 a 180). Capítulo II. Cánones (art. 181 a 184). Capítulo III. Fianzas (art. 185 a 189). Capítulo IV. Valoración de rescates (art.190). Título V. Infracciones y sanciones. Capítulo I. Infracciones (art. 191 a 195). Capítulo II. Sanciones. Sección 1.ª Disposiciones generales (art. 196 a 200). Sección 2.ª Multas (art. 201 a 206). Sección 3.ª Restitución y reposición e indemnización (art. 207). Sección 4.ª Abono de las multas e indemnizaciones (art. 208). Capítulo III. Procedimiento y medios de ejecución. Sección 1.ª Procedimiento (art. 209 a 214). Sección 2.ª Ejecución forzosa (art. 215 a 218). Sección 3.ª Accion pública (art. 219). Título VI. Competencias administrativas. Capítulo I. Competencias de la administración general del estado (art. 220 a 223). Capítulo II. Competencias de las comunidades autónomas. (art. 224). Capítulo III. Competencias municipales (art. 225). Capítulo IV. Relaciones interadministrativas (art. 226 a 227). Capítulo V. Impugnación de actos y acuerdos (art. 228). Disposiciones adicionales. Primera. Desarrollo disposición adicional tercera Ley 22/1988, de 28 de julio. Segunda. Desarrollo apartado 1 disposición adicional décima Ley 22/1988, de 28 de julio. Tercera. Desarrollo disposición adicional undécima Ley 22/1988, de 28 de julio. Cuarta. Desarrollo disposición adicional segunda Ley 2/2013, de 29 de mayo. Quinta. Desarrollo disposicion adicional tercera Ley 2/2013, de 29 de mayo. Sexta. Desarrollo de la disposición adicional cuarta Ley 2/2013, de 29 de mayo. Séptima. Desarrollo de las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Octava. Régimen de las concesiones o autorizaciones otorgadas por las comunidades autónomas en puertos e instalaciones portuarias estatales transferidos. Novena. Concepto de interesado de acuerdo con la ley 27/2006, de 18 de julio. Décima. Competencia de los Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla. Disposiciones transitorias. Primera. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria primera Ley 22/1988, de 28 de julio. Segunda. Desarrollo apartado 2 disposición transitoria primera Ley 22/1988, de 28 de julio. Tercera. Desarrollo apartado 3 disposición transitoria primera Ley 22/1988, de 28 de julio. Cuarta. Desarrollo apartado 4 disposición transitoria primera Ley 22/1988, de 28 de julio. Quinta. Desarrollo apartado 5 disposición transitoria primera Ley 22/1988, de 28 de julio. Sexta. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria segunda Ley 22/1988, de 28 de julio. Séptima. Desarrollo apartados 2 y 3 disposición transitoria segunda Ley 22/1988, de 28 de julio. Octava. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria tercera Ley 22/1988, de 28 de julio. Novena. Desarrollo apartado 2 disposición transitoria tercera Ley 22/1988, de 28 de julio. Décima. Desarrollo apartado 3 disposición transitoria tercera Ley 22/1988, de 28 de julio. Undécima. Adecuación de las normas de protección de la ordenación del territorio y urbanísticas. Duodécima. Desarrollo apartados 5 y 6 disposición transitoria tercera Ley 22/1988, de 28 de julio. Decimotercera. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria cuarta Ley 22/1988, de 28 de julio. Decimocuarta. Desarrollo apartado 2 disposición transitoria cuarta Ley 22/1988, de 28 de julio. Decimoquinta. Desarrollo apartado 3 disposición transitoria cuarta Ley 22/1988, de 28 de julio. Decimosexta. Régimen de la revisión de concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Decimoséptima. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria sexta Ley 22/1988, de 28 de julio. Decimoctava. Desarrollo apartado 2 disposición transitoria sexta Ley 22/1988, de 28 de julio. Decimonovena. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria séptima Ley 22/1988, de 28 de julio. Vigésima. Desarrollo apartado 2 disposición transitoria séptima Ley 22/1988, de 28 de julio. Vigesimoprimera. Desarrollo apartado 3 disposición transitoria séptima Ley 22/1988, de 28 de julio. Vigesimosegunda. Desarrollo disposición transitoria primera Ley 2/2013, de 29 de mayo. Vigesimotercera. Aplicación transitoria de los requisitos para ser concesionarios. Vigesimocuarta. Plazo para la delimitación de los tramos naturales y urbanos de las playas. Vigesimoquinta. Adaptación de los titulos concesionales prorrogados a las disposiciones de este reglamento. Vigesimosexta. Ocupaciones existentes procedentes de titulos extinguidos o en tramitación.[fin indice] [encabezado]TÍTULO PRELIMINAR Objeto y finalidades Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo y la ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para la determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar. Artículo 2. Fines. La actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre perseguirá los siguientes fines: a) Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático. b) Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo-terrestre, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas. c) Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico. d) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar (artículo 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). TÍTULO I Bienes de dominio público marítimo-terrestre CAPÍTULO I Clasificación y definiciones Artículo 3. Bienes de dominio público marítimo-terrestre por determinación de la Constitución y la Ley de Costas. Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución y 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio: 1. La ribera del mar y de las rías, que incluye: a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que establece el artículo 4 de este reglamento o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas. Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, las partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar. No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio público. A estos efectos, se entenderá que un terreno ha sido inundado artificial y controladamente cuando para su inundación se haya requerido la realización de obras o instalaciones amparadas por el correspondiente título administrativo, a la finalización de las cuales los terrenos no queden comunicados con el mar de manera permanente o queden comunicados con el mar de manera controlada. b) Las playas o zonas de depósitos de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas. Estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa. 2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su legislación específica. 3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y regulados por su legislación específica. 4. A los efectos de esta norma se entiende por: a) Albufera: cuerpos de aguas costeras que quedan físicamente separados del océano, en mayor o menor extensión por una franja de tierra. b) Berma: parte casi horizontal de la playa, interior al escarpe o talud de fuerte pendiente causada por el oleaje. c) Dunas: depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de arena, tengan o no vegetación, que se alimenten de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino o por otras causas. A efectos de la determinación del dominio público marítimo-terrestre se diferenciarán los distintos tipos de duna: Duna en desarrollo o embrionaria. Duna con muy pequeña cobertura vegetal. Duna en desplazamiento o evolución. Duna poco o nada vegetada, formada por arena suelta, que avanza desde la costa hacia tierra adentro por la acción del viento marino. Duna primaria. Duna con cobertura parcial de vegetación. Duna secundaria. Duna no estabilizada o en desplazamiento con cobertura de vegetación herbácea que puede alcanzar hasta el cien por ciento y/o vegetación leñosa arbustiva o arbórea que puede alcanzar hasta el setenta y cinco por ciento de su superficie. Duna estabilizada. Duna estable, colonizada por vegetación leñosa arbustiva o arbórea, en más del setenta y cinco por ciento de su superficie. Duna relicta. Duna formada en otro tiempo geológico que ha quedado aislada tierra adentro o colgada sobre una costa rocosa, sin vinculación con ninguna playa. Para el cálculo de los porcentajes fijados se utilizará la totalidad de la superficie de la duna. El porcentaje de vegetación se entiende referido a la proyección de la parte aérea del árbol o arbusto sobre el suelo. En el cálculo del porcentaje no se computarán las revegetaciones realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. d) Escarpe: escalón vertical en la playa formado por la erosión de la berma. e) Estero: caños en una marisma. f) Marisma: terreno muy llano y bajo que se inunda periódicamente como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas o de la filtración del agua del mar. g) Marjal: terreno bajo cubierto por un manto de agua que da soporte a abundante vegetación. Artículo 4. Criterios técnicos para la determinación de la zona marítimo-terrestre y de la playa. En la determinación de la zona marítimo-terrestre y de la playa, con arreglo a las definiciones contenidas en el artículo anterior, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) Para fijar el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, se considerarán las variaciones del nivel del mar debidas a las mareas y el oleaje. Dicho límite será el alcanzado al menos en 5 ocasiones en un periodo de 5 años, salvo en aquellos casos excepcionales en que la mejor evidencia científica existente demuestre la necesidad de utilizar otro criterio. Para calcular el alcance de un temporal se utilizarán las máximas olas registradas con boyas o satélites o calculadas a través de datos oceanográficos o meteorológicos. b) Las variaciones del nivel del mar debidas a las mareas incluirán los efectos superpuestos de las astronómicas y de las meteorológicas. No se tendrán en cuenta las ondas de mayor periodo de origen sísmico o de resonancia cuya presentación no se produzca de forma secuencial. c) Se considerará que son necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa las dunas que estén en desarrollo, desplazamiento o evolución debida a la acción del mar o del viento marino, las dunas primarias y las dunas secundarias hasta su borde interior. Se entiende que no son necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa las dunas relictas y las dunas estabilizadas, salvo en aquellos casos excepcionales en que la mejor evidencia científica disponible demuestre que la duna estabilizada es necesaria para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa. Artículo 5. Bienes de dominio público marítimo-terrestre por determinación legal. Pertenecen, asimismo, al dominio público marítimo-terrestre estatal: 1. Las accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales o por retirada del mar, cualesquiera que sean las causas. 2. Los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras y los desecados en su ribera. 3. Los terrenos cuya superficie sea invadida por el mar, siempre y cuando la invasión tenga lugar por causas distintas a las previstas en el último párrafo del artículo 3.1 letra a) de este reglamento y, en todo caso, siempre que los terrenos inundados sean navegables. 4. Los acantilados sensiblemente verticales, que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio público marítimo-terrestre, hasta su coronación. A estos efectos, se consideran acantilados sensiblemente verticales aquellos cuyo paramento, como promedio, pueda ser asimilado a un plano que forme un ángulo con el plano horizontal igual o superior a 60 grados sexagesimales. Se incluirán en su definición las bermas o escalonamientos existentes antes de su coronación. 5. Los terrenos deslindados como dominio público que por cualquier causa han perdido sus características naturales de playa, acantilado, o zona marítimo-terrestre, salvo lo previsto en los artículos 18 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 38 de este reglamento. 6. Los islotes en aguas interiores y mar territorial. 7. Los terrenos incorporados por los concesionarios para completar la superficie de una concesión de dominio público marítimo-terrestre que les haya sido otorgada, cuando así se establezca en las cláusulas de la concesión. Estos terrenos de propiedad particular quedarán incorporados al dominio público a partir de la fecha en que se suscriba la correspondiente acta de entrega por el concesionario y por el representante del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A estos efectos, el concesionario deberá aportar la documentación acreditativa de su dominio. 8. Los terrenos colindantes con la ribera del mar que se adquieran para su incorporación al dominio público marítimo-terrestre. 9. Las obras e instalaciones construidas por el Estado en dicho dominio. 10. Las obras e instalaciones de iluminación de costas y señalización marítima, construidas por el Estado, cualquiera que sea su localización, así como los terrenos afectados al servicio de las mismas, que se regularán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 11. Los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal, que se regularán por su legislación específica. Artículo 6. Disposiciones adicionales sobre los bienes de dominio público marítimo-terrestre por determinación legal. 1. Lo establecido en el artículo anterior se aplicará también a las rías y desembocaduras de los ríos hasta donde sea sensible el efecto de las mareas. 2. Los terrenos no comprendidos en el artículo 9 de este reglamento y en la disposición transitoria primera, apartado cinco, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, naturalmente inundables, cuya inundación por efecto de las mareas haya sido impedida por medios artificiales, tales como muros, terraplenes, compuertas u otros sistemas semejantes, forman parte del dominio público marítimo-terrestre, conforme a lo establecido en los artículos 3.1 a) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento. 3. Los puertos e instalaciones portuarias de competencia de las comunidades autónomas se regularán por su legislación específica, sin perjuicio de la titularidad estatal sobre los bienes adscritos conforme a lo previsto en el artículo 49.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y sobre los espacios de dominio público marítimo-terrestre que se otorguen en concesión, de acuerdo con lo previsto en los artículos 64 y 65 de la citada ley, para servir de soporte a una concesión de competencias de aquéllas. Artículo 7. Islas. Son también de dominio público estatal las islas que estén formadas o se formen por causas naturales, en el mar territorial o en aguas interiores o en los ríos hasta donde se hagan sensibles las mareas, salvo las que sean de propiedad privada de particulares o entidades públicas o procedan de la desmembración de esta, en cuyo caso serán de dominio público su zona marítimo-terrestre, playas y demás bienes que tengan este carácter conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio (artículo 5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 8. Otros bienes de dominio público marítimo-terrestre. Formarán, asimismo, parte del dominio público marítimo-terrestre estatal, de la clase de pertenencia que corresponda en cada caso por aplicación de lo establecido en los artículos anteriores: a) Los espacios que deban tener ese carácter en virtud de lo previsto en las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio y concordantes de este reglamento. b) Los terrenos del Patrimonio del Estado que se afecten al uso propio del dominio público conforme a lo previsto en los artículos 17 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 37 de este reglamento. c) Los terrenos de propiedad particular que se incorporen al dominio público marítimo-terrestre por cesión, expropiación, afectación o cualquier otro tipo de adquisición, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento, una vez que se proceda a la aceptación expresa de la entrega de los mismos por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Artículo 9. Obras de defensa. 1. Los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podrán construir obras de defensa, previa autorización o concesión, siempre que no perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo-terrestre, ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes. 2. En otro caso, los terrenos invadidos pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, según resulte del correspondiente deslinde (artículo 6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Todo ello se entiende sin perjuicio de la aplicación del artículo 13 bis de la Ley 22/1988, de 28 de julio, cuando proceda. 4. Será precisa la obtención de autorización cuando las obras hayan de emplazarse en terrenos privados afectados por las servidumbres y del título administrativo correspondiente cuando las mismas hayan de ocupar el dominio público. 5. Las obras a realizar no deberán interrumpir la servidumbre de tránsito, a no ser que motivadamente se justifique su necesidad, garantizando, en cualquier caso, una localización alternativa de dicha servidumbre, fuera de la ribera del mar. 6. La tramitación de las solicitudes podrá suspenderse mientras se encuentre pendiente de resolución el expediente de deslinde del tramo de costa correspondiente, salvo que se trate de bienes que tengan el carácter indubitado de dominio público marítimo-terrestre o de las obras de emergencia previstas en los artículos 12.7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 20.3 de este reglamento. 7. En caso de emergencia, el Servicio Periférico de Costas podrá autorizar la adopción de medidas provisionales de defensa, previa formalización de las garantías económicas que, en su caso, procedan, conforme a lo establecido en los artículos 36 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 78 de este reglamento, y compromiso del interesado de solicitar en el plazo de un mes desde dicha autorización de medidas provisionales la concesión o autorización pertinente, y de cumplir la resolución que se derive del expediente que se instruya. CAPÍTULO II Indisponibilidad Sección 1.ª Prevalencia del dominio público Artículo 10. Inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público marítimo-terrestre. Conforme a lo dispuesto en el artículo 132.1 de la Constitución, los bienes de dominio público marítimo-terrestre son inalienables, imprescriptibles e inembargables (artículo 7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 11. Derechos sobre los bienes de dominio público marítimo-terrestre. A los efectos del artículo anterior, no se admitirán más derechos que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, careciendo de todo valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad (artículo 8 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 12. Continuidad del dominio público marítimo-terrestre. 1. No podrán existir terrenos de propiedad distinta de la demanial del Estado en ninguna de las pertenencias del dominio público marítimo-terrestre, ni aun en el supuesto de terrenos ganados al mar o desecados en su ribera, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 49 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 104 de este reglamento. 2. Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos que infrinjan lo dispuesto en el apartado anterior (artículo 9 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Los actos de particulares en fraude del mencionado precepto no impedirán la debida aplicación del mismo. Artículo 13. Acciones de protección del dominio público marítimo-terrestre. La Administración General del Estado estará obligada a ejercer las acciones necesarias para la integridad y protección del dominio público marítimo-terrestre, no pudiendo allanarse a las demandas que afecten a la titularidad de los bienes que lo integran. Sección 2.ª Potestades de la administración Artículo 14. Potestades de la Administración General del Estado sobre los bienes de dominio público marítimo-terrestre. 1. La Administración General del Estado tiene el derecho y el deber de investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre, a cuyo efecto podrá recabar todos los datos e informes que considere necesarios y promover la práctica del correspondiente deslinde. 2. Asimismo tendrá la facultad de recuperación posesoria, de oficio y en cualquier tiempo, sobre dichos bienes según el procedimiento establecido en el artículo 16 de este reglamento. 3. No se admitirán medidas cautelares contra las resoluciones dictadas por la Administración General del Estado en ejercicio de las competencias configuradas en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de acuerdo con el procedimiento establecido (artículo 10 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 15. Procedimiento de investigación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre. 1. La potestad de investigación se ejercerá por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de oficio o a instancia de cualquier persona, a la que se notificará, en su caso, la incoación del expediente. 2. Iniciado el expediente de investigación, el Servicio Periférico de Costas practicará las pruebas que considere pertinentes para la constatación de las características físicas y de la situación jurídica de los bienes investigados, pudiendo abrir, si lo considera oportuno, un periodo de información pública por el plazo de un mes. Por causas excepcionales debidamente motivadas dicho plazo podrá reducirse hasta los 15 días. 3. Concluida la investigación se adoptará la resolución que resulte procedente entre las siguientes: a) Promover expediente de recuperación posesoria. b) Iniciar el correspondiente deslinde. c) Archivar las actuaciones. Dicha resolución habrá de ser en todo caso motivada y comunicada a la persona que instara su inicio, en su caso. Artículo 16. Procedimiento de recuperación posesoria de los bienes de dominio público marítimo-terrestre. 1. La potestad de recuperación posesoria se ejercerá por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de oficio o a instancia de cualquier persona. 2. Dicha potestad podrá ejercerse en todo caso respecto de bienes incluidos en el dominio público en virtud de deslinde. Cuando no exista deslinde solo podrá referirse a porciones del dominio público marítimo-terrestre, respecto de las que pueda acreditarse de forma plena e indubitada su carácter demanial. 3. Iniciado el expediente mediante acuerdo del Servicio Periférico de Costas, se notificará al ocupante para que en el plazo de ocho días alegue cuanto estime conveniente en su defensa. 4. La resolución y ejecución corresponderá al Servicio Periférico de Costas, que podrá solicitar del Delegado o Subdelegado del Gobierno la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cuando sea necesario el desahucio se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 108 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 218 de este reglamento. 5. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la imposición de las sanciones administrativas que puedan resultar procedentes y de que la usurpación se ponga en conocimiento de la autoridad judicial cuando presente indicios racionales de ser susceptible de responsabilidad criminal. CAPÍTULO III Deslindes Sección 1.ª Objeto y principios generales Artículo 17. Determinación del dominio público marítimo-terrestre. 1. Para la determinación del dominio público marítimo-terrestre se practicarán por la Administración General del Estado los oportunos deslindes, ateniéndose a las características de los bienes que la integran conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento. 2. Practicado el deslinde, la Administración General del Estado deberá inscribir los bienes de dominio público marítimo-terrestre, de acuerdo con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (artículo 11 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente llevará el archivo actualizado de documentos y planos de los deslindes del dominio público marítimo-terrestre, con fichas individuales, que podrán sustituirse por un banco de datos susceptible de tratamiento informático, que contendrán los emplazamientos y clases de bienes que lo integran. Dicho instrumento será público para aquellos datos que deban tener esa naturaleza en aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 4. En los puertos e instalaciones portuarias, cualquiera que sea su titularidad, se practicará el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, con sujeción a lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento, sea o no coincidente con la delimitación de la zona de servicio portuaria. La definición de la zona de servicio se ajustará a lo dispuesto en la legislación específica aplicable. Artículo 18. Determinación del límite del dominio público marítimo-terrestre. 1. El deslinde determinará siempre el límite interior del dominio público marítimo-terrestre, sin perjuicio de que se puedan delimitar también las distintas clases de pertenencias que lo integran. Cuando el mencionado límite interior no coincida con el de la ribera del mar, se fijará en el plano, en todo caso, el de esta última, además de aquel. No obstante, el amojonamiento solo reflejará el límite interior del dominio público. 2. En el plano correspondiente se fijará el límite del dominio público mediante una línea poligonal que una los distintos puntos utilizados como referencia, rectificando, en su caso, las curvas naturales del terreno. 3. En el mismo plano se señalará siempre el límite interior de la zona de servidumbre de protección. Sección 2.ª Procedimiento Artículo 19. Incoación. 1. El deslinde se incoará de oficio o a petición de cualquier interesado, y será aprobado por la Administración General del Estado. El plazo para notificar la resolución de los procedimientos de deslinde será de veinticuatro meses desde la fecha de publicación del acuerdo de incoación del expediente de deslinde (artículo 12.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. En caso de iniciación a instancia de parte, esta deberá abonar las tasas que correspondan. Estos deslindes se tramitarán con carácter preferente. 3. A efectos de la incoación del expediente, el Servicio Periférico de Costas remitirá a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar una propuesta que contendrá un plano de delimitación provisional del dominio público y de la zona de servidumbre de protección, acompañada de cuantas fotografías y datos sean necesarios para la justificación de la propuesta. A la vista de dicha propuesta, se ordenará, si se estima procedente, la incoación del expediente. Artículo 20. Efectos de la incoación. 1. La incoación del expediente de deslinde facultará a la Administración General del Estado para realizar o autorizar, incluso en terreno privado, trabajos de toma de datos y apeos necesarios, sin perjuicio de las indemnizaciones que sean procedentes por los daños y perjuicios causados y a resultas del deslinde que se apruebe definitivamente (artículo 12.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. El acuerdo de incoación del expediente de deslinde implicará la suspensión del otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre y en su zona de servidumbre de protección, a cuyo efecto deberá publicarse acompañada de plano en que se delimite provisionalmente la superficie estimada de aquél y de ésta (artículo 12.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Esta suspensión no se aplicará al otorgamiento de concesiones y autorizaciones para ocupación de bienes que tengan el carácter indubitado de dominio público marítimo-terrestre. La resolución del expediente de deslinde llevará implícito el levantamiento de la suspensión. 3. No obstante, podrán realizarse, previa autorización de la Administración General del Estado o por ésta, obras de emergencia para prevenir o reparar daños conforme al artículo 9.6 de este reglamento. 4. Las facultades que el presente artículo atribuye a la Administración General del Estado se ejercerán por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través del Servicio Periférico de Costas. Artículo 21. Procedimiento. 1. En el procedimiento serán oídos los propietarios que se encuentren incluidos en el dominio público marítimo terrestre y los colindantes, previa notificación, así como las personas que acrediten la condición de interesados, teniendo tal consideración las organizaciones legitimadas al amparo del artículo 2.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio. 2. El Servicio Periférico de Costas, una vez elaborado el plano de delimitación provisional de la zona de dominio público y de la de servidumbre de protección, y obtenidos de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro los planos catastrales y las certificaciones catastrales descriptivas y gráficas de los inmuebles afectados, donde consten la referencia catastral y los datos de identificación de los titulares catastrales y colindantes, procederá en el plazo de quince días desde la incoación del expediente a: a) La publicación del anuncio de incoación del expediente en el Boletín Oficial de la Provincia, en su propio tablón de anuncios y en un diario de los de mayor circulación en la provincia, así como en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con el fin de que, en el plazo de un mes, cualquier interesado pueda comparecer en el expediente, examinar el plano de delimitación provisional de la zona de dominio público y de la de servidumbre de protección y formular las alegaciones que considere oportunas. b) La solicitud de informe a la comunidad autónoma y al Ayuntamiento respectivos, remitiéndoles a tal efecto copia de los planos de emplazamiento y delimitación provisional del dominio público y de la zona de servidumbre de protección y de la documentación catastral. Transcurrido el plazo de un mes sin que se reciba el informe se entenderá que es favorable. En la solicitud que se curse al Ayuntamiento se incluirá la petición de suspensión cautelar del otorgamiento de licencias de obra en el ámbito afectado por el deslinde. c) La notificación al Registro de la Propiedad del acuerdo de incoación del expediente de deslinde, acompañado del plano del área a deslindar y de la relación de propietarios, interesando la certificación de dominio y cargas de las fincas inscritas a nombre de los propietarios incluidos en el expediente y de cualesquiera otras que colinden o intersecten con el dominio público marítimo-terrestre, según resulten del plano aportado y de los planos catastrales, así como la constancia de la incoación del expediente en el folio de cada una de ellas. Dicha certificación habrá de expedirse en el plazo de un mes, prorrogable hasta un máximo de dos meses por causa justificada y previa petición del registrador de la propiedad. El plano del área afectada por el deslinde deberá constar debidamente georreferenciado, con identificación de las parcelas, acompañándose de la referida documentación catastral a fin de que el Registrador de la Propiedad, al expedir la certificación, verifique la correspondencia de dicha relación de propietarios con el contenido de los asientos registrales o ponga de manifiesto las discrepancias que resulten de los mismos. Si en el expediente se incluyesen fincas no inscritas, el Servicio Periférico de Costas podrá solicitar simultáneamente que con carácter previo se tome anotación preventiva por falta de inscripción previa. 3. Con carácter simultáneo a la expedición de la referida certificación, el Registrador extenderá nota marginal en el folio de las fincas de las que certifique, en la que hará constar: a) La iniciación del expediente de deslinde, con indicación de los datos que permitan su identificación así como la fecha del acuerdo de incoación del deslinde y de su publicación. b) La expedición de la certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas por el deslinde. c) La advertencia de que dichas fincas pueden quedar afectadas por el deslinde y en consecuencia ser incorporadas, en todo o en parte, al dominio público marítimo-terrestre o resultar incluidas total o parcialmente en la zona de servidumbre de protección o tránsito. d) La circunstancia de que la resolución aprobatoria del procedimiento de deslinde servirá de título para rectificar las situaciones jurídico-registrales contradictorias con el deslinde. Esta nota marginal se cancelará al practicar la inscripción o anotación de la resolución por la que se aprueba el expediente de deslinde. Igualmente podrá cancelarse a solicitud del Servicio Periférico de Costas o por resolución judicial, y en cualquier caso por caducidad, una vez transcurridos tres años desde su fecha, si bien podrá solicitarse la prórroga de su vigencia por un plazo máximo de otros tres años, que habrá de hacerse constar en el folio por nota marginal con anterioridad a la expiración del plazo inicial. Todas las comunicaciones y remisión de documentos e información entre los Servicios Periféricos de Costas y el Registro de la Propiedad se realizarán preferentemente por medios electrónicos a través de la Sede Electrónica de los Registros. 4. En todo caso, se garantizará la adecuada coordinación entre los planos topográficos empleados en la tramitación del procedimiento y la cartografía catastral. 5. Cuando el deslinde afecte al dominio público portuario estatal, se remitirá el expediente de deslinde, antes de su aprobación, al Ministerio de Fomento para que, en el plazo de dos meses, emita un informe sobre las materias que afecten a sus competencias. En caso de discrepancia entre ambos Ministerios sobre el deslinde del dominio público portuario, decidirá el Consejo de Ministros (artículo 12.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 22. Apeo del deslinde. Obtenida la información a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, el Servicio Periférico de Costas citará sobre el terreno, con una antelación mínima de diez días, conjuntamente o agrupados por tramos del deslinde, a los propietarios que se encuentren incluidos en el dominio público marítimo terrestre y los colindantes, individualmente o a los representantes de las comunidades de propietarios cuando estuvieran constituidos, y a los que hayan acreditado su condición de interesados personándose en el expediente de deslinde, teniendo tal consideración las organizaciones legitimadas al amparo del artículo 2.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, así como al Ayuntamiento y a la comunidad autónoma correspondientes, para mostrarles la delimitación provisional del dominio público mediante su apeo, pudiendo dicho Servicio levantar acta. Los propietarios e interesados que en cualquier caso podrán concurrir al acto de apeo y alegar lo que proceda, dispondrán de un plazo de quince días para formular alegaciones y proponer motivadamente una delimitación alternativa. Artículo 23. Nuevas fincas registrales afectadas por el deslinde. 1. Si durante la tramitación del expediente se tuviera conocimiento de la existencia de nuevas fincas registrales afectadas por el deslinde, no incluidas en la certificación, se solicitará del registrador que proceda a la expedición de certificación de dominio y cargas de las mismas y a extender en el folio de la finca la nota marginal prevista en el artículo 21.3 de este reglamento. 2. Dicha actuación podrá ser practicada igualmente de oficio, cuando la omisión de la finca afectada en la certificación expedida para la incoación del expediente de deslinde sea apreciada por el propio registrador de la propiedad, circunstancia que será notificada tanto al Servicio Periférico de Costas, como a todos los titulares que tengan algún derecho inscrito, en la forma establecida en el artículo 31.2.b) de este reglamento, al objeto de que puedan comparecer en el expediente, debiendo quedar constancia en el folio registral de la práctica de dichas notificaciones. 3. En toda información registral referida a fincas que, según la cartografía catastral, intersecten o colinden con el dominio público marítimo terrestre, se pondrá de manifiesto tal circunstancia como información territorial asociada y se incluirán los datos identificativos del expediente de deslinde cuando conste su iniciación por nota indicativa y los efectos que pueden derivarse del mismo. Dicha información habrá de ser igualmente consignada en las notas de calificación o despacho respecto de los documentos que se presenten con posterioridad a la nota marginal de la incoación del expediente de deslinde. La misma publicidad se producirá respecto a fincas afectadas por la zona de servidumbre de protección y tránsito. Artículo 24. Proyecto de deslinde. 1. Practicadas las actuaciones previstas en los artículos 21, 22 y 23 de este reglamento, el Servicio Periférico de Costas formulará el proyecto de deslinde, que comprenderá: a) Memoria, con descripción de las actuaciones practicadas e incidencias producidas y con justificación de la línea de deslinde propuesta y demás delimitaciones previstas en el artículo 18 de este reglamento, en función de aquellas y de los informes emitidos y alegaciones presentadas. b) Planos topográficos a escala no inferior a 1/1.000, con el trazado de la línea de deslinde y las delimitaciones indicadas, debidamente recogidas en los planos catastrales. c) Pliego de condiciones para el replanteo y posterior amojonamiento del deslinde. d) Presupuesto estimado. 2. El proyecto y su ejecución deberán cumplir las instrucciones técnicas que, en su caso, se aprueben por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, incluyendo los modelos de hitos de deslinde y de otras señales o referencias. 3. El expediente de deslinde, con el proyecto y el acta de replanteo, será elevado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su aprobación mediante orden ministerial. Artículo 25. Modificación sustancial del proyecto de deslinde. Cuando el proyecto de deslinde suponga modificación sustancial de la delimitación provisional realizada previamente, se abrirá un nuevo periodo de información pública y de los organismos anteriormente indicados, que se tramitará simultáneamente con la audiencia, previa notificación, a los propietarios que se encuentren incluidos en el dominio público marítimo terrestre y los colindantes, así como a los que hayan acreditado su condición de interesados, personándose en el expediente, teniendo tal consideración las organizaciones legitimadas al amparo de artículo 2.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio. El registrador de la propiedad procederá en la forma establecida en el artículo 21.2.c) y 3, en relación con las fincas que resulten afectadas por la modificación. Artículo 26. Aprobación del deslinde. 1. La orden de aprobación del deslinde deberá especificar los planos que se aprueban, que han de permitir georreferenciar en la cartografía catastral el límite interior del dominio público marítimo-terrestre, así como el de la ribera del mar cuando no coincida con aquel. Además, se hará constar la geolocalización de las servidumbres impuestas a los terrenos colindantes. 2. Dicha orden se notificará a los propietarios que se encuentren incluidos en el dominio público marítimo terrestre y los colindantes, y a quienes hayan comparecido en el expediente acreditando su condición de interesados, teniendo tal consideración las organizaciones legitimadas al amparo del artículo 2.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, así como a la comunidad autónoma, al ayuntamiento, al Catastro y al Registro de la Propiedad, y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» no incluirá necesariamente los planos del deslinde, pero indicará el modo en que estos son accesibles. 3. La notificación al Registro de la Propiedad se llevará a efecto preferentemente mediante documento electrónico que comprenda la base grafica del plano de deslinde, al objeto de su incorporación al sistema informático registral para la identificación de las fincas sobre la cartografía catastral, practicándose los asientos que procedan en la forma establecida en el artículo 31 de este reglamento. Será título inscribible la certificación de la resolución por la que se apruebe el expediente de deslinde, expedida por el órgano competente, en la que se han de relacionar las fincas que resulten afectadas. Igualmente deberá constar la forma en la que se ha realizado la notificación del expediente de deslinde a todos los propietarios e interesados a que se hace referencia en el artículo 21.1 de este reglamento. La comunicación al Catastro se realizará de acuerdo con lo dispuesto por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Artículo 27. Revisión del deslinde. 1. Los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo-terrestre. La incoación del expediente de deslinde tendrá los efectos previstos en el artículo 12 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. La revisión del deslinde se tramitará de conformidad con lo previsto en esta sección. a) Los deslindes de zona marítimo-terrestre vigentes se revisarán en caso de que, aplicando los criterios indicados en el artículo 4.a) de este reglamento, con datos obtenidos a partir de la entrada en vigor del presente reglamento, la línea de la zona marítimo-terrestre resultante quede ubicada tierra adentro de la vigente, pasando los terrenos inundados a formar parte del dominio público marítimo-terrestre. b) Igualmente se revisarán los deslindes de zona marítimo-terrestre vigentes, desplazando dicho límite hacia el mar, si se demuestra que un temporal, con periodo de retorno de 50 años, no alcanza el límite fijado en dicho deslinde Para dicho cálculo no se tendrán en cuenta las obras que hayan podido realizarse para disminuir el alcance del oleaje. c) En los supuestos de incorporación de terrenos previstos en los apartados 7 y 8 del artículo 5 de este reglamento y en los de desafectación recogidos en el artículo 38 de este reglamento, no será necesario tramitar un nuevo deslinde, sino que será suficiente con rectificar el deslinde existente con información pública y solicitud de informes al Ayuntamiento y la comunidad autónoma, de forma que se adapte la línea definitoria del dominio público marítimo-terrestre al resultado de tales mutaciones demaniales. d) El acuerdo de iniciación de revisión del deslinde se notificará al Registro de la Propiedad al objeto de que se expida certificación y extienda la nota marginal, de acuerdo con el artículo 21.2.c) y 3 de este reglamento, practicándose la inscripción o anotación de la resolución aprobatoria de la revisión, de acuerdo con el artículo 26.3 de este reglamento. 2. Los titulares de los terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al dominio público marítimo-terrestre pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento, a cuyo efecto la Administración otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia expresa del interesado. La concesión se otorgará por setenta y cinco años, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon. Dicha orden se notificará a los interesados que hayan comparecido en el expediente, así como a la comunidad autónoma, al ayuntamiento, a la Dirección General del Catastro, para la incorporación de la alteración sobre la titularidad de los inmuebles correspondientes, y al Registro de la Propiedad. El plazo de la concesión otorgada computará a partir de la fecha en que se practicó el deslinde. Esta misma fecha será la que se tenga en cuenta para el reconocimiento de los usos y aprovechamientos existentes. 3. Los titulares de las obras e instalaciones que, tras la revisión del deslinde, se incorporen al dominio público marítimo-terrestre o a la zona de servidumbre de protección, podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie. A estos efectos, se entenderá por obras de reparación, mejora, consolidación y modernización aquellas que se definen en la disposición transitoria decimocuarta.2 de este reglamento. Estas obras deberán suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto y cuando les resulte aplicable, tendrán que obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes. Asimismo, en estas obras, cuando proceda, se emplearán los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas. 4. Las circunstancias a las que se refiere el apartado anterior deberán acreditarse ante el Servicio Periférico de Costas o ante la Administración Autonómica, según se ubiquen en dominio público marítimo-terrestre o servidumbre de protección, mediante una declaración responsable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con carácter previo a la autorización urbanística que proceda. En caso de que las obras o instalaciones afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá que, con carácter previo, la Administración General del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria decimocuarta, apartado 5, de este reglamento. Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, excepto en los supuestos previstos en la disposición transitoria decimocuarta, apartado 1.b, de este reglamento. Si en dicho plazo no se emitiera, se entenderá que tiene carácter favorable. La declaración responsable deberá contener, al menos, la documentación acreditativa de la personalidad del peticionario y la declaración expresa de que las obras a realizar cumplen lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento. Artículo 28. Requisitos para la inscripción de las declaraciones de obra nueva. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y de las autorizaciones recogidas en los artículos 49.4 y 51.3 de este reglamento, para la inscripción en el Registro de la Propiedad de las declaraciones de obra nueva y sus modificaciones en las zonas de dominio público marítimo-terrestre y de servidumbre de protección, en los supuestos legalmente admitidos, habrá de acreditarse la presentación de la declaración responsable recogida en el artículo anterior, o el título necesario, salvo que tal extremo resulte de la licencia urbanística que autorice la construcción o la adecuación del uso al destino previsto en la norma de planeamiento. Tratándose de edificaciones o construcciones ubicadas en la servidumbre de transito será exigible el informe favorable, en los términos previstos en el artículo anterior, salvo que se acredite su obtención por silencio o resulte de la propia licencia de edificación. Artículo 29. Terrenos en situación de regresión grave. 1. La Administración General del Estado podrá declarar en situación de regresión grave aquellos tramos del dominio público marítimo-terrestre en los que se verifique un retroceso de la línea de orilla superior a 5 metros al año, en cada uno de los últimos cinco años, siempre que se estime que no puedan recuperar su estado anterior por procesos naturales. Se entenderá por línea de orilla la línea de corte del plano de pleamar máxima viva equinoccial con el terreno. 2. En los terrenos declarados en situación de regresión grave no podrá otorgarse ningún nuevo título de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 3. Excepcionalmente, y en las zonas en las que no exista riesgo cierto de inundación en los próximos cinco años, la declaración podrá prever motivadamente que se otorguen derechos de ocupación destinados a servicios públicos acordes con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. Estas ocupaciones no podrán otorgarse por un plazo que exceda de cinco años, prorrogables por períodos iguales dentro del máximo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio. 4. Las construcciones amparadas por un derecho de ocupación, existentes en los terrenos declarados en situación de regresión grave, se mantendrán, siempre que el mar no les alcance o exista riesgo cierto de que lo haga, en los términos de este artículo. En caso contrario, el derecho de ocupación se extinguirá de acuerdo con lo previsto en el artículo 78 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 163 de este reglamento. 5. En los terrenos declarados en situación de regresión grave, la Administración General del Estado podrá realizar actuaciones de protección, conservación o restauración. En este caso podrá imponer contribuciones especiales de acuerdo con lo previsto en el artículo 87 bis de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 6. La declaración de situación de regresión grave se hará por orden ministerial, previo sometimiento al trámite de información pública así como a informe de la comunidad autónoma y ayuntamientos correspondientes y trámite de alegaciones de quienes acrediten la condición de interesado personándose en el expediente. La orden ministerial se publicará en el Boletín Oficial del Estado, así como en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Del mismo modo, se dará traslado de dicha Orden al Registro de la Propiedad, preferentemente mediante documento electrónico que comprenda la base gráfica del tramo declarado en regresión, al objeto de su incorporación al sistema informático registral sobre la cartografía catastral, dándose publicidad de esta limitación como información territorial asociada. 7. Si las circunstancias que motivaron la declaración de situación de regresión grave desaparecieran, por orden ministerial se podrá revocar tal declaración, cesando todos sus efectos. Sección 3.ª Efectos Artículo 30. Efectos del deslinde. 1. El deslinde aprobado, al constatar la existencia de las características físicas relacionadas en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y concordantes de este reglamento, declara la posesión y la titularidad dominical a favor del Estado, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados (artículo 13.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. La aprobación del deslinde llevará implícita el levantamiento de la suspensión del otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre y en su zona de servidumbre de protección, conforme a lo previsto en los artículos 12.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 20.2 de este reglamento. 3. También llevará implícita la cancelación de las notas marginales practicadas en el Registro de la Propiedad con motivo del deslinde, relativas a fincas o a la parte de las mismas que no hayan resultado incluidas en el dominio público marítimo-terrestre en virtud de aquel, la cual se llevará a efecto bien mediante certificación expedida por el Servicio Periférico de Costas, con referencia expresa a la situación de la finca en relación con las servidumbres de protección y tránsito, bien al practicar la inscripción o anotación de la resolución de aprobación del deslinde. 4. El amojonamiento se hará mediante la colocación de hitos que permitan identificar sobre el terreno el límite interior perimetral del dominio público marítimo-terrestre. Los hitos se sustituirán por otras señales o referencias que hagan posible dicha identificación, cuando así lo aconsejen las circunstancias físicas de su lugar de ubicación. Artículo 31. Rectificación de las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. 1. La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar, en la forma y condiciones que se determinan en este artículo, las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. Dicha resolución será título suficiente, asimismo, para que la administración proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público. En todo caso los titulares inscritos afectados podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos, siendo susceptible de anotación preventiva la correspondiente reclamación judicial (artículo 13.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Para la rectificación de las inscripciones registrales contradictorias sobre bienes y derechos afectados por un deslinde aprobado tras la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, y cuyos titulares hayan sido incluidos en el expediente y notificados del mismo o bien hayan adquirido con posterioridad a la nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas de las fincas inscritas a que se refiere el artículo 21. 3 de este reglamento, se aplicará el siguiente procedimiento: a) La aprobación del deslinde será título suficiente para su anotación preventiva, con indicación de la naturaleza del dominio público de los bienes o parte de los mismos incluidos en aquél. Dicha anotación tendrá un plazo de vigencia de cinco años y no impedirá la práctica de asientos posteriores, si bien en todo caso los mismos quedarán supeditados a las resultas de la firmeza del deslinde, extremo que será consignado expresamente en el asiento que se practique y advertido por el registrador de la propiedad en toda la información registral que emita, así como en las notas de despacho o calificación que extienda. b) La práctica de dicha anotación se notificará por el Registrador de la propiedad a los titulares de dominio y demás derechos inscritos que puedan resultar afectados, mediante comunicación dirigida al domicilio que conste en el expediente o en el registro, y de no ser conocido o resultar infructuosa, a través del boletín oficial de la provincia, insertando además edictos en el tablón de anuncios del Registro de la Propiedad y en el Ayuntamiento respectivo, así como en la sede electrónica de los registros. La práctica de la notificación se hará constar por nota marginal en la finca afectada. c) Si en el plazo de cinco años y un mes desde la fecha de aprobación del deslinde no se produce el acceso al registro de las anotaciones preventivas de demandas derivadas de las acciones promovidas por los titulares inscritos, la anotación del deslinde se convertirá directamente en inscripción definitiva de dominio, debiendo proceder de oficio el registrador de la propiedad a la rectificación o cancelación de las inscripciones existentes contradictorias con el dominio público, conforme a lo previsto en la legislación hipotecaria. En otro caso se estará al resultado del juicio correspondiente, quedando automáticamente prorrogada la vigencia de la anotación preventiva de deslinde hasta la conclusión del mismo, una vez se haya tomado anotación de la demanda interpuesta. 3. Tratándose de inscripciones contradictorias sobre fincas que, no obstante estar afectadas por un expediente de deslinde, no se haya hecho constar, por cualquier circunstancia, la incoación del mismo por nota marginal, así como la expedición de la correspondiente certificación de titularidad y cargas, a los efectos de su notificación por la administración, solo procederá su cancelación si media el consentimiento del titular registral o resolución judicial firme, salvo que se acredite su intervención en el procedimiento o la notificación personal en tiempo del mismo, de modo que haya podido ejercer sus derechos en la forma prevista legalmente, exigencia que es igualmente aplicable para los titulares de derechos constituidos sobre la finca y que hayan de cancelarse por ser incompatibles con el dominio público. 4. Para la inmatriculación de bienes de dominio público marítimo-terrestre en el Registro de la Propiedad se estará a lo previsto en la legislación hipotecaria, siendo la resolución aprobatoria del deslinde, acompañada del correspondiente plano individualizado de la finca, título suficiente para practicarla, sin necesidad de ningún trámite adicional posterior. 5. Las fincas que, a resultas del expediente de deslinde, hayan de ser incorporadas al dominio público marítimo-terrestre, se inscribirán a favor del Estado conforme a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre. Artículo 32. Prescripción de las acciones civiles sobre derechos relativos a terrenos incluidos en el dominio público deslindado. Las acciones civiles sobre derechos relativos a terrenos incluidos en el dominio público deslindado prescriben a los cinco años, computados a partir de la fecha de la aprobación del deslinde (artículo 14 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Sección 4.ª Inmatriculación de fincas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre Artículo 33. Inmatriculación e inscripción de los excesos de cabida en fincas situadas en la zona de servidumbre de protección. 1. El registrador denegará en todo caso la inmatriculación o la inscripción del exceso de cabida solicitado cuando la zona del dominio público marítimo terrestre con la que intersecte la finca sea la resultante de un expediente de deslinde ya aprobado e inscrito o anotado en el Registro de la Propiedad. 2. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar trasladará a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para su incorporación al Sistema Informático Registral, la representación grafica georreferenciada en la cartografía catastral, tanto de la línea de dominio público marítimo terrestre, como de las servidumbres de transito y protección. Dicha información gráfica será suministrada en soporte electrónico. Únicamente se procederá a la inmatriculación o inscripción de excesos de cabida respecto de fincas que intersecten con la zona de servidumbre de protección, cuando se acredite en el procedimiento registral la no colindancia o invasión del dominio público marítimo-terrestre, conforme a lo establecido en esta Sección. Artículo 34. Comprobaciones registrales previas a la inmatriculación o inscripción del exceso de cabida de las fincas situadas en servidumbre de protección y su descripción registral. 1. El registrador de la propiedad, salvo que justifique las razones por las que no es posible, ha de proceder a identificar gráficamente las fincas que intersecten con la zona de servidumbre de protección y a verificar que no colindan o invaden el dominio público marítimo terrestre, como requisito previo a la práctica de la inmatriculación o exceso de cabida solicitada. Cuando alguna finca colinde o intersecte con la zona de dominio público marítimo terrestre, conforme a la representación grafica suministrada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y cuyo deslinde no figure inscrito o anotado, el registrador suspenderá la inscripción solicitada y lo comunicará el mismo día al Servicio Periférico de Costas, así como al presentante y al titular, tomando en su lugar anotación preventiva de la suspensión por noventa días y reflejando por nota marginal la fecha de la recepción de dicha notificación en el Servicio Periférico de Costas. El Servicio Periférico de Costas expedirá certificación en el plazo de un mes desde la recepción de la petición del registrador, pronunciándose sobre si la finca objeto de anotación invade el dominio público marítimo terrestre, e incorporando el plano catastral de la finca que determine su relación con la línea del dominio público marítimo terrestre y las servidumbres de protección y tránsito. Transcurrido dicho plazo sin que se haya recibido contestación, se procederá a la conversión de la anotación en inscripción, extremo que se notificará al Servicio Periférico de Costas, dejando constancia de tal actuación en el folio de la finca. Cuando la certificación resulte la invasión del dominio público marítimo-terrestre, el registrador denegará la inscripción del título y cancelará la anotación preventiva de suspensión. 2. Si la zona a la que se refiere la solicitud de inmatriculación o de inscripción del exceso de cabida no estuviera deslindada, se iniciará el correspondiente deslinde dentro de un plazo que no podrá ser superior a tres meses desde la correspondiente solicitud, quedando entre tanto en suspenso la inscripción solicitada. El Servicio Periférico de Costas comunicará esta circunstancia al Registro de la Propiedad dentro del mes siguiente a la recepción de la petición del registrador y se prorrogará la anotación de suspensión hasta un máximo de cuatro años, con solicitud de la expedición de la certificación de titularidad y cargas a que se refiere el artículo 21.3 de este reglamento, lo que se reflejará por nota marginal, quedando el asiento practicado supeditado a la resolución del expediente de deslinde. Iniciado el expediente el Servicio Periférico de Costas notificará al registro la fecha del acuerdo de incoación y de su publicación, así como el plano con la delimitación provisional afectante a la finca, indicándose tales circunstancias por nota marginal tal como establece el artículo 21.3. El titular a cuyo favor resulte anotado el dominio habrá de ser notificado en el expediente de deslinde. Igualmente se podrá tomar anotación preventiva de la suspensión, con los mismos efectos y vigencia, cuando el expediente se haya iniciado a solicitud del propietario, quien asumirá los costes del mismo. Será título formal para practicar la referida anotación, que deberá acompañar al título o documento cuya inscripción se solicite, la certificación expedida por el Servicio Periférico de Costas en la que consten los datos del expediente, la descripción de la finca afectada y su representación grafica conforme al plano provisional tenido en cuenta para la iniciación del expediente, debiendo proceder el registrador en la forma establecida en el artículo 21.2.c) y 3 de este reglamento. 4. El registrador, no obstante, practicará la inscripción solicitada cuando el Título presentado testimonie o se acompañe de certificación expedida por el Servicio Periférico de Costas, acreditando que la finca no invade el dominio público marítimo terrestre, reflejando mediante técnicas de geolocalización su situación con relación a la zona de dominio público y las servidumbres de protección y tránsito, siempre que ello no contradiga ningún asiento de deslinde inscrito o anotado, en cuyo caso será necesario proceder previa o simultáneamente a su rectificación conforme al procedimiento legalmente establecido. Artículo 35. Descripción registral de las fincas que intersecten con la zona de servidumbre de tránsito o protección. 1. Tanto el título como la descripción registral de las fincas que intersecten con la zona de servidumbre de protección, contendrá expresa mención sobre su colindancia o no con respecto al dominio público marítimo-terrestre. Cuando la manifestación negativa vertida por las partes en el título sea coincidente con el contenido de la representación gráfica suministrada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el registrador llevará a efecto la inscripción solicitada, siempre que no tenga duda debidamente motivada sobre tal extremo, se trate de un tramo ya deslindado y el título incorpore el plano individualizado del deslinde de la finca totalmente coincidente con la descripción literaria de la misma, que permita su localización en la cartografía catastral. 2. Cuando el título presentado no contenga referencia alguna a la colindancia de la finca con la zona de dominio público marítimo-terrestre, el registrador, una vez identificada gráficamente la misma, procederá a practicar la inscripción solicitada en los términos que resultan del apartado anterior, siempre que resulte acreditada la no colindancia o intersección con el dominio público marítimo-terrestre. Cuando según la documentación aportada al Registro de la Propiedad no sea posible la identificación gráfica de la finca en la cartografía catastral o existan dudas razonadas sobre su ubicación real, que deberá ser debidamente motivado por el registrador, éste suspenderá la inscripción y notificará tal circunstancia al titular para que pueda comparecer en el procedimiento registral durante los diez días siguientes a la recepción de la notificación, y hacer las manifestaciones y aportación de documentos que procedan en relación con la identificación gráfica de la finca. Determinada la no colindancia con el dominio público marítimo-terrestre, se practicará la inscripción en la forma establecida en el párrafo anterior. En caso contrario, se tomará anotación preventiva de la suspensión y se notificará al Servicio Periférico de Costas en la forma establecida en el artículo 34.1 de este reglamento. 3. Siempre que el título registral contenga la indicación de que la finca linda con el mar, la colindancia se entenderá referida al límite interior de la ribera del mar, incluso en los casos de exceso de cabida. 4. En el caso de que el dominio público marítimo-terrestre incluya alguna pertenencia distinta de la ribera del mar, la colindancia a que se refiere el párrafo anterior se entenderá que lo es con respecto al límite interior de dicho dominio. 5. Si de la identificación de la finca, conforme a lo dispuesto en el apartado 1, resultara que esta se ubica en las zonas de servidumbre de tránsito o protección, se practicará la inscripción, indicando tal circunstancia, salvo que se trate de un acto o negocio que vulnere las limitaciones a que están afectas estas zonas. 6. Lo dispuesto en los artículos anteriores se aplicará igualmente a los excesos de cabida, salvo que se trate de fincas de linderos fijos o de tal naturaleza que excluyan la posibilidad de invasión del dominio público marítimo-terrestre. Artículo 36. Normas aplicables a las segundas y posteriores inscripciones. En relación con las segundas y posteriores inscripciones sobre fincas que intersecten o colinden con el dominio público marítimo-terrestre, se aplicaran las siguientes reglas: 1.ª El registrador denegará la práctica de cualquier asiento cuando la finca intersecte con el dominio público marítimo-terrestre a resultas de expediente de deslinde inscrito o anotado en el Registro de la Propiedad sobre otras fincas incluidas en la misma zona deslindada, actuación que será comunicada al Servicio Periférico de Costas, para que proceda a solicitar la rectificación de los asientos contradictorios con el mismo. 2.ª Si la finca intersecta o colinda con una zona de dominio público marítimo-terrestre conforme a la representación grafica suministrada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el registrador suspenderá la inscripción solicitada y tomará anotación preventiva por noventa días, notificando tal circunstancia al Servicio Periférico de Costas para que, en el plazo de un mes desde la recepción de la petición, certifique si la finca invade el dominio público marítimo-terrestre y su situación en relación con las servidumbres de protección y transito. Transcurrido dicho plazo sin recibir la referida certificación, el registrador convertirá la anotación de suspensión en inscripción de dominio, lo que notificará al servicio periférico de costas, dejando constancia en el folio de la finca. 3.ª Cuando de la certificación resulte que la finca intersecta con el dominio público marítimo-terrestre según deslinde ya aprobado por orden ministerial, el registrador denegará la inscripción solicitada y cancelará la anotación de suspensión, debiendo procederse por el Servicio Periférico de Costas a solicitar la anotación de la resolución aprobatoria de deslinde. 4.ª Cuando la finca intersecte o colinde, según la certificación, con zonas de dominio público marítimo-terrestre pendientes de deslinde, el registrador practicará la inscripción solicitada y lo comunicará al Servicio Periférico de Costas, dejando constancia de ello por nota marginal en el folio real, haciendo constar, tanto en el asiento practicado como en la nota de despacho, que el mismo queda supeditado a las resultas del expediente de deslinde. Caso de estar ya iniciado el deslinde, el Servicio Periférico de Costas solicitará del registrador la expedición de certificación de titularidad y cargas y la constancia por nota marginal de todos los extremos recogidos en el artículo 21.3. En otro caso, tales datos se le notificarán una vez se haya acordado la iniciación del expediente. 5.ª Cuando la finca solo intersecte parcialmente con el dominio público marítimo-terrestre, las anteriores limitaciones solo procederán en la parte que resulte afectada, debiendo adecuarse la descripción del título al contenido de la resolución aprobatoria del deslinde, al objeto de proceder a la inscripción o anotación del dominio público marítimo-terrestre en favor del Estado. 6.ª El registrador de la propiedad, con ocasión de la emisión de cualquier forma de publicidad registral, informará en todo caso de la situación de la finca en relación con las servidumbres de protección y tránsito conforme a la representación gráfica obrante en el registro, suministrada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. CAPÍTULO IV Afectación y desafectación Artículo 37. Afectación de terrenos. 1. Los terrenos del Patrimonio del Estado colindantes con el dominio público marítimo-terrestre o emplazados en su zona de influencia que resulten necesarios para la protección o utilización de dicho dominio, serán afectados al uso propio del mismo, en la forma prevista en la legislación del Patrimonio del Estado. No se podrá proceder a su enajenación sin previa declaración de innecesariedad a los mencionados efectos (artículo 17 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. La declaración de innecesariedad se hará por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y deberá ser motivada. Artículo 38. Desafectación de terrenos. 1. Solo podrá procederse a la desafectación de terrenos en el supuesto del apartado 5 del artículo 4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento, previo informe preceptivo del Ayuntamiento y de la comunidad autónoma afectados y previa declaración de innecesariedad a los efectos previstos en el artículo anterior. La desafectación de bienes de dominio público marítimo-terrestre que tengan la consideración de dominio público portuario estatal se regirá por lo dispuesto en su legislación específica. 2. La declaración de innecesariedad para la protección o utilización del dominio público marítimo-terrestre tendrá carácter excepcional y sólo procederá en aquellos supuestos en que resulte inviable la recuperación de los terrenos o la utilización de los mismos para usos relacionados con la protección y utilización del dominio público marítimo-terrestre. Una vez declarada la innecesariedad de los terrenos podrá solicitarse su desafectación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los términos de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. La declaración de innecesariedad de bienes de dominio público marítimo-terrestre requerirá informe del Ministerio de Defensa en relación con los intereses públicos tutelados por dicho Ministerio. 3. La desafectación deberá ser expresa y antes de proceder a ella habrán de practicarse los correspondientes deslindes y cumplirse las restantes condiciones exigidas por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre. 4. La desafectación se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación patrimonial. Artículo 39. Cesión gratuita de los terrenos desafectados. Los terrenos desafectados conforme a lo previsto en el artículo anterior podrán ser objeto de cesión gratuita en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre. TÍTULO II Limitaciones de la propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar por razones de protección del dominio público marítimo-terrestre CAPÍTULO PRIMERO Objetivos y disposiciones generales Artículo 40. Alcance de la protección del dominio público marítimo-terrestre. La protección del dominio público marítimo-terrestre comprende la defensa de su integridad y de los fines de uso general a que está destinado; la preservación de sus características y elementos naturales y la prevención de las perjudiciales consecuencias de obras e instalaciones, en los términos de la Ley 22/1988, de 28 de julio (artículo 20 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 41. Limitaciones y servidumbres de los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre. 1. A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre estarán sujetos a las limitaciones y servidumbres que se determinan en el presente título, prevaleciendo sobre la interposición de cualquier acción. Las servidumbres serán imprescriptibles en todo caso. 2. Se exceptúan de esta sujeción los terrenos expresamente declarados de interés para la seguridad y la defensa nacional, conforme a su legislación específica. 3. Las disposiciones de este título tienen el carácter de regulación mínima y complementaria de las que dicten las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias (artículo 21 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 42. Disposiciones especiales para la protección de determinados tramos de costa. 1. Mediante orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se dictarán normas para la protección de determinados tramos de costa en desarrollo de lo previsto en los artículos 23, 25, 27.2, 28.1 y 29 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. Las órdenes contendrán como anexos los planos y demás información que se considere relevante para la identificación del ámbito afectado y, en general, para asegurar su eficacia. 2. La longitud de costa a incluir en las normas deberá referirse, como mínimo, a una unidad fisiográfica o morfológica relativa a la dinámica litoral o al territorio, respectivamente, o, en su caso, a uno o varios términos municipales colindantes completos. Artículo 43. Consultas previas a las Comunidades autónomas y a los Ayuntamientos. 1. Antes de la aprobación definitiva de las normas a que se refiere el artículo anterior, se someterán a informe de las comunidades autónomas y de los Ayuntamientos a cuyo territorio afecten para que los mismos puedan formular las objeciones que deriven de sus instrumentos de ordenación aprobados o en tramitación. Cuando se observen discrepancias sustanciales entre el contenido de las normas proyectadas y las objeciones formuladas por las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, se abrirá un periodo de consulta entre las tres administraciones para resolver de común acuerdo las diferencias manifestadas (artículo 22.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Transcurrido tres meses sin que se alcance un acuerdo entre las Administraciones afectadas se podrá continuar con la tramitación de la norma. 2. Los informes a que se refiere el apartado anterior serán emitidos en el plazo de un mes. CAPÍTULO II Servidumbres legales Sección 1.ª Servidumbre de protección Artículo 44. Extensión de la zona de servidumbre de protección. 1. La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. 2. La extensión de esta zona podrá ser ampliada por la Administración General del Estado, de acuerdo con la comunidad autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, hasta un máximo de otros 100 metros, cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la servidumbre, en atención a las peculiaridades del tramo de costa de que se trate (artículo 23 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. La ampliación a que se refiere el apartado anterior será determinada en el procedimiento de deslinde o, previo informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por las normas de protección y por el planeamiento territorial o urbanístico. 4. La anchura de la zona de servidumbre de protección se reducirá en los casos a que se refieren el artículo 23.3 y la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y el artículo 44.7 y disposiciones transitorias octava y novena de este reglamento. 5. Los terrenos afectados por la modificación, por cualquier causa, de las zonas de servidumbre de tránsito y protección, incluyendo la variación de la delimitación de la ribera del mar, quedarán en situación análoga a la prevista en las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento, o quedarán liberados de dichas servidumbres, según sea el sentido que tenga dicha modificación. En estos casos no será necesario tramitar un nuevo expediente de deslinde, sino uno de rectificación del existente, con información pública y solicitud de informes al Ayuntamiento y la comunidad autónoma. La cesión al dominio público marítimo-terrestre de terrenos de propiedad particular que no reúnan las características recogidas en el artículo 3 de este reglamento se regulará por lo dispuesto en el apartado siguiente. 6. Las urbanizaciones marítimo-terrestres quedarán reguladas según lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y segunda de este reglamento. La realización de otro tipo de obras, que den origen a la invasión por el mar o por las aguas de los ríos, hasta donde se haga sensible el efecto de las mareas, de terrenos que, con anterioridad a dichas obras, no sean de dominio público marítimo-terrestre, producirá los siguientes efectos: a) El terreno invadido se incorporará al dominio público marítimo-terrestre. b) La servidumbre de protección preexistente con anterioridad a las obras, mantendrá su vigencia. c) En los terrenos que no sean objeto de la servidumbre a que se refiere la letra b) anterior no se generará una nueva servidumbre de protección en torno a los espacios invadidos, sino que, exclusivamente, será de aplicación, en ese caso, la servidumbre de tránsito. d) En cualquier caso, dichas obras precisarán del correspondiente título administrativo para su realización. 7. En las márgenes de los ríos hasta donde sean sensibles las mareas la extensión de esta zona podrá reducirse por la Administración General del Estado, de acuerdo con la comunidad autónoma y Ayuntamiento correspondiente, hasta un mínimo de 20 metros, en atención a las características geomorfológicas, a sus ambientes de vegetación, y a su distancia respecto de la desembocadura conforme a los siguientes criterios (artículo 23.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio): a) Sólo se podrá reducir la servidumbre de protección en aquellos terrenos que estén ubicados a más de 500 metros de la desembocadura a mar abierto más cercana. b) No podrá aplicarse dicha reducción, cuando se trate de zonas sujetas a cualquier régimen de protección, zonas que contengan playas o zonas de depósito de arenas o zonas con vegetación halófila o subhalófila. c) La servidumbre de protección reducida será como mínimo 5 veces la anchura del cauce, medida entre las líneas de ribera, hasta un máximo de 100 metros. Artículo 45. Actuaciones no sujetas a autorización. 1. En los terrenos comprendidos en la zona afectada por la servidumbre de protección se podrán realizar, sin necesidad de autorización, cultivos y plantaciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 2. En los primeros 20 metros de esta zona se podrán depositar temporalmente objetos o materiales arrojados por el mar y realizar operaciones de salvamento marítimo. Los daños que se ocasionen por las ocupaciones a que se refiere el párrafo anterior serán objeto de indemnización según lo previsto en la Ley de expropiación forzosa. 3. En dichos 20 metros están prohibidas las instalaciones a que se refieren los artículos 44.6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 96 de este reglamento. Artículo 46. Prohibiciones en la zona de servidumbre de protección. En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos: a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación, incluyendo las hoteleras, cualquiera que sea su régimen de explotación. Se excluirán de esta prohibición las acampadas y los campamentos o campings debidamente autorizados con instalaciones desmontables. Se entenderá por acampada la instalación de tiendas de campaña o de vehículos o remolques habitables. Se entenderá por campamento o camping la acampada organizada dotada de los servicios y suministros establecidos por la normativa vigente. b) La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas cuyo trazado discurra longitudinalmente a lo largo de la zona de servidumbre de protección, quedando exceptuadas de dicha prohibición aquellas otras en las que su incidencia sea transversal, accidental o puntual y las de intensidad de tráfico superior a 500 vehículos/día de media anual en el caso de carreteras así como de sus áreas de servicio. c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos naturales o no consolidados, entendiéndose por tales los lugares donde existen acumulaciones de materiales detríticos tipo arenas o gravas. No se entenderá incluido en la prohibición de destrucción de yacimientos de áridos, el aprovechamiento de los mismos para su aportación a las playas. d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión. e) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración. f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales. No se considerarán incluidos en esta prohibición los supuestos del artículo 81.4 de este reglamento, siempre que sea compatible con la protección del dominio público marítimo-terrestre (artículo 25.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 47. Actuaciones sujetas a autorización. 1. Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquéllos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. 2. La ejecución de terraplenes y desmontes deberá cumplir las siguientes condiciones para garantizar la protección del dominio público (artículo 25.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio): a) Sólo podrá permitirse la ejecución de desmontes y terraplenes previa autorización. b) Sólo podrá autorizarse cuando la altura de aquéllos sea inferior a 3 metros, no perjudique al paisaje y se realice un adecuado tratamiento de sus taludes con plantaciones y recubrimientos. c) A partir de dicha altura, deberá realizarse una previa evaluación de su necesidad y su incidencia sobre el dominio público marítimo-terrestre y sobre la zona de servidumbre de protección. 3. La tala de árboles se podrá permitir siempre que sea compatible con la protección del dominio público, cuando exista autorización previa del órgano competente en materia forestal y no merme significativamente las masas arboladas, debiendo recogerse expresamente en la autorización la exigencia de reforestación eficaz con especies autóctonas, que no dañen el paisaje y el equilibrio ecológico. 4. Sólo se autorizarán los cerramientos relativos a: a) Las paredes de las edificaciones debidamente autorizadas. b) Los vallados perimetrales de cierre de parcelas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre, que se podrán ejecutar de conformidad con lo determinado en el planeamiento urbanístico municipal, con la salvedad de que solo podrán ser totalmente opacos hasta una altura máxima de un metro. c) Los vinculados a las concesiones en dominio público marítimo-terrestre con las características que se determinen en el título concesional. En todo caso deberá quedar libre la zona afectada por la servidumbre de tránsito. Artículo 48. Autorización excepcional del Consejo de Ministros. 1. Excepcionalmente, y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros podrá autorizar las actividades e instalaciones a que se refieren las letras b) y d) del artículo 46 de este reglamento. 2. En la misma forma podrán ser autorizadas las edificaciones a que se refiere la letra a) del artículo 46 de este reglamento y las instalaciones industriales en la que no concurran los requisitos de los artículos 25.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 47.1 de este reglamento, que sean de excepcional importancia y que, por razones económicas justificadas, sea conveniente su ubicación en el litoral, siempre que en ambos casos se localicen en zonas de servidumbre correspondientes a tramos de costa que no constituyan playa ni zonas húmedas u otros ámbitos sujetos a cualquier régimen de protección (artículo 25.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Las actuaciones que se autoricen conforme a lo previsto en este artículo deberán acomodarse al planeamiento urbanístico que se apruebe por las Administraciones competentes. 4. En aquellos casos en que la autorización por el Consejo de Ministros de las actividades o instalaciones a que se refiere este artículo se ampare en una competencia exclusiva del Estado o en los que el Consejo de Ministros haga uso de la facultad que le confiere la disposición adicional décima del texto refundido de la ley del suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, el acuerdo otorgando la autorización será título suficiente para iniciar la actuación de que se trate, sin perjuicio de la tramitación del expediente de modificación o revisión del planeamiento, que se iniciará simultáneamente. Artículo 49. Autorizaciones de las comunidades autónomas. 1. Los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección estarán sujetos a autorización de la comunidad autónoma correspondiente, que se otorgará con sujeción a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en las normas que se dicten, en su caso, de conformidad con lo previsto en los artículos 22 de la citada Ley y 42 y 43 de este reglamento, pudiéndose establecer las condiciones que se estimen necesarias para la protección del dominio público. 2. Si la actividad solicitada estuviese vinculada directamente a la utilización del dominio público marítimo-terrestre será necesario, en su caso, disponer previamente del correspondiente título administrativo otorgado conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio (artículo 26 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Las autorizaciones que se otorguen deberán respetar el planeamiento urbanístico en vigor. En defecto de ordenación, podrá condicionarse su otorgamiento a la previa aprobación del planeamiento. 4. No podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad las obras y construcciones realizadas en la zona de servidumbre de protección sin que se acredite la autorización a que se refiere este artículo. Para determinar si la finca está o no incluida en la zona, se aplicarán, con las variaciones pertinentes, las reglas establecidas en relación con las inmatriculaciones de fincas incluidas en la zona de servidumbre de protección. Artículo 50. Informe previo de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 1. El órgano competente de la comunidad autónoma que tramite las solicitudes de autorización a que se refiere el artículo anterior solicitará, con carácter previo a su resolución, informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en cuanto a la delimitación del límite interior de la ribera del mar, línea de deslinde, mantenimiento de las servidumbres de tránsito y acceso al mar e incidencia de las construcciones y de las actividades que las mismas generen sobre la integridad del dominio público, la estabilidad de la playa y la defensa de la costa. 2. El informe a que se refiere el apartado anterior se emitirá por el Servicio Periférico de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el plazo de un mes, a cuyos efectos se le remitirá el proyecto básico de las obras e instalaciones. Transcurrido dicho plazo sin haberse evacuado, se proseguirá la tramitación del expediente. 3. En el caso de que las obras, instalaciones o actividades objeto de la solicitud de autorización incidan además sobre terrenos sometidos a la servidumbre de tránsito, se dictará una resolución única por parte del órgano competente de la comunidad autónoma, que deberá recoger preceptivamente las observaciones que, a dichos efectos, y en su caso, haya formulado el Servicio Periférico de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al emitir el informe a que se refiere el apartado 1. 4. El órgano competente de la comunidad autónoma deberá dar traslado de la resolución adoptada al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la forma establecida en el artículo 226 de este reglamento. 5. De conformidad con las disposición adicional cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, las autorizaciones deberán ejercitarse en el plazo señalado para ello, que no podrá exceder de dos años, transcurrido el cual quedarán sin efecto, salvo cuando la falta de ejercicio sea imputable a la Administración. Artículo 51. Procedimiento de autorización excepcional del Consejo de Ministros. 1. Para el otorgamiento de las autorizaciones a que se refieren los artículos 25.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 48 de este reglamento se observará el siguiente procedimiento: a) Presentación en el Servicio Periférico de Costas de tres ejemplares del proyecto básico de las obras o instalaciones, acompañados de la declaración motivada de su utilidad pública, realizada por el órgano competente de la comunidad autónoma o, en su caso, por el competente por razón de la materia. b) El expediente deberá incluir, en todo caso, los informes de la comunidad autónoma y Ayuntamiento respectivos. Dichos informes deberán emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse formulado, se entenderán favorables. c) Elevación del expediente, con su informe, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su tramitación. d) Elevación del expediente al Consejo de Ministros para su resolución a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que previamente y a estos efectos, podrá recabar cuantos datos e informes considere oportunos. En el supuesto de que la solicitud proceda de otro Departamento de la Administración General del Estado, la propuesta deberá ser realizada conjuntamente por ambos ministros. 2. Salvo en los casos a que se refiere el artículo 48.4 de este reglamento, las actuaciones a autorizar habrán de sujetarse al planeamiento vigente. 3. No podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad las obras y construcciones realizadas en la zona de servidumbre de protección a que se refiere este precepto sin que se acredite el otorgamiento de la autorización por el Consejo de Ministros. Para determinar si la finca está o no incluida en la zona, se aplicarán, con las variaciones pertinentes, las reglas establecidas en relación con las inmatriculaciones de fincas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre. Sección 2.ª Servidumbre de tránsito Artículo 52. Extensión y régimen de la servidumbre de tránsito. 1. La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de seis metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios sujetos a cualquier régimen de protección. 2. En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte necesario, hasta un máximo de veinte metros. 3. Esta zona podrá ser ocupada excepcionalmente por obras a realizar en el dominio público marítimo-terrestre. En tal caso se sustituirá la zona de servidumbre por otra nueva en condiciones análogas, en la forma que se señale por la Administración General del Estado. También podrá ser ocupada para la ejecución de paseos marítimos (artículo 27 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 4. La competencia para ampliar o sustituir la zona afectada por la servidumbre de tránsito o autorizar su ocupación con paseos marítimos, en los supuestos a que se refieren los apartados 2 y 3, corresponden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, previo informe de la comunidad autónoma. Dicho informe deberá emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse evacuado, se proseguirá la tramitación del expediente. En el supuesto a que se refiere el apartado 3, se instruirá un solo expediente y dictará una resolución única para la ocupación del dominio público, en su caso, y para la sustitución de la servidumbre de tránsito. La ampliación se llevará a cabo, en su caso, de conformidad con lo previsto en las normas de protección o, en su defecto, en el planeamiento territorial o urbanístico. La localización alternativa se ubicará fuera del dominio público marítimo-terrestre y, preferentemente, dentro de la zona de servidumbre de protección de forma que se garantice la continuidad del tránsito. 5. Los cultivos en esta zona no impedirán el ejercicio de la servidumbre. Los daños que puedan producirse no serán objeto de indemnización. 6. La obligación de dejar expedita la zona de servidumbre de tránsito se refiere tanto al suelo como al vuelo y afecta a todos los usos que impidan la efectividad de la servidumbre. Se entiende que no impiden la efectividad de la servidumbre las canalizaciones subterráneas de servicios, siempre que no puedan tener otra ubicación. Sección 3.ª Servidumbre de acceso al mar Artículo 53. Extensión de la servidumbre de acceso al mar. 1. La servidumbre de acceso público y gratuito al mar recaerá, en la forma que se determina en los apartados siguientes, sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre, en la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso. 2. Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, los planes y normas de ordenación territorial y urbanística del litoral establecerán, salvo en espacios sujetos a cualquier régimen de protección, la previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del dominio público marítimo-terrestre. A estos efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico rodado deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros. Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos al uso público a su terminación (artículo 28 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Se entenderá por terminación la finalización de la ejecución de los accesos, con independencia del momento de su recepción por el Ayuntamiento respectivo. En las urbanizaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se estará a lo dispuesto en las disposiciones transitorias tercera, apartados 5 y 6, de dicha Ley y duodécima de este reglamento. 4. La obtención de los terrenos que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2, sean necesarios para la efectividad de la servidumbre de acceso al mar, se realizará por los mecanismos previstos en la legislación urbanística. Artículo 54. Accesos públicos al mar y aparcamientos. 1. Se declaran de utilidad pública, a efectos de la expropiación o de la imposición de la servidumbre de paso por la Administración General del Estado, los terrenos necesarios para la realización o modificación de otros accesos públicos al mar y aparcamientos, no incluidos en el apartado 2 del artículo anterior (artículo 28.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Para la realización o modificación de los accesos públicos y aparcamientos indicados en el apartado anterior, el Servicio Periférico de Costas formulará el correspondiente proyecto y lo someterá a información pública durante treinta días y a informe de la comunidad autónoma y del Ayuntamiento respectivos en igual plazo. Por causas excepcionales debidamente motivadas, dichos plazos podrán reducirse hasta los quince días. En caso de que no se evacuara dichos informes en el plazo señalado, se entenderán favorables. La aprobación del mismo llevará implícita la declaración de necesidad de ocupación, procediéndose a continuación conforme a lo previsto en la legislación de expropiación forzosa. Artículo 55. Prohibición de obras e instalaciones. No se permitirán en ningún caso obras o instalaciones que interrumpan el acceso al mar sin que se proponga por los interesados una solución alternativa que garantice su efectividad en condiciones análogas a las anteriores, a juicio de la Administración General del Estado (artículo 28.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 56. Competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Las competencias atribuidas a la Administración General del Estado en esta sección corresponden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Los terrenos expropiados se incorporarán al dominio público marítimo-terrestre. CAPÍTULO III Otras limitaciones de la propiedad Artículo 57. Limitaciones sobre los áridos. 1. En los tramos finales de los cauces deberá mantenerse la aportación de áridos a sus desembocaduras. Para autorizar su extracción, hasta la distancia que en cada caso se determine, se necesitará el informe favorable de la Administración General del Estado, en cuanto a su incidencia en el dominio público marítimo-terrestre (artículo 29.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. El Organismo de Cuenca o la Administración Hidráulica competente, previamente a la resolución de un expediente de extracción de áridos en cauce público, o a la ejecución de un proyecto de acondicionamiento de cauces, solicitará informe del correspondiente Servicio Periférico de Costas, cuando la distancia, medida a lo largo del cauce, entre los puntos de extracción y desembocadura en el mar sea inferior a la que se haya fijado para cada cauce por acuerdo entre ambos organismos. De la resolución recaída se dará traslado a dicho servicio. 3. Los informes del Servicio Periférico de Costas previstos en el apartado anterior, deberán emitirse en función de las necesidades de aportación de áridos a las playas. Artículo 58. Limitaciones sobre los yacimientos de áridos. 1. Los yacimientos de áridos, emplazados en la zona de influencia, quedarán sujetos al derecho de tanteo y retracto en las operaciones de venta, cesión o cualquier otra forma de transmisión onerosa ínter vivos, a favor del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para su aportación a las playas. Con esta misma finalidad, dichos yacimientos se declaran de utilidad pública a los efectos de su expropiación total o parcial en su caso por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la ocupación temporal de los terrenos necesarios (artículo 29.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Para el ejercicio del derecho de tanteo establecido en el apartado 1, los propietarios de los terrenos afectados deberán notificar al Servicio Periférico de Costas su propósito de llevar a cabo su transmisión, con expresión del adquirente, precio y forma de pago previstos. Dicho servicio elevará una propuesta motivada a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, para que éste adopte la resolución que proceda, en el plazo de un mes desde dicha notificación, sin que pueda llevarse a efecto la transmisión hasta tanto transcurra dicho plazo, siempre que durante el mismo no se haya notificado el ejercicio del derecho de tanteo. 3. En todo caso el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá ejercitar el derecho de retracto dentro de los nueve días siguientes a la inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad o a la notificación que en todo caso ha de hacer el transmitente dentro del mes siguiente a la formalización del contrato, adjuntando copia del mismo. Dicho retracto podrá ejercitarse en cualquier momento en defecto de notificación o cuando el precio efectivo de la transmisión hubiera sido inferior en más de un 20 por ciento al expresado en la notificación o en la copia del título traslativo aportado. El registrador de la propiedad, una vez practicada la inscripción advirtiendo expresamente de la posibilidad del retracto, notificará el mismo día telemáticamente tal circunstancia al Servicio Periférico de Costas, que elevará una propuesta motivada al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su resolución, caso de ser el retracto procedente. El retracto afectará a los adquirentes de derechos posteriores a la inscripción durante un plazo de tres meses a contar desde su fecha, siendo cancelada de oficio cualquier mención al mismo una vez transcurrido dicho plazo sin haber sido presentada en el Registro de la Propiedad la documentación acreditativa de su ejercicio. CAPÍTULO IV Zona de influencia Artículo 59. Extensión y régimen de la zona de influencia. 1. La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona, cuya anchura se determinará en los instrumentos correspondientes y que será como mínimo de 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar, respetará las exigencias de protección del dominio público marítimo-terrestre a través de los siguientes criterios: a) En tramos con playa y con acceso a tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito. b) Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística. Se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes sin que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o equivalente, de acuerdo con la normativa autonómica, en el término municipal respectivo. Se entenderá por densidad de edificación la edificabilidad definida en el planeamiento para los terrenos incluidos en la zona. 2. Para el otorgamiento de las licencias de obra o uso que impliquen la realización de vertidos al dominio público marítimo-terrestre se requerirá la previa obtención de la autorización de vertido correspondiente (artículo 30 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). TÍTULO III Utilización del dominio público marítimo-terrestre CAPÍTULO I Disposiciones generales Sección 1.ª Régimen general de utilización Artículo 60. Utilización del dominio público marítimo-terrestre. 1. La utilización del dominio público marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera será libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio. 2. Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones, sólo podrán ampararse en la existencia de reserva, adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en otras especiales, en su caso, sin que pueda invocarse derecho alguno en virtud de usucapión, cualquiera que sea el tiempo transcurrido (artículo 31 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. En la aplicación e interpretación de los artículos contenidos en el presente título se velará por la aplicación de la normativa vigente que tiene por objeto la conservación y el uso sostenible de la costa y del mar. Artículo 61. Ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 1. Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación (artículo 32.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Las actividades o instalaciones a que se refiere el apartado anterior son: a) Las que desempeñan una función o presten un servicio que, por sus características, requiera la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. b) Las de servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio. 3. En todo caso la ocupación deberá ser la mínima posible. Artículo 62. Exclusión de usos en el dominio público marítimo-terrestre. 1. A los efectos del apartado 1 del artículo anterior, y cualquiera que sea el título habilitante de la ocupación y la Administración que lo otorgue, quedarán expresamente excluidas las utilizaciones mencionadas en los artículos 25.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 46 de este reglamento, excepto las de la letra b), previa declaración de utilidad pública por el Consejo de Ministros, y el vertido de escombros utilizables en rellenos, debidamente autorizados. 2. Lo establecido en el apartado anterior se aplicará a todos los bienes de dominio público marítimo-terrestre y a todos los regímenes de utilización del mismo, incluyendo reservas, adscripciones, concesiones y autorizaciones, cualquiera que sea la Administración competente. Artículo 63. Eliminación de aguas residuales. Previamente al otorgamiento del título administrativo habilitante para la ocupación del dominio público, deberá quedar garantizado el sistema de eliminación de aguas residuales, de acuerdo con las disposiciones vigentes. El posterior incumplimiento de esta obligación dará lugar a la declaración de caducidad del título administrativo y al levantamiento de las instalaciones, sin perjuicio de la sanción que, en su caso, corresponda (artículo 32.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 64. Usos e instalaciones de embarque. 1. Los embarcaderos, rampas u otros tipos de atraques a utilizar por embarcaciones de líneas regulares de tráfico de pasajeros en régimen de explotación comercial, temporal o permanente no podrán ubicarse fuera de la zona de servicio de los puertos. 2. Cuando, por causas debidamente justificadas, las instalaciones a que se refiere el apartado anterior deban situarse fuera de una zona de servicio portuaria existente, deberá estar aprobada, con anterioridad al inicio de las obras, la ampliación de la zona de servicio portuaria, de forma que incluya el dominio público marítimo-terrestre afectado. Dichas instalaciones se ubicarán preferentemente fuera de las playas y previa evaluación de sus efectos sobre las condiciones de protección del entorno. 3. La autorización del emplazamiento de puntos de atraque, de embarque o desembarque o de aproximación a la costa para embarcaciones destinadas a excursiones marítimas turísticas costeras fuera de la zona de servicio de los puertos corresponderá al Servicio Periférico de Costas y será previa a la que deba emitir el órgano competente del Ministerio de Fomento en materia de Marina Mercante. Sección 2.ª Régimen de utilización de las playas Artículo 65. Utilización y ocupación de playas. 1. Las playas no serán de uso privado, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el presente reglamento sobre las reservas demaniales. 2. Las instalaciones que en ellas se permitan, además de cumplir con lo establecido en el artículo anterior, serán de libre acceso público, salvo que por razones de policía, de economía u otras de interés público, debidamente justificadas, se autoricen otras modalidades de uso. 3. Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella, con las dimensiones y distancias que se recogen en los artículos siguientes atendiendo a su naturaleza (artículo 33.1, 2 y 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Cuando, a juicio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no fuera posible ubicar las edificaciones de servicio fuera de la playa, sobre el paseo marítimo o los terrenos colindantes, se podrán situar adosadas al límite de aquélla. Artículo 66. Eventos de interés general con repercusión turística. 1. En los tramos urbanos de las playas podrá autorizarse la celebración de aquellos eventos de interés general con repercusión turística que cumplan los requisitos previstos en este artículo. En todo caso, una vez finalizada la ocupación, se procederá de manera inmediata al levantamiento de las instalaciones, a la completa limpieza del terreno ocupado y a la ejecución de las demás actuaciones precisas para asegurar la íntegra conservación de la playa. 2. Se considerarán eventos de interés general con repercusión turística los que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos: a) Los declarados como de interés turístico internacional, nacional, regional o local, por el órgano competente. b) Los eventos deportivos o culturales que, aun celebrándose de forma esporádica, tengan repercusión nacional o internacional. 3. Para la celebración de estos eventos la Administración local habrá de solicitar autorización con informe favorable del órgano competente de la comunidad autónoma, acompañada de una memoria técnica que disponga, al menos, de los siguientes documentos: a) Documentación justificativa en la que se describan las características del evento a desarrollar, con justificación expresa de: 1.º El objeto del evento, con mención expresa a las características de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre (superficie, instalaciones, tiempo y estimación de ocupantes). 2.º Justificación de la declaración del acto pretendido como evento a los efectos de la Ley 22/1988, de 28 de julio y de este reglamento. 3.º Las medidas preventivas a adoptar por el solicitante tendentes a evitar cualquier afección ambiental y a garantizar el restablecimiento del tramo de playa al estado anterior a la ocupación. 4.º Compromiso de proceder de manera inmediata, y una vez finalizada la ocupación, al levantamiento de las instalaciones, a la completa limpieza del terreno ocupado y a la ejecución de las demás actuaciones precisas para asegurar la íntegra conservación de la playa. b) Documentación gráfica del objeto de la ocupación, incluyendo plano de situación, a escala mínima 1:5000 y planos de detalle, a escala mínima 1:500. c) Estudio económico financiero según lo previsto en el artículo 89 de este reglamento. 4. El título que se otorgue fijará las condiciones pertinentes de la ocupación. En todo caso, incluirán las relativas a la superficie y tiempo de ocupación física, así como la adopción de todas las medidas preventivas tendentes a evitar cualquier afección ambiental y a garantizar el mantenimiento del tramo de playa en el estado anterior a la ocupación. Así mismo, establecerá la garantía que el promotor deberá depositar para asegurar el cumplimiento de dichas medidas preventivas y, en su caso, la ejecución subsidiaria de los trabajos de levantamiento de las instalaciones, limpieza completa del terreno ocupado y demás actuaciones precisas para asegurar la integridad de la playa. 5. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también para la celebración de los eventos recogidos en el apartado 2 en dominio público marítimo-terrestre que no tenga la condición de playa siempre que se prevea una afección a las mismas. Artículo 67. Catalogación de los tramos naturales y urbanos de las playas. La catalogación de los tramos naturales y urbanos de las playas se establecerá por la Administración competente en materia de ordenación del territorio, que deberá tener en cuenta el carácter urbanizado o rural de los terrenos contiguos a cada uno de los tramos, así como su grado de protección medioambiental. Artículo 68. Ocupaciones en los tramos naturales de las playas. Las ocupaciones en los tramos naturales de las playas deberán observar los siguientes requisitos: 1. Las actividades e instalaciones se someterán a las siguientes reglas: a) Podrán autorizarse las actividades o instalaciones a las que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 61. b) La ocupación de los establecimientos expendedores de comidas y bebidas no excederá de 70 metros cuadrados, de los cuales, 20, como máximo, podrán destinarse a instalación cerrada. Estas instalaciones serán de temporada y desmontables en todos sus elementos. La distancia entre estos establecimientos no podrá ser inferior a 300 metros. 2. La superficie de cada una de esas ocupaciones será la mínima posible y la ocupación total no podrá, en ningún caso, exceder del 10 por ciento de la superficie de la playa en pleamar. La distribución de tales instalaciones se propondrá por el Ayuntamiento según el procedimiento recogido en el artículo 113 de este reglamento. 3. Todas las conducciones de servicio a estas instalaciones deberán ser subterráneas. 4. El sistema de saneamiento garantizará una eficaz eliminación de las aguas residuales, así como la ausencia de malos olores. Con este objeto, las instalaciones deberán conectarse a la red de saneamiento general, si ésta existe, quedando en todo caso prohibidos los sistemas de drenaje o absorción que puedan afectar a la arena de las playas o a la calidad de las aguas de baño. 5. En todo caso, el levantamiento de cualquiera de las ocupaciones o usos referidos en los puntos anteriores llevará implícita la obligación para el beneficiario del título administrativo habilitado al efecto de reponer la playa a su estado natural anterior a la ocupación o uso. Artículo 69. Ocupaciones en los tramos urbanos de las playas. Las ocupaciones en los tramos urbanos de las playas deberán observar los siguientes requisitos, quedando garantizado en todo caso el uso público, libre y gratuito de los recursos naturales: 1. Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella, con las dimensiones y distancias que se recogen en los apartados siguientes. Cuando, a juicio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no fuera posible ubicar estas edificaciones sobre el paseo marítimo o fuera de la playa, se podrán ubicar en su límite interior o, en el caso en que la anchura de la playa así lo permita, a una distancia mínima de 70 metros desde la línea de pleamar, siempre que no se perjudique la integridad del dominio público marítimo-terrestre ni su uso. 2. Además de las ocupaciones previstas para los tramos naturales de las playas, los tramos urbanos de las mismas podrán disponer de instalaciones fijas destinadas a establecimientos expendedores de comidas y bebidas, con una ocupación máxima, salvo casos excepcionales debidamente justificados, de 200 metros cuadrados, de los cuales 150 metros cuadrados podrán ser de edificación cerrada y el resto terraza cerrada mediante elementos desmontables que garanticen la permeabilidad de vistas. A esta superficie se podrá añadir otros 70 metros cuadrados de ocupación abierta y desmontable más una zona de aseo, que no podrá superar los 30 metros cuadrados, siempre que ésta sea de uso público y gratuito. La distancia entre estos establecimientos no podrá ser inferior a 150 metros. 3. Las instalaciones desmontables destinadas a establecimientos expendedores de comidas y bebidas se situarán con una separación mínima de cien metros de otras que presten un servicio de igual naturaleza ubicadas en dominio público marítimo-terrestre. Si la superficie cerrada supera los 20 metros cuadrados deberán contar con un título concesional. 4. Las distancias a las que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo podrán reducirse a la mitad entre actividades no similares. 5. Las distancias y superficies recogidas en los párrafos anteriores no serán de aplicación entre terrazas sobre paseos marítimos vinculadas a establecimientos ubicados fuera del dominio público, que podrán situarse junto a sus respectivos establecimientos, siempre y cuando no se obstruya el paso y uso público. 6. Todas las conducciones de servicio a estas instalaciones deberán ser subterráneas. 7. El sistema de saneamiento garantizará una eficaz eliminación de las aguas residuales, así como la ausencia de malos olores. Con este objeto, las instalaciones deberán conectarse a la red de saneamiento general, quedando en todo caso prohibidos los sistemas de drenaje o absorción que puedan afectar a la arena de las playas o a la calidad de las aguas de baño. 8. La superficie de cada una de las ocupaciones será la mínima posible y la ocupación total de todas ellas, independientemente de uso al que estén destinadas, no podrá, en ningún caso, exceder del 50 por ciento de la superficie de la playa en pleamar. La distribución de tales instalaciones se establecerá por la Administración autonómica competente en materia de ordenación del litoral o, en su defecto, se realizará de forma homogénea a lo largo de la playa. 9. Las superficies y distancias recogidas en los apartados anteriores no serán de aplicación para edificaciones ya existentes que hayan revertido al dominio público marítimo-terrestre y sobre las que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente decida expresamente su mantenimiento por sus características singulares. 10. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a las ocupaciones en dominio público marítimo-terrestre que no tenga la naturaleza de ribera del mar. Artículo 70. Instalaciones destinadas a actividades deportivas de carácter náutico federado. 1. Las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público para instalaciones destinadas a actividades deportivas de carácter náutico federado, que únicamente podrán otorgarse en tramos urbanos de playa, además de cumplir las disposiciones que les sean aplicables con carácter general y las específicas reguladoras de su actividad, deberán ajustarse a los siguientes criterios: a) Las instalaciones se ubicarán, preferentemente, fuera de la playa. Cuando esto no sea posible, se situarán en los extremos de la playa, adosadas al límite de aquélla. b) Los usos permitidos en estas instalaciones serán los estrictamente necesarios para realizar la actividad deportiva náutica. c) Las instalaciones deberán estar adaptadas al entorno en que se encuentren situadas y no podrán exceder de 300 metros cuadrados, excluida la superficie ocupada por la zona de varada. d) En ningún caso se permitirán instalaciones destinadas a actividades deportivas no náuticas. 2. Con el fin de ordenar la existencia de estas instalaciones y racionalizar su necesidad y ubicación en el litoral, la solicitud de título administrativo deberá ir acompañada de informe de la Federación correspondiente. El informe deberá pronunciarse sobre la dimensión de las instalaciones fijas y, en su caso, la zona de varada. Con el mismo fin se solicitará informe del órgano competente de la Administración autonómica y, en su caso, de la Autoridad Portuaria correspondiente, que deberán pronunciarse expresamente sobre la posible incidencia con el funcionamiento de puertos deportivos o de otras instalaciones de carácter náutico de su competencia. Si en el plazo de un mes no se emite informe, este se entenderá favorable. La superficie destinada a zona de varada se determinará en función del tramo de costa en que se ubique, sin que pueda impedir el uso público de la playa para el resto de los fines recogidos en el artículo 31 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. En todo caso, la superficie computará a efectos del máximo del 50 por ciento de la superficie de la playa en pleamar. De conllevar la actividad náutica deportiva el lanzamiento o varada de embarcaciones, deberá dejarse libre permanentemente una franja de 15 metros, como mínimo, desde la orilla en pleamar. Además, deberá hacerse a través de canales debidamente señalizados situados en las proximidades. De no existir canales debidamente autorizados en las proximidades, el proyecto deberá contemplar el canal correspondiente. Las características técnicas y ubicación del mismo deberán ser informadas favorablemente por Puertos del Estado, previamente a su instalación. 3. Todas las conducciones de servicio a estas instalaciones deberán ser subterráneas. 4. El sistema de saneamiento garantizará una eficaz eliminación de las aguas residuales, así como la ausencia de malos olores. Con este objeto, las instalaciones deberán conectarse a la red de saneamiento general, si ésta existe, quedando en todo caso prohibidos los sistemas de drenaje o absorción que puedan afectar a la arena de las playas o a la calidad de las aguas de baño. Artículo 71. Tendidos aéreos en las playas. No se permitirán en las playas los tendidos aéreos, salvo imposibilidad material debidamente justificada. Artículo 72. Usos prohibidos de estacionamiento, circulación de vehículos, campamentos y acampadas. 1. Quedarán prohibidos el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos, así como los campamentos y acampadas (artículo 33.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Dichas prohibiciones se aplicarán a todo el dominio público marítimo-terrestre, salvo la de estacionamiento y circulación de vehículos, que afectará solamente a las playas. 3. Se entenderá por acampada la instalación de tiendas de campaña o de vehículos o remolques habitables. Se entenderá por campamento la acampada organizada dotada de los servicios y suministros establecidos por la normativa vigente. 4. Quienes vulneren las prohibiciones establecidas en este artículo deberán desalojar de inmediato, a requerimiento verbal de los Agentes de la Administración, el dominio público ocupado, sin perjuicio de la instrucción de expediente sancionador cuando sea procedente. El Servicio Periférico de Costas podrá interesar del Delegado del Gobierno la colaboración de la fuerza pública cuando ello sea necesario. Artículo 73. Usos prohibidos en zonas de baño. 1. En las zonas de baño debidamente balizadas estará prohibida la navegación deportiva y de recreo, y la utilización de cualquier tipo de embarcación o medio flotante movido a vela o motor. El lanzamiento o varada de embarcaciones deberá hacerse a través de canales debidamente señalizados, según lo establecido en el artículo 70.2 de este reglamento. 2. En los tramos de costa que no estén balizados como zona de baño se entenderá que ésta ocupa una franja de mar contigua a la costa de una anchura de 200 metros en las playas y 50 metros en el resto de la costa. Dentro de estas zonas no se podrá navegar a una velocidad superior a tres nudos, debiendo adoptarse las precauciones necesarias para evitar riesgos a la seguridad de la vida humana en el mar. Estará prohibido cualquier tipo de vertido desde las embarcaciones. Artículo 74. Normas generales para la ocupación de las playas. En defecto de planeamiento, la ocupación de la playa por instalaciones de cualquier tipo, incluso las correspondientes a servicios de temporada, deberá observar, además de lo indicado en los artículos anteriores, las siguientes determinaciones: a) Se dejará libre permanentemente una franja de seis metros, como mínimo, desde la orilla en pleamar. b) Las longitudes de los tramos libres de ocupación deberán ser, como mínimo, equivalentes a las que se prevé en explotación, sin que estas últimas puedan superar los 100 metros, salvo que la configuración de la playa aconseje otra distribución. c) Las zonas de lanzamiento y varada se situarán preferentemente en los extremos de la playa o en otras zonas donde se minimice su interferencia con los usos comunes a que se refiere el artículo 60.1 de este reglamento y en conexión con accesos rodados y canales balizados. Sección 3.ª Otros principios comunes Artículo 75. Denegación de las solicitudes de utilización del dominio público marítimo-terrestre. 1. Las solicitudes de utilización del dominio público marítimo-terrestre que se opongan de manera notoria a lo dispuesto en la normativa en vigor se denegarán en el plazo máximo de dos meses, sin más trámite que la audiencia previa al peticionario. Se considerará que se opone de manera notoria a la normativa en vigor la utilización del dominio público marítimo-terrestre para usos no permitidos por la Ley 22/1988, de 28 de julio, o que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el dominio público marítimo-terrestre. Si se tratare de deficiencias susceptibles de subsanación se procederá en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo siguiente. 2. Transcurrido el plazo máximo para tramitarse la solicitud de utilización del dominio público marítimo-terrestre sin haberse notificado resolución expresa al interesado o interesados deberá entenderse desestimada por silencio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Artículo 76. Subsanación de deficiencias. 1. La Administración competente comunicará las deficiencias observadas a los peticionarios, para que éstos formulen sus alegaciones o subsanen las mismas en el plazo de diez días, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, dando traslado de la resolución que así lo acuerde a los interesados, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 2. Cuando sea competente la Administración General del Estado, corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Servicio Periférico de Costas, el ejercicio de las facultades previstas en el apartado anterior. Artículo 77. No obligación de otorgamiento de títulos. La Administración no está obligada a otorgar los títulos de utilización del dominio público marítimo-terrestre que se soliciten con arreglo a las determinaciones del plan o normas aprobadas, pudiendo ser denegadas por razones de interés público debidamente motivadas (artículo 35.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 78. Exigencia de garantías. 1. En los supuestos de usos que puedan producir daños y perjuicios sobre el dominio público o privado, la Administración General del Estado estará facultada para exigir al solicitante la presentación de cuantos estudios y garantías económicas se determinan en el apartado siguiente para la prevención de aquéllos, la reposición de los bienes afectados y las indemnizaciones correspondientes (artículo 36 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Para el establecimiento de las garantías económicas indicadas en el apartado anterior se tendrá en cuenta lo siguiente: a) Serán determinadas por el órgano competente de la Administración General del Estado para el otorgamiento del título, una vez prestada conformidad a los estudios presentados, los cuales deberán contemplar las medidas correctoras adecuadas para la prevención de los daños y la reposición de los bienes. b) Podrán formalizarse por cualquiera de los sistemas admitidos por la normativa vigente, tendrán carácter irrevocable, serán de ejecución automática y se extenderán hasta el plazo de vencimiento. Para la ejecución forzosa, en su caso, se estará a lo dispuesto en la sección 2.ª del capítulo tercero del título V de este reglamento. c) La posible afección sobre el dominio privado y las indemnizaciones correspondientes serán determinadas por la Administración, de oficio o a instancia del posible perjudicado debidamente justificada, sin perjuicio de las acciones judiciales que el mismo pueda ejercer. Artículo 79. Facultades de la Administración General del Estado sobre el dominio público marítimo-terrestre. 1. La ocupación del dominio público no implicará en ningún caso la cesión de éste, ni su utilización significará la cesión de las facultades demaniales de la Administración General del Estado, ni la asunción por ésta de responsabilidades de ningún tipo respecto al titular del derecho a la ocupación o a terceros. El mencionado titular será responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionar las obras y actividades al dominio público y al privado, salvo en el caso en que aquéllos tengan su origen en alguna cláusula impuesta por la Administración al titular y que sean de ineludible cumplimiento por éste. 2. La Administración General del Estado conservará en todo momento las facultades de tutela y policía sobre el dominio público afectado, quedando obligado el titular de la ocupación o actividad a informar a aquélla de las incidencias que se produzcan en relación con dichos bienes y a cumplir las instrucciones que le dicte (artículo 37 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las facultades de gestión de las comunidades autónomas respecto de aquellas actividades que correspondan a materias de su competencia que se desarrollen sobre el dominio público. Artículo 80. Registro de usos del dominio público marítimo-terrestre. 1. La Administración competente llevará, actualizado, el Registro de usos del dominio público marítimo-terrestre, en el que se inscribirán de oficio, en la forma en que se determina en este artículo, las reservas, adscripciones y concesiones, así como las autorizaciones de vertidos contaminantes, revisando, al menos anualmente, el cumplimiento de las condiciones estipuladas, así como los efectos producidos. Dichos registros tendrán carácter público, pudiendo interesarse las oportunas certificaciones sobre su contenido, y siendo las mismas medio de prueba de la existencia y situación del correspondiente título administrativo, sin perjuicio de su inscripción en el Registro de la Propiedad a los efectos prevenidos en la Ley Hipotecaria. Los cambios de titularidad y de características que puedan producirse deberán reflejarse, asimismo, en el asiento correspondiente. 2. Cuando se trate de usos cuya autorización corresponda a la Administración General del Estado, el Registro estará formado por fichas individuales debidamente numeradas y autenticadas y podrá sustituirse por un banco de datos susceptible de tratamiento informático. La Administración competente podrá dictar instrucciones sobre su contenido. A estos efectos, se elaborarán fichas de cada uno de los usos indicados anteriormente, que contendrán, como mínimo, los siguientes datos: provincia, término municipal, emplazamiento, destino, titular, superficie otorgada, plazo, canon y, en su caso, modificaciones de titularidad y de características, prórrogas y sanciones firmes por infracciones graves. 3. Las certificaciones sobre el contenido del Registro de usos serán solicitadas a la Administración competente. 4. El Registro se llevará por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las certificaciones sobre su contenido serán solicitadas al Servicio Periférico de Costas. A estos efectos, dicho Servicio llevará un duplicado actualizado del Registro para los títulos radicados en su circunscripción territorial, que podrá sustituirse por una conexión informática con el banco de datos. 5. El Registro de usos del dominio público marítimo-terrestre será público. Las solicitudes de información ambiental que se realicen sobre su contenido se regirán por lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Artículo 81. Publicidad. 1. Está prohibida la publicidad permanente a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales. Excepcionalmente, y en las condiciones que se establecen en los apartados siguientes, se podrá autorizar la publicidad siempre que sea parte integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas en el dominio público marítimo-terrestre y siempre que sea compatible con su protección (artículo 38.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Se podrá autorizar la publicidad cuando sea compatible con la protección del dominio público marítimo-terrestre y no menoscabe su uso ni implique riesgo para la vida, salud o seguridad para las personas. 3. No se podrá autorizar la publicidad por medios acústicos o audiovisuales cuando interfiera o menoscabe los usos comunes del dominio público marítimo-terrestre. 4. Se podrá permitir, con carácter excepcional, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1, en los siguientes supuestos: a) Rótulos indicadores de establecimientos debidamente autorizados, siempre que se coloquen en su fachada y no supongan una reducción del campo visual generado por el volumen de la propia edificación o instalación. En las mismas condiciones, podrán admitirse rótulos o carteles de otras marcas expedidas en el establecimiento b) En las vallas cuya colocación resulte necesaria para la funcionalidad de la instalación o para el desarrollo de actividades. c) Elementos publicitarios de los patrocinadores de las actividades lúdicas o deportivas que estén debidamente autorizadas, siempre que se integren o acompañen a los elementos autorizados para su realización. Los medios publicitarios utilizados no podrán implicar una reducción adicional del campo visual, producir ruido ni vibraciones ni romper la armonía del paisaje. 5. También estará prohibido, cualquiera que sea el medio de difusión empleado, el anuncio de actividades en el dominio público marítimo-terrestre que no cuenten con el correspondiente título administrativo o que no se ajuste a sus condiciones (artículo 38.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 82. Exigencia de título para el suministro de energía eléctrica, agua, gas y telefonía. 1. Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía exigirán para la contratación de sus respectivos servicios la presentación del título administrativo requerido según la Ley 22/1988, de 28 de julio, para la realización de las obras o instalaciones en las playas, zona marítimo-terrestre o mar (artículo 39 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Las empresas suministradoras conservarán una copia de la concesión o autorización correspondiente para su exhibición a requerimiento de la Administración competente. Artículo 83. Sanción de utilizaciones no autorizadas previamente. Las utilizaciones no autorizadas previamente, conforme a lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, serán sancionadas con arreglo a lo previsto en el título V, sin perjuicio de su legalización cuando sea posible y se estime conveniente, en cuyo caso, se seguirá el procedimiento y los criterios establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento para el otorgamiento del título correspondiente (artículo 40 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 84. Disposición por la Administración del dominio público ocupado en caso de estados de necesidad o excepcionales. 1. En caso de tempestad, grave riesgo, catástrofe o calamidad pública o cualquier otro estado de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, la Administración competente podrá disponer, inmediatamente y sin tramitación ni indemnización previa, del dominio público ocupado y de las obras e instalaciones concedidas o autorizadas, en la medida que juzgue necesaria para la protección y seguridad de los bienes y personas afectadas. Para las indemnizaciones correspondientes se estará a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (artículo 41 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. La Administración competente podrá cerrar temporalmente el dominio al uso público, cuando las circunstancias así lo aconsejen, para evitar riesgos a la seguridad o salud de los usuarios o en otras situaciones anómalas o excepcionales, sin que este cierre pueda dar lugar a ningún tipo de indemnización. CAPÍTULO II Proyectos y obras Artículo 85. Proyecto para la ocupación o utilización del dominio público marítimo-terrestre. 1. Para que la Administración competente resuelva sobre la ocupación o utilización del dominio público marítimo-terrestre, se formulará el correspondiente proyecto básico, en el que se fijarán las características de las instalaciones y obras, la extensión de la zona de dominio público marítimo-terrestre a ocupar o utilizar y las demás especificaciones que se determinan en el artículo 88 de este reglamento. Con posterioridad, y antes de comenzarse las obras, se formulará el proyecto de construcción, sin perjuicio de que, si lo desea, el peticionario pueda presentar éste y no el básico acompañando a su solicitud (artículo 42.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). La variable del cambio climático, se introducirá en la toma de la decisión sobre la ocupación o utilización del dominio público marítimo-terrestre. 2. Cuando las actividades proyectadas pudieran producir una alteración importante del dominio público marítimo-terrestre, se requerirá además una previa evaluación de sus efectos sobre el mismo, que comprenderá el estudio de la incidencia de las actividades proyectadas sobre el dominio público marítimo-terrestre, tanto durante su ejecución como durante su explotación, debiendo incluir, en su caso, las medidas correctoras necesarias. Artículo 86. Sometimiento del proyecto a información pública. El proyecto se someterá preceptivamente a información pública, salvo que se trate de autorizaciones o de actividades relacionadas con la defensa nacional o por razones de seguridad (artículo 42.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 87. Estudio económico-financiero. Cuando no se trate de utilización por la Administración, se acompañará un estudio económico-financiero cuyo contenido será el definido en el artículo 89 de este reglamento y el presupuesto estimado de las obras emplazadas en el dominio público marítimo-terrestre (artículo 42.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 88. Documentos a aportar con el proyecto básico. El proyecto básico, que deberá estar suscrito por técnico competente, contendrá los siguientes documentos: a) Memoria justificativa y descriptiva con anejos, en su caso, que deberá contener la declaración a que se refiere el artículo 97 de este reglamento, así como las especificaciones señaladas en el artículo 85 de este reglamento y otros datos relevantes, tales como los criterios básicos del proyecto, el programa de ejecución de los trabajos y, en su caso, el sistema de evacuación de aguas residuales. b) Planos: De situación, a escala conveniente de emplazamiento, con representación del deslinde y de la zona a ocupar, a escala no inferior a 1/5.000 con la clasificación y usos urbanísticos del entorno, topográfico del estado actual, a escala no inferior a 1/1.000; de planta general, en que se representen las instalaciones y obras proyectadas, que incluirá el deslinde y la superficie a ocupar o utilizar en el dominio público marítimo-terrestre, líneas de orilla, zonas de servidumbre de tránsito, protección y accesos y, cuando proceda, restablecimiento de las afectadas y terrenos a incorporar al dominio público marítimo-terrestre; de alzados y secciones características, cuando resulten necesarios para su definición, con la geometría de las obras e instalaciones. c) Información fotográfica de la zona. d) Presupuesto con la valoración de las unidades de obra y partidas más significativas. e) Determinación de la posible afección a espacios de la Red Natura 2000 o cualesquiera otros dotados de figuras de protección ambiental. En aquellos proyectos en que se pueda producir la citada afección, el proyecto incluirá el necesario estudio bionómico referido al ámbito de la actuación prevista además de una franja del entorno del mismo de al menos 500 metros de ancho. Artículo 89. Contenido del estudio económico-financiero. En el caso de que no se prevea la gestión directa por la Administración el estudio económico-financiero a que se refiere el artículo 87 de este reglamento desarrollará la evolución previsible de la explotación, considerando diversas alternativas de plazo de amortización acordes con las disposiciones de este reglamento, y contendrá: a) Relación de ingresos estimados, con tarifas a abonar por el público y, en su caso, descomposición de sus factores constitutivos como base para futuras revisiones. b) Relación de gastos, incluyendo los de proyectos y obras y los de cánones y tributos a satisfacer, así como los de conservación, consumos energéticos, de personal y otros necesarios para la explotación. Además se incluirán, cuando éstos existan, los costes derivados de las medidas correctoras a imponer, así como los gastos derivados del plan de seguimiento para la comprobación de la efectividad de dichas medidas. c) Evaluación de la rentabilidad neta, antes de impuestos. Artículo 90. Ejecución de las obras. 1. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto de construcción que en cada caso se apruebe, que completará al proyecto básico (artículo 43 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. La dirección de las obras será ejercida por técnico competente. Artículo 91. Contenido del proyecto. 1. Los proyectos se formularán conforme al planeamiento que, en su caso, desarrollen, y con sujeción a las normas generales, específicas y técnicas que apruebe la Administración competente, en función del tipo de obra y de su emplazamiento (artículo 44.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas y, en su caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta (artículo 44.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra realizada, según se establece en el artículo 92 de este reglamento. 3. Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona marítimo-terrestre, deberá comprender un estudio básico de la dinámica litoral referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de este reglamento (artículo 44.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 4. Para la creación y regeneración de playas se deberá considerar prioritariamente la actuación sobre los terrenos colindantes, la supresión o atenuación de las barreras al transporte marino de áridos, la aportación artificial de éstos, las obras sumergidas en el mar y cualquier otra actuación que suponga la menor agresión al entorno natural (artículo 44.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 92. Contenido de la evaluación de los efectos del cambio climático. 1. La evaluación de los efectos del cambio climático incluirá la consideración de la subida del nivel medio del mar, la modificación de las direcciones de oleaje, los incrementos de altura de ola, la modificación de la duración de temporales y en general todas aquellas modificaciones de las dinámicas costeras actuantes en la zona, en los siguientes periodos de tiempo: a) En caso de proyectos cuya finalidad sea la obtención de una concesión, el plazo de solicitud de la concesión, incluidas las posibles prórrogas. b) En caso de obras de protección del litoral, puertos y similares, un mínimo de 50 años desde la fecha de solicitud. 2. Se deberán considerar las medidas de adaptación que se definan en la estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, establecida en la disposición adicional octava de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Artículo 93. Contenido del estudio básico de dinámica litoral. El estudio básico de dinámica litoral a que se refiere el artículo 91.3 de este reglamento se acompañará como anejo a la Memoria, y comprenderá los siguientes aspectos: a) Estudio de la capacidad de transporte litoral. b) Balance sedimentario y evolución de la línea de costa, tanto anterior como previsible. c) Clima marítimo, incluyendo estadísticas de oleaje y temporales direccionales y escolares. d) Dinámicas resultantes de los efectos del cambio climático. e) Batimetría hasta zonas del fondo que no resulten modificadas, y forma de equilibrio, en planta y perfil, del tramo de costas afectado. f) Naturaleza geológica de los fondos. g) Condiciones de la biosfera submarina y efectos sobre la misma de las actuaciones previstas en la forma que señala el artículo 88 e) de este reglamento. h) Recursos disponibles de áridos y canteras y su idoneidad, previsión de dragados o trasvases de arenas. i) Plan de seguimiento de las actuaciones previstas. j) Propuesta para la minimización, en su caso, de la incidencia de las obras y posibles medidas correctoras y compensatorias. Artículo 94. Disminución de la superficie de playa existente. La disminución significativa de la superficie de playa existente, causada por las actividades proyectadas, deberá, en su caso, ser compensada con otra equivalente, a crear o regenerar en la zona, sin que esta compensación sea condición suficiente para que, en su caso, el título se otorgue. Artículo 95. Localización de los paseos marítimos. 1. Los paseos marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar y serán preferentemente peatonales (artículo 44.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. En el caso de modificación de las características de paseos marítimos existentes no se admitirán vías rodadas en los mismos, salvo que no exista posibilidad de situar otras vías alternativas en las proximidades. Artículo 96. Instalaciones de tratamiento de aguas residuales. 1. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se emplazarán fuera de la ribera del mar y de los primeros veinte metros de la zona de servidumbre de protección. No se autorizará la instalación de colectores paralelos a la costa dentro de la ribera del mar ni de los primeros veinte metros de los terrenos colindantes (artículo 44.6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. No se entenderá incluida en los supuestos de prohibición del apartado anterior la reparación de colectores existentes, así como su construcción cuando se integren en paseos marítimos u otros viales pavimentados. Artículo 97. Cumplimiento de las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y demás normativa. 1. Los proyectos contendrán la declaración expresa de que cumplen las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de las normas generales y específicas que se dicten para su desarrollo y aplicación (artículo 44.7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Los autores responderán de la exactitud y veracidad de los datos técnicos y urbanísticos consignados. Artículo 98. Tramitación de los proyectos. 1. La tramitación de los proyectos de la Administración General del Estado se realizará conforme a lo dispuesto en este artículo, con sometimiento en su caso, a información pública y a informe de los Departamentos y organismos que se determinen. Si, como consecuencia de las alegaciones formuladas en dicho trámite se introdujeran modificaciones sustanciales en el proyecto se abrirá un nuevo período de información (artículo 45.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Lo establecido en este artículo para los proyectos a realizar por la Administración General del Estado será de aplicación a los de las obras de interés general a que se refieren los artículos 111 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 221 de este reglamento. 3. Los proyectos deberá contener los documentos señalados en la legislación de contratos del Sector público. 4. La tramitación de los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación comprenderá: a) La fase de información pública, en su caso, con plazo de veinte días. b) Informe de la comunidad autónoma. c) Informe del Ayuntamiento en cuyo término se emplacen las obras. d) Informe favorable del Ministerio de Fomento o de las Capitanías Marítimas en el caso de las obras que puedan suponer un riesgo para la seguridad marítima, de la navegación y de la vida humana en el mar, así como en orden a la prevención de la contaminación del medio marino. e) Informe del órgano competente en materia de costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuando se trate de proyectos de otros órganos o Departamentos Ministeriales. f) Informe del Ministerio de Defensa cuando puedan afectar a los intereses públicos tutelados por dicho Ministerio. 5. Los informes podrán ser recabados durante el plazo de información pública, debiendo emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse evacuado, se proseguirá la tramitación del expediente. 6. Quedarán excluidos de la tramitación anterior los proyectos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de escasa entidad, o de obras de reparaciones menores o de conservación y mantenimiento. Artículo 99. Necesidad de ocupación de bienes y derechos que resulte necesario expropiar. 1. La aprobación de dichos proyectos llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos que, en su caso, resulte necesario expropiar. A tal efecto, en el proyecto deberá figurar la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, con la descripción material de los mismos (artículo 45.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. A los efectos del apartado anterior, el proyecto deberá incluir un anejo de expropiaciones que comprenderá, además de lo especificado en dicho apartado, los siguientes datos: a) Plano parcelario, con las fincas individualizadas y titulares afectados, debiendo figurar la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre. b) Valoración económica de los bienes y derechos afectados, que deberá realizarse de conformidad con lo regulado en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo. Artículo 100. Necesidad de ocupación de otros bienes y derechos. La necesidad de ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obra que puedan aprobarse posteriormente, con los mismos requisitos señalados en los artículos anteriores (artículo 45.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 101. Planes de obras y de otras actuaciones. Con el fin de garantizar la integridad del dominio público marítimo-terrestre y la eficacia de las medidas de protección sobre el mismo, la Administración General del Estado podrá aprobar planes de obras y de otras actuaciones de su competencia (artículo 46 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). CAPÍTULO III Reservas y adscripciones Sección 1.ª Reservas Artículo 102. Reserva de utilización de determinadas pertenencias del dominio público marítimo-terrestre. 1. La Administración General del Estado podrá reservarse la utilización total o parcial de determinadas pertenencias del dominio público marítimo-terrestre exclusivamente para el cumplimiento de fines de su competencia, siempre que concurran las circunstancias prevenidas en los artículos 32 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 61 y 62 de este reglamento. 2. La reserva podrá ser para la realización de estudios e investigaciones, o para obras, instalaciones o servicios. Su duración se limitará al tiempo necesario para el cumplimiento de los fines a que se refiere el apartado anterior. 3. La declaración de zona de reserva se hará por acuerdo del Consejo de Ministros. Prevalecerá frente a cualquier otra utilización y llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación, a efectos expropiatorios de los derechos preexistentes que resulten incompatibles con ella (artículo 47 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 4. La solicitud de reserva deberá ir acompañada del proyecto de las obras e instalaciones o, en caso de inexistencia de las mismas, de la definición de usos o actividades que se van a desarrollar sobre la zona afectada. 5. La solicitud de declaración de zona de reserva deberá ser sometida a informe de la comunidad autónoma y, conforme a lo establecido en los artículos 115 b) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 225 b) de este reglamento, de los Ayuntamientos afectados. Asimismo, deberá someterse a informe preceptivo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuando la misma se realice a favor de otro Departamento ministerial. Estos informes deberán emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse evacuado, se proseguirá la tramitación del expediente. 6. La propuesta será elevada al Consejo de Ministros por el titular del Departamento ministerial a cuyo favor se realice la reserva. 7. Declarada la reserva, se suscribirá un acta y plano por representantes del Departamento ministerial afectado y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 8. Las obras e instalaciones, o los usos o actividades, para los que se declaró la reserva, no podrán ser modificados durante la duración de la misma. Su modificación tendrá idéntica tramitación que la solicitud inicial. Artículo 103. Utilización o explotación de las zonas de reserva. 1. La utilización o explotación de las zonas de reserva podrá ser realizada por cualquiera de las modalidades de gestión directa o indirecta previstas en el artículo 277 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 2. La reserva no podrá amparar en ningún caso la realización de otros usos o actividades distintas de las que justificaron la declaración (artículo 48.1 y 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Sección 2.ª Adscripciones Artículo 104. Adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las comunidades autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte. 1. La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las comunidades autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquéllas, o de ampliación o modificación de los existentes, se formalizará por la Administración General del Estado. La porción de dominio público adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la comunidad autónoma la utilización y gestión de la misma, adecuadas a su finalidad y con sujeción a las disposiciones pertinentes. En todo caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos, incluidas las prórrogas, no podrá ser superior al plazo máximo de vigencia establecido en la legislación estatal para las concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés general. 2. La adscripción se limitará a la superficie de dominio público marítimo-terrestre ocupada por la zona de servicio portuaria o por la vía de transporte. Artículo 105. Usos permitidos en la zona de servicio portuaria de los bienes de dominio público marítimo-terrestre. 1. En la zona de servicio portuaria de los bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos, que no reúnan las características del artículo 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y artículo 3 de este reglamento, además de los usos necesarios para el desarrollo de la actividad portuaria, se podrán permitir usos comerciales y de restauración, siempre que no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre ni la actividad portuaria y se ajusten a lo establecido en el planeamiento urbanístico. En todo caso, se prohíben las edificaciones destinadas a residencia o habitación. 2. La superficie máxima permitida para los usos previstos en el apartado anterior deberá cumplir las siguientes condiciones: a) Será inferior al 16 por ciento de la lámina de agua comprendida por los diques del puerto. b) Será inferior al 10 por ciento de la superficie de tierra del puerto. c) Será inferior a 20 metros cuadrados por amarre. 3. Su planificación y ubicación se subordinará a las necesidades de la actividad portuaria, no debiendo interferir, afectar o perjudicar a la misma. Artículo 106. Proyectos de las comunidades autónomas. 1. A los efectos previstos en el artículo 104, los proyectos de las comunidades autónomas deberán contar con el informe favorable de la Administración General del Estado en cuanto a la delimitación del dominio público estatal susceptible de adscripción, usos previstos, incluida la determinación concreta de la superficie y ubicación que vaya a destinarse a los usos autorizados por el artículo 49. 4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 105 de este reglamento, y medidas necesarias para la protección del dominio público, sin cuyo requisito aquéllos no podrán entenderse definitivamente aprobados. 2. Los proyectos de las comunidades autónomas habrán de contener, además, una evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre los terrenos donde se vayan a situar las obras, de acuerdo con el artículo 44.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 92 de este reglamento. 3. La aprobación definitiva de los proyectos llevará implícita la adscripción del dominio público en que estén emplazadas las obras y la delimitación de una nueva zona de servicio portuaria o la ampliación o modificación de la existente, con la distribución de superficie y usos prevista en el apartado 1 de este artículo. La adscripción se formalizará mediante acta suscrita por representación de ambas Administraciones. 4. La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las comunidades autónomas no devengará canon a favor de la Administración General del Estado. Las concesiones o autorizaciones que las comunidades autónomas otorguen en el dominio público marítimo-terrestre adscrito devengarán el correspondiente canon de ocupación en favor de la Administración General del Estado, sin perjuicio de los que sean exigibles por aquellas. Artículo 107. Procedimiento de adscripción. La adscripción se formalizará mediante el siguiente procedimiento: a) La comunidad autónoma interesada remitirá el proyecto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su informe, con anterioridad a su aprobación definitiva. El informe deberá emitirse en el plazo de dos meses contados a partir del momento en que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente disponga de la documentación necesaria. Transcurrido dicho plazo sin haberse evacuado, éste se entenderá favorable b) Aprobado definitivamente el proyecto por la comunidad autónoma, ésta notificará al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dicha resolución, tras lo que se suscribirá acta y plano de adscripción por representantes de ambas Administraciones. c) Las obras no podrán iniciarse hasta que no se haya formalizado la adscripción. Artículo 108. Balizamiento de los puertos de competencia de las comunidades autónomas. 1. El balizamiento de los puertos de competencia de las comunidades autónomas deberá realizarse de conformidad con la normativa, características técnicas y ubicación de los dispositivos que hayan sido aprobados por Puertos del Estado, previo dictamen de la Comisión de Faros. 2. Las Capitanías Marítimas, por razones de seguridad para la navegación, podrán decretar el cierre del puerto al tráfico marítimo si no se cumplen las referidas instrucciones respecto al balizamiento, previo requerimiento y audiencia a la comunidad autónoma. Artículo 109. Reversión de bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos. 1. Los bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos a una comunidad autónoma que no sean utilizados para el cumplimiento de los fines a los que se adscribieran o que sean necesarios para la actividad económica o el interés general según los artículos 131 y 149 de la Constitución, revertirán al Estado, previa audiencia de la comunidad autónoma, por el procedimiento que se determina en el apartado siguiente, y se les dará el destino que en cada caso resulte procedente (artículo 50 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. En el supuesto de incumplimiento de los fines que justificaron la adscripción, la reversión se ajustará al siguiente procedimiento: a) El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente solicitará el preceptivo informe de la comunidad autónoma, que se emitirá en el plazo de un mes, sobre la utilización o no de los terrenos para el cumplimiento de los fines para los que fueron adscritos. b) Si la comunidad autónoma manifestara su conformidad con la continuación del procedimiento, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente propondrá al Consejo de Ministros la reversión de los terrenos adscritos. c) Si la comunidad autónoma manifestara su discrepancia, se procederá a abrir un período de consulta entre ambas Administraciones para resolver de común acuerdo las diferencias. 3. Cuando la reversión se inste por la comunidad autónoma, la propuesta se elevará al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 4. En los demás supuestos, la reversión requerirá la previa comunicación a la comunidad autónoma de las razones que la justifiquen, para que aquélla pueda formular, en el plazo de un mes, cuantas alegaciones estime pertinentes. Dichas alegaciones se incorporarán a la propuesta que se eleve al Consejo de Ministros. 5. En todo caso, la reversión surtirá efectos desde la fecha en que se acuerde por el Consejo de Ministros y se formalizará mediante acta que será suscrita por los representantes de ambas Administraciones. CAPÍTULO IV Autorizaciones Sección 1.ª Disposiciones generales Artículo 110. Actividades y ocupaciones sujetas a autorización administrativa previa. 1. Estarán sujetas a previa autorización administrativa las actividades en las que, aun sin requerir obras o instalaciones de ningún tipo, concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y, asimismo, la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles. 2. Se entenderán por instalaciones desmontables aquéllas que: a) Precisen a lo sumo obras puntuales de cimentación, que, en todo caso, no sobresaldrán del terreno. b) Estén constituidas por elementos de serie prefabricados, módulos, paneles o similares, sin elaboración de materiales en obra ni empleo de soldaduras. c) Se monten y desmonten mediante procesos secuenciales, pudiendo realizarse su levantamiento sin demolición y siendo el conjunto de sus elementos fácilmente transportable (artículo 51 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Se entenderá que concurren circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad cuando en las actividades se den, respectivamente, alguna de las siguientes: a) Que no sean compatibles con las actividades contempladas en los artículos 31.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 60.1 de este reglamento. b) Que su ejercicio signifique un peligro o riesgo para la integridad de personas o bienes. c) Que la utilización del dominio público marítimo-terrestre sea un factor determinante de la rentabilidad económica de la actividad. 4. Se entenderá por ocupación con bienes muebles la producida por su ubicación en el dominio público marítimo-terrestre de forma continuada o, en todo caso, por plazo superior a un día. Artículo 111. Solicitudes de autorización. 1. Las solicitudes de autorización sólo podrán referirse a las instalaciones y actividades previstas en el artículo 32, apartados 1 y 2, y 33.6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 2. Las solicitudes podrán ser sometidas a información pública, según se determina en el artículo 152.8 de este reglamento. 3. Las autorizaciones se otorgarán con carácter personal e intransferible inter vivos, salvo en el caso de vertidos, y no serán inscribibles en el Registro de la Propiedad. 4. El plazo de vencimiento será el que se determine en el título correspondiente, y no podrá exceder de cuatro años. 5. Las solicitudes de autorización se otorgarán, en su caso, con los criterios establecidos con carácter general en este reglamento para cada tipo de instalaciones o actividades y de acuerdo con el planeamiento aplicable. Artículo 112. Revocación de autorizaciones y retirada de instalaciones. 1. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración General del Estado en cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público, o menoscaben el uso público, cuando los terrenos ocupados soporten un riesgo cierto de que el mar les alcance y cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad. En este último caso, sólo se revocará la autorización, si en el plazo de tres meses desde que le fuera comunicada tal circunstancia a su titular, éste no hubiera adaptado su ocupación a la nueva normativa o la adaptación no fuera posible física o jurídicamente (artículo 55.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Si la revocación se produce con base en normativa aprobada con posterioridad que deba ser ejecutada por la comunidad autónoma o cuando corresponda a la competencia de la misma apreciar las razones de mayor interés público de otras actividades, el expediente se incoará a iniciativa de ésta. 2. Extinguida la autorización, el titular tendrá derecho a retirar fuera del dominio público y de sus zonas de servidumbre las instalaciones correspondientes y estará obligado a dicha retirada cuando así lo determine la Administración competente, en la forma y plazo que le fije la Administración a partir de la extinción de la autorización, que no sobrepasará los quince días. En todo caso, estará obligado a restaurar la realidad física alterada. 4. De no llevarse a cabo la retirada en el plazo o condiciones fijados, la Administración procederá a su ejecución subsidiaria, aplicando para ello la garantía establecida al respecto. De ser insuficiente la misma, se requerirá el abono de la diferencia en el plazo de diez días, procediéndose, en otro caso, a la vía de apremio. Sección 2.ª Servicios de temporada en playas Artículo 113. Autorizaciones de explotación de servicios de temporada. 1. Las autorizaciones cuyo objeto sea la explotación de servicios de temporada en las playas que sólo requieran instalaciones desmontables, serán otorgadas a los Ayuntamientos que lo soliciten, en la forma que se determina en los apartados siguientes. 2. En ningún caso el otorgamiento de estas autorizaciones podrá desnaturalizar el principio del uso público de las playas (artículo 53 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. En el último trimestre del año, el Servicio Periférico de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se dirigirá a los Ayuntamientos costeros de su ámbito territorial, fijándose un plazo, que no superará los dos meses, para que soliciten, con carácter preferente, las autorizaciones para la explotación de los servicios de temporada del ejercicio o ejercicios siguientes. Los servicios de temporada podrán contar con una autorización por un plazo máximo de cuatro años, si bien las instalaciones deberán desmontarse una vez finalizada cada una de las temporadas incluidas en el plazo de duración de la autorización. 4. Los Ayuntamientos interesados en la explotación de los referidos servicios, deberán presentar la solicitud de la correspondiente autorización directamente en el Servicio Periférico de Costas o a través de la comunidad autónoma, dentro del plazo establecido anteriormente, acompañada de la propuesta de delimitación de zonas a ocupar por aquéllos, de los planos de las instalaciones y servicios cuya definición así lo requiera y del estudio económico-financiero. 5. Otorgada la autorización por el Servicio Periférico de Costas, los Ayuntamientos, previo abono del canon de ocupación correspondiente, podrán proceder a su explotación, por sí o por terceros. 6. En caso de explotación por terceros, el Servicio Periférico de Costas incluirá, entre las cláusulas de la autorización, la obligación del Ayuntamiento de exigirles la constitución de un depósito previo a disposición de aquél en la Caja General de Depósitos, para responder de los gastos de la ejecución subsidiaria del levantamiento de las instalaciones si las mismas no se levantan, en el plazo que se fije por dicho Servicio. El Ayuntamiento comunicará al Servicio Periférico de Costas la relación nominal de los terceros encargados de la explotación, previamente al inicio de la misma. Los Ayuntamientos garantizarán que en los procedimientos para licitar la prestación del servicio de temporada en playas se atenderá al mayor interés y utilidad pública de las propuestas, que se valorarán en función de criterios que deberán ser especificados por los Ayuntamientos en los correspondientes pliegos de condiciones, con respeto a los principios de publicidad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva. Estos pliegos se publicarán en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma. El plazo de explotación por terceros no podrá exceder el plazo de la autorización otorgada al Ayuntamiento. 7. Una vez terminada su instalación, el Ayuntamiento requerirá del Servicio Periférico de Costas la práctica de su reconocimiento, a fin de comprobar su coincidencia con la autorización otorgada. 8. El Servicio Periférico de Costas podrá otorgar la autorización a otras personas físicas o jurídicas, previa comunicación al Ayuntamiento y tramitación conforme al procedimiento establecido en este reglamento, en los siguientes casos: a) Cuando no se hubiera producido la solicitud del Ayuntamiento durante el plazo a que se refiere el apartado 3. b) Cuando dicha solicitud resultase legalmente inaceptable. c) Cuando el Ayuntamiento hubiere incurrido en incumplimiento de las condiciones del título en la temporada anterior, desatendiendo el requerimiento expreso de dicho Servicio. En su caso, el Servicio Periférico de Costas podrá celebrar concurso para su otorgamiento, conforme a lo establecido en el artículo 158 de este reglamento, a los que podrá presentarse el Ayuntamiento en paridad con los demás concursantes. 9. Para los artefactos flotantes de recreo explotados comercialmente se deberá obtener por los interesados la autorización del Servicio Periférico de Costas para el emplazamiento de las zonas de lanzamiento y varada dentro de las delimitadas para los servicios de temporada, previamente a la de funcionamiento a otorgar por la Capitanías Marítimas; en esta última autorización se controlará que el balizamiento de las zonas de baño y de los canales de lanzamiento y varada de los citados artefactos se ejecute de acuerdo con las características técnicas y ubicación de los dispositivos que hayan sido aprobados por el Organismo público Puertos del Estado. Artículo 114. Otorgamiento de la explotación total o parcial de los servicios de temporada. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrá otorgarse la explotación total o parcial de los servicios de temporada a los titulares de concesiones de creación, regeneración o acondicionamiento de playas, en los términos que se establezcan en el título correspondiente (artículo 54 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Sección 3.ª Vertidos Artículo 115. Disposiciones generales. 1. Las disposiciones de la presente sección son de aplicación a los vertidos, tanto líquidos como sólidos, cualquiera que sea el bien de dominio público marítimo-terrestre en que se realicen. 2. Los vertidos al mar desde buques y aeronaves se regularán por su legislación específica. 3. Estará prohibido el vertido de residuos sólidos y escombros al mar y su ribera, así como a la zona de servidumbre de protección, excepto cuando éstos sean utilizables como rellenos y estén debidamente autorizados (artículo 56 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 116. Autorización y limitación de vertidos. 1. Todos los vertidos requerirán autorización de la Administración competente, que se otorgará con sujeción a la legislación estatal y autonómica aplicable, sin perjuicio de la concesión de ocupación de dominio público, en su caso. 2. En el caso de vertidos contaminantes será necesario que el peticionario justifique previamente la imposibilidad o dificultad de aplicar una solución alternativa para la eliminación o tratamiento de dichos vertidos. No podrán verterse sustancias ni introducirse formas de energía que puedan comportar un peligro o perjuicio superior al admisible para la salud pública y el medio natural, con arreglo a la normativa vigente. 3. En función de los objetivos de calidad fijados para el medio receptor de contaminación, los vertidos se limitarán en la medida que lo permitan el estado de la técnica, las materias primas y, especialmente, en virtud de la capacidad de absorción de la carga contaminante, sin que se produzca una alteración significativa de dicho medio (artículo 57 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 117. Condiciones de las autorizaciones de vertido. 1. Entre las condiciones a incluir en las autorizaciones de vertido deberán figurar las relativas a: a) Plazo de vencimiento, no superior a treinta años. b) Instalaciones de tratamiento, depuración y evacuación necesarias, estableciendo sus características y los elementos de control de su funcionamiento, con fijación de las fechas de iniciación y terminación de su ejecución, así como de su entrada en servicio. c) Volumen anual de vertido. d) Límites cualitativos del vertido y plazos, si proceden, para la progresiva adecuación de las características del efluente a los límites impuestos. e) Evaluación de los efectos sobre el medio receptor, objetivos de calidad de las aguas en la zona receptiva y previsiones que, en caso necesario, se hayan de adoptar para reducir la contaminación. f) Canon de vertido. 2. La Administración competente podrá modificar las condiciones de las autorizaciones de vertido, sin derecho a indemnización, cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubiesen alterado, o bien sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos. Si la Administración competente lo considera necesario, podrá suspender los efectos de la autorización hasta que se cumplan las nuevas condiciones establecidas. 3. En caso de que el titular de la autorización no realice las modificaciones en el plazo que al efecto le señale la Administración competente, ésta podrá declarar la caducidad de la autorización de vertido, sin perjuicio de la imposición de las sanciones oportunas (artículos 58.1, 2 y 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 4. La Administración otorgante de la autorización de vertido controlará el estado de las obras que le sirven de soporte, obligando, en su caso, a la realización de las necesarias para asegurar que aquél funcione en las condiciones establecidas en la misma. El incumplimiento de esta obligación, que figurará en el condicionado de la autorización, será causa de caducidad en los términos previstos en la misma. Artículo 118. Extinción de la autorización de vertido. 1. La extinción de la autorización de vertido, cualquiera que sea la causa, llevará implícita la de la inherente concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre (artículo 58.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. A tal efecto, la Administración que haya declarado extinguida la autorización lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para que éste proceda a la extinción de la concesión de ocupación sin más trámite. Artículo 119. Inspección del vertido por la Administración competente. La Administración competente podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización del vertido (artículo 58.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 120. Participación de empresa colaboradora. Cuando la importancia o complejidad de la instalación de tratamiento así lo aconseje, entre las condiciones de la autorización se podrá incluir la exigencia de que la dirección de la explotación se lleve a cabo por técnico competente o que intervenga una empresa colaboradora especializada para su mantenimiento, con la presentación de certificados periódicos sobre su funcionamiento, así como su aseguramiento. Artículo 121. Constitución de Juntas de Usuarios. 1. Podrán constituirse Juntas de Usuarios para el tratamiento conjunto y vertido final de efluentes líquidos (artículo 58.6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. La regulación de la composición y funcionamiento de la Junta de Usuarios, así como las causas y forma de su variación o disolución, serán aprobadas por la Administración otorgante de su autorización, a petición de los propios usuarios, o, en su defecto, cuando aquélla lo estime necesario para asegurar el cumplimiento en forma debida de los términos de la autorización. Artículo 122. Estudio hidrogeológico del vertido. En aquellos casos en que el vertido pueda propiciar la infiltración o almacenamientos de sustancias susceptibles de contaminar las aguas o capas subterráneas, se requerirá la previa realización de un estudio hidrogeológico que justifique su inocuidad (artículo 59 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 123. Medios para prevenir y combatir la contaminación por vertidos de hidrocarburos al mar. 1. Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes específicas y de las exigencias que comporten los programas de control y reducción de la contaminación por vertidos de hidrocarburos al mar, las refinerías de petróleo, factorías químicas y petroquímicas e instalaciones de abastecimiento de combustibles líquidos que posean terminales de carga y descarga de hidrocarburos en los puertos, mar territorial y aguas interiores, deberán disponer, en las cercanías de los terminales, las instalaciones de recepción de los residuos de hidrocarburos y cuantos otros medios que, para prevenir y combatir los derrames, establecen las disposiciones vigentes en materia de contaminación de las aguas del mar. Asimismo, las plataformas e instalaciones dedicadas a la prospección de hidrocarburos en el mar, su explotación o almacenamiento, deberán contar con los medios precisos para prevenir y combatir los derrames que puedan producirse (artículo 60 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. La disposición de los elementos de recepción de residuos y demás medios de prevención será exigida por la Administración competente para autorizar el funcionamiento de las instalaciones a que se refiere el apartado anterior. Artículo 124. Otorgamiento condicionado de determinadas autorizaciones administrativas. Las autorizaciones administrativas sobre establecimiento, modificación o traslado de instalaciones o industrias que originen o puedan originar vertidos al dominio público marítimo-terrestre se otorgarán condicionadas a la obtención de las correspondientes autorizaciones de vertido y concesiones de ocupación de dicho dominio (artículo 61 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 125. Prohibición de procesos industriales con riesgo de contaminación superior a la admisible. La Administración competente podrá prohibir, en zonas concretas, aquellos procesos industriales cuyos efluentes, a pesar del tratamiento a que sean sometidos, puedan constituir riesgo de contaminación superior a la admisible, según la normativa vigente, para el dominio público marítimo-terrestre, tanto en su funcionamiento como en situaciones excepcionales previsibles (artículo 62 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Sección 4.ª Extracción de áridos y dragados Artículo 126. Autorizaciones de extracciones de áridos y dragados. 1. Para otorgar las autorizaciones de extracciones de áridos y dragados será necesaria la evaluación de sus efectos sobre el dominio público marítimo-terrestre, referida tanto al lugar de extracción o dragado como al de descarga, en su caso. Se salvaguardará la estabilidad de la playa, considerándose preferentemente sus necesidades de aportación de áridos. 2. Quedarán prohibidas las extracciones de áridos para la construcción, salvo para la creación y regeneración de playas (artículo 63.1 y 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Se entenderán incluidos en la prohibición del apartado anterior los dragados o extracciones de áridos en el mar. 4. La extracción de áridos y dragados para la ejecución de obras en los puertos de interés general y el vertido de los productos de dragado en el dominio público portuario estatal se regirá por lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. Artículo 127. Condiciones de la autorización de extracciones de áridos y dragados. 1. Entre las condiciones de la autorización deberán figurar las relativas a: a) Plazo por el que se otorga. b) Volumen a extraer, dragar o descargar al dominio público marítimo-terrestre, ritmo de estas acciones y tiempo hábil de trabajo. c) Procedimiento y maquinaria de ejecución. d) Destino y, en su caso, lugar de descarga en el dominio público de los productos extraídos o dragados. e) Medios y garantías para el control efectivo de estas condiciones (artículo 63.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Asimismo, se incluirá, como causa específica de revocación, la establecida en el artículo 129 de este reglamento, con los efectos allí previstos. Artículo 128. Competencia para el otorgamiento de las autorizaciones de extracciones de áridos y dragados. 1. La competencia para el otorgamiento de las autorizaciones a que se refiere esta sección será ejercida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de los Servicios Periféricos de Costas. 2. La tramitación de las autorizaciones se ajustará al procedimiento general establecido en el artículo 152 de este reglamento, adecuando el contenido del proyecto básico al objeto de la solicitud. Las solicitudes de dragados para la extracción de áridos serán sometidas a informe de los órganos competentes de la Administración General del Estado en materia de Pesca, Seguridad de la navegación y de la vida humana en el mar y Medio Ambiente, Protección de pecios de buques de Estado y Patrimonio arqueológico subacuático. 3. En todo caso se tendrán especialmente en cuenta, tanto en el proyecto que acompañe a la solicitud como en la resolución que se adopte, los posibles efectos de la actuación sobre la estabilidad de la playa, los efectos del cambio climático, la dinámica litoral y la biosfera submarina, los buques naufragados o hundidos y sus restos y el patrimonio arqueológico subacuático. Artículo 129. Modificación y revocación de la autorización para las extracciones de áridos y dragados. 1. En el caso de que se produjeran efectos perjudiciales para el dominio público y su uso, la Administración otorgante podrá modificar las condiciones iniciales para corregirlos o incluso revocar la autorización, sin derecho a indemnización alguna para su titular (artículo 63.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. En tales casos se resolverá sin más trámite que la audiencia previa al interesado. Artículo 130. Declaración de zonas de prohibición de extracción de áridos y dragados. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá declarar zonas de prohibición de extracción de áridos y dragados por razones de protección de las playas y de la biosfera submarina, sin perjuicio de las prohibiciones que resultaren de la aplicación de otras leyes. CAPÍTULO V Concesiones Artículo 131. Ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre sujeta a concesión administrativa. 1. Toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras e instalaciones no desmontables estará sujeta a previa concesión otorgada por la Administración General del Estado (artículo 64.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Asimismo necesitará el otorgamiento de concesión la ocupación del dominio público marítimo-terrestre por instalaciones desmontables que por su naturaleza, finalidad u otras circunstancias requieran un plazo de ocupación superior a cuatro años. 3. La competencia para el otorgamiento de concesiones de ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, salvo lo previsto en el artículo 223 de este reglamento. La de otorgamiento de concesiones en el dominio público adscrito a una comunidad autónoma corresponderá a ésta. Artículo 132. Uso del objeto de la concesión. 1. El concesionario tendrá derecho al uso privativo de los bienes objeto de concesión. En todo caso y de acuerdo con lo que se disponga en los apartados siguientes, se garantizará en estos terrenos el libre acceso y tránsito de las autoridades y funcionarios competentes cuando fuera necesario por razones de defensa nacional, salvamento, seguridad marítima, represión del contrabando, para el ejercicio de las funciones de policía de dominio público marítimo-terrestre y para el cumplimiento de las demás funciones que tengan atribuidas. En caso de accidente en el mar, o cuando por razones de seguridad en el tráfico marítimo sea necesario para la salvaguardia de las personas y las embarcaciones, se podrán depositar en los terrenos objeto de concesión, las embarcaciones y sus pertrechos (artículo 64.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Para ello las autoridades y funcionarios de la Administración competente se identificarán e indicarán el motivo del acceso o tránsito, levantando acta de comparecencia. Para la efectividad del acceso y tránsito previsto en el apartado primero el órgano competente interesará, cuando sea necesario, la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sin perjuicio de las sanciones que puedan proceder. 3. Si la concesión se ubica en playa será de aplicación lo previsto en el artículo 33 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 65 de este reglamento. 4. En todo caso, deberán quedar garantizadas las servidumbres establecidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio, para que se pueda materializar dicho uso privativo de la concesión. Artículo 133. Necesidad de obtención de otras concesiones y autorizaciones. 1. El otorgamiento de la concesión a que se refiere el artículo anterior no exime a su titular de la obtención de las concesiones y autorizaciones que sean exigibles por otras Administraciones públicas en virtud de sus competencias en materia de puertos, vertidos u otras específicas (artículo 65.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a las concesiones y autorizaciones que deban otorgar los Departamentos de la Administración General del Estado en virtud de sus respectivas competencias. Artículo 134. Limitaciones a la condición de titular de concesiones. En ningún caso podrán ser titulares de concesiones las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Cuando posteriormente al otorgamiento de la concesión el titular incurra en alguna de las prohibiciones de contratar se producirá la extinción de la concesión. En caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase de liquidación, no se producirá la extinción de la concesión, si su titular prestare las garantías suficientes, a juicio de la Administración, para continuar con la ocupación en los términos previstos en el título concesional (artículo 65.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Estas limitaciones no serán de aplicación a las concesiones otorgadas al amparo del régimen regulado en la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, aunque sí a la prórroga regulada en el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Artículo 135. Duración de la concesión. 1. Las concesiones se otorgarán sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos preexistentes (artículo 66.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. El plazo será el que se determine en el título correspondiente. En ningún caso estos plazos podrán exceder de setenta y cinco años (artículo 66.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Los plazos máximos se fijarán teniendo en cuenta tanto el objeto de la solicitud como las circunstancias que se indican en este artículo. 4. De acuerdo con el objeto de la solicitud, los plazos máximos por los que se podrán otorgar las concesiones son los siguientes: a) Usos destinados a actuaciones ambientales: hasta un máximo de 75 años. b) Usos que desempeñan una función o presten un servicio que, por su naturaleza, requiera la ocupación del dominio público marítimo-terrestre: hasta un máximo de 50 años. c) Usos que presten un servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio: hasta un máximo de 30 años. 5. El título otorgado podrá fijar un plazo de duración inferior y prever, a su vez, prórrogas sucesivas dentro del límite temporal máximo de setenta y cinco años en el que queda integrado el tiempo de duración de la concesión y las posibles prórrogas. En todos estos casos, para la determinación de los plazos se tendrá en cuenta la adecuación al medio de la instalación, el grado de interés que represente para el dominio público marítimo-terrestre o sus usuarios, su ubicación en ribera del mar o fuera de la misma y el contenido del estudio económico-financiero o, en su defecto, el volumen de la inversión a amortizar. Asimismo, la determinación del plazo de la concesión tendrá en cuenta los siguientes criterios: a) El impacto paisajístico del objeto de la concesión que se solicita. b) La protección ecológica de la interacción mar-tierra derivada de la aplicación de las normas de gestión integral costera o de protección marina. c) Los efectos del objeto de la concesión que se solicita en los planes de ordenación de los recursos naturales cuando las construcciones o instalaciones derivadas de las concesiones hubieran quedado fuera de ordenación o figura equivalente, o fueran, en general, contrarias a los criterios informadores de dichos planes. d) Los efectos del objeto de la concesión que se solicita en la planificación de conjuntos históricos BIC cuando las construcciones o instalaciones derivadas de las concesiones hubieran quedado fuera de ordenación o figura equivalente, o fueran, en general, contrarias a la protección prevista en el correspondiente plan o en la declaración del BIC. En el caso de las concesiones a las que se refieren las letras b) y c) del apartado 4, los plazos máximos previstos para cada uso podrán ser ampliados en una quinta parte del plazo máximo previsto para cada uno de esos usos cuando el solicitante hubiera presentado un proyecto para la regeneración de playas y lucha contra la erosión y los efectos del cambio climático que fuera expresamente aprobado por la Administración, lo que se hará constar en el correspondiente título. Artículo 136. Actividades amparadas por otra concesión de explotación. Cuando el objeto de una concesión extinguida fuese una actividad amparada por otra concesión de explotación de recursos mineros o energéticos otorgada por la Administración General del Estado por un plazo superior, su titular tendrá derecho a que se le otorgue una nueva concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre por un plazo igual al que reste de vigencia a la concesión de explotación, sin que en ningún caso pueda exceder de setenta y cinco años (artículo 66.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 137. Tramitación de la solicitud de la concesión. 1. Previamente a la resolución sobre la solicitud de la concesión habrá información pública y oferta de condiciones de la Administración General del Estado al peticionario, sin cuya aceptación no será otorgada. Cumplidos estos trámites, la resolución correspondiente será dictada, discrecionalmente, por el Departamento ministerial competente y deberá hacerse pública. Si el concesionario impugna las cláusulas que fueron aceptadas por él, la Administración estará facultada para declarar extinguido el título, salvo cuando aquéllas fueren ilegales (artículo 67 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). En los supuestos en que la concesión se solicite para un proyecto relativo a una materia de competencia autonómica y que cuente con el pronunciamiento favorable de la comunidad autónoma, la Administración General del Estado sólo podrá denegar la concesión por razones de degradación o de expoliación del dominio público o que se encuadren en materias en las que el Estado ostente una competencia propia. 2. El procedimiento para la tramitación de concesiones será el que se regula con carácter general en el artículo 152 de este reglamento. Artículo 138. Ocupación o expropiación forzosa de bienes y derechos. 1. El otorgamiento de la concesión podrá implicar, según se determina en los apartados siguientes, la declaración de utilidad pública por el Departamento ministerial o comunidad autónoma competente, a efectos de ocupación temporal o expropiación forzosa de los bienes o derechos afectados por el objeto de aquélla (artículo 68 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. La necesidad de ocupación temporal o de expropiación forzosa de bienes y derechos afectados por el objeto de la concesión podrá solicitarse en forma justificada por el peticionario. 3. La Administración podrá asimismo declarar, de oficio y motivadamente, la necesidad de la incorporación, temporal o permanente, al dominio público objeto de la solicitud, de terrenos privados colindantes que no sean propiedad del peticionario. 4. En los casos previstos en los apartados 2 y 3 anteriores, el proyecto básico a presentar por el peticionario deberá incorporar un anejo de expropiación o de ocupación temporal, con la relación de bienes o derechos afectados, para lo cual, en el supuesto que sea a requerimiento de la Administración, dicha incorporación deberá formalizarse en el plazo máximo de un mes. 5. La no aceptación por parte del peticionario de la inclusión de bienes o derechos a expropiar, o la no cumplimentación en plazo del requerimiento de la Administración para que presente el anejo al que se refiere el apartado anterior, implicará el archivo de las actuaciones sin más trámite que la audiencia previa al mismo. 6. El peticionario deberá presentar en el Servicio Periférico de Costas el resguardo del depósito constituido en la Caja General de Depósitos a disposición del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que, de acuerdo con el proyecto básico, sea necesario para poder indemnizar los derechos y bienes expropiados o su ocupación temporal, conjuntamente con la aceptación de la oferta de condiciones a que se refiere el artículo 137 de este reglamento. En todo caso será a cargo del peticionario el pago total del justiprecio por la expropiación u ocupación necesarias para la concesión. 7. Aceptadas las condiciones, la Administración dictará la resolución correspondiente. En caso de otorgamiento de la concesión, su eficacia quedará demorada hasta la finalización de los expedientes de expropiación que, en su caso, sea necesario tramitar. Artículo 139. Incorporación al dominio público marítimo-terrestre de los bienes y derechos expropiados. 1. Los bienes y derechos expropiados se incorporarán al dominio público marítimo-terrestre desde su ocupación, en la forma prevista en el título concesional, sin que el concesionario esté obligado al abono del canon de ocupación por los terrenos expropiados a su costa para su incorporación a la concesión (artículo 69 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Los terrenos aportados por los concesionarios para completar la superficie de una concesión, cuya descripción deberá figurar en el proyecto básico, se incorporarán al dominio público marítimo-terrestre en la forma prevista en el artículo 5.7 de este reglamento antes del replanteo de las obras e instalaciones. Artículo 140. Inscripción de las concesiones en el Registro de la Propiedad. 1. Las concesiones serán inscribibles en el Registro de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria. Extinguida la concesión, la inscripción será cancelada a petición de la Administración o del interesado, siempre que tal circunstancia resulte acreditada. El vencimiento del plazo de duración de la concesión implicará igualmente su extinción, pudiéndose proceder a la cancelación del asiento de inscripción conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento Hipotecario. 2. La resolución firme en la vía administrativa que declare su extinción será causa para la cancelación de la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad. Estos extremos serán comunicados por el Servicio Periférico de Costas al Registrador y la cancelación se llevará a efecto en los términos exigidos por la legislación hipotecaria, al igual que los asientos posteriores, siempre que sus titulares hayan sido notificados en el expediente y se acredite la consignación a su favor de las cantidades que puedan corresponder al concesionario como indemnización, rescate o cualquier otro concepto. Artículo 141. Transmisión de las concesiones. 1. Las concesiones serán transmisibles por actos ínter vivos y mortis causa en los términos previstos en los apartados siguientes de este artículo. 2. La transmisión ínter vivos sólo será válida si con carácter previo la Administración reconoce el cumplimiento, por parte del adquirente, de las condiciones establecidas en la concesión. De acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 142 de este reglamento, podrán formalizarse contratos de arrendamiento sobre las concesiones otorgadas al amparo de lo previsto en la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que podrán ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad con los requisitos establecidos por la legislación hipotecaria. 3. En caso de fallecimiento del concesionario, sus causahabientes, a título de herencia o de legado, podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de aquél, siempre que en el plazo de cuatro años desde el fallecimiento, comuniquen expresamente a la Administración este hecho y la voluntad de subrogarse. A lo largo de ese plazo, mientras no se produzca la referida comunicación, la comunidad hereditaria resultará responsable de modo solidario de todas las obligaciones del causante. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera hecho la comunicación, la concesión quedará extinguida. 4. La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre las concesiones transmisibles, así como el embargo de las mismas, deberán ser comunicados previamente a la Administración concedente por la persona o entidad a cuyo favor se constituye el derecho o, en su defecto, por la persona o entidad que promueva la inscripción. 5. La celebración de cualquier contrato que implique la participación de un tercero en la explotación de la concesión deberá notificarse al Servicio Periférico de Costas. Dicha participación podrá ser prohibida en el citado título, salvo cuando se trate de concesiones inherentes a la prestación de un servicio público. 6. Cuando el concesionario sea una persona jurídica cuya actividad consista en el disfrute de la concesión, se considerará transmisión cualquier cambio en la titularidad de las acciones o participaciones que suponga sustitución de los socios o accionistas que lo fueren al tiempo del otorgamiento de la concesión, en porcentaje igual o superior al 50 por ciento del capital social, así como también se considerarán transmisión el resto de los casos de pérdida de control societario previstos en los artículos 42 y siguientes del Código de Comercio. 7. No se inscribirá en el Registro de la Propiedad la transmisión de las concesiones o la constitución de derechos reales sobre las mismas, sin que se acompañe certificación del Servicio Periférico de Costas acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo y de las cláusulas de la concesión, y, en el caso de embargos, la previa notificación a la Administración concedente. Artículo 142. Formalización de la transmisión ínter vivos de las concesiones. 1. La formalización de la transmisión ínter vivos de la concesión exigirá: a) El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, para lo que el solicitante deberá aportar: la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos para ser titular de concesiones, conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el artículo 134 de este reglamento; la declaración del cumplimiento de las condiciones establecidas en el título concesional; y la documentación en la que conste el tracto sucesivo en la titularidad de la concesión hasta el transmitente. Examinada la documentación a que se hace referencia en el párrafo anterior, y previo informe de la Abogacía del Estado, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar dictará resolución sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión, según lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 141 de este reglamento. b) La notificación de la resolución al solicitante del reconocimiento previo al que se refiere el artículo 70.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. Cuando la resolución reconozca la validez de la transmisión declarará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el título concesional y autorizará dicha transmisión. En caso de que haya habido incumplimiento del título concesional, no se autorizará su transmisión. Se deberá dar traslado a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del documento en el que conste la transmisión de la concesión, a los efectos de la anotación del cambio de titular en el registro de usos del dominio público marítimo-terrestre a que se refiere el artículo 80.1 de este reglamento. 2. La transmisión de la concesión no eximirá al nuevo titular del cumplimiento de sus deberes como concesionario ni tendrá el efecto de convalidar los incumplimientos que se hayan producido del título concesional, conservando, en todo momento, la Administración General del Estado las facultades de tutela y policía sobre el dominio público afectado. 3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tendrá derecho de tanteo y retracto en las transmisiones por actos ínter vivos de las concesiones. El derecho de tanteo podrá ejercerse en el plazo de tres meses y el de retracto en el de un año, ambos a contar desde la comunicación prevista en el apartado anterior, a cuyo efecto deberá también comprender las condiciones esenciales de la transmisión de acuerdo con las normas civiles. El ejercicio del derecho de tanteo y retracto llevará implícita la extinción de la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Artículo 143. Procedimiento para la transmisión mortis causa de las concesiones. 1. El procedimiento para transferir la concesión mortis causa será el siguiente: a) Los causahabientes, a título de herencia o de legado, deberán comunicar expresamente a la Administración el fallecimiento y la voluntad de subrogarse, para lo cual deberán aportar, junto a su solicitud, el certificado de defunción del concesionario y la documentación acreditativa de la condición de heredero o legatario, acreditando documentalmente la entrega del bien legado, o la escritura o sentencia que apruebe el cuaderno particional, así como la documentación que garantice el tracto sucesivo desde el último titular de la concesión y el justificante de estar al corriente del pago del canon. b) Por parte de la Administración se levantará acta a fin de determinar el cumplimiento de lo establecido en el título concesional y en la Ley 22/1988, de 28 de julio. c) Recibida la documentación, se remitirá a informe preceptivo de la Abogacía del Estado. d) Una vez recibido el informe de la Abogacía del Estado, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dictará resolución formalizando, en su caso, el cambio de titularidad de la concesión. 2. Si la Administración hubiera tenido conocimiento del fallecimiento del titular de la concesión, requerirá a los interesados la presentación de la declaración de fallecimiento del titular y la voluntad de subrogación en los derechos y obligaciones del título concesional en el plazo de tres meses. 3. La transmisión de la concesión no eximirá al nuevo titular del cumplimiento de sus deberes como concesionario ni tendrá el efecto de convalidar los incumplimientos que se hayan producido del título concesional, conservando, en todo momento, la Administración General del Estado las facultades de tutela y policía sobre el dominio público afectado. Artículo 144. Divisibilidad de las concesiones otorgadas para una pluralidad de usos. 1. Las concesiones otorgadas para una pluralidad de usos, con instalaciones separables, serán, en su caso, divisibles, con la conformidad de la Administración concedente y en las condiciones que ésta dicte (artículo 71.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. La petición de conformidad será dirigida a la Administración concedente por el titular o titulares de la concesión. 3. Previamente a la resolución sobre la solicitud de división habrá oferta de condiciones de la Administración a los peticionarios, sin cuya aceptación no se producirá la conformidad. El plazo no podrá ser superior al que reste de la concesión primitiva. 4. Aceptadas las condiciones, la resolución correspondiente será dictada, discrecionalmente, por la Administración concedente, quedando, en su caso, constituidas las nuevas concesiones. 5. En caso de denegación de la división, se mantendrá la concesión primitiva en los términos en que fue otorgada. Artículo 145. Juntas de Titulares. En el caso de concesiones que, por sus características estén divididas entre diversos titulares, siendo, sin embargo, su ubicación y destino sensiblemente coincidentes, la Administración podrá interesar la constitución de una Junta de Titulares, en cuyo caso ésta les representará a todos los efectos derivados de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento. Artículo 146. Renuncia a la ocupación de parte del dominio público marítimo-terrestre. 1. El concesionario podrá renunciar en cualquier momento a la ocupación de la parte del dominio público incluida en el perímetro de la concesión que no resulte necesaria para su objeto, con la conformidad de la Administración concedente. 2. La declaración de utilidad pública, a efectos del rescate de la concesión, incluso con declaración de urgencia, en su caso, corresponderá al Departamento ministerial concedente (artículo 71.2 y 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Si se trata de una concesión otorgada para llevar a cabo un proyecto de competencia de una comunidad autónoma y aprobado por ésta, la declaración de utilidad pública, a efectos del rescate de la concesión, se realizará por iniciativa de aquélla, salvo en los casos en los que tal declaración se haga para atender fines de competencia estatal o para preservar el dominio público. 3. A los efectos de lo establecido en los artículos 74.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 155.2 de este reglamento, se considerará con carácter preferente la solicitud de concesión formulada como justiprecio del rescate de otra de la que sea titular el peticionario. Artículo 147. Mantenimiento o retirada de las obras e instalaciones del dominio público marítimo-terrestre. 1. En todos los casos de extinción de una concesión, la Administración General del Estado decidirá sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones o su levantamiento y retirada del dominio público y de su zona de servidumbre de protección por el interesado y a sus expensas. Dicha decisión se adoptará de oficio o a instancia de aquél, a partir del momento anterior al vencimiento que se determina en el apartado siguiente en caso de extinción normal por cumplimiento del plazo, y en los demás supuestos de extinción en el momento de la resolución del correspondiente expediente (artículo 72.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Si se trata de una concesión otorgada para llevar a cabo un proyecto de competencia de una comunidad autónoma y aprobado por ésta, se solicitará informe a la misma, relativo al mantenimiento o levantamiento de las obras e instalaciones, con carácter previo a la adopción de la decisión a que se refiere el párrafo anterior. Dicho informe deberá emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse evacuado, se entenderá que no formula observaciones al respecto. 2. En caso de extinción por vencimiento del plazo concesional, el momento al que se refiere el apartado anterior será el correspondiente a haber transcurrido las cuatro quintas partes de dicho plazo y, en todo caso, seis meses antes de que se produzca el vencimiento. A partir de este momento, si la Administración no se pronuncia en el plazo de tres meses, se entenderá que opta por la demolición, sin perjuicio de que en cualquier momento pueda manifestarse explícitamente. Artículo 148. Obligaciones del titular de la concesión. 1. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, el titular de la concesión constituirá el depósito suficiente para responder de los gastos de levantamiento de las obras o instalaciones y retirada fuera del dominio público marítimo-terrestre y su zona de servidumbre de protección, o de reparación de aquéllas, de acuerdo con la resolución adoptada y la tasación ejecutoria señalada por la Administración y a resultas de la liquidación que proceda (artículo 72.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. El plazo para constituir el depósito será de quince días a partir de la notificación de la decisión o, en caso de silencio administrativo, del final del plazo establecido en el apartado 2 del artículo anterior. Artículo 149. Ejecución subsidiaria. 1. Una vez haya transcurrido el plazo de vencimiento de la concesión, salvo en el caso de haberse optado por su mantenimiento, el titular retirará las obras e instalaciones en el plazo que le hubiera fijado la Administración. Este plazo no será superior a tres meses, salvo casos excepcionales debidamente justificados. 2. De no haberse llevado a cabo por el titular la demolición, retirada o reparación de las instalaciones, o de que se haya realizado defectuosamente, una vez transcurrido el plazo correspondiente, la Administración ejecutará subsidiariamente los trabajos que no hubiera efectuado. 3. En caso de haber optado por el mantenimiento el titular procederá a la reparación de las mismas en el plazo y condiciones que le hubiese indicado la Administración. Dicho plazo no podrá exceder de tres meses. Artículo 150. Explotación o utilización por la Administración de las obras e instalaciones revertidas. 1. En el caso del apartado 3 del artículo anterior, en la fecha de extinción de la concesión revertirán a la Administración General del Estado gratuitamente y libres de cargas todas las obras e instalaciones. La Administración podrá continuar la explotación o utilización de las instalaciones, según se determina en el apartado siguiente (artículo 72.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. La continuación de la explotación o utilización de las instalaciones se llevará a cabo por cualquiera de los procedimientos de gestión establecidos en la legislación de Costas o en la legislación de Contratos del Sector Público. CAPÍTULO VI Disposiciones comunes a autorizaciones y concesiones Sección 1.ª Pliegos de condiciones generales Artículo 151. Aprobación de los pliegos de condiciones generales para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones. 1. La Administración competente aprobará pliegos de condiciones generales para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones (artículo 73 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas). 2. La aprobación de los referidos pliegos para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se hará por Orden, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Para el resto de concesiones y autorizaciones la competencia recaerá en la Administración otorgante de las mismas, según lo dispuesto en este reglamento o en su legislación específica. 3. Previamente a la aprobación de los pliegos, se requerirá el informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los términos previstos en la legislación de Patrimonio del Estado. Sección 2.ª Tramitación Artículo 152. Tramitación de las solicitudes de autorizaciones y concesiones. 1. Las solicitudes acompañadas del proyecto básico o de construcción, conforme a lo previsto en el artículo 42 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento, y del resguardo acreditativo de la constitución de las fianzas que, en su caso, correspondan, se tramitarán en la forma que se determina en los apartados siguientes, con las fases de información pública, de informe de los organismos que deban ser consultados, y de confrontación previa del proyecto (artículo 74.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. En las concesiones y autorizaciones a otorgar por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el procedimiento de tramitación se ajustará a lo dispuesto en los apartados siguientes. La tramitación de las restantes concesiones o autorizaciones, competencia de otros Departamentos ministeriales, se regirá por su legislación específica, y, subsidiariamente, por lo dispuesto en este reglamento. 3. Las solicitudes de concesiones y autorizaciones de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se dirigirán al Servicio Periférico de Costas, junto con dos ejemplares en formato papel y un ejemplar en formato digital del proyecto básico o de construcción, el resguardo acreditativo de la fianza provisional y documentación justificativa de la personalidad del peticionario y del compareciente, y de la representación en que éste actúa y la documentación acreditativa de que el peticionario no incurre en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 4. El Servicio Periférico de Costas examinará el proyecto presentado, previo abono de las tasas que procedan, para comprobar si su contenido es acorde con lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento, requiriendo al peticionario, en otro caso, para que subsane los defectos observados. Hecho lo cual, procederá a la confrontación del proyecto sobre el terreno, a fin de determinar su adecuación al mismo, así como su viabilidad. 5. Si el contenido del proyecto recoge alguno de los usos prohibidos expresamente en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento se aplicará lo previsto en los artículos 35.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 75 y 76 de este reglamento. 6. Para continuar la tramitación, el Servicio Periférico de Costas requerirá el informe de los Departamentos ministeriales y Administraciones públicas de carácter territorial que se citan a continuación, además de los previstos en este reglamento para supuestos específicos: Autorizaciones: a) Ayuntamientos en cuyo término se pretenda desarrollar o que puedan resultar afectados por el objeto de la autorización. b) Comunidad autónoma. c) Ministerio de Defensa, en cuanto puedan afectar a las zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional o sus zonas de seguridad, a la vigilancia, seguridad y defensa de los espacios marítimos y a la protección de los buques de Estado naufragados o hundidos. Concesiones: a) Ayuntamientos en cuyo término se pretenda desarrollar o que puedan resultar afectados por el objeto de la concesión. b) Comunidad autónoma. c) Las Capitanías Marítimas competentes por razón del lugar en materia de navegación y Puertos del Estado, en lo que afecta a señalización marítima, si el objeto de la concesión es una obra fija en el mar que pueda suponer un riesgo para la seguridad marítima. Estos informes tendrán carácter vinculante. d) El Ministerio de Defensa, en cuanto puedan afectar a las zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional o sus zonas de seguridad, a la vigilancia, seguridad y defensa de los espacios marítimos y a la protección de los buques de Estado naufragados o hundidos. e) Otros Organismos cuyo informe se estime conveniente. 7. Las autorizaciones y concesiones que deban otorgar otros Departamentos ministeriales en el dominio público marítimo-terrestre requerirá el informe previo favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que deberá emitirse en el plazo de un mes. 8. El trámite de información pública, durante el plazo de veinte días, será obligatorio: a) En los procedimientos de concesiones. b) En los procedimientos de autorizaciones que se refieran a vertidos industriales y contaminantes desde tierra al mar y a las extracciones de áridos y dragados, así como en las autorizaciones con plazo superior a un año y en los demás supuestos en los que se estime conveniente. 9. El trámite de información pública se llevará a cabo simultáneamente con la petición de los informes citados en el apartado 6. 10. Practicada la fase de información a que se refiere el apartado anterior, el órgano competente resolverá sobre la solicitud, previa audiencia, en su caso, a los interesados en el expediente. En el caso de autorizaciones, este órgano será el Servicio Periférico de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Si se trata de concesiones, dicho Servicio elevará el expediente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con su informe y propuesta. 11. En caso de que se decida acceder al otorgamiento de la concesión, se comunicarán al peticionario las condiciones en que podría serle otorgada aquélla, dándole un plazo de diez días para que manifieste si las acepta. Si no hiciere manifestación alguna en tal plazo, o no aceptara las condiciones ofertadas, se declarará concluido el expediente por desistimiento del peticionario, con pérdida de la fianza constituida. 12. En caso de ser aceptadas las condiciones en el plazo estipulado, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, resolverá, discrecionalmente, sobre el otorgamiento de la concesión. Si se produce el otorgamiento, el Servicio Periférico de Costas remitirá la resolución para su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 13. Los plazos máximos para resolver y notificar los expedientes de autorización y concesión serán, respectivamente, de cuatro y seis meses, transcurridos los cuales, sin que haya recaído resolución expresa, podrá entenderse desestimada la correspondiente solicitud. 14. Las resoluciones relativas a autorizaciones son susceptibles de recurso de alzada ante el Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Las resoluciones relativas a concesiones ponen fin a la vía administrativa, y serán impugnables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Artículo 153. Otorgamiento de concesiones o autorizaciones a extranjeros no nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea. 1. El otorgamiento de concesiones o autorizaciones a extranjeros estará condicionado a la prueba de reciprocidad en sus países de origen para los nacionales españoles. En todo caso, deberán concurrir los siguientes requisitos: a) Tener domicilio fiscal en España. b) Cumplir las condiciones que la legislación de contratos del Estado requiere para contratar con extranjeros. c) Manifestar su sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales españoles para todas las incidencias derivadas del título administrativo que se le otorgue. 2. Lo dispuesto en este reglamento se entenderá sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones a extranjeros. Artículo 154. Otorgamiento de concesiones o autorizaciones a miembros de la Unión Europea. Se exceptúan de lo establecido en el artículo anterior los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, a reserva de las limitaciones que por razones de orden público, seguridad y salud pública puedan establecerse (artículo 74.2, párrafo 2º, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 155. Preferencia en el otorgamiento de los títulos solicitados. 1. En el otorgamiento de los títulos solicitados, tendrán preferencia las solicitudes que comporten mayor utilidad pública. Sólo en caso de identidad entre varias solicitudes se tendrá en cuenta la prioridad en la presentación. En el procedimiento de otorgamiento de títulos cuyas solicitudes se refieran a actividades de servicios, se respetarán los principios de publicidad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva. 2. Asimismo, deberá tenerse en cuenta la preferencia establecida en el artículo 146.3 de este reglamento. Artículo 156. Procedimiento de otorgamiento de autorizaciones o concesiones de competencia de las Comunidades autónomas que requieren concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre por la Administración General del Estado. 1. El otorgamiento de autorizaciones o concesiones de competencia de las comunidades autónomas, que requieran la concesión o autorización del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, a efectos de coordinación administrativa, se ajustará a lo establecido en los apartados siguientes. 2. Se presentará ante el órgano competente de la comunidad autónoma la solicitud de autorización o concesión de su competencia, así como la de concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre dirigida al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Ambas solicitudes serán acompañadas de la documentación requerida en uno y otro caso. 3. El órgano competente de la comunidad autónoma tramitará el proyecto, recabando los informes que resulten preceptivos de acuerdo con lo establecido en este reglamento. 4. En todo caso, el preceptivo informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuya solicitud supondrá la conformidad inicial de la comunidad autónoma al proyecto de que se trate, se emitirá en el plazo de dos meses, contados a partir del momento en que disponga de toda la documentación necesaria para ello. El informe incluirá su pronunciamiento sobre la viabilidad de la ocupación, así como las condiciones en que ésta, en su caso, se otorgaría, en lo que se refiere al ámbito de sus competencias. 5. El órgano competente de la comunidad autónoma ofertará al peticionario, conjuntamente con las condiciones en que, en su caso, accedería a la solicitud que se formula, las que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente haya establecido para el otorgamiento de la concesión de ocupación del dominio público. 6. En caso de ser aceptadas las referidas condiciones en su totalidad, el órgano competente de la comunidad autónoma remitirá el expediente, con su propuesta, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a los efectos de que otorgue, en su caso, la oportuna concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 7. Una vez otorgada la concesión de ocupación, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente devolverá el expediente, junto con el título concesional, al órgano remitente, para que otorgue la concesión o autorización de su competencia, de cuya resolución dará traslado a aquél. Artículo 157. Plazo de emisión de informe. Los informes a los que se refieren los artículos 152.6 y 7 y 156.3 de este reglamento se deberán emitir en el plazo de un mes, salvo para aquellos casos en los que se ha establecido expresamente otro distinto. Transcurrido dicho plazo sin haberse evacuado, se proseguirá la tramitación del expediente. Sección 3.ª Concursos para el otorgamiento Artículo 158. Concurso para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones. 1. La Administración podrá convocar concursos para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre. En el procedimiento de otorgamiento de autorizaciones y concesiones relativas a actividades de servicios, se respetarán los principios de publicidad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva. 2. Si la convocatoria del concurso se produjese durante la tramitación de una solicitud de concesión o autorización, el interesado tendrá derecho, en caso de no resultar adjudicatario del título, al cobro de los gastos del proyecto, en la forma que se determina en el apartado 4. 3. La convocatoria del concurso suspenderá la tramitación de los expedientes de concesión o autorización que resulten afectados. 4. Los gastos del proyecto se determinarán según la tarifa oficial que le corresponda y serán tasados en las bases del concurso. En caso de no existir tarifa oficial, se valorarán los que efectivamente se hayan producido, según estimación que efectuará la Administración. Dichos gastos serán satisfechos por el adjudicatario, para cuya constatación le será requerido el justificante de su abono, previamente al inicio de la tramitación del título. Artículo 159. Declaración de concurso desierto. El concurso podrá declararse desierto si ninguna de las ofertas presentadas reúne las condiciones adecuadas (artículo 75.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 160. Contenido de los pliegos de bases de los concursos. 1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá regular los concursos de su competencia mediante pliegos de bases. La regulación se aprobará por Orden Ministerial, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». 2. Los pliegos de bases contendrán, al menos, los siguientes extremos: a) Plazo de terminación de las obras e instalaciones. b) Régimen de utilización de las mismas. c) Plazo de vencimiento del título. d) Criterios para su resolución; entre los que podrán incluirse la mejora del canon, la reducción del plazo de vencimiento y de las tarifas a establecer para el uso o servicio público, así como la experiencia justificada en actividades análogas. 3. Los proyectos se expondrán a información pública y los seleccionados se tramitarán de acuerdo con lo establecido en este reglamento. Sección 4.ª Condiciones de otorgamiento Artículo 161. Condiciones de los títulos de otorgamiento. 1. En todo título de otorgamiento, que tendrá carácter de público, se fijarán las condiciones pertinentes y, en todo caso, las siguientes: a) Objeto y extensión de la ocupación. b) Obras o instalaciones a realizar por el adjudicatario con referencia al proyecto respectivo y plazo de comienzo y terminación de aquéllas. c) Plazo de otorgamiento y posibilidad de prórroga, si procede. d) Cánones y tasas a abonar por el adjudicatario. e) Régimen de utilización, privada o pública; incluyendo, en su caso, las tarifas a abonar por el público con descomposición de sus factores constitutivos como base de futuras revisiones. f) En los casos de utilización lucrativa, obligación del adjudicatario de facilitar cuanta información le solicite la Administración sobre los resultados económicos de la explotación. g) Condiciones que, como resultado de la evaluación de efectos, se consideren necesarias para no perjudicar al medio. h) Señalización marítima y de las zonas de uso público. i) Obligación del adjudicatario de mantener en buen estado el dominio público, obras e instalaciones. j) Obligación del adjudicatario de constituir un depósito suficiente para los gastos de reparación o levantamiento y retirada, parcial o total, de las obras e instalaciones, a su costa, a la extinción del título correspondiente, salvo decisión en contrario de la Administración competente. k) Causas de caducidad, conforme a las establecidas en los artículos 79 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 165 de este reglamento. l) Prescripciones técnicas al proyecto, en su caso. m) Obligación del adjudicatario de adoptar las medidas requeridas por la Administración de adaptación a la subida del nivel de mar, los cambios del oleaje u otros efectos del cambio climático (artículo 76 de la Ley 22/1988, de 28 de julio,). 2. Deberán incluirse, además, las siguientes condiciones: a) En su caso, terrenos aportados por el adjudicatario para incorporar al dominio público marítimo-terrestre. b) Replanteo de las obras e instalaciones, previo a la ejecución del título. c) Reconocimiento final de las mismas, previo a su utilización. 3. A los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1, se entenderá por utilización lucrativa el pago de cualquier cantidad por los usuarios de las obras o instalaciones o la obtención de recursos de cualquier tipo por su utilización, sea cual sea el destino de los fondos recaudados. No obstante, cuando el adjudicatario sea otra Administración pública, no se considerará utilización lucrativa el pago de las posibles contribuciones especiales para la financiación de la ejecución de las obras o el pago por los usuarios de las tarifas que no tengan por objeto la obtención de beneficios económicos sino contribuir al mantenimiento, y la protección del dominio público marítimo-terrestre. Sección 5.ª Modificación Artículo 162. Supuestos de modificación de las autorizaciones y concesiones. 1. Las autorizaciones y concesiones podrán ser modificadas: a) Cuando se hayan alterado los supuestos determinantes de su otorgamiento. b) En casos de fuerza mayor, a petición del titular. c) Cuando lo exija su adecuación a los planes o normas correspondientes. Sólo en el supuesto c) del apartado 1, el concesionario perjudicado tendrá derecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 190 de este reglamento o supletoriamente en la legislación general de expropiación forzosa (artículo 77 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. A los efectos de la letra b) del apartado anterior, se entenderá como fuerza mayor la regresión no prevista de la costa que no esté originada por las obras objeto de concesión, los movimientos sísmicos o maremotos, los temporales imprevisibles superiores a los de cálculo, los incendios no provocados y cualquier otra causa excepcional similar. 3. La Administración otorgante podrá autorizar modificaciones de las características de una concesión. Cuando la modificación sea sustancial, la solicitud deberá someterse al procedimiento establecido en este reglamento para el otorgamiento de concesiones. Se considerará, en todo caso, modificación sustancial, el aumento en más de un 10 por ciento del volumen o superficie sobre lo reconocido en el título otorgado, ya sea alcanzado este porcentaje en una o más actuaciones, así como el cambio de uso para el que se le otorgó dicho título. Sección 6.ª Extinción Artículo 163. Extinción del derecho a la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 1. El derecho a la ocupación del dominio público se extinguirá por: a) Vencimiento del plazo de otorgamiento. b) Revisión de oficio en los casos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. c) Revocación por la Administración, cuando se trate de autorizaciones. d) Revocación de las concesiones por alteración de los supuestos físicos existentes en el momento del otorgamiento, cuando no sea posible la modificación del título. e) Renuncia del adjudicatario, aceptada por la Administración, siempre que no tenga incidencia negativa sobre el dominio público o su utilización o cause perjuicios a terceros. f) Mutuo acuerdo entre la Administración y el adjudicatario. g) Extinción de la concesión de servicio público del que el título demanial sea soporte. h) Caducidad. i) Rescate. j) Incurrir en prohibición de contratar, de acuerdo con el artículo 65.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. k) La falta de la comunicación expresa prevista en el artículo 70.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, en los casos de transmisión mortis causa de las concesiones. l) La falta de reconocimiento previo por la Administración previsto en el segundo párrafo del artículo 70.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. m) Revocación de la concesión cuando las obras e instalaciones soporten un riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar (artículo 78.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Las actuaciones pertinentes en los supuestos de extinción contemplados en el apartado anterior se iniciarán y tramitarán por el Servicio Periférico de Costas, correspondiendo su resolución al órgano otorgante, salvo en el caso de la letra a), en que se aplicará lo previsto en el artículo 81 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 170 de este reglamento. 3. En los supuestos de extinción anticipada de la concesión, el expediente deberá someterse a dictamen del Consejo de Estado, previamente a su resolución, de acuerdo con lo previsto en el apartado 12 del artículo 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. 4. El abono de cánones, tasas y cualesquiera tributos con posterioridad a la extinción del título no presupone su vigencia, sin perjuicio del derecho a su devolución en los casos que proceda. Artículo 164. Obligaciones de la Administración a la extinción del derecho a la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 1. Extinguido el derecho a la ocupación del dominio público, la Administración no asumirá ningún tipo de obligación laboral del titular de la actividad afectada (artículo 78.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Tampoco asumirá la Administración ninguna obligación económica del titular, vinculada o no, a la actividad desarrollada en los terrenos e instalaciones objeto del título extinguido. 3. El plazo para la resolución y notificación de la extinción del derecho de ocupación del dominio público marítimo terrestre será de dieciocho meses. Artículo 165. Supuestos de caducidad de las autorizaciones y concesiones. 1. La Administración, previa audiencia del titular, declarará la caducidad en los siguientes casos: a) No iniciación, paralización o no terminación de las obras injustificadamente durante el plazo que se fije en las condiciones del título. b) Abandono o falta de utilización durante un año sin que medie justa causa. c) Impago del canon o tasas en plazo superior a un año. d) Alteración de la finalidad del título. e) Incumplimiento de las condiciones que se hubieran establecido como consecuencia de la previa evaluación de sus efectos sobre el dominio público marítimo-terrestre. f) El incumplimiento de las condiciones b) y d) de los artículos 63.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 127.1 de este reglamento para las extracciones de áridos y dragados. g) Privatización de la ocupación cuando la misma estuviere destinada a la prestación de servicios al público. h) Invasión del dominio público no otorgado. i) Aumento de la superficie construida, volumen o altura máxima en más del 10 por ciento sobre el proyecto autorizado. j) No constitución del depósito requerido por la Administración para la reparación o el levantamiento de las obras e instalaciones. k) Obstaculización del ejercicio de las servidumbres sobre los terrenos colindantes con el dominio público o la aplicación de las limitaciones establecidas sobre la zona de servidumbre de protección y de influencia. l) En general, por incumplimiento de otras condiciones cuya inobservancia esté expresamente sancionada con la caducidad en el título correspondiente, y de las básicas o decisorias para la adjudicación, en su caso, del concurso convocado, según el artículo 75 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento (artículo 79.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. A los efectos de la letra g) del apartado anterior, se entenderá por privatización de la ocupación la modificación de las condiciones de utilización de los servicios autorizados que dificulten el libre acceso público. Artículo 166. Otros supuestos de caducidad. En los demás supuestos de incumplimiento o en caso de infracción grave conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, la Administración podrá declarar la caducidad, previa audiencia del titular y demás trámites reglamentarios (artículo 79.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 167. Procedimiento para la declaración de la caducidad. 1. En los casos cuya competencia corresponda al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el procedimiento para declarar la caducidad será el siguiente: a) Constatada la existencia de los supuestos referidos, el Servicio Periférico de Costas, tras dictar acuerdo de incoación de expediente, lo pondrá en conocimiento del titular, al que se le concederá un plazo de ocho días para que formule las alegaciones que estime convenientes. b) Formuladas las alegaciones o transcurrido el plazo para formularlas, el Servicio Periférico de Costas resolverá el expediente cuando tenga delegada la competencia; en el resto de casos, lo elevará a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con su propuesta de resolución. c) Cuando se trate de concesiones de ocupación de dominio público marítimo-terrestre que sirvan de soporte a actividades objeto de concesión o autorización por otros Departamentos ministeriales o por las comunidades autónomas, previamente se solicitará su informe. d) Cuando se trate de concesiones, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado en todos los casos de nulidad, interpretación, modificación y extinción, cuando se formule oposición por parte del concesionario, de acuerdo con el apartado 12 del artículo 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. e) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución que ponga fin al expediente será de 18 meses. Dicha resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrán interponerse los recursos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 2. Las autorizaciones de vertido y las concesiones que no sean de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se regirán, en cuanto a la tramitación del expediente de caducidad, por su normativa específica y, subsidiariamente, por lo establecido en este artículo. 3. En ningún caso procederá la rehabilitación del título. Artículo 168. Efectos de la incoación del expediente de caducidad. 1. Incoado el expediente de caducidad, la Administración podrá disponer la paralización de las obras, o la suspensión del uso y explotación de las instalaciones, previa audiencia, en este último caso, del titular afectado y una vez desestimadas sus alegaciones. 2. En el escrito de notificación a que se refiere el apartado 1. a), del artículo anterior, se incluirá la orden de paralización de las obras o la iniciación del expediente de suspensión del uso y explotación de las instalaciones, según proceda. El trámite de audiencia, así como la resolución de suspensión, corresponden al Servicio Periférico de Costas. Artículo 169. Efectos de la declaración de caducidad y de la suspensión de la ejecución. 1. La declaración de caducidad comportará la pérdida de la fianza si la hubiere. 2. Para la suspensión de la ejecución de la caducidad, el interesado quedará obligado al depósito previo del importe que se fije en cada caso (artículo 80.2 y 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. El importe del depósito previo no podrá ser superior al 30 por ciento del valor actualizado de las obras e instalaciones que figure en el proyecto que sirvió de base a su otorgamiento. Artículo 170. Vencimiento del plazo del título de otorgamiento. 1. El plazo de vencimiento será improrrogable, salvo que en el título de otorgamiento se haya previsto expresamente lo contrario, en cuyo caso, a petición del titular y a juicio de la Administración competente, podrá ser prorrogado siempre que aquél no haya sido sancionado por infracción grave y que no se superen en total los plazos máximos reglamentarios (artículo 81.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Las concesiones cuyo plazo de duración inicial sea de setenta y cinco años no podrán ser prorrogadas. 2. En los supuestos de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Servicio Periférico de Costas comunicará al titular el vencimiento de la concesión y le citará en el lugar de la obra o instalación para llevar a cabo el acta de reversión. En la misma se formalizará la recepción por la Administración en las condiciones exigibles, según la decisión adoptada conforme a lo establecido en el artículo 72.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 147 de este reglamento. En el caso de que se observaran deficiencias en las condiciones de entrega de los bienes en cuestión, la Administración señalará un plazo para su subsanación en dicha acta, que no excederá de lo establecido en el artículo 149.3 de este reglamento. De no llevarla a cabo en el referido plazo, se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del interesado. Artículo 171. Toma de posesión de las instalaciones. A la extinción de la autorización o concesión, la Administración General del Estado, sin más trámite, tomará posesión de las instalaciones, pudiendo obtener de las Empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía la suspensión del suministro (artículo 81.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). CAPÍTULO VII Prórroga de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior a la Ley 2/2013, de 29 de mayo Artículo 172. Prórroga de las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. 1. Las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, podrán ser prorrogadas, a instancia de su titular, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. La prórroga se aplicará igualmente a los titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento amparado por la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, previa solicitud de la correspondiente concesión. Esta prórroga no será de aplicación a las concesiones que amparen ocupaciones y actividades en la zona de servicio de los puertos (artículo segundo.1 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo). No se consideran incluidas en el supuesto del párrafo precedente aquellas concesiones reguladas en la disposición transitoria segunda, apartado segundo, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, que fueron otorgadas fuera de los puertos pero que, con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, han sido incorporadas a la zona de servicio de alguno de ellos manteniendo el régimen de plazos regulado en la citada Ley 22/1988, de 28 de julio, en su redacción original, sin perjuicio de que, en lo demás, se sigan rigiendo íntegramente por la legislación estatal sobre puertos de interés general. No obstante lo anterior, en estos casos se les aplicará el régimen de prórrogas previsto en este reglamento. El otorgamiento de la correspondiente prórroga será de competencia de la Administración u organismo portuario. 2. El concesionario podrá solicitar la prórroga de la concesión desde la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo y, en todo caso, antes de los seis meses previos a la fecha de extinción del plazo para el que fue inicialmente concedida. El plazo de la prórroga se computará desde la fecha de su solicitud, con independencia del plazo que reste para la extinción de la concesión que se prorroga. Si se solicita la prórroga dentro de los seis meses anteriores a la extinción del plazo de la concesión, el plazo de la prórroga se computará desde la fecha de extinción del título. 3. Las prórrogas solicitadas se otorgarán siempre que no se aprecien causas de caducidad del título vigente o se esté tramitando un procedimiento de caducidad del título concesional, en cuyo caso el procedimiento de prórroga se dejará en suspenso. 4. Las concesiones así prorrogadas, excepto aquellas a las que se refiere el último párrafo del apartado 1, se regirán en todo lo demás por lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento. Artículo 173. Plazo para la petición de la prórroga de los titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento amparado por la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. En el caso de las concesiones que se otorguen a los titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento amparado por la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se tendrá derecho a solicitar la prórroga regulada en el artículo anterior desde la fecha de notificación de la resolución de otorgamiento de la concesión. Artículo 174. Fijación del plazo máximo de las prórrogas. La duración de esta prórroga en ningún caso excederá de setenta y cinco años. Para la fijación del plazo máximo de las prórrogas se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 1. El plazo por el que se prorrogarán las concesiones otorgadas en virtud de las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio, excepto aquéllas a las que se refiere el artículo 172.1 último párrafo de este reglamento, a las que será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, será de 75 años. 2. El plazo por el que se prorrogarán las concesiones ordinarias se establecerá de acuerdo con los siguientes usos: a) Destinados a vivienda y zonas asociadas: Hasta un máximo de 75 años. b) Destinados a actuaciones ambientales: Hasta un máximo de 75 años c) Destinados a restauración: Hasta un máximo de 30 años. d) Destinados a actividades de explotación económica distintas a la de restauración: Hasta un máximo de 50 años. e) Destinados a infraestructura de servicios urbanos, actividades sociales o comunitarias y dotacionales: Hasta un máximo de 50 años. f) Destinados a instalaciones marítimas: Hasta un máximo de 50 años. g) Otros usos no incluidos en los apartados anteriores: Hasta un máximo de 30 años. La resolución por la que se otorgue la prórroga de concesiones ordinarias reducirá el plazo máximo previsto en los apartados anteriores en una quinta parte cuando las instalaciones se ubiquen en ribera del mar. Artículo 175. Criterios para la graduación de los plazos máximos de las prórrogas. 1. Los plazos máximos previstos para cada uso en el artículo anterior, excepto las concesiones a las que se refiere el artículo 172.1, último párrafo, de este reglamento, podrán ampliarse dentro de ese límite de setenta y cinco años en una quinta parte en los siguientes supuestos: a) Que el concesionario financie proyectos de regeneración de playas o de lucha contra la erosión y los efectos del cambio climático que sean aprobados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. b) Que el concesionario se comprometa a llevar a cabo sobre el espacio concedido una inversión añadida a la prevista en la concesión inicial que sea de interés para mejorar la actividad vinculada en cuanto a la eficiencia energética, de ahorro en el consumo del agua o la calidad ambiental, y siempre que el concesionario no esté legalmente obligado a ello. Dicho compromiso se incluirá entre las cláusulas de la resolución que otorgue la prórroga. c) Que el concesionario financie y ejecute, en el ámbito de la concesión o de su entorno, actuaciones adicionales a las previstas en la concesión inicial vinculadas al tratamiento del borde marítimo para facilitar su utilización pública gratuita o de mejora de la accesibilidad pública. Dichas actuaciones deberán ser aprobadas previamente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. d) Que tras el otorgamiento de una concesión que ampare la ocupación para una actividad del sector de la acuicultura, el concesionario se adhiera, con carácter permanente y continuado, al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS) o se comprometa a disponer de un sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:1996. 2. Tratándose de concesiones que originariamente hubieran sido otorgadas en retribución de la ejecución de una obra pública, la fijación de la duración de la prórroga se realizará teniendo en cuenta el plazo establecido en el título originario, respetando los plazos máximos señalados en el artículo anterior. Artículo 176. Documentación exigida para la tramitación de la prórroga. Para la tramitación de la prórroga, el titular de la concesión deberá presentar la siguiente documentación: a) Documentación acreditativa de la identidad del peticionario y, en su caso, del compareciente y del poder de representación en que este actúa. b) Declaración responsable de que las instalaciones, así como las obras o modificaciones que, en su caso, se hayan realizado durante la vigencia del título concesional, se ajustan a lo previsto en su objeto, condiciones y prescripciones. c) Proyectos o compromisos previstos en el artículo 175 de este reglamento, adjuntando en este caso fianza provisional de las obras. Artículo 177. Concesiones que amparan ocupaciones para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. En el caso de concesiones que amparen ocupaciones para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, la prórroga será concedida previo informe del órgano ambiental de la comunidad autónoma en la que radique la ocupación. El informe determinará los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá, en los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente. Cuando se haya otorgado la autorización ambiental integrada a la instalación e industria amparadas por la concesión cuya prórroga se solicite, el informe se limitará a determinar los efectos y a fijar las condiciones que resulten plenamente compatibles con el contenido de la autorización. Este informe tendrá carácter determinante. Si la Administración General del Estado se aparta de su contenido deberá motivar las razones de interés general por las que lo hace en la resolución por la que se acuerde cada uno de los periodos que integra la prórroga, o en la resolución por la que se deniegue la misma. Lo dispuesto en el apartado anterior ha de entenderse exclusivamente referido al procedimiento de concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre, y sin perjuicio de la exigibilidad de contar con la autorización ambiental integrada de competencia autonómica o del cumplimiento de las restantes autorizaciones o exigencias ambientales que sean de aplicación. Si el informe del órgano ambiental autonómico no fuera emitido en el plazo de tres meses se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La solicitud del informe producirá la suspensión del plazo para resolver y notificar la resolución, de acuerdo con lo previsto en la letra c) del artículo 42.5 de la citada ley. Artículo 178. Canon de las concesiones prorrogadas. 1. Las prórrogas de las concesiones reguladas en este título estarán sujetas al pago del canon calculado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y la normativa que lo desarrolle, excepto aquellas a las que se refiere el artículo 172.1, último párrafo, de este reglamento, que devengarán a favor de la Autoridad Portuaria competente las tasas o tarifa portuarias que procedan. 2. Las concesiones a las que se refiere el apartado 2 de la disposición transitoria segunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se regirán de acuerdo con lo establecido en el título concesional. TÍTULO IV Régimen Económico-Financiero de la utilización del dominio público Marítimo-Terrestre CAPÍTULO I Financiación de obras y otras actuaciones Artículo 179. Financiación de las obras de competencia del Estado. Las obras de competencia del Estado se financiarán con cargo a los correspondientes créditos presupuestarios y, en su caso, con las aportaciones de las comunidades autónomas, corporaciones locales, organismos internacionales y particulares (artículo 82 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 180. Acuerdos de financiación compartida. 1. Cuando la financiación sea compartida, la aportación correspondiente a cada partícipe se fijará de común acuerdo, detallándose la cuantía y modalidad de los compromisos asumidos. 2. Estos acuerdos podrán referirse también a la elaboración del planeamiento y de los proyectos de obras correspondientes (artículo 83 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Los acuerdos de financiación compartida se establecerán mediante convenios, debiendo, cada una de las Administraciones o particulares que participan en la financiación de la obra de que se trate, garantizar su aportación. Los convenios podrán incluir la financiación de estudios y de trabajos de planeamiento y proyectos, así como compromisos que se refieran a la aportación de los terrenos, conservación y explotación de las obras. CAPÍTULO II Cánones Artículo 181. Canon de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre. 1. Toda ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en virtud de una concesión o autorización, cualquiera que fuere la Administración otorgante, devengará el correspondiente canon a favor de la Administración General del Estado, sin perjuicio de los que sean exigibles por aquélla. 2. Están obligados al pago del canon, en la cuantía y condiciones que se determinan en la Ley 22/1988, de 28 de julio, los titulares de las concesiones y autorizaciones antes mencionadas (artículos 84.1 y 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Para la determinación de la cuantía del canon se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: a) Ocupación del dominio público marítimo-terrestre: 1.º Por ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre, la valoración del bien ocupado se determinará por equiparación al mayor de los tres valores siguientes: El valor catastral, el comprobado por la Administración a efectos de cualquier tributo, o el precio, contraprestación o valor de adquisición declarados por los sujetos pasivos, aplicables a los terrenos contiguos a sus zonas de servidumbre que tengan un aprovechamiento similar a los usos que se propongan para el dominio público. En caso de que no se disponga del valor catastral de las zonas de dominio público, el Catastro informará sobre el valor del suelo de la zona colindante. En caso de no existir un aprovechamiento similar, se tomará la media de los valores utilizados para la determinación de los cánones devengados por las concesiones otorgadas en el dominio público marítimo-terrestre en ese término municipal. El valor resultante será incrementado con el importe medio estimado de los beneficios netos anuales, antes de impuestos, que sea previsible obtener en la utilización del dominio público durante un período de diez años. Si la duración de la concesión tuviera un plazo inferior a diez años, esa estimación será por todo el período concesional. La estimación de dichos beneficios se realizará teniendo en cuenta los estudios económicos que facilite el solicitante de la concesión o autorización, así como las informaciones que pueda recabar y las valoraciones que pueda efectuar la Administración otorgante, directamente o por comparación con otras concesiones existentes. En ningún caso esta estimación será inferior al 20 por 100 del importe de la inversión a realizar por el solicitante. Se tomará como valor de la inversión el presupuesto material de ejecución de las obras e instalaciones en dominio público marítimo-terrestre actualizado. 2.º Para las ocupaciones de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, electricidad y comunicaciones, de interés general, la valoración del bien ocupado será de 0,006 euros por metro cuadrado de superficie ocupada, incrementada en los rendimientos que sea previsible obtener en la utilización de dicho dominio. En ningún caso esta estimación será inferior al 20 por ciento del importe de la inversión a realizar por el solicitante (artículo 84.3.1.b) de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3.º En el caso de ocupaciones de obras e instalaciones ya existentes, la base imponible se calculará sumando lo dispuesto en los apartados 1.º, 2.º o 4.º de este apartado, según proceda, al valor material de dichas obras e instalaciones (artículo 84.3.1.c) de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Para calcular el valor material de las obras e instalaciones a ocupar se dividirá el plazo de la concesión a otorgar por el periodo máximo de amortización publicado en las tablas del anexo al Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, y se multiplicará por el presupuesto de ejecución material de las obras e instalaciones actualizado. Si el periodo que resta por amortizar es inferior al plazo a otorgar se tomará dicho periodo para efectuar el cálculo anterior. Si las obras e instalaciones están completamente amortizadas se considerará nulo el valor de ocupación de las mismas, salvo que la Administración justifique la existencia de un valor residual en cuyo caso se adoptará este. 4.º En los supuestos de ocupaciones de obras e instalaciones en el mar territorial, la valoración del bien ocupado será de 0,006 euros por metro cuadrado de superficie ocupada, a la que se sumará lo dispuesto en el apartado 1º, párrafos tercero y cuarto. En el caso de que estas ocupaciones se destinen a la investigación o explotación de recursos mineros y energéticos, se abonará un canon de 0,006 euros por metro cuadrado de superficie ocupada (artículo. 84.3.1.d) de la Ley 22/1988, de 28 de julio). b) Por aprovechamiento de bienes de dominio público marítimo-terrestre, el valor del bien será el de los materiales aprovechados a precios medio de mercado (artículo 84.3.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 4. En el caso de cultivos marinos la base imponible del canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre se calculará con arreglo a las siguientes reglas: a) Se considerará como valor de los bienes ocupados la cantidad de 0,006 euros por metro cuadrado. b) En cuanto a los rendimientos que se prevé obtener en la utilización del dominio público marítimo-terrestre, se considerarán los siguientes coeficientes: Tipo 1. Cultivos marinos en el mar territorial y aguas interiores: 0,4 €/m2. Tipo 2. Cultivos marinos en la ribera del mar y de las rías: 0,16 €/m2. Tipo 3. Estructuras para las tomas de agua de mar y desagües desde cultivos marinos localizados en tierra: 5 €/m2. Estas cantidades se revisarán por orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, teniendo en cuenta la variación experimentada por el Índice General Nacional del sistema de Índices de Precios de Consumo (artículo 84.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 5. El tipo de gravamen anual será del 8 por ciento sobre el valor de la base, salvo en el caso de aprovechamiento, que será del 100 por ciento (artículo 84.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). A efectos del cálculo del gravamen anual, la base será la descrita en cada uno de los apartados anteriores. 6. El canon de ocupación a favor de la Administración General del Estado que devengarán las concesiones que las comunidades autónomas otorguen en dominio público marítimo-terrestre adscrito para la construcción de puertos deportivos o pesqueros, se calculará según lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en su normativa de desarrollo. La estimación del beneficio que se utilice para obtener la base imponible del canon, en ningún caso podrá ser inferior al 3,33 por ciento del importe de la inversión a realizar por el solicitante (artículo 84.6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 182. Supuestos de reducción del canon. 1. El canon podrá reducirse un 90 por ciento en los supuestos de ocupaciones destinadas al uso público gratuito. 2. En los títulos otorgados a entidades náutico-deportivas para el desarrollo de sus actividades de carácter no lucrativo, el importe del canon de ocupación podrá reducirse un 75 por ciento. Para la obtención de dicha reducción será preciso que la Federación deportiva correspondiente certifique que las respectivas entidades se encuentren debidamente inscritas y que ejercen exclusivamente la actividad náutico-deportiva. En el caso de que estas entidades destinen una parte de sus ocupaciones objeto de concesión a actividades distintas de la náutico-deportiva y que tengan carácter lucrativo, el canon que generen esas ocupaciones se determinará según las reglas generales recogidas en los apartados anteriores. 3. Con objeto de incentivar mejores prácticas medioambientales en el sector de la acuicultura, el canon se reducirá un 40 por ciento en el supuesto de concesionarios adheridos, con carácter permanente y continuado, al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS). Si no estuvieran adheridos a dicho sistema de gestión pero dispusieran del sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:1996, los concesionarios tendrán una reducción del 25 por ciento (artículo 84.7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 4. Las comunidades autónomas, las entidades locales y las entidades de derecho público dependientes de ellas estarán exentos del pago del canon de ocupación en las concesiones o autorizaciones que se les otorguen para el ejercicio de sus competencias, siempre que aquéllas no sean objeto de explotación lucrativa, directamente o por terceros. Igualmente quedarán exentos del pago de este canon los supuestos previstos en el artículo 54.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio (artículo 84.8 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 183. Devengo del canon. 1. El devengo del canon, calculado de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos anteriores, tendrá carácter anual y se producirá con el otorgamiento inicial de la concesión o autorización. Será exigible en la cuantía que corresponda y en los plazos que se señalen en las condiciones de dicha concesión o autorización. En el caso previsto en el artículo 181.3 b), el devengo se producirá cuando el aprovechamiento se lleve a cabo. 2. En el supuesto de autorizaciones y concesiones de duración superior a un año, cuyo canon se haya establecido o haya sido revisado, aplicando la Orden de 30 de octubre de 1992, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por la que se determina la cuantía del canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, el mismo quedará actualizado anualmente, de forma automática, incrementando o minorando la base del vigente mediante la aplicación a la misma de la variación experimentada por el Índice General Nacional del sistema de Índices de Precios de Consumo en los últimos doce meses, según los datos publicados anteriores al primer día de cada nuevo año o cualquier índice que lo sustituya. El devengo del canon, cuya base se haya actualizado conforme a lo expuesto, será exigible en los plazos fijados en las condiciones establecidas en cada título. 3. En el caso de las concesiones de duración superior a un año, cuyo canon no se haya establecido o revisado aplicando la mencionada Orden Ministerial de 30 de octubre de 1992, previamente se procederá a su revisión conforme a la misma. Una vez realizada esta revisión quedará actualizado anualmente tal como establece el párrafo anterior (artículo 84.9 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 184. Criterios para la fijación del canon. 1. A los efectos de fijación del canon por ocupación y aprovechamiento del dominio público, la ocupación alcanzará, además de a la ocupación física, a los espacios demaniales en los que se establezcan limitaciones a otros usos u ocupaciones. Para el caso concreto de ocupaciones de lámina de agua, la superficie ocupada será la del polígono obtenido uniendo los puntos de anclaje, si se trata de sistemas flotantes, o los puntos más exteriores de la instalación o de sus elementos de sustentación, para el caso de sistemas apoyados, más los espacios en los que se establezcan medidas de protección o de limitación a la navegación o al fondeo. 2. A los mismos efectos, la ocupación o utilización de dominio público marítimo-terrestre se computará en metros cuadrados. Cuando esta ocupación se efectúe mediante cañerías, líneas, canalizaciones y otros elementos de similar carácter y escasa anchura, se considerará una anchura mínima de un metro, salvo que la misma, teniendo en cuenta los criterios expuestos en el párrafo anterior, sea mayor a la mínima citada. CAPÍTULO III Fianzas Artículo 185. Prestación de fianza provisional por los peticionarios de concesiones y autorizaciones. Los peticionarios de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre reguladas por la Ley 22/1988, de 28 de julio, acreditarán ante la Administración competente, al presentar la solicitud, la prestación de la fianza provisional, por un importe del 2 por ciento del presupuesto de las obras o instalaciones a realizar en el dominio público de que se trate, en la forma prevista en la normativa vigente, siendo irrevocable y de ejecución automática por resolución del órgano a favor del cual se constituyó, quien ordenará asimismo su devolución si se deniega la solicitud presentada. Artículo 186. Constitución de fianza definitiva. 1. Otorgada la concesión o autorización, se constituirá la fianza definitiva, elevando la provisional al 5 por ciento del presupuesto correspondiente de las obras o instalaciones. Si el peticionario hubiera prestado fianza por la solicitud de otras concesiones o autorizaciones a otorgar por la Administración General del Estado, que sean exigibles para la realización de la actividad que motiva la solicitud de ocupación del dominio público, la cuantía total acumulada de dichas fianzas no podrá exceder del 5 por ciento del referido presupuesto (artículo 88.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. En el caso de que sean exigibles diversas fianzas para la realización de la actividad, a efectos de lo previsto en el apartado anterior, sólo se tendrán en cuenta las fianzas que se hayan prestado por plazo igual o superior al exigible por el título demanial. 3. Si, a juicio de la Administración competente, el presupuesto de las obras e instalaciones no respondiera a la realidad, aquélla valorará ejecutoriamente éstas, a los efectos de la determinación de las fianzas. Artículo 187. Pérdida de la fianza al desistimiento de la petición o renuncia del título. Si el interesado desistiera de la petición o renunciara al título, perderá la fianza constituida (artículo 88.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 188. Fianza complementaria en los supuestos de vertidos. 1. En el caso de vertidos, la Administración competente podrá exigir la constitución de una fianza complementaria para responder del cumplimiento de las condiciones de aquél, en cuantía equivalente al importe de un semestre del canon de vertido, siendo susceptible de revisiones periódicas en función de las variaciones de éste (artículo 88.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Dicha fianza se constituirá a favor de la Administración competente, tendrá carácter irrevocable y será de ejecución automática por orden de dicha Administración, que asimismo ordenará su devolución en la cuantía y forma que proceda. Artículo 189. Devolución de la fianza definitiva. 1. La fianza definitiva será devuelta al año de la aprobación del reconocimiento de las obras, en caso de concesión o de autorización con plazo de vencimiento superior al año, y en otro caso, a su vencimiento, salvo en los supuestos de renuncia y caducidad, con deducción de las cantidades que, en su caso, deban hacerse efectivas en concepto de penalidades y responsabilidades en que haya podido incurrir el concesionario. 2. El derecho a la devolución de la fianza prescribirá si no ha sido solicitada en el plazo de cinco años, a partir del momento en que sea procedente (artículos 88.5 y 6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). CAPÍTULO IV Valoración de rescates Artículo 190. Valoración de los rescates de las concesiones. 1. La valoración de las concesiones, en caso de rescate total o parcial, se atendrá a las siguientes reglas: a) Se indemnizará por el valor de las obras no amortizadas, incluidas en el acta de reconocimiento de la concesión, suponiendo una amortización lineal para el período de duración de aquélla, actualizando los precios del proyecto, incluso honorarios del mismo y dirección de obras, con arreglo a las normas oficiales y considerando el estado de las obras (artículo 89.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). b) Se indemnizará también por la pérdida de beneficios en el ejercicio económico o año en curso, en el que se realiza el rescate, debidamente justificada con las declaraciones presentadas a efectos fiscales (artículo 89.2 de la Ley 22/19888, de 28 de julio). A estos efectos, el Servicio Periférico de Costas interesará del concesionario, para determinar el beneficio medio anual, los datos de las declaraciones presentadas en los cinco años anteriores. Cuando se observe diferencia entre los beneficios declarados y los comprobados por la Administración Tributaria, se estará a estos últimos. c) En cualquier caso, no se tendrán en cuenta las obras e instalaciones realizadas por el concesionario sin previa autorización, que pasarán al dominio público sin derecho a indemnización (artículo 89.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Asimismo se indemnizará por los siguientes motivos: a) Por las cantidades abonadas por los bienes expropiados e incorporados al dominio público marítimo-terrestre, en aplicación de lo previsto en el artículo 138 de este reglamento, suponiendo una amortización lineal para el plazo concesional y aplicando los tipos de interés legal que correspondan. b) Por el valor de los bienes incorporados al dominio público marítimo-terrestre, a los que se refiere el artículo 5.7 de este reglamento, y no amortizados, determinado de acuerdo con los criterios del artículo 84.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, suponiendo una amortización lineal para el plazo concesional. 3. En ningún caso serán indemnizables los derechos derivados de las relaciones a que se refiere el artículo 141.5 de este reglamento, ni las plusvalías que sean consecuencia de las obras realizadas por la Administración, salvo cuando se hayan repercutido en el canon. 4. En las concesiones otorgadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la valoración se realizará por el Servicio Periférico de Costas y se someterá a conocimiento del concesionario para que manifieste su conformidad o exponga las alegaciones que estime oportunas, previamente a su aprobación por el citado Ministerio. TÍTULO V Infracciones y sanciones CAPÍTULO I Infracciones Artículo 191. Infracciones graves. 1. Las infracciones se clasificarán en leves y graves. 2. Se considerarán infracciones graves conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, las siguientes: a) La alteración de hitos de los deslindes. b) La ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la conducta abusiva. c) La ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, así como el aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre los autorizados. d) La extracción no autorizada de áridos. e) El incumplimiento de las limitaciones a la propiedad sobre los áridos establecidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio. f) La interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito. g) La realización de construcciones no autorizadas en las zonas de servidumbre de protección y tránsito y acceso al mar. h) Las acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las personas, siempre que no constituyan delito y, en todo caso, el vertido no autorizado de aguas residuales. i) La utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para los usos no permitidos por la Ley 22/1988, de 28 de julio. j) La realización, sin título administrativo exigible conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de cualquier tipo de obras o instalaciones en las zonas de servidumbre definidas en la Ley, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la conducta abusiva o que, habiéndose notificado la incoación de expediente sancionador, se hubiere persistido en tal conducta. k) Las acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el dominio público marítimo-terrestre o supongan grave obstáculo al ejercicio de las funciones de la Administración. l) El falseamiento de la información suministrada a la Administración. m) La reincidencia por comisión, en el término de dos años, de más de una infracción de carácter leve cuando así haya sido declarado por resolución firme (artículo 90 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 192. Infracciones leves. Tendrán el carácter de infracciones leves las acciones u omisiones, además de las que no estén comprendidas en los artículos 90 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 191 de este reglamento, las siguientes: a) La ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre no constitutivas de infracción grave. b) La ejecución de trabajos, vertidos, cultivos, plantaciones o talas en el dominio público marítimo-terrestre sin el debido título administrativo. c) Las acciones u omisiones que causen daños o menoscabo a los bienes del dominio público marítimo-terrestre o a su uso. d) El incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbres y de las determinaciones contenidas en las normas aprobadas conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio. e) El incumplimiento de las condiciones de los correspondientes títulos administrativos, sin perjuicio de su caducidad. f) La publicidad no autorizada en el dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre de protección. g) El anuncio de actividades a realizar en el dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre sin el debido título administrativo o en pugna con sus condiciones. h) La obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la Administración. i) La omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio (artículo 91 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 193. Declaración responsable. A los efectos de lo establecido en el título V de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento, se entenderá como título administrativo la declaración responsable prevista en la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y artículo 27 y disposición transitoria decimoquinta de este reglamento. Artículo 194. Plazo de prescripción de las infracciones y sanciones. 1. El plazo de prescripción de las infracciones será de dos años para las graves y de seis meses para las leves, contados a partir de su total consumación. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al presunto responsable (artículo 92.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. El plazo de prescripción de las sanciones será de dos años para las graves y de un año para las leves, contados a partir del día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si tal procedimiento estuviera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al infractor (artículo 92.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. El cómputo del plazo se iniciará en la fecha en que se hubiese cometido la infracción o, cuando se trate de una actividad continuada, a su finalización. En el caso de que el hecho o actividad constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará cuando éstos se manifiesten. 4. Se considerará que una construcción o instalación está totalmente terminada cuando estuviera dispuesta para servir al fin previsto, sin necesidad de ninguna actuación posterior. A tal efecto, se considerará como fecha de terminación la comprobada por el órgano sancionador y, subsidiariamente y por este orden, la de licencia, permiso o autorizaciones de funcionamiento o servicio, o el certificado final de obra suscrito por técnico competente. Artículo 195. Responsables de la infracción. 1. Serán responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siguientes: a) En el caso de incumplimiento de las condiciones de un título administrativo, el titular de éste. b) En otros casos, el promotor de la actividad, el empresario que la ejecuta y el técnico director de la misma, así como cualquier otro sujeto que intervenga por acción u omisión en la comisión del hecho constitutivo de la infracción. c) En las infracciones derivadas del otorgamiento de títulos administrativos que resulten contrarios a lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y cuyo ejercicio ocasione daños graves al dominio público o a terceros, serán igualmente responsables: 1.º Los funcionarios o empleados de cualquier Administración pública que informen favorablemente el otorgamiento del correspondiente título, que serán sancionados por falta grave en vía disciplinaria, previo el correspondiente expediente. 2.º Las autoridades y los miembros de órganos colegiados de cualesquiera corporaciones o entidades públicas que resuelvan o voten a favor del otorgamiento del título, desoyendo informes preceptivos y unánimes en que se advierta expresamente de la ilegalidad, o cuando no se hubieran recabado dichos informes. La sanción será de multa por la cuantía que corresponda en cada caso por aplicación de los criterios de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento. La procedencia de indemnización por los daños y perjuicios que sufran los particulares en los supuestos contemplados en este apartado se determinará conforme a las normas que regulan con carácter general la responsabilidad de la Administración. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado (artículo 93.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. En el caso de existir más de un sujeto responsable de la infracción, las consecuencias derivadas de ésta se exigirán con carácter solidario (artículo 93.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Los títulos administrativos a que se refiere el apartado 1.c) anterior serán todos aquellos que amparen la actuación ilegal, cualquiera que sea su normativa reguladora y la Administración que los otorgue. CAPÍTULO II Sanciones Sección 1.ª Disposiciones generales Artículo 196. Sanción de las infracciones. 1. Toda acción u omisión que sea constitutiva de infracción será sancionada con la multa que proceda según los artículos 97 y 98 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento. 2. En el caso de que un mismo infractor cometa diversas acciones u omisiones susceptibles de ser consideradas como varias infracciones se impondrán tantas sanciones como infracciones se hubieran cometido. En el caso de que un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, se tomará en consideración únicamente aquella que comporte mayor sanción. En el caso de que unos hechos fueran constitutivos de una infracción calificable como medio o instrumento para asegurar la comisión de otros hechos, también constitutivos de infracción, de modo que estos deriven necesariamente de aquellos, se impondrá la sanción más grave de las dos en su mitad superior. No obstante, los titulares de concesiones otorgadas con arreglo a la Ley 22/1988, de 28 de julio, podrán ser siempre sancionados por las infracciones que en ella se establecen, con independencia de otras responsabilidades que, en su caso, sean exigibles. 3. Cuando, a juicio de la Administración, la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, el órgano administrativo dará traslado al Ministerio Fiscal, absteniéndose aquél de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa. 4. En caso de reincidencia en infracciones graves se podrá declarar la inhabilitación para ser titular de autorizaciones y concesiones por un plazo de uno a tres años (artículo 94 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 197. Obligación de restitución de las cosas y reposición a su estado anterior y de devolución del beneficio obtenido de forma ilícita. 1. Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, el infractor estará obligado a la restitución de las cosas y reposición a su estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente (artículo 95.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Esta obligación prescribirá a los quince años desde que la Administración acuerde su imposición, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de la imprescriptibilidad de los bienes de dominio público marítimo terrestre y de las servidumbres en los terrenos colindantes. 2. En todo caso, la restitución incluye la obligación de devolver a la Administración la totalidad del beneficio obtenido de forma ilícita. 3. Las obligaciones de restitución, reposición y devolución son exigibles cualquiera que sea el sujeto responsable de la infracción. Artículo 198. Caducidad del título administrativo. 1. Cuando la infracción derive del incumplimiento de las condiciones del título administrativo se declarará su caducidad, cuando sea procedente, conforme a lo previsto en los artículos 79 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 165 y 166 de este reglamento (artículo 95.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Asimismo se iniciarán los procedimientos de suspensión de los efectos y anulación de los actos administrativos en los que presuntamente pudiera ampararse la actuación ilegal (artículo 95.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 199. Notificación al Registro de la Propiedad de las resoluciones administrativas que ordenen la reposición o restitución. El Servicio Periférico de Costas notificará al Registro de la Propiedad las resoluciones administrativas que ordenen la reposición o restitución para que aquél tome la correspondiente nota marginal respecto a las construcciones o instalaciones afectadas que hayan podido ser objeto de inmatriculación. Cuando la resolución sea firme se procederá a la cancelación del asiento correspondiente. Artículo 200. Publicación de las sanciones. Las sanciones impuestas por infracciones graves, una vez firmes, se harán públicas en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma correspondiente con carácter trimestral y contendrán los siguientes datos: Importe de la sanción, nombre del infractor o infractores, tipificación de la infracción, localización del hecho sancionado y, en su caso, obligación de restitución e indemnización. Sección 2.ª Multas Artículo 201. Multas por infracciones graves. Para las infracciones graves, la sanción será: a) En los supuestos de los apartados a), f), h), i) y k) del artículo 90.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 191.2 de este reglamento: Multa de hasta 300.000 euros. Para el cálculo de la cuantía de la multa se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 1.º En el caso de alteración de hitos: 1.000 euros por hito afectado. 2.º En el caso de interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito: Entre 1.000 y 5.000 euros por cada día en que el acceso o el tránsito se encuentre interrumpido de acuerdo con los siguientes criterios: Naturaleza del dominio público marítimo-terrestre afectado; si se trata de un tramo natural o urbano de la playa; longitud y superficies afectadas; la existencia de otros accesos alternativos; y el tipo o naturaleza de la interrupción. Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente. 3.º En el caso de acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las personas, la cuantía mínima será de 3.000 euros. Para calcular la sanción se tendrán en cuenta los siguientes criterios: La magnitud del riesgo producido, la cuantía de los daños ocasionados y el grado de intencionalidad apreciable en el infractor En el caso de incumplimiento de las normas de balizamiento marítimo: 300 euros diarios. Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente. En el supuesto de vertidos no autorizados de aguas residuales, el coste del tratamiento de vertido que hubiera sido impuesto, en su caso, para otorgar la autorización. 4.º En el supuesto de la utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para usos no permitidos por la legislación de Costas no contemplados en otros apartados, el beneficio estimado que obtenga el infractor y cuando éste no sea cuantificable, el valor de los daños y perjuicios causados al dominio público, estableciéndose un mínimo de 150 euros. En el caso de acampada: 40 euros por metro cuadrado ocupado y día, siendo esta la sanción mínima. En el caso de la acampada las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente. En el caso de estacionamiento o circulación no autorizada de vehículos: Entre 50 y 150 euros, en función de los riesgos o daños causados a personas, bienes o derechos y del lugar de la comisión de la infracción. Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente. 5.º En el supuesto de acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el dominio público o supongan grave obstáculo del ejercicio de las funciones de la Administración no contemplados en otros apartados, la cuantía de la multa se graduará en función de la gravedad de la acción u omisión, con un mínimo de 600 euros. Para su cálculo se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 100.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. b) En el supuesto de la ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la conducta abusiva, multa equivalente a 120 euros por metro cuadrado y día. Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente. c) En los supuestos de los apartados c), g) y j) del artículo 90.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento: Multa del 50 por ciento del valor de las obras e instalaciones cuando estén en dominio público o en la zona de servidumbre de tránsito o de acceso al mar, y del 25 por ciento en el resto de la zona de servidumbre de protección, con un mínimo de 300 euros. d) En el supuesto de la extracción no autorizada de áridos, multa equivalente a 20 euros por metro cúbico, siendo ésta la sanción mínima. e) En el supuesto del incumplimiento de las limitaciones a la propiedad sobre los áridos establecidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio: 10 por ciento del valor de la transmisión. f) En el supuesto de la reincidencia por comisión, en el término de dos años, de más de una infracción de carácter leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme, la multa se obtendrá de la suma de las establecidas para cada una de las infracciones leves, considerando únicamente, en su caso, la reducción de la cuantía hasta la mitad, para la primera de ellas, el haber procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento. g) En los supuestos de publicidad prohibida, por no estar excepcionada en los artículos 46 y 81 de este reglamento: Multa de 250 euros, cuando la publicidad se realice por medios audiovisuales, y de 100 euros por metro cuadrado, cuando sea a través de vallas o carteles. h) En los supuestos de falseamiento de la información suministrada a la Administración: 300 euros, incrementada en el beneficio obtenido por el infractor (artículo 97.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 202. Multa para las infracciones leves. 1. Para las infracciones leves la sanción será de multa, en la cuantía que se determine reglamentariamente para cada tipo de infracción, aplicando los criterios del artículo anterior, de modo que aquélla no sea superior a la mitad de la que resultaría con arreglo a dichos criterios ni, en todo caso, a 60.000 euros (artículo 97.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. En los casos siguientes la sanción será: a) En los supuestos del anuncio de actividades a realizar en el dominio público y sus zonas de servidumbre sin el debido título administrativo o en pugna con sus condiciones, con un mínimo de 50 euros, se calculará con arreglo a los siguientes criterios: El 25 por ciento del coste del anuncio, cuando se trate de actividades sin el debido título administrativo y, cuando sea en contra de las condiciones establecidas en dicho título, la que se prevea en las cláusulas concesionales. b) En los supuestos de la obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la Administración, la multa mínima, por obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la Administración, será de 300 euros, incrementada en el beneficio obtenido por el infractor. c) En los supuestos de daños al dominio público marítimo-terrestre no constitutivos de infracción grave, la multa será equivalente al valor del daño causado. En caso de ocupación o utilización sin título, no constitutiva de infracción grave: Multa de 20 euros por metro cuadrado y día. Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente. d) En los supuestos de cultivos, plantaciones o talas: Multa de 120 euros por metro cuadrado. e) En los supuestos de incumplimiento de las condiciones del título: Multa de 200 euros por cada incumplimiento. f) Para el incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbre, que no constituya infracción grave de acuerdo con lo establecido en el artículo 90.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 191 de este reglamento: Multa de 150 euros por incumplimiento. En el supuesto de que se trate de obras o instalaciones en zonas de servidumbre no constitutivos de infracción grave, la cuantía de la sanción se determinará aplicando los criterios establecidos en los artículos 97.1 c) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 201 c) de este reglamento, de modo que no sea superior a la mitad de la que resultaría con arreglo a los mismos. g) En los supuestos de publicidad realizada sin el debido título administrativo o con incumplimiento de las condiciones establecidas en dicho título, de acuerdo con los supuestos recogidos en los artículos 46 y 81 de este reglamento: Multa de 100 euros, cuando la publicidad se realice por medios audiovisuales, y de 50 euros por metro cuadrado, cuando sea a través de vallas o carteles. Artículo 203. Obligación de entregar a la Administración la totalidad del beneficio obtenido. La imposición de la multa, cualquiera que sea su cuantía, no excluirá la obligación de entregar a la Administración la totalidad del beneficio obtenido. Artículo 204. Consideración de circunstancia atenuante. 1. Se considerará como circunstancia atenuante, pudiendo reducirse la cuantía de la multa hasta la mitad, el haber procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción, en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento (artículo 97.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. El requerimiento al interesado se efectuará en la propia notificación de la incoación del expediente sancionador. Artículo 205. Multa a empresas suministradoras de servicios por incumplimiento de obligaciones 1. El incumplimiento por parte de las empresas suministradoras de servicios de las obligaciones establecidas en los artículos 39 y 103 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 82 y 211 de este reglamento, dará lugar a que la Administración competente imponga una multa del tanto al quíntuplo del importe de la acometida, sin perjuicio de otras sanciones que resultasen procedentes (artículo 98 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Para su fijación se tendrá en cuenta el número de requerimientos anteriores desatendidos, el tiempo transcurrido en materializar la interrupción del suministro y los perjuicios causados por la demora. 3. Se entenderá por Administración competente la facultada para sancionar la infracción principal que motiva la interrupción del suministro. Artículo 206. Competencia para la imposición de las multas. 1. La imposición de las multas corresponderá a la Administración competente por razón de la materia. Cuando lo sea la Administración General del Estado, estarán facultados, con arreglo a los límites que se fijan a continuación, los siguientes órganos: a) Jefe del Servicio Periférico: Hasta 60.000 euros. b) Director General: Hasta 300.000 euros. c) Ministro: Hasta 1.200.000 euros. d) Consejo de Ministros: Más de 1.200.000 euros. 2. Las comunidades autónomas podrán imponer multas de hasta 1.200.000 de euros en el ámbito de su competencia de ejecución de la legislación estatal en materia de vertidos industriales y contaminantes. 3. Los Alcaldes, en materia de competencia municipal según la Ley 22/1988, de 28 de julio, podrán imponer multas de hasta 12.000 euros (artículo 99 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Sección 3.ª Restitución y reposición e indemnización Artículo 207. Indemnización por daños y perjuicios al dominio público marítimo-terrestre. 1. Cuando la restitución y reposición a que se refiere el artículo 95.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 197 de este reglamento no fueran posibles y, en todo caso, cuando subsistan daños irreparables y perjuicios, los responsables de la infracción deberán abonar las indemnizaciones que procedan, fijadas ejecutoriamente por la Administración. 2. Cuando los daños fueren de difícil evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) Coste teórico de la restitución y reposición. b) Valor de los bienes dañados. c) Coste del proyecto o actividad causante del daño. d) Beneficio obtenido con la actividad infractora. 3. Cuando el beneficio sea superior a la indemnización se tomará para ésta, como mínimo, la cuantía de aquél (artículo 100 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 4. La valoración de los daños se realizará por el órgano sancionador. Para su cuantificación, en el caso de tener que aplicar las previsiones del apartado 2, se optará por el mayor valor entre los que resulten de aplicar los criterios establecidos en el mismo. Sección 4.ª Abono de las multas e indemnizaciones Artículo 208. Abono de las cantidades procedentes de multas. 1. El abono de cantidades procedentes de multas, devolución de beneficios obtenidos con la actividad infractora e indemnizaciones impuestas por la Administración General del Estado, derivadas de las responsabilidades exigibles en virtud de la aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento, se efectuará en el Tesoro Público, debiendo presentarse los justificantes de su pago en el organismo sancionador. 2. El ingreso se hará en el plazo que se fije en la resolución correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Recaudación. 3. Los ingresos que se produzcan por los conceptos establecidos en el apartado primero de este artículo generarán automáticamente un incremento en el crédito del capítulo presupuestario de inversiones en la costa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. CAPÍTULO III Procedimiento y medios de ejecución Sección 1.ª Procedimiento Artículo 209. Procedimiento sancionador. 1. El procedimiento para sancionar las infracciones previstas en el presente reglamento será el regulado por el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes. 2. Los funcionarios y autoridades correspondientes estarán obligados a formular las denuncias, tramitar las que se presenten y resolver las de su competencia, imponiendo las sanciones procedentes (artículo 101.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. A los efectos indicados, los funcionarios y agentes de la Administración estarán facultados para acceder a los terrenos de propiedad privada en que hubieren de realizarse las comprobaciones y actuaciones correspondientes (artículo 101.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 4. Cuando los particulares o las administraciones públicas formulen una denuncia deberán fundamentar suficientemente los hechos denunciados para que pueda tramitarse la misma. En este caso, se les comunicará la iniciación del expediente sancionador, si éste procede. Artículo 210. Incoación del expediente sancionador. Advertida la existencia de una posible infracción, el órgano competente, previas las diligencias oportunas, incoará al presunto infractor expediente sancionador y le notificará el pliego de cargos para que aquél formule las alegaciones que estime oportunas, comunicándole seguidamente la resolución (artículo 102, párrafo 1.º, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 211. Tramitación del procedimiento sancionador, paralización de obras ilegales y suspensión de explotaciones. 1. Cuando se trate de obras ilegales en curso de ejecución, el órgano competente ordenará su paralización en el momento de la incoación del expediente sancionador. Cuando se trate de instalaciones en explotación, dispondrá la suspensión del uso o actividades indebidos, una vez desestimadas, en su caso, las alegaciones pertinentes. En ambos casos se podrá proceder al precinto de las obras o instalaciones. 2. Las empresas de servicios a que se refieren los artículos 39 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 82 de este reglamento suspenderán el suministro a requerimiento de la Administración (artículo 103 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. En caso de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la incoación del expediente corresponderá al Jefe del Servicio Periférico de Costas, por iniciativa propia, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. 4. No constituirá impedimento para incoar expediente sancionador la presentación de licencias, permisos u otras autorizaciones otorgadas al amparo de otras disposiciones legales, así como tampoco el que se solicite o se encuentre en tramitación un título administrativo exigible de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento. 5. Acordada la incoación del expediente, el órgano competente nombrará Instructor y Secretario. En su caso, ordenará la paralización de las obras ilegales advirtiendo que, en otro caso, se adoptarán las medidas previstas en los artículos 104 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 212 de este reglamento e indicará la posibilidad de considerar la circunstancia atenuante prevista en los artículos 97.3 y 204.1, respectivamente, de los citados ley y reglamento, fijando el plazo correspondiente. Dichos extremos serán notificados a los presuntos responsables. 6. El Instructor, cuando lo estime necesario para el esclarecimiento de los hechos, practicará las diligencias y pruebas convenientes y solicitará los informes que resulten imprescindibles. 7. El Instructor formulará el pliego de cargos que contendrá una exposición de los hechos imputados, los preceptos supuestamente infringidos, los daños causados y las sanciones que proceden, así como el resultado de las pruebas, en el caso de que se hubiesen practicado. Cuando no se lleven a cabo las actuaciones previstas en el número anterior, el pliego de cargos se notificará conjuntamente con la incoación del expediente sancionador. 8. El presunto infractor dispondrá de un plazo de quince días para formular las alegaciones al pliego de cargos y proponer, en su caso, la práctica de nuevas pruebas que sean pertinentes para la determinación de los hechos. Será de aplicación en materia de prueba lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 9. Cuando se trate de instalaciones ilegales en explotación y las alegaciones formuladas al pliego de cargos sean desestimadas, el Instructor, sin perjuicio de continuar el expediente, comunicará las actuaciones al órgano que acordó incoar el expediente sancionador, con el fin de que disponga la suspensión del uso o actividad indebidos e indique el recurso que proceda, sin perjuicio de la inmediata ejecutividad de la suspensión. 10. Una vez contestado el pliego de cargos, o transcurrido el plazo para ello, el Instructor del expediente formulará propuesta de resolución, que remitirá al órgano que ordenó la iniciación del mismo, para su resolución o elevación al órgano competente, previa audiencia del interesado por un plazo de quince días. 11. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento. 12. El órgano competente dictará resolución que será motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento. 13. La incoación del procedimiento podrá ser considerada propuesta de resolución, conforme a lo previsto en los artículos 18 y 19 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, cuando no se formulen alegaciones dentro del plazo concedido al efecto. El acuerdo de incoación se podrá tomar como propuesta de resolución, cuando el presunto infractor no haya presentado alegaciones al acuerdo de incoación. 14. La resolución fijará, en su caso, los plazos para hacer efectivas las sanciones, así como, cuando proceda, las condiciones y plazos para la restitución de las cosas y reposición a su anterior estado o, de ser ello imposible, la indemnización por daños irreparables y perjuicios causados. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de instrucción del procedimiento, salvo los que resulten, en su caso, de la aplicación de lo previsto en el apartado 11 de este artículo, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes, concediéndosele un plazo de quince días. 15. En el caso de que la determinación de las indemnizaciones procedentes no se hubiesen fijado en la resolución del expediente sancionador, se tramitará en expediente independiente, con audiencia al infractor, en el que únicamente podrá cuestionarse la cuantía de los daños. 16. Si en la fase de alegaciones a que se refiere el apartado 8, se acreditara que está pendiente de resolución una solicitud de un título administrativo exigible de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento, se proseguirán todas las actuaciones señaladas con anterioridad, finalizándose el expediente, en su caso, con la imposición de la multa pertinente. El resto de las medidas sobre restitución, reposición e indemnización quedarán pospuestas a la resolución del expediente sobre la mencionada solicitud. En el caso de que la resolución fuese denegatoria, la misma deberá incluir las medidas correspondientes. 17. La suspensión del suministro a que se refiere el apartado 2 se realizará a requerimiento de la Administración que instruya el expediente sancionador. 18. Cuando la Administración General del Estado sea competente por razón de la materia para la imposición de la sanción, el plazo máximo para resolver será de doce meses. De no recaer resolución en los plazos establecidos procederá la declaración de caducidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 19. Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán inmediatamente ejecutivas y contra las mismas podrán interponerse los recursos administrativos que procedan de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en los términos dispuestos por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. En la Administración General del Estado ponen fin a la vía administrativa las resoluciones adoptadas por el Ministro y el Consejo de Ministros. Artículo 212. Colaboración de la fuerza pública. Incumplimiento de la orden de paralización. 1. Para la efectividad de la paralización, prohibición o suspensión previstas en el artículo anterior, así como para la recuperación de oficio del dominio público a que se refieren los artículos 10.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 14.2 de este reglamento, el órgano competente interesará, cuando sea necesario, la colaboración de la fuerza pública. 2. Cuando el interesado hubiese incumplido la orden de paralización, se procederá al precinto o la retirada de los materiales preparados para ser utilizados en las obras y la maquinaria afecta a las mismas. En este último caso el interesado podrá recuperar los materiales retirados, previo abono de los gastos de transporte y custodia (artículo 104 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 213. Ejecución subsidiaria por la Administración de la corrección de deficiencias en el tratamiento en los supuestos de tratamiento y depuración de vertidos. Cuando no fuera procedente la paralización o suspensión de una instalación de tratamiento y depuración de vertidos y se derivasen graves inconvenientes del incumplimiento de las condiciones estipuladas, la Administración, previo requerimiento al titular para que corrija las deficiencias en el plazo que se le indique, y en caso de que no las corrigiese, procederá a su ejecución subsidiaria a costa de aquél (artículo 105 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 214. Obligaciones laborales durante la paralización, prohibición o suspensión de la actividad afectada. Durante el tiempo de paralización, prohibición o suspensión, la Administración no asumirá ningún tipo de obligación laboral del titular de la actividad afectada, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de prevención de riesgos laborales o en la normativa que, en su caso, se dicte al respecto (artículo 106 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Sección 2.ª Ejecución forzosa Artículo 215. Ejecución forzosa. 1. Tanto el importe de las multas como el de las responsabilidades administrativas podrán ser exigidos por la vía administrativa de apremio. 2. En el caso de que se acuerde la suspensión de la ejecución de la multa o de la reparación, el interesado estará obligado a garantizar su importe para que la suspensión sea efectiva (artículo 107.1 y 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. En el supuesto de competencia de la Administración General del Estado, la garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos, a disposición del órgano sancionador, mediante fianza o aval, por la cuantía de la multa y demás obligaciones. Artículo 216. Multas coercitivas. Los órganos sancionadores podrán imponer multas coercitivas cuando transcurran los plazos señalados en el requerimiento correspondiente, conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La cuantía de cada una de ellas no superará el 20 por ciento de la multa fijada para la infracción cometida (artículo 107.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 217. Ejecución subsidiaria por cuenta del infractor. Asimismo, podrá procederse a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa (artículo 107.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Artículo 218. Desahucio administrativo. 1. El desahucio administrativo de quienes ocupen de forma indebida y sin título bastante bienes del dominio público marítimo-terrestre se decretará por el órgano competente, previo requerimiento al usurpador para que cese en su actuación, con un plazo de ocho días para que pueda presentar alegaciones, y en caso de resistencia activa o pasiva a dicho requerimiento. Los gastos que se causen serán a cuenta de los desahuciados (artículo 108 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. El órgano competente para sancionar acordará el desahucio. Cuando pertenezca a la Administración General del Estado, solicitará del Delegado o Subdelegado del Gobierno la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando sea necesario. Sección 3.ª Acción pública Artículo 219. Acción pública. 1. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales la observancia de lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y aplicación. 2. La Administración, comprobada la existencia de la infracción y siempre que el hecho denunciado no sea materia de un expediente sancionador ya finalizado o en trámite, abonará a los particulares denunciantes los gastos justificados en que hubieran incurrido (artículo 109 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Para que pueda darse la tramitación oportuna a la acción pública ejercida por los particulares, éstos deberán fundamentar suficientemente los hechos que supongan infracción de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de este reglamento o de otras disposiciones que se dicten para su desarrollo. Si la Administración considera que no existen pruebas suficientes, se archivará el expediente sin más trámite, excepto cuando los hechos manifestados por el interesado se imputen al mismo órgano en el que se presentan, que en este caso lo elevará al inmediato superior. TÍTULO VI Competencias administrativas CAPÍTULO I Competencias de la Administración General del Estado Artículo 220. Competencias de la Administración General del Estado. 1. Corresponde a la Administración General del Estado, en los términos establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio: a) El deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, así como su afectación y desafectación, y la adquisición y expropiación de terrenos para su incorporación a dicho dominio. b) La gestión del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo el otorgamiento de adscripciones, concesiones y autorizaciones para su ocupación y aprovechamiento, la declaración de zonas de reserva, las autorizaciones en las zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, así como las de instalaciones marítimas menores, tales como embarcaderos, pantalanes, varaderos y otras análogas que no formen parte de un puerto o estén adscritas al mismo. c) La tutela y policía del dominio público marítimo-terrestre y de sus servidumbres, así como la vigilancia del cumplimiento de las condiciones con arreglo a las cuales hayan sido otorgadas las concesiones y autorizaciones correspondientes. Cuando esta competencia se desarrolle en zona de servidumbre de protección, su ejercicio por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se dirigirá a la persecución de las conductas infractoras que atenten contra la integridad del dominio público o el mantenimiento de las servidumbres de tránsito y acceso al mar, sin perjuicio de las competencias que las comunidades autónomas ostenten por razón de la materia, tanto en el dominio público como en las zonas de servidumbre. d) El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de los yacimientos de áridos y, en su caso, la expropiación de los mismos. e) La realización de mediciones y aforos, estudios de hidráulica marítima e información sobre el clima marítimo. f) La aprobación de las normas elaboradas conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 42 de este reglamento. g) Las obras y actuaciones de interés general o las que afecten a más de una comunidad autónoma. h) La elaboración y aprobación de las disposiciones sobre vertidos, seguridad humana en lugares de baño y salvamento marítimo. i) La iluminación de costas y señales marítimas. j) La prestación de toda clase de servicios técnicos relacionados con el ejercicio de las competencias anteriores y el asesoramiento a las comunidades autónomas, corporaciones locales y demás entidades públicas o privadas y a los particulares que lo soliciten. k) La ejecución de los acuerdos y convenios internacionales en las materias de su competencia. l) La implantación de un Banco de Datos Oceanográficos que sirva para definir las condiciones de clima marítimo en la costa española, para lo cual las distintas Administraciones públicas deberán suministrar la información que se les recabe. 2. El contenido del Banco de Datos Oceanográficos se desarrollará por el Ministerio de Fomento, a través del Organismo Público Puertos del Estado, quien publicará los datos obtenidos a través de su portal de internet. 3. El ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado relacionadas en el apartado 1 corresponde al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, salvo las atribuidas en este reglamento a los titulares de otros Departamentos Ministeriales de acuerdo con el artículo 223 de este reglamento. Artículo 221. Calificación de obras de interés general. 1. Tendrán la calificación de obras de interés general y serán competencia de la Administración General del Estado: a) Las que sean necesarias para la protección, defensa y conservación del dominio público marítimo-terrestre, así como su uso, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que lo integren. b) Las de creación, regeneración y recuperación de playas, incluyendo los trabajos de dragado, en su caso, necesarios. c) Las de acceso público al mar no previstas en el planeamiento urbanístico. d) Las emplazadas en el mar y aguas interiores, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, en su caso. e) Las de iluminación de costas y señales marítimas (artículo 111.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). El ejercicio de esta competencia corresponde al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, salvo las relativas a las obras de puertos de interés general y de iluminación y señalización marítima, que corresponden al Ministro Ministerio de Fomento. 2. La ejecución de estas obras públicas de interés general no estará sometida a licencia o cualquier otro acto de control por parte de las Administraciones locales. 3. Su ejecución no podrá ser suspendida por otras Administraciones públicas, sin perjuicio de la interposición de los recursos que procedan. 4. Para la ejecución de dichas obras de interés general se solicitará informe a la comunidad autónoma y Ayuntamiento en cuyos ámbitos territoriales incidan para que, en el plazo de un mes, notifiquen la conformidad o disconformidad de la obra con instrumentos de planificación del territorio, cualquiera que sea su denominación y ámbito, que afecten al litoral y con el planeamiento urbanístico en vigor. En el caso de no emitirse, dichos informes se considerarán favorables. En caso de disconformidad, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente elevará el expediente al Consejo de Ministros, que decidirá si procede ejecutar el proyecto y, en este caso, ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del planeamiento, conforme a la tramitación establecida en la legislación correspondiente. En el supuesto de que no existan los instrumentos antes citados o la obra de interés general no esté prevista en los mismos, el proyecto se remitirá a la comunidad autónoma y Ayuntamiento afectados para que redacten o revisen el planeamiento con el fin de acomodarlo a las determinaciones del proyecto, en el plazo máximo de seis meses desde su aprobación. Transcurrido el plazo sin que la adaptación del planeamiento se hubiera efectuado, se considerará que no existe obstáculo alguno para que pueda ejecutarse la obra (artículo 111.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 5. Cuando las obras de interés general a las que se refiere el apartado 1 afecten a los recursos marinos vivos, la Secretaría General de Pesca informará preceptivamente en el plazo de un mes. Cuando afecten a la vigilancia de los espacios marítimos o a buques naufragados informará preceptivamente el Ministerio de Defensa en el plazo de un mes. Artículo 222. Supuestos de informe preceptivo y vinculante de la Administración General del Estado. 1. Corresponde también a la Administración General del Estado emitir informe en los siguientes supuestos: a) Planes y normas de ordenación territorial o urbanística y su modificación o revisión, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de este reglamento y de las normas que se dicten para su desarrollo y aplicación. Se entienden incluidos todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, sea cual sea su denominación, incluyendo los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano y los Estudios de Detalle u otros de similar contenido, que incidan sobre el dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre. b) Planes y autorizaciones de vertidos al mar desde tierra, a efectos del cumplimiento de la legislación estatal y de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. c) Proyectos de construcción de nuevos puertos y vías de transporte de competencia de las comunidades autónomas, ampliación de los existentes o de su zona de servicio y modificación de su configuración exterior, conforme a lo previsto en el artículo 49 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento. d) Declaraciones de zonas de interés para cultivos marinos, concesiones y autorizaciones, de acuerdo con la legislación específica. 2. Los informes indicados en el apartado 1, que se limitarán a los aspectos relacionados con la gestión y protección del dominio público marítimo-terrestre basados en el ejercicio de competencias propias, serán emitidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la forma y plazo establecidos en los artículos correspondientes de este reglamento. En el caso de que se solicite documentación o información complementaria, se interrumpirá el cómputo de dichos plazos. Cuando el informe se refiera al supuesto contemplado en la letra d) del apartado anterior, se incorporará lo indicado por la Secretaría General de Pesca en el ámbito de sus competencias. 3. El informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente será vinculante en los siguientes aspectos: a) En los supuestos de las letras a) y d) del apartado 1, cuando el informe proponga objeciones basadas en el ejercicio de facultades propias, bien derivadas de la titularidad demanial, como son las orientadas por la necesidad de asegurar la protección de la integridad del dominio público y su libre utilización, o bien derivadas de otras competencias sectoriales de la Administración General del Estado. b) En los supuestos de la letra b) del apartado 1, cuando el informe contenga objeciones determinadas por la necesidad de preservar la integridad física de los bienes de dominio público afectados. c) En los supuestos de la letra c) del apartado 1, cuando el contenido del informe se refiera a los aspectos a que se refiere el artículo 106.1 de este reglamento. 4. En el caso de las concesiones y autorizaciones a que se refieren las letras b) y d) del apartado 1, cuando no se den los supuestos previstos en el artículo 131 de este reglamento, el informe favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente supondrá el otorgamiento de la autorización necesaria para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Artículo 223. Ejercicio de las competencias por la Administración General del Estado. 1. Las competencias que la Ley 22/1988, de 28 de julio, y el presente reglamento atribuyen a la Administración General del Estado serán ejercidas por los titulares de los Departamentos ministeriales correspondientes a través de la estructura administrativa que se determine en sus disposiciones orgánicas respectivas (artículo 113 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Las funciones de la Administración General del Estado en el mar territorial, aguas interiores, zona económica y plataforma continental en materia de defensa, pesca y cultivos marinos, salvamento, lucha contra la contaminación, seguridad de la vida humana en el mar, extracciones de restos, protección del patrimonio arqueológico español, investigación y explotación de recursos u otras no reguladas en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este reglamento, se ejercerán en la forma y por los Departamentos u organismos que las tengan encomendadas. 3. Lo dispuesto en el presente reglamento se entiende sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero. Corresponde al Ministerio de Defensa la autorización de usos y actividades en los terrenos de dominio público marítimo-terrestre afectos a la Defensa Nacional, a través del citado Departamento. El Ministerio de Defensa ejercerá, asimismo, la vigilancia de los espacios marítimos en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, y cuantas otras competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre le atribuya la legislación vigente. 4. Corresponde al Ministerio de Fomento el ejercicio de las funciones relativas a puertos de interés general, iluminación de costas y señales marítimas, navegación, lucha contra la contaminación y la seguridad humana y salvamento en el mar, así como las previstas en la disposición adicional octava de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y las de ejecución de los acuerdos y convenios internacionales en estas materias. La utilización del dominio público marítimo-terrestre para la explotación de los servicios de telecomunicaciones se regirá por su legislación específica, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento. 5. El servicio público de salvamento de la vida humana en el mar y de la lucha contra la contaminación del medio marino se prestará por la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Fomento, así como por las restantes Administraciones competentes, de acuerdo con el principio de coordinación, que se instrumentará a través de los planes y programas correspondientes. CAPÍTULO II Competencias de las Comunidades Autónomas Artículo 224. Competencias de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas ejercerán las competencias que, en las materias de ordenación territorial y del litoral, puertos, urbanismo, vertidos al mar y demás relacionadas con el ámbito de la Ley 22/1988, de 28 de julio, tengan atribuidas en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía (artículo 114 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). CAPÍTULO III Competencias Municipales Artículo 225. Competencias municipales. Las competencias municipales, en los términos previstos por la legislación que dicten las comunidades autónomas, podrán abarcar los siguientes extremos: a) Informar los deslindes del dominio público marítimo-terrestre. b) Informar las solicitudes de reservas, adscripciones, autorizaciones y concesiones para la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre. c) Explotar, en su caso, los servicios de temporada que puedan establecerse en las playas por cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta previstas en la legislación de régimen local. d) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración General del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas (artículo 115 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). CAPÍTULO IV Relaciones interadministrativas Artículo 226. Deberes de información mutua, coordinación y respeto entre las Administraciones públicas. 1. Las Administraciones públicas cuyas competencias incidan sobre el ámbito espacial contemplado en la Ley 22/1988, de 28 de julio, ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a aquéllas (artículo 116 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. A estos efectos, el otorgamiento de toda clase de títulos administrativos por la Administración General del Estado, comunidades autónomas y Ayuntamientos sobre el dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre se notificará por la Administración otorgante a las otras Administraciones. 3. La notificación deberá hacerse en el plazo de diez días. Cuando sea de un Ayuntamiento y corresponda recibirla al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se realizará a través del Servicio Periférico de Costas. Artículo 227. Tramitación del planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral. 1. En la tramitación de todo planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral, el órgano competente, para su aprobación inicial, deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del proyecto correspondiente a la Administración General del Estado para que ésta emita, en el plazo de un mes, informe comprensivo de las sugerencias y observaciones que estime convenientes. 2. Concluida la tramitación del plan o normas de que se trate, e inmediatamente antes de la aprobación definitiva, la Administración competente dará traslado a la Administración General del Estado del contenido de aquél para que en el plazo de dos meses se pronuncie sobre el mismo. En caso de que el informe no sea favorable en aspectos de su competencia, se abrirá un período de consultas, a fin de llegar a un acuerdo. Si, como resultado de este acuerdo, se modificara sustancialmente el contenido del plan o normas, deberá someterse nuevamente a información pública y audiencia de los organismos que hubieran intervenido preceptivamente en la elaboración (artículo 117.1 y 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. El cumplimiento de los trámites a que se refiere el apartado anterior interrumpirá el cómputo de los plazos que, para la aprobación de cualquier instrumento de ordenación territorial o urbanística, se establecen en la legislación urbanística. 4. Los informes a que se refieren los apartados 1 y 2 se tramitarán en la forma siguiente: a) La documentación deberá remitirse, en todo caso, al Servicio Periférico de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, precisando la fase del procedimiento en la que se encuentra el expediente. Se enviará un ejemplar completo del instrumento de ordenación territorial y urbanística objeto del informe, debidamente diligenciado. En los planos correspondientes deberán estar representadas las líneas de ribera del mar, de deslinde del dominio público marítimo-terrestre, de servidumbre de protección, de servidumbre de tránsito, de zona de influencia y de servidumbre de acceso al mar, definidas conforme lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio. En caso de que se incumplan las condiciones anteriores, el órgano que emita el informe lo comunicará al remitente, no iniciándose el cómputo del plazo para su emisión hasta que la documentación se remita en forma. b) El Servicio Periférico de Costas emitirá el informe cuando se trate de Estudios de Detalle, Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano u otros instrumentos de similar contenido. c) En los demás casos, el Servicio Periférico de Costas elevará el expediente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que éste emita el preceptivo informe. CAPÍTULO V Impugnación de actos y acuerdos Artículo 228. Impugnación de actos y acuerdos que infrinjan la Ley 22/1988, de 28 de julio, su reglamento y demás normas aprobadas conforme a la misma. 1. Se declaran contrarios al interés general los actos y acuerdos que infrinjan la Ley 22/1988, de 28 de julio, este reglamento o las normas aprobadas conforme a la misma, y podrán ser impugnados directamente por la Administración General del Estado, autonómica o local, ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, con petición expresa de suspensión. El Tribunal se pronunciará sobre dicha suspensión en el primer trámite siguiente a la petición de la misma. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, y de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Delegado del Gobierno, a instancia del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, podrá suspender los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección que supongan una infracción manifiesta de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 22/1988, de 28 de julio (artículo 119 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Disposición adicional primera. Desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Se declaran de utilidad pública, a efectos de expropiación, los terrenos de propiedad particular a que se refiere la disposición transitoria segunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio, así como los incluidos en la zona de servidumbre de protección que se estimen necesarios para la defensa y el uso del dominio público marítimo-terrestre. 2. El justiprecio de las expropiaciones que se realicen al amparo de lo previsto en el apartado anterior se determinará exclusivamente por aplicación de los criterios de valoración establecidos en la legislación de suelo estatal. 3. La Administración General del Estado tendrá derecho de tanteo y retracto en las transmisiones onerosas ínter vivos de los bienes mencionados en el apartado 1, a cuyo efecto deberá ser notificada por escrito. El derecho de tanteo podrá ejercerse en el plazo de tres meses y el de retracto en el de un año, ambos a contar desde la correspondiente notificación, que comprenderá las condiciones esenciales de la transmisión (disposición adicional tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 4. Para el ejercicio del derecho de tanteo establecido en el apartado anterior, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente hará público en el Boletín Oficial de la provincia e igualmente notificará al Registro de la Propiedad las áreas en que los propietarios de terrenos deberán notificar al Servicio Periférico de Costas su propósito de enajenarlos, notificación que deberá incluir el precio y forma de pago previstos. El Servicio elevará al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente propuesta motivada, debiendo adoptarse la resolución que proceda en el plazo señalado. 5. A estos efectos, el Registrador de la Propiedad tras presentar el título y el transmitente deberán notificar al Servicio Periférico de Costas las condiciones en que se haya realizado la enajenación y el nombre del adquirente. El Servicio elevará al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente propuesta motivada para su resolución. Disposición adicional segunda. Desarrollo del apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Son urbanizaciones marítimo-terrestres los núcleos residenciales en tierra firme dotados de un sistema viario navegable, construido a partir de la inundación artificial de terrenos privados (disposición adicional décima, 1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. El sistema viario deberá estar constituido por un canal principal y una serie de al menos seis canales secundarios. A estos efectos, se considerará canal cuando dé acceso a estacionamientos náuticos individuales o colectivos de la misma urbanización. 3. Las urbanizaciones marítimo-terrestres deberán contar con un instrumento de ordenación territorial o urbanística que se ajuste a las prescripciones que, en materia de dominio público marítimo-terrestre, se establecen en esta disposición y en sus normas de desarrollo (disposición adicional décima, 2, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 4. La realización de las obras para construir los canales navegables de la urbanización marítimo-terrestre que dan lugar a la invasión por el mar o por las aguas de los ríos, hasta donde se haga sensible el efecto de las mareas, de terrenos que antes de dichas obras no sean de dominio público marítimo-terrestre, ni estén afectados por la servidumbre de protección, producirán los siguientes efectos: a) El terreno inundado se incorporará al dominio público marítimo-terrestre. No obstante, no se incluirán en el dominio público marítimo-terrestre los terrenos de propiedad privada colindantes a la vivienda y retranqueados respecto del canal navegable que se destinen a estacionamiento náutico individual y privado. Tampoco se incorporarán al dominio público marítimo-terrestre los terrenos de titularidad privada colindantes con el canal navegable e inundados como consecuencia de excavaciones, que se destinen a estacionamiento náutico colectivo y privado. b) La servidumbre de protección preexistente con anterioridad a las obras mantendrá su vigencia. No se generará una nueva servidumbre de protección ni de tránsito, en torno a los espacios inundados. c) El instrumento de ordenación territorial o urbanística deberá garantizar a través de viales el tránsito y acceso a los canales en la forma que se establece en el apartado siguiente (disposición adicional décima, 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 5. El instrumento de ordenación territorial o urbanística deberá garantizar la existencia de: a) Acceso público a los canales al menos cada 100 metros, con una anchura mínima de 3 metros. b) Tránsito peatonal y rodado, paralelo al canal, en una anchura no inferior a 3 metros colindantes con la lámina de agua. 6. Los propietarios de las viviendas contiguas a los canales navegables tendrán un derecho de uso de los amarres situados frente a las viviendas. Este derecho está vinculado a la propiedad de la vivienda y solo será transmisible junto a ella (disposición adicional décima, 4, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 7. Las obras para la construcción de los canales navegables y los estacionamientos náuticos a los que se refiere el apartado 3 a), precisarán del correspondiente título administrativo para su realización y en ningún caso afectarán a tramos de costa que constituyan playa o espacios protegidos, de acuerdo con lo que se establece en este reglamento (disposición adicional décima, 5, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 8. A los proyectos de urbanizaciones marítimo-terrestres les será íntegramente de aplicación lo establecido en los artículos 85 y siguientes de este reglamento. 9. En las urbanizaciones marítimo-terrestres existentes a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) A efectos de aplicación de lo establecido para los estacionamientos náuticos individuales o colectivos y privados en la letra a) del apartado 4, el propietario colindante deberá acreditar la existencia de título de propiedad, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio. b) Se presumirá la existencia del título administrativo necesario según la legislación de puertos y costas, a los efectos previstos en la letra a) del apartado 4, salvo prueba en contrario, para las construcciones existentes a la entrada en vigor de este Reglamento. c) Las distancias establecidas en el apartado 5 para el acceso público y el tránsito podrán variarse en aquellos casos en que la exigencia de estas distancias supusiera una división de las fincas urbanas edificadas. Disposición adicional tercera. Desarrollo de la disposición adicional undécima de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Los bienes inmuebles declarados de interés cultural situados en dominio público marítimo-terrestre quedarán sujetos al régimen concesional previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, a cuyo efecto la Administración General del Estado otorgará la correspondiente concesión, previa solicitud de la misma, en el plazo de un año a contar desde la fecha de la declaración de interés cultural. 2. A los bienes a los que se refiere el apartado anterior que se encuentren situados en el dominio público marítimo-terrestre, la zona de servidumbre de tránsito, de servidumbre de protección o de influencia, se les aplicarán las medidas derivadas de dicho régimen con preferencia a las contenidas en esta Ley, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria tercera.3. 3ª de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 3. Las obligaciones que la legislación de patrimonio cultural o artístico imponga a los propietarios o poseedores de los bienes a los que se refiere el apartado 1 deberán ser cumplidas por el concesionario, y así lo recogerá el correspondiente título de ocupación. En ausencia de concesionario, será la Administración promotora de la declaración la responsable de cumplir con las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. 4. La concesión que se otorgue amparará los usos y obras que resulten compatibles con la declaración por la que se otorgue protección cultural o histórica al bien, salvo que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre, o a la servidumbre de tránsito, en cuyo caso podrán ser limitados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el título concesional. 5. La Administración competente en materia de patrimonio cultural notificará al Servicio Periférico de Costas la incoación del expediente de declaración de bien de interés cultural de los que se encuentren situados en dominio público marítimo-terrestre. Igualmente le informará de las modificaciones de su régimen de protección. 6. En caso de que el mal estado del inmueble pueda causar daños o afectar a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o la servidumbre de tránsito, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar podrá adoptar de forma urgente las medidas necesarias para evitarlas, poniéndolas en conocimiento de la Administración competente en materia de patrimonio cultural, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pueda incurrir el titular de la concesión. 7. En caso de que se deje sin efecto la declaración de bien de interés cultural, la Administración General del Estado tomará de forma inmediata posesión del bien, al que se aplicará el régimen general previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio. Disposición adicional cuarta. Desarrollo de la disposición adicional segunda de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. La revisión de los deslindes de zona marítimo-terrestre que se vean afectados como consecuencia de la aprobación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en el artículo 27 de este reglamento. Disposición adicional quinta. Desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. 1. La línea exterior de los paseos marítimos construidos por la Administración General del Estado o por otras Administraciones Públicas con la autorización de aquella, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la ley 22/1988, de 28 de julio, y la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, se entenderá a todos los efectos como línea interior de la ribera del mar. La Administración General del Estado podrá desafectar los terrenos situados al interior de los paseos marítimos, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el 38 de este reglamento. 2. A efectos de esta disposición no se considerarán paseos marítimos aquellas instalaciones que no hayan supuesto una alteración del terreno que les sirve de soporte, tales como las pasarelas o los caminos de madera apoyados sobre el terreno o sobre pilotes (disposición adicional tercera de la ley 2/2013, de 29 de mayo). 3. En todos estos casos no será necesario tramitar un nuevo expediente de deslinde, sino uno de rectificación del existente, con información pública, informes de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento afectado, y audiencia a los interesados. Disposición adicional sexta. Desarrollo de la disposición adicional cuarta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. 1. Con carácter excepcional, y debido a la especial configuración geomorfológica de la isla de Formentera, respecto de ella se entenderá que queda incluido en el dominio público marítimo-terrestre: a) El espacio de territorio que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales ordinarios en donde no lo sean. A estos efectos, se entiende que son temporales ordinarios los que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco años inmediatamente anteriores al momento en que se inicie el deslinde. b) Las playas, entendiendo por tales las riberas del mar o de las rías formadas por arenales o pedregales en superficie casi plana, con vegetación nula o escasa y característica. 2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la citada ley, la Administración General del Estado practicará el correspondiente deslinde, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. 3. A las construcciones e instalaciones emplazadas en la zona de servidumbre de tránsito o protección, les será de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio. La servidumbre de protección tendrá una extensión de cien metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 4. Aquellas personas que son propietarias, con título inscrito en el Registro de la Propiedad antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de terrenos que tras el deslinde previsto en el apartado 2 de esta disposición dejen de formar parte del dominio público, serán reintegrados en el dominio de aquellos bienes (disposición adicional cuarta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo). Lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la reinscripción en el Registro de la Propiedad de dichos terrenos, que deberán ser reintegrados a nombre de las personas que figuren como titulares en la última inscripción del dominio anterior a su afectación al dominio público o bien a la inscripción a favor de sus causahabientes, siendo título inscribible la certificación de la resolución firme que acuerde el reintegro de dichos bienes, que deberán ser descritos conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria e identificados mediante plano catastral que determine su relación respecto de las servidumbres de protección y tránsito. La inscripción a favor de los causahabientes del titular registral requiere que acrediten ante el Registrador su respectivo título de adquisición, y, en su caso, que con carácter previo se reanude el tracto sucesivo interrumpido, bien mediante la inscripción de los títulos intermedios, bien mediante el correspondiente expediente de dominio. En caso de que el dominio de los titulares registrales a que se refiere el párrafo primero de esta disposición estuviese afecto a cargas o derechos inscritos en el momento de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, la reinscripción de estos últimos, en su caso, requerirá el acuerdo de los respectivos titulares actuales del dominio y de tales cargas o derechos o, en su defecto, la oportuna resolución judicial. 5. El resto de los terrenos que no se encontrasen en el supuesto previsto en el apartado cuarto de esta disposición y hubieran quedado fuera del deslinde previsto en el mismo, mantendrán la consideración de bienes de titularidad de la Administración General del Estado y se entenderán afectados al uso propio del dominio público marítimo-terrestre conforme al artículo 17 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, sin perjuicio de que posteriormente pueda procederse a su desafectación, de acuerdo con el artículo 18 de la misma ley y el 38 de este reglamento. Disposición adicional séptima. Desarrollo de las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Lo dispuesto en las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, dará lugar a la inscripción en el Registro de la Propiedad de los terrenos que deberán ser reintegrados a nombre de las personas que figuren como titulares en la última inscripción de dominio anterior a su afectación al dominio público, o bien a la inscripción a favor de sus causahabientes siendo título inscribible la certificación de la resolución firme que acuerde el reintegro de dichos bienes, que deberán ser descritos conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria e identificados mediante plano catastral que determine su relación respecto de las servidumbres de protección y tránsito. La inscripción a favor de los causahabientes del titular registral requiere que acrediten ante el registrador su respectivo título de adquisición, y, en su caso, que con carácter previo se reanude el tracto sucesivo interrumpido, bien mediante la inscripción de los títulos intermedios, bien mediante la inscripción de los títulos intermedios, bien mediante el correspondiente expediente de dominio. En caso de que el dominio de los titulares registrales a que se refiere el párrafo primero de esta disposición estuviese afecto a cargas o derechos inscritos en el momento de la entrada en vigor de la Ley 22/1988 de 28 de julio, la reinscripción de estos últimos, en su caso, requerirá el acuerdo de los respectivos titulares actuales del dominio y de tales cargas o derechos o, en su defecto, la oportuna resolución judicial. El resto de los terrenos que no se encontrasen en el supuesto previsto en el apartado primero de las disposiciones quinta y sexta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, y hubieran quedado fuera del deslinde previsto en el mismo, mantendrán la consideración de bienes de titularidad de la Administración General del Estado y se entenderán afectados al uso propio del dominio público marítimo-terrestre conforme al artículo 17 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, sin perjuicio de que posteriormente pueda procederse a su desafectación de acuerdo con el artículo 18 de la misma ley y 38 de este reglamento. Disposición adicional octava. Régimen de las concesiones o autorizaciones otorgadas por las comunidades autónomas en los puertos e instalaciones portuarias estatales que les fueron transferidos. Las concesiones o autorizaciones que las comunidades autónomas otorguen en los puertos e instalaciones portuarias estatales que les fueron transferidos y figuran expresamente relacionados en los correspondientes reales decretos de traspasos en materia de puertos, no devengarán el canon de ocupación a favor de la Administración General del Estado a que se refiere el artículo 106.4 de este reglamento. Disposición adicional novena. Concepto de interesado de acuerdo con la Ley 27/2006 de 18 de julio. Tendrán la consideración de interesados, cuando se personen en alguno de los procedimientos que afectan al medio ambiente, regulados en este reglamento, las organizaciones legitimadas al amparo del artículo 2.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Disposición adicional décima. Competencia de los Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla. Las referencias efectuadas en el Reglamento a los servicios periféricos de Costas se entenderán hechas a los Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3 del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno. Disposición transitoria primera. Desarrollo del apartado 1 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución, los titulares de espacios de la zona marítimo-terrestre, playa y mar territorial que hubieran sido declarados de propiedad particular por sentencia judicial firme anterior a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, a cuyo efecto deberán solicitar la correspondiente concesión en el plazo de un año a contar desde la mencionada fecha. La concesión se otorgara por treinta años, prorrogables por otros treinta, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon, y se inscribirá en el registro a que se refieren los artículos 37.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 80.1 de este reglamento (disposición transitoria primera. 1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que se haya solicitado la concesión, la misma se otorgará de oficio por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, salvo renuncia expresa del interesado. El plazo de la concesión computará desde el 29 de julio de 1989. 3. La concesión se otorgará con arreglo a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, aunque limitada a los usos y aprovechamientos existentes a la entrada en vigor de la misma, quedando el resto de la superficie de antigua propiedad privada sujeto al régimen general de utilización del dominio público marítimo-terrestre. La prórroga por un nuevo plazo de treinta años deberá ser solicitada por el interesado, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento, y se otorgará salvo que, a través del procedimiento establecido al efecto, se hubiese declarado la caducidad de la concesión. 4. El anterior propietario tendrá derecho preferente, durante un periodo de sesenta años, para la obtención de las concesiones para nuevos usos o aprovechamientos que puedan otorgarse sobre la totalidad de la superficie de antigua propiedad privada. Dichas concesiones se ajustarán íntegramente a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento, incluyendo la limitación de plazo y la obligación de abonar canon. Disposición transitoria segunda. Desarrollo del apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Los titulares de los terrenos de la zona marítimo-terrestre o playa que no hayan podido ser ocupados por la Administración al practicar un deslinde anterior a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, por estar inscritos en el Registro de la Propiedad y amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre por treinta años, respetando los usos y aprovechamientos existentes, a cuyo efecto deberán solicitar la correspondiente concesión. No obstante lo anterior, si los terrenos se destinaran a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, la concesión se otorgará previo informe del órgano ambiental de la comunidad autónoma en la que radique la ocupación. El informe determinará los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá, en los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente. Este informe tendrá carácter determinante. Si la Administración General del Estado se aparta de su contenido deberá motivar las razones de interés general por las que lo hace en la resolución por la que se otorgue o deniegue la concesión. Lo dispuesto en el apartado anterior ha de entenderse exclusivamente referido al procedimiento de concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre y sin perjuicio de la exigibilidad de contar con la autorización ambiental integrada de competencia autonómica o del cumplimiento de las restantes autorizaciones o exigencias ambientales que sean de aplicación. Si el informe del órgano ambiental autonómico no fuera emitido en el plazo de tres meses se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La solicitud del informe producirá la suspensión del plazo para resolver y notificar la resolución, de acuerdo con lo previsto en la letra c) del artículo 42.5 de la citada ley. Todo ello se entiende sin perjuicio de las acciones civiles que aquéllos puedan ejercitar en defensa de sus derechos. 2. Si la inscripción registral del último titular de los terrenos no puede practicarse por afectación de la finca al dominio público marítimo-terrestre, y así se acredita por certificación del Registro de la Propiedad, no será obstáculo para la tramitación de la concesión siempre que los titulares de los terrenos justifiquen la posesión de los mismos mediante escritura pública que acredite la condición de heredero, legatario o cualquier otra transmisión de derecho. 3. En el caso de que la concesión, sujeta al régimen general establecido para la utilización del dominio público, no hubiera sido solicitada en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se otorgará de oficio por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, salvo renuncia expresa del interesado. El plazo de la concesión otorgada computará desde el 29 de julio de 1989 y amparará exclusivamente los usos y aprovechamientos existentes a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 4. Las situaciones que, en su caso, resulten incompatibles con la Ley 22/1988, de 28 de julio, se acomodarán a lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la misma y decimocuarta de este reglamento. Disposición transitoria tercera. Desarrollo del apartado 3 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. En los tramos de costa en que el dominio público marítimo-terrestre no esté deslindado o lo esté parcialmente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se procederá a la práctica del correspondiente deslinde, cuya aprobación surtirá los efectos previstos en el artículo 13 de dicha ley para todos los terrenos que resulten incluidos en el dominio público, aunque hayan sido ocupados por obras, si bien los titulares registrales de los terrenos amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que resulten comprendidos en el deslinde practicado, pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos en el apartado segundo de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y disposición transitoria segunda de este reglamento (disposición transitoria primera. 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Los titulares a que se refiere este apartado también tendrán un derecho preferente, durante un periodo de diez años, para la obtención de las concesiones para nuevos usos o aprovechamientos que puedan otorgarse sobre la totalidad de la superficie a que se refiera la inscripción amparada en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Dichas concesiones se ajustarán íntegramente a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento, incluyendo la limitación de plazo y la obligación de abonar canon. 2. Se considerará parcial el deslinde cuando no se hubieran incluido en él todos los bienes calificados como dominio público según la Ley 28/1969, de 26 de abril, sobre Costas. 3. Los anteriores titulares registrales de aquellos terrenos que, de haberse practicado un deslinde por la Administración conforme a la Ley 28/1969, de 26 de abril, hubieran quedado excluidos del dominio público marítimo-terrestre, pasarán a tener un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, respetando los usos y aprovechamientos existentes en el momento de la aprobación del deslinde, en los términos previstos en el apartado cuarto de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 4. Aquellos titulares de terrenos que, tras emprender acciones legales, vean reconocida, mediante sentencia judicial firme, su titularidad con anterioridad a la aprobación del deslinde que los incluye en dominio público marítimo-terrestre, obtendrán los derechos establecidos en el apartado cuarto de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, en lo referente al plazo de la concesión, la exención del abono de canon y el derecho preferente. En idéntica situación se hallarán los titulares de terrenos que, teniendo inscripción registral anterior a la entrada en vigor de la Ley de Puertos de 1880, acrediten la existencia del tracto registral ininterrumpido desde entonces. 5. La solicitud de concesión deberá realizarse dentro del plazo de un año a partir de la fecha de aprobación del correspondiente deslinde. En este caso, el plazo de la concesión otorgada computará a partir de la fecha de su otorgamiento. En caso contrario, el cómputo de este plazo se iniciará a partir de la fecha de aprobación del deslinde. 6. Las obras e instalaciones ilegales quedarán sujetas a lo establecido en la disposición transitoria cuarta. 1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y decimotercera de este reglamento. Se considerarán, en todo caso, ilegales las construidas con infracción de lo previsto en la disposición transitoria segunda del Reglamento de Costas, aprobado por Real Decreto 1088/1980, de 23 de mayo. 7. Las obras e instalaciones legalmente construidas o que puedan construirse en el dominio público y en la zona de servidumbre de protección, que resulten contrarias a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, quedarán sujetas al régimen que en cada caso corresponde conforme a lo previsto en la disposición transitoria cuarta. 2 de la citada ley y decimocuarta de este reglamento. Disposición transitoria cuarta. Desarrollo del apartado 4 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. En los tramos de costa en que esté completado el deslinde del dominio público marítimo-terrestre a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, pero haya de practicarse uno nuevo para adecuarlo a las características establecidas en aquella para los distintos bienes, los terrenos que resulten comprendidos entre la antigua y la nueva delimitación quedaran sujetos al régimen establecido en la disposición transitoria primera de este reglamento, computándose el plazo de un año para la solicitud de la concesión a que el mismo se refiere, a partir de la fecha de aprobación del correspondiente deslinde (disposición transitoria primera. 4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Transcurrido dicho plazo sin que se solicite la concesión ésta se otorgará de oficio, previa oferta de condiciones por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, salvo que medie renuncia expresa del interesado, computando el plazo de la concesión otorgada a partir de la fecha de aprobación del deslinde. Si la solicitud de concesión se hubiera realizado dentro del plazo de un año a partir de la fecha de aprobación del deslinde, el plazo de la concesión computará a partir de la fecha de su otorgamiento. 3. La concesión se otorgará respetando los usos y aprovechamientos existentes en el momento de la aprobación del deslinde, quedando el resto de la superficie de antigua propiedad privada sujeto al régimen general de utilización del dominio público marítimo-terrestre. La prórroga por un nuevo plazo de treinta años deberá ser solicitada por el interesado, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento, y se otorgará salvo que, a través del procedimiento establecido al efecto, se hubiese declarado la caducidad de la concesión 4. El anterior propietario tendrá derecho preferente, durante un periodo de sesenta años, para la obtención de las concesiones para nuevos usos o aprovechamientos que puedan otorgarse sobre la totalidad de la superficie de antigua propiedad privada, en los términos establecidos en el apartado 4 de la disposición transitoria primera de este reglamento. Disposición transitoria quinta. Desarrollo del apartado 5 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. No obstante lo dispuesto en las disposiciones anteriores, si los terrenos a que se refieren hubieran sido inundados artificial y controladamente como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto y estuvieran destinados a actividades de cultivo marino o a salinas marítimas, se excluirán del dominio público marítimo-terrestre, aun cuando sean naturalmente inundables en la actualidad como consecuencia de las obras realizadas. A estos terrenos les será de aplicación el régimen dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, para la zona de servidumbre de protección. 2. Los interesados deberán acreditar que: a) Los terrenos inundados eran de propiedad privada antes del 29 de julio de 1988, mediante la correspondiente inscripción registral. b) La existencia de las actividades a que se refiere el apartado anterior antes del 29 de julio de 1988, mediante el título o certificación del órgano competente que pruebe la legalidad de tal circunstancia. 3. Esta exclusión no se aplicará cuando las obras e instalaciones realizadas para inundar los terrenos se hubieran hecho con infracción de la normativa vigente en aquel momento y así constara a la Administración General del Estado. 4. La exclusión de estos terrenos del dominio público marítimo-terrestre tendrá efectos desde la revisión de los deslindes correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. 5. En caso de que no proceda la exclusión de los bienes del dominio público marítimo-terrestre, los titulares de las concesiones vigentes podrán solicitar la prórroga de éstas, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Disposición transitoria sexta. Desarrollo del apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Los terrenos sobrantes y desafectados del dominio público marítimo, conforme a lo previsto en el artículo 5.2 de la Ley de Costas de 26 de abril de 1969, que no hayan sido enajenados o recuperados por sus antiguos propietarios a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y los del Patrimonio del Estado en que concurran las circunstancias previstas en los artículos 17 de la misma y 37 de este reglamento, serán afectados al dominio público marítimo-terrestre, de acuerdo con lo establecido en los citados artículos, una vez que se proceda a la actualización del deslinde, no pudiendo, mientras tanto, ser enajenados ni afectados a otras finalidades de uso o servicio público (disposición transitoria segunda. 1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. La aprobación del expediente de afectación llevará implícita la actualización del deslinde, sin necesidad de tramitar un nuevo expediente. Disposición transitoria séptima. Desarrollo de los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria segunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud de cláusula concesional establecida con anterioridad a la promulgación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, serán mantenidos en tal situación jurídica, si bien sus playas y zona marítimo-terrestre continuarán siendo de dominio público, en todo caso. Los terrenos ganados al mar y los desecados en su ribera sin título administrativo suficiente continuarán siendo de dominio público. 2. Los islotes de propiedad particular con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, conservarán esta condición, si bien sus playas y zona marítimo-terrestre seguirán siendo de dominio público en todo caso (disposición transitoria segunda. 2 y 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. Lo establecido en el apartado 1 de esta disposición se entiende referido exclusivamente a concesiones en las que las cláusulas concesionales recogen expresamente la previsión de entrega en propiedad de los terrenos afectados. En el caso de las concesiones a perpetuidad será de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria decimosexta 1 de este reglamento. Disposición transitoria octava. Desarrollo del apartado 1 de la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Las disposiciones contenidas en el título II sobre las zonas de servidumbre de protección y de influencia serán aplicables a los terrenos que a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, estuviesen clasificados como suelo urbanizable no programado y suelo no urbanizable. Las posteriores revisiones de la ordenación que prevean la futura urbanización de dichos terrenos y su consiguiente cambio de clasificación deberán respetar íntegramente las citadas disposiciones (disposición transitoria tercera. 1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Las servidumbres de tránsito y acceso al mar y las demás limitaciones de la propiedad establecidas en el capítulo III del título II serán aplicables, en todo caso, cualquiera que sea la clasificación del suelo. 3. En los municipios que carezcan de instrumentos de ordenación se aplicaran íntegramente las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento sobre las zonas de servidumbre de protección y de influencia, salvo que se acredite que en la fecha de entrada en vigor de la citada ley los terrenos reunían los requisitos exigidos por la legislación urbanística para su clasificación como suelo urbano. Disposición transitoria novena. Desarrollo del apartado 2 de la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. En los terrenos que, a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, estuvieran clasificados como suelo urbanizable programado o apto para la urbanización, se mantendrá el aprovechamiento urbanístico que tengan atribuido, aplicándose las siguientes reglas: a) Si no cuentan con plan parcial aprobado definitivamente, dicho plan deberá respetar íntegramente y en los términos de la disposición transitoria anterior las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, siempre que no se de lugar a indemnización de acuerdo con la legislación urbanística. b) Si cuentan con plan parcial aprobado definitivamente, se ejecutaran las determinaciones del plan respectivo, con sujeción a lo previsto en la disposición transitoria décima, apartado 1, de este reglamento, para el suelo urbano. No obstante, los planes parciales aprobados definitivamente con posterioridad al 1 de enero de 1988 y antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, que resulten contrarios a lo previsto en ella, deberán ser revisados para adaptarlos a sus disposiciones, siempre que no se dé lugar a indemnización de acuerdo con la legislación urbanística. La misma regla se aplicará a los planes parciales cuya ejecución no se hubiera llevado a efecto en el plazo previsto por causas no imputables a la Administración, cualquiera que sea la fecha de su aprobación definitiva (disposición transitoria tercera. 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, sólo se tendrán en consideración las disminuciones o reducciones del aprovechamiento urbanístico que, resultando exigibles por la estricta aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, supondrían una modificación del planeamiento vigente indemnizable, con arreglo a la legislación urbanística. En consecuencia, no serán obstáculo para la aplicación de la citada Ley las indemnizaciones que, en su caso, sean exigibles por los gastos realizados en la redacción de planes o proyectos, expedición de licencias u otros derivados del cumplimiento de obligaciones impuestas por la normativa vigente. 3. A los mismos efectos, la aplicación de las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, podrá hacerse de forma gradual, de tal modo que, atendidas las circunstancias del caso, la anchura de la zona de protección, aunque inferior a cien metros, sea la máxima posible, dentro del respeto al aprovechamiento urbanístico atribuido por el planeamiento. 4. La revisión de los planes parciales, cuya ejecución no se lleve a efecto por causas no imputables a la Administración, se referirá tanto a los aprobados definitivamente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, como a los que lo sean posteriormente. 5. La revisión del planeamiento, en lo que afecta al cumplimiento de la presente disposición, se ajustara a las siguientes reglas: a) La Administración urbanística competente, de oficio o a instancia del Servicio Periférico de Costas o del promotor del plan, determinará, motivadamente y teniendo en cuenta, en todo caso, los criterios del apartado 3, si la revisión es o no posible sin dar lugar a indemnización. b) En caso de que se determine la imposibilidad, la resolución correspondiente pondrá fin al procedimiento. En otro caso, se continuara la tramitación con arreglo a la legislación urbanística. 6. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de que por las Administraciones urbanísticas puedan acordar la revisión o modificación del planeamiento en ejercicio de sus competencias respectivas, aunque se diera lugar a indemnización. Disposición transitoria décima. Desarrollo del apartado 3 de la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, estarán sujetos a las servidumbres establecidas en ella, con la salvedad de que la anchura de la servidumbre de protección será de veinte metros. No obstante, se respetarán los usos y construcciones existentes, así como las autorizaciones ya otorgadas, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento. Asimismo, se podrán autorizar nuevos usos y construcciones de conformidad con los planes de ordenación en vigor, siempre que se garantice la efectividad de la servidumbre y no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre, según se establece en los apartados siguientes. El señalamiento de alineaciones y rasantes, la adaptación o reajuste de los existentes, la ordenación de los volúmenes y el desarrollo de la red viaria, se llevara a cabo mediante estudios de detalle y otros instrumentos urbanísticos adecuados, que deberán respetar las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y las determinaciones de las normas que se aprueben con arreglo a la misma. 2. Las normas urbanísticas podrán autorizar el cambio de uso de edificios existentes a la entrada en vigor Ley 22/1988, de 28 de julio, aun cuando no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 25.2 de la Ley, siempre que se garantice la efectividad de la servidumbre y no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre. 3. Para la autorización de nuevos usos y construcciones, de acuerdo con los instrumentos de ordenación en los términos del apartado anterior, se aplicarán las siguientes reglas: 1.ª Cuando se trate de usos y construcciones no prohibidas en el artículo 25 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y reúnan los requisitos establecidos en el apartado 2 del mismo, se estará al régimen general en ella establecido y a las determinaciones del planeamiento urbanístico. 2.ª Cuando se trate de edificaciones destinadas a residencia o habitación, o de aquellas otras que, por no cumplir las condiciones establecidas en el artículo 25. 2 de la Ley, no puedan ser autorizadas con carácter ordinario, sólo podrán otorgarse autorizaciones de forma excepcional, previa aprobación del Plan General de Ordenación, Normas Subsidiarias u otro instrumento urbanístico específico, en los que se contenga una justificación expresa del cumplimiento de todos y cada uno de los siguientes requisitos indispensables para el citado otorgamiento: a) Que con las edificaciones propuestas se logre la homogeneización urbanística del tramo de fachada marítima al que pertenezcan. b) Que exista un conjunto de edificaciones, situadas a distancia inferior a 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar, que mantenga la alineación preestablecida por el planeamiento urbanístico. c) Que en la ordenación urbanística de la zona se den las condiciones precisas de tolerancia de las edificaciones que se pretendan llevar a cabo. d) Que se trate de edificación cerrada, de forma que, tanto las edificaciones existentes, como las que puedan ser objeto de autorización, queden adosadas lateralmente a las contiguas. e) Que la alineación de los nuevos edificios se ajuste a la de los existentes. f) Que la longitud de las fachadas de los solares, edificados o no, sobre los que se deba actuar para el logro de la pretendida homogeneidad, no supere el 25 por ciento de la longitud total de fachada del tramo correspondiente. El propio planeamiento urbanístico habrá de proponer el acotamiento de los tramos de fachada marítima cuyo tratamiento homogéneo se proponga obtener mediante las actuaciones edificatorias para las que se solicite autorización. 3.ª En los núcleos que han sido objeto de una declaración de conjunto histórico o de otro régimen análogo de especial protección, serán de aplicación las medidas derivadas de dicho régimen con preferencia a las contenidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio. 3. A los efectos de la aplicación del apartado 1 anterior, sólo se considerará como suelo urbano el que tenga expresamente establecida esta clasificación en los instrumentos de ordenación vigentes en la fecha de entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, salvo que se trate de áreas urbanas en que la edificación estuviera consolidada o los terrenos dispusieran de los servicios exigidos en la legislación urbanística en la citada fecha y la Administración urbanística competente les hubiera reconocido expresamente ese carácter. Disposición transitoria undécima. Adecuación de las normas de protección de la ordenación del territorio y urbanísticas. Sin perjuicio de los dispuesto en las disposiciones anteriores, la ordenación territorial y urbanística del litoral existente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, deberá adecuarse a las normas que se aprueben conforme a lo previsto en los artículos 22 de la citada ley y 42 y 43 de este reglamento. Disposición transitoria duodécima. Desarrollo de los apartados 5 y 6 de la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Las servidumbres de paso al mar actualmente existentes se mantendrán en los términos en que fueron impuestas. 2. Los accesos públicos al mar actualmente existentes y los construidos en virtud de planeamiento urbanístico aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, permanecerán destinados al uso público, abriéndose al mismo cuando no lo estuvieren (disposición transitoria tercera. 5 y 6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 3. En los tramos de costa en que no estuviesen abiertos al público accesos suficientes para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 53.2 de este reglamento sobre distancias máximas entre aquellos, los Servicios Periféricos de Costas procederán al señalamiento de los que hayan de servir a dicha finalidad. Cuando se trate de viales que aun no hayan sido recibidos por los Ayuntamientos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá asumir la carga de la conservación de aquéllos hasta que se produzca dicha recepción. Cuando no existan viales suficientes para hacer efectivo el acceso en los términos expuestos, se actuará conforme a lo previsto en los artículos 28.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 54.1 de este reglamento. Disposición transitoria decimotercera. Desarrollo del apartado 1 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas entonces vigente, serán demolidas cuando no proceda su legalización por razones de interés público (disposición transitoria cuarta. 1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. El procedimiento para la legalización será el que corresponda según la clase de autorización o concesión de que se trate, respetando los usos existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio. La autoridad competente para resolver en cada caso deberá apreciar, motivadamente, las razones que concurren para adoptar una u otra resolución. Para la legalización, que podrá ser total o parcial, las razones de interés público deberán ser apreciadas por acuerdo entre las tres Administraciones (estatal, autonómica y local), a cuyo efecto el órgano competente para dictar la resolución recabará el informe de las otras Administraciones, que se entenderá desfavorable a la legalización si no se emite en el plazo de un mes. Podrán apreciarse las razones de interés público cuando la legalización sea compatible con la protección del dominio público marítimo-terrestre. Las obras e instalaciones de que se trate no podrán ubicarse en un tramo declarado en situación de regresión grave y deberá acreditarse que la demolición de las obras e instalaciones no produciría un beneficio significativo al uso del dominio público marítimo-terrestre. 3. Cuando se trate de obras o instalaciones construidas sin licencia municipal en la franja comprendida entre los 20 y 100 metros de la zona de protección, el procedimiento de legalización se tramitará por la Corporación o autoridad correspondiente, conforme a lo establecido en la legislación urbanística, y se iniciará de oficio o a instancia del órgano competente de la comunidad autónoma o del Servicio Periférico de Costas. Disposición transitoria decimocuarta. Desarrollo del apartado 2 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. En las obras e instalaciones legalizadas conforme a lo previsto en la disposición transitoria anterior, así como en las construidas o que puedan construirse al amparo de licencia municipal y, cuando fuera exigible, autorización de la Administración General del Estado otorgada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, para los usos recogidos en el artículo 25.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se aplicarán las siguientes reglas: a) Si ocupan terrenos de dominio público marítimo-terrestre, serán demolidas al extinguirse la concesión, salvo que se otorgue la prórroga prevista en el artículo segundo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Mientras la concesión esté vigente, sus titulares podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes. b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, los titulares de las construcciones e instalaciones podrán realizar las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. Tales obras no podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente, sin que con carácter previo, la Administración General del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada. Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud. Si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable. No será necesaria la emisión de este informe cuando se trate de obras de pequeña reparación que únicamente suponga cambio de elementos accesorios y las que exija la higiene, ornato y conservación, siempre que no supongan modificación del uso al que se encuentran destinados ni incremento relevante del valor de la edificación. c) En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, podrán realizarse, obras de reparación y mejora, consolidación y modernización, siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 2. A los efectos previstos en el apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se entenderá por: a) Obras de reparación: Intervenciones que, siendo su finalidad la conservación y el mantenimiento del inmueble o construcción, conllevan la sustitución o transformación de materiales, elementos o partes de los mismos, sin alterar su estructura y volumetría ni incidir en la estabilidad. b) Obras de modernización y mejora: Todas las que, sin modificar elementos estructurales, puedan realizarse dentro y fuera de una construcción, instalación o edificación y que incrementen la calidad y accesibilidad de la misma. c) Obras de consolidación: Obras de carácter estructural, que tengan por objeto el afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos dañados de la estructura portante del edificio por otros iguales o de características similares que permitan mantener la estabilidad del inmueble siempre que el edificio no se encuentre en estado de ruina de acuerdo con lo dispuesto en la legislación urbanística. d) Volumen: Espacio delimitado por los paramentos exteriores de una construcción, edificación o instalación, independientemente de que estén construidas por encima o por debajo de la rasante, y de que su interior pueda estar vinculado a un uso determinado o sea un espacio no utilizable. A estos efectos, no computará como aumento de volumen: 1.º) Los cierres de los paramentos frontales de terrazas y balcones que no se realicen con elementos opacos o de fábrica. 2.º) La instalación de toldos sobre el terreno, las terrazas o en fachadas, cuando se realice mediante estructuras ligeras desmontables y sin cerramientos laterales. 3.º) Cuando quede suficientemente acreditada su necesidad, y con la menor incidencia posible: La ejecución de obras e instalaciones tendentes a la adecuación a la normativa de accesibilidad, incluyendo la instalación de nuevos ascensores y sus casetas de operaciones en las azoteas de los edificios. Las obras e instalaciones que garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa sismorresistente y de protección de incendios. Las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos básicos relacionados en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. e) Altura: Dimensión vertical medida desde la rasante de cada punto del perímetro de la proyección horizontal de las construcciones, edificaciones e instalaciones existentes hasta su punto más alto, excluidos los elementos técnicos de las instalaciones. f) Superficie: Proyección horizontal de todos y cada uno de los planos que constituyen las diferentes plantas de las construcciones, edificaciones o instalaciones existentes sobre la parcela, incluyendo los cuerpos volados, buhardillas, altillos, porches, trasteros, garajes y demás construcciones, edificaciones e instalaciones complementarias que estén cubiertas, ya sea mediante forjados fijos o desmontables e independientemente de que estén construidos por encima o por debajo de la rasante. g) Demolición: Derribo o desaparición total o parcial de una construcción existente por cualquier causa. No tendrá la consideración de demolición parcial el derribo de los elementos estrictamente necesarios para realizar las actuaciones de reparación, mejora, consolidación y modernización, siempre que se realicen simultáneamente en el mismo proyecto de obra. En todo caso, de llegar a producirse una disminución del volumen de las construcciones, edificaciones e instalaciones existentes reguladas en el apartado 2 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, su restablecimiento computará como nueva construcción, por lo que se deberá estar a lo establecido en las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento. 3. La prohibición de aumento de volumen, altura y superficie de las construcciones existentes, contenida en el apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, es de aplicación a la totalidad de la unidad edificatoria, independientemente de la parte de la construcción sobre la que se pretenda actuar. La actuación sobre una parte no implicará el reconocimiento de la legalidad del resto de la unidad parcelaria. Se entenderá por unidad edificatoria el conjunto de elementos arquitectónicos, estructural y funcionalmente relacionados, que forman un cuerpo constructivo independiente. Se entenderá por unidad parcelaria la finca o superficie de terreno que constituye una unidad física e inscrita como tal en Registro público. 4. Lo establecido en la letra a) del apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, será también aplicable a las concesiones que se otorguen en cumplimiento de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y a las otorgadas con anterioridad a la misma, según los procedimientos establecidos en esta disposición. Las obras de mejora, consolidación o modernización podrán suponer la necesidad de revisar el clausulado concesional, incluido el canon. Al objeto de que el concesionario conozca, con anterioridad a la ejecución de las obras, dicha circunstancia, podrá solicitar ante el Servicio Periférico de Costas informe sobre el alcance de la revisión o modificación del título concesional, incorporando a su petición el proyecto sobre la obra a realizar. 5. A los efectos previstos en la letra b) del apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se considerará que la servidumbre de tránsito queda garantizada si se encuentra total y permanentemente desocupada en al menos tres metros de anchura desde la ribera del mar, con un gálibo libre en altura de, al menos, 3 metros, de tal forma que, además del paso público peatonal, quede también garantizado el de los vehículos de vigilancia y salvamento. Ante imposibilidad justificada de lo anterior, podrá admitirse una localización alternativa de la servidumbre, con la misma anchura mínima libre anterior, lo más cercana posible a la ribera del mar, preferentemente dentro de la servidumbre de protección o del dominio público marítimo-terrestre degradado, pero en ningún caso dentro de la ribera del mar. No se admitirán como alternativa ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre que carezcan de título habilitante. 6. El Servicio Periférico de Costas podrá solicitar del Registrador de la Propiedad que haga constar mediante nota marginal la situación jurídica de los inmuebles afectados conforme a las previsiones establecidas en la disposición transitoria cuarta de la Ley, remitiendo a tal fin certificación de la resolución firme que determine el régimen jurídico aplicable a la finca afectada, que deberá estar identificada y su titular haber sido notificado en el expediente. Disposición transitoria decimoquinta. Desarrollo del apartado 3 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Las obras a las que se refiere el apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, cuando les sea aplicable, deberán: a) Suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto, tendrán que obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto, 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes. b) Emplear los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas. No podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente sin que los titulares de las concesiones acrediten haber presentado ante la Administración General del Estado y los de las construcciones e instalaciones, ante los órganos competentes de las comunidades autónomas, una declaración responsable en la que, de manera expresa y clara, manifiesten que tales obras no supondrán un aumento del volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y que cumplen con los requisitos establecidos anteriormente sobre eficiencia energética y ahorro de agua, cuando les sean de aplicación. La declaración responsable se ajustará a lo dispuesto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (disposición transitoria cuarta, 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Para las obras a realizar en el ámbito de lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley, que se ubiquen en dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre de tránsito y no incidan en el resto de la de protección, la declaración responsable deberá presentarse ante el Servicio Periférico de Costas. 3. A la declaración responsable deberá adjuntarse la documentación acreditativa de la personalidad del peticionario y la declaración expresa de que las obras a realizar cumplen lo establecido en los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento. En el caso de que la declaración responsable deba presentarse ante la Administración General del Estado, si no se ajusta a los requisitos establecidos en esta disposición o resulta inexacta de acuerdo con los datos disponibles, el Servicio Periférico de Costas requerirá al interesado para que en el plazo de diez días la subsane. Transcurrido dicho plazo se le tendrá por desistido de su petición de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 4. La declaración responsable tendrá validez para la ejecución de las obras indicadas durante el plazo de un año. 5. En el caso de que la declaración responsable deba presentarse ante la Administración General del Estado, podrá ajustarse al modelo normalizado que estará disponible en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como en las sedes de los correspondientes Servicios Periféricos de Costas. 6. En aplicación del artículo 116 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, la Administración que reciba la declaración responsable deberá remitir al resto de las Administraciones una copia de la misma, junto con la documentación que se presente e incorpore, en el plazo de diez días desde su recepción. 7. Lo dispuesto en esta disposición transitoria y en la anterior ha de entenderse sin perjuicio de las exigencias establecidas por la normativa autonómica y, en particular, de las normas adicionales de protección del medio ambiente que resulten de aplicación. Disposición transitoria decimosexta. Régimen de la revisión de concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. 1. Se considerará en todo caso incompatible con los criterios de ocupación del dominio público establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio, el mantenimiento de concesiones a perpetuidad, por tiempo indefinido o sin plazo limitado. En todo caso, se entenderá que las concesiones vigentes antes del 29 de julio de 1988 fueron otorgadas por un plazo máximo de 30 años a contar desde esa fecha, sin perjuicio de que puedan ser prorrogadas de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. 2. En los demás casos, la revisión de las cláusulas concesionales requerirá la tramitación de un expediente con audiencia al interesado y oferta de condiciones revisadas adaptadas a los criterios de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento, formulada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Si el concesionario no acepta las nuevas condiciones se procederá a la revocación total o parcial de la concesión, tramitándose en pieza separada el correspondiente expediente indemnizatorio. 3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente resolverá sobre el mantenimiento o la revocación de las concesiones otorgadas en precario. En caso de que opte por el mantenimiento deberá otorgar una concesión firme con arreglo a los criterios y al procedimiento establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el presente reglamento. 4. Las concesiones otorgadas para la construcción de accesos artificiales a islas o islotes de propiedad particular por medio de obras de rellenos o de fábrica, se revisarán de oficio por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que dichos accesos queden abiertos al uso público gratuito en las mismas condiciones de utilización que se haya establecido para acceder a las propiedades privadas, de forma que se garantice el acceso al dominio público marítimo-terrestre insular y a los espacios sometidos a la servidumbre de tránsito. Esta modificación de sus condiciones no dará lugar a indemnización. 5. Los titulares de creación, regeneración o acondicionamiento de playas podrán solicitar la revisión de sus cláusulas para incluir en ellas la previsión contenida en los artículos 54 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 114 de este reglamento. Disposición transitoria decimoséptima. Desarrollo del apartado 1 de la disposición transitoria sexta de la Ley 22/1988, de 28 de julio. En ningún caso podrá otorgarse prórroga del plazo de concesión existente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, en condiciones que se opongan a lo establecido en la misma o en las disposiciones que la desarrollen (disposición transitoria sexta, 1, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Disposición transitoria decimoctava. Desarrollo del apartado 2 de la disposición transitoria sexta de la Ley 22/1988, de 28 de julio. Extinguidas las concesiones otorgadas con anterioridad a la Ley 22/1988, de 28 de julio, y que no resulten contrarias a lo dispuesto en ella, la Administración competente resolverá sobre el mantenimiento o levantamiento de las instalaciones. En caso de que se opte por el mantenimiento será de aplicación lo previsto en los artículos 72.3 de la citada ley y 150.1 de este reglamento (disposición transitoria sexta, 2, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). Disposición transitoria decimonovena. Desarrollo del apartado 1 de la disposición transitoria séptima de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. En los supuestos de obras, instalaciones o actividades en zona de servidumbre de protección en tramos de costa no deslindados conforme a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, la comunidad autónoma correspondiente exigirá la autorización a que se refiere el artículo 49 de este reglamento, a cuyo efecto solicitará, previamente, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que facilite, en el plazo de un mes, la definición provisional de la línea probable de deslinde y la extensión de la zona de servidumbre. No obstante, en caso de discrepancia, el otorgamiento de la autorización quedará condicionado a la aprobación previa o simultánea del deslinde, que se tramitará con carácter preferente. 2. Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación a los supuestos de obras e instalaciones en zona de servidumbre de protección sujetos a la obligación de presentación de declaración responsable. Disposición transitoria vigésima. Desarrollo del apartado 2 de la disposición transitoria séptima de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. En los casos en que se pretenda la ocupación de terrenos de dominio público todavía no deslindados conforme a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, el peticionario deberá solicitar el deslinde, a su costa, simultáneamente con la solicitud de concesión o autorización, pudiendo tramitarse al mismo tiempo ambos expedientes de deslinde y concesión. En caso de solicitud de concesión, su otorgamiento no podrá ser previo a la aprobación del deslinde. Igualmente, las obras a realizar por las Administraciones públicas no podrán ejecutarse sin que exista deslinde aprobado (disposición transitoria séptima, 2, de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 2. Se entenderá que un tramo de costa no está deslindado conforme a lo previsto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, cuando no exista deslinde o no incluya todos los bienes que pertenecen al dominio público marítimo-terrestre en virtud de aquélla. 3. Los informes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre planes y normas de ordenación territorial y urbanística, que afecten a tramos de costa no deslindados conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, se emitirán previa delimitación de la línea probable de deslinde por el Servicio Periférico de Costas competente. Disposición transitoria vigesimoprimera. Desarrollo del apartado 3 de la disposición transitoria séptima de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 1. Los artículos 44.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 95 de este reglamento no serán de aplicación a las zonas clasificadas como urbanas a la promulgación de dicha ley, en casos debidamente justificados. 2. Lo establecido en el apartado anterior se referirá a los paseos marítimos ya construidos y en servicio y a los que estuviesen en construcción de conformidad con el planeamiento urbanístico. En los demás casos, la justificación de la excepción deberá hacerse en el instrumento de planeamiento correspondiente o en su modificación o revisión. Disposición transitoria vigesimosegunda. Desarrollo de la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se podrá instar que el régimen previsto en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se aplique igualmente a los núcleos o áreas que, a su entrada en vigor, no estuvieran clasificados como suelo urbano pero que, en ese momento, reunieran alguno de los siguientes requisitos: a) En municipios con planeamiento, los terrenos que, o bien cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en dos terceras partes de su superficie, de conformidad con la ordenación de aplicación. b) En municipios sin planeamiento, los terrenos que, o bien cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en la mitad de su superficie (disposición transitoria primera. 1 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo). 2. La solicitud a que se refiere el apartado anterior se deberá presentar por la Administración urbanística competente para la delimitación del núcleo o área. 3. Esta disposición se aplicará a los núcleos o áreas delimitados por el planeamiento existente y, en defecto de éste, serán delimitados por la Administración urbanística competente, en ambos casos previo informe favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que deberá pronunciarse sobre la delimitación y compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa del dominio público marítimo-terrestre. Este informe deberá emitirse en el plazo de dieciocho meses desde que haya sido solicitado por la Administración urbanística. En caso de que no se emitiera en este plazo, se entenderá que es favorable (disposición transitoria primera, 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo). 4. El informe al que se refiere la disposición transitoria primera, 3, de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, deberá emitirse en el plazo de dieciocho meses desde que haya sido solicitado. En caso de que no se emitiera en ese plazo se entenderá que es favorable. 5. Para los núcleos o áreas ya delimitados por el planeamiento urbanístico, que a estos efectos se considerará el aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 2/2013, de 29 de mayo, se deberán aportar los planos del planeamiento aprobado que haya delimitado los correspondientes núcleos, aportando copia compulsada de los planos originales. Para los municipios que no dispongan de planeamiento, se deberán delimitar los núcleos o áreas mediante documentación técnica suficiente que defina la delimitación exterior del núcleo o área, su antigüedad y las características que justifiquen tal delimitación. 6. Al objeto de acreditar que los terrenos disponían de la consolidación o los servicios exigidos en el apartado primero de esta disposición, se deberá presentar, al menos, la siguiente documentación: a) Memoria descriptiva y justificativa, que debe contener como mínimo lo siguiente: 1.º) Descripción y justificación de la delimitación del núcleo o área, indicando la fecha y el instrumento de planeamiento urbanístico en que dicho núcleo o área fue delimitado. 2.º) Superficie total del área y clasificación de los terrenos incluidos en la delimitación del núcleo en el planeamiento vigente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. 3.º) Número de parcelas edificables y construidas, número de parcelas edificadas con destino a vivienda y su tipología y número de viviendas, a fecha 29 de julio de 1988. 4.º) Superficie máxima y mínima de parcela, del núcleo objeto de modificación, según el planeamiento vigente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 5.º) Justificación del grado de consolidación del núcleo o área a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, según los criterios establecidos en la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Para obtener el cálculo del grado de consolidación, deberá ponerse en relación la suma de superficies de las parcelas consolidadas por la edificación en el año 1988, con la superficie total del ámbito, tras descontar los viales y zonas verdes existentes en dicha fecha. 6.º) Justificación acreditativa del grado de ejecución de los servicios requeridos en la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. b) Documentación gráfica, que deberá constar de: 1.º) Plano de situación y localización del núcleo o área dentro del municipio. 2.º) Planos a escala no inferior a 1/2.000, donde figure: 2.1 Delimitación del núcleo o área, de las parcelas existentes y de las edificadas a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 2.2 Líneas vigentes del deslinde del dominio público marítimo-terrestre, ribera del mar y su servidumbre de protección y línea propuesta de reducción de la anchura de la zona de servidumbre de protección. 2.3 Planos de servicios urbanísticos a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 2.4 Plano de clasificación del suelo en el planeamiento vigente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el planeamiento actual. 2.5 Plano de clasificación y calificación del suelo en el planeamiento actual o en el instrumento urbanístico en que dicho núcleo o área fue delimitado. 3.º) Documentación acreditativa de la existencia de consolidación a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio: Fotografías aéreas de los terrenos a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y/o anteriores. 4.º) Ortofotografía actual del núcleo o área. 7. El transcurso del plazo para resolver el procedimiento se suspenderá por el tiempo que medie entre el requerimiento a la Administración competente de la subsanación de deficiencias y su efectivo cumplimiento por el interesado. 8. No obstante, en los núcleos o áreas a los que se refiere la presente disposición, no se podrán autorizar nuevas construcciones de las prohibidas en el artículo 25 de la Ley 22/1988, de 28 de julio (disposición transitoria primera, 4, de la Ley 2/2013, de 29 de mayo). Respetando el límite a que se refiere el párrafo anterior, podrán autorizarse obras complementarias e instalaciones accesorias respecto a las edificaciones preexistentes. Estas obras complementarias e instalaciones accesorias podrán ser autorizadas siempre y cuando se encuentren vinculadas directamente a las edificaciones preexistentes y cumplan la normativa urbanística en vigor. Disposición transitoria vigesimotercera. Aplicación transitoria de los requisitos para ser concesionarios. Lo dispuesto en el artículo 134 de este reglamento se aplicará a las concesiones otorgadas con posterioridad al 31 de mayo de 2013 y a los concesionarios que incurrieran en prohibición de contratar con posterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento. Disposición transitoria vigesimocuarta. Plazo para la delimitación de los tramos naturales y urbanos de las playas. La Administración competente en materia de ordenación del territorio, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este reglamento, deberá delimitar los tramos de las playas de acuerdo con el artículo 67. En tanto la Administración competente delimita los tramos de las playas, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar se pronunciará provisionalmente sobre el carácter natural o urbano del tramo de la playa a efectos de tramitación y otorgamiento de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Para otorgar los títulos de ocupación, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar considerará tramos urbanos de las playas aquéllos que, no habiendo sido declarados de especial interés ambiental, paisajístico, arqueológico o similar, que los haga merecedores de protección de acuerdo con la legislación territorial, estén integrados en áreas urbanas que reúnan alguna de las siguientes características: a) Estén clasificadas como urbanos o consolidados por la edificación en al menos un cincuenta por ciento de su longitud. b) Se encuentren dotadas en condiciones efectivas, al menos, de los siguientes servicios: 1.º Acceso peatonal y rodado, debiendo estar abierto al uso público y en condiciones efectivas, en los términos exigidos por este reglamento. 2.º Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudales y potencia suficientes para los usos previstos. Igualmente, deberá disponer de alumbrado en, al menos, un tercio de su longitud. 3.º Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado. Disposición transitoria vigesimoquinta. Adaptación de los títulos concesionales prorrogados a las disposiciones de este reglamento. Los títulos concesionales prorrogados al amparo del artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, habrán de adaptarse a las prescripciones de este reglamento en el primer tercio del plazo previsto en la prórroga del título concesional. Si transcurrido este plazo no se hubiera procedido a la adaptación, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar acordará la caducidad del título. Los establecimientos expendedores de comidas y bebidas, podrán mantener las superficies reconocidas en el título por el que se otorgó la concesión. Disposición transitoria vigesimosexta. Ocupaciones existentes procedentes de títulos extinguidos o en tramitación. 1. Los ocupantes de terrenos de dominio público marítimo-terrestre destinados a las actividades o instalaciones a las que se refiere el artículo 61.2 de este reglamento, cuya concesión se hubiera extinguido por el vencimiento del plazo para el que se hubiera otorgado, o estuviera en tramitación, que a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, mantuvieran su actividad o instalación abierta, tendrán preferencia para obtener la correspondiente concesión siempre que la soliciten en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este reglamento. El procedimiento para tramitar esta solicitud será el previsto con carácter general en este reglamento para el otorgamiento de concesiones. Las condiciones de la ocupación deberán adaptarse a las prescripciones de este reglamento en el primer tercio del plazo por el que se otorgue la concesión. Si transcurrido este plazo no se hubiera procedido a la adaptación la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar acordará la caducidad del título 2. Las instalaciones expendedoras de comidas y bebidas que se hubieran ubicado en tramos naturales de playas, con superficies superiores a las recogidas en el artículo 68 de este reglamento, previo el otorgamiento del correspondiente título administrativo, y hayan desempeñado su actividad hasta, al menos, un año antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, podrán ser objeto de concesión por un plazo de cuatro años, con las superficies que les fueron reconocidas, y dentro de los límites del presente reglamento, siempre que se justifique la necesidad por razones de servicio público y no se produzcan daños al dominio público marítimo-terrestre, para lo que se podrán establecer en el correspondiente título las condiciones adicionales que resulten necesarias. Transcurrido dicho plazo se podrán otorgar nuevas concesiones, por el mismo plazo, y con los mismos requisitos. 3. Las instalaciones existentes destinadas a actividades deportivas de carácter náutico federado se podrán acoger a lo dispuesto en el apartado 1, cumpliendo con los siguientes requisitos: a) La solicitud de título administrativo deberá ir acompañada de informe de la Federación correspondiente. El informe deberá pronunciarse sobre la dimensión de las instalaciones fijas y, en su caso, la zona de varada. b) En la tramitación se solicitará informe del órgano competente de la Administración autonómica y, en su caso, de la Autoridad Portuaria correspondiente, que deberán pronunciarse expresamente sobre la posible incidencia con el funcionamiento de puertos deportivos o de otras instalaciones de carácter náutico de su competencia. Si en el plazo de un mes no se emite informe, este se entenderá favorable. c) De conllevar la actividad náutica deportiva el lanzamiento o varada de embarcaciones, deberá dejarse libre permanentemente una franja de 15 metros, como mínimo, desde la orilla en pleamar. Excepcionalmente, en casos debidamente justificados por la configuración de la costa, esta distancia mínima podrá reducirse hasta los 6 metros. Además, deberá hacerse a través de canales debidamente señalizados situados en las proximidades. De no existir canales debidamente autorizados en las proximidades, el proyecto deberá contemplar el canal correspondiente. Las características técnicas y ubicación del mismo deberán ser informadas favorablemente por Puertos del Estado, previamente a su instalación.

La nueva Ley de Patentes mantiene la duración a 20 años y especifica causas de licencia obligatoria.

El presente reglamento pretende ser un instrumento eficaz en la consecución de los principios que inspiraron la modificación de la legislación de costas, a saber, la protección del litoral y la seguridad jurídica. Para conseguirlo, revisa determinados aspectos del Reglamento de 1989 tales como los criterios técnicos que resultan necesarios para la determinación del dominio público marítimo-terrestre, basados en un amplio debate técnico y en la experiencia acumulada en la realización de los deslindes. En relación con el nuevo régimen de los terrenos inundados, se introducen garantías para que los terrenos que, habiendo sido humedales conforme a la legislación de aguas, han dejado de serlo por vaciamiento de los acuíferos, no queden excluidos del dominio público. Por otra parte, se regula la intervención del Registro de la Propiedad y el Catastro en los deslindes. Al mismo tiempo, desarrolla elementos novedosos como son el régimen aplicable a los tramos en situación de regresión grave, o los diferentes requisitos de ocupación según las playas sean naturales o urbanas. Desde 1989 se han promulgado diversas normas que necesariamente han de tenerse presentes tanto en la redacción como en la posterior aplicación de este reglamento. Siendo el dominio público marítimo terrestre una parte esencial de nuestro patrimonio natural, este no puede regularse ni gestionarse sin tener presente otra normativa que le es de aplicación; en particular, la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino, así como las futuras normas que habrán de dictarse en transposición de la Directiva 2014/89/UE, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, respecto de la cual no debe olvidarse que está en vigor, desde marzo de 2011, el Protocolo para la Gestión Integrada de Zonas Costeras. Asimismo, con un ámbito de aplicación que excede del dominio público marítimo terrestre, pero igualmente relevantes, también deben tenerse en cuenta la Ley 42/2007, de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y Biodiversidad, el Mandato de Yakarta de 1995 y el Convenio Europeo del Paisaje. Asimismo este Reglamento General de Costas desarrolla con detalle el régimen de la prórroga extraordinaria de las concesiones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas –pieza clave de la reforma de 2013–, fijando, en el caso de las concesiones ordinarias, el plazo máximo de duración de la prórroga en función de los usos, que en ningún caso podrá exceder de los setenta y cinco años. En definitiva, este nuevo reglamento tiene la inequívoca vocación de colaborar con la ley para proteger el dominio público marítimo-terrestre. Como cuestiones de forma destacables, el reglamento titula cada uno de los artículos y, con carácter meramente indicativo, señala el artículo de la ley que reproduce, aunque no en todos los casos sea de manera literal. Durante su tramitación, este reglamento se ha sometido a información pública, en la que han participado numerosos sectores, organismos y entidades afectados. Asimismo, se ha solicitado informe a los departamentos ministeriales afectados y se ha sometido a deliberación del Consejo Asesor de Medioambiente. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de octubre de 2014, DISPONGO: Artículo único. Aprobación del Reglamento General de Costas. Se aprueba el Reglamento General de Costas cuyo texto figura a continuación. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogado el Reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, y cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en el reglamento que este real decreto aprueba. Disposición final primera. Título competencial para la aprobación del Reglamento General de Costas. La presente norma se aprueba al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1.ª y 23.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección. No obstante, los capítulos V, VI y VII del título III, la disposición adicional octava, las disposiciones transitorias primera a quinta, decimotercera a decimoséptima, vigesimotercera, vigesimoquinta y vigesimosexta constituyen legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, y se dictan al amparo de los establecido en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución. La disposición adicional séptima se dicta al amparo de la competencia atribuida al Estado en materia de legislación civil por la cláusula 8.ª del artículo 149.1 de la Constitución. Disposición final segunda. No incremento de gasto público. Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 10 de octubre de 2014. FELIPE R. La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ISABEL GARCÍA TEJERINA REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS [indice]Título preliminar. Objeto y finalidades (art. 1 y 2). Título ### RESUMEN: La nueva Ley de Patentes mantiene la duración a 20 años y especifica causas de licencia obligatoria.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor Timothy Michael Kaine, Senador de los Estados Unidos de América, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de mayo de 2017, Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Dado en Madrid, el 12 de mayo de 2017. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ALFONSO MARÍA DASTIS QUECEDO

José Manuel Rodríguez Uribes, nuevo embajador en la Unesco.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor Timothy Michael Kaine, Senador de los Estados Unidos de América, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de mayo de 2017, Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Dado en Madrid, el 12 de mayo de 2017. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ALFONSO MARÍA DASTIS QUECEDO ### RESUMEN: José Manuel Rodríguez Uribes, nuevo embajador en la Unesco.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Asamblea de Madrid. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión Administrativa - Servicio de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Asamblea de Madrid. 2) Domicilio: Plaza de la Asamblea de Madrid n.º 1. 3) Localidad y código postal: 28018 Madrid. 4) Teléfono: 34.91.779.95.00. 5) Telefax: 34.91.779.96.48. 6) Correo electrónico: perfildecontratante@asambleamadrid.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asambleamadrid.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: : solicitud de información adicional hasta el vigésimo día del plazo de licitación. d) Número de expediente: CPAS/2013/02. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Prestación del servicio de Red Privada Virtual de Telefonía Móvil y su interconexión con la Red corporativa de telefonía fija existente en la Asamblea de Madrid y con las redes públicas de telefonía, en los términos que se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Sede de la Asamblea de Madrid (Plaza de la Asamblea de Madrid, núm. 1). 2) Localidad y código postal: Madrid 28018. e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años. f) Admisión de prórroga: Si, de un año adicional. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64212000-5 ; 64212100-6; 64212200-7; 64212300-8; 64212400-9; 64212500-0; 64212600-1 y 64212700-2. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. Regulación armonizada. c) Subasta electrónica: No. d) Criterios de adjudicación: 1.º Servicio Demandado y Gestión y Operación del Servicio, 16 puntos / 2.º Nivel de Servicio, 5 puntos / 3.º Bienes y servicios ofertados, 7 puntos / 4.º Fase de Implantación, 5 puntos / 5.º Mejoras, 2 puntos / 6.º Tarifa plana de voz y datos para móviles, 35 puntos / 7.º Tarifa plana para llamadas con origen en extensiones fijas y destino en teléfonos móviles, 10 puntos / 8.º Tarifa plana para líneas solo de datos, 18 puntos / 9.º Tarifa plana para el envío masivo de mensajes SMS a móviles, 2 puntos. 4. Valor estimado del contrato: Setecientos cuarenta y tres mil ochocientos un euros con sesenta y cinco céntimos (743.801,65 €). 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: Cuatrocientos noventa y cinco mil ochocientos sesenta y siete euros con setenta y siete céntimos (495.867,77 €). Importe total: Seiscientos mil euros (600.000 €). 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación, excluido el IVA. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): GRUPO V. Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. SUBGRUPO 4. Servicios de Telecomunicaciones. CATEGORÍA: C. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo recogido en el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 12 de agosto de 2013, a las 14:00 horas. b) Modalidad de presentación: En español, en papel, con respaldo ofimático. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Asamblea de Madrid. Registro General. Horario: lunes a viernes de 09:00 a 14:00. 2) Domicilio: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1. 3) Localidad y código postal: Madrid - 28018. e) Admisión de variantes: No se admiten variantes. Se admiten mejoras en los términos de la cláusula 8.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Asamblea de Madrid. Plaza de la Asamblea de Madrid, 1. c) Localidad y código postal: Madrid 28018. d) Fecha y hora: No prevista, por determinar. Se publicará en el perfil de contratante de la Asamblea de Madrid. 10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del contratista adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 2 de julio de 2013. Madrid, 2 de julio de 2013.- La Presidenta, Rosa Posada Chapado. (Por delegación. Resolución de Presidencia de 26 de junio de 2013).

Disolución del Parlament y elecciones catalanas el 14 de febrero.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Asamblea de Madrid. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión Administrativa - Servicio de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Asamblea de Madrid. 2) Domicilio: Plaza de la Asamblea de Madrid n.º 1. 3) Localidad y código postal: 28018 Madrid. 4) Teléfono: 34.91.779.95.00. 5) Telefax: 34.91.779.96.48. 6) Correo electrónico: perfildecontratante@asambleamadrid.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asambleamadrid.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: : solicitud de información adicional hasta el vigésimo día del plazo de licitación. d) Número de expediente: CPAS/2013/02. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Prestación del servicio de Red Privada Virtual de Telefonía Móvil y su interconexión con la Red corporativa de telefonía fija existente en la Asamblea de Madrid y con las redes públicas de telefonía, en los términos que se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Sede de la Asamblea de Madrid (Plaza de la Asamblea de Madrid, núm. 1). 2) Localidad y código postal: Madrid 28018. e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años. f) Admisión de prórroga: Si, de un año adicional. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64212000-5 ; 64212100-6; 64212200-7; 64212300-8; 64212400-9; 64212500-0; 64212600-1 y 64212700-2. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. Regulación armonizada. c) Subasta electrónica: No. d) Criterios de adjudicación: 1.º Servicio Demandado y Gestión y Operación del Servicio, 16 puntos / 2.º Nivel de Servicio, 5 puntos / 3.º Bienes y servicios ofertados, 7 puntos / 4.º Fase de Implantación, 5 puntos / 5.º Mejoras, 2 puntos / 6.º Tarifa plana de voz y datos para móviles, 35 puntos / 7.º Tarifa plana para llamadas con origen en extensiones fijas y destino en teléfonos móviles, 10 puntos / 8.º Tarifa plana para líneas solo de datos, 18 puntos / 9.º Tarifa plana para el envío masivo de mensajes SMS a móviles, 2 puntos. 4. Valor estimado del contrato: Setecientos cuarenta y tres mil ochocientos un euros con sesenta y cinco céntimos (743.801,65 €). 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: Cuatrocientos noventa y cinco mil ochocientos sesenta y siete euros con setenta y siete céntimos (495.867,77 €). Importe total: Seiscientos mil euros (600.000 €). 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación, excluido el IVA. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): GRUPO V. Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. SUBGRUPO 4. Servicios de Telecomunicaciones. CATEGORÍA: C. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo recogido en el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 12 de agosto de 2013, a las 14:00 horas. b) Modalidad de presentación: En español, en papel, con respaldo ofimático. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Asamblea de Madrid. Registro General. Horario: lunes a viernes de 09:00 a 14:00. 2) Domicilio: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1. 3) Localidad y código postal: Madrid - 28018. e) Admisión de variantes: No se admiten variantes. Se admiten mejoras en los términos de la cláusula 8.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Asamblea de Madrid. Plaza de la Asamblea de Madrid, 1. c) Localidad y código postal: Madrid 28018. d) Fecha y hora: No prevista, por determinar. Se publicará en el perfil de contratante de la Asamblea de Madrid. 10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del contratista adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 2 de julio de 2013. Madrid, 2 de julio de 2013.- La Presidenta, Rosa Posada Chapado. (Por delegación. Resolución de Presidencia de 26 de junio de 2013). ### RESUMEN: Disolución del Parlament y elecciones catalanas el 14 de febrero.

Vista la Comunicación de la presidencia del Parlamento al Pleno de la cámara sobre la imposibilidad de proponer un candidato para ser investido Presidente o Presidenta de la Generalitat y de inicio del cómputo del plazo de dos meses fijado por el artículo 67.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña y del artículo 4.7 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno (BOPC número 709, de 21 de octubre de 2020); Vista la Comunicación de la Presidencia del Parlamento, de 21 de diciembre de 2020, al Vicepresidente del Gobierno en sustitución de la Presidencia de la Generalitat y Consejero de Economía y Hacienda, por la que se constata el transcurso de los dos meses desde la Comunicación al Pleno de la imposibilidad de proponer un candidato o candidata para ser investido presidente o presidenta de la Generalitat; En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 66 y 67.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña, y en el artículo 4.7 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, el Parlamento de Cataluña queda automáticamente disuelto y se convocan elecciones al Parlamento de Cataluña mediante el presente Decreto. Sin embargo, si por razones derivadas de la protección del derecho a la salud frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia generada por la COVID-19, el desarrollo del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias, se podrá dejar sin efectos esta convocatoria y posponer la votación para una fecha posterior que ofrezca dichas garantías; Visto lo establecido en el artículo 56 y en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que mantiene en vigor la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979, y en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, y visto el Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del Presidente de la Generalitat de Cataluña, decreto: Artículo 1. Disolución del Parlamento. Habiendo transcurrido el plazo previsto en el artículo 67.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña y en el artículo 4.7 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, queda disuelto el Parlamento de Cataluña elegido el día 21 de diciembre de 2017. Artículo 2. Convocatoria. Se convocan elecciones al Parlamento de Cataluña, que tendrán lugar el día 14 de febrero de 2021. Artículo 3. Diputados. De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria segunda del Estatuto de autonomía de Cataluña, que mantiene en vigor la disposición transitoria cuarta del Estatuto de autonomía de Cataluña de 1979, las circunscripciones electorales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona elegirán, respectivamente, a 85, 17, 15 y 18 diputados. Artículo 4. Campaña electoral. La campaña electoral durará quince días, empezará a las cero horas del día 29 de enero de 2021 y terminará a las veinticuatro horas del día 12 de febrero de 2021. Disposición adicional. Las elecciones convocadas mediante el presente Decreto se regirán por lo establecido en el artículo 56 y en la disposición transitoria segunda del Estatuto de autonomía de Cataluña, que mantiene en vigor la disposición transitoria cuarta del Estatuto de autonomía de Cataluña de 1979; por las normas correspondientes de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General; por el Decreto de normas complementarias de estas elecciones, y por las demás disposiciones legales de aplicación a este proceso electoral. Disposición final. Este Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya». Barcelona, 21 de diciembre de 2020.–El Vicepresidente del Gobierno en sustitución de la Presidencia de la Generalitat y Consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès i Garcia.

Licitación por 119.500,00 euros de la organización del evento consistente en la celebración de la III Reunión del Comité Directivo de la Red AMON.

Vista la Comunicación de la presidencia del Parlamento al Pleno de la cámara sobre la imposibilidad de proponer un candidato para ser investido Presidente o Presidenta de la Generalitat y de inicio del cómputo del plazo de dos meses fijado por el artículo 67.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña y del artículo 4.7 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno (BOPC número 709, de 21 de octubre de 2020); Vista la Comunicación de la Presidencia del Parlamento, de 21 de diciembre de 2020, al Vicepresidente del Gobierno en sustitución de la Presidencia de la Generalitat y Consejero de Economía y Hacienda, por la que se constata el transcurso de los dos meses desde la Comunicación al Pleno de la imposibilidad de proponer un candidato o candidata para ser investido presidente o presidenta de la Generalitat; En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 66 y 67.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña, y en el artículo 4.7 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, el Parlamento de Cataluña queda automáticamente disuelto y se convocan elecciones al Parlamento de Cataluña mediante el presente Decreto. Sin embargo, si por razones derivadas de la protección del derecho a la salud frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia generada por la COVID-19, el desarrollo del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias, se podrá dejar sin efectos esta convocatoria y posponer la votación para una fecha posterior que ofrezca dichas garantías; Visto lo establecido en el artículo 56 y en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que mantiene en vigor la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979, y en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, y visto el Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del Presidente de la Generalitat de Cataluña, decreto: Artículo 1. Disolución del Parlamento. Habiendo transcurrido el plazo previsto en el artículo 67.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña y en el artículo 4.7 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, queda disuelto el Parlamento de Cataluña elegido el día 21 de diciembre de 2017. Artículo 2. Convocatoria. Se convocan elecciones al Parlamento de Cataluña, que tendrán lugar el día 14 de febrero de 2021. Artículo 3. Diputados. De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria segunda del Estatuto de autonomía de Cataluña, que mantiene en vigor la disposición transitoria cuarta del Estatuto de autonomía de Cataluña de 1979, las circunscripciones electorales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona elegirán, respectivamente, a 85, 17, 15 y 18 diputados. Artículo 4. Campaña electoral. La campaña electoral durará quince días, empezará a las cero horas del día 29 de enero de 2021 y terminará a las veinticuatro horas del día 12 de febrero de 2021. Disposición adicional. Las elecciones convocadas mediante el presente Decreto se regirán por lo establecido en el artículo 56 y en la disposición transitoria segunda del Estatuto de autonomía de Cataluña, que mantiene en vigor la disposición transitoria cuarta del Estatuto de autonomía de Cataluña de 1979; por las normas correspondientes de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General; por el Decreto de normas complementarias de estas elecciones, y por las demás disposiciones legales de aplicación a este proceso electoral. Disposición final. Este Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya». Barcelona, 21 de diciembre de 2020.–El Vicepresidente del Gobierno en sustitución de la Presidencia de la Generalitat y Consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès i Garcia. ### RESUMEN: Licitación por 119.500,00 euros de la organización del evento consistente en la celebración de la III Reunión del Comité Directivo de la Red AMON.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de junio de 2014, Vengo en nombrar Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana a don Serafín Castellano Gómez. Dado en Madrid, el 13 de junio de 2014. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

El Tribunal Constitucional da la razón a una mujer a la que apenas se la buscó para informarle de unas sanciones y la avisaron por boletines.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de junio de 2014, Vengo en nombrar Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana a don Serafín Castellano Gómez. Dado en Madrid, el 13 de junio de 2014. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ### RESUMEN: El Tribunal Constitucional da la razón a una mujer a la que apenas se la buscó para informarle de unas sanciones y la avisaron por boletines.

ECLI:ES:TC:2018:93 La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Encarnación Roca Trías, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 2137-2017, promovido por doña Soledad Granero Toledano, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Alfonso Rodríguez y bajo la dirección de la Letrada doña Rosario Carrecedo Bullido, contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Sevilla de 17 de marzo de 2017, dictada en el procedimiento abreviado núm. 122-2016, por la que se desestima el recurso interpuesto contra la resolución desestimatoria presunta de la solicitud de revisión de oficio realizada ante la Subdelegación del Gobierno en Sevilla de su resolución sancionadora de 9 de junio de 2014, dictada en el expediente núm. 362-2014. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. La Procuradora de los Tribunales doña Isabel Alfonso Rodríguez, en nombre y representación de doña Soledad Granero Toledano, y bajo la dirección de la Letrada doña Rosario Carrecedo Bullido, interpuso demanda de amparo contra la resolución judicial que se cita en el encabezamiento mediante escrito registrado en este Tribunal el 25 de abril de 2017. 2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: a) La Subdelegada del Gobierno en Sevilla, por resolución de 22 de enero de 2014, acordó iniciar expediente sancionador núm. 362-2014 contra la recurrente con el fin de determinar las responsabilidades en que hubiera podido incurrir como consecuencia de la denuncia de que fue objeto por parte de funcionarios de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, quienes imputaban que era organizadora de una manifestación no comunicada legalmente realizada el 20 de diciembre de 2013 en una calle de Sevilla que concentró a unas cincuenta personas, considerando que podría ser constitutivo de una infracción administrativa grave tipificada según los artículos 23 c) y 24 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana. El acuerdo de iniciación fue remitido por correo certificado con acuse de recibo a la recurrente a un domicilio de Sevilla. La sección de sanciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla recibió el 5 de febrero de 2014 el acuse de recibo remitido por el Servicio de correos con la indicación de que la entrega fue intentada en ese domicilio el 30 de enero de 2014 a las 11:15 horas y no se puedo verificar por «desconocido/a». El 12 de febrero de 2014 el Secretario General de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla remitió al Presidente de la Diputación de Sevilla un oficio con diversas órdenes de inserción en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» para notificación por edictos, entre los que estaba el acuerdo de iniciación de la recurrente. La publicación se verificó en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» núm. 48, de 27 de febrero de 2014. b) La Subdelegada del Gobierno en Sevilla, por resolución de 9 de junio de 2014, resolvió imponer a la recurrente una sanción de 301 € de multa al considerarla autora de una infracción administrativa grave tipificada según los artículos 23 c) y 24 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana. La resolución sancionadora fue remitida por correo certificado con acuse de recibo a la recurrente al mismo domicilio de Sevilla al que se envió el acuerdo de iniciación. La sección de sanciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla recibió el 25 de junio de 2014 el acuse de recibo remitido por el servicio de correos con la indicación de que la entrega fue intentada en ese domicilio el 18 de junio de 2014 y no se puedo verificar por «desconocido/a». El 2 de julio de 2014 el Secretario General de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla remitió al Presidente de la Diputación de Sevilla un oficio con diversas órdenes de inserción en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» para notificación por edictos, entre los que estaba el de la resolución sancionadora de la recurrente. La publicación se verificó en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» núm. 231, de 4 de octubre de 2014. c) La demandante en amparo, mediante escrito de 31 de julio de 2015 dirigido a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, solicitó que se retrotrajeran todas las actuaciones al inicio del expediente sancionador, poniendo de manifiesto que (i) con motivo de la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas del ejercicio 2014 le había sido devuelto por la Agencia Tributaria una cantidad inferior a la solicitada, siendo comunicado por dicha Agencia que el motivo era el cobro de una sanción impuesta por esa Subdelegación; (ii) no había tenido ningún conocimiento previo de ese procedimiento sancionador; (iii) una vez accedido al expediente sancionador comprobó que el domicilio al que se habían dirigido los intentos de comunicación se corresponde con uno en el que ya no vivía desde hace casi cinco años y (iv) contrariamente a lo exigido por la jurisprudencia constitucional en la STC 70/2008, de 23 de junio, no se desarrolló ninguna actividad tendente a la averiguación del domicilio real de la recurrente, que es en el que lleva empadronada desde hace tiempo, siendo además notorio para la Administración Tributaria y también para la Junta de Andalucía por ser una funcionaria de esa Administración. Por oficio de 28 de septiembre de 2015 se comunicó a la recurrente que se había tramitado correctamente el procedimiento sancionador, relacionándose las notificaciones edictales efectuadas. d) La demandante en amparo, mediante escrito de 10 de noviembre de 2015 dirigido a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, solicitó al amparo del artículo 102.1 de la Ley 30/1992, la revisión de oficio de la resolución sancionadora insistiendo en la defectuosa notificación edictal y realizando alegaciones sobre el fondo de la responsabilidad administrativa que se le atribuía. e) La demandante en amparo, mediante escrito registrado el 29 de marzo de 2016, interpuso recurso contencioso-administrativo contra acto presunto —denegación por silencio de la revisión de oficio de la resolución sancionadora—, dando lugar al procedimiento abreviado núm. 122-2016, que fue tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Sevilla, solicitando la anulación de la sanción impuesta y ordenando la devolución de las cantidades embargadas para hacerla efectiva. En el recurso se alegó que se le había causado a la recurrente una vulneración del artículo 24.1 CE, producida por una defectuosa notificación edictal que le había generado una efectiva indefensión al no haber tenido conocimiento del procedimiento sancionador seguido contra ella y no poder defenderse en el mismo. A esos efectos, tras citar la normativa reguladora de la notificación en los procedimientos administrativos, se menciona la jurisprudencia constitucional contenida en la STC 70/2008, de 23 de junio, sobre el carácter supletorio y excepcional de la notificación por edictos y la necesidad de que la Administración para el ejercicio de su potestad sancionadora haga un esfuerzo razonable de indagación sobre el verdadero domicilio del interesado antes de acudir a esa vía edictal. En relación con ello se afirma que «una mínima diligencia por parte de la Administración le hubiera permitido efectuar su localización inmediata ya que está empadronada desde principios del año 2013 en el mismo domicilio … Dicho domicilio ha sido designado desde el año 2011 a efectos de notificaciones en todos los ejercicios ante la Administración Tributaria y además es funcionaria de carrera de la Junta de Andalucía constando igualmente todos sus datos personales». Acompaña a la demanda, entre otros documentos, certificado de empadronamiento y de la declaración de la renta del ejercicio de 2011. Subsidiariamente en la demanda se solicita la retroacción de actuaciones en el procedimiento sancionador y se hacen alegaciones respecto del fondo de la infracción administrativa por la que fue sancionada. f) El recurso fue desestimado por Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Sevilla de 17 de marzo de 2017 argumentando que (i) consta en el expediente que la recurrente fue notificada en el domicilio que aparece en su DNI, que fue tomado por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía el día de los hechos; (ii) hubo intentos de notificación en ese domicilio tanto del acuerdo de iniciación como de la resolución sancionadora con resultado negativo por ser desconocida y (iii) como consecuencia de ello «se procedió a seguir el procedimiento previsto en la ley que es el de la notificación a través de anuncio en el Boletín Oficial». 3. La recurrente alega que la resolución administrativa sancionadora ha vulnerado su derecho de defensa, de acceso al proceso y a la presunción de inocencia del artículo 24 CE, ya que se ha acudido a la notificación por edictos de la iniciación del procedimiento sancionador sin agotar los medios de averiguación del domicilio, tal como es jurisprudencia constitucional reiterada, impidiendo con ello conocer la existencia de dicho procedimiento sancionador y ejercer la defensa de sus intereses legítimos. A esos efectos, destaca que, figurando en el expediente su identificación y número de DNI, una mínima diligencia por parte de la Administración le hubiera permitido la localización inmediata de un domicilio alternativo para la notificación, ya que está empadronada en su residencia habitual desde 2011, es también su domicilio fiscal, y es conocido ese por la Administración autonómica por su condición de funcionaria en activo. Igualmente, incide en que, de acuerdo con la legislación administrativa, al tratarse de un procedimiento iniciado de oficio la posibilidad de acudir a la vía edictal solo resulta procedente cuando el interesado sea desconocido pero no cuando lo sea su domicilio. Por ello, solicita la anulación de las resoluciones impugnadas. La recurrente afirma que la demanda de amparo tiene especial transcendencia constitucional porque, conforme a lo establecido en la STC 155/2009, de 25 de junio, (i) resulta necesario ampliar la doctrina sobre el derecho a la defensa en los casos de defectuosa notificación edictal incidiendo sobre el diferente deber de diligencia cuando se trata de procedimientos iniciados de oficio y los iniciados a solicitud del interesado e interpretando el concepto de «interesados desconocidos» como presupuesto habilitante para acceder a la vía edictal y (ii) el órgano judicial ha incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional al ratificar una actuación que la jurisprudencia constitucional ya ha considerado reiteradamente lesiva del artículo 24 CE. 4. La Sección Tercera de este Tribunal, por providencia de 3 de octubre de 2017, acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que concurre una especial trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]; y, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir atentamente de los órganos administrativo y judiciales la remisión de las actuaciones y al órgano judicial, además, el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción de la recurrente, para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el citado proceso de amparo. 5. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 23 de noviembre de 2017, acordó dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la recurrente por plazo común de 20 días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes. 6. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 12 de enero de 2018, formuló alegaciones interesando que se otorgue el amparo solicitado por vulneración del derecho a la defensa (art. 24.2 CE) y se declare la nulidad de las resoluciones administrativas y judicial impugnadas con retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior al de la notificación del Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador a fin de que este se tramite en términos respetuosos con los derechos fundamentales vulnerados. El Ministerio Fiscal, con cita de la jurisprudencia constitucional sobre la aplicabilidad de las garantías del artículo 24.2 CE a los procedimientos administrativos sancionadores y el deber de diligencia a desarrollar para la puesta en conocimiento del interesado de la iniciación de un procedimiento sancionador, afirma que el órgano administrativo acudió a la notificación mediante edictos tras resultar desconocida la recurrente en el domicilio que figuraba en su documento nacional de identidad, inaplicando la jurisprudencia constitucional sobre la necesidad de desarrollar una actividad razonable en averiguación de un domicilio alternativo de notificaciones, que en este caso, además, no requerían un esfuerzo desproporcionado, ya que constaba al menos en dos registros de la propia Administración como es el Padrón y el tributario. 7. La recurrente, por escrito registrado el 29 de diciembre de 2017, formuló alegaciones, manifestando que daba por reproducidas las contenidas en la demanda de amparo. 8. Por providencia de 13 de septiembre de 2017 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 17 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. El objeto de este recurso es determinar si el emplazamiento por edictos del que fue objeto la demandante para comunicar la iniciación de un procedimiento administrativo sancionador ha vulnerado sus derechos a ser informada de la acusación y a la defensa (art. 24.2 CE) por no haber agotado el órgano administrativo los medios de averiguación de un domicilio de notificaciones alternativo tras resultar desconocida en el domicilio que figuraba en su documento nacional de identidad. 2. La presente demanda de amparo, como ya se indicó en la providencia de admisión, tiene especial transcendencia constitucional, porque da la oportunidad al Tribunal de solventar las dudas que se plantean en los recursos de amparo interpuestos contra actuaciones de las administraciones públicas [art. 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] en relación con la posibilidad de que la causa que dota de especial transcendencia constitucional al recurso no se derive de la actuación administrativa sino de la posterior actividad judicial de control de dicha actividad. En el presente caso, la recurrente invoca el derecho de defensa (art. 24.2 CE) respecto de la actuación de la administración sancionadora consistente en acudir a la vía edictal para notificar la iniciación de un procedimiento sancionador. La eventual lesión constitucional se imputa directamente a la Administración por el cauce del recurso de amparo del artículo 43 LOTC. Sin embargo, una de las causas de especial trascendencia constitucional alegada por la recurrente es que se pudiera haber incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatar la doctrina del Tribunal. Esta, en la STC 155/2009, de 25 de junio, aparece solo referida a actuaciones judiciales, vinculada al incumplimiento del mandato del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). En la demanda esta causa de especial trascendencia constitucional se relaciona con la decisión del órgano judicial al confirmar la legalidad de la actuación administrativa. Esta discordancia entre los órganos a los que se imputa la lesión constitucional y la causa que dotaría de especial trascendencia constitucional al recurso de amparo no ha supuesto hasta ahora ningún obstáculo a la admisibilidad del recurso (así, por ejemplo, SSTC 59/2014, de 5 de mayo, y 29/2014, de 24 de febrero). La explicación de esta circunstancia radica en que, dado el carácter subsidiario del recurso de amparo, el control de constitucionalidad que desarrolla el Tribunal no se constriñe necesariamente a una concreta actuación que se considere lesiva del derecho fundamental, sino que se proyecta sobre el funcionamiento en conjunto del sistema de protección de estos derechos. Por otra parte, la diferente función que cumplen como requisitos de admisibilidad del recurso de amparo la apariencia de la existencia de una lesión de un derecho fundamental y la especial trascendencia constitucional de aquel abunda en la legitimidad de admitir la disociación entre la circunstancia causante de la lesión y la que dotaría al recurso de una especial trascendencia constitucional. 3. El presente recurso de amparo, pues, debe considerarse formulado al amparo del art. 43 LOTC, ya que las infracciones constitucionales que se denuncian se imputan directamente a la decisión administrativa de notificar mediante edictos el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador y solo indirectamente a la resolución judicial que no lo reparó. La jurisprudencia constitucional ha reiterado, desde la STC 18/1981, de 8 de junio, FJ 2, que son aplicables al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, con ciertos matices, tanto los principios sustantivos del art. 25.1 CE como de las garantías procedimentales del artículo 24.2 CE, entre las que se encuentran el ejercicio de los derechos a ser informado de la acusación y de defensa. Estas garantías presuponen que el interesado sea emplazado o le sea notificada debidamente la incoación del procedimiento, pues solo así podrá disfrutar de una efectiva posibilidad de defensa frente a la infracción que se le imputa previa a tomar la decisión y, por tanto, que la Administración siga un procedimiento en el que el denunciado tenga oportunidad de aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes y de alegar lo que a su derecho convenga (así, por ejemplo, SSTC 32/2009, de 9 de febrero, FJ 4, y 59/2014, de 5 de mayo, FJ 3). En relación con la específica cuestión de la notificación por medio de edictos en los procedimientos administrativos sancionadores, la jurisprudencia constitucional también ha sido constante en establecer que (i) es de aplicación directa lo afirmado en relación con los procedimientos judiciales sobre la exigencia de procurar el emplazamiento o citación personal de los interesados, siempre que sea factible; por lo que el emplazamiento edictal constituye un remedio último de carácter supletorio y excepcional, que requiere el agotamiento previo de las modalidades aptas para asegurar en el mayor grado posible la recepción de la notificación por su destinatario; (ii) para la consecución de ese fin, deben extremarse las gestiones dirigidas a averiguar el paradero de sus destinatarios por los medios normales, de manera que la decisión de notificación mediante edictos debe fundarse en criterios de razonabilidad que conduzcan a la certeza o, al menos, a una convicción razonable sobre la inutilidad de los medios normales de citación y (iii) corresponde a la diligencia mínima exigible a la Administración sancionadora, antes de acudir a la vía edictal, intentar la notificación en el domicilio que aparezca en otros registros públicos (así, entre otras, SSTC 158/2007, de 2 de julio, FJ 2; 32/2008, de 25 de febrero, FJ 2; 128/2008, de 27 de octubre, FJ 2, y 59/2014, de 5 de mayo, FJ 4). 4. En el presente caso, a tenor de las actuaciones, el Tribunal advierte que (i) la Administración sancionadora, antes de acudir a la notificación edictal del acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador y de la posterior resolución sancionadora, se limitó a intentar una única notificación en el domicilio de la recurrente que aparecía en su documento nacional de identidad, que fue devuelta con la indicación de ser una persona desconocida en dicho domicilio; (ii) la Administración sancionadora no acudió a ningún otro registro público para intentar obtener un domicilio de notificaciones alternativo de la interesada y (iii) el domicilio habitual efectivo de la interesada constaba al menos desde 2011 mediante inscripción de empadronamiento y desde 2012 estaba también identificado como domicilio fiscal en los registros de la Agencia Tributaria. En atención a lo expuesto, de conformidad con lo que interesa el Ministerio Fiscal, debe concluirse que se han vulnerado los derechos de la recurrente a ser informada de la acusación y a la defensa (art. 24.2 CE), toda vez que la Administración no obró con la diligencia que le era constitucionalmente exigible en la búsqueda de un domicilio alternativo en el que notificar personalmente la iniciación del procedimiento sancionador para que la interesada pudiera ejercer la defensa con plenitud de garantías constitucionales frente a la pretensión sancionadora de la Administración. Esta circunstancia determina que deban anularse las resoluciones administrativa y judicial impugnadas y los actos y efectos derivados de ellas. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Soledad Granero Toledano y, en su virtud: 1.º Declarar que han sido vulnerados los derechos de la demandante de amparo a ser informado de la acusación y a la defensa (art. 24.2 CE). 2.º Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la Resolución de la Subdelegada del Gobierno de Sevilla de 9 de junio de 2014, dictada en el expediente sancionador 362-2014, y la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Sevilla de 17 de marzo de 2017, dictada en el procedimiento abreviado núm. 122-2016. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho.–Encarnación Roca Trías.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.

La Confederación Española de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales recurre el reparto de subvenciones a prevención Sida 2014.

ECLI:ES:TC:2018:93 La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Encarnación Roca Trías, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 2137-2017, promovido por doña Soledad Granero Toledano, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Alfonso Rodríguez y bajo la dirección de la Letrada doña Rosario Carrecedo Bullido, contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Sevilla de 17 de marzo de 2017, dictada en el procedimiento abreviado núm. 122-2016, por la que se desestima el recurso interpuesto contra la resolución desestimatoria presunta de la solicitud de revisión de oficio realizada ante la Subdelegación del Gobierno en Sevilla de su resolución sancionadora de 9 de junio de 2014, dictada en el expediente núm. 362-2014. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. La Procuradora de los Tribunales doña Isabel Alfonso Rodríguez, en nombre y representación de doña Soledad Granero Toledano, y bajo la dirección de la Letrada doña Rosario Carrecedo Bullido, interpuso demanda de amparo contra la resolución judicial que se cita en el encabezamiento mediante escrito registrado en este Tribunal el 25 de abril de 2017. 2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: a) La Subdelegada del Gobierno en Sevilla, por resolución de 22 de enero de 2014, acordó iniciar expediente sancionador núm. 362-2014 contra la recurrente con el fin de determinar las responsabilidades en que hubiera podido incurrir como consecuencia de la denuncia de que fue objeto por parte de funcionarios de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, quienes imputaban que era organizadora de una manifestación no comunicada legalmente realizada el 20 de diciembre de 2013 en una calle de Sevilla que concentró a unas cincuenta personas, considerando que podría ser constitutivo de una infracción administrativa grave tipificada según los artículos 23 c) y 24 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana. El acuerdo de iniciación fue remitido por correo certificado con acuse de recibo a la recurrente a un domicilio de Sevilla. La sección de sanciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla recibió el 5 de febrero de 2014 el acuse de recibo remitido por el Servicio de correos con la indicación de que la entrega fue intentada en ese domicilio el 30 de enero de 2014 a las 11:15 horas y no se puedo verificar por «desconocido/a». El 12 de febrero de 2014 el Secretario General de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla remitió al Presidente de la Diputación de Sevilla un oficio con diversas órdenes de inserción en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» para notificación por edictos, entre los que estaba el acuerdo de iniciación de la recurrente. La publicación se verificó en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» núm. 48, de 27 de febrero de 2014. b) La Subdelegada del Gobierno en Sevilla, por resolución de 9 de junio de 2014, resolvió imponer a la recurrente una sanción de 301 € de multa al considerarla autora de una infracción administrativa grave tipificada según los artículos 23 c) y 24 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana. La resolución sancionadora fue remitida por correo certificado con acuse de recibo a la recurrente al mismo domicilio de Sevilla al que se envió el acuerdo de iniciación. La sección de sanciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla recibió el 25 de junio de 2014 el acuse de recibo remitido por el servicio de correos con la indicación de que la entrega fue intentada en ese domicilio el 18 de junio de 2014 y no se puedo verificar por «desconocido/a». El 2 de julio de 2014 el Secretario General de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla remitió al Presidente de la Diputación de Sevilla un oficio con diversas órdenes de inserción en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» para notificación por edictos, entre los que estaba el de la resolución sancionadora de la recurrente. La publicación se verificó en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» núm. 231, de 4 de octubre de 2014. c) La demandante en amparo, mediante escrito de 31 de julio de 2015 dirigido a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, solicitó que se retrotrajeran todas las actuaciones al inicio del expediente sancionador, poniendo de manifiesto que (i) con motivo de la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas del ejercicio 2014 le había sido devuelto por la Agencia Tributaria una cantidad inferior a la solicitada, siendo comunicado por dicha Agencia que el motivo era el cobro de una sanción impuesta por esa Subdelegación; (ii) no había tenido ningún conocimiento previo de ese procedimiento sancionador; (iii) una vez accedido al expediente sancionador comprobó que el domicilio al que se habían dirigido los intentos de comunicación se corresponde con uno en el que ya no vivía desde hace casi cinco años y (iv) contrariamente a lo exigido por la jurisprudencia constitucional en la STC 70/2008, de 23 de junio, no se desarrolló ninguna actividad tendente a la averiguación del domicilio real de la recurrente, que es en el que lleva empadronada desde hace tiempo, siendo además notorio para la Administración Tributaria y también para la Junta de Andalucía por ser una funcionaria de esa Administración. Por oficio de 28 de septiembre de 2015 se comunicó a la recurrente que se había tramitado correctamente el procedimiento sancionador, relacionándose las notificaciones edictales efect ### RESUMEN: La Confederación Española de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales recurre el reparto de subvenciones a prevención Sida 2014.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, se participa que ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se tramita el procedimiento ordinario núm. 579/2014, promovido por la Confederación Española de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales, contra la resolución de la Secretaría General de Sanidad y Consumo de 22 de octubre de 2014, por la que se conceden a las entidades que se expresan las subvenciones convocadas por Orden SSI/759/2014, de 5 de mayo, para financiar programas de prevención y control de la infección por VIH y el sida para el año 2014. Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el mencionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como demandadas, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en la forma establecida en la repetida Ley. Madrid, 8 de junio de 2015.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sergio Caravajal Álvarez.

Subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales de entidades de implantación estatal de Mayores por un total mayor a dos millones de euros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, se participa que ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se tramita el procedimiento ordinario núm. 579/2014, promovido por la Confederación Española de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales, contra la resolución de la Secretaría General de Sanidad y Consumo de 22 de octubre de 2014, por la que se conceden a las entidades que se expresan las subvenciones convocadas por Orden SSI/759/2014, de 5 de mayo, para financiar programas de prevención y control de la infección por VIH y el sida para el año 2014. Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el mencionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como demandadas, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en la forma establecida en la repetida Ley. Madrid, 8 de junio de 2015.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sergio Caravajal Álvarez. ### RESUMEN: Subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales de entidades de implantación estatal de Mayores por un total mayor a dos millones de euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden TAS/980/2007, de 2 de abril («Boletín Oficial del Estado» número 90, del 14), por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y en la Resolución de 8 de abril de 2014 («Boletín Oficial del Estado» número 105, del 30), del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de atención a mayores, durante el año 2014, se ha procedido a la concesión de las subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria 31.32.487.7.9. Asimismo, mediante comunicación individualizada se ha notificado a los solicitantes las resoluciones adoptadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las subvenciones concedidas que se acompañan como anexo a esta Resolución. Madrid, 3 de octubre de 2014.–El Director General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, César Antón Beltrán. ANEXO Área de Atención a Personas Mayores Actuación Subvencionada: Mantenimiento, Funcionamiento y Actividades habituales de entidades de implantación estatal de Mayores Nombre de la Entidad Importe concedido NIF Asociación de Amigos de la Universidad de Mayores. Experiencia Recíproca (UMER) 8.485 G-81049058 Asociación de Personas Mayores y Familiares Solidaridad Intergeneracional 74.424 G-49225980 Vida Ascendente 15.000 R-2800599-I Fundación del Hombre 11.190 G-78052701 Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz 128.019 G-81594962 Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil 23.173 G-20881231 Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España (CONJUPES) 148.150 G-82911306 Confederación de Asociaciones Independientes de Jubilados, Retirados y Pensionistas (CAI) 34.063 G-79044194 Organización Social de Mayores Jubilados y Pensionistas de Izquierda Unida 19.103 G-81881336 Federación Española de Asociaciones NAGUSILAN 28.015 G-83542241 Asociación para la Defensa del Pensionista (ADEPEN) 8.845 G-79819967 Oferta Cultural de Universitarios Mayores (OFECUM) 14.724 G-18487199 Asociación de Profesores Universitarios Jubilados (ASPUR) 15.534 G-78769593 Unión Estatal de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de la UGT 98.183 G-28474898 Fundación Unión para la Asistencia e Integración de la Tercera Edad (UNIATE) 103.885 G-81715534 Asociación Nacional del Alzheimer AFAL-Contigo 22.414 G-79201877 Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CC.OO. 140.329 G-78755683 Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores (CAUMAS) 14.887 G-73366338 Hermandad de Jubilados de los Ministerios de Comercio, Economía y Hacienda 8.624 G-79365177 Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) 630.014 G-28718310 Asociación Cultural y Social de Policía (ACUSPOL) 12.447 G-79417754 Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE) 44.360 G-28915619 Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil (HERVEFAS) 42.153 G-28239299 Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias (CEAFA) 118.239 G-79462719 Asociación de Prejubilados, Jubilados y Pensionistas M.C.A. (A.P.J.P.) 24.514 G-82308289 Fundación Alzheimer España (FAE) 33.372 G-80158462 Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) 204.000 G-82662743 Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC) 27.236 G-91346940 Asociación Española de Palabra Culta y Buenas Costumbres 12.050 G-28705424 Fundación Patronato Europeo del Mayor y de la Solidaridad Intergeneracional (PEM) 10.238 G-80861305 Federación de Asociaciones de Cultura y Ocio de Mayores (FACOM) 48.259 G-82483595 Asociación Grupo Mayores (AGM) 10.811 G-82116542 Total 2.134.740

Sentencia Tribunal Constitucional vuelve a anular decreto-ley de créditos extraordinario de Defensa, el de 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden TAS/980/2007, de 2 de abril («Boletín Oficial del Estado» número 90, del 14), por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y en la Resolución de 8 de abril de 2014 («Boletín Oficial del Estado» número 105, del 30), del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de atención a mayores, durante el año 2014, se ha procedido a la concesión de las subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria 31.32.487.7.9. Asimismo, mediante comunicación individualizada se ha notificado a los solicitantes las resoluciones adoptadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las subvenciones concedidas que se acompañan como anexo a esta Resolución. Madrid, 3 de octubre de 2014.–El Director General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, César Antón Beltrán. ANEXO Área de Atención a Personas Mayores Actuación Subvencionada: Mantenimiento, Funcionamiento y Actividades habituales de entidades de implantación estatal de Mayores Nombre de la Entidad Importe concedido NIF Asociación de Amigos de la Universidad de Mayores. Experiencia Recíproca (UMER) 8.485 G-81049058 Asociación de Personas Mayores y Familiares Solidaridad Intergeneracional 74.424 G-49225980 Vida Ascendente 15.000 R-2800599-I Fundación del Hombre 11.190 G-78052701 Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz 128.019 G-81594962 Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil 23.173 G-20881231 Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España (CONJUPES) 148.150 G-82911306 Confederación de Asociaciones Independientes de Jubilados, Retirados y Pensionistas (CAI) 34.063 G-79044194 Organización Social de Mayores Jubilados y Pensionistas de Izquierda Unida 19.103 G-81881336 Federación Española de Asociaciones NAGUSILAN 28.015 G-83542241 Asociación para la Defensa del Pensionista (ADEPEN) 8.845 G-79819967 Oferta Cultural de Universitarios Mayores (OFECUM) 14.724 G-18487199 Asociación de Profesores Universitarios Jubilados (ASPUR) 15.534 G-78769593 Unión Estatal de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de la UGT 98.183 G-28474898 Fundación Unión para la Asistencia e Integración de la Tercera Edad (UNIATE) 103.885 G-81715534 Asociación Nacional del Alzheimer AFAL-Contigo 22.414 G-79201877 Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CC.OO. 140.329 G-78755683 Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores (CAUMAS) 14.887 G-73366338 Hermandad de Jubilados de los Ministerios de Comercio, Economía y Hacienda 8.624 G-79365177 Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) 630.014 G-28718310 Asociación Cultural y Social de Policía (ACUSPOL) 12.447 G-79417754 Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE) 44.360 G-28915619 Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil (HERVEFAS) 42.153 G-28239299 Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias (CEAFA) 118.239 G-79462719 Asociación de Prejubilados, Jubilados y Pensionistas M.C.A. (A.P.J.P.) 24.514 G-82308289 Fundación Alzheimer España (FAE) 33.372 G-80158462 Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) 204.000 G-82662743 Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC) 27.236 G-91346940 Asociación Española de Palabra Culta y Buenas Costumbres 12.050 G-28705424 Fundación Patronato Europeo del Mayor y de la Solidaridad Intergeneracional (PEM) 10.238 G-80861305 Federación de Asociaciones de Cultura y Ocio de Mayores (FACOM) 48.259 G-82483595 Asociación Grupo Mayores (AGM) 10.811 G-82116542 Total 2.134.740 ### RESUMEN: Sentencia Tribunal Constitucional vuelve a anular decreto-ley de créditos extraordinario de Defensa, el de 2015.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Rios, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 3925-2015 interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra el art. 1.1 del Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 € en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal Constitucional el 2 de julio de 2015, más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso interponen recurso de inconstitucionalidad contra el art. 1.1 del Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 € en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento. El precepto impugnado autoriza un crédito extraordinario al presupuesto en vigor de la sección 14 («Ministerio de Defensa»), servicio 03 («Secretaría de Estado de la Defensa»), programa 122B («Programas especiales de modernización»), capítulo 6 («Inversiones Reales»), artículo 65 («Inversiones militares en infraestructuras y otros bienes»), concepto 659 («Para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento»), por un importe de 846.440.673,35 €. De la exposición de motivos del Real Decreto-ley aquí controvertido, así como del posterior debate de convalidación en el Congreso de los Diputados de 28 de mayo de 2015, resultarían las siguientes dos razones, aducidas como justificación de la extraordinaria y urgente necesidad que exige el art. 86.1 CE: por un lado, la insuficiente dotación presupuestaria obligaría a proporcionar financiación adicional para cubrir compromisos contractuales ajustados y, por otro, la evitación de los perjuicios asociados a la demora en el pago de esas obligaciones. El presente recurso de inconstitucionalidad, en línea con el presentado en su día contra el Real Decreto-ley 10/2014, considera que la divergencia entre la dotación presupuestaria inicial y la cuantía de las obligaciones contraídas no puede funcionar como razón de urgente y extraordinaria necesidad, si aquellas obligaciones eran perfectamente conocidas y si tal divergencia fue deliberadamente perseguida por el propio Gobierno. Los diputados recurrentes razonan ampliamente el carácter absolutamente previsible de las obligaciones que el Gobierno ha querido afrontar y, más aún, que el Real Decreto-ley controvertido forma parte de un plan que se apoya en la legislación de urgencia como instrumento ordinario o normal de pago. En cuanto a lo primero, el crédito extraordinario autorizado mediante el Real Decreto-ley impugnado se refiere a obligaciones de pago cuya concurrencia no podría calificarse de imprevisible a la vista de su envergadura y de que no han surgido espontánea o inesperadamente ni traen causa de nuevos contratos, tratados o necesidades. Están previstas en los denominados programas especiales de armamento. En particular, por acuerdo de 2 de agosto de 2013, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Defensa a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para atender a reprogramaciones, ajustes de anualidades y nuevos proyectos correspondientes a los programas especiales de modernización. Este acuerdo estableció los nuevos límites anuales de gasto hasta el año 2030, lo que permite reafirmar que el Gobierno era conocedor de las necesidades presupuestarias para satisfacer los pagos de dicho programa en cada ejercicio. A la vista del señalado acuerdo, cabe asegurar que el Gobierno conocía los 19 subconceptos de las obligaciones para cuya satisfacción se dota el crédito extraordinario por lo menos desde el 2 de agosto de 2013, estando varios de ellos ya previstos en reales decretos-leyes anteriores. De modo que el Gobierno conocía la existencia, cuantía y vencimientos de estas obligaciones; ello lo habría admitido además explícitamente a través del Ministro de Defensa, con ocasión del debate de los presupuestos generales para 2015, así como del Secretario de Estado de Defensa en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados de 6 de octubre de 2014, en relación con los mismos presupuestos. La previsión impugnada respondería pues a una situación consciente y deliberadamente buscada por el propio Gobierno que, en consecuencia, no podría calificarse de extraordinaria y urgente. Sería, no la respuesta a una «coyuntura económica problemática», sino la última manifestación de un plan o modo general e intencionado de actuación constitutivo de una clara subversión del sistema constitucional de aprobación de las cuentas públicas. Tal plan consistiría en infra-presupuestar la partida correspondiente a los programas especiales de armamento en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado del año de que se trate para autorizar después un crédito extraordinario mediante decreto-ley, lo que supone escamotear a las Cortes Generales unos gastos que se sabe que van a existir. La norma controvertida sería de este modo un elemento más de un auténtico «plan de decretos-leyes» o «plan de pagos» mediante decreto-ley (concretado hasta el momento en los núms. 26/2012, de 7 de septiembre; 10/2013, de 26 de julio; 10/2014, de 1 de agosto, y 7/2015, de 14 de mayo) destinado a sufragar los programas especiales de armamento mediante créditos extraordinarios de importe elevadísimo (1.782.770.890, 877.334.595, 883.655.368 y 846.440.673 €, respectivamente), muy superior al fijado inicialmente en los presupuestos generales del Estado del año correspondiente (6.842.500 €, que es la cantidad que recogen invariablemente todos los presupuestos generales adoptados desde 2011). En el presente caso, el crédito extraordinario cuya aprobación ha dejado de someterse a las Cortes Generales representa 160 veces la cantidad presupuestada. El propio Gobierno habría admitido que está usando el decreto-ley como instrumento normal de autorización de créditos para la adquisición de armamento. El Ministro de Defensa en el debate de los presupuestos generales del Estado para 2015 afirmó: «El presupuesto inicial para el año 2015 vuelve a incluir exclusivamente los gastos de gestión, porque siguen pendientes tanto de concretar las obligaciones exactas para este año… Por lo tanto, en el año 2015, en función de la capacidad presupuestaria, promoveremos la dotación extraordinaria». A su vez, el Secretario de Estado de Defensa, en sus comparecencias ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados de 6 de octubre de 2014, en relación con los presupuestos generales del Estado para 2015, argumentó: «si las circunstancias económicas se mantienen en el nivel y en la forma que hoy conocemos, el Gobierno volverá a atender sus compromisos de pago mediante el uso del decreto-ley para autorizar un crédito extraordinario, pagos derivados de los programas de armamento»; asimismo el 23 de mayo y el 7 de octubre de 2013, respecto de los presupuestos para 2014: «los compromisos de pago del Ministerio de Defensa para los próximos años serán menores de los planificados, pero no excluirá la necesidad de lograr financiación extraordinaria anual»; el decreto-ley es «un vehículo muy adecuado para la situación en que nos encontramos y además tiene todas las garantías necesarias de transparencia y de control por parte del parlamento»; «todo el mundo lo sabe, y nosotros somos los primeros que lo admitimos. Hemos escogido ese sistema para financiar obligaciones concretas». La existencia del señalado «plan de pagos» mediante decreto-ley resultaría igualmente del debate de convalidación del Real Decreto-ley 10/2013, del citado acuerdo de 2 de agosto de 2013 y de las exposiciones de motivos de los Reales Decretos-leyes 10/2014 y 7/2015. Los argumentos esgrimidos por el Gobierno –divergencia entre el alcance de la cantidad presupuestada y el de las obligaciones contraídas, así como los perjuicios asociados a la demora en el pago–, sólo benévolamente podrían valer como razones excepcionales justificativas del Real Decreto-ley 26/2012, al estar entonces en curso las negociaciones entre el Ministerio de Defensa y los proveedores destinadas a reprogramar el gasto en los programas especiales de armamento. En modo alguno valdrían para justificar los Reales Decretos-leyes siguientes (núms. 10/2013, 10/2014 y 7/2015), al ser posteriores al acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de agosto de 2013, que articula ya la nueva programación. Por lo demás, según el recurso de inconstitucionalidad, una cosa es la necesidad de que la Administración atienda sin demora sus obligaciones contractuales y otra bien distinta la necesidad de hacerlo mediante decreto-ley por concurrir una situación excepcional. El Gobierno, al igual que el Dictamen del Consejo de Estado de 13 de mayo de 2015, habría tratado de razonar la primera sin justificar la segunda. La constatación de la divergencia entre las cantidades presupuestadas y las deudas contraídas, así como los perjuicios vinculados al pago intempestivo, serviría para justificar la aprobación de un crédito extraordinario, pero en modo alguno para justificar la sustitución de las Cortes Generales en esa tarea mediante el recurso a la legislación gubernamental de urgencia. El Gobierno debió incluir la necesaria cobertura presupuestaria en los presupuestos generales del Estado o, en su defecto, promover la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley de autorización del crédito extraordinario mediante el procedimiento legislativo ordinario o, en su caso, el de urgencia [art. 55 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria (LGP)]. Por todo ello, el art. 1.1 del Real Decreto 7/2015 vulneraría el art. 86.1 CE, por lo que habría de declararse inconstitucional. 2. Mediante providencia de 21 de julio de 2015 el Pleno acuerda admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno a fin de que, en el plazo de 15 días, puedan personarse en el proceso y formular alegaciones. Ordenar a la vez la publicación de la incoación del recurso en el «BOE», que tuvo lugar en el núm. 177, de 25 de julio de 2015. 3. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 24 de julio de 2015, el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, solicita que se le tenga por personado en el presente recurso y una prórroga de ocho días para formular alegaciones, habida cuenta del número de asuntos que penden ante esa Abogacía. 4. Por providencia de 1 de septiembre de 2015, el Pleno de este Tribunal acuerda incorporar el anterior escrito al expediente, tener por personado al Abogado del Estado, así como conceder la prórroga solicitada. 5. Mediante sendos escritos, registrados en este Tribunal el 26 de agosto y el 10 de septiembre de 2015, los Presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados, respectivamente, comunicaron los acuerdos de las Mesas de ambas Cámaras de personarse en el procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). 6. Mediante escrito registrado en 23 de septiembre de 2015, el Abogado del Estado formula alegaciones, solicitando la desestimación del recurso de inconstitucionalidad. El escrito parte de que, cuando sobrevienen gastos inaplazables al ejercicio presupuestario siguiente, puede tramitarse un crédito extraordinario o suplemento de crédito (art. 55 LGP). La aprobación de este crédito o suplemento entrañaría una modificación perfectamente legítima de la ley de presupuestos (SSTC 206/2013, de 5 de diciembre; 217/2013, de 19 de diciembre). Tal modificación podría llegar a adoptar la forma de decreto-ley (art. 86 CE), si hay extraordinaria y urgente necesidad. El Abogado del Estado admite que en el momento de la elaboración del proyecto de ley de presupuestos para 2015 ya se habían contraído las obligaciones de pago para la adquisición de armamento. La necesidad de afrontar esas deudas sería previsible en este sentido. El Gobierno, en ese momento, solo habría estado en condiciones de determinar únicamente los gastos ordinarios de funcionamiento y administración (6.842.500 €). No habría podido concretar la cuantía exacta de aquellas obligaciones, por razones similares a las que dieron lugar a los Reales Decretos-leyes 10/2013 y 10/2014. Se traen a colación un informe de la Intervención General de Defensa, así como las comparecencias ante el Congreso del Ministro de Defensa y Hacienda, respectivamente, en la presentación de los presupuestos para 2015, de un lado, y en el debate de convalidación del decreto-ley, de otro. También se incluye la comparecencia del Secretario de Estado ante la Comisión de Defensa del Congreso de 6 de octubre de 2014. La imposibilidad de prever tales cuantías derivaría del carácter evolutivo del gasto público en el contexto de la crisis económica, siendo la contención de ese gasto el objetivo principal del Gobierno; la concreción de las cuantías dependería pues de la propia evolución del déficit público. Teniendo en cuenta la significativa cuantía de los programas especiales de defensa y su incidencia en la contabilización del déficit, cobraría todo sentido que el Gobierno, a mitad del ejercicio –cuando ya conocía la evolución del gasto público– habilitara el crédito extraordinario y lo hiciera mediante decreto-ley. La indicada imposibilidad resultaría igualmente de las peculiaridades de los programas de compra de material militar. Se destaca que en 2013 se alcanzaron unos preacuerdos con las industrias que permitieron diseñar un nuevo expediente para la aprobación de nuevos techos de gasto en los diferentes programas. Se trata del «expediente de reprogramación», que establece los límites de gasto autorizados al Ministerio de Defensa durante un periodo para atender las obligaciones de los programas especiales de armamento. Las cuantías anuales definitivas para hacer frente a este tipo de programas, dentro de los límites establecidos, se concretan una vez que se formalizan los contratos correspondientes con las empresas fabricantes. Los compromisos de pago de los programas multinacionales, que son los que mayor volumen de financiación necesitan, se determinan en octubre/noviembre de cada año tras las peticiones de fondos cursadas por las agencias que gestionan dichos programas. Esto implica que los pagos anuales no están fijados de antemano y que las cantidades definitivas anuales se conocen al final del ejercicio económico. Se insiste en que el Ministerio de Defensa realizó una reprogramación parcial de las compras y en que las cifras objeto de pago para el ejercicio 2015 fueron negociadas con la industria para obtener las condiciones económicas más beneficiosas. Tales importes no habrían podido calcularse en el momento de la elaboración del proyecto de ley de presupuestos, porque son objeto de negociación y de reconsideración parcial, por ejemplo, en lo que afecta al número de unidades o servicios necesarios. Sentada la imposibilidad de prever las cuantías concretas en el momento de la elaboración de la ley de presupuestos, el Abogado del Estado señala que la extraordinaria y urgente necesidad de habilitar el crédito extraordinario resultaría de las difíciles circunstancias económicas y, en particular, de la exigencia de respetar obligaciones ya contraídas y evitar los perjuicios asociados a su incumplimiento. La obligación de proceder al cumplimiento de los compromisos contraídos en los correspondientes contratos y no causar perjuicios a los afectados sería la razón de urgencia y necesidad que justificaría la tramitación del crédito extraordinario. Partiendo de la exposición de motivos y de las intervenciones parlamentarias, se apuntan los siguientes posibles perjuicios: la imposibilidad de mantener los compromisos internacionales, los costes adicionales como consecuencia de penalizaciones o intereses moratorios en los contratos con proveedores, la afectación al programa de modernización de las Fuerzas Armadas, la pérdida de capacidades industriales tecnológicamente avanzadas y el efecto directo sobre la producción y el empleo de nuestro país. Justificada así la extraordinaria y urgente necesidad del Real Decreto-ley controvertido, el Abogado del Estado descarta que estemos ante una manifestación más de un abuso continuado de la legislación de urgencia, con el objeto de no reflejar adecuadamente las partidas presupuestarias dedicadas a Defensa. Admite que tanto los anteriores reales decretos-leyes como el ahora controvertido responden a una problemática similar y expresan una práctica reiterada, que supone el empleo de esta modalidad normativa cómo fórmula de habilitación de créditos extraordinarios para la adquisición de equipamiento militar. Sin embargo, este hecho no sería indicativo de un abuso, porque el decreto-ley sería el cauce adecuado para una realidad singular y excepcional, que coincide con la manifestación de una profunda crisis económica y la necesidad de asumir drásticas medidas de tipo presupuestario, de las que el Ministerio de Defensa ha sido uno de los Departamentos más afectados. 7. Por providencia de 4 de octubre de 2016 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 6 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. Más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso interponen recurso de inconstitucionalidad contra el art. 1.1 del Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 € en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento. El precepto impugnado autoriza un crédito extraordinario al presupuesto en vigor de la sección 14 («Ministerio de Defensa»), servicio 03 («Secretaría de Estado de la Defensa»), programa 122B («Programas especiales de modernización»), capítulo 6 («Inversiones Reales»), artículo 65 («Inversiones militares en infraestructuras y otros bienes»), concepto 659 («Para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento»), por un importe de 846.440.673,35 €. De la exposición de motivos del Real Decreto-ley controvertido, así como del posterior debate de convalidación en el Congreso de los Diputados de 28 de mayo de 2015, resultarían las siguientes razones, aducidas como justificación de la extraordinaria y urgente necesidad que exige el art. 86.1 CE: la imposibilidad de concretar las cuantías de aquellas obligaciones en el momento de la elaboración de la ley de presupuestos, la consecuente insuficiente dotación presupuestaria, que obligaría a proporcionar financiación adicional para cubrir compromisos contractuales ajustados, y la evitación de los perjuicios a terceros que resultarían de la demora en el pago de esas deudas. El presente recurso –en línea con el núm. 6524/2014 interpuesto también en su día por Diputados del Congreso contra el Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de agosto– considera que no concurren los presupuestos que habilitarían para acudir a la legislación gubernamental de urgencia (art. 86.1 CE). La divergencia entre el alcance de la dotación presupuestaria inicial y el importe de las deudas contraídas tampoco en este caso podría funcionar como razón de urgente y extraordinaria necesidad; en realidad, tales obligaciones eran perfectamente conocidas y tal desfase fue deliberadamente perseguido por el propio Gobierno. El Real Decreto-ley controvertido, al igual que el núm. 10/2014, formaría parte de un «plan de decretos-leyes» que se apoya en la legislación de urgencia como instrumento ordinario o normal de pago. Tal plan consistiría en infra-presupuestar la partida correspondiente a los programas especiales de armamento en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado del año de que se trate para autorizar después un crédito extraordinario mediante decreto-ley. De modo que la previsión impugnada respondería a una situación conscientemente buscada por el propio Gobierno y, en consecuencia, a una situación que no podría calificarse de extraordinaria y urgente. Sería más bien un ejemplo más de la clara subversión producida en el sistema constitucional de aprobación de las cuentas públicas. Año tras año el Gobierno escamotearía a las Cortes Generales la autorización de elevadísimos gastos que sabe que van a existir. La constatación de la divergencia entre las cantidades presupuestadas y las deudas contraídas, así como los perjuicios vinculados al pago intempestivo, podrían llegar a justificar la aprobación de un crédito extraordinario, pero en modo alguno la sustitución de las Cortes Generales en esa tarea mediante el recurso a la legislación de urgencia. Por su parte, el Abogado del Estado admite que en el momento de la elaboración del proyecto de ley de presupuestos para 2015 ya se habían contraído las obligaciones de pago para la adquisición de armamento a las que se refiere el Decreto-ley impugnado. Reconoce también que esto es la manifestación última de una práctica reiterada, que supone el empleo de esta modalidad normativa cómo fórmula de habilitación de créditos extraordinarios para la adquisición de equipamiento militar. Sin embargo, considera que el Gobierno habría justificado cumplidamente la necesidad extraordinaria y urgente de acudir al decreto-ley. La evolución de la economía, en general, y del gasto público, en particular, así como las peculiaridades de los programas especiales de Defensa, impedirían prever el alcance exacto de las obligaciones contraídas en el momento de la elaboración de la ley de presupuestos. Sentada esta idea, el Abogado del Estado señala que la extraordinaria y urgente necesidad de habilitar el crédito resultaría de la obligación de afrontar los compromisos contraídos y de evitar perjuicios asociados al cumplimiento tardío, tal como resulta de la exposición de motivos y del debate de convalidación del Real Decreto-ley impugnado. 2. La STC 126/2016, de 7 de julio, ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad núm. 6524-2014 interpuesto contra el art. 2.1 del citado Real Decreto-ley 10/2014. Esta disposición fue recurrida por la misma razón –y planteaba el mismo problema constitucional– que el art. 1.1 del Real Decreto-ley aquí controvertido, tal como destacan los Diputados recurrentes y el propio Abogado del Estado. La STC 126/2016 constató el desarrollo de «una práctica legislativa» relativa a la financiación de los programas especiales de armamento que «debe calificarse, al menos, como singular». El Gobierno habría optado por desarrollar un sistema de financiación peculiar, esencialmente caracterizado por la flexibilidad en cuanto al calendario de pagos e, incluso, en cuanto al montante global de cada anualidad. Tal flexibilidad impediría conocer «la cuantía final líquida que debe imputarse a cada ejercicio presupuestario hasta que éste se ejecuta». Diseñado así el sistema, la práctica «singular» consiste en que el proyecto anual de ley de presupuestos recoge únicamente los gastos ordinarios de funcionamiento y administración (cifrados invariablemente en 6.842.500 € desde 2011), para incrementar exponencialmente el importe presupuestado después a través de créditos extraordinarios habilitados por decreto-ley. La autorización de créditos extraordinarios por esa vía para el pago de este tipo de programas sería de este modo «una práctica habitual», «más que la respuesta a una situación de extraordinaria y urgente necesidad por imprevisible» (STC 126/2016, FJ 4). La constatación de esta práctica se produce a la vista de una secuencia ininterrumpida de decretos-leyes de autorización de créditos extraordinarios para el pago de los programas especiales de Defensa (los núms. 26/2012, de 7 de septiembre, y 10/2013, de 26 de julio, además del entonces controvertido 10/2014); así como de las declaraciones efectuadas por el Secretario de Estado en relación con la Ley de presupuestos para 2015. Este Tribunal destacó que estas declaraciones, efectuadas en la Comisión de Defensa del Congreso, sesión del 6 de octubre de 2014, anunciaban que «el Gobierno volverá a atender sus compromisos de pago mediante el uso del decreto-ley para autorizar un crédito extraordinario, pagos derivados de los programas especiales de armamento» (STC 126/2016, FJ 4). El vaticinio se ha cumplido efectivamente, a través del Real Decreto-ley 7/2015, que es el recurrido en el presente proceso constitucional. Tras apreciar esta singular práctica, la STC 126/2016, FJ 6, pasó a examinar «la única argumentación utilizada, tanto en la exposición de motivos de la norma impugnada, como en las afirmaciones efectuadas en sede parlamentaria», para justificar la necesidad urgente y extraordinaria de emplear legislación gubernamental de urgencia (art. 86.1 CE). Tal argumentación remitía al «desconocimiento –en el momento de elaboración de los presupuestos generales del Estado– del importe exacto a abonar en este tipo de programas, junto con la necesidad de hacer frente al pago a los proveedores y las nefastas consecuencias que un retraso en dicho abono supondría para España». La STC 126/2016, FJ 6, declaró a este respecto que la «especial financiación de los programas de defensa aquí analizados puede justificar la utilización del crédito extraordinario al margen de la programación presupuestaria normal», pero «ese carácter extraordinario bien podría vehicularse a través de la ley y no indefectiblemente mediante el real decreto-ley cuyo uso legítimo se halla restringido por la Constitución». Las razones aducidas «no pueden justificar la utilización de una figura excepcional como el Decreto-ley; el pago de las obligaciones contractuales adquiridas por el Estado no puede ser, en sí mismo, un argumento válido para justificar la situación de ‘extraordinaria y urgente necesidad’ requerida en el art. 86 CE si no va acompañado de una justificación adicional que explicite las razones en virtud de las cuales el pago de una obligación adquiere tal gravedad». El Tribunal señaló en este sentido que en el caso se trataba de «la adquisición de material militar», sin que el Gobierno hubiera razonado «la urgencia del pago de tales adquisiciones». Simplemente aludió «a la importancia de que se pague a los proveedores para evitar el descrédito internacional del país y los posibles perjuicios que del retraso en el pago pudieran derivarse». Se añade a este respecto la consideración de que tales consecuencias negativas podrían aparecer «en cualquier retraso de pago de cualquier obligación contractual del Estado, sin que en el presente caso se haya justificado la especial trascendencia de tales perjuicios» (STC 126/2016, FJ 6). 3. El Real Decreto-ley 7/2015 es una manifestación más de aquella práctica, cuando menos singular, en consonancia con lo alegado por los Diputados recurrentes y el propio Abogado del Estado, que ha admitido que el Gobierno está empleando el decreto-ley como modo normal de habilitación de créditos para la adquisición de equipamiento militar. Las razones aducidas por el Gobierno para adoptar el Real Decreto-ley 7/2015 son exactamente las mismas que las explicitadas en su momento para justificar el Real Decreto-ley 10/2014: la imposibilidad de concretar las cuantías de los compromisos de pago del programa especial de armamento en el momento de la elaboración de la ley de presupuestos, la consecuente insuficiente dotación presupuestaria, que obligaría a proporcionar financiación adicional para cubrir compromisos contractuales ajustados, y la evitación de los perjuicios que resultarían de la demora en el pago de esas deudas. Así resulta inequívocamente de la exposición de motivos del Real Decreto-ley controvertido, tal como coinciden igualmente en destacar los Diputados recurrentes y el Abogado del Estado. La indicada exposición de motivos señala: «La insuficiente dotación presupuestaria obliga a proporcionar financiación adicional para cubrir los compromisos financieros que se derivan de los compromisos contractuales ajustados. Dado que la Administración está obligada a atender el pago de obligaciones contractuales; y, junto a ello, la necesidad de no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros, constituyen las razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la concesión del crédito extraordinario mediante real decreto-ley». A la vista de que la previsión impugnada, al igual que el art. 2.1 del Real Decreto-ley 10/2014, es manifestación de aquella singular práctica y de que ha seguido justificándose en los mismos motivos, debemos trasladar aquí cuanto hemos razonado en la STC 126/2016 y, en consecuencia, declarar que el art. 1.1 del Real Decreto-ley 7/2015 incurre en inconstitucionalidad y nulidad, reiterando que «el recurso sistemático al decreto-ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento no se ajusta a las previsiones constitucionales contenidas en el art. 86.1 CE» (FJ 6). 4. Resta determinar los efectos de esta declaración a fin de atender adecuadamente a otros valores, singularmente la protección de los terceros de buena fe que mantienen relaciones económicas con la Administración, que se vería gravemente comprometida si desapareciese la autorización del crédito extraordinario incluida en el Real Decreto-ley 7/2015. A tal fin, tras ponderar el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y en línea con la STC 126/2016, FJ 7, declaramos no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad, además de las situaciones decididas mediante Sentencia con fuerza de cosa juzgada (art. 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), las establecidas mediante actuaciones administrativas firmes. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Estimar el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar inconstitucional y nulo el art. 1.1 del Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento, con los efectos jurídicos señalados en el fundamento jurídico cuarto. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a seis de octubre de dos mil dieciséis.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.

Contrato de urgencia de los servicios de definición, implantación y operación de un cuadro de mando para el Centro de Mando y Control de la evolución del Covid-19 por un importe total de 244.300,00 euros.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Rios, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 3925-2015 interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra el art. 1.1 del Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 € en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal Constitucional el 2 de julio de 2015, más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso interponen recurso de inconstitucionalidad contra el art. 1.1 del Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 € en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento. El precepto impugnado autoriza un crédito extraordinario al presupuesto en vigor de la sección 14 («Ministerio de Defensa»), servicio 03 («Secretaría de Estado de la Defensa»), programa 122B («Programas especiales de modernización»), capítulo 6 («Inversiones Reales»), artículo 65 («Inversiones militares en infraestructuras y otros bienes»), concepto 659 («Para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento»), por un importe de 846.440.673,35 €. De la exposición de motivos del Real Decreto-ley aquí controvertido, así como del posterior debate de convalidación en el Congreso de los Diputados de 28 de mayo de 2015, resultarían las siguientes dos razones, aducidas como justificación de la extraordinaria y urgente necesidad que exige el art. 86.1 CE: por un lado, la insuficiente dotación presupuestaria obligaría a proporcionar financiación adicional para cubrir compromisos contractuales ajustados y, por otro, la evitación de los perjuicios asociados a la demora en el pago de esas obligaciones. El presente recurso de inconstitucionalidad, en línea con el presentado en su día contra el Real Decreto-ley 10/2014, considera que la divergencia entre la dotación presupuestaria inicial y la cuantía de las obligaciones contraídas no puede funcionar como razón de urgente y extraordinaria necesidad, si aquellas obligaciones eran perfectamente conocidas y si tal divergencia fue deliberadamente perseguida por el propio Gobierno. Los diputados recurrentes razonan ampliamente el carácter absolutamente previsible de las obligaciones que el Gobierno ha querido afrontar y, más aún, que el Real Decreto-ley controvertido forma parte de un plan que se apoya en la legislación de urgencia como instrumento ordinario o normal de pago. En cuanto a lo primero, el crédito extraordinario autorizado mediante el Real Decreto-ley impugnado se refiere a obligaciones de pago cuya concurrencia no podría calificarse de imprevisible a la vista de su envergadura y de que no han surgido espontánea o inesperadamente ni traen causa de nuevos contratos, tratados o necesidades. Están previstas en los denominados programas especiales de armamento. En particular, por acuerdo de 2 de agosto de 2013, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Defensa a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para atender a reprogramaciones, ajustes de anualidades y nuevos proyectos correspondientes a los programas especiales de modernización. Este acuerdo estableció los nuevos límites anuales de gasto hasta el año 2030, lo que permite reafirmar que el Gobierno era conocedor de las necesidades presupuestarias para satisfacer los pagos de dicho programa en cada ejercicio. A la vista del señalado acuerdo, cabe asegurar que el Gobierno conocía los 19 subconceptos de las obligaciones para cuya satisfacción se dota el crédito extraordinario por lo menos desde el 2 de agosto de 2013, estando varios de ellos ya previstos en reales decretos-leyes anteriores. De modo que el Gobierno conocía la existencia, cuantía y vencimientos de estas obligaciones; ello lo habría admitido además explícitamente a través del Ministro de Defensa, con ocasión del debate de los presupuestos generales para 2015, así como del Secretario de Estado de Defensa en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados de 6 de octubre de 2014, en relación con los mismos presupuestos. La previsión impugnada respondería pues a una situación consciente y deliberadamente buscada por el propio Gobierno que, en consecuencia, no podría calificarse de extraordinaria y urgente. Sería, no la respuesta a una «coyuntura económica problemática», sino la última manifestación de un plan o modo general e intencionado de actuación constitutivo de una clara subversión del sistema constitucional de aprobación de las cuentas públicas. Tal plan consistiría en infra-presupuestar la partida correspondiente a los programas especiales de armamento en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado del año de que se trate para autorizar después un crédito extraordinario mediante decreto-ley, lo que supone escamotear a las Cortes Generales unos gastos que se sabe que van a existir. La norma controvertida sería ### RESUMEN: Contrato de urgencia de los servicios de definición, implantación y operación de un cuadro de mando para el Centro de Mando y Control de la evolución del Covid-19 por un importe total de 244.300,00 euros.

La disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, con la que se fijan las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura establece un volumen máximo anual total a trasvasar de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana). Dicha Ley establece cuatro niveles, numerados del 1 al 4, para los que se fijan los potenciales envíos. Para los niveles 1 y 2 la determinación de los volúmenes a trasvasar queda establecida de forma automática. En situación de nivel 4 no se podrá realizar trasvase alguno. Para el caso de nivel 3, denominado ‘de situaciones hidrológicas excepcionales’ se invoca una regulación reglamentaria que fue establecida mediante el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura. Así, para este caso, el artículo 1 del citado RD 773/2014, de 12 de septiembre, indica los valores umbral mensuales de reservas conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía que definen el nivel 3 y, asimismo, establece que, al tratarse de una situación hidrológica excepcional, y por tanto de riesgo, se fija un rango mínimo precautorio de trasvase que se sitúa en el umbral 0, a partir del cual el órgano competente habrá de motivar los volúmenes que discrecionalmente decida autorizar hasta el límite trasvasable de 20 hm3/mes. El órgano competente se define en el apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio. Así, cuando concurran las condiciones del nivel 3, autorizará los trasvases el Ministro o Ministra que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, creada por Real Decreto 1982/1978, de 26 de julio, modificada, en cuanto a su composición por Real Decreto 2529/1980, de 14 de noviembre. De acuerdo con el artículo 14.2 del Real Decreto 2/2020, de 13 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la propuesta y ejecución de la política del agua como bien público esencial. Por tanto, corresponde a la titular de este departamento autorizar los trasvases por el acueducto Tajo-Segura en situación de nivel 3. Por otra parte, y tal y como establece el artículo 6 de la Orden TEC/1425/2018, de 17 de diciembre, de delegación de competencias en el Ministerio para la Transición Ecológica, la Ministra delega en el titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente la autorización de los trasvases a través del Acueducto Tajo-Segura, cuando concurran las condiciones hidrológicas del Nivel 3, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. En reunión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, celebrada el 8 de septiembre del 2020, se ha constatado una situación hidrológica excepcional, nivel 3 y se ha realizado una valoración técnica de la situación. Según se recoge en dicho informe realizado por el CEDEX para este mes de septiembre, conforme a la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, a fecha de 1 de septiembre de 2020 no queda pendiente de trasvasar ningún volumen autorizado en meses anteriores y las existencias efectivas en el conjunto de embalses de Entrepeñas-Buendía el día 1 de septiembre de 2020 ascienden a 604,2 hm3, siendo este valor inferior al de referencia de 631 hm3 de paso entre los niveles 2 y 3 fijado en el RD 773/2014 para el mes de septiembre y superior al umbral de 400 hm3 de reservas no trasvasables, por lo que se constata la situación hidrológica excepcional, nivel 3. De acuerdo con la situación registrada a comienzos de septiembre, la aplicación trimestral de la regla de explotación realizada en el informe del CEDEX indica que el sistema se encontraría en situación hidrológica excepcional (nivel 3) durante todo el trimestre. De acuerdo con el método previsto para situaciones hidrológicas excepcionales, el trasvase resultante para el mes de septiembre podría llegar a un máximo de 20 hm3. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, en su reunión de 8 de septiembre del 2020 y a la vista del informe del CEDEX, decide informar, conforme a lo previsto legalmente para este caso, que se podría autorizar un volumen máximo de 20,0 hm3 para el mes de septiembre de 2020. Por otra parte, la Comisión ha tomado razón de la imposibilidad técnica de realizar envíos de agua hacia el acueducto Tajo-Segura por haberse iniciado los trabajos de reparación en el embalse de la Bujeda el día 4 de septiembre. Considerando todo lo expuesto anteriormente: 1. Se constata que a fecha 1 de septiembre de 2020 la situación del sistema es la correspondiente al Nivel 3, referida a situaciones hidrológicas excepcionales. 2. Se toma nota de la previsión para el trimestre, que indica que el sistema se mantendrá en situación hidrológica excepcional. 3. Se toma nota de que, a fecha de 1 de septiembre de 2020 no queda pendiente de trasvasar ningún volumen autorizado en meses anteriores. 4. Se toma nota de la propuesta de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura celebrada el 8 de septiembre de 2020 que, a la vista del informe del CEDEX, concluye que se podría autorizar hasta un volumen máximo de 20,0 hm3 para el mes de septiembre de 2020. 5. Se toma razón de la imposibilidad técnica de realizar envíos de agua durante el mes de septiembre hacia el acueducto Tajo-Segura y del cierre provisional del trasvase por haberse iniciado los trabajos de reparación en el embalse de la Bujeda el día 4 de septiembre. 6. Se toma en consideración la imposibilidad técnica de realizar envíos de agua hacia el acueducto Tajo-Segura debido a las reparaciones que se llevan a cabo en el embalse de La Bujeda. Por todo ello, en aplicación de los principios de prevención y precaución que deben presidir la acción de las Administraciones Públicas, considerando la imposibilidad técnica de materializar actualmente envíos de agua durante el mes de septiembre hacia el acueducto Tajo-Segura, autorizo un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura, de 0 hm3 para el mes de septiembre de 2020. Madrid, 8 de septiembre de 2020.–La Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, P. D. (Orden TEC/1425/2018, de 17 de diciembre), el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Alfonso Morán Fernández.

Licitación para depuradora El Quiñón de Seseña por importe total de 432.000 euros anuales.

La disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, con la que se fijan las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura establece un volumen máximo anual total a trasvasar de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana). Dicha Ley establece cuatro niveles, numerados del 1 al 4, para los que se fijan los potenciales envíos. Para los niveles 1 y 2 la determinación de los volúmenes a trasvasar queda establecida de forma automática. En situación de nivel 4 no se podrá realizar trasvase alguno. Para el caso de nivel 3, denominado ‘de situaciones hidrológicas excepcionales’ se invoca una regulación reglamentaria que fue establecida mediante el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura. Así, para este caso, el artículo 1 del citado RD 773/2014, de 12 de septiembre, indica los valores umbral mensuales de reservas conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía que definen el nivel 3 y, asimismo, establece que, al tratarse de una situación hidrológica excepcional, y por tanto de riesgo, se fija un rango mínimo precautorio de trasvase que se sitúa en el umbral 0, a partir del cual el órgano competente habrá de motivar los volúmenes que discrecionalmente decida autorizar hasta el límite trasvasable de 20 hm3/mes. El órgano competente se define en el apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio. Así, cuando concurran las condiciones del nivel 3, autorizará los trasvases el Ministro o Ministra que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, creada por Real Decreto 1982/1978, de 26 de julio, modificada, en cuanto a su composición por Real Decreto 2529/1980, de 14 de noviembre. De acuerdo con el artículo 14.2 del Real Decreto 2/2020, de 13 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la propuesta y ejecución de la política del agua como bien público esencial. Por tanto, corresponde a la titular de este departamento autorizar los trasvases por el acueducto Tajo-Segura en situación de nivel 3. Por otra parte, y tal y como establece el artículo 6 de la Orden TEC/1425/2018, de 17 de diciembre, de delegación de competencias en el Ministerio para la Transición Ecológica, la Ministra delega en el titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente la autorización de los trasvases a través del Acueducto Tajo-Segura, cuando concurran las condiciones hidrológicas del Nivel 3, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. En reunión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, celebrada el 8 de septiembre del 2020, se ha constatado una situación hidrológica excepcional, nivel 3 y se ha realizado una valoración técnica de la situación. Según se recoge en dicho informe realizado por el CEDEX para este mes de septiembre, conforme a la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, a fecha de 1 de septiembre de 2020 no queda pendiente de trasvasar ningún volumen autorizado en meses anteriores y las existencias efectivas en el conjunto de embalses de Entrepeñas-Buendía el día 1 de septiembre de 2020 ascienden a 604,2 hm3, siendo este valor inferior al de referencia de 631 hm3 de paso entre los niveles 2 y 3 fijado en el RD 773/2014 para el mes de septiembre y superior al umbral de 400 hm3 de reservas no trasvasables, por lo que se constata la situación hidrológica excepcional, nivel 3. De acuerdo con la situación registrada a comienzos de septiembre, la aplicación trimestral de la regla de explotación realizada en el informe del CEDEX indica que el sistema se encontraría en situación hidrológica excepcional (nivel 3) durante todo el trimestre. De acuerdo con el método previsto para situaciones hidrológicas excepcionales, el trasvase resultante para el mes de septiembre podría llegar a un máximo de 20 hm3. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, en su reunión de 8 de septiembre del 2020 y a la vista del informe del CEDEX, decide informar, conforme a lo previsto legalmente para este caso, que se podría autorizar un volumen máximo de 20,0 hm3 para el mes de septiembre de 2020. Por otra parte, la Comisión ha tomado razón de la imposibilidad técnica de realizar envíos de agua hacia el acueducto Tajo-Segura por haberse iniciado los trabajos de reparación en el embalse de la Bujeda el día 4 de septiembre. Considerando todo lo expuesto anteriormente: 1. Se constata que a fecha 1 de septiembre de 2020 la situación del sistema es la correspondiente al Nivel 3, referida a situaciones hidrológicas excepcionales. 2. Se toma nota de la previsión para el trimestre, que indica que el sistema se mantendrá en situación hidrológica excepcional. 3. Se toma nota de que, a fecha de 1 de septiembre de 2020 no queda pendiente de trasvasar ningún volumen autorizado en meses anteriores. 4. Se toma nota de la propuesta de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura celebrada el 8 de septiembre de 2020 que, a la vista del informe del CEDEX, concluye que se podría autorizar hasta un volumen má ### RESUMEN: Licitación para depuradora El Quiñón de Seseña por importe total de 432.000 euros anuales.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ayuntamiento de Seseña. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Secretaría. 2) Domicilio: Plaza Bayona, 1 y c/ Lope de Vega, 25 c/v c/ Antonio Machado. 3) Localidad y código postal: Seseña, 45223. 4) Teléfono: 91 808 88 57. 5) Telefax: 91 894 17 39 - 91 895 79 69. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-sesena.org. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 1 de abril de 2013. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios de depuración de aguas residuales, mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 'El Quiñón' de Seseña. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No. e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años. f) Admisión de prórroga: Sí, hasta un total de 4 años. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90420000-7. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 392.727,27 euros anuales. Importe total: 432.000 euros anuales, IVA incluido. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 47.127,29 euros. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 1 de abril de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Ayuntamiento de Seseña o Concejalía de Ordenación del Territorio y Servicios. 2) Domicilio: Plaza Bayona, 1, y c/ Lope de Vega, 25 c/v c/ Antonio Machado. 3) Localidad y código postal: Seseña, 45223. 4) Dirección electrónica: luznavarro@ayto-sesena.org. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Plaza Bayona, 1. c) Localidad y código postal: Seseña. 45223. d) Fecha y hora: 16 de abril de 2013, a las 12:00 horas. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 8 de febrero de 2013. Seseña, 12 de febrero de 2013.- El Alcalde del Ayuntamiento de Seseña.

Esta orden contiene 3 nombramientos de personas que hace tiempo que ocupan el cargo.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ayuntamiento de Seseña. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Secretaría. 2) Domicilio: Plaza Bayona, 1 y c/ Lope de Vega, 25 c/v c/ Antonio Machado. 3) Localidad y código postal: Seseña, 45223. 4) Teléfono: 91 808 88 57. 5) Telefax: 91 894 17 39 - 91 895 79 69. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-sesena.org. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 1 de abril de 2013. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios de depuración de aguas residuales, mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 'El Quiñón' de Seseña. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No. e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años. f) Admisión de prórroga: Sí, hasta un total de 4 años. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90420000-7. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 392.727,27 euros anuales. Importe total: 432.000 euros anuales, IVA incluido. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 47.127,29 euros. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 1 de abril de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Ayuntamiento de Seseña o Concejalía de Ordenación del Territorio y Servicios. 2) Domicilio: Plaza Bayona, 1, y c/ Lope de Vega, 25 c/v c/ Antonio Machado. 3) Localidad y código postal: Seseña, 45223. 4) Dirección electrónica: luznavarro@ayto-sesena.org. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Plaza Bayona, 1. c) Localidad y código postal: Seseña. 45223. d) Fecha y hora: 16 de abril de 2013, a las 12:00 horas. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 8 de febrero de 2013. Seseña, 12 de febrero de 2013.- El Alcalde del Ayuntamiento de Seseña. ### RESUMEN: Esta orden contiene 3 nombramientos de personas que hace tiempo que ocupan el cargo.

Por Resolución de 8 de octubre de 2015 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de octubre), se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de varios puestos de trabajo en la Secretaría de Estado de Cultura. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y previo cumplimiento de la tramitación prevista en el capítulo III del título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del procedimiento, así como el cumplimiento por parte de las candidatas elegidas de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, Esta Secretaría de Estado ha dispuesto resolver la referida convocatoria según se detalla en el anexo. La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, según lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Madrid, 20 de noviembre de 2015.–El Secretario de Estado de Cultura, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo Sáinz. ANEXO Secretaría de Estado de Cultura Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro Subdirección General de Promoción Exterior de la Cultura Número de orden: 1. Código de puesto: 4668331. Denominación: Subdirector/Subdirectora General. Nivel: 30. Grupo/Subgrupo: A1. Complemento específico: 24.332,42 euros/año. Administración: AE (Administración del Estado). Localidad: Madrid. Destino de procedencia: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Lledó Laredo, María Dolores. Número de Registro de Personal: 0263245468 A0001. Grupo/Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: C. Carrera Diplomática. Situación: Servicio activo. Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo Número de orden: 2. Código de puesto: 5112480. Denominación: Subdirector/Subdirectora General. Nivel: 30. Grupo/Subgrupo: A1. Complemento específico: 24.332,42 euros/año. Administración: AE (Administración del Estado). Localidad: Madrid. Destino de procedencia: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Carazo Rubio, Rafael Antonio. Número de Registro de Personal: 7467254168 A1111. Grupo/Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Situación: Servicio activo. Unidad de Apoyo Número de orden: 3. Código de puesto: 2935532. Denominación: Vocal Asesor/Vocal Asesora. Nivel: 30. Grupo/Subgrupo: A1. Complemento específico: 19.626,88 euros/año. Administración: AE (Administración del Estado). Localidad: Madrid. Destino de procedencia: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Pascual Echalecu, Javier. Número de Registro de Personal: 5145077924 A1111. Grupo/Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: Cuerpo: Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Situación: Servicio activo.

Licitación de la campaña contra fraude fiscal e información tributaria por importe total de 1.900.000,00 euros.

Por Resolución de 8 de octubre de 2015 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de octubre), se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de varios puestos de trabajo en la Secretaría de Estado de Cultura. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y previo cumplimiento de la tramitación prevista en el capítulo III del título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del procedimiento, así como el cumplimiento por parte de las candidatas elegidas de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, Esta Secretaría de Estado ha dispuesto resolver la referida convocatoria según se detalla en el anexo. La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, según lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Madrid, 20 de noviembre de 2015.–El Secretario de Estado de Cultura, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo Sáinz. ANEXO Secretaría de Estado de Cultura Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro Subdirección General de Promoción Exterior de la Cultura Número de orden: 1. Código de puesto: 4668331. Denominación: Subdirector/Subdirectora General. Nivel: 30. Grupo/Subgrupo: A1. Complemento específico: 24.332,42 euros/año. Administración: AE (Administración del Estado). Localidad: Madrid. Destino de procedencia: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Lledó Laredo, María Dolores. Número de Registro de Personal: 0263245468 A0001. Grupo/Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: C. Carrera Diplomática. Situación: Servicio activo. Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo Número de orden: 2. Código de puesto: 5112480. Denominación: Subdirector/Subdirectora General. Nivel: 30. Grupo/Subgrupo: A1. Complemento específico: 24.332,42 euros/año. Administración: AE (Administración del Estado). Localidad: Madrid. Destino de procedencia: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Carazo Rubio, Rafael Antonio. Número de Registro de Personal: 7467254168 A1111. Grupo/Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Situación: Servicio activo. Unidad de Apoyo Número de orden: 3. Código de puesto: 2935532. Denominación: Vocal Asesor/Vocal Asesora. Nivel: 30. Grupo/Subgrupo: A1. Complemento específico: 19.626,88 euros/año. Administración: AE (Administración del Estado). Localidad: Madrid. Destino de procedencia: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Pascual Echalecu, Javier. Número de Registro de Personal: 5145077924 A1111. Grupo/Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: Cuerpo: Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Situación: Servicio activo. ### RESUMEN: Licitación de la campaña contra fraude fiscal e información tributaria por importe total de 1.900.000,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. c) Número de expediente: 13700183600. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Medios. Servicios de publicidad. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341000 (Servicios de publicidad). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 de enero de 2014. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.570.247,93 euros. Importe total: 1.900.000,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 11 de marzo de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 31 de marzo de 2014. c) Contratista: Persuade Comunicación, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.570.247,93 euros. Importe total: 1.900.000,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más ventajosa, según se desprende del contenido del informe de clasificación de ofertas. Madrid, 1 de abril de 2014.- Director del Servicio de Gestión Económica.

Real Decreto-ley aprobado que incluye registro entidades que promuevan donación células madre.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. c) Número de expediente: 13700183600. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Medios. Servicios de publicidad. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341000 (Servicios de publicidad). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 de enero de 2014. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.570.247,93 euros. Importe total: 1.900.000,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 11 de marzo de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 31 de marzo de 2014. c) Contratista: Persuade Comunicación, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.570.247,93 euros. Importe total: 1.900.000,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más ventajosa, según se desprende del contenido del informe de clasificación de ofertas. Madrid, 1 de abril de 2014.- Director del Servicio de Gestión Económica. ### RESUMEN: Real Decreto-ley aprobado que incluye registro entidades que promuevan donación células madre.

I El trasplante de células y tejidos humanos ha experimentado un incremento considerable en los últimos años. En el ámbito de la Unión Europea y con el fin de regular la creciente utilización clínica de dichos elementos se ha aprobado la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos; la Directiva 2006/17/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos humanos; y la Directiva 2006/86/CE de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos de trazabilidad, la notificación de las reacciones y los efectos adversos graves y determinados requisitos técnicos para la codificación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos. El Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos, vino a transponer la normativa comunitaria al ordenamiento jurídico interno de España. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha anulado, por insuficiencia de rango, el mencionado real decreto mediante su reciente sentencia de 30 de mayo de 2014. La decisión del Alto Tribunal deja sin regulación jurídica, en materia de donación y trasplante de células y tejidos humanos, aspectos relativos a la calidad y seguridad de la donación tan importantes como la voluntariedad, el anonimato entre donante y receptor, el altruismo y la solidaridad que caracterizan el modelo de trasplantes del Sistema Nacional de Salud; los sistemas de control de los procesos que se suceden desde la obtención de las células y tejidos hasta su implantación; las condiciones que deben reunir los centros y unidades de obtención y aplicación así como los establecimientos de tejidos; los sistemas y canales de información sobre donación de células y tejidos; los objetivos y criterios de acceso, basados en la evaluación objetiva de las necesidades médicas, a las células y tejidos; la participación del sector público y de las organizaciones sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios de utilización de células y tejidos humanos. La ausencia de regulación en tales ámbitos daría lugar a la supresión de las exigencias vigentes aplicables a la donación de tejidos y células -con frecuencia provenientes no solo de países miembros de la Unión Europea sino también de terceros países- y, por tanto, a la eliminación de medidas, con el consiguiente riesgo para la salud pública, destinadas a evitar la transmisión de enfermedades del donante al receptor en los implantes de tejidos, algunos de ellos con notable importancia cuantitativa y cualitativa de utilización como el de médula ósea, sangre de cordón umbilical, tejido óseo o córneas. En concreto, esta falta de regulación conllevaría, en primer lugar, una ausencia de garantías de calidad y seguridad en las donaciones y trasplantes de tejidos por inexistencia de condiciones y requisitos para intervenir en dicho ámbito. La inexistencia de exigencias imprescindibles, en cuanto a determinaciones en los donantes o a procesamiento de los tejidos, generaría, por ejemplo, un elevado riesgo de transmisión de enfermedades o de fracaso de un trasplante. En segundo lugar, también se produciría una ausencia de controles públicos necesarios en lo relativo al ámbito de la donación de células y tejidos y, señaladamente, en el de donación de médula ósea. Y en esta misma línea de inexistencia de requisitos y controles públicos necesarios resulta especialmente preocupante la ausencia de control sobre importaciones y exportaciones de tejidos. La norma declarada nula exigía autorización administrativa previa para la importación o exportación de tejidos procedentes de, o con destino a, terceros países. En esta situación podrían enviarse, sin ningún control, tejidos de donantes españoles a cualquier país del mundo, o podrían entrar en España tejidos de donantes procedentes de países sin los criterios mínimos de calidad con el riesgo de transmisión de enfermedades a los receptores. II Este real decreto-ley responde a la evidente necesidad de regular con la requerida urgencia el marco jurídico indispensable para la materialización inmediata de la utilización de células y tejidos humanos, así como de los productos elaborados derivados de ellos, cuando están destinados a ser aplicados al ser humano, en los mismos términos que ya consagraba el real decreto ahora anulado. Con el fin de mantener tanto las garantías de control de la importación y exportación de tejidos provenientes y destinados a terceros países, como las de establecimiento y funcionamiento de entidades españolas y extranjeras en este ámbito y las de seguridad jurídica de pacientes y profesionales en relación con este tipo de trasplantes, resulta imprescindible una actuación normativa con carácter inmediato. Se trata de garantizar la regulación de numerosos aspectos y actividades relacionados con la aplicación terapéutica de células y tejidos humanos a efectos de soslayar el riesgo que la actual situación conlleva para la salud pública, lo cual no admite dilatar en el tiempo la regulación de la materia. Al mismo tiempo, con esta norma se da cumplimiento al rango normativo exigido por el artículo 43.2 de la Constitución Española que consagra como principio rector de la política social y económica la obligación de los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de prestaciones sanitarias, estableciendo los «deberes y derechos de todos» al respecto. El Tribunal Constitucional ha señalado, en sentencias como la 182/1997, de 28 de octubre, y la 245/2004, de 16 de diciembre, que el hecho de que una materia esté sujeta al principio de reserva de ley no permite concluir que la misma se encuentre excluida del ámbito de regulación del real decreto-ley, el cual puede penetrar en dicha materia siempre que se den los requisitos constitucionales de presupuesto habilitante y no «afecte», en el sentido constitucional del término, a las materias excluidas en el artículo 86 de la Constitución Española, aspecto que necesariamente se relaja al encontramos en presencia de un principio rector de la política social y económica del Capítulo III del Título I de la Constitución. Por todo ello, el Gobierno considera que concurren los presupuestos necesarios de extraordinaria y urgente necesidad establecidos en el artículo 86 de la Constitución Española que le habilitan para aprobar estas medidas mediante el mecanismo de un real decreto-ley. III Este real decreto-ley consta de treinta y ocho artículos distribuidos en seis capítulos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, cuatro disposiciones finales y ocho anexos. El capítulo I contiene las disposiciones generales relativas al objeto y ámbito de aplicación de la norma; a las definiciones; a los principios de gratuidad y carácter no lucrativo; a la promoción y publicidad; a la educación y a la formación; y a la confidencialidad. El presente real decreto-ley resulta de aplicación a todos los tejidos y células humanas, incluyendo las células progenitoras hematopoyéticas de sangre periférica, cordón umbilical o médula ósea; las células reproductoras, excepto en los aspectos regulados en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida; las células y tejidos fetales, y las células troncales adultas y embrionarias cuando su finalidad sea el uso terapéutico o la aplicación clínica. Se excluyen de su ámbito de aplicación, la sangre y los productos sanguíneos, a excepción de las células progenitoras hematopoyéticas y los órganos humanos. También quedan excluidos de dicho ámbito los procedimientos de investigación con células y tejidos que no incluyan una aplicación en el cuerpo humano. Esta norma prevé, además, la posibilidad de que existan establecimientos entre cuyas actividades figure la preservación de células y/o tejidos para un eventual uso autólogo, estableciendo las condiciones que tales establecimientos deben cumplir. El capítulo II contiene disposiciones sobre donación y obtención de células y tejidos humanos, diferenciando la regulación en función de si provienen de donantes vivos o de donantes fallecidos; sobre la autorización de actividades en los centros y unidades de obtención de células y tejidos; sobre la selección y evaluación del donante; sobre el procedimiento de obtención de células y tejidos; sobre el empaquetado, etiquetado y transporte de células y tejidos hasta el establecimiento de tejidos; y sobre el sistema de recogida y custodia de la información. El capítulo III regula el procesamiento, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos y, en concreto, la autorización de actividades, las condiciones generales de funcionamiento y el responsable técnico y personal adscrito de los establecimientos de tejidos; la gestión de la calidad; la recepción, procesamiento, almacenamiento, etiquetado, documentación, acondicionamiento, distribución, importación y exportación de las células y tejidos; las relaciones entre los establecimientos de tejidos y terceros; y el sistema de recogida y custodia de la información. El capítulo IV regula la aplicación de células y tejidos y, en ese marco, la autorización de la aplicación de células y tejidos en centros o unidades de aplicación; el acceso a las células y tejidos y condiciones generales de aplicación; el sistema de recogida y custodia de la información y la investigación clínica. El capítulo V regula los sistemas de información, seguimiento y biovigilancia y, en ese ámbito, los registros de centros y unidades de obtención y aplicación de tejidos humanos y de establecimientos de tejidos y de donantes de progenitores hematopoyéticos; el sistema de información general; la trazabilidad y los sistemas de codificación y de biovigilancia. El capítulo VI regula la inspección, evaluación y acreditación de excelencia de centros y servicios, así como las infracciones y sanciones. La disposición transitoria única regula la aplicación de esta norma, con carácter retroactivo, a las situaciones jurídicas nacidas y a los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley, salvo en lo que se refiere a las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. La disposición derogatoria única dispone la derogación normativa correspondiente. Las disposiciones finales regulan el título competencial; la incorporación del Derecho de la Unión Europea; la facultad de desarrollo y modificación; y la entrada en vigor de la norma. Finalmente, los ocho anexos regulan, respectivamente, los requisitos y condiciones mínimas para las autorizaciones de establecimientos de tejidos y centros o unidades de obtención y aplicación de células y tejidos; los requerimientos clínicos para la evaluación de los donantes de células y tejidos; los tests de laboratorio requeridos en la evaluación de los donantes, excepto los donantes de células reproductoras; la selección y evaluación del donante de células reproductoras; los procedimientos de donación, extracción de células y tejidos y su recepción en el establecimiento de tejidos; la información mínima exigida en el sistema de trazabilidad de origen a destino de las células y tejidos humanos obtenidos para su aplicación en humanos; el sistema de codificación de células y tejidos; y el sistema de biovigilancia. Este real decreto-ley, en cuanto determina aspectos esenciales para la protección de la salud y de la seguridad de las personas, tanto de los donantes como de los posibles receptores, tiene la condición de normativa básica, al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación general de la sanidad, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Se exceptúan de lo anterior el artículo 23, que se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de sanidad exterior y el artículo 29, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.15.ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. En virtud de todo ello, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 4 de julio de 2014, DISPONGO: CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 1. Este real decreto-ley regula las actividades relacionadas con la utilización de células y tejidos humanos y los productos elaborados derivados de ellos, cuando están destinados a ser aplicados en el ser humano. Las actividades reguladas incluyen su donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento, distribución, aplicación e investigación clínica. 2. En el caso de que la elaboración, transformación, procesamiento, aplicación e investigación clínica de los productos derivados de las células y tejidos estén regulados por normas específicas, este real decreto-ley sólo se aplicará a su donación, obtención y evaluación. 3. Quedan excluidos del ámbito de este real decreto-ley: a) Las células y tejidos utilizados como injertos autólogos dentro del mismo proceso quirúrgico. b) La sangre, los componentes y los derivados sanguíneos tal y como se definen en el Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión. c) Los órganos o partes de órganos, si su fin es el de ser utilizados en el cuerpo humano con la misma función que el órgano completo. 4. Este real decreto-ley se aplicará a las células reproductoras en todo lo no previsto en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, y en su normativa de desarrollo. Artículo 2. Definiciones. 1. A efectos de este real decreto-ley se entenderá por: a) Almacenamiento: mantenimiento de las células o tejidos bajo condiciones controladas y apropiadas hasta su distribución. b) Aplicación: cualquier actividad que implique el uso de células o tejidos en un receptor humano y/o en aplicaciones extracorporales (se engloban las actividades de implantar, infundir, injertar, aplicar o trasplantar). c) Células: las células individuales de origen humano o los grupos celulares de origen humano cuando no estén unidos por ninguna forma de tejido conectivo. d) Células reproductoras: aquellas células o tejidos que puedan ser utilizados para la reproducción humana asistida. e) Centro o unidad de obtención: establecimiento sanitario, unidad hospitalaria o cualquier otra institución que lleve a cabo actividades de obtención y extracción de tejidos o células, o que puede posibilitar la recogida y utilización de residuos quirúrgicos con las finalidades que establece esta norma, y que no precise ser autorizado como establecimiento de tejidos. f) Centro o unidad de implante o aplicación en humanos: establecimiento sanitario, unidad hospitalaria o cualquier otra institución que lleve a cabo actividades de aplicación de células o tejidos humanos en humanos. g) Cuarentena: periodo en el que los tejidos o las células extraídas se mantienen aislados físicamente o por otros métodos efectivos, mientras se espera una decisión sobre su aceptación o rechazo para el uso en humanos. h) Crítico: hecho, acción o evento que potencialmente puede tener efecto sobre la calidad y la seguridad de las células y tejidos. i) Distribución: transporte y entrega de tejidos o células destinados a ser aplicados en el ser humano. j) Donación: el hecho de donar tejidos o células humanos destinados a ser aplicados en el ser humano. k) Donación dentro de la pareja: la cesión de células reproductoras de un hombre a una mujer de una misma pareja que declaran mantener una relación física íntima. l) Donante: toda fuente humana, viva o muerta, de células y/o tejidos humanos. m) Efecto adverso grave: cualquier hecho desfavorable vinculado a la obtención, evaluación, procesamiento, almacenamiento y distribución de células y tejidos que pueda conducir a la transmisión de una enfermedad, a la muerte del paciente, o a estados que hagan peligrar su vida, a minusvalías o incapacidades o que puedan dar lugar a hospitalización o enfermedad o la pueda prolongar. n) Establecimiento de tejidos: banco de tejidos, unidad de un hospital o cualquier otro centro donde se lleven a cabo actividades de procesamiento, preservación, almacenamiento o distribución de células y tejidos humanos después de su obtención y hasta su utilización o aplicación en humanos. El establecimiento de tejidos también puede estar encargado de la obtención y evaluación de tejidos y células. ñ) Investigación clínica: investigación desarrollada mediante protocolos que incluyen los procedimientos de obtención y aplicación de células y tejidos humanos en humanos, cuando la eficacia o seguridad de los procedimientos o de las células o tejidos no están suficientemente comprobadas o cuando la indicación terapéutica no está suficientemente consolidada, y cuya finalidad es la comprobación de alguno de estos puntos. o) Obtención: proceso por el que se puede disponer de células y/o tejidos humanos con la finalidad a que se refiere este real decreto-ley. p) Órgano: una parte diferenciada y vital del cuerpo humano formada por diferentes tejidos, que mantiene su estructura, vascularización y capacidad para desarrollar funciones fisiológicas con un nivel de autonomía importante. q) Preservación: utilización de agentes químicos, alteración de las condiciones medioambientales o aplicación de otros medios durante el procesamiento de los tejidos o células, a fin de impedir o retrasar el deterioro biológico o físico de los mismos. r) Procedimientos operativos estandarizados (POE): instrucciones de trabajo documentadas y autorizadas que describen cómo llevar a cabo actividades o realizar test que habitualmente no se describen en los planes de trabajo o las normas de buenas prácticas. s) Procesamiento: operación u operaciones que implican la preparación, manipulación, preservación y acondicionamiento de los tejidos y las células destinados a su aplicación en el ser humano. t) Reacción adversa grave: respuesta inesperada del donante o del receptor, incluida una enfermedad transmisible, asociada a la obtención o aplicación en el ser humano de tejidos y células, que resulte mortal, potencialmente mortal, discapacitante, que produzca invalidez o incapacidad, o que dé lugar a hospitalización o enfermedad o que las prolongue. u) Sistema de calidad: comprende la estructura orgánica, la definición de responsabilidades, los procedimientos, procesos y recursos, que se destinan a desarrollar la gestión de la calidad. Incluye cualquier actividad que contribuya a la calidad total de forma directa o indirecta. v) Sistema de gestión de calidad: actividades coordinadas destinadas a la dirección y control de una organización en relación con la calidad. w) Tejido: toda parte constituyente del cuerpo humano formada por células unidas por algún tipo de tejido conectivo. x) Trazabilidad: capacidad para ubicar, localizar e identificar las células y/o tejidos en cualquier paso del proceso desde la donación, la obtención, el procesamiento, la evaluación, el almacenamiento y la distribución hasta llegar al receptor o hasta ser desestimados y/o destruidos, lo que lleva consigo la capacidad de identificar al donante, el establecimiento de tejidos y la instalación que recibe, procesa o almacena los tejidos o células, así como la capacidad de identificar al receptor o receptores en los que se apliquen los tejidos o células. La trazabilidad cubre, asimismo, la capacidad de localizar e identificar cualquier dato relevante de los productos y materiales que van a estar en contacto directo con las células y/o tejidos y que puedan afectar a la calidad y seguridad de los mismos. 2. Asimismo, se entenderá por: a) Uso alogénico: proceso mediante el cual las células o tejidos son extraídos de una persona y aplicados a otra. b) Uso autólogo: proceso mediante el cual las células o los tejidos son extraídos y aplicados a la misma persona. c) Uso autólogo eventual: las células y/o tejidos son obtenidos con la finalidad de ser preservados para su aplicación hipotética futura en la misma persona, sin que exista una indicación médica establecida en el momento de la obtención e inicio de la preservación. d) Uso directo: cualquier procedimiento en el que las células son obtenidas y usadas sin mediar ningún tipo de procesamiento o almacenamiento. e) Validación: evidencia documental que prueba, con un elevado nivel de garantía, que un determinado proceso, equipo o parte de un equipo o condición ambiental acaba produciendo, de forma consistente y reproducible, un determinado producto que cumple las especificaciones, cualidades y atributos que se habían predeterminado. Un proceso es validado con vistas a probar su efectividad para un uso determinado. Artículo 3. Gratuidad y carácter no lucrativo. 1. La donación de células y tejidos será, en todo caso, voluntaria y altruista, no pudiéndose percibir contraprestación económica o remuneración alguna ni por el donante ni por cualquier otra persona física ni jurídica. 2. Los procedimientos médicos relacionados con la extracción no serán, en ningún caso, gravosos para el donante vivo, ni para la familia en el caso del donante fallecido, debiendo garantizarse al donante vivo la asistencia precisa para su restablecimiento. 3. Los donantes vivos de células o tejidos podrán recibir una compensación de la institución responsable de la extracción, limitada, estrictamente, a cubrir los gastos e inconvenientes derivados de su obtención en concepto de dietas, restitución de ingresos económicos perdidos o similares. 4. No se exigirá al receptor contraprestación alguna por las células y/o tejidos utilizados. 5. Las actividades de los establecimientos de tejidos no tendrán carácter lucrativo, y exclusivamente podrán repercutirse los costes efectivos de los servicios prestados por el desarrollo de las actividades autorizadas. Artículo 4. Promoción y publicidad. 1. La promoción y publicidad de la donación u obtención de tejidos y células humanos se realizará siempre de forma general, sin buscar un beneficio para personas concretas, y señalándose su carácter voluntario, altruista y desinteresado. Las entidades que pretendan desarrollar cualquier actividad de promoción y publicidad en apoyo de la donación de células y tejidos humanos deberán solicitar la autorización previa de las Administraciones sanitarias competentes. A tales efectos, se entenderá por administración sanitaria competente la correspondiente a la comunidad autónoma donde se pretenda desarrollar la actividad, y la Organización Nacional de Trasplantes cuando las actividades pretendidas superen dicho ámbito. En todo caso, el procedimiento para resolver sobre la autorización o denegación del desarrollo de dichas actividades se regirá por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 2. La promoción y publicidad de los centros y servicios a que se refiere este real decreto-ley se realizarán así mismo con carácter general y estarán sometidas a la inspección y control de las administraciones sanitarias competentes, conforme establece el artículo 30.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 3. La existencia y/o persistencia de publicidad y promoción falsa, engañosa o tendenciosa será incompatible con la autorización de actividades de obtención, preservación, procesamiento, distribución o aplicación de células y tejidos en España por parte del centro, institución, unidad o establecimiento de tejidos que haya emitido dicha publicidad o tenga relaciones contractuales con la institución que haya emitido la publicidad. En particular, se entenderá que existe publicidad engañosa en el caso de los establecimientos, centros, unidades e instituciones cuya publicidad induzca a error sobre la utilidad real de la obtención, procesamiento y preservación de células y tejidos humanos para usos autólogos eventuales, de acuerdo con los conocimientos y experiencia disponibles. Artículo 5. Educación y formación. 1. Las autoridades sanitarias promoverán la información y la educación de la población en materia de donación de células y tejidos para su aplicación en humanos, tanto de los beneficios que suponen para las personas que los necesitan como de las condiciones, requisitos y garantías que este procedimiento supone. 2. Asimismo, promoverán la formación continuada de los profesionales sanitarios en esta materia. Artículo 6. Confidencialidad. 1. Se garantizará a los donantes la confidencialidad de todos los datos relacionados con su salud y facilitados al personal autorizado, así como de los resultados y la trazabilidad de sus donaciones, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 2. Los establecimientos de tejidos deberán adoptar, en el tratamiento de los datos relacionados con los donantes, las medidas de seguridad de nivel alto previstas en el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 3. Los datos de carácter personal tendrán carácter confidencial y estarán exclusivamente a disposición de los interesados, conforme a lo dispuesto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y, en su caso, de la autoridad judicial para el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. Su utilización se limitará a fines asistenciales o de interés para la salud pública y será recogida y custodiada conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 4. El deber de confidencialidad no impedirá la adopción de medidas preventivas cuando se sospeche la existencia de riesgos para la salud individual o colectiva en los términos previstos en los artículos 25 y 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, o, en su caso, conforme a lo que establece la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 5. No podrán facilitarse ni divulgarse informaciones que permitan la identificación de donantes y receptores de células y tejidos humanos, ni podrán facilitarse a los donantes o sus familiares los datos identificadores de los receptores o viceversa. CAPÍTULO II Donación y obtención de células y tejidos humanos Artículo 7. Donación y obtención de células y tejidos en donantes vivos. 1. La obtención de células y tejidos de una persona viva para su ulterior aplicación alogénica en seres humanos podrá realizarse si el donante es mayor de edad, cuenta con plena capacidad de obrar y estado de salud adecuado y ha prestado por escrito su consentimiento informado. La información que recibirá el donante del médico que haya de realizar la extracción o sea responsable de esta, debe cubrir el objetivo y la naturaleza de la obtención de las células y tejidos; sus consecuencias y riesgos; las pruebas analíticas que se han de realizar; el registro y protección de los datos; y los fines terapéuticos. Asimismo se informará de las medidas de protección aplicables al donante y de los beneficios que con el uso del tejido o grupo celular extraído se espera que haya de conseguir el receptor. El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento antes de la obtención de la célula y/o el tejido, excepto en los casos de obtención de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica o de médula ósea, en que la revocación sólo podrá producirse antes del inicio del tratamiento de acondicionamiento en el receptor. No podrán obtenerse células y tejidos de personas menores de edad o de personas que por deficiencias psíquicas, enfermedad mental, incapacitación legal o cualquier otra causa, no puedan otorgar su consentimiento, salvo cuando se trate de residuos quirúrgicos o de progenitores hematopoyéticos u otros tejidos o grupos celulares reproducibles cuya indicación terapéutica sea o pueda ser vital para el receptor. En estos casos, el consentimiento será otorgado por quien ostente la representación legal. 2. La obtención de células y tejidos de una persona viva para su procesamiento y posterior uso autólogo o para su uso autólogo eventual se realizará según lo dispuesto en los párrafos primero a tercero del apartado anterior. En el supuesto de uso autólogo eventual, el contenido de la información facilitada con anterioridad a la obtención deberá incluir, además de lo previsto en el apartado anterior, la indicación de que las células y tejidos así obtenidos estarán a disposición para su uso alogénico en otros pacientes en el caso de existir indicación terapéutica; la información actual, veraz y completa sobre el estado de los conocimientos científicos respecto de los usos terapéuticos o de investigación; las condiciones de procesamiento y almacenamiento en los establecimientos autorizados; y cualquier otra cuestión relacionada con la utilidad terapéutica de la obtención de células y tejidos sin indicación médica establecida en el momento de la obtención e inicio de la preservación. En el caso de personas menores de edad o de personas que por deficiencias psíquicas, enfermedad mental, incapacitación legal o cualquier otra causa, no puedan otorgar su consentimiento, este será prestado por su representante legal. 3. En todo lo no dispuesto en este artículo, la obtención de células y tejidos de un donante vivo se regirá por lo dispuesto en el capítulo IV de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Artículo 8. Donación y obtención de tejidos y células en donantes fallecidos. 1. La obtención de tejidos y células de personas fallecidas podrá realizarse en el caso de que no hubieran dejado constancia expresa de su oposición, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. En el caso de que se trate de menores o personas incapaces de consentir, la oposición a la donación podrá hacerse constar por quienes hubieran ostentado en vida de aquellos su representación legal. 2. La obtención de material reproductor de personas fallecidas con finalidad reproductiva se regirá por lo dispuesto en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. 3. Se deberá facilitar a los familiares y allegados información sobre la necesidad, naturaleza y circunstancias de la obtención, especificando qué procedimientos de restauración y conservación del cadáver y prácticas de sanidad mortuoria se llevarán a cabo. 4. La obtención de células y tejidos se realizará tras la correspondiente certificación de la muerte y la práctica de las diligencias policiales y judiciales si las hubiera. Artículo 9. Autorización de actividades en los centros y unidades de obtención de células y tejidos. 1. La obtención de tejidos y células podrá realizarse sólo en aquellos centros o unidades sanitarias que estén debidamente autorizados por la autoridad sanitaria competente, según lo dispuesto en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, y siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones mínimas recogidos en el anexo I.1 de este real decreto-ley. Sin perjuicio de la normativa específica al respecto en cada comunidad autónoma, la solicitud de autorización deberá contener: a) El nombre del responsable o los responsables del proceso de evaluación del donante y de extracción. b) Una memoria detallada con la descripción de los medios de que dispone y su adecuación a lo especificado en las condiciones y requisitos mínimos establecidos en esta norma. 2. Estos centros y unidades sanitarias deberán contar con una autorización específica para la obtención de cada tipo de tejido o grupo celular, cuya validez se extenderá por un periodo de tiempo determinado no inferior a dos años ni superior a cuatro, al término del cual se podrá proceder a su renovación, previa constatación de que persisten las condiciones y requisitos que dieron lugar a su concesión. En ningún caso se entenderá prorrogada de forma automática. Cualquier modificación sustancial en las condiciones o requisitos que motivaron la concesión de la autorización deberá ser notificada a la autoridad sanitaria competente, y podrá dar lugar a su revisión o incluso a la revocación de la autorización si las modificaciones suponen una alteración sustancial de las circunstancias que justificaron la concesión. 3. En aquellos casos en los que sea factible y necesaria la obtención del tejido o grupo celular fuera del ámbito hospitalario o sanitario o en un centro sanitario no autorizado para la obtención de tejidos y/o células, dicha obtención deberá ser efectuada por profesionales integrados en un equipo de obtención de un centro debidamente autorizado para tal actividad y en las condiciones que marque dicho centro. En estos supuestos los equipos de obtención de células y tejidos deberán estar en posesión de la debida autorización para esta práctica específica. En todo caso se recogerán los antecedentes clínicos y las muestras necesarias para garantizar que se realicen los estudios y pruebas pertinentes y especificadas en el artículo siguiente. Artículo 10. Selección y evaluación del donante. 1. La obtención de tejidos se llevará a cabo de forma que se garantice que la evaluación y selección de los donantes se realiza de acuerdo con los requisitos especificados en los anexos II, III, IV y V de este real decreto-ley, y por personal con la formación y experiencia adecuadas. La persona responsable del procedimiento de selección y evaluación elaborará y firmará el correspondiente informe en el que se recoja el cumplimiento de esos requisitos. 2. La aplicación de criterios de selección y evaluación estará basada en la aplicación de un análisis de la valoración de los riesgos en relación con el uso específico de cada tejido o grupo celular. 3. Los resultados de los procedimientos de selección y evaluación del donante quedarán debidamente documentados y, en su caso, se comunicarán en los términos de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 4. En el caso de donaciones de múltiples tejidos o de tejidos con finalidad de ser trasplantados de forma no diferida, la unidad responsable del proceso de obtención del centro autorizado se responsabilizará de la custodia y archivo de todos los datos derivados del proceso de selección y evaluación de donantes, así como de la existencia y mantenimiento de la seroteca. 5. En el caso de que las células o tejidos obtenidos vayan a ser enviados a otro establecimiento de tejidos para su procesamiento, este podrá encargarse de completar la evaluación y selección de las células o tejidos, será responsable de determinar su viabilidad final y, además, tendrá acceso a los datos relativos a la evaluación de los donantes y garantizará la custodia de la información sobre la evaluación adicional. De la misma manera, deberá guardar muestras de suero en el caso de haber realizado test adicionales a los procesados en el centro de obtención. 6. En el caso de donaciones para usos específicos diferentes de los trasplantes clínicos, el responsable del procedimiento de obtención se responsabilizará también de las cuestiones relativas a la recogida y archivo de datos y muestras de los donantes. Artículo 11. Procedimiento de obtención. 1. La obtención de las células y de los tejidos deberá realizarse mediante procedimientos operativos estandarizados debidamente documentados y validados que sean adecuados para el tejido o grupo celular a extraer, que en el caso de donantes vivos garanticen su salud y seguridad y respeten su intimidad, y que se ajusten a lo dispuesto en el anexo V. 2. El procedimiento de obtención deberá ser el adecuado para proteger debidamente aquellas propiedades de las células o tejidos que son necesarias para su uso clínico, a la vez que se minimizan los riesgos de contaminación microbiológica. 3. En el caso de que los tejidos y/o células vayan a ser enviados a un establecimiento de tejidos para su procesamiento, el procedimiento de obtención, empaquetado, etiquetado, mantenimiento y transporte hasta dicho centro deberá constar en un documento acordado entre la unidad de obtención y el establecimiento de tejidos. Artículo 12. Empaquetado, etiquetado y transporte hasta el establecimiento de tejidos. 1. El empaquetado, mantenimiento, etiquetado y transporte de los tejidos y células hasta el establecimiento de tejidos deberán realizarse mediante procedimientos operativos estandarizados debidamente documentados y validados, y se ajustarán a lo dispuesto en el anexo V. 2. El empaquetado y transporte de los tejidos y células debe realizarse de modo que se minimicen los riesgos de contaminación y se prevenga el deterioro de las propiedades biológicas necesarias para su posible uso clínico. Artículo 13. Sistema de recogida y custodia de la información. 1. Los centros y unidades autorizados para la obtención de células y tejidos deberán disponer de un sistema de recogida y custodia de la información de sus actividades que permita el cumplimiento de las previsiones sobre codificación y trazabilidad de este real decreto-ley. 2. Los centros y unidades autorizados para la obtención de células y/o tejidos deberán facilitar los datos relativos a su actividad que les sean requeridos por las autoridades sanitarias competentes de su comunidad autónoma, que los remitirá a la Organización Nacional de Trasplantes según lo previsto en el capítulo V de este real decreto-ley. CAPÍTULO III Procesamiento, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos Artículo 14. Autorización de actividades en los establecimientos de tejidos. 1. Las actividades relacionadas con el procesamiento, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos podrán realizarse sólo en aquellos centros o unidades sanitarias debidamente autorizados por la autoridad sanitaria competente, siguiendo las bases generales de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios que establece el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, y siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones mínimas recogidos en el anexo I.2 de este real decreto-ley. Sin perjuicio de la normativa específica al respecto en cada comunidad autónoma, la solicitud de autorización deberá acompañarse de una memoria en la que se recoja el cumplimiento de los requisitos exigidos en este real decreto-ley. 2. Estos centros y unidades sanitarias deberán contar con una autorización específica para el desarrollo de cada uno de los procesos y actividades del apartado anterior por cada tipo de tejido o grupo celular, según los requisitos recogidos en el anexo I.3. La validez de las autorizaciones se extenderá por un periodo de tiempo determinado no inferior a dos años ni superior a cuatro, al término del cual se podrá proceder a su renovación, previa constatación de que persisten las condiciones y requisitos que dieron lugar a su concesión. En ningún caso se entenderá prorrogada de forma automática. Cualquier modificación sustancial en las condiciones o requisitos que motivaron la concesión de la autorización deberá ser notificada a la autoridad sanitaria competente, y podrá dar lugar a su revisión o incluso a la revocación de la autorización si las modificaciones suponen una alteración sustancial de las circunstancias que justificaron la concesión. 3. Las solicitudes de autorización de actividades deberán recoger las actuaciones que el establecimiento de tejidos emprenderá en el supuesto de cese de la actividad para la que se solicita la autorización, incluyendo las cobertura de las responsabilidades adquiridas y el envío a otro establecimiento de tejidos debidamente autorizado de las muestras de células y tejidos almacenados, de los sueros y de la información necesaria para asegurar su trazabilidad. Artículo 15. Condiciones generales de funcionamiento de los establecimientos de tejidos. 1. Las actividades de procesamiento realizadas en los establecimientos de tejidos tendrán por objeto la preparación, preservación y almacenamiento de las células y tejidos para su uso clínico, tanto autólogo como alogénico, bien en procedimientos terapéuticos con indicaciones médicas establecidas o en procedimientos de aplicación en humanos en casos de utilidad y eficacia debidamente contrastada, o bien en procedimientos de investigación clínica debidamente documentados. 2. Los establecimientos de tejidos procesarán, preservarán y almacenarán las células y tejidos de forma que se garantice su máximo aprovechamiento. Asimismo y según el principio de distribución equitativa, garantizarán el acceso a las células y tejidos en los casos de disponibilidad insuficiente y por razones médicas de idoneidad de los receptores. 3. Según lo previsto en el artículo 3.5, las autoridades competentes de las comunidades autónomas establecerán el régimen de compensación y cargo de los costes que podrá aplicarse a los tejidos y grupos celulares distribuidos para poder cubrir los gastos derivados de su actividad. Estos cargos sólo se podrán aplicar al centro o unidad de aplicación una vez finalizada la actividad de procesamiento o preservación y distribuido el tejido o grupo celular. 4. Los establecimientos de tejidos que preserven células y tejidos para usos autólogos eventuales vienen obligados además a suscribir un seguro que cubra los costes de procesamiento, preservación y almacenamiento para el supuesto de que se produzca la cesión o el envío de esas células y tejidos a otro establecimiento, centro o unidad sanitaria para usos alogénicos en procedimientos terapéuticos con indicaciones médicas establecidas en receptores adecuados. El seguro cubrirá también la cesión en los casos de cese de la actividad del establecimiento. Artículo 16. Gestión de calidad. 1. Los establecimientos de tejidos deberán desarrollar y mantener actualizado un sistema de calidad y de gestión de calidad integrado en las directrices y estrategias del establecimiento de tejidos y que incluya como mínimo la siguiente documentación: a) Manuales de procedimientos operativos de las actividades autorizadas y de los procesos críticos. b) Manuales de formación y referencia. c) Formularios de transmisión de la información. d) Datos relativos al origen y el destino de los grupos celulares o tejidos. e) Información sobre la trazabilidad de las células o tejidos. f) Sistema de detección y comunicación de efectos y reacciones adversos. 2. La documentación referida deberá estar disponible para las inspecciones de la autoridad sanitaria competente. Artículo 17. Responsable técnico y personal adscrito. 1. Cada establecimiento de tejidos designará a un responsable técnico que deberá reunir las siguientes condiciones: a) Poseer un título universitario superior en el ámbito de la Medicina o las ciencias biomédicas, expedido tras cursar estudios universitarios completos reconocidos y homologados en España como equivalente a título universitario superior. b) Tener una experiencia práctica demostrada no inferior a tres años en el ámbito de actuación de que se trate. 2. Entre las funciones y responsabilidades del responsable técnico se incluyen las siguientes: a) Velar por que en el ámbito del establecimiento de tejidos del que es responsable, los tejidos y células destinados a ser aplicados en humanos se procesen, almacenen y distribuyan de conformidad con lo establecido en este real decreto-ley y en la normativa que resulte de aplicación. b) Facilitar información a las autoridades competentes sobre las condiciones, requisitos y régimen de funcionamiento exigidos a los establecimientos de tejidos por este real decreto-ley. c) Aplicar en el establecimiento de tejidos todas las condiciones y requisitos e implantar el régimen de funcionamiento regulados en este real decreto-ley. 3. Los establecimientos de tejidos notificarán a la autoridad competente el nombre y las cualificaciones del responsable técnico. Cuando sea sustituido de forma permanente o transitoria, esta sustitución será comunicada inmediatamente a la autoridad competente. En dicha comunicación deberá incluirse el nombre y cualificación del sustituto y la fecha exacta del periodo de sustitución o de su inicio cuando esta sea indefinida. 4. El personal del establecimiento de tejidos implicado en las actividades relacionadas con el procesamiento, preservación, almacenamiento o distribución de células y tejidos deberá tener la cualificación necesaria para efectuar las tareas que le son encomendadas y recibir la formación pertinente. Artículo 18. Recepción de células y tejidos. 1. El establecimiento de tejidos deberá disponer de un procedimiento documentado de recepción que permita verificar que los tejidos y células extraídos en los centros o unidades de obtención cumplen con las exigencias de este real decreto-ley. 2. Los envíos de tejidos y células que no cumplan estas exigencias deben ser rechazados por el establecimiento de tejidos. 3. La recepción de los tejidos y células debe ajustarse a lo dispuesto en los anexos V.2 y VI. 4. El proceso de recepción debe asegurar que no existe riesgo de contaminación con los tejidos y células ya depositados y que estén en fase de procesamiento, preservación o almacenamiento. Artículo 19. Procesamiento de células y tejidos. 1. El establecimiento de tejidos incluirá en sus manuales de procedimiento toda actividad de procesamiento de las células y tejidos, y velará porque se lleven a cabo en condiciones controladas. Se verificará que el equipo utilizado, el entorno de trabajo y la concepción, validación y condiciones de control de los procesos se ajusten a los requisitos que se especifican en el anexo I.3. 2. Cualquier modificación de los procesos utilizados en la preparación de los tejidos o células deberá cumplir los mencionados requisitos. Artículo 20. Almacenamiento de células y tejidos. 1. Cualquier actuación relacionada con el almacenamiento de células y tejidos deberá estar documentada en los manuales de procedimientos. Las condiciones de almacenamiento se ajustarán a lo establecido en el anexo I.3 de forma que se garantice el mantenimiento de la viabilidad, calidad y seguridad de las células y tejidos. 2. Según lo dispuesto en el artículo 14.3, en caso de cese de actividad del establecimiento de tejidos, las células y tejidos preservados o almacenados deberán ser transferidos a otro establecimiento de tejidos debidamente autorizado. Los establecimientos de tejidos deben garantizar la transferencia en caso de cese de la actividad mediante acuerdos previamente establecidos con otros establecimientos y conocidos por las unidades de coordinación de trasplantes de las comunidades autónomas. 3. Todas las informaciones sobre las actividades de almacenamiento serán debidamente recogidas y custodiadas con el fin de que pueda conocerse en todo momento la situación de disponibilidad de las células y tejidos almacenados. Artículo 21. Etiquetado, documentación y acondicionamiento. Los procedimientos de etiquetado, documentación y acondicionamiento se ajustarán a lo establecido en el anexo I.3. Artículo 22. Distribución de células y tejidos. 1. Las condiciones de distribución y transporte de los tejidos y células se ajustarán a lo dispuesto en el anexo I.3. 2. El transporte desde el establecimiento de tejidos hasta el centro de implante o hasta otro establecimiento de tejidos se realizará por los medios más adecuados de transporte terrestre o aéreo y a través de sistemas capaces de mantener la viabilidad y funcionalidad de las células y/o tejidos. Estos sistemas deberán especificarse en procedimientos documentados según el tipo de célula o tejido a trasladar. Artículo 23. Importación y exportación de células y tejidos. 1. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad autorizará, previo informe de la Organización Nacional de Trasplantes, la importación y exportación de los tejidos y células a los que se refiere este real decreto-ley. La importación, exportación y tránsito de estas células y tejidos sólo se efectuará a través de los recintos aduaneros especificados en el anexo I del Real Decreto 65/2006, de 30 de enero, por el que se establecen requisitos para la importación y exportación de muestras biológicas. 2. Sólo se autorizará la importación de tejidos y células si concurren las siguientes circunstancias: a) Que exista un probado beneficio en la utilización de los tejidos y células que se pretenden aplicar. b) Que la finalidad de los tejidos y/o células sea la de su aplicación en humanos. c) Que, en el caso de tratarse de células y tejidos que habitualmente se procesan en alguno de los establecimientos de tejidos nacionales, no exista, en ese momento, disponibilidad de dichas células y/o tejidos. 3. Sólo se autorizará la exportación de tejidos y células si concurren las siguientes circunstancias: a) Que exista disponibilidad suficiente de dichas células y/o tejidos en los establecimientos de tejidos nacionales. b) Que exista una razón médica que justifique la exportación. 4. Las solicitudes de importación y exportación de células y tejidos se presentarán en la Organización Nacional de Trasplantes por el establecimiento de tejidos, el centro o la unidad implicada, con el conocimiento previo de la unidad de coordinación de trasplantes de la comunidad autónoma que corresponda. La Organización Nacional de Trasplantes dará traslado de las solicitudes a la Subdirección General de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad junto con su informe para su tramitación. 5. En las solicitudes de importación y exportación de células y tejidos se especificará la institución de origen y destino, respectivamente, que deben cumplir normas de calidad y de seguridad equivalentes a las reguladas en este real decreto-ley. 6. Con el fin de asegurar el cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, el establecimiento de tejidos expedirá un certificado que acompañará a la solicitud de importación y exportación. En el caso de las importaciones de tejidos y células el certificado deberá contener la siguiente información: a) Un informe técnico documentado en el que conste que el tejido las células o la forma en que se han procesado, son imprescindibles para el procedimiento terapéutico que se va a aplicar y que, o bien los tejidos y/o células, o bien el método de procesamiento, no están disponibles ni pueden ser proporcionados por los establecimientos nacionales. b) La documentación relativa a la institución de origen donde consten las garantías éticas y sanitarias que se observan. c) Una memoria del establecimiento de tejidos de origen donde figuren las evaluaciones y estudios realizados (clínicos, biológicos, microbiológicos y/o inmunológicos), en consonancia con lo establecido en este real decreto-ley respecto de la selección y evaluación del donante. En el caso de las exportaciones de tejidos y células el certificado deberá contener la siguiente información: a) Un informe donde conste la suficiente disponibilidad nacional de los tejidos y/o células que se pretenden exportar. b) La documentación que acredite la no disponibilidad del método de procesamiento a utilizar cuando este sea el motivo de la salida de los tejidos y/o las células. c) Una memoria técnica donde figuren las razones médicas que justifiquen la salida de los tejidos y/o células cuando éste sea el motivo. d) La documentación que acredite que se garantiza la protección de los datos. 7. La importación de células o tejidos podrá ser denegada o revocada cuando no procedan de donaciones altruistas realizadas en países terceros que reúnan las debidas garantías. Artículo 24. Relaciones entre los establecimientos de tejidos y terceros. 1. Los establecimientos de tejidos deberán celebrar contratos por escrito con terceros siempre que estos desarrollen una actividad que influya o pueda influir en la calidad y en la seguridad de los tejidos y/o células procesadas, y en particular cuando: a) El establecimiento de tejidos confíe a un tercero la responsabilidad de una fase del procesamiento de células y/o tejidos. b) Un tercero suministre materiales o productos o bien preste servicios que puedan afectar a la calidad y seguridad de las células y/o tejidos. c) Un establecimiento de tejidos preste un servicio a otro establecimiento para el cual no está autorizado. d) Un establecimiento de tejidos almacene y distribuya tejidos y/o células procesadas o tratadas por un tercero. 2. El establecimiento de tejidos evaluará la capacidad de los terceros y seleccionará a quienes garanticen el cumplimiento las normas establecidas en este real decreto-ley. 3. Los contratos deberán especificar claramente las responsabilidades de los terceros en relación con los procesos que van a llevar a cabo así como una descripción detallada de dichos procesos. 4. Existirán procedimientos operativos documentados donde se especifiquen la forma de contratar, las relaciones entre las partes contratantes y los protocolos que cada uno debe seguir en relación con la actividad contratada. 5. Los establecimientos de tejidos deberán contar con un registro de los contratos celebrados con terceros cuya información estará disponible para la autoridad competente y la unidad de coordinación de trasplantes de la comunidad autónoma correspondiente. 6. En caso de resolución del contrato, la entidad contratada deberá remitir al establecimiento de tejidos los datos y muestras que pueden afectar a la trazabilidad o a la calidad y seguridad de células y tejidos. Los términos de esta remisión de muestras e información deberán detallarse en el procedimiento de contratación y deberán figurar en el contrato de servicio. 7. Los establecimientos de tejidos enviarán copias de los contratos suscritos con terceros a la unidad de coordinación de trasplantes y a la autoridad competente para la autorización de estas actividades de su comunidad autónoma. 8. Cuando la contratación del tercero implique el acceso por parte de éste a datos de carácter personal, el contrato deberá cumplir lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Artículo 25. Sistema de recogida y custodia de la información. 1. Los establecimientos de tejidos dispondrán de un sistema de recogida y custodia de la información relativa a sus actividades que asegure la trazabilidad de todas las células y tejidos procesados. En el caso de que el sistema tenga formato electrónico, debe asegurarse la existencia de copias de seguridad. 2. Existirá un procedimiento documentado para la recogida y custodia de la información. El establecimiento designará a una persona como responsable del sistema de recogida y custodia de la información de las actividades y comunicará esta designación a la unidad de coordinación de trasplantes y a la autoridad competente de la comunidad autónoma en la que esté ubicado. 3. Los establecimientos de tejidos remitirán información trimestral de sus actividades a la unidad de coordinación de trasplantes y a la autoridad competente de la comunidad autónoma correspondiente y en todo momento tendrán a disposición de ésta su sistema de recogida y custodia de la información. CAPÍTULO IV Aplicación de células y tejidos Artículo 26. Autorización de la aplicación de células y tejidos en centros o unidades de aplicación. 1. La aplicación de células y tejidos humanos podrá realizarse sólo en aquellos centros o unidades sanitarias debidamente autorizados por la autoridad sanitaria competente siguiendo las bases generales de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios que establece el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, y siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones mínimas recogidos en el anexo I.4 de este real decreto-ley. 2. Estos centros y unidades sanitarias deberán contar con una autorización específica para cada actividad de aplicación o implante de células y tejidos y para cada tipo de células y tejidos. La autoridad sanitaria competente de cada comunidad autónoma determinará el periodo de vigencia de las autorizaciones, que no deberá ser inferior a dos años ni superior a cuatro, así como los requisitos para su posible renovación. Cualquier modificación sustancial en las condiciones o requisitos que motivaron la concesión de la autorización deberá ser notificada a la autoridad sanitaria competente, y podrá dar lugar a su revisión o incluso a la revocación de la autorización si las modificaciones suponen una alteración sustancial de las circunstancias que justificaron la concesión. 3. Sin perjuicio de la normativa específica al respecto en cada comunidad autónoma, la solicitud de autorización de la aplicación se acompañará de una memoria con la descripción detallada de los medios de que dispone el centro para realizar la actividad solicitada y su adecuación a lo dispuesto en este real decreto-ley. Así mismo, se harán constar el tipo de tejido o grupo de células para la que se solicita la autorización y el nombre y formación de la persona responsable del equipo de implantación. 4. La autoridad sanitaria competente de las comunidades autónomas notificará en tiempo real a la Organización Nacional de Trasplantes las autorizaciones que se concedan, denieguen y revoquen. 5. Para la aplicación de células y tejidos humanos se requerirá el consentimiento del receptor o de sus representantes legales según lo dispuesto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Artículo 27. Acceso a las células y tejidos y condiciones generales de aplicación. 1. Las células y tejidos almacenados en los establecimientos de tejidos estarán a disposición de los centros o unidades de aplicación de tejidos y células para usos alogénicos en procedimientos terapéuticos con indicaciones médicas establecidas en receptores adecuados. En el caso de que el establecimiento de tejidos que ha procesado y almacenado las células y tejidos no disponga de la necesaria infraestructura para una completa tipificación de las células y tejidos que permita establecer compatibilidades e idoneidades cuando sea preciso, deberá enviar una muestra a otro establecimiento debidamente autorizado que sí esté dotado de la infraestructura adecuada y que se constituirá en establecimiento de referencia. En la distribución de células y tejidos se tendrá en cuenta lo previsto en este real decreto-ley. 2. La aplicación autóloga quedará encuadrada en el caso de procedimientos terapéuticos de eficacia demostrada en indicaciones médicas establecidas. En el caso de que se realicen actividades de procesamiento para usos autólogos eventuales de los que no hay indicación médica establecida actual, las células y tejidos así procesados estarán disponibles para su aplicación alogénica según lo dispuesto en el apartado primero. 3. En el caso de tratarse de un tejido o grupo celular de limitada disponibilidad, se centralizarán los datos de los pacientes a la espera de recibir el implante en la unidad de coordinación de trasplantes de la comunidad autónoma y en la Organización Nacional de Trasplantes. 4. La solicitud del tejido o grupo celular la efectuará el responsable del centro o la unidad de aplicación al responsable del establecimiento de tejidos. Deberá adjuntarse a la solicitud una copia validada de la autorización como centro o unidad de aplicación de dicho tejido o grupo celular. El establecimiento de tejidos no distribuirá el tejido o grupo celular si no se aporta la copia mencionada. 5. En ausencia de establecimientos de procesamiento de tejidos en la propia comunidad autónoma, o en caso de carecer los establecimientos autorizados del tejido solicitado, la petición se dirigirá a la unidad de coordinación de trasplantes de esa comunidad autónoma quien la remitirá a la Organización Nacional de Trasplantes para su búsqueda a nivel nacional o internacional. Artículo 28. Sistema de recogida y custodia de la información. 1. Los centros y unidades autorizados para la aplicación en humanos de células o tejidos humanos deberán disponer de un sistema de recogida y custodia de información sobre las actividades realizadas en este ámbito, de acceso restringido y confidencial, donde constarán los usos y aplicaciones clínicos realizados con los datos necesarios para la identificación de los receptores, de los tejidos y/o células implantados así como su procedencia, de forma que se permita el adecuado seguimiento en caso necesario, conforme a lo especificado en el capítulo V. 2. Los centros y unidades autorizados para la aplicación de células o tejidos humanos remitirán información trimestral de sus actividades a la unidad de coordinación de trasplantes y a la autoridad competente de la comunidad autónoma correspondiente y en todo momento tendrán a disposición de ésta su sistema de recogida y custodia de la información. 3. Los centros de aplicación de células y tejidos deberán informar al establecimiento de tejidos o, en su caso, al centro de obtención que les ha suministrado las células y tejidos, sobre el destino final de la aplicación en humanos de dichas células o tejidos, y en el caso de que finalmente no se produzca la aplicación, la causa que no la hizo posible. Artículo 29. Investigación clínica. 1. La investigación clínica con células y/o tejidos sólo podrá llevarse a cabo en los centros y unidades de obtención y aplicación y en los establecimientos de tejidos debidamente autorizados para el desarrollo de la actividad investigadora. 2. Los proyectos de investigación clínica serán autorizados por la autoridad competente de la comunidad autónoma correspondiente. Para la concesión de la autorización será preceptivo el informe de los expertos designados a estos efectos por la Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 3. Las solicitudes de autorización para proyectos de investigación clínica con células y/o tejidos deberán incluir, al menos, la siguiente información y documentación: a) Justificación y descripción detallada del proyecto de investigación clínica. b) La información sobre procedimientos de investigación clínica o básica relacionados e información sobre los tejidos/grupos celulares que se van a utilizar y del proceso de procesamiento y/o transformación y utilización de los mismos. c) Designación del centro coordinador y profesional responsable del proyecto que actúa como investigador principal y descripción del equipo o equipos de investigación. d) Identificación de los centros y unidades participantes, tanto en la fase de extracción como en la de implante. e) Identificación de los establecimientos de tejidos cuando sean diferentes de los centros de extracción o implante. f) Las autorizaciones de los responsables de los centros implicados. g) El informe del comité de ética del centro coordinador del proyecto. En caso de no ser un centro de implante se requerirá el informe de los comités de ética de los centros de implante implicados. h) El documento de consentimiento informado. i) La póliza de contratación de los seguros para los pacientes cuando proceda. j) El Informe de los costes del proyecto y del organismo promotor. k) El protocolo del sistema de garantía de calidad del proyecto. 4. La autoridad competente de cada comunidad autónoma deberá notificar cada seis meses a la Organización Nacional de Trasplantes aquellos proyectos de investigación clínica que se encuentran autorizados y en ejecución en el ámbito de su comunidad autónoma. 5. Lo previsto en este artículo no será aplicable a los supuestos de investigación clínica en terapia celular, que se regularán según lo dispuesto en el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos. En estos casos y con carácter preceptivo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios solicitará informe a la Organización Nacional de Trasplantes. CAPÍTULO V Sistemas de información, seguimiento y biovigilancia Artículo 30. Registro de centros y unidades de obtención y aplicación de tejidos humanos y de establecimientos de tejidos. 1. La Organización Nacional de Trasplantes, sin perjuicio de las competencias de registro de las autoridades autonómicas, desarrollará y mantendrá un registro de establecimientos de tejidos y de unidades o centros de obtención y aplicación de células y tejidos humanos autorizados, donde se especificarán para cada uno de ellos las actividades concretas para las cuales están autorizados. Este registro estará accesible al público. 2. Las unidades de coordinación de trasplantes de las comunidades autónomas deberán comunicar en tiempo real a la Organización Nacional de Trasplantes la información relativa a los establecimientos de tejidos y centros o unidades de obtención y aplicación de tejidos y células que se autoricen en el ámbito de su competencia, con el fin de incluirla en este registro. Dicha información deberá incluir, al menos, el nombre y ubicación del establecimiento, unidad o centro autorizado, las actividades para las que están autorizados y los periodos de vigencia de dichas autorizaciones. 3. La Organización Nacional de Trasplantes designará un responsable técnico del mantenimiento y custodia del registro. Artículo 31. Registro de donantes de progenitores hematopoyéticos. 1. La Organización Nacional de Trasplantes, sin perjuicio de las competencias de registro de las autoridades autonómicas, será el órgano competente para desarrollar y mantener el registro de donantes de progenitores hematopoyéticos comprensivo de la información agregada del conjunto del Sistema Nacional de Salud. 2. Las unidades de coordinación de trasplantes de las comunidades autónomas deberán comunicar en tiempo real a la Organización Nacional de Trasplantes información relativa a los donantes de progenitores hematopoyéticos incluidos en sus respectivos registros. 3. La persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad podrá encomendar la gestión de esta información a entidades públicas o privadas que desarrollen su actividad en el ámbito de la promoción y publicidad en apoyo de la donación de células y tejidos humanos. Artículo 32. Sistema de información general. 1. Las autoridades competentes de las comunidades autónomas determinarán la información requerida según lo previsto en los artículos 13, 25 y 28 de este real decreto-ley, que al menos incluirá los contenidos mínimos aprobados por la Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 2. Las unidades de coordinación de trasplantes o, en su caso, las autoridades competentes de las comunidades autónomas, enviarán a la Organización Nacional de Trasplantes con, al menos, periodicidad semestral, la información recogida en aplicación de los artículos 13, 25 y 28 de este real decreto-ley. La Organización Nacional de Trasplantes desarrollará y mantendrá un sistema de recogida, custodia y análisis de dicha información, al que tendrán acceso las unidades de coordinación de trasplantes de las comunidades autónomas en los términos que se acuerden en la Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 3. La Organización Nacional de Trasplantes elaborará un informe anual donde figuren las informaciones relativas a los establecimientos de tejidos, unidades o centros de obtención y aplicación de células y tejidos humanos, así como las actividades desarrolladas. Este informe, que en ningún caso contendrá datos personales referidos a los donantes y los receptores, será accesible al público y se remitirá a todos los centros y unidades implicados e incluirá datos de interés general a los que se dará la debida difusión. 4. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Organización Nacional de Trasplantes, colaborará con la Comisión Europea y los demás Estados miembros de la Unión Europea en el desarrollo de una red de intercambio de información entre los registros nacionales de establecimientos de tejidos y de centros o unidades de obtención y aplicación de células y tejidos humanos autorizados. 5. El acceso a cualquiera de los datos contenidos en los sistemas de información regulados en este real decreto-ley quedará restringido a aquellas personas autorizadas tanto por los responsables técnicos de los establecimientos de tejidos y los responsables de las unidades de extracción o de implante de tejidos, como por las unidades de coordinación de trasplantes o las autoridades competentes de la comunidades autónomas y, en el ámbito de su competencia, por la Organización Nacional de Trasplantes. 6. Todos los sistemas de recogida y archivo de información deben cumplir con los principios establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Artículo 33. Trazabilidad. 1. La Organización Nacional de Trasplantes y las unidades de coordinación de trasplantes de las comunidades autónomas establecerán, en los términos que se acuerden en la Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un sistema de rastreo de origen a destino de todas aquellas células y tejidos humanos obtenidos con el fin de ser aplicados en humanos. Dicho sistema recogerá la información referida en el anexo VI. 2. En el caso de células embrionarias de eventual aplicación en humanos, la Organización Nacional de Trasplantes y los responsables del Banco Nacional de Líneas Celulares y de la Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, establecerán un sistema que garantice el seguimiento previsto en el apartado anterior. 3. La información, cuando proceda, se codificará con acuerdo a los estándares básicos regulados en los anexos VI y VII lo que permitirá su seguimiento uniforme. Los establecimientos de tejidos y las unidades y centros de obtención y aplicación de células y tejidos deberán recoger la información en tiempo real. 4. Los establecimientos de tejidos recogerán la información del destino de las células y tejidos distribuidos para aplicación en humanos. Dicha información deberá ser facilitada por los centros, organismos o unidades de aplicación de tejidos y células para cada caso en particular, con el fin de asegurar la trazabilidad de las células y tejidos. 5. El rastreo de origen a destino se aplicará no sólo a los productos celulares y tejidos, sino también a los productos y materiales que entren en contacto con dichas células y tejidos y puedan tener efecto sobre su calidad y seguridad. 6. La información se guardará y custodiará de forma segura durante al menos 30 años a partir de su codificación. Artículo 34. Sistema de codificación. 1. La Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Organización Nacional de Trasplantes, establecerá un sistema único y obligatorio de codificación, compatible con los sistemas de otros Estados miembros de la Unión Europea, que permitirá identificar de forma única e inequívoca los tejidos y células obtenidos, procesados y distribuidos para su aplicación en humanos. 2. El diseño del sistema de codificación se ajustará a los requisitos mínimos exigidos en el anexo VII. 3. Se desarrollará un sistema técnico que soporte el sistema de codificación y que será accesible para todos los centros y establecimientos autorizados para la obtención, procesamiento y aplicación de células y tejidos, así como para las unidades de coordinación de trasplantes de las comunidades autónomas y la Organización Nacional de Trasplantes. Artículo 35. Sistema de biovigilancia. 1. Desde la entrada en vigor de este real decreto-ley funcionará un sistema de biovigilancia que permitirá notificar, registrar y transmitir información sobre los efectos y reacciones adversas graves que puedan haber influido o pudieran influir en la calidad y seguridad de las células y tejidos y que puedan atribuirse a los procesos de obtención, evaluación, procesamiento, almacenamiento y distribución de las células y tejidos, así como toda reacción adversa grave observada durante o a raíz de la aplicación clínica de las células y/o tejidos, y que pudiera estar relacionada con su calidad y seguridad. 2. En tanto no se regule de forma distinta, la red de coordinación de trasplantes de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado funcionará como red de biovigilancia. 3. Todos los centros o unidades que obtengan y apliquen células o tejidos así como los establecimientos de tejidos deberán comunicar la existencia de cualquier evento o reacción adversa en la forma y en los términos establecidos en el anexo VIII, a través de la mencionada red de coordinación de trasplantes. 4. Los establecimientos de tejidos que procesen o preserven tejidos que puedan verse afectados por alguna reacción o efecto adverso grave deberán emitir un informe detallado de las posibles causas y de las consecuencias, así como de las medidas adoptadas y de las que se vayan a adoptar. 5. La Organización Nacional de Trasplantes es responsable de la comunicación de la existencia de efectos adversos graves que pudieran afectar a otros Estados miembros a través del sistema de notificación que establezca la Comisión Europea. Asimismo, notificará a las unidades autonómicas de coordinación de trasplantes donde se ubiquen los establecimientos de tejidos afectados o que pudieran estar afectados por un efecto adverso grave ocurrido en otro país, toda la información relativa a dicho evento. 6. Los establecimientos de tejidos son responsables de garantizar que existe un procedimiento rápido, preciso y verificable que permita retirar de la distribución todo producto que pueda estar relacionado con un efecto adverso grave. CAPÍTULO VI Inspección, evaluación y acreditación e infracciones y sanciones Artículo 36. Inspección y evaluación. 1. Las autoridades competentes de las comunidades autónomas efectuarán inspecciones periódicas para garantizar que los establecimientos de tejidos autorizados en el ámbito de sus competencias cumplen los requisitos de este real decreto-ley y aplican las medidas de control de calidad exigidas en él. 2. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a través de su Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa, aprobará un plan de inspecciones a iniciativa de la Organización Nacional de Trasplantes y las unidades de coordinación de trasplantes de las comunidades autónomas, en el que se contemplarán las inspecciones periódicas previstas en el apartado anterior. 3. La Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa elevará para informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud los criterios generales que aseguren que las condiciones de realización de las inspecciones, las medidas de control y la formación y la cualificación de los profesionales encargados de ellas, se realizan con un nivel mínimo y homogéneo de competencia y resultados. 4. El intervalo entre dos inspecciones regulares será de dos años. 5. Las autoridades competentes de las comunidades autónomas organizarán las inspecciones extraordinarias y la aplicación de las medidas de control que consideren necesarias ante un efecto o reacción adversa grave. Asimismo, organizarán inspecciones extraordinarias y aplicarán medidas de control en caso necesario, a petición justificada de la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea, o de la Comisión. 6. La inspección no sólo afectará a los establecimientos de tejidos sino también a todos aquellos terceros con los que existan relaciones contractuales, e implicará el examen, evaluación y verificación de cualquier infraestructura, equipamiento, información, documento o registro relacionado con lo regulado en este real decreto-ley. 7. Las peticiones de inspección extraordinaria de otro Estado miembro o de la Comisión deberán canalizarse a través de la Organización Nacional de Trasplantes, quien será así mismo responsable de trasladar al Estado peticionario o a la Comisión el informe con el resultado de la inspección y las medidas de control aplicadas. Artículo 37. Evaluación y acreditación de excelencia de centros y servicios. 1. La autoridad competente de cada comunidad autónoma llevará a cabo los programas de evaluación y acreditación de los centros y servicios de obtención, procesamiento, distribución e implante de células y tejidos de acuerdo con los criterios a las que se hace referencia en el apartado siguiente. 2. La Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa elevará para informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud los criterios generales sobre las condiciones de evaluación y acreditación de centros y servicios. 3. La autoridad competente de cada comunidad autónoma informará periódicamente a la Organización Nacional de Trasplantes, con frecuencia al menos anual, sobre la actividad de evaluación y acreditación de los centros y servicios y sus resultados. 4. Según lo previsto en el artículo 70.2.d) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, la Organización Nacional de Trasplantes, previo acuerdo de la Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, podrá actuar como entidad técnica para la evaluación y acreditación de los centros y servicios autorizados al amparo de lo establecido en este real decreto-ley. Artículo 38. Infracciones y sanciones. Sin perjuicio de otra normativa que pudiera resultar de aplicación, las infracciones cometidas contra lo dispuesto en este real decreto-ley y sus disposiciones de desarrollo tendrán la consideración de infracción en materia de sanidad, según lo previsto en el capítulo VI del Título I de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en las demás disposiciones que resulten de aplicación. En las infracciones en materia de utilización de ficheros que contengan datos personales se estará a lo dispuesto en el Título VII de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Disposición transitoria única. Retroactividad de la norma. Este real decreto-ley será de aplicación a las situaciones jurídicas nacidas y a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, salvo en lo que se refiere a las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente real decreto-ley. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto-ley tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación general de la sanidad. Se exceptúan de lo anterior el artículo 23, que se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de sanidad exterior y el artículo 29, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.15.ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Disposición final segunda. Incorporación de derecho de la Unión Europea. Mediante este real decreto-ley se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos; la Directiva 2006/17/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos humanos; y la Directiva 2006/86/CE de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos de trazabilidad, la notificación de las reacciones y los efectos adversos graves y determinados requisitos técnicos para la codificación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos. Disposición final tercera. Facultad de desarrollo y modificación. Se habilita al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto-ley. Asimismo, se habilita a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para modificar los anexos de este real decreto-ley con el fin de adecuarlos al avance de los conocimientos científicos y técnicos o para adaptarlos a la normativa comunitaria. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 4 de julio de 2014. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ANEXO I Requisitos y condiciones mínimas para las autorizaciones de establecimientos de tejidos y centros o unidades de obtención y aplicación de células y tejidos 1. Los requisitos y condiciones mínimas para la autorización de centros sanitarios para obtener células y tejidos humanos para su uso en humanos son: a) Disponer de una unidad médico quirúrgica especializada en la práctica de la extracción del tejido o grupo celular que se pretenda obtener. Se designará la persona responsable del procedimiento de extracción en cada caso. b) En el caso de que el uso o destino de las células o tejidos sea un trasplante inmediato o no diferido, deberá existir una relación establecida con el equipo de coordinación de trasplantes. c) Cuando el destino de las células o tejidos extraídos sea su derivación a un establecimiento de tejidos para su procesamiento, deberá existir un acuerdo de colaboración que incluirá un protocolo consensuado con dicho establecimiento, en el que figuren las condiciones de obtención, preparación y transporte de los tejidos o células hasta su llegada al establecimiento de procesamiento. d) Cuando el destino de las células o tejidos sea su transformación deberá haber un convenio de colaboración con la entidad responsable de dicha transformación conocido y autorizado por la autoridad competente de la correspondiente comunidad autónoma. e) Disponer de la infraestructura y personal adecuados para la correcta evaluación del donante y garantizar la realización de los estudios pertinentes para descartar la presencia de enfermedades transmisibles, según lo estipulado en los anexos II, III y IV. Se designará la persona responsable de los procedimientos de evaluación del donante. f) Disponer de procedimiento operativo estandarizado para la correcta verificación de: 1.º La identidad del donante. 2.º Los requerimientos de la autorización. 3.º Los criterios de selección y evaluación. 4.º La realización de los tests de laboratorio requeridos para la evaluación y selección. g) Disponer de las instalaciones y medios necesarios para garantizar las condiciones de extracción, preparación y transporte de las células o tejidos, según el protocolo referido en el apartado c). h) Disponer de las instalaciones y medios adecuados para garantizar la restauración y conservación del cadáver, así como de prácticas mortuorias, en el caso de que la extracción se lleve a cabo de una persona fallecida. i) Tener establecidas documentalmente las relaciones y condiciones de extracción con los establecimientos de procesamiento y/o implante de tejidos y células con los que se relaciona, que deben ser comunicadas a la autoridad competente. j) Disponer de un sistema de recogida y custodia de la información relativa a sus actividades, de acceso restringido y confidencial donde constarán las extracciones realizadas y los datos necesarios de los donantes, de las células o tejidos, así como el destino final o intermedio de los mismos. Se conservarán los datos relativos a las pruebas realizadas y características de los donantes, especificándose la fecha de realización y el resultado de las mismas, de forma que se permita el adecuado seguimiento de la información, en caso necesario, conforme a lo previsto en los artículos 13 y 31. k) Mantener un archivo de sueros de los donantes alogénicos o potencialmente alogénicos (muestras recogidas para un hipotético uso autólogo sin indicación terapéutica actual) durante, al menos, 10 años a partir de la última aplicación clínica o de la fecha de caducidad de las células/tejidos, con el fin de realizar controles biológicos en caso necesario. En el caso de las células reproductoras, el archivo de sueros se mantendrá durante dos años a partir de la última transferencia. l) Disponer de un procedimiento operativo estandarizado para el envasado, etiquetado y transporte de las células y/o tejidos hasta el punto de destino (establecimientos de tejidos y equipos de trasplante en el caso de distribución directa). 2. Los requisitos técnicos exigidos para optar a la autorización como establecimiento de tejidos son: a) En cuanto a la organización y dirección: 1.º Además del Director del establecimiento se debe designar un responsable técnico conforme a lo establecido en el artículo 17. 2.º Disponer de una estructura organizativa y régimen de funcionamiento adecuados en los que se definan claramente las relaciones de dependencia y las responsabilidades de cada puesto de trabajo, y que se adecúa a las actividades para los que se solicita la autorización. 3.º Deben existir procedimientos operativos estandarizados de todas las actividades para las que se opta a la autorización. 4.º El establecimiento de tejidos debe dotarse de un equipo médico o tener acceso disponible a un apoyo médico que pueda revisar, supervisar, analizar y, si es necesario, promover determinados cambios en las actividades médicas del establecimiento, como son: selección del donante, evaluación de riesgo de los tejidos/células, disponibilidad de tejidos o células en casos excepcionales, revisión y evaluación del seguimiento de los tejidos/células distribuidos para su aplicación o relaciones con los centros o unidades de aplicación entre otras. 5.º Deben disponer de un sistema de gestión de calidad aplicadas a todas las actividades a cuya autorización opta el Establecimiento de tejidos en las condiciones que marca el artículo 16. 6.º Deben existir procedimientos de minimización de los riesgos inherentes al manejo de material biológico a la vez que se mantiene un adecuado nivel de calidad y seguridad de las células y tejidos. Deben cubrirse en este punto todas las actividades técnicas del procesamiento de células y tejidos del establecimiento, las condiciones ambientales y las condiciones higiénico sanitarias del personal del establecimiento. 7.º Debe existir un procedimiento documentado que asegure la identificación de todos los tejidos y células en cualquier fase de la actividad para la cual se solicita la autorización. Este procedimiento de identificación debe compatibilizarse con el sistema de codificación estatal que se establece en el capítulo VI. b) En cuanto a personal: 1.º Disponer de personal suficiente y suficientemente preparado para llevar a cabo las actividades para las que solicita la autorización. 2.º Disponer de una descripción detallada del perfil de los puestos de trabajo, tareas, responsabilidades y relaciones con otros puestos de trabajo. 3.º Disponer de un programa de formación continuada para el personal del establecimiento de tejidos que asegure que cada trabajador: i) Tiene suficiente competencia para el desarrollo de las tareas que le son encomendadas. ii) Tiene el conocimiento y la experiencia adecuados para entender los procesos científicos técnicos que están en relación con las tareas que le son asignadas. iii) Conoce la estructura organizativa, el régimen de funcionamiento y el sistema de calidad del establecimiento. iv) Conoce las normas higiénico-sanitarias del establecimiento en relación con las actividades que allí se llevan a cabo. v) Está adecuadamente informado de los aspectos éticos y legales y de las normas de correcta práctica en relación con las actividades del establecimiento. c) En cuanto a equipo y material: 1.º Todo el equipo y el material utilizado debe estar diseñado y mantenido específicamente para el propósito que se persigue, minimizándose cualquier riesgo para los receptores o para el personal que trabaja en el establecimiento. 2.º Los equipos críticos deben ser identificados como tales. Se deben inspeccionar de forma periódica y/o regular y se deben adoptar las medidas preventivas adecuadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cuando el equipamiento pueda afectar a procesos críticos o a parámetros que marcan las condiciones de almacenamiento o preservación (temperatura, presión, contaje de partículas, niveles de contaminación, etc.) se debe identificar como tal. En estos casos se establecerán los sistemas de monitorización, control y alerta, alarmas y medidas de corrección que sean más adecuadas y requeridas para detectar un mal funcionamiento, el peligro de una desviación inaceptable o un defecto, y se debe asegurar que los parámetros críticos se mantienen en límites aceptables todo el tiempo. 3.º Todo equipamiento nuevo o reparado debe ser evaluado en el momento de su instalación y debe ser validado antes de ser utilizado. La información relativa a todos los resultados de estas evaluaciones debe recogerse y custodiarse. 4.º Las actividades de mantenimiento, limpieza, desinfección, saneamiento y revisión del equipamiento crítico deben figurar en procedimientos documentados, se deben llevar a cabo de forma regular y la información sobre el desarrollo de estos procedimientos se recogerá y custodiará adecuadamente. 5.º Se debe disponer de procedimientos documentados para el funcionamiento de cada uno de los equipos críticos donde se detallarán las acciones que se deben emprender en caso de malfuncionamiento o fallo. 6.º Los procedimientos operativos de las actividades para las que se solicita la autorización deben incluir las especificaciones de los equipos críticos y de los reactivos. Se incluirán las especificaciones de los aditivos (i.e. soluciones) y los materiales de embalaje. Los reactivos y materiales críticos deberán cumplir las especificaciones del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, y el Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnósticos in vitro. d) En cuanto a infraestructura y locales: 1.º Disponer del local y las infraestructuras necesarias para llevar a cabo las actividades para las que se solicita la autorización. 2.º Cuando estas actividades incluyan el procesamiento de células o tejidos en condiciones de exposición abierta, se deberán especificar las condiciones de calidad de aire y limpieza que exigen para minimizar los riesgos de contaminación incluyendo la contaminación cruzada. La efectividad de las medidas necesarias para cumplir estas condiciones de validarse y monitorizarse. 3.º Excepto en los casos especificados en el punto 4.º, siempre que las células o tejidos se vayan a procesos en exposición abierta y sin un procedimiento posterior de inactivación microbiológica se exigirá una calidad de aire de partículas y de colonias microbiológicas equivalente a la especificada como grado A en el anexo I de la Guía Europea de Normas de Correcta Fabricación en el lugar del procesamiento. Para el aire ambiente del resto del local de trabajo se exigirá una calidad adecuada para las actividades que se van a llevar a cabo, pero, al menos, equivalente al grado D de la Guía Europea de Normas de Correcta Fabricación en lo que a contaje de partículas y colonias microbiológicas se refiere. 4.º Se podrán admitir unas condiciones medioambientales menos estrictas que las especificadas en el punto 3.º en los siguientes supuestos: i) Cuando se vayan a aplicar procedimientos de esterilización o inactivación microbiológica validada. ii) Cuando esté demostrado que la exposición a un aire ambiente de grado A tiene efectos perjudiciales sobre las propiedades biológicas que se requieren al tejido/grupo celular afectado. iii) Cuando esté demostrado que la vía o procedimiento de aplicación de las células o tejidos implican un riesgo de transmisión de enfermedades bacterianas o fúngicas significativamente menor que el trasplante de células o tejidos. iv) Cuando no sea técnicamente posible llevar a cabo el procesamiento de las células o tejidos en un ambiente de grado A. Por ejemplo cuando las condiciones de funcionamiento del equipamiento que se requiere no son compatibles con ambiente grado A. 5.º Cuando se aplique alguno de los supuestos del apartado 4.º, se deberán especificar las condiciones del aire ambiente en el que se debe trabajar y se deberá demostrar y documentar que en esas condiciones se alcanzan las normas requeridas de calidad y seguridad de los tejidos, teniendo en mente el objeto terapéutico o de aplicación y la vía o modo de aplicación de las células y/o tejidos y la situación inmunológica del receptor. Deberá disponer de la equipación y vestimenta adecuada, tanto para la protección del personal como para la higiene en todos aquellos departamentos donde sea necesario y se acompañará de las correspondientes normas escritas de higiene y uso. 6.º Cuando las actividades para las que se solicite la autorización impliquen el almacenamiento de las células o tejidos, se deberán especificar y definir las condiciones de almacenamiento en cada caso, incluyendo los márgenes de aquellos parámetros que son relevantes para el mantenimiento de las propiedades de las células o tejidos, como la temperatura, la humedad, o la calidad del aire. 7.º Las medidas de los parámetros que son críticos deben monitorizarse y controlarse y deben registrarse para poder demostrar que se cumplen las especificaciones de las condiciones de almacenamiento. 8.º Deberá disponerse de una infraestructura de almacenamiento que permita claramente separar y distinguir aquellos tejidos y células que están en cuarentena de aquellos que han sido rechazados, o de los que han sido aceptados y están disponibles, con objeto de impedir contaminaciones cruzadas y mezclas simples. Según el tejido o célula de que se hable se requerirán áreas físicamente separadas o un sistema de segregación seguro, pero en todo caso deberá especificarse el sistema y que con él se cumple la norma básica de preservar las condiciones biológicas y las de seguridad y calidad. 9.º Deberán existir procedimientos y normas para el acceso a los locales del establecimiento, para la circulación interna, para la higiene y mantenimiento, para la eliminación de basuras y material sucio o de desecho y para la restauración de todos los servicios tras una situación de emergencia. Estos procedimientos deberán ser objeto de control. e) En cuanto a la documentación, su recogida y custodia: 1.º Todos los procedimientos operativos estandarizados para las actividades para las que se solicita la autorización deben estar adecuadamente registrados, y la documentación debe estar adecuadamente guardada y custodiada. Debe haber un sistema que garantice este punto. Los documentos deben revisarse periódicamente y los procedimientos deben estar siempre de acuerdo con las especificaciones básicas de este real decreto-ley. El sistema asegurará la estandarización del trabajo y que todos las fases puedan ser objeto de rastreo: codificación, evaluación de las células o tejidos y del ambiente en su caso, obtención, procesamiento, preservación, almacenamiento, disponibilidad, transporte y distribución, y que se tienen en mente los aspectos relacionados con el control y gestión de la calidad. 2.º Los equipos, materiales o personal que estén involucrados en actividades críticas deben estar adecuadamente identificados y dicha identificación debe documentarse. 3.º Cualquier cambio en los documentos de los procedimientos operativos o de las normas de actuación debe ser revisado, fechado, documentado y puesto en marcha sin dilación por el personal autorizado para ello. 4.º Deberá existir un sistema que asegure la revisión periódica de los documentos, el registro de los cambios introducidos y que sólo las versiones actualizadas estarán en uso. 5.º La documentación debe quedar registrada de forma que sea una correcta representación de los resultados y que resulte fiable. 6.º Los registros deben ser legibles e indelebles, pueden estar en soporte papel o transferidos a cualquier otro sistema validado como un soporte informático o un microfilm. f) En cuanto a los sistemas de calidad: 1.º Se desarrollarán auditorías con periodicidad no inferior a la bienal para la revisión de todas las actividades para las que se ha autorizado el establecimiento de tejidos. El objetivo de las auditorías es verificar que se trabaja de acuerdo a los protocolos aprobados y los requerimientos de este real decreto-ley. Tanto los hallazgos como las medidas correctoras deben quedar documentados. 2.º El hallazgo de desviaciones de los estándares de calidad que se hayan establecido obligará al desarrollo de una investigación que debe quedar documentada y que incluya las decisiones o sugerencias sobre posibles medidas preventivas o correctoras. 3.º El destino de las células y tejidos que entran en la definición de «no conformidad» se decidirá de acuerdo con procedimientos previamente establecidos y supervisados por el responsable técnico y el responsable de área de calidad. Todas las células y tejidos afectados por no conformidades deben ser identificados y contabilizados. 4.º Las acciones correctoras deben iniciarse y completarse en el momento adecuado y de manera eficaz. Todas las acciones preventivas y correctoras estarán documentadas y se evaluarán en cuanto a su eficacia. 5.º El sistema de gestión de la calidad debe ser revisado y existirá un procedimiento que lo permita hacer y que tenga el objetivo de asegurar una mejora continua y sistemática del funcionamiento del establecimiento de tejidos. 3. Los requisitos para la autorización de actividades, procesamiento, almacenamiento y distribución de células y tejidos son: a) En cuanto a procesamiento: 1.º Los procesos críticos de procesamiento de células y tejidos deben estar validados. En ningún caso las células y tejidos deben resultar peligrosas para el receptor o potencialmente ineficaces. Esta validación se basará en estudios realizados por el propio establecimiento de tejidos o en datos publicados o en la evaluación de los resultados clínicos de las células y tejidos que han sido distribuidos por el establecimiento en el caso de procedimientos de transformación o preparación de tejidos que están consolidados. 2.º Se debe demostrar que los procesos de validación se pueden llevar a cabo en el establecimiento de tejidos de forma efectiva y sistemática. 3.º Los procedimientos deben estar documentados como procedimientos operativos estandarizados, en adelante POE, y de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.e), y debe asegurarse que las actividades se llevan a cabo de acuerdo con estos POE. 4.º Cuando vaya a aplicarse un procedimiento de inactivación microbiológica, éste debe estar documentado, especificado y validado. 5.º Antes de introducir cualquier cambio en las actividades de procesamiento, el proceso modificado debe validarse y documentarse. 6.º Las actividades de procesamiento deben evaluarse periódicamente, para asegurar que se cumplan los resultados deseados. 7.º Las actividades para descartar aquellas células y tejidos que no cumplen con los estándares requeridos deben realizarse de modo que se evite la contaminación de otras células y tejidos, del personal, del aparataje o del local, así como la contaminación medioambiental. b) En cuanto al almacenamiento: 1.º Debe haber un sistema de inventario de células y tejidos diseñado de forma que se asegure que no se pueden distribuir hasta tanto no hayan satisfecho todos los requerimientos de este real decreto-ley. Debe haber un POE que detalla las circunstancias, responsabilidades y procedimientos para la liberación y posterior distribución de tejidos y células. 2.º Todos los procedimientos de almacenamiento se desarrollarán en condiciones controladas de forma que se garanticen las condiciones de credibilidad, calidad y seguridad de las células y tejidos. 3.º Existirán medios de control ambiental de las áreas de acondicionamiento y almacenamiento con el fin de evitar cualquier situación que pueda afectar negativamente a la funcionalidad, a la integridad o a las condiciones biológicas de células y tejidos. 4.º El tiempo máximo de almacenamiento se debe especificar para cada tipo de tejido o célula y condición de almacenamiento. El periodo determinado debe tener en cuenta entre otras cuestiones el posible deterioro de las propiedades de células y tejidos así como el uso al que van destinados. 5.º Deben poder identificarse claramente las células y tejidos almacenados en todas las fases del procesamiento en el establecimiento de tejidos y debe ser posible distinguir claramente entre aquellas células y tejidos que están en cuarentena y los que están listos para ser distribuidos o los que deben ser descartados. 6.º Los registros de información deben recoger claramente todos los datos relativos a la evolución y el procesamiento de forma que pueda demostrarse que se cumplan las especificaciones de este real decreto-ley antes de liberar y distribuir las células y tejidos. Deben estar disponibles todos los datos médicos, los resultados de los tests de evaluación, los datos de procesamiento de todos los casos en los que era necesario un POE, debe asegurarse que éste se ha llevado a cabo con rigor por las personas autorizadas para ello, y también que están disponibles todos los registros de los controles de las condiciones de almacenamiento. Si en algún momento, un sistema informático está encargado de liberar o facilitar cualquier resultado de un test de laboratorio o una validación, debe haber un sistema de rastreo que puede dar información al auditor sobre el responsable de liberar dicha información. 7.º El responsable técnico definido en el artículo 17 deberá aprobar un documento de evaluación de riesgos que determine el destino de todos los tejidos y células almacenados. Este documento tendrá en cuenta la evaluación del donante y los criterios de selección y aceptación de los resultados de los tests realizados, así como cualquier modificación de las fases de procesamiento que pueda mejorar la seguridad y la calidad de las células y tejidos. c) En cuanto a su distribución y retirada: 1.º Se deben definir las condiciones y el tiempo máximo de transporte, que permitan mantener las propiedades biológicas y funcionales de las células y tejidos. 2.º El contenedor debe ser seguro y garantizar que las células y tejidos se mantienen en las condiciones especificadas. Todos los contenedores y recipientes de envasado deben estar validados para el objetivo que se persigue. 3.º Cuando la distribución la lleva a cabo un tercero debe haber un documento acordado de contrato que asegure que las condiciones de transporte requeridas se mantienen. 4.º Debe designarse el personal que, dentro del establecimiento de tejidos, está a cargo de la retirada, de indicar los motivos y la necesidad de retirar los productos y de iniciar y coordinar las actividades necesarias para ello. 5.º Debe haber un procedimiento documentado que fije el sistema para efectuar las retiradas, y que debe incluir una clara adscripción de responsabilidades y acciones que se deben iniciar. Se debe incluir la modificación correspondiente según el anexo VII. 6.º Las acciones deber ser emprendidas en tiempos predefinidos y deben incluir el rastreo y seguimiento de todos los tejidos o células que pueden estar implicados, con el objetivo de localizar a cualquier donante que pudiera haber contribuido a provocar una reacción adversa o efecto indeseado y retirar todos aquellos tejidos y células que hayan sido obtenidos de ese donante, así como notificarlo a los consignatarios y receptores de las células y tejidos de ese donante que puedan estar en riesgo. 7.º Debe haber procedimientos documentados para el manejo de las solicitudes de células y tejidos. Las reglas de distribución a los pacientes o los organismos o centros de implante deben estar documentadas y estar accesibles para los implicados en caso de requerirlo. 8.º Debe haber un sistema documentado para el manejo de los tejidos o células devueltos al establecimiento de tejidos, incluyendo los criterios de aceptación del inventario si ello es aplicable. d) En cuanto al etiquetado: 1.º El establecimiento de tejidos debe disponer de un sistema de etiquetado que garantice que las etiquetas o los documentos cumplen con los siguientes requisitos de información: i) El etiquetado del contenedor primario de las células/tejidos debe mostrar: 1) El número de identificación o código del tejido/célula, el tipo de células o tejidos y el lote cuando esto último proceda. 2) La identificación del establecimiento de tejidos. 3) La fecha de caducidad. 4) En el caso de que sea para uso autólogo, esto debe ir especificado: «para uso autólogo». Además, se mostrará el código de identificación del donante/receptor. 5) En el caso de donaciones dirigidas, se identificará el receptor. 6) Cuando se conozca que las células/tejidos son positivos para algún marcador de enfermedad infecciosa, deberán ir identificados como muestras de riesgo: «riesgo biológico». Si, por razones de espacio, no es posible incluir la información referida en los puntos 4) y 5), ésta deberá ser facilitada en un documento añadido al contenedor primario. Dicho documento deberá ir embalado junto al contenedor primario de forma que se asegure que permanecen juntos. ii) La información que se detalla a continuación puede figurar en la etiqueta o bien en un documento adjunto: 1) Descripción, definición y, si fuera relevante, las dimensiones del tejido o producto celular. 2) Morfología y datos funcionales cuando sea relevante. 3) Fecha de distribución de las células/tejidos. 3) Determinaciones biológicas que se han llevado a cabo en el donante y sus resultados. 4) Recomendaciones de almacenamiento. 5) Instrucciones para la apertura del contenedor, para el embalaje y para cualquier manipulación o reconstitución. 6) Fechas de caducidad después de la apertura o manipulación del contenedor. 7) Instrucciones para la comunicación de efectos o reacciones adversas. 8) Presencia de residuos potencialmente peligrosos (antibióticos, óxido de etileno, etc.). iii) Etiquetado externo para el contenedor de envío o transporte. Para el envío, el contenedor primario debe ir incluido en un contenedor de transporte adecuadamente etiquetado. Esta etiqueta contendrá, al menos, la siguiente información: 1) Identificación del establecimiento de tejidos de origen, incluyendo la dirección, el teléfono y la persona de contacto. 2) Identificación del centro de implante de tejidos o establecimiento de tejidos de destino, incluyendo la dirección, el teléfono y la persona de contacto. 3) La constatación de que el paquete contiene tejidos o células humanas y que debe ser manejado con cuidado. 4) Si se envían células vivas y el mantenimiento de la viabilidad es básico para el éxito del injerto, como es el caso de los progenitores hematopoyéticos, células precursoras, gametos o células embrionarias, debe añadirse en un lugar bien visible el anuncio de: «NO IRRADIAR». 5) Recomendaciones para las condiciones de transporte (posición, temperatura etc). 6) Instrucciones de seguridad. 7) Métodos de congelación o descongelación o cualquier otra manipulación necesaria cuando ello sea de aplicación. 4. Los requisitos específicos para optar a la autorización como centros, o unidades de implantación de tejidos humanos, según la actividad a desarrollar, son: a) Actividades de implantación de progenitores hematopoyéticos, incluyéndose en ellos el implante de precursores hematopoyéticos procedentes de médula ósea, sangre periférica, cordón umbilical u otros. 1.º Se establecen como requisitos mínimos específicos comunes de los centros para obtener la autorización para los tres tipos de trasplante mencionados, los siguientes: 1) Disponer de personal facultativo especializado con experiencia acreditada en el trasplante de médula ósea. 2) Garantizar la disponibilidad de un médico con experiencia probada en el diagnóstico y tratamiento de las complicaciones del trasplante de médula ósea. 3) Disponer de personal de enfermería con formación en este tipo de cuidados. 4) Estar dotado de una Unidad de Cuidados Intensivos, de un Servicio de Diagnóstico por Imagen con disponibilidad de técnicas adecuadas y de laboratorios generales adecuados. 5) Disponer de un área de aislamiento antiinfeccioso adecuado. 6) Contar con un Servicio o Unidad de Hematología-Hemoterapia o Banco de Sangre, que será responsable del soporte hemoterápico adecuado, de la citoaféresis mecanizada y de la obtención, criopreservación y almacenamiento de los progenitores hematopoyéticos. 7) Disponer de un Servicio o Unidad de Farmacia y/o Nutrición capacitado para la elaboración de soluciones para nutrición entérica o parenteral ajustada a la situación de los pacientes. 8) Estar dotado de un Laboratorio de Anatomía Patológica que disponga de los medios técnicos y humanos necesarios para el diagnóstico de las complicaciones asociadas al trasplante y poder realizar los posibles estudios post-mórtem. 9) Disponer de un Laboratorio de Microbiología donde se puedan efectuar los controles de las complicaciones infecciosas que presenten los pacientes. 2.º Dentro de este grupo de actividades y en función de los distintos tipos de trasplante para los que se solicite autorización, los centros tendrán que cumplir, además de todos los requisitos precedentes, los siguientes: 1) La autorización de los centros para realizar trasplantes alogénicos quedará condicionada a un número mínimo de procedimientos anuales que será determinado por la Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 2) Para la realización de implantes alogénicos a partir de donantes familiares, el centro debe cumplir, además de los requisitos específicos comunes y los previstos en el apartado anterior, los siguientes: i) Disponer de un laboratorio de histocompatibilidad, propio o concertado, con capacidad de determinar el polimorfismo del complejo principal de histocompatibilidad (MHC, HLA) para los loci A, B, C, DR y DQ en baja o alta resolución. ii) Disponer de un área de aislamiento que como mínimo aplique un sistema de aislamiento invertido. 3) Para la realización de implantes alogénicos a partir de donantes no emparentados el centro, además de los anteriores requisitos (autoimplantes e implante de médula ósea a partir de donantes familiares) deberá garantizar la disponibilidad de un Laboratorio de Histocompatibilidad con capacidad de determinar los loci A, B, C, DRB1 y DQ por DNA de alta resolución. b) Actividades de implante de tejidos osteo-tendinosos: disponer de una Unidad Quirúrgica especializada con al menos un especialista con experiencia demostrada en dichos trasplantes. c) Actividades de implante de piel: disponer de una Unidad Quirúrgica especializada con al menos un especialista con experiencia demostrada en trasplante de piel. d) Actividades de implante de válvulas cardíacas: disponer de una Unidad de Cirugía especializada, con amplia y reconocida experiencia en intervenciones con circulación extracorpórea, así como de, al menos, un profesional con experiencia demostrada en la implantación de válvulas. e) Actividades de implantes de segmentos vasculares: disponer de una Unidad de Cirugía con al menos un especialista con experiencia en dichos trasplantes. f) Actividades de implante de tejido ocular, incluyendo córneas, limbocorneal, esclera y otros tejidos oculares: disponer de una Unidad de Cirugía especializada con al menos un especialista con experiencia en dichos trasplantes. g) Implantes de grupos celulares: disponer de la unidad y equipamientos necesarios para llevar a cabo los implantes específicos de que se trate. ANEXO II Requerimientos clínicos para la evaluación de los donantes de células y tejidos 1. Donantes fallecidos. 1.1 Criterios generales de exclusión: Con carácter general, los posibles donantes que cumplan alguno de los criterios que se mencionen a continuación no se considerarán donantes válidos: a) Causa de muerte desconocida, excepto en los casos en que se pueda realizar una autopsia y que ésta demuestre que no se encuentra en el cadáver ningún motivo de exclusión. b) Historia de enfermedad no filiada. c) Ingesta o exposición a algún tóxico que pueda ser transmitido, a dosis tóxicas, al receptor a través de los tejidos o células (cianuro, plomo, mercurio, oro, etc.). d) Presencia o historia de enfermedad maligna, excepto el carcinoma primario basocelular, el carcinoma in situ de cervix uterino y algunos de los tumores primarios del sistema nervioso central en los que la evidencia científica nos dice que el riesgo de transmisión es aceptable desde el punto de vista de la seguridad y calidad. Los donantes con enfermedades malignas pueden ser aceptados como donantes de córnea, excepto en los casos de retinoblastoma, neoplasias hematológicas y otros tumores malignos que puedan afectar al polo anterior del ojo. e) Riesgo de presentar enfermedades causadas por priones. Este riesgo incluye los siguientes ejemplos: 1.º Diagnóstico de enfermedad de Creutzfeld-Jakob no iatrogénica o variante de enfermedad de Creutzfeld‑Jakob o historia familiar de enfermedad de Creutzfeld-Jakob no iatrogénica. 2.º Historia de demencia rápidamente progresiva o enfermedad neurológica degenerativa de origen desconocido. 3.º Tratamiento previo con hormonas derivadas de la hipófisis (i.e. hormona del crecimiento). Receptores de duramadre, córnea o esclera. Personas sometidas a intervención quirúrgica no documentada donde pueda haberse utilizado duramadre. f) Infección activa y no controlada en el momento de la donación, incluyendo infección bacteriana e infección sistémica viral parasitaria o fúngica, o infección localizada en los tejidos a utilizar. Los potenciales donantes con sepsis bacteriana pueden ser evaluados y considerados para la extracción de córneas si éstas se van a almacenar en cultivos que permitan la detección de contaminación bacteriana. g) Historia, existencia de factores de riesgo de transmisión, evidencia clínica o tests de laboratorio positivos para HIV, hepatitis B, hepatitis C y HTLV I y II. h) Historia de enfermedad autoinmune crónica que pueda haber dañado los tejidos a utilizar. i) Presencia de otros factores de riesgo para trasmitir enfermedades, teniendo en cuenta la historia de viajes y la prevalencia local de enfermedades infecciosas. j) Riesgo de que los tests biológicos puedan quedar invalidados: 1.º Por existencia de hemodilución (ver anexo III). 2.º Por tratamiento con inmunosupresores. k) Presencia de signos físicos que puedan suponer un riesgo de transmisión de enfermedad. l) Historia reciente de vacunación con virus atenuados, que puede constituir una fuente de contagio. m) Receptores de xenotrasplante. 1.2 Criterios de exclusión específicos para la edad pediátrica: Además de lo especificado en el punto anterior, que es igualmente aplicable a los donantes de edad pediátrica, cualquier niño nacido de madre portadora o enferma de VIH o que pueda incluirse dentro de los apartados del punto anterior debe ser excluido, salvo que se pueda demostrar que no existe riesgo de transmisión: a) Los donantes menores de 18 meses nacidos de madres con marcadores positivos de VIH, hepatitis B o C o que tengan factores de riesgo para estas enfermedades, que hayan recibido lactancia materna en los 12 meses previos deben descartarse independientemente de los tests serológicos. b) Los donantes menores de 18 meses nacidos de madres con marcadores positivos de VIH, hepatitis B o C que no han recibido lactancia materna en los 12 meses previos y que no presenten evidencia clínica ni historia compatible con haber estado infectados, cuyos tests serológicos sean negativos para VIH, hepatitis B o C pueden ser aceptados como donantes. 1.3 Examen físico externo.–Se debe realizar una exploración física detallada del cadáver para detectar si hay signos que puedan indicar que existe un riesgo de transmisión de enfermedad: tumores (i.e. melanoma), infecciones (i.e. úlceras genitales o condilomas anales), factores de riesgo de transmisión de enfermedad infecciosa (signos de venopunción, tatuajes o piercings no filiados). 2. Donante vivo. 2.1 Donante vivo autólogo: El médico responsable del procedimiento terapéutico debe determinar, sobre la base de la historia clínica, la indicación terapéutica y la documentación disponible, la justificación para la donación y los criterios de seguridad. Si las células o tejidos obtenidos van a ser almacenados, cultivados o sometidos a algún proceso de transformación «ex vivo» se realizarán los mismos tests biológicos que los requeridos para los donantes alogénicos. Los resultados positivos de cualquiera de los tests no impedirán el reimplante de las células, los tejidos o los productos derivados. Ambos, paciente o su representante legal y el médico responsable, deben firmar el documento de donación con arreglo a las disposiciones legales vigentes y a lo establecido en el artículo 7. En dicho documento, el paciente deberá reconocer que la información que ha facilitado se ajusta a lo cierto dentro de su margen de conocimiento. 2.2 Donante vivo alogénico: El donante se seleccionará sobre la base del conocimiento de su historia clínica y la entrevista personal realizada por el profesional médico responsable. Esta evaluación incluirá aquellos puntos que resulten relevantes en la identificación y selección de posibles donantes cuya donación pudiera representar un riesgo para la salud de terceros, como la posibilidad de la transmisión de enfermedades, o para su propia salud. En el caso de la donación de sangre de cordón umbilical o membrana amniótica, no deberá haber interferencia ni compromiso con el cuidado y la seguridad de la madre o el recién nacido. Los criterios de selección de donantes vivos de tejidos o células para uso alógenico se establecerán y documentarán en el establecimiento de tejidos que los vaya a recibir, o en la unidad de trasplante, cuando se trate de una referencia directa de las células o tejidos del centro de obtención al de implante. Estos criterios incluirán los específicos de cada tejido o grupo celular más los que hagan referencia al estado general del donante, su historia clínica y de hábitos sociales, y los resultados de los tests de exploración clínica y de laboratorio designados para verificar el estado de salud del donante. Se seguirán los mismos criterios generales de exclusión que se han especificado para los donantes fallecidos. En casos seleccionados de trasplantes de progenitores hematopoyéticos se podrán admitir donantes con marcadores virales B y C positivos. En los casos de donación de gametos dentro de la pareja se seguirán los criterios especificados al efecto (según el anexo IV). Dependiendo del tejido o grupo celular se añadirán otros criterios de exclusión: a) Embarazo: Excepto para la donación de progenitores hematopoyéticos y membrana amniótica. b) Lactancia materna. c) La posibilidad de transmitir enfermedades hereditarias en el caso de progenitores hematopoyéticos y gametos. Ambos, el donante o su representante legal y el médico responsable, deben firmar el documento de donación con arreglo a las disposiciones legales vigentes y a lo establecido en el artículo 7. En dicho documento, el donante deberá reconocer que la información que ha facilitado se ajusta a lo cierto dentro de su margen de conocimiento. ANEXO III Tests de laboratorio requeridos en la evaluación de los donantes (excepto los donantes de células reproductoras) 1. Tests biológicos requeridos para los donantes. 1.1 Los siguientes tests se requerirán, como mínimo, en todos los casos de donación de células y tejidos: HIV 1 y 2: Anticuerpos Anti HIV-1, 2. Hepatitis B: HBs Ag. Anti. Hbc. Hepatitis C: Anticuerpos AntiHVC (en casos de progenitores hematopoyéticos se requerirá además PCR). Sífilis: Ver 1.4. 1.2 Los tests de anticuerpos Anti HTLV I y II se deberán realizar en aquellos donantes que viven o que vienen de zonas con una elevada incidencia de la enfermedad. También se realizarán en los donantes que sean parejas sexuales o hijos de personas que viven o vienen de zonas con elevada incidencia de la enfermedad. 1.3 Cuando el test de anticuerpos Anti HB-C sea positivo y el HBsAg negativo, será necesario realizar pruebas adicionales para determinar si los tejidos y/o células pueden ser utilizados o deben ser descartados. 1.4 En algunas circunstancias se realizarán tests adicionales dependiendo de la historia del donante o las características de las células o tejido a utilizar (CMV, T. cruzi, toxoplasma, malaria, Dengue, VEB, HLA, RhD). 1.5 Se aplicará un algoritmo diagnóstico para excluir la presencia de infección activa por Treponema Pallidum: a) Test no reactivo, específico o no: permite la utilización de tejidos o células. b) Test no específico reactivo: se debe realizar un test específico que, caso de ser no reactivo, permitirá la utilización de tejidos o células. c) Test específico reactivo: se requiere una evaluación específica del riesgo para determinar el uso o no de las células y/o tejidos. 1.6 Para los donantes autólogos se tendrá en cuenta lo especificado en el anexo II punto 2.2.1. 2. Requerimientos generales de los tests biológicos. 2.1 Los tests se realizarán en laboratorios cualificados y autorizados por las autoridades competentes de la correspondiente comunidad autónoma. Se utilizarán kits con marcado CE, cuando estén disponibles en el mercado. El tipo de test utilizado deberá ser validado para el objetivo que persigue, de acuerdo al conocimiento científico y siguiendo las instrucciones del fabricante. 2.2 Los tests biológicos se realizarán en suero o plasma del donante. No deben realizarse en otros fluidos, como el humor vítreo o acuoso, salvo que esté específicamente justificado. 2.3 Cuando los donantes fallecidos han recibido transfusiones de sangre o componentes sanguíneos y/o coloides en las 48 horas precedentes al fallecimiento o cristaloides en la hora precedente al fallecimiento debe aplicarse el algoritmo del cálculo de la hemodilución. Los establecimientos de tejidos podrán aceptar tejidos o células de donantes con tasas de hemodilución superiores al 50%, solo si los test de laboratorio están validados para muestras hemodiluidas o se encuentra alguna muestra de plasma o suero extraídas previamente a las transfusiones/infusiones. a) Muestras de sangre «pre mórtem»: si se han infundido componentes sanguíneos, sangre o coloides en las 48 horas precedentes a la toma de muestras o cristaloides en la hora precedente. b) Muestras de sangre «post mórtem»: si se han infundido componentes sanguíneos, sangre o coloides en las 48 horas precedentes al fallecimiento o cristaloides en la hora precedente al fallecimiento. 2.4 En el caso de donantes fallecidos, las muestras de sangre deben obtenerse antes del fallecimiento. De no ser así, las muestras se obtendrán lo antes posible, y, en todo caso, antes de transcurridas 24 horas desde el fallecimiento. 2.5 Otros supuestos: a) En el caso de donantes vivos (excepto para células progenitoras de médula ósea y células progenitoras de sangre periférica, por razones de índole práctica), las muestras de sangre para serología se deben obtener en el momento de la donación o dentro del margen de los 7 días siguientes a la donación (del 0 al +7). b) Cuando las células y/o tejidos se vayan a almacenar durante largos periodos, se requerirá una segunda determinación a los 180 días. En estos casos la «muestra de donación» se podrá tomar en el intervalo que transcurre entre los 7 días previos y los 30 días posteriores a la donación (del −7 al + 30). c) Cuando las células y/o tejidos de un donante alogénico no se vayan a almacenar durante largos periodos y no se pueda proceder a la segunda determinación, se aplicará el punto a). 2.6 Si se aplican técnicas de amplificación de DNA para la determinación de la presencia de HIV, HBV y HLV, no se requerirá una segunda determinación. Tampoco será necesaria si durante la fase de procesamiento del tejido y/o grupo celular se incluye algún proceso validado de inactivación viral. 2.7 En el caso de donantes alogénicos de progenitores hematopoyéticos las muestras de sangre serán analizadas dentro del margen de 30 días pre extracción. 2.8 En el caso de progenitores hematopoyéticos de sangre de cordón umbilical se analizarán la sangre de la madre y la sangre del cordón. 2.9 En el caso de donantes neonatos, la muestra se obtendrá de la madre para evitar procedimientos médicos innecesarios para el niño. ANEXO IV Selección y evaluación del donante de células reproductoras 1. Donación entre miembros de la pareja para su uso directo. Los criterios de evaluación clínica o de laboratorio no se aplicarán a los casos de donación de células reproductoras entre miembros de una pareja para su uso directo. 2. Donación entre miembros de la pareja para su uso diferido. Cuando las células reproductoras vayan a ser almacenadas o procesadas, se deberán cumplir los siguientes criterios: 2.1 El facultativo responsable del proceso de donación de gametos debe determinar y documentar, sobre la base de la historia clínica y la indicación terapéutica, la justificación para la obtención y los criterios de seguridad para la madre y los hijos que pudieran resultar del proceso. 2.2 Se realizarán los siguientes tests serológicos para evaluar el riesgo de contaminación cruzada: HIV 1 y 2: Anticuerpos Anti HIV-1, 2. Hepatitis B: Antígeno HBs / Anticuerpos anti HBC. Hepatitis C: Anticuerpos Anti VHC. Cuando los resultados de los tests para HIV 1 y 2 o de la Hepatitis B o C sean positivos o no estén disponibles, o cuando se sabe que el donante tiene algún factor de riesgo de transmisión de estas infecciones, se debe programar un sistema de almacenamiento aislado. 2.3 Los tests de determinación de anticuerpos anti HTLV I y II se realizarán en donantes que viven o vienen de áreas con una elevada incidencia de enfermedad o cuyas parejas sexuales o progenitores vengan o vivan en áreas de elevada incidencia de enfermedad. 2.4 En algunas circunstancias se requerirán tests adicionales (malaria, toxoplasma, Tripanosoma cruzi, dengue, CMV, VEB, RhD) dependiendo de la existencia de viajes, o exposición a riesgo de contagio, o de las características de las células obtenidas. 2.5 El hecho de que los tests sean positivos no impide necesariamente que se puedan utilizar las células obtenidas, o los productos derivados, en casos de donación entre personas de la misma pareja, siempre de acuerdo a la normativa vigente. 2.6 Cuando el test de HIV 1 y 2 o de la hepatitis B o C sean positivos o no se disponga de los resultados, o cuando el donante presente algún criterio de riesgo de infección, se utilizará un sistema de almacenamiento aislado. 3. Donaciones fuera de la pareja. El uso de células reproductoras de donantes diferentes a la pareja habitual deberá cumplir los siguientes criterios: a) Los donantes se seleccionarán sobre la base de su historia clínica, que debe hacer el facultativo responsable. Esta evaluación incluirá cualquier factor que pueda resultar relevante en la identificación y selección de aquellas personas cuya donación pueda representar un riesgo para la salud de terceros, como la posibilidad de transmitir una enfermedad, o para sí mismos (i.e. inducción y/o estimulación de la ovulación, sedación, riesgos asociados a la extracción de óvulos o consecuencias de índole psicológica). b) Los donantes deben tener marcadores serológicos negativos para HIV 1 y 2, HVC y HVB y sífilis. Los donantes de esperma deben tener, además, marcadores negativos para chlamidia en una muestra de orina y por determinación mediante PCR. c) Se realizarán tests de determinación de anticuerpos anti HTLV I y II en aquellos donantes que viven o provienen de zonas con elevada incidencia de enfermedad o cuyas parejas sexuales o progenitores viven o provienen de áreas con elevada incidencia de la enfermedad. d) En algunas circunstancias se requerirán tests adicionales dependiendo de la historia clínica del donante o de las características de las células o tejidos (i.e. malaria -CMV-Tripanosoma cruzi, RhD). e) En el caso de donaciones autólogas se aplicará lo establecido en el anexo II punto 2.1. f) Se llevará a cabo una evaluación de la carga genética en relación a la existencia de genes autonómicos recesivos de acuerdo al conocimiento científico y a la prevalencia conocida en la etnia del donante. g) Se llevará a cabo una evaluación del riesgo de transmisión de enfermedades hereditarias conocidas y presentes en la familia. Se informará a los implicados de los resultados obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia del información y documentación clínica y la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. Esta información deberá ser lo más completa posible en relación a los riesgos asociados y a las medidas adoptadas o que se puedan adoptar, y debe ser transmitida y explicada claramente al receptor. h) Requerimientos básicos para la realización de tests biológicos. Los test biológicos se realizarán de acuerdo con lo especificado en el punto 3.2 del anexo III: 1.º Las muestras de sangre se obtendrán en el momento de la donación. 2.º Las muestras de esperma se mantendrán en cuarentena, al menos, 180 días, tras lo cual se repetirán los tests biológicos. Esta segunda evaluación se podrá evitar si la primera determinación se hizo mediante test de amplificación de ácidos nucleicos. Igualmente, se podrá evitar la segunda determinación de tests biológicos si en el proceso de transformación o manejo posterior las células van a sufrir un proceso validado de inactivación viral. ANEXO V Procedimientos de donación, extracción de células y tejidos y su recepción en el establecimiento de tejidos 1. Donación y extracción. 1.1 Consentimiento e identificación del donante.–Antes de proceder a la extracción de las células y tejidos, el responsable del procedimiento o persona autorizada para ello, debe confirmar y registrar: a) Que el consentimiento para la extracción se ha obtenido conforme a lo establecido en la legislación vigente. b) Cómo se ha realizado la identificación del donante. c) Que, en el caso de donaciones de vivo, el donante ha entendido la información facilitada, ha tenido la oportunidad de preguntar sus dudas y ha obtenido respuestas satisfactorias y que ha confirmado que la información que ha facilitado, con respecto a su historial clínico, es cierta hasta donde llega su conocimiento. 1.2 Evaluación del donante. 1.2.1 El responsable del procedimiento de extracción o persona autorizada para ello debe recoger y registrar toda la información clínica y social del donante que resulte relevante para la evaluación tal y como se describe en el apartado 1.4 de este anexo (documentación del donante). 1.2.2 En el caso de los donantes vivos se llevará a cabo una entrevista personal durante la cual se completará un cuestionario estructurado. En el caso de los donantes fallecidos el cuestionario se rellenará con la ayuda de: a) La familia o los allegados (anamnesis social y de hábitos). b) El médico que le ha tratado. c) Su médico de cabecera (si procede). d) El historial médico / los resultados de la autopsia. 1.2.3 Se llevará a cabo una exploración física del donante para detectar aquellos signos o marcas que puedan ser sospechosos de transmisión de enfermedad o resulten complementarios a la información de la historia clínica y que puedan obligar a evaluaciones adicionales antes de aceptar el donante: tumores (melanomas), infecciones (úlceras genitales o condilomas anales), factores de riesgo para padecer enfermedades transmisibles (venopunciones), traumatismos o cicatrices de operaciones recientes o antiguas. 1.3 Extracción de células y tejidos. 1.3.1 Los procedimientos de extracción serán los adecuados para el tipo de donante y el tipo de células o tejidos que se van a obtener, así como para garantizar la protección del donante. 1.3.2 Los procedimientos utilizados deberán garantizar que se protegen las propiedades de estas células o tejidos que se requieren para su uso clínico, y que minimizan los riesgos de contaminación microbiológica, especialmente si las células o tejidos no van a ser objeto de tratamiento de esterilización subsiguiente. 1.3.3 En el caso de donantes fallecidos, se debe registrar el lugar de la extracción (o se debe describir en el informe de extracción) que deberá ser un área restringida. El equipo médico que vaya a realizar la extracción deberá adoptar las medidas preventivas de contaminación más adecuadas en cada caso. En general, ello debe incluir el lavado de las superficies de trabajo con soluciones antisépticas, la preparación de un campo estéril, realizar un lavado quirúrgico de manos y utilizar guantes y batas estériles, así como mascarilla y gorro. 1.3.4 En el caso de las extracciones de donantes fallecidos se debe registrar la hora del fallecimiento y la de la extracción, registrándose el intervalo y asegurándose que no se exceden los límites que garantizan que se preservarán las características y propiedades biológicas de las células y tejidos. 1.3.5 Una vez se hayan extraído los tejidos o grupos celulares de un donante fallecido, se llevará a cabo una reconstrucción de las zonas afectadas, de manera que se acerque lo más posible a su apariencia anatómica previa. 1.3.6 Cualquier suceso que ocurra durante el procedimiento de extracción y que pueda resultar o haya resultado perjudicial para el donante, así como cualquier investigación adicional derivada de estos hechos para determinar su causa, debe ser adecuadamente recogida y evaluada. 1.3.7 Deberá haber guías de procedimiento estandarizado disponibles para minimizar el riesgo de contaminación por parte de miembros del staff que pudieran estar infectados con enfermedades transmisibles. 1.3.8 Para la extracción de células y tejidos se utilizaran instrumentos y sistemas estériles de alta calidad, validados y/o específicamente certificados y mantenidos regularmente para el uso al que están destinados. 1.3.9 Cuando se utilice instrumental de múltiple uso, deberá haber procedimientos estandarizados validados disponibles para la limpieza y esterilización de dicho material. 1.3.10 Siempre que sea posible se utilizarán materiales con certificación UE y se entrenará adecuadamente al staff implicado para el manejo de dicho instrumental. 1.4 Documentación del donante. 1.4.1 Para cada donante deberá prepararse un fichero que contenga: a) Identificación del donante (nombre, apellidos y fecha de nacimiento con su equivalente identificativo). b) En el caso de donaciones de neonatos o sangre de cordón o cualquier otro tejido o grupo celular obtenido en el momento del parto, se registrarán el nombre y fecha de nacimiento de la madre, la fecha de nacimiento del donante y su nombre si se conoce. c) Sexo, edad, historial médico y social. d) Resumen de la exploración física. e) Fórmula del cálculo de hemodilución (si procede). f) Documento de consentimiento para la obtención. g) Datos clínicos, resultados de los tests de laboratorio y cualquier otra determinación o pruebas realizadas. h) Resultado del informe si se ha procedido a un examen necrópsico. i) En el caso de los progenitores hematopoyéticos se registrará la documentación relativa a la idoneidad del donante para un determinado receptor. 1.4.2 El equipo de extracción elaborará un informe del procedimiento de extracción del cual se enviará una copia al establecimiento de procesamiento de tejidos. En este informe se recogerá, al menos, la siguiente información: a) Identificación, nombre y dirección del establecimiento de destino que va a recibir el grupo celular y/o tejidos extraídos. b) Identificación del donante, incluyendo cómo se ha llevado a cabo la identificación y quién lo hizo. c) Causa, fecha y hora de la muerte (en donante fallecido). d) Descripción e identificación de los tejidos y células extraídos y de las muestras obtenidas para la evaluación. e) Identificación del responsable del grupo de extracción y firma del mismo. f) Fecha y hora (de comienzo y finalización), lugar de la extracción y procedimiento utilizado (POE, si procede). Descripción del área y las condiciones en que se realizó la extracción (si procede). g) Incidentes ocurridos durante la extracción. h) En el caso de donantes fallecidos, información sobre los métodos y condiciones de la conservación del cadáver: si ha estado refrigerado o no, temperatura, tiempo, comienzo y fin de la refrigeración. i) Reactivos y soluciones de conservación utilizadas (Identificación de lotes). j) En el caso de donantes de esperma la información mínima a consignar será: 1.º Nombre del establecimiento de tejidos de destino. 2.º Datos de identificación del donante. 3.º Fecha y hora de la obtención. k) La información relativa al donante deberá ser archivada y protegida contra modificaciones no autorizadas, custodiada de forma apropiada y accesible para la autoridad competente, al menos hasta 30 años después del uso clínico o caducidad de las células o tejidos obtenidos. 1.5 Empaquetado. 1.5.1 Tras la extracción todas las células y tejidos serán empaquetados de forma que se minimicen los riesgos de contaminación y se asegure la temperatura requerida para preservar las características y propiedades biológicas y funcionales de las células y tejidos. Asimismo, el empaquetado debe impedir la contaminación de quienes lo llevan a cabo y quienes transportan los tejidos y las células. 1.5.2 Las células y tejidos empaquetados deberán ser transportados en contenedores adecuados para el transporte de material biológico y que mantenga su calidad y seguridad. 1.5.3 Las muestras de tejido o sangre que acompañen a las obtenidas para uso último con el fin de servir para ulteriores tests o determinaciones analíticas, deberán ir adecuadamente etiquetadas. En estas etiquetas debe figurar la identificación del donante y la información relativa al lugar y el momento en que se recogió el espécimen. 1.6 Etiquetado de los tejidos o células extraídos. 1.6.1 En los contenedores internos de células y/o tejidos para uso humano debe figurar una etiqueta que contenga, al menos, la siguiente información: a) Código de identificación del donante. b) Tipo de célula y/o tejido. 1.6.2 En el caso de que el contenedor lo permita, en virtud de sus dimensiones, deberá figurar además: a) Fecha y hora de la obtención. b) Precauciones (si procede). c) Aditivos utilizados (si procede). d) En caso de donaciones directas debe identificarse el receptor. e) En caso de donaciones autólogas deberá figurar: «Sólo para uso autólogo». 1.7 Etiquetado del contenedor externo de transporte.–En el contenedor de transporte de las células y/o tejidos debe figurar una etiqueta donde se especifique la siguiente información: a) «Muestra biológica de células/tejidos-Manejar con cuidado». b) Identificación del establecimiento de tejidos de origen del tejido y/o grupo celular, incluyendo la dirección y el teléfono y la persona de contacto para cualquier contingencia. c) Identificación del establecimiento de tejidos de destino, incluyendo la dirección y el teléfono, así como la persona de contacto a quien hay que entregar el contenedor. d) Fecha y hora de inicio del transporte. e) Especificaciones para mantener las características biológicas de las células o tejidos durante el transporte (si procede). f) Especificaciones de almacenamiento si procede (i.e. NO CONGELAR). g) En caso de que los tejidos o células puedan verse afectados por los rayos X debe figurar claramente «NO IRRADIAR». h) En casos de productos que se conoce que son potencialmente contaminantes o de los que se desconocen los resultados de los tests serológicos debe especificarse: «RIESGO DE CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA». i) En el caso de donaciones autólogas debe figurar claramente «Para uso autólogo exclusivamente». 2. Recepción del tejido y/o grupo celular en el establecimiento de tejidos. 2.1 Condiciones generales.–Cuando el tejido y/o grupo celular extraído llegue al establecimiento de tejidos, se llevará a cabo un procedimiento documentado de verificación de que el envío recibido cumple con todos los requisitos exigidos, tanto en este real decreto-ley como en las especificaciones del propio establecimiento de tejidos, en relación a las condiciones de transporte, de empaquetado y de etiquetado, y en relación a las muestras para ulteriores controles e información y documentación que deben acompañar a los tejidos y/o células. El establecimiento de tejidos debe asegurar que los tejidos y/o células recibidos permanecen en cuarentena hasta que ellos mismos y toda la documentación acompañante haya sido objeto de los análisis, controles, inspecciones o verificaciones requeridos en este real decreto-ley y en las especificaciones del propio establecimiento. La revisión de la documentación, así como la consiguiente decisión sobre su aceptación, debe ser hecha por la persona autorizada o designada en el establecimiento de tejidos. Cada establecimiento de tejidos debe tener un procedimiento documentado para asegurar que los envíos de tejidos y/o células recibidos que no cumplen con los requisitos establecidos, o cuya documentación está incompleta o que están a la espera de completar los resultados de la evaluación del donante, se almacenan de forma que no haya riesgo de contaminación para otros tejidos y/o células preservados, almacenados o procesados en el mismo establecimiento. 2.2 Registro de datos.–Los datos que se deben registrar en el establecimiento de tejidos (excepto en el caso de la donación de células reproductoras entre miembros de la pareja) serán, al menos, los siguientes: a) Consentimiento o autorización para la extracción, donde se consigne el propósito de utilización (uso terapéutico o investigación o ambos) y cualquier instrucción específica para su destrucción cuando no se utilicen para el propósito con el que se obtuvieron. b) Los relativos a la identificación del donante y sus características, incluyendo el tipo de donante y la causa de muerte, si procede, tal y como se ha descrito en la sección: «Documentación». c) Los relativos a la historia clínica del donante y al procedimiento de extracción, tal y como se ha reseñado en el anexo correspondiente. d) Los relativos a la exploración física del donante, los resultados de los tests de laboratorio o de cualquier otra prueba practicada al donante, incluyendo los de la necropsia en caso de haberse realizado. e) El informe completo de evaluación del donante firmado por el responsable del proceso de evaluación y selección o persona autorizada. f) Los relativos al procedimiento de extracción, tal y como se recoge en el anexo correspondiente, incluyendo el lugar de la extracción y la persona responsable. g) Los tejidos y/o células que se reciben y sus características. h) En caso de tejido autólogo, es necesario especificar además: 1.º Las características de la lesión o proceso patológico que se va a tratar. 2.º Alergias medicamentosas o a productos que puedan ser utilizados en la conservación y procesamiento. 2.2.1 En el caso de cultivos celulares para uso autólogo se consignará además la información sobre posibles alergias del receptor (i.e. antibióticos). 2.2.2 En el caso de las donaciones de células reproductoras fuera de la pareja habitual, se consignarán además los siguientes datos relativos a los donantes: talla, peso, raza, color de piel (pálido, moreno), color de ojos (marrón, verde, ámbar, azul, negro), color de pelo (rubio, castaño claro, castaño oscuro, pelirrojo, negro), textura de pelo (liso, ondulado, rizado), grupo sanguíneo y Rh. 2.2.3 En el caso de células reproductoras que van a ser utilizadas en el seno de la pareja habitual, los datos que se consignarán son: a) Consentimiento/autorización para la extracción, donde se consigne el propósito de utilización (uso terapéutico/investigación o ambos) y cualquier instrucción específica para su destrucción cuando no se utilicen para el propósito con el que se obtuvieron. b) Datos de identificación del donante: tipo de donante, edad, sexo, presencia de factores de riesgo y causa de la muerte en caso de donantes fallecidos. c) Datos de identificación de la pareja: edad, sexo y presencia de factores de riesgo. d) Lugar de la obtención del grupo celular. e) Células o tejidos obtenidos y sus características más relevantes. 3. Requerimientos para la distribución directa al centro de implante de tejidos y/o células específicos. Excepcionalmente la unidad de Coordinación Autonómica de Trasplantes y/o la Organización Nacional de Trasplantes podrá autorizar el envío directo de algunas células o tejidos específicos desde el centro donde se realiza la extracción al centro de implante para su uso inmediato. (i.e. células progenitoras hematopoyéticas, córneas, etc.). En todo caso se exigirán los requisitos especificados en estos anexos en cuanto a la identificación, extracción, empaquetado, envío, preservación y etiquetado. ANEXO VI Información mínima exigida en el sistema de trazabilidad de origen a destino de las células y tejidos humanos obtenidos para su aplicación en humanos 1. Información que debe guardar y custodiar el establecimiento de tejidos: a) Identificación del centro, unidad u organismo de obtención autorizado. b) Número identificativo único de donación. c) Fecha de obtención. d) Lugar de obtención. e) Tipo de donación/obtención: 1.º Fallecido –Vivo. 2.º Multitejido –Tejido/grupo celular único. 3.º Alogénico –Autólogo. f) Identificación del establecimiento de tejidos. g) Tipo de tejido o grupo celular. h) Número de lote, si procede. i) Número de subpartición, si procede. j) Fecha de caducidad. k) Estatus del tejido/grupo celular: 1.º Disponible. 2.º Descartado. 3.º Cuarentena. l) Descripción del producto células o tejido: origen, fases de procesamiento o transformación aplicadas, materiales y aditivos que han estado o están en contacto con las células o tejidos y que pueden afectar a su calidad y/o seguridad o cuya presencia debe tenerse en cuenta por razones de seguridad para las personas en las que se apliquen (ie. presencia de antibióticos y posibles reacciones alérgicas). m) Etiquetado interno y externo del tejido o grupo celular. n) Fecha de disponibilidad. ñ) Identificación del centro o unidad de aplicación. 2. Información que debe guardar y custodiar el centro o unidad de aplicación: a) Identificación del establecimiento de tejido proveedor. b) Identificación del responsable de la unidad o centro de aplicación. c) Tipo de tejido/grupo celular. d) Identificación del producto. e) Identificación del receptor o persona en la que se aplica el tejido o grupo celular. f) Fecha de utilización, aplicación o en su caso descarte y causa de no utilización en este último supuesto. ANEXO VII Sistema de codificación de células y tejidos 1. Información contenida: 1. Identificación de la donación: a) Identificación de la donación. b) Identificación del establecimiento de tejidos. 2. Identificación del producto: a) Código de producto básico. b) Número de partición. c) Fecha de caducidad. ANEXO VIII Sistema de biovigilancia

Fernando Lacaba Sánchez ha renunciado al cargo.

I El trasplante de células y tejidos humanos ha experimentado un incremento considerable en los últimos años. En el ámbito de la Unión Europea y con el fin de regular la creciente utilización clínica de dichos elementos se ha aprobado la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos; la Directiva 2006/17/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos humanos; y la Directiva 2006/86/CE de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos de trazabilidad, la notificación de las reacciones y los efectos adversos graves y determinados requisitos técnicos para la codificación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos. El Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos, vino a transponer la normativa comunitaria al ordenamiento jurídico interno de España. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha anulado, por insuficiencia de rango, el mencionado real decreto mediante su reciente sentencia de 30 de mayo de 2014. La decisión del Alto Tribunal deja sin regulación jurídica, en materia de donación y trasplante de células y tejidos humanos, aspectos relativos a la calidad y seguridad de la donación tan importantes como la voluntariedad, el anonimato entre donante y receptor, el altruismo y la solidaridad que caracterizan el modelo de trasplantes del Sistema Nacional de Salud; los sistemas de control de los procesos que se suceden desde la obtención de las células y tejidos hasta su implantación; las condiciones que deben reunir los centros y unidades de obtención y aplicación así como los establecimientos de tejidos; los sistemas y canales de información sobre donación de células y tejidos; los objetivos y criterios de acceso, basados en la evaluación objetiva de las necesidades médicas, a las células y tejidos; la participación del sector público y de las organizaciones sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios de utilización de células y tejidos humanos. La ausencia de regulación en tales ámbitos daría lugar a la supresión de las exigencias vigentes aplicables a la donación de tejidos y células -con frecuencia provenientes no solo de países miembros de la Unión Europea sino también de terceros países- y, por tanto, a la eliminación de medidas, con el consiguiente riesgo para la salud pública, destinadas a evitar la transmisión de enfermedades del donante al receptor en los implantes de tejidos, algunos de ellos con notable importancia cuantitativa y cualitativa de utilización como el de médula ósea, sangre de cordón umbilical, tejido óseo o córneas. En concreto, esta falta de regulación conllevaría, en primer lugar, una ausencia de garantías de calidad y seguridad en las donaciones y trasplantes de tejidos por inexistencia de condiciones y requisitos para intervenir en dicho ámbito. La inexistencia de exigencias imprescindibles, en cuanto a determinaciones en los donantes o a procesamiento de los tejidos, generaría, por ejemplo, un elevado riesgo de transmisión de enfermedades o de fracaso de un trasplante. En segundo lugar, también se produciría una ausencia de controles públicos necesarios en lo relativo al ámbito de la donación de células y tejidos y, señaladamente, en el de donación de médula ósea. Y en esta misma línea de inexistencia de requisitos y controles públicos necesarios resulta especialmente preocupante la ausencia de control sobre importaciones y exportaciones de tejidos. La norma declarada nula exigía autorización administrativa previa para la importación o exportación de tejidos procedentes de, o con destino a, terceros países. En esta situación podrían enviarse, sin ningún control, tejidos de donantes españoles a cualquier país del mundo, o podrían entrar en España tejidos de donantes procedentes de países sin los criterios mínimos de calidad con el riesgo de transmisión de enfermedades a los receptores. II Este real decreto-ley responde a la evidente necesidad de regular con la requerida urgencia el marco jurídico indispensable para la materialización inmediata de la utilización de células y tejidos humanos, así como de los productos elaborados derivados de ellos, cuando están destinados a ser aplicados al ser humano, en los mismos términos que ya consagraba el real decreto ahora anulado. Con el fin de mantener tanto las garantías de control de la importación y exportación de tejidos provenientes y destinados a terceros países, como las de establecimiento y funcionamiento de entidades españolas y extranjeras en este ámbito y las de seguridad jurídica de pacientes y profesionales en relación con este tipo de trasplantes, resulta imprescindible una actuación normativa con carácter inmediato. Se trata de garantizar la regulación de numerosos aspectos y actividades relacionados con la aplicación terapéutica de células y tejidos humanos a efectos de soslayar el riesgo que la actual situación conlleva para la salud pública, lo cual no admite dilatar en el tiempo la regulación de la materia. Al mismo tiempo, con esta norma se da cumplimiento al rango normativo exigido por el ### RESUMEN: Fernando Lacaba Sánchez ha renunciado al cargo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 338.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 28 de octubre de 2020, ha acordado aceptar la renuncia al cargo de presidente de la Audiencia Provincial de Girona, formulada por el magistrado Fernando Lacaba Sánchez, adscribiéndole a la Audiencia Provincial de Girona, orden civil, hasta la adjudicación de la plaza correspondiente del que hubiere elegido, teniendo preferencia, además, durante los dos años siguientes al cese, a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por el concurso voluntario y para la que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista. Madrid, 28 de octubre de 2020.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.

Convenio de prensa diaria que si trabajas 24 meses de 30 en un medio te tienen que hacer fijo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 338.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 28 de octubre de 2020, ha acordado aceptar la renuncia al cargo de presidente de la Audiencia Provincial de Girona, formulada por el magistrado Fernando Lacaba Sánchez, adscribiéndole a la Audiencia Provincial de Girona, orden civil, hasta la adjudicación de la plaza correspondiente del que hubiere elegido, teniendo preferencia, además, durante los dos años siguientes al cese, a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por el concurso voluntario y para la que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista. Madrid, 28 de octubre de 2020.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano. ### RESUMEN: Convenio de prensa diaria que si trabajas 24 meses de 30 en un medio te tienen que hacer fijo.

Visto el texto del IV Convenio colectivo estatal de prensa diaria (Código de Convenio n.º: 99013745012001) que fue suscrito con fecha 4 de julio de 2013, de una parte, por la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), en representación de las empresas del sector, y de otra, por los sindicatos FSC-CCOO, UGT y FeSP, en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 18 de septiembre de 2013.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. CUARTO CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DEL SECTOR DE PRENSA DIARIA CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Ámbito funcional. I. El presente Convenio Colectivo regula las relaciones de trabajo en aquellas empresas dedicadas a la edición de Prensa Diaria tanto en soporte papel como digital, que no estén afectadas por Convenio Colectivo propio. II. Asimismo, también se incluye en el ámbito funcional de este Convenio Colectivo, únicamente aquellos talleres existentes a la fecha de la firma del presente convenio, que pertenecientes a las empresas afectadas por este Convenio realicen la impresión de sus propias publicaciones. III. No obstante lo anterior, en el supuesto de que existan capítulos que total o parcialmente no estuvieren regulados en los convenios de ámbito inferior al que en este Convenio Colectivo se define como propio del Sector de Prensa Diaria, las partes legitimadas para su firma podrán, previo acuerdo, regular dichos capítulos tomando como referencia lo expuesto en este Convenio Colectivo. Artículo 2. Ámbito Personal. I. Se regirán por el presente convenio todos los trabajadores que presten servicios en aquellas empresas definidas en el artículo 1 del mismo. II. Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación del presente convenio: A) Consejeros, Personal de Alta Dirección y Personal Directivo. B) Profesionales liberales vinculados por contratos civiles de prestación de servicios. C) Asesores. D) Los corresponsales y colaboradores con una relación civil con las empresas del artículo 1. E) Los colaboradores a la pieza, que no tengan una relación basada en los principios de jerarquía, ajeneidad y dependencia, ni estén sometidos a control de jornada tal y como se define en el presente Convenio Colectivo, independientemente de que mantengan la relación continuada con las Empresas incluidas en el ámbito funcional del presente Convenio Colectivo. F) Los agentes comerciales o publicitarios que trabajen para alguna de las Empresas incluidas en el ámbito funcional, con libertad de representar a otras empresas dedicadas a igual o diferente actividad. G) El personal perteneciente a empresas que tengan formalizado un contrato civil o mercantil de prestación de servicios con las Empresas afectas por el presente convenio. Artículo 3. Ámbito Territorial. El presente Convenio Colectivo será de aplicación en todo el territorio del Estado Español, así como a todos aquellos trabajadores con relación laboral que presten sus servicios fuera del territorio del Estado español. Artículo 4. Vigencia y Concurrencia. I. El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», manteniendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, aplicando sus efectos de forma retroactiva a 1 de enero de 2011 exclusivamente en materia de salarios. II. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el Salario Mínimo Garantizado (SMG) será contenido mínimo para todas las empresas del sector de prensa diaria definidas en el artículo I del presente convenio. Con independencia de lo anteriormente dispuesto, a los efectos de alcanzar el SMG, al que se hace referencia en el artículo 36 las empresas podrán operar de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera. III. Las Empresas con Convenio Colectivo concurrente de ámbito inferior que deseen adherirse al contenido de este convenio podrán hacerlo mediante Acuerdo entre las direcciones y los representantes de los trabajadores en el seno de esas empresas. Artículo 5. Denuncia y Prórroga. I. El presente Convenio Colectivo se considerará prorrogado por un año más, y así sucesivamente si por cualquiera de las partes no se denunciara fehacientemente el mismo con una antelación mínima de dos meses antes de la fecha de vencimiento o del vencimiento de cualquiera de sus prórrogas. II. Denunciado el Convenio Colectivo por cualquiera de las partes, y constituida la Mesa de Negociación en el plazo de un mes, permanecerá en vigor tanto su contenido normativo, como obligacional, hasta que hayan transcurrido veintiún meses desde su denuncia, periodo a partir del cual perderá su vigencia y todos sus efectos, de no alcanzarse un nuevo acuerdo al respecto. Artículo 6. Vinculación a la Totalidad. Las condiciones aquí pactadas constituyen un todo orgánico indivisible y a efectos de su aplicación práctica deberán ser consideradas globalmente. Artículo 7. Garantía Personal. Se respetarán aquellas condiciones ad personam que, consideradas globalmente y en cómputo anual, excedan del presente Convenio Colectivo. CAPÍTULO II Organización del trabajo Artículo 8. Organización del Trabajo. I. La organización del trabajo en las Empresas afectadas por este Convenio Colectivo corresponde a la dirección de las mismas. II. Los trabajadores a través de sus representantes legales, delegados de personal, comité de empresa o secciones sindicales tienen derecho a conocer de aquellas decisiones de carácter organizativo que puedan afectarles. III. En todo caso, las empresas estarán obligadas a informar con carácter previo a los representantes de los trabajadores sobre cualquier modificación sustancial que se produzca en la organización de la empresa que pueda afectar a los trabajadores, respetándose, en cualquier caso, los plazos establecidos para ello en el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 41. IV. Sin merma de la autoridad conferida a las Direcciones de las Empresas, los Comités de Empresa tienen atribuidas funciones de asesoramiento, orientación y propuesta en los temas relacionados con la organización y racionalización del trabajo, teniendo derecho a presentar informe con carácter previo a la ejecución de las decisiones que aquéllas adopten en los casos de implantación o revisión de los sistemas de organización y control del trabajo, especialmente aquellos referidos a las nuevas tecnologías, todo ello sin perjuicio de las normas legales que sean de aplicación, y de las facultades expresamente otorgadas en este Convenio Colectivo a la Comisión Mixta de interpretación. Artículo 9. Formación Profesional. I. Las Empresas y Centrales Sindicales firmantes del presente Convenio Colectivo acuerdan suscribir a futuro los Acuerdos de Formación Continua que de ámbito nacional se suscriban por los Agentes Sociales en los ámbitos funcional y territorial de los mismos, como mejor forma de organizar y gestionar las acciones de formación que se promuevan en el sector. II. Las partes se comprometen a suscribir cualquier otro acuerdo de naturaleza interconfederal que se firme a futuro. III. Con independencia de lo anteriormente expuesto, los planes de formación, así como las distintas acciones formativas de las empresas, serán elaborados y organizados por las Direcciones, las cuales determinarán en cada caso los departamentos a los que vayan dirigidos y las personas que deban asistir a los mismos. Sin perjuicio del derecho individual de los trabajadores, los representantes de los mismos podrán participar en el desarrollo de los planes de formación de la empresa. IV. Las empresas velarán de forma adecuada por la actualización de conocimientos por parte del personal. A estos efectos, cuando dichos cursos sean organizados por las empresas, los trabajadores tendrán derecho a: a) La compensación del 100 % del tiempo utilizado en los mismos, si la asistencia a los cursos es promovida por la empresa, con objeto de realizar tareas formativas dirigidas a reconvertir trabajadores cuya función o puesto de trabajo se hubiera declarado obsoleto como consecuencia de una modificación sustancial en su contenido. b) La compensación del 50 % del tiempo cuando los cursos sean ofrecidos por la empresa, con objeto de mejorar la cualificación profesional de los mismos, siempre y cuando estos se realicen fuera de la jornada ordinaria de trabajo. En caso contrario, esto es cuando se realice dentro de la jornada ordinaria el trabajador deberá de recuperar las horas en el mismo tanto por cien. c) En caso de que la iniciativa formativa partiera del trabajador y cuando la misma se encuentre vinculada a la actividad desempeñada en la empresa, previo acuerdo se adecuara el horario laboral para que el desarrollo de la misma sea posible, atendiendo a la necesidad organizativa del empresario. V. El periodo de excedencia para cuidado de hijos o familiares será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional relacionados con su prestación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. VI. Para ejercitar los anteriores derechos, será requisito indispensable que el interesado justifique previamente la concurrencia de las circunstancias que confieren el derecho invocado, y que no perjudique el ejercicio del derecho el correcto funcionamiento del proceso productivo. CAPÍTULO III Contratación, periodo de prueba, promociones y ascensos Artículo 10. Ingresos. I. El ingreso de los trabajadores se ajustará a las modalidades de contratación legales vigentes en cada momento. II. En cada centro de trabajo o empresa, la Dirección informará a los representantes de los trabajadores de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, sobre la evolución general del sector de Prensa Diaria, situación de la producción y ventas de la entidad, sobre su programa de producción y evolución probable de empleo, así como acerca de la previsión empresarial sobre la celebración de nuevos contratos. III. Las Empresas estarán obligadas a hacer entrega a los Representantes de los Trabajadores de las copias básicas de los contratos que formalicen. IV. Tendrán derecho preferente para el ingreso, en idoneidad de condiciones, quienes hayan desempeñado o desempeñen funciones en las empresas con contratos de duración determinada, formativos o a tiempo parcial. Artículo 11. Periodo de Prueba. I. Los periodos de prueba, por Grupos Profesionales, con la excepción contemplada para el contrato previsto en el artículo 20 de este convenio, serán los siguientes: Grupo 1: Ocho meses. Grupos 2 y 3: Cuatro meses. Grupo 4: Dos meses. Grupos 5, 6 y 7: Un mes. II. Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados a todos los efectos respecto de los derechos y obligaciones del trabajador en la Empresa. III. Durante el periodo de prueba, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse de acuerdo con la legislación vigente. IV. Los contratos temporales tendrán los siguientes periodos de prueba: Grupo 1: Cuatro meses. Grupos 2 y 3: Dos meses. Grupo 4: Un mes. Grupos 5,6 y 7: 15 días. V. Los contratos temporales que se transformen en indefinidos no estarán sometidos a periodo de prueba. Artículo 12. Planes de igualdad. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. En las empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el párrafo anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Ley Orgánica. A efectos de lo regulado en el presente Convenio respecto los planes de igualdad y los diagnósticos de situación deberá tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 5 de la referida Ley, según el cual, no constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. Artículo 13. Contratación. I. La contratación de trabajadores se ajustará a las normas legales generales sobre empleo, comprometiéndose las Empresas a la utilización de los diversos modos de contratación de acuerdo con la finalidad de cada uno de los contratos. II. A estos efectos, tendrán preferencia para ser contratados en los distintos grupos profesionales a que se hace referencia en el capítulo V del presente convenio, el género menos representado sin que ello se haga en detrimento de los méritos e idoneidad de otros trabajadores. Artículo 14. Contrato de Obra o Servicio determinado. I. Es el contrato para la realización de obra o servicio determinado y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta. II. Es contrato para obra o servicio determinado consustancial a la actividad del sector, aquellos que se realicen para afrontar cualquier lanzamiento o nuevo proyecto que aun siendo inherente a la actividad del sector tuviere una duración limitada en el tiempo pero incierta. III. La duración del presente contrato será la prevista para la obra o servicio determinado, no pudiendo exceder de tres años su duración. No obstante, por acuerdo individual entre empresa y trabajador se podrá ampliar un año más. Trascurridos dichos plazos, el inicial o el de su prórroga, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos, siempre que el trabajador continúe prestando sus servicios. En ambos casos se deberá de informar a la representación legal de los trabajadores. IV. Podrá realizarse tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. V. En el contrato formalizado por escrito, se identificarán de forma clara los trabajos o tareas objeto del contrato, así como la jornada de trabajo. Artículo 15. Contrato Eventual. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, las Empresas incluidas en el artículo 1º de este Convenio podrán acogerse a esta modalidad de contratación por un tiempo máximo de doce meses dentro de un periodo de dieciocho. Artículo 16. Garantía en la contratación. Los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo, con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos. Artículo 17. Contrato a Tiempo Parcial. Se estará a lo dispuesto al artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, con las siguientes especificidades: a) Las horas complementarias que será posible realizar no excederán del 40 % de la jornada pactada en el contrato. b) El número de horas extras a realizar será el proporcional a la jornada pactada, tomando como base el máximo anual para la jornada completa establecido normativamente en cada momento. Artículo 18. Contratos Formativos. a) Contrato de Trabajo en Prácticas. I. Se estará a lo dispuesto en el artículo 11 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995 y a la Legislación Vigente. II. De conformidad con lo dispuesto en el apartado I.a del referido artículo 11 del E.T., se considerarán puestos de trabajo objeto del presente contrato, aquellos que estén incluidos dentro de los Grupos Profesionales 3 y 4 del presente convenio colectivo. III. La duración de este tipo de contratos, no podrá ser inferior a seis meses, ni exceder de dos años. IV. El salario de estos trabajadores será el 70 % durante el primer año, y el 85 % durante el segundo año, respecto del Salario fijado en el presente Convenio Colectivo para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. b) Contrato para la Formación y aprendizaje. I. El presente contrato se podrá celebrar con trabajadores mayores de 16 años y menores de 25 años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2.a) del ET, no siendo de aplicación el tope de 25 años, en los supuestos previstos en el referido artículo. No obstante lo anterior hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se situé por debajo del 15 %, podrá realizarse este tipo de contratos con trabajadores menores de 30 años, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Novena de la Ley 3/2012, de 6 de julio. II. La duración de este tipo de contratos no podrá ser inferior a 12 meses ni superar los tres años. III. La retribución de estos contratos se determinará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, no pudiendo exceder este del 75 % el primer año, y del 85 % el segundo y tercer año de la jornada máxima legal prevista en el presente convenio colectivo, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. IV. Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad no interrumpirán el cómputo de la duración del contrato. Artículo 19. Contrato de trabajo a distancia. Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquél en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa, considerando las partes firmantes que el presente contrato es idóneo para promover la vida laboral, personal y familiar. El acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se formalizará por escrito. Tanto si el acuerdo se estableciera en el contrato inicial como si fuera posterior, le serán de aplicación las reglas contenidas en el artículo 8.3 del Estatuto de los Trabajadores para la copia básica del contrato de trabajo. Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan sus servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquéllos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial. En especial, el trabajador a distancia tendrá derecho a percibir, como mínimo, la retribución total establecida conforme a su grupo profesional y funciones. El empresario deberá establecer los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo de estos trabajadores a la formación profesional para el empleo, a fin de favorecer su promoción profesional. Asimismo, a fin de posibilitar la movilidad y promoción, deberá informar a los trabajadores a distancia de la existencia de puestos de trabajo vacantes para su desarrollo presencial en sus centros de trabajo. Las especificidades de la protección de la salud consustanciales a este contrato serán desarrolladas por la comisión paritaria. Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo. Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación colectiva conforme a lo previsto en la presente Ley. A estos efectos dichos trabajadores deberán estar adscritos a un centro de trabajo concreto de la empresa. La dotación de medios necesarios para la realización del trabajo a distancia será por cuenta de la empresa; si dichos medios son aportados por el trabajador, se pactará el régimen de utilización y amortización. En todo caso, la empresa correrá con los gastos de puesta en marcha y mantenimiento de los equipamientos. La empresa será responsable de la implantación de las medidas necesarias para el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. La adscripción a esta modalidad contractual será voluntaria tanto para el trabajador como para la empresa, siendo reversible cuando exista acuerdo entre el trabajador y la empresa. Artículo 20. Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. Las empresas con menos de 50 trabajadores podrán hacer uso de este tipo de contratos regulados en el artículo 4 del RDL 3/2012, de 10 de febrero. Artículo 21. Ascensos. a) El ascenso de los trabajadores a tareas o puestos de trabajo que impliquen mando o confianza, serán de libre designación por la empresa. b) Salvo lo dispuesto en el artículo relativo a la Movilidad Funcional, durante el tiempo que el trabajador preste sus servicios en el Grupo superior, percibirá el salario del grupo de destino, aunque no lo consolide, entendiéndose que si el empleado no consolida dicho puesto de destino, retornará a su puesto de origen en las mismas condiciones que tenía antes de efectuarse el ascenso. c) A estos efectos, el periodo de consolidación del nuevo puesto de destino será de seis meses para el ascenso a los Grupos 1 y 2, siendo de tres meses para el resto de los Grupos Profesionales regulados en este Convenio Colectivo, salvo lo dispuesto en el artículo 23.III y IV. Artículo 22. Puestos de Nueva Creación, Promociones y Vacantes. I. a) Para los casos de Promociones Internas y los Puestos de Nueva Creación, en aquellos centros de trabajo con más de 125 trabajadores, las empresas establecerán un concurso - oposición en base a un sistema de carácter objetivo, tomando como referencia las siguientes circunstancias: titulación adecuada, valoración académica, conocimiento del puesto de trabajo, historial y mérito profesional, haber desempeñado funciones en un grupo profesional superior y superar satisfactoriamente las pruebas que al efecto se establezcan. A estos efectos y siempre que los puestos a cubrir no sean de libre designación, las Empresas deberán informar a los representantes legales de los trabajadores, que podrán emitir informe respecto al concurso-oposición. b) Se entiende que este Sistema será de aplicación siempre y cuando la cobertura del puesto de destino vaya a ser realizada en su totalidad, exceptuándose expresamente el desempeño temporal de ciertas funciones. II. Cuando se produzca una vacante definitiva que vaya a ser cubierta, corresponderá a las Empresas el decidir sobre la solicitud de ocuparla, teniendo preferencia, en igualdad de condiciones, el trabajador con más antigüedad. En ningún caso se producirá discriminación por razón de edad. III. A estos efectos, las Empresas vendrán obligadas a comunicar al los Representantes de los Trabajadores de la existencia de vacantes. CAPÍTULO IV Movilidad geográfica y funcional Artículo 23. Movilidad Funcional. I. De conformidad con lo establecido en el presente Convenio Colectivo, la Movilidad Funcional quedará limitada por el Área de Actividad a la que estén adscritos los trabajadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.3 de este texto. II. A estos mismo efectos, se entenderá que en los casos en que por necesidades organizativas o de producción el trabajador sea asignado a la realización de funciones correspondientes a un Grupo inferior al de Origen dentro de un mismo Área de Actividad, se mantendrá por el tiempo imprescindible para atender la función, sin perjuicio de que el trabajador movilizado perciba la retribución de su Grupo de Origen. A los efectos de evitar el menoscabo de la dignidad personal y de la formación profesional del trabajador, en el caso de que el puesto a cubrir por necesidades organizativas o de producción pudiese ser realizado por más de un trabajador dentro de aquellos que cumplen las mismas funciones, lo contemplado en el párrafo anterior deberá realizarse de forma rotativa, en periodos de dos meses, durante el tiempo que duren las causas organizativas o de producción que motivaron la movilización, salvo acuerdo individual en contrario. En el caso de que el cambio de destino a un Grupo Inferior tuviese lugar por la petición del trabajador, a éste se le podrá asignar la retribución propia del nuevo puesto de trabajo. Este cambio se efectuará siempre que la estructura de la empresa lo permita. III. En el caso de que el trabajador sea asignado a un Grupo Profesional Superior, percibirá la retribución del Grupo de destino, durante el tiempo movilizado. Dicha situación no podrá prolongarse durante más de seis meses en un año u ocho en el plazo de dos, produciéndose el ascenso del trabajador de forma automática al Grupo Superior en caso contrario. IV. El periodo de tiempo previsto en el párrafo anterior no operará en el caso de que el trabajador sea asignado a funciones superiores con motivo de la sustitución por vacaciones, enfermedad o baja por incapacidad de un compañero de trabajo. V. De conformidad con la legislación vigente, no se podrán invocar como causas de despido objetivo, la ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional. Artículo 24. Movilidad Geográfica. I. Cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, las empresas podrán proceder al traslado, individual o colectivo, de trabajadores siguiendo para ello los procedimientos previstos en el artículo 40 apartados 1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores. El trabajador o trabajadores trasladados tendrán derecho a una compensación por todos los conceptos de: • Gastos de traslado propios y familiares a su cargo. • Gastos de transporte de mobiliario, ropa y enseres. • Indemnización en metálico de dos meses de Salario Bruto del trabajador o trabajadores afectados. II. Empresa y trabajador afectados podrán pactar cualesquiera otras compensaciones por traslado. III. Igualmente, las empresas podrán desplazar temporalmente a los trabajadores cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas y productivas. En estos supuestos se estará a lo dispuesto en el artículo 40.4 del Estatuto de los Trabajadores. IV. Cuando el traslado a que se hace referencia en este artículo en su apartado I se realice dentro del mismo municipio o en otro que diste menos de 30 Kilómetros a contar desde el antiguo centro de trabajo, se entenderá que no existe necesidad de cambiar la residencia habitual del trabajador. Cuando se den estas circunstancias, el trabajador o trabajadores afectados no tendrán derecho a percibir compensación por gastos ni indemnización a que se hace referencia en el apartado I de este artículo, pudiéndose acordar en estos supuestos otras compensaciones por desplazamiento. V. Cuando en una misma Empresa o Centro de Trabajo presten sus servicios dos trabajadores que sean matrimonio o pareja de hecho según se contempla en el artículo 42.III de este Convenio Colectivo y uno de ellos fuese afectado por el traslado, las Empresas procurarán trasladar a ambos, siempre que las necesidades organizativas y productivas del centro de origen y de destino lo permitan. VI. En el caso de que la movilidad geográfica se produzca con trabajadores incluidos en los Grupos 3, 4, 5, 6 y 7 del presente Convenio Colectivo, y de existir, dentro del colectivo de trabajadores que realicen una misma función alguno que desee voluntariamente optar por la movilidad aquí contemplada, podrá tener lugar la permuta de uno por otro, previa aceptación por la dirección y por ambos trabajadores. VII. En el supuesto de que la empresa pretenda trasladar el centro de trabajo a otra localidad y el nuevo centro esté ubicado a una distancia inferior a 30 kilómetros del centro de origen, se entenderá que no existe la necesidad de cambiar la residencia habitual del trabajador. CAPÍTULO V Clasificación profesional y grupos profesionales Artículo 25. Clasificación Profesional. 1. Principios Generales. 1. Se entiende por Sistema de Clasificación Profesional la ordenación jurídica por la que, con base técnica y organizativa, se contempla la inclusión de los trabajadores en un marco general que establece los distintos cometidos laborales. 2. A estos efectos, se entiende por grupo profesional el que agrupa las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, incluyendo tanto diversas categorías profesionales, como distintas funciones o especialidades profesionales, previa realización, si ello es necesario, de cursos de formación. 3. El Sistema de Clasificación Profesional será la base sobre la que se regulará la forma de llevar a cabo la movilidad funcional y sus distintos supuestos. 2. Aspectos básicos de clasificación. 1. El presente Sistema de Clasificación Profesional se establece, fundamentalmente, atendiendo a los criterios que el Artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores fija para la existencia del Grupo Profesional: aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, incluyendo en cada grupo tanto distintas funciones como especialidades profesionales. 2. La clasificación profesional se realiza en Áreas de Actividad y Grupos Profesionales por interpretación y aplicación de factores generales objetivos y por las tareas y funciones básicas más representativas que desarrollen los trabajadores. Los trabajadores en función del puesto de trabajo que desarrollan serán adscritos a una determinada Área de Actividad y a un Grupo Profesional de los establecidos en el presente Capítulo, circunstancias que definirán su posición en el esquema organizativo y retributivo. Así, la posesión por parte de un trabajador de alguna o todas las competencias representativas de un grupo profesional determinado, no implica necesariamente su adscripción al mismo, sino que su clasificación estará determinada por la exigencia y el ejercicio efectivo de tales competencias en las funciones correspondientes a su puesto de trabajo. En cualquier caso, dichos mayores conocimientos por parte del trabajador, le serán válidos y la empresa deberá tenerlos en cuenta en las futuras promociones que se planteen. 3. No obstante lo establecido en este Capítulo respecto de los Grupos Profesionales y de conformidad con lo estipulado en el artículo 23 de este Convenio Colectivo la movilidad funcional, se podrá producir únicamente en las Áreas de Actividad. Dicha movilidad funcional será exclusiva de cada área de actividad de forma independiente. 4. Los factores que influyen en la clasificación profesional de los trabajadores y que, por tanto, indican la pertenencia de cada uno de éstos a un determinado Grupo Profesional, todo ello según los criterios determinados por el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, son los que se definen a continuación: La asignación de cada trabajador al grupo profesional correspondiente será el resultado de la conjunta ponderación de los factores que a continuación se desarrollan: 4.1 Formación: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el conjunto de conocimientos, experiencia y habilidad requeridos para el desempeño normal de un puesto de trabajo. Este factor se integra por: Titulación: Considera el nivel inicial mínimo y suficiente de conocimientos teóricos que debe poseer una persona para llegar a desempeñar satisfactoriamente las funciones del puesto de trabajo. Especialización: Considera la exigencia de conocimientos especializados o complementarios a la formación inicial básica. 4.2 Iniciativa: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de seguimiento a normas o directrices para la ejecución de tareas o funciones. 4.3 Autonomía: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de dependencia jerárquica en el desempeño de las tareas o funciones que se desarrollen. 4.4 Responsabilidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de autonomía de acción del titular de la función, el nivel de influencia sobre los resultados y la relevancia de la gestión sobre los recursos humanos, técnicos y productivos. 4.5 Mando: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de supervisión y ordenación de las funciones y tareas, la capacidad de interrelación, las características del colectivo y el número de personas sobre las que se ejerce el mando. 4.6 Complejidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el número y el grado de integración de los diversos factores antes enumerados en la tarea o puesto encomendado. 3. Áreas de actividad. Entendemos por Áreas de Actividad a las agrupaciones organizativas existentes, teniendo en cuenta, tanto el contenido de los puestos que las componen como los objetivos esenciales que las definen. Delimitan, asimismo, la trayectoria natural de una carrera profesional, y son las siguientes: 1. Área Técnica/Producción: El objeto de producción de este Área de Actividad viene determinado por su carácter y formación eminentemente técnicos y tienen como labor fundamental la producción, tanto desde un punto de vista técnico/taller, informático o audiovisual, utilizando para ello los medios tecnológicos y los conocimientos personales para su utilización, que permitan desarrollar los objetivos organizacionales con el máximo de eficacia. Agrupa así mismo las labores de coordinación y dirección del personal encargado de realizar las funciones enunciadas anteriormente. 2. Área Informativa/Redacción: Se integran en esta área de actividad aquellos puestos de trabajo cuya misión es la producción de contenidos en papel o en cualquier otro soporte así como para su transmisión para medios electrónicos. 3. Área de Gestión: Quedan encuadrados en esta área de actividad todos los puestos que tienen como funciones primordiales labores de control interno de la Empresa, y cuyo objetivo fundamental es dar soporte al resto de las áreas de la misma. Agrupa cometidos propios de secretaría, gestión económica, administrativa y de recursos humanos, así como los de comercialización de productos. 4. Grupos profesionales. Los grupos profesionales y dentro de ellos las divisiones por áreas de actividad y las tareas o labores descritas en los mismos, no suponen la obligación de tener provistas todas y cada una de dichas labores que aquí se enuncian si la necesidad y el volumen de la Empresa no lo requiere. A estos mismos efectos, las labores descritas en todos y cada uno de los Grupos Profesionales que siguen, tienen un carácter meramente enunciativo, no limitativo, y deben servir de referencia para la asignación de puestos análogos que surjan con posterioridad como consecuencia de cambios tecnológicos. Esta estructura profesional pretende obtener una más razonable estructura productiva, todo ello sin merma de la dignidad, oportunidad de promoción y justa retribución que corresponda a cada trabajador. Los actuales puestos de trabajo y tareas se ajustarán a los grupos establecidos en el presente Convenio Colectivo. Sin embargo, desde el momento en que exista en una empresa un trabajador que realice las funciones específicas en la definición de un grupo habrá de ser remunerado, por lo menos, con la retribución que a la misma se le asigna en este Convenio. En aquellos supuestos en que sea precisa la adscripción a un grupo profesional determinado y su correspondiente labor o tarea no venga recogida en el presente Convenio Colectivo, la misma será llevada a la Comisión Mixta del mismo, que operará según los criterios establecidos en el artículo 26 de este Convenio Colectivo. Los Grupos Profesionales son los siguientes: Grupo profesional 0. Criterios generales. Funciones de coordinación, planificación, organización, dirección y control de las actividades propias al más alto nivel de las distintas áreas de actividad de la empresa. Las funciones del personal perteneciente a este Grupo están dirigidas al establecimiento de las políticas orientadas para la eficaz utilización de los recursos humanos y materiales, asumiendo la responsabilidad de alcanzar los objetivos planificados. Tomar decisiones que afecten a aspectos fundamentales de la actividad de la empresa y desempeñar puestos directivos en las áreas de actividad de la empresa, departamentos, etc. Grupo profesional 1. Criterios Generales. Funciones que requieren un alto grado de autonomía y mando, así como de conocimientos profesionales y responsabilidades que se ejercen sobre uno o varios departamentos o secciones de la empresa, partiendo de directrices muy amplias, debiendo dar cuenta de su gestión a los Directores de las Áreas de Actividad o Departamentos existentes. Funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de funciones realizadas por un conjunto de trabajadores dentro de su misma área de actividad de la empresa. Formación: Titulación Universitaria superior o bien universitaria de grado medio (diplomatura), complementada con una dilatada experiencia profesional o, en su defecto, conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión complementada con formación específica en el puesto de trabajo, que sea equivalente a estudios universitarios de grado medio. Ejemplos: En este Grupo Profesional se incluyen todas aquellas actividades que por analogía son equiparables a las siguientes: – Tareas de organización, coordinación y supervisión de trabajos de las distintas secciones en las diferentes áreas de actividad de la empresa. – Tareas de coordinación de la edición y la redacción literaria, informativa y gráfica, con responsabilidad ante la Dirección, estando igualmente facultado para asignar los trabajos al personal de Redacción. Grupo Profesional 2. Criterios Generales: Funciones que consisten en la realización de actividades complejas y diversas, con alto contenido intelectual, objetivos definidos y con elevado grado de exigencia en autonomía, responsabilidad y mando dirigen normalmente un conjunto de funciones que comportan una actividad técnica o profesional. Se incluyen, además la realización de tareas complejas que, implicando responsabilidad de mando, exigen un alto contenido intelectual o de interrelación humana. Formación: Titulación Universitaria superior o bien universitaria de grado medio (diplomatura), complementada con una dilatada experiencia profesional o, en su defecto, conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión complementada con formación específica en el puesto de trabajo, que sea equivalente a estudios universitarios de grado medio. Ejemplos: En este Grupo Profesional se incluyen todas aquellas actividades que por analogía son equiparables a las siguientes: – Labores de integración, ordenación y supervisión de las tareas del conjunto de trabajadores de cada área de actividad de la empresa, estando supeditada su responsabilidad por personal del Grupo Superior. – Funciones de coordinación y supervisión de los recursos humanos y técnicos del área de explotación para atender las necesidades de producción, velando por el correcto funcionamiento y continuidad en las asistencias técnicas que requiera. Grupo Profesional 3. Criterios Generales: Se incluyen en este Grupo, la realización de las funciones de integrar, coordinar y supervisar la ejecución de tareas diversas, con la responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto de trabajadores. Se incluyen, además la realización de tareas complejas que, sin implicar mando, exigen un alto contenido intelectual. Dentro del área de Informativa/Redaccional, y exclusivamente para el Redactor se establecen dos niveles denominados de A y B. El A es un redactor que acredita conocimientos periodísticos suficientes que capacitan para crear, diseñar, realizar o dirigir informaciones periodísticas, pudiendo asumir responsabilidad en la supervisión y coordinación de personal precisa para la elaboración de la citada información. El B es un periodista titulado que realiza un trabajo intelectual altamente elaborado, asumiendo los cometidos propios de información literaria o gráfica correspondiente a la sección a la que está asignado. Transcurridos 24 meses, el trabajador adquirirá automáticamente el nivel A. La retribución del Redactor B será del 90 % del Grupo 3. Formación: Titulación Universitaria superior o bien universitaria de grado medio (diplomatura), complementada con una dilatada experiencia profesional o, en su defecto, conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión complementada con formación específica en el puesto de trabajo, que sea equivalente a estudios universitarios de grado medio. Ejemplos: En este Grupo Profesional se incluyen todas aquellas actividades que por analogía son equiparables a las siguientes: – Labores de ordenación, supervisión y coordinación de un conjunto de trabajadores dentro de las diferentes áreas de actividad en la empresa. – Labores de Redacción que consisten en la realización de un trabajo de tipo fundamentalmente intelectual, de modo literario o gráfico, en cualquier tipo de soporte ya sea papel o digital, y por cualquier tipo de procedimiento técnico o informático. – Labores de edición, traducción y revisión de textos para su publicación. – Labores de presentación infográfica de la información, ya sea por medio de la edición y adaptación de materiales elaborados o a través de medios tecnológicos, audiovisuales y/o informáticos. – Labores de selección, clasificación, ordenación, conservación y difusión de la documentación, en cualquier tipo de soporte. – Labores de planificación, coordinación y realización de cualquier tipo de producto audiovisual. – Labores de tratamiento, obtención y reproducción de imágenes para su difusión. – Labores de diseño gráfico, elaboración, dibujo o producción de ilustraciones, en cualquier tipo de soporte. – Funciones que, con la formación acreditada, consistan en la prestación de asistencia sanitaria al personal que lo precise. – Labores de diseño, ejecución y archivo de acciones informáticas complejas. Grupo Profesional 4. Criterios Generales: Realización de tareas complejas, pero homogéneas que pudiendo implicar mando exigen un alto contenido intelectual, así como aquéllas que consisten en establecer o desarrollar programas o aplicar técnicas siguiendo instrucciones generales. Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión equivalentes a Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior, complementada con formación específica en el puesto de trabajo. Estudios específicos de grado medio, si el puesto lo requiere legalmente. Ejemplos: En este Grupo Profesional se incluyen todas aquellas actividades que por analogía son equiparables a las siguientes: – Labores administrativas, ayuda o apoyo en la redacción que serán coordinadas y supervisadas por un superior jerárquico, sin que las mismas puedan ser propias del Grupo Profesional 3. – Labores de corrección ortográfica y tipográfica de los textos con autonomía y responsabilidad. – Labores de cobro y pago, emisión de facturas, realización de estadísticas, escrituras contables, certificación de nóminas y redacción de correspondencia con autonomía y responsabilidad. – Labores correspondientes al estudio de procesos complejos, confeccionando organigramas detallados de tratamientos y redactando programas en el lenguaje de programación indicado. – Labores informáticas que consisten en la impartición de formación, localización de averías, mantenimiento de programas, creación de archivos o delimitación de sistemas informáticos. – Labores que requieren conocimientos completos y capacidad específica para cada puesto, para la utilización, mantenimiento y reparación de máquinas de impresión, eléctricas o electrónicas, y todas aquellas relacionadas con la impresión diaria que requieran un especial nivel de cualificación. – Labores de cuidados, tratamiento de primeros auxilios y análisis clínicos. – Labores de producción, composición y ajuste de textos publicitarios. – Labores de reproducción y tratamiento de imágenes. – Labores de transmisión de páginas mediante sistemas tecnológicos para su posterior grabación. – Labores de impresión en máquinas de uno o varios colores. – Labores necesarias para corregir el acabado del producto audiovisual, operando equipos de edición de vídeo. – Tareas de movimiento de cámaras en producciones audiovisuales. – Labores técnicas de producción, composición y ajuste de páginas con autonomía. Grupo Profesional 5. Criterios Generales. Tareas consistentes en la ejecución de operaciones que, aún cuando se realicen bajo instrucciones precisas, requieran adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas, cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa y sistemática. Incluye además la realización de tareas que, aún sin implicar ordenación de trabajo, tienen un contenido medio de actividad intelectual y de relaciones humanas, con o sin trabajadores a su cargo. Formación: Conocimientos equivalentes a los que se adquieren en Bachillerato, completados con una experiencia o una titulación profesional de grado superior o por los estudios necesarios para desarrollar su función. Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que, por analogía, son equiparables a las siguientes: – Labores consistentes en el uso y manejo de ordenadores. – Labores mecánicas o informáticas para el tratamiento de imágenes. – Labores de revelado y/o reproducción de la información gráfica. – Tareas administrativas, apoyo o ayuda en la redacción sin responsabilidad directa en el proceso de producción informativa, sin que las mismas puedan ser propias de los Grupos Profesionales 3 y/o 4. – Labores propias de venta de espacios publicitarios bajo supervisión. – Tareas de inspección y visita de los puntos de venta. – Labores que realizadas bajo instrucciones precisas, consistan en la composición de textos y montaje de páginas. – Labores de despacho de pedidos, recibos y distribución de mercancías, registro de movimientos con confección de albaranes al efecto. – Labores de edición, montaje, operación y supervisión de equipos de sonido. – Labores de iluminación en productos audiovisuales. – Labores de apoyo al realizador de medios audiovisuales. – Labores de ajuste y mezclado de las señales de vídeo. – Labores que consisten en operaciones mecánicas o manuales necesarias para la terminación de la publicación. – Labores de filmación, presentación y control de los negativos para su correcta reproducción. – Labores de insolación, ajuste y terminado de planchas. – Labores de composición y tratamiento de textos que son ejercitadas bajo precisas instrucciones de realización. – Labores de cobro y pago, emisión de facturas, realización de estadísticas, asientos contables, confección de nóminas y redacción de correspondencia. Grupo profesional 6. Criterios Generales. Tareas que consisten en operaciones realizadas siguiendo un método de trabajo preciso, con alto grado de supervisión, que exijan conocimientos profesionales de carácter elemental y de un período breve de adaptación. Formación: La formación básica exigible es la equivalente a Técnico, o bien Graduado Escolar, complementada profesionalmente por una formación específica o de grado medio, equivalente a Educación Secundaria Postobligatoria, o por la experiencia profesional. Ejemplos: En este Grupo Profesional se incluyen todas aquellas actividades que, por analogía, son equiparables a las siguientes: – Tareas sencillas de administración, archivo, reprografía y manejo de ordenador que no requieran iniciativa. – Tareas de recepción y utilización de centralita telefónica. – Tareas que consistan en hacer recados, trabajos sencillos de oficina, encargos, recoger y entregar correspondencia, pudiendo utilizar a estos efectos vehículos para su desplazamiento. – Labores de portería y tareas de vigilancia. – Tareas de transporte y paletización con elementos mecánicos. – Operatoria mecánica o manual para la terminación de las publicaciones siguiendo instrucciones precisas. – Tareas elementales de apoyo con máquinas sencillas entendiendo por tales aquellas que no requieran adiestramiento ni conocimientos específicos. Grupo profesional 7. Criterios generales. Operaciones que se ejecuten según instrucciones concretas, claramente establecidas, con un alto grado de dependencia, que requieren preferentemente esfuerzo o atención y que no necesitan de formación específica. Formación: Conocimientos a nivel de formación elemental. Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades y funciones que, por analogía, son equiparables a las siguientes: – Tareas de limpieza. – Labores sencillas en talleres que no requieran preparación específica. Artículo 26. Modo de Operar para la Clasificación Profesional. Debido a las implicaciones colectivas que tiene la nueva estructuración profesional, y por la necesidad de que exista el máximo acuerdo posible en la aplicación de esta nueva clasificación, en aquellas empresas en las que no se ha producido la adecuación de este precepto, se establece el siguiente modo de operar: a) Se procederá a negociar entre la empresa y los representantes de los trabajadores. b) En el supuesto de haber acuerdo se estará a lo acordado. c) De no haber acuerdo, las partes podrán someterse a mediación o arbitraje de la comisión mixta sobre la totalidad del encuadramiento o sobre parte del mismo en los términos que se detallan en la Disposición Adicional Tercera de este Convenio Por otra parte, se podrá consultar a la comisión mixta para que emita el correspondiente dictamen, que no tendrá carácter vinculante. d) Ahí donde no existan representantes de los trabajadores, éstos podrán acudir directamente a la comisión mixta. Para resolver la mediación propuesta o responder a la consulta formulada, las empresas y sindicatos representados en la Comisión Mixta podrán examinar en la empresa en cuestión las características de la actividad objeto de desacuerdo o consulta. Tras conocerse la interpretación de la Comisión Mixta, la Dirección de la Empresa aplicará la nueva clasificación profesional, quedando no obstante abierta la vía jurisdiccional pertinente para cualquier reclamación. En cualquier caso, la negociación no presupone la necesidad de mutuo acuerdo a nivel de empresa entre los representantes de los trabajadores y la dirección para el establecimiento de la nueva clasificación profesional, pues no se debe olvidar que en los conflictos sobre clasificación profesional será el trabajador o trabajadores afectados los que tendrían que aceptar o no su nueva clasificación profesional. Artículo 27. Tabla de Equivalencias. A los efectos de facilitar el cambio de categorías profesionales a los grupos profesionales definidos en párrafo anterior se ha configurado una Tabla de Equivalencias Categorías-Grupos Profesionales, en la Disposición Transitoria Tercera del presente Convenio Colectivo. CAPÍTULO VI Tiempo de trabajo y descanso Artículo 28. a) Jornada. I. La jornada máxima anual durante la vigencia del presente Convenio queda establecida en 1.687,5 horas que podrán ser distribuidas de forma irregular de lunes a domingo. En el supuesto de distribución irregular, la jornada mínima diaria de un trabajador a tiempo completo no podrá ser inferior a cinco horas. El cómputo de la jornada se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 34.5 del Estatuto de los Trabajadores, respetando los descansos legalmente establecidos. II. Cuando existan probadas razones técnicas, organizativas, o productivas que requieran mayor presencia de los trabajadores en el puesto de trabajo, las empresas podrán establecer, previa comunicación, discusión y acuerdo con los Representantes legales de los Trabajadores, de conformidad con el artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores, la superación del tope máximo de nueve horas, respetando los descansos mínimos contemplados entre jornadas en la Ley. A estos efectos y siempre que fuese posible se hará constar la duración de tal medida. III. Las Direcciones de las empresas y las Representaciones Legales de los Trabajadores se reunirán cuatrimestralmente a los efectos de proceder al control de la jornada irregular pactada. b) Descanso Semanal. I. Todos los trabajadores del Sector de Prensa Diaria, disfrutarán de un descanso de dos días semanales ininterrumpidos, sin perjuicio de otros posibles sistemas de descanso ya establecidos por necesidades de la producción, respetándose, en todo caso, la jornada máxima anual contemplada en el Apartado A de este artículo. Por acuerdo entre empresa y trabajador, en ciclos de dos semanas, se podrá reservar un día para acumular y ser disfrutado en otro periodo. II. El descanso semanal podrá ser rotativo de lunes a domingo, ambos inclusive para todo el personal, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30.1 respecto al personal de redacción. La distribución de la jornada, de conformidad con lo establecido en el párrafo siguiente se hará de tal forma que al menos una vez cada cuatro semanas, el descanso semanal al que se hace referencia en este artículo coincida con sábado y domingo. III. Excepcionalmente, las empresas podrán variar el sistema de descansos al que se hace referencia en los dos apartados anteriores, previa comunicación del mismo a los representantes de los trabajadores de aquellas empresas que deban llevar a cabo esta medida, en la que constará la duración de tal excepcionalidad. IV. El preaviso en el caso de alteración del sistema de descanso deberá ser comunicado al trabajador o trabajadores afectados con al menos tres días de antelación. V. El día de descanso alterado de conformidad con lo establecido en el párrafo III de este artículo, deberá ser compensado con día y medio, dentro de las dos semanas anteriores o posteriores a la alteración. VI. El día de descanso alterado podrá ser adicionado, cuando las necesidades productivas y organizativas lo permitan, a otro de los correspondientes a las dos semanas anteriores o posteriores a la modificación del sistema de descansos. VII. Asimismo, el día de descanso se podrá acumular, si ello fuere posible a las vacaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de este Convenio Colectivo. Para ello, será requisito necesario el respeto a los plazos establecidos en los párrafos precedentes. Artículo 29. Calendario. I. Durante los dos meses anteriores a la finalización de cada año natural las empresas afectadas por el presente Convenio Colectivo elaborarán el calendario laboral del año siguiente, a efectos de lo cual los representantes de los trabajadores emitirán informe previo a las direcciones acerca de su postura respecto al calendario. Dicho calendario se expondrá en el centro de trabajo correspondiente durante todo el año natural. II. Los calendarios incluirán el disfrute de las fiestas (nacionales, autonómicas y locales) y las fechas de disfrute de las vacaciones. Artículo 30. Horario de Trabajo. I. Al no permitir la naturaleza de la actividad periodística determinar un horario rígido de trabajo, cada miembro de la Redacción de las Empresas aludidas en el artículo 1 del presente Convenio tendrá asignado un horario básico, de conformidad con lo contemplado en el artículo 28.B).II, que es aquel en el que normalmente prestan sus servicios. II. Los responsables de las secciones de las que se componen cada una de las redacciones de los diarios, cumpliendo siempre las instrucciones dadas por las direcciones de las empresas y consultada la plantilla asignada a la sección, distribuirán el señalamiento de horarios, reparto de tareas y controles de asistencia. III. Aquellos trabajadores que tengan reconocida la libre disposición, además de los cometidos que tienen asignados, estarán a disposición de las direcciones de las redacciones de las empresas, que apliquen el presente Convenio para cubrir aquellas necesidades informativas de carácter extraordinario o eventual, en todo caso respetando siempre los descansos mínimos entre jornadas del artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores. La libre disposición a que se hace referencia en este artículo se abonará en la forma que se venga realizando en las empresas. Artículo 31. Verificación y Control. I. Todo el personal incluido en el ámbito de este Convenio Colectivo deberá someterse a los sistemas de control de asistencia que las Direcciones de las Empresas en cada momento estimen más adecuados. II. En cualquier caso, las empresas informarán a los representantes de los trabajadores de los sistemas de control de asistencia que tengan implantados, así como respecto a su posible modificación. III. Las empresas deberán de establecer igualmente, sistemas de verificación y control efectivos de la jornada y horario de trabajo, informando periódicamente en los plazos que se acuerde en las empresas a los representantes de los trabajadores, de la implantación de dichos sistemas de control y de sus resultados. Artículo 32. Vacaciones. I. El régimen de vacaciones anuales retribuidas del personal afectado por el presente Convenio Colectivo será de treinta días naturales ininterrumpidos que deberán disfrutarse necesariamente entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. No obstante lo anterior, en función de las necesidades de la producción las empresas podrán fraccionar en dos periodos el disfrute de las vacaciones, debiendo en este caso de disfrutarse uno de los periodos, como mínimo de 15 días naturales, del 1 de julio al 30 de septiembre. Este período fraccionado se realizará entre las fechas del 1 de julio al 15 de septiembre en aquellos supuestos de trabajadores que tengan hijos en edad escolar. II. El calendario de vacaciones se fijará por cada empresa y se publicará en los tablones de anuncios con dos meses de antelación. III. El cómputo de vacaciones se efectuará por año natural, calculándose en proporción al tiempo de permanencia en la empresa en los casos de nuevo ingreso. IV. El disfrute de los turnos de vacaciones se entenderá de manera rotatoria, salvo que medie acuerdo individual entre empresa y trabajador/es, siempre que dicho acuerdo no cause perjuicios a terceros. V. La retribución correspondiente a los periodos de vacaciones incluirá únicamente los siguientes conceptos: SMG y CPC. VI. En todo caso, el disfrute de las vacaciones se adecuará a lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 38 del ET. Artículo 33. Festivos. I. Los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo tendrán derecho al disfrute de los festivos que correspondan según el calendario laboral publicado anualmente por el Gobierno, en su caso las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos. II. Cuando el trabajador no pudiere disfrutar del festivo por razón de la distribución de la jornada, el disfrute del mismo se podrá tomar en cualquier otra fecha a razón de un día y medio de descanso por festivo trabajado, que se podrá acumular a las vacaciones anuales, previo acuerdo con la dirección de las empresas. III. En ningún caso, dada la costumbre existente en el sector, los descansos correspondientes a los festivos de los días 25 de diciembre, 1 de enero y Viernes Santo tendrán la consideración de laborables. En aquellas Comunidades Autónomas que por costumbre estas festividades se desplacen a los días inmediatamente anterior o posterior, se aplicará el mismo criterio. Artículo 34. Horas Extraordinarias. I. Las partes acuerdan la supresión de las horas extraordinarias habituales. II. Serán consideradas horas extraordinarias las que excedan de la jornada anual pactada, que no podrán exceder en ningún caso del límite establecido en el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores. III. Las horas extraordinarias se compensarán preferentemente en descanso, siempre y cuando no perturbe el normal proceso productivo de las empresas, a razón de 1:5 horas de descanso por cada hora extraordinaria realizada, o bien mediante la retribución que se contempla en el apartado siguiente. IV. A estos efectos, el valor de la hora extraordinaria tal y como se define en este artículo, por Grupo Profesional, será el siguiente: Grupos profesionales Valor Hora Extraordinaria – Euros 1 20,35 2 17,91 3 15,69 4 13,61 5 11,44 6 9,87 7 8,26 V. Las horas de trabajo que sean necesarias para la finalización de una tirada o las producidas por averías u otra causa puntual no imputable a la organización de la producción, serán consideradas a todos los efectos de obligado cumplimiento. Estas horas se compensarán en la forma regulada en el apartado III de este artículo. VI. No se computarán a los efectos de distribución de la jornada las horas eventualmente no realizadas motivadas por la finalización anticipada de la producción. VII. A efectos de cómputo de horas extraordinarias y de su compensación en descanso se estará a lo dispuesto en el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores. CAPÍTULO VII Régimen retributivo Artículo 35. Estructura Salarial. Las retribuciones de los trabajadores incluidos en el ámbito personal del presente Convenio Colectivo estarán constituidas por el Salario Mínimo de Grupo y los Complementos del mismo que les sean de aplicación. Artículo 36. Salarios Mínimos/Año de Grupo. I. El Salario Mínimo de Grupo (SMG) estará compuesto por la totalidad de los conceptos retributivos a percibir por los trabajadores de cada empresa, en actividad normal o habitual, así como de aquellos complementos de carácter personal necesarios para alcanzar dicha cuantía. El SMG se entiende distribuido entre las 15 pagas (12 ordinarias y tres extraordinarias) que con carácter general se establecen en este convenio. II. Los complementos de puestos y los de mayor cantidad y calidad en el trabajo no se incluirán a los efectos de cómputo del SMG. III. Para calcular los distintos conceptos salariales que en este Convenio Colectivo giran en torno al salario hora las empresas deberán seguir la siguiente fórmula: SMG/Jornada Anual de Trabajo Efectivo. IV. Los Salarios Mínimos de Grupo para los años de vigencia del Convenio serán los siguientes: Grupos Años 2011-2015 1 26.355,26 2 23.208,44 3 20.331,21 4 17.636,23 5 14.822,36 6 12.781,31 7 10.700,62 Artículo 37. Complementos Salariales. I. Complemento Personal Convenio: El Complemento Personal Convenio será personal y propio de los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio, e incluirá todos aquellos complementos que no siendo de puesto de trabajo o mayor cantidad y calidad, se definan en el mismo o vengan percibiendo los trabajadores en las Empresas que apliquen este Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera. Asimismo incluirá la diferencia en el exceso entre todos aquellos conceptos salariales que vinieren percibiendo los trabajadores por el concepto Salario Base y Complementos Personales y el Salario Mínimo de Grupo que se define en el artículo anterior, en el caso de que la suma de todos aquellos fuese superior al que en este Convenio Colectivo se define como mínimo de grupo. II. Complemento de Antigüedad: El concepto antigüedad quedó eliminado en el 1.er Convenio Colectivo Sectorial, pasando las cuantías devengadas o en tramo de devengo, de conformidad con dicha norma, a formar parte del Complemento Personal de Convenio (CPC). III. Se definen los siguientes Complementos de Puesto de Trabajo: a) Serán complementos de puesto de trabajo aquellos que las empresas vengan retribuyendo como tales, y que efectivamente tengan el carácter propio de complementos de puesto de trabajo, en cada unidad de contratación. b) No obstante lo anterior, se definen como complementos de puesto de trabajo mínimos del sector los siguientes: • Nocturnidad: El trabajo nocturno, entendido por tal el que se realiza entre las 22:00 horas y las 6:00 horas, se retribuirá con el valor del Salario Mínimo de Grupo calculado en función de lo dispuesto en el artículo 36 de este Convenio Colectivo incrementado en un 22 %. El importe a percibir por este concepto se retribuirá de acuerdo con el porcentaje de tiempo empleado en trabajo nocturno. • Plus de Trabajo Dominical: Será aquel que perciban aquellos trabajadores que por necesidades no planificadas en el área de producción deban trabajar en domingo, en la medida que ello constituye una alteración de su sistema de descanso, y siempre que no se hubiese compensado por descanso. El trabajo dominical se retribuirá en función de las Tablas que a continuación se detallan. Grupos profesionales Plus de Trabajo Dominical por Domingo Trabajado 2011-2015 – Euros 1 79,26 2 76,10 3 67,37 4 59,45 5 49,15 6 43,60 7 35,79 Igualmente se percibirá el citado Plus cuando aun estando planificados, el número de domingos trabajados a lo largo del año natural sea superior a 11, generándose el derecho a percibir el citado plus a partir del domingo siguiente. c) En aquellos casos en el que las empresas definidas en el artículo 1 de este Convenio Colectivo vinieren retribuyendo los complementos de puesto que aquí se definen en mayores cuantías, los respetarán como condición individual o colectiva más beneficiosa, en el caso de que se hubieren acordado entre Empresa y Representación Legal de los Trabajadores. IV. Complementos de Mayor Calidad y/o Cantidad de Trabajo: a) Serán complementos de mayor calidad y/o cantidad en el trabajo aquellos que las empresas vengan retribuyendo como tales, y que efectivamente tengan el carácter propio de complementos de mayor calidad y/o cantidad de trabajo, en cada unidad de contratación. b) Estos complementos se abonarán en la forma en la que se vengan abonando en las empresas. Artículo 38. Liquidación y Pago. Recibo de Salarios. I. El pago de haberes se efectuará como muy tarde dentro de los tres primeros días del mes siguiente al vencido. II. Los recibos de salarios se ajustarán a uno de los modelos oficiales aprobados por la Administración Laboral y deberán contener, perfectamente desglosados y especificados, todos los conceptos salariales y extrasalariales, así como las retenciones, cotizaciones, tributaciones y sus bases de cálculo. Artículo 39. Tablas Salariales. Descuelgue salarial e Inaplicación en otras Materias. I. Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo serán de aplicación las tablas salariales que se recogen en el artículo 36.IV. II. Descuelgue salarial. Con objeto de conseguir la necesaria estabilidad económica, mediante acuerdo entre las partes y de conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo y en el 82.3 del Estatuto de los Trabajadores no serán de necesaria y obligada aplicación el sistema de remuneración y la cuantía salarial comprendidos en las tablas salariales fijadas para el período 2011/2015 para aquellas empresas en las que se den las circunstancias económicas, técnicas, productivas y/o organizativas a que se refiere el citado artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. En estos casos se trasladará a las partes la fijación de los salarios previo desarrollo de un periodo de consultas en los términos del artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores y cumpliendo los demás requisitos y condiciones señaladas en el artículo 82.3 del citado texto legal. La intervención como interlocutores ante la Dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre los delegados de personal. En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, ésta se entenderá atribuida a los sindicatos más representativos y con legitimación para formar parte de la Comisión Negociadora del presente Convenio Colectivo y salvo que los trabajadores decidiesen atribuir su representación a una comisión integrada por trabajadores de la propia empresa designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. A efectos de desarrollar el periodo de consultas antes citado, las empresas deberán presentar ante la representación de los trabajadores la documentación precisa que justifique un tratamiento salarial diferenciado. Los representantes de los trabajadores están obligados a tratar y mantener en la mayor reserva la información recibida y los datos a que se hayan tenido acceso como consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores, observando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo profesional. Previa manifestación de estar inclusas en las circunstancias y condiciones justificativas de no hallarse en disposición de afrontar como de necesaria u obligada aplicación las tablas salariales para la vigencia del presente Convenio Colectivo, las empresas negociarán con los representantes de los trabajadores el sistema de remuneración y salarios que les fuera de aplicación. Las empresas que aleguen lo expresado en párrafos anteriores, dirigirán escrito a la Comisión Paritaria y a la Representación Legal de los Trabajadores, comunicando tal situación, la cual velará por el cumplimiento exacto, en sus propios términos, de lo dispuesto en el presente Convenio. Los escritos deberán ir acompañados de copia de la comunicación hecha a los representantes de los trabajadores. En todo caso, la intervención de la Comisión Mixta se ceñirá al conocimiento del desarrollo y aplicación del proceso pactado sin injerirse en el conocimiento de datos de las empresas afectadas que pudieran ser calificados como de estricta confidencialidad, correspondiendo la negociación salarial de tales situaciones excepcionales a la propia empresa y a los representantes de los trabajadores de la misma. De producirse acuerdo en las negociaciones entre la Empresa y los representantes de los trabajadores, éste deberá ser comunicado a la Comisión Mixta. En caso de desacuerdo en el período de consultas, las partes podrán someter su discrepancia a la Comisión Mixta del Convenio Colectivo, la cual dispondrá de un plazo máximo de 7 días para resolver la discrepancia planteada. III. Inaplicación de condiciones de trabajo. El procedimiento contenido en el apartado II del presente artículo será de aplicación al resto de las condiciones de trabajo contenidas en el artículo 82.3 del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En ambos supuestos contemplados en los apartados II y III de este artículo, cuando no se hhubiera solicitado la intervención de la comisión mixta o ésta no hubiera alcanzado un acuerdo, éstas deberán recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los Acuerdos Interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83 del ET, tal y como dispone el artículo 82.3 del ET. Artículo 40. Pagas Extraordinarias. I. Se establecen con carácter general tres pagas extraordinarias, en marzo, junio y diciembre. II. Las citadas pagas extraordinarias incluirán los siguientes conceptos salariales: SMG y CPC. III. No se incluirán en el concepto pagas extraordinarias los complementos que las empresas vinieran abonando en concepto de mayor calidad y/o cantidad en el trabajo ni los complementos de puesto. Artículo 41. Gastos y Kilometraje. I. Las Empresas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo abonarán a los trabajadores los gastos ocasionados por el desplazamiento efectuado fuera de su lugar habitual de trabajo, previa justificación de los mismos por parte de los trabajadores que deban desplazarse, atendiendo a estos efectos a las normas internas que figuren en cada empresa. II. Las Empresas incluidas dentro del ámbito de aplicación del presente Convenio, proveerán, por regla general, un medio de transporte a aquellos trabajadores que deban realizar cualquier tipo de desplazamiento bajo la expresa indicación de las empresas. III. Cuando el trabajador deba realizar el desplazamiento haciendo uso de su propio vehículo, las empresas abonarán 0’21 euros por Kilómetro realizado, siempre y cuando el vehículo esté asegurado a todo riesgo, o en todo caso a terceros y ocupantes, siendo imposible el uso de vehículo propio en cualquier otro caso o circunstancia. CAPÍTULO VIII Licencias, protección a la vida familiar y excedencias Artículo 42. Licencias Retribuidas. I. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a percibir el SMG y su CPC, por los motivos y el tiempo siguiente: A) Quince días naturales en caso de matrimonio. B) Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. Igual tratamiento tendrán aquellos supuestos de enfermedades graves infecto-contagiosas diagnosticadas por Facultativo. C) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos generales y de la formación profesional en los supuestos y formas regulados en la legislación vigente. D) Un día por traslado de domicilio habitual. Cuando el mismo implique un cambio de provincia y un desplazamiento de más de 120 km, el plazo será de dos días. E) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. F) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos en la Ley o en este Convenio Colectivo. G) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. II. A estos efectos se entenderá que existe desplazamiento cuando el trabajador tuviere que recorrer más de 200 Km., entre su residencia habitual y el lugar de destino. III. En aquellas Comunidades Autónomas que tengan una Ley de Parejas de Hecho, se estará, respecto a las licencias, a lo contemplado en dicha legislación en el apartado correspondiente. Para el disfrute de las licencias retribuidas establecidas en este artículo se entenderá asimilada a matrimonio la pareja de hecho inscrita. Artículo 43. Licencias no Retribuidas. I. Podrán solicitar licencia sin derecho a retribución, por una duración máxima de tres meses los trabajadores que lleven al servicio de la empresa más de un año. II. Las empresas procurarán resolver favorablemente las solicitudes que en este sentido se les formulen, salvo que la concesión de éstas afecte al proceso productivo. III. Para tener derecho a una nueva licencia deberán transcurrir al menos dos años completos desde la fecha de terminación de la anterior. Artículo 44. Cese Voluntario. I. Cuando un trabajador desee cesar de forma voluntaria en la empresa, deberá comunicarlo por escrito a la dirección de la misma con una antelación mínima de: • Grupos 1 y 2: Un mes. • Grupos 3 y 4: 15 días. • Resto de Grupos: Siete días. II. En el caso de incumplimiento del deber de preaviso por parte del trabajador, se le descontará de su liquidación un número de días equivalentes al retraso en el preaviso. Artículo 45. Protección de la Vida Familiar. I. En el supuesto de riesgo para el embarazo, en los términos previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado. II. Lactancia: Los trabajadores por lactancia de un hijo menor de 12 meses tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo. Este derecho deberá de ejercerse bien al inicio o bien al final de la jornada laboral. Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen. En el caso de parto múltiple, los trabajadores podrán ampliar este derecho en proporción al número de hijos recién nacidos. III. Maternidad: Las trabajadoras en baja por maternidad podrán juntar tal periodo con el de vacaciones, siempre y cuando la organización del trabajo lo permita. IV. Guarda Legal: a) De conformidad con lo establecido en el artículo 37.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, quienes por razones de guarda legal tuviesen a su cuidado algún menor de ocho años o minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrán derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. b) En desarrollo de lo establecido en el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores, se entiende por Jornada Ordinaria de cada trabajador aquella distribución en días y horas de la jornada que expresamente está planificada en los cuadros horarios en vigor. c) Igualmente, aquellos trabajadores/as que cumpliendo con las cautelas introducidas por el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores tuviesen a su cuidado un menor de tres años tendrán derecho a elegir el momento de la prestación fuera de su jornada ordinaria laboral con un preaviso de un mes y siempre y cuando su elección no afecte a las condiciones de trabajo de otro trabajador. V. Nacimientos Prematuros: en los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de tres horas (o su parte proporcional en caso de contratos a tiempo parcial), con la disminución proporcional del salario. En este caso tal permiso deberá de disfrutarse bien a inicio, bien al final de la jornada laboral. VI. Suspensión del Contrato por Maternidad o Adopción: a) En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida. b) En el supuesto de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, la suspensión del trabajo tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida. c) Los trabajadores/as tendrán derecho a reserva de puesto de trabajo durante dos años en los casos de excelencia por maternidad. Estos beneficios podrán ser disfrutados por el padre y la madre en la forma prevista en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores. Artículo 46. Excedencia. A) I. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. II. También tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a dos años los trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo, y no desempeñe actividad retribuida. III. Si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo hecho causante, las empresas podrán limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de las empresas. IV. Cuando un nuevo sujeto causante diese derecho a un nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando. V. En los casos contemplados en los apartados I, II, III y IV de este apartado, en que el trabajador permanezca en situación de excedencia, dicho periodo será computable a efectos de antigüedad, y el trabajador tendrá derecho a asistir a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por las empresas firmantes del presente Convenio, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo. Transcurrido dicho periodo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo en su mismo grupo profesional. B) I. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, se tendrán en cuenta las siguientes reglas. II. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia, se concederá por la elección o designación de un cargo público que imposibilite su asistencia al trabajo. El reingreso deberá solicitarse dentro de los dos meses siguientes al cese en el cargo público. III. Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal, en las organizaciones sindicales, tendrán derecho a la excedencia forzosa, con derecho a reserva de puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo representativo, debiendo incorporarse a su puesto de trabajo dentro de los dos meses siguientes a la fecha del cese. IV. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. V. Las peticiones de excedencia serán resueltas por las empresas en el plazo máximo de un mes, teniendo en cuenta las necesidades del trabajo, y aquellas peticiones que se fundamenten en la terminación de estudios, exigencias familiares y otras análogas. VI. El trabajador que no solicite el reingreso antes de la terminación de su excedencia voluntaria perderá el derecho al reingreso, causando baja en las empresas. VII. Para solicitar una excelencia voluntaria de las contempladas en el presente artículo será necesario motivar la solicitud a la empresa. No será motivo suficiente para acceder al derecho a la excedencia voluntaria el cambiar temporalmente de trabajo a otras empresas del sector, salvo pacto en contrario. VIII. Las excedencias voluntarias únicamente generan, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, un derecho preferente al reingreso en la empresa en puesto de igual o similar función. CAPÍTULO IX Derechos sindicales Artículo 47. Facultades y Garantías Sindicales. Composición de los Órganos de Representación. Acumulación de Horas. I. Las facultades y garantías de los Representantes Legales de los Trabajadores en el seno de las empresas, serán las reconocidas en el Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica 11/85 de 2 de agosto de Libertad Sindical (LOLS). II. Respecto a la composición de los órganos de representación de los trabajadores en la empresa para determinar el número de los Representantes de los Trabajadores en los centros de trabajo o en las empresas, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 62.1 y 66.1 del Estatuto de los Trabajadores. III. Acumulación Horas Sindicales. Los Delegados de Personal y los Miembros de Comités de Empresa, podrán acumular mes a mes, en uno o varios de sus componentes el crédito horario de que éstos disponen, siempre que los representantes pertenezcan a una misma organización sindical y ésta lo comunique fehacientemente a la Dirección de la Empresa con 15 días de antelación. Para poder llevar a afecto la acumulación de horas sindicales a la que se hace referencia en este artículo, la cesión de horas sindicales podrá ser total o parcial. Artículo 48. Horas Sindicales. El crédito de horas sindicales que cada representante tenga reconocido podrá ser utilizado para la asistencia a cursos de formación u otras actividades sindicales similares, organizadas por los Sindicatos representativos del Sector, previa oportuna convocatoria y posterior justificación de asistencia, que serán expedidas por los Sindicatos en cuestión. Artículo 49. Derecho a Sindicarse. Las empresas respetarán el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente. En este sentido, no podrán supeditar el empleo de un trabajador a la condición de que se afilie o renuncia a su afiliación sindical y tampoco despedir a un trabajador o perjudicarle a causa de su afiliación o actividad sindical. Artículo 50. Secciones Sindicales y Reuniones. Los trabajadores afiliados a un Sindicato, podrán en el ámbito de la empresa o centro de trabajo: a) Constituir Secciones Sindicales, de conformidad con lo establecido en el Estatuto del Sindicato. b) Celebrar reuniones, previa notificación al empresario, recaudar cuotas y distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa. c) Recibir la información que le remita su Sindicato. Artículo 51. Las Secciones Sindicales de los Sindicatos más Representativos. Las Secciones Sindicales de los Sindicatos más representativos y de los que tengan representación en los Comités de Empresa o cuenten con Delegados de Personal, tendrán los siguientes derechos: a) Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que puedan interesar a los afiliados al Sindicato y a los trabajadores en general, la Empresa pondrá a su disposición un tablón o tablones necesarios de anuncios que deberá situarse dentro del centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo de los trabajadores. b) En orden a facilitar los derechos de información que legalmente tienen reconocidos los Representantes de los Trabajadores, las Secciones Sindicales que tengan reconocidos los derechos del artículo 10 de la LOLS y sean firmantes del presente Convenio Colectivo dispondrán, en los centros de trabajo que tenga más de 150 trabajadores y tengan desarrollada una intranet, de una página en la citada intranet para la publicación de información de carácter sindical. El ejercicio de este derecho no justifica la autorización del correo electrónico existente en las empresas, salvo autorización expresa de las direcciones de las mismas. c) A la negociación colectiva, en los términos establecidos en su legislación específica. Artículo 52. Comité Intercentros. I. Aquellas empresas con dos o más centros de trabajo y que en total superen los 200 trabajadores podrán constituir un Comité Intercentros. II. A estos efectos, los miembros de los distintos comités de centro o delegados de personal, designarán de entre sus componentes a quienes les habrán de representar en el Comité Intercentros que se constituya para debatir los distintos problemas derivados de la aplicación del presente Convenio, que, por trascender al centro de trabajo, deban ser tratados con carácter general a nivel de toda la empresa. III. Dicho Comité Intercentros estará compuesto por nueve miembros que deberán guardar en cada momento la debida proporcionalidad respecto a los resultados de las elecciones sindicales. IV. Los gastos que se originen como consecuencia de las reuniones del Comité Intercentros en aquellas empresas en que estén constituidos serán abonados por estas en la forma que se acuerde entre la dirección y los representantes de los trabajadores. Artículo 53. Cargos Sindicales de Nivel Superior. Quienes ostentan a nivel provincial, autonómico o estatal un cargo en el Sindicato de las Organizaciones Sindicales más representativas, tendrá derecho: a) Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el desarrollo de las funciones sindicales propias de su cargo. b) A la excedencia forzosa con derecho a reserva del puesto de trabajo. c) A la asistencia y el acceso a los centros de trabajo para participar en las tareas propias de su Sindicato o del conjunto de los trabajadores, previa comunicación al empresario y sin que el ejercicio de ese derecho pueda interrumpir el desarrollo normal del proceso productivo. Artículo 54. Comisión Negociadora de Convenios Colectivos. Los Representantes Sindicales que participen en las Comisiones Negociadoras de este Convenio Colectivo, y que mantengan su vinculación como trabajador en activo en alguna empresa, tendrán derecho a la concesión de los permisos retribuidos que sean necesarios para el adecuado ejercicio de su labor como negociadores, siempre que la empresa esté afectada por la negociación. Artículo 55. Delegados Sindicales. En las empresas o en su caso en los centros de trabajo que ocupen más de 150 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, las Secciones Sindicales que puedan constituir por los trabajadores afiliados a los Sindicatos, estarán representados, a todos los efectos, por Delegados Sindicales, elegidos por y entre sus afiliados en la empresa o en el centro de trabajo. Artículo 56. Número de Delegados Sindicales. El número de Delegados Sindicales por cada Sección Sindical de los Sindicatos que hayan obtenido un 10 % de los votos en la elección al Comité de Empresa se determinará según la siguiente escala: De 150 a 300 trabajadores: Uno. De 301 a 750 trabajadores: Dos. De 751 a 5.000 trabajadores: Tres. De 5.001 en adelante: Cuatro. Las Secciones Sindicales de aquellos Sindicatos que no hayan obtenido el 10 % de los votos, estarán representadas por un solo Delegado Sindical. Artículo 57. Funciones y Derechos de los Delegados Sindicales. La función de los Delegados Sindicales es representar y defender los intereses del Sindicatos al que representan en el seno de la Empresa. Los Delegados Sindicales tendrán derecho a la misma información y documentación que la Empresa ponga a disposición del Comité de Empresa, estando obligados a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que la Dirección de la Empresa así se lo hubiere manifestado. Igualmente, tendrán derecho a asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones de los Comités de Empresa y de los órganos internos de los mismos, en materia de Seguridad e Higiene. Serán oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter Colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados de su Sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones de éstos últimos. Artículo 58. Locales Sindicales. I. Las Secciones Sindicales de los Sindicatos más representativos y de los que tengan representación en los Comités de Empresa, tendrán derecho a la utilización de un local adecuado en los términos previstos en el artículo 8.2 c de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. II. El local sindical al que aquí se hace referencia será de exclusivo uso de las Secciones Sindicales. Cuando no existan condiciones en el centro de trabajo para ello, el local se deberá compartir con el Comité de Empresa, o en su caso, con los delegados de personal. Artículo 59. Cuotas Sindicales. I. A requerimiento de los trabajadores afiliados a los Sindicatos, la Empresa descontará en la nómina mensual de los trabajadores el importe de la cuota sindical correspondiente. II. A estos efectos, el trabajador interesado, remitirá a través de la Sección Sindical correspondiente a la Dirección de la Empresa un escrito en el que expresará con claridad la orden de descuento, la central o sindicato a la que pertenece, la cuantía de la cuota, así como el número de cuenta corriente o caja de ahorros a la que debe ser transferida la correspondiente cantidad. III. La Dirección de la Empresa entregará copia de la transferencia a la Representación Sindical en la Empresa, si la hubiere. Artículo 60. Prácticas Antisindicales. Cuando, a juicio de alguna de las partes firmantes, se entendiere que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, se producen actos que pudieran calificarse de antisindicales éstas podrán recabar la tutela del derecho ante la Jurisdicción competente, a través del proceso jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. CAPÍTULO X Faltas y sanciones Artículo 61. Régimen Disciplinario. I. Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de las Empresas de acuerdo con la regulación de faltas y sanciones que se especifica en los apartados siguientes. II. Toda falta cometida por un trabajador se clasificará atendiendo a su índole y circunstancias que concurran en leves, graves y muy graves. III. La enumeración de las faltas que a continuación se señalan se hace sin una pretensión exhaustiva, por lo que podrán ser sancionadas por las direcciones de las empresas cualquier infracción de la normativa laboral vigente o incumplimiento contractual, aún en el caso de no estar tipificadas en el presente Convenio. 1. Se considerarán como faltas leves: a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo hasta tres ocasiones en un mes por un tiempo total inferior a veinte minutos. b) La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante el período de un mes. c) La no comunicación con la antelación previa debida de la inasistencia al trabajo por causa justificada, salvo que se acreditase la imposibilidad de la notificación. d) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breves períodos de tiempo y siempre que ello no hubiere causado riesgo a la integridad de las personas o de las cosas, en cuyo caso podrá ser calificado, según la gravedad, como falta grave o muy grave. e) La desatención y falta de corrección en el trato con el público cuando no perjudiquen gravemente la imagen de la empresa. f) Los descuidos en la conservación del material que se tuviere a cargo o fuere responsable y que produzcan deterioros leves del mismo. g) La embriaguez no habitual en el trabajo. h) No cursar en tiempo oportuno el alta, parte de confirmación o baja correspondiente cuando se falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se justifique documentalmente la imposibilidad de hacerlo. 2. Se considerarán como faltas graves: a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo hasta en tres ocasiones en un mes por un tiempo total de hasta sesenta minutos. b) La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro días durante el período de un mes. c) El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falseamiento de los datos que tuvieren incidencia en la Seguridad Social. d) La simulación de enfermedad o accidente, sin perjuicio de lo previsto en la letra d del número 3. e) La suplantación de otro trabajador, alterando los registros y controles de entrada y salida al trabajo. f) La desobediencia a las órdenes e instrucciones de trabajo, incluidas las relativas a las normas de seguridad e higiene, así como la imprudencia o negligencia en el trabajo, salvo que de ellas derivasen perjuicios graves a la empresa, causaren averías a las instalaciones, maquinarias y, en general, bienes de la empresa o comportasen riesgo de accidente para las personas, en cuyo caso serán consideradas como faltas muy graves. g) La falta de comunicación a la empresa de los desperfectos o anormalidades observados en los útiles, herramientas, vehículos y obras a su cargo, cuando de ello se hubiere derivado un perjuicio grave a la empresa. h) La realización sin el oportuno permiso de trabajos particulares durante la jornada así como el empleo de útiles, herramientas, maquinaria, vehículos y, en general, bienes de la empresa para los que no estuviera autorizado o para usos ajenos a los del trabajo encomendado, incluso fuera de la jornada laboral. i) El quebrantamiento o la violación de secretos de obligada reserva que no produzca grave perjuicio para la empresa. j) La embriaguez habitual en el trabajo. k) La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al proceso productivo o a la prestación del servicio y siempre que, previamente, hubiere mediado la oportuna advertencia de la empresa. l) La ejecución deficiente de los trabajos encomendados, siempre que de ello no se derivase perjuicio grave para las personas o las cosas. ll) La disminución del rendimiento normal en el trabajo de manera no repetida. m) Las ofensas de palabra proferidas o de obra cometidas contra las personas, dentro del centro de trabajo, cuando revistan acusada gravedad. n) La reincidencia en la comisión de cinco faltas leves, aunque sea de distinta naturaleza y siempre que hubiere mediado sanción distinta de la amonestación verbal, dentro de un trimestre. 3. Se considerarán como faltas muy graves: a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en diez ocasiones durante seis meses o en veinte durante un año debidamente advertida. b) La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en un período de un mes. c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de la empresa, de compañeros o de cualesquiera otras personas dentro de las dependencias de la empresa. d) La simulación de enfermedad o accidente o la prolongación de la baja por enfermedad o accidente con la finalidad de realizar cualquier trabajo por cuenta propia o ajena. e) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva que produzca grave perjuicio para la empresa. f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercute negativamente en el trabajo. g) La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa. h) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o pactado. i) El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñan funciones de mando. j) El acoso sexual. k) La reiterada no utilización de los elementos de protección en materia de seguridad e higiene, debidamente advertida. l) Las derivadas de los apartados 1.d) y 2.l) y m) del presente artículo. m) La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas graves, considerando como tal aquella situación en la que, con anterioridad al momento de la comisión del hecho, el trabajador hubiese sido sancionado dos o más veces por faltas graves, aun de distinta naturaleza, durante el período de un año. n) El incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral. o) La utilización para fines no autorizados tanto del correo electrónico como de los sistemas de intranet y comunicación interna de las Empresas. Artículo 62. Régimen de Sanciones. I. Corresponde a la Dirección de la Empresa la facultad de imponer las sanciones en los términos contenidos en el presente Convenio. Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso atendiendo a la gravedad de las faltas cometidas serán las siguientes: Por faltas leves: – Amonestación verbal. – Amonestación por escrito. – Suspensión de empleo y sueldo hasta tres días. Por faltas graves: – Suspensión de empleo y sueldo de cuatro a quince días. Por faltas muy graves: – Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días. – Rescisión del contrato con pérdida de todos sus derechos en la Empresa. Para la imposición de las sanciones se seguirán los trámites previstos en la legislación general. II. Sin perjuicio de lo estipulado anteriormente, los representantes de los trabajadores podrán emitir informe en los casos de faltas graves o muy graves y leves cuando la sanción lleve aparejada suspensión de empleo y sueldo. Artículo 63. Prescripción. Las faltas enunciadas en el artículo 62 de este Convenio Colectivo prescribirán: – Las leves a los diez días de su comisión. – Las graves a los veinte días. – Las muy graves a los sesenta días de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. CAPÍTULO XI Salud laboral y medio ambiente Artículo 64. Política general de prevención de riesgos laborales, servicio de prevención, delegados de prevención y comités de seguridad y salud. I. La política general de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral se ejercerá a nivel de empresas, de conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, reformada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. En este sentido y de acuerdo con el artículo segundo, apartado 1.2 de la Ley 54/2003, el empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes. A su vez y de acuerdo con el artículo segundo, apartado 2.1. de la Ley 54/2003, la prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales. Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.1 del Real Decreto 39/1997, la integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten. Asimismo, la planificación de la actividad preventiva se establecerá en función de los resultados de la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo y contemplará, entre otros aspectos, la necesaria formación e información de los trabajadores sobre los riesgos asociados a sus puestos y las medidas preventivas para evitarlos, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. Las empresas contaran con los correspondientes Delegados de Prevención, designados por los representantes de los trabajadores reconocidos por la Empresa, entre los miembros de Comités de Empresa, quienes formarán parte de los Comités de Seguridad y Salud que se constituyan, de acuerdo con lo previsto al efecto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El desempeño de sus competencias y facultades se ajustará a lo establecido en los correspondientes acuerdos. Asimismo, las empresas realizaran la coordinación de actividades empresariales, en relación con la prevención de riesgos laborales, de las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados por la empresas para la prestación de obras o servicios. En este sentido, en los Comités de Seguridad y Salud se realizará el seguimiento de la prevención de riesgos laborales de las empresas subcontratadas instrumentándose en ellos la necesaria información y participación de los Delegados de Prevención y representantes legales de los trabajadores conforme a las disposiciones legales a este respecto y a los procedimientos internos por los que se regule el funcionamiento de dichos Comités. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades, obligaciones y competencias que por sus actividades específicas correspondan al ámbito de la empresa. II. A la Publicación del Libro Blanco previsto por el Gobierno, la Comisión Mixta procederá a realizar los correspondientes estudios en orden a la aplicación de sus conclusiones a las peculiaridades del sector de Prensa Diaria. Artículo 65. Riesgos. Independientemente de lo previsto en el artículo anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente: I. Se considerarán como niveles máximos admisibles de sustancias químicas y agentes físicos, en el medio ambiente laboral, los valores límites umbrales que en cada momento, vengan determinados como tales por la legislación vigente. II. Siempre que en los centros de trabajo se realicen inspecciones por el Servicio de Seguridad y Salud, sus resultados serán comunicados, por la Dirección de la empresa, a los representantes legales de los trabajadores, Delegados de Prevención, y en su caso Comité de Prevención de Riesgos. Artículo 66. Actuación en defensa y protección del medio ambiente. Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo consideran necesario que las Empresas y sus trabajadores actúen de forma responsable y respetuosa con el medio ambiente, prestando atención a su defensa y protección de acuerdo con los intereses y preocupaciones de la sociedad. La dirección de la empresa facilitará a los representantes de los trabajadores la información de que disponga en materia de medio ambiente. Artículo 67. Subcontratación de obras y servicios. 1. Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos, y cuando los mismos se lleven a cabo en el centro de trabajo, junto con personal de plantilla, deberá informar a los representantes legales de sus trabajadores del centro sobre los siguientes extremos: a) Nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la empresa contratista o subcontratista. b) Objeto y duración de la contrata. c) Lugar de ejecución de la contrata. d) En su caso, número de trabajadores que serán ocupados por la contrata o subcontrata en el centro de trabajo de la empresa principal. e) Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Cuando las empresas principal, contratista o subcontratista compartan de forma continuada del centro de trabajo, la primera deberá disponer de un libro registro en el que se refleje la información anterior respecto de todas las empresas citadas. Dicho libro estará a disposición de los representantes legales de los trabajadores. 2. Los representantes legales de los trabajadores de la empresa principal y de las empresas contratistas y subcontratistas, cuando compartan de forma continuada centro de trabajo, podrán reunirse a efectos de coordinación entre ellos y en relación con las condiciones de ejecución de la actividad laboral en los términos previsto en el artículo 81 del Estatuto de los Trabajadores. CAPÍTULO XII Condiciones sociales Artículo 68. Reconocimientos Médicos. I. Los reconocimientos médicos que se efectúen deberán ser específicos, adecuándose a las distintas funciones profesionales existentes en cada centro de trabajo. II. Aquellos trabajadores, y grupos de trabajadores, que por sus características personales, por sus condiciones de mayor exposición a riesgos o por otras circunstancias tengan mayor vulnerabilidad al mismo, las condiciones de salud serán vigiladas de modo particular. III. Las empresas afectadas por el presente Convenio efectuarán a todos los trabajadores que lo deseen, un reconocimiento médico anual. IV. Se establecerá una revisión ginecológica voluntaria con carácter anual. Artículo 69. Incapacidad Temporal. I. La empresa abonará al trabajador que se encuentre en incapacidad temporal o accidente laboral por un período máximo de hasta dieciocho meses y mientras subsista la obligación de cotizar y previa comprobación por los Servicios Médicos de la empresa, el siguiente complemento: El 100 por 100 del SMG y CPC en caso de accidente de trabajo, enfermedad profesional y en los casos de enfermedad común. II. Si por norma de rango superior, durante la vigencia del Convenio, se modificara la cuantía de las prestaciones económicas que otorga la Administración Pública para esos casos, las empresas podrán disminuir en el mismo porcentaje sus prestaciones. Artículo 70. Prendas de Trabajo. I. A los trabajadores que se les exija llevar un uniforme determinado, se les proveerá obligatoriamente de éste por parte de las empresas en concepto de útiles de trabajo. II. La provisión de tales prendas se ha de hacer al comenzar la relación laboral entre las empresas y los trabajadores, o en el momento de exigencia por parte del empleador del uso del uniforme o prenda de trabajo. III. En cualquier caso la empresa deberá reponer tanto las prendas como los complementos necesarios para la prestación laboral y que fuesen especialmente requeridos, en caso de desgaste de los mismos. Artículo 71. Seguro de Accidentes. I. Las empresas podrán formalizar un seguro Colectivo de accidentes para los supuestos de fallecimiento y/o para los supuestos de incapacidad derivados de accidente laboral. II. Las empresas entregarán copia del Seguro Colectivo suscrito a cada trabajador. III. El trabajador podrá designar libremente al beneficiario de dicho Seguro, si así no lo hiciere, se estará a lo establecido en el Derecho de Sucesiones vigente. Disposición adicional primera. V Acuerdo Nacional Sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC). I. Las partes firmantes del presente Convenio se adhieren al V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales y al reglamento que lo desarrolla. II. Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo, acuerdan igualmente el sometimiento expreso de los conflictos que puedan surgir entre las partes, a los procedimientos de Mediación, Arbitraje y Conciliación que tengan un ámbito específico, igual o inferior al de la respectiva Comunidad Autónoma. Disposición adicional segunda. En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. Disposición adicional tercera. Comisión Mixta de Interpretación. I. Se constituirá una Comisión Mixta de interpretación y aplicación de lo pactado compuesta por cuatro miembros de cada una de las partes firmantes de este Convenio Colectivo que entenderá, necesariamente, con carácter previo del tratamiento y solución de cuántas cuestiones de interpretación colectiva y conflictos de igual carácter puedan suscitarse en el ámbito de aplicación del presente Convenio. II. La Comisión Mixta intervendrá o resolverá cualquier consulta que afecte a la interpretación de las normas establecidas en este Convenio Colectivo, e intervendrá de manera preceptiva y previa a las vías administrativa y judicial en la sustanciación de los conflictos Colectivos que puedan plantear los trabajadores a las empresas, a cuyo efecto la Comisión Mixta de Interpretación levantará la correspondiente Acta. III. Esta Comisión podrá utilizar los servicios ocasionales o permanentes de asesores en cuantas materias sean de su competencia. Estos asesores serán designados libremente por cada una de las partes. IV. Procedimiento de actuación: Cada parte formulará a las otras representaciones las consultas que se puedan plantear y que den lugar a la intervención de esta Comisión. V. De dichas cuestiones se dará traslado a la otra parte para que, ambas, en el plazo de un mes a partir de la fecha de la última comunicación, se pongan de acuerdo en el señalamiento de día y hora en que la Comisión habrá de reunirse para evacuar la correspondiente respuesta. VI. Los acuerdos que deberán ser unánimes, serán comunicados a los interesados mediante copia del acta de la reunión. VII. De no alcanzarse acuerdo en el seno de la comisión paritaria, cualquiera de las partes podrá someter las diferencias al procedimiento previsto en la Disposición Adicional Primera del presente Convenio Colectivo. Disposición transitoria primera. Salario Mínimo de Grupo y Complemento Personal de Convenio. I. A los efectos de alcanzar el Salario Mínimo de Grupo definido en el artículo 36 del presente Convenio, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos salariales que los trabajadores vinieren percibiendo con anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio: • Salario Base. • Plus de titularidad. • Plus Convenio. • Aquellos otros pluses personales que vinieren disfrutando los trabajadores de conformidad con el artículo 36.I y 37.I del presente Convenio Colectivo, con independencia de que tengan o no tal denominación. II. Para la adecuación de la estructura salarial que se regula en el Artículo 35, aquellas empresas que mantuvieran complementos salariales sustancialmente diferentes a los regulados en el Artículo 37 de este Convenio y quisieran transformarlos en complementos de carácter personal para alcanzar el Salario Mínimo de Grupo (SMG), regulado en el Artículo 36, deberán acordarlo entre la Dirección y los Representantes Legales en el seno de la empresa afectada, remitiendo el Acuerdo que se alcance a la Comisión Mixta para su aprobación. De no alcanzarse Acuerdo entre las partes, ambas se someterán a la mediación de la Comisión Mixta. III. A los efectos de configurar el Complemento Personal de Convenio las Empresas, una vez alcanzado el SMG, procederán a englobar en dicho concepto aquellas cuantías restantes de las percepciones que de acuerdo con el artículo 36.I, en su caso no hayan sido absorbidas para alcanzar el SMG. Disposición transitoria segunda. Convenios formativos de colaboración. Las organizaciones signatarias del presente Convenio apuestan activamente, por la formación e integración en el mundo laboral de los jóvenes futuros profesionales mediante la firma de convenios de colaboración con universidades y escuelas profesionales que permita la realización de prácticas a los estudiantes con el propósito de conseguir una visión real de los problemas y sus interrelaciones. Estos programas de cooperación formativa se podrán establecer con las empresas para la formación de los alumnos que hayan superado el 50 por 100 de los créditos necesarios para obtener el título universitario cuyas enseñanzas estuviese cursando. El alumno inscrito en el programa que desarrolle sus actividades en las empresas estará sujeto al régimen y horario que en el mismo se determine, bajo la supervisión del tutor que, dentro de la empresa, velará por su formación. Para ello, las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio, se comprometen a informar a la representación de los trabajadores de los convenios de colaboración que tengan suscritos o se firmen con las distintas facultades, escuelas técnicas o centros de formación, con el objetivo que los estudiantes de la misma realicen las pruebas teórico prácticas que se acuerden. La finalidad de estas prácticas será las que se determinen en los convenios de colaboración anteriormente mencionados. Disposición transitoria tercera. Tabla de Equivalencias. Tabla de equivalencias entre categorías profesionales y grupos profesionales Áreas de actividad Grupos Prof. Informativa/Redaccional Gestión Técnica/Producción 1 Redactor jefe. Jefe de Servicio/Departamento. Jefe de Servicio/Departamento. 2 Jefe de Sección. Jefe de Sección. Jefe de Sección. 3 Redactor A y B. Jefe de Negociado. Jefe de Equipo.   Filólogo/Lingüista. Médico. Jefe de Sistemas.   Infógrafo.   Analista.   Diseñador Gráfico.       Documentalista.       Redactor Gráfico.     4 Ayudante de Redacción. Coordinador de Publicidad. Programador.     Técnico de Publicidad. Maquinista.     ATS. Mecánico.     Oficial Administrativo 1.ª Electricista.       Técnico Electrónica.       Técnico de Aplicación/Sistemas.       Fotomecánico/Operador de Scanner.       Técnico de Fotocomposición.       Corrector. 5 Auxiliar de Redacción. Oficial de Administración 2.ª Promotor de Publicidad. Inspector de Ventas. Operador de Ordenador. Técnico Audiovisual. Técnico de Laboratorio. Técnico de preimpresión/Teclista. Montador. Encargado de Almacén. Oficial de Cierre. Operador Impresión. 6   Auxiliar Administrativo. Operador de Cierre.     Recepcionista/Telefonista. Ayudante de Impresión.     Portero/Vigilante. Almacenero.     Ordenanza/Chófer/Conductor.   7     Mozo.       Limpiador/a. Disposición transitoria cuarta. Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, en las nuevas contrataciones que efectúen las empresas encuadradas en el artículo 1 del mismo deberá figurar, además del Grupo Profesional al que estuvieren destinados los nuevos contratados, la labor o labores para las que se les contrata, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23 respecto de la Movilidad Funcional, y demás normativa legal vigente. Disposición transitoria quinta. Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo, recomiendan a las empresas afectadas por el presente Acuerdo, realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo en el seno de las mismas la confección del Estatuto de Redacción, como forma de regular las relaciones profesionales del Colectivo de redactores con la Dirección de las empresas editoras. Disposición transitoria sexta. Recomendaciones en materia de empleo e igualdad de oportunidades en el sector de prensa diaria. a) Empleo. Conscientes las partes firmantes del presente convenio colectivo de la difícil situación económica que atraviesa el sector de prensa diaria, asumen el compromiso de promover, en el ámbito de las empresas incluidas en el presente convenio, la negociación de medidas alternativas a la extinción de contratos, todo ello, con el objetivo de intentar en la medida de lo posible salvaguardar el empleo, mejorar la competitividad y la productividad en las empresas del sector. Asimismo, manifiestan que el esfuerzo de contención salarial que se produce en el presente convenio, y la utilización de medidas de flexibilidad interna deben servir para contribuir a dicho objetivo. Para ello, se recomienda que en los procesos de reestructuración interna que puedan acometerse en el ámbito de las empresas de este convenio, se dé preferente utilización a medidas de flexibilidad interna, tales como reducciones de jornada, suspensiones de contratos, movilidad funcional y/o geográfica, modificación de condiciones de trabajo y excedencias, así como promover la formación de los trabajadores para la realización de tareas distintas de las que fueron contratos a fin de mejorar su empleabilidad. b) Igualdad. Igualmente, se comprometen a promover el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como a eliminar cualquier disposición, medida o práctica laboral que suponga un trato discriminatorio, tanto directo como indirecto, por razones de sexo, estado civil, edad, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, así como por razón de lengua. Por ello, se fijan los siguientes objetivos sectoriales: a) Reforzar el papel de la Prensa Diaria como sector comprometido y avanzado en el desarrollo de políticas de igualdad. b) Fomentar una gestión óptima de los recursos humanos que evite discriminaciones y pueda ofrecer igualdad de oportunidades reales, apoyándose en un permanente recurso al diálogo social. c) Creación de una mesa de diálogo en el plazo máximo de seis meses para estudiar procedimientos al objeto de implantar planes de igualdad y protocolos contra el acoso en las empresas de ámbito aplicación del presente convenio colectivo. Disposición transitoria séptima. Las partes firmantes del presente convenio colectivo se comprometen a la creación en el plazo máximo de seis meses desde la firma del presente convenio de una comisión para adecuar la actual estructura y clasificación profesional a las necesidades y realidades del sector de Prensa Diaria.

Contrato de publicidad de la DGT para COPE por importe total de 835.847,43 euros.

Visto el texto del IV Convenio colectivo estatal de prensa diaria (Código de Convenio n.º: 99013745012001) que fue suscrito con fecha 4 de julio de 2013, de una parte, por la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), en representación de las empresas del sector, y de otra, por los sindicatos FSC-CCOO, UGT y FeSP, en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 18 de septiembre de 2013.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. CUARTO CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DEL SECTOR DE PRENSA DIARIA CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Ámbito funcional. I. El presente Convenio Colectivo regula las relaciones de trabajo en aquellas empresas dedicadas a la edición de Prensa Diaria tanto en soporte papel como digital, que no estén afectadas por Convenio Colectivo propio. II. Asimismo, también se incluye en el ámbito funcional de este Convenio Colectivo, únicamente aquellos talleres existentes a la fecha de la firma del presente convenio, que pertenecientes a las empresas afectadas por este Convenio realicen la impresión de sus propias publicaciones. III. No obstante lo anterior, en el supuesto de que existan capítulos que total o parcialmente no estuvieren regulados en los convenios de ámbito inferior al que en este Convenio Colectivo se define como propio del Sector de Prensa Diaria, las partes legitimadas para su firma podrán, previo acuerdo, regular dichos capítulos tomando como referencia lo expuesto en este Convenio Colectivo. Artículo 2. Ámbito Personal. I. Se regirán por el presente convenio todos los trabajadores que presten servicios en aquellas empresas definidas en el artículo 1 del mismo. II. Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación del presente convenio: A) Consejeros, Personal de Alta Dirección y Personal Directivo. B) Profesionales liberales vinculados por contratos civiles de prestación de servicios. C) Asesores. D) Los corresponsales y colaboradores con una relación civil con las empresas del artículo 1. E) Los colaboradores a la pieza, que no tengan una relación basada en los principios de jerarquía, ajeneidad y dependencia, ni estén sometidos a control de jornada tal y como se define en el presente Convenio Colectivo, independientemente de que mantengan la relación continuada con las Empresas incluidas en el ámbito funcional del presente Convenio Colectivo. F) Los agentes comerciales o publicitarios que trabajen para alguna de las Empresas incluidas en el ámbito funcional, con libertad de representar a otras empresas dedicadas a igual o diferente actividad. G) El personal perteneciente a empresas que tengan formalizado un contrato civil o mercantil de prestación de servicios con las Empresas afectas por el presente convenio. Artículo 3. Ámbito Territorial. El presente Convenio Colectivo será de aplicación en todo el territorio del Estado Español, así como a todos aquellos trabajadores con relación laboral que presten sus servicios fuera del territorio del Estado español. Artículo 4. Vigencia y Concurrencia. I. El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», manteniendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, aplicando sus efectos de forma retroactiva a 1 de enero de 2011 exclusivamente en materia de salarios. II. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el Salario Mínimo Garantizado (SMG) será contenido mínimo para todas las empresas del sector de prensa diaria definidas en el artículo I del presente convenio. Con independencia de lo anteriormente dispuesto, a los efectos de alcanzar el SMG, al que se hace referencia en el artículo 36 las empresas podrán operar de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera. III. Las Empresas con Convenio Colectivo concurrente de ámbito inferior que deseen adherirse al contenido de este convenio podrán hacerlo mediante Acuerdo entre las direcciones y los representantes de los trabajadores en el seno de esas empresas. Artículo 5. Denuncia y Prórroga. I. El presente Convenio Colectivo se considerará prorrogado por un año más, y así sucesivamente si por cualquiera de las partes no se denunciara fehacientemente el mismo con una antelación mínima de dos meses antes de la fecha de vencimiento o del vencimiento de cualquiera de sus prórrogas. II. Denunciado el Convenio Colectivo por cualquiera de las partes, y constituida la Mesa de Negociación en el plazo de un mes, permanecerá en vigor tanto su contenido normativo, como obligacional, hasta que hayan transcurrido veintiún meses desde su denuncia, periodo a partir del cual perderá su vigencia y todos sus efectos, de no alcanzarse un nuevo acuerdo al respecto. Artículo 6. Vinculación a la Totalidad. Las condiciones aquí pactadas constituyen un todo orgánico indivisible y a efectos de su aplicación práctica deberán ser consideradas globalmente. Artículo 7. Garantía Personal. Se respetarán aquellas condiciones ad personam que, consideradas globalmente y en cómputo anual, excedan del presente Convenio Colectivo. CAPÍTULO II Organización del trabajo Artículo 8. Organización del Trabajo. I ### RESUMEN: Contrato de publicidad de la DGT para COPE por importe total de 835.847,43 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Dirección General de Tráfico. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Tráfico. c) Número de expediente: 0100DGT23761. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio para la realización de la campaña de divulgación de la Seguridad Vial a través de la cadena COPE, incluida la emisión y realización de creatividad específica, para el año 2014. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92210000 (Servicios de radio). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 4. Valor estimado del contrato: 690.783,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 690.783,00 euros. Importe total: 835.847,43 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 11 de Febrero de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 5 de Marzo de 2014. c) Contratista: Radio Polular, S.A. (COPE). d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 690.783,00 euros. Importe total: 835.847,43 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la única oferta presentada por tratarse de un procedimiento negociado por exclusividad (art. 170.d del TRLCSP). Madrid, 11 de marzo de 2014.- La Directora General de Tráfico.

Edicto del Tribunal de Cuentas sobre el medio millón perdido en Ayuntamiento de Vitoria.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Dirección General de Tráfico. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Tráfico. c) Número de expediente: 0100DGT23761. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio para la realización de la campaña de divulgación de la Seguridad Vial a través de la cadena COPE, incluida la emisión y realización de creatividad específica, para el año 2014. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92210000 (Servicios de radio). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 4. Valor estimado del contrato: 690.783,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 690.783,00 euros. Importe total: 835.847,43 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 11 de Febrero de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 5 de Marzo de 2014. c) Contratista: Radio Polular, S.A. (COPE). d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 690.783,00 euros. Importe total: 835.847,43 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la única oferta presentada por tratarse de un procedimiento negociado por exclusividad (art. 170.d del TRLCSP). Madrid, 11 de marzo de 2014.- La Directora General de Tráfico. ### RESUMEN: Edicto del Tribunal de Cuentas sobre el medio millón perdido en Ayuntamiento de Vitoria.

Edicto Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 7 de abril de 2015, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A80/15 del Ramo de Entidades Locales (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz), ámbito territorial de la provincia de Álava, que en dicho Tribunal se sigue juicio con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por valor de 457.784,76 euros de principal, en relación con el contrato de arrendamiento de los locales de la calle San Antonio, n.º 10, suscrito por el citado Ayuntamiento el 16 de febrero de 2007 con la empresa SBAYRE, S.A., lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días. Madrid, 7 de abril de 2015.- El Letrado Secretario. Fdo.: Carlos Cubillo Rodríguez.

Nuevas tarifas del precios del gas.

Edicto Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 7 de abril de 2015, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A80/15 del Ramo de Entidades Locales (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz), ámbito territorial de la provincia de Álava, que en dicho Tribunal se sigue juicio con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por valor de 457.784,76 euros de principal, en relación con el contrato de arrendamiento de los locales de la calle San Antonio, n.º 10, suscrito por el citado Ayuntamiento el 16 de febrero de 2007 con la empresa SBAYRE, S.A., lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días. Madrid, 7 de abril de 2015.- El Letrado Secretario. Fdo.: Carlos Cubillo Rodríguez. ### RESUMEN: Nuevas tarifas del precios del gas.

El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece que previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Por otra parte, el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece que mediante orden ministerial, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades. Ya anteriormente, la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los gases licuados del petróleo, y en particular al suministro por canalización. El apartado octavo de dicha orden, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de los precios máximos que se publicaran en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor el tercer martes de cada mes. Finalmente, el apartado primero.2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, que modificó parcialmente la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, establece que los costes de comercialización se revisarán anualmente en el mes de julio de cada año. De acuerdo con lo anterior y en uso de la competencia que le atribuye el apartado octavo de la referida orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve: Primero. Desde las cero horas del día 15 de diciembre de 2015, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación: 1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales: Término fijo: 1,57 €/mes Término variable: 72,3957 cents/kg 2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 57,7688 cents/kg. Segundo. Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes impuestos vigentes: – Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido. – Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario. – Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos. Tercero. En los cálculos de los precios establecidos en el apartado segundo se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios: Cotización internacional materia prima ($/Tm): propano = 353,8, butano = 374,2. Fletes ($/Tm): 32,8. Media mensual del cambio dólar/euro: 1,073600. Asimismo, se han tenido en cuenta los costes de comercialización que se establecieron en la resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. Cuarto. Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 15 de diciembre de 2015, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 15 de diciembre de 2015. Quinto. Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 15 de diciembre de 2015, o en su caso del día a partir del cual produzcan efectos o entren en vigor otras resoluciones u ordenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que correspondan a las distintas resoluciones u órdenes aplicables. Sexto. Las empresas distribuidoras de gases licuados del petróleo por canalización, adoptarán las medidas necesarias para la determinación de los consumos periódicos efectuados por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder a la correcta aplicación de los precios de gases licuados del petróleo por canalización a que se refiere la presente resolución. Séptimo. Contra la presente resolución, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación. Madrid, 10 de diciembre de 2015.–La Directora General de Política Energética y Minas, Maria Teresa Baquedano Martín.

El Consejo de Seguridad Nuclear licita un servicio para saber qué quieren de ellos en transparencia e información los grupos de interés por importe total de 40.000,00 euros.

El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece que previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Por otra parte, el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece que mediante orden ministerial, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades. Ya anteriormente, la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los gases licuados del petróleo, y en particular al suministro por canalización. El apartado octavo de dicha orden, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de los precios máximos que se publicaran en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor el tercer martes de cada mes. Finalmente, el apartado primero.2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, que modificó parcialmente la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, establece que los costes de comercialización se revisarán anualmente en el mes de julio de cada año. De acuerdo con lo anterior y en uso de la competencia que le atribuye el apartado octavo de la referida orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve: Primero. Desde las cero horas del día 15 de diciembre de 2015, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación: 1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales: Término fijo: 1,57 €/mes Término variable: 72,3957 cents/kg 2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 57,7688 cents/kg. Segundo. Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes impuestos vigentes: – Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido. – Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario. – Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos. Tercero. En los cálculos de los precios establecidos en el apartado segundo se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios: Cotización internacional materia prima ($/Tm): propano = 353,8, butano = 374,2. Fletes ($/Tm): 32,8. Media mensual del cambio dólar/euro: 1,073600. Asimismo, se han tenido en cuenta los costes de comercialización que se establecieron en la resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. Cuarto. Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 15 de diciembre de 2015, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 15 de diciembre de 2015. Quinto. Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 15 de diciembre de 2015, o en su caso del día a partir del cual produzcan efectos o entren en vigor otras resoluciones u ordenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que correspondan a las distintas resoluciones u órdenes aplicables. Sexto. Las em ### RESUMEN: El Consejo de Seguridad Nuclear licita un servicio para saber qué quieren de ellos en transparencia e información los grupos de interés por importe total de 40.000,00 euros.

El artículo 27.1. a) y b) del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, de conformidad con la redacción dada por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, dispone que, como supremo representante de la Comunidad Autónoma, corresponde al Presidente de la Junta de Castilla y León acordar la disolución de las Cortes de Castilla y León y convocar elecciones. El artículo 37 del Estatuto de Autonomía atribuye al Presidente de la Junta de Castilla y León la facultad de acordar, mediante decreto, la disolución anticipada de las Cortes de Castilla y León, previa deliberación de la Junta de Castilla y León, incluyendo en dicho decreto la fecha de las elecciones a las Cortes de Castilla y León y las demás circunstancias previstas en la legislación electoral. Asimismo, el artículo 16.1 de la Ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y León, dispone que la convocatoria de Elecciones a las Cortes de Castilla y León se realizará de acuerdo con lo previsto en la legislación reguladora del Régimen Electoral General, mediante Decreto del Presidente de la Junta de Castilla y León. En su virtud, de acuerdo con las facultades atribuidas por los artículos 27.1. a) y b) y 37 del Estatuto de Autonomía y por el artículo 16.1 de la Ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y León, previa deliberación de la Junta de Castilla y León, dispongo: Artículo 1. Se disuelven anticipadamente las Cortes de Castilla y León. Artículo 2. Se convocan elecciones a las Cortes de Castilla y León, que se celebrarán el día 13 de febrero de 2022. Artículo 3. En aplicación de lo establecido en los artículos 21.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y 19 de la Ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y León, integrarán las Cortes de Castilla y León ochenta y un Procuradores/as, correspondiendo elegir en cada circunscripción electoral el siguiente número: Circunscripción electoral Procuradores/as Ávila. 7 Burgos. 11 León. 13 Palencia. 7 Salamanca. 10 Segovia. 6 Soria. 5 Valladolid. 15 Zamora. 7 Artículo 4. La campaña electoral tendrá una duración de quince días, comenzando a las cero horas del 28 de enero de 2022 y finalizando a las veinticuatro horas del 11 de febrero de 2022. Artículo 5. La sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León tendrá lugar el día 10 de marzo de 2022 a las doce horas. Disposición final. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León». Valladolid, 20 de diciembre de 2021.–El Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Contratación del servicios de alojamiento para personal militar del Ejército del Aire durante la temporada estival de 2018 por importe total de 349.772,73 euros. La licitación será de 20.000,00 euros.

El artículo 27.1. a) y b) del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, de conformidad con la redacción dada por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, dispone que, como supremo representante de la Comunidad Autónoma, corresponde al Presidente de la Junta de Castilla y León acordar la disolución de las Cortes de Castilla y León y convocar elecciones. El artículo 37 del Estatuto de Autonomía atribuye al Presidente de la Junta de Castilla y León la facultad de acordar, mediante decreto, la disolución anticipada de las Cortes de Castilla y León, previa deliberación de la Junta de Castilla y León, incluyendo en dicho decreto la fecha de las elecciones a las Cortes de Castilla y León y las demás circunstancias previstas en la legislación electoral. Asimismo, el artículo 16.1 de la Ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y León, dispone que la convocatoria de Elecciones a las Cortes de Castilla y León se realizará de acuerdo con lo previsto en la legislación reguladora del Régimen Electoral General, mediante Decreto del Presidente de la Junta de Castilla y León. En su virtud, de acuerdo con las facultades atribuidas por los artículos 27.1. a) y b) y 37 del Estatuto de Autonomía y por el artículo 16.1 de la Ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y León, previa deliberación de la Junta de Castilla y León, dispongo: Artículo 1. Se disuelven anticipadamente las Cortes de Castilla y León. Artículo 2. Se convocan elecciones a las Cortes de Castilla y León, que se celebrarán el día 13 de febrero de 2022. Artículo 3. En aplicación de lo establecido en los artículos 21.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y 19 de la Ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y León, integrarán las Cortes de Castilla y León ochenta y un Procuradores/as, correspondiendo elegir en cada circunscripción electoral el siguiente número: Circunscripción electoral Procuradores/as Ávila. 7 Burgos. 11 León. 13 Palencia. 7 Salamanca. 10 Segovia. 6 Soria. 5 Valladolid. 15 Zamora. 7 Artículo 4. La campaña electoral tendrá una duración de quince días, comenzando a las cero horas del 28 de enero de 2022 y finalizando a las veinticuatro horas del 11 de febrero de 2022. Artículo 5. La sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León tendrá lugar el día 10 de marzo de 2022 a las doce horas. Disposición final. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León». Valladolid, 20 de diciembre de 2021.–El Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. ### RESUMEN: Contratación del servicios de alojamiento para personal militar del Ejército del Aire durante la temporada estival de 2018 por importe total de 349.772,73 euros. La licitación será de 20.000,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Jefe de la Sea 15 de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Secretaría de la Mesa de Contratación Permanente para el Cuartel General del Ejército del Aire y Mando de Personal. 2) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/nº. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071. 4) Teléfono: 915034437 ó 915032446. 5) Telefax: 915034208. 6) Correo electrónico: mpcgeacontratacion@ea.mde.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 23 de enero de 2018. d) Número de expediente: 4150017201400. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicios de alojamiento para personal militar del Ejército del Aire durante la temporada estival de 2018. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 12 Lotes. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Según cláusula 37 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. e) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto (Varios criterios de adjudicación). 4. Valor estimado del contrato: 349.772,73 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 20.000,00 euros (IVA incluido). 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2018, hasta las 11:00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Cuartel General del Ejército del Aire. 2) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/nº. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos Económicos. Pta. B43. b) Dirección: Plaza de la Moncloa, s/nº. c) Localidad y código postal: Madrid 28071. d) Fecha y hora: 31 de enero de 2018, a las 11:00 horas. 10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario. Madrid, 2 de enero de 2018.- La Secretaria de la Mesa de Contratación Permanente para el Cuartel General del Ejército del Aire y MAPER.

Dice el Tribunal de Cuentas que hubo irregularidades en el contrato de obra de un edificio en Santa Maria del Corcó (Barcelona).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Jefe de la Sea 15 de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Secretaría de la Mesa de Contratación Permanente para el Cuartel General del Ejército del Aire y Mando de Personal. 2) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/nº. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071. 4) Teléfono: 915034437 ó 915032446. 5) Telefax: 915034208. 6) Correo electrónico: mpcgeacontratacion@ea.mde.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 23 de enero de 2018. d) Número de expediente: 4150017201400. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicios de alojamiento para personal militar del Ejército del Aire durante la temporada estival de 2018. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 12 Lotes. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Según cláusula 37 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. e) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto (Varios criterios de adjudicación). 4. Valor estimado del contrato: 349.772,73 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 20.000,00 euros (IVA incluido). 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2018, hasta las 11:00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Cuartel General del Ejército del Aire. 2) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/nº. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos Económicos. Pta. B43. b) Dirección: Plaza de la Moncloa, s/nº. c) Localidad y código postal: Madrid 28071. d) Fecha y hora: 31 de enero de 2018, a las 11:00 horas. 10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario. Madrid, 2 de enero de 2018.- La Secretaria de la Mesa de Contratación Permanente para el Cuartel General del Ejército del Aire y MAPER. ### RESUMEN: Dice el Tribunal de Cuentas que hubo irregularidades en el contrato de obra de un edificio en Santa Maria del Corcó (Barcelona).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid). c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación. 2) Domicilio: Plaza la Constitución, 1. 3) Localidad y código postal: Pinto, 28320. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-pinto.es. d) Número de expediente: 014/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Organización de actuaciones musicales, del programa de peñas y la explotación de una macrodiscoteca en las fiestas patronales de agosto de 2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula 25 del Pliego de prescripciones técnicas. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 87.000 euros, más el IVA correspondiente. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio y hasta las 14:00 horas del día en que finalice el plazo de presentación. A efectos de finalización el sábado será inhábil. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Pinto. 2) Domicilio: Plaza la Constitución, 1. 3) Localidad y código postal: Pinto, 28320. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Aperturas públicas sobres 'B' y 'C'. b) Dirección: Plaza la Constitución, 1. c) Localidad y código postal: Pinto, 28320. d) Fecha y hora: Se anunciarán en el perfil del contratante con, al menos, un día hábil de antelación a sus respectivas celebraciones. 10. Gastos de publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario o adjudicatarios. Pinto (Madrid), 30 de mayo de 2013.- Concejal de Economía, D.ª Tamara Rabaneda Gudiel.

Convenio entre la Fundación del Valle de los caídos y la Universidad de Granada para que sus investigadores se encarguen de las exhumaciones e identificaciones.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid). c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación. 2) Domicilio: Plaza la Constitución, 1. 3) Localidad y código postal: Pinto, 28320. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-pinto.es. d) Número de expediente: 014/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Organización de actuaciones musicales, del programa de peñas y la explotación de una macrodiscoteca en las fiestas patronales de agosto de 2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula 25 del Pliego de prescripciones técnicas. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 87.000 euros, más el IVA correspondiente. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio y hasta las 14:00 horas del día en que finalice el plazo de presentación. A efectos de finalización el sábado será inhábil. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Pinto. 2) Domicilio: Plaza la Constitución, 1. 3) Localidad y código postal: Pinto, 28320. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Aperturas públicas sobres 'B' y 'C'. b) Dirección: Plaza la Constitución, 1. c) Localidad y código postal: Pinto, 28320. d) Fecha y hora: Se anunciarán en el perfil del contratante con, al menos, un día hábil de antelación a sus respectivas celebraciones. 10. Gastos de publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario o adjudicatarios. Pinto (Madrid), 30 de mayo de 2013.- Concejal de Economía, D.ª Tamara Rabaneda Gudiel. ### RESUMEN: Convenio entre la Fundación del Valle de los caídos y la Universidad de Granada para que sus investigadores se encarguen de las exhumaciones e identificaciones.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Junta de Contratación del Ejército de Tierra. b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ejército de Tierra. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Junta de Contratación del Ejército de Tierra. 2) Domicilio: Prim 6-8. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071 (España). 4) Teléfono: 917 80 24 15. 5) Telefax: 917 80 22 81. 6) Correo electrónico: juconet@et.mde.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las 10:00 horas del 28 de abril de 2017. d) Número de expediente: 60004 17 0003 00. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Acuerdo Marco para la gestión integral de piscinas de los centros y residencias de la DIAPER. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Gestión integral de piscinas de cinco centros deportivos DIAPER ubicados en Galicia, Castilla y León y La Rioja. Lote 2: Gestión integral de piscinas de cuatro centros deportivos y dos residencias de descanso de la DIAPER ubicados en Navarra, Aragón, Baleares y Comunidad Valenciana. Lote 3: Gestión integral de piscinas de cuatro centros deportivos de la DIAPER ubicados en Comunidad de Madrid y Extremadura. Lote 4: Gestión integral de piscinas de cinco centros deportivos, tres residencias de descanso y dos residencias de estudiantes de la DIAPER ubicados en Andalucía, Ceuta, Melilla e Islas Canarias. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: En las direcciones de los Centros y Residencias de la DIAPER que figuran en el Anexo I del PCAP. e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años (Acuerdo Marco con duración de dos (2) años y posibilidad de prórroga de un (1) año más). f) Admisión de prórroga: Acuerdo Marco con duración de dos (2) años y posibilidad de prórroga de un (1) año más. g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50800000 (Servicios varios de reparación y mantenimiento). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Número de cursos o actividades físico-deportivas que se ofrezcan sin coste para la Administración, número de médicos y/o DUE,s adicionales a los exigidos por normativa vigente en cada instalación, número de socorristas que se ofrezcan adicionales a los exigidos por la normativa vigente para cada instalación, porcentaje descuento precio hora hombre máximo establecido en Anexo II PCAP sin coste para la Administración, porcentaje descuento sobre los precios máximos de los consumibles establecidos en Anexo III PCAP sin coste para la Administración y porcentaje recargo sobre materiales repuestos equipos sobre precio factura fabricante o proveedor. 4. Valor estimado del contrato: 6.788.100,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 820.000,00 (Lote 1), 600.000,00 (Lote 2), 930.000,00 (Lote 3) y 1.764.000,00 (Lote 4). Importe total: 992.200,00 (Lote 1), 726.000,00 (Lote 2), 1.125.300,00 (Lote 3) y 2.058.588,00 (Lote 4). 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios ámbito objeto expediente referido último ejercicio social cerrado o a la media de los tres últimos ejercicios sociales cerrados, como mínimo igual o superior a dos veces el importe del valor estimado, por cada uno de los lotes a los que concurran y de la misma manera , igual o superior a la suma de todos los lotes que concurran). Solvencia técnica y profesional: (Estar en posesión de la Norma UNE-EN ISO 9001, o la que esté vigente en el momento de la publicación del anuncio de licitación de este PCAP en la PLACE o equivalente en vigor) , (Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad) , (Indicación e la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar) , (Relación principales servicios realizados últimos cinco años, que se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente) y (Titulaciones académicas y profesionales del empresario y personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato). 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 horas del 9 de mayo de 2017. (De acuerdo a lo especificado en las Cláusulas 18 y 19 del PCAP). b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Junta de Contratación del Ejército de Tierra. 2) Domicilio: Prim, 6-8. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071 (España). e) Admisión de variantes: No. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 años. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta económica. b) Dirección: Prim, 6-8. (Cuartel General del Ejercito. Salón de actos Buenavista. Patio Administración de edificios Descalzas). c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. d) Fecha y hora: 17 de mayo de 2017 a las 10:00 horas (Acto público de Apertura del sobre n.º 2 'Proposición económica y técnica'. [Ver cláusula 18 del PCAP]) . 10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 23 de marzo de 2017. Madrid, 23 de marzo de 2017.- El Presidente de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra.

El Supremo admite a trámite el recurso de la Junta de Andalucía contra el reparto del techo de déficit.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Junta de Contratación del Ejército de Tierra. b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ejército de Tierra. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Junta de Contratación del Ejército de Tierra. 2) Domicilio: Prim 6-8. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071 (España). 4) Teléfono: 917 80 24 15. 5) Telefax: 917 80 22 81. 6) Correo electrónico: juconet@et.mde.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las 10:00 horas del 28 de abril de 2017. d) Número de expediente: 60004 17 0003 00. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Acuerdo Marco para la gestión integral de piscinas de los centros y residencias de la DIAPER. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Gestión integral de piscinas de cinco centros deportivos DIAPER ubicados en Galicia, Castilla y León y La Rioja. Lote 2: Gestión integral de piscinas de cuatro centros deportivos y dos residencias de descanso de la DIAPER ubicados en Navarra, Aragón, Baleares y Comunidad Valenciana. Lote 3: Gestión integral de piscinas de cuatro centros deportivos de la DIAPER ubicados en Comunidad de Madrid y Extremadura. Lote 4: Gestión integral de piscinas de cinco centros deportivos, tres residencias de descanso y dos residencias de estudiantes de la DIAPER ubicados en Andalucía, Ceuta, Melilla e Islas Canarias. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: En las direcciones de los Centros y Residencias de la DIAPER que figuran en el Anexo I del PCAP. e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años (Acuerdo Marco con duración de dos (2) años y posibilidad de prórroga de un (1) año más). f) Admisión de prórroga: Acuerdo Marco con duración de dos (2) años y posibilidad de prórroga de un (1) año más. g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50800000 (Servicios varios de reparación y mantenimiento). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Número de cursos o actividades físico-deportivas que se ofrezcan sin coste para la Administración, número de médicos y/o DUE,s adicionales a los exigidos por normativa vigente en cada instalación, número de socorristas que se ofrezcan adicionales a los exigidos por la normativa vigente para cada instalación, porcentaje descuento precio hora hombre máximo establecido en Anexo II PCAP sin coste para la Administración, porcentaje descuento sobre los precios máximos de los consumibles establecidos en Anexo III PCAP sin coste para la Administración y porcentaje recargo sobre materiales repuestos equipos sobre precio factura fabricante o proveedor. 4. Valor estimado del contrato: 6.788.100,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 820.000,00 (Lote 1), 600.000,00 (Lote 2), 930.000,00 (Lote 3) y 1.764.000,00 (Lote 4). Importe total: 992.200,00 (Lote 1), 726.000,00 (Lote 2), 1.125.300,00 (Lote 3) y 2.058.588,00 (Lote 4). 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios ámbito objeto expediente referido último ejercicio social cerrado o a la media de los tres últimos ejercicios sociales cerrados, como mínimo igual o superior a dos veces el importe del valor estimado, por cada uno de los lotes a los que concurran y de la misma manera , igual o superior a la suma de todos los lotes que concurran). Solvencia técnica y profesional: (Estar en posesión de la Norma UNE-EN ISO 9001, o la que esté vigente en el momento de la publicación del anuncio de licitación de este PCAP en la PLACE o equivalente en vigor) , (Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad) , (Indicación e la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar) , (Relación principales servicios realizados últimos cinco años, que se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente) y (Titulaciones académicas y profesionales del empresario y personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato). 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 horas del 9 de mayo de 2017. (De acuerdo a lo especificado en las Cláusulas 18 y 19 del PCAP). b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Junta de Contratación del Ejército de Tierra. 2) Domicilio: Prim, 6-8. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071 (España). e) Admisión de variantes: No. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 años. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta económica. b) Dirección ### RESUMEN: El Supremo admite a trámite el recurso de la Junta de Andalucía contra el reparto del techo de déficit.

'Por la Letrada de la Junta de Andalucía, en la representación que legalmente ostenta, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Tercera del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de enero de 2014 por el que se desestima el requerimiento previo para que se procediese a la revisión tanto del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 2013 que fija los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas y cada uno de sus subsectores para el período 2014-2016, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2014, como del posterior Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de julio de 2013 por el que se adecua el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para 2013, que ha sido admitido a trámite por resolución de 24 de marzo de 2014 y figura registrado con el número 2/241/2014 Lo que se hace público a los efectos de que cualquier persona que tenga interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la actuación recurrida pueda personarse como demandado en el expresado recurso en el plazo de nueve días'. Madrid, 27 de marzo de 2014.- La Secretaria Judicial, Aurelia Lorente Lamarca.

Participación (hasta fin 2018) de las AAPP españolas en el Instituto Alianza Civilizaciones de Barcelona.

'Por la Letrada de la Junta de Andalucía, en la representación que legalmente ostenta, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Tercera del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de enero de 2014 por el que se desestima el requerimiento previo para que se procediese a la revisión tanto del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 2013 que fija los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas y cada uno de sus subsectores para el período 2014-2016, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2014, como del posterior Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de julio de 2013 por el que se adecua el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para 2013, que ha sido admitido a trámite por resolución de 24 de marzo de 2014 y figura registrado con el número 2/241/2014 Lo que se hace público a los efectos de que cualquier persona que tenga interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la actuación recurrida pueda personarse como demandado en el expresado recurso en el plazo de nueve días'. Madrid, 27 de marzo de 2014.- La Secretaria Judicial, Aurelia Lorente Lamarca. ### RESUMEN: Participación (hasta fin 2018) de las AAPP españolas en el Instituto Alianza Civilizaciones de Barcelona.

ADENDA POR LA QUE SE MODIFICA EL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y UBICACIÓN DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES EN BARCELONA (ESPAÑA) Y EL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS Y RELATIVO AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES EN BARCELONA (ESPAÑA) PREÁMBULO Recordando que el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas (en adelante UNU) suscribieron el día 28 de junio de 2010 un Acuerdo para el establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la UNU para la Alianza de Civilizaciones (UNU-IIAOC) (en adelante el Acuerdo) en el pabellón de Sant Manuel, situado en el recinto histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona (España) y un Acuerdo de Sede sobre su condición jurídica y los privilegios e inmunidades que deben regir su funcionamiento (en lo sucesivo «Acuerdo de Sede»); Recordando asimismo que en dicho Acuerdo se establecían, entre otros, los objetivos y actividades, los ámbitos de cooperación, la ubicación del UNU-IIAOC, las contribuciones económicas, así como las instalaciones puestas a disposición de la UNU por el Reino de España, a través de la Generalitat de Cataluña; Recordando, además, que hasta el 20 de febrero de 2013, por motivos ajenos a la voluntad del UNU-IIAOC, relacionados con la finalización de las obras de acondicionamiento del pabellón de Sant Manuel, el equipo del UNU-IIAOC no pudo trasladarse a dicho pabellón, situado en el recinto histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, locales previstos para Instituto; Señalando que el Reino de España, a través de la Generalitat de Cataluña, ha asegurado la cobertura de los costes de rehabilitación y adaptación del espacio que ocupa el Instituto en el recinto histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Señalando que, por Acuerdo de Consejo de Ministros del Reino de España de 13 de julio de 2012, se aprobó la no disponibilidad de créditos por valor de 600 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2012, distribuidos equitativamente entre todos los Departamentos ministeriales; Señalando asimismo que, como consecuencia, la cuantía prevista como contribución financiera para los años 2012 y siguientes, se ha visto afectada; Recordando que, en vista de este cambio en las circunstancias económicas antes mencionado, en enero de 2013 la UNU y el Reino de España reconocieron que la consiguiente limitación de las actividades del Instituto obligaría a una reducción de las necesidades espaciales inicialmente previstas y la firma de un nuevo Acuerdo que contemplara dichos cambios. Considerando que la UNU y el Reino de España han convenido en que el nombre y el acrónimo utilizados para designar al Instituto de las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones (UNU-IIAOC) sea reemplazado por un nuevo nombre y acrónimo que refleje mejor el nuevo enfoque de investigación del Instituto; Considerando que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, formalizan, un Convenio de colaboración interadministrativo para el establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto, que concreta sus respectivas aportaciones destinadas a financiar el funcionamiento del UNU-IIAOC, el cual pasa a tener una nueva denominación en virtud de la firma de la presente adenda. Conforme a las disposiciones del artículo 11 del Acuerdo y del artículo 15 del Acuerdo de Sede Las Partes convienen en lo siguiente: ARTÍCULO I El Instituto de la UNU ubicado en España, con sede en el pabellón de Sant Manuel, situado en el recinto histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona (España) pasa a denominarse Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas para la Globalización, la Cultura y la Movilidad (también denominado «UNU-GCM», por sus siglas en inglés, y en lo sucesivo «el Instituto»). En consecuencia, los mencionados nombre y acrónimo sustituirán al nombre y acrónimo «Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones» y «UNU-IIAOC» siempre que aparezcan en el Acuerdo y el Acuerdo de Sede. ARTÍCULO II Se modifica el artículo 1 del Acuerdo para el establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto de la siguiente forma: «Objetivo y actividades. 1. El principal objetivo del Instituto será contribuir, a través de la investigación, los servicios de asesoría estratégica, la educación, el desarrollo de capacidades y la difusión del conocimiento, a la resolución de problemas globales relativos a la globalización, la cultura y la movilidad. 2. El Instituto se ocupará de lo siguiente: a) prestar asistencia a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros en el análisis de las cuestiones relativas a la globalización, la cultura y la movilidad y contribuir a la determinación de las cuestiones clave en el desarrollo y seguimiento de esta iniciativa; b) emprender actividades de investigación, desarrollo de capacidad y difusión del conocimiento y la información en cuestiones importantes relacionadas con la globalización, la cultura y la movilidad; c) colaborar con otras universidades del mundo en el ámbito de la investigación científica. 3. Las áreas de investigación y docencia abordarán, con carácter prioritario la promoción de la buena gobernanza en el ámbito de la diversidad cultural, así como el fomento de la democracia y los derechos humanos, tomando en consideración los retos acuciantes que afectan a las Naciones unidas y a sus Estados miembros. 4. El Instituto llevará a cabo todas las demás actividades que se consideren necesarias y adecuadas para la consecución de cualesquiera objetivos establecidos en el presente Acuerdo.» ARTÍCULO III Se modifica el artículo 4 del Acuerdo para el establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto de la siguiente forma: «Contribuciones económicas. 1. Las aportaciones económicas ya efectuadas por el Reino de España han permitido sufragar el conjunto de las actividades y funcionamiento del Instituto desde su creación hasta el 31 de marzo de 2016. 2. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación aportó otros 150.000 euros con cargo al presupuesto de 2014. 3. Desde el 1 de enero de 2016 hasta 31 de diciembre de 2018, el Reino de España se compromete a seguir financiando anualmente el UNU-GCM de acuerdo con el reparto de las diferentes administraciones públicas que especifica el Convenio de colaboración interadministrativo formalizado entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, y que queda establecido de la siguiente manera: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: 225.000 euros. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 125.000 euros. Generalitat de Cataluña: 200.000 euros. Ayuntamiento de Barcelona: 200.000 euros. Los pagos se realizarán preferentemente antes del final de primer trimestre del año correspondiente, conforme a la disponibilidad presupuestaria anual y según la normativa vigente de prelación de la ordenación de pagos de las obligaciones económicas. Si tales pagos se reducen o no pueden realizarse por razones presupuestarias, se entenderá que dicha reducción o no realización podrá afectar al desarrollo de las actividades del Instituto o dar lugar al cese de las actividades del mismo. 4. El Reino de España asegurará también, a través de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona a partes iguales, la cobertura de los costes de mantenimiento y conservación de los locales y los costes derivados del uso de las instalaciones comunes del recinto histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau por el Instituto. 5. La financiación de los proyectos del Instituto podrá incluir subvenciones obtenidas, entre otros, de gobiernos, organizaciones internacionales e instituciones, el sector privado y fundaciones privadas. El Instituto y el Reino de España cooperarán en la consecución de estos ingresos suplementarios para complementar las cantidades recibidas en virtud de este Acuerdo y para apoyar el programa del Instituto. 6. Todas las contribuciones al Instituto serán administradas por la Universidad de acuerdo con el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas y las circulares administrativas de las Naciones Unidas aplicables a la Universidad, sin perjuicio de la obligación que tiene la UNU de remitir al Reino de España periódicamente copias de los informes de revisión y evaluación del trabajo del Instituto.» ARTÍCULO IV Se modifica el artículo 5 del Acuerdo para el establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto de la siguiente forma: «Locales e instalaciones. 1. El Reino de España, a través de la Generalitat de Cataluña, pone a disposición de la Universidad sin cargo alguno los locales permanentes del recinto histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau que se describen en el apartado siguiente, para su ocupación y uso por el Instituto: Ubicación: Recinto histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en el Pabellón de Sant Manuel. Estructura: Primera planta y entresuelo de dicho pabellón, pudiendo ser ocupado el resto del edificio por otras instituciones. Superficie útil total: 974,47 m2 (786,70 m2 de su área propia más 187,77 m2 de espacios comunes dentro del pabellón). 2. El derecho a la ocupación y uso de los locales asignados corresponde exclusivamente a la Universidad mientras el Instituto continúe sus actividades en España. 3. La ocupación y uso de los locales se ajustará a las disposiciones de este Acuerdo y el Acuerdo de Sede. 4. El Reino de España, a través de la Generalitat de Cataluña, cede temporalmente y gratuitamente el uso de diversos bienes muebles necesarios para la instalación del Instituto en el Pabellón de Sant Manuel. El Instituto velará por el correcto funcionamiento y mantenimiento de dicho mobiliario, no pudiendo cederlo a terceros, retirarlo o destruirlo sin el consentimiento previo de la Generalitat de Cataluña. 5. Los asuntos relativos a los trabajos de mantenimiento de especial importancia de los locales serán debatidos y acordados por el Comité establecido de conformidad con el artículo 10 de este Acuerdo. 6. La Universidad sufragará los costes ordinarios de limpieza y mantenimiento diario de los locales y todos los servicios y suministros públicos (electricidad, servicios electrónicos, calefacción y refrigeración, agua y eliminación de residuos) para dichos locales conforme a tarifas equitativas. Si este coste no puede determinarse por separado para el Instituto, se utilizará una fórmula acordada para evaluar la utilización proporcional por el mismo de estos servicios. El Comité establecido de conformidad con el artículo 10 de este Acuerdo aprobará la lista indicativa de las partidas relativas a los gastos ordinarios de limpieza y mantenimiento diario y la fórmula acordada para evaluar el uso proporcional. 7. La Universidad no será responsable de ninguna pérdida o menoscabo del mobiliario, instalaciones y equipamiento, ni de los daños personales a terceros o los daños a los locales, exceptuando la responsabilidad de la Universidad por el daño o perjuicio resultante de negligencia grave o conducta dolosa por parte del personal o los funcionarios del Instituto. 8. La Universidad tomará medidas preventivas razonables con el fin de proteger la integridad y los bienes de los terceros que utilicen los locales.» ARTÍCULO V Se modifica el artículo 9 del Acuerdo para el establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto de la siguiente forma: «Notificaciones. Todas las notificaciones y comunicaciones relativas al presente Acuerdo destinadas al Reino de España deberán ser dirigidas al: Director General de Naciones Unidas y Derechos Humanos, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, calle Serrano Galvache, 26, 28071 Madrid, España. Con copia al: Secretario General de Universidades, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, calle Torrelaguna, 58, 28027 Madrid, España. Todas las notificaciones y comunicaciones relativas al presente Acuerdo destinadas a la Universidad deberán ser dirigidas a: Responsable ejecutivo, oficina del Rector, Universidad de las Naciones Unidas, 53-70, Jingumae 5-chome, Shibuya-ku, Tokio 150-8925, Japón.» ARTÍCULO VI Se modifica el artículo 10 del Acuerdo para el establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto de la siguiente forma: «Para facilitar la aplicación de este Acuerdo y del Acuerdo de Sede, se establecerá un Comité formado por representantes del Reino de España (representado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona) y la Universidad de las Naciones Unidas. Este Comité comenzará a funcionar en la fecha acordada por las Partes y, a partir de este momento, se reunirá periódicamente o a petición de cualquiera de ellas.» ARTÍCULO VII Los demás artículos del Acuerdo relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto no modificados por la presente adenda mantendrán su plena vigencia. ARTÍCULO VIII La presente adenda, y cualquiera de sus modificaciones, entrará en vigor en la fecha en que las Partes se notifiquen recíprocamente, por intercambio de instrumentos, que los procedimientos formales internos respectivos han sido cumplidos. Las disposiciones de la presente adenda se aplicarán provisionalmente a partir de la fecha de la firma. En testimonio de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados a este fin, firman esta adenda, en duplicado ejemplar en español y en inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos. Por el Reino de España, Por la Universidad de las Naciones Unidas, D. Ignacio Ybáñez Rubio, D. Max Bond, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores Vicerrector y Director Ejecutivo Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Universidad de las Naciones Unidas Madrid Tokyo Fecha: 22-7-2016 Fecha: 22-7-2016 La presente adenda se aplica provisionalmente desde el 22 de julio de 2016 de conformidad con lo dispuesto en su artículo VIII. Madrid, 11 de agosto de 2016.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, P.S. (Real Decreto 342/2012, de 10 de febrero), la Vicesecretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Celia Abenza Rojo.

Contrato del SEPE para la adquisición, actualización y soporte técnico de productos Microsoft por importe total de 1.085.370,00 euros.

ADENDA POR LA QUE SE MODIFICA EL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y UBICACIÓN DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES EN BARCELONA (ESPAÑA) Y EL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS Y RELATIVO AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES EN BARCELONA (ESPAÑA) PREÁMBULO Recordando que el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas (en adelante UNU) suscribieron el día 28 de junio de 2010 un Acuerdo para el establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la UNU para la Alianza de Civilizaciones (UNU-IIAOC) (en adelante el Acuerdo) en el pabellón de Sant Manuel, situado en el recinto histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona (España) y un Acuerdo de Sede sobre su condición jurídica y los privilegios e inmunidades que deben regir su funcionamiento (en lo sucesivo «Acuerdo de Sede»); Recordando asimismo que en dicho Acuerdo se establecían, entre otros, los objetivos y actividades, los ámbitos de cooperación, la ubicación del UNU-IIAOC, las contribuciones económicas, así como las instalaciones puestas a disposición de la UNU por el Reino de España, a través de la Generalitat de Cataluña; Recordando, además, que hasta el 20 de febrero de 2013, por motivos ajenos a la voluntad del UNU-IIAOC, relacionados con la finalización de las obras de acondicionamiento del pabellón de Sant Manuel, el equipo del UNU-IIAOC no pudo trasladarse a dicho pabellón, situado en el recinto histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, locales previstos para Instituto; Señalando que el Reino de España, a través de la Generalitat de Cataluña, ha asegurado la cobertura de los costes de rehabilitación y adaptación del espacio que ocupa el Instituto en el recinto histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Señalando que, por Acuerdo de Consejo de Ministros del Reino de España de 13 de julio de 2012, se aprobó la no disponibilidad de créditos por valor de 600 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2012, distribuidos equitativamente entre todos los Departamentos ministeriales; Señalando asimismo que, como consecuencia, la cuantía prevista como contribución financiera para los años 2012 y siguientes, se ha visto afectada; Recordando que, en vista de este cambio en las circunstancias económicas antes mencionado, en enero de 2013 la UNU y el Reino de España reconocieron que la consiguiente limitación de las actividades del Instituto obligaría a una reducción de las necesidades espaciales inicialmente previstas y la firma de un nuevo Acuerdo que contemplara dichos cambios. Considerando que la UNU y el Reino de España han convenido en que el nombre y el acrónimo utilizados para designar al Instituto de las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones (UNU-IIAOC) sea reemplazado por un nuevo nombre y acrónimo que refleje mejor el nuevo enfoque de investigación del Instituto; Considerando que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, formalizan, un Convenio de colaboración interadministrativo para el establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto, que concreta sus respectivas aportaciones destinadas a financiar el funcionamiento del UNU-IIAOC, el cual pasa a tener una nueva denominación en virtud de la firma de la presente adenda. Conforme a las disposiciones del artículo 11 del Acuerdo y del artículo 15 del Acuerdo de Sede Las Partes convienen en lo siguiente: ARTÍCULO I El Instituto de la UNU ubicado en España, con sede en el pabellón de Sant Manuel, situado en el recinto histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona (España) pasa a denominarse Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas para la Globalización, la Cultura y la Movilidad (también denominado «UNU-GCM», por sus siglas en inglés, y en lo sucesivo «el Instituto»). En consecuencia, los mencionados nombre y acrónimo sustituirán al nombre y acrónimo «Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones» y «UNU-IIAOC» siempre que aparezcan en el Acuerdo y el Acuerdo de Sede. ARTÍCULO II Se modifica el artículo 1 del Acuerdo para el establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto de la siguiente forma: «Objetivo y actividades. 1. El principal objetivo del Instituto será contribuir, a través de la investigación, los servicios de asesoría estratégica, la educación, el desarrollo de capacidades y la difusión del conocimiento, a la resolución de problemas globales relativos a la globalización, la cultura y la movilidad. 2. El Instituto se ocupará de lo siguiente: a) prestar asistencia a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros en el análisis de las cuestiones relativas a la globalización, la cultura y la movilidad y contribuir a la determinación de las cuestiones clave en el desarrollo y seguimiento de esta iniciativa; b) emprender actividades de investigación, desarrollo de capacidad y difusión del conocimiento y la información en cuestiones importantes relacionadas con la globalización, la cultura y la movilidad; c) colaborar con otras universidades del mundo en el ámbito de la investigación científica. 3. Las áreas de investigación y docencia abordarán, con carácter prioritario la promoción de la buena gobernanza en el ámbito de la diversidad cultural, así como el fomento de la democracia y los derechos humanos, tomando en consideración los retos acuciantes que afectan a las Naciones unidas ### RESUMEN: Contrato del SEPE para la adquisición, actualización y soporte técnico de productos Microsoft por importe total de 1.085.370,00 euros.

A propuesta del Presidente del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de junio de 2019, Vengo en disponer el cese, a petición propia, de doña Sandra León Alfonso como Directora de la Oficina del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, agradeciéndole los servicios prestados. Dado en Madrid, el 24 de junio de 2019. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

Nombramiento de vocales de procedencia judicial para la Junta Electoral Central.

A propuesta del Presidente del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de junio de 2019, Vengo en disponer el cese, a petición propia, de doña Sandra León Alfonso como Directora de la Oficina del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, agradeciéndole los servicios prestados. Dado en Madrid, el 24 de junio de 2019. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN ### RESUMEN: Nombramiento de vocales de procedencia judicial para la Junta Electoral Central.

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), fue creada mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012, con el objetivo de convertir nuestras Administraciones Públicas en un factor de competitividad de la economía española, para lo cual propuso más de 200 medidas de racionalización de estructuras, procedimientos y recursos, plasmadas en su informe final presentado al Gobierno de España en junio de 2013. Más de la mitad de las citadas medidas son, directa o indirectamente, actuaciones relativas a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), input cuyo efecto multiplicador sobre la productividad viene avalado por numerosos estudios que manifiestan una fuerte correlación entre este proceso de digitalización y las mejoras de competitividad globales de las sociedades y los países. Por ello puede afirmarse que el informe CORA persigue, de modo decidido, la aceleración del citado proceso en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas. Una de las actuaciones más importantes ya emprendidas en esa línea, es la implantación de un nuevo modelo de Gobernanza de las TIC en la Administración General del Estado (AGE) desarrollada, en primer lugar, con la creación, mediante Real Decreto 695/2013, de 20 de septiembre, de una nueva figura directiva de alto nivel con competencias transversales para toda la AGE y sus organismos públicos: la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC), con rango de Subsecretaría, luego reestructurada e integrada orgánicamente en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por el Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre. Y en segundo lugar, mediante el desarrollo orgánico de ese nuevo modelo de Gobernanza, a través del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre que, junto a la figura ya citada del DTIC, define una serie de órganos colegiados y de Unidades que implementarán las políticas de racionalización y transformación de las TIC en el ámbito del Sector Público Administrativo Estatal. Entre esos órganos figurarán las Comisiones Ministeriales de Administración Digital, herederas de las actuales Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica, y que se convertirán en las Unidades responsables de implantar, a nivel ministerial, las políticas comunes TIC previamente definidas por los órganos competentes, así como de la transformación digital de cada Departamento ministerial y sus organismos públicos adscritos. Con esta Orden se da cumplimiento a la disposición transitoria segunda del Real Decreto 806/2014 antes citado. El borrador ha sido informado preceptivamente por la Comisión Ministerial de Administración Electrónica y por la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno del Ministerio de la Presidencia. En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo: Artículo 1. Objeto. 1. La presente Orden tiene por objeto la creación y regulación de la Comisión Ministerial de Administración Digital (CMAD) del Ministerio de la Presidencia, que se configura como el órgano colegiado responsable del impulso y la coordinación interna del Departamento y sus organismos públicos (OOPP) en materia de Administración digital y se configura como órgano de enlace con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC) y con otros órganos o comisiones especializadas en la materia. 2. La CMAD del Ministerio de la Presidencia se adscribe a la Subsecretaría del Departamento y su ámbito de actuación abarcará a todos los órganos del Ministerio y sus OOPP adscritos. El apoyo a la Comisión recaerá en la Subdirección General de Tecnologías y Servicios de Información (SGTSI) del Ministerio. Artículo 2. Composición y funciones del Pleno de la CMAD. 1. La CMAD del Ministerio de la Presidencia actúa en Pleno y en Comisión Permanente. 2. El Pleno tendrá la siguiente composición: a) Presidencia: La persona titular de la Subsecretaría de la Presidencia. b) Vicepresidencia: La persona titular de la Dirección del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de la Presidencia. c) Vocalías, cuya designación deberá recaer en representantes de los siguientes órganos y organismos con rango, al menos, de Dirección General: Presidencia del Gobierno. Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno. Gabinete del titular del Ministerio de la Presidencia. Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. Secretaría de Estado de Comunicación. Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA). Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (CAPN). Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE). Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC). d) Secretaría: Será ejercida por la persona titular de la SGTSI del Ministerio de la Presidencia. 3. La Comisión podrá convocar al Pleno, en función de la relevancia de los asuntos a tratar, a expertos de la DTIC o a miembros de alguno de los órganos y comisiones de la estructura prevista en el Real Decreto 806/2014 de 19 de septiembre, o bien a otros expertos, todos los cuales asistirán con voz pero sin voto. 4. Todos los Vocales serán designados por la Subsecretaría de la Presidencia a propuesta de las personas titulares de los órganos superiores o directivos de los que dependan los designados. Por cada Vocal, y por el mismo procedimiento, se nombrará un Vocal suplente que deberá tener, al menos, rango de Subdirector General o asimilado. 5. El Pleno de la CMAD desempeñará las siguientes funciones: a) Actuar como órgano de relación entre el Departamento con sus OOPP adscritos y la DTIC, para asegurar la coordinación con los criterios y políticas definidas por esta. b) Velar por la aplicación, en el ámbito del Departamento, de las directrices y el seguimiento de las pautas de actuación recogidas en la Estrategia TIC de la AGE y sus OOPP aprobada por el Gobierno a propuesta del Comité de Estrategia TIC. c) Aprobar el Plan de acción del Departamento para la transformación digital, de duración al menos bianual y de acuerdo con las directrices establecidas por la DTIC, con las líneas estratégicas establecidas por el Comité de Estrategia TIC y con la Estrategia TIC de la AGE y sus OOPP aprobada por el Consejo de Ministros. d) Impulsar la digitalización de los servicios y procedimientos del Departamento con el fin de homogeneizarlos, simplificarlos, mejorar su calidad y facilidad de uso, así como las prestaciones ofrecidas a los ciudadanos y empresas, optimizando la utilización de los recursos TIC disponibles y evaluando de manera periódica el avance del Plan de acción del Departamento para la transformación digital. e) Colaborar con la DTIC en la identificación y la puesta a disposición común de los medios humanos, materiales y económicos que estén adscritos al Departamento y que deban ser utilizados para la puesta en funcionamiento o mantenimiento de los medios o servicios compartidos, proponiendo a la citada unidad la utilización compartida de servicios o recursos de sistemas de información y comunicaciones del Ministerio de la Presidencia o de sus OOPP adscritos. f) Aprobar instrucciones o directrices para la aplicación de nuevos criterios de organización o de funcionamiento, la implantación de nuevos procedimientos o la revisión de los existentes en el Departamento, en el marco del Plan de acción del Departamento para la transformación digital. g) Cualquier otra función que le sea atribuida por la normativa aplicable. Artículo 3. Composición y funciones de la Comisión Permanente de la CMAD 1. La Comisión Permanente de la CMAD (CP-CMAD) tendrá la siguiente composición: a) Presidencia: La persona titular de la Dirección del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de la Presidencia. b) Vicepresidencia: La persona titular de la SGTSI del Ministerio de la Presidencia. c) Vocalías: La persona titular de la Unidad de Informática de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Actuarán además como Vocales, representantes de los siguientes órganos y organismos del Ministerio de la Presidencia, con rango mínimo de Subdirección General o asimilado y que no pertenezcan a las respectivas Unidades TIC: Gabinete de la persona titular del Ministerio de la Presidencia. OPERA. Dirección General de Relaciones con las Cortes. Dirección General de Comunicación. Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno. Dirección General de Relaciones con las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas. Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno. CNI. CAPN. AEBOE. CIS. CEPC. Además, en su caso, actuarán como Vocales los representantes de cada una de las Unidades TIC del Departamento pertenecientes al Comité de Dirección TIC, así como los representantes de las Unidades TIC que por su relevancia sean designados por la Presidencia de la CP-CMAD, siendo el representante de la Unidad TIC de la Subsecretaría el que representará y coordinará al resto de Unidades TIC del Departamento que ni forman parte del Comité de Dirección TIC, ni hayan sido designadas por la Presidencia. d) Secretaría: Un funcionario de, al menos nivel 29, perteneciente a la SGTSI del Ministerio de la Presidencia. e) Los Vocales, a propuesta de su órgano directivo, podrán asistir a las reuniones de la CP-CMAD, acompañados de funcionarios expertos en las materias que hayan de tratarse, actuando dichos expertos con voz, pero sin voto. 2. Todos los Vocales serán designados por la Subsecretaría de la Presidencia a propuesta de las personas titulares de los órganos superiores o directivos de los que dependan los designados. Por cada Vocal, y por el mismo procedimiento, se nombrará un Vocal suplente que deberá ser funcionario del subgrupo A1. 3. La CP-CMAD tendrá las siguientes funciones: a) Analizar las necesidades funcionales de las Unidades de gestión del Departamento y sus OOPP adscritos, evaluar las distintas alternativas de solución propuestas por las Unidades TIC, identificar las oportunidades de mejora de eficiencia que pueden aportar las TIC, aplicar soluciones ya desarrolladas en el ámbito del Sector Público y estimar los costes en recursos humanos y materiales que los desarrollos TIC asociados puedan suponer, elaborando, a partir de todo ello, el Plan de acción del Departamento para la transformación digital que será aprobado por el Pleno. b) Tener conocimiento de todas las propuestas de contratación relacionadas con las TIC y recibir información de los órganos gestores acerca de su relación con el Plan de Acción del Departamento para la transformación digital, para su remisión a la DTIC, con la finalidad de hacer efectiva la función prevista en la letra anterior c) Apoyar a las Unidades TIC, cuando estas lo requieran, en la valoración del alineamiento de sus expedientes con el Plan de acción del Departamento para la transformación digital, con antelación a la solicitud del informe a la DTIC. d) Informar los proyectos de disposiciones de carácter general, convenios, acuerdos de colaboración, instrucciones y circulares del Departamento, todos ellos relacionados con las TIC, valorando la oportunidad de la medida, los costes, la necesidad de recursos humanos y los tiempos de desarrollo que se puedan derivar de la aprobación del proyecto. Este informe será remitido a la DTIC para su conocimiento y valoración. e) Elaborar con periodicidad anual un informe de avance del Plan de acción del Departamento para la transformación digital, que recoja el estado de las actuaciones previstas y las contrataciones efectuadas, para su presentación al Pleno. f) Mantener actualizado un inventario de servicios o recursos de TIC para la elaboración y traslado al Pleno de la CMAD de propuestas de declaración de servicios o recursos de uso compartido en el ámbito de la AGE. g) Elaborar, para su aprobación por el Pleno, las instrucciones o directrices de organización o de funcionamiento que sean necesarias para la digitalización de los servicios y procedimientos del Departamento con el fin de homogeneizarlos, simplificarlos y mejorar su calidad y facilidad de uso. h) Coordinar la recogida, agregación e incorporación de la información requerida por la DTIC y velar por la exactitud e integridad de los datos correspondientes al Departamento. i) Gestionar el inventario de ficheros sometidos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. j) informar a los organismos y Unidades representados en el Pleno, de las líneas estratégicas, políticas, procesos, arquitecturas, normas y buenas prácticas comunes establecidas por la DTIC y otros órganos de gobernanza TIC. k) Cualquier asunto que le sea delegado expresamente por el Pleno. Artículo 4. Convocatorias. 1. Tanto el Pleno como la Comisión Permanente se constituirán válidamente, en primera convocatoria, cuando se hallen presentes las personas que ocupan la Presidencia y la Secretaría, o quienes les sustituyan en su caso, y además, la mitad de su número de miembros totales. En segunda convocatoria, se seguirá el mismo criterio que para el Pleno, en lo que respecta a Presidencia y Secretaría, pero bastará con la asistencia de tres Vocales. 2. En caso de ausencia, vacante, enfermedad u otra causa legal de la persona que ocupa la Presidencia, tanto en el Pleno como en la Comisión Permanente, ejercerá esa función la persona que ocupe la Vicepresidencia y en su defecto el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes. 3. El Pleno se reunirá, al menos dos veces al año, mediante convocatoria de su Presidente, bien a iniciativa propia, o bien cuando lo soliciten, como mínimo, la mitad de sus miembros. 4. La CP-CMAD se reunirá con periodicidad mensual, si bien la Presidencia de la misma podrá convocarla con carácter extraordinario cuando resulte necesario. Artículo 5. Petición de información. Para el ejercicio de sus funciones, la CMAD del Ministerio de la Presidencia podrá recabar cuanta información estime precisa de todas las Unidades y OOPP del Ministerio, que vendrán obligados a facilitarla, de acuerdo con la legislación vigente. Artículo 6. Funcionamiento. En lo no previsto por esta Orden la CMAD, sea en Pleno o en Comisión Permanente, se ajustará en su funcionamiento a lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Disposición adicional primera. Instrucciones de ejecución. La Subsecretaría del Departamento podrá dictar las instrucciones necesarias para el mejor cumplimiento de esta Orden. Disposición adicional segunda. Régimen especial del CNI. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI, la CMAD no ejercerá las funciones previstas en los artículos 2 y 3 de esta Orden, respecto de las actuaciones en el ámbito de las TIC realizadas por el CNI. Disposición adicional tercera. No incremento del gasto público. El funcionamiento de la CMAD no supondrá incremento alguno del gasto público y será atendida con los medios materiales, técnico, presupuestarios y de personal, existentes en el Ministerio de la Presidencia. Disposición derogatoria única. Quedan sin efecto cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden, y en particular, la Orden PRE/1238/2012, de 7 de junio, por la que se regula la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio de la Presidencia. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 4 de febrero de 2015.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

Resumen de las cuentas anuales de la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente al ejercicio 2012.

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), fue creada mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012, con el objetivo de convertir nuestras Administraciones Públicas en un factor de competitividad de la economía española, para lo cual propuso más de 200 medidas de racionalización de estructuras, procedimientos y recursos, plasmadas en su informe final presentado al Gobierno de España en junio de 2013. Más de la mitad de las citadas medidas son, directa o indirectamente, actuaciones relativas a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), input cuyo efecto multiplicador sobre la productividad viene avalado por numerosos estudios que manifiestan una fuerte correlación entre este proceso de digitalización y las mejoras de competitividad globales de las sociedades y los países. Por ello puede afirmarse que el informe CORA persigue, de modo decidido, la aceleración del citado proceso en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas. Una de las actuaciones más importantes ya emprendidas en esa línea, es la implantación de un nuevo modelo de Gobernanza de las TIC en la Administración General del Estado (AGE) desarrollada, en primer lugar, con la creación, mediante Real Decreto 695/2013, de 20 de septiembre, de una nueva figura directiva de alto nivel con competencias transversales para toda la AGE y sus organismos públicos: la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC), con rango de Subsecretaría, luego reestructurada e integrada orgánicamente en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por el Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre. Y en segundo lugar, mediante el desarrollo orgánico de ese nuevo modelo de Gobernanza, a través del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre que, junto a la figura ya citada del DTIC, define una serie de órganos colegiados y de Unidades que implementarán las políticas de racionalización y transformación de las TIC en el ámbito del Sector Público Administrativo Estatal. Entre esos órganos figurarán las Comisiones Ministeriales de Administración Digital, herederas de las actuales Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica, y que se convertirán en las Unidades responsables de implantar, a nivel ministerial, las políticas comunes TIC previamente definidas por los órganos competentes, así como de la transformación digital de cada Departamento ministerial y sus organismos públicos adscritos. Con esta Orden se da cumplimiento a la disposición transitoria segunda del Real Decreto 806/2014 antes citado. El borrador ha sido informado preceptivamente por la Comisión Ministerial de Administración Electrónica y por la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno del Ministerio de la Presidencia. En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo: Artículo 1. Objeto. 1. La presente Orden tiene por objeto la creación y regulación de la Comisión Ministerial de Administración Digital (CMAD) del Ministerio de la Presidencia, que se configura como el órgano colegiado responsable del impulso y la coordinación interna del Departamento y sus organismos públicos (OOPP) en materia de Administración digital y se configura como órgano de enlace con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC) y con otros órganos o comisiones especializadas en la materia. 2. La CMAD del Ministerio de la Presidencia se adscribe a la Subsecretaría del Departamento y su ámbito de actuación abarcará a todos los órganos del Ministerio y sus OOPP adscritos. El apoyo a la Comisión recaerá en la Subdirección General de Tecnologías y Servicios de Información (SGTSI) del Ministerio. Artículo 2. Composición y funciones del Pleno de la CMAD. 1. La CMAD del Ministerio de la Presidencia actúa en Pleno y en Comisión Permanente. 2. El Pleno tendrá la siguiente composición: a) Presidencia: La persona titular de la Subsecretaría de la Presidencia. b) Vicepresidencia: La persona titular de la Dirección del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de la Presidencia. c) Vocalías, cuya designación deberá recaer en representantes de los siguientes órganos y organismos con rango, al menos, de Dirección General: Presidencia del Gobierno. Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno. Gabinete del titular del Ministerio de la Presidencia. Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. Secretaría de Estado de Comunicación. Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA). Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (CAPN). Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE). Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC). d) Secretaría: Será ejercida por la persona titular de la SGTSI del Ministerio de la Presidencia. 3. La Comisión podrá convocar al Pleno, en función de la relevancia de los asuntos a tratar, a expertos de la DTIC o a miembros de alguno de los órganos y comisiones de la estructura prevista en el Real Decreto 806/2014 de 19 de septiembre, o bien a otros expertos, todos los cuales asistirán con voz pero sin voto. 4. Todos los Vocales serán designados por la Subsecretaría de la Presidencia a propuesta de las personas titulares de los órganos superiores o directivos de los que dependan los designados. Por cada Vocal, y por el mismo procedimiento, se nombrará un Vocal suplente que deberá tener, al menos, rango de Subdirector General o asimilado. 5. El Pleno de la CMAD desempeñará las siguientes funciones: a) Actuar como órgano de relación entre el Departamento con sus OOPP adscritos y la DTIC, para asegurar la coordinación con los criterios y políticas definidas por esta. b) Velar por la aplicación, en el ámbito del Departamento, de las directrices y el seguimiento de las pautas de actuación recogidas en la Estrategia TIC de la AGE y sus OOPP aprobada por el Gob ### RESUMEN: Resumen de las cuentas anuales de la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente al ejercicio 2012.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de abril de 2014. Madrid, 29 de mayo de 2014.–El Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández.

La licitación para las obras de la fachada norte del Senado. El presupuesto base es de importe total de 550.253,60 euros.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de abril de 2014. Madrid, 29 de mayo de 2014.–El Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández. ### RESUMEN: La licitación para las obras de la fachada norte del Senado. El presupuesto base es de importe total de 550.253,60 euros.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 2 de octubre actual, en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4752-2017, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los artículos 8 (apartado e), 10.1, 14.8, 15, 16, 17, disposición final tercera (apartado 3), y disposición final sexta de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, ha acordado: «Mantener la suspensión de los arts. 10.1, 14.8, 16, 17.1 y de la disposición final tercera.3 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial». Suspensión que se produjo con la admisión a trámite del mencionado recurso de inconstitucionalidad y que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 258, de 26 de octubre de 2017. Habiéndose dictado Auto el 20 de marzo de 2018, que levantaba la suspensión de varios preceptos impugnados y la mantenía respecto de otros («Boletín Oficial del Estado» núm. 76, de 28 de marzo de 2018 y su corrección de errores en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 85, de 7 de abril de 2018). Madrid, 2 de octubre de 2018.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

La Seguridad Social admite que no tiene medios y tiene que contratar su auditoría a una empresa privada.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 2 de octubre actual, en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4752-2017, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los artículos 8 (apartado e), 10.1, 14.8, 15, 16, 17, disposición final tercera (apartado 3), y disposición final sexta de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, ha acordado: «Mantener la suspensión de los arts. 10.1, 14.8, 16, 17.1 y de la disposición final tercera.3 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial». Suspensión que se produjo con la admisión a trámite del mencionado recurso de inconstitucionalidad y que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 258, de 26 de octubre de 2017. Habiéndose dictado Auto el 20 de marzo de 2018, que levantaba la suspensión de varios preceptos impugnados y la mantenía respecto de otros («Boletín Oficial del Estado» núm. 76, de 28 de marzo de 2018 y su corrección de errores en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 85, de 7 de abril de 2018). Madrid, 2 de octubre de 2018.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: La Seguridad Social admite que no tiene medios y tiene que contratar su auditoría a una empresa privada.

Habiéndose declarado firme en vía administrativa la sanción impuesta a Auriga Global Investors, SV, SA, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 107 quáter 3.c) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, conforme a lo establecido en el artículo 304 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, se procede a publicar dicha sanción impuesta mediante la Orden del Ministro de Economía y Competitividad de fecha 13 de enero de 2016, la cual tras la exposición de hechos y fundamentos jurídicos, concluye con el siguiente fallo: − Imponer a la entidad Auriga Global Investors, SV, SA, por la comisión de una infracción muy grave de la letra 3.c) del artículo 107 quáter de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por la realización de ventas en corto descubiertas de acciones de Banco Santander, Fersa, Sacyr, Ezentis y Abengoa Clase B, entre los días 10 y 19 de noviembre de 2014, con vulneración de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, sobre las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago, una multa por importe de 100.000 euros (Cien mil euros). La Resolución que impone la sanción indicada en la presente publicación únicamente es firme en vía administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión jurisdiccional que corresponden a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, competente para conocer de los recursos que, en su caso, se hayan interpuesto o pudieran interponerse. Madrid, 27 de octubre de 2016.–El Presidente, P.S. (por vacante) de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Juan Manuel Santos-Suárez Márquez.

Convocatoria de 4.725 plazas de funcionarios de todo tipo.

Habiéndose declarado firme en vía administrativa la sanción impuesta a Auriga Global Investors, SV, SA, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 107 quáter 3.c) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, conforme a lo establecido en el artículo 304 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, se procede a publicar dicha sanción impuesta mediante la Orden del Ministro de Economía y Competitividad de fecha 13 de enero de 2016, la cual tras la exposición de hechos y fundamentos jurídicos, concluye con el siguiente fallo: − Imponer a la entidad Auriga Global Investors, SV, SA, por la comisión de una infracción muy grave de la letra 3.c) del artículo 107 quáter de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por la realización de ventas en corto descubiertas de acciones de Banco Santander, Fersa, Sacyr, Ezentis y Abengoa Clase B, entre los días 10 y 19 de noviembre de 2014, con vulneración de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, sobre las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago, una multa por importe de 100.000 euros (Cien mil euros). La Resolución que impone la sanción indicada en la presente publicación únicamente es firme en vía administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión jurisdiccional que corresponden a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, competente para conocer de los recursos que, en su caso, se hayan interpuesto o pudieran interponerse. Madrid, 27 de octubre de 2016.–El Presidente, P.S. (por vacante) de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Juan Manuel Santos-Suárez Márquez. ### RESUMEN: Convocatoria de 4.725 plazas de funcionarios de todo tipo.

Con el fin de atender las necesidades de personal de la Administración pública y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2017, y en el Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la prestación de determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se crean especialidades en Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado y sus organismos públicos. Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que le están atribuidas por el artículo 13 del Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, acuerda convocar procesos selectivos para el ingreso o el acceso en los siguientes cuerpos, indicándose el número de plazas y el anexo correspondiente para cada uno de ellos y encomendándose la realización de dichas pruebas a la Comisión Permanente de Selección: Cuerpo/Escala Total plazas Sistema general Cupo reserva personas con discapacidad Anexos Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (ingreso libre) 400 370 30 I Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (promoción interna) 800 660 140 II Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (ingreso libre) 800 736 64 III Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (promoción interna) 1.300 1.234 66 IV Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (ingreso libre) 350 332 18 V Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (promoción interna) 105 100 5 VI Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado (ingreso libre) 430 407 23 VII Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado (promoción interna) 200 189 11 VIII Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (ingreso libre) 200 189 11 IX Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (promoción interna) 140 132 8 X Total 4.725 4.349 376 La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes: Bases comunes Los procesos selectivos previstos en esta resolución se rigen por la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado. Bases específicas 1. Las bases específicas de la convocatoria a la que se refiere esta resolución serán comunes para todos los cuerpos, a excepción de los aspectos específicos que vendrán recogidos en el correspondiente anexo para cada uno de ellos. 2. Programas y pruebas. Los programas y pruebas que han de regir la fase de oposición son los que figuran en las normas específicas recogidas en el anexo correspondiente a cada proceso selectivo. 3. Desarrollo de los ejercicios de la fase de oposición. 3.1 Los exámenes se realizarán en el lugar señalado en la base específica 6.8. 3.2 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo apellido comience por la letra «Ñ», de conformidad con lo previsto en la Resolución de 18 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública (BOE del 20). 3.3 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Director del Instituto Nacional de Administración Pública dictará una resolución, en el plazo máximo de un mes, por la que declara aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en los lugares previstos en la base específica 9.2, se indicará la relación de aspirantes excluidos, los lugares en los que se encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos, así como el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios. 3.4 Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de los demás ejercicios se harán públicos con, al menos, doce horas de antelación a la señalada para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. Estos anuncios se difundirán en los lugares previstos en la base específica 9.2 y en los locales donde se haya celebrado el ejercicio anterior, así como por cualquier otro medio que se juzgue conveniente para facilitar su máxima divulgación. 3.5 Con el fin de garantizar los principios de agilidad y eficacia, el órgano de selección podrá convocar la realización de los ejercicios de diferentes procesos selectivos en el mismo día y a la misma hora. 3.6 Según lo establecido por la Oferta de Empleo Público de 2017, el primer ejercicio de la fase de oposición tendrá que celebrarse en un plazo máximo de cuatro meses, contados a partir de la publicación de esta convocatoria, sin perjuicio de que pueda acordarse su ampliación. La previsión sobre la duración máxima de la fase de oposición de los procesos selectivos previstos en la presente resolución es de 12 meses. Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, la Comisión Permanente de Selección publicará un cronograma orientativo con las fechas de realización de las pruebas relativas a los procesos selectivos. 4. Comisión Permanente de Selección. 4.1 El órgano encargado de la selección de estos procesos selectivos será la Comisión Permanente de Selección. 4.2 El procedimiento de actuación de la Comisión Permanente de Selección se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Orden APU/313/2005, de 7 de febrero, por la que se regula la Comisión Permanente de Selección, modificada por la Orden HAP/1006/2013, de 31 de mayo, y en las demás disposiciones vigentes. 4.3 La Comisión Permanente de Selección velará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Constitución Española, por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 4.4 Si en cualquier momento del procedimiento la Comisión Permanente de Selección tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la correspondiente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano convocante o, en su caso, poner en su conocimiento la posible concurrencia de esta circunstancia para que, previas las comprobaciones necesarias, se resuelva al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de acceso por promoción interna, la Comisión propondrá al órgano convocante la exclusión de los candidatos que, a la vista de la certificación aportada para la valoración de sus méritos, no reúnan los requisitos para participar por este turno. 4.5 Corresponderá a la Comisión Permanente de Selección la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, y adoptará al respecto las decisiones que estime pertinentes. 4.6 La Comisión Permanente de Selección actuará de acuerdo con el principio de transparencia. En las actas de sus reuniones y de los ejercicios celebrados deberá dejar constancia de todo acuerdo que afecte a la determinación de las calificaciones otorgadas a cada ejercicio, y actuará de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, y en la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio. Se harán públicas, en el plazo máximo de 3 días, contado desde la finalización de la prueba específica, las plantillas correctoras de aquellos procesos selectivos que incluyan la realización de pruebas con respuestas alternativas. Las alegaciones a aquellas deberán presentarse dentro del plazo de 5 días hábiles desde la publicación de las plantillas a través de los medios electrónicos que se especifiquen en estas. 4.7 La Comisión Permanente de Selección fijará la puntuación mínima necesaria para superar cada uno de los ejercicios o de las pruebas en que estos consistan. Garantizándose, en todo caso, el carácter individual de los procesos, podrá establecer baremos de evaluación diferenciados entre el sistema de acceso general y el sistema de acceso reservado a personas con discapacidad. 5. Acceso de personas con discapacidad. 5.1 Las convocatorias previstas en las normas específicas recogen las plazas reservadas para el cupo de personas con discapacidad autorizadas en los anexos I y V del Real Decreto 702/2017, de 7 de julio y en el Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio. 5.2 Quienes opten a las plazas reservadas para las personas con discapacidad deberán acreditar que cuentan con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 y habrán de expresarlo en el formulario de solicitud de participación en el proceso selectivo. 5.3 Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán requerir en el formulario de solicitud las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempos y medios oportunos de las pruebas del proceso selectivo. Los interesados deberán formular la petición correspondiente al solicitar la participación en la convocatoria. Igualmente, deberán aportar el dictamen técnico facultativo previsto en el punto 6.12.a) de estas bases específicas. La Comisión Permanente de Selección, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, adoptará las medidas oportunas que permitan a los aspirantes con discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas del proceso selectivo en igualdad de condiciones que los demás participantes, y aplicará las adaptaciones de tiempos previstas en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad. 5.4 De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, y en el Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, en los procesos selectivos de acceso mediante ingreso libre, las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden desiertas no se podrán acumular al turno general. En los procesos selectivos de acceso por promoción interna, las plazas no cubiertas en el cupo de reserva para personas con discapacidad se acumularán a las del turno general. 5.5 A las personas que participen por el cupo reservado a personas con discapacidad, en los ejercicios que superen con una nota superior al 60 por ciento de la calificación máxima, se les conservará la puntuación en la convocatoria inmediata siguiente, siempre y cuando esta sea idéntica en el contenido del temario y la forma de calificación, salvo actualización normativa. 5.6 En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya presentado por el cupo de reserva de personas con discapacidad superase los ejercicios correspondientes, pero no obtuviese plaza y su puntuación fuese superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso general, este será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general. 6. Solicitudes. 6.1 Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar electrónicamente la solicitud de admisión a pruebas selectivas en el modelo oficial 790, al que se accede a través del Punto de Acceso General en la URL: http://administracion.gob.es/PAG/ips. 6.2 Los interesados dispondrán de un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» para presentar la solicitud (modelo 790) cumplimentada electrónicamente en la forma establecida en las bases 6.4 y 6.6. 6.3 La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante. 6.4 De conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, y en el apartado decimocuarto.2 de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, de bases comunes, la presentación de las solicitudes se realizará preferentemente por vía electrónica en la forma siguiente: 6.4.1 Los interesados realizarán su inscripción on line a través de la aplicación de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) del Punto de Acceso General (http://administracion.gob.es/PAG/ips). 6.4.2 Para ello, seleccionarán el cuerpo y la forma de acceso que corresponda y pulsarán el botón «Inscribirse». A continuación, en la opción «Realice su inscripción online» deberá pulsar el botón «Acceder a Cl@ve» y seguir las instrucciones que se le indiquen en la plataforma de identificación y firma electrónica Cl@ve, en cualquiera de sus modalidades. La presentación electrónica permitirá lo siguiente: − La cumplimentación e inscripción en línea del modelo 790. − Anexar, en su caso, documentos escaneados a su solicitud. − El pago electrónico de tasas. − El registro electrónico de la solicitud. 6.4.3 Cumplimentados todos los datos solicitados, pulsará el botón de «Firma y enviar inscripción». El proceso de inscripción finalizará correctamente si se muestran los justificantes del pago y registro de la inscripción. 6.4.4 En relación con el pago electrónico de la tasa de derechos de examen, se realizará en los términos previstos en la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se establecen los supuestos y las condiciones generales para el pago por vía electrónica de las tasas que constituyen recursos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. La constancia de pago correcto de las tasas estará avalada por el Número de Referencia Completo (NRC) que figurará en el justificante de registro. 6.4.5 En el caso de que no se haya dado la conformidad al órgano gestor para la verificación de datos en la plataforma de intermediación, deberá adjuntarse escaneada en la solicitud electrónica la documentación justificativa relacionada en el apartado 6.10. 6.5 Si una incidencia técnica debidamente acreditada imposibilitara el funcionamiento ordinario de los sistemas, el órgano convocante podrá acordar la cumplimentación sustitutoria en papel en los términos indicados a continuación. 6.6 Si la solicitud se presenta en otra modalidad, los interesados deberán cumplimentar el formulario 790 electrónicamente, a través del Punto de Acceso General (http://administracion.gob.es/PAG/ips). Una vez cumplimentados en la citada página web todos los datos solicitados de dicho formulario, deberán pulsar en su parte inferior sobre la opción «Generar solicitud». De esta manera, se generará el documento que al imprimirlo constará de tres copias que deberán ser firmadas por el interesado («ejemplar para la Administración», «ejemplar para el interesado» y «ejemplar para la entidad colaboradora»). Cada solicitud debidamente imprimida tendrá asignado un número de referencia identificativo único (no serán válidas las fotocopias del modelo 790 ni su cumplimentación manual). Para efectuar el pago de esta tasa, se presentará el original de la solicitud en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. En la solicitud deberá constar que se ha realizado dicho ingreso mediante validación de la entidad colaboradora a través de certificación mecánica o, en su defecto, de sello y firma autorizada de aquella en el espacio reservado a estos efectos. Una vez efectuado el ingreso de la tasa de derechos de examen, habrá que presentar la solicitud en el Registro del Instituto Nacional de Administración Pública (C/ Atocha, n.º 106, 28012 Madrid), de la Oficina de atención al ciudadano 060 (C/ María de Molina, 50, 28006 Madrid) y en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este supuesto, y con el fin de agilizar las convocatorias, los encargados del registro remitirán la documentación que corresponda y rellenarán el campo Asunto incluyendo el texto: 790. 6.7 Las solicitudes podrán cursarse en el extranjero mediante su presentación en las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes. Estas solicitudes cursadas en el extranjero acompañarán el comprobante bancario de haber ingresado los derechos de examen. El ingreso de estas solicitudes podrá efectuarse directamente en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o mediante transferencia desde un número de cuenta bancaria abierta en una entidad extranjera, a la cuenta corriente código IBAN ES06-0182-2370-4902-0020-3962 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a nombre de «Tesoro Público. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Derechos de examen». Este sistema de pago sólo será válido para las solicitudes que sean cursadas en el extranjero. 6.8 Instrucciones generales de cumplimentación. Las solicitudes se cumplimentarán de acuerdo con las instrucciones que figuran en las normas específicas establecidas en los anexos de esta convocatoria y, en todo caso, de acuerdo con las siguientes instrucciones generales: – En el recuadro correspondiente a «Centro gestor» se consignará «INAP». – En el recuadro 18 «Ministerio/Órgano/Entidad convocante», se consignará «Ministerio de Hacienda y Función Pública». – En el recuadro 19, se consignará la fecha del «Boletín Oficial del Estado» en el que haya sido publicada la presente convocatoria. – En el recuadro 20, «Provincia de examen», los aspirantes harán constar Madrid, a excepción de los que participen por el sistema de ingreso libre en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado y en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, que deberán atenerse a lo dispuesto en sus anexos específicos. – En el recuadro 21, «Discapacidad», los aspirantes con discapacidad podrán indicar el porcentaje de discapacidad que tengan acreditado, y solicitar, expresándolo en el recuadro 23, las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempos y medios para la realización de los ejercicios y de las pruebas del proceso selectivo. Los aspirantes con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 que deseen participar por el cupo de reserva de personas con discapacidad deberán indicarlo en el recuadro 22, con una G para el cupo general y con una I para el cupo de discapacidad intelectual. 6.9 Los aspirantes sólo podrán presentar una solicitud por cada uno de los procesos selectivos convocados. Quienes soliciten participar por el cupo reserva de personas con discapacidad, sea el general o el intelectual, únicamente podrán presentarse por este cupo. La contravención de alguna de estas normas determinará la exclusión de los aspirantes que no las hubiesen observado. 6.10 Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen: a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud el certificado acreditativo de tal condición. No será necesario presentar este certificado cuando la condición de discapacidad haya sido reconocida en alguna de las Comunidades Autónomas que figuran en la dirección http://administracion.gob.es/PAG/PID y el interesado haya dado su conformidad al órgano gestor para acceder a la Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas. b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención: 1. Que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado una oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales. Estos extremos se verificarán, salvo que conste la oposición expresa del interesado manifestada en la solicitud, por el órgano gestor mediante el acceso a la Plataforma de Intermediación de Datos. En caso de no constar el consentimiento para el acceso, la certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos señalados, se deberá solicitar por el interesado en la oficina de los servicios públicos de empleo, en ella deberá constar que se cumple con los requisitos señalados y debe ser presentada por el interesado junto con el resto de la documentación. 2. Que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional. En cuanto a la acreditación de las rentas, salvo que conste la oposición expresa del interesado manifestada en la solicitud, se verificará por el órgano gestor mediante el acceso a la Plataforma de Intermediación de Datos. En caso de no constar el consentimiento para el acceso, se realizará mediante un certificado de la declaración presentada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al último ejercicio, y, en su caso, del certificado del nivel de renta, que deberá aportar el interesado y que podrá solicitar a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria en el enlace: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Certificaciones/Declaraciones_Tributarias/Declaraciones_Tributarias.shtml. c) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de la Familia Numerosa. De esta forma, tendrán derecho a una exención del 100% de la tasa los miembros de familias de categoría especial y a una bonificación del 50% los miembros de las familias de la categoría general. La condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente título actualizado. No será necesario aportar dicho título cuando haya sido obtenido en alguna de las Comunidades Autónomas que figuran en la dirección http://administracion.gob.es/PAG/PID, y siempre que no conste la oposición expresa del interesado al acceso a la Plataforma de Intermediación de Datos, manifestada en la solicitud. d) Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante una sentencia judicial firme o en virtud de una resolución administrativa por la que se reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos, de acuerdo con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, que añade un nuevo párrafo al apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre. 6.11 El abono de los derechos de examen o, en su caso, la justificación de la concurrencia de alguna de las causas de exención total o parcial de aquel deberá hacerse dentro del plazo de presentación de solicitudes. En caso contrario, se procederá a la exclusión del aspirante. En ningún caso el pago de la tasa de los derechos de examen o la justificación de la concurrencia de alguna de las causas de exención total o parcial del mismo supondrá la sustitución del trámite de presentación en el registro, en tiempo y forma, de la solicitud. 6.12 Los aspirantes que se encuentren en los siguientes supuestos deberán presentar la siguiente documentación adicional: a) Los aspirantes con discapacidad que soliciten adaptaciones o ajustes razonables de tiempos y medios para la realización de los ejercicios y pruebas del proceso selectivo deberán adjuntar el dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad, acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s permanente/s que hayan dado origen al grado de discapacidad reconocido, para que la Comisión Permanente de Selección pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada. b) Los aspirantes extranjeros incluidos en los párrafos a), b) y c) de la base décima 1.2 de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, deberán acompañar a su solicitud los documentos que acrediten las condiciones que aleguen sobre su nacionalidad. c) Aquellos aspirantes que tengan la condición de funcionarios españoles en organismos internacionales presentarán los certificados y documentos previstos en la base decimotercera de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio. 7. Acceso por promoción interna. 7.1 Los aspirantes que participen por el turno de promoción interna que hayan superado la fase de oposición, pero no hayan aprobado por no reunir méritos suficientes en la fase de concurso, quedarán exentos de realizar en la siguiente convocatoria los ejercicios de la fase de oposición. No obstante, si los aspirantes optan por presentarse a la fase de oposición, de la que están exentos, quedará sin efecto el resultado obtenido en la convocatoria inmediatamente anterior. 7.2 Los aspirantes que estén exentos de realizar la fase de oposición como consecuencia de la circunstancia prevista en el párrafo anterior deberán: 1. Presentar la solicitud de participación en el proceso selectivo correspondiente, según el procedimiento previsto en la base 6. 2. Presentar el certificado de requisitos y méritos previsto en el anexo correspondiente de esta convocatoria, de conformidad con lo establecido en la base 7.2 de esta convocatoria de acuerdo con la base decimoctava de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio. Asimismo, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos correspondientes a las convocatorias que generaron la exención, cuando en la citada convocatoria no se hubiese realizado dicha acreditación. 7.3 Los aspirantes que superen la fase de oposición deberán presentar, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación de las listas de aprobados de la fase de oposición, el certificado de requisitos y méritos que corresponda, según los modelos previstos en los anexos del XI al XXI de esta convocatoria, de acuerdo con lo previsto en la base decimoctava de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio. 7.4 A los aspirantes aprobados que participen por el turno de promoción interna, siempre que estuvieran desempeñando un puesto de trabajo en Administración General del Estado, se les podrá adjudicar destino en el mismo ministerio u organismo en el que estuvieran destinados en los términos previstos en el artículo 78.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 7.5 En el caso de que las plazas convocadas por el sistema de promoción interna quedaran vacantes, no podrán acumularse a las de la convocatoria de acceso libre, según lo establecido en el artículo 79 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 8. Embarazo de riesgo o parto. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización de aquel y a la superación de las fases que hayan quedado aplazadas, sin que estas puedan demorarse de manera que se menoscabe el derecho de los demás aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por la Comisión Permanente de Selección y, en todo caso, la realización de aquellas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo. 9. Relaciones con el ciudadano. 9.1 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la Comisión Permanente de Selección tendrá su sede en el Instituto Nacional de Administración Pública, calle Atocha, 106, Madrid 28012. Teléfono 060, y dirección de correo electrónico cps@inap.es. 9.2 A lo largo del proceso selectivo, toda la información relacionada con los diferentes aspectos de su desarrollo se irá publicando en la sede electrónica del Instituto Nacional de Administración Pública (https://sede.inap.gob.es/), y en las páginas web del Punto de Acceso General (http://administracion.gob.es) y del Instituto Nacional de Administración Pública (www.inap.es). Además, en los procesos de promoción interna se publicará y se difundirá su desarrollo en el Portal del empleado público Funciona. 9.3 En todo caso, sólo tendrán efectos jurídicos las comunicaciones realizadas por los interesados remitidas por los medios de notificación y publicidad previstos en estas bases. 9.4 Por otra parte, toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como funcionario de carrera en el Cuerpo correspondiente, que se inicien tras la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la resolución que contiene la relación definitiva de aprobados, se irá publicando en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública (www.minhafp.gob.es), en el apartado correspondiente al Empleo Público. 9.5 En este sentido, y de acuerdo con el artículo 3.15 del Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, podrá determinarse que los aspirantes que superen los procesos selectivos incluidos en la presente convocatoria tengan que solicitar destino utilizando exclusivamente medios electrónicos. 10. Selección de personal funcionario interino. 10.1 Con la finalidad de que la selección de funcionarios interinos en los cuerpos convocados por esta resolución se realice mediante procedimientos ágiles, la Comisión Permanente de Selección podrá elaborar listas de candidatos, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 7 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de aprobación y gestión de listas de candidatos de los Cuerpos de la Administración General del Estado, cuya selección se encomienda a la Comisión Permanente de Selección (BOE de 23 de mayo). 10.2 La Comisión Permanente de Selección, en función de lo dispuesto en la base 10.1, elaborará listas de candidatos en los cuerpos convocados por la presente resolución, en función de la provincia del domicilio que los candidatos indiquen en la solicitud de participación en los procesos selectivos. No obstante, posteriormente, los candidatos que lo deseen podrán optar por un ámbito provincial distinto, siempre que lo comuniquen a la Comisión Permanente de Selección a través de los medios previstos en la base 9.1 y de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 7 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 11. Norma final. A estas pruebas selectivas les será de aplicación el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en lo que no se oponga a la anterior norma, el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, el resto de la normativa vigente en la materia y lo dispuesto en la presente convocatoria. Contra la presente convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo, un recurso de reposición ante la Secretaría de Estado de Función Pública en el plazo de un mes desde su publicación, o bien un recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta. Madrid, 25 de enero de 2018.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado Martínez. ANEXO I Normas específicas de la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso libre en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado 1. El conjunto total de plazas por cubrir en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado por el sistema general de ingreso libre será de 400 plazas, de las cuales 150 corresponden al Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio. De las 400 plazas convocadas, se reservarán 30 para ser cubiertas por personas con discapacidad con grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, 8 de ellas correspondientes al Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio. 2. El aspirante deberá hacer constar, en la casilla 20 «provincia de examen» de la solicitud, la localidad en la que desee realizar el primer ejercicio de la oposición, indicando una entre las siguientes: A Coruña, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. En el caso de que el número de aspirantes no justifique la realización de exámenes descentralizados, la Comisión Permanente de Selección podrá convocar, con antelación suficiente, en los oportunos lugares de examen. 3. Además de los requisitos enumerados en la base décima de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho de la Unión Europea. 4. Además de las instrucciones generales de cumplimentación de solicitudes que figuran el apartado 6 de las bases específicas de esta convocatoria, los aspirantes deberán observar las siguientes instrucciones específicas: – En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», los aspirantes harán constar «Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado», código «1146». – En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará la letra «L». – En el recuadro 20, «Provincia de examen», los aspirantes harán constar necesariamente la ciudad en que desean realizar el primer ejercicio de la fase de oposición, en los términos establecidos en el punto 2 del presente anexo. – En el epígrafe 24, «Títulos académicos oficiales», en el recuadro «Exigido en la convocatoria», se indicará, de las siguientes opciones, el dígito que corresponda, de acuerdo con la titulación académica superior que posea el aspirante, con independencia de la exigida para el ingreso en este cuerpo: Dígito «1»: Título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Dígito «2»: Título de Grado. Dígito «3»: Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. Dígito «4»: Título de Técnico Superior. Digito «5»: Título de Bachiller-LOE, de Bachiller-LOGSE, de Bachillerato Unificado Polivalente, de Bachiller Superior o tener aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. Dígito «6»: Título de Técnico. Dígito «7»: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado en Educación Secundaria, Graduado Escolar o Bachiller Elemental. – Los derechos de examen serán de 11,32 euros y de 5,66 euros para las familias numerosas de categoría general. 5. Proceso de selección. El proceso de selección estará formado por una fase de oposición que constará de dos ejercicios, ambos de carácter obligatorio y eliminatorio. El primer ejercicio de la fase de oposición se desarrollará en las localidades que se señalan en el punto 2 de este anexo. El segundo ejercicio se realizará en Madrid en el lugar que determine la Comisión Permanente de Selección al hacer públicas las relaciones de aspirantes que superen el primer ejercicio. 5.1 Primer ejercicio: estará formado por las dos partes que a continuación se indican, ambas obligatorias y eliminatorias, y que se realizarán conjuntamente. a) Primera parte: la primera prueba consistirá en contestar por escrito un cuestionario de un máximo de 60 preguntas. De éstas, 30 versarán sobre las materias previstas en el bloque I del programa recogido en el punto 6 del presente anexo y 30 serán de carácter psicotécnico dirigidas a evaluar aptitudes administrativas, numéricas o verbales propias de las tareas desempeñadas por el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado; podrán preverse 3 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 60 anteriores. b) Segunda parte: la segunda prueba consistirá en contestar por escrito un cuestionario de un máximo de 30 preguntas sobre las materias previstas en el bloque II del programa recogido en el punto 6 del presente anexo; podrán preverse 3 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 30 anteriores. Las preguntas del primer ejercicio que versen sobre temas de ofimática del bloque II relacionados con Windows y/o Office estarán referidas, en concreto, a las siguientes versiones: Windows 10 y Office 2010 Professional Plus actualizado al Service Pack 2 (SP2). El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de setenta minutos. El cuestionario de ambas pruebas estará compuesto por preguntas con respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será correcta. Para su realización, los aspirantes deberán señalar en la hoja de examen las opciones de respuesta que estimen válidas de acuerdo con las instrucciones que se faciliten. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de una contestación. Las respuestas en blanco no penalizan. 5.2 Segundo ejercicio: consistirá en un ejercicio de carácter práctico, realizado en una sola sesión, siguiendo las instrucciones facilitadas, en el que se utilizará el Office 2010 Professional Plus actualizado al Service Pack 2 (SP2). Se valorarán en este ejercicio los conocimientos y habilidades en las funciones y utilidades del procesador de textos (con un peso relativo del 50%) y de la hoja de cálculo (con un peso relativo del 30%), así como la transcripción de un texto y la detección y corrección de las faltas de ortografía en él introducidas (con un peso relativo del 20%). El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de treinta minutos. Se facilitarán a los aspirantes los medios técnicos necesarios para su realización, si bien se desactivarán las funciones correspondientes a la corrección automática de textos y los métodos abreviados de teclado. 5.3 Calificación de los ejercicios de la oposición. 5.3.1 Primer ejercicio: este ejercicio se calificará de 0 a 50 puntos, calificándose hasta 35 puntos la primera parte y hasta 15 puntos la segunda. La Comisión Permanente de Selección fijará la puntuación directa mínima necesaria que se debe alcanzar en la primera parte para que pueda evaluarse la segunda. Igualmente, fijará la puntuación directa mínima necesaria que se debe alcanzar en la segunda parte para superar el ejercicio. Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el órgano de selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los criterios de corrección, valoración y superación de aquella, que no estén expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria. 5.3.2 Segundo ejercicio: se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarlo. La Comisión Permanente de Selección fijará la puntuación directa mínima necesaria para superar el ejercicio. 5.3.3 En los ejercicios de la fase de oposición, las calificaciones resultarán de las puntuaciones transformadas que se derivan de los baremos establecidos por la Comisión Permanente de Selección. 5.3.4 La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los distintos ejercicios. En el supuesto de que dos o más aspirantes obtuvieran la misma puntuación total, se deshará el empate atendiendo a las puntuaciones obtenidas en el ejercicio primero y en el segundo ejercicio, por este orden. 6. Programa. I. Organización pública. 1. La Constitución Española de 1978. Características. Los principios constitucionales y los valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. 2. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. 3. Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los Diputados y Senado. El Defensor del Pueblo. 4. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La organización judicial española. 5. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno. 6. El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: funciones. 7. La Administración General del Estado. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los Subsecretarios. La Administración Periférica del Estado. Órganos y competencias. Otros órganos administrativos. 8. La Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas: Constitución y distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La Administración local: entidades que la integran. La provincia, el municipio y la isla. 9. La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 10. Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público y su normativa de desarrollo. El procedimiento administrativo común y sus fases. Medios de impugnación de la actuación administrativa. La revisión de oficio. Los recursos administrativos. La jurisdicción contencioso-administrativa. 11. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Principios y derechos. Obligaciones. 12. El personal funcionario al servicio de las Administraciones públicas. El Registro Central de Personal. Programación de efectivos y Oferta de Empleo Público. Selección. Provisión de puestos de trabajo. Situaciones administrativas de los funcionarios. 13. Derechos y deberes de los funcionarios. La carrera administrativa. Promoción interna. El sistema de retribuciones e indemnizaciones. Régimen disciplinario. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios. 14. El presupuesto del Estado en España. Contenido, elaboración y estructura. Fases del ciclo presupuestario. 15. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia. II. Actividad administrativa y ofimática. 16. Atención al público: acogida e información al ciudadano. Atención de personas con discapacidad. 17. Los servicios de información administrativa. Información general y particular al ciudadano. Iniciativas. Reclamaciones. Quejas. Peticiones. 18. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo y criterios de ordenación. 19. Administración electrónica y servicios al ciudadano. La información administrativa. Análisis de principales páginas web de carácter público. Servicios telemáticos. Oficinas integradas de atención al ciudadano. Ventanilla única empresarial. El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado. 20. Informática básica: conceptos fundamentales sobre el hardware y el software. Sistemas de almacenamiento de datos. Sistemas operativos. Nociones básicas de seguridad informática. 21. Introducción al sistema operativo: el entorno Windows. Fundamentos. Trabajo en el entorno gráfico de Windows: ventanas, iconos, menús contextuales, cuadros de diálogo. El escritorio y sus elementos. El menú inicio. Cortana. 22. El explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. Operaciones de búsqueda. Herramientas «Este equipo» y «Acceso rápido». Accesorios. Herramientas del sistema. 23. Procesadores de texto: Word. Principales funciones y utilidades. Creación y estructuración del documento. Gestión, grabación, recuperación e impresión de ficheros. Personalización del entorno de trabajo. 24. Hojas de cálculo: Excel. Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas. Configuración. Introducción y edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos. Gestión de datos. Personalización del entorno de trabajo. 25. Bases de datos: Access. Principales funciones y utilidades. Tablas. Consultas. Formularios. Informes. Relaciones. Importación, vinculación y exportación de datos. 26. Correo electrónico: conceptos elementales y funcionamiento. El entorno de trabajo. Enviar, recibir, responder y reenviar mensajes. Creación de mensajes. Reglas de mensaje. Libreta de direcciones. 27. La Red Internet: origen, evolución y estado actual. Conceptos elementales sobre protocolos y servicios en Internet. Funcionalidades básicas de los navegadores web. ANEXO II Normas específicas de la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna para personal funcionario y personal laboral fijo, al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado 1. El conjunto total de plazas por cubrir en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado por el sistema de promoción interna será de 800 plazas. Del total de las plazas convocadas, se reservarán 140 para ser cubiertas por personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Además, de éstas, se reservarán específicamente 97 para personas que acrediten una discapacidad intelectual. Los aspirantes que opten por el cupo de reserva para personas con discapacidad intelectual no podrán participar por el resto de plazas reservadas para personas con discapacidad. No obstante, si alguno de los aspirantes presentados por el cupo de reserva para personas con discapacidad intelectual superase los ejercicios y no obtuviese plaza en el citado cupo, será incluido, por su orden de puntuación, en el cupo general de reserva para personas con discapacidad, siempre que hayan quedado vacantes en este cupo general o, en su caso, en igualdad de condiciones, en las de acceso general. Las plazas no cubiertas del cupo de reserva para personas con discapacidad intelectual se acumularán al cupo general para personas con discapacidad. 2. Además de los requisitos generales enumerados en la base décima de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos específicos: 2.1 Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de Graduado en Educación Secundaria. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009 de 10 de junio (BOE de 17 de junio), por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho de la Unión Europea. 2.2 Pertenecer, como personal funcionario de carrera o como personal laboral fijo, a alguno de los siguientes colectivos: 2.2.1 Personal funcionario de carrera: a) Funcionarios de carrera de agrupaciones profesionales de la Administración General del Estado (cuerpos y escalas del antiguo grupo E de la Ley 30/1984, de 2 de agosto). b) Funcionarios de carrera de agrupaciones profesionales postales y telegráficas (cuerpos y escalas postales y telegráficos adscritos al antiguo grupo E). c) Funcionarios de carrera de agrupaciones profesionales de las demás Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que estén desempeñando como funcionario de carrera un puesto de trabajo en la Administración General del Estado y hayan obtenido destino definitivo en la misma (cuerpos y escalas de las demás Administraciones del antiguo grupo E con destino definitivo en la Administración General del Estado). 2.2.2 Personal laboral fijo (excluido el personal laboral indefinido no fijo): a) Podrá participar el personal laboral fijo que pertenezca a la categoría profesional de Oficial de Gestión y Servicios Comunes del grupo profesional 4 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado y desarrolle funciones de gestión de recursos humanos, de gestión económica, de gestión administrativa o de diseño, análisis, implantación, mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas y manejo de estas, en los términos previstos en el anexo III del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. b) Podrá participar, asimismo, el personal laboral fijo de la Administración General del Estado, sus organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquella que pertenezca a categorías y grupos profesionales equivalentes a las descritas anteriormente respecto del III Convenio Único y desarrolle funciones de gestión de recursos humanos, de gestión económica, de gestión administrativa o de diseño, análisis, implantación, mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas y manejo de estas, en los términos previstos en el anexo III del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. A este respecto, no se considerarán en ningún caso funciones sustancialmente coincidentes en su contenido profesional ni en su nivel técnico con las propias del Cuerpo General Auxiliar las demás tareas y actividades a todos los niveles de responsabilidad y cualificación (gerencial, técnica, operativa o puramente instrumental) comprendidas dentro del Área de Gestión y Servicios comunes, precisadas en el citado anexo III del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 2.2.3 También podrá participar, según lo previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto: a) El personal laboral fijo (excluido el personal laboral indefinido no fijo) que pertenezca a la categoría profesional de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes del grupo profesional 5 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. b) El personal laboral fijo (excluido el personal laboral indefinido no fijo) de la Administración General del Estado, sus organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquella que pertenezca a categorías y grupos profesionales equivalentes a las descritas anteriormente respecto del III Convenio Único. 2.3 Haber prestado servicios efectivos durante, al menos, dos años: 2.3.1 En el caso del personal funcionario de carrera, como funcionario de carrera en alguna de las agrupaciones profesionales mencionadas y en los términos previstos en el punto 2.2.1 de este anexo. 2.3.2 En el caso del personal laboral fijo previsto en el punto 2.2.2 de este anexo, como personal laboral fijo (excluido el tiempo como personal laboral indefinido no fijo) en la categoría de Oficial de Gestión y Servicios Comunes del grupo profesional 4 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, o en categorías y grupos profesionales equivalentes al servicio de la Administración General del Estado, sus organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, desarrollando, en ambos casos, funciones de gestión de recursos humanos, gestión económica, gestión administrativa o diseño, análisis, implantación, mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas y manejo de estas, en los términos previstos en el anexo III del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, incluidos los prestados en puestos que hayan sido encuadrados en aquellas. 2.3.3 En el caso del personal laboral fijo previsto en el punto 2.2.3 de este anexo, como personal laboral fijo en la categoría profesional de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes del grupo profesional 5 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, o en categorías y grupos profesionales equivalentes al servicio de la Administración General del Estado, sus organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, incluidos los prestados en puestos que hayan sido encuadrados en aquellas. 2.4 La acreditación de los requisitos establecidos en los puntos 2.2 y 2.3 se realizará mediante el certificado regulado en el punto 4.2.2 del presente anexo. 3. Además de las instrucciones generales de cumplimentación de solicitudes que figuran en el apartado 6 de las bases específicas de esta convocatoria, los aspirantes deberán observar las siguientes instrucciones específicas: – En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», los aspirantes harán constar «Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado», código «1146». – En el recuadro 17, «Forma de Acceso», se consignarán la letra «P». – En el epígrafe 24, «Títulos académicos oficiales», en el recuadro «Exigido en la convocatoria», se indicará, de las siguientes opciones, el dígito que corresponda, de acuerdo con la titulación académica superior que posea el aspirante, con independencia de la exigida para el ingreso en este cuerpo: Dígito «1»: Título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Dígito «2»: Título de Grado. Dígito «3»: Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. Dígito «4»: Título de Técnico Superior. Digito «5»: Título de Bachiller-LOE, de Bachiller-LOGSE, de Bachillerato Unificado Polivalente, de Bachiller Superior o tener aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. Dígito «6»: Título de Técnico. Dígito «7»: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado en Educación Secundaria, Graduado Escolar o Bachiller Elemental. – En el epígrafe 25, «Datos a consignar según las bases de la convocatoria»: En el recuadro A), se especificará, en el caso del personal funcionario, el código de cuatro dígitos del cuerpo o escala a que pertenece el aspirante. En el caso del personal laboral fijo, el grupo profesional, categoría y, en su caso, convenio del aspirante. En el recuadro B), el ministerio u organismo de destino. En el recuadro C), el centro directivo. – Los derechos de examen serán de 5,66 euros y de 2,83 euros para las familias numerosas de categoría general. 4. El sistema selectivo será el de concurso-oposición. El proceso selectivo se desarrollará con arreglo a las siguientes fases: una primera fase de oposición y una segunda fase de concurso. 4.1 Fase de oposición: la fase de oposición consistirá en un ejercicio de carácter práctico, realizado en una sola sesión, siguiendo las instrucciones facilitadas, en el que se utilizará el Office 2010 Professional Plus actualizado al Service Pack 2 (SP2). Se valorarán en este ejercicio los conocimientos y habilidades en las funciones y utilidades del procesador de textos (con un peso relativo del 50%) y de la hoja de cálculo (con un peso relativo del 30%), así como la transcripción de un texto y la detección y corrección de las faltas de ortografía en él introducidas (con un peso relativo del 20%). El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de treinta minutos. Se facilitarán a los aspirantes los medios técnicos necesarios para su realización, si bien se desactivarán las funciones correspondientes a la corrección automática de textos y los métodos abreviados de teclado. El ejercicio de la fase de oposición se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarlo. La Comisión Permanente de Selección fijará la puntuación directa mínima necesaria para superar el ejercicio. Las calificaciones resultarán de las puntuaciones transformadas que se derivan de los baremos establecidos por la Comisión Permanente de Selección. 4.2 Fase de concurso y certificado de requisitos y méritos. 4.2.1 Finalizada la fase de oposición, los aspirantes que la hubieran superado dispondrán de un plazo de 20 días hábiles para presentar el certificado de requisitos y méritos debidamente expedido por los servicios de personal del ministerio, organismo, agencia o entidad donde presten o hayan prestado sus servicios, de conformidad con lo previsto en la base decimoctava de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio. El personal laboral fijo indicado en el punto 2.2.2 b) y 2.2.3 b), deberá acompañar al certificado de requisitos y méritos, a efectos de su expediente personal, copia de su contrato de trabajo y de la documentación relativa a su acceso a la condición de empleado público fijo. 4.2.2 Acreditación de requisitos. El certificado de requisitos y méritos habrá de contener la acreditación de los requisitos específicos contenidos en los puntos 2.2 y 2.3 de estas normas específicas. El certificado de requisitos y méritos se adjunta en los anexos de esta convocatoria. En el anexo XI se incluye el modelo que debe cumplimentar el personal funcionario de carrera; en el anexo XII, el modelo que corresponde al personal laboral fijo incluido dentro del ámbito de aplicación del punto 2.2.2 de este anexo, y en el anexo XIII, el modelo para el personal laboral fijo previsto en el punto 2.2.3 de este anexo. 4.2.3 Fase de concurso. En esta fase se valorarán, mediante el certificado de requisitos y méritos previsto en el punto 4.2.1 de este anexo, los siguientes méritos: Personal funcionario de carrera. a) Antigüedad: se valorará la antigüedad del funcionario, hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, en agrupaciones profesionales de la Administración General del Estado (cuerpos y escalas del antiguo grupo E de la Ley 30/1984, de 2 de agosto), en agrupaciones profesionales postales y telegráficas y en agrupaciones profesionales de las demás Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con destino definitivo en la Administración General del Estado, teniendo en cuenta los servicios efectivos prestados y/o reconocidos hasta la fecha de publicación de esta convocatoria al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, a razón de 0,6 puntos por año completo de servicios, hasta un máximo de 12 puntos. b) Grado personal consolidado y formalizado: según el grado personal que se tenga consolidado el día de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y formalizado en la Administración General del Estado, a través del acuerdo de reconocimiento de grado por la autoridad competente, hasta la fecha de finalización del plazo de presentación del certificado de requisitos y méritos, se otorgará la siguiente puntuación: Grados 10 e inferiores: 3 puntos. Grados 11 a 13: 6 puntos. Grados 14 o superiores: 9 puntos. Asimismo, se otorgarán 3 puntos a aquellos funcionarios que en la fecha de publicación de la convocatoria no tengan ningún grado consolidado y formalizado en la Administración General del Estado, y hayan prestado servicios efectivos, como funcionario de carrera, durante al menos dos años. c) Trabajo desarrollado: según el nivel de complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe con carácter definitivo en la Administración General del Estado o en los Órganos Constitucionales el día de publicación de esta convocatoria, como funcionario de una agrupación profesional (cuerpos o escalas del antiguo grupo E), se otorgará la siguiente puntuación: Niveles 12 e inferiores: 2 puntos. Nivel 13: 7 puntos. Niveles 14 o superiores: 12 puntos. La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modificada por posteriores reclasificaciones de nivel, con independencia de sus efectos económicos. A los funcionarios en comisión de servicios, se les valorará el nivel de complemento de destino de su puesto de origen, y a los funcionarios en adscripción provisional se les valorará el nivel correspondiente al grado que tengan consolidado o, si no lo tuvieran, el nivel mínimo de las agrupaciones profesionales. A los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia por el cuidado de familiares, se les valorará el nivel del puesto reservado en la Administración General del Estado u Órganos Constitucionales, y a los funcionarios en la situación de servicios especiales con derecho a reserva de puesto en la Administración General del Estado u Órganos Constitucionales, el nivel del puesto de trabajo en que les correspondería al efectuar el reingreso. A los funcionarios que se encuentren desempeñando un puesto de trabajo en situación de servicio activo en Órganos Constitucionales, con carácter definitivo, se les valorará el nivel de complemento de destino correspondiente a dicho puesto. Asimismo, se otorgarán 2 puntos a los funcionarios de Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado con destino en otras Administraciones o en otros organismos, no mencionados en los párrafos anteriores, y a los funcionarios de cuerpos y escalas postales y telegráficos que no tengan destino en la Administración General del Estado. d) Cursos de formación: se valorará un máximo de seis cursos de formación, recibidos y acreditados en los últimos cinco años y hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones propias del cuerpo al que se pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública, por otros institutos de Administración pública o por organizaciones sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas). Se valorará 0,5 puntos por curso, hasta una puntuación máxima de 3 puntos. No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas de duración. Asimismo, no se valorarán los inferiores a 15 horas lectivas, los pertenecientes a una carrera universitaria, los de doctorado, los derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios y similares. Este mérito se acreditará por las unidades de personal mediante el certificado de requisitos y méritos. A estos a efectos, el aspirante deberá presentar a la unidad de personal la documentación que acredite los cursos de formación a valorar. e) Superación del ejercicio de la convocatoria del año 2016: 3 puntos. Este mérito se valorará de oficio por la Administración a aquellos candidatos que en la fase de oposición de la citada convocatoria hubiesen alcanzado la puntuación mínima fijada por la Comisión Permanente de Selección y, al no reunir méritos suficientes en la fase de concurso, no hubieran obtenido plaza, de acuerdo con lo establecido en la Orden HAP/998/2016, de 17 de junio, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso o acceso en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, y se encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección. Personal laboral fijo. a) Antigüedad: se valorará la antigüedad total del empleado público, hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, en la Administración General del Estado o en organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, a razón de 0,6 puntos por año completo de servicios, hasta un máximo de 12 puntos. b) Categoría profesional: según el tiempo de pertenencia como personal laboral fijo, hasta la fecha de publicación de la convocatoria, en las siguientes categorías y grupos: – En el caso del personal laboral fijo incluido en el punto 2.2.2 de este anexo, en la categoría profesional de Oficial de Gestión y Servicios Comunes del grupo profesional 4 del III Convenio Único del personal laboral de la Administración General del Estado, o en categorías y grupos profesionales equivalentes al servicio de la Administración General del Estado, sus organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, desarrollando, en ambos casos, funciones de gestión de recursos humanos, de gestión económica, de gestión administrativa o de diseño, análisis, implantación, mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas y manejo de estas, incluidos los servicios prestados en puestos que hayan sido encuadrados en esta categoría. – En el caso del personal laboral fijo incluido el punto 2.2.3, en la categoría profesional de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes del Grupo profesional 5 del III Convenio Único del personal laboral de la Administración General del Estado, o en categorías y grupos profesionales equivalentes al servicio de la Administración General del Estado, sus organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, incluidos los servicios prestados en puestos que hayan sido encuadrados en aquellas. Se valorarán con 5 puntos los dos primeros años completos de servicios, y con 1 punto cada año adicional completo de servicios, desde el tercer año, y hasta un máximo de 18 puntos. c) Superación de procesos selectivos para acceder a la condición de personal laboral fijo: 3 puntos. d) Cursos de formación: se valorará un máximo de seis cursos de formación, recibidos y acreditados en los últimos cinco años y hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones propias del cuerpo al que se pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública, por otros institutos de Administración pública o por organizaciones sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas). Se valorará 0,5 puntos por curso, hasta una puntuación máxima de 3 puntos. No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas de duración. Asimismo, no se valorarán los inferiores a 15 horas lectivas, los pertenecientes a una carrera universitaria, los de doctorado, los derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios y similares. Este mérito se acreditará por las unidades de personal mediante el certificado de requisitos y méritos. A estos a efectos, el aspirante deberá presentar a la unidad de personal la documentación que acredite los cursos de formación a valorar. e) Superación del ejercicio de la convocatoria del año 2016: 3 puntos. Este mérito se valorará de oficio por la Administración a aquellos candidatos que en la fase de oposición de la citada convocatoria hubiesen alcanzado la puntuación mínima fijada por la Comisión Permanente de Selección y, al no reunir méritos suficientes en la fase de concurso, no hubieran obtenido plaza, de acuerdo con lo establecido en la Orden HAP/998/2016, de 17 de junio, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso o acceso en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, y se encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección. 5. Calificación final. La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 5.1 Personal funcionario de carrera: Primero: la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición; segundo: la mayor puntuación obtenida en la valoración del mérito de antigüedad; tercero: la mayor puntuación obtenida en la valoración del grado personal consolidado; cuarto: la mayor puntuación obtenida en la valoración del trabajo desarrollado; quinto: la mayor puntuación obtenida en la valoración de los cursos de formación. De persistir el empate, se atenderá a la antigüedad total en la Administración General del Estado, y se computarán los años, meses y días de servicio que consten en el Registro Central de Personal al día de publicación de esta convocatoria. 5.2 Personal laboral fijo: Primero: la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición; segundo: la mayor puntuación obtenida en la valoración del mérito de antigüedad; tercero: la puntuación obtenida en la valoración de la categoría profesional; cuarto: la mayor puntuación obtenida en la valoración de los cursos de formación. De persistir el empate, se atenderá a la antigüedad total en la Administración General del Estado, y se computarán los años, meses y días de servicio que consten en el Registro Central de Personal al día de publicación de esta convocatoria. En el caso de que no consten estos datos en el citado Registro, serán las unidades de personal correspondientes las que acreditarán los referidos datos al día de publicación de la convocatoria. 5.3 Personal funcionario y personal laboral fijo: Se atenderá a la antigüedad total en la Administración General del Estado, y se computarán los años, meses y días de servicio que consten en el Registro Central de Personal al día de publicación de esta convocatoria. En el caso de que no consten estos datos en el citado Registro, serán las unidades de personal correspondientes las que acreditarán los referidos datos al día de publicación de la convocatoria. ANEXO III Normas específicas de la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso libre en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado 1. El conjunto total de plazas por cubrir en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado por el sistema general de ingreso libre será de 800 plazas. Del total de las plazas convocadas, se reservarán 64 para ser cubiertas por personas con discapacidad con grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 2. El aspirante deberá hacer constar, en la casilla 20 «provincia de examen» de la solicitud, la localidad en la que desee realizar el primer ejercicio de la oposición, indicando una entre las siguientes: A Coruña, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. En el caso de que el número de aspirantes no justifique la realización de exámenes descentralizados, la Comisión Permanente de Selección podrá convocar, con antelación suficiente, en los oportunos lugares de examen. 3. Además de los requisitos enumerados en la base décima de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de Bachiller o Técnico. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio (BOE de 17 de junio), por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho de la Unión Europea. Además de las instrucciones generales de cumplimentación de solicitudes que figuran en el apartado 6 de las bases específicas de esta convocatoria, los aspirantes deberán observar las siguientes instrucciones específicas: – En el recuadro 15 «Cuerpo o Escala», los aspirantes harán constar «Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado», código «1135». – En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará la letra «L». – En el recuadro 20, «Provincia de examen», los aspirantes harán constar necesariamente la ciudad en que desean realizar el primer ejercicio de la fase de oposición, en los términos establecidos en el punto 2 del presente anexo. – En el epígrafe 24, «Títulos académicos oficiales», en el recuadro «Exigido en la convocatoria», se indicará, de las siguientes opciones, el dígito que corresponda, de acuerdo con la titulación académica superior que posea el aspirante, con independencia de la exigida para el ingreso en este cuerpo: Dígito «1»: Título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Dígito «2»: Título de Grado. Dígito «3»: Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. Dígito «4»: Título de Técnico Superior. Digito «5»: Título de Bachiller-LOE, de Bachiller-LOGSE, de Bachillerato Unificado Polivalente, de Bachiller Superior o tener aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. Dígito «6»: Título de Técnico. – El importe de la tasa correspondiente a los derechos de examen será de 15,12 euros y de 7,56 euros para las familias numerosas de categoría general. 4. Proceso de selección. El proceso de selección estará formado por los dos ejercicios que a continuación se indican, ambos obligatorios y eliminatorios: El primer ejercicio de la fase de oposición se desarrollará en las localidades que se señalan en el punto 2 de este anexo. El segundo ejercicio se realizará en Madrid, en el lugar que determine la Comisión Permanente de Selección al hacer públicas las relaciones de aspirantes que superen el primer ejercicio. 4.1 Primer ejercicio: estará formado por las dos partes que a continuación se indican, ambas obligatorias y eliminatorias, y que se realizarán conjuntamente. 4.1.1 Primera parte: consistirá en contestar por escrito un cuestionario de un máximo de 60 preguntas basado en las materias del temario que figuran en el programa de estas normas específicas; podrán preverse 3 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 60 anteriores. 4.1.2 Segunda parte: consistirá en contestar por escrito un supuesto de carácter práctico a elegir entre dos propuestos, relacionados con materias de los bloques II, III, IV y V del programa. Cada supuesto práctico se desglosará en 20 preguntas, y podrán preverse 3 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 20 anteriores. El tiempo máximo de realización de este ejercicio será de noventa minutos. El cuestionario de ambas partes estará compuesto por preguntas con respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas es correcta. Para su realización, los aspirantes deberán señalar en la hoja de examen las opciones de respuesta que estimen válidas de acuerdo con las instrucciones que se faciliten. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de una contestación. Las respuestas en blanco no penalizan. 4.2 Segundo ejercicio: consistirá en un ejercicio de carácter práctico, realizado en una sola sesión, siguiendo las instrucciones facilitadas, en el que se utilizará el Office 2010 Professional Plus actualizado al Service Pack 2 (SP2). Se valorarán en este ejercicio los conocimientos y habilidades en las funciones y utilidades del procesador de textos (con un peso relativo del 50%) y de la hoja de cálculo (con un peso relativo del 50%). El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de treinta minutos. Se facilitarán a los aspirantes los medios técnicos necesarios para su realización, si bien se desactivarán las funciones correspondientes a la corrección automática de textos y los métodos abreviados de teclado. 4.3 Calificación de los ejercicios. 4.3.1 Primer ejercicio: a) Primera parte: se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarla. La Comisión Permanente de Selección fijará la puntuación directa mínima necesaria que se debe alcanzar en esta primera parte para que pueda evaluarse la segunda. b) Segunda parte: se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarla. La Comisión Permanente de Selección fijará la puntuación directa mínima necesaria que se debe alcanzar en esta segunda parte para superar el ejercicio. Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el órgano de selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los criterios de corrección, valoración y superación de aquella, que no estén expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria. 4.3.2 Segundo ejercicio: se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarla. La Comisión Permanente de Selección fijará la puntuación directa mínima necesaria para superar el ejercicio. 4.3.3 En cada uno de los ejercicios, las calificaciones resultarán de las puntuaciones transformadas que se derivan de los baremos establecidos por la Comisión Permanente de Selección. 4.3.4 La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio y, si esto no fuera suficiente, en el segundo ejercicio, por este orden. 5. Programa. I. Organización del Estado y de la Administración pública. 1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. Reforma de la Constitución. 2. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. 3. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los Diputados y del Senado. 4. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La organización judicial española. 5. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno. Las funciones del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. 6. El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: funciones. 7. La Administración General del Estado. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los Subsecretarios. La Administración Periférica del Estado. Órganos y competencias. Otros órganos administrativos. 8. La Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Constitución y distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Estatutos de Autonomía. 9. La Administración local: entidades que la integran. La provincia, el municipio y la isla. 10. La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Efectos de la integración europea sobre la organización del Estado español. II. Organización de oficinas públicas. 1. Atención al público. Atención de personas con discapacidad. Los servicios de información administrativa. Información general y particular al ciudadano. Iniciativas. Reclamaciones. Quejas. Peticiones. 2. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo y criterios de ordenación. 3. Administración electrónica y servicios al ciudadano. Análisis de principales páginas web de carácter público. Servicios telemáticos. Oficinas integradas de atención al ciudadano. Ventanilla única empresarial. El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado. 4. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Principios y derechos. Obligaciones. III. Derecho administrativo general. 1. Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La ley. Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo. El reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho administrativo. 2. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Revisión, anulación y revocación. El principio de legalidad en la actuación administrativa. 3. Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público y su normativa de desarrollo. La iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo. Medios de impugnación de la actuación administrativa. La revisión de oficio. Los recursos administrativos: concepto y clases. La jurisdicción contencioso-administrativa. 4. Los contratos del sector público: concepto y clases. Procedimiento de adjudicación. Su cumplimiento. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos del sector público. 5. Procedimientos y formas de la actividad administrativa. La actividad de limitación, arbitral, de servicio público y de fomento. Formas de gestión de los servicios públicos. 6. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Concepto y clases. Requisitos generales. Efectos. 7. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia. IV. Gestión de personal. 1. El personal al servicio de las Administraciones públicas. Régimen jurídico. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa vigente. Las competencias en materia de personal. El Registro Central de Personal. 2. Selección de personal. Los procesos selectivos en la Administración pública y su conexión con la Oferta de Empleo Público. Principios constitucionales. Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 3. El personal funcionario al servicio de las Administraciones públicas: funcionarios de carrera y funcionarios interinos. La selección de los funcionarios. 4. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas de los funcionarios. Supuestos y efectos de cada una de ellas. 5. Provisión de puestos de trabajo en la función pública. Los deberes y derechos de los funcionarios. La carrera administrativa. Promoción interna. 6. Sistemas de retribuciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Régimen disciplinario: faltas, sanciones y procedimiento. 7. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios. La MUFACE y las clases pasivas. 8. El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas. Selección. Derechos, deberes e incompatibilidades. El contrato de trabajo: contenido, duración y suspensión. Negociación laboral, conflictos y convenios colectivos. El III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 9. El régimen de la Seguridad Social del personal laboral. Acción protectora. Concepto y clases de prestaciones, afiliación y cotizaciones. 10. Incapacidad temporal. Concepto y causas que motivan esta situación. Incapacidad permanente en la modalidad contributiva. Jubilación: concepto y requisitos. Muerte y supervivencia. Prestaciones. Sujetos causantes. Beneficiarios. V. Gestión financiera. 1. El presupuesto: concepto. Los principios presupuestarios. El ciclo presupuestario. El presupuesto por programas: concepto y fases. Terminología y desarrollo del proceso presupuestario. 2. El presupuesto del Estado en España: concepto y estructura. Los créditos presupuestarios: características. Gastos plurianuales. Las modificaciones presupuestarias: créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Ampliaciones de crédito. Generaciones de crédito. Transferencias de crédito. Incorporaciones de crédito. Anticipos de tesorería. 3. El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto. Órganos competentes. Fases del procedimiento y sus documentos contables. Compromisos de gasto para ejercicios posteriores. La ordenación del pago: concepto y competencia. Realización del pago: modos y perceptores. Control del gasto público. Clases. Especial referencia al control de legalidad. El Tribunal de Cuentas. 4. Las retribuciones de los funcionarios públicos y del personal laboral al servicio de la Administración pública. Nóminas: estructura y normas de confección. Altas y bajas: su justificación. Retribuciones básicas: sueldos, trienios, pagas extraordinarias. Retribuciones complementarias y otras remuneraciones. Devengo y liquidación de derechos económicos. El pago de las retribuciones del personal en activo. Formas de pago. 5. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de inversión. Gastos de transferencias: corrientes y de capital. Pagos: concepto y tipos. Pagos por obligaciones presupuestarias. Anticipos de caja fija. Pagos «a justificar». Justificación de libramientos. 6. Gestión económica y financiera de los contratos del sector público. Gestión económica y financiera de subvenciones. 7. El Plan General de Contabilidad Pública: fines, objetivos, ámbito de aplicación y características. Contabilidad presupuestaria y de gestión. Breve análisis de los grupos de cuentas. ANEXO IV Normas específicas de la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna para personal funcionario y personal laboral fijo, al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado 1. El conjunto total de plazas por cubrir en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado por el sistema de promoción interna será de 1.300 plazas. Del total de las plazas convocadas, se reservarán 66 para ser cubiertas por personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 2. Además de los requisitos generales enumerados en la base décima de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos específicos: 2.1 Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de Bachiller o Técnico. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio (BOE de 17 de junio), por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho de la Unión Europea. En el caso del personal funcionario, según lo previsto en la disposición adicional novena del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se podrá poseer, en lugar de la titulación, una antigüedad de diez años en cuerpos o escalas del subgrupo C2 de la Administración General del Estado, o de cinco años y haber superado el curso específico de formación. Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, en cuerpos o escalas del subgrupo C2 de la Administración General del Estado serán computables a efectos de la antigüedad referida en este apartado. 2.2 Pertenecer, como personal funcionario de carrera o como personal laboral fijo, a alguno de los siguientes colectivos: 2.2.1 Personal funcionario: a) Funcionarios de carrera de cuerpos o escalas del subgrupo C2 de la Administración General del Estado (cuerpos o escalas del antiguo grupo D de la Ley 30/1984, de 2 de agosto). b) Funcionarios de carrera de cuerpos o escalas postales y telegráficos adscritos al subgrupo C2 (cuerpos y escalas postales y telegráficos adscritos al antiguo grupo D). c) Funcionarios de carrera de cuerpos y escalas del subgrupo C2 de las demás Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, que estén desempeñando como funcionario de carrera un puesto de trabajo en la Administración General del Estado y hayan obtenido destino definitivo en la misma (cuerpos y escalas de las demás Administraciones del antiguo grupo D). 2.2.2 Personal laboral fijo (excluido el personal laboral indefinido no fijo): a) Podrá participar el personal laboral fijo que pertenezca a la categoría profesional de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes del grupo profesional 3 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado y desarrolle funciones de gestión de recursos humanos, de gestión económica o de gestión administrativa, en los términos previstos en el anexo III del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. b) Podrá participar, asimismo, el personal laboral fijo de la Administración General del Estado, sus organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquella que pertenezca a categorías y grupos profesionales equivalentes a las descritas anteriormente respecto del III Convenio Único y desarrolle funciones de gestión de recursos humanos, de gestión económica o de gestión administrativa, en los términos previstos en el anexo III del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. A este respecto, no se considerarán, en ningún caso, funciones sustancialmente coincidentes en su contenido profesional ni en su nivel técnico con las propias del Cuerpo General Administrativo las demás actividades y tareas, a todos los niveles de responsabilidad y cualificación (general, técnica, operativa o puramente instrumental), comprendidas dentro del Área de Gestión y Servicios comunes, precisadas en el citado anexo III del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 2.3 Haber prestado servicios efectivos durante, al menos, dos años: 2.3.1 En el caso del personal funcionario de carrera, como funcionario de carrera en cuerpos o escalas del subgrupo C2 mencionados y en los términos previstos en el punto 2.2.1 de este anexo. 2.3.2 En el caso del personal laboral fijo, como personal laboral fijo (excluido el tiempo como personal laboral indefinido no fijo) en la categoría profesional de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes del grupo profesional 3 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, o en categorías y grupos profesionales equivalentes al servicio de la Administración General del Estado, sus organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, desarrollando, en ambos casos, funciones de gestión de recursos humanos, de gestión económica o de gestión administrativa, en los términos previstos en el anexo III del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, incluidos los prestados en puestos que hayan sido encuadrados en aquellas. 2.4 La acreditación de los requisitos establecidos en los puntos 2.2 y 2.3 se realizará mediante el certificado regulado en el punto 4.2.2 del presente anexo. 3. Además de las instrucciones generales de cumplimentación de solicitudes que figuran en el apartado 6 de las bases específicas de esta convocatoria, los aspirantes deberán observar las siguientes instrucciones específicas: – En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», los aspirantes harán constar «Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado», código «1135». – En el recuadro 17, «Forma de Acceso», se consignarán la letra «P». – En el epígrafe 24, «Títulos académicos oficiales», en el recuadro «Exigido en la convocatoria», se indicará, de las siguientes opciones, el dígito que corresponda, de acuerdo con la titulación académica superior que posea el aspirante, con independencia de la exigida para el ingreso en este cuerpo: Dígito «1»: Título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Dígito «2»: Título de Grado. Dígito «3»: Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. Dígito «4»: Título de Técnico Superior. Digito «5»: Título de Bachiller-LOE, de Bachiller-LOGSE, de Bachillerato Unificado Polivalente, de Bachiller Superior o tener aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. Dígito «6»: Título de Técnico. Dígito «7»: Antigüedad superior a 10 años según la previsión de la disposición adicional novena del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Dígito «8»: Antigüedad de cinco años y superación del curso específico previsto en la disposición adicional novena del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. – En el epígrafe 25, «Datos a consignar según las bases de la convocatoria»: En el recuadro A), se especificará, en el caso del personal funcionario, el código de cuatro dígitos del cuerpo o escala a que pertenece el aspirante. En el caso del personal laboral fijo, se especificará el grupo profesional, categoría y, en su caso, convenio del aspirante. En el recuadro B) el ministerio u organismo de destino. En el C) el centro directivo. – Los derechos de examen serán de 7,56 euros y de 3,78 euros para las familias numerosas de categoría general. 4. El sistema selectivo será el de concurso-oposición. El proceso selectivo se desarrollará con arreglo a las siguientes fases: una primera fase de oposición, y una segunda fase de concurso. 4.1 Fase de oposición: la fase de oposición estará formada por un ejercicio único que constará de las dos partes que a continuación se indican, ambas obligatorias y eliminatorias, y que se realizarán conjuntamente. 4.1.1 Primera parte: consistirá en contestar por escrito un cuestionario de preguntas del programa contenido en estas normas específicas. El número máximo de preguntas será de 50, y podrán preverse 3 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 50 anteriores. 4.1.2 Segunda parte: consistirá en la resolución de un supuesto de carácter práctico elegido entre tres propuestos, correspondientes a cada uno de los bloques de materias del programa previsto en el punto 6 de este anexo, dirigido a apreciar la capacidad de los aspirantes para llevar a cabo las tareas administrativas relacionadas con las materias del programa de estas normas específicas. Cada supuesto se desglosará en 12 preguntas, y podrán preverse 3 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 12 anteriores. El tiempo máximo de realización de este ejercicio será de noventa minutos. Los cuestionarios de ambas partes estarán compuestos por preguntas con respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas es correcta. Para su realización, los aspirantes deberán señalar en la hoja de examen las opciones de respuesta que estimen válidas de acuerdo con las instrucciones que se faciliten. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de una contestación. Las respuestas en blanco no penalizan. 4.1.3 Calificación de la fase de oposición: a) Primera parte: se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarla. La Comisión Permanente de Selección fijará la puntuación directa mínima necesaria que se debe alcanzar en esta primera parte para que pueda evaluarse la segunda. b) Segunda parte: se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarla. La Comisión Permanente de Selección fijará la puntuación directa mínima necesaria para superar esta segunda parte. En cada uno de los ejercicios, las calificaciones resultarán de las puntuaciones transformadas que se derivan de los baremos establecidos por la Comisión Permanente de Selección. Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el órgano de selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los criterios de corrección, valoración y superación de la misma, que no estén expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria. 4.2 Fase de concurso y certificado de requisitos y méritos. 4.2.1 Finalizada la fase de oposición, los aspirantes que la hubieran superado dispondrán de un plazo de 20 días hábiles para presentar el certificado de requisitos y méritos debidamente expedido por los servicios de personal del ministerio, organismo, agencia o entidad donde presten o hayan prestado sus servicios, de conformidad con lo previsto en la base decimoctava de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio. El personal laboral fijo indicado en el punto 2.2.2 b) deberá acompañar al certificado de requisitos y méritos, a efectos de su expediente personal, copia de su contrato de trabajo y de la documentación relativa a su acceso a la condición de empleado público fijo. 4.2.2 Acreditación de requisitos. El certificado de requisitos y méritos habrá de contener la acreditación de los requisitos específicos contenidos en los puntos 2.2 y 2.3 de estas normas específicas. Este certificado de requisitos y méritos se adjunta en los anexos de esta convocatoria. En el anexo XIV se incluye el modelo que debe cumplimentar el personal funcionario de carrera, y en el anexo XV el modelo que corresponde al personal laboral fijo. 4.2.3 Fase de concurso. En esta fase se valorarán, mediante el certificado de requisitos y méritos previsto en el punto 4.2.1 de este anexo, los siguientes méritos: Personal funcionario de carrera. a) Antigüedad: se valorará la antigüedad del funcionario, hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, en cuerpos y escalas postales y telegráficos o en cuerpos y escalas de las demás Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con destino definitivo en la Administración General del Estado, teniendo en cuenta los servicios efectivos prestados y reconocidos hasta la fecha de publicación de esta convocatoria al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, a razón de 1 punto por año completo de servicios, hasta un máximo de 17 puntos. b) Grado personal consolidado y formalizado: según el grado personal que se tenga consolidado el día de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y formalizado en la Administración General del Estado, a través del acuerdo de reconocimiento de grado por la autoridad competente, hasta la fecha de finalización del plazo de presentación del certificado de requisitos y méritos, se otorgará la siguiente puntuación: Grados 12 e inferiores: 2 puntos. Grados 13 a 17: 4 puntos. Grados 18 o superiores: 6 puntos. Asimismo, se otorgarán 2 puntos a aquellos funcionarios que en la fecha de publicación de la convocatoria no tengan ningún grado consolidado y formalizado en la Administración General del Estado, y hayan prestado servicios efectivos, como funcionario de carrera, durante al menos dos años. c) Trabajo desarrollado: según el nivel de complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe con carácter definitivo en la Administración General del Estado o en los Órganos Constitucionales el día de publicación de esta convocatoria, como funcionario del subgrupo C2, se otorgará la siguiente puntuación: Niveles 14 e inferiores: 3 puntos. Nivel del 15 al 17: 5 puntos. Niveles 18 o superiores: 7 puntos. La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modificada por posteriores reclasificaciones de nivel, con independencia de sus efectos económicos. A los funcionarios en comisión de servicios, se les valorará el nivel de complemento de destino de su puesto de origen, y a los funcionarios en adscripción provisional se les valorará el nivel correspondiente al grado que tengan consolidado o, si no lo tuvieran, el nivel mínimo del subgrupo C2. A los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia por el cuidado de familiares, se les valorará el nivel del puesto reservado en la Administración General del Estado u Órganos Constitucionales, y a los funcionarios en situación de servicios especiales con derecho a reserva de puesto en la Administración General del Estado u Órganos Constitucionales, el nivel del puesto de trabajo en que les correspondería al efectuar el reingreso. A los funcionarios que se encuentren desempeñando un puesto de trabajo en situación de servicio activo en Órganos Constitucionales, con carácter definitivo, se les valorará el nivel de complemento de destino correspondiente a dicho puesto. Asimismo, se otorgarán 3 puntos a los funcionarios de cuerpos y escalas de la Administración General del Estado con destino en otras Administraciones o en otros organismos no mencionados en los párrafos anteriores, y a los funcionarios de cuerpos y escalas postales y telegráficos que no tengan destino en la Administración General del Estado. d) Titulación académica: por estar en posesión de una titulación académica igual o superior a la exigida en el punto 2.1 del presente anexo el día de publicación de esta convocatoria: 3 puntos. e) Cursos de formación: se valorará un máximo de cuatro cursos de formación, recibidos y acreditados en los últimos cinco años y hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones propias del cuerpo al que se pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública, por otros institutos de Administración pública o por organizaciones sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas). Se valorará 0,5 puntos por curso, hasta una puntuación máxima de 2 puntos. No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas de duración. Asimismo, no se valorarán los inferiores a 15 horas lectivas, los pertenecientes a una carrera universitaria, los de doctorado, los derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios y similares. Este mérito se acreditará por las unidades de personal mediante el certificado de requisitos y méritos. A estos a efectos, el aspirante deberá presentar a la unidad de personal la documentación que acredite los cursos de formación a valorar. f) Superación del ejercicio de la convocatoria del año 2016: 2 puntos. Este mérito se valorará de oficio por la Administración a aquellos candidatos que en la fase de oposición de la citada convocatoria hubiesen alcanzado la puntuación mínima fijada por la Comisión Permanente de Selección y, al no reunir méritos suficientes en la fase de concurso, no hubieran obtenido plaza, de acuerdo con lo establecido en la Orden HAP/998/2016, de 17 de junio, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso o acceso en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, y se encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección. Personal laboral fijo. a) Antigüedad: se valorará la antigüedad total del empleado público, hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, en la Administración General del Estado o en organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, a razón de 1 punto por año completo de servicios, hasta un máximo de 17 puntos. b) Categoría profesional: según el tiempo de pertenencia como personal laboral fijo, hasta la fecha de publicación de la convocatoria, en la categoría profesional de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes del grupo profesional 3 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, o en categorías y grupos profesionales equivalentes al servicio de la Administración General del Estado, sus organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, desarrollando, en ambos casos, funciones de gestión de recursos humanos, de gestión económica o de gestión administrativa, incluidos los servicios prestados en puestos que hayan sido encuadrados en aquellas. Se valorarán con 5 puntos los dos primeros años completos de servicios, y con 1 punto adicional cada año completo de servicios desde el tercer año, hasta un máximo de 13 puntos. c) Superación de pruebas selectivas para acceder a la condición de personal laboral fijo: 3 puntos. d) Cursos de formación: se valorará un máximo de cuatro cursos de formación, recibidos y acreditados en los últimos cinco años y hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones propias del cuerpo al que se pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública, por otros institutos de Administración pública o por organizaciones sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas). Se valorará 0,5 puntos por curso, hasta una puntuación máxima de 2 puntos. No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas de duración. Asimismo, no se valorarán los inferiores a 15 horas lectivas, los pertenecientes a una carrera universitaria, los de doctorado, los derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios y similares. Este mérito se acreditará por las unidades de personal mediante el certificado de requisitos y méritos. A estos a efectos, el aspirante deberá presentar a la unidad de personal la documentación que acredite los cursos de formación a valorar. e) Superación del ejercicio de la convocatoria del año 2016: 2 puntos. Este mérito se valorará de oficio por la Administración a aquellos candidatos que en la fase de oposición de la citada convocatoria hubiesen alcanzado la puntuación mínima fijada por la Comisión Permanente de Selección y, al no reunir méritos suficientes en la fase de concurso, no hubieran obtenido plaza, de acuerdo con lo establecido en la Orden HAP/998/2016, de 17 de junio, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso o acceso en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, y se encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección. 5. Calificación final. La calificación vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 5.1 Personal funcionario de carrera: Primero: la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición; segundo: la mayor puntuación obtenida en la valoración del mérito de antigüedad; tercero: la mayor puntuación obtenida en la valoración del grado personal consolidado; cuarto: la mayor puntuación obtenida en la valoración del trabajo desarrollado; quinto: la mayor puntuación obtenida en la valoración de los cursos de formación. De persistir el empate, se atenderá a la antigüedad total en la Administración General del Estado, y se computarán los años, meses y días de servicio que consten en el Registro Central de Personal al día de publicación de esta convocatoria. 5.2 Personal laboral fijo: Primero: la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición; segundo: la mayor puntuación obtenida en la valoración del mérito de antigüedad; tercero: la mayor puntuación obtenida en la valoración de la categoría profesional; cuarto: la mayor puntuación obtenida en la valoración de los cursos de formación. De persistir el empate, se atenderá a la antigüedad total en la Administración General del Estado, y se computarán los años, meses y días de servicio que consten en el Registro Central de Personal al día de publicación de esta convocatoria. En el caso de que no consten estos datos en el citado Registro, serán las unidades de personal correspondientes las que acreditarán los referidos datos al día de publicación de la convocatoria. 5.3 Personal funcionario y personal laboral fijo: Se atenderá a la antigüedad total en la Administración General del Estado, y se computarán los años, meses y días de servicio que consten en el Registro Central de Personal al día de publicación de esta convocatoria. En el caso de que no consten estos datos en el citado Registro, serán las unidades de personal correspondientes las que acreditarán los referidos datos al día de publicación de la convocatoria. 6. Programa. I. Derecho administrativo general. 1. Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Revisión, anulación y revocación. El principio de legalidad en la actuación administrativa. 2. Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público y su normativa de desarrollo. La iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo. 3. Los recursos administrativos: concepto y clases. Recursos de alzada, reposición y extraordinario de revisión. La jurisdicción contencioso-administrativa. 4. Los contratos del sector público: concepto y clases. Procedimiento de adjudicación. Su cumplimiento. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos del sector público. 5. El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: funciones. 6. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Principios y derechos. Obligaciones. 7. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia. II. Gestión de personal. 1. El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico. El personal funcionario: funcionarios de carrera y funcionarios interinos. La selección de los funcionarios. Programación y Oferta de Empleo Público. El Registro Central de Personal. Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 2. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas de los funcionarios. Supuestos y efectos de cada una de ellas. 3. Provisión de puestos de trabajo en la Administración del Estado. Los deberes y derechos de los funcionarios. La carrera administrativa. Promoción interna. 4. Las incompatibilidades. Régimen disciplinario: faltas, sanciones y procedimiento. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios. MUFACE y las clases pasivas. 5. El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas. Selección. Derechos, deberes e incompatibilidades. El contrato de trabajo: contenido, duración y suspensión. El III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. III. Gestión financiera. 1. El presupuesto: concepto. Los principios presupuestarios. El ciclo presupuestario. El presupuesto por programas: concepto y fases. Terminología y desarrollo del proceso presupuestario. 2. El presupuesto del Estado en España: concepto y estructura. Los créditos presupuestarios: características. Las modificaciones presupuestarias: créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Ampliaciones de crédito. Generaciones de crédito. Transferencias de crédito. Incorporaciones de crédito. 3. El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto. Órganos competentes. Fases del procedimiento y sus documentos contables. Compromisos de gasto para ejercicios posteriores. La ordenación del pago: concepto y competencia. Realización del pago: Modos y perceptores. 4. Las retribuciones de los funcionarios públicos y del personal laboral al servicio de la Administración pública. Nóminas: estructura y normas de confección. Altas y bajas: su justificación. Retribuciones básicas: sueldos, trienios, pagas extraordinarias. Retribuciones complementarias y otras remuneraciones. Devengo y liquidación de derechos económicos. El pago de las retribuciones del personal en activo. Formas de pago. 5. Gestión económica y financiera de los contratos del sector público. Gestión económica y financiera de subvenciones. ANEXO V Normas específicas de la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso libre, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado 1. El conjunto total de plazas por cubrir por el sistema general de ingreso libre será de 350 plazas. Del total de estas plazas, se reservarán 18 para ser cubiertas por personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 2. Además de los requisitos enumerados en la base décima de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de Bachiller o Técnico. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio (BOE de 17 de junio), por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho de la Unión Europea. 3. Además de las instrucciones generales de cumplimentación de solicitudes que figuran en el apartado 6 de las bases específicas de esta convocatoria, los aspirantes deberán observar las siguientes instrucciones específicas: – En el recuadro 15 «Cuerpo o Escala», los aspirantes harán constar «Técnico Auxiliar de Informática de la Administración del Estado», código «1188». – En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará la letra «L». – En el epígrafe 24, «Títulos académicos oficiales», en el recuadro «Exigido en la convocatoria», se indicará, de las siguientes opciones, el dígito que corresponda, de acuerdo con la titulación académica superior que posea el aspirante, con independencia de la exigida para el ingreso en este cuerpo: Dígito «1»: Título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Dígito «2»: Título de Grado. Dígito «3»: Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. Dígito «4»: Título de Técnico Superior. Digito «5»: Título de Bachiller-LOE, de Bachiller-LOGSE, de Bachillerato Unificado Polivalente, de Bachiller Superior o tener aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. Dígito «6»: Título de Técnico. – El importe de la tasa correspondiente a los derechos de examen será de 15,12 euros y de 7,56 euros para las familias numerosas de categoría general. 4. Proceso de selección. El proceso de selección estará formado por dos ejercicios que a continuación se indican, ambos obligatorios y eliminatorios: Primer ejercicio: consistirá en contestar por escrito un cuestionario de un máximo de 100 preguntas basado en las materias del temario que figuran en el programa de estas normas específicas, y podrán preverse 3 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 100 anteriores. El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de noventa minutos. Segundo ejercicio: consistirá en la resolución de un supuesto de carácter práctico elegido entre dos propuestos correspondientes a los bloques III y IV del programa, respectivamente. Los aspirantes deberán optar por contestar a las preguntas correspondientes a uno solo de los bloques. Cada supuesto práctico se desglosará en 30 preguntas, y podrán preverse 3 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 30 anteriores. El tiempo máximo de realización de este ejercicio será de setenta minutos. Los cuestionarios de ambas pruebas estarán compuestos por preguntas con respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas es correcta. Para su realización, los aspirantes deberán señalar en la hoja de examen las opciones de respuesta que estimen válidas de acuerdo con las instrucciones que se faciliten. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de una contestación. Las respuestas en blanco no penalizan. 5. Calificación de los ejercicios. 5.1 Primer ejercicio: se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarlo. 5.2 Segundo ejercicio: se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarlo. Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el órgano de selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de ambos ejercicios, los criterios de corrección, valoración y superación de aquellas, que no estén expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria. 5.3 La Comisión Permanente de Selección fijará las puntuaciones directas mínimas necesarias para superar cada uno de los ejercicios. 5.4 En cada uno de los ejercicios, las calificaciones resultarán de las puntuaciones transformadas que se derivan de los baremos establecidos por la Comisión Permanente de Selección. 5.5 La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio y, si esto no fuera suficiente, en el segundo ejercicio, por este orden. 6. Programa. Bloque I. Organización del Estado y Administración electrónica. 1. La Constitución Española de 1978. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. 2. Las Cortes Generales. Atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado. El Tribunal Constitucional. Composición y atribuciones. El Defensor del Pueblo. 3. El Gobierno. Su composición. Nombramiento y cese. Las funciones del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. 4. El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: funciones. 5. La Administración pública: principios constitucionales informadores. La Administración General del Estado: organización y personal a su servicio. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleo Público y demás normativa vigente. Las Comunidades Autónomas y la Administración local: regulación constitucional. 6. Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La ley. Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo. El reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho administrativo. 7. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia. 8. La sociedad de la información. Identidad y firma electrónica: régimen jurídico. El DNI electrónico. 9. La protección de datos personales. Régimen jurídico. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Principios y derechos. La Agencia de Protección de Datos: competencias y funciones. 10. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y normativa de desarrollo. La gestión electrónica de los procedimientos administrativos: registros, notificaciones y uso de medios electrónicos. Esquema Nacional de Seguridad y de Interoperabilidad. Normas técnicas de Interoperabilidad. 11. Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones públicas: sedes electrónicas, canales y puntos de acceso, identificación y autenticación. Infraestructuras y servicios comunes. Bloque II. Tecnología básica. 1. Informática básica. Representación y comunicación de la información: elementos constitutivos de un sistema de información. Características y funciones. Arquitectura de ordenadores. Componentes internos de los equipos microinformáticos. 2. Periféricos: conectividad y administración. Elementos de impresión. Elementos de almacenamiento. Elementos de visualización y digitalización. 3. Tipos abstractos y Estructuras de datos. Organizaciones de ficheros. Algoritmos. Formatos de información y ficheros. 4. Sistemas operativos. Características y elementos constitutivos. Sistemas Windows. Sistemas Unix y Linux. Sistemas operativos para dispositivos móviles. 5. Sistemas de gestión de bases de datos relacionales, orientados a objetos y NoSQL: características y componentes. Bloque III. Desarrollo de sistemas. 1. Modelo conceptual de datos. Entidades, atributos y relaciones. Reglas de modelización. Diagramas de flujo de datos. Reglas de construcción. Descomposición en niveles. Flujogramas. 2. Diseño de bases de datos. Diseño lógico y físico. El modelo lógico relacional. Normalización. 3. Lenguajes de programación. Representación de tipos de datos. Operadores. Instrucciones condicionales. Bucles y recursividad. Procedimientos, funciones y parámetros. Vectores y registros. Estructura de un programa. 4. Lenguajes de interrogación de bases de datos. Estándar ANSI SQL. Procedimientos almacenados. Eventos y disparadores. 5. Diseño y programación orientada a objetos. Elementos y componentes software: objetos, clases, herencia, métodos, sobrecarga. Ventajas e inconvenientes. Patrones de diseño y lenguaje de modelado unificado (UML). 6. Arquitectura Java EE y plataforma.NET: componentes, persistencia y seguridad. Características, elementos y funciones en entornos Java, C, C++ y.Net. 7. Arquitectura de sistemas cliente/servidor y multicapas: componentes y operación. Arquitecturas de servicios web y protocolos asociados. 8. Aplicaciones web. Desarrollo web front-end y en servidor. Lenguajes: HTML, XML y sus derivaciones. Navegadores y lenguajes de programación web. Lenguajes de script. 9. Accesibilidad, diseño universal y usabilidad. Acceso y usabilidad de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información. Confidencialidad y disponibilidad de la información en puestos de usuario final. 10. Herramientas CASE: características. Repositorios: estructura y actualización. Generación de código y documentación. Programas para control de versiones. Plataformas de desarrollo colaborativo de software. Bloque IV. Sistemas y comunicaciones. 1. Administración del Sistema operativo y software de base. Funciones y responsabilidades. Actualización, mantenimiento y reparación del sistema operativo. 2. Administración de bases de datos. Funciones y responsabilidades. Administración de servidores de correo electrónico. Protocolos de correo electrónico. 3. Administración de redes de área local. Gestión de usuarios. Gestión de dispositivos. Monitorización y control de tráfico. 4. Conceptos de seguridad de los sistemas de información. Seguridad física. Seguridad lógica. Amenazas y vulnerabilidades. Infraestructura física de un CPD: acondicionamiento y equipamiento. Sistemas de gestión de incidencias. Control remoto de puestos de usuario. 5. Comunicaciones. Medios de transmisión. Modos de comunicación. Equipos terminales y equipos de interconexión y conmutación. 6. Redes de comunicaciones. Redes de conmutación y redes de difusión. Comunicaciones móviles e inalámbricas. 7. El modelo TCP/IP y el modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO. Protocolos TCP/IP. 8. Internet: arquitectura de red. Origen, evolución y estado actual. Principales servicios. Protocolos HTTP, HTTPS y SSL/TLS. 9. Seguridad y protección en redes de comunicaciones. Seguridad perimetral. Acceso remoto seguro a redes. Redes privadas virtuales (VPN). Seguridad en el puesto del usuario. 10. Redes locales. Tipología. Técnicas de transmisión. Métodos de acceso. Dispositivos de interconexión. ANEXO VI Normas específicas de la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna para personal funcionario y personal laboral fijo, al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado 1. El conjunto total de plazas por cubrir en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado por el sistema de promoción interna será de 105 plazas. Del total de las plazas convocadas, se reservarán 5 para ser cubiertas por personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 2. Además de los requisitos generales enumerados en la base décima de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos específicos: 2.1 Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de Bachiller o Técnico. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio (BOE de 17 de junio), por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho de la Unión Europea. En el caso del personal funcionario, según lo previsto en la disposición adicional novena del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se podrá poseer, en lugar de la titulación, una antigüedad de diez años en cuerpos o escalas del subgrupo C2 de la Administración General del Estado, o de cinco años y haber superado el curso específico de formación. Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, en cuerpos o escalas del subgrupo C2 de la Administración General del Estado, serán computables a efectos de la antigüedad referida en este apartado. 2.2 Pertenecer, como personal funcionario de carrera o como personal laboral fijo, a alguno de los siguientes colectivos: 2.2.1 Personal funcionario: a) Funcionarios de carrera de cuerpos o escalas del subgrupo C2 de la Administración General del Estado (cuerpos o escalas del antiguo grupo D de la Ley 30/1984, de 2 de agosto). b) Funcionarios de carrera de cuerpos o escalas postales y telegráficos adscritos al subgrupo C2 (cuerpos y escalas postales y telegráficos adscritos al antiguo grupo D). c) Funcionarios de carrera de cuerpos y escalas del subgrupo C2 de las demás Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre que estén desempeñando como funcionario de carrera un puesto de trabajo en la Administración General del Estado y hayan obtenido destino definitivo en la misma (cuerpos y escalas de las demás Administraciones del antiguo grupo D). 2.2.2 Personal laboral fijo (excluido el personal laboral indefinido no fijo): a) Podrá participar el personal laboral fijo que pertenezca a la categoría profesional de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes del grupo profesional 3 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado y desarrolle tareas de diseño, análisis, implantación, mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas y manejo de estas, en los términos previstos en el anexo III del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. b) Podrá participar, asimismo, el personal laboral fijo de la Administración General del Estado, sus organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquella que pertenezca a categorías y grupos profesionales equivalentes a las descritas anteriormente respecto del III Convenio Único y desarrolle tareas de diseño, análisis, implantación, mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas y manejo de estas, en los términos previstos en el anexo III del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. A este respecto, no se considerarán en ningún caso, funciones sustancialmente coincidentes en su contenido profesional ni en su nivel técnico con las propias del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado las demás tareas y actividades a todos los niveles de responsabilidad y cualificación (gerencial, técnica, operativa o puramente instrumental) comprendidas dentro del Área de Gestión y Servicios comunes, precisadas en el citado anexo III del III Convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 2.3 Haber prestado servicios efectivos durante, al menos, dos años: 2.3.1 En el caso del personal funcionario de carrera, como funcionario de carrera en cuerpos o escalas del subgrupo C2 mencionados y en los términos previstos en el punto 2.2.1 de este anexo. 2.3.2 En el caso del personal laboral fijo, como personal laboral fijo (excluido el tiempo como personal laboral indefinido no fijo) en la categoría profesional de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes del grupo profesional 3 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, o en categorías y grupos profesionales equivalentes al servicio de la Administración General del Estado, sus organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, desarrollando, en ambos casos, tareas de diseño, análisis, implantación, mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas y manejo de estas, en los términos previstos en el anexo III del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, incluidos los prestados en puestos que hayan sido encuadrados en aquellas. 2.4 La acreditación de los requisitos establecidos en los puntos 2.2 y 2.3 se realizará mediante el certificado regulado en el punto 4.2.2 del presente anexo. 3. Además de las instrucciones generales de cumplimentación de solicitudes que figuran en el apartado 6 de las bases específicas de esta convocatoria, los aspirantes deberán observar las siguientes instrucciones específicas: – En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», los aspirantes harán constar «Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado», código «1188». – En el recuadro 17, «Forma de Acceso», se consignarán la letra «P». – En el epígrafe 24, «Títulos académicos oficiales», en el recuadro «Exigido en la convocatoria», se indicará, de las siguientes opciones, el dígito que corresponda, de acuerdo con la titulación académica superior que posea el aspirante, con independencia de la exigida para el ingreso en este cuerpo: Dígito «1»: Título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Dígito «2»: Título de Grado. Dígito «3»: Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. Dígito «4»: Título de Técnico Superior. Digito «5»: Título de Bachiller-LOE, de Bachiller-LOGSE, de Bachillerato Unificado Polivalente, de Bachiller Superior o tener aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. Dígito «6»: Título de Técnico. Dígito «7»: Antigüedad superior a 10 años según la previsión de la disposición adicional novena del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Dígito «8»: Antigüedad de cinco años y superación del curso específico previsto en la disposición adicional novena del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. – En el epígrafe 25, «Datos a consignar según las bases de la convocatoria»: En el recuadro A), se especificará, en el caso del personal funcionario, el código de cuatro dígitos del cuerpo o escala a que pertenece el aspirante. En el caso del personal laboral fijo, se especificará el grupo profesional, categoría y, en su caso, convenio del aspirante. En el recuadro B) el ministerio u organismo de destino. En el C) el centro directivo. – Los derechos de examen serán de 7,56 euros y de 3,78 euros para las familias numerosas de categoría general. 4. El sistema selectivo será el de concurso-oposición. El proceso selectivo se desarrollará con arreglo a las siguientes fases: una primera fase de oposición, y una segunda fase de concurso. 4.1 Fase de oposición: la fase de oposición estará formada por un ejercicio único que constará de las dos partes que a continuación se indican, ambas obligatorias y eliminatorias, y que se realizarán conjuntamente. 4.1.1 Primera parte: consistirá en contestar por escrito un cuestionario de un máximo de 50 preguntas basadas en las materias del temario que figuran en el programa de estas normas específicas, y podrán preverse 3 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 50 anteriores. 4.1.2 Segunda parte: consistirá en la resolución de un supuesto de carácter práctico elegido entre dos propuestos correspondientes a los bloques III y IV del programa respectivamente. Los aspirantes deberán optar por contestar a las preguntas correspondientes a uno solo de los bloques. Cada supuesto práctico se desglosará en 12 preguntas, y podrán preverse 3 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 12 anteriores. El tiempo máximo de realización de este ejercicio será de noventa minutos. Los cuestionarios de ambas partes estarán compuestos por preguntas con respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas es correcta. Para su realización, los aspirantes deberán señalar en la hoja de examen las opciones de respuesta que estimen válidas de acuerdo con las instrucciones que se faciliten. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de una contestación. Las respuestas en blanco no penalizan. 4.1.3 Calificación de la fase de oposición: a) Primera parte: se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarla. La Comisión Permanente de Selección fijará la puntuación directa mínima necesaria que se debe alcanzar en esta primera parte para que pueda evaluarse la segunda. b) Segunda parte: se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarla. La Comisión Permanente de Selección fijará la puntuación directa mínima necesaria para superar esta segunda parte. Las calificaciones resultarán de las puntuaciones transformadas que se derivan de los baremos establecidos por la Comisión Permanente de Selección. Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el órgano de selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los criterios de corrección, valoración y superación de aquella, que no estén expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria. 4.2 Fase de concurso y certificado de requisitos y méritos. 4.2.1 Finalizada la fase de oposición, los aspirantes que la hubieran superado dispondrán de un plazo de 20 días hábiles para presentar el certificado de requisitos y méritos debidamente expedido por los servicios de personal del ministerio, organismo, agencia o entidad donde presten o hayan prestado sus servicios, de conformidad con lo previsto en la base decimoctava de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio. El personal laboral fijo indicado en el punto 2.2.2 b) deberá acompañar al certificado de requisitos y méritos, a efectos de su expediente personal, copia de su contrato de trabajo y de la documentación relativa a su acceso a la condición de empleado público fijo. 4.2.2 Acreditación de requisitos. El certificado de requisitos y méritos habrá de contener la acreditación de los requisitos específicos contenidos en los puntos 2.2 y 2.3 de estas normas específicas. Este certificado de requisitos y méritos se adjunta en los anexos de esta convocatoria. En el anexo XVI se incluye el modelo que debe cumplimentar el personal funcionario de carrera, y en el anexo XVII el modelo que corresponde al personal laboral fijo. 4.2.3 Fase de concurso. En esta fase se valorarán, mediante el certificado de requisitos y méritos previsto en el punto 4.2.1 de este anexo, los siguientes méritos: Personal funcionario de carrera. a) Antigüedad: se valorará la antigüedad del funcionario, hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, en cuerpos y escalas postales y telegráficos o en cuerpos y escalas de las demás Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con destino definitivo en la Administración General del Estado, teniendo en cuenta los servicios efectivos prestados y reconocidos hasta la fecha de publicación de esta convocatoria al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, a razón de 1 punto por año completo de servicios, hasta un máximo de 17 puntos. b) Grado personal consolidado y formalizado: según el grado personal que se tenga consolidado el día de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y formalizado en la Administración General del Estado, a través del acuerdo de reconocimiento de grado por la autoridad competente, hasta la fecha de finalización del plazo de presentación del certificado de requisitos y méritos, se otorgará la siguiente puntuación: Grados 12 e inferiores: 2 puntos. Grados 13 a 17: 4 puntos. Grados 18 o superiores: 6 puntos. Asimismo, se otorgarán 2 puntos a aquellos funcionarios que en la fecha de publicación de la convocatoria no tengan ningún grado consolidado y formalizado en la Administración General del Estado, y hayan prestado servicios efectivos, como funcionario de carrera, durante al menos dos años. c) Trabajo desarrollado: según el nivel de complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe con carácter definitivo en la Administración General del Estado o en los Órganos Constitucionales el día de publicación de esta convocatoria, como funcionario del subgrupo C2, se otorgara la siguiente puntuación: Niveles 14 e inferiores: 3 puntos. Nivel del 15 al 17: 5 puntos. Niveles 18 o superiores: 7 puntos. La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modificada por posteriores reclasificaciones de nivel, con independencia de sus efectos económicos. A los funcionarios en comisión de servicios se les valorará el nivel de complemento de destino de su puesto de origen, y a los funcionarios en adscripción provisional se les valorará el nivel correspondiente al grado que tengan consolidado o, si no lo tuvieran, el nivel mínimo del subgrupo C2. A los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia por el cuidado de familiares, se les valorará el nivel del puesto reservado en la Administración General del Estado u Órganos Constitucionales, y a los funcionarios en situación de servicios especiales con derecho a reserva de puesto en la Administración General del Estado u Órganos Constitucionales, el nivel del puesto de trabajo en que les correspondería al efectuar el reingreso. A los funcionarios que se encuentren desempeñando un puesto de trabajo en situación de servicio activo en Órganos Constitucionales, con carácter definitivo, se les valorará el nivel de complemento de destino correspondiente a dicho puesto. Asimismo, se otorgarán 3 puntos a los funcionarios de cuerpos y escalas de la Administración General del Estado con destino en otras Administraciones o en otros organismos no mencionados en los párrafos anteriores, y a los funcionarios de cuerpos y escalas postales y telegráficos que no tengan destino en la Administración General del Estado. d) Titulación académica: por estar en posesión de una titulación académica igual o superior a la exigida en el punto 2.1 del presente anexo el día de publicación de esta convocatoria: 3 puntos. e) Cursos de formación: se valorará un máximo de cuatro cursos de formación, recibidos y acreditados en los últimos cinco años y hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones propias del cuerpo al que se pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública, por otros institutos de Administración pública o por organizaciones sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas). Se valorará 0,5 puntos por curso, hasta una puntuación máxima de 2 puntos. No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas de duración. Asimismo, no se valorarán los inferiores a 15 horas lectivas, los pertenecientes a una carrera universitaria, los de doctorado, los derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios y similares. Este mérito se acreditará por las unidades de personal mediante el certificado de requisitos y méritos. A estos a efectos, el aspirante deberá presentar a la unidad de personal la documentación que acredite los cursos de formación a valorar. f) Superación del ejercicio de la convocatoria del año 2016: 2 puntos. Este mérito se valorará de oficio por la Administración a aquellos candidatos que en la fase de oposición de la citada convocatoria hubiesen alcanzado la puntuación mínima fijada por la Comisión Permanente de Selección y, al no reunir méritos suficientes en la fase de concurso, no hubieran obtenido plaza, de acuerdo con lo establecido en la Orden HAP/998/2016, de 17 de junio, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso o acceso en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, y se encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección. Personal laboral fijo. a) Antigüedad: se valorará la antigüedad total del empleado público, hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, en la Administración General del Estado o en organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, a razón de 1 punto por año completo de servicios, hasta un máximo de 17 puntos. b) Categoría profesional: según el tiempo de pertenencia como personal laboral fijo, hasta la fecha de publicación de la convocatoria, en la categoría profesional de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes del grupo profesional 3 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, o en categorías y grupos profesionales equivalentes al servicio de la Administración General del Estado, sus organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, desarrollando, en ambos casos, tareas de diseño, análisis, implantación, mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas y manejo de estas, incluidos los servicios prestados en puestos que han sido encuadrados en esta categoría. Se valorarán con 5 puntos los dos primeros años completos de servicios, y con 1 punto adicional cada año completo de servicios desde el tercer año, hasta un máximo de 13 puntos. c) Superación de pruebas selectivas para acceder a la condición de personal laboral fijo: 3 puntos. d) Cursos de formación: se valorará un máximo de cuatro cursos de formación, recibidos y acreditados en los últimos cinco años y hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones propias del cuerpo al que se pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública, por otros institutos de Administración pública o por organizaciones sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas). Se valorará 0,5 puntos por curso, hasta una puntuación máxima de 2 puntos. No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas de duración. Asimismo, no se valorarán los inferiores a 15 horas lectivas, los pertenecientes a una carrera universitaria, los de doctorado, los derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios y similares. Este mérito se acreditará por las unidades de personal mediante el certificado de requisitos y méritos. A estos a efectos, el aspirante deberá presentar a la unidad de personal la documentación que acredite los cursos de formación a valorar. e) Superación del ejercicio de la convocatoria del año 2016: 2 puntos. Este mérito se valorará de oficio por la Administración a aquellos candidatos que en la fase de oposición de la citada convocatoria hubiesen alcanzado la puntuación mínima fijada por la Comisión Permanente de Selección y, al no reunir méritos suficientes en la fase de concurso, no hubieran obtenido plaza, de acuerdo con lo establecido en la Orden HAP/998/2016, de 17 de junio, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso o acceso en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, y se encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección. 5. Calificación final. La calificación vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 5.1 Personal funcionario de carrera: Primero: la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición; segundo: la mayor puntuación obtenida en la valoración del mérito de antigüedad; tercero: la mayor puntuación obtenida en la valoración del grado personal consolidado; cuarto: la mayor puntuación obtenida en la valoración del trabajo desarrollado; quinto: la mayor puntuación obtenida en la valoración de los cursos de formación. De persistir el empate, se atenderá a la antigüedad total en la Administración General del Estado, y se computarán los años, meses y días de servicio que consten en el Registro Central de Personal al día de publicación de esta convocatoria. 5.2 Personal laboral fijo: Primero: la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición; segundo: la mayor puntuación obtenida en la valoración del mérito de antigüedad; tercero: la mayor puntuación obtenida en la valoración de la categoría profesional; cuarto: la mayor puntuación obtenida en la valoración de los cursos de formación. De persistir el empate, se atenderá a la antigüedad total en la Administración General del Estado, y se computarán los años, meses y días de servicio que consten en el Registro Central de Personal al día de publicación de esta convocatoria. En el caso de que no consten estos datos en el citado Registro, serán las unidades de personal correspondientes las que acreditarán los referidos datos al día de publicación de la convocatoria. 5.3 Personal funcionario y personal laboral fijo: Se atenderá a la antigüedad total en la Administración General del Estado, y se computarán los años, meses y días de servicio que consten en el Registro Central de Personal al día de publicación de esta convocatoria. En el caso de que no consten estos datos en el citado Registro, serán las unidades de personal correspondientes las que acreditarán los referidos datos al día de publicación de la convocatoria. 6. Programa. Bloque I. Administración electrónica y transparencia. 1. La sociedad de la información. Identidad y firma electrónica: régimen jurídico. El DNI electrónico. 2. La protección de datos personales. Régimen jurídico. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Principios y derechos. Obligaciones. 3. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y normativa de desarrollo. La gestión electrónica de los procedimientos administrativos: registros, notificaciones y uso de medios electrónicos. Esquema Nacional de Seguridad y de Interoperabilidad. Normas técnicas de Interoperabilidad. 4. El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: funciones. 5. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia. Bloque II. Tecnología básica. 1. Informática básica. Representación y comunicación de la información: elementos constitutivos. Características y funciones. Arquitectura de ordenadores. Componentes internos de los equipos microinformáticos. Periféricos: conectividad y administración. Elementos de impresión. Elementos de almacenamiento. Elementos y de visualización y digitalización. 2. Tipos abstractos y estructuras de datos. Organizaciones de ficheros. Algoritmos. Formatos de información y ficheros. 3. Sistemas operativos. Características técnicas y elementos constitutivos. Sistemas Windows. Sistemas Unix y Linux. Sistemas operativos para dispositivos móviles. Bloque III. Desarrollo de sistemas. 1. Modelo conceptual de datos. Entidades, atributos y relaciones. Reglas de modelización. Diagramas de flujo de datos. Reglas de construcción. Descomposición en niveles. Flujogramas. 2. Diseño de bases de datos. Diseño lógico y físico. El modelo lógico relacional. Normalización. 3. Lenguajes de programación. Representación de tipos de datos. Operadores. Instrucciones condicionales. Bucles y recursividad. Procedimientos, funciones y parámetros. Vectores y registros. Estructura de un programa. 4. Lenguajes de interrogación de bases de datos. Estándar ANSI SQL. Procedimientos almacenados. Eventos y disparadores. 5. Diseño y programación orientada a objetos. Elementos y componentes software: objetos, clases, herencia, métodos, sobrecarga. Ventajas e inconvenientes. Patrones de diseño y lenguaje de modelado unificado (UML). 6. Arquitectura Java EE y plataforma.NET: componentes, persistencia y seguridad. Características, elementos y funciones en entornos Java, C, C++ y.Net. 7. Arquitectura de sistemas cliente/servidor y multicapas: componentes y operación. Arquitecturas de servicios web y protocolos asociados. 8. Aplicaciones web. Desarrollo web front-end y en servidor. Lenguajes: HTML, XML y derivaciones. Navegadores y lenguajes de programación web. Lenguajes de script. 9. Accesibilidad, diseño universal y usabilidad. Accesibilidad y usabilidad de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información. Confidencialidad y disponibilidad de la información en puestos de usuario final. Bloque IV. Sistemas y comunicaciones. 1. Administración del Sistema operativo y software de base. Funciones y responsabilidades. Actualización, mantenimiento y reparación del sistema operativo. 2. Administración de bases de datos. Funciones y responsabilidades. Administración de servidores de correo electrónico. Protocolos de correo electrónico. 3. Administración de redes de área local. Gestión de usuarios. Gestión de dispositivos. Monitorización y control de tráfico. 4. Conceptos de seguridad de los sistemas de información. Seguridad física. Seguridad lógica. Amenazas y vulnerabilidades. Infraestructura física de un CPD: acondicionamiento y equipamiento. Sistemas de gestión de incidencias. Control remoto de puestos de usuario. 5. Comunicaciones. Medios de transmisión. Modos de comunicación. Equipos terminales y equipos de interconexión y conmutación. 6. Redes de comunicaciones. Redes de conmutación y redes de difusión. Comunicaciones móviles e inalámbricas. 7. El modelo TCP/IP y el modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO. Protocolos TCP/IP. 8. Internet: arquitectura de red. Origen, evolución y estado actual. Principales servicios. Protocolos HTTP, HTTPS y SSL/TLS. 9. Seguridad y protección en redes de comunicaciones. Seguridad perimetral. Acceso remoto seguro a redes. Redes privadas virtuales (VPN). Seguridad en el puesto de usuario. ANEXO VII Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado 1. El conjunto total de plazas por cubrir en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado por el sistema de ingreso libre será de 430 plazas, de las cuales 180 corresponden al Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio. De las 430 plazas, se reservarán 23 para ser cubiertas por personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, correspondiendo 9 al Real Decreto-ley 13/2017. 2. Además de los requisitos enumerados en la base décima de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos específicos: estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, según lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre. Asimismo, a estos efectos, se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos completos de Licenciatura, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho de la Unión Europea. 3. Además de las instrucciones generales de cumplimentación de solicitudes que figuran en el apartado 6 de las bases específicas de esta convocatoria, los aspirantes deberán observar las siguientes instrucciones específicas: – En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», los aspirantes harán constar «Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado», código «1122». – En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará la letra «L». – En el epígrafe 24, «Títulos académicos oficiales», en el recuadro «Exigido en la convocatoria», se indicará, de las siguientes opciones, el dígito que corresponda, de acuerdo con la titulación académica superior que posea el aspirante, con independencia de la exigida para el ingreso en este cuerpo: Dígito «1»: Título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Dígito «2»: Título de Grado. Dígito «3»: Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. – Los derechos de examen serán de 22,64 euros y de 11,32 euros para las familias numerosas de categoría general. 4. Proceso de selección y valoración. El proceso selectivo consistirá en una fase de oposición y en un curso selectivo con las pruebas y puntuaciones que se especifican a continuación. 4.1 Fase de oposición. 4.1.1 La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios obligatorios y eliminatorios: Primer ejercicio: consistirá en contestar por escrito un cuestionario de un máximo de 100 preguntas basado en las materias del temario que figura en el programa de estas normas específicas, y podrán preverse 3 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 100 anteriores. El cuestionario estará compuesto por preguntas con respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas es la correcta. Para su realización, los aspirantes deberán señalar en la hoja de examen las opciones de respuesta que estimen válidas de acuerdo con las instrucciones que se faciliten. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de una contestación. Las respuestas en blanco no penalizan. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de noventa minutos. Segundo ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito un cuestionario de, como máximo 15 preguntas, propuestas por la Comisión Permanente de Selección sobre las materias contenidas en los bloques I, II y III del programa contenido en estas normas específicas. Entre dichas preguntas se podrá incluir la realización de supuestos prácticos. El ejercicio deberá escribirse de tal modo que permita su lectura por cualquier miembro de la Comisión Permanente de Selección o sus Comisiones Delegadas, evitando la utilización de abreviaturas o signos no usuales en el lenguaje escrito. El tiempo para la realización del ejercicio será de noventa minutos. En este ejercicio se valorará los conocimientos, la claridad y orden de ideas y la capacidad de expresión escrita. Igualmente, en las preguntas que consistan en la realización de supuestos prácticos se valorará la capacidad para aplicar los conocimientos a las situaciones prácticas que se planteen, la sistemática, la capacidad de análisis y la capacidad de expresión escrita del aspirante. Tercer ejercicio: consistirá en la resolución por escrito de un supuesto práctico. Para la realización del supuesto la Comisión Permanente de Selección podrá proponer a los aspirantes la posibilidad de elegir entre dos supuestos, relacionados con materias de los bloques IV, V y VI del programa incluido en este anexo. El tiempo para la realización de este ejercicio será de tres horas. El ejercicio será posteriormente leído ante la Comisión Permanente de Selección en sesión pública. Una vez leído, la Comisión Permanente de Selección podrá realizar cuantas preguntas considere necesarias durante un período máximo de veinte minutos. En este ejercicio se valorará la capacidad para aplicar los conocimientos a las situaciones prácticas que se planteen, la sistemática, la capacidad de análisis y la capacidad de expresión escrita y oral del aspirante. 4.1.2 Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán de la siguiente manera: Primer ejercicio: de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarlo. Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el órgano de selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los criterios de corrección, valoración y superación de aquella, que no estén expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria. Segundo y tercer ejercicio: de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarlos. La Comisión Permanente de Selección fijará las puntuaciones directas mínimas necesarias para superar cada uno de los ejercicios. En cada uno de los ejercicios, las calificaciones resultarán de las puntuaciones transformadas que se derivan de los baremos establecidos por la Comisión Permanente de Selección. La calificación final de la fase de oposición de los aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los diferentes ejercicios de dicha fase. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio y, si esto no fuera suficiente, en el tercer y segundo ejercicio, por este orden. 4.2 Curso selectivo. El curso selectivo será organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública y tendrá como finalidad primordial la adquisición de conocimientos que doten a los aspirantes de la preparación específica para el ejercicio de sus funciones. El Director del Instituto Nacional de Administración Pública establecerá el calendario, programa y normas internas que regulen el curso selectivo. De conformidad a lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado, el curso selectivo incluirá un módulo sobre igualdad entre mujeres y hombres y otro sobre violencia de género. El carácter selectivo del curso exigirá la superación por los aspirantes de pruebas teóricas, prácticas o de ambos tipos en relación con las áreas básicas de formación que se impartan. El curso se calificará de 0 a 30 puntos, y será necesario para superarlo obtener, como mínimo, 15 puntos. Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho al nombramiento como funcionarios de carrera mediante una resolución motivada del Director del Instituto Nacional de Administración Pública, a propuesta del órgano responsable de la evaluación del curso selectivo. El Director del Instituto Nacional de Administración Pública elevará a la Secretaría de Estado de Función Pública las evaluaciones del curso selectivo, al objeto de que sean incorporadas a la calificación final de las pruebas selectivas. 5. Calificación final. La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en el curso selectivo. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el curso selectivo y, si esto no fuera suficiente, en el primer ejercicio, tercero y segundo, por este orden. 6. Programa. I. Organización del Estado y de la Administración pública. 1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. La reforma de la Constitución. 2. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Defensor del Pueblo. 3. El Tribunal Constitucional. Organización, composición y atribuciones. 4. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo. 5. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado. 6. El Presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno. 7. El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccional. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal. La organización judicial española. 8. La Administración General del Estado. Principios de organización y funcionamiento. Órganos centrales. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Subsecretarios. Secretarios Generales. Secretarios Generales Técnicos. Directores Generales. Subdirectores Generales. Los servicios comunes de los ministerios. 9. La Administración General del Estado. Órganos periféricos. Los Delegados del Gobierno. Los Subdelegados del Gobierno. Los Directores Insulares. 10. El sector público institucional: entidades que lo integran. La Administración consultiva: el Consejo de Estado. 11. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. Organización política y administrativa. 12. La delimitación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. Las potestades legislativas de las Comunidades Autónomas. 13. La Administración local: entidades que la integran. La provincia, el municipio y la isla. La autonomía local. El municipio: organización y competencias. La provincia: organización y competencias. II. Unión Europea. 1. La Unión Europea: Antecedentes. Objetivos y naturaleza jurídica. Los Tratados originarios y modificativos. El proceso de ampliación. 2. La Unión Europea tras el Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. Modelo político de la Unión Europea. La flexibilidad y las cooperaciones reforzadas. 3. La organización de la Unión Europea (I): el Consejo Europeo, el Consejo y la Comisión Europea. Composición y funciones. El procedimiento decisorio. La participación de los Estados miembros en las diferentes fases del proceso. 4. La organización de la Unión Europea (II): el Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas. El Banco Central Europeo. 5. El presupuesto comunitario. Los fondos estructurales. La cohesión económica y social. 6. Las fuentes del derecho de la Unión Europea. Derecho originario. Derecho derivado: Reglamentos, directivas y decisiones. Otras fuentes. Las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. 7. Políticas de la Unión Europea: mercado interior. Defensa de la competencia. Ayudas de Estado. Política económica y monetaria. Política agrícola y pesquera. Otras políticas. III. Políticas públicas. 1. Las políticas públicas: análisis, ejecución y evaluación. Control estratégico, control de gestión y control externo. Indicadores de gestión. 2. La gestión pública y la gestión privada. Nuevas formas de gestión pública. Técnicas de gestión pública: la administración por objetivos, la programación de proyectos y otros. 3. Políticas de modernización de la Administración General del Estado. La Administración electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y normativa de desarrollo. La calidad de los servicios públicos y de atención al ciudadano. 4. Política económica actual. Política presupuestaria. Evolución y distribución actual del gasto público. Política fiscal. Otras políticas económicas. 5. Política industrial, de turismo y comercio. Régimen de telecomunicaciones y desarrollo de la sociedad de la información. 6. Política ambiental. Conservación de la biodiversidad. Prevención de la contaminación y el cambio climático. Distribución de competencias. 7. La Seguridad Social: estructura y financiación. Problemas actuales y líneas de actuación. El sistema sanitario: gestión y financiación. La promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 8. El sistema educativo: estructura, gestión y financiación. La política científica y tecnológica. 9. La evolución del empleo en España. Los servicios públicos de empleo: régimen de prestaciones y políticas de empleo. 10. Política exterior y de cooperación al desarrollo. Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Plan director y planes anuales de cooperación. 11. Política de inmigración. Régimen de los extranjeros en España. Derecho de asilo y condición de refugiado. 12. El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. La Alianza para el Gobierno Abierto y los planes de acción de España. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba su estatuto. Funciones. El Portal de Transparencia. Las Unidades de Información y Transparencia (UITS). 13. La protección de datos. Régimen jurídico. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Principios y derechos. Obligaciones. El Delegado de Protección de Datos en las Administraciones Públicas. La Agencia Española de Protección de Datos. 14. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia. IV. Derecho administrativo general. 1. Las fuentes del derecho administrativo. Concepto. Clases de fuentes. La jerarquía de las fuentes. 2. La ley. Tipos de leyes. Reserva de ley. Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo. 3. El reglamento: concepto, clases y límites. Los principios generales del Derecho. Los tratados internacionales. El Derecho de la Unión Europea. 4. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Revisión, anulación y revocación. 5. Los contratos del sector público: concepto y clases. Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos del sector público. 6. Tipos de contratos: obras, gestión de servicios públicos, suministro, servicios, concesión de obras públicas y colaboración entre el sector público y el sector privado. 7. Procedimientos y formas de la actividad administrativa. La actividad de intervención, arbitral, de servicio público y de fomento. Formas de gestión de los servicios públicos. Ayudas y subvenciones públicas. 8. La expropiación forzosa: concepto, naturaleza y elementos. Procedimiento general de expropiación. Garantías jurisdiccionales. Idea general de los procedimientos especiales. El procedimiento de urgencia. 9. El régimen patrimonial de las Administraciones públicas. El dominio público. Los bienes patrimoniales del Estado. El Patrimonio Nacional. Los bienes comunales. 10. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Procedimiento de responsabilidad patrimonial. La acción de responsabilidad. 11. Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público y su normativa de desarrollo. Procedimiento administrativo común y su alcance: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. La obligación de resolver. El silencio administrativo. 12. Los derechos de los ciudadanos en el procedimiento administrativo. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. Medios de impugnación de la actuación administrativa. La revisión de oficio. Los recursos administrativos. 13. La jurisdicción contencioso-administrativa: Funciones y organización. Evolución histórica. Organización jurisdiccional. El recurso contenciosoadministrativo: las partes, capacidad, legitimación y postulación. Actos impugnables. Fases del proceso. La sentencia. V. Administración de recursos humanos. 1. El personal al servicio de las Administraciones públicas. Régimen jurídico. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa vigente. Las competencias en materia de personal. 2. Selección de personal. Los procesos selectivos en la Administración pública y su conexión con la Oferta de Empleo Público. Principios constitucionales. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario público. Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 3. Situaciones administrativas. Provisión de puestos de trabajo en la función pública. La carrera administrativa. Promoción interna. Formación y perfeccionamiento. 4. Derechos y deberes de los funcionarios. Incompatibilidades. Régimen disciplinario. 5. El sistema de retribuciones de los funcionarios. Retribuciones básicas y retribuciones complementarias. Las indemnizaciones por razón del servicio. 6. La sindicación de los funcionarios públicos. La representación de los funcionarios. Los acuerdos con las organizaciones sindicales. 7. El régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado. MUFACE y las clases pasivas: acción protectora. Concepto y clases de prestaciones. Derechos pasivos. 8. El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas. Su régimen jurídico. Los convenios colectivos en la Administración pública y la determinación de las condiciones de trabajo. El III Convenio Único para el personal laboral al servicio de la Administración General del Estado. 9. El contrato de trabajo en la Administración pública. Modalidades. Suspensión. Extinción. Sus causas. El despido. Sindicación del personal Laboral. Comités de empresa y delegados de personal. 10. El derecho de huelga y su ejercicio. La huelga en los servicios esenciales de la comunidad. Los conflictos colectivos y su solución: Especial referencia a las Administraciones públicas. VI. Gestión financiera y Seguridad Social. 1. El presupuesto. Concepto y clases. La Ley General Presupuestaria: principios generales y estructura. Las leyes de estabilidad presupuestaria. 2. Las leyes anuales de presupuestos. Su contenido. El presupuesto del Estado. Principios de programación y de gestión. Contenido, elaboración y estructura. Desglose de aplicaciones presupuestarias. 3. Gastos plurianuales. Modificaciones de los créditos iniciales. Transferencias de crédito. Créditos extraordinarios. Suplementos de crédito. Ampliaciones de créditos. Incorporaciones de créditos. Generaciones de créditos. 4. Contabilidad pública. Concepto. El Plan General de Contabilidad Pública: Fines, objetivos, ámbito de aplicación y características. La Cuenta General del Estado. 5. Control del gasto público en España. La Intervención General de la Administración del Estado. Función interventora, control financiero permanente y auditoría pública. El Tribunal de Cuentas. 6. El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto.. Órganos competentes. Fases del procedimiento y su relación con la actuación administrativa. Especial referencia a la contratación administrativa y la gestión de subvenciones. Documentos contables que intervienen en la ejecución de los gastos y de los pagos. Gestión de la tesorería del Estado. 7. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de inversión. Gastos de transferencias: corrientes y de capital. Anticipos de caja fija. Pagos «a justificar». Justificación de libramientos. 8. Los ingresos públicos: concepto y clasificación. El sistema tributario español: régimen actual. Especial referencia al régimen de tasas y precios públicos. 9. Nóminas: estructura y normas de confección. Altas y bajas, su justificación. Ingresos en formalización. Devengo y liquidación de derechos económicos. 10. La Seguridad Social: evolución. Caracteres generales del sistema español. El régimen general y los regímenes especiales. La acción protectora de la Seguridad Social. Tipos y características de las prestaciones. Régimen de incompatibilidades. Prescripción y caducidad. Reintegro de las prestaciones indebidas. ANEXO VIII Normas específicas de la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna para personal funcionario y personal laboral fijo, al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado 1. El conjunto total de plazas por cubrir en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado por el sistema de promoción interna será de 200 plazas. Del total de las plazas convocadas, se reservarán 11 para ser cubiertas por personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 2. Además de los requisitos generales enumerados en la base décima de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos específicos: 2.1 Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, según lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre. Asimismo, a estos efectos, se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos completos de Licenciatura, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho de la Unión Europea. 2.2 Pertenecer, como personal funcionario de carrera o como personal laboral fijo, a alguno de los siguientes colectivos: 2.2.1 Personal funcionario de carrera. a) Funcionarios de carrera de cuerpos o escalas del subgrupo C1 de la Administración General del Estado (cuerpos o escalas del antiguo grupo C de la Ley 30/1984, de 2 de agosto). b) Funcionarios de carrera de cuerpos o escalas postales y telegráficos adscritos al subgrupo C1 (cuerpos o escalas postales y telegráficos del antiguo grupo C). c) Funcionarios de carrera de cuerpos y escalas del subgrupo C1 de las demás Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que estén desempeñando como funcionario de carrera un puesto de trabajo en la Administración General del Estado y hayan obtenido destino definitivo en la misma (cuerpos o escalas de las demás Administraciones del antiguo grupo C). 2.2.2 Personal laboral fijo (excluido el personal laboral indefinido no fijo): a) Podrá participar el personal laboral fijo que pertenezca a la categoría profesional de Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes del grupo profesional 2 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado y desarrolle funciones de gestión de recursos humanos, de gestión económica o de gestión administrativa en los términos previstos en el anexo III del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. b) Podrá participar, asimismo, el personal laboral fijo de la Administración General del Estado, sus organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquella que pertenezca a categorías y grupos profesionales equivalentes a las descritas anteriormente respecto del III Convenio Único y desarrolle funciones de gestión de recursos humanos, de gestión económica o de gestión administrativa en los términos previstos en el anexo III del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. No se considerarán en ningún caso funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional ni en su nivel técnico, con las propias del Cuerpo de Gestión de la Administración del Estado, las demás actividades y tareas a todos los niveles de responsabilidad y cualificación (gerencial, técnica, operativa o puramente instrumental) comprendidas dentro del Área de Gestión y Servicios comunes, precisadas en el citado anexo III del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 2.3 Haber prestado servicios efectivos durante, al menos, dos años: 2.3.1 En el caso del personal funcionario de carrera, como funcionario de carrera en alguno de los cuerpos o escalas del subgrupo C1 mencionados y en los términos previstos en el punto 2.2.1 de este anexo. 2.3.2 En el caso del personal laboral fijo, como personal laboral fijo (excluido el tiempo como personal laboral indefinido no fijo) en la categoría profesional de Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes del grupo profesional 2 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado o en categorías y grupos profesionales equivalentes al servicio de la Administración General del Estado, sus organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, desarrollando, en ambos casos, funciones de gestión de recursos humanos, de gestión económica o de gestión administrativa, en los términos previstos en el anexo III del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, incluidos los prestados en puestos que hayan sido encuadrados en aquellas. 2.4 La acreditación de los requisitos establecidos en los puntos 2.2 y 2.3 se realizará mediante el certificado regulado en el punto 4.2.2 del presente anexo. 3. Además de las instrucciones generales de cumplimentación de solicitudes que figuran en el apartado 6 de las bases específicas de esta convocatoria, los aspirantes deberán observar las siguientes instrucciones específicas: – En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», los aspirantes harán constar «Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado», código «1122». – En el recuadro 17, «Forma de Acceso», se consignarán la letra «P». – En el epígrafe 24, «Títulos académicos oficiales», en el recuadro «Exigido en la convocatoria», se indicará, de las siguientes opciones, el dígito que corresponda, de acuerdo con la titulación académica superior que posea el aspirante, con independencia de la exigida para el ingreso en este cuerpo: Dígito «1»: Título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Dígito «2»: Título de Grado. Dígito «3»: Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. – En el epígrafe 25, «Datos a consignar según las bases de la convocatoria»: En el recuadro A), se especificará, en el caso del personal funcionario, el código de cuatro dígitos del cuerpo o escala a que pertenece el aspirante. En el caso del personal laboral fijo, el grupo profesional, categoría y, en su caso, el convenio del aspirante. En el recuadro B) el ministerio u organismo de destino. En el C) el centro directivo. – Los derechos de examen serán de 11,32 euros y de 5,66 euros para las familias numerosas de categoría general. 4. El sistema selectivo será el de concurso-oposición. El proceso selectivo se desarrollará con arreglo a las siguientes fases: una primera fase de oposición y una segunda fase de concurso. Los aspirantes que superen la fase de concurso-oposición tendrán que participar en un curso selectivo de formación. 4.1 Fase de oposición. La fase de oposición constará de los dos ejercicios que a continuación se indican, ambos obligatorios y eliminatorios. 4.1.1 Primer ejercicio: consistirá en contestar un cuestionario de un máximo de 100 preguntas sobre las materias contenidas en el programa, y podrán preverse 3 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 100 anteriores. El cuestionario estará compuesto por preguntas con respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas es la correcta. Para su realización, los aspirantes deberán señalar en la hoja de examen las opciones de respuesta que estimen válidas de acuerdo con las instrucciones que se faciliten. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de una contestación. Las respuestas en blanco no penalizan. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de noventa minutos. 4.1.2 Segundo ejercicio: consistirá en la resolución por escrito de un supuesto práctico elegido entre dos propuestos por la Comisión Permanente de Selección. Dicho supuesto expondrá una serie de hechos relacionados con la actividad de la Administración, planteando a continuación hasta un máximo de 10 preguntas relacionadas con las materias de los bloques III y IV del programa incluido en estas normas específicas. El tiempo para la realización de este ejercicio será de tres horas. El ejercicio será posteriormente leído ante la Comisión Permanente de Selección en sesión pública. Una vez leído, la Comisión Permanente de Selección podrá realizar cuantas preguntas considere necesarias durante un período máximo de veinte minutos. En este ejercicio se valorará la capacidad para aplicar los conocimientos a las situaciones prácticas que se planteen, la sistemática, la capacidad de análisis y la capacidad de expresión escrita y oral del aspirante. 4.1.3 Calificación de la fase de oposición: Primer ejercicio: se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarlo. Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el órgano de selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los criterios de corrección, valoración y superación de la misma, que no estén expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria. Segundo ejercicio: se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarlo. La Comisión Permanente de Selección fijará las puntuaciones directas mínimas necesarias para superar cada uno de los ejercicios. En ambos ejercicios de la fase de oposición las calificaciones resultarán de las puntuaciones transformadas que se derivan de los baremos establecidos por la Comisión Permanente de Selección. La calificación de la fase de oposición de los aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los diferentes ejercicios de dicha fase. Los aspirantes que hubieran superado el primer ejercicio y, presentados al segundo, no hubieran alcanzado la puntuación mínima establecida por la Comisión Permanente de Selección para superar dicho ejercicio quedarán exentos de realizar el primer ejercicio en la convocatoria inmediatamente siguiente, y se les computará una puntuación equivalente a la obtenida, siempre y cuando este ejercicio sea idéntico en el contenido del temario y en la forma de calificación, salvo actualización normativa. No obstante, si los aspirantes optan por realizar el ejercicio del que hubieran quedado exentos, quedará sin efecto el resultado obtenido en aquel en la convocatoria inmediatamente anterior. Para hacer uso de este derecho, deberán presentar solicitud de participación a las pruebas selectivas. 4.2 Fase de concurso y certificado de requisitos y méritos. 4.2.1 Finalizada la fase de oposición, los aspirantes que la hubieran superado dispondrán de un plazo de 20 días hábiles para presentar el certificado de requisitos y méritos debidamente expedido por los servicios de personal del ministerio, organismo, agencia o entidad donde presten o hayan prestado sus servicios, de conformidad con lo previsto en la base decimoctava de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio. El personal laboral fijo indicado en el punto 2.2.2 b) deberá acompañar al certificado de requisitos y méritos, a efectos de su expediente personal, copia de su contrato de trabajo y de la documentación relativa a su acceso a la condición de empleado público fijo. 4.2.2 Acreditación de requisitos. El certificado de requisitos y méritos habrá de contener la acreditación de los requisitos específicos contenidos en los puntos 2.2 y 2.3 de estas normas específicas. El certificado de requisitos y méritos se adjunta en los anexos de esta convocatoria. En el anexo XVIII se incluye el modelo que debe cumplimentar el personal funcionario de carrera, y en el anexo XIX el modelo que corresponde al personal laboral fijo. 4.2.3 Fase de concurso. En esta fase se valorarán, mediante el certificado de requisitos y méritos previsto en el punto 4.2.1 de este anexo, los siguientes méritos: Personal funcionario de carrera. a) Antigüedad: se valorará la antigüedad del funcionario, hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, en cuerpos y escalas de la Administración General del Estado, en cuerpos y escalas postales y telegráficos y en cuerpos y escalas de las demás Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con destino definitivo en la Administración General del Estado, teniendo en cuenta los servicios efectivos prestados y/o reconocidos hasta la fecha de publicación de esta convocatoria al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, a razón de 1 punto por año completo de servicios, hasta un máximo de 28 puntos. b) Grado personal consolidado y formalizado: según el grado personal que se tenga consolidado el día de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y formalizado en la Administración General del Estado, a través del acuerdo de reconocimiento de grado por la autoridad competente, hasta la fecha de finalización del plazo de presentación del certificado de requisitos y méritos, se otorgará la siguiente puntuación: Grados 14 e inferiores: 2 puntos. Grados 15 a 17: 6 puntos. Grados 18 a 20: 9 puntos. Grados 21 o superiores: 13 puntos. Asimismo, se otorgarán 2 puntos a aquellos funcionarios que en la fecha de publicación de la convocatoria no tengan ningún grado consolidado y formalizado en la Administración General del Estado, y hayan prestado servicios efectivos, como funcionario de carrera, durante al menos dos años. c) Trabajo desarrollado: según el nivel de complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe con carácter definitivo en la Administración General del Estado o en los Órganos Constitucionales el día de publicación de esta convocatoria, como funcionario del subgrupo C1, se otorgará la siguiente puntuación: Niveles 15 e inferiores: 3 puntos. Niveles del 16 al 17: 7 puntos. Niveles del 18 al 20: 10 puntos. Niveles 21 o superiores: 14 puntos. La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modificada por posteriores reclasificaciones de nivel, con independencia de sus efectos económicos. A los funcionarios en comisión de servicios, se les valorará el nivel de complemento de destino de su puesto de origen, y a los funcionarios en adscripción provisional se les valorará el nivel correspondiente al grado que tengan consolidado o, si no lo tuvieran, el nivel mínimo del subgrupo C1. A los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia por el cuidado de familiares, se les valorará el nivel del puesto reservado en la Administración General del Estado u Órganos Constitucionales, y a los funcionarios en la situación de servicios especiales con derecho a reserva de puesto en la Administración General del Estado u Órganos Constitucionales, el nivel del puesto de trabajo en que les correspondería al efectuar el reingreso. A los funcionarios que se encuentren desempeñando un puesto de trabajo en situación de servicio activo en Órganos Constitucionales, con carácter definitivo, se les valorará el nivel de complemento de destino correspondiente a dicho puesto. Asimismo, se otorgarán 3 puntos a los funcionarios de cuerpos y escalas de la Administración General del Estado con destino en otras Administraciones o en otros organismos, no mencionados en los párrafos anteriores, y a los funcionarios de cuerpos y escalas postales y telegráficos que no tengan destino en la Administración General del Estado. d) Cursos de formación: se valorará un máximo de seis cursos de formación, recibidos y acreditados en los últimos cinco años y hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones propias del cuerpo al que se pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública, por otros institutos de Administración pública o por organizaciones sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas). Se valorará 0,5 puntos por curso, hasta una puntuación máxima de 3 puntos. No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas de duración. Asimismo, no se valorarán los inferiores a 15 horas lectivas, los pertenecientes a una carrera universitaria, los de doctorado, los derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios y similares. Este mérito se acreditará por las unidades de personal mediante el certificado de requisitos y méritos. A estos a efectos, el aspirante deberá presentar a la unidad de personal la documentación que acredite los cursos de formación a valorar. e) Superación de los dos ejercicios de la convocatoria del año 2016: 3 puntos. Este mérito se valorará de oficio por la Administración a aquellos candidatos que en la fase de oposición de la citada convocatoria hubiesen alcanzado la puntuación mínima fijada por la Comisión Permanente de Selección y, al no reunir méritos suficientes en la fase de concurso, no hubieran obtenido plaza, de acuerdo con lo establecido en la Orden HAP/998/2016, de 17 de junio, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso o acceso en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, y se encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección. Personal laboral fijo. a) Antigüedad: se valorará la antigüedad total del empleado público, hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, en la Administración General del Estado o en organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, a razón de 1 punto por año completo de servicios, hasta un máximo de 28 puntos. b) Categoría profesional: según el tiempo de pertenencia como personal laboral fijo, hasta la fecha de publicación de la convocatoria, en la categoría profesional de Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes del grupo profesional 2 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, o en categorías y grupos profesionales equivalentes al servicio de la Administración General del Estado, sus organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, desarrollando, en ambos casos, funciones de gestión de recursos humanos, o de gestión económica o de gestión administrativa, incluidos los servicios prestados en puestos que hayan sido encuadrados en aquellas. Se valorarán con 5 puntos los dos primeros años completos de servicios, y con 1 punto adicional cada año completo de servicios desde el tercer año, hasta un máximo de 24 puntos. c) Superación de pruebas selectivas para acceder a la condición de personal laboral fijo: 3 puntos. d) Cursos de formación: se valorará un máximo de seis cursos de formación, recibidos y acreditados en los últimos cinco años y hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones propias del cuerpo al que se pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública, por otros institutos de Administración pública o por organizaciones sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo en las Administraciones Púbicas (IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas). Se valorará 0,5 puntos por curso, hasta una puntuación máxima de 3 puntos. No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas de duración. Asimismo, no se valorarán los inferiores a 15 horas lectivas, los pertenecientes a una carrera universitaria, los de doctorado, los derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios y similares. Este mérito se acreditará por las unidades de personal mediante el certificado de requisitos y méritos. A estos a efectos, el aspirante deberá presentar a la unidad de personal la documentación que acredite los cursos de formación a valorar. e) Superación de los dos ejercicios de la convocatoria del año 2016: 3 puntos. Este mérito se valorará de oficio por la Administración a aquellos candidatos que en la fase de oposición de la citada convocatoria hubiesen alcanzado la puntuación mínima fijada por la Comisión Permanente de Selección y, al no reunir méritos suficientes en la fase de concurso, no hubieran obtenido plaza, de acuerdo con lo establecido en la Orden HAP/998/2016, de 17 de junio, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso o acceso en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, y se encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección. 5. Calificación del concurso-oposición. La calificación vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 5.1 Personal funcionario de carrera: Primero: la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición; segundo: la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición; tercero: la mayor puntuación obtenida en la valoración del mérito de antigüedad; cuarto: la mayor puntuación obtenida en la valoración del grado personal consolidado; quinto: la mayor puntuación obtenida en la valoración del trabajo desarrollado; sexto: la mayor puntuación obtenida en la valoración de los cursos de formación. De persistir el empate, se atenderá a la antigüedad total en la Administración General del Estado, y se computarán los años, meses y días de servicio que consten en el Registro Central de Personal al día de publicación de esta convocatoria. 5.2 Personal laboral fijo: Primero: la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición; segundo: la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición; tercero: la mayor puntuación obtenida en la valoración del mérito de antigüedad; cuarto: la mayor puntuación obtenida en la valoración del mérito de categoría profesional; quinto: la mayor puntuación obtenida en la valoración de los cursos de formación. De persistir el empate, se atenderá a la antigüedad total en la Administración General del Estado, y se computarán los años, meses y días de servicio que consten en el Registro Central de Personal al día de publicación de esta convocatoria. En el caso de que no consten estos datos en el citado Registro, serán las unidades de personal correspondientes las que acreditarán los referidos datos al día de publicación de la convocatoria. 5.3 Personal funcionario y personal laboral fijo: Se atenderá a la antigüedad total en la Administración General del Estado, y se computarán los años, meses y días de servicio que consten en el Registro Central de Personal al día de publicación de esta convocatoria. En el caso de que no consten estos datos en el citado Registro, serán las unidades de personal correspondientes las que acreditarán los referidos datos al día de publicación de la convocatoria. 6. Curso selectivo. Los aspirantes que superen la fase de concurso-oposición deberán participar en un curso selectivo de formación organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública. El curso selectivo tendrá como finalidad primordial la adquisición de conocimientos que doten a los aspirantes de la preparación específica para el ejercicio de sus funciones. El Director del Instituto Nacional de Administración Pública establecerá el calendario, programa y normas internas que regulen el curso selectivo. De conformidad a lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado, el curso selectivo incluirá un módulo sobre igualdad entre mujeres y hombres y otro sobre violencia de género. El carácter selectivo del curso exigirá la superación por los aspirantes de pruebas teóricas, prácticas o de ambos tipos en relación con las áreas básicas de formación que se impartan. El curso se calificará de 0 a 30 puntos, y será necesario para superarlo obtener, como mínimo, 15 puntos. Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho al nombramiento como funcionarios de carrera mediante una resolución motivada del Director del Instituto Nacional de Administración Pública, a propuesta del órgano responsable de la evaluación del curso selectivo. El Director del Instituto Nacional de Administración Pública elevará a la Secretaría de Estado de Función Pública las evaluaciones del curso selectivo, al objeto de que sean incorporadas a la calificación final de las pruebas selectivas. 7. Calificación final. La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, en la fase de concurso y en el curso selectivo. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el curso selectivo, y si esto no fuera suficiente, en el segundo ejercicio, y primero, por este orden. 8. Programa. I. Organización del Estado y Unión Europea. 1. El Gobierno. Organización y competencias. La Administración General del Estado. Principios de organización y funcionamiento. Órganos superiores y directivos. Los servicios comunes de los ministerios. 2. Órganos territoriales de la Administración del Estado. Los Delegados del Gobierno. Los Subdelegados del Gobierno. Los Directores Insulares. La Administración del Estado en el Exterior. 3. El sector público institucional: entidades que lo integran. 4. La Unión Europea: antecedentes y situación actual. Tratados originarios y modificativos. El proceso de ampliación. 5. La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. Procedimiento decisorio y financiación. La participación de los Estados miembros. 6. Las fuentes del derecho de la Unión Europea. Derecho originario. Derecho derivado: reglamentos, directivas y decisiones. Otras fuentes. Las relaciones entre el derecho de la Unión Europea y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. 7. Políticas de la Unión Europea: mercado interior. Política exterior y de seguridad común. El espacio de seguridad, libertad y justicia. Política regional. Otras políticas. II. Políticas públicas. 1. Políticas de modernización de la Administración General del Estado. La Administración electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y normativa de desarrollo. La calidad de los servicios públicos y de atención al ciudadano. 2. Política económica actual. Política presupuestaria. Evolución y distribución actual del gasto público. Política fiscal. Otras políticas económicas. 3. Política ambiental. Conservación de la biodiversidad. Prevención de la contaminación y el cambio climático. Distribución de competencias. 4. La Seguridad Social: estructura y financiación. Problemas actuales y líneas de actuación. El sistema sanitario: gestión y financiación. La promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 5. El sistema educativo: estructura, gestión y financiación. La política científica y tecnológica. 6. Política de inmigración. Régimen de los extranjeros en España. Derecho de asilo y condición de refugiado. 7. Política exterior y de cooperación al desarrollo. Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Plan director y planes anuales de cooperación. 8. La protección de datos. Régimen jurídico. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Principios y derechos. Obligaciones. El Delegado de Protección de Datos en las Administraciones Públicas. La Agencia Española de Protección de Datos. 9. El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. La Alianza para el Gobierno Abierto y los planes de acción de España. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba su estatuto. Funciones. El Portal de Transparencia. Las Unidades de Información y Transparencia (UITS). 10. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia. III. Derecho administrativo general. 1. Las fuentes del derecho administrativo. La ley. Tipos de leyes. Reserva de ley. Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo. 2. El Reglamento: concepto, clases y límites. Los principios generales del Derecho. Los tratados internacionales. El derecho de la Unión Europea. 3. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Revisión, anulación y revocación. 4. Los contratos del sector público: concepto. Estudio de sus elementos. Cumplimiento e incumplimiento. Tipos de contratos. 5. Procedimientos y formas de la actividad administrativa. La actividad de limitación, arbitral, de servicio público y de fomento. Formas de gestión de los servicios públicos. Ayudas y subvenciones públicas. 6. La expropiación forzosa: concepto, naturaleza y elementos. Procedimiento general de expropiación. Garantías jurisdiccionales. El procedimiento de urgencia. 7. El régimen patrimonial de las Administraciones públicas. El dominio público. Los bienes patrimoniales del Estado. El Patrimonio Nacional. Los bienes comunales. 8. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Procedimiento de responsabilidad patrimonial. La acción de responsabilidad. 9. Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público y su normativa de desarrollo. Procedimiento administrativo común y su alcance. Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. La obligación de resolver. El silencio administrativo. 10. Los derechos de los ciudadanos en el procedimiento administrativo. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. La Administración electrónica. Medios de impugnación de la actuación administrativa. La revisión de oficio. Los recursos administrativos. 11. La jurisdicción contencioso-administrativa: funciones y organización. El recurso contenciosoadministrativo: las partes, capacidad, legitimación y postulación. Actos impugnables. Fases del proceso. La sentencia. 12. El personal al servicio de las Administraciones públicas. Régimen jurídico. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa concordante. Las competencias en materia de personal. IV. Gestión financiera. 1. El presupuesto. Concepto y clases. La Ley General Presupuestaria: principios generales y estructura. Las leyes de estabilidad presupuestaria. 2. Las leyes anuales de presupuestos. Su contenido. El presupuesto del Estado. Principios de programación y de gestión. Contenido, elaboración y estructura. Desglose de aplicaciones presupuestarias. 3. Gastos plurianuales. Modificaciones de los créditos iniciales. Transferencias de crédito. Créditos extraordinarios. Suplementos de crédito. Ampliaciones de créditos. Incorporaciones de créditos. Generaciones de créditos. 4. Control del gasto público en España. La Intervención General de la Administración del Estado. Función interventora, control financiero permanente y auditoría pública. El Tribunal de Cuentas. 5. El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto. Órganos competentes. Fases del procedimiento y su relación con la actividad administrativa. Especial referencia a la contratación administrativa y la gestión de subvenciones. Documentos contables que intervienen en la ejecución de los gastos y de los pagos. Gestión de la tesorería del Estado. 6. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de inversión. Gastos de transferencias: corrientes y de capital. Anticipos de caja fija. Pagos «a justificar». Justificación de libramientos. 7. Los ingresos públicos: concepto y clasificación. El sistema tributario español: Régimen actual. Especial referencia al régimen de tasas y precios públicos. 8. Retribuciones de los funcionarios públicos. Nóminas: estructura y normas de confección. Altas y bajas, su justificación. Ingresos en formalización. Devengo y liquidación de derechos económicos. ANEXO IX Normas específicas de la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso libre al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado 1. El conjunto total de plazas por cubrir en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado por el sistema general de ingreso libre será de 200 plazas. Del total de estas plazas, se reservarán 11 para ser cubiertas por personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 2. Además de los requisitos enumerados en la base décima de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos específicos: estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, según lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre. Asimismo, a estos efectos, se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos completos de Licenciatura, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho de la Unión Europea. 3. Además de las instrucciones generales de cumplimentación de solicitudes que figuran en el apartado 6 de las bases específicas de esta convocatoria, los aspirantes deberán observar las siguientes: – En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», los aspirantes harán constar «Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado», código «1177». – En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará la letra «L». – En el epígrafe 24, «Títulos académicos oficiales», en el recuadro «Exigido en la convocatoria», se indicará, de las siguientes opciones, el dígito que corresponda, de acuerdo con la titulación académica superior que posea el aspirante, con independencia de la exigida para el ingreso en este cuerpo: Dígito «1»: Título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Dígito «2»: Título de Grado. Dígito «3»: Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. – Los derechos de examen serán de 22,64 euros y de 11,32 euros para las familias numerosas de categoría general. 4. Proceso de selección y valoración. El proceso selectivo consistirá en una fase de oposición y en un curso selectivo con las pruebas y puntuaciones que se especifican a continuación. 4.1 Fase de oposición. 4.1.1 La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios obligatorios y eliminatorios: Primer ejercicio: consistirá en contestar por escrito un cuestionario de un máximo de 100 preguntas basado en las materias del temario que figura en el programa de estas normas específicas, y podrán preverse 3 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 100 preguntas anteriores. El cuestionario estará compuesto por preguntas con respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas es correcta. Para su realización, los aspirantes deberán señalar en la hoja de examen las opciones de respuesta que estimen válidas de acuerdo con las instrucciones que se faciliten. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de una contestación. Las respuestas en blanco no penalizan. El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de noventa minutos. Segundo ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito un cuestionario de 15 preguntas y supuestos prácticos propuesto por la Comisión Permanente de Selección sobre el programa que figura en estas normas específicas. El ejercicio deberá escribirse de tal modo que permita su lectura por cualquier miembro de la Comisión Permanente de Selección o sus Comisiones Delegadas, evitando la utilización de abreviaturas o signos no usuales en el lenguaje escrito. El tiempo para la realización del ejercicio será de noventa minutos. En este ejercicio se valorarán los conocimientos generales, la claridad y orden de ideas y la capacidad de expresión escrita. Igualmente, en las preguntas que consistan en la realización de supuestos prácticos se valorará la capacidad para aplicar los conocimientos a las situaciones prácticas que se planteen, la sistemática, la capacidad de análisis y la capacidad de expresión escrita del aspirante. Tercer ejercicio: consistirá en la resolución, por escrito de un supuesto práctico. Para la realización del supuesto, la Comisión Permanente de Selección podrá proponer a los aspirantes la posibilidad de elegir entre dos supuestos, relacionados con materias de los bloques I, II, III y IV del programa incluido en este anexo. El tiempo para la realización del ejercicio será de tres horas. Este ejercicio será posteriormente leído ante la Comisión Permanente de Selección en sesión pública, la cual podrá realizar cuantas preguntas considere necesarias durante un período máximo de veinte minutos. En este ejercicio se valorará la calidad técnica de la solución propuesta, la sistemática, la capacidad de análisis y la capacidad de expresión escrita y oral del aspirante. 4.1.2 Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán de la siguiente manera: Primer ejercicio: de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarlo. Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el órgano de selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los criterios de corrección, valoración y superación de aquella, que no estén expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria. Segundo y tercero: de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarlos. La Comisión Permanente de Selección fijará las puntuaciones directas mínimas necesarias para superar cada uno de los ejercicios. En cada uno de los ejercicios, las calificaciones resultarán de las puntuaciones transformadas que se derivan de los baremos establecidos por la Comisión Permanente de Selección. La calificación de la fase de oposición de los aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los diferentes ejercicios de dicha fase. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio y, si esto no fuera suficiente, en el tercer y segundo ejercicio, por este orden. 4.2 Curso selectivo. Los aspirantes que superen la fase de oposición deberán participar en un curso selectivo de formación organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública, que tendrá como finalidad primordial la adquisición de conocimientos que doten a los aspirantes de la preparación específica para el ejercicio de sus funciones. El Director del Instituto Nacional de Administración Pública establecerá el calendario, programa y normas internas que regulen el curso selectivo. De conformidad a lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado, el curso selectivo incluirá un módulo sobre igualdad entre mujeres y hombres y otro sobre violencia de género. El carácter selectivo del curso exigirá la superación por los aspirantes de pruebas teóricas, prácticas o de ambos tipos en relación con las áreas básicas de formación que se impartan. El curso se calificará de cero a 30 puntos, y será necesario para superarlo obtener, como mínimo, 15 puntos. Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho al nombramiento como funcionarios de carrera mediante una resolución motivada del Director del Instituto Nacional de Administración Pública, a propuesta del órgano responsable de la evaluación del curso selectivo. El Instituto Nacional de Administración Pública elevará a la Secretaría de Estado de Función Pública las evaluaciones del curso selectivo, al objeto de que sean incorporadas a la calificación final de las pruebas selectivas. 5. Calificación final. La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en el curso selectivo. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el curso selectivo y, si esto no fuera suficiente, en el primer ejercicio, tercero y segundo, por este orden. 6. Programa. Bloque I. Organización del Estado y Administración electrónica. 1. La Constitución Española de 1978. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. 2. Las Cortes Generales. Atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado. El Tribunal Constitucional: composición y atribuciones. El Defensor del Pueblo. 3. El Gobierno. Su composición. Nombramiento y cese. Las funciones del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. 4. El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. La Alianza para el Gobierno Abierto y los planes de acción de España. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba su estatuto. Funciones. El Portal de Transparencia. Las Unidades de Información y Transparencia (UITS). 5. La Administración pública: principios constitucionales informadores. La Administración General del Estado: organización y personal a su servicio. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa vigente. Las Comunidades Autónomas y la Administración local: regulación constitucional. 6. Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La ley. Las Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo. El reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho administrativo. 7. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia. 8. La sociedad de la información. La Agenda Digital para España. Identidad y firma electrónica: régimen jurídico. Reglamento eIDAS. El DNI electrónico. 9. La protección de datos personales. Régimen jurídico. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Principios y derechos. Obligaciones. El Delegado de Protección de Datos en las Administraciones Públicas. La Agencia Española de Protección de Datos. 10. Las Leyes de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público y su normativa de desarrollo. La gestión electrónica de los procedimientos administrativos. Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). Normas técnicas de interoperabilidad. Guías CCN-STIC serie 800. 11. Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones públicas: sedes electrónicas, canales y punto de acceso, identificación y autenticación. Datos abiertos. Normativa vigente de reutilización de la información del sector público. 12. Instrumentos y órganos para la cooperación entre Administraciones públicas en materia de Administración electrónica. Infraestructuras y servicios comunes. Plataformas de validación e interconexión de redes. Bloque II. Tecnología básica. 1. Tecnologías actuales de ordenadores: de los dispositivos móviles a los superordenadores y arquitecturas escalables y de altas prestaciones. Computación en la nube. Base tecnológica. Componentes, funcionalidades y capacidades. 2. Conceptos de sistemas operativos: Características, evolución y tendencias. Estructura, componentes y funciones. Sistemas operativos multiprocesador. 3. Características técnicas y funcionales de los sistemas operativos: Windows, Linux, Unix y otros. Sistemas operativos para dispositivos móviles. 4. Características técnicas de los lenguajes y paradigmas actuales de programación. 5. Inteligencia de negocios: cuadros de mando integral, sistemas de soporte a las decisiones, sistemas de información ejecutiva y almacenes de datos. OLTP y OLAP. 6. Sistemas de gestión de bases de datos relacionales: características y elementos constitutivos. Antecedentes históricos. El lenguaje SQL. Estándares de conectividad: ODBC y JDBC. 7. Arquitectura de sistemas cliente-servidor y multicapas: tipología. Componentes. Interoperabilidad de componentes. Ventajas e inconvenientes. Arquitectura de servicios web. 8. El modelo TCP/IP y el modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO: arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento. 9. Lenguajes de marca o etiqueta. Características y funcionalidades. SGML, HTML, XML y sus derivaciones. Lenguajes de script. 10. Análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información. La metodología MAGERIT: método, elementos y técnicas. 11. Auditoría Informática: objetivos, alcance y metodología. Técnicas y herramientas. Normas y estándares. Auditoría del ENS y de protección de datos. Auditoría de seguridad física. 12. Gestión de la atención a clientes y usuarios: centros de contacto, CRM. Arquitectura multicanal. Sistemas de respuesta de voz interactiva (IVR). Voice XML. 13. Seguridad física y lógica de un sistema de información. Herramientas en ciberseguridad. Gestión de incidentes. Informática forense. 14. Software libre y software propietario. Características y tipos de licencias. La protección jurídica de los programas de ordenador. Tecnologías de protección de derechos digitales. 15. Técnicas de evaluación de alternativas y análisis de viabilidad. Personal, procedimientos, datos, software y hardware. Presupuestación y control de costes de un proyecto informático. 16. Documática. Gestión y archivo electrónico de documentos. Sistemas de gestión documental y de contenidos. Sindicación de contenido. Sistemas de gestión de flujos de trabajos. Búsqueda de información: robots, spiders, otros. Posicionamiento y buscadores (SEO). Bloque III. Desarrollo de sistemas. 1. Concepto del ciclo de vida de los sistemas y fases. Modelos de ciclo de vida. 2. Gestión del proceso de desarrollo: objetivos, actores y actividades. Técnicas y prácticas de gestión de proyectos. 3. Planificación del desarrollo. Técnicas de planificación. Metodologías de desarrollo. La metodología Métrica. 4. Estrategias de determinación de requerimientos: entrevistas, derivación de sistemas existentes, análisis y prototipos. La especificación de requisitos de software. 5. Análisis estructurado. Diagramas de flujo de datos. Diagramas de estructura. Diccionario de datos. Flujogramas. 6. Modelización conceptual. El modelo Entidad/Relación extendido (E/R): elementos. Reglas de modelización. Validación y construcción de modelos de datos. 7. Diseño de bases de datos. La arquitectura ANSI/SPARC. El modelo lógico relacional. Normalización. Diseño lógico. Diseño físico. Problemas de concurrencia de acceso. Mecanismos de resolución de conflictos. 8. Tipos abstractos de datos y estructuras de datos. Grafos. Tipos de algoritmos: ordenación y búsqueda. Estrategias de diseño de algoritmos. Organizaciones de ficheros. 9. Diseño de programas. Diseño estructurado. Análisis de transformación y de transacción. Cohesión y acoplamiento. 10. Construcción del sistema. Entornos de construcción y generación de código. Estándares de documentación. Manuales de usuario y manuales técnicos. Formación de usuarios y personal técnico: métodos y materiales. 11. Pruebas. Planificación y documentación. Utilización de datos de prueba. Pruebas de software, hardware, procedimientos y datos. 12. Instalación y cambio. Estrategias de sustitución. Recepción e instalación. Evaluación post-implementación. Mantenimiento. 13. Análisis y diseño orientado a objetos. Elementos. El proceso unificado de software. El lenguaje de modelado unificado (UML). Patrones de diseño. 14. La arquitectura Java EE. Características de funcionamiento. Elementos constitutivos. Productos y herramientas. Persistencia. Seguridad. 15. La plataforma.Net. Modelo de programación. Servicios. Herramientas. Persistencia. Seguridad. 16. Aplicaciones web. Diseño web multiplataforma/multidispositivo. Desarrollo web front-end y en servidor. Tecnologías de programación: JavaScript, applets, servlets, ASP, JSP y PHP. Servicios web: estándares, protocolos asociados, interoperabilidad y seguridad. Internacionalización y localización. 17. La calidad del software y su medida. Modelos, métricas, normas y estándares. 18. Accesibilidad, diseño universal y usabilidad. Accesibilidad y usabilidad de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información. Experiencia de Usuario o UX. La Guía de comunicación digital de la Administración del Estado. 19. Minería de datos. Aplicación a la resolución de problemas de gestión. Tecnología y algoritmos. Procesamiento analítico en línea (OLAP). Big data. Bases de datos NoSQL. Bloque IV. Sistemas y comunicaciones. 1. Administración del Sistema operativo y software de base. Funciones y responsabilidades. 2. Administración de sistemas de gestión de bases de datos. Funciones Y responsabilidades. Administración de datos. 3. Prácticas de mantenimiento de equipos e instalaciones. Tipos de mantenimiento. Monitorización y gestión de capacidad. 4. Gestión de la configuración. Gestión de librerías de programas y de medios magnéticos. Control de cambios y de versiones. Los lenguajes de control de trabajos. Las técnicas y herramientas de operación automática. 5. Control de la ejecución de los trabajos. Evaluación del rendimiento. Planificación de la capacidad. Análisis de la carga. Herramientas y técnicas utilizables. 6. Almacenamiento masivo de datos. Sistemas SAN, NAS y DAS: componentes, protocolos, gestión y administración. Virtualización del almacenamiento. Gestión de volúmenes. 7. Medios de transmisión guiados y no guiados (inalámbricos). Cables metálicos. Cable coaxial. Fibra óptica. Tipología de redes de cable. Sistemas de transmisión por satélite. 8. Redes locales. Tipología. Técnicas de transmisión. Métodos de acceso. Dispositivos de interconexión. 9. Administración de redes locales. Gestión de usuarios. Gestión de dispositivos. Monitorización y control de tráfico. Gestión SNMP. Gestión de incidencias. 10. Principales protocolos de la arquitectura de comunicaciones TCP/IP. 11. Planificación física de un centro de tratamiento de la información. Vulnerabilidades, riesgo y protección. Dimensionamiento de equipos. Factores a considerar. Virtualización de plataforma y de recursos. Virtualización de puestos de trabajo. 12. Redes conmutadas y de difusión. Conmutación de circuitos y de paquetes. Integración voz-datos. Protocolos de encaminamiento. Ethernet conmutada. MPLS. Calidad de servicio (QOS). 13. La seguridad en redes. Seguridad perimetral. Control de accesos. Técnicas criptográficas y protocolos seguros. Mecanismos de firma digital. Redes privadas virtuales. Seguridad en el puesto del usuario. 14. La red Internet: arquitectura de red. Principios de funcionamiento. Servicios: evolución, estado actual y perspectivas de futuro. La web 2.0. La web semántica. Internet de las Cosas (IoT). 15. Tecnología XDSL y telecomunicaciones por cable: concepto, características y normativa reguladora. 16. de nueva generación y servicios convergentes (NGN/IMS). VoIP, ToIP y comunicaciones unificadas. Convergencia telefonía fija-telefonía móvil. 17. Sistemas de comunicaciones móviles. Generaciones. Telefonía sin hilos y DECT. Paging. Radiotelefonía privada. Sistemas celulares. Trunking. Soluciones de gestión de dispositivos móviles (MDM). 18. Redes inalámbricas. Protocolos. Características funcionales y técnicas. Sistemas de expansión del espectro. Sistemas de acceso. Modos de operación. Seguridad. Normativa reguladora. 19. IP móvil y PLC (Power Line Comunications). Características técnicas. Modos de operación. Seguridad. Normativa reguladora. Ventajas e inconvenientes. Televisión digital. Servicios de televisión (IPTV y OTT). Radiodifusión sonora digital. ANEXO X Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para acceso, por promoción interna, para personal funcionario y personal laboral fijo, al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado 1. El conjunto total de plazas por cubrir en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado por el sistema de promoción interna será de 140 plazas. Del total de las plazas convocadas, se reservará 8 para ser cubierta por personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 2. Además de los requisitos enumerados en el apartado décimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos específicos: 2.1 Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o de Grado, según lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre. Asimismo, a estos efectos, se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos completos de Licenciatura, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho de la Unión Europea. 2.2 Pertenecer, como personal funcionario de carrera o como personal laboral fijo, a alguno de los siguientes colectivos: 2.2.1 Personal funcionario de carrera: a) Funcionarios de carrera de cuerpos o escalas del subgrupo C1 de la Administración General del Estado (cuerpos y escalas del grupo C de la Ley 30/1984, de 2 de agosto). b) Funcionarios de carrera de cuerpos o escalas postales y telegráficos adscritos al subgrupo C1 (cuerpos o escalas postales y telegráficos del antiguo grupo C). c) Funcionarios de carrera de cuerpos o escalas del subgrupo C1 de las demás Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que estén desempeñando como funcionario de carrera un puesto de trabajo en la Administración General del Estado y hayan obtenido destino definitivo en la misma (cuerpos o escalas de las demás Administraciones del antiguo grupo C). 2.2.2 Personal laboral fijo (excluido el personal laboral indefinido no fijo): a) Podrá participar el personal laboral fijo que pertenezca como personal laboral fijo a la categoría profesional de Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes del grupo profesional 2 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado y desarrolle funciones de diseño, análisis, implantación, mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas y manejo de estas, en los términos previstos en el anexo III del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. b) Podrá participar, asimismo, el personal laboral fijo de la Administración General del Estado, sus organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquella que pertenezca a categorías y grupos profesionales equivalentes a las descritas anteriormente respecto del III Convenio Único y desarrolle funciones de diseño, análisis, implantación, mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas y manejo de estas, en los términos previstos en el anexo III del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. A este respecto, no se considerarán, en ningún caso, funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional ni en su nivel técnico, con las propias del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, las demás actividades y tareas a todos los niveles de responsabilidad y cualificación (gerencial, técnica, operativa o puramente instrumental) comprendidas dentro del Área de Gestión y Servicios comunes, precisadas en el citado anexo III del III Convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 2.3 Haber prestado servicios efectivos durante, al menos, dos años: 2.3.1 En el caso del personal funcionario de carrera, como funcionario de carrera en alguno de los cuerpos o escalas del subgrupo C1 mencionados y en los términos previstos en el punto 2.2.1 de este anexo. 2.3.2 En el caso del personal laboral fijo, como personal laboral fijo (excluido el tiempo como personal laboral indefinido no fijo) en la categoría profesional de Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes del grupo profesional 2 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, o en categorías y grupos profesionales equivalentes al servicio de la Administración General del Estado, sus organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, desarrollando, en ambos casos, funciones de diseño, análisis, implantación, mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas y manejo de las mismas, en los términos previstos en el anexo III del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, incluidos los prestados en puestos que hayan sido encuadrados en aquellas. 2.4 La acreditación de los requisitos establecidos en los puntos 2.2 y 2.3 se realizará mediante el certificado regulado en el punto 4.2.2 del presente anexo. 3. Además de las instrucciones generales de cumplimentación de solicitudes que figuran en el apartado 6 de las bases específicas de esta convocatoria, los aspirantes deberán observar las siguientes instrucciones específicas: – En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», los aspirantes harán constar «Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado», código «1177». – En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignarán la letra «P». – En el epígrafe 24, «Títulos académicos oficiales», en el recuadro «Exigido en la convocatoria», se indicará, de las siguientes opciones, el dígito que corresponda, de acuerdo con la titulación académica superior que posea el aspirante, con independencia de la exigida para el ingreso en este cuerpo: Dígito «1»: Título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Dígito «2»: Título de Grado. Dígito «3»: Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. – En el epígrafe 25, «Datos a consignar según las bases de la convocatoria»: En el recuadro A), se especificará, en el caso del personal funcionario, el código de cuatro dígitos del cuerpo o escala a que pertenece el aspirante. En el caso del personal laboral fijo, el grupo profesional, categoría y, en su caso, convenio del aspirante. En el recuadro B) el ministerio u organismo de destino. En el C) el centro directivo. – Los derechos de examen serán de 11,32 euros y de 5,66 euros para las familias numerosas de carácter general. 4. El sistema selectivo será el de concurso-oposición. El proceso selectivo se desarrollará con arreglo a las siguientes fases: una primera fase de oposición y una segunda fase de concurso. Los aspirantes que superen la fase de concurso-oposición tendrán que participar en un curso selectivo de formación. 4.1 Fase de oposición. La fase de oposición constará de los dos siguientes ejercicios, obligatorios y eliminatorios: 4.1.1 Primer ejercicio: consistirá en contestar por escrito un cuestionario de un máximo de 100 preguntas sobre las materias contenidas en el programa de estas normas específicas, y podrán preverse 3 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 100 anteriores. El cuestionario estará compuesto por preguntas con respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas es correcta. Para su realización, los aspirantes deberán señalar en la hoja de examen las opciones de respuesta que estimen válidas de acuerdo con las instrucciones que se faciliten. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de una contestación. Las respuestas en blanco no penalizan. El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de noventa minutos. 4.1.2 Segundo ejercicio: consistirá en la resolución por escrito de un supuesto práctico elegido entre dos propuestos por la Comisión Permanente de Selección. Uno de los supuestos estará relacionado con las materias incluidas en el bloque III del programa y otro sobre las materias del bloque IV. El tiempo para la realización de este ejercicio será de tres horas. El ejercicio será posteriormente leído ante la Comisión Permanente de Selección en sesión pública, la cual podrá realizar cuantas preguntas considere necesarias durante un período máximo de veinte minutos. En este ejercicio se valorará la capacidad para aplicar los conocimientos a las situaciones prácticas que se planteen, la sistemática, la capacidad de análisis y la capacidad de expresión escrita y oral del aspirante. 4.1.3 Calificación de la fase de oposición: Primer ejercicio: se calificará de 0 a 50 puntos, siendo necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarlo. Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el órgano de selección deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los criterios de corrección, valoración y superación de aquella, que no estén expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria. Segundo ejercicio: se calificará de 0 a 50 puntos, siendo necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarlo. La Comisión Permanente de Selección fijará las puntuaciones directas mínimas necesarias para superar cada uno de los ejercicios. En ambos ejercicios de la fase de oposición las calificaciones resultarán de las puntuaciones transformadas que se derivan de los baremos establecidos por la Comisión Permanente de Selección. La calificación de la fase de oposición de los aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los diferentes ejercicios de dicha fase. Los aspirantes que hubieran superado el primer ejercicio y, presentados al segundo, no hubieran alcanzado la puntuación mínima establecida por la Comisión Permanente de Selección para superar dicho ejercicio quedarán exentos de realizar el primer ejercicio en la convocatoria inmediatamente siguiente, y se les computará una puntuación equivalente a la obtenida, siempre y cuando este ejercicio sea idéntico en el contenido del temario y en la forma de calificación, salvo actualización normativa. No obstante, si los aspirantes optan por realizar el ejercicio del que hubieran quedado exentos, quedará sin efecto el resultado obtenido en aquel en la convocatoria inmediatamente anterior. Para hacer uso de este derecho, deberán presentar solicitud de participación a las pruebas selectivas. 4.2 Fase de concurso y certificado de requisitos y méritos. 4.2.1 Finalizada la fase de oposición, los aspirantes que la hubieran superado dispondrán de un plazo de 20 días hábiles para presentar el certificado de requisitos y méritos debidamente expedido por los servicios de personal del ministerio, organismo, agencia o entidad donde presten o hayan prestado sus servicios, de conformidad con lo previsto en la base decimoctava de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio. El personal laboral fijo indicado en el punto 2.2.2 b) deberá acompañar al certificado de requisitos y méritos, a efectos de su expediente personal, copia de su contrato de trabajo y de la documentación relativa a su acceso a la condición de empleado público fijo. 4.2.2 Acreditación de requisitos. El certificado de requisitos y méritos habrá de contener la acreditación de los requisitos específicos contenidos en los puntos 2.2 y 2.3 de estas normas específicas. El certificado de requisitos y méritos se adjunta en los anexos de esta convocatoria. En el anexo XX se incluye el modelo que debe cumplimentar el personal funcionario de carrera, y en el anexo XXI el modelo que corresponde al personal laboral fijo. 4.2.3 Fase de concurso. En esta fase se valorarán, mediante el certificado de requisitos y méritos previsto en el punto 4.2.1 de este anexo, los siguientes méritos: Personal funcionario de carrera. a) Antigüedad: se valorará la antigüedad del funcionario, hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, en cuerpos y escalas de la Administración General del Estado, en cuerpos y escalas postales y telegráficos y en cuerpos y escalas de las demás Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con destino definitivo en la Administración General del Estado, teniendo en cuenta los servicios efectivos prestados y/o reconocidos hasta la fecha de publicación de esta convocatoria al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, a razón de 1 punto por año completo de servicios, hasta un máximo de 28 puntos. b) Grado personal consolidado y formalizado: según el grado personal que se tenga consolidado el día de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y formalizado en la Administración General del Estado, a través del acuerdo de reconocimiento de grado por la autoridad competente, hasta la fecha de finalización del plazo de presentación del certificado de requisitos y méritos, se otorgará la siguiente puntuación: Grados 14 e inferior: 2 puntos. Grados 15 a 17: 6 puntos. Grados 18 a 20: 9 puntos. Grados 21 o superior: 13 puntos. Asimismo, se otorgarán 2 puntos a aquellos funcionarios que en la fecha de publicación de la convocatoria no tengan ningún grado consolidado y formalizado en la Administración General del Estado, y hayan prestado servicios efectivos, como funcionario de carrera, durante al menos dos años. c) Trabajo desarrollado: según el nivel de complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe con carácter definitivo en la Administración General del Estado o en los Órganos Constitucionales el día de publicación de esta convocatoria, como funcionario del subgrupo C1, se otorgara la siguiente puntuación: Niveles 15 e inferiores: 3 puntos. Niveles16 y 17: 7 puntos. Niveles del 18 al 20: 10 puntos. Nivel 21 o superiores:14 puntos. La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modificada por posteriores reclasificaciones de nivel, con independencia de sus efectos económicos. A los funcionarios en comisión de servicios, se les valorará el nivel de complemento de destino de su puesto de origen, y a los funcionarios en adscripción provisional se les valorará el nivel correspondiente al grado que tengan consolidado o, si no lo tuvieran, el nivel mínimo del subgrupo C1. A los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia por el cuidado de familiares, se les valorará el nivel del puesto reservado en la Administración General del Estado u Órganos Constitucionales, y a los funcionarios en la situación de servicios especiales con derecho a reserva de puesto en la Administración General del Estado u Órganos Constitucionales, el nivel del puesto de trabajo en que les correspondería al efectuar el reingreso. A los funcionarios que se encuentren desempeñando un puesto de trabajo en situación de servicio activo en Órganos Constitucionales, con carácter definitivo, se les valorará el nivel de complemento de destino correspondiente a dicho puesto. Asimismo, se otorgarán 3 puntos a los funcionarios de cuerpos y escalas de la Administración General del Estado con destino en otras Administraciones o en otros organismos, no mencionados en los párrafos anteriores, y a los funcionarios de cuerpos y escalas postales y telegráficos que no tengan destino en la Administración General del Estado. d) Cursos de formación: se valorará un máximo de seis cursos de formación, recibidos y acreditados en los últimos cinco años y hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones propias del cuerpo al que se pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública, por otros institutos de Administración pública o por organizaciones sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas). Se valorará 0,5 puntos por curso, hasta una puntuación máxima de 3 puntos. No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas de duración. Asimismo, no se valorarán los inferiores a 15 horas lectivas, los pertenecientes a una carrera universitaria, los de doctorado, los derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios y similares. Este mérito se acreditará por las unidades de personal mediante el certificado de requisitos y méritos. A estos a efectos, el aspirante deberá presentar a la unidad de personal la documentación que acredite los cursos de formación a valorar. e) Superación de los dos ejercicios de la convocatoria del año 2016: 3 puntos. Este mérito se valorará de oficio por la Administración a aquellos candidatos que en la fase de oposición de la citada convocatoria hubiesen alcanzado la puntuación mínima fijada por la Comisión Permanente de Selección y, al no reunir méritos suficientes en la fase de concurso, no hubieran obtenido plaza, de acuerdo con lo establecido en la Orden HAP/998/2016, de 17 de junio, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso o acceso en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, y se encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección. Personal laboral fijo. a) Antigüedad: se valorará la antigüedad total del empleado público, hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, en la Administración General del Estado o en organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, a razón de 1 punto por año completo de servicios, hasta un máximo de 28 puntos. b) Categoría profesional: según el tiempo de pertenencia como personal laboral fijo hasta la fecha de publicación de la convocatoria, en la categoría profesional de Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes del grupo profesional 2 del III Convenio Único para el personal laboral en la Administración General del Estado, o en categorías y grupos profesionales equivalentes al servicio de la Administración General del Estado, sus organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, desarrollando, en ambos casos, funciones de diseño, análisis, implantación, mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas y manejo de estas, incluidos los servicios prestados en puestos que hayan sido encuadrados en aquellas. Se valorarán con 5 puntos los dos primeros años completos de servicios, y con 1 punto adicional cada año completo de servicios desde el tercer año, hasta un máximo de 24 puntos. c) Superación de pruebas selectivas para acceder a la condición de personal laboral fijo: 3 puntos. d) Cursos de formación: se valorará un máximo de seis cursos de formación, recibidos y acreditados en los últimos cinco años y hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones propias del cuerpo al que se pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública, por otros institutos de Administración pública o por organizaciones sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas). Se valorará 0, 5 punto por curso, hasta una puntuación máxima de 3 puntos. No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas de duración. Asimismo, no se valorarán los inferiores a 15 horas lectivas, los pertenecientes a una carrera universitaria, los de doctorado, los derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios y similares. Este mérito se acreditará por las unidades de personal mediante el certificado de requisitos y méritos. A estos a efectos, el aspirante deberá presentar a la unidad de personal la documentación que acredite los cursos de formación a valorar. e) Superación de los dos ejercicios de la convocatoria del año 2016: 3 puntos. Este mérito se valorará de oficio por la Administración a aquellos candidatos que en la fase de oposición de la citada convocatoria hubiesen alcanzado la puntuación mínima fijada por la Comisión Permanente de Selección y, al no reunir méritos suficientes en la fase de concurso, no hubieran obtenido plaza, de acuerdo con lo establecido en la Orden HAP/998/2016, de 17 de junio, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso o acceso en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, y se encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección. 5. Calificación del concurso-oposición. La calificación del concurso-oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y de concurso. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 5.1 Personal funcionario de carrera: Primero: la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición; segundo: la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición; tercero: la mayor puntuación obtenida en la valoración del mérito de antigüedad; cuarto: la mayor puntuación obtenida en la valoración del grado personal consolidado; quinto: la mayor puntuación obtenida en la valoración del trabajo desarrollado; sexto: la mayor valoración obtenida en la valoración de los cursos de formación. De persistir el empate, se atenderá a la antigüedad total en la Administración General del Estado, y se computarán los años, meses y días de servicio que consten en el Registro Central de Personal al día de publicación de esta convocatoria. 5.2 Personal laboral fijo: Primero: la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición; segundo: la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición; tercero: la mayor puntuación obtenida en la valoración del mérito de antigüedad; cuarto: la mayor puntuación obtenida en la valoración del mérito de categoría profesional; quinto: la mayor valoración obtenida en la valoración de los cursos de formación. De persistir el empate, se atenderá a la antigüedad total en la Administración General del Estado, y se computarán los años, meses y días de servicio que consten en el Registro Central de Personal al día de publicación de esta convocatoria. En el caso de que no consten estos datos en el citado Registro, serán las unidades de personal correspondientes las que acreditarán los referidos datos al día de publicación de la convocatoria. 5.3 Personal funcionario y personal laboral fijo: Se atenderá a la antigüedad total en la Administración General del Estado, y se computarán los años, meses y días de servicio que consten en el Registro Central de Personal al día de publicación de esta convocatoria. En el caso de que no consten estos datos en el citado Registro, serán las unidades de personal correspondientes las que acreditarán los referidos datos al día de publicación de la convocatoria. 6. Curso selectivo. Los aspirantes que superen la fase de oposición deberán participar en un curso selectivo de formación organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública, que tendrá como finalidad primordial la adquisición de conocimientos que doten a los aspirantes de la preparación específica para el ejercicio de sus funciones. El Director del Instituto Nacional de Administración Pública establecerá el calendario, programa y normas internas que regulen el curso selectivo. De conformidad a lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado, el curso selectivo incluirá un módulo sobre igualdad entre mujeres y hombres y otro sobre violencia de género. El carácter selectivo del curso exigirá la superación por los aspirantes de pruebas teóricas, prácticas o de ambos tipos en relación con las áreas básicas de formación que se impartan. El curso se calificará de cero a 30 puntos, y será necesario para superarlo obtener, como mínimo, 15 puntos. Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho al nombramiento como funcionarios de carrera mediante una resolución motivada del Director del Instituto Nacional de Administración Pública, a propuesta del órgano responsable de la evaluación del curso selectivo. El Instituto Nacional de Administración Pública elevará a la Secretaría de Estado de Función Pública las evaluaciones del curso selectivo, al objeto de que sean incorporadas a la calificación final de las pruebas selectivas. 7. Calificación final. La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, en la fase de concurso y en el curso selectivo. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el curso selectivo y, si esto no fuera suficiente, en el segundo ejercicio, y primero, por este orden. 8. Programa. Bloque I. Administración electrónica y políticas públicas de igualdad, dependencia y transparencia. 1. La sociedad de la información. La Agenda Digital para España. Identidad y firma electrónica: régimen jurídico. Reglamento eIDAS. El DNI electrónico. 2. La protección de datos. Régimen jurídico. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Principios y derechos. Obligaciones. El Delegado de Protección de Datos en las Administraciones Públicas. La Agencia Española de Protección de Datos. 3. Las Leyes de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público y su normativa de desarrollo. La gestión electrónica de los procedimientos administrativos. Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). Normas técnicas de Interoperabilidad. Guías CCN-STIC serie 800. 4. El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. La Alianza para el Gobierno Abierto y los planes de acción de España. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba su estatuto. Funciones. El Portal de Transparencia. Las Unidades de Información y Transparencia (UITS). 5. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia. Bloque II. Tecnología básica. 1. Tecnologías actuales de ordenadores: de los dispositivos móviles a los superordenadores y arquitecturas escalables y de altas prestaciones. Computación en la nube. Base tecnológica. Componentes, funcionalidades y capacidades. 2. Conceptos de sistemas operativos: características, evolución y tendencias. Estructura, componentes y funciones. Sistemas operativos multiprocesador. 3. Características técnicas de los lenguajes y paradigmas actuales de programación. 4. El modelo TCP/IP y el modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO: arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento. Bloque III. Desarrollo de sistemas. 1. Concepto del ciclo de vida de los sistemas y fases. Modelos de ciclo de vida. 2. Gestión del proceso de desarrollo: objetivos, actores y actividades. Técnicas y prácticas de gestión de proyectos. 3. Planificación del desarrollo. Técnicas de planificación. Metodologías de desarrollo. La metodología Métrica. 4. Estrategias de determinación de requerimientos: entrevistas, derivación de sistemas existentes, análisis y prototipos. La especificación de requisitos de software. 5. Análisis estructurado. Diagramas de flujo de datos. Diagramas de estructura. Diccionario de datos. Flujogramas. 6. Modelización conceptual. El modelo Entidad/Relación extendido (E/R): elementos. Reglas de modelización. Validación y construcción de modelos de datos. 7. Diseño de bases de datos. La arquitectura ANSI/SPARC. El modelo lógico relacional. Normalización. Diseño lógico. Diseño físico. Problemas de concurrencia de acceso. Mecanismos de resolución de conflictos. 8. Tipos abstractos de datos y estructuras de datos. Grafos. Tipos de algoritmos: ordenación y búsqueda. Estrategias de diseño de algoritmos. Organizaciones de ficheros. 9. Diseño de programas. Diseño estructurado. Análisis de transformación y de transacción. Cohesión y acoplamiento. 10. Construcción del sistema. Entornos de construcción y generación de código. Preparación de la instalación. Estándares de documentación. Manuales de usuario y manuales técnicos. Formación de usuarios y personal técnico: métodos y materiales. 11. Pruebas. Planificación y documentación. Utilización de datos de prueba. Pruebas de software, hardware, procedimientos y datos. 12. Instalación y cambio. Estrategias de sustitución. Recepción e instalación. Evaluación post-implementación. Mantenimiento. 13. Análisis y diseño orientado a objetos. Elementos. El proceso unificado de software. El lenguaje de modelado unificado (UML). Patrones de diseño. 14. La arquitectura Java EE. Características de funcionamiento. Elementos constitutivos. Productos y herramientas. Persistencia. Seguridad. 15. La plataforma.Net. Modelo de programación. Servicios. Herramientas. Persistencia. Seguridad. 16. Aplicaciones web. Diseño web multiplataforma/multidispositivo. Desarrollo web front-end y en servidor. Tecnologías de programación: JavaScript, applets, servlets, ASP, JSP y PHP. Servicios web: estándares, protocolos asociados, interoperabilidad y seguridad. Internalización y localización. 17. La calidad del software y su medida. Modelos, métricas, normas y estándares. 18. Accesibilidad, diseño universal y usabilidad. Acceso y usabilidad de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información. Experiencia de Usuario o UX. La Guía de comunicación digital de la Administración del Estado. 19. Minería de datos. Aplicación a la resolución de problemas de gestión. Tecnología y algoritmos. Procesamiento analítico en línea (OLAP). Big data. Bases de Datos NoSQL. Bloque IV. Sistemas y comunicaciones. 1. Administración del sistema operativo y software de base. Funciones y responsabilidades. 2. Administración de sistemas de gestión de bases de datos. Funciones. Responsabilidades. Administración de datos. 3. Prácticas de mantenimiento de equipos e instalaciones. Tipos de mantenimiento. Monitorización y gestión de capacidad. 4. Gestión de la configuración. Gestión de librerías de programas y de medios magnéticos. Control de cambios y de versiones. Los lenguajes de control de trabajos. Las técnicas y herramientas de operación automática. 5. Control de la ejecución de los trabajos. Evaluación del rendimiento. Planificación de la capacidad. Análisis de la carga. Herramientas y técnicas utilizables. 6. Almacenamiento masivo de datos. Sistemas SAN, NAS y DAS: componentes, protocolos, gestión y administración. Virtualización del almacenamiento. Gestión de volúmenes. 7. Medios de transmisión guiados y no guiados (inalámbricos). Cables metálicos. Cable coaxial. Fibra óptica. Tipología de redes de cable. Sistemas de transmisión por satélite. 8. Redes locales. Tipología. Técnica de transmisión. Métodos de acceso. Dispositivos de interconexión. 9. Administración de redes locales. Gestión de usuarios. Gestión de dispositivos. Monitorización y control de tráfico. Gestión SNMP. Gestión de incidencias. 10. Principales protocolos de la arquitectura de comunicaciones TCP/IP. 11. Planificación física de un centro de tratamiento de la información. Vulnerabilidad, riesgo y protección. Dimensionamiento de equipos. Factores a considerar. Virtualización de plataforma y de recursos. Virtualización de puestos de trabajo. 12. Redes conmutadas y de difusión. Conmutación de circuitos y de paquetes. Integración voz-datos. Protocolos de encaminamiento. Ethernet conmutada. MPLS. Calidad de servicio (QOS). 13. La seguridad en redes. Seguridad perimetral. Control de accesos. Técnicas criptográficas y protocolos seguros. Mecanismos de firma digital. Redes privadas virtuales. Seguridad en el puesto del usuario. 14. La red Internet: arquitectura de red. Principios de funcionamiento. Servicios: evolución, estado actual y perspectivas de futuro. La web 2.0. La web semántica. Internet de las Cosas (IoT). 15. Tecnología XDSL y telecomunicaciones por cable: concepto, características y normativa reguladora. 16. Redes de nueva generación y servicios convergentes (NGN/IMS). VoIP, ToIP y comunicaciones unificadas. Convergencia telefonía fija-telefonía móvil. 17. Sistemas de comunicaciones móviles. Generaciones. Telefonía sin hilos y DECT. Paging. Radiotelefonía privada. Sistemas celulares. Trunking. Soluciones de gestión de dispositivos móviles (MDM). 18. Redes inalámbricas. Protocolos. Características funcionales y técnicas. Sistemas de expansión del espectro. Sistemas de acceso. Modos de operación. Seguridad. Normativa reguladora. 19. IP móvil y PLC (Power Line Comunications). Características técnicas. Modos de operación. Seguridad. Normativa reguladora. Ventajas e inconvenientes. Televisión digital. Servicios de televisión (IPTV y OTT). Radiodifusión sonora digital.

Barcelona compra 57 scooters para la Guardia Urbana por importe total 441.796,63 euros, licitación incluida. Le salen a 7.885 euros por cada una.

Con el fin de atender las necesidades de personal de la Administración pública y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2017, y en el Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la prestación de determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se crean especialidades en Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado y sus organismos públicos. Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que le están atribuidas por el artículo 13 del Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, acuerda convocar procesos selectivos para el ingreso o el acceso en los siguientes cuerpos, indicándose el número de plazas y el anexo correspondiente para cada uno de ellos y encomendándose la realización de dichas pruebas a la Comisión Permanente de Selección: Cuerpo/Escala Total plazas Sistema general Cupo reserva personas con discapacidad Anexos Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (ingreso libre) 400 370 30 I Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (promoción interna) 800 660 140 II Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (ingreso libre) 800 736 64 III Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (promoción interna) 1.300 1.234 66 IV Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (ingreso libre) 350 332 18 V Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (promoción interna) 105 100 5 VI Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado (ingreso libre) 430 407 23 VII Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado (promoción interna) 200 189 11 VIII Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (ingreso libre) 200 189 11 IX Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (promoción interna) 140 132 8 X Total 4.725 4.349 376 La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes: Bases comunes Los procesos selectivos previstos en esta resolución se rigen por la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado. Bases específicas 1. Las bases específicas de la convocatoria a la que se refiere esta resolución serán comunes para todos los cuerpos, a excepción de los aspectos específicos que vendrán recogidos en el correspondiente anexo para cada uno de ellos. 2. Programas y pruebas. Los programas y pruebas que han de regir la fase de oposición son los que figuran en las normas específicas recogidas en el anexo correspondiente a cada proceso selectivo. 3. Desarrollo de los ejercicios de la fase de oposición. 3.1 Los exámenes se realizarán en el lugar señalado en la base específica 6.8. 3.2 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo apellido comience por la letra «Ñ», de conformidad con lo previsto en la Resolución de 18 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública (BOE del 20). 3.3 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Director del Instituto Nacional de Administración Pública dictará una resolución, en el plazo máximo de un mes, por la que declara aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en los lugares previstos en la base específica 9.2, se indicará la relación de aspirantes excluidos, los lugares en los que se encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos, así como el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios. 3.4 Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de los demás ejercicios se harán públicos con, al menos, doce horas de antelación a la señalada para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. Estos anuncios se difundirán en los lugares previstos en la base específica 9.2 y en los locales donde se haya celebrado el ejercicio anterior, así como por cualquier otro medio que se juzgue conveniente para facilitar su máxima divulgación. 3.5 Con el fin de garantizar los principios de agilidad y eficacia, el órgano de selección podrá convocar la realización de los ejercicios de diferentes procesos select ### RESUMEN: Barcelona compra 57 scooters para la Guardia Urbana por importe total 441.796,63 euros, licitación incluida. Le salen a 7.885 euros por cada una.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona - Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos. c) Número de expediente: Número de expediente: 20124107 - Número de contrato: 12001920. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: Adquisición de 51 escúteres con distintivos (2 de ellos de propulsión eléctrica) y 6 escúteres sin distintivos para la Guardia Urbana de Barcelona durante el año 2.012, desglosado en 2 lotes. c) Lote: 2 lotes / lote 1: 55 escúteres y lote 2: 2 escúteres. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34410000-4 y 34144900-7. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de junio de 2.012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 374.403,92. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 374.403,92 euros. Importe total: 441.796,63 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 19 de octubre de 2012 (lotes 1 y 2). b) Fecha de formalización del contrato: 13 de noviembre de 2012 (lotes 1 y 2). c) Contratista: Fraferant, S.L. (lotes 1 y 2). d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lote 1: 354.812,00 y Lote 2: 16.670,00. Importe total: Lote 1: 429.322,52 y Lote 2: 20.170,70. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa. Barcelona, 18 de enero de 2013.- La Secretaria Delegada de Prevención, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Amparo Romaní Guanter.

Desde las campanadas, la luz (sin discriminación horaria) costará 0,133295 euros/kWh + IVA + coste potencia.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona - Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos. c) Número de expediente: Número de expediente: 20124107 - Número de contrato: 12001920. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: Adquisición de 51 escúteres con distintivos (2 de ellos de propulsión eléctrica) y 6 escúteres sin distintivos para la Guardia Urbana de Barcelona durante el año 2.012, desglosado en 2 lotes. c) Lote: 2 lotes / lote 1: 55 escúteres y lote 2: 2 escúteres. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34410000-4 y 34144900-7. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de junio de 2.012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 374.403,92. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 374.403,92 euros. Importe total: 441.796,63 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 19 de octubre de 2012 (lotes 1 y 2). b) Fecha de formalización del contrato: 13 de noviembre de 2012 (lotes 1 y 2). c) Contratista: Fraferant, S.L. (lotes 1 y 2). d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lote 1: 354.812,00 y Lote 2: 16.670,00. Importe total: Lote 1: 429.322,52 y Lote 2: 20.170,70. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa. Barcelona, 18 de enero de 2013.- La Secretaria Delegada de Prevención, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Amparo Romaní Guanter. ### RESUMEN: Desde las campanadas, la luz (sin discriminación horaria) costará 0,133295 euros/kWh + IVA + coste potencia.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Congreso de los Diputados. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior. 2) Domicilio: Carrera de San Jerónimo, s/n. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071. 5) Telefax: 913 90 67 13. 6) Correo electrónico: gobi.personal@congreso.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Informacion/PerfilcontratanteCong. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27 de junio de 2013. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Realización de análisis clínicos para el Gabinete Médico del Congreso de los Diputados. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 77.000,00 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 28 de junio de 2013. b) Modalidad de presentación: Especificada en los pliegos de cláusulas administrativas. Dichos pliegos, así como los de prescripciones técnicas, se publican en la citada página web del perfil del contratante y en la Sección Congreso de los Diputados del Boletín Oficial de las Cortes Generales. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Congreso de los Diputados - Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior. 2) Domicilio: Carrera de San Jerónimo, s/n. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Congreso de los Diputados. Carrera de San Jerónimo, s/n. c) Localidad y código postal: Madrid 28071. d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante del Congreso de los Diputados, una vez concluido el plazo de presentación de proposiciones. Madrid, 27 de mayo de 2013.- El Secretario general del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Se suprimen oficinas de cooperación en Namibia y Angola y se crea una nueva en Nigeria.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Congreso de los Diputados. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior. 2) Domicilio: Carrera de San Jerónimo, s/n. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071. 5) Telefax: 913 90 67 13. 6) Correo electrónico: gobi.personal@congreso.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Informacion/PerfilcontratanteCong. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27 de junio de 2013. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Realización de análisis clínicos para el Gabinete Médico del Congreso de los Diputados. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 77.000,00 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 28 de junio de 2013. b) Modalidad de presentación: Especificada en los pliegos de cláusulas administrativas. Dichos pliegos, así como los de prescripciones técnicas, se publican en la citada página web del perfil del contratante y en la Sección Congreso de los Diputados del Boletín Oficial de las Cortes Generales. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Congreso de los Diputados - Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior. 2) Domicilio: Carrera de San Jerónimo, s/n. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Congreso de los Diputados. Carrera de San Jerónimo, s/n. c) Localidad y código postal: Madrid 28071. d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante del Congreso de los Diputados, una vez concluido el plazo de presentación de proposiciones. Madrid, 27 de mayo de 2013.- El Secretario general del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro. ### RESUMEN: Se suprimen oficinas de cooperación en Namibia y Angola y se crea una nueva en Nigeria.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante, AECID), dentro de lo establecido en su II Contrato de Gestión (2014-2017), que actualmente se encuentra en tramitación, una vez aprobado por el Consejo Rector de la Agencia, pretende continuar con el proceso de concentración geográfica de su estructura exterior, de acuerdo con las recomendaciones que el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha venido realizando a nuestro país en los últimos años y, asimismo, de conformidad con la necesaria racionalización presupuestaria por la que atraviesa el sector público. Por ello, siguiendo los criterios de focalización del IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, la AECID ha decidido proceder a la supresión de determinadas unidades de cooperación en el exterior, como continuación de las actuaciones ya iniciadas en 2012 y desde un planteamiento de salida responsable de los países y de rediseño de las relaciones de cooperación. En concreto, se suprimen las Oficinas Técnicas de Cooperación con las que la AECID cuenta en la República de Angola y en la República de Namibia, puesto que ambos países son considerados en la actualidad países con niveles de renta superiores a los que poseían cuando se crearon dichas oficinas. Asimismo, se suprimen los Centros Culturales de las ciudades de Brasilia, Quito y Bogotá, puesto que, a pesar de que estos centros se crearon formalmente en 2006 y 2007, no han llegado a ponerse en funcionamiento, por lo que resulta evidente que son prescindibles para la Agencia. Por último, se crean dos unidades de cooperación en el exterior. En primer lugar, se crea una Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Nigeria, con carácter regional, para poder gestionar adecuadamente la relación de la Cooperación Española con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, cuya sede se encuentra en esa ciudad. Ese área geográfica es calificada por el IV Plan Director como prioritaria para la Cooperación Española, por lo que, en consecuencia, el volumen de recursos a gestionar –desde 2007, España ha llegado a convertirse en el segundo donante de la organización, solamente detrás de la Unión Europea– precisa la existencia de una estructura administrativa específica en la región, cuestión en la que abunda el hecho de que próximamente, además, será preciso gestionar en la zona un importante volumen de recursos económicos delegados por la Unión Europea. En segundo lugar, se crea el Centro Cultural de La Paz (Bolivia), puesto que el Marco de Asociación País con Bolivia, de acuerdo con lo establecido en el Plan Director, incluye el objetivo de potenciar el sector cultural y el acceso a la cultura en el país. Por ello y dado que ya existe, de manera informal, un centro similar que en poco tiempo se ha convertido en un referente en la ciudad y que está siendo del máximo interés para la presencia de la AECID en Bolivia, se procede a la creación de este centro. La supresión y la creación de las unidades de cooperación en el exterior de la AECID debe realizarse, de conformidad con el artículo 42.6 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, mediante real decreto, a iniciativa del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior. Además, el artículo 17.12 del Estatuto de la AECID, aprobado por Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, señala que la creación, modificación o supresión de los órganos de la Agencia en el exterior se realizarán a propuesta de su Consejo Rector, en el marco que se establezca en el Contrato de Gestión. Al respecto, cabe señalar que en la reunión de este órgano de fecha 26 de marzo de 2014 tuvo lugar la aprobación de dicha propuesta. En su virtud, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de agosto de 2014, DISPONGO: Artículo 1. Supresión de Oficinas Técnicas de Cooperación. Se suprimen la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante, AECID) en la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Angola y la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la República de Namibia. Artículo 2. Supresión de Centros Culturales. Se suprimen el Centro Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Brasilia, en la Misión Diplomática Permanente de España en la República Federativa de Brasil, el Centro Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Bogotá, en la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Colombia y el Centro Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Quito, en la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Ecuador. Artículo 3. Creación de órganos. Se crean, como parte integrante de la estructura en el exterior de la AECID, la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Misión Diplomática Permanente de España en la República Federal de Nigeria, con competencia sobre el seguimiento del Programa de Cooperación con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, y el Centro Cultural de la AECID en La Paz, en la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado Plurinacional de Bolivia. Disposición adicional única. No incremento del gasto público. La aplicación del presente Real Decreto no supondrá incremento del gasto público, ni aumento neto de los gastos de personal. Disposición final primera. Facultades de desarrollo. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo iniciará, inmediatamente después de la entrada en vigor de este real decreto, los procedimientos administrativos necesarios para darle pleno cumplimiento. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 29 de agosto de 2014. FELIPE R. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

Decreto con el cese de Fernando Valdés Dal-Ré como Magistrado del Tribunal Constitucional.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante, AECID), dentro de lo establecido en su II Contrato de Gestión (2014-2017), que actualmente se encuentra en tramitación, una vez aprobado por el Consejo Rector de la Agencia, pretende continuar con el proceso de concentración geográfica de su estructura exterior, de acuerdo con las recomendaciones que el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha venido realizando a nuestro país en los últimos años y, asimismo, de conformidad con la necesaria racionalización presupuestaria por la que atraviesa el sector público. Por ello, siguiendo los criterios de focalización del IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, la AECID ha decidido proceder a la supresión de determinadas unidades de cooperación en el exterior, como continuación de las actuaciones ya iniciadas en 2012 y desde un planteamiento de salida responsable de los países y de rediseño de las relaciones de cooperación. En concreto, se suprimen las Oficinas Técnicas de Cooperación con las que la AECID cuenta en la República de Angola y en la República de Namibia, puesto que ambos países son considerados en la actualidad países con niveles de renta superiores a los que poseían cuando se crearon dichas oficinas. Asimismo, se suprimen los Centros Culturales de las ciudades de Brasilia, Quito y Bogotá, puesto que, a pesar de que estos centros se crearon formalmente en 2006 y 2007, no han llegado a ponerse en funcionamiento, por lo que resulta evidente que son prescindibles para la Agencia. Por último, se crean dos unidades de cooperación en el exterior. En primer lugar, se crea una Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Nigeria, con carácter regional, para poder gestionar adecuadamente la relación de la Cooperación Española con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, cuya sede se encuentra en esa ciudad. Ese área geográfica es calificada por el IV Plan Director como prioritaria para la Cooperación Española, por lo que, en consecuencia, el volumen de recursos a gestionar –desde 2007, España ha llegado a convertirse en el segundo donante de la organización, solamente detrás de la Unión Europea– precisa la existencia de una estructura administrativa específica en la región, cuestión en la que abunda el hecho de que próximamente, además, será preciso gestionar en la zona un importante volumen de recursos económicos delegados por la Unión Europea. En segundo lugar, se crea el Centro Cultural de La Paz (Bolivia), puesto que el Marco de Asociación País con Bolivia, de acuerdo con lo establecido en el Plan Director, incluye el objetivo de potenciar el sector cultural y el acceso a la cultura en el país. Por ello y dado que ya existe, de manera informal, un centro similar que en poco tiempo se ha convertido en un referente en la ciudad y que está siendo del máximo interés para la presencia de la AECID en Bolivia, se procede a la creación de este centro. La supresión y la creación de las unidades de cooperación en el exterior de la AECID debe realizarse, de conformidad con el artículo 42.6 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, mediante real decreto, a iniciativa del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior. Además, el artículo 17.12 del Estatuto de la AECID, aprobado por Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, señala que la creación, modificación o supresión de los órganos de la Agencia en el exterior se realizarán a propuesta de su Consejo Rector, en el marco que se establezca en el Contrato de Gestión. Al respecto, cabe señalar que en la reunión de este órgano de fecha 26 de marzo de 2014 tuvo lugar la aprobación de dicha propuesta. En su virtud, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de agosto de 2014, DISPONGO: Artículo 1. Supresión de Oficinas Técnicas de Cooperación. Se suprimen la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante, AECID) en la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Angola y la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la República de Namibia. Artículo 2. Supresión de Centros Culturales. Se suprimen el Centro Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Brasilia, en la Misión Diplomática Permanente de España en la República Federativa de Brasil, el Centro Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Bogotá, en la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Colombia y el Centro Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Quito, en la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Ecuador. Artículo 3. Creación de órganos. Se crean, como parte integrante de la estructura en el exterior de la AECID, la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Misión Diplomática Permanente de España en la República Federal de Nigeria, con competencia sobre el seguimiento del Programa de Cooperación con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, y el Centro Cultural de la AECID en La Paz, en la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado Plurinacional de Bolivia. Disposición adicional única. No incremento del gasto público. La aplicación del presente Real Decreto no supondrá incremento del gasto público, ni aumento neto de los gastos de personal. Disposición final primera. Facultades de ### RESUMEN: Decreto con el cese de Fernando Valdés Dal-Ré como Magistrado del Tribunal Constitucional.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ayuntamiento de Santander. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación y Tesorería. 2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n. 3) Localidad y código postal: Santander, 39002. 4) Teléfono: 942 200 662. 5) Telefax: 942 200 830. 6) Correo electrónico: contratacion@ayto-santander.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-santander.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Cinco días anteriores a la fecha de presentación de ofertas. d) Número de expediente: 202/14. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Privado. b) Descripción: Selección de entidad o entidades financieras con la que se suscribirá contrato de préstamo para refinanciar el actual de Fondo para la Financiación de Pagos a Proveedores de 2012, de conformidad con el RDL 8/2014 de 4 de julio. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n. 2) Localidad y código postal: Santander, 39002. e) Plazo de ejecución/entrega: 8 años. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66113000-5. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: La adjudicación podrá recaer en una oferta o en varias. Para determinar cual o cuales de las ofertas son económicamente más ventajosas se valorará el menor diferencial a aplicar sobre el euribor trimestral, con una ponderación máxima de 100 puntos. 4. Valor estimado del contrato: 24.000.077,87 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 24.000.077,87 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No. Definitiva (%): No. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Acreditación como entidad bancaria mediante la aportación del Alta en el Registro de Bancos y Banqueros. En el caso de que los participantes no sean empresas española, presentarán este documento expedido por el Banco Central de su país. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día en que finalice el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio. En caso de resultar sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Servicio de Contratación. 2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n. 3) Localidad y código postal: Santander, 39002. 4) Dirección electrónica: contratacion@ayto-santander.es. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Acto público. b) Dirección: Salón de Sesiones de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander. c) Localidad y código postal: Santander. d) Fecha y hora: A las 12 horas del siguiente día hábil a la finalización del plazo de presentación de ofertas. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. Santander, 13 de agosto de 2013.- El Concejal de Contratación y Patrimonio.

Ley que modifica y pone fin a la deducción en la renta por la compra de una vivienda.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ayuntamiento de Santander. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación y Tesorería. 2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n. 3) Localidad y código postal: Santander, 39002. 4) Teléfono: 942 200 662. 5) Telefax: 942 200 830. 6) Correo electrónico: contratacion@ayto-santander.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-santander.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Cinco días anteriores a la fecha de presentación de ofertas. d) Número de expediente: 202/14. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Privado. b) Descripción: Selección de entidad o entidades financieras con la que se suscribirá contrato de préstamo para refinanciar el actual de Fondo para la Financiación de Pagos a Proveedores de 2012, de conformidad con el RDL 8/2014 de 4 de julio. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n. 2) Localidad y código postal: Santander, 39002. e) Plazo de ejecución/entrega: 8 años. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66113000-5. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: La adjudicación podrá recaer en una oferta o en varias. Para determinar cual o cuales de las ofertas son económicamente más ventajosas se valorará el menor diferencial a aplicar sobre el euribor trimestral, con una ponderación máxima de 100 puntos. 4. Valor estimado del contrato: 24.000.077,87 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 24.000.077,87 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No. Definitiva (%): No. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Acreditación como entidad bancaria mediante la aportación del Alta en el Registro de Bancos y Banqueros. En el caso de que los participantes no sean empresas española, presentarán este documento expedido por el Banco Central de su país. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día en que finalice el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio. En caso de resultar sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Servicio de Contratación. 2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n. 3) Localidad y código postal: Santander, 39002. 4) Dirección electrónica: contratacion@ayto-santander.es. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Acto público. b) Dirección: Salón de Sesiones de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander. c) Localidad y código postal: Santander. d) Fecha y hora: A las 12 horas del siguiente día hábil a la finalización del plazo de presentación de ofertas. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. Santander, 13 de agosto de 2013.- El Concejal de Contratación y Patrimonio. ### RESUMEN: Ley que modifica y pone fin a la deducción en la renta por la compra de una vivienda.

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. PREÁMBULO I En los últimos meses se vienen introduciendo diversas medidas en el ámbito tributario con el fin de consolidar las finanzas públicas y, de este modo, corregir lo antes posible los principales desequilibrios que afectan a la economía española, principalmente la reducción del déficit público, todo ello con el fin último de contribuir a la recuperación de aquella, que se han incorporado al ordenamiento, básicamente, mediante el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, y el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Sin embargo, la evolución de los ingresos públicos sigue requiriendo la adopción de medidas adicionales que, reforzando estos, y complementando las anteriores, permitan fijar las bases de una recuperación económica estable y duradera. II En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el objetivo de contribuir a la consolidación fiscal, se adoptan varias medidas. En primer lugar, se suprime la deducción por inversión en vivienda habitual a partir de 1 de enero de 2013. No obstante, se establece un régimen transitorio por el que podrán continuar practicando la deducción por inversión en vivienda en ejercicios futuros todos aquellos contribuyentes que hubieran adquirido antes de 31 de diciembre de 2012 su vivienda habitual o satisfecho cantidades antes de dicha fecha para la construcción, ampliación, rehabilitación o realización de obras por razones de discapacidad en su vivienda habitual. En segundo lugar, estarán sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a través de un gravamen especial los premios de las loterías del Estado, Comunidades Autónomas, Organización Nacional de Ciegos Españoles, Cruz Roja Española y entidades análogas de carácter europeo, que hasta ahora estaban exentos. En concreto, el gravamen especial se devengará en el momento en el que se abone o satisfaga el premio, debiendo practicarse una retención o ingreso a cuenta que tendrá carácter liberatorio de la obligación de presentar una autoliquidación por el mismo. Por otra parte, se aclara el régimen fiscal del resto de juegos permitiendo computar las pérdidas con el límite de las ganancias obtenidas en dicho ejercicio. En tercer lugar, con la finalidad de penalizar fiscalmente los movimientos especulativos, en la base imponible del ahorro sólo se incluirán las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales que hubieran permanecido en el patrimonio del contribuyente durante más de un año. También se modifica la regla de cálculo de la retribución en especie derivada de la cesión de vivienda a los empleados, cuando la misma no sea propiedad de la empresa. En este caso, la retribución en especie se cuantificará por el importe del coste del alquiler asumido por el empleador. Por último, se prorroga durante el año 2013 el tratamiento que, para el periodo 2007-2012, se ha venido aplicando, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto sobre Sociedades, para los gastos e inversiones efectuados en dichos ejercicios para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, por el impulso que puede proporcionar a un sector relevante de la actividad económica. Finalmente, se incrementa la tributación de las indemnizaciones u otras retribuciones de cuantía muy elevada derivadas de la extinción de relaciones laborales o mercantiles mediante la minoración o, dependiendo de la cuantía de las mismas, la eliminación, de la reducción del 40 por ciento aplicable cuando tuvieran un período de generación superior a dos años o se hubieran obtenido de forma notoriamente irregular en el tiempo. III En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se introduce una medida de carácter temporal, tendente a limitar parcialmente, para grandes empresas, la amortización fiscalmente deducible correspondiente a los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2013 y 2014 con el objeto de conseguir un incremento recaudatorio en esta figura impositiva. Por otra parte, se prorroga, para el ejercicio 2013, la aplicación de un tipo de gravamen reducido en el Impuesto sobre Sociedades por mantenimiento o creación de empleo por las microempresas, por los efectos beneficiosos que puede ejercer sobre la actividad económica, medida cuyo correlato en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en forma de reducción del rendimiento neto de actividades económicas, igualmente se amplía en cuanto a su vigencia. Además, se flexibilizan los criterios específicos que permiten la aplicación del régimen fiscal especial de arrendamiento de viviendas, reduciéndose el número mínimo de viviendas requerido y el período de tiempo en que deben mantenerse las mismas en arrendamiento, al tiempo que se suprimen los requisitos de tamaño de las viviendas. Asimismo, se suprime el requisito de tamaño de cada vivienda arrendada. También se modifica el régimen fiscal previsto para contratos de arrendamiento financiero, a través de la amortización anticipada de determinados activos, en relación con la ayuda estatal SA.34936 (2012/N), con el objeto de dar cumplimiento a la autorización recibida por la Comisión Europea, conforme a la cual aquella ha sido considerada como una medida general y que no constituye una ayuda de Estado de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por último, en sintonía con la modificación que se introduce en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se modifica la fiscalidad de las indemnizaciones que superen una determinada cuantía, a través de su consideración como gasto no deducible, con independencia de que estén correlacionadas con los ingresos de las entidades. IV Por los efectos positivos que puede generar en el ámbito empresarial, al favorecer tanto la financiación interna como el mejor acceso al mercado de capitales, se establece la opción, para los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades económicas y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en territorio español a través de un establecimiento permanente, de realizar una actualización de balances. Esta actualización monetaria de valores contables, que cuenta con diversos antecedentes normativos, incorpora técnicas de actualización ya conocidas y conlleva una carga fiscal reducida. V Se prorroga durante el ejercicio 2013 la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio, restablecido con carácter temporal, para los años 2011 y 2012, por el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, pues aquella permitirá contribuir al reforzamiento de los ingresos públicos. VI En relación con el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y de modo equivalente al indicado en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece un gravamen especial sobre los premios de las loterías antes citadas. Además, se modifica la configuración del Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes dejando sujetas a dicho gravamen exclusivamente las entidades residentes en un país o territorio que tenga la consideración de paraíso fiscal. VII En materia del Impuesto sobre el Valor Añadido, se introduce, en primer término, una modificación con un objetivo meramente clarificador, de suerte que se establece expresamente que constituye entrega de bienes la adjudicación de los inmuebles promovidos por comunidades de bienes a sus comuneros, en proporción a su participación. Además, en el ámbito de la base imponible, se dispone que, en operaciones a plazos, bastará instar el cobro de uno de los plazos para modificar aquella; asimismo, se introducen modificaciones técnicas con una finalidad aclaratoria en los supuestos de rectificación de facturas a destinatarios que no actúen como empresarios y profesionales, con el objetivo de que, en caso de pago posterior total o parcial de la contraprestación por el destinatario, este no resulte deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto que se entienda incluida en el pago realizado. VIII Para evitar trámites administrativos innecesarios a las Administraciones Públicas, que tienen que presentar el documento por el que establezcan las anotaciones preventivas de embargo ante la Comunidad Autónoma competente, aun estando exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se establece la no sujeción a documentos administrativos de la modalidad de actos jurídicos documentados del mencionado impuesto para las anotaciones preventivas de embargo ordenadas de oficio por la Administración competente para ello. IX En relación con los tributos locales, en primer lugar se excluye de la exención prevista en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para los inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico a aquellos en los que se lleven a cabo ciertas explotaciones económicas. Con ello se trata de evitar el aprovechamiento de la exención por quienes utilizan los inmuebles integrantes del citado Patrimonio para desarrollar explotaciones económicas carentes de interés general. No obstante, en aras de aumentar la autonomía local, se crea una bonificación potestativa para que los ayuntamientos, si así lo desean, puedan continuar beneficiando fiscalmente a dichos inmuebles. Por otro lado, se hace extensiva al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y al Impuesto sobre Actividades Económicas la bonificación potestativa aplicable en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras cuando se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Con ello se potencia la aludida autonomía local para estimular actividades de especial interés o utilidad para el municipio. En relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas, para aquellos establecimientos que permanezcan abiertos durante un periodo inferior al año, se aclara que la reducción fijada en su correspondiente rúbrica de las Tarifas será también de aplicación a la cuota de superficie, y se establece la incompatibilidad entre la aplicación de dicha reducción y la presentación de la baja por cese de actividad. Por último, se incorporan mejoras técnicas que afectan a las notificaciones, al informe técnico-económico de las tasas y a determinados supuestos de no sujeción al Impuesto sobre Bienes Inmuebles. X También se introducen diversas medidas en relación con la formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario. En primer lugar, se prevé la posibilidad de una tramitación abreviada del procedimiento de inspección catastral, en línea con lo dispuesto en la Ley General Tributaria, que permite prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución cuando se suscriban actas con acuerdo o cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. Por otro lado, se dota de una mayor flexibilidad a la actualización de los valores catastrales por medio de las leyes de presupuestos generales del Estado. Asimismo, con el objetivo de mejorar la lucha contra el fraude fiscal que supone la falta de incorporación al Catastro de los bienes inmuebles y de sus alteraciones físicas, se regula un nuevo procedimiento de regularización catastral. Y, por último, se prevé que a partir de la aplicación del citado procedimiento de regularización catastral pueda determinarse un nuevo valor catastral para los bienes inmuebles que cuenten con construcciones en suelo de naturaleza rústica que sean indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, sin necesidad de que se realice un procedimiento de valoración colectiva de carácter general en el municipio. XI En lo que respecta al Régimen Económico y Fiscal de Canarias, se incorporan en la Ley reguladora del Impuesto General Indirecto Canario las recientes modificaciones incluidas en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como las disposiciones para que el régimen sea uniforme en todo el territorio del Estado. De igual manera, con la misma finalidad, se modifican los artículos del Impuesto General Indirecto Canario en lo concerniente a las reglas de localización de las entregas de bienes, el devengo de las entregas de bienes y de las prestaciones de servicios y la base imponible del Impuesto. Por último, se derogan determinadas previsiones normativas en las leyes reguladoras del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en materias que ahora son reguladas por una Ley de la Comunidad Autónoma como consecuencia de la asunción de competencias normativas atribuidas a esta por el Estado. XII Se crea el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito con la pretensión de asegurar un tratamiento fiscal armonizado que garantice una mayor eficiencia en el funcionamiento del sistema financiero. XIII Se modifican determinados aspectos de la regulación aplicable a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, las conocidas como SOCIMI, entidades que nacieron en el año 2009, con la finalidad de crear un nuevo instrumento de inversión destinado al mercado inmobiliario del arrendamiento, no solo de viviendas, sino de cualquier inmueble urbano. El objetivo que perseguían estas entidades se basaba en dinamizar el mercado del arrendamiento de inmuebles, estableciendo un mecanismo que facilitara la participación de los ciudadanos en la propiedad inmobiliaria. Para ello, estas figuras trataban de garantizar una rentabilidad estable en la inversión en su capital a través de una distribución obligatoria de beneficios y un grado adecuado de liquidez a través de la obligación de negociación en mercados regulados de estas entidades. No obstante, la experiencia ha demostrado que existe un escaso número de entidades que se acoge a este régimen especial, posiblemente debido a los requisitos exigidos para su aplicación, que lo han convertido en un régimen totalmente inoperativo, por lo que resulta necesario realizar una revisión del marco jurídico de estas entidades que permita impulsar su constitución, con el objeto de potenciar y dinamizar el mercado inmobiliario español, y proporcionar liquidez a las inversiones inmobiliarias. En este sentido, en el ámbito sustantivo de estas entidades, se flexibilizan algunos de sus requisitos, entre los que cabe destacar la posibilidad de cotizar en un sistema multilateral de cotización, o la eliminación de los requisitos relativos a la financiación ajena, pero sin renunciar a los elementos estructurales de configuración de estas entidades, de manera similar a los existentes en países de nuestro entorno. Ahora bien, la principal novedad se sitúa en el régimen fiscal a ellas aplicable, que se regula de modo semejante al vigente en dichos países, a través del establecimiento de una tributación a tipo de gravamen del cero por ciento, para estas entidades, respecto de las rentas que proceden del desarrollo de su objeto social y finalidad específica. XIV Dada la actual situación del mercado de cigarrillos, resulta preciso incrementar el impuesto mínimo que recae sobre ellos, hasta los 123,97 euros por 1.000 cigarrillos. Junto al establecimiento de este nuevo mínimo aplicable a las cajetillas de 20 cigarrillos vendidas por debajo de 3,95 euros, se incluye un ligero aumento de este mínimo para aquellas labores cuyas cajetillas de 20 cigarrillos son vendidas por debajo de un determinado precio. De forma similar a lo establecido para los cigarrillos se actualiza el mínimo previsto para los cigarros y cigarritos y la picadura para liar, fijando un similar incremento del mínimo de aquellas de estas labores que son vendidas a precios inferiores. CAPÍTULO I Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Artículo 1. Modificación de la deducción por inversión en vivienda habitual. Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio: Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 67, que queda redactado de la siguiente forma: «1. La cuota líquida estatal del Impuesto será el resultado de disminuir la cuota íntegra estatal en el 50 por ciento del importe total de las deducciones previstas en el artículo 68 de esta Ley.» Dos. Se suprime el apartado 1 del artículo 68. Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 69, que queda redactado de la siguiente forma: «2. Los límites de la deducción a que se refiere el apartado 2 del artículo 68 de esta Ley serán los que establezca la normativa del Impuesto sobre Sociedades para los incentivos y estímulos a la inversión empresarial. Dichos límites se aplicarán sobre la cuota que resulte de minorar la suma de las cuotas íntegras, estatal y autonómica, en el importe total de la deducción por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio Mundial, prevista en el artículo 68.5 de esta Ley.» Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 70, que queda redactado de la siguiente forma: «1. La aplicación de la deducción por cuenta ahorro-empresa requerirá que el importe comprobado del patrimonio del contribuyente al finalizar el período de la imposición exceda del valor que arrojase su comprobación al comienzo del mismo al menos en la cuantía de las inversiones realizadas, sin computar los intereses y demás gastos de financiación.» Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 77, que queda redactado de la siguiente forma: «1. La cuota líquida autonómica será el resultado de disminuir la cuota íntegra autonómica en la suma de: a) El 50 por ciento del importe total de las deducciones previstas en el artículo 68 de esta Ley, con los límites y requisitos de situación patrimonial previstos en sus artículos 69 y 70. b) El importe de las deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de las competencias previstas en la Ley 22/2009, por el que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.» Seis. Se suprime el artículo 78. Siete. Se modifica el apartado 4 del artículo 96, que queda redactado de la siguiente forma: «4. Estarán obligados a declarar en todo caso los contribuyentes que tengan derecho a deducción por cuenta ahorro-empresa, por doble imposición internacional o que realicen aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, planes de pensiones, planes de previsión asegurados o mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia que reduzcan la base imponible, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.» Ocho. Se modifica la disposición adicional vigésima tercera, que queda redactada de la siguiente forma: «Disposición adicional vigésima tercera. Consideración de vivienda habitual a los efectos de determinadas exenciones. A los efectos previstos en los artículos 7.t), 33.4.b), y 38 de esta Ley se considerará vivienda habitual aquella en la que el contribuyente resida durante un plazo continuado de tres años. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo aquel carácter cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención de primer empleo o de empleo más ventajoso u otras análogas. Cuando la vivienda hubiera sido habitada de manera efectiva y permanente por el contribuyente en el plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de las obras, el plazo de tres años previsto en el párrafo anterior se computará desde esta última fecha.» Nueve. Se añade una nueva disposición transitoria decimoctava, que queda redactada de la siguiente forma: «Disposición transitoria decimoctava. Deducción por inversión en vivienda habitual. 1. Podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual en los términos previstos en el apartado 2 de esta disposición: a) Los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual con anterioridad a 1 de enero de 2013 o satisfecho cantidades con anterioridad a dicha fecha para la construcción de la misma. b) Los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de enero de 2013 por obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual, siempre que las citadas obras estén terminadas antes de 1 de enero de 2017. c) Los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades para la realización de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de las personas con discapacidad con anterioridad a 1 de enero de 2013 siempre y cuando las citadas obras o instalaciones estén concluidas antes de 1 de enero de 2017. En todo caso, resultará necesario que el contribuyente hubiera practicado la deducción por inversión en vivienda habitual en relación con las cantidades satisfechas para la adquisición o construcción de dicha vivienda en un período impositivo devengado con anterioridad a 1 de enero de 2013, salvo que hubiera resultado de aplicación lo dispuesto en el artículo 68.1.2.ª de esta Ley en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2012. 2. La deducción por inversión en vivienda habitual se aplicará conforme a lo dispuesto en los artículos 67.1, 68.1, 70.1, 77.1, y 78 de la Ley del Impuesto, en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio de los porcentajes de deducción que conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2009 hayan sido aprobados por la Comunidad Autónoma. 3. Los contribuyentes que por aplicación de lo establecido en esta disposición ejerciten el derecho a la deducción estarán obligados, en todo caso, a presentar declaración por este Impuesto y el importe de la deducción así calculada minorará el importe de la suma de la cuota íntegra estatal y autonómica del Impuesto a los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 69 de esta Ley. 4. Los contribuyentes que con anterioridad a 1 de enero de 2013 hubieran depositado cantidades en cuentas vivienda destinadas a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, siempre que en dicha fecha no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años desde la apertura de la cuenta, podrán sumar a la cuota líquida estatal y a la cuota líquida autonómica devengadas en el ejercicio 2012 las deducciones practicadas hasta el ejercicio 2011, sin intereses de demora.» Artículo 2. Modificación del régimen fiscal aplicable a las ganancias en el juego. Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio: Uno. Con efectos desde 1 de enero de 2013, se suprime la letra ñ) del artículo 7. Dos. Con efectos desde 1 de enero de 2012, se modifica la letra d) del apartado 5 del artículo 33, que queda redactada de la siguiente forma: «d) Las debidas a pérdidas en el juego obtenidas en el período impositivo que excedan de las ganancias obtenidas en el juego en el mismo período. En ningún caso se computarán las pérdidas derivadas de la participación en los juegos a los que se refiere la disposición adicional trigésima tercera de esta Ley.» Tres. Con efectos desde 1 de enero de 2013, se modifica la disposición adicional trigésima tercera, que queda redactada de la siguiente forma: «Disposición adicional trigésima tercera. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 1. Estarán sujetos a este Impuesto mediante un gravamen especial los siguientes premios obtenidos por contribuyentes de este Impuesto: a) Los premios de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y de las modalidades de juegos autorizadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles. b) Los premios de las loterías, apuestas y sorteos organizados por organismos públicos o entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y que persigan objetivos idénticos a los de los organismos o entidades señalados en la letra anterior. El gravamen especial se exigirá de forma independiente respecto de cada décimo, fracción o cupón de lotería o apuesta premiados. 2. Estarán exentos del gravamen especial los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 2.500 euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 2.500 euros se someterán a tributación respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe. Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación siempre que la cuantía del décimo, fracción o cupón de lotería, o de la apuesta efectuada, sea de al menos 0,50 euros. En caso de que fuera inferior a 0,50 euros, la cuantía máxima exenta señalada en el párrafo anterior se reducirá de forma proporcional. En el supuesto de que el premio fuera de titularidad compartida, la cuantía exenta prevista en los párrafos anteriores se prorrateará entre los cotitulares en función de la cuota que les corresponda. 3. La base imponible del gravamen especial estará formada por el importe del premio que exceda de la cuantía exenta prevista en el apartado 2 anterior. Si el premio fuera en especie, la base imponible será aquella cuantía que, una vez minorada en el importe del ingreso a cuenta, arroje la parte del valor de mercado del premio que exceda de la cuantía exenta prevista en el apartado 2 anterior. En el supuesto de que el premio fuera de titularidad compartida, la base imponible se prorrateará entre los cotitulares en función de la cuota que les corresponda. 4. La cuota íntegra del gravamen especial será la resultante de aplicar a la base imponible prevista en el apartado 3 anterior el tipo del 20 por ciento. Dicha cuota se minorará en el importe de las retenciones o ingresos a cuenta previstos en el apartado 6 de esta disposición adicional. 5. El gravamen especial se devengará en el momento en que se satisfaga o abone el premio obtenido. 6. Los premios previstos en esta disposición adicional estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 99 y 105 de esta Ley. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será el 20 por ciento. La base de retención o ingreso a cuenta vendrá determinada por el importe de la base imponible del gravamen especial. 7. Los contribuyentes que hubieran obtenido los premios previstos en esta disposición estarán obligados a presentar una autoliquidación por este gravamen especial, determinando el importe de la deuda tributaria correspondiente, e ingresar su importe en el lugar, forma y plazos que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. No obstante, no existirá obligación de presentar la citada autoliquidación cuando el premio obtenido hubiera sido de cuantía inferior al importe exento previsto en el apartado 2 anterior o se hubiera practicado retención o el ingreso a cuenta conforme a lo previsto en el apartado 6 anterior. 8. No se integrarán en la base imponible del Impuesto los premios previstos en esta disposición adicional. Las retenciones o ingresos a cuenta practicados conforme a lo previsto en la misma no minorarán la cuota líquida total del impuesto ni se tendrán en cuenta a efectos de lo previsto en el artículo 103 de esta Ley. 9. Lo establecido en esta disposición adicional no resultará de aplicación a los premios derivados de juegos celebrados con anterioridad a 1 de enero de 2013.» Artículo 3. Modificación del régimen fiscal aplicable a las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales que hubieran permanecido menos de un año en el patrimonio del contribuyente. Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio: Uno. Se modifica la letra b) del artículo 46, que queda redactada de la siguiente forma: «b) Las ganancias y pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales adquiridos o de mejoras realizadas en los mismos con más de un año de antelación a la fecha de transmisión o de derechos de suscripción que correspondan a valores adquiridos, asimismo, con la misma antelación.» Dos. Se modifica el artículo 48, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 48. Integración y compensación de rentas en la base imponible general. La base imponible general será el resultado de sumar los siguientes saldos: a) El saldo resultante de integrar y compensar entre sí, sin limitación alguna, en cada período impositivo, los rendimientos y las imputaciones de renta a que se refieren el artículo 45 de esta Ley. b) El saldo positivo resultante de integrar y compensar, exclusivamente entre sí, en cada período impositivo, las ganancias y pérdidas patrimoniales, excluidas las previstas en el artículo siguiente. Si el resultado de la integración y compensación a que se refiere este párrafo arrojase saldo negativo, su importe se compensará con el saldo positivo de las rentas previstas en el párrafo a) de este artículo, obtenido en el mismo período impositivo, con el límite del 10 por ciento de dicho saldo positivo. Si tras dicha compensación quedase saldo negativo, su importe se compensará en los cuatro años siguientes en el mismo orden establecido en los párrafos anteriores. La compensación deberá efectuarse en la cuantía máxima que permita cada uno de los ejercicios siguientes y sin que pueda practicarse fuera del plazo de cuatro años mediante la acumulación a pérdidas patrimoniales de ejercicios posteriores.» Tres. Se añaden dos apartados, 5 y 6, en la disposición transitoria séptima, que quedan redactados de la siguiente forma: «5. Las pérdidas patrimoniales a que se refiere el artículo 49.1 b) de esta Ley, en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012, correspondientes a los períodos impositivos 2009, 2010, 2011 y 2012 que se encuentren pendientes de compensación a 1 de enero de 2013, se seguirán compensando con el saldo de las ganancias y pérdidas patrimoniales a que se refiere el artículo 49.1 b) de esta Ley. 6. Las pérdidas patrimoniales a que se refiere el artículo 48 b) de esta Ley, en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012, correspondientes a los períodos impositivos 2009, 2010, 2011 y 2012 que se encuentren pendientes de compensación a 1 de enero de 2013, se seguirán compensando en la forma prevista en el párrafo b) del artículo 48 de esta Ley, si bien el límite previsto en el segundo párrafo de dicha letra b) seguirá siendo del 25 por ciento. En ningún caso, la compensación efectuada por aplicación de lo dispuesto en este apartado, junto con la compensación correspondiente a pérdidas patrimoniales de igual naturaleza generadas a partir de 1 de enero de 2013, podrá exceder del 25 por ciento del saldo positivo de las rentas previstas en el párrafo a) del artículo 48 de esta Ley.» Artículo 4. Modificación de la regla especial de valoración de la retribución en especie derivada de la utilización de vivienda. Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio: Uno. Se modifica la letra a) del número 1.º del apartado 1 del artículo 43, que queda redactada de la siguiente forma: «a) En el caso de utilización de una vivienda que sea propiedad del pagador, el 10 por ciento del valor catastral. En el caso de inmuebles localizados en municipios en los que los valores catastrales hayan sido revisados o modificados, o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, de conformidad con la normativa catastral, y hayan entrado en vigor a partir del 1 de enero de 1994, el 5 por ciento del valor catastral. Si a la fecha de devengo del impuesto los inmuebles carecieran de valor catastral o éste no hubiera sido notificado al titular, se tomará como base de imputación de los mismos el 50 por ciento de aquél por el que deban computarse a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. En estos casos, el porcentaje será del 5 por ciento. La valoración resultante no podrá exceder del 10 por ciento de las restantes contraprestaciones del trabajo.» Dos. Se modifica la letra d) del número 1.º del apartado 1 del artículo 43, que queda redactada de la siguiente forma: «d) Por el coste para el pagador, incluidos los tributos que graven la operación, las siguientes rentas: Las prestaciones en concepto de manutención, hospedaje, viajes y similares. Las primas o cuotas satisfechas en virtud de contrato de seguro u otro similar, sin perjuicio de lo previsto en los párrafos e) y f) del apartado 2 del artículo anterior. Las cantidades destinadas a satisfacer gastos de estudios y manutención del contribuyente o de otras personas ligadas al mismo por vínculo de parentesco, incluidos los afines, hasta el cuarto grado inclusive, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artículo anterior. La utilización de una vivienda que no sea propiedad del pagador. La valoración resultante no podrá ser inferior a la que hubiera correspondido de haber aplicado lo dispuesto en la letra a) del número 1.º de este apartado.» Tres. Se añade una nueva disposición transitoria vigésima cuarta con la siguiente redacción: «Disposición transitoria vigésima cuarta. Rendimientos del trabajo en especie consistentes en la utilización de vivienda. Durante el período impositivo 2013, los rendimientos del trabajo en especie derivados de la utilización de vivienda cuando esta no sea propiedad del pagador se podrán seguir valorando conforme a lo dispuesto en la letra a) del número 1.º del apartado 1 del artículo 43 de esta Ley en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012, siempre que la entidad empleadora ya viniera satisfaciendo los mismos en relación con dicha vivienda con anterioridad a 4 de octubre de 2012.» Artículo 5. Reducción del rendimiento neto de actividades económicas por creación o mantenimiento de empleo. Con efectos desde 1 de enero de 2013, se modifica la disposición adicional vigésima séptima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactada de la siguiente forma: «Disposición adicional vigésima séptima. Reducción del rendimiento neto de las actividades económicas por mantenimiento o creación de empleo. 1. En cada uno de los períodos impositivos 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, los contribuyentes que ejerzan actividades económicas cuyo importe neto de la cifra de negocios para el conjunto de ellas sea inferior a 5 millones de euros y tengan una plantilla media inferior a 25 empleados, podrán reducir en un 20 por 100 el rendimiento neto positivo declarado, minorado en su caso por las reducciones previstas en el artículo 32 de esta Ley, correspondiente a las mismas, cuando mantengan o creen empleo. A estos efectos, se entenderá que el contribuyente mantiene o crea empleo cuando en cada uno de los citados períodos impositivos la plantilla media utilizada en el conjunto de sus actividades económicas no sea inferior a la unidad y a la plantilla media del período impositivo 2008. El importe de la reducción así calculada no podrá ser superior al 50 por ciento del importe de las retribuciones satisfechas en el ejercicio al conjunto de sus trabajadores. La reducción se aplicará de forma independiente en cada uno de los períodos impositivos en que se cumplan los requisitos. 2. Para el cálculo de la plantilla media utilizada a que se refiere el apartado 1 anterior se tomarán las personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa y la duración de dicha relación laboral respecto del número total de días del período impositivo. No obstante, cuando el contribuyente no viniese desarrollando ninguna actividad económica con anterioridad a 1 de enero de 2008 e inicie su ejercicio en el período impositivo 2008, la plantilla media correspondiente al mismo se calculará tomando en consideración el tiempo transcurrido desde el inicio de la misma. Cuando el contribuyente no viniese desarrollando ninguna actividad económica con anterioridad a 1 de enero de 2009 e inicie su ejercicio con posterioridad a dicha fecha, la plantilla media correspondiente al período impositivo 2008 será cero. 3. A efectos de determinar el importe neto de la cifra de negocios, se tendrá en consideración lo establecido en el apartado 3 del artículo 108 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Cuando en cualquiera de los períodos impositivos la duración de la actividad económica hubiese sido inferior al año, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año. 4. Cuando el contribuyente no viniese desarrollando ninguna actividad económica con anterioridad a 1 de enero de 2009 e inicie su ejercicio en 2009, 2010, 2011, 2012 o 2013, y la plantilla media correspondiente al período impositivo en el que se inicie la misma sea superior a cero e inferior a la unidad, la reducción establecida en el apartado 1 de esta disposición adicional se aplicará en el período impositivo de inicio de la actividad a condición de que en el período impositivo siguiente la plantilla media no sea inferior a la unidad. El incumplimiento del requisito a que se refiere el párrafo anterior motivará la no aplicación de la reducción en el período impositivo de inicio de su actividad económica, debiendo presentar una autoliquidación complementaria, con los correspondientes intereses de demora, en el plazo que medie entre la fecha en que se incumpla el requisito y la finalización del plazo reglamentario de declaración correspondiente al período impositivo en que se produzca dicho incumplimiento.» Artículo 6. Gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Con efectos desde 1 de enero de 2013, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio: Uno. El apartado 1 de la disposición adicional vigésima quinta queda redactado de la siguiente forma: «1. Los gastos e inversiones efectuados durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, cuando su utilización sólo pueda realizarse fuera del lugar y horario de trabajo, tendrá el siguiente tratamiento fiscal: a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: dichos gastos e inversiones tendrán la consideración de gastos de formación en los términos previstos en el artículo 42.2.b de esta Ley. b) Impuesto sobre Sociedades: dichos gastos e inversiones darán derecho a la aplicación de la deducción prevista en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004.» Dos. La disposición transitoria vigésima queda redactada de la siguiente forma: «Disposición transitoria vigésima. Gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición derogatoria segunda de esta Ley, el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, prorrogará su vigencia durante los años 2011, 2012 y 2013 para los gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información.» CAPÍTULO II Impuesto sobre Sociedades Artículo 7. Limitación a las amortizaciones fiscalmente deducibles en el Impuesto sobre Sociedades. La amortización contable del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias correspondiente a los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2013 y 2014 para aquellas entidades que, en los mismos, no cumplan los requisitos establecidos en los apartados 1, 2 o 3 del artículo 108 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, se deducirá en la base imponible hasta el 70 por ciento de aquella que hubiera resultado fiscalmente deducible de no aplicarse el referido porcentaje, de acuerdo con los apartados 1 y 4 del artículo 11 de dicha Ley. La limitación prevista en este artículo resultará igualmente de aplicación en relación con la amortización que hubiera resultado fiscalmente deducible respecto de aquellos bienes que se amorticen según lo establecido en los artículos 111, 113 o 115 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, cuando el sujeto pasivo no cumpla los requisitos establecidos en los apartados 1, 2 o 3 del artículo 108 de dicha Ley en el período impositivo correspondiente. La amortización contable que no resulte fiscalmente deducible en virtud de lo dispuesto en este artículo se deducirá de forma lineal durante un plazo de 10 años u opcionalmente durante la vida útil del elemento patrimonial, a partir del primer período impositivo que se inicie dentro del año 2015. No tendrá la consideración de deterioro la amortización contable que no resulte fiscalmente deducible como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en este artículo. Lo previsto en este artículo no resultará de aplicación respecto de aquellos elementos patrimoniales que hayan sido objeto de un procedimiento específico de comunicación o de autorización, por parte de la Administración tributaria, en relación con su amortización. Artículo 8. Tipo de gravamen reducido en el Impuesto sobre Sociedades por mantenimiento o creación de empleo. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013, se modifica la disposición adicional duodécima del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactada de la siguiente forma: «Disposición adicional duodécima. Tipo de gravamen reducido en el Impuesto sobre Sociedades por mantenimiento o creación de empleo. 1. En los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en dichos períodos sea inferior a 5 millones de euros y la plantilla media en los mismos sea inferior a 25 empleados, tributarán con arreglo a la siguiente escala, excepto si de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de esta Ley deban tributar a un tipo diferente del general: a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 120.202,41 euros, al tipo del 20 por ciento. En los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2011, 2012 y 2013, ese tipo se aplicará sobre la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros. b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 25 por ciento. Cuando el período impositivo tenga una duración inferior al año, se aplicará lo establecido en el último párrafo del artículo 114 de esta Ley. 2. La aplicación de la escala a que se refiere el apartado anterior está condicionada a que durante los doce meses siguientes al inicio de cada uno de esos períodos impositivos, la plantilla media de la entidad no sea inferior a la unidad y, además, tampoco sea inferior a la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009. Cuando la entidad se haya constituido dentro de ese plazo anterior de doce meses, se tomará la plantilla media que resulte de ese período. Los requisitos para la aplicación de la escala se computarán de forma independiente en cada uno de esos períodos impositivos. En caso de incumplimiento de la condición establecida en este apartado, procederá realizar la regularización en la forma establecida en el apartado 5 de esta disposición adicional. 3. Para el cálculo de la plantilla media de la entidad se tomarán las personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa. Se computará que la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009 es cero cuando la entidad se haya constituido a partir de esa fecha. 4. A efectos de determinar el importe neto de la cifra de negocios, se tendrá en consideración lo establecido en el apartado 3 del artículo 108 de esta Ley. Cuando la entidad sea de nueva creación, o alguno de los períodos impositivos a que se refiere el apartado 1 de esta disposición adicional hubiere tenido una duración inferior al año, o bien la actividad se hubiera desarrollado durante un plazo también inferior, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año. 5. Cuando la entidad se hubiese constituido dentro de los años 2009, 2010, 2011, 2012 o 2013 y la plantilla media en los doce meses siguientes al inicio del primer período impositivo sea superior a cero e inferior a la unidad, la escala establecida en el apartado 1 de esta disposición adicional se aplicará en el período impositivo de constitución de la entidad a condición de que en los doce meses posteriores a la conclusión de ese período impositivo la plantilla media no sea inferior a la unidad. Cuando se incumpla dicha condición, el sujeto pasivo deberá ingresar junto con la cuota del período impositivo en que tenga lugar el incumplimiento el importe resultante de aplicar el 5 por ciento a la base imponible del referido primer período impositivo, además de los intereses de demora. 6. Cuando al sujeto pasivo le sea de aplicación la modalidad de pago fraccionado establecida en el apartado 3 del artículo 45 de esta Ley, la escala a que se refiere el apartado 1 anterior no será de aplicación en la cuantificación de los pagos fraccionados.» CAPÍTULO III Actualización de balances Artículo 9. Actualización de balances. 1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades económicas, que lleven su contabilidad conforme al Código de Comercio o estén obligados a llevar los libros registros de su actividad económica, y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente podrán acogerse, con carácter voluntario, a la actualización de valores regulada en la presente disposición. En el caso de sujetos pasivos que tributen en el régimen de consolidación fiscal, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VII del título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, las operaciones de actualización se practicarán en régimen individual. 2. Serán actualizables los elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias situados tanto en España como en el extranjero. Tratándose de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, los elementos actualizables deberán estar afectos a dicho establecimiento permanente. También serán actualizables: a) Los elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias adquiridos en régimen de arrendamiento a que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Los efectos de la actualización estarán condicionados, con carácter resolutorio, al ejercicio de la opción de compra. b) Los elementos patrimoniales correspondientes a acuerdos de concesión registrados como activo intangible por las empresas concesionarias que deban aplicar los criterios contables establecidos por la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas. La actualización se referirá necesariamente a todos los elementos susceptibles de la misma y a las correspondientes amortizaciones, salvo en el caso de los inmuebles, respecto a los cuales podrá optarse por su actualización de forma independiente para cada uno de ellos. En el caso de inmuebles, la actualización deberá realizarse distinguiendo entre el valor del suelo y el de la construcción. En el caso de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los elementos actualizables deberán estar afectos a la actividad económica. 3. La actualización de valores se practicará respecto de los elementos susceptibles de actualización que figuren en el primer balance cerrado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente disposición, o en los correspondientes libros registros a 31 de diciembre de 2012 en el caso de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que estén obligados por dicho impuesto a la llevanza de los mismos, siempre que no estén fiscalmente amortizados en su totalidad. A estos efectos, se tomarán, como mínimo, las amortizaciones que debieron realizarse con dicho carácter. El importe de las revalorizaciones contables que resulten de las operaciones de actualización se llevará a la cuenta «reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre», que formará parte de los fondos propios. Tratándose de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que estén obligados a llevar los libros registros de su actividad económica, el importe de la revalorización contable deberá reflejarse en el libro registro de bienes de inversión. Las operaciones de actualización se realizarán dentro del período comprendido entre la fecha de cierre del balance a que se refiere el párrafo primero de este apartado y el día en que termine el plazo para su aprobación. Tratándose de personas jurídicas, el balance actualizado deberá estar aprobado por el órgano social competente. En el caso de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las operaciones de actualización se realizarán dentro del período comprendido entre el 31 de diciembre de 2012 y la fecha de finalización del plazo de presentación de la declaración por dicho impuesto correspondiente al período impositivo 2012. 4. No podrán acogerse a la presente disposición las operaciones de incorporación de elementos patrimoniales no registrados en los libros de contabilidad, o en los libros registros correspondientes en el caso de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que estén obligados por dicho impuesto a la llevanza de los mismos, ni las de eliminación de dichos libros de los pasivos inexistentes. 5. Las operaciones de actualización se practicarán aplicando los siguientes coeficientes: Coeficiente Con anterioridad a 1 de enero de 1984. 2,2946 En el ejercicio 1984 2,0836 En el ejercicio 1985 1,9243 En el ejercicio 1986 1,8116 En el ejercicio 1987 1,7258 En el ejercicio 1988 1,6487 En el ejercicio 1989 1,5768 En el ejercicio 1990 1,5151 En el ejercicio 1991 1,4633 En el ejercicio 1992 1,4309 En el ejercicio 1993 1,4122 En el ejercicio 1994 1,3867 En el ejercicio 1995 1,3312 En el ejercicio 1996 1,2679 En el ejercicio 1997 1,2396 En el ejercicio 1998 1,2235 En el ejercicio 1999 1,2150 En el ejercicio 2000 1,2089 En el ejercicio 2001 1,1839 En el ejercicio 2002 1,1696 En el ejercicio 2003 1,1499 En el ejercicio 2004 1,1389 En el ejercicio 2005 1,1238 En el ejercicio 2006 1,1017 En el ejercicio 2007 1,0781 En el ejercicio 2008 1,0446 En el ejercicio 2009 1,0221 En el ejercicio 2010 1,0100 En el ejercicio 2011 1,0100 En el ejercicio 2012 1,0000 Los coeficientes se aplicarán de la siguiente manera: a) Sobre el precio de adquisición o coste de producción, atendiendo al año de adquisición o producción del elemento patrimonial. El coeficiente aplicable a las mejoras será el correspondiente al año en que se hubiesen realizado. b) Sobre las amortizaciones contables correspondientes al precio de adquisición o coste de producción que fueron fiscalmente deducibles, atendiendo al año en que se realizaron. Tratándose de elementos patrimoniales actualizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, los coeficientes se aplicarán sobre el precio de adquisición y sobre las amortizaciones que fueron fiscalmente deducibles correspondientes al mismo, sin tomar en consideración el importe del incremento neto de valor resultante de las operaciones de actualización. En el caso de entidades de crédito y aseguradoras, a efectos de la aplicación de este apartado, no se tendrán en cuenta las revalorizaciones de los inmuebles que se hayan podido realizar, como consecuencia de la primera aplicación, respectivamente, de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, y del Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras y que no tuvieron incidencia fiscal. 6. La diferencia entre las cantidades determinadas por aplicación de lo establecido en el apartado anterior se minorará en el importe del valor neto anterior del elemento patrimonial y al resultado se aplicará, en cuanto proceda, un coeficiente que vendrá determinado por: 1.º En el numerador: el patrimonio neto. 2.º En el denominador: el patrimonio neto más pasivo total menos los derechos de crédito y la tesorería. Las magnitudes determinantes del coeficiente serán las habidas durante el tiempo de tenencia del elemento patrimonial o en los cinco ejercicios anteriores a la fecha del balance de actualización, si este último plazo fuere menor, a elección del sujeto pasivo o contribuyente. Este coeficiente no se aplicará cuando resulte superior a 0,4. Para determinar el valor anterior del elemento patrimonial actualizado se tomarán los valores que hayan sido considerados a los efectos de aplicar los coeficientes de actualización a que se refiere este apartado, incluidas las amortizaciones. El coeficiente a que se refiere este apartado no será de aplicación a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 7. El importe que resulte de las operaciones descritas en el apartado anterior se minorará en el incremento neto de valor derivado de las operaciones de actualización previstas en el Real Decreto-ley 7/1996, siendo la diferencia positiva así determinada el importe de la depreciación monetaria o incremento neto de valor del elemento patrimonial actualizado. Dicho importe se abonará a la cuenta «reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre», y sumado al valor anterior a la realización de las operaciones de actualización que resulten de aplicación de la presente disposición, determinará el nuevo valor del elemento patrimonial actualizado. El nuevo valor actualizado no podrá exceder del valor de mercado del elemento patrimonial actualizado, teniendo en cuenta su estado de uso en función de los desgastes técnicos y económicos y de la utilización que de ellos se haga por el sujeto pasivo o contribuyente. El saldo de la cuenta «reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre» no podrá tener carácter deudor, ni en relación al conjunto de las operaciones de actualización ni en relación a la actualización de algún elemento patrimonial. El incremento neto de valor resultante de las operaciones de actualización se amortizará, a partir del primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2015, durante aquellos que resten para completar la vida útil del elemento patrimonial, en los mismos términos que corresponde a las renovaciones, ampliaciones o mejoras. 8. Los sujetos pasivos o los contribuyentes que practiquen la actualización deberán satisfacer un gravamen único del 5 por ciento sobre el saldo acreedor de la cuenta «reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre». Tratándose de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que estuvieran obligadas a llevar los libros registros de su actividad económica, el gravamen único recaerá sobre el incremento neto de valor de los elementos patrimoniales actualizados. Se entenderá realizado el hecho imponible del gravamen único, en el caso de personas jurídicas, cuando el balance actualizado se apruebe por el órgano competente y, en el caso de personas físicas, cuando se formule el balance actualizado. Tratándose de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que estuvieran obligados a llevar los libros registros de su actividad económica, el hecho imponible se entenderá realizado el día 31 de diciembre de 2012. El gravamen único será exigible el día que se presente la declaración relativa al período impositivo al que corresponda el balance en el que constan las operaciones de actualización. Tratándose de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el gravamen único será exigible el día que se presente la declaración correspondiente al período impositivo 2012. Este gravamen se autoliquidará e ingresará conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes relativa al período impositivo al que corresponda el balance en el que constan las operaciones de actualización, o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al período impositivo 2012. En dicha declaración constará el balance actualizado y la información complementaria que se determine por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La presentación de la declaración fuera de plazo será causa invalidante de las operaciones de actualización. El importe del gravamen único no tendrá la consideración de cuota del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ni del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, su importe se cargará en la cuenta «reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre», y no tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible de los citados Impuestos. El gravamen único tendrá la consideración de deuda tributaria. El modelo de declaración de este gravamen único se aprobará por Orden Ministerial del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 9. El saldo de la cuenta «reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre», no se integrará en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 10. El saldo de la cuenta «reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre», será indisponible hasta que sea comprobado y aceptado por la Administración tributaria. Dicha comprobación deberá realizarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de presentación de la declaración a que se refiere el apartado 8 anterior. A estos efectos, no se entenderá que se ha dispuesto del saldo de la cuenta, sin perjuicio de la obligación de información prevista en el apartado 12 de este artículo, en los siguientes casos: a) Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a separarse de la sociedad. b) Cuando el saldo de la cuenta se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores, y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea, de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, previsto en el capítulo VIII del título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. c) Cuando la entidad deba aplicar el saldo de la cuenta en virtud de una obligación de carácter legal. En caso de minoración del saldo de la cuenta «reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre», como consecuencia de la comprobación administrativa, se devolverá, de oficio, el importe del gravamen único que corresponda al saldo minorado. Esta misma regla se aplicará en caso de minoración del incremento neto del valor, tratándose de personas físicas. Una vez efectuada la comprobación o transcurrido el plazo para la misma, el saldo de la cuenta podrá destinarse a la eliminación de resultados contables negativos, a la ampliación de capital social o, transcurridos diez años contados a partir de la fecha de cierre del balance en el que se reflejaron las operaciones de actualización, a reservas de libre disposición. No obstante, el referido saldo sólo podrá ser objeto de distribución, directa o indirectamente, cuando los elementos patrimoniales actualizados estén totalmente amortizados, hayan sido transmitidos o dados de baja en el balance. Dichas reservas darán derecho a la deducción por doble imposición de dividendos prevista en el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. Igualmente, dará derecho a la exención prevista en la letra y) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. La aplicación del saldo de la cuenta «reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre» a finalidades distintas de las previstas en este apartado o antes de efectuarse la comprobación o de que transcurra el plazo para efectuar la misma, determinará la integración del referido saldo en la base imponible del período impositivo en que dicha aplicación se produzca, no pudiendo compensarse con dicho saldo las bases imponibles negativas de períodos impositivos anteriores. Lo previsto en este apartado en relación con la indisponibilidad de la cuenta «reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre», y con el destino del saldo de la citada cuenta, no será de aplicación a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 11. Las pérdidas habidas en la transmisión o deterioros de valor de elementos patrimoniales actualizados se minorarán, a los efectos de su integración en la base imponible, en el importe del saldo de la cuenta «reserva de revaloración de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre», correspondiente a dichos elementos. Dicho saldo será disponible. Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 12. Deberá incluirse en la memoria de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios en que los elementos actualizados se hallen en el patrimonio de la entidad, información relativa a los siguientes aspectos: a) Criterios empleados en la actualización con indicación de los elementos patrimoniales afectados de las cuentas anuales afectadas. b) Importe de la actualización de los distintos elementos actualizados del balance y efecto de la actualización sobre las amortizaciones. c) Movimientos durante el ejercicio de la cuenta «reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre», y explicación de la causa justificativa de la variación de la misma. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este apartado tendrá la consideración de infracción tributaria grave. La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 200 euros por cada dato omitido, en cada uno de los primeros cuatro años en que no se incluya la información, y de 1.000 euros por cada dato omitido, en cada uno de los años siguientes, con el límite del 50 por ciento del saldo total de la cuenta «reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre». Esta sanción se reducirá conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. No obstante, el incumplimiento sustancial de las obligaciones de información previstas en este apartado, determinará la integración del saldo de la cuenta «reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre» en la base imponible del primer período impositivo más antiguo de entre los no prescritos en que dicho incumplimiento se produzca, no pudiendo compensarse con dicho saldo las bases imponibles negativas de períodos impositivos anteriores. CAPÍTULO IV Impuesto sobre el Patrimonio Artículo 10. Impuesto sobre el Patrimonio durante 2013. Se modifica el apartado segundo del artículo único del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal, que queda redactado de la siguiente forma: «Segundo. Con efectos desde 1 de enero de 2014, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio: Uno. Se modifica el artículo 33, que queda redactado de la siguiente forma: “Artículo 33. Bonificación general de la cuota íntegra. Sobre la cuota íntegra del impuesto se aplicará una bonificación del 100 por ciento a los sujetos pasivos por obligación personal o real de contribuir.” Dos. Se derogan los artículos 6, 36, 37 y 38.» CAPÍTULO V Impuesto sobre la Renta de no Residentes Artículo 11. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Con efectos desde 1 de enero de 2013 se añade una disposición adicional quinta en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, que queda redactada de la siguiente forma: «Disposición adicional quinta. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 1. Estarán sujetos a este impuesto mediante un gravamen especial los premios incluidos en el apartado 1.a) de la disposición adicional trigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, en los términos establecidos en la misma, obtenidos por contribuyentes sin mediación de establecimiento permanente, y con las especialidades establecidas a continuación. 2. Los premios previstos en esta disposición adicional estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta en los términos previstos en el artículo 31 de este Texto Refundido. Asimismo, existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta cuando el premio esté exento en virtud de lo dispuesto en un convenio para evitar la doble imposición que resulte aplicable. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será el 20 por ciento. La base de retención o ingreso a cuenta vendrá determinada por el importe de la base imponible del gravamen especial. 3. Los contribuyentes por este impuesto que hubieran obtenido los premios previstos en esta disposición estarán obligados a presentar una declaración por este gravamen especial, determinando el importe de la deuda tributaria correspondiente, e ingresar su importe en el lugar, forma y plazos que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. No obstante, no existirá obligación de presentar la citada declaración cuando el premio obtenido hubiera sido de cuantía inferior al importe exento o se hubiera practicado en relación con el mismo la retención o el ingreso a cuenta previsto en el apartado 2 anterior. 4. Cuando se hubieran ingresado en el Tesoro cantidades, o soportado retenciones a cuenta por este gravamen especial, en cuantías superiores a las que se deriven de la aplicación de un convenio para evitar la doble imposición, se podrá solicitar dicha aplicación y la devolución consiguiente, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. La Administración tributaria podrá facilitar al Estado de residencia del contribuyente los datos incluidos en dicha solicitud de devolución, en los términos y con los límites establecidos en la normativa sobre asistencia mutua. 5. En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes los premios previstos en esta disposición adicional, obtenidos por contribuyentes sin mediación de establecimiento permanente, solo podrán ser gravados por este gravamen especial.» CAPÍTULO VI Impuesto sobre el Valor Añadido Artículo 12. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido: Uno. Se modifica el número 2.º del apartado dos del artículo 8, que queda redactado de la siguiente forma: «2.º Las aportaciones no dinerarias efectuadas por los sujetos pasivos del Impuesto de elementos de su patrimonio empresarial o profesional a sociedades o comunidades de bienes o a cualquier otro tipo de entidades y las adjudicaciones de esta naturaleza en caso de liquidación o disolución total o parcial de aquéllas, sin perjuicio de la tributación que proceda con arreglo a las normas reguladoras de los conceptos “actos jurídicos documentados” y “operaciones societarias” del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En particular, se considerará entrega de bienes la adjudicación de terrenos o edificaciones promovidos por una comunidad de bienes realizada en favor de los comuneros, en proporción a su cuota de participación.» Dos. Se modifican los apartados cuatro y cinco del artículo 80, que quedan redactados de la siguiente forma: «Cuatro. La base imponible también podrá reducirse proporcionalmente cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables. A estos efectos: A) Un crédito se considerará total o parcialmente incobrable cuando reúna las siguientes condiciones: 1.ª Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período transcurrido entre el devengo del Impuesto repercutido y el vencimiento del último o único pago sea superior a un año. Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de esta Ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo de un año a que se refiere esta condición 1.ª será de seis meses. 2.ª Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los Libros Registros exigidos para este Impuesto. 3.ª Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquélla, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros. 4.ª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes públicos. Cuando se trate de las operaciones a plazos a que se refiere la condición 1ª anterior, resultará suficiente instar el cobro de uno de ellos mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo para proceder a la modificación de la base imponible en la proporción que corresponda por el plazo o plazos impagados. Cuando se trate de créditos adeudados por Entes públicos, la reclamación judicial o el requerimiento notarial a que se refiere la condición 4.ª anterior, se sustituirá por una certificación expedida por el órgano competente del Ente público deudor de acuerdo con el informe del Interventor o Tesorero de aquél en el que conste el reconocimiento de la obligación a cargo del mismo y su cuantía. B) La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del periodo de un año a que se refiere la condición 1.ª anterior y comunicarse a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo que se fije reglamentariamente. Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de esta Ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo de un año a que se refiere el párrafo anterior será de seis meses. C) Una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no se volverá a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la contraprestación, salvo cuando el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional. En este caso, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación percibida. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista de la reclamación judicial al deudor o llegue a un acuerdo de cobro con el mismo con posterioridad al requerimiento notarial efectuado, como consecuencia de éste o por cualquier otra causa, deberá modificar nuevamente la base imponible al alza mediante la expedición, en el plazo de un mes a contar desde el desistimiento o desde el acuerdo de cobro, respectivamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente. Cinco. En relación con los supuestos de modificación de la base imponible comprendidos en los apartados tres y cuatro anteriores, se aplicarán las siguientes reglas: 1.ª No procederá la modificación de la base imponible en los casos siguientes: a) Créditos que disfruten de garantía real, en la parte garantizada. b) Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte afianzada o asegurada. c) Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en el artículo 79, apartado cinco, de esta Ley. d) Créditos adeudados o afianzados por Entes públicos. Lo dispuesto en esta letra d) no se aplicará a la reducción de la base imponible realizada de acuerdo con el apartado cuatro del artículo 80 de esta Ley para los créditos que se consideren total o parcialmente incobrables, sin perjuicio de la necesidad de cumplir con el requisito de acreditación documental del impago a que se refiere la condición 4.ª de dicho precepto. 2.ª Tampoco procederá la modificación de la base imponible cuando el destinatario de las operaciones no esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto, ni en Canarias, Ceuta o Melilla. 3.ª Tampoco procederá la modificación de la base imponible de acuerdo con el apartado cuatro del artículo 80 de esta Ley con posterioridad al auto de declaración de concurso para los créditos correspondientes a cuotas repercutidas por operaciones cuyo devengo se produzca con anterioridad a dicho auto. 4.ª En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada modificación, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación satisfecha. 5.ª La rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el artículo 114, apartado dos, número 2.º, segundo párrafo, de esta Ley, determinará el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública. Si el destinatario de las operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del Impuesto, resultará también deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible. En el supuesto de que el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional y en la medida en que no haya satisfecho dicha deuda, resultará de aplicación lo establecido en el apartado Cuatro.C) anterior.» CAPÍTULO VII Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados Artículo 13. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. Se modifica el apartado 2 del artículo 40 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que queda redactado de la siguiente forma: «2. Las anotaciones preventivas que se practiquen en los Registros públicos, cuando tengan por objeto un derecho o interés valuable y no vengan ordenadas de oficio por la autoridad judicial o administrativa competente.» CAPÍTULO VIII Tributos locales Artículo 14. Modificación del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen las siguientes modificaciones en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: Uno. Se modifica el artículo 25, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 25. Acuerdos de establecimiento de tasas: informe técnico-económico. Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo. No resultará preciso acompañar el informe técnico-económico a que se refiere el párrafo anterior cuando se trate de la adopción de acuerdos motivados por revalorizaciones o actualizaciones de carácter general ni en los supuestos de disminución del importe de las tasas, salvo en el caso de reducción sustancial del coste del servicio correspondiente. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará que la reducción es sustancial cuando se prevea que la disminución del coste del servicio vaya a ser superior al 15 por ciento del coste del servicio previsto en el estudio técnico-económico previo al acuerdo de establecimiento o de modificación sustancial inmediato anterior. Para justificar la falta del informe técnico-económico, el órgano gestor del gasto deberá dejar constancia en el expediente para la adopción del acuerdo de modificación de una declaración expresiva del carácter no sustancial de la reducción.» Dos. Se modifica la letra a) del apartado 5 del artículo 61, que queda redactada de la siguiente forma: «a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios.» Tres. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 62, que queda redactada de la siguiente forma: «b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante real decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el registro general a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones: En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra b) cuando estén afectos a explotaciones económicas, salvo que les resulte de aplicación alguno de los supuestos de exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la sujeción al impuesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales, o sobre organismos autónomos del Estado o entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.» Cuatro. Se añaden dos nuevos apartados en el artículo 74, que quedan redactados de la siguiente forma: «2 ter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles excluidos de la exención a que se refiere el último párrafo de la letra b) del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley. 2 quáter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.» Cinco. Se añade una letra e) en el apartado 2 del artículo 88, que queda redactada de la siguiente forma: «e) Una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos anteriores de este apartado.» Seis. Se añade una disposición adicional decimotercera, que queda redactada de la siguiente forma: «Disposición adicional decimotercera. Adecuación de la ordenanza fiscal a los coeficientes previstos en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. En aquellos municipios en los que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, el plazo para aprobar y publicar el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se amplía hasta el 1 de marzo del ejercicio en que se aplique el correspondiente coeficiente.» Siete. Se añade una disposición adicional decimocuarta, que queda redactada de la siguiente forma: «Disposición adicional decimocuarta. Notificaciones en los tributos periódicos. Cuando se produzcan modificaciones de carácter general de los elementos integrantes de los tributos de cobro periódico por recibo, a través de las correspondientes ordenanzas fiscales, no será necesaria la notificación individual de las liquidaciones resultantes, salvo en los supuestos establecidos en el apartado 3 del artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.» Ocho. Se añade una disposición transitoria vigésima primera, con la siguiente redacción: «Disposición transitoria vigésima primera. Aprobación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013. Con efectos exclusivos para el ejercicio 2013, los Ayuntamientos que decidan aplicar, en uso de su capacidad normativa, las medidas previstas para los tributos locales en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, deberán aprobar el texto definitivo de las nuevas ordenanzas fiscales y publicarlas en el boletín oficial correspondiente, todo ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 de este Texto Refundido, antes del 1 de abril de 2013.» Artículo 15. Modificación del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas: Uno. Se añade una nota en el epígrafe 981.3 de la sección primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, «Parques de atracciones, incluidos los acuáticos y análogos, de carácter estable», que queda redactada de la siguiente forma: «NOTA: En aquellos parques de atracciones que permanezcan abiertos menos de ocho meses al año, su cuota será el 70 por ciento de la señalada en este epígrafe.» Dos. Se modifica el apartado 2.º de la regla 14.ª.1.F).b) de la Instrucción para la aplicación de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, que queda redactado de la siguiente forma: «2.º El 40 por ciento de la superficie utilizada para actividades de temporada mediante la ocupación de la vía pública con puestos y similares. En aquellas actividades para las que las Tarifas prevean una reducción en la cuota correspondiente a su epígrafe o grupo mediante la aplicación de un porcentaje sobre la misma, por permanecer abierto el establecimiento durante un periodo inferior al año, dicho porcentaje será de aplicación también a la superficie de los locales.» Tres. Se introduce un apartado 5 en la regla 14.ª de la Instrucción para la aplicación de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, que queda redactado de la siguiente forma: «5. Actividades de temporada o cuyos establecimientos permanezcan abiertos al público durante un periodo inferior al año. En las actividades de temporada o cuyos establecimientos permanezcan abiertos al público durante un periodo inferior al año, la presentación de la declaración de baja en la actividad será incompatible con la aplicación de las reducciones en la cuota previstas para tales supuestos en las Tarifas y en el apartado 1.F).b).2.º de la presente regla.» CAPÍTULO IX Catastro Inmobiliario Artículo 16. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen las siguientes modificaciones en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo: Uno. Se añade un apartado 3 en el artículo 20, que queda redactado de la siguiente forma: «3. En aquellos supuestos en que se cuente con datos suficientes y no existan terceros afectados por el procedimiento de inspección, este podrá iniciarse directamente con la notificación del acta de inspección, en la que se incluirá la propuesta de regularización de la descripción del bien inmueble, así como una referencia expresa a este artículo y a los recursos que procedan frente a la resolución definitiva. En este caso, el expediente se pondrá de manifiesto a los interesados, para la presentación de alegaciones, durante un plazo de 15 días. Cuando, transcurrido este plazo, los interesados no hayan formulado alegaciones, la propuesta de regularización incluida en el acta de inspección se convertirá en definitiva, entendiéndose dictado y notificado el acuerdo que contiene, el día siguiente al de la finalización del mencionado plazo y procediéndose al cierre y archivo del expediente.» Dos. Se modifica el artículo 32, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 32. Actualización de valores catastrales. 1. Las leyes de presupuestos generales del Estado podrán actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes, que podrán ser diferentes para cada uno de los grupos de municipios que se establezcan reglamentariamente o para cada clase de inmuebles. 2. Asimismo, las leyes de presupuestos generales podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio. Los Ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de los coeficientes previstos en este apartado cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. b) Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio. c) Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de enero del ejercicio anterior a aquel para el que se solicita la aplicación de los coeficientes. Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas apreciar la concurrencia de los requisitos enumerados en el párrafo anterior, mediante orden ministerial que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado” con anterioridad al 30 de septiembre de cada ejercicio, en la que se establecerá la relación de municipios concretos en los que resultarán de aplicación los coeficientes que, en su caso, establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio siguiente. La aplicación de los coeficientes previstos en este apartado, excluirá la de los coeficientes de actualización a que se refiere el apartado uno de este artículo.» Tres. Se añade una nueva disposición adicional tercera, que queda redactada en la siguiente forma: «Disposición adicional tercera. Procedimiento de regularización catastral 2013-2016. 1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de este Texto Refundido, la incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y de los bienes inmuebles rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, podrá realizarse mediante el procedimiento de regularización catastral. Este procedimiento se iniciará de oficio en los supuestos de incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes de un alta o modificación, con el fin de garantizar la adecuada concordancia de la descripción catastral de los bienes inmuebles con la realidad inmobiliaria. Será de aplicación el procedimiento de regularización, en lo no previsto por esta disposición, el régimen jurídico establecido en los artículos 11 y 12 de este Texto Refundido. 2. El procedimiento de regularización se aplicará en aquellos municipios y durante el período que se determinen mediante resolución de la Dirección General del Catastro, que deberá publicarse en el “Boletín Oficial del Estado” con anterioridad al 31 de diciembre de 2016. No obstante, el plazo previsto en dicha resolución podrá ser ampliado por decisión motivada del mismo órgano, que igualmente habrá de ser publicada en el “Boletín Oficial del Estado”. Una vez publicada en el “Boletín Oficial del Estado” la citada resolución y durante el período al que se refiere la misma, las declaraciones que se presenten fuera del plazo previsto por la correspondiente normativa no serán objeto de tramitación conforme al procedimiento de incorporación mediante declaraciones regulado en el artículo 13, sin perjuicio de que la información que en ellas se contenga y los documentos que las acompañen se entiendan aportados en cumplimiento del deber de colaboración previsto en el artículo 36 y sean tenidos en cuenta a efectos del procedimiento de regularización. Las actuaciones objeto de regularización quedarán excluidas de su tramitación a través de fórmulas de colaboración. 3. La tramitación del procedimiento de regularización se realizará conforme a las siguientes previsiones: a) El procedimiento de regularización se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente. La iniciación se comunicará a los interesados, a quienes se concederá un plazo de 15 días para que formulen las alegaciones que estimen convenientes. Sin perjuicio del deber de colaboración regulado en el artículo 36 de este Texto Refundido, las actuaciones podrán entenderse con los titulares de los derechos previstos en el artículo 9, aún cuando no se trate de los obligados a realizar la declaración. b) En aquellos supuestos en que no existan terceros afectados por el procedimiento, éste podrá iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de regularización, junto con la liquidación de la tasa de regularización catastral prevista en el apartado 8. En dicha propuesta de regularización se incluirá una referencia expresa al presente precepto y a los recursos que procedan frente a la resolución definitiva. El expediente se pondrá de manifiesto a los interesados para la presentación de las alegaciones que estimen oportunas durante un plazo de 15 días desde la fecha de la notificación. Cuando, transcurrido este plazo, los interesados no hayan formulado alegaciones, la propuesta de regularización se convertirá en definitiva y se procederá al cierre y archivo del expediente, entendiéndose dictado y notificado el correspondiente acuerdo de alteración contenido en la propuesta de regularización desde el día siguiente al de finalización del mencionado plazo. c) La notificación a los interesados se practicará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será de seis meses desde que se notifique a los interesados el acuerdo de iniciación o la propuesta de regularización. El vencimiento del plazo máximo de resolución determinará la caducidad del expediente y el archivo de todas las actuaciones. 4. La incorporación en el Catastro de los bienes inmuebles o la modificación de su descripción resultante de la regularización, surtirá efectos desde el día siguiente a aquél en que se produjeron los hechos, actos o negocios que originen la incorporación o modificación catastral, con independencia del momento en que se notifiquen, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero de la disposición adicional cuarta para aquellos bienes inmuebles que tengan naturaleza rústica y cuenten con construcciones indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. 5. La regularización de la descripción catastral de los inmuebles en virtud del procedimiento regulado en esta disposición, excluirá la aplicación de las sanciones que hubieran podido exigirse por el incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes del alta o modificación de los mismos. 6. La determinación de la base liquidable del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para los bienes que sean objeto de regularización se realizará por la Dirección General del Catastro conforme a lo previsto en los artículos 67.1.b).4.º y concordantes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 7. Las actuaciones desarrolladas en el procedimiento de regularización tendrán la consideración de trabajos de formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario a efectos de lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 8. Se crea la tasa de regularización catastral, con el carácter de tributo estatal, que se rige por lo dispuesto en esta disposición y por las demás fuentes normativas que se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos: a) Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de esta tasa la regularización de la descripción de los bienes inmuebles resultante del procedimiento que se establece en esta disposición. b) Sujetos pasivos: Serán sujetos pasivos de la tasa de regularización las personas físicas o jurídicas y los entes a los que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que, de conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deban tener la condición de sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el ejercicio en el que se haya iniciado el procedimiento de regularización. c) Devengo: La tasa de regularización catastral se devengará con el inicio del procedimiento de regularización. d) Cuantía: La cuantía de la tasa de regularización catastral será de 60 euros por inmueble objeto del procedimiento. e) Gestión: La gestión de la tasa de regularización catastral corresponde a la Dirección General del Catastro. f) Recaudación: La recaudación de la tasa se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y su normativa de desarrollo.» Cuatro. Se añade una nueva disposición adicional cuarta, que queda redactada en la siguiente forma: «Disposición adicional cuarta. Valoración de las construcciones indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales ubicadas en suelo rústico. En aquellos municipios en los que no se haya realizado un procedimiento de valoración colectiva de carácter general con posterioridad al 1 de enero de 2006, a partir de la publicación de la resolución a la que se refiere el apartado 2 de la disposición adicional tercera, se determinará un nuevo valor catastral para aquellos bienes inmuebles que, con arreglo a la normativa anterior a la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, tengan naturaleza rústica y cuenten con construcciones indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. Estos valores, en tanto no se aprueben las nuevas normas reglamentarias de valoración de inmuebles rústicos, se obtendrán por la aplicación de las reglas contenidas en la disposición transitoria primera, referidas a la ponencia de valores vigente en el municipio. Los valores tendrán efectividad el día 1 de enero del año siguiente a aquel en que se notifiquen o se entiendan notificados.» Cinco. Se añade una disposición transitoria novena, que queda redactada de la siguiente forma: «Disposición transitoria novena. Plazo para solicitar la aplicación de los coeficientes previstos en el apartado 2 del artículo 32. El plazo para que los Ayuntamientos comuniquen a la Dirección General del Catastro la solicitud de aplicación para el ejercicio 2014, de los coeficientes previstos en el artículo 32.2, se amplía hasta el 1 de marzo de 2013.» CAPÍTULO X Régimen Económico y Fiscal de Canarias Artículo 17. Modificación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias. Uno. Se modifica el número 4 del artículo 4, que queda redactado como sigue: «4. Las operaciones sujetas a este Impuesto no estarán sujetas al concepto “transmisiones patrimoniales onerosas” del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las entregas y arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución o transmisión de derechos reales de goce o disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando estén exentos del Impuesto, salvo en los casos en que el sujeto pasivo renuncie a la exención en las circunstancias y con las condiciones recogidas en el artículo 50.cinco de la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.» Dos. Se modifica el apartado 5.º del número 2 del artículo 6, que queda redactado del modo siguiente: «5.º Las aportaciones no dinerarias efectuadas por los sujetos pasivos del Impuesto de elementos de su patrimonio empresarial o profesional a sociedades o comunidades de bienes o a cualquier otro tipo de entidades y las adjudicaciones de esta naturaleza en caso de liquidación o disolución total o parcial de aquéllas, sin perjuicio de la tributación que proceda con arreglo a las normas reguladoras de los conceptos “actos jurídicos documentadosˮ y “operaciones societariasˮ del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En particular, se considerará entrega de bienes la adjudicación de terrenos o edificaciones promovidos por una comunidad de bienes realizada en favor de los comuneros, en proporción a su cuota de participación.» Tres. Se modifica el artículo 16 que queda redactado del modo siguiente: «Artículo 16. Lugar de realización de las entregas de bienes. El lugar de realización de las entregas de bienes se determinará según las reglas siguientes: Uno. Las entregas de bienes que no sean objeto de expedición o transporte, se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto cuando los bienes se pongan a disposición del adquirente en dicho territorio. Dos. También se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto: 1.º Las entregas de bienes muebles corporales que deban ser objeto de expedición o transporte para su puesta a disposición del adquirente, cuando la expedición o transporte se inicien en el referido territorio. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el lugar de iniciación de la expedición o del transporte de los bienes que hayan de ser objeto de importación esté situado fuera del referido territorio, las entregas de los mismos efectuadas por el importador y, en su caso, por sucesivos adquirentes se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto. 2.º Las entregas de los bienes que hayan de ser objeto de instalación o montaje antes de su puesta a disposición, cuando la instalación se ultime en el referido territorio. Esta regla sólo se aplicará cuando la instalación o montaje implique la inmovilización de los bienes entregados y su coste exceda del 15 por 100 de la total contraprestación correspondiente a la entrega de los bienes instalados. 3.º Las entregas de bienes inmuebles que radiquen en dicho territorio. 4.º Las entregas de bienes a los pasajeros que se efectúen a bordo de un buque o de un avión, cuyo lugar de inicio y finalización se encuentre en el territorio de aplicación del Impuesto y no efectúe escala en puertos o aeropuertos sitos fuera de dicho territorio. Cuando se trate de un transporte de ida y vuelta, el trayecto de vuelta se considerará como un transporte distinto. A los efectos de este apartado, se considerará como lugar de inicio, el primer lugar previsto para el embarque de pasajeros en el territorio de aplicación del Impuesto, incluso después de la última escala fuera de dicho territorio. Tres. Las entregas de gas a través de una red de gas natural situada en el territorio de la Comunidad o de cualquier red conectada a dicha red, las entregas de electricidad o las entregas de calor o de frío a través de las redes de calefacción o de refrigeración, se entenderán efectuadas en el territorio de aplicación del Impuesto en el supuesto que se cita a continuación: Las efectuadas a un empresario o profesional revendedor, cuando este tenga la sede de su actividad económica o posea un establecimiento permanente o, en su defecto, su domicilio en el citado territorio, siempre que dichas entregas tengan por destinatarios a dicha sede, establecimiento permanente o domicilio. A estos efectos, se entenderá por empresario o profesional revendedor aquél cuya actividad principal respecto de las compras de gas, electricidad, calor o frío, consista en su reventa y el consumo propio de los mismos sea insignificante.» Cuatro. Se modifica el artículo 18 que queda redactado como sigue: «Artículo 18. Devengo del Impuesto. Uno. Se devengará el Impuesto: 1.º En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, cuando se efectúen conforme a la legislación que les sea aplicable. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en las entregas de bienes efectuadas en virtud de contratos de venta con pacto de reserva de dominio o cualquier otra condición suspensiva, de arrendamiento-venta de bienes o de arrendamiento de bienes con cláusula de transferencia de la propiedad vinculante para ambas partes, se devengará el Impuesto cuando los bienes que constituyan su objeto se pongan en posesión del adquirente. 2.º En las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas. No obstante, en las prestaciones de servicios en las que el destinatario sea el sujeto pasivo del Impuesto conforme a lo previsto en el apartado 2.° del número 1 del artículo 19 de esta Ley, que se lleven a cabo de forma continuada durante un plazo superior a un año y que no den lugar a pagos anticipados durante dicho período, el devengo del Impuesto se producirá a 31 de diciembre de cada año por la parte proporcional correspondiente al período transcurrido desde el inicio de la operación o desde el anterior devengo hasta la citada fecha, en tanto no se ponga fin a dichas prestaciones de servicios. Por excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando se trate de ejecuciones de obra con aportación de materiales, en el momento en que los bienes a que se refieran se pongan a disposición del dueño de la obra. 3.º Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, cuyas destinatarias sean las Administraciones públicas, en el momento de su recepción, conforme a lo dispuesto en el artículo 235 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 4.º En las transmisiones de bienes entre el comitente y comisionista efectuadas en virtud de contratos de comisión de venta, cuando el último actúe en nombre propio, en el momento en que el comisionista efectúe la entrega de los respectivos bienes. Cuando se trate de entregas de bienes efectuadas en virtud de contratos por los que una de las partes entrega a la otra bienes muebles, cuyo valor se estima en una cantidad cierta, obligándose quien los recibe a procurar su venta dentro de un plazo y a devolver el valor estimado de los bienes vendidos y el resto de los no vendidos, el devengo de las entregas relativas a los bienes vendidos se producirá cuando quien los recibe los ponga a disposición del adquirente. 5.º En las transmisiones de bienes entre comisionista y comitente efectuadas en virtud de contratos de comisión de compra, cuando el primero actúe en nombre propio, en el momento en que al comisionista le sean entregados los bienes a que se refieran. 6.º En los arrendamientos, en los suministros y, en general, en las operaciones de tracto sucesivo o continuado, en el momento en que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción. No obstante, cuando no se haya pactado precio o cuando, habiéndose pactado, no se haya determinado el momento de su exigibilidad, o la misma se haya establecido con una periodicidad superior a un año natural, el devengo del Impuesto se producirá a 31 de diciembre de cada año por la parte proporcional correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio de la operación, o desde el anterior devengo, hasta la citada fecha. Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores las operaciones a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1.º precedente. Dos. No obstante lo dispuesto en el número uno anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos. Tres. Se devengará el Impuesto en las importaciones cuando los importadores las soliciten, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación aplicable. En caso de falta de solicitud de importación en los plazos que reglamentariamente se prevean, el Impuesto se entenderá devengado en el momento de la entrada efectiva en el ámbito territorial de aplicación de este Impuesto conforme se define en el artículo 3.º de la presente Ley. Cuando se trate de la importación definitiva de los bienes que se encuentren en los regímenes o situaciones de tránsito, importación temporal, perfeccionamiento activo en el sistema de suspensión, Zona Franca, Depósito Franco o depósitos, el devengo del Impuesto se producirá en el momento en que se solicite dicha importación, cuando, asimismo, se cumplan los requisitos exigidos por la legislación aplicable. En el supuesto de incumplimiento de los requisitos que condicionan la concesión de cualquiera de los regímenes indicados en el párrafo anterior, se devengará el Impuesto en el momento en que se produjere dicho incumplimiento o, cuando no se pueda determinar la fecha del incumplimiento, en el momento en que se autorizó la aplicación de los citados regímenes. En las operaciones definidas como importaciones en los apartados 2.º, 3.º, 4.º y 5.º del número 2 del artículo 8.º de la presente Ley, el devengo se producirá en el momento en que tengan lugar, respectivamente, las desafectaciones, los cambios de condiciones o las adquisiciones a que se refieren dichos apartados.» Cinco. Se añade la letra h) al apartado 2.º del número 1 del artículo 19, con la siguiente redacción: «h) Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones. Lo establecido en el párrafo anterior será también de aplicación cuando los destinatarios de las operaciones sean a su vez el contratista principal u otros subcontratistas en las condiciones señaladas.» Seis. Se modifican los números 1, 2, 7 y 8 y se añade el número 11 al artículo 22 que quedan redactados del modo siguiente: «1. La base imponible del impuesto estará constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o de terceras personas. 2. En particular, se incluyen en el concepto de contraprestación: a) Los gastos de comisiones, portes y transporte, seguros, primas por prestaciones anticipadas y cualquier otro crédito efectivo a favor de quien realice la entrega o preste el servicio, derivado de la prestación principal o de las accesorias a la misma. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no se incluirán en la contraprestación los intereses por el aplazamiento en el pago del precio en la parte en que dicho aplazamiento corresponda a un período posterior a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios. A efectos de lo previsto en el párrafo anterior sólo tendrán la consideración de intereses las retribuciones de las operaciones financieras de aplazamiento o demora en el pago del precio, exentas del impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 50.uno.18.º, letra c), de la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, que se haga constar separadamente en la factura emitida por el sujeto pasivo. En ningún caso se considerará interés la parte de la contraprestación que exceda del usualmente aplicado en el mercado para similares operaciones. b) Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al impuesto. Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto las subvenciones establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación. En ningún caso se incluirán las subvenciones dirigidas a permitir el abastecimiento de productos comunitarios o disponibles en el mercado de la CEE, previsto en el Programa de opciones específicas por la lejanía e insularidad de las Islas Canarias. c) Los tributos y gravámenes de cualquier clase que recaigan sobre las mismas operaciones gravadas, excepto el propio Impuesto General Indirecto Canario y el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias. Lo dispuesto en esta letra comprenderá los impuestos especiales que se exijan en relación con los bienes que sean objeto de las operaciones gravadas, con excepción del Impuesto especial sobre determinados medios de transporte. d) Las percepciones retenidas con arreglo a derecho por el obligado a efectuar la prestación en los casos de resolución de las operaciones sujetas al impuesto. e) El importe de los envases y embalajes, incluso los susceptibles de devolución, cargado a los destinatarios de la operación, cualquiera que sea el concepto por el que dicho importe se perciba. f) El importe de las deudas asumidas por el destinatario de las operaciones sujetas como contraprestación total o parcial de las mismas.» «7. La base imponible también podrá reducirse proporcionalmente cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables. A estos efectos: A) Un crédito se considerará total o parcialmente incobrable cuando reúna las siguientes condiciones: 1.ª Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquellas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno solo, respectivamente, siempre que el período transcurrido entre el devengo del Impuesto repercutido y el vencimiento del o único pago sea superior a un año. Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de esta Ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo de un año a que se refiere esta condición 1.ª será de seis meses. 2.ª Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los Libros Registros exigidos para este Impuesto. 3.ª Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquella, Impuesto General Indirecto Canario excluido, sea superior a 300 euros. 4.ª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes públicos. Cuando se trate de las operaciones a plazos a que se refiere la condición l.ª anterior, resultará suficiente instar el cobro de uno de ellos mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo para proceder a la modificación de la base imponible en la proporción que corresponda por el plazo o plazos impagados. Cuando se trate de créditos adeudados por Entes públicos, la reclamación judicial o el requerimiento notarial a que se refiere la condición 4.ª anterior, se sustituirá por una certificación expedida por el órgano competente del Ente público deudor de acuerdo con el informe del Interventor o Tesorero de aquel en el que conste el reconocimiento de la obligación a cargo del mismo y su cuantía. B) La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del periodo de un año a que se refiere la condición 1.ª anterior y comunicarse a la Administración Tributaria Canaria en el plazo que se fije reglamentariamente. Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de esta Ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo de un año a que se refiere el párrafo anterior será de seis meses. C) Una vez practicada la reducción de la base imponible, esta no se volverá a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la contraprestación, salvo cuando el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional. En este caso, se entenderá que el Impuesto General Indirecto Canario está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación percibida. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista de la reclamación judicial al deudor o llegue a un acuerdo de cobro con el mismo con posterioridad al requerimiento notarial efectuado, como consecuencia de este o por cualquier otra causa, deberá modificar nuevamente la base imponible al alza mediante la expedición, en el plazo de un mes a contar desde el desistimiento o desde el acuerdo de cobro, respectivamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente. 8. En relación con los supuestos de modificación de la base imponible comprendidos en los números 6 y 7 anteriores, se aplicarán las siguientes reglas: 1.ª No procederá la modificación de la base imponible en los casos siguientes: a. Créditos que disfruten de garantía real, en la parte garantizada. b. Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte afianzada o asegurada. c. Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en el artículo 23, número 3, de esta Ley. d. Créditos adeudados o afianzados por Entes públicos. Lo dispuesto en esta letra d) no se aplicará a la reducción de la base imponible realizada de acuerdo con el número 7 anterior para los créditos que se consideren total o parcialmente incobrables, sin perjuicio de la necesidad de cumplir con el requisito de acreditación documental del impago a que se refiere la condición 4.ª de la letra A) de dicho número. 2.ª Tampoco procederá la modificación de la base imponible cuando el destinatario de las operaciones no esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto. 3.ª En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada modificación, se entenderá que el Impuesto General Indirecto Canario está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación satisfecha. 4.ª La rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el artículo 44 de esta Ley, determinará el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública. Si el destinatario de las operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del Impuesto, resultará también deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible. En el supuesto de que el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional y en la medida en que no haya satisfecho dicha deuda, resultará de aplicación lo establecido en la letra C) del número 7 anterior.» «11. Si el importe de la contraprestación no resultara conocido en el momento del devengo del impuesto, el sujeto pasivo deberá fijarlo provisionalmente aplicando criterios fundados, sin perjuicio de su rectificación cuando dicho importe fuera conocido.» Siete. Se modifican los números 1 y 2 y se añade el número 9 al artículo 23 con la siguiente redacción: «1. En las operaciones cuya contraprestación no consista en dinero, se considerará como base imponible la que se hubiese acordado en condiciones normales de mercado, en la misma fase de producción o comercialización, entre partes que fuesen independientes. No obstante, si la contraprestación consistiera parcialmente en dinero, se considerará base imponible el resultado de añadir al valor en el mercado de la parte no dineraria de la contraprestación el importe de la parte dineraria de la misma, siempre que dicho resultado fuere superior al determinado por aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior. 2. Cuando en una misma operación y por precio único se entreguen bienes o se presten servicios de diversa naturaleza, incluso en los supuestos de transmisión de la totalidad o parte de un patrimonio empresarial, la base imponible correspondiente a cada uno de ellos se determinará en proporción al valor de mercado de los bienes entregados o de los servicios prestados. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando dichos bienes o servicios constituyan el objeto de prestaciones accesorias de otra principal sujeta al impuesto.» «9. En la base imponible de las operaciones a que se refieren los números anteriores, en cuanto proceda, deberán incluirse o excluirse los gastos o componentes comprendidos, respectivamente, en los números 2 y 3 del artículo anterior.» Ocho. Se modifican los números 3 y 5 del artículo 33, que quedan redactados de la siguiente forma: «3. El derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaración-liquidación relativa al periodo de liquidación en que su titular haya soportado las cuotas deducibles o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, contados a partir del nacimiento del mencionado derecho. El porcentaje de deducción de las cuotas deducibles soportadas será el definitivo del año en que se haya producido el nacimiento del derecho a deducir de las citadas cuotas. Sin embargo, en caso de declaración de concurso, el derecho a la deducción de las cuotas soportadas con anterioridad a la misma, que estuvieran pendientes de deducir, deberá ejercitarse en la declaración-liquidación correspondiente al periodo de liquidación en el que se hubieran soportado. Cuando no se hubieran incluido las cuotas soportadas deducibles a que se refiere el párrafo anterior en dichas declaraciones-liquidaciones, y siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, contados a partir del nacimiento del derecho a la deducción de tales cuotas, el concursado o, en los casos previstos por el artículo 86.3 de la Ley Concursal, la administración concursal, podrá deducirlas mediante la rectificación de la declaración-liquidación relativa al periodo en que fueron soportadas. Cuando hubiese mediado requerimiento de la Administración o actuación inspectora, serán deducibles, en las liquidaciones que procedan, las cuotas soportadas que estuviesen debidamente contabilizadas en los libros registros establecidos reglamentariamente para este Impuesto, mientras que las cuotas no contabilizadas serán deducibles en la declaración-liquidación del periodo correspondiente a su contabilización o en las de los siguientes. En todo caso, unas y otras cuotas solo podrán deducirse cuando no haya transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo.» «5. Cuando la cuantía de las deducciones procedentes supere el importe de las cuotas devengadas en el mismo periodo de liquidación, el exceso podrá ser compensado en las declaraciones-liquidaciones posteriores, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años contados a partir de la presentación de la declaración-liquidación en que se origine dicho exceso. No obstante, el sujeto pasivo podrá optar por la devolución del saldo existente a su favor cuando resulte procedente en virtud de lo dispuesto en el Capítulo II de este Título, sin que en tal caso pueda efectuar su compensación en declaraciones-liquidaciones posteriores, cualquiera que sea el periodo de tiempo transcurrido hasta que dicha devolución se haga efectiva. En la declaración-liquidación, prevista reglamentariamente, referida a los hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso se deberá aplicar la totalidad de los saldos acumulados a compensar de periodos de liquidación anteriores a dicha declaración.» Nueve. Con efectos desde el día 1 de julio de 2012, y como consecuencia de la aprobación de la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, quedan derogados los artículos 10 y 27, el número 3 del artículo 58 bis, la Disposición adicional octava y los Anexos I, I bis, II y VI. Las referencias que en la normativa vigente se puedan efectuar a los mismos, se entenderán realizadas a la normativa vigente que en materia de exenciones por operaciones interiores y tipos impositivos apruebe la Comunidad Autónoma de Canarias. Artículo 18. Modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias. Con efecto desde el día 1 de julio de 2012, y como consecuencia de la aprobación de la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, queda derogado el artículo 24. CAPÍTULO XI Artículo 19. Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. Con efectos desde el 1 de enero de 2013 se crea el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito, que se regirá por las siguientes disposiciones: Uno. Naturaleza y objeto del impuesto. El Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito es un tributo de carácter directo que grava, en la forma y condiciones previstas en el presente artículo, los depósitos constituidos en las entidades de crédito. Dos. Ámbito territorial de aplicación. El impuesto es exigible en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los territorios históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra. En su aplicación se tendrá en cuenta lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que formen parte del ordenamiento interno español. Tres. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible el mantenimiento de fondos de terceros, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, por los contribuyentes señalados en el apartado Seis de este artículo, y que comporten la obligación de restitución, a excepción de los fondos mantenidos en sucursales fuera del territorio español. Cuatro. Exenciones. Estarán exentos del impuesto: 1. El Banco de España y las autoridades de regulación monetaria. 2. El Banco Europeo de Inversiones. 3. El Banco Central Europeo. 4. El Instituto de Crédito Oficial. Cinco. Período impositivo y devengo. El período impositivo será el año natural. No obstante, en el período impositivo en que se produzca el inicio de la actividad en territorio español, el mismo comprenderá desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural. En todo caso, el período impositivo concluirá cuando el contribuyente cese en su actividad en territorio español. El impuesto se devengará el último día del período impositivo. Seis. Contribuyentes. Son contribuyentes del Impuesto: a) Las entidades de crédito definidas en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de Entidades de crédito al de las Comunidades Europeas. b) Las sucursales en territorio español de entidades de crédito extranjeras. Siete. Base imponible. Constituye la base imponible el importe resultante de promediar aritméticamente el saldo final de cada trimestre natural del periodo impositivo, correspondiente a la partida 4 «Depósitos de la clientela» del Pasivo del Balance reservado de las entidades de crédito, incluidos en los estados financieros individuales. A estos efectos, el saldo final se minorará en las cuantías de los «Ajustes por valoración» incluidos en las partidas 4.1.5, 4.2.5, 4.3.2 y 4.4.5. Los parámetros a que se refiere este apartado se corresponden con los definidos en el Título II y en el Anejo IV de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, o norma que la sustituya. Ocho. Cuota tributaria. La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del 0 por ciento. La cuota diferencial se obtendrá como resultado de deducir de la cuota íntegra, en su caso, el pago a cuenta realizado. Nueve. Autoliquidación. Los contribuyentes deberán presentar la autoliquidación del impuesto en el mes de julio del año siguiente al del periodo impositivo, en el lugar y forma que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. No obstante lo anterior, no será obligatoria la presentación de la autoliquidación cuando resulte cuota íntegra igual a cero euros. Diez. Obligación de realizar pago a cuenta. Los contribuyentes están obligados a presentar un autoliquidación de pago a cuenta en el mes de julio de cada ejercicio, correspondiente al periodo impositivo en curso, por importe del 50 por ciento de la cuota que resulta de aplicar el tipo de gravamen vigente en ese periodo impositivo a la base imponible del periodo impositivo anterior. No obstante lo anterior, no será obligatoria la presentación de la autoliquidación cuando resulte cuota íntegra igual a cero euros. Once. Habilitación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá modificar el tipo de gravamen y el pago a cuenta. Doce. Infracciones y sanciones. Las infracciones tributarias derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en su normativa de desarrollo se calificarán y sancionarán con arreglo a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Trece. Hechos imponibles regulados en esta Ley gravados por las Comunidades Autónomas. En la medida en que el impuesto que establece esta Ley recaiga sobre hechos imponibles gravados por las Comunidades Autónomas y esto produzca una disminución de sus ingresos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. Lo dispuesto en el párrafo anterior será únicamente de aplicación respecto de aquellos tributos propios de las Comunidades Autónomas establecidos en una Ley aprobada con anterioridad a 1 de diciembre de 2012. Catorce. Entrada en vigor. El impuesto se exigirá con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013. Disposición adicional primera. Autoliquidación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos a 31 de diciembre de 2012. Se considerarán realizadas a 31 de diciembre de 2012 las ventas minoristas de los productos comprendidos en el ámbito objetivo del impuesto que a dicha fecha se encuentren en los establecimientos de venta al público al por menor definidos en el número 2 del apartado cuatro del artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, salvo que a los citados productos les sea de aplicación el régimen suspensivo del Impuesto sobre Hidrocarburos. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior las ventas minoristas de los productos se entenderán efectuadas en todo caso en el territorio de la Comunidad Autónoma donde radique el establecimiento de venta al público al por menor. En los 20 primeros días naturales del mes de abril de 2013 los sujetos pasivos del impuesto estarán obligados a presentar la autoliquidación y relación comprensiva de las cuotas devengadas, y en su caso, de las operaciones exentas, derivada de lo señalado en los párrafos anteriores, que se tramitará de forma independiente de la correspondiente autoliquidación del último trimestre del año 2012. Disposición adicional segunda. Las referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido en el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, han de entenderse hechas, en sus mismos términos, al Impuesto General Indirecto Canario. Disposición adicional tercera. Con efectos a partir de 15 de noviembre de 2012, se añade una disposición adicional decimoctava «Régimen fiscal especial aplicable a las operaciones de reestructuración y resolución de entidades de crédito», al Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, con la siguiente redacción: «El régimen fiscal establecido en el capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de esta Ley, para las operaciones mencionadas en su artículo 83, incluidos sus efectos en los demás tributos, será de aplicación a las transmisiones del negocio o de activos o pasivos realizadas por entidades de crédito en cumplimiento de planes de reestructuración o planes de resolución de entidades de crédito a favor de otra entidad de crédito, al amparo de la normativa de reestructuración bancaria, aun cuando no se correspondan con las operaciones mencionadas en los artículos 83 y 94 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.» Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 1. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley. 2. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013, quedan derogados los artículos 49 y 50.3 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio. Disposición final primera. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. Primero. Con efectos a partir de 1 de enero de 2013, se introducen las siguientes modificaciones en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo: Uno. Se añade una letra i) al apartado 1 del artículo 14, que queda redactada de la siguiente forma: «i) Los gastos que excedan, para cada perceptor, del importe de 1.000.000 de euros, o en caso de resultar superior, del importe que esté exento por aplicación de lo establecido en el artículo 7.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, aun cuando se satisfagan en varios períodos impositivos, derivados de la extinción de la relación laboral, común o especial, o de la relación mercantil a que se refiere el artículo 17.2.e) de la referida Ley, o de ambas. A estos efectos, se computarán las cantidades satisfechas por otras entidades que formen parte de un mismo grupo de sociedades en las que concurran las circunstancias previstas en el artículo 42 del Código de Comercio.» Dos. Se añaden una nueva letra f) al apartado 4 y una letra c) al apartado 6, ambos del artículo 140, que quedan redactadas de la siguiente forma: «4. (Igual). f) Los premios de loterías y apuestas que, por su cuantía, estén exentos del gravamen especial a que se refiere la disposición adicional trigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 6. (Igual). c) En el caso de premios de loterías y apuestas que, por su cuantía, estuvieran sujetos y no exentos del gravamen especial de determinadas loterías y apuestas a que se refiere la disposición adicional trigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, el 20 por 100. En este caso, la retención se practicará sobre el importe del premio sujeto y no exento, de acuerdo con la referida disposición. (Igual).» Tres. Se añade una disposición transitoria trigésimo octava con el siguiente contenido: «Disposición transitoria trigésimo octava. Gastos derivados de relaciones laborales o mercantiles extinguidas con anterioridad a 1 de enero de 2013. Lo dispuesto en el artículo 14.1.i) de esta Ley no se aplicará a los gastos que se deriven de relaciones laborales o mercantiles que se hayan extinguido con anterioridad a 1 de enero de 2013.» Segundo. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013, se introducen las siguientes modificaciones en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo: Uno. Se deroga el apartado 2 del artículo 27. Dos. Se añade un párrafo al apartado 1 del artículo 45, con la siguiente redacción: «No deberán efectuar el referido pago fraccionado ni estarán obligadas a presentar la correspondiente declaración las entidades a las que se refieren los apartados 5 y 6 del artículo 28 de esta Ley.» Tres. Se deroga el apartado 4 del artículo 48. Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 53, que queda redactado de la siguiente forma: «2. La aplicación del régimen fiscal especial regulado en este capítulo requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que el número de viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento por la entidad en cada período impositivo sea en todo momento igual o superior a 8. b) Que las viviendas permanezcan arrendadas u ofrecidas en arrendamiento durante al menos tres años. Este plazo se computará: 1.º En el caso de viviendas que figuren en el patrimonio de la entidad antes del momento de acogerse al régimen, desde la fecha de inicio del período impositivo en que se comunique la opción por el régimen, siempre que a dicha fecha la vivienda se encontrara arrendada. De lo contrario, se estará a lo dispuesto en el párrafo siguiente. 2.º En el caso de viviendas adquiridas o promovidas con posterioridad por la entidad, desde la fecha en que fueron arrendadas por primera vez por ella. El incumplimiento de este requisito implicará para cada vivienda, la pérdida de la bonificación que hubiera correspondido. Junto con la cuota del período impositivo en el que se produjo el incumplimiento, deberá ingresarse el importe de las bonificaciones aplicadas en la totalidad de los períodos impositivos en los que hubiera resultado de aplicación este régimen especial, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes. c) Que las actividades de promoción inmobiliaria y de arrendamiento sean objeto de contabilización separada para cada inmueble adquirido o promovido, con el desglose que resulte necesario para conocer la renta correspondiente a cada vivienda, local o finca registral independiente en que éstos se dividan. d) En el caso de entidades que desarrollen actividades complementarias a la actividad económica principal de arrendamiento de viviendas, que al menos el 55 por ciento de las rentas del período impositivo, excluidas las derivadas de la transmisión de los inmuebles arrendados una vez transcurrido el período mínimo de mantenimiento a que se refiere la letra b) anterior, o, alternativamente que al menos el 55 por ciento del valor del activo de la entidad sea susceptible de generar rentas que tengan derecho a la aplicación de la bonificación a que se refiere el artículo 54.1 de esta Ley.» Cinco. Se modifica el apartado 11 del artículo 115, que queda redactado de la siguiente forma: «11. Las entidades arrendatarias podrán optar, a través de una comunicación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los términos que reglamentariamente se establezcan, por establecer que el momento temporal a que se refiere el apartado 6 se corresponde con el momento del inicio efectivo de la construcción del activo, atendiendo al cumplimiento simultáneo de los siguientes requisitos: a) Que se trate de activos que tengan la consideración de elementos del inmovilizado material que sean objeto de un contrato de arrendamiento financiero, en el que las cuotas del referido contrato se satisfagan de forma significativa antes de la finalización de la construcción del activo. b) Que la construcción de estos activos implique un período mínimo de 12 meses. c) Que se trate de activos que reúnan requisitos técnicos y de diseño singulares y que no se correspondan con producciones en serie.» Seis. Se añade una disposición transitoria trigésimo novena con el siguiente contenido: «Disposición transitoria trigésimo novena. Régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero. Los elementos patrimoniales respecto de los cuales se haya obtenido la correspondiente autorización administrativa en virtud de lo establecido en el apartado 11 del artículo 115 de esta Ley en un período impositivo iniciado antes de 1 de enero de 2013, se regirán, a efectos de la aplicación de lo dispuesto en el referido artículo y del régimen de entidades navieras en función del tonelaje, por la normativa vigente a 31 de diciembre de 2012.» Disposición final segunda. Modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: Uno. Se modifica el apartado 7 del artículo 20, que queda redactado de la siguiente forma: «7. La misma reducción en la base imponible regulada en el apartado anterior y con las condiciones señaladas en sus letras a) y c) se aplicará, en caso de donación, a favor del cónyuge, descendientes o adoptados, de los bienes comprendidos en los apartados uno, dos y tres del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, en cuanto integrantes del Patrimonio Histórico Español o del Patrimonio Histórico o Cultural de las Comunidades Autónomas. A los efectos de las adquisiciones gratuitas de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español o del Patrimonio Histórico o Cultural de las Comunidades Autónomas, se considerará que el donatario no vulnera el deber de mantenimiento de lo adquirido cuando done, de forma pura, simple e irrevocable, los bienes adquiridos con reducción de la base imponible del impuesto al Estado o a las demás Administraciones públicas territoriales o institucionales. El incumplimiento de los requisitos exigidos llevará consigo el pago del impuesto dejado de ingresar y los correspondientes intereses de demora.» Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 34, que queda redactado de la siguiente forma: «4. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se establece el régimen de autoliquidación del impuesto con carácter obligatorio en las siguientes Comunidades Autónomas: – Comunidad Autónoma de Andalucía. – Comunidad Autónoma de Aragón. – Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. – Comunidad Autónoma de las Illes Balears. – Comunidad Autónoma de Canarias. – Comunidad de Castilla y León. – Comunidad Autónoma de Cataluña. – Comunidad Autónoma de Galicia. – Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. – Comunidad Valenciana.» Disposición final tercera. Modificación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. Con efectos desde el 31 de diciembre de 2012, la letra f) del apartado 5 del artículo 49 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, queda redactada de la siguiente forma: «f) 0,75 por mil de los ingresos brutos de explotación.» Disposición final cuarta. Modificación de la Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946. Con efectos desde 1 de enero de 2013 se adiciona un nuevo apartado 5 en el artículo 254 de la Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946, con la siguiente redacción: «5. El Registro de la Propiedad no practicará la inscripción correspondiente de ningún documento que contenga acto o contrato determinante de las obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que se acredite previamente haber presentado la autoliquidación o, en su caso, la declaración, del impuesto, o la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo.» Disposición final quinta. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo. Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley del impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo: Uno. Se modifica el artículo 40, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 40. Sujeción. Las entidades residentes en un país o territorio que tenga la consideración de paraíso fiscal, que sean propietarias o posean en España, por cualquier título, bienes inmuebles o derechos reales de goce o disfrute sobre éstos, estarán sujetas al impuesto mediante un gravamen especial.» Dos. Se modifica el artículo 41, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 41. Base imponible. 1. La base imponible del gravamen especial estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles. Cuando no existiese valor catastral, se utilizará el valor determinado con arreglo a las disposiciones aplicables a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. 2. En los supuestos en que una entidad de las mencionadas en el artículo 40 participe en la titularidad de los bienes o derechos junto con otra u otras personas o entidades, el Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes en España será exigible por la parte del valor de los bienes o derechos que corresponda proporcionalmente a su participación en la titularidad de aquéllos.» Tres. Se modifica el artículo 42, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 42. Exenciones. El gravamen especial sobre bienes inmuebles no será exigible a: a) Los Estados e instituciones públicas extranjeras y los organismos internacionales. b) Las entidades que desarrollen en España, de modo continuado o habitual, explotaciones económicas diferenciables de la simple tenencia o arrendamiento del inmueble, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente. c) Las sociedades que coticen en mercados secundarios de valores oficialmente reconocidos.» Cuatro. Se modifica el título del artículo 45, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 45. Devengo, declaración y afectación.» Cinco. Se añade un apartado 3 al artículo 45, que queda redactado de la siguiente forma: «3. Tratándose de transmisiones de bienes inmuebles situados en territorio español por entidades sujetas al gravamen especial, los bienes transmitidos quedarán afectos al pago del importe de dicho gravamen especial.» Disposición final sexta. Modificación de la Ley 8/1991, de 25 de marzo, del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla. Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 8/1991, de 25 de marzo, del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla: Uno. Se modifica el artículo 9, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 9. Exenciones en importaciones de bienes. Las importaciones definitivas de bienes en las Ciudades de Ceuta y Melilla estarán exentas en los mismos términos que en la legislación común del Impuesto sobre el Valor Añadido y, en todo caso, se asimilarán, a efectos de esta exención, las que resulten de aplicación a las operaciones interiores. En particular, en las importaciones de bienes en régimen de viajeros la exención se aplicará en los mismos términos y cuantías que los previstos para las importaciones de bienes en régimen de viajeros en la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.» Dos. Se modifica la letra b) del artículo 11, que queda redactada de la siguiente forma: «b) En las importaciones, en el momento de admisión de la declaración para el despacho de importación o, en su defecto, en el momento de la entrada de los bienes en el territorio de sujeción, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación aplicable.» Tres. Se modifica el número 3 del artículo 22, que queda redactado de la siguiente forma: «3. En las importaciones, la liquidación que corresponda y el pago resultante habrán de efectuarse con anterioridad al acto administrativo de despacho o a la entrada de las mercancías en el territorio de sujeción. Podrá otorgarse un plazo máximo de 90 días desde la introducción de las mercancías hasta el pago del impuesto si, a juicio de la Administración o de los órganos gestores, queda suficientemente garantizada la deuda tributaria.» Cuatro. Se introduce una disposición transitoria tercera, con el siguiente contenido: «Disposición transitoria tercera. Vehículos de tracción mecánica, embarcaciones o aeronaves importadas pendientes de matriculación en las Ciudades de Ceuta y Melilla. Los vehículos de tracción mecánica, embarcaciones o aeronaves, que con anterioridad al 1 de enero de 2013 hubieran ya cumplido las formalidades de importación y se encuentren pendientes de matriculación en las Ciudades de Ceuta o Melilla, devengarán el impuesto en el momento en que se produzca su matriculación.» Disposición final séptima. Modificación del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013, se modifica el número cuatro del apartado primero del artículo 1 del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, que queda redactado de la siguiente forma: «Cuatro. La cantidad a ingresar correspondiente a los pagos fraccionados establecidos en el apartado 3 del artículo 45 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para los sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios en los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2012 ó 2013 sea al menos veinte millones de euros, no podrá ser inferior, en ningún caso, al 12 por ciento del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los tres, nueve u once primeros meses de cada año natural o, para sujetos pasivos cuyo período impositivo no coincida con el año natural, del ejercicio transcurrido desde el inicio del período impositivo hasta el día anterior al inicio de cada período de ingreso del pago fraccionado, determinado de acuerdo con el Código de Comercio y demás normativa contable de desarrollo, minorado exclusivamente en los pagos fraccionados realizados con anterioridad, correspondientes al mismo período impositivo. No obstante, el porcentaje establecido en el párrafo anterior será del 6 por ciento para aquellas entidades allí referidas, en las que al menos el 85 por ciento de los ingresos de los tres, nueve u once primeros meses de cada año natural o, para sujetos pasivos cuyo período impositivo no coincida con el año natural, del ejercicio transcurrido desde el inicio del período impositivo hasta el día anterior al inicio de cada período de ingreso del pago fraccionado, correspondan a rentas a las que resulte de aplicación las exenciones previstas en los artículos 21 y 22 o la deducción prevista en el artículo 30.2, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Lo dispuesto en este número no resultará de aplicación a las entidades a las que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley del lmpuesto sobre Sociedades ni a las referidas en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.» Disposición final octava. Modificación de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. Uno. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 2, que queda redactada de la siguiente forma: «c) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo régimen establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión a que se refiere el artículo 3 de esta Ley. Las entidades a que se refiere esta letra c) no podrán tener participaciones en el capital de otras entidades. Las participaciones representativas del capital de estas entidades deberán ser nominativas y la totalidad de su capital debe pertenecer a otras SOCIMI o entidades no residentes a que se refiere la letra b) anterior. Tratándose de entidades residentes en territorio español, estas podrán optar por la aplicación del régimen fiscal especial en las condiciones establecidas en el artículo 8 de esta Ley.» Dos. Se modifica el artículo 3, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 3. Requisitos de inversión. 1. Las SOCIMI deberán tener invertido, al menos, el 80 por ciento del valor del activo en bienes inmuebles de naturaleza urbana destinados al arrendamiento, en terrenos para la promoción de bienes inmuebles que vayan a destinarse a dicha finalidad siempre que la promoción se inicie dentro de los tres años siguientes a su adquisición, así como en participaciones en el capital o patrimonio de otras entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley. Este porcentaje se calculará sobre el balance consolidado en el caso de que la sociedad sea dominante de un grupo según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. Dicho grupo estará integrado exclusivamente por las SOCIMI y el resto de entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley. El valor del activo se determinará según la media de los balances individuales o, en su caso, consolidados trimestrales del ejercicio, pudiendo optar la sociedad para calcular dicho valor por sustituir el valor contable por el de mercado de los elementos integrantes de tales balances, el cual se aplicaría en todos los balances del ejercicio. A estos efectos no se computarán, en su caso, el dinero o derechos de crédito procedente de la transmisión de dichos inmuebles o participaciones que se haya realizado en el mismo ejercicio o anteriores siempre que, en este último caso, no haya transcurrido el plazo de reinversión a que se refiere el artículo 6 de esta ley. A efectos de dicho cómputo, si los bienes inmuebles están situados en el extranjero, incluidos los tenidos por las entidades a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 2 de esta Ley, deberán tener naturaleza análoga a los situados en territorio español y deberá existir efectivo intercambio de información tributaria con el país o territorio en el que estén situados, en los términos establecidos en la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. 2. Asimismo, al menos el 80 por ciento de las rentas del período impositivo correspondientes a cada ejercicio, excluidas las derivadas de la transmisión de las participaciones y de los bienes inmuebles afectos ambos al cumplimiento de su objeto social principal, una vez transcurrido el plazo de mantenimiento a que se refiere el apartado siguiente, deberá provenir: a) del arrendamiento de bienes inmuebles afectos al cumplimiento de su objeto social principal con personas o entidades respecto de las cuales no se produzca alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia, y/o b) de dividendos o participaciones en beneficios procedentes de participaciones afectas al cumplimiento de su objeto social principal. Este porcentaje se calculará sobre el resultado consolidado en el caso de que la sociedad sea dominante de un grupo según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. Dicho grupo estará integrado exclusivamente por las SOCIMI y el resto de entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley. 3. Los bienes inmuebles que integren el activo de la sociedad deberán permanecer arrendados durante al menos tres años. A efectos del cómputo se sumará el tiempo que los inmuebles hayan estado ofrecidos en arrendamiento, con un máximo de un año. El plazo se computará: a) En el caso de bienes inmuebles que figuren en el patrimonio de la sociedad antes del momento de acogerse al régimen, desde la fecha de inicio del primer período impositivo en que se aplique el régimen fiscal especial establecido en esta Ley, siempre que a dicha fecha el bien se encontrara arrendado u ofrecido en arrendamiento. De lo contrario, se estará a lo dispuesto en la letra siguiente. b) En el caso de bienes inmuebles promovidos o adquiridos con posterioridad por la sociedad, desde la fecha en que fueron arrendados u ofrecidos en arrendamiento por primera vez. En el caso de acciones o participaciones en el capital de entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley, deberán mantenerse en el activo de la sociedad al menos durante tres años desde su adquisición o, en su caso, desde el inicio del primer período impositivo en que se aplique el régimen fiscal especial establecido en esta Ley.» Tres. Se modifica el artículo 4, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 4. Obligación de negociación en mercado regulado o sistema multilateral de negociación. Las acciones de las SOCIMI deberán estar admitidas a negociación en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación español o en el de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o bien en un mercado regulado de cualquier país o territorio con el que exista efectivo intercambio de información tributaria, de forma ininterrumpida durante todo el período impositivo. Las acciones de las SOCIMI deberán tener carácter nominativo. Estas mismas obligaciones se exigirán a las participaciones representativas del capital de las entidades no residentes a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 2 de esta Ley.» Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 5, que queda redactado de la siguiente forma: «1. Las SOCIMI tendrán un capital social mínimo de 5 millones de euros.» Cinco. Se modifica el artículo 6, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 6. Distribución de resultados. 1. Las SOCIMI y entidades residentes en territorio español en las que participan a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 2 de esta Ley, que hayan optado por la aplicación del régimen fiscal especial establecido en esta Ley, estarán obligadas a distribuir en forma de dividendos a sus accionistas, una vez cumplidas las obligaciones mercantiles que correspondan, el beneficio obtenido en el ejercicio, debiéndose acordar su distribución dentro de los seis meses posteriores a la conclusión de cada ejercicio, en la forma siguiente: a) El 100 por 100 de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por las entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley. b) Al menos el 50 por ciento de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y acciones o participaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley, realizadas una vez transcurridos los plazos a que se refiere el apartado 3 del artículo 3 de esta Ley, afectos al cumplimiento de su objeto social principal. El resto de estos beneficios deberá reinvertirse en otros inmuebles o participaciones afectos al cumplimiento de dicho objeto, en el plazo de los tres años posteriores a la fecha de transmisión. En su defecto, dichos beneficios deberán distribuirse en su totalidad conjuntamente con los beneficios, en su caso, que procedan del ejercicio en que finaliza el plazo de reinversión. Si los elementos objeto de reinversión se transmiten antes del plazo de mantenimiento establecido en el apartado 3 del artículo 3 de esta Ley, aquellos beneficios deberán distribuirse en su totalidad conjuntamente con los beneficios, en su caso, que procedan del ejercicio en que se han transmitido. La obligación de distribución no alcanza, en su caso, a la parte de estos beneficios imputables a ejercicios en los que la sociedad no tributaba por el régimen fiscal especial establecido en esta Ley. c) Al menos el 80 por ciento del resto de los beneficios obtenidos. El dividendo deberá ser pagado dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de distribución. 2. Cuando la distribución del dividendo se realice con cargo a reservas procedentes de beneficios de un ejercicio en el que haya sido de aplicación el régimen fiscal especial, su distribución se adoptará obligatoriamente con el acuerdo a que se refiere el apartado anterior. 3. La reserva legal de las sociedades que hayan optado por la aplicación del régimen fiscal especial establecido en esta Ley no podrá exceder del 20 por ciento del capital social. Los estatutos de estas sociedades no podrán establecer ninguna otra reserva de carácter indisponible distinta de la anterior.» Seis. Se deroga el artículo 7. Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 8, que queda redactado de la siguiente forma: «1. Las SOCIMI así como las entidades residentes en territorio español a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 2, que cumplan los requisitos establecidos en esta Ley, podrán optar por la aplicación en el Impuesto sobre Sociedades del régimen fiscal especial regulado en esta Ley, el cual también será de aplicación a sus socios. La opción deberá adoptarse por la junta general de accionistas y deberá comunicarse a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio fiscal de la entidad, antes de los tres últimos meses previos a la conclusión del período impositivo. La comunicación realizada fuera de este plazo impedirá aplicar este régimen fiscal en dicho período impositivo.» Ocho. Se modifica el artículo 9, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 9. Régimen fiscal especial de la sociedad en el Impuesto sobre Sociedades. 1. Las entidades que opten por la aplicación del régimen fiscal especial previsto en esta Ley, se regirán por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades sin perjuicio de las disposiciones especiales previstas en esta Ley. Dichas entidades tributarán al tipo de gravamen del cero por ciento en el Impuesto sobre Sociedades. En este caso, de generarse bases imponibles negativas, no resultará de aplicación el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, no resultará de aplicación el régimen de deducciones y bonificaciones establecidas en los capítulos II, III y IV del título VI del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. No obstante, el incumplimiento del requisito de permanencia a que se refiere el apartado 3 del artículo 3 de esta ley implicará, en el caso de inmuebles, la tributación de todas las rentas generadas por dichos inmuebles en todos los períodos impositivos en los que hubiera resultado de aplicación este régimen fiscal especial, de acuerdo con el régimen general y el tipo general de gravamen del Impuesto sobre Sociedades. El incumplimiento del requisito de permanencia en el caso de acciones o participaciones determinará la tributación de aquella parte de las rentas generadas con ocasión de la transmisión, de acuerdo con el régimen general y el tipo general del Impuesto sobre Sociedades. Esta misma regularización procedería en el caso de que la sociedad, cualquiera que fuese su causa, pase a tributar por otro régimen distinto en el Impuesto sobre Sociedades antes de que se cumpla el referido plazo de tres años. Las regularizaciones a que se refieren los tres párrafos anteriores se realizarán en los términos establecidos en el artículo 137.3 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 2. La entidad estará sometida a un gravamen especial del 19 por ciento sobre el importe íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos a los socios cuya participación en el capital social de la entidad sea igual o superior al 5 por ciento, cuando dichos dividendos, en sede de sus socios, estén exentos o tributen a un tipo de gravamen inferior al 10 por ciento. Dicho gravamen tendrá la consideración de cuota del Impuesto sobre Sociedades. Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación cuando el socio que percibe el dividendo sea una entidad a la que resulte de aplicación esta Ley. El gravamen especial se devengará el día del acuerdo de distribución de beneficios por la junta general de accionistas, u órgano equivalente, y deberá ser objeto de autoliquidación e ingreso en el plazo de dos meses desde la fecha de devengo. El modelo de declaración de este gravamen especial se aprobará por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que establecerá la forma y el lugar para su presentación. 3. El gravamen especial previsto en el apartado anterior no resultará de aplicación cuando los dividendos o participaciones en beneficios sean percibidos por entidades no residentes a las que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 2 de esta Ley, respecto de aquellos socios que posean una participación igual o superior al 5 por ciento en el capital social de aquellas y tributen por dichos dividendos o participaciones en beneficios, al menos, al tipo de gravamen del 10 por ciento. 4. En todo caso, estarán sujetos a retención los dividendos o participaciones en beneficios a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 10 de esta Ley. Asimismo, estarán sujetos a retención los dividendos o participaciones en beneficios a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 10 de esta Ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, salvo aquellos a los que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior.» Nueve. Se modifica el artículo 10, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 10. Régimen fiscal especial de los socios. 1. Los dividendos distribuidos con cargo a beneficios o reservas respecto de los que se haya aplicado el régimen fiscal especial establecido en esta Ley, recibirán el siguiente tratamiento: a) Cuando el perceptor sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades o un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, no será de aplicación la deducción establecida en el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. b) Cuando el perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no será de aplicación la exención establecida en la letra y) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. c) Cuando el perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente, no será de aplicación la exención establecida en la letra j) del apartado 1 del artículo 14 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo. 2. Las rentas obtenidas en la transmisión o reembolso de la participación en el capital de las sociedades que hayan optado por la aplicación de este régimen, recibirán el siguiente tratamiento: a) Cuando el transmitente o perceptor sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades o un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, no será de aplicación la deducción establecida en el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en relación con la renta obtenida que se corresponda con reservas procedentes de beneficios respecto de los que haya sido de aplicación el régimen fiscal especial previsto en esta Ley. b) Cuando el transmitente o perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la ganancia o pérdida patrimonial se determinará de acuerdo con lo previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 37 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. c) Cuando el transmitente o perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente, no será de aplicación la exención establecida en la letra i) del apartado 1 del artículo 14 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 3. Los socios cuya participación en el capital social de la entidad sea igual o superior al 5 por ciento, y que reciban dividendos o participaciones en beneficios que tributen a un tipo de gravamen de, al menos, el 10 por ciento, estarán obligados a notificar tal circunstancia a la entidad en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquel en que los mismos sean satisfechos. De no existir esta notificación, se entenderá que los dividendos o participaciones en beneficios están exentos o tributan a un tipo de gravamen inferior al 10 por ciento. Los socios que tengan la condición de entidades no residentes a las que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 2 de esta Ley deberán acreditar en el plazo establecido en el párrafo anterior que, a la vista de la composición de su accionariado y de la normativa aplicable en el momento del acuerdo de distribución de dividendos, estos quedarán gravados, ya sea en dicha entidad o en sus socios, al menos, al tipo de gravamen del 10 por ciento. La no sujeción al gravamen especial quedará, no obstante, condicionada a que los referidos dividendos tributen al tipo de gravamen de, al menos, el 10 por ciento, cuando éstos sean objeto de distribución por las entidades a las que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 2 de esta Ley.» Diez. Se modifica el artículo 11, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 11. Obligaciones de información. 1. En la memoria de las cuentas anuales, las sociedades que hayan optado por la aplicación del régimen fiscal especial establecido en esta Ley, crearán un apartado con la denominación “Exigencias informativas derivadas de la condición de SOCIMI, Ley 11/2009”, en la que se incluirá la siguiente información: a) Reservas procedentes de ejercicios anteriores a la aplicación del régimen fiscal establecido en esta Ley. b) Reservas procedentes de ejercicios en los que se haya aplicado el régimen fiscal establecido en esta Ley, diferenciando la parte que procede de rentas sujetas al tipo de gravamen del cero por ciento, o del 19 por ciento, respecto de aquellas que, en su caso, hayan tributado al tipo general de gravamen. c) Dividendos distribuidos con cargo a beneficios de cada ejercicio en que ha resultado aplicable el régimen fiscal establecido en esta Ley, diferenciando la parte que procede de rentas sujetas al tipo de gravamen del cero por ciento o del 19 por ciento, respecto de aquellas que, en su caso, hayan tributado al tipo general de gravamen. d) En caso de distribución de dividendos con cargo a reservas, designación del ejercicio del que procede la reserva aplicada y si las mismas han estado gravadas al tipo de gravamen del cero por ciento, del 19 por ciento o al tipo general. e) Fecha de acuerdo de distribución de los dividendos a que se refieren las letras c) y d) anteriores. f) Fecha de adquisición de los inmuebles destinados al arrendamiento y de las participaciones en el capital de entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley. g) Identificación del activo que computa dentro del 80 por ciento a que se refiere el apartado 1 del artículo 3 de esta Ley. h) Reservas procedentes de ejercicios en que ha resultado aplicable el régimen fiscal especial establecido en esta Ley, que se hayan dispuesto en el período impositivo, que no sea para su distribución o para compensar pérdidas, identificando el ejercicio del que proceden dichas reservas. 2. Las menciones en la memoria anual establecidas en las letras a) y b) del apartado anterior deberán ser efectuadas mientras existan reservas a que se refieren dichas letras. 3. Asimismo, las sociedades deberán aportar, a requerimiento de la Administración tributaria, la información detallada sobre los cálculos efectuados para determinar el resultado de la distribución de los gastos entre las distintas fuentes de renta. 4. Constituye infracción tributaria el incumplimiento, en relación con cada ejercicio, de las obligaciones de información, a que se refieren los apartados anteriores. Esta infracción será grave y se sancionará de acuerdo con las siguientes normas: a) Se impondrá una sanción pecuniaria de 1.500 euros por cada dato y 15.000 euros por conjunto de datos omitido, inexacto o falso, referidos a cada una de las obligaciones de información contenidas en las letras a), b), c) y d) del apartado 1 de este artículo. Constituye un dato cada una de las informaciones contenidas en las letras citadas en el párrafo anterior. Constituyen distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren cada una de las letras a que se hace referencia en esta letra a). b) Se impondrá una sanción pecuniaria de 3.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitido, inexacto o falso para las informaciones a que se refieren las letras e), f), g) y h) del apartado 1 de este artículo. Constituye un dato cada una de las informaciones contenidas en las letras citadas en el párrafo anterior. Constituyen distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren cada una de las letras a que se hace referencia en esta letra b). c) Se impondrá una sanción pecuniaria de 30.000 euros por el incumplimiento de la obligación a que se refiere el apartado 3 de este artículo.» Once. Se modifica el artículo 12, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 12. Régimen fiscal de la entrada-salida de este régimen fiscal especial. 1. En el caso de sociedades que opten por la aplicación de este régimen fiscal especial, que estuviesen tributando por otro régimen distinto, se aplicarán las siguientes reglas: a) Los ajustes fiscales pendientes de revertir en la base imponible en el momento de aplicación del presente régimen, se integrarán de acuerdo con el régimen general y el tipo general de gravamen del Impuesto sobre Sociedades. b) Las bases imponibles negativas que estuviesen pendientes de compensación en el momento de aplicación del presente régimen, se compensarán con las rentas positivas que, en su caso, tributen bajo el régimen general, en los términos establecidos en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. c) La renta derivada de la transmisión de inmuebles poseídos con anterioridad a la aplicación de este régimen, realizada en períodos en que es de aplicación dicho régimen, se entenderá generada de forma lineal, salvo prueba en contrario, durante todo el tiempo de tenencia del inmueble transmitido. La parte de dicha renta imputable a los períodos impositivos anteriores se gravará aplicando el tipo de gravamen y el régimen tributario anterior a la aplicación de este régimen fiscal especial. Este mismo criterio se aplicará a las rentas procedentes de la transmisión de las participaciones en otras sociedades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley así como al resto de elementos del activo. d) Las deducciones en la cuota íntegra pendientes de aplicar se deducirán de la cuota íntegra que, en su caso, proceda de la aplicación del régimen general, en los términos establecidos en el Título VI del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 2. En el caso de sociedades que estuviesen tributando por este régimen fiscal especial y pasen a tributar por otro régimen distinto, la renta derivada de la transmisión de inmuebles poseídos al inicio del período impositivo en que la sociedad pase a tributar por otro régimen fiscal distinto, realizada en períodos en que es de aplicación ese otro régimen, se entenderá generada de forma lineal, salvo prueba en contrario, durante todo el tiempo de tenencia del inmueble transmitido. La parte de dicha renta imputable a períodos impositivos en los que resultó de aplicación este régimen especial se gravará según lo establecido en esta Ley. Este mismo criterio se aplicará a las rentas procedentes de la transmisión de las participaciones en otras entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta ley. 3. A los efectos de lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se presumirá que las operaciones de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de valores acogidas al régimen especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII de dicho Texto Refundido, se efectúan con un motivo económico válido cuando la finalidad de dichas operaciones sea la creación de una o varias sociedades susceptibles de acogerse al régimen fiscal especial de las SOCIMI regulado en la presente Ley, o bien la adaptación, con la misma finalidad, de sociedades previamente existentes.» Doce. Se modifica el artículo 13, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 13. Pérdida del régimen fiscal especial. La entidad perderá el régimen fiscal especial establecido en esta Ley, pasando a tributar por el régimen general del Impuesto sobre Sociedades, en el propio período impositivo en el que se manifieste alguna de las circunstancias siguientes: a) La exclusión de negociación en mercados regulados o en un sistema multilateral de negociación. b) El incumplimiento sustancial de las obligaciones de información a que se refiere el artículo 11 de esta Ley, excepto que en la memoria del ejercicio inmediato siguiente se subsane ese incumplimiento. c) La falta de acuerdo de distribución o pago total o parcial, de los dividendos en los términos y plazos a los que se refiere el artículo 6 de esta Ley. En este caso, la tributación por el régimen general tendrá lugar en el período impositivo correspondiente al ejercicio de cuyos beneficios hubiesen procedido tales dividendos. d) La renuncia a la aplicación de este régimen fiscal especial. e) El incumplimiento de cualquier otro de los requisitos exigidos en esta Ley para que la entidad pueda aplicar el régimen fiscal especial, excepto que se reponga la causa del incumplimiento dentro del ejercicio inmediato siguiente. No obstante, el incumplimiento del plazo a que se refiere el apartado 3 del artículo 3 de esta Ley no supondrá la pérdida del régimen fiscal especial. La pérdida del régimen implicará que no se pueda optar de nuevo por la aplicación del régimen fiscal especial establecido en esta Ley, mientras no haya transcurrido al menos tres años desde la conclusión del último período impositivo en que fue de aplicación dicho régimen.» Disposición final novena. Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Con efectos desde 1 de enero de 2013, se modifica el artículo 60 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 60. Tipos impositivos. 1. El impuesto se exigirá conforme a la siguiente tarifa: Epígrafe 1. Cigarros y cigarritos: excepto en los casos en que resulte aplicable el párrafo siguiente, los cigarros y cigarritos estarán gravados al tipo del 15,8 por 100. El importe del impuesto no puede ser inferior al tipo único de 34 euros por cada mil unidades, y se incrementará hasta 36,5 euros cuando a los cigarros y cigarritos se les determine un precio de venta al público inferior a 205 euros por cada 1.000 unidades. Epígrafe 2. Cigarrillos: excepto en los casos en que resulte aplicable el párrafo siguiente, los cigarrillos estarán gravados simultáneamente a los siguientes tipos impositivos: a) Tipo proporcional: 53,1 por 100. b) Tipo específico: 19,1 euros por cada 1.000 cigarrillos. El importe del impuesto no puede ser inferior al tipo único de 123,97 euros por cada 1.000 cigarrillos, y se incrementará hasta 132,97 euros cuando a los cigarrillos se les determine un precio de venta al público inferior a 188,50 euros por cada 1.000 cigarrillos. Epígrafe 3. Picadura para liar: excepto en los casos en que resulte aplicable el párrafo siguiente, la picadura para liar estará gravada simultáneamente a los siguientes tipos impositivos: a) Tipo proporcional: 41,5 por 100. b) Tipo específico: 8 euros por kilogramo. El importe del impuesto no puede ser inferior al tipo único de 85 euros por cada kilogramo, y se incrementará hasta 92 euros cuando a la picadura para liar se le determine un precio de venta al público inferior a 138 euros por kilogramo. Epígrafe 4. Las demás labores del tabaco: 28,4 por 100. 2. A los efectos de este artículo, por precio de venta al público para cada epígrafe se entenderá el precio máximo de venta al público, en expendedurías de tabaco y timbre situadas en la Península o Islas Baleares, incluidos todos los impuestos. 3. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán actualizar el importe de los tipos únicos y de los precios de venta al público señalados en el apartado 1 de este artículo, en atención a la evolución del precio de venta al público de las distintas labores del tabaco.» Disposición final décima. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Con efectos desde 1 de enero de 2013, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio: Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 14, que queda redactado de la siguiente forma: «3. En el supuesto de que el contribuyente pierda su condición por cambio de residencia, todas las rentas pendientes de imputación deberán integrarse en la base imponible correspondiente al último período impositivo que deba declararse por este impuesto, en las condiciones que se fijen reglamentariamente, practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. Cuando el traslado de residencia se produzca a otro Estado miembro de la Unión Europea, el contribuyente podrá optar por imputar las rentas pendientes conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, o por presentar a medida en que se vayan obteniendo cada una de las rentas pendientes de imputación, una autoliquidación complementaria sin sanción, ni intereses de demora ni recargo alguno, correspondiente al último período que deba declararse por este Impuesto. La autoliquidación se presentará en el plazo de declaración del período impositivo en el que hubiera correspondido imputar dichas rentas en caso de no haberse producido la pérdida de la condición de contribuyente.» Dos. Se modifica la letra f) del apartado 1 del artículo 17, que queda redactada de la siguiente forma: «f) Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los empresarios para hacer frente a los compromisos por pensiones en los términos previstos por la disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, y en su normativa de desarrollo, cuando aquellas sean imputadas a las personas a quienes se vinculen las prestaciones. Esta imputación fiscal tendrá carácter voluntario en los contratos de seguro colectivo distintos de los planes de previsión social empresarial, debiendo mantenerse la decisión que se adopte respecto del resto de primas que se satisfagan hasta la extinción del contrato de seguro. No obstante, la imputación fiscal tendrá carácter obligatorio en los contratos de seguro de riesgo. La imputación fiscal no tendrá carácter obligatorio en los contratos de seguro en los que se cubran conjuntamente las contingencias de jubilación y de fallecimiento o incapacidad. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, en todo caso, la imputación fiscal de primas de los contratos de seguro antes señalados será obligatoria por el importe que exceda de 100.000 euros anuales por contribuyente y respecto del mismo empresario, salvo en los seguros colectivos contratados a consecuencia de despidos colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.» Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 18, que queda redactado de la siguiente forma: «2. a) El 40 por ciento de reducción, en el caso de rendimientos íntegros distintos de los previstos en el artículo 17.2 a) de esta Ley que tengan un período de generación superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. El cómputo del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan. La cuantía del rendimiento íntegro a que se refiere este apartado sobre la que se aplicará la citada reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales. b) Sin perjuicio de la aplicación del límite anual señalado en el párrafo anterior, la cuantía del rendimiento sobre la que se aplicará la reducción del 40 por ciento no podrá superar: 1.º En el caso de que los rendimientos deriven del ejercicio de opciones de compra sobre acciones o participaciones por los trabajadores, el importe que resulte de multiplicar el salario medio anual del conjunto de los declarantes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el número de años de generación del rendimiento. No obstante, este último límite se duplicará para los rendimientos derivados del ejercicio de opciones de compra sobre acciones o participaciones por los trabajadores que cumplan los siguientes requisitos: – Las acciones o participaciones adquiridas deberán mantenerse, al menos, durante tres años, a contar desde el ejercicio de la opción de compra. – La oferta de opciones de compra deberá realizarse en las mismas condiciones a todos los trabajadores de la empresa, grupo o subgrupos de empresa. Reglamentariamente se fijará la cuantía del salario medio anual, teniendo en cuenta las estadísticas del Impuesto sobre el conjunto de los contribuyentes en los tres años anteriores. 2.º En el caso de rendimientos del trabajo cuya cuantía esté comprendida entre 700.000,01 euros y 1.000.000 euros y deriven de la extinción de la relación laboral, común o especial, o de la relación mercantil a que se refiere el artículo 17.2 e) de esta Ley, o de ambas, el importe que resulte de minorar 300.000 euros en la diferencia entre la cuantía del rendimiento y 700.000 euros. Cuando la cuantía de tales rendimientos fuera igual o superior a 1.000.000 de euros, la cuantía de los rendimientos sobre la que se aplicará la reducción del 40 por ciento será cero. A efectos de lo previsto en este apartado 2.º, la cuantía total del rendimiento del trabajo a computar vendrá determinada por la suma aritmética de los rendimientos del trabajo anteriormente indicados procedentes de la propia empresa o de otras empresas del grupo de sociedades en las que concurran las circunstancias previstas en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia del número de períodos impositivos a los que se imputen.» Cuatro. Se añade una disposición transitoria vigésima quinta que queda redactada de la siguiente forma: «Disposición transitoria vigésima quinta. Límite a la reducción del 40 por ciento sobre los rendimientos del trabajo derivados de extinciones de relaciones laborales o mercantiles. El límite de la reducción del 40 por ciento previsto en el artículo 18.2 b) 2.º de esta Ley no se aplicará a los rendimientos del trabajo que deriven de extinciones producidas con anterioridad a 1 de enero de 2013 de relaciones laborales o mercantiles.» Cinco. Se añade una disposición transitoria vigésima sexta que queda redactada de la siguiente forma: «Disposición transitoria vigésima sexta. Régimen transitorio aplicable a la imputación de primas de seguros colectivos contratados con anterioridad a 1 de diciembre de 2012. A efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 17 de esta Ley, en los seguros colectivos contratados con anterioridad a 1 de diciembre de 2012, en los que figuren primas de importe determinado expresamente, y el importe anual de estas supere el límite fijado en dicho artículo, no será obligatoria la imputación por ese exceso.» Disposición final undécima. Título competencial. Esta Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general. Disposición final duodécima. Desarrollo normativo. Se autoriza al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las disposiciones reglamentarias y medidas necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley. Disposición final decimotercera. Entrada en vigor. Esta Ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. Madrid, 27 de diciembre de 2012. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

La Generalitat Valenciana se gasta 561.464,54 euros en imprimir y encuadernar sentencias.

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. PREÁMBULO I En los últimos meses se vienen introduciendo diversas medidas en el ámbito tributario con el fin de consolidar las finanzas públicas y, de este modo, corregir lo antes posible los principales desequilibrios que afectan a la economía española, principalmente la reducción del déficit público, todo ello con el fin último de contribuir a la recuperación de aquella, que se han incorporado al ordenamiento, básicamente, mediante el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, y el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Sin embargo, la evolución de los ingresos públicos sigue requiriendo la adopción de medidas adicionales que, reforzando estos, y complementando las anteriores, permitan fijar las bases de una recuperación económica estable y duradera. II En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el objetivo de contribuir a la consolidación fiscal, se adoptan varias medidas. En primer lugar, se suprime la deducción por inversión en vivienda habitual a partir de 1 de enero de 2013. No obstante, se establece un régimen transitorio por el que podrán continuar practicando la deducción por inversión en vivienda en ejercicios futuros todos aquellos contribuyentes que hubieran adquirido antes de 31 de diciembre de 2012 su vivienda habitual o satisfecho cantidades antes de dicha fecha para la construcción, ampliación, rehabilitación o realización de obras por razones de discapacidad en su vivienda habitual. En segundo lugar, estarán sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a través de un gravamen especial los premios de las loterías del Estado, Comunidades Autónomas, Organización Nacional de Ciegos Españoles, Cruz Roja Española y entidades análogas de carácter europeo, que hasta ahora estaban exentos. En concreto, el gravamen especial se devengará en el momento en el que se abone o satisfaga el premio, debiendo practicarse una retención o ingreso a cuenta que tendrá carácter liberatorio de la obligación de presentar una autoliquidación por el mismo. Por otra parte, se aclara el régimen fiscal del resto de juegos permitiendo computar las pérdidas con el límite de las ganancias obtenidas en dicho ejercicio. En tercer lugar, con la finalidad de penalizar fiscalmente los movimientos especulativos, en la base imponible del ahorro sólo se incluirán las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales que hubieran permanecido en el patrimonio del contribuyente durante más de un año. También se modifica la regla de cálculo de la retribución en especie derivada de la cesión de vivienda a los empleados, cuando la misma no sea propiedad de la empresa. En este caso, la retribución en especie se cuantificará por el importe del coste del alquiler asumido por el empleador. Por último, se prorroga durante el año 2013 el tratamiento que, para el periodo 2007-2012, se ha venido aplicando, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto sobre Sociedades, para los gastos e inversiones efectuados en dichos ejercicios para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, por el impulso que puede proporcionar a un sector relevante de la actividad económica. Finalmente, se incrementa la tributación de las indemnizaciones u otras retribuciones de cuantía muy elevada derivadas de la extinción de relaciones laborales o mercantiles mediante la minoración o, dependiendo de la cuantía de las mismas, la eliminación, de la reducción del 40 por ciento aplicable cuando tuvieran un período de generación superior a dos años o se hubieran obtenido de forma notoriamente irregular en el tiempo. III En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se introduce una medida de carácter temporal, tendente a limitar parcialmente, para grandes empresas, la amortización fiscalmente deducible correspondiente a los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2013 y 2014 con el objeto de conseguir un incremento recaudatorio en esta figura impositiva. Por otra parte, se prorroga, para el ejercicio 2013, la aplicación de un tipo de gravamen reducido en el Impuesto sobre Sociedades por mantenimiento o creación de empleo por las microempresas, por los efectos beneficiosos que puede ejercer sobre la actividad económica, medida cuyo correlato en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en forma de reducción del rendimiento neto de actividades económicas, igualmente se amplía en cuanto a su vigencia. Además, se flexibilizan los criterios específicos que permiten la aplicación del régimen fiscal especial de arrendamiento de viviendas, reduciéndose el número mínimo de viviendas requerido y el período de tiempo en que deben mantenerse las mismas en arrendamiento, al tiempo que se suprimen los requisitos de tamaño de las viviendas. Asimismo, se suprime el requisito de tamaño de cada vivienda arrendada. También se modifica el régimen fiscal previsto para contratos de arrendamiento financiero, a través de la amortización anticipada de determinados activos, en relación con la ayuda estatal SA.34936 (2012/N), con el objeto de dar cumplimiento a la autorización recibida por la Comisión Europea, conforme a la cual aquella ha sido considerada como una medida general y que no constituye una ayuda de ### RESUMEN: La Generalitat Valenciana se gasta 561.464,54 euros en imprimir y encuadernar sentencias.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Conselleria de Gobernación y Justicia. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General Administrativa. c) Número de expediente: CNMY13/DGJ/16---CNMY12/14-14/89. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contratacion.gva.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: Suministro del material impreso y encuadernación de sentencias que deberá ser entregado directamente a los órganos judiciales, registros civiles, fiscalías, clínicas médico-forenses, decanatos y servicios comunes de la Comunitat Valenciana. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22900000-9. e) Acuerdo marco: -. f) Sistema dinámico de adquisiciones: -. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de octubre de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 1.658.583,54 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 812.871,76 euros. Importe total: 983.574,83 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 11 de marzo de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 26 de abril de 2013. c) Contratista: Gráficas Tartessos, Sociedad Limitada. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 464.020,28 euros. Importe total: 561.464,54 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta presentada por la empresa adjudicataria ha resultado ser la más ventajosa económicamente por aplicación de los criterios establecidos para la adjudicación del contrato. Valencia, 14 de mayo de 2013.- El Conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano Gómez.

Durante 2015 se evaluará ley de unidad mercado.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Conselleria de Gobernación y Justicia. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General Administrativa. c) Número de expediente: CNMY13/DGJ/16---CNMY12/14-14/89. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contratacion.gva.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: Suministro del material impreso y encuadernación de sentencias que deberá ser entregado directamente a los órganos judiciales, registros civiles, fiscalías, clínicas médico-forenses, decanatos y servicios comunes de la Comunitat Valenciana. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22900000-9. e) Acuerdo marco: -. f) Sistema dinámico de adquisiciones: -. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de octubre de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 1.658.583,54 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 812.871,76 euros. Importe total: 983.574,83 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 11 de marzo de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 26 de abril de 2013. c) Contratista: Gráficas Tartessos, Sociedad Limitada. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 464.020,28 euros. Importe total: 561.464,54 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta presentada por la empresa adjudicataria ha resultado ser la más ventajosa económicamente por aplicación de los criterios establecidos para la adjudicación del contrato. Valencia, 14 de mayo de 2013.- El Conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano Gómez. ### RESUMEN: Durante 2015 se evaluará ley de unidad mercado.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 23 de enero de 2015, adoptó el Acuerdo por el que se aprueban los programas y políticas públicas que durante el año 2015 serán objeto de evaluación por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Para general conocimiento, se procede a la publicación del referido Acuerdo y del Plan de Trabajo de evaluaciones de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios para el año 2015. Madrid, 17 de febrero de 2015.–El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Germán Beteta Barreda. ANEJO Acuerdo por el que se aprueban los programas y políticas públicas que serán objeto de evaluación por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios en 2015 La evaluación de las políticas y programas públicos constituye, entre otros, un instrumento adecuado para potenciar la eficacia y eficiencia en las intervenciones públicas. A la vez, esta acción de evaluación contribuye de manera notable a facilitar la transparencia y el ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía. Con ese doble propósito, se crea, en el año 2006, la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, cuyo Estatuto fue aprobado por el Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre. La disposición adicional primera de la Ley 28/2006, de Agencias Estatales, y el artículo 23 del Estatuto establecen que corresponde al Consejo de Ministros la aprobación de las políticas y programas que serán objeto de evaluación por la citada Agencia y conformarán su Plan de Trabajo. En este Plan se determinará el alcance de cada una de las evaluaciones, los plazos para su ejecución y la unidad administrativa de la propia Agencia responsable de su ejecución. Las evaluaciones contenidas en el presente Plan inciden en políticas orientadas a la dinamización económica que, en algún caso, a su vez, se relacionan con actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado relacionadas con políticas internas de reforma y racionalización y modernización de sus estructuras, recursos y procesos. En 2015 la Agencia vuelve a incorporar, en virtud de lo previsto en la disposición adicional primera, punto 4, de la citada Ley de Agencias Estatales, procesos de evaluación de políticas y programas públicos contemplados en Convenios de Colaboración celebrados entre la propia Agencia y las Comunidades Autónomas con el objetivo de impulsar la evaluación de políticas públicas y la calidad de los servicios, en consonancia con los principios que inspiran la construcción de un Sistema Público de Evaluación. En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el Consejo de Ministros en su reunión de 23 de enero de 2015, acuerda: Primero. Objeto de las evaluaciones. Las políticas y programas públicos objeto de evaluación en 2015 que figuran en el anexo I corresponden a la implementación y efectos de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, al conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno desde el año 2012 para resolver los problemas derivados de los retrasos en la liquidación de las obligaciones contraídas por los distintos niveles de la administración pública en España. Segundo. Términos de las evaluaciones. Las evaluaciones incluidas en el anexo I se realizarán en colaboración con las Secretarías de Estado o las Secretarías Generales de los departamentos ministeriales y, en su caso, con los organismos correspondientes, en los plazos previstos de acuerdo con el Plan de Trabajo de Evaluaciones 2015 de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. En el marco de esta colaboración y en la medida en que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, se procurará la cofinanciación de los trabajos que requieran ser externalizados durante la realización de la evaluación correspondiente. Tercero. Presentación y difusión de los informes de evaluación. Los informes de evaluación incluidos en el anexo I se presentarán al titular del departamento competente en el desarrollo de la materia objeto de evaluación o análisis a través del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Posteriormente y de conformidad con lo señalado en los artículos 7 y 8 de su Estatuto, dichos informes se publicarán en la página web de AEVAL. Cuarto. Se toma conocimiento de la evaluación que se incluye en el anexo II, objeto del convenio de colaboración suscrito entre la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera, punto 4, de la Ley de Agencias Estatales y en el artículo 4.2 del Estatuto de la Agencia. Quinto. Publicación y entrada en vigor. El presente acuerdo tendrá efectos a partir de la fecha de su aprobación y de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Estatuto de la Agencia, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». ANEXO I Políticas y programas públicos El Plan de Trabajo de Evaluaciones para el año 2015 de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios comprende las políticas y programas públicos que a continuación se relacionan: 1. Evaluación anual de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. La disposición adicional sexta de la Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado, mandata a AEVAL a realizar una evaluación anual sobre la implementación y los principales efectos en ámbitos de actuación concretos de las medidas contempladas en la Ley. Unidad responsable de la evaluación: Departamento de Evaluación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Órganos responsables de la Intervención: Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa –Ministerio de Economía y Competitividad– y Secretaría de Estado de Administraciones Públicas –Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas–. Fecha de presentación de la evaluación: Enero de 2016. 2. Evaluación del conjunto de medidas orientadas a resolver los problemas derivados de los retrasos en la liquidación de las obligaciones contraídas por los distintos niveles de la administración pública en España. Desde el año 2012 se ha venido implementando por el Gobierno un conjunto de medidas con esta finalidad. La implantación de estas medidas ha implicado el desarrollo de sistemas de seguimiento para conocer el grado de consecución de los objetivos establecidos. Sin embargo no se ha realizado una evaluación de los resultados obtenidos desde el punto de vista de sus impactos en términos de empleo, de disminución de la mortalidad de empresas o de la percepción de los distintos actores concernidos por estas medidas, entre otros aspectos. Por otra parte resulta de interés conocer los posibles efectos sobre esta cuestión de otras medidas complementarias, como pueden ser la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y de creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público o la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, entre otras, así como valorar otro tipo de medidas de gestión (simplificación de los procedimientos administrativos aplicables o diseño de procedimientos administrativos electrónicos, entre otras) que podrían contemplarse para evitar en el futuro situaciones como las que estas medidas han venido a resolver. Unidad responsable de la evaluación: Departamento de Evaluación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Órgano responsable de la Intervención: Secretaría de Estado de Administraciones Públicas –Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas–. Fecha de presentación de la evaluación: Enero de 2016. ANEXO II Evaluaciones relativas a políticas y programas públicos objeto de Convenio de colaboración entre la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios y las Comunidades Autónomas 1. Evaluación del Plan de Calidad de los Recursos Humanos de los Servicios Generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Esta evaluación se realiza en el marco de Convenio de Colaboración entre la Agencia y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. El Plan de Calidad de los Recursos Humanos de los Servicios Generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, constituye uno de los instrumentos de despliegue del Plan Estratégico en materia de Función Pública desarrollado por esta Comunidad Autónoma, concretamente de la línea estratégica relativa al avance de la modernización y profesionalización del personal y a la mejora de sus condiciones de trabajo. Partiendo de la importancia del factor humano en la mejora de los servicios y del personal directivo para una aplicación correcta de la política de personal, el Plan fija un conjunto de objetivos y define las acciones para su consecución como escuchar la opinión del personal, la gestión por competencias, el aseguramiento de unas buenas condiciones de trabajo atendiendo especialmente a las condiciones de salud y seguridad, la formación, el liderazgo activo, el apoyo y la ayuda en las incorporaciones, la promoción de la cultura de la comunicación y del trabajo en equipo, el establecimiento de objetivos consensuados, entre otras. La evaluación se centrará en el diseño, implementación y resultados del Plan. Unidad responsable de la evaluación: Departamento de Evaluación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Órgano responsable de la Intervención: Consellería de Administraciones Públicas del Govern Balear. Fecha de presentación de la evaluación: Primer semestre de 2015.

Suministro de 26.626 licencias de software Assurance de Microsoft con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para dos años por importe total de 1.015.600 euros.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 23 de enero de 2015, adoptó el Acuerdo por el que se aprueban los programas y políticas públicas que durante el año 2015 serán objeto de evaluación por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Para general conocimiento, se procede a la publicación del referido Acuerdo y del Plan de Trabajo de evaluaciones de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios para el año 2015. Madrid, 17 de febrero de 2015.–El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Germán Beteta Barreda. ANEJO Acuerdo por el que se aprueban los programas y políticas públicas que serán objeto de evaluación por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios en 2015 La evaluación de las políticas y programas públicos constituye, entre otros, un instrumento adecuado para potenciar la eficacia y eficiencia en las intervenciones públicas. A la vez, esta acción de evaluación contribuye de manera notable a facilitar la transparencia y el ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía. Con ese doble propósito, se crea, en el año 2006, la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, cuyo Estatuto fue aprobado por el Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre. La disposición adicional primera de la Ley 28/2006, de Agencias Estatales, y el artículo 23 del Estatuto establecen que corresponde al Consejo de Ministros la aprobación de las políticas y programas que serán objeto de evaluación por la citada Agencia y conformarán su Plan de Trabajo. En este Plan se determinará el alcance de cada una de las evaluaciones, los plazos para su ejecución y la unidad administrativa de la propia Agencia responsable de su ejecución. Las evaluaciones contenidas en el presente Plan inciden en políticas orientadas a la dinamización económica que, en algún caso, a su vez, se relacionan con actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado relacionadas con políticas internas de reforma y racionalización y modernización de sus estructuras, recursos y procesos. En 2015 la Agencia vuelve a incorporar, en virtud de lo previsto en la disposición adicional primera, punto 4, de la citada Ley de Agencias Estatales, procesos de evaluación de políticas y programas públicos contemplados en Convenios de Colaboración celebrados entre la propia Agencia y las Comunidades Autónomas con el objetivo de impulsar la evaluación de políticas públicas y la calidad de los servicios, en consonancia con los principios que inspiran la construcción de un Sistema Público de Evaluación. En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el Consejo de Ministros en su reunión de 23 de enero de 2015, acuerda: Primero. Objeto de las evaluaciones. Las políticas y programas públicos objeto de evaluación en 2015 que figuran en el anexo I corresponden a la implementación y efectos de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, al conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno desde el año 2012 para resolver los problemas derivados de los retrasos en la liquidación de las obligaciones contraídas por los distintos niveles de la administración pública en España. Segundo. Términos de las evaluaciones. Las evaluaciones incluidas en el anexo I se realizarán en colaboración con las Secretarías de Estado o las Secretarías Generales de los departamentos ministeriales y, en su caso, con los organismos correspondientes, en los plazos previstos de acuerdo con el Plan de Trabajo de Evaluaciones 2015 de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. En el marco de esta colaboración y en la medida en que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, se procurará la cofinanciación de los trabajos que requieran ser externalizados durante la realización de la evaluación correspondiente. Tercero. Presentación y difusión de los informes de evaluación. Los informes de evaluación incluidos en el anexo I se presentarán al titular del departamento competente en el desarrollo de la materia objeto de evaluación o análisis a través del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Posteriormente y de conformidad con lo señalado en los artículos 7 y 8 de su Estatuto, dichos informes se publicarán en la página web de AEVAL. Cuarto. Se toma conocimiento de la evaluación que se incluye en el anexo II, objeto del convenio de colaboración suscrito entre la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera, punto 4, de la Ley de Agencias Estatales y en el artículo 4.2 del Estatuto de la Agencia. Quinto. Publicación y entrada en vigor. El presente acuerdo tendrá efectos a partir de la fecha de su aprobación y de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Estatuto de la Agencia, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». ANEXO I Políticas y programas públicos El Plan de Trabajo de Evaluaciones para el año 2015 de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios comprende las políticas y programas públicos que a continuación se relacionan: 1. Evaluación anual de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. La disposición adicional sexta de la Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado, mandata a AEVAL a realizar una evaluación anual sobre la implementación y los principales efectos en ámbitos de actuación concretos de las medidas contempladas en la Ley. Unidad responsable de la evaluación: Departamento de Evaluación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Órganos responsables de la Intervención: Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empres ### RESUMEN: Suministro de 26.626 licencias de software Assurance de Microsoft con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para dos años por importe total de 1.015.600 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Agencia Estatal de Administración Tributaria. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Subdirección General de Adquisiciones y Contratación. 2) Domicilio: Calle Lérida, 32-34. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28020. 4) Teléfono: Información administrativa: 915831375, información técnica: 915836265 y 915836384. 5) Telefax: 915831352. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contrataciondelestado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 17 de abril de 2013. d) Número de expediente: 13840019500 AP 2/2013. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Suministro de 26.626 licencias de software Assurance de Microsoft con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 839.338,84 euros. Importe total: 1.015.600 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Agencia Estatal de Administración Tributaria, Registro General: de lunes a viernes, desde las nueve hasta las diecisiete treinta horas, y los sábados, desde las nueve hasta las catorce horas. 2) Domicilio: Calle Lérida, 32-34. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28020. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura de ofertas económicas o comunicación de defectos. b) Dirección: Calle Lérida, 32-34, planta baja. c) Localidad y código postal: Madrid, 28020. d) Fecha y hora: 24 de abril de 2013, a las 12 horas. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 7 de marzo de 2013. Madrid, 7 de marzo de 2013.- Director del Servicio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández.

Convocatoria para el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. 30 días hábiles para presentar solicitudes, contados a partir de mañana.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Agencia Estatal de Administración Tributaria. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Subdirección General de Adquisiciones y Contratación. 2) Domicilio: Calle Lérida, 32-34. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28020. 4) Teléfono: Información administrativa: 915831375, información técnica: 915836265 y 915836384. 5) Telefax: 915831352. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contrataciondelestado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 17 de abril de 2013. d) Número de expediente: 13840019500 AP 2/2013. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Suministro de 26.626 licencias de software Assurance de Microsoft con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 839.338,84 euros. Importe total: 1.015.600 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Agencia Estatal de Administración Tributaria, Registro General: de lunes a viernes, desde las nueve hasta las diecisiete treinta horas, y los sábados, desde las nueve hasta las catorce horas. 2) Domicilio: Calle Lérida, 32-34. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28020. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura de ofertas económicas o comunicación de defectos. b) Dirección: Calle Lérida, 32-34, planta baja. c) Localidad y código postal: Madrid, 28020. d) Fecha y hora: 24 de abril de 2013, a las 12 horas. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 7 de marzo de 2013. Madrid, 7 de marzo de 2013.- Director del Servicio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. ### RESUMEN: Convocatoria para el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. 30 días hábiles para presentar solicitudes, contados a partir de mañana.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y en el artículo 18 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, es competencia de los Ministerios de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte convocar la prueba de evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de Abogado. En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte, dispongo: Apartado único. Se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para la profesión de Abogado para el año 2015, que se regirá por lo dispuesto en la presente convocatoria que figura como anejo a esta Orden. Madrid, 9 de febrero de 2015.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, P.D. (Orden PRE/934/2012, de 24 de abril), el Subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales. ANEJO 1. Convocatoria Se convoca la prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de Abogado dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales y en particular la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por universidades o escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas. Esta convocatoria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, no contiene limitación alguna en el número de plazas. La presente convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es) apartado «Trámites y Gestiones Personales – Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales», así como en la página web del Consejo General de la Abogacía Española. 2. Descripción de la evaluación La prueba de evaluación de la aptitud profesional se efectuará de conformidad con lo establecido en la presente orden de convocatoria y será única e idéntica para todo el territorio español. 3. Programa de materias El programa que ha de regir la evaluación se encuentra en el anexo II de la presente convocatoria y contiene una descripción orientativa de las materias y competencias necesarias para el acceso a la profesión de abogado que serán objeto de la evaluación. 4. Requisitos de los candidatos Podrán concurrir a la prueba de evaluación quienes reúnan los siguientes requisitos a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, que deberán mantenerse a lo largo de todo el proceso: a) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, o en su caso, de las certificaciones sustitutorias. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la credencial que acredite la homologación de su título al de Licenciado en Derecho o Graduado en Derecho expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. b) Haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de abogado y el período de prácticas externas tuteladas, acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación Cultura y Deporte e inscritos en el Registro Administrativo del Ministerio de Justicia establecido al efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 a 8 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. c) Ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de Abogado. Si en cualquier momento se tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia acordará motivadamente su exclusión del proceso. 5. Plazo y forma de presentación de las solicitudes y documentación Quienes deseen participar en la prueba de evaluación para el acceso al ejercicio de la abogacía deberán cumplimentar el modelo de solicitud de inscripción dirigida a la Secretaría de Estado de Justicia, que podrá descargarse en el portal web del Ministerio de Justicia y que se adjunta como anexo I de la presente convocatoria. Quienes dispongan de documento nacional de identidad electrónico u otro certificado electrónico reconocido, podrán cumplimentar por vía telemática la solicitud en la sede electrónica del Ministerio de Justicia https://sede.mjusticia.gob.es, que quedará automáticamente incluida en una base de datos. Aquellos aspirantes que no dispongan de documento nacional de identidad electrónico o certificado electrónico reconocido, deberán descargarse el modelo oficial de solicitud para presentarlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Registro General del Ministerio de Justicia, calle Bolsa, número 8, 28012 Madrid, pudiendo remitirse también por correo certificado o presentarse en cualquiera de las dependencias aludidas en el meritado artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En la solicitud de admisión se incluirá una declaración responsable referente al cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere el apartado 4 de la presente convocatoria. El plazo de presentación de solicitudes de participación en la evaluación será de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Al objeto de simplificar los trámites administrativos que deban realizar los participantes, éstos podrán autorizar expresamente al Ministerio de Justicia el acceso a los sistemas de verificación de sus datos de titulación y de identidad en los términos establecidos en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado. Los datos de carácter personal serán tratados conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. En el caso de que el solicitante no desee autorizar expresamente el acceso a estos datos deberá marcar el correspondiente recuadro en el modelo de solicitud y presentar la documentación que se le requiera una vez finalizado el proceso. 6. Derechos de examen La participación en la prueba de evaluación será gratuita. 7. Acceso a personas con discapacidad Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 podrán pedir en el modelo oficial de solicitud, las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios a fin de asegurar su participación en la evaluación en condiciones de igualdad, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional 5.ª de la Ley 34/2006 y en el artículo 2.2 de su Reglamento. Junto con la solicitud deberán aportar el dictamen técnico facultativo acerca de la procedencia de dicha adaptación, emitido por el órgano técnico de valoración que dictaminó el grado de discapacidad. Si han cumplimentado la solicitud de forma telemática, deberán presentar la documentación indicada en el apartado anterior, dentro del plazo de presentación de solicitudes, en el Registro General del Ministerio de Justicia, calle Bolsa, número 8, 28012 Madrid, pudiendo remitirse también por correo certificado o presentarse en cualquiera de las dependencias aludidas en el meritado artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La adaptación de tiempos y medios no se otorgará de forma automática, sino únicamente en el caso de que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar, correspondiendo a Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia resolver la procedencia y concreción de la adaptación. 8. Admisión de aspirantes Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia publicará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la prueba de aptitud que podrá consultarse en la página web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es), apartado «Trámites y gestiones personales - Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales». Se concederá un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la publicación del listado provisional en el citado portal web del Ministerio de Justicia, para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión. Finalizado el plazo de subsanación, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que podrá consultarse en el mismo portal web del Ministerio de Justicia, y en ella se fijará el lugar, la fecha y la hora para la realización del ejercicio. 9. Comisiones evaluadoras De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y 19 de su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, se constituyen las siguientes comisiones evaluadoras: – Comisión evaluadora en la Comunidad Autónoma de Cataluña, cuya sede será determinada por la Consejería competente en materia de justicia de la Comunidad Autónoma, para los aspirantes que hayan superado los cursos de formación especializada en Escuelas de Práctica Jurídica y en universidades ubicadas en la Comunidad Autónoma de Cataluña. – Comisión evaluadora en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuya sede será determinada por la Consejería competente en materia de justicia de la Comunidad Autónoma, para los aspirantes que hayan superado los cursos de formación especializada en Escuelas de Práctica Jurídica y en universidades ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. – Comisión evaluadora en la Comunidad Autónoma de Galicia, cuya sede será determinada por la Consejería competente en materia de justicia de la Comunidad Autónoma, para los aspirantes que hayan superado los cursos de formación especializada en Escuelas de Práctica Jurídica y en universidades ubicadas en la Comunidad Autónoma de Galicia. – Comisión evaluadora en la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuya sede será determinada por la Consejería competente en materia de justicia de la Comunidad Autónoma, para los aspirantes que hayan superado los cursos de formación especializada en Escuelas de Práctica Jurídica y en universidades ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. – Comisión evaluadora en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, cuya sede será determinada por la Consejería competente en materia de justicia de la Comunidad Autónoma, para los aspirantes que hayan superado los cursos de formación especializada en Escuelas de Práctica Jurídica y en universidades ubicadas en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. – Por último, atendiendo al número de aspirantes, se constituye una Comisión evaluadora en la ciudad de Madrid, para los aspirantes que hayan superado los cursos de formación especializada en Escuelas de Práctica Jurídica y en universidades ubicadas en la Comunidades Autónomas de Madrid, Illes Balears, Comunitat Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, Región de Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura, Canarias, Aragón y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Las seis comisiones evaluadoras serán designadas conforme a lo dispuesto en el artículo 19.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. A tal efecto, los Ministerios de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte, por Resolución Conjunta de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y de la Dirección General de Política Universitaria, respectivamente, designarán a los miembros de las comisiones evaluadoras y a sus suplentes que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». La composición de cada comisión evaluadora será la siguiente: a) Un representante del Ministerio de Justicia, funcionario de carrera de especialidad jurídica perteneciente a alguno de los cuerpos integrados en el grupo A, subgrupo A1 de la Administración General del Estado. b) Un representante del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, funcionario de carrera de especialidad jurídica perteneciente a alguno de los cuerpos integrados en el grupo A, subgrupo A1 de la Administración General del Estado. c) Un representante de la Comunidad Autónoma correspondiente, designado entre funcionarios de cuerpos de especialidad jurídica por la Consejería con competencias en materia de Justicia. El representante de la comisión evaluadora en la Comunidad de Madrid será elegido a propuesta de las comunidades autónomas que se indican en el párrafo 2.º del apartado 9 de esta convocatoria. d) Un abogado con más de cinco años de ejercicio profesional, propuesto por el Consejo General de la Abogacía Española. e) Un profesor universitario de alguna de las distintas disciplinas jurídicas, designado por el Consejo de Universidades, entre el personal docente con vinculación permanente con una universidad. f) Un representante del Consejo General del Poder Judicial. A efectos de comunicación y demás incidencias, todos los aspirantes deberán dirigir sus escritos a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, calle San Bernardo, 21, 28071 Madrid, dirección de correo electrónico: acceso.abogacia@mjusticia.es,. Corresponderá a las comisiones evaluadoras la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la prueba, adoptando al respecto las decisiones que estimen pertinentes y que harán constar en el acta de examen. Las comisiones evaluadoras dependerán funcionalmente del Ministerio de Justicia, a cuyos representantes corresponderá la presidencia en cada una de las mismas, ostentando la secretaría los representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Las actuaciones de la comisiones evaluadoras se ajustarán en todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en las demás disposiciones vigentes que resulten de aplicación. 10. Desarrollo de la prueba La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples cuya duración será de cuatro horas. Su contenido se fijará por el Ministerio de Justicia y su finalidad será medir los conocimientos teórico-prácticos de los participantes acerca del ejercicio de la profesión de abogado así como el conocimiento de las normas deontológicas y profesionales. Tendrá como base el programa orientativo de materias que se contiene en el anexo II de la presente convocatoria. Los aspirantes serán convocados para la prueba en llamamiento único, siendo excluidos de la prueba de evaluación los que no comparezcan. A los aspirantes se les entregará un cuaderno de examen, que contendrá: a) 50 preguntas sobre las materias que figuran en el apartado A «Materias comunes al ejercicio de la profesión de abogado» del anexo II de la presente convocatoria. b) 25 preguntas sobre una especialidad jurídica a elegir entre las cuatro que figuran en el apartado B, «Materias específicas», del anexo II de la presente convocatoria. c) Además, el cuestionario incluirá seis preguntas de reserva, para el apartado A «Materias comunes ejercicio de la profesión de abogado» del anexo II de la presente convocatoria, y dos por cada especialidad jurídica del apartado B, «Materias específicas» del citado anexo II. Junto con el cuaderno de examen se les hará entrega de una hoja de respuestas con las correspondientes instrucciones para su cumplimentación. La hoja de respuestas estará dividida en dos partes: una primera parte de 50 respuestas, cada una con 4 alternativas de las que solo una es la correcta, que se referirán a las materias relacionadas con el apartado A «Materias comunes al ejercicio de la profesión de abogado» y una segunda parte con cuatro bloques de 25 respuestas cada bloque y cada respuesta con 4 alternativas de las que igualmente solo una de ellas es correcta, con la mención en la parte superior de la especialidad jurídica de que se trate. En esta segunda parte, los aspirantes únicamente deberán elegir una especialidad jurídica entre las cuatro posibles. En el supuesto en el que en la hoja de respuestas se conteste a más de una especialidad jurídica, el aspirante resultará eliminado de la prueba. No estará permitido el uso de textos legales, ni manuales jurídicos, ni otros documentos de apoyo. Tampoco se permitirá el uso de teléfonos móviles, ni de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos dentro del recinto de examen, una vez iniciado el ejercicio y hasta el final del mismo. Durante la celebración del ejercicio no se permitirá el acceso al centro de examen y a las diferentes aulas de personas ajenas al mismo o de aspirantes que no hayan comparecido al llamamiento. Los aspirantes no podrán abandonar el aula, salvo causa excepcional e inaplazable, hasta transcurrida una hora del comienzo del ejercicio. Posteriormente podrán hacerlo momentáneamente en caso de necesidad, debidamente autorizados, disponiéndose lo necesario para garantizar su incomunicación. Estas ausencias no darán derecho a prórrogas en el tiempo hábil para contestar el cuestionario. Finalizada la sesión cada comisión evaluadora levantará acta que será suscrita por todos sus miembros. El original se entregará a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y en ella se hará sucinta referencia al desarrollo de la prueba y, en particular, al número de aspirantes presentados y retirados de su práctica, así como los abandonos del aula y cualquier otra circunstancia relevante que se haya producido en el transcurso de la prueba. Asimismo se recogerán las objeciones que las comisiones estimen sobre las preguntas y en concreto sobre su posible anulación. 11. Resultados y calificación 1. Resultado de la prueba. El cuestionario se valorará sobre una escala de 0 a 75 puntos, obteniéndose 1 punto por cada respuesta correcta, descontándose 0,33 puntos por cada respuesta incorrecta y no obteniendo ninguna puntuación las preguntas no contestadas. La calificación total se obtendrá mediante la suma de las puntuaciones obtenidas por las respuestas correctas deduciéndose las incorrectas. Tras la celebración de la prueba, se harán públicas las plantillas provisionales de las respuestas correctas, mediante su publicación en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es) apartado «Trámites y Gestiones Personales-Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales». Una vez publicadas las plantillas provisionales, los interesados, en un plazo de cinco días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación, podrán presentar la/s reclamación/es que estimen pertinente/s, respecto a la formulación de las preguntas y de las correspondientes respuestas correctas dirigidas a la siguiente dirección de correo electrónico: acceso.abogacia@mjusticia.es. Las reclamaciones serán resueltas por el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, oídas las valoraciones que efectúen los Presidentes de las de las comisiones evaluadoras reunidos al efecto. La/s pregunta/s que resulten anulada/s será/n sustituida/s, por su orden y en función del apartado al que pertenezcan, por la/s pregunta/s de reserva, de tal modo que en todo caso el cuestionario contará de 75 preguntas válidas. Una vez resuelta/s la/s reclamación/es se publicará en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es, apartado «Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales») la plantilla definitiva de respuestas. La resolución del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia que resuelva la/s reclamación/es pondrá fin a la vía administrativa, quedando expedita la vía contencioso-administrativa. 2. Calificación de la evaluación. La nota final de la evaluación será de apto o no apto. La calificación final resultará de la media ponderada entre el 70 % de la calificación obtenida en la prueba de evaluación y el 30 % de la nota obtenida en el curso de formación especializada, no siendo necesario obtener una nota mínima en la prueba de evaluación para efectuar la media ponderada. Para obtener la calificación de apto será necesario obtener una nota igual o superior al 50 % de la media ponderada de ambas calificaciones en base 10, esto es, 5 puntos. La calificación de no apto no impedirá la participación en futuras convocatorias. Cada aspirante recibirá su calificación final de la evaluación de forma individualizada y anónima a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es.). Los aspirantes que no hayan aprobado la evaluación podrán presentar por escrito, a los efectos de subsanar exclusivamente posibles errores materiales en la corrección, en el plazo de tres días, desde la fecha en que se publiquen las calificaciones definitivas, solicitud de revisión dirigida a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, calle San Bernardo, 21, 28071 Madrid. Una vez efectuada la revisión de los posibles errores materiales en la corrección, el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia dictará la correspondiente resolución sobre la reclamación presentada, que pondrá fin a la vía administrativa, quedando expedita la vía contencioso-administrativa. 12. Presentación de documentación El Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, expedirá los títulos profesionales de Abogado de todos los aspirantes que hayan resultado aptos y hayan acreditado documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Orden. Los aspirantes que hayan resultado aptos y hayan realizado la evaluación en una comunidad autónoma que haya asumido la competencia ejecutiva de expedición de títulos profesionales, en todo caso, deberán solicitar la expedición del título profesional de Abogado ante el órgano competente de esa comunidad autónoma, acreditando documentalmente los requisitos exigidos en esta Orden. Quienes, dentro del plazo que se fije al respecto, y salvo causa de fuerza mayor, no presenten la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán obtener el título profesional de Abogado, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial. 13. Norma final Contra la presente convocatoria, se podrá interponer, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante la titular de este Departamento. ANEXO I Modelo de solicitud ANEXO II Programa de materias A. Materias comunes al ejercicio de la profesión de Abogado a.1 Deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión de Abogado. 1. Principios esenciales de la profesión de Abogado. 2. Derechos y deberes de los Abogados. 3. El Estatuto General de la abogacía española. 4. Los colegios profesionales de Abogados. La organización colegial. 5. Las formas de ejercicio de la profesión: individual y colectiva. Relación laboral especial. 6. Régimen de previsión social de los Abogados. 7. Incompatibilidades en el ejercicio de la profesión de Abogado. 8. Obligaciones del Abogado ante la Ley de protección de datos y el blanqueo de capitales. 9. La responsabilidad del Abogado en el ejercicio de su profesión: civil, penal y disciplinaria. 10. El seguro de responsabilidad civil. La cobertura de la responsabilidad civil profesional. 11. Los honorarios: determinación y procedimientos de reclamación e impugnación. 12. La contabilidad y la fiscalidad del Abogado. a.2 Cuestiones generales de la asistencia letrada y del proceso. 13. Tutela judicial efectiva. El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. El derecho a la defensa y a la asistencia letrada. 14. Ley de Planta y Demarcación judicial. La organización judicial. 15. Los órdenes jurisdiccionales. Jurisdicción y competencia. Extensión y límites de la jurisdicción en cada orden jurisdiccional. 16. El sistema jurisdiccional de la Unión Europea. Competencias de los Tribunales europeos e internacionales y asuntos que se pueden plantear. 17. Protección de los derechos fundamentales. 18. Mecanismos jurídicos de defensa. Estrategias para la defensa de los derechos de los clientes. 19. La defensa en los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos: el arbitraje, la mediación, la transacción, la negociación y otros. 20. La buena fe, el abuso de derecho y el fraude de ley. 21. Hechos y actos procesales. Actos preparatorios de los juicios. Cuestiones incidentales. La aclaración del proceso. La pretensión como objeto del proceso. 22. Las cuestiones prejudiciales. 23. Asistencia jurídica gratuita. 24. El turno de oficio. 25. Los efectos económicos del proceso; costas y tasas judiciales. Supuestos de devengo de tasas. Criterios para la imposición en los distintos órdenes jurisdiccionales. La tasación de costas. B. Materias específicas b.1. Materia civil y mercantil. 1. Contratos tendentes a la transmisión de la propiedad. Contratos de uso y disfrute. 2. Representación en el negocio jurídico. Representación directa e indirecta. Representación voluntaria y legal. El poder. 3. La protección de la propiedad. 4. La hipoteca y otras garantías de crédito. 5. Cuestiones matrimoniales. Edad e incapacitación.Testamento, legítimas y sucesión intestada. Partición de la herencia. 6. El registro civil. Eficacia de los asientos. Publicidad y rectificación de los asientos. 7. Jurisdicción y competencia en el orden civil y mercantil. 8. Las partes en el procedimiento civil. Capacidad, legitimación, representación y defensa. 9. Los plazos procesales, caducidad y prescripción. 10. La acumulación de acciones. 11. Procedimientos: ordinario, verbal general, sobre la capacidad de las personas, matrimoniales y de menores, monitorio y concursales. 12. Las resoluciones procesales: tipos y medios de impugnación. 13. La rebeldía. 14. La ejecución provisional y definitiva de títulos judiciales y no judiciales. Oposición a la ejecución. 15. Los derechos civiles forales y especiales. El derecho interregional en España. 16. Cooperación judicial civil internacional. Las relaciones jurídico-privadas internacionales. 17. Las sociedades mercantiles y su régimen fiscal. Los contratos y operaciones mercantiles. El registro mercantil. El abogado mercantil: asesoramiento y representación de las sociedades mercantiles. 18. La protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial. 19. La defensa de la competencia. 20. Las cuestiones procesales en materia de concurso. b. 2. Materia penal. 1. Tipos de infracciones penales: delitos graves, delitos menos graves y faltas. 2. Causas de exención o atenuación de la imputabilidad. Circunstancias de exención o atenuación de la culpabilidad Supuestos de exclusión de la punibilidad. 3. Las penas y las medidas de seguridad. Su aplicación. 4. La responsabilidad penal y la responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas. 5. La responsabilidad penal de los menores. 6. La incoación del procedimiento. 7. Jurisdicción y competencia en el orden jurisdiccional penal. 8. Las partes en el procedimiento penal. Capacidad, legitimación, representación y defensa. 9. El sumario. 10. El procedimiento abreviado. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. El juicio de faltas. El procedimiento ante el tribunal del jurado. 11. Los procesos penales especiales. 12. La intervención del abogado en centros policiales y judiciales. 13. La actuación del abogado en las distintas fases del proceso penal. 14. La prisión y la libertad provisional. 15. El juicio oral en los distintos procesos penales. 16. La prueba en los procesos penales. 17. Las resoluciones procesales. Recursos. 18. La ejecución de las penas y las alternativas al ingreso en prisión. 19. El cumplimiento de las condenas. 20. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Penas y criterios de determinación. Responsabilidad civil. b.3. Materia administrativa y contencioso-administrativa. 1. Procedimiento administrativo: fases, plazos y formas de terminación. 2. Recursos en vía administrativa. Reclamación previa a la vía civil o laboral. 3. Responsabilidad patrimonial de la Administración. Procedimientos. 4. Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración. 5. Jurisdicción y competencia en el orden contencioso-administrativo. 6. Procedimiento contencioso-administrativo ordinario. 7. Procedimientos contencioso- administrativo especiales. 8. Las partes en el procedimiento contencioso-administrativo. Capacidad, legitimación, representación y defensa. 9. La actuación del abogado en las distintas fases del proceso. 10. La prueba. 11. Las medidas cautelares. 12. Las resoluciones procesales: tipos. 13. Recursos contra las resoluciones procesales. Especial referencia al recurso de casación. 14. Ejecución de sentencia. Extensión de efectos de las sentencias. 15. La ejecución provisional y definitiva en procesos contencioso-administrativos de títulos judiciales. Oposición a la ejecución. 16. Técnicas de intervención administrativa: autorizaciones, concesiones, declaración responsable y comunicación previa. 17. La expropiación forzosa. 18. Los contratos del sector público. 19. El régimen jurídico de extranjería. 20. Los procedimientos tributarios. La vía económico-administrativa: la revisión de los actos administrativos en materia tributaria. b.4. Materia laboral. 1. Elementos y eficacia del contrato de trabajo. 2. Modalidades de contrato de trabajo. 3. Contenido del contrato de trabajo. Duración. Derechos y deberes derivados del contrato de trabajo. Promoción profesional. Salarios. Tiempo del contrato de trabajo. 4. Modificación suspensión y extinción del contrato de trabajo. 5. Faltas y sanciones. Prescripción de infracciones y faltas. 6. Derechos de representación colectiva. Reclamaciones en materia electoral. 7. La negociación colectiva. La huelga, los conflictos colectivos. 8. El accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Incapacidad temporal y permanente. Invalidez. Recargo de prestaciones. 9. Jurisdicción y competencia en el orden jurisdiccional social. 10. Las partes en el procedimiento laboral. Capacidad, legitimación, representación y defensa. 11. La acumulación de acciones y procedimientos. 12. Las actuaciones procesales.Las resoluciones procesales. 13. La evitación del proceso. La conciliación o mediación previas. Laudos arbitrales 14. La reclamación previa a la vía judicial. 15. El proceso ordinario. El proceso monitorio. 16. El proceso de despido y de impugnación de sanciones. El procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia de Seguridad Social. 17. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo y derechos reconocidos legal o convencionalmente. 18. Procesos de conflictos colectivos. 19. Las resoluciones procesales: tipos y medios de impugnación. 20. La ejecución provisional y definitiva de títulos judiciales. Oposición a la ejecución.

Real Decreto para que el príncipe Felipe represente a España en el funeral de Hugo Chávez Frías.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y en el artículo 18 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, es competencia de los Ministerios de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte convocar la prueba de evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de Abogado. En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte, dispongo: Apartado único. Se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para la profesión de Abogado para el año 2015, que se regirá por lo dispuesto en la presente convocatoria que figura como anejo a esta Orden. Madrid, 9 de febrero de 2015.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, P.D. (Orden PRE/934/2012, de 24 de abril), el Subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales. ANEJO 1. Convocatoria Se convoca la prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de Abogado dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales y en particular la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por universidades o escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas. Esta convocatoria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, no contiene limitación alguna en el número de plazas. La presente convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es) apartado «Trámites y Gestiones Personales – Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales», así como en la página web del Consejo General de la Abogacía Española. 2. Descripción de la evaluación La prueba de evaluación de la aptitud profesional se efectuará de conformidad con lo establecido en la presente orden de convocatoria y será única e idéntica para todo el territorio español. 3. Programa de materias El programa que ha de regir la evaluación se encuentra en el anexo II de la presente convocatoria y contiene una descripción orientativa de las materias y competencias necesarias para el acceso a la profesión de abogado que serán objeto de la evaluación. 4. Requisitos de los candidatos Podrán concurrir a la prueba de evaluación quienes reúnan los siguientes requisitos a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, que deberán mantenerse a lo largo de todo el proceso: a) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, o en su caso, de las certificaciones sustitutorias. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la credencial que acredite la homologación de su título al de Licenciado en Derecho o Graduado en Derecho expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. b) Haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de abogado y el período de prácticas externas tuteladas, acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación Cultura y Deporte e inscritos en el Registro Administrativo del Ministerio de Justicia establecido al efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 a 8 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. c) Ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de Abogado. Si en cualquier momento se tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia acordará motivadamente su exclusión del proceso. 5. Plazo y forma de presentación de las solicitudes y documentación Quienes deseen participar en la prueba de evaluación para el acceso al ejercicio de la abogacía deberán cumplimentar el modelo de solicitud de inscripción dirigida a la Secretaría de Estado de Justicia, que podrá descargarse en el portal web del Ministerio de Justicia y que se adjunta como anexo I de la presente convocatoria. Quienes dispongan de documento nacional de identidad electrónico u otro certificado electrónico reconocido, podrán cumplimentar por vía telemática la solicitud en la sede electrónica del Ministerio de Justicia https://sede.mjusticia.gob.es, que quedará automáticamente incluida en una base de datos. Aquellos aspirantes que no dispongan de documento nacional de identidad electrónico o certificado electrónico reconocido, deberán descargarse el modelo oficial de solicitud para presentarlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Registro General del Ministerio de Justicia, calle Bolsa, número 8, 28012 Madrid, pudiendo remitirse también por correo certificado o presentarse en cualquiera de las dependencias aludidas en el meritado artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En la solicitud de admisión se incluirá una declaración responsable referente al cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere el apartado 4 de la presente convocatoria. El plazo de presentación de solicitudes de participación en la evaluación será de 30 días hábil ### RESUMEN: Real Decreto para que el príncipe Felipe represente a España en el funeral de Hugo Chávez Frías.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el conflicto positivo de competencia núm. 6862-2012, promovido por el Gobierno de la Nación, contra la decisión del Gobierno Vasco, de fecha indeterminada, por la que se acuerda que los trabajadores del sector público vasco cobren la paga extraordinaria de diciembre de 2012, «así como respecto a las actuaciones o disposiciones que apliquen este criterio». Ha comparecido y formulado alegaciones el Gobierno Vasco. Ha sido Ponente el Magistrado don Santiago Martínez-Vares García, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Constitucional el día 5 de diciembre de 2012, el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, promueve conflicto positivo de competencia contra la decisión del Gobierno Vasco, de fecha indeterminada, por la que se acuerda que los trabajadores del sector público vasco cobren la paga extraordinaria de diciembre de 2012, «así como respecto a las actuaciones o disposiciones que apliquen este criterio». El Abogado del Estado invocó el art. 161.2 CE a fin de que se produjera la suspensión de la decisión del Gobierno Vasco respecto a la que se formaliza el conflicto y «las actuaciones y decisiones que apliquen este criterio». Comienza el Abogado del Estado exponiendo las actuaciones frente a las que se plantea el presente conflicto positivo de competencia: manifestación de la Portavoz y Consejera de Interior, Justicia y Administración pública del Gobierno Vasco publicada en la web oficial del Gobierno Vasco (www.irekia.net/es/news/12978/-los-funcionarios-vascos-cobrarán-paga-extra-navidad) y fechada el 27 de noviembre de 2012, en la que confirma que los 67.000 trabajadores y trabajadoras del sector público vasco cobrarán la paga extra del mes de diciembre y que la medida ha sido adoptada después de que un informe jurídico señalara que el Decreto-ley de contención de gasto público invadía las competencias autonómicas y prevalecía la normativa vasca; intervención de la misma en la que manifiesta que el Gobierno Vasco ha decidido que va a proceder al abono de la paga extra de diciembre a los empleados públicos; y noticia en la edición digital del diario «El Correo» de 29 de noviembre de 2012 (http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20121129/política/gobierno-lpez-dado-orden-20121129.html) en la que, entre otras afirmaciones, se incluye que «la Directora de la Función Pública del Ejecutivo de Vitoria firmó ayer mismo por la mañana la orden para librar la partida presupuestaria de 207 millones destinada a abonar la paga según confirmaron a este periódico fuentes autorizadas del gabinete de la consejera vasca de Administración Pública». Entiende el Abogado del Estado que en dichas actuaciones se hace referencia a una decisión ya tomada por el órgano ejecutivo autonómico. Además, pone de relieve que el Gobierno del Estado carece de cualquier otro dato al respecto: no posee copia del texto del acuerdo del Gobierno Vasco en el que se decide proceder al abono de la paga extraordinaria de diciembre de 2012; no conoce su fecha ni las circunstancias en que ha sido tomado; ni el preciso ámbito subjetivo de aplicación de dicha decisión. Finalmente afirma que la noticia publicada por «El Correo», de ser cierta, supone que «la Directora de la Función Pública» ha realizado un acto de ejecución aplicativo de la decisión del Gobierno respecto a la que se traba el conflicto. A continuación, el representante estatal expone doctrina del Tribunal Constitucional sobre el objeto del conflicto positivo de competencia (con cita de SSTC 143/1985, de 24 de octubre; 57/1983, de 28 de junio; 220/1992, de 11 de diciembre; 102/1988, de 8 de junio; 143/1985, de 24 de octubre; 101/1995, de 22 de junio, y 137/1989, de 20 de julio, entre otras), de acuerdo con la cual entiende que puede ser objeto del conflicto cualquier acto o actuación imputable a una Comunidad Autónoma que –con independencia de su naturaleza, forma o grado de eficacia– envuelva una afirmación inequívoca de competencia propia o lesione la competencia ajena. Asimismo, pone de relieve que conforme al ATC 135/2004, de 20 de abril, FJ 6, a), «lo determinante ha sido siempre que se trataba de expresiones indubitadas de una asunción de competencia que la contraparte procesal tenía por inconstitucionalmente fundada», pues «lo importante … no es tanto la naturaleza o la forma del acto como la real existencia de una controversia o disputa ante un evidente ejercicio de competencias» (SSTC 220/2992, FJ 15, y 101/1995, FJ 6). El escrito promotor del presente conflicto afirma que la competencia ejercida por el Gobierno Vasco al adoptar la decisión sobre la que se promueve el conflicto pertenece exclusivamente al Estado en virtud de los arts. 149.1.13 y 156 CE en relación con el art. 135 CE (apartados 1 y 6) y con los arts. 2.1 b) de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas y 1, 2.1 b), 3.1, 9 b) y 11.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y se ha concretado, atendiendo a la argumentación expuesta, en el art. 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Dicho precepto, a su juicio, tiene carácter básico: formalmente, al haber sido establecido en una norma con rango de ley e invocando la precisa competencia constitucional, y materialmente, conforme a la doctrina constitucional. Al respecto pone de manifiesto que, de acuerdo con la misma (cita las SSTC 63/1986, de 21 de mayo, FJ 11; 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3; 171/1996, de 30 de octubre, FJ 4; 62/2001, de 1 de marzo, FJ 6; 24/2002, de 31 de enero, FJ 5; 139/2005, de 26 de mayo, FJ 7; 148/2006, de 11 de mayo, FFJJ 4 y ss.; 178/2006, de 6 de junio, FJ 3; 195/2006, de 22 de junio, FJ 6; 222/2006, de 6 de julio, y 297/2006, de 11 de octubre, FJ 5) todas las medidas de contención de gastos de personal que hayan de aplicarse a todo el sector público, incluido el sector autonómico, competen al Estado en virtud del art. 149.1.13 CE en relación con el art. 156.1 CE, al que ha de añadirse, a juicio del Abogado del Estado, el art. 135 (1 y 6) CE. Según la exposición de motivos del citado Real Decreto-ley 20/2012 la reducción de las retribuciones fijada en su artículo 2 es una medida extraordinaria de «contención de gastos de personal» que tiene por finalidad «contribuir a la consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria derivado del marco constitucional y de la Unión Europea». Señala el representante estatal que la estabilidad presupuestaria es un principio constitucional que vincula a todos los poderes públicos y que, establecido en el art. 135 CE, se desarrolla en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. A lo anterior añade el Abogado del Estado que la actuación del Gobierno Vasco aquí impugnada viola flagrantemente el marco de estabilidad presupuestaria coherente con la normativa europea fijado en el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012. Finalmente, pone de manifiesto el representante estatal que el presente conflicto de competencia no tiene por objeto determinar si el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012 es conforme a la Constitución sino, exclusivamente, si la decisión del Gobierno Vasco de abonar a los empleados del sector público autonómico (o al menos a una parte de ellos) la paga extraordinaria de diciembre de 2012, vulnera la competencia exclusiva del Estado para dictar una medida básica de ordenación económica general en materia de gastos de personal, vinculante para todos los sectores públicos o si, por el contrario, solo la Comunidad Autónoma tiene competencia para decidir su abono. A ello añade que no se trata del supuesto previsto en el art. 67 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) ya que la competencia del Estado que se invoca como lesionada no ha sido atribuida por ninguna «Ley o norma con rango de ley» sino que deriva directamente de la Constitución. La aplicación del art. 67 LOTC sólo sería posible si el Gobierno Vasco pretendiera amparar la decisión objeto del presente conflicto en una norma autonómica con fuerza de ley que se opusiera al ejercicio de la competencia constitucional del Estado del art. 149.1.13 CE en materia de retribuciones de los empleados públicos. 2. Por providencia de 11 de diciembre de 2012, la Sección Tercera del Tribunal acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia así como dar traslado de la demanda y de los documentos presentados al Gobierno Vasco al objeto de que, en el plazo de veinte días, aportara cuantos documentos y alegaciones considerase convenientes. Asimismo se tuvo por invocado el art. 161.2 CE, lo que, a su tenor y conforme dispone el art. 64.2 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de la decisión impugnada desde la fecha de interposición del conflicto, y se acordó comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por si ante la misma estuviera impugnado o se impugnare la citada decisión, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, según dispone el art. 61.2 LOTC, y publicar la incoación del conflicto en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del País Vasco». 3. Por escrito de alegaciones registrado en este Tribunal Constitucional el día 15 de enero de 2013, el Letrado de los Servicios Jurídicos Centrales de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en nombre del Gobierno Vasco, interesó la inadmisión del presente conflicto positivo de competencia, por estar planteado con carácter preventivo y anticipatorio y no tener, por lo tanto, objeto actual y determinado en el momento de su formulación, sin perjuicio de que «de facto» la interposición del recurso haya dado lugar a la paralización de los actos de ejecución previstos para el abono de la paga extra de Navidad 2012. A su juicio, el conflicto se interpone sin esperar a la materialización jurídica de las manifestaciones expuestas por la portavoz del Gobierno Vasco. El carácter preventivo se manifiesta en la indeterminación de la fecha y en la fórmula de futuro eventual que se emplea para tratar de precisar el objeto del conflicto. No existe, en su opinión, un acto o resolución actual y efectiva, a lo sumo un propósito, una intención manifestada de un acto; en definitiva, un «acto indeterminado». Afirma que el conflicto se plantea contra un criterio manifestado por la portavoz del Gobierno Vasco, en prevención de que se llevará a cabo un acto –la percepción de la paga extra de los empleados públicos del Gobierno– que, a juicio de la demanda, entra en contradicción con lo dispuesto en el art. 2, apartados 1 y 2, del Real Decreto-ley 20/2012. Al respecto se señala que el Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto que el conflicto positivo de competencia no es una forma de control preventivo (con cita de SSTC 15/1997, de 30 de enero, y 101/1995, de 22 de junio, y ATC 135/2004). El representante del Gobierno Vasco solicita, subsidiariamente, su desestimación, por ser competencia del Gobierno Vasco el abono de la paga de Navidad en 2012 a sus funcionarios y empleados públicos en aplicación de lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 diciembre, por la que se aprueban los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2012, y los arts. 77 y siguientes de la Ley 6/1989, de 6 julio, de la función pública vasca, las cuales, en su opinión, no pueden ser desplazadas en su aplicación sin una previa declaración de inconstitucionalidad sobrevenida. Asimismo, para el caso de que este Tribunal considere de aplicación el art. 67 LOTC y tramite este procedimiento como un recurso de inconstitucionalidad, por estar implicadas en la resolución del mismo normas con rango de ley, solicita la declaración de que el art. 2.1 y 2 del Real Decreto-ley 20/2012 se extralimita en el ejercicio de las competencias del Estado establecidas en el art. 149.1.13.ª CE, pues invade competencias propias de la Comunidad Autónoma del País Vasco establecidas en el art. 148.1.1 CE, en relación con los arts. 10.2, 10.4, 40 y 44 h) del Estatuto de Autonomía del País Vasco, competencias que ha sido correctamente ejercidas en los arts. 19 y ss. de la Ley 6/2011, de 23 diciembre, por la que se aprueban los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2012 y en los arts. 77 y 78 de la Ley 6/1989, de 6 julio, de la función pública vasca, anteriormente citadas. Se afirma que el criterio anunciado por el Gobierno Vasco en relación con el abono de la paga extra es implementación de lo establecido en las citadas leyes que se habían aplicado pacíficamente hasta la entrada en vigor del citado Real Decreto-ley 20/2012, norma respecto a la que se había iniciado el trámite previsto en el art. 33.2 LOTC. En sus alegaciones, la representación procesal del Gobierno Vasco considera que el conflicto positivo de competencia se vincula a la eventual inconstitucionalidad sobrevenida de la Ley del Parlamento Vasco 6/2011 y de las retribuciones que establece la Ley 6/1989, anteriormente citadas. Además, se aduce que la resolución del presente conflicto positivo de competencia es inseparable de la decisión previa del Tribunal Constitucional sobre si el Estado se ha extralimitado en el ejercicio de su competencia al dictar alguno de los artículos del Real Decreto-ley 20/2012. Por lo tanto, la resolución de este conflicto es un aspecto parcial del recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 20/2012, y para su resolución el Tribunal Constitucional ha de entrar a dilucidar cuestiones que trascienden el abono de la paga extra como son: la confirmación del monopolio del Tribunal Constitucional para el enjuiciamiento de la inconstitucionalidad sobrevenida de la ley autonómica por contradicción con la legislación básica posterior; la aplicación del sistema de fuentes y límites de la competencia del Estado ex art. 149.1.13 CE y determinar el carácter exorbitante del art. 2.1.y 2.2 del Real Decreto-ley 20/2012 en relación con la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco de los instrumentos que para garantizar el principio de estabilidad presupuestaria ordena la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria. Tras realizar una exposición sobre los principios de prevalencia y de competencia o atribución, se afirma que la concreta medida de suprimir la paga extra de Navidad de los funcionarios y empleados públicos del País Vasco en 2012 no trae su causa directa en la Constitución sino en el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012 que no puede desplazar la aplicación de la Ley de función pública vasca ni de la Ley de presupuestos sin un previo examen de constitucionalidad llevado a cabo por el Tribunal Constitucional. Partiendo de dichas premisas, las alegaciones del Gobierno Vasco se concretan en la exposición de los motivos de inconstitucionalidad del art. 2.1 y 2.2 del Real Decreto-ley 20/2012 que tiene como objetivo principal la estabilidad presupuestaria si bien, del procedimiento formal seguido y del contenido material del mismo se infiere que se ha adoptado al margen de la Ley de estabilidad presupuestaria y que la supresión de la paga extraordinaria es una medida que no tiene cobertura ni en las facultades que le otorga dicha Ley al Estado ni en el art. 149.1.13 CE y que invade las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco tanto en su relación con el título competencial correspondiente estatuto básico del empleado público como en relación con el título competencial correspondiente al control del déficit público. El art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012 no permite al Gobierno Vasco una decisión propia sobre el modo de alcanzar el límite presupuestario impuesto: la reducción del déficit, ignorando los procesos de instrumentación previstos en la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria. Así se considera que se han ignorado los mecanismos previstos en la citada Ley Orgánica como son, entre otros, la información previa o el principio de individualización. En definitiva, si bien se reconoce la competencia del Estado sobre ordenación general de la economía (art. 149.1.13.ª CE), así como la garantía de la estabilidad presupuestaria, se considera que esta competencia debe actuarse dentro de sus límites y conforme a los principios de lealtad institucional, efectividad, regla de gasto, acción coordinada y conjunta. Además, la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria en relación con Navarra y el País Vasco salvaguarda las especialidades del régimen foral en el que tiene un papel relevante la comisión mixta del concierto económico. En todo caso, las competencias del Estado no le permiten adoptar una medida concreta e individualizada como es la supresión de la paga extra de Navidad a los empleados públicos del País Vasco, paga que viene acordada por la citadas Leyes de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se reitera que el Real Decreto-ley 20/2012 produce una extralimitación en el ejercicio de las competencias del Estado pues se produce una regulación material de las retribuciones individualmente consideradas, lo que vacía de contenido las competencias autonómicas e incurre en inconstitucionalidad formal al dictarse la norma al margen de los procedimientos de coordinación establecidos vulnerando el sistema específico que, para la Comunidad Autónoma del País Vasco, establece el concierto económico. En efecto la previsión del art. 2.1 y 2.2 del Real Decreto-ley 20/2012 no establece una cuantía como límite para el crecimiento o disminución de la masa salarial del conjunto de los empleados públicos sino que establece una determinación individualizada para cada uno de los empleados públicos como es la supresión de las pagas extraordinarias, estando proscrita, en su opinión, una regulación estatal básica que pretenda establecer límites cuantitativos para las retribuciones individualizadas de cada empleado público. Además, considera que dicha norma obvia todos los mecanismos de información individualizada y coordinación previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por último, solicita que se deje sin efecto la suspensión que pesa sobre la ejecución de las disposiciones del art. 19 de la Ley 6/2011, de 23 diciembre, de presupuestos de Euskadi para 2012, y en los arts. 77 y 78 de la Ley 6/1989, de 6 julio, de la función pública Vasca, a los efectos de que a los empleados públicos de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco se les hagan efectivas de la manera que determine el Gobierno Vasco las retribuciones correspondientes a la paga de Navidad de 2012 que hayan devengado y dejado de percibir. 4. El Pleno del Tribunal Constitucional, por sendas providencias de 12 de febrero de 2013, acordó, en primer lugar, denegar la solicitud de que el presente conflicto positivo de competencia sea tramitado en la forma prevista para los recursos de inconstitucionalidad, por no concurrir la exigencia, regulada en el art. 67 LOTC, de que la competencia controvertida en el conflicto de competencia haya sido atribuida por una ley o una norma con rango de ley; y, en segundo lugar, dar trámite de audiencia a las partes personadas –Abogado del Estado y Gobierno Vasco– para que, en el plazo de cinco días, expusieran lo que considerasen conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión de la decisión impugnada en este conflicto positivo de competencia. 5. Evacuadas las alegaciones en el trámite conferido al afecto, por ATC 86/2013, de 23 de abril, el Tribunal acordó mantener la suspensión de la decisión del Gobierno Vasco, de fecha indeterminada, por la que se acuerda que los trabajadores del sector público vasco cobren la paga extraordinaria de diciembre de 2012, «así como respecto a las actuaciones o disposiciones que apliquen este criterio». 6. Por providencia de 18 de octubre de 2016 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 20 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. El presente proceso constitucional tiene por objeto resolver el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Nación contra la decisión del Gobierno Vasco, de fecha indeterminada, por la que se acuerda que los trabajadores del sector público vasco cobren la paga extraordinaria de diciembre de 2012, «así como respecto a las actuaciones o disposiciones que apliquen este criterio». Dicho conjunto de decisiones y actuaciones se refieren al abono de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 a todos o parte de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El objeto del presente conflicto de competencia, tal y como se expone en la demanda y hemos recogido en los antecedentes de esta Sentencia, se concreta en la manifestación de la portavoz y Consejera de Interior, Justicia y Administración pública del Gobierno Vasco publicada en la web oficial del Gobierno Vasco (www.irekia.net/es/news/12978/-los-funcionarios-vascos-cobrarán-paga-extra-navidad) y fechada el 27 de noviembre de 2012, en la que confirma que los 67.000 trabajadores y trabajadoras del sector público vasco cobrarán la paga extra del mes de diciembre y que la medida ha sido adoptada después de que un informe jurídico señalara que el Real Decreto-ley de contención de gasto público invade las competencias autonómicas y prevalece la normativa vasca; intervención de la misma en la que manifiesta que el Gobierno Vasco ha decidido que va a proceder al abono de la paga extra de diciembre a los empleados públicos; y noticia en la edición digital del diario «El Correo» de 29 de noviembre de 2012 (http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20121129/política/gobierno-lpez-dado-orden-20121129.html) en la que, entre otras afirmaciones, se incluye que «la Directora de la Función Pública del Ejecutivo de Vitoria firmó ayer mismo por la mañana la orden para librar la partida presupuestaria de 207 millones destinada a abonar la paga según confirmaron a este periódico fuentes autorizadas del gabinete de la consejera vasca de Administración Pública». Para el Abogado del Estado la competencia ejercida por el Gobierno Vasco para adoptar la decisión sobre la que se promueve el conflicto corresponde exclusivamente al Estado en virtud de los arts. 149.1.13 y 156 CE en relación con el art. 135 CE y se ha concretado, atendiendo a la argumentación expuesta en el escrito de interposición, en el art. 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Por su parte, el representante del Gobierno Vasco, tal y como ha quedado recogido en los antecedentes, y en cuanto al fondo de la controversia suscitada, considera que es competencia del Gobierno Vasco el abono de la paga de Navidad de 2012 en aplicación de lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 diciembre, por la que se aprueban los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2012, y los arts. 77 y siguientes de la Ley 6/1989, de 6 julio, de la función pública vasca, normas que no pueden ser desplazadas en su aplicación sin una previa declaración de inconstitucionalidad sobrevenida. Además, como ha quedado expuesto en el antecedente tercero, la demanda vincula el presente conflicto al recurso de inconstitucionalidad que, en caso de que fracasara el procedimiento previsto en el art. 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se interpondría por la Comunidad Autónoma frente al art. 2.1 y 2 del Real Decreto-ley 20/2012. 2. Una vez expuestas sintéticamente las posiciones de las partes, conviene realizar algunas precisiones iniciales antes de proceder al examen de la cuestión de fondo. a) En primer lugar debemos referirnos a la objeción de inadmisibilidad alegada por la representación procesal del Gobierno Vasco que considera, tal y como se ha expuesto en los antecedentes, que el presente conflicto positivo de competencia está planteado con carácter preventivo y anticipatorio y no tiene, por lo tanto, objeto actual y determinado en el momento de su formulación. Dicha afirmación se hace derivar de que el conflicto se interpone sin esperar a la materialización jurídica de las manifestaciones expuestas por la portavoz del Gobierno Vasco y de la indeterminación de la fecha así como de la fórmula de futuro eventual que se emplea para tratar de precisar el objeto del conflicto. No existe, en opinión del Letrado del Gobierno Vasco, un acto o resolución actual y efectiva, a lo sumo un propósito, una intención manifestada de un acto; en definitiva, un «acto indeterminado». Ciertamente, es doctrina constante de este Tribunal que el conflicto de competencia es un cauce reparador, sin que pueda utilizarse con funciones meramente preventivas ante posibles sospechas de actuaciones viciadas de incompetencia (STC 166/1987, de 28 de octubre, FJ 2). Sin embargo, no cabe apreciar, en este caso, que nos encontremos ante un conflicto planteado con carácter preventivo sino ante una denuncia de una vulneración actual y efectiva de las competencias estatales. Las diferentes actuaciones objeto del presente conflicto positivo de competencia se refieren a una decisión adoptada por el Gobierno Vasco de proceder al abono de la paga extra: el acuerdo adoptado por el Gobierno Vasco se configura como un acto resolutorio, por el cual el máximo órgano colegiado ejecutivo de la Comunidad Autónoma manifiesta la voluntad de poner en marcha el procedimiento interno dirigido al abono de la paga extra y, en consecuencia, adopta un acuerdo que se concreta en una orden o instrucción dirigida al aparato administrativo de él dependiente para la realización de las actuaciones económico-presupuestarias dirigidas al cumplimiento de dicho objetivo, que han tenido su reflejo en la firma de la directora general de función pública de la orden de libramiento de los fondos. Nos encontramos, en definitiva, ante actuaciones impugnadas entendidas como un todo, como un acto imputable al Gobierno Vasco, el cual, por medio de dichas decisiones viene a expresar una afirmación de competencia que la representación procesal del Gobierno del Estado considera que desborda su ámbito propio. De acuerdo con lo anterior, en la medida en que el objetivo perseguido con la presentación de un conflicto de competencia es discutir la titularidad de una competencia y garantizar que su ordenación jurídica permita, a quien efectivamente ostente esa titularidad, su ejercicio pacífico, regular y estable (STC 7/2013, de 17 de enero, FJ 2) y al concretarse el objeto del presente conflicto de competencia en dilucidar si la decisión del Gobierno Vasco, de fecha indeterminada, por la que se acuerda que los trabajadores del sector público vasco cobren la paga extraordinaria de diciembre de 2012, así como las actuaciones o disposiciones que apliquen este criterio, vulneran, tal y como aduce el Abogado del Estado, las competencias del Estado ex art. 149.1.13 CE, en relación con los arts. 156 y 135 CE, debemos rechazar el óbice procesal planteado por la representación del Gobierno Vasco. b) En segundo lugar, debemos tener presente que si bien el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012, cuya contravención aduce el Abogado del Estado como motivo de inconstitucionalidad, no ha sido modificado, el alcance de la medida que contiene este precepto se ha visto luego afectada, como hemos tenido ocasión de exponer en STC 119/2016, de 23 de junio, FJ 1. En primer lugar, por la disposición adicional duodécima de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2015, que bajo el epígrafe «Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012» estableció, en su apartado primero, que cada Administración pública, en su ámbito, podía aprobar el abono de cantidades en concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, siendo esas cantidades equivalentes a la parte proporcional correspondiente a los primeros 44 días de la paga extraordinaria suprimida. Pero es que, posteriormente, se ha visto también afectada por la previsión del art. 1 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y estímulo a la economía, que bajo el título de «Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público» previó, en su apartado Uno, que cada Administración pública, en su ámbito, abonaría dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será equivalente a 48 días o al 26,23 por 100 de los importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes correspondientes al mes de diciembre de 2012 por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012. En fin, la disposición adicional duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de presupuestos generales del Estado para el año 2016, prevé en su apartado 1 que «cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar dentro del ejercicio 2016, y por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a las cantidades aún no recuperadas de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio». Dicha regulación aunque incide en el alcance de la medida adoptada por el Real Decreto-ley 20/2012, ya que permite a las Comunidades Autónomas el abono de todas las cantidades correspondientes a la paga extra de Navidad de 2012 que han dejado de ser percibidas, no deroga la norma estatal que el Abogado del Estado invoca como parámetro de constitucionalidad de la decisión del Gobierno Vasco y no hace desaparecer, en los términos que luego precisaremos, la controversia competencial trabada entre las partes, que se concreta en el límite de las competencias de las Comunidades Autónomas en la determinación de las retribuciones del personal al servicio de sus Administraciones. 3. Acabamos de poner de relieve que el objeto del presente conflicto de competencia es la decisión del Gobierno Vasco, de fecha indeterminada, por la que se acuerda que los trabajadores del sector público vasco cobren la paga extraordinaria de diciembre de 2012, y las actuaciones o disposiciones que apliquen este criterio, por entender el Gobierno de la Nación que dicha decisión vulnera las competencias del Estado ex arts. 149.1.13 y 156 y 135 CE. Conforme a dichas competencias, entiende el Abogado del Estado, se ha aprobado el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que procede a la «supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales» correspondientes al mes de diciembre de 2012 para todo «el personal del sector público definido en el artículo 22.1 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado». En definitiva, lo que se cuestiona es que el Gobierno Vasco adopte una decisión de abono de la paga extra que contraviene lo dispuesto en el citado Real Decreto-ley, que suprime el abono de la misma. Delimitada en dichos términos la controversia competencial, hemos de abordar ahora el fondo del asunto que se nos ha planteado para lo que hemos de encuadrar la cuestión debatida en el presente proceso en el ámbito material que le sea propio. El motivo del conflicto planteado, como hemos señalado, se concreta en la eventual contravención del art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012 por la decisión del Gobierno Vasco de abonar la paga extraordinaria de diciembre de 2012. El citado art. 2 del Real Decreto-ley establece una medida de contención de gastos de personal que nuestra doctrina encuadra en el marco de las competencias de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica del art. 149.1.13 CE [por todas, STC 18/2016, de 4 de febrero, FJ 6 b)]. Es esta la norma estatal susceptible de operar como parámetro de contraste que hemos de utilizar, a pesar de que la sucesiva regulación estatal en la materia, a la que nos referimos en el FJ 2 b), permite a las Comunidades Autónomas el abono de todas las cantidades correspondientes a la paga extra de Navidad de 2012 que han dejado de ser percibidas. Sin embargo, a pesar de que la referida regulación afecta al alcance de la medida prevista en el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012, no tiene incidencia en la decisión que hemos de adoptar ahora dado el momento al que ha de referirse nuestro enjuiciamiento. Al respecto debemos de tener presente que, en determinados supuestos, hemos apreciado que el enjuiciamiento de la disposición o acto había de referirse al momento en el que había sido adoptada o ejercido, atendiendo al parámetro de constitucionalidad vigente en dicho momento, por encontrarnos ante dos normas de vigencia temporal limitadas a un concreto ejercicio presupuestario. Concretamente, seguimos dicho criterio en un supuesto en que la norma impugnada preveía su aplicación en un momento temporal determinado (antes del 31 de agosto de 2013) y el parámetro de constitucionalidad era una ley de presupuestos que, por su propia naturaleza, es una norma de vigencia temporal limitada a dicho ejercicio presupuestario, por lo que afirmamos que «nos encontramos ante dos normas de vigencia temporal limitadas a un concreto ejercicio presupuestario, el del año 2013. La norma autonómica porque así lo prevé el precepto recurrido, que dispone que el pago se realice antes del 31 de agosto de 2013, y la norma estatal por la propia naturaleza de toda Ley de Presupuestos. En definitiva, nos encontramos ante una controversia que se refiere al límite de las competencias de las Comunidades Autónomas en la determinación de las retribuciones del personal al servicio de sus Administraciones durante un ejercicio presupuestario determinado, el del año 2013, ejercicio presupuestario al que es aplicable, en todo su devenir, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013» (STC 94/2015, de 14 de mayo, FJ 4). En este caso, la decisión adoptada por el Gobierno Vasco que se controvierte se refiere a un momento concreto, ya que el objeto del presente proceso es una decisión que se manifiesta a través de una serie de declaraciones y manifestaciones adoptadas en noviembre de 2012. Además, la norma de contraste invocada por el Abogado del Estado, el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012, es una norma con vocación de vigencia temporal como afirmamos en STC 18/2016, de 4 de febrero, FJ 6 b). Por lo tanto, y en el mismo sentido que en la citada STC 94/2015, nos encontramos, como ya hemos señalado, ante una controversia que se refiere al límite de las competencias de las Comunidades Autónomas en la determinación de las retribuciones del personal al servicio de sus Administraciones en un momento determinado en el que se adopta la decisión de abonar la paga extra de 2012 y en el que la norma estatal establecía la supresión de la misma. Consecuentemente, el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012, y específicamente su apartado 1, es la norma de contraste conforme a la que hemos de resolver el conflicto que se nos ha planteado. En relación con dicho precepto ya nos hemos pronunciado en reiteradas ocasiones afirmando que la medida de reducción salarial prevista en el artículo 2.1 «responde, por su naturaleza y contenido, al legítimo ejercicio de las competencias que al Estado atribuye el art. 149.1.13 CE» [SSTC 81/2015, de 30 de abril, FJ 7; 18/2016, FJ 6 b), y 119/2016, FJ 3 b)]. Asimismo, en STC 18/2016, FJ 6 b) entendimos que el art. 2.2 de dicho Real Decreto-ley establece las reglas necesarias para «asegurar la efectividad de la decisión estatal tendente a la contención de los gastos de personal de las Administraciones públicas» y que son «normas con vocación de vigencia temporal que responden a la estricta y limitada finalidad de garantizar la efectividad de la regulación establecida legítimamente en ejercicio de competencias del Estado, en la medida en que persigue asegurar la minoración de retribuciones del personal del sector público para así reducir uno de los componentes fundamentales del gasto público en un contexto de exigente contención del mismo». Consideramos, en suma, que es «una norma instrumental de complemento y garantía de la eficacia de la norma principal establecida por el Estado, por lo que procede afirmar que el artículo 2.2 no es contrario a la distribución competencial que perfila nuestro texto constitucional». Partiendo de dichos pronunciamientos resolvimos, a su vez, el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno Vasco en relación con el Real Decreto-ley 20/2012, proceso constitucional al que la representación procesal del Gobierno Vasco, tal y como hemos expuesto en los antecedentes, anuda la resolución del presente conflicto positivo de competencia, en la consideración de que éste no es más que un aspecto parcial de aquel y que la resolución del mismo depende de la decisión previa de este Tribunal sobre si el Estado se ha extralimitado en el ejercicio de sus competencias al dictar el Real Decreto-ley 20/2012. En la citada STC 119/2016, FJ 3, a la que ahora nos remitimos, desestimamos dicho recurso de inconstitucionalidad en relación con el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012. Afirmada la competencia estatal para establecer la regulación prevista en el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012 y, en consecuencia, la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, no podemos sino estimar el presente conflicto positivo de competencia. En efecto, el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012 («Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público») redujo las retribuciones del personal del sector público en las cuantías que correspondía percibir en el mes de diciembre de 2012 como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes, al amparo de la competencia del Estado ex art. 149.1.13 CE [por todas, STC 119/2016, FJ 3 b)]. Por lo tanto, la decisión del Gobierno Vasco recurrida, al acordar que los trabajadores del sector público vasco cobren la paga extraordinaria de diciembre de 2012, vulnera el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012 y, en consecuencia, el orden constitucional de distribución de competencias. 4. Los razonamientos expuestos conducen a estimar el presente conflicto positivo de competencia y, en consecuencia, a declarar que corresponde al Estado la titularidad de la competencia controvertida (art. 66 LOTC), sin que proceda en este caso declarar la nulidad de la decisión del Gobierno Vasco viciada de incompetencia, en atención a no generar perjuicios indeseados para terceros, habida cuenta que, como ya se indicó en el fundamento jurídico 2 b), sucesivas disposiciones legales estatales han facultado a las distintas Administraciones para aprobar retribuciones de recuperación de la paga extra y adicional de diciembre de 2012 respecto del personal funcionario y laboral a su servicio, de forma paulatina, hasta el reintegro pleno de la misma. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Estimar el presente conflicto positivo de competencia, declarando, en su virtud, que corresponde al Estado la titularidad de la competencia controvertida. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a veinte de octubre de dos mil dieciséis.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.

¿Qué hay que hacer para que te den el distintivo Igualdad en la Empresa? Para pequeñas: cumplir la ley (tener plan de igualdad si toca...); para grandes, además: 18,5% de mujeres en consejo de administración o firmar acuerdo para prometer que lo arreglarás

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el conflicto positivo de competencia núm. 6862-2012, promovido por el Gobierno de la Nación, contra la decisión del Gobierno Vasco, de fecha indeterminada, por la que se acuerda que los trabajadores del sector público vasco cobren la paga extraordinaria de diciembre de 2012, «así como respecto a las actuaciones o disposiciones que apliquen este criterio». Ha comparecido y formulado alegaciones el Gobierno Vasco. Ha sido Ponente el Magistrado don Santiago Martínez-Vares García, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Constitucional el día 5 de diciembre de 2012, el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, promueve conflicto positivo de competencia contra la decisión del Gobierno Vasco, de fecha indeterminada, por la que se acuerda que los trabajadores del sector público vasco cobren la paga extraordinaria de diciembre de 2012, «así como respecto a las actuaciones o disposiciones que apliquen este criterio». El Abogado del Estado invocó el art. 161.2 CE a fin de que se produjera la suspensión de la decisión del Gobierno Vasco respecto a la que se formaliza el conflicto y «las actuaciones y decisiones que apliquen este criterio». Comienza el Abogado del Estado exponiendo las actuaciones frente a las que se plantea el presente conflicto positivo de competencia: manifestación de la Portavoz y Consejera de Interior, Justicia y Administración pública del Gobierno Vasco publicada en la web oficial del Gobierno Vasco (www.irekia.net/es/news/12978/-los-funcionarios-vascos-cobrarán-paga-extra-navidad) y fechada el 27 de noviembre de 2012, en la que confirma que los 67.000 trabajadores y trabajadoras del sector público vasco cobrarán la paga extra del mes de diciembre y que la medida ha sido adoptada después de que un informe jurídico señalara que el Decreto-ley de contención de gasto público invadía las competencias autonómicas y prevalecía la normativa vasca; intervención de la misma en la que manifiesta que el Gobierno Vasco ha decidido que va a proceder al abono de la paga extra de diciembre a los empleados públicos; y noticia en la edición digital del diario «El Correo» de 29 de noviembre de 2012 (http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20121129/política/gobierno-lpez-dado-orden-20121129.html) en la que, entre otras afirmaciones, se incluye que «la Directora de la Función Pública del Ejecutivo de Vitoria firmó ayer mismo por la mañana la orden para librar la partida presupuestaria de 207 millones destinada a abonar la paga según confirmaron a este periódico fuentes autorizadas del gabinete de la consejera vasca de Administración Pública». Entiende el Abogado del Estado que en dichas actuaciones se hace referencia a una decisión ya tomada por el órgano ejecutivo autonómico. Además, pone de relieve que el Gobierno del Estado carece de cualquier otro dato al respecto: no posee copia del texto del acuerdo del Gobierno Vasco en el que se decide proceder al abono de la paga extraordinaria de diciembre de 2012; no conoce su fecha ni las circunstancias en que ha sido tomado; ni el preciso ámbito subjetivo de aplicación de dicha decisión. Finalmente afirma que la noticia publicada por «El Correo», de ser cierta, supone que «la Directora de la Función Pública» ha realizado un acto de ejecución aplicativo de la decisión del Gobierno respecto a la que se traba el conflicto. A continuación, el representante estatal expone doctrina del Tribunal Constitucional sobre el objeto del conflicto positivo de competencia (con cita de SSTC 143/1985, de 24 de octubre; 57/1983, de 28 de junio; 220/1992, de 11 de diciembre; 102/1988, de 8 de junio; 143/1985, de 24 de octubre; 101/1995, de 22 de junio, y 137/1989, de 20 de julio, entre otras), de acuerdo con la cual entiende que puede ser objeto del conflicto cualquier acto o actuación imputable a una Comunidad Autónoma que –con independencia de su naturaleza, forma o grado de eficacia– envuelva una afirmación inequívoca de competencia propia o lesione la competencia ajena. Asimismo, pone de relieve que conforme al ATC 135/2004, de 20 de abril, FJ 6, a), «lo determinante ha sido siempre que se trataba de expresiones indubitadas de una asunción de competencia que la contraparte procesal tenía por inconstitucionalmente fundada», pues «lo importante … no es tanto la naturaleza o la forma del acto como la real existencia de una controversia o disputa ante un evidente ejercicio de competencias» (SSTC 220/2992, FJ 15, y 101/1995, FJ 6). El escrito promotor del presente conflicto afirma que la competencia ejercida por el Gobierno Vasco al adoptar la decisión sobre la que se promueve el conflicto pertenece exclusivamente al Estado en virtud de los arts. 149.1.13 y 156 CE en relación con el art. 135 CE (apartados 1 y 6) y con los arts. 2.1 b) de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas y 1, 2.1 b), 3.1, 9 b) y 11.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y se ha concretado, atendiendo a la argumentación expuesta, en el art. 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de ### RESUMEN: ¿Qué hay que hacer para que te den el distintivo Igualdad en la Empresa? Para pequeñas: cumplir la ley (tener plan de igualdad si toca...); para grandes, además: 18,5% de mujeres en consejo de administración o firmar acuerdo para prometer que lo arreglarás

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión del día 27 de junio de 2013, adoptó un Acuerdo por el que, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se resuelven expedientes de solicitud de incentivos regionales y solicitudes de modificación de condiciones de expedientes en vigor previstos en la Ley 50/1985. Considerando la naturaleza de dicho Acuerdo, este Ministerio, tiene a bien disponer: Dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado al texto del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 27 de junio de 2013. Dicho texto, con relación nominal de las empresas afectadas, se incluye como anexo a esta orden ministerial. Madrid, 22 de julio de 2013.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, P.D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás. ANEXO Texto del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ACUERDA La Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales, desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, constituye un instrumento para las actuaciones de ámbito estatal, dirigidas a fomentar las iniciativas empresariales con intensidad selectiva en determinadas regiones del Estado con objeto de repartir equilibradamente las actividades económicas dentro del mismo. Los Reales Decretos 162/2008, de 8 de febrero, 169/2008, de 8 de febrero y 171/2008, de 8 de febrero, establecieron la delimitación de las Zonas de Promoción Económica de Andalucía, Canarias y Castilla y León, respectivamente, y fijaron los objetivos dentro de dichas zonas, así como los sectores promocionables, la naturaleza y cuantía máxima de los incentivos regionales que podrán concederse en dichas zonas a los solicitantes que realicen proyectos de inversión y cumplan los requisitos exigidos. Se ha presentado solicitudes para acogerse a estos incentivos regionales, así como solicitudes de modificación de expedientes en vigor, acogiéndose a los Reales Decretos de delimitación citados, y se han tramitado las mismas de conformidad con la legislación que les afecta. Una vez estudiadas dichas solicitudes por el Consejo Rector, se elevan las respectivas propuestas de concesión a esta Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto 899/2007, de 6 de julio. Primero. Concesión de Incentivos Regionales. Se conceden incentivos regionales a los proyectos de inversión que se relacionan en el Anexo I de este Acuerdo en el que se indican el importe de los mismos, la inversión incentivable y los puestos de trabajo a crear. Segundo. Modificación de condiciones. Se acepta la modificación de los expedientes que figura en el Anexo II, en el que se especifican los datos de la inversión, subvención y puestos de trabajo a crear, concedidos inicialmente y los resultados de esta modificación. Tercero. Resoluciones individuales. 1. La Dirección General de Fondos Comunitarios notificará individualmente a las empresas, a través del órgano competente de la Comunidad Autónoma, las condiciones generales particulares que afectan a cada proyecto mediante las correspondientes resoluciones individuales. 2. La resolución sobre concesión de beneficios que sea expedida por aplicación de lo dispuesto en el presente Acuerdo no exime a las empresas de cumplir los requisitos y obtener las autorizaciones administrativas que, para la instalación o ampliación de las industrias, exijan las disposiciones legales vigentes, nacionales o comunitarias, así como la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma y las correspondientes ordenanzas municipales. Cuarto. Abono de las subvenciones. 1. La adquisición de los derechos por los perceptores de las subvenciones que puedan derivarse del presente Acuerdo queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente y a la aprobación del correspondiente expediente de gasto por el órgano competente, previa la preceptiva fiscalización favorable de la Intervención. 2. El abono de las subvenciones a que dé lugar el presente Acuerdo quedará sometido a la tramitación y aprobación del oportuno expediente de gasto, que ha de incoarse con cargo al correspondiente crédito cifrado en la sección 15 «Hacienda y Administraciones Públicas», rúbrica 15.14.422A.771 del vigente presupuesto y posteriores ejercicios, en el momento de presentarse la primera liquidación de subvención. 3. Los titulares de las subvenciones concedidas por el presente Acuerdo quedan sujetos a lo establecido en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones sobre cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 4. Cuando la subvención se cofinancie por los Fondos Estructurales de la Comisión Europea, su abono quedará sometido a la tramitación específica exigida para la percepción de ayudas por dichos Fondos, así como a las disposiciones de control y seguimiento de la Unión Europea. 5. Los pagos parciales, que tendrán el carácter de pagos a cuenta, estarán debidamente afianzados y sujetos a inspecciones y rectificaciones, en su caso, de acuerdo con la normativa vigente. 6. En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas, tanto en la normativa vigente como en la resolución individual, el beneficiario estará obligado a reintegrar las cantidades que hubiera recibido, con abono de los intereses legales correspondientes y del recargo y sanciones, si proceden, sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de los preceptos sobre delitos contra la hacienda pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre. ANEXO I Cod. Expte. Empresa/localización Inversión Subvención Empleo   Zona de Promoción Económica de Canarias         Las Palmas       GC/ 618/P06 Centro Helioterápico de Canarias, S.A., San Bartolome de Tirajana. 25.702.793,00 4.626.502,74 80   Zona de Promoción Económica de la Comunidad Autónoma de Castilla y León         Palencia       P/ 421/P0 Renault España, S.A., Villamuriel de Cerrato. 133.558.000,00 5.342.320,00 0   Valladolid       VA/ 616/P07 Iveco España, S.L., Valladolid 37.480.555,00 2.623.638,85 0   Zona de Promoción Económica de Andalucía         Granada       GR/ 550/P08 Bahía Fenicia Residencial, S.L., Almuñécar 21.563.561,00 4.743.983,42 90 ANEXO II Cod. Expte. Empresa Calificación anterior Calificación modificada   Zona de Promoción Económica de Canarias         S. C. Tenerife       TF/ 380/P06 Gran Hotel Santiago del Teide, S.A. C.D.G.A.E. 19/10/2006         INVERSIÓN 44.889.663,00 41.239.618,00     SUBVENCIONES: 3.142.276,41 2.886.773,26     EMPLEO: 108 108 TF/ 492/P06 Explotaciones Santonel, S.L. D.G.F.C. 14/05/2010         INVERSIÓN: 71.304.834,00 48.530.919,00     SUBVENCIONES: 9.982.676,76 6.794.328,66     EMPLEO: 76 76   Zona de Promoción Económica de la Comunidad Autónoma de Castilla y León         León       LE/ 747/P07 Vestas Nacelles Spain, S.A. C.D.G.A.E. 21/05/2009         INVERSIÓN: 49.099.964,00 33.249.331,00     SUBVENCIONES: 12.274.991,00 5.984.879,58     EMPLEO: 388 113   Palencia       P/ 386/P07 Papeles y Cartones de Europa, S.A C.D.G.A.E. 09/12/2010         INVERSIÓN: 74.811.000,00 58.554.050,00     SUBVENCIONES 2.244.330,00 1.756.621,50     EMPLEO 0 0

El Ayuntamiento de Gijón compra las fotocopias una a una, llegando a un total de 1.227.050,00 euros.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión del día 27 de junio de 2013, adoptó un Acuerdo por el que, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se resuelven expedientes de solicitud de incentivos regionales y solicitudes de modificación de condiciones de expedientes en vigor previstos en la Ley 50/1985. Considerando la naturaleza de dicho Acuerdo, este Ministerio, tiene a bien disponer: Dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado al texto del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 27 de junio de 2013. Dicho texto, con relación nominal de las empresas afectadas, se incluye como anexo a esta orden ministerial. Madrid, 22 de julio de 2013.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, P.D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás. ANEXO Texto del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ACUERDA La Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales, desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, constituye un instrumento para las actuaciones de ámbito estatal, dirigidas a fomentar las iniciativas empresariales con intensidad selectiva en determinadas regiones del Estado con objeto de repartir equilibradamente las actividades económicas dentro del mismo. Los Reales Decretos 162/2008, de 8 de febrero, 169/2008, de 8 de febrero y 171/2008, de 8 de febrero, establecieron la delimitación de las Zonas de Promoción Económica de Andalucía, Canarias y Castilla y León, respectivamente, y fijaron los objetivos dentro de dichas zonas, así como los sectores promocionables, la naturaleza y cuantía máxima de los incentivos regionales que podrán concederse en dichas zonas a los solicitantes que realicen proyectos de inversión y cumplan los requisitos exigidos. Se ha presentado solicitudes para acogerse a estos incentivos regionales, así como solicitudes de modificación de expedientes en vigor, acogiéndose a los Reales Decretos de delimitación citados, y se han tramitado las mismas de conformidad con la legislación que les afecta. Una vez estudiadas dichas solicitudes por el Consejo Rector, se elevan las respectivas propuestas de concesión a esta Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto 899/2007, de 6 de julio. Primero. Concesión de Incentivos Regionales. Se conceden incentivos regionales a los proyectos de inversión que se relacionan en el Anexo I de este Acuerdo en el que se indican el importe de los mismos, la inversión incentivable y los puestos de trabajo a crear. Segundo. Modificación de condiciones. Se acepta la modificación de los expedientes que figura en el Anexo II, en el que se especifican los datos de la inversión, subvención y puestos de trabajo a crear, concedidos inicialmente y los resultados de esta modificación. Tercero. Resoluciones individuales. 1. La Dirección General de Fondos Comunitarios notificará individualmente a las empresas, a través del órgano competente de la Comunidad Autónoma, las condiciones generales particulares que afectan a cada proyecto mediante las correspondientes resoluciones individuales. 2. La resolución sobre concesión de beneficios que sea expedida por aplicación de lo dispuesto en el presente Acuerdo no exime a las empresas de cumplir los requisitos y obtener las autorizaciones administrativas que, para la instalación o ampliación de las industrias, exijan las disposiciones legales vigentes, nacionales o comunitarias, así como la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma y las correspondientes ordenanzas municipales. Cuarto. Abono de las subvenciones. 1. La adquisición de los derechos por los perceptores de las subvenciones que puedan derivarse del presente Acuerdo queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente y a la aprobación del correspondiente expediente de gasto por el órgano competente, previa la preceptiva fiscalización favorable de la Intervención. 2. El abono de las subvenciones a que dé lugar el presente Acuerdo quedará sometido a la tramitación y aprobación del oportuno expediente de gasto, que ha de incoarse con cargo al correspondiente crédito cifrado en la sección 15 «Hacienda y Administraciones Públicas», rúbrica 15.14.422A.771 del vigente presupuesto y posteriores ejercicios, en el momento de presentarse la primera liquidación de subvención. 3. Los titulares de las subvenciones concedidas por el presente Acuerdo quedan sujetos a lo establecido en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones sobre cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 4. Cuando la subvención se cofinancie por los Fondos Estructurales de la Comisión Europea, su abono quedará sometido a la tramitación específica exigida para la percepción de ayudas por dichos Fondos, así como a las disposiciones de control y seguimiento de la Unión Europea. 5. Los pagos parciales, que tendrán el carácter de pagos a cuenta, estarán debidamente afianzados y sujetos a inspecciones y rectificaciones, en su caso, de acuerdo con la normativa vigente. 6. En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas, tanto en la normativa vigente como en la resolución individual, el beneficiario estará obligado a reintegrar las cantidades que hubiera recibido, con abono de los intereses legales correspondientes y del recargo y sanciones, si proceden, sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de los preceptos sobre delitos contra la hacienda pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre. ANEXO I Cod. Expte. Empresa/localización Inversión Sub ### RESUMEN: El Ayuntamiento de Gijón compra las fotocopias una a una, llegando a un total de 1.227.050,00 euros.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de septiembre de 2015, Vengo en nombrar Presidente de la Delegación que asistirá el próximo 23 de septiembre de 2015, en Washington, a la ceremonia de canonización de Fray Junípero Serra, a don Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia. Dado en Madrid, el 21 de septiembre de 2015. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL

Tribunal de Cuentas investiga el convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya y una sociedad anónima deportiva.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de septiembre de 2015, Vengo en nombrar Presidente de la Delegación que asistirá el próximo 23 de septiembre de 2015, en Washington, a la ceremonia de canonización de Fray Junípero Serra, a don Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia. Dado en Madrid, el 21 de septiembre de 2015. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL ### RESUMEN: Tribunal de Cuentas investiga el convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya y una sociedad anónima deportiva.

Edicto Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 12 de septiembre de 2016, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A214/16 del Ramo de Sector Público Autonómico (Informe de fiscalización de la cuenta general del territorio histórico de Vizcaya, ejercicio 2013), ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que en dicho Tribunal se sigue juicio con motivo del presunto alcance producido en los fondos públicos como consecuencia del convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya y una sociedad anónima deportiva para la promoción integral de la imagen de Vizcaya en la liga profesional de la Asociación de Clubes de Baloncesto, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días. Madrid, 12 de septiembre de 2016.- El Letrado Secretario, Carlos Cubillo Rodríguez.

La CNMV multa con un total de 760.000 euros a la agencia Mercados y Gestión de Valores y Rafael Collada por conflictos de interés.

Edicto Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 12 de septiembre de 2016, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A214/16 del Ramo de Sector Público Autonómico (Informe de fiscalización de la cuenta general del territorio histórico de Vizcaya, ejercicio 2013), ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que en dicho Tribunal se sigue juicio con motivo del presunto alcance producido en los fondos públicos como consecuencia del convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya y una sociedad anónima deportiva para la promoción integral de la imagen de Vizcaya en la liga profesional de la Asociación de Clubes de Baloncesto, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días. Madrid, 12 de septiembre de 2016.- El Letrado Secretario, Carlos Cubillo Rodríguez. ### RESUMEN: La CNMV multa con un total de 760.000 euros a la agencia Mercados y Gestión de Valores y Rafael Collada por conflictos de interés.

Habiéndose declarado firmes en vía administrativa las sanciones impuestas a Mercados y Gestión de Valores, A.V., S.A. y a don Rafael Collada Barreno por la comisión de infracciones muy graves tipificadas en las letras z bis), l) y z ter) del artículo 99 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se procede a publicar, conforme a lo establecido en los artículos 304 y 308 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, las sanciones impuestas mediante Orden Ministerial de fecha 16 de febrero de 2015 que, tras la exposición de hechos y fundamentos jurídicos, concluye con el siguiente fallo: 1. Imponer a Mercados y Gestión de Valores, A.V., S.A.: Por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 z bis) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por la falta o inaplicación, no ocasional o aislada, de medidas o políticas de gestión de conflictos de interés a que se refieren los artículos 70 ter 1.d) y 70 quáter del mismo texto legal, una sanción de multa por importe de 200.000 euros (doscientos mil euros). Por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 l) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por la llevanza con vicios esenciales del registro de órdenes incluido en el artículo 70 ter 1.e) del mismo texto legal, una sanción de multa por importe de 160.000 euros (ciento sesenta mil euros). Por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 z ter) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por la falta o inaplicación, no ocasional o aislada, de políticas de gestión y ejecución de órdenes a que se refiere el artículo 79 sexies del mismo texto legal, una sanción de multa por importe de 160.000 euros (ciento sesenta mil euros). 2. Imponer a don Rafael Collada Barreno, en su condición de Consejero Delegado de Mercados y Gestión de Valores, A.V., S.A.: Por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 z bis) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por la falta o inaplicación, no ocasional o aislada, de medidas o políticas de gestión de conflictos de interés a que se refieren los artículos 70 ter 1.d) y 70 quáter del mismo texto legal, una sanción de multa por importe de 100.000 euros (cien mil euros). Por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 l) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por la llevanza con vicios esenciales del registro de órdenes incluido en el artículo 70 ter 1.e) del mismo texto legal, una sanción de multa por importe de 70.000 euros (setenta mil euros). Por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 z ter) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por la falta o inaplicación, no ocasional o aislada, de políticas de gestión y ejecución de órdenes a que se refiere el artículo 79 sexies del mismo texto legal, una sanción de multa por importe de 70.000 euros (setenta mil euros). La Resolución que impone las sanciones indicadas en la presente publicación, únicamente es firme en vía administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión jurisdiccional que corresponden a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, competente para conocer de los recursos que en su caso se hayan interpuesto o pudieran interponerse. Madrid, 17 de mayo de 2016.–La Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, María Elvira Rodríguez Herrer.

Pensiones 2014: Subida 0,25% excepto para quienes cobren más de 2.500 euros al mes. Las mínimas van de 616 a 780 euros

Habiéndose declarado firmes en vía administrativa las sanciones impuestas a Mercados y Gestión de Valores, A.V., S.A. y a don Rafael Collada Barreno por la comisión de infracciones muy graves tipificadas en las letras z bis), l) y z ter) del artículo 99 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se procede a publicar, conforme a lo establecido en los artículos 304 y 308 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, las sanciones impuestas mediante Orden Ministerial de fecha 16 de febrero de 2015 que, tras la exposición de hechos y fundamentos jurídicos, concluye con el siguiente fallo: 1. Imponer a Mercados y Gestión de Valores, A.V., S.A.: Por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 z bis) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por la falta o inaplicación, no ocasional o aislada, de medidas o políticas de gestión de conflictos de interés a que se refieren los artículos 70 ter 1.d) y 70 quáter del mismo texto legal, una sanción de multa por importe de 200.000 euros (doscientos mil euros). Por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 l) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por la llevanza con vicios esenciales del registro de órdenes incluido en el artículo 70 ter 1.e) del mismo texto legal, una sanción de multa por importe de 160.000 euros (ciento sesenta mil euros). Por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 z ter) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por la falta o inaplicación, no ocasional o aislada, de políticas de gestión y ejecución de órdenes a que se refiere el artículo 79 sexies del mismo texto legal, una sanción de multa por importe de 160.000 euros (ciento sesenta mil euros). 2. Imponer a don Rafael Collada Barreno, en su condición de Consejero Delegado de Mercados y Gestión de Valores, A.V., S.A.: Por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 z bis) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por la falta o inaplicación, no ocasional o aislada, de medidas o políticas de gestión de conflictos de interés a que se refieren los artículos 70 ter 1.d) y 70 quáter del mismo texto legal, una sanción de multa por importe de 100.000 euros (cien mil euros). Por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 l) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por la llevanza con vicios esenciales del registro de órdenes incluido en el artículo 70 ter 1.e) del mismo texto legal, una sanción de multa por importe de 70.000 euros (setenta mil euros). Por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99 z ter) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por la falta o inaplicación, no ocasional o aislada, de políticas de gestión y ejecución de órdenes a que se refiere el artículo 79 sexies del mismo texto legal, una sanción de multa por importe de 70.000 euros (setenta mil euros). La Resolución que impone las sanciones indicadas en la presente publicación, únicamente es firme en vía administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión jurisdiccional que corresponden a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, competente para conocer de los recursos que en su caso se hayan interpuesto o pudieran interponerse. Madrid, 17 de mayo de 2016.–La Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, María Elvira Rodríguez Herrer. ### RESUMEN: Pensiones 2014: Subida 0,25% excepto para quienes cobren más de 2.500 euros al mes. Las mínimas van de 616 a 780 euros

La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, contiene, dentro de su título IV y disposiciones concordantes, los criterios básicos para determinar el importe de las pensiones públicas, fijando, con carácter general, su revalorización en un 0,25 por ciento, de acuerdo con las previsiones contenidas en los artículos 48 y 27 de los textos refundidos de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, respectivamente, conforme a la redacción dada por el artículo 7 y la disposición final tercera de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social, que han modificado el régimen de revalorización de las pensiones públicas, desvinculándola de la evolución del índice de precios de consumo (IPC), conforme al cual ha venido practicándose dicha revalorización desde 1997. Mediante el presente real decreto se desarrollan, en materia de Clases Pasivas, las previsiones contempladas en las citadas normas legales, estableciendo la revalorización de las pensiones en un 0,25 por ciento, cualquiera que sea su legislación reguladora, salvo las excepciones legalmente previstas en la referida ley. Asimismo, se fijan en este real decreto las reglas y el procedimiento para efectuar la revalorización y el sistema de concesión de complementos económicos para las pensiones mínimas. Debido a sus especiales características, en un capítulo independiente se establece la revalorización de las pensiones de Clases Pasivas reconocidas al amparo de los reglamentos de la Unión Europea. En definitiva, este real decreto da cumplimiento a través de las mencionadas medidas a aquellas previsiones legales, en orden a facilitar su rápida aplicación en beneficio de los colectivos afectados. En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de diciembre de 2013, DISPONGO: CAPÍTULO l Normas generales sobre revalorización de las pensiones de clases pasivas para el año 2014 Artículo 1. Incremento para el año 2014 de las pensiones de Clases Pasivas. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 41 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014, las pensiones abonadas por Clases Pasivas se incrementarán en un 0,25 por ciento respecto de las cuantías que a las mismas hubieran correspondido a 31 de diciembre de 2013, salvo las reguladas en el Título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, que se adaptarán a los importes que correspondan conforme a su legislación propia. Artículo 2. Pensiones no revalorizables durante el año 2014. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, y en aplicación de lo establecido en el apartado uno del artículo 42 de la expresada Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, no experimentarán incremento alguno las siguientes pensiones de Clases Pasivas: a) Aquellas cuyo importe íntegro, sumado, en su caso, al importe íntegro mensual de otras pensiones públicas percibidas por su titular, exceda de 2.554,49 euros íntegros en cómputo mensual cuando dicho titular tenga derecho a percibir 14 mensualidades al año o, en otro supuesto, de 35.762,86 euros en cómputo anual. b) Las reconocidas a favor de los Camineros del Estado y causadas con anterioridad al 1 de enero de 1985, con excepción de aquéllas cuyo titular sólo percibiera esta pensión por tal condición. Artículo 3. Pensiones extraordinarias por actos de terrorismo. 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.uno.a), párrafo segundo, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, así como en el Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, las pensiones extraordinarias de Clases Pasivas originadas en actos terroristas están exentas de las normas excluyentes o limitativas contempladas en el artículo 2.a) y el artículo 4.2.ª de este real decreto. 2. En el supuesto de que, junto con alguna de las pensiones mencionadas en el apartado anterior, se tuviera derecho a percibir a 31 de diciembre de 2013 alguna o algunas otras pensiones públicas, las normas excluyentes o limitativas, antes citadas, sí serán aplicables respecto de estas últimas. Artículo 4. Reglas para el incremento de las pensiones de Clases Pasivas. La aplicación del incremento establecido en el artículo 1 de este real decreto se ajustará a las siguientes reglas: 1.ª El incremento se aplicará a las pensiones causadas con anterioridad al 1 de enero del 2014 sobre la cuantía mensual íntegra que percibiera o le hubiera correspondido percibir a su titular a 31 de diciembre de 2013. Seguidamente se procederá a su actualización conforme a las normas que sobre revalorización, concurrencia de pensiones y limitación de su crecimiento se contienen en las Leyes de Presupuestos correspondientes, aplicándose para el año 2014 el incremento procedente. 2.ª A efectos de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, el importe de la pensión o del conjunto de pensiones abonadas con cargo al crédito de Clases Pasivas que perciba un mismo titular, una vez aplicado el incremento procedente a cada una de ellas, estará limitado a la cantidad de 35.762,86 euros íntegros anuales, comprendiéndose en dicha cantidad tanto el importe de las mensualidades ordinarias como el de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder. En las pensiones de viudedad, los incrementos por hijos que puedan haberse reconocido al amparo de la Ley 19/1974, de 27 de junio, de mejora de pensiones de Clases Pasivas, y de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1981, no se computarán, en ningún caso, a efectos de la aplicación del límite máximo de percepción establecido en el párrafo anterior. En el supuesto de que en un mismo titular concurran una o varias pensiones de Clases Pasivas con otra u otras pensiones públicas, el valor de la pensión o conjunto de pensiones de Clases Pasivas tendrá como límite una cifra que guarde con la de 35.762,86 euros íntegros anuales la misma proporción que dicha pensión o pensiones tengan con el conjunto total de pensiones públicas que perciba su titular. Dicho límite (L) se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: siendo «CP» el valor íntegro teórico anual alcanzado a 31 de diciembre de 2013 por la pensión o pensiones de Clases Pasivas, y «T» el resultado de añadir a la cifra anterior el valor íntegro en términos anuales de las otras pensiones públicas en idéntico momento. 3.ª Establecido para cada supuesto y conforme a las reglas anteriores el límite anual máximo de una pensión, dicho límite se dividirá entre el número de mensualidades ordinarias y pagas extraordinarias que, respecto de la anualidad y conforme a la legislación aplicable, tengan derecho a percibir los pensionistas, constituyendo la cifra resultante el importe mensual a percibir por el titular de aquella pensión en cada mensualidad ordinaria y paga extraordinaria. Artículo 5. Procedimiento para la revalorización. 1. La revalorización de las pensiones de Clases Pasivas para 2014 se practicará de oficio por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 2. Dicha revalorización se llevará a cabo teniendo en cuenta los datos obrantes respecto de cada titular de pensión a 31 de diciembre de 2013. No obstante, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, podrá requerirse a cualquier perceptor de Clases Pasivas para que facilite información respecto de su situación económica con los efectos que en dicha norma se previenen. 3. De acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, la revalorización tendrá carácter provisional hasta tanto por la Administración se compruebe la procedencia de la percepción de su cuantía, en función de las otras percepciones del titular de una pensión o pensiones y de las normas en materia de concurrencia e incompatibilidad que resulten aplicables en cada caso. Si de la elevación a definitiva de la revalorización anteriormente practicada se obtuviese la evidencia de que se han percibido cantidades en exceso, el pensionista vendrá obligado a reintegrar lo indebidamente percibido. Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que el interesado hubiese cometido en su declaración falsedad u omisión de datos, podrán serle exigidas las correspondientes responsabilidades en que haya podido incurrir. CAPÍTULO lI Complementos para mínimos Artículo 6. Complementos económicos para las pensiones de Clases Pasivas durante el año 2014. 1. De acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 44 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, la aplicación de complementos económicos a las pensiones del Régimen de Clases Pasivas se ajustará a las siguientes reglas: a) Podrá complementarse aquella pensión del Régimen de Clases Pasivas, cualquiera que fuese la fecha en que se causó, que no alcance el mínimo correspondiente que figura en la columna A del cuadro que se incluye en el apartado 2 de este artículo, siempre que se haya reconocido al amparo de la legislación general en la materia y que su titular no perciba durante el ejercicio de 2014 ingresos de trabajo o de capital o que, percibiéndolos, no excedan de 7.080,73 euros al año. Asimismo, en las pensiones causadas a partir de 1 de enero de 2013, será necesario residir en territorio español. No obstante, si el titular percibiera ingresos por los conceptos indicados en cuantía superior a la cifra señalada en el párrafo anterior, tendrá derecho a un complemento por mínimos cuando la suma en cómputo anual de tales ingresos y de los correspondientes a la pensión ya revalorizada no supere el límite correspondiente de la columna B del referido cuadro fijado para la clase de pensión de que se trate. En este caso, el complemento para mínimos consistirá en la diferencia entre ambos importes, siempre que esta diferencia no determine para el interesado una percepción mensual conjunta de pensión y complemento por importe superior al de la cuantía mínima de pensión que corresponda en términos mensuales. b) En caso de percibir un mismo beneficiario varias pensiones de Clases Pasivas, el complemento se aplicará, cuando proceda, respecto de aquella pensión que, en atención a su naturaleza, tenga asignado un importe mayor en la columna A del cuadro que se incluye en el apartado 2 de este artículo. c) La cuantía del complemento será la necesaria para que la pensión a complementar, en cómputo íntegro mensual, incrementada, en su caso, con el importe íntegro mensual de todas las restantes pensiones abonables con cargo al crédito de Clases Pasivas u otras pensiones públicas percibidas por el beneficiario, alcance el mínimo correspondiente a la columna A del mencionado cuadro. En el supuesto de que se tenga reconocida una parte proporcional de la pensión de viudedad, el complemento para mínimos aplicable, en su caso, lo será en la misma proporción que se tuvo en cuenta para el reconocimiento de la pensión. Las pensiones de viudedad causadas a partir de 1 de enero de 2013, cuyo importe sea equivalente al de la pensión compensatoria que le hubiere correspondido en el momento de la separación o divorcio, no podrán ser complementadas. d) El importe a tener en cuenta será, para las pensiones de Clases Pasivas, el que resulte una vez revalorizadas las mismas de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto, y para las restantes pensiones de carácter público, el que esté percibiendo el beneficiario en el momento de presentar la solicitud de iniciación de procedimiento en materia de complementos económicos a que se refiere el apartado 2 del artículo siguiente. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a los solos efectos de garantía de complementos para mínimos, se equipararán a rentas de trabajo las pensiones públicas que no estén a cargo de cualesquiera de los regímenes públicos básicos de previsión social, así como las pensiones percibidas con cargo a una entidad extranjera, con la excepción establecida en el apartado 3 del siguiente artículo 9 relativa al complemento de garantía de las pensiones reconocidas al amparo de los reglamentos de la Unión Europea. e) El complemento se minorará, o en su caso se suprimirá, en la cuantía necesaria para que la suma, en términos anuales, de la pensión revalorizada, junto con todas las rentas de trabajo o sustitutorias de estas o de capital, percibidas por el beneficiario, no supere el límite correspondiente de la columna B del cuadro que figura a continuación. A estos efectos, el concepto de renta se definirá conforme a la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, si bien se tendrán en cuenta, en todo caso, los ingresos correspondientes a cualesquiera pensiones de carácter público, estén estas sometidas o no al mencionado impuesto; las pensiones de Clases Pasivas se tomarán en su valor anual una vez revalorizadas conforme a lo dispuesto en este real decreto; las restantes pensiones públicas tendrán el valor anual que corresponda en el momento de presentar la solicitud referida en el apartado 2 del siguiente artículo; y las rentas de trabajo y de capital se tomarán en el valor percibido en el año 2013, debiéndose excluir las dejadas de percibir por motivo del hecho causante de las distintas pensiones, así como aquéllas que se pruebe que no han de ser percibidas en el año 2014. También se computarán entre tales ingresos las plusvalías o ganancias patrimoniales, valoradas conforme a la legislación fiscal. Para el reconocimiento de los complementos para mínimos de las pensiones de Clases Pasivas, de los rendimientos íntegros percibidos por el pensionista, y computados en los términos establecidos en la legislación fiscal, se excluirán los gastos deducibles en los rendimientos íntegros procedentes del trabajo, de actividades económicas y de bienes inmuebles. 2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se tendrán en cuenta las siguientes cuantías: En el supuesto de pensión o pensiones en favor de otros familiares que fueran percibidas por varios beneficiarios, la cifra resultante de la columna A del cuadro anterior no será inferior a 193,30 euros mensuales, respecto de cada uno de aquellos beneficiarios cuyos ingresos anuales no superen a los que figuran en la columna B. No obstante, cuando alguno de los beneficiarios sea huérfano discapacitado menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por ciento, la cuantía mínima a reconocer a dicho huérfano será de 380,40 euros mensuales, siempre que cumpla el requisito de límite de ingresos citado. En las pensiones de viudedad, los incrementos por hijos que puedan haberse reconocido al amparo de la Ley 19/1974, de 27 de junio, y de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, no se computarán a efectos de la aplicación del mínimo establecido en el cuadro anterior. Se entenderá que existe cónyuge a cargo del titular cuando éste se halle conviviendo con el pensionista y dependa económicamente de él. Se presumirá la convivencia siempre que se conserve el vínculo matrimonial, sin perjuicio de que esta presunción pueda destruirse de comprobarse lo contrario por la Administración, y a los mismos efectos se entenderá que existe dependencia económica cuando los ingresos del cónyuge, por cualquier concepto, no superen el salario mínimo interprofesional vigente. 3. Los complementos económicos regulados en este precepto, que se abonarán en doce mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, todas ellas de igual cuantía, no serán en ningún caso consolidables y serán absorbibles por cualquier futuro incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea por revalorización o por el reconocimiento en su favor de nuevas pensiones públicas. El importe de dichos complementos de las pensiones causadas en 2014 en ningún caso podrá superar la cuantía de 5.122,60 euros anuales, fijada para las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva en el artículo 46.uno de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014. 4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5 del Real Decreto 1288/1990, de 25 de octubre, sobre revalorización de pensiones de Clases Pasivas para 1990 y complementos económicos de las mismas durante el citado ejercicio, podrán acceder al derecho a mínimos los beneficiarios de pensión de Clases Pasivas que la hubieran obtenido al amparo de la expresada norma. Artículo 7. Procedimiento en materia de complementos económicos. 1. Corresponde a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas reconocer y determinar los complementos económicos que procedan, de acuerdo con lo establecido en el precedente artículo 6. 2. El procedimiento se iniciará a petición del interesado mediante solicitud dirigida a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. 3. A la vista de los datos consignados por el solicitante del complemento económico y, en su caso, de la consulta informática al Registro de Prestaciones Sociales Públicas, la citada dirección general dictará, sin más trámites, la resolución que proceda, sin perjuicio de que esta sea revisable de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico. Si la solicitud de los complementos económicos se formulase, por vez primera, durante el presente ejercicio, sus efectos económicos se retrotraerán, como máximo, al 1 de enero de 2014 o a la fecha de inicio de la pensión si ésta fuese posterior. No obstante, si la solicitud de tal reconocimiento se efectuara con ocasión de ejercitar el derecho al cobro de una pensión cuyo hecho causante se produjo en el ejercicio anterior, los efectos económicos podrán ser los de la fecha de inicio de aquélla, con una retroactividad máxima de un año desde que se soliciten y siempre que se reúnan los requisitos necesarios para su percibo. 4. Si, una vez reconocidos los complementos económicos, se comprobara la existencia de alguna contradicción entre los datos declarados y la realidad, el solicitante vendrá obligado al reintegro de lo indebidamente percibido, sin perjuicio de su posible revisión en vía administrativa. Podrán deducirse además contra el solicitante otras posibles responsabilidades en que hubiera podido incurrir de acuerdo con el ordenamiento jurídico. A efectos de dicha revisión, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.2 del vigente texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, el pensionista deberá facilitar a la Administración la información que le sea formalmente requerida, y podrá suspenderse el pago del complemento en caso de incumplimiento de esta obligación. 5. El perceptor de los complementos de pensión vendrá obligado a poner en conocimiento de la Administración, en el momento de producirse, cualquier variación en la composición o cuantía de los ingresos declarados en la solicitud, así como cualquier variación de su estado civil o de la situación de dependencia económica de su cónyuge respecto de lo inicialmente declarado. El incumplimiento de esta obligación, si de él se siguiera la percepción indebida de cantidades, dará origen al reintegro de éstas. 6. Queda facultada la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas para dictar cuantas Instrucciones de servicio pudieran resultar convenientes, en orden a agilizar los trámites para la percepción de los complementos a que se refiere este artículo. Artículo 8. Prohibición de concesión de complementos económicos en Clases Pasivas. 1. En el supuesto de que un pensionista de Clases Pasivas tuviera derecho a percibir, con arreglo a las normas de este real decreto, un complemento económico y por ser beneficiario además de otras pensiones públicas, abonadas con cargo a regímenes públicos de previsión diferentes, tuviera asimismo derecho a algún otro complemento, conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, no podrá percibir el complemento correspondiente a la pensión de Clases Pasivas salvo en los siguientes casos: a) Cuando las pensiones de los distintos sistemas sean de la misma naturaleza y el importe íntegro mensual de la pensión de Clases Pasivas fuera de superior cuantía al importe correspondiente a la otra pensión pública susceptible de ser complementada. b) Cuando las pensiones a percibir por el interesado fuesen de distinta naturaleza y el importe mínimo mensual de pensión correspondiente a la de Clases Pasivas fuese de mayor cuantía que el de la otra pensión pública. 2. En los dos supuestos contemplados en el apartado anterior, no podrá tomarse en consideración el complemento económico a que pudiera tener derecho el interesado por la pensión ajena al Régimen de Clases Pasivas, para determinar el importe del complemento que por dicho régimen le corresponda, conforme a las reglas del artículo 6 de este real decreto. CAPÍTULO III Pensiones reconocidas al amparo de los reglamentos de la unión europea sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social Artículo 9. Revalorización de las pensiones reconocidas al amparo de los reglamentos de la Unión Europea sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. 1. La revalorización de las pensiones reconocidas al amparo de los reglamentos de la Unión Europea, de las que un tanto por ciento de su cuantía teórica esté a cargo del Régimen de Clases Pasivas, se llevará a cabo aplicando dicho tanto por ciento al incremento que hubiera correspondido de hallarse a cargo del citado Régimen el 100 por cien de la pensión. 2. A la pensión prorrateada, una vez actualizada de acuerdo con lo dispuesto en el número anterior, se le añadirá, cuando así proceda en aplicación de las normas generales establecidas, el complemento para mínimos que corresponda conforme a las normas contenidas en el capítulo II de este real decreto. Dicho complemento se calculará aplicando el mismo porcentaje que se tuvo en cuenta para el reconocimiento de la pensión, a la diferencia resultante entre la cuantía que hubiera correspondido de hallarse a cargo del Régimen de Clases Pasivas el 100 por cien de la pensión y el mínimo establecido para la prestación de que se trate. 3. Si después de haber aplicado lo dispuesto en el apartado anterior, la suma de los importes reales de las pensiones reconocidas, tanto en virtud de la legislación española como extranjera al amparo de los reglamentos de la Unión Europea, fuese inferior al mínimo que corresponda a la pensión de que se trate, se le garantizará al beneficiario, mientras resida en territorio nacional, la diferencia necesaria hasta alcanzar el referido mínimo, de acuerdo con las normas generales establecidas para su concesión. Disposición adicional primera. Complementos para mínimos y actualización de otras pensiones de Clases Pasivas. 1. Para el año 2014 se aplicarán los complementos económicos regulados en el capítulo II de este real decreto a las pensiones de orfandad reconocidas al amparo del título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República; así como a las reconocidas a favor de huérfanos no incapacitados mayores de 21 años, causadas por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil; y 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana; y a aquellas otras causadas por el personal de las Minas de Almadén. 2. Las pensiones en favor de familiares concedidas al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, y de la Ley 35/1980, de 26 de junio, con excepción de las pensiones de orfandad a que se refiere el apartado anterior, así como de la Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los mutilados civiles de guerra, y las pensiones de viudedad del título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, cualquiera que sea su fecha inicial de abono, no podrán ser inferiores en el año 2014 al importe establecido, para el citado ejercicio económico, como de cuantía mínima en el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad de titulares mayores de sesenta y cinco años. Asimismo, el importe de las pensiones reconocidas en propio favor al amparo del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, no podrán ser inferiores a la cuantía mínima de las pensiones de jubilación, con cónyuge a cargo, de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social. Disposición adicional segunda. Adaptación de oficio de los complementos para mínimos. 1. Las pensiones de Clases Pasivas a las que se hubieran aplicado complementos económicos durante el año 2013 se adaptarán de oficio, y con carácter provisional, con efectos de 1 de enero de 2014, a las cuantías establecidas en el artículo 6 de este real decreto, presumiéndose que sus titulares reúnen las condiciones y requisitos exigidos en dicho precepto, hasta tanto por los servicios administrativos correspondientes se compruebe la concurrencia de dichas condiciones y requisitos. 2. Si de la comprobación antes citada se dedujera la ausencia de algún requisito o condición, procederá el cese inmediato en el abono del complemento, con reintegro de lo indebidamente percibido por tal concepto desde, como máximo, el primero de enero del año 2014. Igualmente, si de dicha comprobación se derivara la necesidad de modificar la cuantía del complemento, se practicará la oportuna modificación, con reintegro de lo indebidamente percibido desde la fecha antes indicada. No obstante, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.4 de este real decreto, procederá retrotraer el reintegro de lo indebidamente percibido a la fecha inicial en que el complemento económico comenzó a abonarse en ejercicios anteriores, hasta un máximo de cuatro años, si de la comprobación efectuada resultase la evidencia de que el perceptor de aquél cometió alguna omisión o falsedad en la declaración presentada al momento de solicitar la aplicación del complemento, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiera podido incurrir. Disposición adicional tercera. Actualización de importes de determinadas pensiones. Para el cálculo de las pensiones de jubilación o retiro y de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado, que se causen durante 2014 al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, la cuantía inicial que corresponda se corregirá mediante la aplicación del porcentaje del 1 y 2 por ciento, según proceda, establecido para los años 2004, 2006, 2007 y 2008 en el apartado cuatro de las disposiciones adicionales quinta y sexta, así como de la disposición adicional décima, de las Leyes 61/2003, de 30 de diciembre, 30/2005, de 29 de diciembre, 42/2006, de 28 de diciembre, y 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, 2006, 2007 y 2008, respectivamente. A tal efecto, se computará la mejora por hijo a cargo que pueda corresponder en las pensiones de viudedad por aplicación de las Leyes 19/1974, de 27 de junio, y 74/1980, de 29 de diciembre. Disposición adicional cuarta. Actualización de las ayudas sociales del Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de mayo, por el que se conceden ayudas a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema sanitario público. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, las cuantías mensuales de las ayudas sociales, en favor de las personas que resultaron contaminadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), reguladas en las letras b), c) y d) del artículo 2.1 del Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de mayo, se determinarán mediante la aplicación de las proporciones reguladas en las letras citadas sobre el importe de 608,65 euros. Disposición final primera. Habilitación para disposiciones de desarrollo. Se autoriza al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para que dicte las disposiciones de carácter general que resulten necesarias para la aplicación de este real decreto. Disposición final segunda. Entrada en vigor y efectos económicos. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de que los efectos económicos se retrotraigan, cuando así proceda, al 1 de enero de 2014. Dado en Madrid, el 27 de diciembre de 2013. JUAN CARLOS R. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

Johan Cruyff, condecorado a título postumo con la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría de Medalla de Oro.

La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, contiene, dentro de su título IV y disposiciones concordantes, los criterios básicos para determinar el importe de las pensiones públicas, fijando, con carácter general, su revalorización en un 0,25 por ciento, de acuerdo con las previsiones contenidas en los artículos 48 y 27 de los textos refundidos de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, respectivamente, conforme a la redacción dada por el artículo 7 y la disposición final tercera de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social, que han modificado el régimen de revalorización de las pensiones públicas, desvinculándola de la evolución del índice de precios de consumo (IPC), conforme al cual ha venido practicándose dicha revalorización desde 1997. Mediante el presente real decreto se desarrollan, en materia de Clases Pasivas, las previsiones contempladas en las citadas normas legales, estableciendo la revalorización de las pensiones en un 0,25 por ciento, cualquiera que sea su legislación reguladora, salvo las excepciones legalmente previstas en la referida ley. Asimismo, se fijan en este real decreto las reglas y el procedimiento para efectuar la revalorización y el sistema de concesión de complementos económicos para las pensiones mínimas. Debido a sus especiales características, en un capítulo independiente se establece la revalorización de las pensiones de Clases Pasivas reconocidas al amparo de los reglamentos de la Unión Europea. En definitiva, este real decreto da cumplimiento a través de las mencionadas medidas a aquellas previsiones legales, en orden a facilitar su rápida aplicación en beneficio de los colectivos afectados. En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de diciembre de 2013, DISPONGO: CAPÍTULO l Normas generales sobre revalorización de las pensiones de clases pasivas para el año 2014 Artículo 1. Incremento para el año 2014 de las pensiones de Clases Pasivas. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 41 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014, las pensiones abonadas por Clases Pasivas se incrementarán en un 0,25 por ciento respecto de las cuantías que a las mismas hubieran correspondido a 31 de diciembre de 2013, salvo las reguladas en el Título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, que se adaptarán a los importes que correspondan conforme a su legislación propia. Artículo 2. Pensiones no revalorizables durante el año 2014. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, y en aplicación de lo establecido en el apartado uno del artículo 42 de la expresada Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, no experimentarán incremento alguno las siguientes pensiones de Clases Pasivas: a) Aquellas cuyo importe íntegro, sumado, en su caso, al importe íntegro mensual de otras pensiones públicas percibidas por su titular, exceda de 2.554,49 euros íntegros en cómputo mensual cuando dicho titular tenga derecho a percibir 14 mensualidades al año o, en otro supuesto, de 35.762,86 euros en cómputo anual. b) Las reconocidas a favor de los Camineros del Estado y causadas con anterioridad al 1 de enero de 1985, con excepción de aquéllas cuyo titular sólo percibiera esta pensión por tal condición. Artículo 3. Pensiones extraordinarias por actos de terrorismo. 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.uno.a), párrafo segundo, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, así como en el Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, las pensiones extraordinarias de Clases Pasivas originadas en actos terroristas están exentas de las normas excluyentes o limitativas contempladas en el artículo 2.a) y el artículo 4.2.ª de este real decreto. 2. En el supuesto de que, junto con alguna de las pensiones mencionadas en el apartado anterior, se tuviera derecho a percibir a 31 de diciembre de 2013 alguna o algunas otras pensiones públicas, las normas excluyentes o limitativas, antes citadas, sí serán aplicables respecto de estas últimas. Artículo 4. Reglas para el incremento de las pensiones de Clases Pasivas. La aplicación del incremento establecido en el artículo 1 de este real decreto se ajustará a las siguientes reglas: 1.ª El incremento se aplicará a las pensiones causadas con anterioridad al 1 de enero del 2014 sobre la cuantía mensual íntegra que percibiera o le hubiera correspondido percibir a su titular a 31 de diciembre de 2013. Seguidamente se procederá a su actualización conforme a las normas que sobre revalorización, concurrencia de pensiones y limitación de su crecimiento se contienen en las Leyes de Presupuestos correspondientes, aplicándose para el año 2014 el incremento procedente. 2.ª A efectos de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, el importe de la pensión o del conjunto de pensiones abonadas con cargo al crédito de Clases Pasivas que perciba un mismo titular, una vez aplicado el incremento procedente a cada una de ellas, estará limitado a la cantidad de 35.762,86 euros íntegros anuales, comprendiéndose en dicha cantidad tanto el importe de las mensualidades ordinarias como ### RESUMEN: Johan Cruyff, condecorado a título postumo con la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría de Medalla de Oro.

Edicto Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 29 de octubre de 2014, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A 238/14 del Ramo de Sociedades Estatales (Correos), Madrid, con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos por valor de cuarenta y ocho mil quinientos un euros con doce céntimos (48.501,12 euros) como consecuencia de las irregularidades producidas en la gestión de la facturación de la correspondencia ordinaria, modalidad de franqueo pagado, en la oficina n.º 5 de Madrid, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días. Madrid, 29 de octubre de 2014.- El Letrado Secretario, Carlos Cubillo Rodríguez.

Subvenciones a sindicatos por participación en mesas de las Administraciones Públicas y de la Administración General del Estado. Se reparten 417.902,56 euros.

Edicto Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 29 de octubre de 2014, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A 238/14 del Ramo de Sociedades Estatales (Correos), Madrid, con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos por valor de cuarenta y ocho mil quinientos un euros con doce céntimos (48.501,12 euros) como consecuencia de las irregularidades producidas en la gestión de la facturación de la correspondencia ordinaria, modalidad de franqueo pagado, en la oficina n.º 5 de Madrid, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días. Madrid, 29 de octubre de 2014.- El Letrado Secretario, Carlos Cubillo Rodríguez. ### RESUMEN: Subvenciones a sindicatos por participación en mesas de las Administraciones Públicas y de la Administración General del Estado. Se reparten 417.902,56 euros.

Por Resolución de 20 de octubre de 2014 (BOE de 27 de octubre) de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, se convocó para el ejercicio 2014 la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales presentes en las mesas generales de negociación en las que participa la Administración General del Estado, como apoyo instrumental a su participación en las mismas, cuyas bases reguladoras se establecen en la Orden HAP/1808/2014, de 29 de septiembre (BOE de 6 de octubre). Mediante Resolución del Secretario de Estado de Administraciones Públicas, de fecha 4 de diciembre de 2014 se concedieron, con cargo a aplicación presupuestaria 15.26.921N.482 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, subvenciones por un importe global de 417.902,56 euros a las organizaciones sindicales que se relacionan en el anexo de la presente resolución, con la finalidad de coadyuvar a la financiación de los gastos que de manera indubitada respondan a la realización de actividades directamente relacionadas con el ejercicio de funciones que se deriven de su presencia en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado para las materias que afecten a los funcionarios públicos, en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas o en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, reguladas en los artículos 34.1, 36.1 y 36.3 del capítulo IV de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se procede a la publicación de las subvenciones concedidas por la citada Resolución. Madrid, 16 de febrero de 2015.–El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Germán Beteta Barreda. ANEXO Beneficiario CIF Subvención – Euros Federación de Servicios Públicos-Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) G78085149 183.264,84 Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) G79514378 164.972,13 Federación de Empleados Públicos-Unión Sindical Obrera (FEP-USO) V83365445 46.628,86 Confederación Intersindical Galega (CIG) G36843704 12.462,79 Euzko Languileen Alkartasuna (ELA) G48090096 10.573,94

Clece llevará por 180.000 euros durante 1 año la cafetería de Seguridad Social en Valencia

Por Resolución de 20 de octubre de 2014 (BOE de 27 de octubre) de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, se convocó para el ejercicio 2014 la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales presentes en las mesas generales de negociación en las que participa la Administración General del Estado, como apoyo instrumental a su participación en las mismas, cuyas bases reguladoras se establecen en la Orden HAP/1808/2014, de 29 de septiembre (BOE de 6 de octubre). Mediante Resolución del Secretario de Estado de Administraciones Públicas, de fecha 4 de diciembre de 2014 se concedieron, con cargo a aplicación presupuestaria 15.26.921N.482 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, subvenciones por un importe global de 417.902,56 euros a las organizaciones sindicales que se relacionan en el anexo de la presente resolución, con la finalidad de coadyuvar a la financiación de los gastos que de manera indubitada respondan a la realización de actividades directamente relacionadas con el ejercicio de funciones que se deriven de su presencia en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado para las materias que afecten a los funcionarios públicos, en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas o en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, reguladas en los artículos 34.1, 36.1 y 36.3 del capítulo IV de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se procede a la publicación de las subvenciones concedidas por la citada Resolución. Madrid, 16 de febrero de 2015.–El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Germán Beteta Barreda. ANEXO Beneficiario CIF Subvención – Euros Federación de Servicios Públicos-Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) G78085149 183.264,84 Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) G79514378 164.972,13 Federación de Empleados Públicos-Unión Sindical Obrera (FEP-USO) V83365445 46.628,86 Confederación Intersindical Galega (CIG) G36843704 12.462,79 Euzko Languileen Alkartasuna (ELA) G48090096 10.573,94 ### RESUMEN: Clece llevará por 180.000 euros durante 1 año la cafetería de Seguridad Social en Valencia

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Consejo General del Poder Judicial. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General/ Gerencia/Unidad de Contratación y Asuntos Generales. c) Número de expediente: 12/17.0. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.poderjudicial.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: De servicios. b) Descripción: Formación en el contenido y asesoramiento en el manejo de las aplicaciones de la página web del Consejo General del Poder Judicial y del fondo documental. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea, B.O.E., Plataforma de Contratación del Estado y Perfil del Contratante. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: B.O.E. de 8 de agosto de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.024.531,20 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 24 de octubre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 27 de noviembre de 2012. c) Contratista: Indra Sistemas, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Importe máximo de 1.024.531,20 euros, a los precios unitarios ofertados por el contratista. Madrid, 10 de diciembre de 2012.- El Secretario General, Celso Rodríguez Padrón.

Aprobado el Programa Anual de Ayudas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos públicos dependientes en el año 2015.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Consejo General del Poder Judicial. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General/ Gerencia/Unidad de Contratación y Asuntos Generales. c) Número de expediente: 12/17.0. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.poderjudicial.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: De servicios. b) Descripción: Formación en el contenido y asesoramiento en el manejo de las aplicaciones de la página web del Consejo General del Poder Judicial y del fondo documental. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea, B.O.E., Plataforma de Contratación del Estado y Perfil del Contratante. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: B.O.E. de 8 de agosto de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.024.531,20 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 24 de octubre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 27 de noviembre de 2012. c) Contratista: Indra Sistemas, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Importe máximo de 1.024.531,20 euros, a los precios unitarios ofertados por el contratista. Madrid, 10 de diciembre de 2012.- El Secretario General, Celso Rodríguez Padrón. ### RESUMEN: Aprobado el Programa Anual de Ayudas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos públicos dependientes en el año 2015.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, tiene atribuida la competencia en materia de propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de formación profesional y de universidades, así como la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, la promoción y difusión de la cultura en español, así como el impulso de las acciones de cooperación cultural. Asimismo, corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte y el fomento y protección de la tauromaquia. El gasto público que conlleva el ejercicio de estas funciones se ejecuta, entre otras formas, a través de transferencias corrientes y de capital a diversas entidades y personas físicas bajo una variada tipología de ayudas. La importancia de estas ayudas, tanto en número como en consignación presupuestaria, aconseja que se lleve a cabo un ejercicio de programación anual del conjunto de las ayudas, en aras de una mayor transparencia y una mejora de su gestión y tramitación, lo que favorece una actuación más eficiente en la asignación y utilización de los recursos públicos. Se pone a disposición de la ciudadanía una recopilación de todas las becas, subvenciones, premios y otros tipos de concesión de ayudas sin contraprestación económica que van a convocarse por el Ministerio en el año 2015, lo que conforma el Programa Anual de Ayudas 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La aprobación de este Programa responde, entre otros, al concepto de publicidad activa, tomado de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ampliando la exigencias que impone la ley. Se trata de una manera de dar a conocer cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan las instituciones públicas, lo que permite una mejor fiscalización de la actividad pública. Muchas de las ayudas contenidas en este Programa se configuran como subvenciones regidas por la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyo articulado contempla una variedad de instrumentos para dotar de transparencia a la concesión de ayudas y redundar así de forma directa en un incremento de los niveles de eficiencia en la gestión del gasto público y de apertura de datos a la ciudadanía. En esta línea se enmarca la aprobación y publicación del Programa Anual de Ayudas del Ministerio. Junto a ello, la intención también es avanzar en una serie de medidas que mejoren la gestión y tramitación de las ayudas, para dotar de mayor eficiencia a la actuación pública, fundamentalmente en materia de tramitación electrónica, en consonancia con la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y con el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Esta normativa consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para tales Administraciones. Asimismo, reconoce el papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el rediseño integral de los procesos y servicios actuales de la Administración, permitiendo nuevos modelos de relación con los ciudadanos. A la vista de lo anterior, para dotar de sentido al Programa Anual y a las medidas de mejora de la tramitación de las ayudas, se establecen como objetivos fomentar la transparencia y acceso a la información en materia de concesión de ayudas por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; adecuar el funcionamiento del Ministerio y de las relaciones con los ciudadanos a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación; llevar a cabo un simplificación administrativa y reducción de cargas administrativas; e incorporar en la gestión y tramitación de las ayudas una serie de principios transversales que hagan efectivo el principio de equidad. En su virtud, dispongo: Primero. Objeto. El objeto de la presente orden es la aprobación del Programa Anual de Ayudas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos públicos dependientes en el año 2015, así como el establecimiento de una serie de medidas para la mejora de la gestión y tramitación de las ayudas. Segundo. Aprobación del Programa Anual de Ayudas para el año 2015. 1. Se aprueba el Programa Anual de Ayudas para el año 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de sus organismos públicos dependientes que figura en los Anexos I, II y III de esta orden, indicando las fechas previstas de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las convocatorias de ayudas, así como las fechas estimadas de resolución y de pago. Se entiende por fecha estimada de pago la fecha en la que el departamento reconoce la obligación por la ayuda concedida y ordena el pago al Tesoro. Se especifica igualmente la denominación y tipo de ayuda, la cuantía prevista, en su caso, y el centro gestor. 2. El Anexo I recoge las ayudas que se convocan bajo la forma de becas. El Anexo II recoge otras ayudas convocadas bajo el principio de concurrencia competitiva. El Anexo III recoge aquellas otras ayudas que no responden a los criterios de los anexos anteriores. 3. Las convocatorias de las ayudas contempladas en los anexos quedan sometidas a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones. Asimismo, el listado de ayudas no tiene carácter vinculante o exhaustivo, sino orientativo, pues cabe la posibilidad de convocar nuevas ayudas, suprimirlas o modificarlas por necesidades sobrevenidas a lo largo de la anualidad, de conformidad con la legislación presupuestaria. Tercero. Medidas para la mejora de la gestión y tramitación de ayudas. El Ministerio llevará a cabo de manera paulatina una racionalización de los instrumentos reguladores existentes en materia de concesión de subvenciones con vistas a lograr una mejor y más eficiente gestión y tramitación de dichas ayudas. Cuarto. Medidas para la mejora de la tramitación electrónica de los procedimientos de ayudas. 1. De acuerdo con el artículo 27.6 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y con el artículo 32 del Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la anterior, se tramitarán obligatoriamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las distintas fases del procedimiento de concesión de ayudas cuando así lo establezcan sus bases reguladoras y en los términos previstos en las mismas. La información sobre identificación, normativa regulatoria, sistemas de firmas aceptados, etc. de las sedes electrónicas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se encuentran en la dirección https://sede.educacion.gob.es/identifica-sede.html para la Sede Electrónica Educación y en la dirección https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/index.jsp para la Sede Electrónica Cultura. 2. En el caso de que los procedimientos se gestionen por parte de un organismo público o entidad dependiente del Ministerio que cuente con sede electrónica propia, su tramitación se realizará, según sus bases reguladoras, a través de la sede electrónica del organismo. 3. De acuerdo con el artículo 48.1 del referido Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, en los procedimientos iniciados por medios electrónicos, las bases reguladoras podrán establecer que los interesados aporten al expediente, en cualquier fase del procedimiento, copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. La Administración Pública podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición del documento o de la información original. 4. Las comunicaciones a los interesados podrán publicarse en la sede electrónica del Ministerio o en la del organismo competente con sede electrónica propia. Esta publicación, conforme a lo establecido en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sustituirá a la notificación y surtirá todos sus efectos respecto de los interesados que estén obligados a utilizar la vía electrónica por el apartado 1 de este artículo. 5. Conforme a lo previsto en el artículo 81 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las bases reguladoras indicarán la posibilidad o la obligación, según los casos, de presentar por vía electrónica la documentación relativa a la fase de justificación, incluidos los justificantes de los gastos realizados, y los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables. 6. En aquellos casos en los que, como resultado de la fase de justificación y comprobación, tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las bases reguladoras podrán establecer que las notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realicen bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 40 del referido Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. 7. En los procedimientos en que sea obligatoria la práctica de las notificaciones por medios electrónicos y los interesados sean personas jurídicas, será obligación de estos informar a los órganos actuantes de los cambios en la representación de la entidad en cuanto se produzcan. Quinto. Medidas para la mejora de la reglamentación y reducción de cargas administrativas mediante la eliminación de la exigencia de documentación. 1. Tanto en las bases reguladoras como en las convocatorias de ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se hará constar expresamente la no exigencia de aquellos datos o documentos que ya obren en poder de la Administración General del Estado, en los términos previstos en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 2011 para la simplificación documental en los procedimientos administrativos que afectan a la ciudadanía, siempre que tales datos o documentos sean accesibles por medios electrónicos para el Ministerio y sus organismos. En el caso de tratarse de datos de carácter personal deberá recabarse de forma específica e individualizada para cada procedimiento concreto el consentimiento del interesado para poder acceder a esos datos. Dicho consentimiento puede ser, bien expreso, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; o bien amparado por una norma con rango de ley. En los casos en que el interesado no autorice el acceso a su información, deberá presentar él mismo la documentación. 2. La aportación de certificados, cuando no fuera posible su obtención de oficio por medios electrónicos de interconexión registral, podrá sustituirse por declaraciones responsables en los términos establecidos en el artículo 23.4 de la referida Ley General de Subvenciones, cuando la normativa reguladora de la ayuda así lo prevea expresamente. Sexto. Medidas para favorecer la igualdad efectiva de mujeres y hombres 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en las convocatorias de ayudas que afecten a ámbitos en los que exista una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se incorporará progresivamente como criterio de valoración en los proyectos presentados, la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes. A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de la mencionada ley orgánica. 2. En aplicación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, podrá establecerse asimismo como criterio objetivo de valoración de las entidades solicitantes, la existencia de planes de igualdad que contemplen medidas para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad. Se impulsará la incorporación en los cuestionarios de información de los proyectos presentados de algunos apartados de datos relevantes, como pueden ser los relativos a número de mujeres participantes en el proyecto, nivel de cualificación, estudios o cualquier otro que permita mejorar la información disponible sobre la situación desagregada por sexo en el ámbito de las ayudas. Se promoverá la paridad en los tribunales responsables de valorar la concesión de ayudas y subvenciones, cuando los haya. Con vistas a incrementar la participación de las mujeres en el ámbito científico, tecnológico e investigador, se adoptarán paulatinamente medidas que refuercen la aplicación y seguimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades en los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones, a través del Consejo de Universidades. Séptimo. Medidas para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. 1. El Ministerio incorporará paulatinamente medidas de acción positiva en las ayudas y subvenciones con vistas a promover la efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, así como las personas con discapacidad que viven habitualmente en el ámbito rural, tal y como establece el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 2. Se podrá incorporar como criterio de valoración, de acuerdo con el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, el fomento de programas para mejorar la empleabilidad, el acceso y la permanencia en el empleo de mujeres pertenecientes a grupos especialmente vulnerables por parte de las entidades solicitantes. Octavo. Ayudas procedentes de la Unión Europea. El organismo autónomo Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) lleva a cabo la gestión, difusión, promoción y estudios de impacto del programa de la Comisión Europea Erasmus+ en el ámbito de la educación y la formación (2014-2020), además de otras iniciativas europeas. La información sobre las ayudas que ofrece el programa Erasmus+ puede encontrarse en las direcciones: www.sepie.es y www.erasmusplus.gob.es». Noveno. Efectos Esta orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 9 de marzo de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega.

Indulto de José Carlos Rey Zapata, condenado como autor de un delito continuado de estafa, a la pena de tres años, seis meses y un día de prisión y multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, tiene atribuida la competencia en materia de propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de formación profesional y de universidades, así como la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, la promoción y difusión de la cultura en español, así como el impulso de las acciones de cooperación cultural. Asimismo, corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte y el fomento y protección de la tauromaquia. El gasto público que conlleva el ejercicio de estas funciones se ejecuta, entre otras formas, a través de transferencias corrientes y de capital a diversas entidades y personas físicas bajo una variada tipología de ayudas. La importancia de estas ayudas, tanto en número como en consignación presupuestaria, aconseja que se lleve a cabo un ejercicio de programación anual del conjunto de las ayudas, en aras de una mayor transparencia y una mejora de su gestión y tramitación, lo que favorece una actuación más eficiente en la asignación y utilización de los recursos públicos. Se pone a disposición de la ciudadanía una recopilación de todas las becas, subvenciones, premios y otros tipos de concesión de ayudas sin contraprestación económica que van a convocarse por el Ministerio en el año 2015, lo que conforma el Programa Anual de Ayudas 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La aprobación de este Programa responde, entre otros, al concepto de publicidad activa, tomado de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ampliando la exigencias que impone la ley. Se trata de una manera de dar a conocer cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan las instituciones públicas, lo que permite una mejor fiscalización de la actividad pública. Muchas de las ayudas contenidas en este Programa se configuran como subvenciones regidas por la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyo articulado contempla una variedad de instrumentos para dotar de transparencia a la concesión de ayudas y redundar así de forma directa en un incremento de los niveles de eficiencia en la gestión del gasto público y de apertura de datos a la ciudadanía. En esta línea se enmarca la aprobación y publicación del Programa Anual de Ayudas del Ministerio. Junto a ello, la intención también es avanzar en una serie de medidas que mejoren la gestión y tramitación de las ayudas, para dotar de mayor eficiencia a la actuación pública, fundamentalmente en materia de tramitación electrónica, en consonancia con la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y con el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Esta normativa consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para tales Administraciones. Asimismo, reconoce el papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el rediseño integral de los procesos y servicios actuales de la Administración, permitiendo nuevos modelos de relación con los ciudadanos. A la vista de lo anterior, para dotar de sentido al Programa Anual y a las medidas de mejora de la tramitación de las ayudas, se establecen como objetivos fomentar la transparencia y acceso a la información en materia de concesión de ayudas por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; adecuar el funcionamiento del Ministerio y de las relaciones con los ciudadanos a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación; llevar a cabo un simplificación administrativa y reducción de cargas administrativas; e incorporar en la gestión y tramitación de las ayudas una serie de principios transversales que hagan efectivo el principio de equidad. En su virtud, dispongo: Primero. Objeto. El objeto de la presente orden es la aprobación del Programa Anual de Ayudas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos públicos dependientes en el año 2015, así como el establecimiento de una serie de medidas para la mejora de la gestión y tramitación de las ayudas. Segundo. Aprobación del Programa Anual de Ayudas para el año 2015. 1. Se aprueba el Programa Anual de Ayudas para el año 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de sus organismos públicos dependientes que figura en los Anexos I, II y III de esta orden, indicando las fechas previstas de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las convocatorias de ayudas, así como las fechas estimadas de resolución y de pago. Se entiende por fecha estimada de pago la fecha en la que el departamento reconoce la obligación por la ayuda concedida y ordena el pago al Tesoro. Se especifica igualmente la denominación y tipo de ayuda, la cuantía prevista, en su caso, y el centro gestor. 2. El Anexo I recoge las ayudas que se convocan bajo la forma de becas. El Anexo II recoge otras ayudas convocadas bajo el principio de concurrencia competitiva. El Anexo III recoge aquellas otras ayudas que no responden a los criterios de los anexos anteriores. 3. Las convocatorias de las ayudas contempladas en los anexos quedan sometidas a la condición suspensiva de existencia de crédito adecua ### RESUMEN: Indulto de José Carlos Rey Zapata, condenado como autor de un delito continuado de estafa, a la pena de tres años, seis meses y un día de prisión y multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros.

Visto el expediente de indulto de don José Carlos Rey Zapata, instado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 9 de Andalucía, con sede en Jaén, en base al artículo 206 del Reglamento Penitenciario, condenado por la Audiencia Provincial de Jaén, sección primera, en sentencia de 21 de diciembre de 2009, como autor de un delito continuado de estafa, a la pena de tres años, seis meses y un día de prisión y multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 2000, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de febrero de 2013, Vengo en indultar a don José Carlos Rey Zapata cuatro meses de la pena privativa de libertad impuesta, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto. Dado en Madrid, el 22 de febrero de 2013. JUAN CARLOS R. El Ministro de Justicia, ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ

Tengo dudas sobre utilidad y uso real de revistas municipales. Hoy la de Sant Boi se licita por 243.360 euros

Visto el expediente de indulto de don José Carlos Rey Zapata, instado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 9 de Andalucía, con sede en Jaén, en base al artículo 206 del Reglamento Penitenciario, condenado por la Audiencia Provincial de Jaén, sección primera, en sentencia de 21 de diciembre de 2009, como autor de un delito continuado de estafa, a la pena de tres años, seis meses y un día de prisión y multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 2000, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de febrero de 2013, Vengo en indultar a don José Carlos Rey Zapata cuatro meses de la pena privativa de libertad impuesta, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto. Dado en Madrid, el 22 de febrero de 2013. JUAN CARLOS R. El Ministro de Justicia, ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ ### RESUMEN: Tengo dudas sobre utilidad y uso real de revistas municipales. Hoy la de Sant Boi se licita por 243.360 euros

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Contractació Administrativa. 2) Domicilio: Pl. Ajuntament, 20, 2. 3) Localidad y código postal: Sant Boi de Llobregat 08830. 4) Teléfono: 936351239 5) Telefax: 936408657 6) Correo electrónico: jmartinez@santboi.cat. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/6015697/customProf. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Edición de la revista municipal Vire Sant Boi. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 243360 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 12/05/2014. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: OMAP (Ajuntament de Sant Boi de Llobregat). 2) Domicilio: Pl. Ajuntament, 1. 3) Localidad y código postal: Sant Boi de Llobregat (08830). 4) Dirección electrónica: www.santboi.cat. Sant Boi de Llobregat, 3 de abril de 2014.- Tinenta d'Alcalde de l'Area de Serveis Generals.

Cinco años después, descubren que sobraron 383.200 euros del fondo de ayuda a las víctimas 11-M. Se abre convocatoria.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Contractació Administrativa. 2) Domicilio: Pl. Ajuntament, 20, 2. 3) Localidad y código postal: Sant Boi de Llobregat 08830. 4) Teléfono: 936351239 5) Telefax: 936408657 6) Correo electrónico: jmartinez@santboi.cat. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/6015697/customProf. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Edición de la revista municipal Vire Sant Boi. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 243360 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 12/05/2014. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: OMAP (Ajuntament de Sant Boi de Llobregat). 2) Domicilio: Pl. Ajuntament, 1. 3) Localidad y código postal: Sant Boi de Llobregat (08830). 4) Dirección electrónica: www.santboi.cat. Sant Boi de Llobregat, 3 de abril de 2014.- Tinenta d'Alcalde de l'Area de Serveis Generals. ### RESUMEN: Cinco años después, descubren que sobraron 383.200 euros del fondo de ayuda a las víctimas 11-M. Se abre convocatoria.

Por Orden TAS/475/2005, de 28 de febrero («Boletín Oficial del Estado» número 52, de 2 de marzo de 2005), se crea la Unidad Administradora para la gestión del Fondo de Ayuda a las víctimas y afectados del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 y la Comisión de Seguimiento de la misma, regulándose asimismo las prestaciones y servicios con cargo a dicho fondo. La Unidad Administradora y la Comisión de Seguimiento han venido gestionando durante los ejercicios 2006 al 2009 el citado Fondo, a través de cinco convocatorias de prestaciones económicas y servicios. En el año 2014 existe un remanente que es necesario aplicar hasta la liquidación definitiva del Fondo. A tal efecto, la Comisión de Seguimiento, en sesión celebrada el 23 de abril de 2014, acordó el otorgamiento de las ayudas económicas que se describen en la presente Resolución, procediendo a delimitar su alcance, condiciones y requisitos para su reconocimiento, en base a las funciones que se le atribuyen en los apartados cuarto y quinto de la Orden TAS/475/2005, de 28 de febrero. Por lo anteriormente expuesto, de conformidad a lo establecido en la disposición décima de la citada orden ministerial y previo informe del Servicio Jurídico Delegado Central y de la Intervención Delegada en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), dispongo: Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto convocar, para el año 2014, las ayudas económicas acordadas por la Comisión de Seguimiento del Fondo de ayuda a las víctimas y afectados del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, en adelante 11-M, en su reunión de 23 de abril de 2014. Artículo 2. Tipología y cuantía de las ayudas económicas. Las ayudas económicas individuales, destinadas a las víctimas y afectados del atentado terrorista del 11-M, son de tres tipos: a) Ayuda para facilitar la inserción laboral: 500 € por beneficiario. b) Ayudas por formación universitaria –Grado, Postgrado o Doctorado−, para títulos oficiales o propios: 300 € por beneficiario. c) Ayuda para personas con invalidez, dependencia o discapacidad: 500 € por beneficiario. Las anteriores cuantías a percibir por beneficiario podrán ser aumentadas o disminuidas proporcionalmente en función del número de solicitudes aprobadas, hasta agotar la totalidad de la dotación presupuestaria de esta resolución establecida en el artículo 3. Artículo 3. Financiación. La totalidad de las ayudas económicas concedidas al amparo de esta convocatoria no podrán superar los 383.200,00 € y se financiarán con cargo al presupuesto de gastos y dotaciones del IMSERSO, en la aplicación presupuestaria 35.91.4875, «Prestaciones Fondo 11-M». Artículo 4. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de las ayudas económicas reguladas en la presente resolución, las víctimas y afectados por el atentado terrorista del 11-M. La condición de beneficiario se acreditará de la siguiente manera: a) La condición de víctima se acreditará mediante el correspondiente reconocimiento del Ministerio del Interior. b) Se entenderá por afectado, a los solos efectos de las ayudas económicas establecidas en la presente resolución, aquellas personas que tengan vinculación con una víctima del atentado del 11-M hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con la misma. A estos efectos, tienen la misma consideración que las personas con vínculo matrimonial, las parejas de hecho que hubieran venido conviviendo durante los veinticuatro meses anteriores a la fecha de publicación de la presente resolución, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso no se exigirá ningún periodo de convivencia. Artículo 5. Requisitos para ser beneficiario de las ayudas económicas. Para ser beneficiario de las ayudas económicas, las víctimas y afectados han de reunir los requisitos siguientes: 1. En las ayudas para facilitar la inserción laboral: a) Haber finalizado sus estudios académicos y/o profesionales en los últimos cinco años y encontrarse en situación de desempleo: Título académico y/o profesional y certificado de estar inscritos en la oficina de empleo como demandantes de empleo. b) Estar en situación de desempleo e inscrito como demandante de empleo más de seis meses de forma ininterrumpida y haber agotado la prestación contributiva y/o el subsidio de desempleo, sin perjuicio de que, en su caso, puedan estar percibiendo en el momento de presentar la solicitud otras ayudas y prestaciones económicas o sociales de cualquier Administración Pública, y no haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador no tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello, certificándose este extremo por la Tesorería General de la Seguridad Social. Certificado acreditativo de las prestaciones o subsidios por desempleo expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Público de Empleo correspondiente respecto de la inscripción como demandante de empleo. c) Los emprendedores que han iniciado una actividad empresarial como trabajador autónomo: Documentación justificativa del alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y del alta en el Impuesto de Actividades Económicas, con una antigüedad máxima de un año. 2. En las ayudas por formación universitaria: Certificación acreditativa de estar matriculado en el curso 2013-2014 en un programa universitario de grado, postgrado o doctorado, oficial o propio. 3. En la ayudas por invalidez, dependencia o discapacidad: a) Invalidez: resolución de reconocimiento, expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, de la situación de gran invalidez o incapacidad permanente absoluta. b) Dependencia: resolución de reconocimiento, expedida por la Unidad administrativa correspondiente de la Comunidad Autónoma, de la situación de dependencia, valorada en Grado III o II, conforme a lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. c) Discapacidad: resolución de reconocimiento, expedida por la Unidad administrativa correspondiente de la Comunidad Autónoma, de un grado de discapacidad igual o superior al 65 %. Artículo 6. Compatibilidades de las ayudas económicas. Las ayudas económicas son compatibles con cualquier otra ayuda a la que pudieran tener derecho las víctimas y afectados del atentado terrorista del 11-M. No obstante lo anterior, las ayudas para la inserción laboral y las ayudas para la formación universitaria serán incompatibles entre sí. Artículo 7. Solicitudes. Las solicitudes serán dirigidas a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y se formalizarán en el modelo que figura como anexo de la presente resolución. El impreso de solicitud podrá recogerse en la Unidad Administradora para la gestión del Fondo de Ayuda a las Víctimas y Afectados del atentado terrorista del 11-M, con sede en la Dirección General del IMSERSO (avenida de la Ilustración, s/n, c/v a la calle Ginzo de Limia 58, 28029 Madrid), o descargarse de la página web del IMSERSO: www.imserso.es. Las solicitudes se podrán presentar en los registros de la Dirección General del IMSERSO y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (paseo del Prado 28, 28014 Madrid), así como en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC). Artículo 8. Plazo de presentación. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Artículo 9. Documentación. 1. Las solicitudes se acompañarán de los siguientes documentos, originales o autenticados: a) Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la identidad del solicitante. b) Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la de identidad del representante legal, en el caso de personas incapacitadas judicialmente, o, en su caso, del guardador de hecho. c) Acreditación, en su caso, de la representación legal o declaración del guardador de hecho. d) Certificación bancaria o cualquier otro documento que acredite la titularidad y el código bancario de la cuenta corriente que se consigne en la solicitud para el cobro de la ayuda. 2. Para acreditar el vínculo de consanguinidad o afinidad establecido en la letra b) del artículo 4 de esta resolución, se acompañará la siguiente documentación: a) Libro de familia u otro documento que acredite el parentesco. b) En su caso, la existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. 3. Respecto a la documentación requerida en las letras a) y b) del apartado 1, el solicitante, quien ostente su representación legal o, en su caso, el guardador de hecho, podrá prestar, en el modelo de solicitud, el consentimiento expreso, para que el IMSERSO obtenga de forma directa, a través de medios electrónicos o telemáticos, los datos de identidad. No obstante, el solicitante, sus representantes legales o, en su caso, el guardador de hecho, podrá denegar expresamente dicho consentimiento y podrá revocarlo expresamente, en cualquier momento, en cuyo caso deberá aportarse, junto a la solicitud, la documentación requerida, siendo la no aportación causa para requerirle y, en su caso, tenerle por desistido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la LRJ-PAC. 4. Para hacer efectivo el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 35. c) de la LRJ-PAC, los solicitantes acompañarán una copia de los documentos originales que aporten, a fin de que estos les sean inmediatamente devueltos por las oficinas de registro, una vez que dicha copia haya sido compulsada y unida a la correspondiente solicitud. Artículo 10. Subsanación de errores. 1. Si la solicitud omitiese datos, éstos fuesen inexactos o no se acompañase la documentación a que se refiere el artículo anterior, o cualquier otro de los previstos en el artículo 70 de la LRJ-PAC, se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada ley, para que en un plazo de diez días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa notificación de la resolución que habrá que dictarse en los términos previstos en el artículo 42 de la misma ley. 2. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento podrá instarse al solicitante para que complete los trámites necesarios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la LRJ-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en su derecho a dicho trámite. Sin embargo, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. Artículo 11. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución. 1. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales –IMSERSO–, a través de la Unidad Administradora para la gestión del «Fondo de Ayuda a las víctima y afectados del atentado terrorista del 11-M» es el órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento. Le corresponde las siguientes funciones: a) Realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. b) Solicitar a las distintas instituciones públicas o privadas, cuantos informes complementarios estime necesarios para resolver. c) Baremar las solicitudes recibidas. d) Proponer a la Comisión de Seguimiento las ayudas económicas. e) Evacuar, en su caso, el trámite de audiencia. f) Formular la propuesta de resolución provisional. 2. La Comisión de Seguimiento es el órgano encargado de evaluar las solicitudes y los informes que formen parte del mismo, emitiendo informe sobre la concesión de las ayudas solicitadas. 3. La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad es el órgano encargado de la resolución. Artículo 12. Resolución. 1. La Unidad Administradora, como órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Seguimiento, formulará propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de diez días hábiles para la presentación de alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, se dictará resolución definitiva, debiendo quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte. Se notificará a los interesados, mediante correo certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción, de conformidad con el artículo 58 y 59 de la LRJ-PAC. 2. Las resoluciones se dictarán y notificarán, a los solicitantes, en el plazo máximo de seis meses, contados desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado, la resolución se entenderá que es desestimatoria. 3. Las resoluciones de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad pondrán fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra las mismas recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que lo dictó y en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación, conforme establecen los artículos 116 y 117 de la LRJ-PAC o bien podrán ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en la forma y plazo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. Artículo 13. Pago. El pago de la cantidad concedida se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente comunicada por el solicitante y de la que éste sea titular. Artículo 14. Reintegro. La ayuda económica podrá ser revisada de oficio. Procederá el reintegro de la cantidad percibida y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en el supuesto de que para su obtención se hayan falseado las condiciones requeridas para ello u ocultado aquellas que lo hubieran impedido. Madrid, 25 de agosto de 2014.–La Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero Benítez.

Concedido a Sebastian Coe su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría Medalla de Oro.

Por Orden TAS/475/2005, de 28 de febrero («Boletín Oficial del Estado» número 52, de 2 de marzo de 2005), se crea la Unidad Administradora para la gestión del Fondo de Ayuda a las víctimas y afectados del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 y la Comisión de Seguimiento de la misma, regulándose asimismo las prestaciones y servicios con cargo a dicho fondo. La Unidad Administradora y la Comisión de Seguimiento han venido gestionando durante los ejercicios 2006 al 2009 el citado Fondo, a través de cinco convocatorias de prestaciones económicas y servicios. En el año 2014 existe un remanente que es necesario aplicar hasta la liquidación definitiva del Fondo. A tal efecto, la Comisión de Seguimiento, en sesión celebrada el 23 de abril de 2014, acordó el otorgamiento de las ayudas económicas que se describen en la presente Resolución, procediendo a delimitar su alcance, condiciones y requisitos para su reconocimiento, en base a las funciones que se le atribuyen en los apartados cuarto y quinto de la Orden TAS/475/2005, de 28 de febrero. Por lo anteriormente expuesto, de conformidad a lo establecido en la disposición décima de la citada orden ministerial y previo informe del Servicio Jurídico Delegado Central y de la Intervención Delegada en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), dispongo: Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto convocar, para el año 2014, las ayudas económicas acordadas por la Comisión de Seguimiento del Fondo de ayuda a las víctimas y afectados del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, en adelante 11-M, en su reunión de 23 de abril de 2014. Artículo 2. Tipología y cuantía de las ayudas económicas. Las ayudas económicas individuales, destinadas a las víctimas y afectados del atentado terrorista del 11-M, son de tres tipos: a) Ayuda para facilitar la inserción laboral: 500 € por beneficiario. b) Ayudas por formación universitaria –Grado, Postgrado o Doctorado−, para títulos oficiales o propios: 300 € por beneficiario. c) Ayuda para personas con invalidez, dependencia o discapacidad: 500 € por beneficiario. Las anteriores cuantías a percibir por beneficiario podrán ser aumentadas o disminuidas proporcionalmente en función del número de solicitudes aprobadas, hasta agotar la totalidad de la dotación presupuestaria de esta resolución establecida en el artículo 3. Artículo 3. Financiación. La totalidad de las ayudas económicas concedidas al amparo de esta convocatoria no podrán superar los 383.200,00 € y se financiarán con cargo al presupuesto de gastos y dotaciones del IMSERSO, en la aplicación presupuestaria 35.91.4875, «Prestaciones Fondo 11-M». Artículo 4. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de las ayudas económicas reguladas en la presente resolución, las víctimas y afectados por el atentado terrorista del 11-M. La condición de beneficiario se acreditará de la siguiente manera: a) La condición de víctima se acreditará mediante el correspondiente reconocimiento del Ministerio del Interior. b) Se entenderá por afectado, a los solos efectos de las ayudas económicas establecidas en la presente resolución, aquellas personas que tengan vinculación con una víctima del atentado del 11-M hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con la misma. A estos efectos, tienen la misma consideración que las personas con vínculo matrimonial, las parejas de hecho que hubieran venido conviviendo durante los veinticuatro meses anteriores a la fecha de publicación de la presente resolución, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso no se exigirá ningún periodo de convivencia. Artículo 5. Requisitos para ser beneficiario de las ayudas económicas. Para ser beneficiario de las ayudas económicas, las víctimas y afectados han de reunir los requisitos siguientes: 1. En las ayudas para facilitar la inserción laboral: a) Haber finalizado sus estudios académicos y/o profesionales en los últimos cinco años y encontrarse en situación de desempleo: Título académico y/o profesional y certificado de estar inscritos en la oficina de empleo como demandantes de empleo. b) Estar en situación de desempleo e inscrito como demandante de empleo más de seis meses de forma ininterrumpida y haber agotado la prestación contributiva y/o el subsidio de desempleo, sin perjuicio de que, en su caso, puedan estar percibiendo en el momento de presentar la solicitud otras ayudas y prestaciones económicas o sociales de cualquier Administración Pública, y no haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador no tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello, certificándose este extremo por la Tesorería General de la Seguridad Social. Certificado acreditativo de las prestaciones o subsidios por desempleo expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Público de Empleo correspondiente respecto de la inscripción como demandante de empleo. c) Los emprendedores que han iniciado una actividad empresarial como trabajador autónomo: Documentación justificativa del alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y del alta en el Impuesto de Actividades Económicas, con una antigüedad máxima de un año. 2. En las ayudas por formación universitaria: Certificación acreditativa de estar matriculado en el curso 2013-2014 en un programa universitario de grado, postgrado o doctorado, oficial o propio. 3. En la ayudas por invalidez, dependencia o discapacidad: a) Invalidez: resolución de reconocimiento, expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, de la situación de gran invalidez o incapacidad permanente absoluta. b) Dependencia: resolución de reconocimiento, expedida por la Unidad administrativa correspondiente de la Comunidad Autónoma, de la situación de dependencia, valorada en Grado III ### RESUMEN: Concedido a Sebastian Coe su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría Medalla de Oro.

En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, y en el punto 4 del artículo 16 de la Orden PRE/1430/2010, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1982, por la que aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en el Ilmo. Sr. don Sebastian Coe, vengo en conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría Medalla de Oro. Madrid, 26 de febrero de 2013.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro.

Tribunal de Cuentas va por 2009 en Comunidades Autónomas y a Cantabria la pone fina

En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, y en el punto 4 del artículo 16 de la Orden PRE/1430/2010, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1982, por la que aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en el Ilmo. Sr. don Sebastian Coe, vengo en conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría Medalla de Oro. Madrid, 26 de febrero de 2013.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. ### RESUMEN: Tribunal de Cuentas va por 2009 en Comunidades Autónomas y a Cantabria la pone fina

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 24 de septiembre de 2013, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2008 y 2009: ACUERDA 1. Tomar las medidas necesarias ante la existencia de numerosas deficiencias de índole contable y de control interno: presupuestos aprobados que siguen sin presentar objetivos e indicadores que permitan realizar un seguimiento de su grado de consecución, ni determinar el grado de eficacia y eficiencia alcanzados en la gestión de los fondos públicos; información suministrada insuficiente en el Inventario, al no incluir los bienes muebles; criterios no ajustados al Plan General de Contabilidad, en la contabilización de diversas operaciones de Tesorería; no utilización o utilización insuficiente de la cuenta de «Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto» –facturas en el cajón sin registro contable–, circunstancia especialmente relevante en el Servicio Cántabro de Salud con más de 200 millones de deuda sin contabilizar en 2008 y en torno a los 250 millones en 2009; o incorrecta contabilización de la dotación anual a la amortización –utilización indebida de un criterio de valoración global. 2. Que es necesario que el Servicio Cántabro de Salud y el Servicio Cántabro de Empleo muestren por separado la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera, resultados y ejecución del presupuesto. Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a: 3. Utilizar con la suficiente justificación la suscripción de encomiendas de gestión con sus empresas públicas. 4. Mejorar el grado de implantación de recomendaciones de los informes del Tribunal de Cuentas. 5. Diseñar e incorporar un adecuado sistema de información contable que permita identificar las actuaciones que disponen de financiación afectada para evitar el riesgo de que el remanente de tesorería financie gastos generales sin capacidad real para ello. Dicho sistema de información contable debe también, entre otras materias, permitir identificar los proyectos financiados con fondos provenientes de los Fondos de Compensación Interterritorial, así como permitir distinguir los avales cancelados que han derivado en responsabilidad. 6. Limitar las nuevas participaciones, préstamos o ayudas a conceder por la Administración autonómica o sus entidades a empresas privadas, de manera que, en los casos en que se produzcan tengan relación con actividades propias de la competencia autonómica y se basen en los estudios e informes pertinentes que examinen exhaustivamente la viabilidad y solvencia así como los riesgos derivados de la inversión en dichas empresas privadas o la concesión de avales a las mismas, para evitar situaciones que generen pérdidas de la Comunidad Autónoma en operaciones empresariales. 7. Diseñar e incorporar un adecuado sistema de información contable que permita identificar las actuaciones que disponen de financiación afectada y que, entre otras materias, permita identificar los proyectos financiados con fondos provenientes de los Fondos de Compensación Interterritorial; así como a que incorporen una adecuada contabilidad patrimonial, partiendo de unos inventarios completos y actualizados en su valoración. Asimismo, se considera necesario que se proceda a una revisión de los deudores, regularizando los saldos deudores de gran antigüedad que se consideren incobrables o constituyendo la pertinente provisión. 8. Que, subsanando las deficiencias puestas de manifiesto en el informe del Tribunal de Cuentas, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones se adecuen a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, y a que se establezcan criterios rigurosos en la justificación de su aplicación a los fines previstos. 9. Adoptar las medidas necesarias para que todos los Órganos de contratación ajusten su actividad a los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector público y efectúen una rigurosa planificación de los contratos a celebrar, a fin de evitar, en lo posible, las sucesivas modificaciones de los contratos iniciales, así como las prórrogas injustificadas, que el Tribunal de Cuentas ha observado en los ejercicios fiscalizados. Instar a la Comunidad Autónoma de Cantabria a: 10. En particular, y a todas las Comunidades Autónomas, en general, a efectuar las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el plazo de rendición de las cuentas a 31 de julio del ejercicio siguiente a que se refieran, a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo Autonómicos. 11. Continuar con su línea de mejora en la implantación de criterios y directrices necesarios para la formación, actualización y valoración del Inventario, así como, que proceda a establecer un sistema informático que permita vincular la información patrimonial sobre los bienes y derechos que integran su Patrimonio, con la información financiera que surge de la aplicación del Plan de Contabilidad Pública. 12. Promover las medidas oportunas para dar cumplimiento al objetivo de estabilidad presupuestaria, y, en relación con ello, en el supuesto de que no las hubieran adoptado, implanten medidas de un mayor rigor en la gestión pública en aras de una contención del déficit en la determinación del resultado presupuestario, así como de una progresiva reducción del endeudamiento, tanto directo de la Administración General de la Comunidad Autónoma, como indirecto a través de las sociedades y entidades del sector público autonómico. 13. Continuar con la política de reducción y reestructuración del sector público autonómico, puesta en marcha a partir del ejercicio 2012, especialmente en relación con los entes públicos con objetos y actividades coincidentes, evitando la duplicidad, amplitud o inconcreción de los objetivos sociales de los distintos entes de la Comunidad Autónoma, que atentan contra los principios de transparencia, eficacia y economía que deben presidir la actuación administrativa, cualquiera que sea el medio de gestión. Instar a todos los responsables de las entidades que conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria y a la Intervención General de dicha Comunidad a: 14. Cumplir con la obligación de rendir las cuentas individuales de cada ejercicio económico en plazo y forma, incluyendo todos los estados contables y la documentación prevista en la normativa reguladora; así como la Cuenta General de la Comunidad Autónoma incorporando en la misma las cuentas individuales de todas las entidades autonómicas. Instar a los responsables de la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria a: 15. Incorporar a los mismos los objetivos propuestos para cada programa y política económica, así como los indicadores adecuados que permitan realizar un seguimiento de su grado de consecución y el grado de eficacia, eficiencia y calidad en la gestión de los recursos públicos. Instar al Tribunal de Cuentas a: 16. Señalar específicamente, en ulteriores Informes Anuales correspondientes a esta Comunidad, las mejoras y cumplimientos que le han sido instados, de forma reiterada, por esta Comisión. Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2013.–El Presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Ricardo Tarno Blanco.–La Secretaria Primera de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Celia Alberto Pérez.

Juan Jesús Vivas Lara ya es, por decreto, presidente de la Ciudad de Ceuta.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 24 de septiembre de 2013, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2008 y 2009: ACUERDA 1. Tomar las medidas necesarias ante la existencia de numerosas deficiencias de índole contable y de control interno: presupuestos aprobados que siguen sin presentar objetivos e indicadores que permitan realizar un seguimiento de su grado de consecución, ni determinar el grado de eficacia y eficiencia alcanzados en la gestión de los fondos públicos; información suministrada insuficiente en el Inventario, al no incluir los bienes muebles; criterios no ajustados al Plan General de Contabilidad, en la contabilización de diversas operaciones de Tesorería; no utilización o utilización insuficiente de la cuenta de «Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto» –facturas en el cajón sin registro contable–, circunstancia especialmente relevante en el Servicio Cántabro de Salud con más de 200 millones de deuda sin contabilizar en 2008 y en torno a los 250 millones en 2009; o incorrecta contabilización de la dotación anual a la amortización –utilización indebida de un criterio de valoración global. 2. Que es necesario que el Servicio Cántabro de Salud y el Servicio Cántabro de Empleo muestren por separado la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera, resultados y ejecución del presupuesto. Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a: 3. Utilizar con la suficiente justificación la suscripción de encomiendas de gestión con sus empresas públicas. 4. Mejorar el grado de implantación de recomendaciones de los informes del Tribunal de Cuentas. 5. Diseñar e incorporar un adecuado sistema de información contable que permita identificar las actuaciones que disponen de financiación afectada para evitar el riesgo de que el remanente de tesorería financie gastos generales sin capacidad real para ello. Dicho sistema de información contable debe también, entre otras materias, permitir identificar los proyectos financiados con fondos provenientes de los Fondos de Compensación Interterritorial, así como permitir distinguir los avales cancelados que han derivado en responsabilidad. 6. Limitar las nuevas participaciones, préstamos o ayudas a conceder por la Administración autonómica o sus entidades a empresas privadas, de manera que, en los casos en que se produzcan tengan relación con actividades propias de la competencia autonómica y se basen en los estudios e informes pertinentes que examinen exhaustivamente la viabilidad y solvencia así como los riesgos derivados de la inversión en dichas empresas privadas o la concesión de avales a las mismas, para evitar situaciones que generen pérdidas de la Comunidad Autónoma en operaciones empresariales. 7. Diseñar e incorporar un adecuado sistema de información contable que permita identificar las actuaciones que disponen de financiación afectada y que, entre otras materias, permita identificar los proyectos financiados con fondos provenientes de los Fondos de Compensación Interterritorial; así como a que incorporen una adecuada contabilidad patrimonial, partiendo de unos inventarios completos y actualizados en su valoración. Asimismo, se considera necesario que se proceda a una revisión de los deudores, regularizando los saldos deudores de gran antigüedad que se consideren incobrables o constituyendo la pertinente provisión. 8. Que, subsanando las deficiencias puestas de manifiesto en el informe del Tribunal de Cuentas, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones se adecuen a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, y a que se establezcan criterios rigurosos en la justificación de su aplicación a los fines previstos. 9. Adoptar las medidas necesarias para que todos los Órganos de contratación ajusten su actividad a los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector público y efectúen una rigurosa planificación de los contratos a celebrar, a fin de evitar, en lo posible, las sucesivas modificaciones de los contratos iniciales, así como las prórrogas injustificadas, que el Tribunal de Cuentas ha observado en los ejercicios fiscalizados. Instar a la Comunidad Autónoma de Cantabria a: 10. En particular, y a todas las Comunidades Autónomas, en general, a efectuar las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el plazo de rendición de las cuentas a 31 de julio del ejercicio siguiente a que se refieran, a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo Autonómicos. 11. Continuar con su línea de mejora en la implantación de criterios y directrices necesarios para la formación, actualización y valoración del Inventario, así como, que proceda a establecer un sistema informático que permita vincular la información patrimonial sobre los bienes y derechos que integran su Patrimonio, con la información financiera que surge de la aplicación del Plan de Contabilidad Pública. 12. Promover las medidas oportunas para dar cumplimiento al objetivo de estabilidad presupuestaria, y, en relación con ello, en el supuesto de que no las hubieran adoptado, implanten medidas de un mayor rigor en la gestión pública en aras de una contención del déficit en la determinación del resultado presupuestario, así como de una progresiva reducción del endeudamiento, tanto directo de la Administración General de la Comunidad Autónoma, como indirecto a través de las sociedades y entidades del sector público autonómico. 13. Continuar con la política de reducción y reestructuración del sector público autonómico, puesta en marcha a partir del ejercicio 2012, especialmente en relación con los entes públicos con objetos y actividades coincidentes, evitando la duplicidad, amplitud o inconcreción de los objetivos sociales de los distintos entes de la Comunidad Autónoma, que atentan contra los principios de transparencia, eficacia y economía que deben presidir la actuación administrativa, cualquiera que sea el medio de gestión. Instar a todos los responsables de las entidades que ### RESUMEN: Juan Jesús Vivas Lara ya es, por decreto, presidente de la Ciudad de Ceuta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Ceuta, Vengo en nombrar Presidente de la Ciudad de Ceuta a don Juan Jesús Vivas Lara, elegido por la Asamblea de Ceuta en la sesión celebrada el día 13 de junio de 2015. Dado en Madrid, el 16 de junio de 2015. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

Subvenciones a sindicatos de profesores universitarios por importe de 50.400 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Ceuta, Vengo en nombrar Presidente de la Ciudad de Ceuta a don Juan Jesús Vivas Lara, elegido por la Asamblea de Ceuta en la sesión celebrada el día 13 de junio de 2015. Dado en Madrid, el 16 de junio de 2015. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ### RESUMEN: Subvenciones a sindicatos de profesores universitarios por importe de 50.400 euros.

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación («Boletín Oficial del Estado» de 4 de julio), garantiza en su artículo 27 la participación efectiva de todos los sectores afectados en la programación general de la enseñanza. La participación de las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal en el ámbito de la enseñanza es necesaria para garantizar la continuidad de los procesos de negociación en aquellas materias que corresponden a la Administración General del Estado en su papel de ordenación y coordinación del sistema educativo general. En la Secretaría General de Universidades, los sindicatos están representados en la Mesa Sectorial de Universidades, a través de la cual se establecen las negociaciones de las Universidades de todo el territorio nacional con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Con el fin de contribuir a los gastos que se derivan de las actividades que realizan los diferentes sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Universidades, en el Presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el ejercicio 2013 se incluye, en la aplicación presupuestaria 18.07.322C.483, una subvención destinada a financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector. La concesión de las ayudas se realizará de conformidad con la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 12 de mayo) de bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva. Las ayudas a las que se refiere la presente resolución, deberán atenerse a lo dispuesto en La ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones («Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre), y a su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 25 de julio). En su virtud, previos los informes del Servicio Jurídico y de la Intervención Delegada en el Departamento, dispongo: Primero. Objeto y ámbito de aplicación. El objeto de está subvención en régimen de concurrencia competitiva es financiar medidas de apoyo institucional a favor de los sindicatos del sector, que estén representados en la Mesa Sectorial de Universidades. Por tanto, su ámbito de aplicación estará limitado a aquellos sindicatos que puedan acreditar su representación entre el personal docente universitario. Segundo. Financiación. Las ayudas objeto de la presente resolución, se financiaran con cargo a La aplicación presupuestaria 18.07.322C.483 por importe máximo de 50.400,00 euros para el ejercicio 2013. El importe de la subvención, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que supere el coste de la actividad subvencionada Tercero. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios en concurrencia competitiva, los sindicatos representativos del sector del personal docente universitario que formen parte de la Mesa Sectorial de Universidades y presenten la correspondiente solicitud. Cuarto. Requisitos de las solicitudes. Las solicitudes, dirigidas al Director General de Política Universitaria, deberán presentarse en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación de la presente convocatoria. Se acompañará a la solicitud, certificaciones de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, certificación de la autoridad laboral competente acreditativa de la representatividad del sindicato que concurra, y declaración jurada de no recibir ninguna otra subvención para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Las solicitudes, se presentarán, según el modelo del Anexo, en el Registro General del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte situado en la C/ Los Madrazo 15-17, 28071 Madrid, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Quinto. Instrucción del procedimiento. El órgano instructor del procedimiento es la unidad de Gestión Económica del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Universidades, que formulará la propuesta de resolución provisional a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, según lo que establece el artículo 24.4 de la LGSS. El órgano instructor designará una Comisión, en la que figurarán tres representantes de la Secretaría General de Universidades (uno de los cuales presidirá la Comisión y otro actuará como Secretario); un representante de la Dirección General de Política Universitaria y otro de la Subsecretaría del Ministerio. La Comisión emitirá el informe en el plazo máximo de 10 días desde su constitución. La subvención se distribuirá entre los Sindicatos seleccionados, que cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria, del siguiente modo: Un 15 % del crédito disponible se distribuirá por partes iguales. El resto (85%) se distribuirá proporcionalmente según la representatividad acreditada en el sector del personal docente universitario, en base al certificado emitido por la Subdirección General de Programación y Actuación Administrativa, donde se indica el número de representantes sindicales por Comunidades Autónomas (CC.AA), obtenidos en las últimas elecciones a los órganos de representación del citado sector. La acreditación de la representatividad se ajusta a los criterios establecidos en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, modificada por la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Sexto. Resolución de concesión. La Dirección General de Política Universitaria, al amparo de la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, concederá mediante resolución la subvención que le será propuesta por el órgano instructor. La resolución de concesión se dictará en el plazo máximo de dos meses desde la publicación de la convocatoria. Incluirá la denominación exacta y el NIF de los sindicatos beneficiarios y será notificada a los mismos y publicada en el «Boletín Oficial del Estado». Contra dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Asimismo, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Séptimo. Compatibilidad de las subvenciones. La percepción de esta subvención es incompatible con la percepción de otras subvenciones, que tengan la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Octavo. Forma de realización del pago. Se realizará un único pago, una vez dictada la resolución de concesión. Para ello será requisito imprescindible estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como declaración responsable de no ser deudor por resolución de procedimiento de reintegro Noveno. Obligaciones de los beneficiarios y régimen de garantías. • Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de la actividad que determina la concesión de la subvención. • Someterse a las actuaciones de comprobación, que realice el órgano concedente. • Cualquiera otras de comprobación y control financiero que corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado y las previstas en la Legislación del Tribunal de Cuentas, a los que facilitarán cuanta información les sea requerida. No se establece ningún régimen de garantías. Décimo. Justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención. La realización de las actividades para las que se haya concedido la subvención se justificará en el primer trimestre del año siguiente al ejercicio presupuestario en el que figure la asignación. La justificación se realizará mediante la presentación de: • Estados contables que reflejan la gestión de la subvención concedida. • Memoria que explique, complete y aclaren los datos de los estados contables en relación con la aplicación de los fondos recibidos y que informe sobre los resultados obtenidos. • Documentos justificativos de los gastos efectuados en la realización de las actividades subvencionadas ajustados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber de expedición y entrega de facturas y recibos por empresarios y profesionales. La documentación citada deberá presentarse en original, acompañándose fotocopia para su compulsa y devolución al interesado, si este lo solicita. La forma de justificación se ajustará en todo caso a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley General de Subvenciones (LGS) y a lo regulado en el artículo 72 de su reglamento, o en el artículo 75 del mismo, si el importe de la subvención es inferior a 60.000 euros. Undécimo. Reintegro de la subvención. Procederá el reintegro de la subvención y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago, cuando concurran las causas legalmente previstas (apartado decimosexto 1. de la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril, de bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva y el artículos 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones). Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley General de Subvenciones. Igualmente el procedimiento para el reintegro de las subvenciones será el establecido en el título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en los artículos 41 y 42 de la Ley General de Subvenciones. Duodécimo. Recursos. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un mes, recurso de reposición, al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo de reposición, en el supuesto de haberse presentado, sea resuelto expresamente o se haya producido el silencio administrativo. Decimotercero. Entrada en vigor. La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 20 de julio de 2013.–La Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio Kindelan.

La evaluación de impacto ambiental da el ok a la llegada del tren AVE a Barajas

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación («Boletín Oficial del Estado» de 4 de julio), garantiza en su artículo 27 la participación efectiva de todos los sectores afectados en la programación general de la enseñanza. La participación de las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal en el ámbito de la enseñanza es necesaria para garantizar la continuidad de los procesos de negociación en aquellas materias que corresponden a la Administración General del Estado en su papel de ordenación y coordinación del sistema educativo general. En la Secretaría General de Universidades, los sindicatos están representados en la Mesa Sectorial de Universidades, a través de la cual se establecen las negociaciones de las Universidades de todo el territorio nacional con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Con el fin de contribuir a los gastos que se derivan de las actividades que realizan los diferentes sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Universidades, en el Presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el ejercicio 2013 se incluye, en la aplicación presupuestaria 18.07.322C.483, una subvención destinada a financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector. La concesión de las ayudas se realizará de conformidad con la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 12 de mayo) de bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva. Las ayudas a las que se refiere la presente resolución, deberán atenerse a lo dispuesto en La ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones («Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre), y a su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 25 de julio). En su virtud, previos los informes del Servicio Jurídico y de la Intervención Delegada en el Departamento, dispongo: Primero. Objeto y ámbito de aplicación. El objeto de está subvención en régimen de concurrencia competitiva es financiar medidas de apoyo institucional a favor de los sindicatos del sector, que estén representados en la Mesa Sectorial de Universidades. Por tanto, su ámbito de aplicación estará limitado a aquellos sindicatos que puedan acreditar su representación entre el personal docente universitario. Segundo. Financiación. Las ayudas objeto de la presente resolución, se financiaran con cargo a La aplicación presupuestaria 18.07.322C.483 por importe máximo de 50.400,00 euros para el ejercicio 2013. El importe de la subvención, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que supere el coste de la actividad subvencionada Tercero. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios en concurrencia competitiva, los sindicatos representativos del sector del personal docente universitario que formen parte de la Mesa Sectorial de Universidades y presenten la correspondiente solicitud. Cuarto. Requisitos de las solicitudes. Las solicitudes, dirigidas al Director General de Política Universitaria, deberán presentarse en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación de la presente convocatoria. Se acompañará a la solicitud, certificaciones de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, certificación de la autoridad laboral competente acreditativa de la representatividad del sindicato que concurra, y declaración jurada de no recibir ninguna otra subvención para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Las solicitudes, se presentarán, según el modelo del Anexo, en el Registro General del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte situado en la C/ Los Madrazo 15-17, 28071 Madrid, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Quinto. Instrucción del procedimiento. El órgano instructor del procedimiento es la unidad de Gestión Económica del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Universidades, que formulará la propuesta de resolución provisional a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, según lo que establece el artículo 24.4 de la LGSS. El órgano instructor designará una Comisión, en la que figurarán tres representantes de la Secretaría General de Universidades (uno de los cuales presidirá la Comisión y otro actuará como Secretario); un representante de la Dirección General de Política Universitaria y otro de la Subsecretaría del Ministerio. La Comisión emitirá el informe en el plazo máximo de 10 días desde su constitución. La subvención se distribuirá entre los Sindicatos seleccionados, que cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria, del siguiente modo: Un 15 % del crédito disponible se distribuirá por partes iguales. El resto (85%) se distribuirá proporcionalmente según la representatividad acreditada en el sector del personal docente universitario, en base al certificado emitido por la Subdirección General de Programación y Actuación Administrativa, donde se indica el número de representantes sindicales por Comunidades Autónomas (CC.AA), obtenidos en las últimas elecciones a los órganos de representación del citado sector. La acreditación de la representatividad se ajusta a los criterios establecidos en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, modificada por la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Sexto. Resolución de concesión. La Dirección General de Política Universitaria, al amparo de la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, concederá mediante resolución la subvención que le será propuesta por el órgano instructor. La resolución de concesión se dictará en el plazo máximo de dos meses desde la publicación de la convocatoria. Incluirá la denominación exacta y el NI ### RESUMEN: La evaluación de impacto ambiental da el ok a la llegada del tren AVE a Barajas